Número 3599

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NÚMERO 3599

MONTEVIDEO, JUEVES 23 DE JULIO DE 2009

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
31ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES MAESTRO ROQUE ARREGUI (Presidente) HORACIO YANES (2do. Vicepresidente) Y DOCTOR JAVIER SALSAMENDI (4to. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y ESCRIBANO ALBERTO BENSIÓN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA
XLVI LEGISLATURA QUINTO PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Jueves 23 de julio de 2009

Texto de la citación

Montevideo, 21 de julio de 2009.

LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud firmada por cincuenta señores Representantes, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, el próximo jueves 23, a la hora 11, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA –

Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y contingente de relevo de la MINUSTAH. (Se autoriza su salida del país a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009”). (Carp. 3361/009). (Informado). Rep. 1624 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO ALBERTO BENSIÓN S e c r e t a r i o s

Jueves 23 de julio de 2009

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SUMARIO

Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Texto de la solicitud de convocatoria …………………………………………………………………………………………… 4 3 y 27.- Asuntos entrados ……………………………………………………………………………………………………………… 5, 90 4 y 28.- Proyectos presentados ……………………………………………………………………………………………………… 7, 91 5 y 7.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 10, 11 6.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 10 CUESTIONES DE ORDEN 8, 14, 17, 19, 23, 25, 32 y 34.- Integración de la Cámara ……………………………… 12, 25, 32, 45, 80, 86, 107, 114 11 y 13.- Intermedio……………………………………………………………………………………………………………………… 25, 25 8, 14, 17, 19, 23, 25, 32 y 34.- Licencias……………………………………………………… 12, 25, 32, 45, 80, 86, 107, 114 30.- Rectificación de trámite ……………………………………………………………………………………………………………. 101 10 y 12.- Solicitud de urgencia……………………………………………………………………………………………………… 25, 25 15 y 21.- Urgencias………………………………………………………………………………………………………………………. 28, 61 ORDEN DEL DÍA 9.- Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y contingente de relevo de la MINUSTAH. (Se autoriza su salida del país a los efectos de realizar la Operación “Haiti 2009” y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009”). Antecedentes: Rep. N° 1624 y Anexo I, de julio de 2009. Carp. N° 3361 de 2009. Comisión de Defensa Nacional. — Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo ………………………………………………………………………………… 21 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 22 16, 18 y 20.- Fondo de Inversión Departamental. (Creación). Antecedentes: Rep. N° 1620, de julio de 2009. Carp. N° 3357 de 2009. Comisión de Hacienda. — Aprobación. Se comunica al Senado…………………………………………………………………………….. 28, 34, 45 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 60 22, 24, 26, 29, 31, 33 y 35.- Sistema de Negociación Colectiva. (Creación). Antecedentes: Rep. N° 1085, de octubre de 2007. Carp. N° 2159 de 2007. Comisión de Legislación del Trabajo. — Aprobación. Se comunica al Senado………………………………………………….. 62, 80, 87, 94, 102, 112, 114 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………… 122

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, Alfredo Álvarez, Pablo Álvarez López (7), María Argüello, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Carlos Baráibar (8), Gloria Benítez, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, José Luis Blasina (3), Eduardo Bonomi, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Irene Caballero, Daniel Carbajal, Ana Cardozo, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Raúl Casás, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Carlos Corujo, Mauricio Cusano, Javier Chá, Álvaro Delgado, Heber Duque, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, César Faraone, Julio César Fernández, Luis José Gallo Imperiale (1), Carlos Gamou (2), Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Óscar Groba, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani (11), Uberfil Hernández, Pablo Iturralde Viñas, Orlando Lereté, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía (9), Eduardo Márquez, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Jorge Mazzulo, Artigas Melgarejo, Mario Mesa, Remo Monzeglio, Eloísa Moreira, Gonzalo Mujica, Pablo Naya (4), Gonzalo Novales, Andrés Oribe, Edgardo Ortuño, Paola Pamparatto, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Esteban Pérez (10), Pablo Pérez González, Alicia Pintos, Iván Posada, Jorge Pozzi, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Jorge Romero Cabrera, Edgardo Rostán, Javier Salsamendi, Jorge Schiappapietra, Víctor Semproni (5), Raúl Servetto, Ricardo Sosa, Juan C. Souza (6), Alberto Sunes, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera, Horacio Yanes y Jorge Zás Fernández. Con licencia: José Amorín Batlle, Manuel María Barreiro, Daniel Bianchi, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Roberto Conde, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Jorge Gandini, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Carlos Mazzulo, Jorge Orrico, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Enrique Pintado, Nelson Rodríguez Servetto, Luis Rosadilla y Dardo Sánchez Cal. Faltan con aviso: Beatriz Argimón, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Sandra Etcheverry, Luis Galbarini, Luis García Da Rosa, Daniel Mañana, Mary Pacheco y Gonzalo Texeira.

Sin aviso: Fernando García, Orlando Lemes y Francisco Sanabria. Actúan en el Senado: Antonio Gallicchio y Alberto Perdomo Gamarra. Observaciones: (1) (2) (3) (4) A la hora 11:26 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Márquez. A la hora 11:26 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Óscar Groba. A la hora 12:10 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Artigas Melgarejo. A la hora 13:58 cesó en sus funciones por reintegro de su titular, el Sr. Representante Nacional Víctor Semproni. A la hora 15:51 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Pablo Naya. A la hora 16:10 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Mario Mesa. A la hora 17:43 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. César Faraone. A la hora 17:43 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Jorge Patrone. A la hora 17:43 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Albérico Sunes. A la hora 17:43 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Ricardo Sosa. A la hora 17:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Heber Duque.

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.- Texto de la solicitud de convocatoria.
“Montevideo, 21 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes PRESENTE Los Representantes que suscriben solicitan se convoque a sesión extraordinaria, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento del Cuerpo, el día 23 de julio, a la hora 11, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA – Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y contingente de relevo de la MINUSTAH. (Se autoriza su salida del país a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” y a participar en el Ejer-

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cicio combinado “PANAMAX 2009″). (Carp. 3361/009). (Informado). Rep. 1624 y AnexoI Pablo ÁLVAREZ LÓPEZ, María Élida ARGÜELLO, Roque ARREGUI, Alfredo ASTI Carlos BARÁIBAR, Julio BATTISTONI, Juan José BENTANCOR, Gustavo BERNINI, José Luis BLASINA, Eduardo BRENTA, Javier CHÁ, Silvana CHARLONE, Hebert CLAVIJO, Alba M. COCCO SOTO, Roberto CONDE, Julio César FERNÁNDEZ, Luis José GALLO IMPERIALE, Carlos GAMOU, Nora GAUTHIER, Gustavo GUARINO, Uberfil HERNÁNDEZ, Doreen Javier IBARRA, Fernando LONGO FONSALÍAS, José Carlos MAHÍA, Rubén MARTÍNEZ HUELMO, Carlos MASEDA, Eloísa MOREIRA, Gonzalo MUJICA, Edgardo ORTUÑO, Ivonne PASSADA, Daniela PAYSSÉ, Darío PÉREZ BRITO, Esteban PÉREZ, Pablo PÉREZ GONZÁLEZ, Jorge POZZI, Juan Andrés ROBALLO, Edgardo RODRÍGUEZ, Gustavo ROMBYS, Luis ROSADILLA, Javier SALSAMENDI, Víctor SEMPRONI, Juan C. SOUZA, Héctor TAJAM, Hermes TOLEDO ANTÚNEZ, Daisy TOURNÉ, Mónica TRAVIESO, Carlos VARELA NESTIER, Álvaro VEGA LLANES, Horacio YANES, Jorge ZÁS FERNÁNDEZ”. •

Nº 19 Horacio Arredondo, en el departamento de Rocha. C/1105/006 por el que se designa “Maestro Vicente Foch Puntigliano” la Escuela Pública Especial Nº 105 para Discapacitados Auditivos de la ciudad capital del departamento de Rivera. C/2864/008 por el que se declaran feriado laborable el 19 de julio de cada año y feriado no laborable el 17 de julio de 2009, para villa Rodríguez, departamento de San José, con motivo de celebrarse los 100 años de su categorización como pueblo. C/3157/009 por el que se designa “Hospital de Ojos José Martí” el primer centro de referencia oftalmológica del país, ubicado en el predio del Hospital Gustavo Saint Bois. C/3165/009 Téngase presente INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Seguridad Social se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Vicente Silveira Montero. C/3347/009 por el que se concede una pensión graciable al señor Nery González Bermúdez. C/3348/009

•

–

3.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 357 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 15 de julio de 2009, promulgó la Ley Nº 18.519, por la que se autoriza a dicho Poder a incrementar los topes de endeudamiento del sector público. C/3294/009 Archívese DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se declara de interés público el desarrollo y mantenimiento de un sistema nacional de bibliotecas públicas. C/3372/009 A la Comisión de Educación y Cultura DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 14 de julio de 2009, sancionó los siguientes proyectos de ley: • por el que se designa “Duvinoso Juan del Puerto Pérez, ‘Pindingo’ ”, el puente sobre el río San Luis, en el Kilómetro 30 de la Ruta Nacional •

La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente se expide sobre el proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de villa, con la denominación “Villa Baltasar Brum”, el actual pueblo Baltasar Brum, en la 8ª Sección Judicial del departamento de Artigas. C/1680/001 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se designa “Maestra Ofelia de Horta Campodónico” la Escuela Nº 286 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. C/3272/009 por el que se designa “Poeta Lalo Mendoza” la Escuela Rural Nº 132 del departamento de Rivera. C/3290/009

•

La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y el contingente de relevo de la MINUSTAH, a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” (Traslado del personal y material de la Compañía H-7, que efectuará el relevo de la MINUSTAH en

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la República de Haití, Puerto Príncipe) y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009” en la República de Panamá, realizando escalas técnicas en puertos de la República Federativa del Brasil (Fortaleza y Natal), República de Colombia (puerto de Cartagena de Indias), República Bolivariana de Venezuela (puertos de la Cruz e Isla Margarita) y República de Panamá (puerto de Colón), entre los días 5 de agosto y 9 de noviembre de 2009. C/3361/009 La Comisión Especial para el Deporte se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo, y/o social relacionada con la práctica del fútbol infantil. C/2217/007 La Comisión de Legislación del Trabajo se expide sobre el proyecto de ley, por el que se complementan las normas de la Ley Nº 18.391, de 24 de octubre de 2008, sobre subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la empresa FIBRATEX S.A. que se desempeñan o se han desempeñado en la empresa Niralan S.A. C/3340/009 La Comisión de Industria, Energía y Minería se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar térmica. C/3087/009 Se repartieron con fecha 21 de julio COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Colonia remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por una señora Edila: • • sobre el descubrimiento de una vacuna contra el cáncer de piel y de riñones. C/11/005 relacionada con la necesidad de añadir a la agenda de los teléfonos móviles, el número de la persona a contactar en caso de emergencia. C/11/005 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite el informe producido por Pluna Ente Autónomo, por el que contesta el pedido de informes del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, sobre licencias, sumarios y destituciones de funcionarios motivados por licencias por enfermedad de origen psiquiátrico. C/3232/009 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Washington Abdala, relacionado con la titularidad de la Dirección del Instituto Nacional de Oncología. C/2812/008 • de varios señores Representantes, acerca de los contratos celebrados con consultoras o encuestadoras de opinión pública por dicha Cartera, desde el 1º de marzo de 2005 hasta la fecha. C/2918/008 • del señor Representante Richard Charamelo, relacionado con el funcionamiento de la policlínica de Estación Atlántida, departamento de Canelones. C/3206/009 • del señor ex Representante Miguel J. Otegui, referente a la relación o contratos celebrados con empresas encuestadoras de opinión pública a nivel nacional e internacional. C/3306/009 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, sobre la necesidad de contar con servicio de cajero automático durante todo el día, en la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado. C/22/005 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes asuntos: • pedido de informes del señor Representante Raúl Casás, relacionado con las actividades comerciales e industriales realizadas por una empresa privada con autorización o aval del Estado para su concreción. C/3160/009 exposiciones realizadas: • por el señor Representante Bertil R. Bentos, en sesión de 18 de marzo de 2009, sobre el atraso en los pagos del Servicio 222 que cumplen los funcionarios policiales. S/C • por el señor Representante Víctor Semproni, en sesión de 9 de junio de 2009, por la que hace una propuesta en el sentido de facilitar a las Intendencias Municipales de todo el país equi-

–

Las Juntas Departamentales de Florida, Río Negro y San José comunican la integración de sus Mesas para el período comprendido entre julio de 2009 y julio de 2010. C/97/005 Téngase presente

•

El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, sobre licencias, sumarios y destituciones de funcionarios motivados por licencias por enfermedad de origen psiquiátrico. C/3250/009 A sus antecedentes

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pos para la perforación de pozos, para enfrentar la sequía. S/C A sus antecedentes

4.- Proyectos presentados.
“MARIO DÍAZ OLIVERA. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa correspondiente a fin de conceder una pensión graciable). MINUTA DE COMUNICACIÓN La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo se envíe un proyecto de ley disponiendo establecer una pensión graciable al señor Mario Díaz Olivera, en virtud de los servicios prestados para nuestra cultura. Montevideo, 16 de julio de 2009. CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Estamos solicitando se conceda una pensión graciable para el actor y músico compatriota señor Mario Díaz Olivera, Cédula de Identidad Nº 1.242.038-3. Desde hace más de 50 años está desarrollando diversas actividades artísticas desde su debut en el año 1954. Como músico (guitarrista) acompañó a infinidad de conjuntos y cantores. También realizó una importante actividad televisiva, principalmente en el recordado programa Decalegrón, donde realizara actividades de músico, actor y libretista. Representó al Uruguay en diversas actuaciones en el exterior. En los últimos 25 años está dedicado a realizar acompañamientos a cantores de tango, donde su actuación está ligada a las mejores voces del país. En la actualidad, con casi setenta años de edad, su salud se halla comprometida y atraviesa una precaria situación económica. Entendemos que se impone realizar este reconocimiento de otorgarle una pensión graciable, a quien por su personalidad y trayectoria tanto ha hecho por la música y el desarrollo de la cultura nacional. De la breve reseña de su actuación que adjuntamos se podrá verificar la existencia de sobrados elementos para la petición que estamos realizando. Montevideo, 16 de julio de 2009. CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia”.

El Ministerio de Educación y Cultura remite nota relacionada con la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Educación Pública, las Cámaras de Senadores y de Representantes y la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. C/146/005 A la Comisión de Educación y Cultura PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, sobre las medidas de prevención adoptadas ante los posibles brotes de gripe A H1N1 en los centros penitenciarios: • • al Ministerio de Salud Pública. al Ministerio del Interior. C/3368/009 C/3369/009

La señora Representante Margarita Catalogne solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay; y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, relacionado con irregularidades en el pago de asignaciones familiares en el departamento de Tacuarembó. C/3370/009 El señor Representante Rodrigo Goñi Romero solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, acerca de la explotación de dos inmuebles rurales en el departamento de Salto. C/3371/009 Se cursaron con fecha 15 de julio PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Carlos González Álvarez presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa correspondiente, a fin de conceder una pensión graciable al señor Mario Díaz Olivera. C/3373/009 A la Comisión de Seguridad Social”.

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5.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Está abierto el acto. (Es la hora 11 y 18) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Dardo Sánchez Cal solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Salud Pública, con destino a la Dirección Departamental de Artigas, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y al Hospital de Treinta y Tres; y del Interior con destino a la Jefatura de Policía de Treinta y Tres; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, y por su intermedio a las Juntas Locales de ese departamento; a la Comisión Departamental del Patronato del Psicópata; al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), con destino a su filial en el referido departamento; al Club de Leones; al Rotary Club; al Centro Comercial e Industrial y a la Sociedad de Fomento de Treinta y Tres; a la Comisión Departamental Nacionalista; a la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional y al Ejecutivo de Jóvenes de Alianza Nacional del citado departamento; a las señoras Ivonne Cruz y Teresa Farrugia, y al señor Gustavo Fernández y a los medios de comunicación del referido departamento, sobre la ejecución de un proyecto para atender a personas con patologías psiquiátricas crónicas en dicho departamento. C/22/005 El señor Representante Miguel Asqueta Sóñora solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Salud Pública y de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Unidad Nacional de Seguridad Vial; a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales; a la Federación Médica del Interior; al Sindicato Médico del Uruguay; a la Cámara de Emergencias y de Atención Médica Extrahospitalaria y a las Comisiones de Salud Pública de la Cámara de Senadores y de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, relacionada con la suscripción de un vínculo contractual entre el Ministerio de Salud Pública, la UNASEV y la Cámara de Emergencias y de Atención Médica Extrahospitalaria. C/22/005” Se votarán oportunamente.

6.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a las siguientes sesiones realizadas el día 15 de julio de 2009: Extraordinaria hora 14:00: Con aviso: Álvaro Alonso, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Carlos Baráibar, José L. Blasina, Alba M. Cocco Soto, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Álvaro Delgado, Sandra Etcheverry, Jorge Gandini, Pablo Iturralde, Rubén Martínez Huelmo, Ivonne Passada, Enrique Pintado, Dardo Sánchez Cal, Víctor Semproni, Gonzalo Texeira y Homero Viera. Sin aviso: Roberto Conde, Javier Chá, Silvana Charlone, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Carlos Maseda y Juan C. Souza. Ordinaria Hora 15:00: Con aviso: José Amorín Batlle, Sergio Botana, Mauricio Cusano, Sandra Etcheverry, Jorge Gandini y Gonzalo Texeira. Sin aviso: Orlando Lemes. Inasistencias a las Comisiones: Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 15 de Julio ASUNTOS INTERNACIONALES Con aviso: Daniel Peña Fernández. CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Jorge Machiñena Fassi. HACIENDA Con aviso: José Amorín y Silvana Charlone. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Con aviso: Mauricio Cusano. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Con aviso: Dardo Ángel Sánchez Cal. VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Con aviso: Gonzalo Texeira Gallardo y Jorge Romero Cabrera.

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DERECHOS HUMANOS integrada con la ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD Con aviso: Álvaro Alonso, Gonzalo Texeira Gallardo y Rubén Martínez Huelmo. Sin aviso: Adriana Peña Hernández, Juan José Bentancor y Sandra Etcheverry. Jueves 16 de Julio HACIENDA integrada con la de VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Con aviso: Carlos González Álvarez, Gonzalo Texeira Gallardo, Jorge Romero Cabrera, José Amorín, José Carlos Cardoso y Rodolfo Caram. ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Con aviso: Artigas Melgarejo, Beatriz Argimón, Carlos Varela Nestier, Daniel Peña Fernández, Gustavo A. Espinosa, Horacio Yanes, Juan C. Souza y Sandra Etcheverry. Martes 21 de Julio PRESUPUEST0S integrada con la de Hacienda Con aviso: Alfredo José Álvarez Bogliolo, Doreen Javier Ibarra y José Carlos Cardoso. Miércoles 22 de Julio CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Beatriz Argimón. HACIENDA Con aviso: Alfredo José Álvarez Bogliolo, José Amorín y José Carlos Cardoso”.

y Tres; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, y por su intermedio a las Juntas Locales de ese departamento; a la Comisión Departamental del Patronato del Psicópata; al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PITCNT), con destino a su filial en el referido departamento; al Club de Leones; al Rotary Club; al Centro Comercial e Industrial y a la Sociedad de Fomento de Treinta y Tres; a la Comisión Departamental Nacionalista; a la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional y al Ejecutivo de Jóvenes de Alianza Nacional del citado departamento; a las señoras Ivonne Cruz y Teresa Farrugia, y al señor Gustavo Fernández y a los medios de comunicación del referido departamento, sobre la ejecución de un proyecto para atender a personas con patologías psiquiátricas crónicas en dicho departamento. “Montevideo, 16 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, maestro Roque Arregui. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Dirección Departamental de Artigas, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y al Hospital de Treinta y Tres; al Ministerio del Interior, con destino a la Jefatura de Policía de Treinta y Tres; a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres y, por su intermedio, a las Juntas Locales; a la Junta Departamental de Treinta y Tres; a la Comisión Departamental del Patronato del Psicópata de Treinta y Tres; al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), con destino a la filial de Treinta y Tres; al Club de Leones, al Rotary Club, al Centro Comercial e Industrial y a la Sociedad de Fomento de Treinta y Tres; a la Comisión Departamental Nacionalista de Treinta y Tres; a la Comisión Departamental de Jóvenes de Treinta y Tres del Partido Nacional; al Ejecutivo de Jóvenes de Alianza Nacional de Treinta y Tres; a las señoras Ivonne Cruz y Teresa Farrugia; al señor Gustavo Fernández, y a los medios de comunicación del departamento de Treinta y Tres. En nuestro carácter de Representante por el departamento de Treinta y Tres, hemos tomado conocimiento de un proyecto que consideramos muy importante para nuestra sociedad. El mismo apunta a que las familias en las que hay personas con patologías psiquiátricas crónicas cuenten con un lugar donde las mismas sean contenidas y atendidas adecuadamente. Es en ese sentido que el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto una casa, ubicada en Juan Spikerman 1364, ciudad de Treinta y Tres, para cumplir con la función de hospedar a los hijos de esas familias, que pre-

7.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Cuarenta y seis en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante Dardo Sánchez Cal a los Ministerios de Salud Pública, con destino a la Dirección Departamental de Artigas, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y al Hospital de Treinta y Tres; y del Interior con destino a la Jefatura de Policía de Treinta

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sentan patologías psiquiátricas crónicas. Dicha finca fue donada por una vecina de nuestro departamento para que se utilizara con fines relacionados con tareas médicas. Las familias involucradas en este proyecto son cinco, aproximadamente; conociéndose, obviamente, más familias que estarían interesadas en participar de este emprendimiento que solucionaría un importante vacío social en el que se encuentran las personas que presentan ese tipo de patología. Para ejecutar este plan, se necesita un profesional que sea responsable de las personas mientras permanecen en esta ‘casa de contención’. El proyecto contempla actividades complementarias para las personas que allí concurran, que se brindarían en coordinación con otras instituciones de nuestro departamento. Para llevar adelante la iniciativa en cuestión, el Ministerio de Salud Pública ha comprometido apoyo, en recursos humanos, como así también la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, lo que permitiría realizar este proyecto que, creemos, debería ser declarado de interés departamental, por la importante función que está llamado a cumplir en nuestra sociedad. Por lo expuesto, solicitamos que las autoridades de la salud de nuestro departamento concreten, en forma urgente el proyecto de referencia, a fin de que comience a funcionar a la brevedad esta casa para la contención de las personas con patologías psiquiátricas crónicas. También solicitamos a las autoridades de nuestro departamento que impulsen el proyecto, declarándolo de interés departamental. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARDO SÁNCHEZ CAL, Representante por Treinta y Tres”. 2) Exposición del señor Representante Miguel Asqueta Sóñora a los Ministerios de Salud Pública y de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Unidad Nacional de Seguridad Vial; a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales; a la Federación Médica del Interior; al Sindicato Médico del Uruguay; a la Cámara de Emergencias y de Atención Médica Extrahospitalaria y a las Comisiones de Salud Pública de la Cámara de Senadores y de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, relacionada con la suscripción de un vínculo contractual entre el Ministerio de Salud Pública, la UNASEV y la Cámara de Emergencias y de Atención Médica Extrahospitalaria.

Nacional de Seguridad Vial (UNASEV); a las Intendencias Municipales; a las Juntas Departamentales; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Salud Pública; a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara; a la Federación Médica del Interior (FEMI); al Sindicato Médico del Uruguay (SMU); y a la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay. Ha llegado a mi conocimiento que con fecha 26 de junio de 2009, se suscribió por parte del Ministerio de Salud Pública, de la UNASEV y de la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, un Acta de Entendimiento. En la referida Acta se determinan las condiciones del vínculo contractual que unirá a las entidades de la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, la UNASEV o el Ministerio de Salud Pública. Motiva la solicitud, el hecho de que se estableció en la mencionada Acta, un plazo de 30 días, desde la fecha de suscripción, para la firma del contrato y, en caso de no suscribirse el mismo, perdería automáticamente su vigencia y, como consecuencia, las entidades integrantes de la Cámara dejarían de prestar el servicio 911 en forma inmediata, sin necesidad de preaviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Al día de hoy, no se ha suscrito el referido contrato y en tres días se vence el plazo para la firma del mismo, lo cual ocasionaría un cese total en la prestación de los servicios. Cabe destacar que se trata de un servicio esencial para toda la población, la que, de producirse esta situación, estaría totalmente desprotegida ante cualquier siniestro que sucediera en el tránsito o en la vía pública. Es mi deseo, que se busquen todas las alternativas de solución posibles, para que pueda firmarse el referido contrato y, de esa manera, proteger a la población en su conjunto. En lo que a mi respecta y en lo que sea necesario, estaré en todo aquello que se me requiera para el logro de este objetivo. Saludo al señor Presidente muy atentamente MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, Representante por Colonia”.

8.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, maestro Roque Arregui. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Unidad

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23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. Del señor Representante José Carlos Cardoso, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 20 de julio y 19 de agosto de 2009, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Mary Pacheco, por el período comprendido entre los días 23 de julio y 19 de agosto de 2009. Del señor Representante Luis Lacalle Pou, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando Lereté. Del señor Representante Manuel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 23 de julio y 7 de agosto de 2009, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Paola Pamparatto. Del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Fernando García. Del señor Representante Rodrigo Goñi Romero, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Galbarini Álvarez. Del señor Representante Carlos Gamou, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Groba. Del señor Representante Jorge Gandini, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero. Del señor Representante Doreen Javier Ibarra, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Alicia Pintos. Del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley

Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Edgardo Rostán. Del señor Representante David Doti Genta, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Schiappapietra”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha, por motivos personales solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE Representante por Canelones”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Gallo, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Luis Enrique Gallo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Gallo,

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comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Silvia Camejo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Gallo, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Gabriela Garrido”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Gallo, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Paul Moizo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Gallo, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Hugo Vergara”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señor Luis E. Gallo, señoras Silvia Camejo y Gabriela Garrido, señores Paul Moizo y Hugo Vergara. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale. 2) Acéptanse por esta vez las negativas que presentan los suplentes siguientes, señor Luis E. Gallo, señoras Silvia Camejo y Gabriela Garrido, señores Paul Moizo y Hugo Vergara. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Eduardo Márquez. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por intermedio de la presente, solicito a usted licencia médica del 20 de julio al 19 de agosto inclusive. A tales efectos adjunto certificado médico con timbre profesional correspondiente. Atentamente, JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante por Rocha”. “Rocha, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente comunico a usted que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara de

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Representantes, para suplir al diputado maestro José Carlos Cardoso. Sin otro particular saludo a usted atentamente, Alejo Umpiérrez”. “Rocha, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente comunico a usted que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara de Representantes, para suplir al diputado maestro José Carlos Cardoso. Sin otro particular saludo a usted atentamente, Marta Cánova”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 20 de julio y 19 de agosto de 2009, y adjunta certificado médico. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Alejo Umpiérrez y señora Marta Cánova. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 20 de julio y 19 de agosto de 2009, al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso. 2) Acéptanse las negativas presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señor Alejo Umpiérrez y señora Marta Cánova. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 20 de julio y 19 de agosto de 2009, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señora Mary Pacheco. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009 GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 22 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente solicito licencia por motivos personales, para el día 23 de julio, del año en curso. Lo saluda atentamente, LUIS ALBERTO LACALLE POU Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou. 2) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 400 del Lema Partido Nacional, señor Orlando Lereté. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 23 de julio al 07 de agosto inclusive, del presente año. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, MANUEL BARREIRO Representante por Salto”.

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Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no acepto, la convocatoria para integrar el Cuerpo, de la cual he sido objeto. Saluda a usted muy atentamente, Ramón Simonet”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no acepto, la convocatoria para integrar el Cuerpo, de la cual he sido objeto. Saluda a usted muy atentamente, Carlos Rattín”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no acepto, la convocatoria para integrar el Cuerpo, de la cual he sido objeto. Saluda a usted muy atentamente, Antonio Lafuente”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no acepto, la convocatoria para integrar el Cuerpo, de la cual he sido objeto. Saluda a usted muy atentamente, Rosario Giambiasi”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no acepto, la convocatoria para integrar el Cuerpo, de la cual he sido objeto. Saluda a usted muy atentamente, Julio Flores”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Manuel Barreiro. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 23 de julio y 7 de agosto de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Ramón Simonet, Carlos Rattín, Antonio Lafuente, señora Rosario Giambiasi y señor Julio Flores. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 23 de julio y 7 de agosto de 2009, al señor Representante por el departamento de Salto, Manuel Barreiro. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señores Ramón Simonet, Carlos Rattín, Antonio Lafuente, señora Rosario Giambiasi y señor Julio Flores. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1 del Lema Partido Colorado, señora Paola Pamparatto. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 23 de julio y se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Nacional, señor Fernando García. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 892 del Lema Partido Nacional, señor Luis A. Galbarini Álvarez. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración El suscripto, Representante Nacional, Carlos Gamou, a través de la presente, solicita licencia por el día de la fecha por motivos particulares. Saluda a usted muy atentamente, CARLOS GAMOU Representante por Montevideo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Julio Battistoni”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente solicito licencia el día 23 de julio por motivos personales. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, RODRIGO GOÑI ROMERO Representante por Salto”.

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Beatriz Costa”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Hugo Arambillete”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni, señora Beatriz Costa y señor Hugo Arambillete. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley N° 17.827 de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni, señora Beatriz Costa y señor Hugo Arambillete.

3) Convóquese por Secretaría, para integrar la representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Óscar Groba. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1º de la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009. Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida, JORGE GANDINI Representante por Montevideo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Jorge Gandini. Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida, Álvaro Viviano”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini. 2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 2004 del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Quien suscribe, Sr. Julio Vieytes, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto. Sin otro particular saluda a usted atentamente, Julio Vieytes”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Quien suscribe comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto. Sin otro particular saluda a usted atentamente, Juan Castillo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Carlos Tutzó, Jorge Bermúdez, Julio Vieytes y Juan Castillo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra. 2) Acéptanse por esta única vez las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señores Carlos Tutzó, Jorge Bermúdez, Julio Vieytes y Juan Castillo.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por intermedio de la presente solicito licencia por enfermedad por el día de la fecha, convocándose a mi suplente la Sra. Alicia Pintos. Sin otro particular saluda atentamente, DOREEN JAVIER IBARRA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Quien suscribe, Sr. Carlos Tutzó, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto. Sin otro particular saluda a usted atentamente, Carlos Tutzó”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Quien suscribe, Sr. Jorge Bermúdez, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto. Sin otro particular saluda a usted atentamente, Jorge Bermúdez”.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 23 de julio de 2009, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1001 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señora Alicia Pintos. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, los suplentes siguientes, señora Claudia Allietti y José Di Paulo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señora Claudia Allietti y José Di Paulo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2015 del Lema Partido Colorado, señor Edgardo Rostán. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por medio de la presente, al amparo de lo previsto en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme licencia, por razones personales, el día 23 de julio del corriente. Sin otro particular lo saluda atentamente, DANIEL BIANCHI Representante por Colonia”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria. Saluda a usted muy atentamente, Claudia Allietti”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria. Saluda a usted muy atentamente, José Di Paulo”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por este medio solicito a usted licencia por motivos personales para el día jueves 23 del mes en curso del presente año, solicitando se convoque a mi respectivo suplente. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. DAVID DOTI Representante por Paysandú”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Cosme David Doti. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Cosme David Doti. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 36 del Lema Partido Nacional, señor Jorge Schiappapietra. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS, “PODER EJECUTIVO Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores

Rep. N° 1624

Montevideo, 5 de junio de 2009. Señor Presidente de la Asamblea General. Don Rodolfo Nin Novoa. El Poder Ejecutivo cumple en remitir a ese Cuerpo, conforme con lo preceptuado en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas”, para que participen en la Operación “Haití 2009” (consistente en el traslado de personal y material de la Compañía H 7 que efectuará el relevo de la MINUSTAH en la República de Haití) y en el Ejercicio “PANAMAX 2009”, a desarrollarse en la República de Panamá, Puerto de Colón, todo lo cual se efectuará entre los días 5 de agosto de 2009 y 9 de noviembre de 2009. En cuanto a la Operación Haití 2009, se encuentra previsto para el próximo mes de setiembre el relevo de la Compañía H 7, según el Mandato de la Organización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y contando nuestra Armada Nacional con el ROU 04 “General Artigas”, con amplia capacidad de transporte para el personal seleccionado y los materiales logísticos necesarios para soportar dicha misión, se hace necesario la zarpada de esta Unidad naval el 5 de agosto de 2009, a efectos de cumplir los plazos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. La opción de utilizar el buque mencionado como medio de transporte favorece el traslado de material hacia y desde el área de operaciones, a la vez que permite utilizar el tiempo de dicho traslado en adiestrar al personal a ser desplegado, habida cuenta de las amplias capacidades del buque. También debe señalarse el aporte profesional a la tripulación del buque que con los días de mar que conlleva esta operación, refuerzan su alistamiento operativo. Lo extenso de la navegación, más de 60 días, hace recomendable que el ROU 04 “General Artigas”, realice escalas técnicas en los puertos de Fortaleza y Cartagena de Indias en su trayecto hacia Haití y en los puertos de Isla Margarita, La Cruz y Natal al retorno. Al respecto se menciona que al tradicional apoyo en materia de combustible que nos brinda la Armada de Venezuela, en esta oportunidad se ha sumado el

9.- Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y contingente de relevo de la MINUSTAH. (Se autoriza su salida del país a los efectos de realizar la Operación “Haiti 2009” y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009”).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: “Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 ‘General Artigas’ y contingente de relevo de la MINUSTAH. (Se autoriza su salida del país a los efectos de realizar la Operación ‘Haití 2009’ y a participar en el Ejercicio combinado ‘PANAMAX 2009’)”. (ANTECEDENTES:)

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apoyo que puede recibir el ROU 04 “General Artigas” en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. En efecto, en dicha ciudad la Armada Colombiana posee un buque gemelo de nuestro “Artigas” y un muy importante astillero, habiendo ofrecido las autoridades del citado astillero y de la Armada su apoyo para la estadía de nuestro buque y la posibilidad de encarar trabajos menores. Es por todo esto que la participación de la Armada Nacional en la citada Operación se presenta como una misión estratégicamente importante y logísticamente factible. Asimismo, coincide la fecha de relevo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH) con la Operación “PANAMAX 2009” a realizarse entre el 11 y el 23 de setiembre de 2009, en la República de Panamá, Puerto de Colón. El Ejercicio “PANAMAX 2009” es un ejercicio combinado con la participación de la coalición de Naciones responsables o con intereses en el Canal de Panamá, considerándose éste como la infraestructura más crucial del flujo de comercio marítimo de occidente. Desde el año 2003, que se realizó el primer Ejercicio “PANAMAX”, con 3 países participantes, éste ha adquirido mayor énfasis, lo que se ve reflejado en el incremento anual de los países participantes, llegando el año próximo pasado a 20 países. Este Ejercicio incluye objetivos estratégicos para la protección de los intereses marítimos regionales, siendo uno de ellos asegurar la libre navegación por el citado canal, el mismo es de carácter multinacional destacándose la adquisición de capacidades operacionales y eficacia táctica de Fuerzas operando en forma combinada, logrando a su vez el incremento de la interoperabilidad entre Naciones con intereses comunes en la región. Desde el año 2005 Uruguay, a través de la Armada Nacional, ha participado en este Ejercicio, en dos de ellos aportando personal, pero no medios y en las últimas ediciones (2007 y 2008) incluyendo medios (ROU 04 “General Artigas”). Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece. El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General atentamente. TABARÉ VÁZQUEZ, JOSÉ BAYARDI, VÍCTOR ROSSI, GONZALO FERNÁNDEZ.

PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Autorízase la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y el contingente de relevo de la MINUSTAH, a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” (traslado del personal y material de la Compañía H-7, que efectuará el relevo de la MINUSTAH en la República de Haití, Puerto Príncipe) y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009” en la República de Panamá, realizando escalas técnicas en puertos de la República Federativa del Brasil (Fortaleza y Natal), República de Colombia (Puerto de Cartagena de Indias), República Bolivariana de Venezuela (Puerto de la Cruz e Isla Margarita) y República de Panamá (Puerto de Colón); entre los días 5 de agosto de 2009 y 9 de noviembre de 2009. Montevideo, 5 de junio de 2009. JOSÉ BAYARDI, VÍCTOR GONZALO FERNÁNDEZ. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Autorízase la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 “General Artigas” y el contingente de relevo de la MINUSTAH, a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” (traslado del personal y material de la Compañía H-7, que efectuará el relevo de la MINUSTAH en la República de Haití, Puerto Príncipe) y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009” en la República de Panamá, realizando escalas técnicas en puertos de la República Federativa del Brasil (Fortaleza y Natal), República de Colombia (Puerto de Cartagena de Indias), República Bolivariana de Venezuela (Puerto de la Cruz e Isla Margarita) y República de Panamá (Puerto de Colón); entre los días 5 de agosto de 2009 y 9 de noviembre de 2009. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de julio de 2009. ALBERTO COURIEL Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. ROSSI,

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Anexo I al Rep. Nº 1624 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Defensa Nacional INFORME Señores Representantes: Vuestra asesora recibe aprobado por la Cámara de Senadores, mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se autoriza la salida del país del Buque ROU 04 “General Artigas”, Plana Mayor y Tripulantes y el contingente de relevo de la MINUSTAH, a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” y a participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009” en la República de Panamá entre los días 5 de agosto de 2009 y 9 de noviembre de 2009. La Operación Haití 2009, se encuentra previsto para el próximo mes de setiembre el relevo de la Compañía H 7, según el Mandato de la Organización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y contando nuestra Armada Nacional con el ROU 04 “General Artigas”, con amplia capacidad de transporte para el personal seleccionado y los materiales logísticos necesarios para soportar dicha misión, se hace necesario la zarpada de esta Unidad Naval el 5 de agosto de 2009, a efectos de cumplir los plazos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. La opción de utilizar el buque mencionado como medio de transporte favorece el traslado de material hacia y desde el área de operaciones, a la vez que permite utilizar el tiempo de dicho traslado en adiestrar al personal a ser desplegado, habida cuenta de las amplias capacidades del buque. También debe señalarse el aporte profesional a la tripulación del buque que con los días de mar que conlleva esta operación, refuerzan su alistamiento operativo. Lo extenso de la navegación, más de 60 días, hace recomendable que el ROU 04 “General Artigas”, realice escalas técnicas en los puertos de Fortaleza y Cartagena de Indias en su trayecto hacia Haití y en los puertos de Isla Margarita, La Cruz y Natal al retorno. Al respecto se menciona que al tradicional apoyo en materia de combustible que nos brinda la Armada de Venezuela, en esta oportunidad se ha sumado el apoyo que puede recibir el ROU 04 “General Artigas” en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. En efecto, en dicha ciudad la Armada Colombiana posee un buque gemelo de nuestro “Artigas” y un muy importante astillero, habiendo ofrecido las autoridades del citado astillero y de la Armada su apoyo para la

estadía de nuestro buque y la posibilidad de encarar trabajos menores. Es por todo esto que la participación de la Armada Nacional en la citada Operación se presenta como una misión estratégicamente importante y logísticamente factible. Asimismo, coincide la fecha de relevo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH) con la Operación “PANAMAX 2009” a realizarse entre el 11 y el 23 de setiembre de 2009, en la República de Panamá, Puerto de Colón. El Ejercicio “PANAMAX 2009” es un ejercicio combinado con la participación de la coalición de Naciones responsables o con intereses en el Canal de Panamá, considerándose éste como la infraestructura más crucial del flujo de comercio marítimo de occidente. Desde el año 2003, que se realizó el primer Ejercicio “PANAMAX”, con 3 países participantes, éste ha adquirido mayor énfasis, lo que se ve reflejado en el incremento anual de los países participantes, llegando el año próximo pasado a 20 países. Este Ejercicio incluye objetivos estratégicos para la protección de los intereses marítimos regionales, siendo uno de ellos asegurar la libre navegación por el citado canal, el mismo es de carácter multinacional destacándose la adquisición de capacidades operacionales y eficacia táctica de Fuerzas operando en forma combinada, logrando a su vez el incremento de la interoperabilidad entre Naciones con intereses comunes en la región. Desde el año 2005 Uruguay, a través de la Armada Nacional, ha participado en este Ejercicio, en dos de ellos aportando personal, pero no medios y en las últimas ediciones (2007 y 2008) incluyendo medios (ROU 04 “General Artigas”). Por los fundamentos expuestos, se solicita al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley. Sala de la Comisión, 16 de julio de 2009. DANIEL GARCÍA PINTOS, Miembro Informante, JAVIER GARCÍA, MARÍA ÉLIDA ARGÜELLO, LUIS ROSADILLA”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑORA ARGÜELLO.- Pido la palabra.

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SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA ARGÜELLO.- Señor Presidente: vuestra asesora recibió el mensaje y el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, enviado por el Poder Ejecutivo, por el cual se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del Buque ROU 04, “General Artigas”, y el contingente de relevo de la MINUSTAH, a los efectos de realizar la Operación “Haití 2009” y participar en el Ejercicio combinado “PANAMAX 2009” en la República de Panamá, entre los días 5 de agosto y 9 de noviembre de 2009. En cuanto a la Operación “Haití 2009”, se encuentra previsto para el próximo mes de setiembre el relevo de la Compañía H 7, según el mandato de la Organización de las Naciones Unidas en Haití -MINUSTAH-, y nuestra Armada Nacional cuenta para ello con el ROU 04, “General Artigas”, que tiene amplia capacidad de transporte para el personal seleccionado y cuenta con los materiales logísticos necesarios para soportar dicha misión. Se hace necesaria la zarpada de esta unidad naval el 5 de agosto de 2009, a efectos de cumplir con los plazos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. La opción de utilizar el buque mencionado como medio de transporte favorece el traslado de material hacia y desde el área de operaciones, a la vez que permite utilizar el tiempo de dicho traslado en adiestrar al personal a ser desplegado, habida cuenta de las amplias capacidades del buque. También debe señalarse el aporte profesional de la tripulación del buque, que, en los días de mar que conlleva esta operación, refuerza su alistamiento operativo. Lo prolongado de la navegación -más de sesenta días- hace recomendable que el ROU 04, “General Artigas”, realice escalas técnicas en los puertos de Fortaleza y de Cartagena de Indias en su trayecto hacia Haití y en los puertos de Isla Margarita, de La Cruz y, al retorno, de Natal. Al respecto, se menciona que al tradicional apoyo en materia de combustible que nos brinda la Armada de Venezuela, en esta oportunidad se ha sumado el apoyo que podrá recibir el ROU 04, “General Artigas”, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. En dicha ciudad, la Armada colombiana posee un buque gemelo de nuestro “General Artigas” y un muy impor-

tante astillero, y las autoridades del citado astillero y de la Armada ofrecieron su apoyo para la estadía de nuestro buque y la posibilidad de encarar trabajos menores. Es por todo esto que la participación de la Armada Nacional en la citada Operación se presenta como una misión estratégicamente importante y logísticamente factible. Asimismo, coincide la fecha de relevo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para Haití -MINUSTAH- con la Operación “PANAMAX 2009”, a realizarse entre los días 11 y 23 de setiembre de 2009 en Puerto de Colón, República de Panamá. La Operación “PANAMAX 2009” es un Ejercicio combinado, en el que participa la coalición de naciones responsables o con intereses en el Canal de Panamá, considerándose este como la infraestructura más crucial del flujo de comercio marítimo de occidente. Desde el año 2003, cuando se realizó el primer Ejercicio “PANAMAX”, con tres países participantes, este ha adquirido mayor énfasis, lo que se ve reflejado en el incremento anual de los países participantes, llegando el año próximo pasado a veinte países. Este Ejercicio incluye objetivos estratégicos para la protección de los intereses marítimos regionales, y uno de ellos es asegurar la libre navegación por el citado canal. A su vez, es de carácter multinacional, destacándose la adquisición de capacidades operacionales y la eficacia táctica de Fuerzas que operarán en forma combinada. De esta manera, se logra el incremento de la interoperabilidad entre naciones con intereses comunes en la región. Desde el año 2005, a través de la Armada Nacional, Uruguay ha participado en este Ejercicio; en dos de ellos aportó personal pero no medios, y en las últimas ediciones -2007 y 2008- proporcionó medios como el ROU 04 “General Artigas”. Por los fundamentos expuestos, se solicita al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley presentado. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

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En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑORA ARGÜELLO.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 11 y 36) ——Continúa la sesión. (Es la hora 11 y 52)

12.- Solicitud de urgencia.
SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- ¡Solicito que se rectifique la votación de la moción de urgencia! SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en sesenta: NEGATIVA.

10.- Solicitud de urgencia.
——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bernini. (Se lee:) “Mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre ‘Fondo de Inversión Departamental’. (Carp. N° 3357/2009)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y seis en cincuenta uno: NEGATIVA. La Mesa desea aclarar que se necesitan cincuenta votos conformes a fin de que el asunto sea tratado de inmediato.

13.- Intermedio.
SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: solicito un intermedio por cinco minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA. Se pasa a intermedio. (Es la hora 11 y 54) ——Continúa la sesión. (Es la hora 11 y 59)

11.- Intermedio.
SEÑOR BERNINI.- ¿Me permite, señor Presidente? SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Sí, señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Solicito un intermedio por quince minutos.

14.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:)

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“La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Del señor Representante Luis Rosadilla, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel Carbajal. Del señor Representante Julio Cardozo Pereira, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 28 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Darío Ferraz Braga. En virtud de la convocatoria a la Cámara de Senadores del señor Representante Eduardo Bonomi, se convoca por el período comprendido entre los días 24 de julio de 2009 y 15 de agosto de 2009, al suplente siguiente, señor Julio Battistoni”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de la fecha por motivos personales Sin más, saluda atentamente, LUIS ROSADILLA Representante por Montevideo”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Julio Battistoni”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Beatriz Costa”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Hugo Arambillete”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Daniel Montiel”.

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Heber Bousses”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni, señora Beatriz Costa, señores Hugo Arambillete, Daniel Montiel y Heber Bousses y el señor Óscar Groba integra la Cámara por el período indicado. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley N° 17.827 de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla. 2) Acéptanse, por esta única vez, las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni, señora Beatriz Costa, señores Hugo Arambillete, Daniel Montiel y Heber Bousses. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Daniel Carbajal. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por medio de la presente solicito al Cuerpo que preside se sirva concederme el uso de licencia por el día 28 del corriente por motivos personales. Sin otro particular, le saluda atentamente, JULIO CARDOZO FERREIRA Representante por Tacuarembó”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Julio Cardozo Ferreira. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 28 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Julio Cardozo Ferreira. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 28 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 500 del Lema Partido Nacional, señor Darío Ferraz Braga. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Solicito a usted se realicen las gestiones que sean necesarias a fin de que mi lugar en Cámara de Representantes sea cubierto a partir del día de ma-

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ñana 24/7/09 hasta el 15/8/09 debido a haber sido citado por Cámara de Senadores durante ese período. Sin más saludo a usted fraternalmente. EDUARDO BONOMI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Eduardo Bonomi, se incorporará a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 24 de julio y 15 de agosto de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 116 y 122 de la Constitución de la República. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 24 de julio y 15 de agosto de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 609, del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Julio Battistoni. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

Rep. N° 1620 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 6 de julio de 2009. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigir a ese Cuerpo el proyecto de ley referente a la creación del Fondo de Inversión Departamental. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. TABARÉ VÁZQUEZ, JORGE BRUNI, GONZALO FERNÁNDEZ, ÁLVARO GARCÍA, JOSÉ BAYARDI, MARÍA SIMON, VÍCTOR ROSSI, DANIEL MARTÍNEZ, EDUARDO BONOMI, MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO, ERNESTO AGAZZI, HÉCTOR LESCANO, CARLOS COLACCE, MARINA ARISMENDI. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución de la República en su artículo 301, limita y regula las condiciones en que pueden incurrir en endeudamiento los Gobiernos Departamentales, requiriendo anuencia del Poder Legislativo en caso de préstamos o empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, o la aprobación de la Junta Departamental para otro tipo de préstamos, previendo incluso, mayorías especiales cuando los mismos exceden el período de gobierno del Intendente. Sumado a ello la ley ha limitado las posibilidades que los Gobiernos Departamentales tienen para constituir garantías ante los agentes financieros, estableciendo la inembargabilidad de las rentas, propiedades y bienes de uso comunal así como la prohibición de ceder a terceros los derechos sobre las rentas municipales. Una excepción a ello es lo dispuesto por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, que en su artículo 3º permite la securitización del flujo de recaudación tributaria, limitando su uso cuando el destino de los fondos sea la realización de obra pública municipal. Por distintas y variadas razones, la mayoría de los Gobiernos Departamentales deben enfrentar, frecuentemente, obligaciones que comprometen sus presupuestos anuales y dificultan el cumplimiento de sus cometidos básicos.

15.- Urgencias.
——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por el señor Diputado Bernini. (Se lee:) “Mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre ‘Fondo de Inversión Departamental’. (Carp. N° 3357/2009)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

16.- Fondo de Inversión Departamental. (Creación).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Fondo de Inversión Departamental. (Creación)”. (ANTECEDENTES:)

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Por tal razón, el Poder Ejecutivo, a solicitud del Congreso de Intendentes ha resuelto enviar al Parlamento Nacional el presente proyecto de ley. Por medio del mismo, se propone la creación de un Fondo de Inversión como un patrimonio separado e independiente con el objetivo de asistir financieramente a los Gobiernos Departamentales a fin de que estos puedan tanto atender las actividades municipales de mejora de las infraestructuras así como sus obligaciones en relación a los servicios que prestan Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. El patrimonio inicial del Fondo se prevé sea constituido por aportes de Rentas Generales, asegurando legalmente un flujo de fondos anual por el plazo de 10 años. Ese flujo de fondos anual, al ser administrado por un agente fiduciario financiero profesional podrá ser securitizado y obtener, mediante la emisión pública o privada de valores, las disponibilidades que permitan, en el presente, asistir financieramente a los Gobiernos Departamentales. El proyecto prevé, a los efectos de ampliar las posibilidades de colocación de los valores emitidos por el Fondo de Inversión Departamental, que los mismos puedan ser adquiridos por las Sociedades Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional. En su artículo 4º el proyecto establece las condiciones en que podrá concretarse la asistencia financiera a los Gobiernos Departamentales, estableciendo básicamente que los mismos deberán comprometerse a realizar, en el futuro, inversiones en el mismo de forma tal de asegurar su sustentabilidad más allá de los aportes que puedan provenir de Rentas Generales o los derivados de la propia administración del mismo. Dichos Compromisos de Inversión con el Fondo, y a fin de facilitar que los mismos puedan convertirse en activos securitizables, deberán ser garantizados en forma suficiente, ya sea con la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, dando cuenta a la Junta Departamental, los excedentes que puedan surgir de las partidas previstas en el literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República u otras que a criterio del fiduciario se consideren adecuadas. En la medida que las disponibilidades del Fondo, en cada momento, pueden no ser suficientes a fin de atender la totalidad de los requerimientos de los Gobiernos Departamentales, el artículo 7º limita la posibilidad de suscribir Compromisos de Inversión, y por ende al monto de la asistencia, a un porcentaje de aquellas. A fin de establecer dichos porcentajes se

estableció por parte del Congreso de Intendentes la conveniencia de establecer una alícuota del 25% para Montevideo y porcentajes equivalentes a la participación establecida en el artículo 480 de la Ley Nº 17.930 del 19 de diciembre de 2005 para los demás departamentos. A fin de asegurar la correcta administración del Fondo, evitando que queden disponibilidades sin invertir y como contrapartida Gobiernos Departamentales con capacitad de solicitar mayores niveles de asistencia el proyecto establece que los derechos de suscripción de Compromisos de Inversión podrán ser cedidos total o parcialmente, y en cada oportunidad, entre Gobiernos Departamentales. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines para los que se crea, se establece una serie de disposiciones que procuran mantener indemnes los recursos del Fondo. Finalmente, se crea un Comité Interinstitucional, con similares equilibrios que en la Comisión Sectorial de Descentralización a fin de seleccionar el agente fiduciario e instruirlo adecuadamente. En conclusión: con este proyecto se procura crear un instrumento hábil al cual los Gobiernos Departamentales puedan recurrir a fin del cumplimiento de sus cometidos, ampliando las posibilidades de obtención de recursos de forma sustentable y permanente. JORGE BRUNI, GONZALO FERNÁNDEZ, ÁLVARO GARCÍA, JOSÉ BAYARDI, MARÍA SIMON, VÍCTOR ROSSI, DANIEL MARTÍNEZ, EDUARDO BONOMI, MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO, ERNESTO AGAZZI, HÉCTOR LESCANO, CARLOS COLACCE, MARINA ARISMENDI. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Créase el Fondo de Inversión Departamental, como un patrimonio de afectación separado e independiente con destino a asistir financieramente a los Gobiernos Departamentales en: a) Sus actividades destinadas a la mejora de las infraestructuras departamentales. b) La reestructuración de deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

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c) La cancelación de obligaciones que fueran contraídas por el Fondo para atender los objetivos anteriores. Artículo 2º.- El Fondo de Inversión Departamental se integrará con: A) Las inversiones que realicen y recursos que vuelquen en el mismo los Gobiernos Departamentales. B) Los aportes provenientes de Rentas Generales que se dispongan por ley. C) Los ingresos de cualquier naturaleza que se deriven de su administración. Artículo 3º.- El Fondo de Inversión Departamental, será administrado por un fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, que designará el Comité creado por el artículo 11 de la presente ley, a quien mediante el contrato de fideicomiso correspondiente se trasmitirá la propiedad fiduciaria de los recursos actuales y futuros del Fondo. A los efectos del cumplimiento de sus objetivos el fiduciario podrá, depositar, ceder, colocar, ofrecer en garantía y securitizar en todo o en parte los recursos actuales y futuros del Fondo, así como realizar todas las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para la eventual ejecución de las garantías que le sean constituidas, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones previstas en la Ley Nº 17.703, modificativas y concordantes. En el caso en que se proceda a la securitización de los recursos provenientes de Rentas Generales, el Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas legales y reglamentarias que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y que estuvieren vigentes al momento de suscribirse los valores correspondientes. Los valores emitidos con el respaldo del Fondo podrán ser adquiridos por las Sociedades Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional dentro de los márgenes establecidos por el literal D) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, cualquiera sea la forma prevista para su oferta en el correspondiente contrato constitutivo del fideicomiso financiero. Artículo 4º.- El acceso a los recursos del Fondo de Inversión Departamental por parte de los Gobiernos Departamentales estará sujeto a: A) Las disponibilidades del Fondo

B) La suscripción de Compromisos de Inversión equivalentes a los recursos solicitados. C) Estar al día en el cumplimiento de los Compromisos de Inversión anteriormente suscritos. D) La constitución de garantías suficientes de cumplimiento de los Compromisos de Inversión. Artículo 5º.- Autorízase a los Intendentes Municipales a constituir en garantía del cumplimiento de las obligaciones con el Fondo, la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, dando cuenta a la Junta Departamental. Artículo 6º-.- Agrégase al artículo 481 de la Ley Nº 17.930 del 19 de diciembre de 2005, el siguiente literal: “D) En cuarto lugar, los montos correspondientes a los Compromisos de Inversión que los Gobiernos Departamentales hayan suscrito con el Fondo de Inversión Departamental”. Artículo 7º.- Cada Gobierno Departamental tendrá derecho a suscribir Compromisos de Inversión con el Fondo por hasta los siguientes porcentajes de las disponibilidades: Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres 4,26 % 7,57 % 4,37 % 3,67 % 3,85 % 2,09 % 3,39 % 3,32 % 5,94 % 25,00 % 4,83 % 3,56 % 3,99 % 3,77 % 5,11 % 3,14 % 4,01 % 4,72 % 3,44 %

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Artículo 8º.- Los Gobiernos Departamentales podrán ceder, total o parcialmente sus derechos a la suscripción de Compromisos de Inversión con el Fondo en beneficio de otro Gobierno Departamental, comunicándolo al Comité Interinstitucional de Seguimiento creado por el artículo 11 de la presente ley. Artículo 9º.- Los ingresos que obtengan los Gobiernos Departamentales del Fondo serán inembargables y no podrán ser cedidos ni ser objeto de transacción judicial o extrajudicial alguna. Artículo 10.- Establécese un aporte de Rentas Generales al Fondo que se crea por la presente ley, por la suma de 62.526.000 UI (sesenta y dos millones quinientas veintiséis mil Unidades Indexadas) anuales durante un plazo de 10 años. A esos efectos la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes en el Inciso 24, “Obligaciones Generales del Estado”. Artículo 11.- Créase un Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo integrado por dos representantes del Congreso de Intendentes, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. El Comité estará habilitado a dar instrucciones al fiduciario en relación a la administración del Fondo, sin perjuicio de lo pactado en el contrato respectivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º de la presente ley. Montevideo, 6 de julio de 2009. JORGE BRUNI, GONZALO FERNÁNDEZ, ÁLVARO GARCÍA, JOSÉ BAYARDI, MARÍA SIMON, VÍCTOR ROSSI, DANIEL MARTÍNEZ, EDUARDO BONOMI, MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO, ERNESTO AGAZZI, HÉCTOR LESCANO, CARLOS COLACCE, MARINA ARISMENDI”. ——Léase el proyecto. (Se lee) En discusión general. SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BRENTA.- Señor Presidente: el texto que estamos analizando surge del Congreso de Intendentes,

a partir de una iniciativa de todos los partidos -del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio-, y refiere a una serie de situaciones que están viviendo hoy las Intendencias, como la sequía, que afecta al país desde hace ya unos cuantos años, y la disminución de la recaudación, fundamentalmente de la Contribución Inmobiliaria, generada por la incertidumbre que se vive por la crisis internacional. A eso se agregan los fuertes endeudamientos de algunas Intendencias que provienen de gestiones anteriores. Estas situaciones disminuyen las posibilidades de llevar adelante en forma adecuada la gestión municipal. Por ese motivo, los Intendentes solicitan al Presidente de la República que se genere algún mecanismo que permita prestar asistencia adicional a la que actualmente reciben las comunas. Aclaro que en este quinquenio se ha transferido la mayor cantidad de recursos a los Gobiernos municipales, y que no solo se ha incrementado su volumen de recursos, sino que las transferencias se han realizado con absoluta puntualidad, lo que ha permitido una sustancial mejora del perfil de endeudamiento de muchas Intendencias que, como todos recordamos, años atrás tenían enormes dificultades para cumplir con sus compromisos, incluido el pago de los salarios en tiempo y forma. Por todos estos motivos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un trabajo en conjunto con el Congreso de Intendentes, comenzó a elaborarse la idea de este Fondo de Inversión Departamental que estamos analizando en el día de hoy. Este Fondo no constituye un elemento de asistencia puntual para atender estas dificultades o eventuales ineficiencias. Recordemos que en períodos anteriores era bastante frecuente que las Intendencias municipales tomaran deudas con bancos privados, recurrieran a asistencia del Banco de la República y, en algunos casos, también a otras formas de financiamiento con privados. Es por ello que en este caso apelamos a la creación de un Fondo, que será un instrumento permanente para colaborar con la gestión de todos los Gobiernos Departamentales, aumentando sus posibilidades de inversión y eliminando ese histórico mecanismo al que referíamos antes, de recurrir a asistencias puntuales, aceptando tasas y plazos inconvenientes, que comprometían la gestión propia y, en muchos casos, las posteriores.

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El Fondo que se crea se provee, en principio, con un aporte que realizará el Poder Ejecutivo a través de Rentas Generales, de 62:526.000 unidades indexadas, que equivalen a un aporte anual de más de US$ 5:000.000. Este monto será descontado a una tasa promedio del orden del 6%, lo que permitirá que el monto inicial disponible del Fondo se ubique en el entorno de los US$ 40:000.000. El fideicomiso que se crea emitirá títulos que serán administrados por un fiduciario autorizado por el Banco Central, que será designado por el Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo, cuyos miembros serán dos representantes del Congreso de Intendentes, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otro del Ministerio de Economía y Finanzas. Los títulos que se emitirán podrán ser adquiridos, inclusive, por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, y los Intendentes Municipales podrán afectar rentas departamentales futuras, tal como pueden hacerlo en la actualidad, en el caso de constituir fideicomiso de obras públicas. Las Intendencias Municipales -en nuestra opinión, este es un dato relevante- deberán suscribir compromisos de inversión que aseguren el repago al Fondo. En este caso, no se está asistiendo graciosamente con el fin de atender situaciones puntuales, sino que se está recurriendo a un mecanismo de asistencia que deberá tener como contrapartida un compromiso de inversión en el Fondo por parte de la Intendencia que reciba la ayuda. Por lo tanto, los recursos con los que se asista deberán ser repagados y permitirán que el Fondo sea rotatorio y continúe prestando este servicio a lo largo de los años. En nuestra opinión, se está recurriendo a un mecanismo transparente y consensuado, lo que nos parece un aspecto de mucha importancia política, porque a partir de la instalación del Congreso de Intendentes, y teniendo en cuenta su carácter constitucional, en este período se ha generado un espacio de interacción y de negociación, que ha permitido que el Poder Ejecutivo, sin discriminación política hacia ninguna de las Intendencias, establezca formas de cooperación y de trabajo conjunto que potencian la gestión de ambas áreas: la del Gobierno Nacional y la de las Intendencias Municipales. Sabemos que los Gobiernos Departamentales desarrollan un conjunto de actividades que trascienden sus propias tareas, que en muchos casos cumplen un

efectivo papel por las políticas sociales que llevan adelante, y por esto reclaman, legítimamente, apoyo. En ese sentido, este Fondo será un aspecto positivo que aportará a la gestión de los Gobiernos municipales, y será distribuido de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 214 de la Constitución de la República. Por lo tanto, este también es un aspecto que está acordado y que se ha establecido en el proyecto de ley; el Fondo será repartido en las cifras acordadas por las Intendencias Municipales. En el artículo 7° se establece que si alguna Intendencia Municipal no necesita hacer uso del recurso del Fondo puede hacer un convenio con otra Intendencia y, en caso de no hacerlo, ese remanente de la partida podrá ser distribuido, con el mismo criterio establecido en el artículo 214 de la Constitución de la República, entre el resto de los Gobiernos Municipales. Por lo tanto, y en virtud de lo que reseñábamos anteriormente, tenemos la confianza de que este proyecto de ley, que tiene el consenso del Congreso de Intendentes y de las tres principales fuerzas políticas del país, pueda ser aprobado por la unanimidad de este Cuerpo, porque constituye una señal política de apoyo al proceso de descentralización y a la gestión de todos los Gobiernos Municipales. Gracias, señor Presidente.

17.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante José Luis Blasina, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Artigas Melgarejo”. “Del señor Representante José Amorín, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de ju-

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lio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Oribe”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia, el día 23 de julio de 2009, por motivos personales. Pido se convoque al suplente respectivo. Saluda atentamente, JOSÉ L. BLASINA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración El que suscribe Juan Silveira, en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, José Luis Blasina, quien ha solicitado, licencia el 23 de julio de 2009, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Juan Silveira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Juan Silveira.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina. 2) Acéptase, por esta única vez, la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Juan Silveira. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Artigas Melgarejo. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy. Saluda a usted muy atentamente, JOSÉ AMORÍN Representante por Montevideo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado José Amorín, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria. Saluda a usted muy atentamente, Gabriel Pais”.

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado José Amorín, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria. Saluda a usted muy atentamente, Pedro Pérez Stewart”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Gabriel Pais Rivanera y Pedro Pérez Stewart. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señores Gabriel Pais Rivanera y Pedro Pérez Stewart. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Andrés Oribe. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

18.- Fondo de Inversión Departamental. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a acompañar el proyecto de ley que está a estudio de la Cámara. Las Intendencias, casi siempre -o siempre, sobre todo las del interior-, son la primera puerta que el ciudadano tiene para recurrir frente a los problemas que lo aquejan en su vida diaria: cuando hubo sequía, cuando hubo aftosa, cuando hubo inundaciones -nuestro clima es cambiante-, cuando hubo dengue o cuando se produce algún otro incidente. Las Intendencias son la primera puerta que tiene el ciudadano para conectarse con el entramado social del Estado en sus diferentes ámbitos. Vamos a acompañar esta iniciativa, pero queremos hacer algunas precisiones con respecto a nuestro departamento de Canelones. Nos habría gustado que este proyecto se hubiese tratado con más tiempo y que se hubiera considerado en una sesión ordinaria y no de esta forma, porque creemos que esa partida de dinero tiene que estar ajustada a que las Intendencias cumplan, sobre todo, con algunos lineamientos. En el caso concreto de la Intendencia Municipal de Canelones, este Gobierno la recibió con un déficit de US$ 96:000.000 y hoy, en pleno crecimiento económico del país, y a pesar de todo el apoyo que le ha dado el Gobierno central, ese déficit ha trepado a US$ 135:000.000. Había 35 cargos de particular confianza y hoy hay 170. Hay más de treinta vehículos alquilados que son utilizados por el personal de jerarquía, lo que representa un platal. Adviertan que el Banco de la República le perdonó una deuda de US$ 10:000.000. De US$ 13:000.000 que se debían, le condonó US$ 10:000.000, y el resto se lo descontó de las partidas que vienen del Gobierno central en cuotas similares durante treinta y seis meses. A pesar de toda esa ayuda, el déficit ha seguido creciendo. También ha habido un importante apoyo del Ministerio de Defensa Nacional. Se hicieron más de 3.000 kilómetros de carretera rural con maquinaria del Ministerio, pero cuando la Intendencia Municipal de

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Rivera pidió el mismo apoyo que le dieron a la de Canelones, no se obtuvo respuesta. Vamos a acompañar este proyecto de ley, pero por los contribuyentes de Canelones y principalmente por los funcionarios, porque, como muy bien se dijo en Sala, uno de los problemas graves que tiene mi departamento es que peligra el pago de sueldos. Todo el sistema político uruguayo tiene que darse cuenta de la problemática de las Intendencias y no pensar que se es malo cuando se retrasa el pago de sueldos, porque la realidad de los Municipios es muy compleja y no hay más remedio que generar una conducta de apoyo desde los diferentes Gobiernos centrales hacia los Gobiernos Municipales. Es todo cuanto queríamos decir. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: la primera impresión que da este proyecto -que ha sido estudiado por el Congreso de Intendentes-, a nosotros y a la opinión pública, es que es un regalo del Gobierno central. Esa es la opinión que puede recabar cualquier vecino del Uruguay que escuchó el discurso del señor Presidente de la República; y no es así. Este es un tema grave, y este proyecto no soluciona los problemas de fondo que las Intendencias tienen. Acá hay un reconocimiento al Gobierno central por el pago en tiempo y forma de los fondos a los Gobiernos Departamentales, para permitirles programar sus gastos y organizar sus presupuestos, pero ello corresponde por Constitución. Tampoco se ha dicho que la luz subió, que la OSE se paga con IVA desde la aprobación de la reforma tributaria, que el petróleo también subió y que el BPS es una de las mayores cargas. Casi la totalidad de la partida que el Gobierno Nacional entrega a los Municipios se destina a gastos de funcionamiento. Sin embargo -lo hemos dicho hasta el cansancio-, no se reconoce la tarea que los Municipios vienen haciendo desde hace mucho tiempo; en este período no se ha solucionado nada. Este préstamo es retornable, y los que tendrán que pagarlo son los futuros Intendentes; la deuda va a superar este período de gobierno. Además, se van a embargar los fondos que el Gobierno entrega por el artículo 298 de la Constitución o por algún otro ar-

tículo. En definitiva, de esas partidas se va a descontar lo que se otorgue en este período a través de un préstamo para solucionar temas puntuales, como el ocasionado por el incremento de funcionarios. Si se observan las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil se podrá constatar que hay Intendencias que tienen 500 funcionarios más -alguna tiene 1.244 funcionarios nuevos-, y eso hay que pagarlo. ¡Pero no tiene que hacerlo el próximo Gobierno Departamental, sino que lo debe resolver el Intendente que creó el problema! Más allá de eso, creemos que hay un problema de base: hay un problema de descentralización que no se ha podido solucionar. Como el Gobierno Nacional, el Presidente, está proclive a solucionar los problemas de los departamentos a causa de la sequía o de la crisis económica, va a destinar US$ 5:000.000 durante este año a este Fondo, pero nosotros seguimos reclamando descentralización. Reclamamos que la sequía no la tengan que solucionar las Intendencias. Reclamamos que el problema de la baja del trabajo por problemas internacionales -que no iban a existir en el Uruguay, pero que en el interior se sienten muy fuertemente- sea reconocido por el Gobierno Nacional, así como el Presidente reconoce que las Intendencias necesitan ayuda. Esta norma no es la solución; es un agravamiento mayor del problema que tienen las Intendencias. Y si los Diputados se fijan en el artículo 7º, verán que allí se establece un porcentaje para cada Intendencia, que es al que se puede acceder para el Fondo. Ahora bien; por el artículo 8º se determina algo más grave aún: una Intendencia puede ceder a otra el derecho a hacer uso del Fondo. O sea que una Intendencia que desde el punto de vista económico sea deficitaria -esto lo hemos escuchado aquí, y todos conocemos cuáles son las realidades-, por acuerdos políticos puede ceder su cuota parte de este Fondo. ¿Qué va a producir esto? Que una Intendencia que hoy enfrenta problemas económicos, en el próximo período los tenga agravados, porque verá descontados sus fondos genuinos para empezar a transformar departamentos que están gravemente perjudicados económicamente. Entonces va a empeorar la situación, y desde el punto de vista del motor principal, que es una Intendencia, no se permitirá salir adelante y oxigenar al Gobierno Municipal. Por eso es grave.

