N° 4538
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COMUNICADO DE PRENSA Nº 4538 Fecha: 19.10.15 Hora: 17:00 En el marco “A 30 años más Democracia” SE REALIZARÁ DEBATE SOBRE RECUPERACIÓN DEMOCRATICA En el marco del proyecto “A 30 años más Democracia” este jueves se realizará un debate sobre el proceso de transición hacia la recuperación democrática de 1985. Dicho encuentro contará con aportes del expresidente Julio María Sanguinetti, del historiador Aldo Marchesi, del diputado y exsindicalista Oscar Groba, del exsenador Juan Martín Posadas y de la exlegisladora y exsindicalista Carmen Beramendí. Este evento se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos a la hora 19. Reinserción laboral para mujeres mayores de 40 PROYECTO EXONERA A EMPRESAS DE APORTES PATRONALES Con el objetivo de promover el contrato de personal femenino mayor de cuarenta años, la Comisión de Seguridad Social tiene a estudio un proyecto de ley que propone la exoneración de aportes patronales por un plazo máximo de dos años. Las empresas que quieran tener este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos: que en los dos meses anteriores a la contratación de las nuevas trabajadoras no se hayan generado despidos de funcionarios que realicen similares o iguales funciones; que aquellas asalariadas que se incorporen hayan estado desocupadas en un período anterior a dos años; y, por último, que se realice la capacitación laboral pertinente procurando una mejor recalificación y reinserción de las mismas al mercado laboral. En términos generales la iniciativa, que fue presentada originalmente por la entonces diputada Verónica Alonso en el período pasado, se basa en dos informes realizados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y por el INE. El primero estima que en el primer trimestre del año 2009 el
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desempleo femenino en Uruguay subió un 10,2% mientras que el masculino solo alcanzó un 5,2%. El segundo muestra que en nuestro país, de cada 100 hogares, 24 son mantenidos exclusivamente por hombres, 28 cuentan con hasta un 40% de ingreso femenino, 23 son sostenidos exclusivamente por mujeres, 15 son hogares de co-provisión económica y 10 cuentan con mayor aporte femenino. Basándose en estos dos estudios la autora del proyecto considera que el mercado laboral está frente a una situación crítica, atacando directamente al sustento de la familia. Es por esta razón que la principal finalidad de este proyecto es mejorar el acceso al mercado laboral para las mujeres, entendiendo que son éstas últimas una fuente indispensable para cubrir los gastos de un hogar. (Carpeta Nº69 – Repartido Nº62) Con el objetivo de brindar trasparencia a la gestión pública PROYECTO TIPIFICA COMO DELITO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes tiene a estudio un proyecto de ley por el que se tipifica como delito al enriquecimiento ilícito, el cual aún no está previsto en la legislación penal vigente. En el articulado se define a dicho incumplimiento de la norma como aquel enriquecimiento patrimonial ocurrido posteriormente a la asunción de un cargo o empleo público. Se entenderá como enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se haya incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles sino también cuando se hayan cancelado deudas o extinguido obligaciones. Esta iniciativa, extraída del archivo con la firma del entonces diputado Gloodtdofsky, estima imprescindible la sanción de un cuerpo normativo que dé cristalinidad y transparencia a la gestión. Principalmente porque la corrupción pública afecta a los fondos de la sociedad y erosiona gravemente la imagen que ella tiene de los gobiernos y de la función pública. Es por esta razón que el proyecto intenta dotar de instrumentos legales al Poder Judicial para que castigue a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Propone para ello una pena que iría de 18 meses de prisión a 6 años de penitenciaría para aquella persona que no pueda justificar su enriquecimiento en los cinco años siguientes a su retiro. De ser encontrado
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culpable deberá además abonar una multa que irá de las 50 a las 20.000 UR. También tendrá una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos que, según la gravedad del caso, podría ir de 2 a 5 años. En la exposición de motivos se propone la inversión de la carga de la prueba, es decir que será el funcionario quien tenga la obligación de probar, ante la duda, el origen de sus ingresos. El autor de dicha iniciativa argumenta que, de transformarse en ley esta propuesta, Uruguay estará en consonancia con la Convención Interamericana Contra la Corrupción, tratado suscrito por Uruguay en el año 1999, y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada también por nuestro país en el año 2006. (Carpeta Nº1058 – Repartido Nº 89)