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Voy a pedir al señor Presidente, si es tan amable, que solicite a la Secretaría que dé lectura al artículo 301 de la Constitución de la República. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Léase el artículo 301 de la Constitución de la República. (Se lee:) “Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia.- Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental”. ——Puede continuar la señora Diputada Peña Hernández. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, señor Presidente. O sea que el artículo 301 de la Carta está diciendo que este proyecto de ley es inconstitucional. Y no es por mero capricho; es porque la Junta Departamental -que es el reflejo de la población de cada uno de los departamentos- tiene que dar la autorización, y en caso de que exceda el período de gobierno del Intendente proponente, por mayoría especial. Además, cuando esto pasa a la Junta, se transparentan a nivel del departamento las situaciones económicas que vive cada Gobierno Departamental del cual cada ciudadano del Uruguay es dueño. Eso no lo podemos pasar por alto los legisladores ni podemos reírnos de la Constitución; menos aún podemos hacernos eco de una ley inconstitucional, tal como quedó establecido en el fundamento de voto de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003.

Así que, señores Diputados, los invito a no sumarnos a una inconstitucionalidad acá, en el Palacio de las Leyes, y también a que todos juntos reclamemos al Gobierno Nacional que esta buena voluntad que tiene respecto a la situación de los departamentos del interior se transforme en una entrega para solucionar problemas que no se han podido encarar desde los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, especialmente, en el interior del país. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Guarino. SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente:… SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GUARINO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR SALSAMENDI.- Voy a ser breve, señor Presidente, simplemente para recordar un elemento absolutamente básico de nuestro ordenamiento constitucional. Si una ley está vigente desde 2003 y la Suprema Corte de Justicia no la declaró inconstitucional, decir que lo es, como mínimo es no tener respeto al principio de separación de Poderes. Normalmente, cuando una norma se encuentra vigente, quien determina la inconstitucionalidad -o no-, obviamente, es la Suprema Corte de Justicia. Simplemente quería recordar ese aspecto básico del ordenamiento constitucional uruguayo. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar el señor Diputado Guarino. SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: tal como estableció en el informe -muy concreto y muy claro- el señor Diputado Brenta, este es un proyecto que surge por iniciativa del Congreso de Intendentes. Allí se refleja la opinión de los Intendentes y, notoriamente, ese Congreso tiene la mayoría del Partido Nacional en su integración, por lo que suponemos que ha contado con su aval. Además, todos los partidos han manifes-

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tado expresamente su adhesión a este mecanismo nuevo que nos vamos a dar para resolver parte de los problemas de las Intendencias Municipales. A lo largo de la historia del Uruguay se ha hablado mucho de la descentralización, pero poco se ha concretado, señor Presidente. Cuando votamos la ley por la que dimos carácter electivo a determinado tipo de Municipios y por la que creamos las Alcaldías, mucho discutimos sobre esto. Realmente, la necesidad de descentralizar el Poder, de generar ámbitos locales de Gobierno, arranca desde el inicio de nuestra historia nacional. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto más que, a veces, levantar banderas sin contenido. Yo creo que se da contenido a la verdadera descentralización cuando se descentralizan recursos económicos, y pienso que esa ha sido una de las características de este Gobierno. Quizás por el hecho de que el Presidente de la República haya sido Intendente y por haber compartido el ámbito del Congreso de Intendentes, y quizás por tener la fuerza política una fuerte voluntad descentralizadora, se ha pasado a los hechos, a la descentralización de los recursos. Hace algún tiempo, el señor Diputado Brenta hacía una recopilación en un trabajo y hablaba de cómo los aportes, las transferencias que el Gobierno central hace a los Municipios, a los Gobiernos Departamentales -por mandato del artículo 214 y por el Fondo de Desarrollo del Interior-, casi se habían duplicado en relación al promedio de las transferencias del Gobierno inmediatamente anterior, y más que duplicado si las comparamos con otros Gobiernos, además de venir en tiempo y forma, que no es poca cosa: ¡si lo sabrán los Intendentes! Los Intendentes nunca tuvieron la tranquilidad de saber que los recursos les llegaban en plata contante y sonante en forma anticipada. Esto lo dice un Diputado que es Representante de un departamento como Cerro Largo, al que le tocó padecer muchas veces el manejo de esos recursos como instrumento político. A mí me correspondió ser Director General en el último período de la Intendencia de Rodolfo Nin Novoa, en aquella ocasión Intendente electo por el Partido Nacional. Pero como ya se venía gestando otra coincidencia política notoria en sus actividades, que terminaría en lo que después fue el Encuentro Progresista, en el último año de su gestión no le mandaron los recursos del Gobierno Nacional. En aquel momento no tenían la significación de ahora, pero de todas maneras eran fundamentales: representaban más de un 35% de los ingresos.

Fíjense, entonces, cómo un Intendente podía resolver los temas si lo que estaba presupuestalmente establecido, y, además, correspondía por mandato constitucional, era utilizado como una forma de presión política, a tal punto que el Intendente que ingresó, sustituyéndolo, recibió todo el dinero junto en forma inmediata, precisamente, para hacer la campaña electoral en los seis meses que quedaban por delante. Eso no se ha hecho en este Gobierno; no se ha utilizado en ninguna circunstancia, y esto es tan así que no ha surgido ni una sola voz de protesta, de queja, de indisposición por parte del Congreso de Intendentes en cuanto al manejo financiero que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno de Tabaré Vázquez han hecho en lo relativo a ese organismo. Es cierto que el destino de esos fondos proviene de un mandato constitucional, pero la magnitud de los recursos se la dimos estos legisladores cuando votamos el Presupuesto Nacional, porque lo que manda la Constitución es que exista un Fondo de Desarrollo y que un porcentaje determinado de recursos provenientes de la recaudación de los impuestos vaya para las Intendencias, pero no establece su magnitud. La magnitud se estableció en el Presupuesto que, con una voluntad descentralizadora, propuso esta fuerza política. En un hecho inédito, hubo un acuerdo previo de todos los partidos antes de que se votara en esta Cámara el Presupuesto Nacional. Eso demuestra la buena sintonía y el respeto que había por el Congreso de Intendentes y lo que este significa para nosotros. Es cierto que los recursos se han incrementado porque hubo una mejoría de la economía del país, pero el incremento de las transferencias a las Intendencias Municipales fue del orden del 40% mientras que el incremento de los recursos al Gobierno central fue de entre el 21% y el 22%. También ahí hubo un tratamiento diferencial para favorecer los temas de la descentralización. Hay otros aspectos, otros programas. Hace muy pocos días, el Presidente de la República, junto con el Congreso de Intendentes, anunciaba un programa que ya está en marcha: “Uruguay Integra”, por un valor de Є21:000.000 de transferencia de recursos de cooperación internacional, pero que tienen una contrapartida nacional. Esos Є21:000.000 se componen con Є9:000.000 que el Gobierno aporta sin que haya ningún mandato, precisamente por su voluntad políti-

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ca descentralizadora, y hay once departamentos que están haciendo proyectos, que luego son elegidos por los Gobiernos Departamentales, con la participación de los actores locales, a fin de lograr la integración de ese Uruguay que tanto necesitamos integrar. Hay otro aspecto de la voluntad descentralizadora: el pago del 20% de la facturación de UTE en alumbrado público a aquellas Intendencias que hagan un compromiso de gestión. También se han incrementado los montos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas destina a la caminería rural y se han creado los Centros de Atención Ciudadana, como una forma de descentralizar los trámites del Estado, para lo cual se hizo una inversión importante, aunque eso recién está en etapa de desarrollo. Señor Presidente: yo quería situar este proyecto de creación del Fondo de Inversión Departamental en este marco. Es un Fondo que quizás va a solucionar temas puntuales, pero que están establecidos por ley. No es para contratar funcionarios; no se va a utilizar de cualquier manera: se va a destinar para aspectos específicos, como establece el artículo 1º del proyecto, esto es, para actividades destinadas a la mejora de la infraestructura departamental o para restaurar deudas con el Banco de la República, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que no son poca cosa. Quienes han estado vinculados a las Administraciones Municipales saben cuánto complica a veces enfrentar determinadas deudas que se generan hasta como modo de financiamiento. Es una realidad. Las dificultades que tienen las Intendencias para financiarse son reales, en virtud de que no tienen forma de recurrir a fondos como estos, ya que a nadie se le había ocurrido generarlos, y utilizan la deuda como forma de financiamiento. No le pagan al BPS, al Banco de la República o a la UTE, y eso muchas veces genera situaciones que distorsionan toda la Administración. Ahora se pretende encontrar una solución por esta vía -que no es la única, tendrá que haber otras- de la creación de un fondo que tenga estas características. Finalmente, debo decir que votamos el proyecto de ley relativo a la creación de municipios, que hoy está a consideración de la Cámara de Senadores y que esperamos prontamente pueda ser aprobado para que también se vote la descentralización en el aspecto político, de manera que también en ese aspecto la descentralización deje de ser un discurso y se

transfiera poder político a la localidad, a fin de que los dirigentes locales no solo sean electos sino que también ejerzan ese poder en su ámbito. Ese proyecto establece que se va a crear un Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, precisamente, porque sería vacío si solamente creáramos la descentralización política y no le diéramos los recursos. Entonces, quizás este antecedente del Fondo que hoy estamos creando sirva para que cuando ese proyecto de descentralización territorial y participación ciudadana se convierta en ley, el camino esté andado en lo que hace a recursos que sirvan para desarrollar, como en este caso, todo aquello que se va a necesitar a efectos de la instalación y consolidación de un sistema municipal en nuestro país. Es cuanto tenía que decir. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Partido Independiente no va a acompañar con su voto este proyecto por el cual se crea un Fondo de Inversión Departamental. Hay una primera razón que debemos expresar, señor Presidente, y es que en una situación de déficit fiscal como la actual, este Fondo, en los hechos, se va a financiar con un mayor endeudamiento del Gobierno central, en la medida en que no habrá recursos genuinos que estén financiando este incremento del gasto público. Pero, además, la intervención que ha hecho el señor Diputado Guarino -que en términos generales comparto- ha dado cuenta de que, especialmente en este Período de Gobierno, los Gobiernos Departamentales han recibido un trato realmente destacable: han podido prever sus ingresos, que -como bien se dijohan aumentado en forma muy importante y, en consecuencia, ello les ha dado la tranquilidad para que sus presupuestos se adecuen a la gestión que realizan. En anteriores Períodos -también es cierto-, muchas veces había una notoria incertidumbre sobre el monto que iban a recibir las Intendencias y sobre la fecha, la oportunidad en que lo iban a recibir, y eso no ha pasado en este Gobierno. Ese ha sido un cambio realmente trascendente que yo creo que hay que reconocerle al Gobierno Nacional, con lo cual uno se pregunta: ¿cuáles son las causas de estos déficit que existen actualmente en los Gobiernos Departamentales? ¡Son problemas de ges-

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tión, señor Presidente! En algún caso, como en el del departamento de Montevideo, se puede deducir que la anterior gestión dejó una deuda bien importante, y es cierto. Quizás haya algunas otras Intendencias en el interior del país que puedan expresar un problema de esa naturaleza. Pero los problemas de gestión y los problemas de déficit que hoy tienen algunas Intendencias refieren, entre otras cosas, a un incremento, a una inflación, en cuanto a la designación de funcionarios. Hay Intendencias que han aumentado hasta un 50% la plantilla de funcionarios. Entonces, ¿podemos hablar de que acá hay una situación derivada de la crisis? No, no es verdad. Acá hay una situación derivada de malas gestiones, de las cuales no se pueden hacer cargo la ciudadanía y la sociedad en general, como nos plantea este proyecto de ley. Se dice que este fondo está predeterminado para fines en materia de inversión e infraestructura. Muy bien, pero la verdad es que eso permite que otros dineros que generan los municipios se sigan gastando, como hasta el presente, por ejemplo, en la contratación de funcionarios. Y yo creo que los mismos fundamentos que ha expuesto el señor Diputado Guarino constituyen argumentos para no votar este proyecto, porque, en los hechos, no hay causas que ameriten -salvo que hubiera un cambio sustancial en las gestiones- la creación de un Fondo de inversión departamental. Hay un segundo hecho, que fue destacado por la señora Diputada Peña Hernández, y es la inconstitucionalidad de varios artículos de este proyecto de ley, porque notoriamente se está violentando lo que se establece en el segundo inciso del artículo 301 de la Constitución de la República, por cuanto con esa actitud -que a veces es muy proclive a ser adoptada por parte de los Intendentes- se evita que el tema pase por la Junta Departamental. Se quiere evitar que el tema tenga demasiada difusión, que se discuta, pero, en los hechos, esto es un endeudamiento. Y si es un endeudamiento, de acuerdo con lo que establece el artículo 301, debe pasar necesariamente por la Junta Departamental. Es una inconstitucionalidad grosera que el proyecto de ley pretenda que el Intendente pueda decidir por sí y ante sí la aceptación de este Fondo, y que -como se establece en la modificación que se proyecta del artículo 4°, que se votó en Comisión- la suscripción de los compromisos de inversión equivalentes a recursos solicitados pueda ser resuelta, “per se”, por el Intendente.

Entonces, señor Presidente, aquí hay más que argumentos para votar negativamente este proyecto que, en todo caso, creo que revela que estamos en período electoral. Y como estamos en campaña, hay una suerte de actitud proclive a levantar las manos para tratar de votar lo que pidieron los Intendentes de los tres restantes partidos políticos, en un acto que, a nuestro juicio, es una irresponsabilidad desde el punto de vista de lo que debe ser el cuidado de las finanzas públicas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: en el día de hoy estamos esperando un momento para nosotros histórico, muy importante, que es la discusión y la aprobación de la ley relativa al sistema de negociación colectiva. Hemos tenido que postergar esta discusión -que nuestra ansiedad tiene muy presenteporque también es necesario resolver este otro tema. Por eso no queremos alargar su consideración, pero, por algunas cosas que se han dicho en Sala, nos sentimos en la obligación de dejar sentada nuestra posición al respecto. En primer lugar, llama poderosamente la atención que haya tantos Intendentes violadores de la Constitución de la República; llama poderosamente la atención que se critique algo que debería merecer un reconocimiento histórico: que en año electoral, en lugar de apoyar a las Intendencias pertenecientes a su partido político, como se hacía históricamente por cualquier mecanismo, el Gobierno Nacional, esta Administración, diga: “Si hay que ayudar, busquemos un mecanismo por el que ayudemos a todos los que lo necesitan”. Quisiera ver si los Intendentes Chiruchi y Vidalín, como ha trascendido, realmente no van a usar estos dineros; quiero verlo. Si es así, bien por su pueblo y por su departamento; pero acá tenemos que reconocer que este es un momento importantísimo, en que se sienta un precedente histórico, y que en año electoral no hay una Administración que piensa solo en sus Intendentes, como sucedió en el pasado cuando la Intendencia Municipal de Montevideo fue excluida, durante añares, cada vez que había algún tipo de apoyo al resto de los Municipios del país. En este Cuerpo siempre decimos que algún día vamos a discutir en profundidad determinados temas

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y esas instancias nunca llegan. Ojalá pudiéramos hacerlo, porque aquí se plantearon algunas cosas respecto de la Intendencia Municipal de Canelones que, como Diputado por ese departamento, me siento obligado a decir que algún día tendremos que discutir. Se planteó en Sala que se tomó la Administración de Canelones con US$ 90:000.000 de déficit y que hoy hay US$ 120:000.000. Pero lo que no se dice es cómo está compuesto ese déficit que estamos pagando nosotros: deudas con UTE de casi veinte años -¡con UTE y desde hace veinte años!-, con el Banco de la República, con acreedores privados, y estamos pagando juicios por las cosas que se hicieron en el pasado. Es verdad: había US$ 90:000.000 de déficit y ahora hay más de US$ 100:000.000, pero antes no había obras. Ahora hay maquinarias, luminarias, obras y ¡claro que se necesita el apoyo del Gobierno Nacional! Este país se debe la creación de un instituto del área metropolitana que establezca que aquellos departamentos que en parte tienen población flotante, que son zonas dormitorio -porque sus habitantes trabajan en Montevideo y viven, por ejemplo, en Canelones-, deben colaborar y hacer un trabajo conjunto. Entonces, a la espera de esa gran discusión que algún día nos tenemos que dar -que seguramente se va a producir en la campaña electoral, hacia el mes de octubre de este año y en mayo del que viene-, debemos decir que lo que realmente ocurrió fue que la Administración de la Intendencia Municipal de Canelones tenía que cambiar de manos porque había que generar obras y reorganizar el personal. Y quiero trasmitir lo siguiente: meses antes de que tomáramos la Administración del departamento de Canelones, los funcionarios tenían que presentar los recibos de UTE, de la tarjeta de crédito, de OSE o del alquiler para que les dieran un adelanto en caja. Los funcionarios tenían que decirle al Secretario de la Junta, o a quien fuera: “Necesito un adelanto de $ 300, $ 400 o $ 600 para pagar la UTE, para pagar esto y lo otro”. Eso no ha pasado más, y forma parte de las cosas que nosotros priorizamos. Además, obviamente, hemos abierto nuevos servicios y hemos creado nuevos instrumentos que han generado un aumento del personal contratado; y bueno, pero eso discutámoslo en el departamento de Canelones. Muchas veces, al señor Diputado Casaretto se le acusó de traer a Sala temas municipales y de seguir siendo Edil por Maldonado. Nosotros fuimos

Ediles; a quienes hemos estado cerca de la Administración Municipal nos encanta este tema y también se conoce cuáles son las posiciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestro departamento frente a nuestra propia Administración. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Partido Independiente no va a acompañar con su voto este proyecto por el cual se crea un Fondo de Inversión Departamental. Hay una primera razón que debemos expresar, señor Presidente, y es que en una situación de déficit fiscal como la actual, este Fondo, en los hechos, se va a financiar con un mayor endeudamiento del Gobierno Central, en la medida en que no habrá recursos genuinos que estén financiando este incremento del gasto público. Pero, además, señor Presidente, la intervención que ha hecho el señor Diputado Guarino -que en términos generales, comparto- ha dado cuenta de que, especialmente en este Período de Gobierno, los Gobiernos Departamentales han recibido un trato realmente destacable: han podido prever sus ingresos, que -como bien se dijo- han aumentado en forma muy importante y, en consecuencia, ello les ha dado la tranquilidad para que sus presupuestos se adecuen a la gestión que realizan. En anteriores Períodos -también es cierto-, muchas veces había una notoria incertidumbre sobre el monto que iban a recibir las Intendencias y sobre la fecha, la oportunidad, en que lo iban a recibir, y eso no ha pasado en este Gobierno. Ese ha sido un cambio realmente trascendente que yo creo que hay que reconocerle al Gobierno Nacional, con lo cual uno se pregunta: ¿cuáles son las causas de estos déficit que existen actualmente en los Gobiernos Departamentales? ¡Son problemas de gestión, señor Presidente! En algún caso, como en el del departamento de Montevideo, se puede deducir que la anterior gestión dejó una deuda bien importante, y es cierto. Quizás haya algunas otras Intendencias en el interior del país que puedan expresar un problema de esa naturaleza. Pero los problemas de gestión y los problemas de déficit que hoy tienen algunas Intendencias, refieren, entre otras cosas, a un incremento, a una inflación, en cuanto a la designación de funcionarios. Hay Intendencias que han aumentado hasta un 50% la plantilla de funcionarios. Entonces, ¿pode-

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mos hablar de que acá hay una situación derivada de la crisis? No, no es verdad. Acá hay una situación derivada de malas gestiones, de las cuales no se pueden hacer cargo la ciudadanía y la sociedad en general, como nos plantea este proyecto de ley. Se dice que este fondo está predeterminado para fines en materia de inversión e infraestructura. Muy bien, pero la verdad es que eso permite que otros dineros que generan los municipios se sigan gastando, como hasta el presente, por ejemplo, en la contratación de funcionarios. Y yo creo que los mismos fundamentos que ha expuesto el señor Diputado Guarino constituyen argumentos para no votar este proyecto, porque, en los hechos, no hay causas que ameriten -salvo que hubiera un cambio sustancial en las gestiones- la creación de un fondo de inversión departamental. Hay un segundo hecho, que fue destacado por la señora Diputada Peña Hernández, y es la inconstitucionalidad de varios artículos de este proyecto de ley, porque notoriamente se está violentando lo que se establece en el segundo inciso del artículo 301 de la Constitución de la República, por cuanto con esa actitud -que a veces es muy proclive a ser adoptada por parte de los Intendentes- se evita que el tema pase por la Junta Departamental. Se quiere evitar que el tema tenga demasiada difusión, que se discuta, pero, en los hechos, esto es un endeudamiento. Y si es un endeudamiento, de acuerdo con lo que establece el artículo 301, debe pasar necesariamente por la Junta Departamental. Es una inconstitucionalidad grosera que el proyecto de ley pretenda que el Intendente pueda decidir por sí y ante sí la aceptación de este fondo, y que -como se establece en la modificación que se proyecta del artículo 4°, que se votó en Comisión- la suscripción de los compromisos de inversión equivalentes a recursos solicitados pueda ser resuelta, “per se”, por el Intendente. Entonces, señor Presidente, aquí hay más que argumentos para votar negativamente este proyecto que, en todo caso, creo que revela que estamos en período electoral. Y como estamos en campaña, hay una suerte de actitud proclive a levantar las manos para tratar de votar lo que pidieron los Intendentes de los tres restantes partidos políticos, en un acto que, a nuestro juicio, es una irresponsabilidad desde el punto de vista de lo que debe ser el cuidado de las finanzas públicas.

Muchas gracias. Pero en algunos casos como los que se planteó en Sala, me vi obligado a decir que la fiesta no empezó hoy sino hace años. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: gracias por concederme esta interrupción. Es verdad que en 2005 había que presentar recibo de UTE para poder pagar sueldos, pero también es cierto que la gente estaba esperando una amnistía que se había anunciado para pagar los impuestos. Y asimismo es cierto que seis meses tuvieron la Administración colorada, y seis meses la nueva Administración, pero las partidas del Gobierno central aumentaron más de 300% en ese lapso. Ese fue el motivo para pagar sueldos. No rehúso la discusión; la hemos dado siempre. Bienvenidos sean los recursos para los ciudadanos del departamento de Canelones, pero las cosas hay que medirlas con la misma vara. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar el señor Diputado Yanes. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR YANES.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: simplemente, voy a hacer una aclaración sobre este tema. En primera instancia, quiero decir que voy a votar este proyecto de ley porque el Directorio del Partido se comprometió a votar, pero después de escuchar la discusión tengo muy pocas ganas de hacerlo. Escuchar al señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra hablar de la actual Administración de Canelones es, tal vez, el peor argumento para votar este Fondo. Desgraciadamente, en nuestro departamento hemos vivido pésimas administraciones y quizás la actual sea la peor que Canelones ha tenido.

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Como decía el señor Diputado Hackenbruch Legnani, vamos a terminar con un déficit de US$ 135:000.000, pero según el presupuesto que nos van acercando será un déficit bastante mayor a esa cifra. Este Gobierno Departamental ha superado el déficit dos a uno respecto a la anterior Administración. Este Gobierno Municipal ha gastado en sueldos, en contratados y en cargos de confianza lo que ningún Gobierno Municipal de la historia del departamento de Canelones. En este momento estamos recibiendo la Rendición de Cuentas del año 2008 y es impresionante ver las planificaciones de gastos. Hace unos momentos, el señor Diputado Posada hablaba de las previsiones que se había permitido hacer a las Intendencias. De las previsiones que el Gobierno Departamental mandó a la Junta Departamental cuando votaron el presupuesto no hay una sola -ni una sola- que se haya acercado siquiera al 20% de lo que se terminó gastando en todos los rubros del presupuesto municipal. Lo peor es que hay grandes incrementos en obras, como dice el señor Diputado Yanes. Y el problema surge cuando uno analiza el presupuesto municipal; alguien que no profundice puede pensar que se gastó bastante más en el rubro obras; ¡qué bien! La cosa se da cuando uno entra en el rubro obras y advierte en qué se realizaron los principales gastos. No fue en obras concretas. Los principales gastos de la Intendencia de Canelones en el rubro obras fueron, exclusivamente, para sueldos y contratos. ¡Sueldos y contratos! Y ya no son aquellos contratos de $ 3.000 y $ 3.500. Para nada. Al principio de este año tuvimos que ver cómo ADEOM Canelones denunciaba en el puente de La Paz sueldos y contrataciones excesivas, y casos de docentes que estaban contratados a $ 1.500 la hora. Hay varios trabajadores en las barras, y quisiera saber cuántos en nuestro país ganan $ 1.500 la hora, como gana algún funcionario de la Intendencia Municipal de Canelones. Es cierto que se tuvo que pedir -como dijo el señor Diputado Hackenbruch Legnani- para poder pagar los aguinaldos. Si no se hubiera pedido un préstamo al Banco de la República, los funcionarios de Canelones no habrían cobrado el aguinaldo ni el sueldo. Esta es la realidad. Ojalá tuviéramos un día para discutir lo que pasa en nuestro departamento y hablar claramente de la realidad, porque lo cierto es que los que terminan pagando esta mala gestión nunca son los gobiernos sino la gente.

SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar el señor Diputado Yanes, a quien le restan cuatro minutos. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: lo peor de entrar en algunos debates es hacerlo sin información o con información incorrecta. No hay ningún docente en Canelones que gane $ 1.500 la hora, y los Ediles del departamento saben y pueden informar a los señores Diputados que no se trata únicamente de un docente, sino de algo mucho más amplio que, por cierto, tenemos en el departamento. Pero vamos a seguir con ese debate en el departamento. Acá, lo importante, como dijo en su momento un destacado dirigente de fútbol, es que quizás es mejor tener crédito que plata. Entonces, es posible que hoy nos sintamos orgullosos de que el Banco de la República y otros bancos presten plata a Canelones porque tiene cómo pagar y responde. Antes, otras Administraciones -otras- no lo tenían. Como dijo el compañero Senador Danilo Astori en estos días, estamos en condiciones de comparar cualquier Administración nacional y departamental y, sin duda, las nuestras van a ser mejores. No digo perfectas, pero, sin duda, mejores. Lo último que quería decir es que en Sala se planteó que los problemas de las Intendencias, y en particular los de Canelones, refieren a temas de gestión. Parcialmente puede ser así, pero estoy convencido de que es un problema de estructura; hay problemas económicos y financieros que se generan a partir de una estructura arcaica. Hay una necesidad de modernización de los municipios que empezaron a mejorar con esta ley de descentralización que esperamos esté vigente en cuanto se esté en condiciones. No podemos seguir manejándonos con municipios que surgieron a instancias de ideas que tienen más de doscientos años. Entonces, en principio, para mí este es un día de felicidad y de alegría porque el Gobierno Nacional tiene estos fondos para volcar a todo el país. En definitiva, no me importa si está Carámbula, Vidalín o Chiruchi; lo que me importa es que esta plata va a generar servicios para los contribuyentes en una forma democrática, debatida en este Parlamento y, como se dijo recién, nada más y nada menos que con el respaldo del Directorio del Partido Nacional, que tengo absolu-

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tamente claro que no violaría nunca la Constitución de la República. Por esas razones, voy a votar muy feliz y contento. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Bruno. SEÑOR BRUNO.- Señor Presidente: efectivamente, como han manifestado algunos Representantes, el Directorio de nuestro Partido nos ha encomendado apoyar este tipo de iniciativas. Sin embargo, estoy seguro de que el Directorio no vio ni estudió el proyecto concreto, y nosotros aquí tenemos la responsabilidad de decir algunas cosas que creemos son muy importantes. También quiero señalar una verde y una madura con relación a los Gobiernos Departamentales y al Gobierno Nacional del Período que está terminando. Es verdad que el actual Gobierno ha cumplido con los plazos, como corresponde, de las partidas que van a las Intendencias Municipales. Pero también es cierto que lo que quedó atrasado del Gobierno anterior fue a fondos perdidos y las Intendencias Municipales en este período no lo recuperaron. Asimismo, es pertinente decir las cosas buenas. En cuanto al proyecto, quiero decir algunas cosas que para nosotros son importantes. El proyecto tiene un título y un espíritu muy buenos, pero los instrumentos que utiliza no son los adecuados. ¿Por qué? Porque está comprometiendo recursos para dar hoy a las Intendencias Municipales que seguramente deberán abonarse en el Período de gobierno que viene o en Períodos subsiguientes, sin la votación de las respectivas Juntas Departamentales. En primer lugar, este es un tema netamente político; pero político en serio. Yo creo que las Administraciones venideras no tienen por qué hacerse responsables de pagar deudas que contraen las actuales Administraciones, sin saber a ciencia cierta qué destino tienen esos recursos. En segundo término, creemos que las Juntas Departamentales, una vez aprobado este proyecto de ley, van a poder recurrir, según el artículo 258 de la Constitución de la República, ante la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional esta ley. Y eso va a traer, precisamente, problemas posteriores. En definitiva, como decía algún compañero legislador,

la inconstitucionalidad -hemos tenido varias situaciones de leyes, durante este Período, que se han declarado inconstitucionales- no se declara de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia, sino que debe presentarse quien se ve afectado por esa situación, a los efectos de hacer el trámite pertinente. No soy abogado, pero estos son aspectos elementales que uno sabe se deben llevar adelante para lograr la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Por otra parte, quiero verter algunos conceptos de carácter político, que pueden ser discutibles pero que es bueno se manifiesten en este ámbito. No es igual la realidad de las diecinueve Intendencias Municipales. Eso todos lo tenemos claro; pero también debemos decir que muchos de los déficit de estas y de anteriores Administraciones municipales se han producido por suplantar el rol que debe cumplir el Gobierno central cuando debe hacerse cargo de realidades que se viven en el departamento y que muchas veces se realizan por las Intendencias Municipales, porque es la institución pública más cercana al ciudadano y muchas veces termina cubriendo todos los agujeros que se han dejado, no solamente en esta Administración, sino en Gobiernos anteriores. Me refiero, por ejemplo, a lo vinculado a emergencias o a políticas sociales. Es importante trasmitir esto al seno de la Cámara de Representantes, porque muchas veces se demoniza la gestión municipal, y la verdad es que no se ve ese tipo de solución que llega a tiempo a los ciudadanos. Además, hace años hablamos de deficit -lo discutimos en oportunidad del tratamiento del Presupuesto quinquenal y en las distintas Rendiciones de Cuentas-, y las tarifas públicas que se cobran a las Intendencias Municipales muchas veces son más elevadas que las que se le cobran al ciudadano. Es cierto que se está cobrando a las Intendencias el 20% de la tarifa del alumbrado público, pero aun así, la tarifa es más cara que la domiciliaria. Hay que tener en cuenta que ese es un servicio público que se brinda, entre otras cosas, para la seguridad. Todos cometemos el error de discutir estas cosas por arriba y no en profundidad, analizando cada uno de los costos que tienen los Gobiernos Municipales, vía impuestos o vía tarifas públicas, y que son muy importantes. Por respeto al Directorio de mi Partido, quiero decir que me voy a retirar de Sala porque no voy a votar un proyecto que, conjuntamente con nuestros

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asesores, consideramos que no cumple con los requisitos constitucionales necesarios. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Longo Fonsalías. SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señor Presidente: me cuesta creer que el Directorio del Partido Nacional no haya leído el proyecto, pero confío en la palabra del señor Diputado preopinante, que indicaba que así fue. Supongo que él habrá leído el proyecto que está sobre la mesa. Quería hablar un poco más sobre políticas globales que ha llevado adelante nuestro Gobierno en cuanto a la descentralización y al apoyo a los Municipios, que es un hecho histórico, porque en más de cincuenta años ningún Gobierno ha tenido una política de apoyo y descentralización a las Administraciones Municipales como el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Eso es así y es irrefutable. Voy a decir dos o tres cosas con relación a eso, reafirmando lo que manifestaba el señor Diputado Guarino hace unos momentos. En este Gobierno se estableció en el Presupuesto quinquenal lo que se iba a dar a cada Municipio y lo ha cumplido a rajatabla; en cambio, en Períodos anteriores se pasaban hasta dos años sin pagar las partidas que correspondían a los Municipios. Como dijimos, este Gobierno ha cumplido a rajatabla, y esto ha generado que los Municipios puedan hoy armar su Presupuesto de acuerdo a las condiciones y a las reglas de juego preestablecidas. ¡Si será importante esto de tener las reglas preestablecidas!, y este Gobierno lo ha marcado así. Para romper un poco la dicotomía de la discusión que se había dado en el departamento de Canelones, quiero informar acerca de lo que se ha hecho y de lo que se ha invertido en obras en mi departamento de Flores gracias al cumplimiento del Fondo de Desarrollo del Interior. Por ejemplo, en el año 2008, el departamento de Flores tenía disponible $ 10:309.738 y se desembolsaron $ 9:441.833. Quedaron nada más que $ 867.000 sin desembolsar. Con ese dinero se han hecho muchas de las obras planificadas, y voy a nombrar tres o cuatro. Por ejemplo: construcción de batería de baños en el Parque La Casilla; construcción de comedor municipal en Villa Ismael Cortinas y un sinfín de arreglos de saneamientos y desagües de aguas pluviales en todo el departamento.

Pero también, como se ha dicho, este Gobierno ha convenido con los Gobiernos Municipales; en el caso de Flores específicamente, se terminó casi con el 100% del saneamiento de la ciudad de Trinidad gracias a convenios que se hicieron entre OSE y el Gobierno Municipal. Eso es apostar a la política de descentralización y apostar a un país integrado, globalizado. También quiero referirme a otro de los temas que hacen a la descentralización. Se trata de un proyecto ley de descentralización por la cual también se genera un fondo para apoyar a los futuros municipios creados por esta iniciativa, que muy pronto se va a votar en el Senado y va a entrar en vigencia. Si eso es poco importante, ¿qué es lo importante? Este Gobierno no solo está creando fondos hacia el futuro, sino creando fondos para ahora. Esto se está votando en este proyecto de ley. Si será importante, porque no es solo que se vayan a pagar sueldos con esto; depende mucho del Gobierno Municipal de turno y de los compromisos que cada Gobierno tenga asumidos con su gente, con su pueblo. En lo que respecta al departamento de Flores, tengo que dejar bien planteado en Sala que es un compromiso que asumió el Intendente de Flores, y vamos a controlar que se cumpla. En nuestro departamento esa suma va a andar por los US$ 800.000 para invertir en obras. Esa fue la promesa del señor Intendente y esperamos que se cumpla. No todo es para cubrir sueldos, porque este Fondo también va a servir para que muchos Municipios que han cumplido con sus cometidos puedan seguir trabajando y haciendo más aportes a sus respectivos departamentos, pues así lo merecen. Muchas gracias. SEÑOR CUSANO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CUSANO.- Señor Presidente: aquí se ha mencionado al Honorable Directorio del Partido Nacional. El Presidente de la República manifestó que todos los partidos políticos deberían acompañar el espíritu de invertir en los Gobiernos Departamentales, y es bueno aclarar que eso fue lo único que hizo el Di-

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rectorio del Partido Nacional. El texto es responsabilidad de los legisladores. Que quede bien claro que el espíritu de invertir en los Gobiernos Departamentales, reitero, fue avalado por el Directorio del Partido Nacional y que el texto, que recién nos llega, debe ser definido y decidido por nosotros. Gracias, señor Presidente.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Dardo Sánchez Cal. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 504 del Lema Partido Nacional, señor Orlando Lemes. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

19.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Dardo Sánchez Cal, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando Lemes”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito licencia por motivos personales el día 23 de julio de 2009, solicitando que se convoque a mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saluda atentamente, DARDO SÁNCHEZ CAL Representante por Treinta y Tres”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Dardo Sánchez Cal.

20.- Fondo de Inversión Departamental. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Maseda. SEÑOR MASEDA.- Señor Presidente: quisiera saber de cuánto tiempo dispongo. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene quince minutos, señor Diputado. SEÑOR MASEDA.- Gracias, señor Presidente. Voy a iniciar mi exposición diciendo que no se trata de confrontar ni de dar respuestas absolutamente a nadie, sino que voy a procurar trasladar la información de mi departamento, Artigas, de algo que creo es importante. Muchas veces hemos dicho que a este Gobierno se lo puede criticar por el perfil social con el que se ha identificado, y lo aceptamos. Para nosotros, legisladores de esta fuerza política, eso es un fortalecimiento ideológico por el compromiso que tenemos. Este Gobierno no ha actuado con inequidad con la ciudadanía, con los Gobiernos Departamentales que pertenecen a su mismo color político ni con aquellos que no

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pertenecen a él, ya sean del Partido Nacional o del Partido Colorado. Esta es una política que ha llevado adelante el señor Presidente, el Poder Ejecutivo, y es bueno resaltarla y expresarla en los momentos precisos en los que cada uno debe hacer la defensa de aquello en lo que cree, de su lugar, de su zona, de su departamento, de lo que siente, de lo que vive y por lo que debe pelear. Es legítimo que así sea. No me siento agraviado por ningún legislador de otro sector político que haya expresado críticas hacia el Gobierno al que pertenezco y al que pertenecen los legisladores del Frente Amplio. En estos quince minutos de que dispongo -quizás alcancen o quizás falten- tengo la obligación de defender a mi Gobierno porque en el departamento de Artigas y en todo el país ha tenido una actitud de responsabilidad, y eso no es poca cosa. ¡Responsabilidad de Gobierno! Esta postura no ha sido solo del señor Presidente sino de los distintos actores que formaron parte del Poder Ejecutivo, que han tenido como actitud realizar convenios, dialogar con las autoridades municipales, firmar macro y micro acuerdos, realizar microemprendimientos y tener todo tipo de relacionamiento de Gobierno a Gobierno, en igual escala de derechos. No hubo un Poder Ejecutivo que “prepoteó”. No se llevó por delante a los departamentos más débiles ni favoreció a los más fuertes. Empezamos por la igualdad que le concedió a Montevideo, departamento que ha sido discriminado durante tres o cuatro Períodos. Reitero que la primera igualdad que realizó este Gobierno fue quitar la discriminación a Montevideo. Voy a leer alguna de las buenas cosas que este Gobierno ha hecho en mi departamento, a veces con dificultades o con falta de recursos. Cito, por ejemplo, la actitud del SODRE con la señal de Canal 5, aunque con ella hasta ahora tenemos problemas de funcionamiento. La disposición de mayor potencia en la señal iría en beneficio de quienes viven en esas localidades. Rápidamente quiero decir -es importante manifestarlo porque no se sabe- que muchas veces se hace política con lo que aporta el Gobierno Nacional. Esto lo vivimos en la última campaña electoral en la que veíamos propagandas que decían: “Hicimos, hicimos, hicimos”, pero nunca se dice de dónde vienen los fondos ni quién aportó los dineros para dichas obras públicas, que son para felicidad de todos los ciudadanos de un departamento y del país.

Tenemos un proyecto relativo a una terminal de cargas en la ciudad de Artigas. Estamos atrasados y hacemos la autocrítica porque no hemos podido cumplir, pero esta iniciativa tiene quince años de demora. Este Gobierno tuvo la posibilidad de iniciar lentamente esta obra con fondos de la Dirección Nacional de Aduanas, votados en el Presupuesto Nacional. En estos cuatro años y medio de Gobierno hizo mucho más que lo que se llevó a cabo en los últimos quince años. En un cartel de mi departamento, primero figura la Intendencia Municipal de Artigas y en el renglón de abajo el Gobierno Nacional, cuando en realidad es este último el que realiza los aportes. ¡Claro que coordina con la Intendencia Municipal, pero plantearlo de esa forma no es lo correcto! Lo correcto es lo correcto: se trata de un proyecto del Gobierno Nacional firmado en el marco del MERCOSUR. ¿Que los terrenos fueron donados por los arroceros? Así es, y lo decimos públicamente. También tenemos el Proyecto de Mejoramiento de los Barrios Ayuí y Progreso, por un monto de $ 895.000, con aportes del PDI, derecho que tienen las Intendencias votado por Presupuesto, aumentado en un 100% por este Gobierno. Esto lo recibieron siempre. Tenemos a estudio el Proyecto de Consolidación de la Avenida Wilson Ferreira Aldunate, con un monto previsto inicial de US$ 1:000.000. Aún no se ha llevado adelante, pero se está trabajando con DIPRODE, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con los organismos a los que corresponde la coordinación de los Gobiernos Departamentales. Para la ciudad de Bella Unión tenemos el Proyecto de Pavimentación y Corrección de Drenajes. De esta localidad también tenemos que decir que se construyeron más de 150 viviendas a través de MEVIR, para regularizar asentamientos irregulares. Este es un proyecto de aproximadamente US$ 1:773.000. Para estos proyectos hubo contrapartida de la Intendencia -lo señalamos porque esta no es del Frente Amplio- y también decimos que esta Intendencia del Partido Nacional es mucho más prolija que la anterior. No tenemos miedo a los costos políticos, y también lo decimos. Aquí dice: “Intendencia Municipal de Artigas, Reingeniería de Procesos, Gonzalo Cibils, Silvia Silvera y Ricardo Nario”. Estos son tres funcionarios de la Intendencia, y el objetivo del proyecto es lograr aten-

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ción ciudadana eficiente en dicho ámbito. Esto se ha hecho en convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con DIPRODE, con presupuesto de la Unidad de Desarrollo Municipal de $ 4:100.000 y con aportes por $ 3:300.000 de parte de la Intendencia. También está la comunicación organizacional estratégica e integrada a nivel externo e interno, con el señor Gonzalo Cibils y la señora Silvia Silveira representando a la Intendencia, conjuntamente con organismos como la UDM, con un aporte de $ 3:747.000. En cuanto a la DIPRODE y a la OPP, hubo apoyo a microemprendimientos para el desarrollo productivo, con aportes y consultorías para el Plan Estratégico Institucional para el Desarrollo de Microfinanzas del departamento de Artigas. Se compró equipamiento informático para la implementación del Plan con aportes del Gobierno Nacional. También hubo apoyo para el conglomerado de piedras preciosas y semipreciosas del departamento de Artigas, algo que escuchamos en la propaganda política electoral. Se electrificaron canteras, con un 40% de parte de la UTE, 35% de DIPRODE, 15% de privados y 10% de la Intendencia. Escuchamos publicidad política partidaria en el sentido de que la Intendencia había realizado la electrificación rural en las canteras. El proyecto de fortalecimiento institucional de la Intendencia Municipal de Artigas tuvo el apoyo del conglomerado minero. Me refiero al apoyo dado a un grupo de mineros para presentarse en distintas ferias internacionales. También fue posible la compra de un georradar, votado en el Presupuesto Nacional. Todo esto fue apoyado por la DIPRODE y por el Gobierno Nacional, mediante convenios con la Intendencia, pagando a un funcionario del PAOF para que se encargara de todas las tareas. Podemos mencionar un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, esto es, un fondo para la reconstrucción del Auditorio Municipal y la construcción de viviendas para gente que vivía en un galpón de AFE, en convenio también con la Intendencia Municipal de Artigas. El dinero lo aportó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Con respecto al Carnaval, hubo apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte para lo realizado en el departamento de Artigas. En cuanto al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, se hizo un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura y este Gobierno

aportó el dinero para edificar en nuestro departamento algo que había sido un sueño para los artiguenses. Este Gobierno cumplió con el Gobierno Departamental sin importarle que no era una Comuna del Frente Amplio. Hubo convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relativos al Centro Público de Empleo Territorial de Artigas, que, por no tener mano de obra adecuada, funcionó en locales de la Intendencia Municipal. Hubo dificultades en el relacionamiento con el Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Estado que ha trabajado en muchísimos temas; también trabajó en lo referente a la Ley Nº 16.929, que dio el derecho a ciudadanos que viven a 5 kilómetros de la frontera a cobrar la pensión por invalidez o por vejez. Hace cuatro días se firmó un convenio de acción marco con autoridades de Brasil, y sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social trabajó muchísimo en este tema. Voy a referirme ahora a la construcción de viviendas en la ciudad de Artigas. Al 6 de marzo de 2008 había 138 viviendas en construcción, de un total de 195 programadas. Además, se transfirieron recursos de MEVIR para construir 70 viviendas más para el barrio Las Láminas, a través de convenios con la Intendencia Municipal de Artigas. El proyecto “Knock Out a las drogas” de la Presidencia de la República funcionó, gracias al aporte de comerciantes, en gimnasios de la Intendencia Municipal. Hoy funciona en instalaciones del Círculo Policial porque no tuvo apoyo suficiente de la Comuna. Las deudas que recibió de la gestión anterior el Intendente del Partido Nacional señor Julio Silveira, sin lugar a dudas fueron vergonzosas; él no es responsable, pero tiene que asumirlas. De parte de UTE, de ANTEL y de OSE recibió todas las formas de financiamiento para poder cumplir con ellas. No aceptamos que se nos diga que el tema que se está discutiendo hoy -que es parte de lo que van a recibir las Intendencias a través de este fondo pedido por el Congreso de Intendentes- no es útil. No puede decirse que este Gobierno haya tenido una actitud discriminatoria hacia alguna Intendencia. Con el mayor de los respetos a todos los señores legisladores de los sectores políticos que no pertenecen al Frente Amplio, debemos decir que no estamos de acuerdo con lo que se expresa.

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Esta es parte de la verdad de nuestro departamento. ¿Qué nos ha dolido? Nos dolió que en los comedores del INDA se dijera que se sirven 22.000 platos de comida y no se aclare que el convenio es con el Gobierno Nacional, porque el Instituto aporta los alimentos secos, frescos y las comidas que se sirven en los comedores. Quizás, lo mejor sería que en este país no hubiese comedores, pero en este momento son una necesidad. El Gobierno Nacional ha cumplido, no solo con esto sino con un convenio con la Intendencia. La Comuna pone los locales y el Gobierno Nacional los recursos. Hay que decir estas cosas. Durante estos cinco años nunca se dijo esto, que es parte de la verdad de la construcción de un Gobierno y de un país, y de un compromiso social que tiene esta fuerza política. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada Travieso. SEÑORA TRAVIESO.- Señor Presidente: queríamos referirnos a algunos aspectos que nos han dejado una preocupación muy grande en el departamento de San José, máxime cuando sabemos que este tipo de Fondo que se votará en esta sesión fue rechazado por nuestro Intendente. Seguramente, San José no necesita de estos fondos porque está muy firme en sus cuentas, pero hay algunos hechos que debemos resaltar. Como decían algunos compañeros -entre ellos el compañero Diputado Guarino-, recibimos las partidas en tiempo y forma a través del Fondo de Desarrollo del Interior, recursos que han venido muy bien para la Intendencia Municipal de San José. Sin embargo, nos preocupa que hoy no se atienda este tipo de Fondo, argumentando que no se necesita. Se dice que no se necesita, pero no sabemos en qué sentido. Cuando se trata de caminería rural, se forman comisiones y los productores se tienen que juntar y hacer alguna colaboración en dólares, según la cantidad de hectáreas que tienen. Luego, se nos pide una entrevista a fin de que nos conectemos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que surja alguna ayuda, como la famosa “piedrita” -así se llama el balasto en nuestro departamento-, algo que ha proporcionado esta Cartera para San José y que sin embargo ha sido duramente criticado. Esto fue presupuestado a través de la Junta Departamental, pero seguramente no alcan-

cen los recursos. Entonces, ¿cómo es que la Intendencia Municipal de San José no necesita de estos fondos? No lo entendemos. También se ha hecho caso omiso en cuanto al ingreso a importantes localidades como Ciudad del Plata y Libertad, donde se han perdido vidas por la diagramación de sus entradas. Se trata de antiguas rutas desafectadas -como en el caso de Libertad-, que deben ser atendidas porque son responsabilidad de la Intendencia Municipal de San José. Sin embargo, las obras fueron llevadas adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué? Porque son necesarias para la gente. Se trata de un caso de vida o muerte, y ya hubo malas experiencias en el ingreso a la ciudad de Libertad. Entonces, no entendemos por qué no se necesitan estos recursos. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo y Deporte ha estado presente en cada uno de los eventos: en Carnaval, en la Fiesta del Gaucho, en los realizados en las playas, y también se ha contado con el apoyo de muchas empresas del Estado. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sido duramente criticado, y San José fue el primer departamento que recibió ayuda con alimentos para animales durante la sequía. En aquella oportunidad, el Gobierno Municipal no respondió con absolutamente nada, cuando sabemos que otras Intendencias lo hicieron por sí y con su presupuesto. Solamente se han hecho críticas destructivas al Gobierno Nacional. Creemos que el Fondo de Desarrollo del Interior ha cumplido un papel importantísimo en el país, brindando un apoyo fundamental. San José ha recibido más o menos el 35% de su presupuesto a través del Gobierno Nacional, y eso no es poca cosa. Todo el tiempo se hacen críticas desde el Gobierno Municipal de San José y se desechan estos fondos diciendo que no se necesitan, pero sabemos que hay barrios en los que si usted sufre una apendicitis, una gripe o se produce una inundación, tal vez muera porque no puede cruzar una calle, puesto que no hay un puente. Me refiero al barrio Prado Maragato; desde hace mucho tiempo su gente, que es pobre y trabajadora, lo ha solicitado, pero el Gobierno Municipal ha hecho caso omiso. Al principio de este Período, en una recorrida que hicimos por ese lugar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Rossi, el Intendente Municipal solicitó ayuda para hacer el puente, pero yo recuerdo que el Ministro le dijo: “Bueno, Intendente,

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tiene que ponerse las pilas; alguna ayuda habrá. Esa es una obra importante que usted debe hacer porque tiene un barrio de la ciudad aislado”. Nosotros sabemos que cualquier enfermedad que sufran sus habitantes, por mínima que sea, se convierte en una situación de riesgo si el río lo inunda, porque ese barrio queda como una isla. Así se pretende dejar al departamento de San José, como una isla. Eso lo percibimos a cada momento: si no hay protagonismo personal para el Intendente, no se recibe absolutamente nada, porque actúa con suficiencia. De todos modos, nos hacemos estas preguntas que formulamos hoy. Hace poco tiempo, la Mesa Interinstitucional trabajó durante casi dos meses para “Uruguay Integra” en base a proyectos, y nosotros, conjuntamente con toda la fuerza política del departamento, los ediles y los actores de todos los Ministerios, hemos seguido este tema. La Intendencia quedó en hacer un proyecto, pero nosotros nunca nos enteramos de qué se iba a tratar porque era algo misterioso. Sin embargo, no hace mucho tiempo, en el mes de octubre, se disponía nada más y nada menos que de Є 1:000.000 para llevar a cabo emprendimientos turísticos rurales en el departamento de San José. En esto trabajó arduamente el señor Hugo Ceretta -que estaba a cargo de la Oficina de Turismo de la Intendencia Municipal de San José- con el Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Pero sabe qué, señor Presidente? A último momento el Intendente no lo firmó; desechó casi Є 1:000.000 para llevar a cabo emprendimientos turísticos rurales. ¡Fíjese qué cantidad de gente podría haber accedido a esto! San José no existe en materia de turismo porque, por ejemplo, las Sierras de Mahoma, que tiene el “mar de piedras”, que es hermosísimo y único en la región, no cuenta con el apoyo del Intendente porque la gente que tiene abierto ese predio no es de su agrado. Asimismo, las playas están poco atendidas y solo lo hace el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo y Deporte. Hace un momento me referí al barrio Prado Maragato y a lo que sucedió en octubre, mes en el que el Director de la Oficina de Turismo de San José, Hugo Ceretta, renunció a su cargo ya que, luego de haber trabajado arduamente con el Ministerio de Turismo y Deporte, se desechó un proyecto importantísimo. Creo que esos fondos venían a través de la Unión Europea, pero fueron descartados. Como dije, San José es una isla.

El proyecto que elaboró la Intendencia para “Uruguay Integra”, en el que la Mesa Interinstitucional trabajó durante casi dos meses, no fue presentado a la OPP, otra de las casualidades de nuestra isla de San José. Creo que el “flaco” Gutiérrez hacía bien al llamar a nuestro departamento “República de San José”. En realidad, nunca supimos de qué se trató el proyecto porque no fue presentado. Por lo tanto, San José no está en “Uruguay Integra”; San José no se integra. ¿Y sabe por qué, señor Presidente? Por lo que dije hace un momento: si en algo no hay protagonismo para el Intendente, en San José no corre. Entonces, desperdiciamos nuevamente Є 800.000. Parece que en San José nos sobra el dinero. No nos alcanza para hacer caminos, para que los barrios estén integrados a la ciudad, para los apicultores, para los cunicultores y para los productores, pero descartamos un montón de dinero; ya llevamos alrededor de Є 2:000.000 desechados en el departamento de San José. Lo que manifiesto es una queja muy angustiosa por lo que vive nuestro departamento, ya que quiero que la Cámara se entere de este tipo de situaciones, que son realmente insólitas. También puedo decir que Ciudad del Plata, ubicada en el área metropolitana, está totalmente olvidada. En esta ciudad no hay ni luz, y se cuenta solo con dos líneas de ómnibus -que se obtuvieron a través de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas- que llegan a la ciudad. También se pidió una línea local, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, junto con la empresa SOLFY, solicitaron un subsidio, creo que de $ 1,20, para el boleto -estamos hablando de doce o trece kilómetros de largo por ocho de ancho-, pero la Intendencia dijo que no tenía presupuesto para eso. Afortunadamente, esa línea local funciona igual. Entonces, no entendemos cómo el Intendente de San José dice que no necesita de estos fondos especiales, que la Intendencia está saneada, o sea, que le sobra dinero. Lo que es peor, ha olvidado un acuerdo que hizo con nuestra fuerza política del departamento. Nuestros Ediles del Frente Amplio votaron la compra del ex Banco San José para hacer un centro cívico y cultural para Ciudad del Plata; esta Diputada también estuvo presente cuando se llevó a cabo ese acuerdo de damas y caballeros, que se firmó en la Intendencia. ¿Y sabe, señor Presidente, cuál es la contrapartida que

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solicitamos, qué tenía que poner la Intendencia? Un terreno. Por suerte, todavía son baratos; esto lo podía solucionar con US$ 15.000 o US$ 20.000, porque el resto lo ponía el Gobierno Nacional. Las empresas públicas están dispuestas. El Banco de la República llamó a licitación por un terreno y su Presidente, economista Fernando Calloia, manifestó que quiere estar rodeado de empresas públicas. El Intendente también olvidó esto, y seguramente no tiene US$ 15.000 o US$ 20.000 para comprar el terreno y algún pesito más para aportar para la Casa de la Cultura. Y recuérdese que estamos hablando de una ciudad del área metropolitana con más de treinta mil habitantes, que están realmente olvidados porque el Intendente allí no cosecha votos. Esto es lo que queríamos compartir con la Cámara en el día de hoy. Asimismo, queremos reiterar que en San José, cuando el Intendente no tiene protagonismo, los apoyos no se reciben, se descartan, se desechan, tal como se hace hoy; San José es una isla. ¿Sabe, señor Presidente, qué pensamos los maragatos, los josefinos? Que es la Isla de la Fantasía. Hace dos días, la Mesa Política del Frente Amplio de San José llevó a cabo una conferencia de prensa para demostrar su disgusto porque se había dejado al departamento de San José fuera de “Uruguay Integra”. Pero al Intendente de San José no le interesa, mientras él no sea el protagonista, qué le puede dar el Gobierno Nacional; pero mientras tanto prende las luces de neón para él con los dineros que este le da en tiempo y forma. Creo que acá hay algo que no le gusta, porque esto se va a controlar, se va a saber de dónde viene y a dónde va, y estas cosas en San José pocas veces se saben. Entonces, nos quedamos con ese gusto amargo y pensando que estamos aislados, que somos, realmente, la Isla de la Fantasía. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en realidad, quiero hacer dos pequeñas aclaraciones. En primer lugar, lo que sucede no es que las Intendencias no necesiten ese dinero; por el contrario,

lo necesitan, pero no se puede agravar un problema acarreándolo y transportándolo para más adelante, porque el dinero debe devolverse. También quiero hacer una aclaración con respecto a los dineros del Gobierno central. Para ello, voy a leer parte del artículo 298 de la Constitución de la República, que establece que la ley podrá “Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo”. Leí este artículo para que quedara claro que el Gobierno central no regala ese dinero a cada una de las Intendencias del interior, sino que se lo da porque les corresponde. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Mahía. SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: voy a referirme a algunas cuestiones generales. En primer lugar, quiero resaltar nuevamente lo que ha sido y es la actitud política de nuestro Presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Varios colegas ya se han referido a lo que ha sido la puntual asistencia del Gobierno central a todas las Intendencias del Uruguay, sin discriminación política alguna. Y en esta nueva instancia, a fin de que esto fuera posible, el señor Presidente de la República requirió apoyo expreso de todos los partidos políticos que tienen representación política en los distintos departamentos. Por esta razón, este proyecto ha tenido su tratamiento y en el día de hoy es posible aprobarlo. Este proyecto va a ser realidad -se trata de un Fondo que va a ser utilizado o no- a partir del respaldo de todos los partidos políticos que tienen algún Intendente. Esto está demostrando que, a la larga, quizás debamos asumir el tema de los roles de los Gobiernos Municipales y de lo que significan diariamente para el ciudadano. Esto es un asunto de fondo, y notoriamente hace al funcionamiento del Estado y a la relación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales. Esta situación ya fue aludida en una u otra dirección, para celebrarlo o para dejar constancias de cuando alguien se viste con ropas ajenas, como se dice públicamente. Ahora bien, se han hecho algunas referencias con respecto al departamento de Canelones y es en

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esa dirección que vamos a dirigir nuestra intervención. Es muy importante que quede registrado en la versión taquigráfica el punto de vista de cada quién, de quien habla, y la trayectoria y las referencias. Es buena cosa que, una vez que asignamos recursos, quienes representamos a la ciudadanía pongamos énfasis en cómo se gastan, cuáles son los criterios y hacia dónde van. Es importante, sobre todo, tener conocimiento previo. De esa forma, discrepamos con algunos de los puntos de vista que se han planteado en Sala. Por ejemplo, con respecto al déficit que tenía la Intendencia Municipal de Canelones, según los números que el propio Gobierno Departamental nos envió, es cierto que había unos US$ 90:000.000 acumulado, pero también había otros US$ 25:000.000 en trámites ejecutorios, US$ 25:000.000 en juicios contra la comuna, algunos de los cuales estaban en trámites ejecutorios, es decir que había que pagar o pagar. Quiero destacar que había un estado de deterioro muy importante en el parque de máquinas -esto también hay que ubicarlo dentro del déficit general acumulado-, ya sea porque les faltaba un repuesto o por su situación general. Este era un dato de la realidad. Al mismo tiempo, había un endeudamiento muy profundo -como señalaba el señor Diputado Yanes- con varios organismos del Estado, con el BPS y con distintas empresas financieras, bancos, que hacían de asistencia cotidiana a los Gobiernos Municipales anteriores. Hubo situaciones complejas -por llamarlas de alguna manera- con respecto a algunas de estas causas de ese déficit; por ejemplo, la política de ingresos. Las autoridades municipales actuales nos han mostrado contratos que tenían como fecha de ingreso mayo de 2005, cuando era notorio que había un cambio de Administración y que se trataba de un año electoral. Voy a dejar de lado -no por no mencionarlas- las formas de ingreso generalizadas durante muchos años. También había grandes dificultades a la hora del cobro de los ingresos de los funcionarios -tal como refería el señor Diputado Yanes-, quienes debían exhibir recibos de luz, de agua o de algunos otros organismos para poder obtener los ingresos a cambio; ni qué hablar de que no se cobraban en tiempo y forma. Pero en esta Administración, más allá de algunos recla-

mos planteados, hasta ahora se ha pagado puntualmente a todos y cada uno de los funcionarios. Y tampoco hablemos del acceso al crédito que, por las razones que recién señalé, era muy complejo. Sin embargo, ninguno de los déficit que he señalado es el mayor. El mayor de todos era por la falta de obras y de servicios de la Intendencia Municipal de Canelones, que sin duda se va a extender por largo tiempo. ¿Por qué? Ahí debemos ir a cuestiones de fondo que hacen al departamento. Sé que esto, a veces, satura a aquellos compañeros que, por definición demográfica, constituyen la mitad de la Cámara. Pero es bueno dejar todo esto en claro y pienso que todos vamos a coincidir. Estamos hablando de un departamento que tiene ciento veinte poblaciones de más de 2.000 habitantes, alguna de ellas con una concentración demográfica muy fuerte y otras con puntos muy lejanos unos de otros. Esta diversidad se suma a una concentración muy alta de asentamientos y de zonas de muy difícil abordaje, tanto para el Gobierno Nacional como para el Municipal. Entonces, es claro que para la gestión de un departamento como este es inevitable la acción conjunta entre el Gobierno Nacional y el Municipal. En ese sentido, estoy convencido de que, particularmente en la última Administración, hubo problemas de relacionamiento entre ambos Gobiernos que dificultaron las cosas en Canelones. Se trata de un mérito que la articulación entre el Gobierno Nacional y el Departamental haya sido fluida durante este último tiempo, porque eso es beneficioso para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Ahora bien, la pregunta es: ¿en qué se invierten los recursos? ¿En qué se gasta? ¿Qué destino tienen? Voy a ilustrar a la Cámara respecto de algunas áreas y así voy a dar algunos ejemplos. Sé que me han solicitado interrupciones los señores Diputados Asti y Hackenbruch Legnani, en ese orden, y espero poder concederlas porque ese es mi espíritu; de lo contrario, los saludo para que puedan hablar. Por ejemplo, en cuanto al alumbrado público, entre julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en Canelones hay 11.400 luminarias nuevas encendidas. Los vecinos de San Antonio nos recordaban que desde el año 1976 no había trabajos en esta área. Estamos hablando de bastante tiempo atrás y de aspectos que son notoriamente destacados.

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Con respecto a la caminería rural, la inversión fue de $ 89:000.000 y la ejecución anual de 1.200 kilómetros. Y es claro para todos los vecinos del departamento que había zonas enteras en las que no se veía una máquina, ya sea de la órbita nacional o municipal, desde hace muchos años. Estos son datos de la realidad. Hacia allí fue a parar gran parte de los recursos de los contribuyentes de Canelones, porque de eso se trata. Similar comentario podríamos hacer sobre la vialidad urbana. Por ejemplo, según datos oficiales, hay 20 toneladas de recapado en firmes asfálticos; 17:500.000 metros de tratamientos bituminosos; 2:000.000 de metros de caminería urbana en tosca; 383.884 metros de cunetas limpias; 42.843 metros sellados de fisuras; 31.456 metros cuadrados de sellado en firmes asfálticos, y una inversión ejecutada de más de $ 215:000.000 hasta diciembre de 2008. Y ahí es donde están los recursos de los contribuyentes: en obras y en ejecuciones realizadas. Por ejemplo, el programa en ejecución “Las Cien Plazas Públicas”, lleva consigo uno de los aspectos más importantes de la gestión pública, porque se aplican conceptos de participación en la decisión del lugar, de inclusión de ciudadanía y, a su vez, de espacios democráticos de recreación, que han sido y son uno de los déficit tradicionales de nuestro departamento, que hace a no tener a dónde ir, a no tener lugares donde los adolescentes, los menores, los jóvenes, la gente en general, pueda estar. Este programa ha sido muy positivo. También podemos hablar de aspectos directamente vinculados a políticas nacionales como, por ejemplo, la captación de inversiones. Es claro que el departamento de Canelones ha tenido el privilegio de contar con algunas inversiones muy importantes y seguramente recibirá muchas más en el futuro, aun cuando en Uruguay se han puesto en entredicho las inversiones o se ha desalentado la inversión pública, dicho sea de paso. Voy a citar ejemplos en el área productiva rural, en zonas del departamento eternamente postergadas, como el noreste u otras. Podemos hablar de planes concretos: el Plan Alfalfa, con cincuenta y tres productores; el Plan Chícharo, con cincuenta y ocho productores; el Plan Maíz, con cuarenta y siete productores; el Plan Trigo, con ciento ochenta y cinco productores; el Plan Girasol, con dieciocho productores; quinientos

productores fueron apoyados en la limpieza y construcción de fuentes de agua y doscientos ochenta y siete fueron asistidos debido a la sequía. Quiere decir que hubo una asistencia a la producción en el departamento que creo es absolutamente compartible. En materia de gestión podemos citar, por ejemplo, el expediente electrónico. Esta es una novedad que ha demostrado que la informática es un instrumento fundamental, que está en proceso, en continua evolución, como debe estar. Ello ha permitido que en la Intendencia se formaran cuadros administrativos, y durante el año 2008 se crearan cuarenta y un mil trescientos noventa expedientes electrónicos y fueran atendidas ocho mil consultas telefónicas. Advierto que me queda poco tiempo. Insisto en que voy a intentar generar espacios para los colegas. En materia de transporte público se realizó un trabajo en equipo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se logró que zonas del departamento que estaban absolutamente aisladas -por ejemplo, Piedras de Afilar, donde no había transporte alguno, ni siquiera para llegar al liceo más cercano- contaran con líneas locales; es decir que hubo una asistencia bien importante. En cuanto a las políticas sociales, se manejó un concepto distinto de inclusión social, de participación. En estos días, con el clima que estamos viviendo, tenemos que decir que por primera vez en Canelones hay dos refugios: uno en la capital y otro en la ciudad de Las Piedras, que albergan a treinta y cinco personas cada uno de ellos, incluyendo seis madres con niños, quienes antes, en circunstancias similares, no tenían a dónde recurrir. Es la primera vez que se aplica este tipo de políticas sociales. Se realizó una inversión de $ 22:000.000 en alimentos; existen diez comedores, cuatro de ellos con respaldo nacional y seis con respaldo departamental, con tres mil usuarios; hay ciento veinte merenderos; se puso en marcha el Plan Invierno, que atiende todos los liceos, UTU y escuelas, con la posibilidad de planes de abrigo para niñas y niños del departamento. Estas son políticas de inclusión, de participación, llevadas a cabo desde la Comuna Canaria, con el apoyo de la comunidad. (Suena el timbre indicador de tiempo)

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——Termino, señor Presidente, haciendo dos o tres señalamientos claros. Me parece bueno que se debata hacia dónde van los recursos públicos, mostrar las discrepancias, pero en este caso, estamos hablando de recursos que fueron utilizados en obras concretas -más allá de las eventuales necesidades de transformación y de mejoramiento de la gestión que siempre tiene que existir-, en servicios y, en particular, en áreas sociales muy pero muy sentidas, en programas concretos de atención a la infancia, que han sido centro neurálgico de esta gestión y de su política social. Pido disculpas a los colegas que me habían solicitado interrupciones, pero solo contaba con quince minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Casás. SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: cómo votar este proyecto puede tener un montón de facetas, por lo menos diecinueve, porque seguramente va a depender de cómo cada uno de los Diputados lo ha vivido en su realidad local. El apoyo financiero, a través de este Fondo, a las Intendencias Municipales puede tener un perfil determinado en Artigas o en Flores, como bien se trasmitió más temprano en esta Sala, y el uso de esos recursos puede ser totalmente diferente en otros departamentos, por ejemplo, Canelones, por lo cual el espíritu de esta iniciativa queda un poco confuso. Yo le creo al Intendente de Flores cuando dice que si recibe este dinero lo va a utilizar en obras, porque ello tiene que ver con la impronta que él ha dado a su gestión en el departamento. Me alegra que el Intendente de Artigas haya hecho la gestión que un Diputado preopinante trasmitió en Sala; me alegra que haya tenido la habilidad propia de quien ocupa tal alto cargo municipal -como sin duda lo es- en cuanto a cogestionar con el Gobierno Nacional, como siempre ha pasado. Esto no es de ahora: por suerte, el acuerdo entre Gobiernos municipales y nacionales ha existido toda la vida en la historia del país, y esperemos que sea así por mucho tiempo. No es un invento de este Gobierno; lo digo por las dudas, por si algún desnorteado recién está escuchando y piensa que los fondos nacionales se vuelcan a las Intendencias municipales a partir del año 2005. Esto ha ocurrido toda la vida. Por ejemplo, es histórica la actividad del INDA de apoyo a gestiones realizadas entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales. A nadie le puede sorprender que la gente

coma por la gestión del Gobierno Nacional y las Intendencias; así fue toda la vida. Me alegro de que este Fondo -y el Partido Nacional ha planteado a sus legisladores la conveniencia de votarlo- esté arriba de la mesa; lo que no me gusta es el articulado, porque me recuerda a cuando uno tiene que clavar un clavo, no encuentra el martillo y agarra un destornillador o una pinza para tratar de ponerlo como sea. Capaz que igual logramos clavar el clavo, pero no lo hacemos con la herramienta adecuada. Este proyecto tiene como falencia, como defecto fundamental, dos puntos. Por un lado, existe una falta real de definición de a dónde van los fondos que cada Intendencia recibe. Seguramente, en Flores estarán destinados a obras -yo creo en la palabra del Intendente de Flores, quien sin lugar a dudas ha hecho una muy buena gestión-, pero en Canelones no sabemos a dónde van. Entonces, no sé si dar un cheque en blanco al Intendente de Canelones para que reciba dinero para sus últimos seis meses de gestión, porque seguramente el año próximo Carámbula no será más el Intendente de Canelones; esto puede ser parte de la realidad. Además, la gestión de la Intendencia, de la que tanto se ha hablado, no difiere mayormente de la gestión anterior. Hoy asistimos a una discusión entre dos Representantes, cada uno representando a su Partido político y a su gestión municipal, y mirándolo de afuera -porque, con todo respeto, no tengo compromiso con ninguno de los dos; sí tengo una amistad con ambos- no advierto matices demasiado importantes, no noto diferencias -y creo que la población piensa lo mismo- entre la gestión del Intendente anterior y la del actual. En esta gestión municipal se han cometido los mismos errores que ya hemos visto y que en la campaña electoral se había dicho que no se cometerían. Se dijo que no iba a haber nepotismo, pero creo que el único Carámbula que no ha estado en las jerarquías municipales es Berugo Carámbula; el resto, más o menos ha ocupado un lugarcito en la Intendencia. Se habló de no abusar de los cargos de confianza, y ahora dicen que se trata de cargos de confianza seguramente hasta que termine el Período de Gobierno. Aquí no se dice a dónde van los fondos, si son para obras o para pagar deudas anteriores; después de todo, no está tan mal, porque si no, las pagan los contribuyentes, aunque las van a pagar igual -así, capaz que uno se quedaría más tranquilo-, o sea que

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estamos firmando un cheque en blanco a cada Intendente. Esto depende de la capacidad, de la credibilidad y de la buena gestión de cada uno de los diecinueve Intendentes del país. Por lo tanto, no es lo mismo que este proyecto de Fondo de Inversión Departamental sea votado para determinado departamento, con una historia de trabajo, de compromiso y de buen manejo de los fondos, que para otro, porque yo no sé si esto se destinará para pagar sueldos de jerarcas, deudas, obras o para qué cosa. Como viene de arriba -un tiempo, porque después hay que pagarlo-, vamos a dar la herramienta a los Intendentes. Creo en la descentralización y que la gestión municipal tiene que estar mucho más fortalecida y no depender tanto de la limosna o del acuerdo puntual que pueda haber con el Gobierno Nacional. O sea que, seguramente, esta herramienta tendrá que ser mejorada, pero igual la vamos a votar para que los Intendentes puedan contar con ella. Insisto en que es un cheque en blanco por seis meses; seguramente, recibirán el dinero a principios del año que viene o, con mucha suerte, a fines de este año. Se trata de cifras importantes para la ciudadanía, que la pagarán los contribuyentes de cada departamento, y capaz que ese dinero que reciba el Intendente -en cuyo control la Junta Departamental no participará- lo tenga que devolver el Intendente que asuma en ocho o diez meses, luego de las elecciones municipales de mayo de 2010. Entonces, en este momento, no me parece sana esta práctica de dar un cheque en blanco, porque se trata de un dinero que no tiene destino asegurado, que puede ir a cualquier lado, y seguramente quien ejecute el gasto no es el que será responsable de devolverlo dentro de unos meses o unos años. Por último, quiero dejar un pensamiento vinculado con esa comparación que se ha hecho, porque cada Diputado -yo también lo he hecho; es válido- aprovechó esta oportunidad para analizar la situación interna de su departamento. Me parece bien que alguien diga que su departamento no necesita el dinero; esto habla bien de su gestión. En todo caso, me parece que la crítica corresponderá luego, para saber si el dinero era necesario o no, pero cuando todo el mundo pide plata para gastar y un departamento dice que no lo necesita, eso habla bien de su gestión, de un buen balance de los números.

Me parece bien que, por suerte, tengamos en nuestro país Intendentes serios y responsables que entiendan que el dinero no les pertenece, que es de los ciudadanos y que, por lo tanto, lo tienen que cuidar más que el propio. Creo que es bueno que de alguna manera acerquemos esta herramienta, aunque no es perfecta y está llena de errores; entendemos el espíritu de este proyecto, pero no su contenido. No quiero dinero para contratar candidatos a Intendentes de otros departamentos que perdieron su elección y darles un techito, como pasó en Canelones con algún candidato a Intendente por otro departamento que se quedó sin nada. Quiero que este dinero realmente vaya a parar a los contribuyentes en forma de obras, en aquellos servicios que están faltando, en los que los Intendentes se han comprometido en sus campañas electorales y muchas veces no cumplieron. En una gestión municipal, seguramente, siempre hay buenas. ¡Malo sería que cuando un Intendente esté por terminar su gestión no tuviera siquiera una obra para mostrar, sobre todo cuando muchas de ellas se hacen con acuerdo del Gobierno Nacional de turno! En nuestros departamentos todos sabemos quiénes han cumplido el mandato de la ciudadanía y quiénes no, y que en estas elecciones internas se han expuesto a la aprobación de la gente y sufrieron un revés importante, porque creo que la ciudadanía tiene más claro que nosotros qué Intendentes cumplieron con su gestión y quiénes no. Seguramente, nos remitiremos a los números. El tema de fondo de Canelones -que seguramente da para mucho- quizás no sea el momento de discutirlo; seguramente, será parte de la campaña electoral municipal. No obstante, creo que el pasado 28 de junio la ciudadanía ya emitió un juicio sobre la gestión del Intendente. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CASÁS.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: sé que el señor Diputado Mahía me quería conceder una interrupción, pero como se le terminó su tiempo no lo pudo hacer.

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Queremos formular dos o tres puntualizaciones vinculadas con la exposición del señor Diputado Mahía. En primer lugar, el señor Diputado dijo que había US$ 25:000.0000 en juicios. Los juicios se contabilizan dos veces en el déficit; en el déficit municipal están incluidos los juicios. En ese sentido, diría que por falta de información no se sabe que en este caso se está contabilizando dos veces ese déficit. A propósito de juicios, podría decir que en estos cuatro años hubo más juicios laborales que en los quince años anteriores y, por primera vez en la historia de la Intendencia Municipal de Canelones, hubo dos juicios en los que la Justicia condenó a la Comuna por violación de los derechos humanos. En segundo término, comparto la forma como desarrolló su exposición el señor Diputado Mahía, sobre todo la discusión de fondo, que es la compleja realidad de Canelones en la relación costos con servicios y la dispersión geográfica que tiene el departamento, por esa cantidad de miles de kilómetros que abarca. Si bien el costo de los servicios es el mismo, la cantidad de ciudadanos beneficiados es mucho menor. En tercer lugar, es verdad que con respecto al alumbrado se ha hecho una obra importante en el departamento. También es cierto que se ha hecho sobre la base de un convenio firmado anteriormente para que la tasa de alumbrado apareciera en la factura de UTE, lo que fue muy criticado. Muchas gracias, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar el señor Diputado Casás. SEÑOR CASÁS.- He finalizado, señor Presidente. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra por una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: pedí la palabra porque esperaba que en la discusión de este proyecto nos centráramos en el texto, en el cuerpo de la iniciativa. Lamentablemente, parece que fuera imposible abstraernos del análisis particular de alguna Intendencia. Como Representante por Canelones no pretendíamos profundizar en este tema, sobre todo porque se trata de un proyecto de ley que comprende a todas

las Intendencias del país, sin entrar en el detalle de juzgar la buena o la mala gestión que pudiera existir en cada Comuna. Creo que tenemos el derecho de hacerlo, pero estamos introduciendo lateralmente una cuestión que no es el objetivo de fondo de este proyecto. Como quien calla otorga, quiero hacer alguna aclaración, porque hemos escuchado afirmaciones del Diputado que nos antecedió en el uso de la palabra. En ese sentido, lo invitamos a que lea el proyecto, porque cuando asevera que no está dispuesto a otorgar un cheque en blanco para que se gaste en contrataciones en cargos a frustrados candidatos, o lo que fuera, creo que no leyó con atención lo que establece esta iniciativa y a qué destina esos fondos. Lo invito a que lo lea, porque ahí está claramente establecido cuál es el objeto de ese Fondo, que no es precisamente pagar contrataciones o nuevos cargos en ninguna Comuna. Entonces, quiero precisar estos conceptos. No rehuiremos el debate de la defensa de la gestión de nuestro Gobierno en la Intendencia Municipal de Canelones, e invitamos a los compañeros legisladores canarios a que demos este debate en el ámbito adecuado, correcto, y no tratemos de introducirlo sesgadamente, porque sin duda estará en la campaña de las elecciones municipales, oportunidad en la que saldremos a debatir con quien sea. Creo que hay gente que hace lecturas miopes de la realidad. En las elecciones internas no se juzgó la figura de un Intendente; lo que hicimos fue definir quién sería el candidato a la Presidencia de la República por cada partido político. Por lo pronto, me parece que aunque está bien, porque hay derecho a ello, se hace una lectura sesgada. Algunas aseveraciones contradicen ciertos datos estadísticos que recientemente se incluyeron en la Rendición de Cuentas de 2008. Si se analiza con atención el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil se advertirá que allí se establece claramente, con respecto a la Intendencia Municipal de Canelones, que ha disminuido la cantidad de funcionarios en el Ejercicio 2008. Al alcance de mi mano tengo los datos que dicen que, por otros motivos, la Intendencia Municipal de Canelones tuvo 106 bajas de funcionarios presupuestados, 67 altas por contratos permanentes, 13 por contratos de función pública no permanente, 227 bajas de contratos de función pública no permanente,

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56 contratos de función no pública nuevos y 85 bajas en 2008. Entonces, cada uno puede ver las cosas de acuerdo con el color del cristal con que las mire. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Yanes) ——Para terminar, quiero decir que aquí cada uno defiende sus ideas y opiniones, pero, para mí, como dice esta frase que figura en el frontispicio de la Sala: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”; el soberano es el pueblo y es el que, en definitiva, va a juzgar la gestión del Gobierno Municipal de Canelones, que no tengo duda en afirmar que ha sido la mejor de los últimos años en materia de devolución en obras para la comunidad. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CASÁS.- Pido la palabra para una aclaración. (Interrupción del señor Representante Souza) SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- No, señor Diputado, es una aclaración, no sabemos de qué. Tiene la palabra el señor Diputado Casás. SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: perfectamente podría pedir la palabra para contestar una alusión porque se ha hablado de miopías; sería bueno que aclarara que tengo astigmatismo, sobre todo en el ojo derecho; la miopía no es un tema que me ataña. Más allá de que recibimos el proyecto hoy en Sala -obviamente, lo leí; no lo pudimos obtener antes; el Partido Nacional tampoco lo tuvo en la sesión del Directorio; lo digo porque hoy alguien preguntaba si era así-, es verdad que hay realidades que rompen los ojos, más allá de mi miopía, de mi astigmatismo o del motivo por el cual uso lentes: si yo, dentro de mi presupuesto, destino $ 1.000 para pagar la luz, bien puedo utilizar para pagar otras cosas el dinero que tenía destinado a esos efectos. Entonces, los rubros y los fondos se pueden usar de mil maneras. Hay formas y formas de plantearlo, pero a todos nos queda el espíritu de fondo: hay Intendencias que han administrado muy bien sus dineros y otras con respecto a las cuales tenemos severos reparos. Comparto lo de la discusión municipal; con mucho gusto la vamos a dar. Simplemente quiero decir que no evitamos ningún tema, que nos hacemos responsables de las cosas que hemos dicho y que no se trata de miopía, sino de la visión que cada uno tiene…

(Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Solicito al señor Diputado que no genere con sus comentarios ningún tipo de réplica; no puede aludir y lo está haciendo reiteradamente. Lo dejamos pasar dos veces, pero le pido que colabore con la Mesa. Puede continuar el señor Diputado. SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: dejamos sentado lo de la miopía, que era lo que correspondía. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: antes que nada quiero aclarar que no me voy a referir a mi departamento de Montevideo ni a las gestiones de esta ni de las anteriores Administraciones de la Intendencia capitalina. Respeto la autonomía municipal; lo he dicho muchas veces en esta Sala. Creo que tenemos legisladores departamentales para discutir esos temas y, por lo tanto, no nos corresponde hacerlo a los legisladores nacionales, en Cámara. Sí voy a intentar centrar la discusión en este proyecto de ley. Esta iniciativa consiste en la creación de un Fondo de Inversión. Por lo que he escuchado en Sala, algunos de los señores Diputados que hablaron anteriormente no leyeron el proyecto; si lo hubieran leído no podrían haber hecho las apreciaciones que realizaron. ¿Cuál es el sistema con el que va a funcionar este Fondo de Inversión? El Poder Ejecutivo va a aportar, aproximadamente, US$ 5:000.000 por año durante diez años. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Arregui) ——Conclusión: es el Poder Ejecutivo el que invierte en el Fondo, y ese monto no se le va a devolver. El Poder Ejecutivo invierte US$ 5:000.000 por año, y a partir de ese flujo futuro garantizado se podrá negociar la emisión de títulos por el total del mismo al valor actual neto al momento de la emisión. Hay preocupación respecto a lo que se hará en la campaña electoral de este año, pero debemos tener en cuenta que durante las dos próximas Administraciones, el conjunto de las Intendencias va a recibir US$ 5:000.000 por año. Además, cada vez que utili-

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cen parte de ese Fondo, que es colectivo y que se distribuirá según una proporción que el Congreso de Intendentes ha aprobado, se va a generar la posibilidad de que vuelvan a usarlo. O sea que no es un préstamo en sentido estricto, tal como se conoce, porque al mismo momento en que se utiliza el Fondo y uno se compromete a devolverlo, mientras lo devuelve tiene la posibilidad de recurrir a él nuevamente. Estos US$ 50:000.000 o US$ 40:000.000 en valores netos que el Gobierno central va a transferir a este Fondo durante diez años, será un patrimonio independiente de los Gobiernos Departamentales y del Poder Ejecutivo, por lo que va a abarcar a las Administraciones municipales futuras, a la que está terminando y a las que comenzarán en julio de 2010 y en julio de 2015, y así sucesivamente. No está destinado a un Gobierno departamental en particular porque está en un problema, sino que tiene una forma muy clara y determinada en cuanto a su destino, para el conjunto de los Gobiernos Departamentales, a fin de que se utilice en infraestructura municipal y para cancelar deudas con organismos públicos. ¿Por qué para cancelar deudas con organismos públicos? Porque las deudas con los organismos públicos tienen costos financieros importantes y esto ayuda a que las Intendencias no los tengan. Entonces, creo que estos dos temas, de alguna manera, salvan el aspecto de la presunta inconstitucionalidad que pudiera plantearse, no aquí, sino ante la Suprema Corte de Justicia. No es, como dice el inciso segundo del artículo 301 de la Constitución, otro tipo de préstamo, que necesita la aprobación de la Junta Departamental, ya que esto no es un préstamo, sino la participación en un Fondo de Inversión. Se obtienen recursos de ese Fondo, se reintegran los dineros y, al mismo tiempo, se tiene la opción de recurrir nuevamente a él. Desde el inicio de este Gobierno ha habido una gran diferencia con Administraciones anteriores, y diría que desde antes. Recuerdo una reunión del Congreso de Intendentes, de diciembre de 2004, en la ciudad de Colonia, cuando se plantearon estos temas a quien había sido designado como futuro Ministro de Economía y Finanzas. En aquel momento ya se había tomado una resolución y el futuro jerarca quedó comprometido a trabajar para llegar a lo que luego fue el Presupuesto quinquenal y su forma de distribución. Yo reitero que es por primera vez en la historia que se hace un acuerdo entre el Congreso de Intendentes,

en la Comisión Sectorial que prevé el artículo 230 de la Constitución, y el Poder Ejecutivo, sobre cuál va a ser el porcentaje, el monto a distribuir del Presupuesto Nacional para los Gobiernos departamentales. Y para quien dijo que esto no se inventó, debo decir que sí, que se inventó y que se aplicó por primera vez en 2005, y bastante molestia causó en algunos Diputados, que querían mantener la posibilidad de negociar en forma individual en favor de sus departamentos y no en forma colectiva, tal como resolvió el Congreso de Intendentes. Recordemos que esto se comenzó a conversar mientras se preparaba el Presupuesto, antes de mayo de 2005, y en ese momento el Congreso de Intendentes tenía un solo representante del Partido de Gobierno. Luego, en mayo se confirmó que iban a ser ocho, pero recién asumieron en julio. Todo esto fue un proceso colectivo en el cual la solidaridad entre las Intendencias y la jerarquización del Congreso de Intendentes, establecida por la Constitución, adquirieron real importancia. Entonces, discutamos sobre esto. Este es un Fondo de Inversión que, en forma de una transferencia, hace un aporte del Gobierno Nacional a los Gobiernos Departamentales en pagos sucesivos durante diez años, que esta y las dos siguientes Administraciones municipales de los diecinueve departamentos, sin ninguna exclusión, podrán usar en función de los parámetros que el propio Congreso de Intendentes acordó por unanimidad. Cuando algunos Intendentes dicen que no lo van a utilizar, realmente me asombro, porque uno de ellos fue el primero en salir, hace unos meses, a pedir colaboración por los efectos de la sequía en su departamento. Claro que cuando la sequía se extendió por todo el país y había que asistir a las diecinueve Intendencias ya no interesaba la asistencia del Gobierno Nacional; habría convenido si hubiera sido solamente para esa Intendencia. Como no era para ella sola y ya no corre aquello de que la solidaridad empieza por casa, entonces, deja de interesarnos. Por otra parte, a los que están muy preocupados por que esto pueda dejar deudas a la próxima Administración municipal, les digo que recuerden que esto tiene carácter permanente y podrá ser reutilizado en función de los cumplimientos de los compromisos de inversión en el propio Fondo. Muchas gracias.

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SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión particular. SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BRENTA.- Señor Presidente: solicito que se suprima la lectura de todo el articulado y que se voten en bloque los artículos 1°, 2°, 5°, 8°, 9° y 11, desglosándose los restantes. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar si se suprime la lectura y si se votan en bloque los artículos mencionados. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA. Se van a votar en bloque los artículos 1°, 2°, 5°, 8°, 9° y 11. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 3°. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: quiero hacer una precisión con respecto a la redacción. En este artículo se hace referencia al literal D) del artículo 123 de la Ley N° 16.713, y habría que agregar “en la redacción dada por el artículo 6° de la Ley N° 17.202”. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3° con el agregado propuesto. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 4°, que tiene un sustitutivo al literal B) presentado por los señores Diputados Asti, Tajam, Brenta, Mujica y Pérez González. Léase el sustitutivo al literal B) del artículo 4°.

(Se lee:) “Literal B) La suscripción por parte de los Intendentes Municipales, de Compromisos de Inversión en el Fondo equivalentes a los recursos solicitados”. ——En discusión. SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: primero habría que votar negativamente el artículo en su redacción original. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente: vamos a votar todo el artículo, exceptuando el literal B), y luego consideraremos este último. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4°, exceptuando el literal B). (Se vota) ——Cincuenta y siete en sesenta y uno: AFIRMATIVA. Ahora vamos a poner a votación el literal B) del artículo 4°, tal como viene en el proyecto del Poder Ejecutivo, y en función del resultado se someterá o no a votación el sustitutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal B) del proyecto tal como vino del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cero en sesenta: NEGATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo al que se dio lectura. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 6°, que tiene un sustitutivo al literal D) presentado por los señores Diputados Asti, Tajam, Brenta, Mujica y Pérez González. Léase el sustitutivo. (Se lee:) “Artículo 6°.- Agrégase al artículo 481 de la Ley N° 17.930 del 19 de diciembre de 2005, el siguiente literal:.- D) En cuarto lugar, los montos correspondientes a los Compromisos de Inversión

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que los Intendentes Municipales hayan suscrito con el Fondo de Inversión Departamental”. ——En discusión. El procedimiento a aplicar es el siguiente: se va a votar el artículo 6° tal cual viene del Poder Ejecutivo, y en función del resultado se someterá o no a votación el sustitutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6° del proyecto original. (Se vota) ——Cero en cincuenta y ocho: NEGATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo al literal D) del artículo 6° al que se dio lectura. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 7°, que tiene un sustitutivo presentado por los señores Diputados Asti, Tajam, Mujica, Brenta y Pérez González. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en el literal B) del artículo 4° se agregó “por parte de los Intendentes Municipales” y en el artículo 6° se sustituyó la expresión “Gobiernos Departamentales”; aquí también debería cambiarse la frase “Cada Gobierno Departamental”. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Voy a solicitar que se dé lectura al sustitutivo del artículo 7°, al que se incorporan varios aspectos más a los inicialmente propuestos. Léase. (Se lee:) “Artículo 7°.- Cada Gobierno Departamental tendrá derecho a suscribir Compromisos de Inversión en el Fondo por hasta los siguientes porcentajes de las disponibilidades iniciales, que se conformen a partir de los aportes establecidos en el artículo 10 de la presente ley.- Artigas 4,26%.Canelones 7,57%.- Cerro Largo 4,37%.- Colonia

3,67%.- Durazno 3,85%.- Flores 2,09%.- Florida 3,39%.- Lavalleja 3,32%.- Maldonado 5,94%.Montevideo 25,00%.- Paysandú 4,83%.- Río Negro 3,56%.- Rivera 3,99%.- Rocha 3,77%.- Salto 5,11%.- San José 3,14%.- Soriano 4,01%.- Tacuarembó 4,72%.- Treinta y Tres 3,44%.- Si cualquiera de los Intendentes Municipales no suscribiese el Compromiso de Inversión correspondiente dentro de los treinta días de notificado de las existencias de disponibilidades, el saldo no distribuido podrá ser reasignado manteniendo la relación porcentual entre las restantes intendencias”. ——En discusión. SEÑOR CASÁS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: quiero hacer una consulta a los redactores del artículo sustitutivo. Si no entendí mal -tal vez por lo de la miopía- esto significaría que si un solo Gobierno firmara el acuerdo y los demás no, el Fondo podría ser utilizado, dentro del porcentaje que le corresponde, en su totalidad. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: efectivamente, ese es el criterio correcto. Si dieciocho Intendencias no utilizaran el Fondo, de acuerdo con el inciso final correspondería reasignar, manteniendo la relación de las distintas Intendencias, en este caso el 100% de este Fondo. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º tal como viene del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Uno en cincuenta y nueve: NEGATIVA. Se va a votar el artículo sustitutivo. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

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En discusión el artículo 10, que no fue mencionado en la propuesta realizada por el señor Diputado Brenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: sí habíamos solicitado desglosar el artículo 10, porque también habría una corrección de redacción. Se hace referencia al Inciso 24, cuyo nombre actual es “Diversos Créditos” y no “Obligaciones Generales del Estado”. Por lo tanto, solicitamos que se vote el artículo con el nombre correcto de ese Inciso 24. La norma está bien determinada, pero con un nombre erróneo. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10, con la modificación propuesta por el señor Diputado Asti. (Se vota) ——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR BRENTA.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en sesenta: AFIRMATIVA. (Texto del proyecto aprobado:) Artículo 1º.- Créase el Fondo de Inversión Departamental, como un patrimonio de afectación separado e independiente, con destino a asistir financieramente a los Gobiernos Departamentales en: A) Sus actividades destinadas a la mejora de las infraestructuras departamentales. B) La reestructuración de deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay, entes autónomos y servicios descentralizados. C) La cancelación de obligaciones que fueran contraídas por el Fondo para atender los objetivos anteriores. Artículo 2º.- El Fondo de Inversión Departamental se integrará con: A) Las inversiones que realicen y los recursos que vuelquen en el mismo los Gobiernos Departamentales.

B) Los aportes provenientes de Rentas Generales que se dispongan por ley. C) Los ingresos de cualquier naturaleza que se deriven de su administración. Artículo 3º.- El Fondo de Inversión Departamental será administrado por un fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, que designará el Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo creado por el artículo 11 de la presente ley, a quien mediante el contrato de fideicomiso correspondiente se trasmitirá la propiedad fiduciaria de los recursos actuales y futuros del Fondo. A los efectos del cumplimiento de sus objetivos el fiduciario podrá depositar, ceder, colocar, ofrecer en garantía y securitizar en todo o en parte los recursos actuales y futuros del Fondo, así como realizar todas las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para la eventual ejecución de las garantías que le sean constituidas, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones previstos en la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, modificativas y concordantes. En el caso en que se proceda a la securitización de los recursos provenientes de Rentas Generales, el Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas legales y reglamentarias que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y que estuvieren vigentes al momento de suscribirse los valores correspondientes. Los valores emitidos con el respaldo del Fondo podrán ser adquiridos por las Sociedades Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional dentro de los márgenes establecidos por el literal D) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999, cualquiera sea la forma prevista para su oferta en el correspondiente contrato constitutivo del fideicomiso financiero. Artículo 4º.- El acceso a los recursos del Fondo de Inversión Departamental por parte de los Gobiernos Departamentales estará sujeto a: A) Las disponibilidades del Fondo. B) La suscripción por parte de los Intendentes Municipales de Compromisos de Inversión en el Fondo, equivalentes a los recursos solicitados. C) Estar al día en el cumplimiento de los Compromisos de Inversión anteriormente suscritos.

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D) La constitución de garantías suficientes de cumplimiento de los Compromisos de Inversión. Artículo 5º.- Autorízase a los Intendentes Municipales a constituir en garantía del cumplimiento de las obligaciones con el Fondo, la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, dando cuenta a la Junta Departamental. Artículo 6º.- Agrégase al artículo 481 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el siguiente literal: “D) En cuarto lugar, los montos correspondientes a los Compromisos de Inversión que los Intendentes Municipales hayan suscrito con el Fondo de Inversión Departamental”. Artículo 7º.- Cada Gobierno Departamental tendrá derecho a suscribir Compromisos de Inversión en el Fondo por hasta los siguientes porcentajes de las disponibilidades iniciales, que se conformen a partir de los aportes establecidos en el artículo 10 de la presente ley: Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres 4,26% 7,57% 4,37% 3,67% 3,85% 2,09% 3,39% 3,32% 5,94% 25,00% 4,83% 3,56% 3,99% 3,77% 5,11% 3,14% 4,01% 4,72% 3,44%.

diente dentro de los treinta días de notificado de las existencias de disponibilidades, el saldo no distribuido podrá ser reasignado manteniendo la relación porcentual entre las restantes Intendencias Municipales. Artículo 8º.- Los Gobiernos Departamentales podrán ceder, total o parcialmente, sus derechos a la suscripción de Compromisos de Inversión con el Fondo en beneficio de otro Gobierno Departamental, comunicándolo al Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo, creado por el artículo 11 de la presente ley. Artículo 9º.- Los ingresos que obtengan los Gobiernos Departamentales del Fondo serán inembargables y no podrán ser cedidos ni ser objeto de transacción judicial o extrajudicial alguna. Artículo 10.- Establécese un aporte de Rentas Generales al Fondo que se crea por la presente ley, por la suma de 62.526.000 UI (sesenta y dos millones quinientas veintiséis mil unidades indexadas) anuales, durante un plazo de diez años. A esos efectos la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes en el Inciso 24 “Diversos Créditos”. Artículo 11.- Créase un Comité Interinstitucional de Seguimiento del Fondo integrado por dos representantes del Congreso de Intendentes, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. El Comité estará habilitado a dar instrucciones al fiduciario en relación a la administración del Fondo, sin perjuicio de lo pactado en el contrato respectivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley”.

21.- Urgencias.
——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por el señor Diputado Bernini. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto ‘Sistema de Negociación Colectiva. (Creación)'”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en sesenta: AFIRMATIVA.

Si cualquiera de los Intendentes Municipales no suscribiese el Compromiso de Inversión correspon-

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22.- Sistema de Negociación Colectiva. (Creación).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Sistema de Negociación Colectiva. (Creación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1085 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Montevideo, 15 de octubre de 2007. Señor Presidente de la Asamblea General Don Rodolfo Nin Novoa El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un proyecto de ley en los términos que se detallan a continuación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley sobre sistema nacional de negociación colectiva cumple con compromisos internacionales asumidos por nuestro país, al significar un instrumento de promoción de la negociación colectiva en todos sus niveles. El sistema propuesto se ajusta al documento oportunamente presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en enero de 2007, sobre la base de tres “pisos” o niveles: el salario mínimo nacional, la negociación por rama de actividad y la negociación en el nivel de la empresa. Las relaciones colectivas de trabajo, tal como tradicionalmente se las entiende, conforman una tríada compuesta por la organización sindical, la negociación colectiva y el conflicto. En nuestro caso, durante el transcurso histórico, el sistema fue asentándose en una serie de tradiciones, valores y estilos que lo diferenciaron fuertemente de otros sistemas latinoamericanos, en particular, en lo referente a un marcado abstencionismo legislativo, y una consiguiente y persistente afirmación de la autonomía colectiva. Un “modelo” así configurado fue motivo de profusas investigaciones y estudios en medio de un contexto continental signado por un decidido intervencionismo estatal, que a menudo modulaba y mediatizaba las relaciones colectivas de trabajo al albur de las pretensiones del actor gubernamental. Sin embargo, la consolidada visión nacional sobre la necesidad de preservar estos espacios de autonomía había mostrado algunas deficiencias y debilida-

des, ya anotadas por una misión de la Organización Internacional del Trabajo que realizó un estudio en la segunda mitad del decenio de 1980. En esa oportunidad, una caracterizada representación técnica de ese organismo, integrada por Arturo Bronstein, Efrén Córdova y Oscar Ermida Uriarte, habían señalado que era necesario introducir ciertos ajustes al “modelo”, básicamente, estableciendo algunos procedimientos para la negociación colectiva y acordando mecanismos de protección a la actividad sindical que cumplieran con el designio del artículo 1º del Convenio Internacional número 98. El Gobierno ha compartido ese punto de vista y, en ese orden, remite ahora el proyecto de ley sobre negociación colectiva. En síntesis, se trata en este proyecto de activar una normativa que ponga en manos de los actores de las relaciones laborales una serie de procedimientos para posibilitar la negociación en los diversos niveles en un marco de seguridad jurídica, procediendo de paso a ajustar y actualizar la Ley Nº 10.449 sobre Consejos de Salarios, que constituyó hasta el momento el único sostén institucional de la negociación colectiva en su faz salarial. A su vez, en el capítulo final, y coherente con la idea general que preside el proyecto en su conjunto, se establecen procedimientos en materia de prevención y solución de conflictos, dando preeminencia a los acordados y adoptados en forma bipartita. El proyecto se abre con un capítulo de principios y derechos fundamentales de la negociación colectiva. Se trata de un cuerpo normativo que fija los aspectos fundamentales y que determina el sentido general y el valor que representa la negociación en un sistema pluralista y democrático. Como no podía ser de otra manera, el artículo1º, siguiendo la matriz constitucional del artículo 72, deja abierta la enumeración de los derechos que se consagran a texto expreso, a otros derechos fundamentales que internacionalmente se encuentren reconocidos. Hay en este punto una referencia ineludible a los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos laborales, que de acuerdo a su formulación doctrinal y jurisprudencial se denomina “bloque de constitucionalidad”. Los artículos 2º y 3º, sobre derecho a la negociación colectiva y deber del Estado de promoción y garantía, tienen su fuente de inspiración en los Convenios Internacionales del Trabajo números 98 (artículo 4º) y 154 (artículo 2º), ratificados por Uruguay en 1953 y 1989 respectivamente. Se trata de dos normas nodales, en razón del reconocimiento de la

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negociación como un derecho fundamental, por un lado, y por establecer la correlativa obligación del Estado en la promoción y garantía de ese derecho. Además de las normas provenientes de la OIT que vienen de mencionarse, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo está también consagrada en instrumentos tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (XXII), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (artículo 7º), la Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículo 45) y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (artículo 10). El artículo 4º reproduce parcialmente la Recomendación número 163 de la OIT sobre negociación colectiva, con ajustes inevitables a efectos de darle un giro prescriptivo como para hacer de ella una norma jurídica operativa y eficaz. En su inciso segundo, y para sellar la buena fe en las relaciones colectivas, se establece el intercambio de consultas entre los actores, con un cierre final que explicita la obligación de reserva imprescindible para dar seguridad en el manejo responsable y maduro de esos intercambios. El artículo 5º, sobre comunicación y consulta entre los actores, tiene también su origen en normas internacionales del trabajo. En concreto, las normas de la OIT proporcionan algunos principios de interés para un sistema como el que se consagra en el presente proyecto. En particular, la Recomendación número 113 sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional) refuerza los principios y derechos referidos a la información, la consulta y la participación, por lo cual se ha optado por transcribir una de sus disposiciones, con los ajustes necesarios para adaptarla a las condiciones nacionales, razón por la cual se sustituye el término “cooperación” por “comunicación”, siguiendo en lo demás prácticamente el orden normativo internacional referido. El artículo 6º, sobre formación para la negociación, sigue también las Recomendaciones internacionales, en este caso, la número 163 de la OIT. Se trata de una formulación que atiende a las particularidades que presenta la negociación colectiva en el actual contexto productivo, que comprende una serie variopinta de temas que requieren un conocimiento y ductilidad de parte de los actores que antes no era menester. La disposición comienza y termina con una apelación a la autonomía sectorial, pero en su inciso segundo establece la obligación de las autoridades públicas de prestar colaboración en la formación de los negociadores. Se trata de una norma destinada a

constituirse en un instrumento fundamental, en tanto muchas veces el fracaso de una negociación, y hasta el conflicto, se explican por la incomprensión de las partes acerca de ciertos datos o percepciones de la realidad que mediante una formación adecuada puede superarse. El capítulo II del proyecto aborda el primero de los niveles de negociación, que es el del Consejo Superior Tripartito. En este caso, se da sustento legal a un órgano que ha sido sustancial para el andamiaje de las últimas convocatorias a los Consejos de Salarios, caso en que alcanzó un margen de acuerdos casi total para la conformación de los grupos de actividad, en acuerdo posteriormente recogido por decreto del Poder Ejecutivo. La rica experiencia participativa y de diálogo social en materia laboral que el Consejo Superior Tripartito ha significado, da razones suficientes para consagrarlo como “órgano de coordinación y gobernanza” de las relaciones laborales, según se dice en el artículo 7º. Nótese que el término “gobernanza”, inédito hasta el momento en el derecho positivo nacional, refuerza la filiación del proyecto a las elaboraciones y aportes venidos de la Organización Internacional del Trabajo, órgano en el cual “gobernanza” compone parte del discurso sobre la dirección fundamental de las políticas laborales. En su desarrollo, el capítulo recoge en líneas generales lo que ha sido el funcionamiento del Consejo Superior Tripartito en su formulación reciente, dando rango legal a muchas de las prácticas y regulaciones que el propio órgano se ha dado. El artículo 8º mantiene su integración tripartita no paritaria, y el artículo 9º establece el quórum necesario en dos convocatorias, prescribiendo en su inciso final la modalidad de adopción de decisiones. El artículo 10 prevé las competencias del Consejo. En este punto, se establecen algunas innovaciones que resulta de interés reseñar, y que van en la dirección del carácter de la gobernanza de las relaciones laborales que ostenta el Consejo. Básicamente, deben señalarse tres cuestiones que revelan la importancia que se asigna al Consejo. En primer lugar, en el literal b) se prescribe que deberá efectuar la clasificación de actividades a los efectos de la negociación tripartita, lo que se traduce en que asume como propia una tarea que hasta el momento era meramente consultiva. En segundo término, por el literal d) se le otorga una potestad amplia, en la medida que podrá “considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipar-

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tita”, con lo cual el Consejo, situado en la cabeza del sistema, deberá tener una mirada omnicomprensiva del fenómeno de la negociación colectiva en todas sus dimensiones. Por último, y en una nueva consideración hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales que este proyecto comporta, el literal a) permite que el Consejo se expida “en forma previa”, sobre el “establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva”. La redacción remite a disposiciones del Convenio Internacional número 131 de la OIT, sobre política de salarios mínimos, imponiendo la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con mecanismos de consulta previa para el caso de la fijación del salario mínimo nacional. El proyecto supera así la observación de que era objeto nuestro país por parte de los órganos de contralor de la OIT (Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo), que reiteradamente habían manifestado que no se cumplía con lo dispuesto por el Convenio 131 en razón que las autoridades públicas no consultaban a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores para el caso del establecimiento, aplicación y modificación de los salarios mínimos. En cuanto al nivel por grupo o sector de actividad, se mantienen dos instrumentos: los Consejos de Salarios y la negociación colectiva bipartita. Se introducen las siguientes modificaciones a la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943. Primero, se establece la convocatoria preceptiva de los Consejos, cuando así sea solicitado por las organizaciones representativas de las partes. Segundo, los delegados de los actores sociales se designan en consulta con las respectivas organizaciones más representativas, recogiendo así el modelo de las convocatorias de 1985 y de 2005. Tercero, la competencia de los Consejos de Salarios se ajusta a lo previsto en el artículo 83 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, abarcando las condiciones de trabajo, ampliando así los posibles contenidos de la negociación, asumiendo también la experiencia de las diversas convocatorias. Cabe recordar que estos órganos tripartitos también tienen competencia en materia de reglamentación de la licencia sindical, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.940.

Las decisiones de los Consejos de Salarios tendrán efecto una vez que sean publicadas por parte del Poder Ejecutivo. En la negociación bipartita, el capítulo IV prevé la negociación en el nivel de la empresa y en el de sector de actividad. El principio es la libertad sindical y la autonomía colectiva, de conformidad con el Convenio internacional número 154 sobre la negociación colectiva (1981) y la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Sobre los sujetos del convenio colectivo, el concepto de la organización más representativa se ajusta a los criterios de la OIT. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior. Se modifica, así, el artículo 1º de la Ley Nº 13.556, de 26 de octubre de 1966. Asimismo, el artículo 16 otorga eficacia general y aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo al convenio colectivo de rama de actividad celebrado por las organizaciones más representativas, una vez que sea registrado y publicado por parte del Poder Ejecutivo. El artículo 17 regula la vigencia de los convenios colectivos, basándose en la autonomía de las partes. El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario. El capítulo V (artículos 18 a 24) del presente proyecto de ley viene a complementar el sistema de negociación regulado en los capítulos anteriores, instituyendo un régimen de prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo basado en la autonomía colectiva. La solución contenida por el texto proyectado se encuentra en consonancia con la previsión emanada del Convenio número 154 (sobre fomento de la negociación colectiva, 1981), en cuanto concibe los mecanismos de solución de conflictos dentro del marco de la promoción y fomento de la negociación colectiva (reza el artículo 2º, literal ”e” del citado convenio: “los órganos y procedimientos de solución de los conflic-

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tos colectivos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva”). A su vez, siguiendo las directivas emanadas de la Recomendación número 92 (sobre conciliación y arbitraje voluntario, 1951), prevé que las partes, sin perjuicio de la competencia que en materia de conciliación y mediación se atribuye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberán en ejercicio de la autonomía colectiva establecer procedimientos autónomos de prevención y solución de conflictos; así como la posibilidad de que empleadores y sus organizaciones y las organizaciones sindicales recurran a la mediación y conciliación voluntaria. Por último, recogiendo la solución ya dada por el Decreto 165/006 de 30 de mayo de 2006, se contemplan las situaciones de ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, y las facultades que se otorgan para los casos en que proceda la desocupación de los locales ocupados. El artículo 18 reafirma las competencias que, en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo, posee el Ministerio de Trabajo y Seguridad social. Se establece (artículo 19) que los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores, podrán acordar mecanismos de prevención y solución de conflictos. Además de tener como guía la recomendación y el convenio antes referido, se recoge la práctica reflejada en muchos de los acuerdos arribados en el ámbito de los Consejos de Salarios, que contienen cláusulas relativas a la prevención y solución de conflictos colectivos. Los procedimientos que pueden establecer las partes van desde la comunicación de información y consulta a instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario. Se establece, a su vez, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con la finalidad de fomentar y promover dichos procedimientos. La disposición contenida en el artículo 20 otorga a las partes la facultad de recurrir a los mecanismos de mediación y conciliación voluntaria ante la DINATRA o del Consejo de Salarios respectivo, ante los cuales se seguirá una instancia con un plazo prudencial de extensión.

El artículo 21 reitera (con modificaciones) el texto del artículo 4º del Decreto Nº 165/006 de 30/V/2006, referido a la ocupación de los lugares de trabajo. Igual ocurre con la redacción dada al artículo 22, en la cual se toma íntegramente y sin modificación alguna, el texto del artículo 5º de dicho decreto. Esta disposición establece que, durante la ocupación de los lugares de trabajo, no se suspenden las instancias de negociación, conciliación o mediación que se lleven adelante o que se constituyan con posterioridad a la adopción de esa medida por los trabajadores. Lo mismo acontece con la disposición contenida en el artículo 23, que recoge el artículo 6º del decreto citado, agregando la expresión “interés general”. Aquí se regulan las facultades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el ramo de actividad de que se trate, para proceder a intimar y solicitar la desocupación inmediata, mediante la fuerza pública, de la empresa, establecimiento o institución ocupados. Finalmente, el artículo 24, reproduce el texto del artículo 8º del ya citado decreto y se refiere al procedimiento de notificación de la intimación administrativa previa a la desocupación de los locales ocupados. Saludamos a ese alto Cuerpo con la más alta estima y consideración. TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI. PROYECTO DE LEY PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Artículo 1º. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Artículo 2º. (Derecho de negociación colectiva).En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas. Artículo 3º. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

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Artículo 4º. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación. Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva. Artículo 5º. (Comunicación y consulta).- La comunicación y consultas entre las partes deberá tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida. Tal comunicación y consultas deberán tener como objetivo, en particular: a) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo; b) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i) la preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses; ii) la creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales; y iii) la elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social. Artículo 6º. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los ni-

veles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada. A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten. El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada. La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva. II CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO Artículo 7º. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno. Artículo 8º. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores, y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. Artículo 9º. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes, en cuyo caso será preceptiva. Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del cincuenta por ciento de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el cincuenta por ciento de los integrantes del Consejo. Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes. Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito: a) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por pro-

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cedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación. b) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito. c) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita; d) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita; e) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales. III NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita. Artículo 12. (Competencia).- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: “Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registrados y publicados por parte del Poder Ejecutivo. En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo

dentro de los quince días de presentada la petición. No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector”. Artículo 13. (Designación de delegados).- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: “El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes. El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente. El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad. En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste proponga”. IV NEGOCIACIÓN COLECTIVA BIPARTITA Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos, un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior. Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, em-

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presa, establecimiento, o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo. Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia. El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario. V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo. Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior. Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y sí así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (ar-

tículo 20 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943). Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas. Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes. Artículo 21. (Ocupación de los lugares de trabajo).- La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo deberá realizarse en forma pacífica: a) Inmediatamente de producida la ocupación se deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles. b) La organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, deberá adoptar las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata, en caso de producirse, los actos de violencia. c) Deberán adoptarse medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación o la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa. d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país. Artículo 22. (Mantenimiento de las instancias de negociación y mediación).- La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo no suspende ni interrumpe las instancias de negociación, conciliación o mediación en curso, o que se constituyan con posterioridad de producirse dicha medida sindical. Artículo 23. (Facultades).- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas; bajo apercibimiento del uso de la

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fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada. Transcurrido el plazo previsto, sin que se haya producido la desocupación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo de los ocupantes. Procede esta facultad cuando, fracasados los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos, la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare seriamente el orden público o el interés general. Artículo 24. (Notificaciones).- La notificación de la intimación administrativa se realizará en la persona de la organización representativa de los trabajadores y por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado. En todo caso, deberá ser notificado el respectivo Consejo de Salarios en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Montevideo, 15 de octubre de 2007. EDUARDO BONOMI”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: el proyecto de ley sobre sistema de negociación colectiva que se presenta al plenario de la Cámara viene precedido de un profuso debate público, académico y sectorial, al que no hace falta hacer referencia. Pero a modo de introducción a lo sustancial de este informe, debemos recordar que la Comisión de Legislación del Trabajo ha ocupado muchas de sus sesiones recibiendo delegaciones del mundo empresarial, de organizaciones de trabajadores y del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República. Todos han tenido oportunidad de manifestar su parecer, sus observaciones, sus críticas y sus acuerdos. Todos han hecho aportes significativos, muchos de los cuales hemos tenido en cuenta a los efectos de la confección final del proyecto que se pone a consideración de la Cámara. Reconocemos que, en el curso de esas reuniones, el proyecto ha cambiado debido a que la Comisión ha sido sensible a la opinión de los

interlocutores sociales y al punto de vista de la Universidad de la República. En el cuerpo de este informe daremos cuenta puntualmente de cada uno de esos cambios, que deben mirarse como un singular esfuerzo por mejorar técnicamente el proyecto y por operar en una aproximación de los pareceres de los actores sociales involucrados. Hasta el propio Presidente de la República, en consulta con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ha expresado su opinión al respecto y se manifestó proclive a modificar el proyecto en procura de atender algunas demandas de los empleadores. Digamos desde ya que ha solicitado se deje sin efecto toda la regulación referente al derecho de huelga en su modalidad de ocupación de los lugares de trabajo, lo que se hizo en la Comisión de Legislación del Trabajo, con las formalidades parlamentarias correspondientes, el 10 de junio pasado. Yendo sin más dilación al centro mismo de nuestro informe, debemos decir que el proyecto de ley sobre sistema de negociación colectiva para el sector privado no constituye una iniciativa que surja de una idealización hecha por el legislador ni de un trabajo de gabinete ajeno a las prácticas y tradiciones de nuestras relaciones laborales, sino que tiene profundos y conocidos antecedentes en los usos seguidos entre 1985 y 1990 y desde 2005 en adelante, últimos períodos en que los Gobiernos tomaron las medidas de incentivo de la negociación a que están obligados en virtud de compromisos internacionales y en cumplimiento de derechos fundamentales de las personas y de los grupos sociales. Todo el cuerpo normativo que nos corresponde presentar se funda en las normas internacionales del trabajo y, en muchos casos, llega a tal punto la identificación con los convenios y las recomendaciones de la OIT, que el proyecto transcribe casi literalmente algunas disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes. Hemos entendido que esa es la mejor forma de ajustar nuestro sistema de relaciones laborales a las directivas y obligaciones con las que estamos comprometidos como Estado parte y fundador de la OIT. Nuestro país ha sido, además, uno de los que más convenios ha ratificado, y partes muy importantes de sus relaciones colectivas de trabajo se regulan por la sola referencia a las normas internacionales. Basta pensar, por ejemplo, en la significación que en nuestro medio tiene el Convenio Internacional Nº 87,

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sobre libertad sindical, norma angular de nuestro ordenamiento a falta de una reglamentación de la vida sindical. La libertad sindical se basa en las normas internacionales, y nuestro país siempre ha sido un celoso guardián de la autonomía de los sujetos colectivos de las relaciones laborales. Esta tan “afiatada” presencia de las normas internacionales se había denotado insuficiente en otros ámbitos de las relaciones colectivas del trabajo, como por ejemplo en materia de protección de la actividad sindical. En ese caso, la jurisprudencia y la administración del trabajo no reconocían que la readmisión del trabajador era la solución más adecuada para el caso de despido u otro tipo de discriminación en razón de la actividad sindical. En consecuencia, y como respuesta a esta inexplicable omisión, este Parlamento debió dictar la Ley N° 17.940, que determinó la solución perfecta para el caso de discriminación, o sea, la readmisión del trabajador en su lugar de trabajo. Por no haber adoptado una norma que acogiera este grado de garantía, nuestro país fue observado reiteradamente por los organismos de contralor de la OIT, que aducían que no se cumplía con la adecuada protección a la actividad sindical establecida en el artículo 1° del Convenio Internacional N° 98. Quiero recordar ahora que lejos de apoyar esta elemental norma sobre derechos humanos, muchos auguraron una ola de reclamos contra las empresas y también el retiro de los inversionistas, en una argumentación de ecos recientemente escuchados. Nada de ello ha ocurrido: el ordenamiento jurídico ganó con una norma protectora; las personas han podido ejercer sus derechos fundamentales en todo Estado de derecho y las empresas siguieron creciendo, invirtiendo y produciendo como nunca antes habían podido hacerlo. Había otro rasgo de nuestra legislación que merecía ser completado y desarrollado. Nos referimos a la necesidad de regular algunos aspectos básicos de la negociación colectiva, puesto que existen algunas lagunas o vacíos que deben colmarse y, además, nuestro país debe cumplir con ciertas obligaciones que determinan el fomento de la negociación colectiva. Así, en concreto, el Convenio Internacional N° 98 sobre derecho a la actividad sindical y a la negociación colectiva impone a los Estados que deben adoptar medidas -dice textualmente- “adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. En cumplimiento de esta obligación básica y elemental de estimular y fomentar la negociación colectiva, el Gobierno toma en consideración tres elementos para la confección del presente proyecto, que está llamado a ser la respuesta adecuada a estos deberes hasta ahora incumplidos. Un primer aspecto que el proyecto toma en cuenta es la práctica de la negociación colectiva en los períodos 1985 a 1990 y 2005 a nuestros días, lapsos en que convivieron los Consejos de Salarios con la negociación colectiva bilateral o negociación colectiva propiamente dicha. Un segundo aspecto integrado al proyecto es la normativa emergente de los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Un tercer y último aspecto es el sesgo de tradición uruguaya de respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, entendida como un patrimonio social y cultural a resguardar, razón que explica que estemos ante un articulado mínimo, que encara los aspectos centrales y deriva la autonomía de las partes al resto de la regulación. Esto implica que cualquier comparación del presente proyecto con las regulaciones existentes en otros países latinoamericanos dejará en claro que la normativa que proponemos abordar es muy básica y no roza, ni menos afecta la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, antes bien, estimula y fomenta la sindicalización y la negociación colectiva, de acuerdo con lo que prescriben el artículo 57 de la Constitución de la República, el Convenio N° 98 de la OIT y el resto de la normativa internacional que seguidamente citaremos. El proyecto se estructura con un capítulo inicial sobre los principios fundamentales de la negociación colectiva y luego se desarrollan tres capítulos que regulan los principales niveles de negociación, a saber: el nivel de cúpula, el nivel de rama de actividad y el nivel de empresa. Finalmente, el Capítulo V encara el tratamiento de la cuestión del conflicto y su prevención y solución. Seguiremos sucintamente, pero paso a paso, las diversas partes en que se estructura el proyecto para

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dar cuenta del origen de sus disposiciones, lo cual significará una prueba irrefutable de su absoluto apego a los principios de la OIT y a los derechos fundamentales de las personas y de los sujetos colectivos del mundo del trabajo. En cuanto al Capítulo de Principios, el artículo 1° señala que el sistema de negociación colectiva está inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el articulado y por el resto de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Esta apertura a las normas sobre derechos humanos es definitoria y sustenta la orientación general de la negociación colectiva y, todavía más en extenso, de las relaciones laborales en sí mismas. La norma sirve para fijar el marco general y, a su vez, como instrumento interpretativo de todo el proyecto. Se trata de una norma que opera como entrada al sistema, haciéndolo de la mejor manera posible, o sea, a través de una integración de los derechos positivizados y los que, aun sin estarlo, forman parte de la personalidad humana en el mismo sentido que el rector artículo 72 de la Constitución de la República. El artículo 2° establece el derecho a la negociación colectiva, derecho que es parte de la Declaración de la OIT de 1998, relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo. Está reconocido, además, por los Convenios Internacionales Nos. 98 y 154 ratificados por nuestro país. El artículo 3°, sobre promoción y garantía de la negociación, concreta lo dispuesto por el artículo 4° del Convenio Internacional N° 98, que ya fue citado. Se trata de una norma muy relevante, en tanto hay que advertir que tanto el Convenio N° 98 como el artículo 57 de la Constitución de la República no se limitan a reconocer que la negociación colectiva y el sindicalismo son derechos fundamentales sino que además ordenan que se fomente este tipo de actividades. Esto determina que el Estado no ha de restringirse a reconocer una libertad sino que debe realizar actividades positivas para el fomento de la actividad sindical y negocial. El artículo 57 de la Constitución prescribe, como se recordará, que el Estado promoverá la creación de sindicatos y, como lógica consecuencia, se ha entendido por la doctrina laboralista que de esa manera se está también fomentando la negociación, en tanto la

negociación colectiva forma parte de las medidas de fomento del sindicalismo. El obvio corolario del derecho a la negociación es la obligación de negociar de buena fe, aspecto contemplado en el artículo 4° del proyecto y que reproduce parcialmente la Recomendación N° 163 de la OIT. En reconocimiento a los aportes de los empleadores y de los partidos de la oposición, la Comisión optó por agregar al proyecto una frase que reafirma la obligación de guardar reserva de las informaciones obtenidas en el curso de la negociación. Así, se ha adicionado que el desconocimiento de la obligación de guardar reserva hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan. La obligación de informar es también un deber reconocido por la OIT y un imperativo imprescindible en toda comunicación o diálogo que quiera ir más allá de los monosílabos “sí” o “no”, propios de una relación de carácter primitivo y de muy escasa interrelación. No es concebible una negociación en serio si no intercambian las partes informaciones sobre sus respectivas circunstancias que permitan un diálogo fecundo y una colaboración que obre en beneficio de las partes y el bien común de la sociedad. El artículo 5° también se inspira muy directamente, y más que inspirarse casi transcribe textualmente… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha culminado el tiempo de que dispone el orador. Tiene la palabra el señor Diputado Brenta. SEÑOR BRENTA.- Señor Presidente… SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BRENTA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: decía que el artículo 5° también se inspira muy directamente, y más que inspirarse casi transcribe en forma textual la Recomendación N° 113 de la OIT sobre la consulta -ramas de actividad económica y ámbito nacional-, dándole una redacción más prescriptiva y realizando pequeños ajustes. En el curso de los debates de la

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Comisión y atendiendo a una observación efectuada en el seminario organizado con cooperación de la OIT, se ha sustituido el término “comunicación” por el de “colaboración”, que es el que figura en la norma internacional citada. La norma ha quedado así prácticamente idéntica al texto de la recomendación de la OIT. El artículo 6°, sobre formación para la negociación, fue calificado como innovador por nuestras relaciones laborales por el profesor Óscar Ermida Uriarte en su comparecencia ante la Comisión. Es original de la Recomendación N° 163 de la OIT, en una nueva manifestación de la raigambre y el apego del proyecto a las normas internacionales del trabajo. El Capítulo II, sobre Consejo Superior Tripartito, refiere al primer nivel de negociación colectiva, el de nivel cupular, y está basado en la práctica nacional, dado que la convocatoria a los Consejos de Salarios de los años 1985 y 2005 contó con un organismo de coordinación de nivel superior que ahora adquiere una permanencia y un reconocimiento institucional adecuado, merced al rango legal adquirido. El artículo 8° fija su integración, que por parecer un tanto sobrepoblada ha merecido alguna observación por portar el riesgo de enlentecer los intercambios de opiniones y debates. No obstante, hay que destacar en su descargo que la representación de seis miembros por cada parte permite que la diversidad del sector empleador tenga un lugar en el organismo, haciendo así más plural y democrática la participación de los actores sociales. No ocurre lo mismo con el sector trabajador que, en tanto cuenta con una organización única, no requeriría una participación tan numerosa en el Consejo Superior. Parece obvio decir que la equidad y la paridad de los actores sociales impone que tengan un número similar de integrantes en el órgano referido. En cuanto a las competencias del Consejo, hay que destacar que tiene a su cargo manifestarse en torno a la fijación del Salario Mínimo Nacional, que en el pasado se establecía unilateralmente y en forma inconsulta por el Poder Ejecutivo, incumpliendo flagrantemente el Convenio Internacional del Trabajo N° 131, ratificado por nuestro país. El incumplimiento del Convenio N° 131 de la OIT radicaba en dos aspectos. El primero: el Poder Ejecutivo no tenía en cuenta, para la fijación de los salarios mínimos, las necesidades del trabajador y su familia, como establece el ar-

tículo 3° del Convenio N° 131. El segundo: tampoco consultaba a las organizaciones de empleadores y trabajadores, como impone el artículo 4° del Convenio. Esto motivó sucesivas observaciones de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT desde que el Gobierno que asumió en los primeros años del decenio de los noventa dejara de convocar a los Consejos de Salarios. Nótese la importancia de los Consejos de Salarios tenidos por obsoletos por algunos voceros del mundo empresarial y político; lejos de ser obsoletos, constituyen un medio apropiado para cumplir con las obligaciones internacionales a que está sujeto nuestro país. Cuando el Gobierno del Partido Nacional dejó de convocar a los Consejos de Salarios, nuestro país comenzó a ser pertinazmente observado por la OIT por incumplir el Convenio Internacional sobre la fijación de los salarios mínimos, sin referirnos a las consecuencias que esto tuvo también para los trabajadores activos y jubilados del país. La convocatoria a los Consejos de Salarios de 2005 solucionó el problema, dado que ahora, para fijar los mínimos por categorías se atienden las necesidades de las familias y además se acuerda entre los propios interlocutores. Todo ello hace que se cumpla sobradamente con las obligaciones del Convenio N° 131. El Consejo Superior podrá asimismo efectuar… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha culminado el tiempo de que dispone el orador. Puede continuar el señor Diputado Brenta. SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR BRENTA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Decía que la convocatoria a los Consejos de Salarios de 2005 solucionó el problema, dado que ahora para fijar los mínimos por categoría se atienden las necesidades de las familias y además se acuerda entre los propios interlocutores. Todo ello hace que se cumpla sobradamente con las obligaciones establecidas en el Convenio N° 131.

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El Consejo Superior podrá, asimismo, efectuar la clasificación de grupos de actividad para la negociación en los Consejos de Salarios, actividad que hasta el momento es realizada por el Poder Ejecutivo. En adelante, de aprobarse el proyecto en consideración, las organizaciones de cúpula de empleadores y trabajadores tendrán una muy estrecha responsabilidad en el establecimiento de los sectores de actividad para la negociación en los Consejos de Salarios. Por último, el Consejo podrá tener participación en la dilucidación de los problemas que puedan aparecer en el nivel de negociación tripartita y bipartita, por ejemplo para el caso de empresas que demuestren que no pueden cumplir con los mínimos y deba resolverse sobre la eventual inaplicabilidad de los laudos, lo que coloquialmente llamamos descuelgue o desenganche. En el Capítulo III se actualiza y moderniza la ley de Consejos de Salarios, una norma emblemática en el derecho del trabajo nacional. Se aborda así el segundo nivel de negociación colectiva, el del sector de la actividad con participación estatal para el establecimiento de los salarios mínimos. El artículo más discutido ha sido el que reestructura las competencias del Consejo de Salarios, en tanto legaliza una práctica habitual de estos organismos desde su mismo origen, como es dar el formato de laudo a los convenios colectivos pactados bilateralmente entre las organizaciones de trabajadores y empleadores. El efecto más notorio de esta práctica fue incluir la regulación de condiciones de trabajo, además de la fijación de los salarios mínimos en el ámbito de los Consejos de Salarios. Por esta razón, ha resultado paradójico -y lo ha señalado el sector académico cuando concurrió a la Comisión- que los empleadores, que históricamente han solicitado al Consejo de Salarios la homologación de los acuerdos que fijaban condiciones de trabajo, aduzcan ahora que dicha práctica es inconveniente, ilegal o excesivamente intervencionista. En lo principal, y como ya se anticipó, el proyecto original ha sido modificado por la manifiesta oposición de los empleadores y de la oposición política a la intervención del Estado en la materia de negociación de las condiciones de trabajo. Se hizo también referencia por parte de los empleadores y la oposición a una opinión de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en el sentido

de considerar que la práctica de someter a discusión tripartita la negociación de las condiciones de trabajo violentaba la negociación voluntaria prevista en el artículo 4° del Convenio N° 98. Sin embargo, esa opinión de la OIT no ha de verse como definitiva en tanto fueron las mismas organizaciones de trabajadores y empleadores quienes pedían que se homologaran sus acuerdos y, en todo caso, siempre tenían la opción de mantener sus pactos por fuera de la negociación tripartita. Como modo de aproximación con las posiciones ahora expresadas por el sector empleador y la oposición política, el proyecto varía y termina tomando partido por dejar en exclusiva a las partes la dilucidación de los acuerdos sobre condiciones de trabajo, sin ningún grado de participación de los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de Salarios. En concreto, se ha agregado el artículo 12 que dispone que los Consejos de Salarios podrán asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Resta recordar, finalmente, que la homologación de condiciones de trabajo en el marco de los Consejos de Salarios no es una invención de esta Administración, a tal punto que en el período anterior de convocatoria, durante el Gobierno del doctor Sanguinetti, entre 1985 y 1990, debió dictarse una norma, el artículo 83 de la Ley Nº16.002, de 25 de noviembre de 1988, para salvar las dificultades que se generaban desde el punto de vista legal. Ese artículo dice concretamente… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Brenta. SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una nueva interrupción? SEÑOR BRENTA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: el artículo mencionado dice: “Dispónese que los decretos […] instituidos por decreto 178/985, de 10 de mayo de 1985, tendrán vigencia en todo el territorio nacional, a

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partir de su publicación completa o de un extracto de los mismos que contenga las principales normas de carácter laboral, en el Diario Oficial o en su defecto en dos diarios de la capital”. Nótese que la ley no refiere a “salarios mínimos” sino que contiene una expresión mucho más abarcativa al decir “normas de carácter laboral”. En la expresión “normas de carácter laboral”, el artículo 83 de la Ley N° 16.002, del Gobierno del doctor Sanguinetti, reconocía la realidad corriente de la negociación colectiva tripartita: el acuerdo sobre condiciones de trabajo más allá de la estructuración de los salarios mínimos. Ocurre que el artículo 83 de la Ley N° 16.002 se dictó porque los Consejos de Salarios de la época venían acordando condiciones de trabajo además de salarios mínimos por categoría, cuestión que no estaba contemplada en la Ley N° 10.449. En concreto, la ley de Consejos de Salarios solo permite la fijación de salarios mínimos por categoría laboral y la práctica de acordar condiciones de trabajo se situaba por fuera del marco legal. A la fecha, la Ley N° 16.002 vigente permite la negociación de condiciones de trabajo en el marco de los Consejos de Salarios, y el presente proyecto de ley solo mantenía vigente esa norma de la época del Gobierno del Partido Colorado. En la redacción que ahora se propone no se excluye la negociación de las condiciones de trabajo pero se las somete al acuerdo exclusivo entre los representantes de los actores sociales, a saber, trabajadores y empleadores del Consejo de Salarios, con lo cual el Estado no podrá tomar intervención en la dilucidación de esos pactos. El otro aspecto sustantivo de esta disposición es que se habilita a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores a convocar preceptivamente los Consejos de Salarios. Mediante esta disposición los trabajadores podrán participar en la discusión y fijación de los salarios mínimos, asegurándose no solo una vital garantía democrática para el establecimiento de sus condiciones de vida, sino que en adelante nuestro país no será observado por los organismos de contralor de la OIT por incumplir el Convenio Internacional N° 131 sobre salarios mínimos. La consulta y negociación acerca de los salarios mínimos queda así consolidada como consecuencia de quebrar la exclusividad que hasta el momento tenía el Poder Ejecutivo para formalizar los Consejos de Salarios. Ahora podrán ser los trabajadores o los empresarios quienes convoquen a los Consejos de Salarios, no solo el Poder Ejecutivo.

El artículo 13 modifica nuevamente la ley de Consejos de Salarios, esta vez con relación a la elección de los delegados de los sectores laborales, que podrán ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores. De esta manera, se da carácter legal a una solución que también se había implementado durante el Gobierno del Partido Colorado de 1985 y que se reiteró en 2005 por las mismas razones de la existencia de dificultades y complejidades diversas para confeccionar dos padrones -de trabajadores y de empleadores- en cada rama, según la ortodoxia de la previsión de la Ley N° 10.449. Las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores deberán proponer al Poder Ejecutivo la nómina de sus delegados a los efectos de su designación. No habrá lugar a impugnaciones de carácter formal en lo sucesivo. Por último, el Capítulo IV del proyecto regula unos pocos aspectos esenciales de la negociación colectiva bipartita. La economía de medios no tiene por finalidad restar garantías, sino que se pretende no avasallar la autonomía colectiva, resguardando así la mayoría de los temas para que sean efectivamente negociados y acordados en los convenios colectivos. No hay materias de contenido obligatorio en los convenios colectivos. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el orador y también el del señor Diputado Brenta. Tiene la palabra la señora Diputada Argüello. SEÑORA ARGÜELLO.- Señor Presidente… SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA ARGÜELLO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: se procura así mantener la tradición de no intervención de la autoridad laboral en la negociación colectiva. En posición contraria y tomando partido por la intervención estatal en la negociación colectiva, los empleadores y los partidos de la oposición reclamaron que el proyecto hiciera obligatorias, por ejemplo, las cláusulas de paz, de

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dudosa calificación constitucional, según informara el catedrático Profesor Óscar Ermida Uriarte. Por nuestra parte, coincidiendo con la opinión de la Cátedra, hemos considerado pertinente mantener las materias a adoptar por trabajadores y empleadores dentro del ámbito de su autonomía. En todo caso, las cláusulas de paz serán un contenido más de los convenios colectivos. El Capítulo se abre con una disposición sobre la determinación de los sujetos de la negociación -artículo 14-, que sigue en líneas generales las disposiciones internacionales del Convenio N° 154 y la Recomendación N° 91 de la OIT. A diferencia de la legislación nacional vigente, introduce el criterio del “número de afiliados”, además de la antigüedad, continuidad e independencia, para dirimir los casos dudosos de representatividad en la hipótesis de existencia de más de una organización. El artículo 15, sobre articulación de los convenios colectivos pactados a diferente nivel -por ejemplo, convenio de empresa y de sector de actividad-, no solamente admite la negociación por empresa y el llamado descuelgue sino que, como señaló el Profesor Ermida Uriarte en su comparecencia en la Comisión, el proyecto sigue los criterios tradicionales y mayoritarios del derecho comparado sobre la aplicación de la norma más favorable en caso de coexistencia de regulaciones diversas sobre una misma materia. Otro tanto hace en lo relativo a la posibilidad de extender el convenio colectivo pactado por las organizaciones representativas a toda la actividad y ello de acuerdo al mecanismo de su registro y publicación por parte del Poder Ejecutivo. El mecanismo tiene cierta similitud con el empleado para el caso de la negociación tripartita celebrada en el ámbito de los Consejos de Salarios y en los hechos, seguramente, se trate de una negociación a nivel de la rama de actividad celebrada por los mismos actores sociales que comparecen a fijar los salarios mínimos en el Consejo de Salarios. La apreciación de esta circunstancia resta relevancia a la crítica que se ha hecho sobre los posibles excesos de la intervención estatal. De esta manera, no será necesario que el acuerdo entre las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores en el sector de actividad se celebre en el Consejo de Salarios, sino que el convenio colectivo bilateral podrá tener alcance a todo el sector de actividad si el Poder Ejecutivo así lo decide fundado en razones de la indiscutible legitimidad y representatividad de los interlocutores.

Ha resultado también altamente ríspida la discusión sobre la vigencia de los convenios colectivos. En este caso se consagra la vigencia de sus disposiciones hasta tanto no sean sustituidas por un nuevo convenio. La solución del proyecto no merecía tanto revuelo ni resistencia entre los empleadores y la oposición política, puesto que es la establecida en países como Argentina y Brasil, según informara en su exposición el Profesor Ermida Uriarte cuando estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo. El proyecto acaba así con la incertidumbre en cuanto a qué debería ocurrir con las cláusulas acordadas en convenios colectivos una vez que se extingue su vigencia. Al respecto, se habían sostenido dos tesis. Una era que una vez extinguido el convenio caducaban también las cláusulas y beneficios acordados y, por tanto, en una nueva negociación debería tratarse todo otra vez. La otra era que los beneficios acordados se mantienen en los contratos individuales porque se han incorporado a los mismos. Esta última opción, un tanto en retirada en la consideración de los Jueces laborales, presta gran rigidez a la negociación colectiva. En el proyecto se propone una solución intermedia a estas dos que acabo de señalar, tomada de la legislación argentina, mediante la cual los beneficios y condiciones de trabajo se mantienen hasta que entre en vigencia un nuevo convenio. Quiere decir que solo un nuevo convenio puede modificar las condiciones de trabajo; no basta la sola pérdida de vigencia del convenio anterior. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar la señora Diputada Argüello. SEÑORA ARGÜELLO.- Señor Presidente: … SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑORA ARGÜELLO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Finalmente, el Capítulo V presenta algunas disposiciones sobre prevención y solución de conflictos, habiendo sido depurado de toda consideración sobre huelga y ocupaciones, atento a un compromiso que asumió, en primer término, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y el propio señor Presidente de la República después, frente al sector empleador. Se trató, como parece bastante ob-

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vio, de una nueva estrategia de acercamiento del Gobierno a los reclamos de los empleadores y de la oposición, quitando del proyecto un elemento que había resultado ríspido en el debate público. En la normativa que subsiste al recorte efectuado -mejor dicho, el que vamos a efectuar- se encuentran referencias a instancias de negociación y consulta en forma previa a cualquier decisión que implique algún grado de conflicto. Establece así procedimientos autónomos e instancias de conciliación y mediación que permitan una salida pacificadora de las relaciones laborales. Importa destacar en este punto que se respetan absolutamente los espacios de autorregulación de las relaciones de trabajo entre las organizaciones, limitándose el Estado a poner a disposición de los actores sociales ámbitos para conciliar conflictos que puedan resultar difíciles de componer para las partes en el uso de su autonomía colectiva. En definitiva, el proyecto de ley sobre el Sistema de Negociación Colectiva toma lo mejor de las prácticas nacionales prohijadas en la Ley de 1943 y en los usos que se introdujeron en la convocatoria de 1985, sistematizándolas y prestando algunas soluciones fundamentales a ciertos vacíos existentes en materia de negociación colectiva bilateral. No se trata de un articulado extenso si lo comparamos con ejemplos similares de la legislación latinoamericana, en general sumamente intervencionistas y lesivos de la libertad sindical de las partes. Toma para sí la principal normativa de la OIT, la cual reproduce en parte, y en su proceso de discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo encontró motivos para cambiar y hacer una aproximación con las posiciones sustentadas por los empleadores y la oposición política. En suma, el proyecto se sitúa en ese difícil pero fermental tránsito que va de la tradición a la innovación, consolidando una práctica democrática y moderna de las relaciones laborales de nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco, además, a todos los compañeros de la Comisión y a aquellos compañeros que cedieron su tiempo en la medida en que tuvimos que cambiar el modelo que se había establecido. Quiero aclarar que habíamos trabajado largamente este proyecto en Comisión. Lamentablemente, quedamos a la espera de un informe en

minoría que iba a presentar el Partido Nacional. A último momento, por dificultades que comprendo, no pudo presentarse, por lo que debimos remitirnos nuevamente al proyecto de ley primigenio. Por eso, algunas partes de mi alocución posiblemente dan por adelantado cosas que ya se habían aprobado en largas sesiones de la Comisión de Legislación del Trabajo. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar la señora Diputada Argüello. SEÑORA ARGÜELLO.- He finalizado, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Iturralde Viñas. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: en realidad, desde hace aproximadamente un año venimos discutiendo en la Comisión de Legislación del Trabajo qué vamos a hacer con este proyecto de negociación colectiva. No es un esfuerzo nuevo el que se hace hoy en el país al traer a la discusión una iniciativa que regule las relaciones laborales, en este caso concreto, la negociación colectiva. De esto venimos hablando desde el año 1984. Recuerdo como antecedente más lejano -quizás haya otros anteriores- la CONAPRO, donde discutíamos sobre este tema y en la que se acordó la necesidad de elaborar un marco jurídico que regulara la negociación colectiva. Mi Partido cree que esto debe ser regulado en conjunto, dentro de un sistema que regule globalmente las relaciones laborales. Los sistemas que regulan las relaciones laborales suelen no ser neutros, mejor dicho, nunca son neutros; siempre tienen componentes que apuntan en distintos sentidos, que ayudan a lograr la concordia social y a fortalecer a algunas de las partes, como lo hace el derecho laboral en una función netamente tuitiva de protección a los trabajadores, como está previsto en su génesis. Como decía Eduardo J. Couture, es un derecho que tiene en su filosofía el crear determinadas compensaciones para equilibrar las surgidas de un hecho económico. Reconocemos los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de todos estos años. Recuerdo que después del de la CONAPRO, el primero fue en la Administración del señor Ministro Fernández Faingold, que fue cuando se estuvo más cerca de lograr un

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acuerdo en este tema. Luego, en el Período siguiente, me tocó estar con el señor Ministro Cat, con el señor Ministro Carbone y con el señor Ministro Reilly. Hicimos muchísimos esfuerzos, y tuvimos distintos momentos de discusión. Creo que el momento más importante fue cuando en las negociaciones que se hicieron en el Banco de la República, con el apoyo de RELASUR -un programa de la OIT-, estuvimos a punto de acordar un marco jurídico subsidiario que regulara las relaciones colectivas. En el Período siguiente, de 1995 a 2000, siendo Ministra la doctora Ana Lía Piñeyrúa, también se estuvo muy cerca de acordar una ley marco que regulara todos estos temas. En la negociación colectiva siempre había tres temas. Creo que podemos resumirlos así; lo hacíamos el otro día en la Comisión, cuando lo discutíamos con el doctor Óscar Ermida Uriarte, quien está al frente del Instituto de Derecho Laboral y que además presidió las negociaciones en nombre de OIT y del programa RELASUR entre los años 1990 y 1995. Los temas centrales sobre los que se discutía eran los de la obligación de negociar, el derecho de la información y la cláusula de paz. El Estado siempre ha logrado encontrar un consenso social -imprescindible, en nuestra opinión y en la de nuestro Partido- para regular estos temas. El consenso social y el partir de la base de que hay una ancha base de sustento permiten asegurar un mayor apoyo político a todas las normas que se dictan en este tema, asegurando su supervivencia, ya que no parece ser propio de un país serio legislar con normas en un Período en el cual esto se logra con ajustadas mayorías, para revisarlas en el Período siguiente. Nosotros entendemos que el marco jurídico necesario para regular las relaciones laborales debe surgir de un amplio consenso social y debe reunir un amplio consenso político que asegure la permanencia en el tiempo de todas estas normativas. Naturalmente, tenemos algunas diferencias de enfoque en lo que hace a este proyecto, muchas de ellas derivadas de normas que están en el proyecto de ley y otras derivadas de las que no están. Mucho nos parece que no es suficiente con lo que se escribe, porque falta incluir aspectos y discrepamos con otros.

También tenemos una diferencia filosófica, que podrá ser menor o no, pero entendemos que en las relaciones laborales hay tres actores: dos principales y uno subsidiario. No entendemos que haya tres actores en pie de igualdad; las relaciones laborales deben ser resueltas primariamente por lo acordado por las partes, empleadores y trabajadores, y luego -solamente luego- de que estas no se pongan de acuerdo debe aparecer en escena el Estado, que hasta el momento debe funcionar como auxiliar de las partes principales en la negociación. Creemos en un rol subsidiario para el Estado en este tema. Este proyecto no contempla esa concepción. Pero para nosotros esto no es lo más importante; para nosotros, lo más importante es que no recaba consenso social, y si bien es cierto que esto se ha ido demorando durante todos los Períodos que mencionábamos -hace veinticinco años que se viene hablando de todos estos temas-, durante estos últimos tiempos quisimos dialogar políticamente con la fuerza mayoritaria en este Parlamento, pero ello no fue posible. Quisimos hacerlo con y sin versión taquigráfica. En la última sesión de la Comisión solicitamos que se nos concediera una semana, solamente una semana, para hacer una mediación y buscar algún acercamiento con las partes, pero ello no fue aceptado por la fuerza mayoritaria de este Parlamento. Esto nos ha llevado a que lo que entendíamos que debía hacerse por parte de la Comisión, o sea un último esfuerzo para acercar a los trabajadores y empresarios, lo hiciéramos desde una faz partidaria. Como partido político, como integrante de la Comisión, junto a delegados y otros miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo del Partido Nacional, hicimos un acercamiento y dialogamos con el PIT-CNT -por cierto, encontramos una actitud más abierta que la que ha tenido la fuerza política mayoritaria en este Parlamento- acerca de las cosas que entendemos que no están en este proyecto. No nos causa gracia no acompañar una normativa como la que hoy se va a votar; no nos causa gracia porque somos partidarios de la negociación colectiva. Además -como dije anteriormente-, entendemos que esto debe estar enmarcado en un sistema de relaciones laborales más global. Este perfectamente podía haber sido un capítulo que regulara la negociación colectiva.

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Cuando este proyecto regula la obligación de negociar, no lo hace bien. Por supuesto que debe hacerlo regulando que todo diálogo entre las partes se haga de buena fe -mala cosa sería que se dialogara de mala fe-, pero nos parece que la obligación de negociar como tal no debe plantearse; si bien en los hechos muchas veces las partes están obligadas a comparecer ante el Ministerio y con eso alcanzaría, deberíamos buscar mecanismos y sistemas que faciliten el diálogo entre las partes y que estuvieran comprometidas con un diálogo franco en el que se dé toda la información necesaria para llegar a buen puerto. También entendemos que sería muy importante la existencia de una cláusula de paz que asegurara que todo lo que se negocie y regule en un convenio colectivo no estará sometido luego a la eventualidad de medidas de fuerza por cualquiera de las partes. Es así que no podemos decir -como manifestaba el señor Diputado preopinante- que hayamos hecho aportes, aunque sí quisimos hacerlos y mantener reuniones formales e informales para discutir todo este tema; sí las tuvimos con el PIT-CNT, con el que logramos lo que no conseguimos aquí con la fuerza política mayoritaria; sí logramos dialogar abiertamente con los empresarios para conocer los motivos por los cuales se oponían a este tipo de normas y cuáles serían los mecanismos que podrían hacer que acompañaran -por lo menos en parte- esta iniciativa, de manera de dar -como señalé al principio de mi intervención- mayor sustento a todos estos asuntos. Hemos presentado aditivos y solicitado en todo momento que se incluyeran otros aspectos que no están previstos aquí, sin encontrar eco; hemos hablado hasta el cansancio de la necesidad de la cláusula de paz; hemos hablado de regular la ultra actividad de los convenios sin violar el principio general de derecho que dice que nadie puede ser obligado a perpetuidad. Entendemos que una vez finalizados los convenios colectivos de trabajo es razonable que exista un plazo en el que la ultra actividad continúe, pero solamente mientras se negocia el convenio subsiguiente, no sine díe, no en forma permanente, porque de lo contrario alguien estaría obligado a perpetuidad, cosa que no entendemos positiva. Lo que se señala por parte de la fuerza de Gobierno en cuanto a que ha sido un avance la eliminación del decreto que regulaba la ocupación, a nosotros nos parece un retroceso. Nos parece un retroceso

-como conocen todos los señores legisladores de la fuerza mayoritaria y de la oposición- que la ocupación sea legislada como parte del derecho de huelga, pero más retroceso es que esta continúe siendo regulada por un decreto cuando perfectamente, al estar incluida en un proyecto de ley, podríamos dar un franco debate al respecto, y si fuera inconstitucional, luego podríamos recurrir a su inconstitucionalidad. Entendemos que la negociación colectiva es positiva y que ha sido un acierto del Gobierno actual haber reinstaurado los Consejos de Salarios. Ha sido claro y contundente mi Partido político cuando hizo una autocrítica manifestando que reconoce que ha sido un paso positivo, que no fue una buena medida no haber tenido Consejos de Salarios en los Períodos anteriores, que es positiva la forma en que se han encarado y que esto sea regulado a través de una norma. Por consiguiente, quiero decir que no solo somos partidarios de la negociación colectiva, sino que entendemos que es positivo un tipo de negociación colectiva especial como es la de los Consejos de Salarios, con algún matiz derivado de lo que señalaba anteriormente, que tiene que ver con su filosofía. Quizás lo mejor sea que en los Consejos de Salarios, el Estado, como articulador y auxiliar de las partes, las acerque, las arrime, traiga propuestas y resuelva los temas cuando no hay acuerdo entre las partes, pero no que vote. En principio, todas estas son las razones que determinan que no acompañemos este proyecto que tenemos sobre la mesa. Queremos reseñar y resaltar que es positivo tener un sistema de relaciones laborales; también deseamos reiterar que nos parece muy positiva la negociación colectiva y el funcionamiento de los Consejos de Salarios. Es cuanto tengo para decir por ahora, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Schiappapietra. SEÑOR SCHIAPPAPIETRA.- Señor Presidente… SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SCHIAPPAPIETRA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado.

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SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: las palabras del señor Diputado Iturralde Viñas nos representan y reflejan la posición del Partido Nacional, tanto con relación a los antecedentes que precedieron a la definición legislativa, que aparentemente se tomará en la tarde del día de hoy, como a los contenidos de la propuesta. Quiero estribar en un aspecto que me parece importante. Quien se expresó en nombre de la mayoría habló con gran respeto -por cierto le imprimió a su informe un tono que más allá de las discrepancias consideramos civilizado-, pero sin perjuicio de ello incluyó en su análisis alguna picardía que otra, entre ellas, la de pretender sostener la tesis de que los ajustes o los cambios que introdujo la bancada de Gobierno el día que analizamos artículo por artículo este proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo contemplaban la posición de la oposición; que, en todo caso, la mayoría de las modificaciones que impulsaba tenían el propósito de contemplar los reclamos que planteábamos desde la oposición en cuanto a las insuficiencias que considerábamos que contenía este proyecto de ley, y que seguimos pensando que tiene. Queremos decir con toda claridad que los ajustes y las modificaciones que el oficialismo aprobó en Comisión en nada nos representan. Inclusive, muchos aspectos hacen todavía más imperfecto este proyecto de ley, al que nos vamos a referir cuando nos corresponda hacer uso de la palabra en la discusión general. Nuestras diferencias tienen que ver con todo lo que ha expresado el señor Diputado Iturralde Viñas. Diría, además, que hay una discrepancia miliar en todo esto respecto a la ausencia de consensos. Todo esto implica falta de consenso social porque no se refleja el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios; es falta de consenso y de acuerdo político. Digo esto porque aquí no ha habido negociación política. Todos sabemos que si este proyecto de ley, señor Presidente, lamentablemente llegara a aprobarse en la Cámara en el día de hoy y más adelante en el Senado, los anales parlamentarios no recogerán esta discusión como la que antecedió a la ley que estableció el sistema de negociación colectiva que la sociedad se dio. No; en todo caso, estos serán los antecedentes parlamentarios de un proyecto de ley que bien podríamos decir que será la ley Bonomi-Castillo. Esta será la ley del PIT-CNT y del actual Gobierno de la República; no hablo de todos los Gobiernos sino de

este, al que le quedan por delante -aclaro- pocas semanas de ejercicio de la Administración y del cumplimiento de las funciones gubernativas. Estamos a tres meses de las elecciones y a poco más del cambio de Gobierno. Estamos hablando de veintinueve semanas que le quedan por delante a la Administración del doctor Tabaré Vázquez. Creo que es un tremendo error, a esta altura de las circunstancias, condicionar no solo al próximo Gobierno sino las relaciones laborales del Uruguay a partir de una ley que nace renga, que nace frágil y que es inconsistente, bastante más allá que por sus contenidos, fundamentalmente por la falta de sustento social y político. Entre las tantas observaciones de la OIT -porque, entre otras cosas, este proyecto de ley viola convenios internacionales, como lo destacaremos después-, una de ellas tiene que ver con la ausencia de consensos, y eso quiere decir falta de legitimación, falta de legitimación social. En definitiva, las partes son las que deben avalar los mecanismos de negociación colectiva para que luego puedan ser reales y efectivos a la hora de regular y de administrar el diálogo social y la materia de relaciones laborales. Y eso no está en este proyecto. Eso no lo buscó el Gobierno porque no buscó acuerdo político en el Parlamento. No es cierto que aquí se hayan contemplado posiciones del Partido Nacional. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Salsamendi) ——No quiero hacer un agravio al señor Diputado Bentancor en el sentido de que él se creyó con el derecho suficiente de interpretar lo que el Partido Nacional hubiera incluido en el proyecto de ley si se hubiese dado una instancia de negociación, por la sencilla razón de que esa instancia de negociación nunca se abrió. Reiteradamente en la Comisión pedimos la oportunidad de conversar, de plantear ideas, de instalar una negociación en el ámbito parlamentario, algo que jamás ocurrió. Por lo tanto, esta no es la ley que todos hubiéramos querido, es decir, una norma nacida con una ancha base de apoyo político y social. Será la ley Bonomi-Castillo porque será la ley de este Gobierno y del PIT-CNT.

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SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Puede continuar el señor Diputado Schiappapietra. SEÑOR SCHIAPPAPIETRA.- Señor Presidente: quiero terminar mi intervención diciendo que esta Cámara y la fuerza de Gobierno se han perdido la oportunidad de que este proyecto de ley sea una verdadera negociación colectiva. Digo esto porque una negociación colectiva también debe hacerse en este ámbito, pero faltaron cosas que no representan la opinión de la oposición. Por lo tanto, si hoy se aprueba este proyecto de ley la norma nacerá renga -como dijo quien me precedió en el uso de la palabra- y se perdió una oportunidad para predicar con el ejemplo. Primero, era necesario hacer una negociación colectiva en el Parlamento a fin de contar luego con la anuencia de todos los actores sociales. Muchas gracias, señor Presidente.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia el día 29 de julio de 2009, por motivos personales. Sin más, lo saluda atentamente, EDGARDO RODRÍGUEZ Representante por Tacuarembó”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 29 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes,

23.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Edgardo Rodríguez Álvez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 29 de julio de 2009, convocándose a la suplente siguiente, señora Margarita Catalogne”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:)

RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 29 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez. 2) Convóquese por Secretaría, por el día 29 de julio de 2009, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señora Margarita Catalogne. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

24.- Sistema de Negociación Colectiva. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani.

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SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: el Partido Colorado no va a acompañar en general este proyecto de ley de negociación colectiva en la actividad privada. El país, las organizaciones sociales y el Parlamento han debatido en los últimos veinte años diferentes proyectos de negociación colectiva, los cuales, por los más diversos motivos, nunca han llegado a concretarse. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de la existencia de una ley que regule y ordene las relaciones entre empresarios y trabajadores, canalizándolas de forma civilizada, moderna y eficiente. En todos estos años, entre los diferentes actores sociales y en todas las colectividades políticas se ha tenido la convicción de la necesidad de una ley en este sentido. En este tipo de leyes, en las que están en juego las políticas de Estado, es deseable que tengan el mayor apoyo posible las partes involucradas y, por supuesto, los diferentes sectores políticos que representan a nuestra sociedad. Entendemos que el Gobierno y el Partido de Gobierno han dejado pasar una hermosa oportunidad de consensuar o de alcanzar acuerdos mayoritarios para la aprobación de esta ley. Es cierto que se han cumplido formalmente todas las instancias para la aprobación de esta iniciativa, y sabemos que por la Comisión de Legislación del Trabajo han pasado diferentes actores sociales: PIT-CNT, cámaras empresariales, catedráticos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus autoridades. También es cierto que hubo un intenso debate en el seno de la Comisión durante y al finalizar las entrevistas y en la aprobación particular de los artículos. Se ha cumplido formalmente, pero desde el inicio tuvimos la firme sensación de que a pesar de existir una excelente relación entre los integrantes de la Comisión y un buen clima de trabajo, en la bancada del Partido de Gobierno no había intención de alcanzar un entendimiento con los Partidos de la oposición. Antes de analizar el contenido de este proyecto de ley deseamos realizar algunas consideraciones de orden político. El Partido Colorado entiende que esta iniciativa debería ser tratada al comienzo de la nueva Legislatura y no en un año electoral porque, lamentablemente, queramos o no, esto trae aparejado que todos los temas se tiñan de un tono electoral.

También debemos dejar constancia de que declaraciones de algunos dirigentes sindicales no han contribuido a un clima de entendimiento. Por ejemplo, se dijo que si ganaba un determinado partido político, no lo iban a dejar gobernar. Tampoco ayuda al tratamiento sereno de este proyecto de ley ver al PIT-CNT de lleno en la cancha electoral tomando partido por una de las colectividades políticas. Este razonamiento no quiere decir que un dirigente sindical deba ser aséptico en sus pensamientos; de ninguna manera. A todo ciudadano le asiste el derecho de profesar y de expresar libremente sus ideas políticas, religiosas o de cualquier tipo, pero también es cierto que el dirigente sindical debe ser cuidadoso en el desempeño de su función, para no afectar la defensa del colectivo que representa. Por estas consideraciones, reitero que este no es el mejor momento para el tratamiento reflexivo y con altura de miras que merece un proyecto de ley de esta envergadura. El proyecto de ley remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, a nuestro entender, tiene artículos que no deberían figurar y faltan artículos elementales que sí deberían estar incluidos. Con espíritu constructivo y conciliatorio hemos acompañado algunos artículos. Si bien no compartimos plenamente su redacción, estamos de acuerdo con el concepto que encierra. Estos artículos son el 6º, el 12, el 13 y el 15. Entendemos que sin el Capítulo II, “Consejo Superior Tripartito”, compuesto por los artículos que van del 7º al 10, habría mejorado mucho este proyecto de ley. La negociación necesita de un Estado garante y no de un Estado parte o que desnivele la balanza. Una negociación solamente es efectiva cuando los dos involucrados ganan, y cuando para obtener ese resultado, los dos involucrados ceden. No se negocia cuando existe un ganador o un perdedor o cuando uno lleva la primacía sobre el otro. Trabajadores y empresarios no combaten, no luchan, no compiten entre sí, porque ambos se necesitan; trabajadores y empresas negocian para evitar que uno sea explotado y el otro se convierta en rehén. Solo así se progresa. Aquí no existen malos ni buenos, solo uruguayos que desean lo mejor para sus familias y, en suma, para el país.

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Nosotros mantenemos la posición de la menor injerencia o de la no injerencia del Estado en la negociación colectiva. Esta debe ser únicamente entre las empresas y sus trabajadores, conforme lo destaca la doctrina en la materia y las normas de la OIT. El Consejo Superior Tripartito se enmarca dentro de la Ley de Consejos de Salarios, que tiene que ver con los mecanismos de fijación de salarios mínimos y no con los convenios colectivos, que son la esencia de una ley de negociación. Creemos que hay muchos aspectos y definiciones que faltan o que no quedan claramente establecidos en este proyecto de ley. Una ley de negociación colectiva debe establecer claramente los siguientes puntos: que las organizaciones de trabajadores deban contar con personería jurídica; que cuando en la negociación colectiva de empresas no exista organización, la legitimación para negociar recaerá en delegados del personal electos para ese cometido; que cualquiera sea el nivel de negociación, rama, grupo de empresas o empresa, el Poder Ejecutivo debe reglamentar los procedimientos para la elección de los delegados; que en el proceso de negociación, ambas partes deben designar representantes investidos de poderes suficientes y observar un leal cumplimiento de los compromisos asumidos; que cuando la información, por su carácter confidencial, no pueda ser divulgada so pena de causar perjuicios, quien la reciba y no guardare reserva respecto a los datos y cuestiones será responsable junto con la organización sindical que representa; que no deberían ser objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. También se debería tener presente que la vigencia de los convenios colectivos sea establecida de común acuerdo por las partes, que podrán determinar plazos de prórroga. Una vez denunciado o vencido el plazo de duración establecido sin que se hubiera previsto la prórroga en forma expresa, los efectos del convenio colectivo y las condiciones de trabajo acordadas que sean superiores en aquellos aspectos contemplados por la legislación vigente deberán extinguirse, salvo que las partes hubieran acordado lo contrario. Asimismo, debería disponerse que la realización de actos o hechos contrarios a los establecidos en los convenios colectivos celebrados podrían determinar la extinción del convenio y la caducidad de sus disposi-

ciones, si la parte afectada decide realizar la denuncia. A estos efectos, la ley debería establecer la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Trabajo para actuar en estos asuntos mediante el procedimiento establecido en la ley de amparo. Por otra parte, creemos que una ley de negociación colectiva debe establecer sanciones ante la violación de cualquiera de las disposiciones previstas. De esta forma, se daría lugar a la aplicación de sanciones, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 289, 290 y 292 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, sin perjuicio de las sanciones y disposiciones específicas previstas en el convenio firmado. Por las puntualizaciones que hemos detallado presentaremos algunos sustitutivos y aditivos durante la discusión particular del proyecto. Creemos que un sistema de relaciones laborales juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. Una buena ley de negociación colectiva tiene una influencia decisiva en el desarrollo económico, social y productivo de nuestro país. En la medida en que este proyecto de ley desconoce aspectos medulares en esta temática, carece del equilibrio necesario como para garantizar la paz social y para que la negociación colectiva deje de percibirse como un proceso traumático. Habríamos preferido que para la discusión de la ley de negociación colectiva se utilizara como base el proyecto de ley presentado por los legisladores del Frente Amplio en el año 2000. Probablemente, con ese proyecto de ley como plataforma se habría alcanzado muchos más puntos de acuerdo y se votaría un proyecto de ley con más acuerdo político. Por todos los motivos expuestos, el Partido Colorado no va a acompañar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado con algunas modificaciones en la Comisión de Legislación del Trabajo por la bancada de Gobierno. SEÑOR MACHADO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: suscribimos totalmente lo que ha señalado el Representante del Partido Colorado, señor Diputado Hackenbruch Leg-

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nani. También estamos de acuerdo con los aditivos y sustitutivos que ha mencionado. A modo de comentario general, queremos manifestar nuestra preocupación porque creemos que una ley de esta importancia para el país, para el sistema productivo del Uruguay, llega en un momento absolutamente inadecuado, en un momento en el que los candidatos a la Presidencia de la República discuten quién dará mayores garantías a los inversores. Es decir que esta ley no va en la mejor dirección. Sentimos que esto es así porque aquí hay un regreso a normativas que, a nuestro criterio, son del pasado. Me refiero a una acentuada intervención del Estado en las negociaciones colectivas. Además, nosotros, los colorados, los batllistas, que siempre hemos defendido a los más débiles, advertimos que una de las cosas fundamentales es contar con un Estado neutral, garante, mediador entre los conflictos y los enfrentamientos, y esta iniciativa no va en la dirección correcta. Este proyecto ha generado enormes resistencias. Por otra parte, me alegro de que el Poder Ejecutivo haya retirado, por ejemplo, el artículo que establecía que la ocupación era una extensión del derecho de huelga; realmente era una disposición violatoria de la Constitución de la República. También estamos de acuerdo con otros señalamientos que ha planteado el señor Diputado Hackenbruch Legnani sobre cosas que no van en la dirección correcta. La importancia trascendente de este tema merecía un amplio acuerdo nacional. Se necesitaba un amplio acuerdo parlamentario para que este proyecto de ley saliera adelante con mayorías consensuadas, que son imprescindibles para dar el tono adecuado a este asunto tan importante para el país. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Puede continuar el señor Diputado Hackenbruch Legnani. SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- He finalizado, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- La Mesa saluda la presencia en la segunda barra de los alumnos de 6° año de primaria del Colegio Erik Erikson, de Montevideo. Bienvenidos a su Casa.

SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Partido Independiente es decididamente partidario de establecer por ley un sistema de negociación colectiva, respetando los convenios de la OIT referidos a este tema suscritos por nuestra República. De hecho, en la Legislatura que se inició en 1995 y finalizó en el año 2000 acompañamos con nuestra firma un proyecto que establecía, respetando -repito- las normas de la OIT adoptadas por nuestro país, un sistema de regulación y reconocimiento del derecho esencial que tienen los diversos actores de la sociedad, tanto trabajadores como empresarios. El proyecto que está a consideración de la Cámara de Representantes merece nuestro rechazo, en particular por razones de oportunidad y de conveniencia. Decimos razones de oportunidad porque parece absolutamente desaconsejable que sobre el fin de la Legislatura se considere en este Cuerpo -como primera Cámara- un proyecto que, en todo caso, debió ser objeto de discusión desde hace mucho tiempo ya que, entre otras cosas, la iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó el año pasado. Las razones de conveniencia se deben a que es notorio que no ha habido un acuerdo social mínimo, que permita que la normativa que se pretende incorporar recoja los acuerdos tanto de trabajadores como de empleadores. En ese sentido, es un proyecto que viene desbalanceado y que, a pesar de que -como bien se decía hace un momento- se retiraron algunos artículos que eran objeto de clara oposición de parte de la mayoría de los sectores políticos representados en el Parlamento, lo cierto es que hay artículos inconstitucionales y que hoy sigue rigiendo un decreto que es inconstitucional, que extiende el derecho de huelga a la ocupación de los lugares de trabajo. Sobre la base de la vigencia de ese decreto, es claramente inconveniente avanzar respecto a cuáles deben ser los aspectos que regulen la negociación colectiva. Por otra parte, si algo hay en materia de legislación comparada son diversos ejemplos de cómo se ha regulado este sistema de negociación colectiva -los convenios colectivos- en muchas legislaciones. En particular, creo que la legislación existente en el Reino de España recoge los preceptos, los principios fundamentales establecidos en los distintos convenios de la OIT. Además, es una legislación que ha funcionado ade-

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cuadamente, sobre la cual se ha hecho una experiencia. Desde ese punto de vista, nos parecía que era un aspecto a tener en cuenta a los efectos de incorporar esas experiencias a nuestra legislación positiva. Por lo tanto, vamos a votar negativamente este proyecto de ley por las consideraciones anotadas, esperando que se abra en algún momento la posibilidad de esos consensos que son fundamentales para avanzar en la legislación que regule todo el sistema de negociación colectiva. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado. SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: hoy estamos ante un proyecto de ley importante, que cambia aspectos jurídicos y culturales de la relación laboral. Más adelante me voy a referir al proyecto en sí, pero ahora voy a mencionar algunos aspectos conceptuales que son importantes. El señor Diputado Iturralde Viñas, en nombre de la bancada, decía que nosotros vamos a votar negativamente este proyecto de ley, fundamentalmente, por una cuestión de oportunidad y de forma. Coincidimos y discrepamos con muchos aspectos de esta iniciativa, pero lamentamos que no incluya otros que nos parecen absolutamente necesarios a fin de regular una negociación colectiva por ley. En primer lugar, tal como decían algunos colegas antes que yo, Uruguay va a ser una de las pocas excepciones en el mundo donde se avance en un proyecto de ley de negociación colectiva sin consenso social. Es más, la OIT ha preconizado desde siempre la necesidad de un consenso social. Y, en este caso, nosotros agregamos la necesidad de un apoyo político. Hoy, este proyecto de ley va a ser aprobado en términos formales solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio. El consenso social es imprescindible para que el proyecto tenga en el futuro la necesaria base de sustento para su aplicación en forma íntegra y total. Reitero que este proyecto no tiene consenso social y lamentamos que se avance de esta forma en un momento -por eso hablábamos de la oportunidad- en que estamos a pocas semanas del término de la Legislatura, en medio de una campaña electoral y terminando un Período de Gobierno. Creo que a todas

luces queda claro que no era el momento para discutir en la Cámara un proyecto de ley marco de negociación colectiva. Este proyecto de ley comenzó a discutirse en la Comisión en marzo de este año. Se recibió, por supuesto, al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, al PIT-CNT y a las Cámaras empresariales. Y luego ocurrió una situación que fue pública: los legisladores del Gobierno votaron este proyecto de ley en general, antes de recibir a una serie de Cámaras empresariales e, inclusive, a la academia -cuya presencia había solicitado el Partido Nacional-, que vendrían a opinar sobre el proyecto. Nos pareció que esa no era una buena forma de avanzar en un proyecto y, en aquel momento, desconformes con la actitud, nos retiramos de Sala. Creo que se está perdiendo una linda oportunidad de avanzar en un proyecto con mayor apoyo. Es obvio que no tiene consenso social, y el consenso político no fue buscado. No hubo negociación en la Comisión. Es más: nos enteramos de algunas modificaciones al proyecto de ley el mismo día en que se votó en Comisión artículo por artículo. Creo que hoy deberían estar lamentando -viéndolo en perspectiva, muchos colegas coincidirán conmigo aunque sea en voz baja- no haber intentado obtener una mayor base de apoyo social y, sobre todo, político. Por supuesto que este tema tiene antecedentes. Tenemos en nuestro poder el borrador de un proyecto de ley que intentó llevar adelante la ex Ministra Ana Lía Piñeyrúa. Pensamos que habría sido una buena base de discusión para una ley de negociación colectiva, pero efectuada con tiempo, no en el último año, no empezando a discutir en marzo, a pocas semanas de terminar la Legislatura; con tiempo, es decir, en 2005 o 2006, a fin de buscar todas las opiniones. Este proyecto de ley tenía muchísimo -infinito- apoyo político y social, mucho más que el que hoy estamos discutiendo en el seno de la Cámara. Hoy podemos decir que, lamentablemente, en ese momento no nos esforzamos -yo no estaba en la actividad parlamentaria- para avanzar en ese proyecto de ley, perdiendo una oportunidad histórica para obtener una ley marco con los equilibrios del caso. Quiero hacer referencia a algunos aspectos que son casi obvios y que este proyecto de ley no tiene.

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Ya dijimos que no tiene consenso social ni apoyo político. Reitero que se discute en medio de una campaña electoral y que seguramente se va a aplicar en la próxima Administración. Y a todo esto, agrego algo que para nosotros es muy importante: este proyecto de ley no tiene una cláusula de paz. Por supuesto que esto parece obvio. Por esa razón, vamos a presentar, conjuntamente con los colegas del Partido Nacional, un aditivo en ese sentido. Tan obvio es que está incluido en la Ley de Promoción de Inversiones. Voy a dar lectura a un párrafo de un repartido de la UNASEP -Unidad de Apoyo al Sector Privado- sobre los beneficios adicionales para las empresas con proyectos promovidos. Dice así: “Las empresas que en el momento de ser declarados sus proyectos promovidos cuenten con un convenio de paz laboral, por un mínimo de tres años, homologados por el M.T.S.S., se le incrementará su puntaje en un 10%”. Hasta las propias leyes que estimulan la inversión benefician, premian, las cláusulas de paz laboral. Este proyecto de ley sobre negociación colectiva no habla de una cláusula de paz laboral necesaria, absolutamente obvia, como contrapartida de una negociación entre trabajadores y empresarios. Decía el señor Diputado Iturralde Viñas -y nosotros coincidimos con él- que el proyecto no establece adecuadamente la vigencia del convenio, el concepto de la ultra actividad, y acá tenemos algún aditivo vinculado a este punto. Dice así: “La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia”. Y es obvio que se incluya lo siguiente: “Los beneficios acordados en los convenios colectivos caducarán al término de la vigencia de estos, salvo que las partes pacten lo contrario”. El otro tema que nos parece absolutamente importante tiene que ver con la disparidad de la negociación y, sobre todo, con la situación de diferentes sectores empresariales. Al respecto, obra en nuestro poder una declaración de la ANMYPE, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas del Uruguay. Este proyecto de ley en consideración hoy establece que quien negociará será el sindicato del ramo en el caso de que en la empresa no haya sindicato. La OIT trata -así lo pregona en convenios internacionales- de lograr que los niveles de negociación se establezcan de común acuerdo, de forma bipartita. Sin embargo,

en este proyecto no es así; se establecen los niveles por ley y que debe ser el sindicato del ramo el que negocie. A nuestro entender -en esto coincidimos con lo que dice la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Uruguay-, cuando no exista organización representativa de los trabajadores, la legitimación para negociar podrá recaer en representantes del personal electo por mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa involucrada en la unidad de negociación mediante el procedimiento de elección que determinen los trabajadores respectivos, y subsidiariamente, la organización de nivel superior más representativa, siempre que la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados optara por su representación. Esto tiene respaldo legal; esta es una ley vigente que para nosotros sería importante mantener en el marco del proyecto que se está discutiendo en esta sesión. Creemos que este proyecto de ley sobre negociación colectiva debería contener algunos aspectos diferentes, que son los siguientes. Uno de ellos refiere a los sujetos. Entendemos que los sujetos de negociación colectiva deben tener personería jurídica. Las reglas para el reconocimiento de la personería jurídica a las organizaciones sindicales deben ser sencillas y compatibles con los principios de libertad sindical. En cuanto a la ausencia de la organización sindical, voy a referir a lo que ya hablamos acerca de la ultraactividad: en el caso en que no exista organización sindical, la representación de los trabajadores podrá estar a cargo de representantes electos por mayoría de los trabajadores involucrados. Con respecto a la autonomía de la voluntad de las partes, la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria, y una vez decidida por las partes estas están obligadas a negociar de buena fe. El Diputado Iturralde Viñas se refirió a la intervención subsidiara del Estado, señalando que es absolutamente necesaria. En cuanto a los niveles de negociación, se debe mantener la competencia actual de los Consejos de Salarios, modernizando la ley de la década del cuarenta y los convenios colectivos de rama son el resultado de una negociación bipartita. La norma legal debería establecer que las propias partes en ejercicio de la autonomía colectiva fijaran la forma en que se articulan los convenios de rama de actividad con los convenios a nivel de empresa.

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Con respecto a los efectos de los convenios a que nos referíamos en el aditivo que estamos proponiendo, referido a sujetos, podemos decir que los convenios colectivos a nivel de empresa alcanzan a todos los trabajadores dependientes y los convenios colectivos de rama comprenden a las empresas que otorguen el convenio. La vigencia de los beneficios establecidos en los convenios, caducan a su vencimiento, salvo que las partes acuerden su extensión. La famosa cláusula de paz a que hicimos referencia, la que está mencionada hasta en la propia ley sobre promoción de inversiones, debe incluirse en forma expresa; es un elemento inherente al convenio colectivo. Se debe establecer que durante la vigencia de un convenio colectivo se estipula la obligación de abstenerse de adoptar reivindicaciones o medidas gremiales relacionadas con los temas que abarca el convenio y que está acordado. La obligación de la cláusula de paz habilitará a denunciar el convenio, lo que conlleva la caída de todos los beneficios previstos en él. Para la denuncia de un convenio, las partes deben establecer en éste un mecanismo a seguir en tales casos. En materia de prevención y solución de conflictos, en primera instancia se debería establecer una etapa de negociación bipartita; en segunda instancia, una etapa con intervención administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En otro orden, se debería establecer un preaviso de determinada cantidad de días, previo a la adopción de medidas gremiales. Asimismo, se puede prever la creación de tribunales de conciliación y arbitraje a los efectos de laudar un convenio colectivo. La actuación de estos tribunales podrá pactarse en los laudos de los Consejos de Salarios o en los convenios colectivos. Estos son algunos de los temas -no los únicos-, que nos hubiera gustado introducir en una ley para intentar un respaldo que esta ley no tiene. No somos de los que opinan que la mejor ley de negociación colectiva es la que no existe. Es importante tener un modelo de regulación que dé certeza jurídica a las relaciones laborales, pero reclamamos que una ley de negociación colectiva de esta magnitud -o de la que debe tener una ley que cambia aspectos jurídicos y culturales en la relación de trabajodebe contar con consenso social y apoyo político.

Razones de oportunidad nos llevan a no acompañarla -no es el momento de discutirla, en medio de una campaña electoral-, así como aspectos de forma, ya que es una ley sin apoyo político. El Partido Nacional no tuvo oportunidad de negociar este proyecto de ley en el Parlamento. Esta iniciativa carece de consenso social, como pregona y exige la OIT, y como establece la experiencia comparada. Por eso, más allá de compartir algunos artículos del proyecto, sobre todo conceptuales, no vamos a acompañarlo y lamentamos que se esté perdiendo una oportunidad de dar al país una ley que cuente con el respaldo necesario, teniendo en cuenta que se avecinan -por supuesto, en esta cosa tan linda de la democracia- tiempos electorales y nadie puede predecir cómo va a ser en las próximas Administraciones: quién va a gobernar, con qué filosofía. Pero queremos asumir el compromiso del Partido Nacional de seguir trabajando en este tema, que para nosotros es importante; vamos a seguir buscando el consenso social, tratando de darle apoyo político, porque establecer una ley sobre negociación colectiva, en la instancia que sea, ahora o más adelante, buscando los acuerdos necesarios, es una obligación que, como Partido, tenemos impuesta. Muchas gracias.

25.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Juan C. Souza, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Mesa”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

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(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por el día de la fecha, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente, JUAN C. SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el Sr, Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Yamandú Orsi”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Matías Carámbula”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el Sr, Representante titular Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Antonio Vadell”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. 2) Acéptanse por esta única vez, las renuncias presentadas por los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009 al suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio Nueva Mayoría, señor Mario Mesa. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”.

26.- Sistema de negociación colectiva. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala. SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: sin ánimo de repetir los argumentos que ya han adelantado nuestros compañeros de bancada de manera elocuente y, a nuestro juicio, contundente, vamos a formular dos o tres reflexiones con respecto a los reparos que nos merece este proyecto de ley. Creo que a esta altura del debate va quedando claro que esos reparos tienen que ver con aspectos de

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texto y de contexto, es decir, en parte se refieren a los contenidos o a la forma de resolver lo que el proyecto de ley pretende regular, y en parte esas objeciones también tienen que ver con los antecedentes y la falta de entendimiento social y político que el proyecto contiene. Diría que hay una veta en toda esta discusión que sería bueno dejar planteada ahora para el debate. Más allá de las valoraciones subjetivas o de carácter político con relación a la iniciativa que estamos analizando, creo que no será difícil advertir y concluir que este proyecto puede llegar a exponer al país a nuevas observaciones de la OIT -sin desconocer las que hubo en el pasado-, vinculadas con la legislación interna en materia de relaciones laborales. Esto surgió con nitidez y claridad a lo largo del análisis que realizó la Comisión de Legislación del Trabajo. Este proyecto de ley ya fue observado por la Organización Internacional del Trabajo. Primero, lo fue por la Comisión de Expertos, cuando el proyecto ya estaba radicado en la Comisión especializada respectiva, y luego a partir de una intervención del doctor Ermida Uriarte en ese ámbito, lo que creo tiene un doble valor. En primer lugar, tiene el valor de la jerarquía intelectual y de los antecedentes académicos del doctor Ermida Uriarte, sin duda. En segundo término, tiene el valor adicional de que este profesional tiene una visión de los contenidos en principio favorable, pero en la Comisión reconoció que, efectivamente, tal como está planteada la iniciativa y en función de los recientes pronunciamientos de la OIT, desde el punto de vista objetivo, efectivamente estaríamos ante una violación de convenios internacionales, en particular del Convenio Nº 131, y de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual podría -inevitablemente, más allá de estar a favor o en contra de la solución- exponer al país a una circunstancia no deseable. Lo dijo textualmente -figura en la página 12 de la versión taquigráfica correspondiente al 8 de julio de 2009-, porque afirma que “(…) en ese sentido, sin duda, hay una violación del Convenio”, y que como hombre de derecho -por lo menos él, como jurista- no podía recomendar que se violara un convenio, aunque la violación fuera de menor entidad. Es decir, las observaciones ya están, y más allá de discutir -como discutiremos- si están bien establecidos los límites entre el tripartismo y la negociación por empresa -que por supuesto, a nosotros nos ofrece

reparos- y de discutir la ausencia de una cláusula de paz -que, por cierto, también es un aspecto medular-, creo que acá tenemos una primera constatación evidente: el país no ha escuchado las recomendaciones de la OIT. Pero no ya las históricas, ¡las de ahora! Tampoco escuchó las que surgieron del seminario que acá se invocó, al que convocó la Comisión de Legislación del Trabajo, que entonces era presidida por el señor Diputado Hackenbruch Legnani, en setiembre del año pasado. En esta oportunidad, por ejemplo, el doctor Horacio Guido, Coordinador de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales de la OIT, postuló o estableció con meridiana claridad que las condiciones de trabajo no pueden ser objeto de negociación tripartita; y dijo algo más: que este proyecto de ley desconoce a texto expreso que la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria -en lo cual insistió-, pues en sus términos se refleja la obligación de negociar. Nos puede parecer muy justa, muy reivindicativa, muy sensata, pero formalmente no es lo que la OIT recomienda, no hace cuarenta años sino hoy, lo que recomendó aquí y ahora y con relación a este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió y que la Cámara de Diputados está analizando en este momento. Se me dirá que después, en la lógica que planteaba el señor Diputado que ofició de miembro informante en mayoría, el proyecto sufrió modificaciones en la Comisión; inclusive, hasta se dijo que esto recogía la posición del Partido Nacional, que creo que a esta altura ya hemos demostrado que no es así. También se me podrá decir que las modificaciones relacionadas con las condiciones de trabajo adecuan el texto del proyecto a lo que recomienda la OIT. En ese sentido, tal vez sí, pero con esto solo no alcanza. Y no alcanza porque, desde nuestro punto de vista, señor Presidente, los límites a los distintos niveles de la negociación y la relación entre el tripartismo y la negociación por empresa indican que la negociación de las condiciones de trabajo debe ser prioritariamente establecida y consagrada en cada unidad productiva, en la empresa. En este sentido, debe regir el principio de la subsidiariedad: lo que en todo caso la ley consagre o al mismo tiempo se negocie o se acuerde en la rama de la actividad, debe ser subsidiario a lo que los trabajadores y empresarios en el ámbito específico de cada una de las empresas puedan consagrar.

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Esto es lo que postula el Partido Nacional; no es lo que el Gobierno consagró, ni en su versión original ni en la versión lavada o modificada del proyecto de ley. ¡No! Nosotros postulamos esto porque entendemos que es lo mejor, sobre todo para un país como el nuestro, con una realidad de mercado de trabajo como la que tenemos, donde la enorme mayoría – el 90%, o sea más de 220.000- de las empresas afiliadas al Banco de Previsión Social -que según tenemos entendido son aproximadamente 240.000- son, como señalaba el señor Diputado Delgado, pequeñas o medianas. Muchas veces, dada su propia dimensión económica, su pequeñez -estamos hablando de empresas donde la rentabilidad del empleador muchas veces es equivalente al salario que paga a su trabajador o a cada uno de los trabajadores, que no son más de cinco-, entendemos que es indispensable que la negociación de las condiciones de trabajo se realice en la empresa y no en la rama de actividad, porque de no ser así quedan evidentemente expuestas a lo que otros negocien. Existen otros contenidos que, por supuesto, no nos gustan y que nos parecen una mala resolución de lo que se pretende consagrar en la norma; lo han señalado los compañeros. Sin duda, la ausencia de una cláusula de paz es bastante inexplicable. ¿Por qué no establecer la obligación de introducir una cláusula de paz cuando se llega a un acuerdo en un convenio colectivo? ¿Por qué no prever que esa cláusula de paz obligue a la estabilidad y a la ausencia de conflicto con relación a los temas -¡no a todos!- que regule el convenio colectivo? ¿Por qué no? “Porque habitualmente se hace”, se nos dijo en alguna oportunidad. Y si se hace habitualmente, ¿por qué no lo incluimos? ¿Cuál es la dificultad? Diría que lo que es bueno habitualmente, es bueno que lo consagre la ley con carácter general. En todo caso, debería ser mucho menos violento o mucho menos dificultoso poder concretarlo. Cuando hablamos la semana pasada al respecto con el PIT-CNT -no quiero cometer una infidencia- se nos dijo que estaba dispuesto a analizar esa posibilidad. Nosotros, por lo tanto, alimentamos la expectativa de que se pudiera llegar a algún camino intermedio de solución entre las partes, y entre nosotros, el Gobierno y la oposición, pero me da la impresión de que en estos temas muchas veces la bancada de Gobierno asume posiciones bastante más radicales que el PITCNT. No sé por qué, pero objetivamente advierto que así es; lo digo con absoluta franqueza y con todo res-

peto. Notoriamente, en este caso, cuando se nos trasmitió que podría existir alguna instancia de articulación, lamentablemente, el proyecto que hoy recibirá media sanción no contendrá este aspecto que nos parece importante. Otro tanto sucede con la ultra actividad. Si es verdad que es habitual establecer a texto expreso en los convenios la fecha de vencimiento y, desde ese punto de vista, dar certeza jurídica, entonces, ¿por qué no lo establecemos en la ley? Nadie lo supo explicar; nadie lo supo explicar, señor Presidente, y en eso también la Central obrera en algún momento manifestó estar abierta a analizar fórmulas. Inclusive, nos pidieron que hiciéramos llegar alguna redacción. Claro; cuando acá se votó y se nos dijo que no, ya había poco tiempo, o poco margen, para intentar una solución. Vamos a persistir en ella. Se han presentado los aditivos correspondientes e, inclusive, queda la instancia del Senado, donde intentaremos -por supuesto, el Partido Nacional seguirá trabajando en esa direccióncorregir los errores y las dificultades que claramente presenta este proyecto de ley. El tema de la confidencialidad de la información me parece que es otro buen ejemplo de cómo muchas veces los dogmatismos nos conducen a las malas soluciones. En la Comisión se introdujo una modificación; yo diría que se trata de una modificación puramente bizantina, o simbólica, que nada cambia. Digo esto porque la obligación de la confidencialidad ya estaba establecida; agregar que el incumplimiento de esa obligación genera responsabilidad es decir nada, es cambiar algo para que todo siga como está, es introducir un maquillaje a una redacción que en sí misma es riesgosa porque no establece concretamente ninguna sanción para el caso de incumplimiento. Esto también va en contra de lo que recomienda la OIT, porque la Recomendación Nº 163 de este organismo -que sería bueno leer- establece la necesidad de que las partes intercambien información -a mí me parece saludable que lo hagan, y que el empleador, a los efectos de facilitar las cosas a los dirigentes sindicales y a quienes negocian en nombre de los trabajadores, proporcione toda la información necesaria con respecto a la empresa, al plan de negocios, a los márgenes de rentabilidad, a los activos y al patrimonio-, pero sugiere que lo pacten de antemano. Es decir, antes de que las partes se sienten a negociar las condiciones de trabajo que después darán lugar a un convenio colectivo, que definan, con carácter general y perma-

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nente, cuál es la información que, en una instancia o secuencia distinta, el empleador estará obligado a proporcionar a los trabajadores en ocasión de la renovación de los convenios colectivos. Eso lo dice la OIT, pero el proyecto de ley no lo consagra; pasa por encima de esa recomendación. También en este punto advierto una dificultad evidente en la forma de resolver este problema que, por cierto, para nada es la mejor. En cuanto a la ausencia de consenso social y político, creo que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, y a nosotros esta nos parece la peor circunstancia. Lo dijimos en alguna oportunidad públicamente; se lo dijimos a los empresarios la semana pasada y también se lo mencionamos al PIT-CNT: si hubiera algún margen para que esto fuera motivo de un acuerdo entre las dos partes, el Partido Nacional estaría dispuesto a votar disposiciones o contenidos con los que no esté del todo de acuerdo desde el punto de vista objetivo, porque en este caso importa mucho más el acuerdo de quienes implementarán, ejecutarán y, por ende, padecerán los resultados de estos mecanismos, que la opinión, el matiz, la perspectiva o la visión de los distintos sectores parlamentarios. La legitimidad política es fundamental. Vivimos en un régimen de democracia representativa -desde luego-, y nadie duda que desde el punto de vista formal, si este proyecto llegara a concretarse en ley, esta sería absolutamente legítima. Pero en este caso la legitimidad social nos parece necesaria, indispensable, por las razones que acabamos de mencionar. Como dijimos en nuestra intervención anterior, francamente, tenemos la impresión de que no hubo una voluntad, por lo menos constante, por lo menos importante, de alcanzar estos acuerdos. Es evidente que en el Parlamento fue así; de eso fuimos protagonistas, así que no tenemos que preguntarle a nadie; nosotros vivimos en carne propia esa circunstancia, porque reiteradamente pedimos la oportunidad de hablar, aunque más no fuera informalmente, con nuestros colegas, con quienes por supuesto que tenemos una relación absolutamente cordial, pero en este tema no había intención, ya no de negociar, ni siquiera de conversar. Inclusive, se generó una gran expectativa y cierto misterio con respecto a cuáles eran las modificaciones que el entonces Ministro Bonomi había adelantado, anunciado o sugerido públicamente y que en algún momento los legisladores del Gobierno formalizarían en el ámbito de la Comisión. Y

hasta el día en que la Comisión se abocó a analizar en particular el proyecto de ley nadie conocía estas modificaciones, mucho menos nosotros, los Representantes de la oposición. Realmente, no sé cómo fue la historia con los empresarios. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino, señor Presidente. Ellos dicen que no fueron consultados. Yo no puedo hablar en su nombre, pero en función de lo que fue nuestra experiencia, parecería que lo que primó fue la intención de sacar esta ley a cal y canto, aunque represente solo la voluntad del Gobierno y de una de las partes de la relación laboral. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Salsamendi).- Saludamos la presencia en la barra del 6° año de la Escuela Nº 55 de Montevideo.

27.- Asuntos entrados fuera de hora.
Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bernini. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora” ——Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de los contratos de los Mozos de Cordel, regulados por las leyes N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006 y N° 18.392, de 4 de octubre de 2008. C/3374/009 A la Comisión de Legislación del Trabajo

Los señores Representantes Juan C. Souza y Pablo Álvarez presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se

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prioriza la atención a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad física y a los adultos mayores y la información adecuada a personas con discapacidad auditiva o hipoacusia. C/3375/009 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

28.- Proyectos presentados.
A) “MOZOS DE CORDEL. (Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de los contratos regulados por las Leyes N° 18.057 y N° 18.392) PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2012, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4º de la Ley Nº 18.057 de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.392, de 4 de octubre de 2008, quedado incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2º de este último cuerpo normativo. Montevideo, 23 de julio de 2009. JORGE POZZI, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, HOMERO VIERA, Representante por Colonia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que ponemos a consideración trata sobre la prolongación de los contratos que rigen la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Montevideo, Colonia, Carmelo y Nueva Palmira. La actividad de estos (más de cien trabajadores) está regulada por las Leyes Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006 y Nº 18.392, de 4 de octubre de 2008, ambas sancionadas en esta legislatura por la unanimidad de las Cámaras. La Ley Nº 18.057 regula la actividad de los mozos de cordel y la Ley Nº 18.392 le da vigencia a los contratos a partir del momento en el que se firmaron. En la Ley Nº 18.057 se establece que a partir de la finalización del tiempo de vigencia de los contratos, se debe llamar a licitación para seguir brindando el servicio que los mozos de cordel prestan en la actualidad.

El proyecto de ley a consideración tiene por objetivo que se disponga la prórroga de los contratos suscriptos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el caso de los puertos de Carmelo y Nueva Palmira, como por la Administración Nacional de Puertos en el caso de Montevideo y Colonia, con las Uniones de Mozos de Cordel respectivas, en el entendido que se estima conveniente, tanto para los organismos estatales mencionados, como para los trabajadores. El proceso licitatorio establecido en la Ley Nº 18.057 implica una serie de pasos a seguir, que de no concluirse en tiempo y forma, hacen peligrar el servicio que estos trabajadores prestan en coordinación con el Estado, y lo que es peor la caducidad de los primeros contratos se produce en plena temporada turística. Es por esta razón entonces que proponemos este proyecto de ley. Montevideo, 23 de julio de 2009. JORGE POZZI, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, HOMERO VIERA, Representante por Colonia”. B) ATENCIÓN AL PÚBLICO EN DEPENDENCIAS U OFICINAS PÚBLICAS Y EN ENTIDADES PRIVADAS. (Se prioriza la atención a mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o adultos mayores y se establece la obligación de brindar información adecuada para personas con discapacidad auditiva e hipoacusia). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Las dependencias u oficinas públicas del Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, las personas de derecho público no estatales y las entidades privadas que atiendan al público de cualquier forma, deben garantizar la atención prioritaria a mujeres embarazadas, madres con niños lactantes, personas con discapacidad, y personas mayores con notoria dificultad de movilidad. Artículo 2º.- Se entiende por prioritaria la atención prestada en forma inmediata evitando ser demorado en el trámite mediante la espera de un turno. A tales efectos y en los casos previstos en el artículo 1º de la presente ley, los organismos y entidades deberán disponer las medidas necesarias para su rápida aten-

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ción. Sin perjuicio de lo expuesto, en situaciones excepcionales, donde se espera gran cantidad de personas, deberá obligatoriamente habilitarse un puesto de atención a tales efectos. Artículo 3º.- En los casos en que sea posible que el público espere a ser atendido en asientos dentro del recinto, los mismos serán preferentemente utilizados por las personas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, debiendo haber un número de aquellos perfectamente identificados, porcentaje que determinará la reglamentación. Artículo 4º.- Los organismos y entidades obligados deberán exhibir a la vista del público un cartel que indique con claridad lo establecido en la presente ley. Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001, por el siguiente: “ARTÍCULO 7º.- “Las dependencias u oficinas públicas del Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, las personas de derecho público no estatales y las entidades privadas que atiendan al público de cualquier forma deberán contar con la señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva e hipoacusia. Incorporarán asimismo en forma gradual personal que pueda brindar información en Lengua de Señas Uruguaya y pantallas informativas con subtitulado y estructuras conceptuales de información adecuadas”. Artículo 6º.- En el ámbito de las dependencias públicas a las que se hace referencia en el artículo 1º, y en caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones dispuestas en la presente ley, el afectado podrá presentar la denuncia ante los jerarcas de los organismos respectivos a efectos de que se instruyan las investigaciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de adoptarse los correctivos necesarios mientras se sustancian aquellas. Artículo 7º.- En el ámbito de las entidades privadas, ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, la autoridad competente queda facultada para imponer sanciones cuando se constaten violaciones a la misma, debiendo considerarse para su graduación, la cantidad de personas afectadas, la gravedad de los incumplimientos, las características de la entidad incumplidora y la reincidencia en las infracciones. Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley, el afectado por un orga-

nismo público podrá presentar denuncia ante la autoridad competente, en caso de omisión de los jerarcas de tomar en el más breve plazo las medidas que correspondieren. Artículo 9º.- La autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento y aplicar sanciones de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, será determinada en la reglamentación respectiva, disponiéndose de un procedimiento que asegure el debido proceso. Artículo 10.- A los efectos de esta ley, constituyen infracciones, toda acción u omisión en su cumplimiento. Las infracciones según su gravedad serán objeto de las siguientes sanciones: En el ámbito público: A) Las sanciones administrativas que correspondiere aplicar conforme lo establecido en el artículo 6º de la presente ley. B) Multa al organismo. En el ámbito privado: A) Multa al establecimiento. B) Clausura temporal del establecimiento. Las multas se regularán entre las 10.000 a 50.000 UI (diez mil a cincuenta mil unidades indexadas). Artículo 11.- Créase en la órbita de la autoridad competente, un registro nacional de entidades infractoras a la presente ley. Además de las sanciones dispuestas en los artículos precedentes, deberá adoptarse como medida adicional, la publicación de las empresas infractoras por medio de la prensa, o a través de página electrónica u otros medios que la reglamentación determine. Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días a partir de su promulgación. Montevideo, 23 de julio de 2009. JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley surge a partir de una especial y profunda preocupación por actitudes que se han venido dando en nuestra sociedad en los últimos tiempos. La situación se hizo concretamente más visible a partir de los sucesos públicamente conocidos que sucedieron días atrás en la Corte Electoral, cuando al cierre del período de inscripciones de nue-

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vos ciudadanos electores y de traslados departamentales, se formaron largas colas en el entorno del recinto de la Corte. Dicho vencimiento generó situaciones en las que mujeres en estado de gravidez debían esperar paradas durante varias horas -al igual que otros ciudadanos-, pero en el caso de ellas exponiéndolas a una situación que podría afectar o comprometer su salud. Si bien esta clase de situaciones se dan en forma aislada, la existencia de un vacío legal en la materia abona la posibilidad de que éstas sigan aconteciendo y que las mismas no tengan más que una sanción moralmente reprochable. Aunque parece tratarse de una norma de humanidad, urbanidad y solidaridad pareciera que es imprescindible que exista una ley para evitar situaciones como la planteada. Al mismo tiempo observamos que la protección a acordar también debe extenderse a madres con niños lactantes, personas con discapacidad permanente o transitoria que dificulte la movilidad y personas mayores con notoria dificultad de movilidad que realicen trámites en forma personal. La atención en lugares públicos –sean estatales o no– muchas veces por la cantidad de personas que concurren, las malas condiciones de espera en el lugar, los próximos vencimientos o incluso la burocracia propia de los trámites, lleva a que muchas veces se produzcan aglomeraciones y largas colas de personas a ser atendidas. En dichas situaciones es común que se observen mujeres en estado de gravidez o personas con dificultades físicas -sea por discapacidad física o por razones propias de la edad- que por su estado no es deseable que deban soportar largas esperas o permanencia, ya que las mismas podrían afectar o comprometer su salud. Estas situaciones cotidianas y reiterativas, se tornan irritables cuando encontramos a estas personas, que ante la indiferencia del público y de quien se encuentra obligado a atenderlo, hacen largas esperas para poder cumplimentar con su trámite, sea administrativo, de pago, cobro o gestión. Este proyecto de ley busca preservar ciertos valores humanitarios de atención, integración y tolerancia, valores que forman parte de la cultura cívica que cotidianamente es deseable que se impartan en la comunidad a través de la aplicación y el respeto a los derechos y deberes de cada individuo y a las normativas que los amparan. Son valores que es necesario rescatar, que sí bien como sociedad en general la uru-

guaya los posee, no deberíamos dejar que se pierdan o se sigan deteriorando. Es preciso entender que en el caso de las mujeres, enfrentan un cúmulo de responsabilidades que se trasladan permanentemente a los mostradores de las oficinas públicas, bancarias, judiciales y de servicios y que muchas veces, su embarazo no es tenido en cuenta para priorizar su atención, a pesar de que la población en general conoce las transformaciones fisiológicas y orgánicas que su estado les produce, y que esas largas esperas pueden poner en riesgo su salud y su vida. Asimismo personas que sufren dolencias diversas o algún tipo de discapacidad permanente o transitoria que dificulte la movilidad encuentran innumerables barreras físicas y psíquicas que su entorno y las actitudes les imponen, lo que en muchas ocasiones les impide tener una participación plena y efectiva en la sociedad de modo independiente, debiendo luchar día a día por salvar los obstáculos que se les presentan en estos escenarios cotidianos. La Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, Sistema de Protección Integral a las Personas Discapacitadas, no contempla estas situaciones específicas tampoco, lo cual motiva también la presentación de esta propuesta en el presente proyecto de ley. Brindar prioridad en la atención a estos casos, es un sentimiento noble, signo de gratitud y voto de confianza hacia quien está gestando una vida y a quienes luchan día a día por disfrutarla aún con condicionamientos, constituyendo un ejemplo de superación para todos. Por lo cual, quien cumple la función de atender al público, sea en el ámbito público o privado, estará obligado a dar preferencia en estos casos, actitud sí bien exigible o deseable desde el punto de vista moral, se propone ahora que se le otorgue una tutela más enérgica para que no existan dudas al respecto, es decir, una tutela jurídica. Se aprovecha asimismo el presente proyecto de ley para proponer modificaciones a la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001, que reconoce la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas en la República y que promueve la remoción de las barreras comunicacionales para personas sordas e hipoacúsicas. Concretamente se proponen 1 cambios al artículo 7º de la referida ley , en los aspectos referidos a accesibilidad de información en los
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“Artículo 7º.- Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los Municipios con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas o hipoacúsicas”.

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trámites sea en el ámbito público y privado, en consonancia con lo anterior y en base también a las nuevas directivas impartidas desde el artículo 9º (“Acce2 sibilidad”) de la Convención sobre los Derechos de
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las Personas con Discapacidad ratificada en nuestro país por Ley Nº 18.418, de 20 de noviembre de 2008. Finalmente decir que, para el caso de incumplimiento en el ámbito público de estas obligaciones se acuerdan sanciones pecuniarias al organismo y las disciplinarias que correspondan a los funcionarios omisos. Mientras que para las entidades privadas se pretende que el incumplimiento se sancione mediante multas, las que variarán en su monto de acuerdo a las circunstancias del caso. Asimismo se propone crear un registro de entidades infractoras y se establece que podrá instrumentarse también como sanción la publicación de los infractores, lo que puede resultar más efectivo dada la noción moderna de “responsabilidad social empresarial”. Montevideo, 23 de julio de 2009. JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, Representante por Montevideo”.

“Artículo 9 Accesibilidad 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías / sean accesibles al menor costo”.

29.- Sistema de negociación colectiva. (Creación)
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora Diputada Passada. SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: me voy a tomar el trabajo -que me insumirá algunos minutosde relatar el proceso de discusión del proyecto que hoy estamos considerando. La iniciativa ingresó a la Comisión el 13 de marzo de 2007. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Arregui) ——Ese mismo año, en plena discusión, recibimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque como era un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, queríamos que ese equipo nos diera su opinión al respecto. La Comisión a la que hacía referencia el colega Pablo Abdala realizó cuatro seminarios, dos de los cuales fueron internacionales. Uno de ellos fue organizado a solicitud de los colegas de la oposición que integran la Comisión y tenía que ver con la ocupación de los lugares de trabajo. Se desarrolló en julio de 2007, todavía durante el proceso de discusión de la =

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iniciativa, y contó con la presencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto de Derecho Laboral y de trabajadores del PIT-CNT. Toda la Cámara fue invitada especialmente a estar en la Mesa para dar su opinión, pero envió una carta comunicando en forma expresa que no participaría de ese seminario. La Comisión en pleno también concurrió a una reunión de la OIT celebrada en Santiago de Chile. Sus cinco integrantes recibimos directamente la opinión del organismo internacional acerca de la ley de negociación colectiva cuya discusión estábamos llevando adelante. El 4 de setiembre de 2008, en un seminario sobre negociación colectiva al que dimos el nombre de “Doctor Hugo Barbagelata”, y en el que todos aportaron su voz en las distintas mesas, recibimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a la OIT -que lo auspiciaba-; al Director Regional Adjunto para la Coordinación de Políticas y Programas de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Guillermo Miranda; al doctor Horacio Guido -a quien recién se refería el señor Diputado Pablo Abdala-; al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires, experto en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, Mario Ackerman; a todos los representantes de la Comisión; al Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República; a la Facultad de Montevideo; a las Cámaras Empresariales, que fueron representadas por Juan Mailhos y Gonzalo Irrazábal; al PIT-CNT y al doctor Santiago Pérez del Castillo. Por último, en abril de 2009, organizamos con la OIT un seminario relativo a las políticas de empleo y al impacto de la crisis, en el que también tenía que ver el tema de la negociación colectiva. Por otra parte, recibimos la solicitud de escuchar a las veinticuatro Cámaras Empresariales en la Comisión, a efectos de considerar este proyecto. Cuando propusimos recibirlas a todas juntas, como habíamos hecho en ocasión de discutir la ley de libertades sindicales, manifestaron que no se sentían representadas por la organización que las nucleaba y por eso concurrieron, primero, la Cámara de Industrias del Uruguay y, luego, una por una, catorce Cámaras Empresariales que solicitaron la entrevista correspondiente.

También recibimos al Instituto de Derecho Laboral para que nos diera su opinión. La Presidencia de la Cámara de Representantes firmó un convenio con la OIT en instancias de nuestra visita a Chile y nosotros le enviamos el proyecto de negociación colectiva para que nos informara acerca del camino a seguir y nos diera los asesoramientos correspondientes. La opinión que surge de allí, y a la cual hacía referencia el señor Diputado Pablo Abdala, fue contemplada en la corrección que le hicimos en la Comisión sobre las condiciones de trabajo acordadas. O sea que el proyecto se discutió durante estos cinco años en que en el país se reinstalaron los Consejos de Salarios. Por eso creo que hoy estaremos entrando definitivamente en el concierto mundial si aprobamos este proyecto de ley tan mentado sobre negociación colectiva, que se viene discutiendo hace más de veinticinco años. Este Gobierno, el 1° de marzo de 2005, a través del señor Presidente de la República, se comprometió en las escalinatas del Palacio Legislativo a reinstalar los Consejos de Salarios, y seis días después emitió un decreto en ese sentido. Durante los años noventa, los Partidos tradicionales empezaron a flexibilizar y a desregular el mundo del trabajo y se dejó de convocar a los Consejos de Salarios. Puedo llegar a entender que se dejara de convocar a los Consejos de Salarios cuando no se iba a promover una ley sobre negociación colectiva. ¡Cómo les iban a decir a los trabajadores que iban a perder sus derechos, que se les iba a rebajar el salario, que no iba a haber capacitación, que la antigüedad laboral no sería tenida en cuenta, que la seguridad y la salud en el trabajo no pueden ofrecer muchos problemas pero que a veces se debilitan, que se pueden producir accidentes y que hay enfermedades profesionales que se pueden evitar pero que no se iba a poder hacer nada! Se flexibilizó el mundo laboral y eso tuvo que ver en la producción de nuestro país. Sin embargo, aunque se llevaron adelante esas políticas económicas y sociales, se fue más realista que el rey. A partir de 2000 el Banco Mundial ya estaba anunciando que la informalidad era una amenaza permanente al crecimiento económico y que conspiraba contra la integración y cohesión social de cualquier Estado, y el diálogo social era la base fundamental para que ese tipo de cosas no pasara. Pero mientras el Banco Mundial en 2000 daba ese informe sobre los países de América Latina y especialmente para el

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nuestro, nosotros teníamos el 30% de los habitantes en condiciones de pobreza. Basta mirar, cuando asumimos este Gobierno, que teníamos una deuda externa de casi un 110% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, a partir de 2005, a instancias de la reinstalación de los Consejos de Salarios, aumentó el PBI y el empleo, mejoraron las condiciones y se instaló el diálogo social. Aquí se ha hablado de los consensos y del factor de la cohesión social, pero tenemos que saber que el conflicto siempre está en la base de una sociedad y que el diálogo social establece una nueva forma de tratar y de resolver las diferencias, sobre todo porque está claro que el diálogo social no está unido solamente a las relaciones laborales ni a la negociación colectiva, sino que va mucho más allá y pasa a ser una responsabilidad de los Estados. Por tanto, es dar malas señales desde el punto de vista del ejercicio verdadero de la democracia abandonar un diálogo social, por las confrontaciones y situaciones que puede generar a la propia sociedad. El diálogo social también está relacionado con los esfuerzos por construir ese país productivo a que siempre hicimos referencia, con creación de trabajo nacional auténtico, genuino, estable, para facilitar el aumento de los ingresos de la gente, que es parte de lo que sucedió con la reinstalación de los Consejos de Salarios; y este proyecto de ley tiene su base en esos esfuerzos. El Estado debe equilibrar la relación de trabajo y la redistribución de las rentas y, a su vez, esto nos va a permitir dar respuestas políticas a los conflictos y a las situaciones particulares. Es responsabilidad del Estado administrar el conflicto de su sociedad. No tengo dudas de que los Gobiernos anteriores fueron democráticos, pero el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía pasa también por la concreción de los derechos y el resguardo de la cohesión social. Por eso nos llama poderosamente la atención cuando leemos algunas declaraciones de políticos de la oposición que mucho tuvieron que ver con que en los años noventa, no solo no se concretara una ley de negociación colectiva, sino con que se dejara de convocar a los Consejos de Salarios. ¿Qué le pasó a la ex Ministra Ana Lía Piñeyrúa que no pudo concretar una ley de negociación colectiva? ¿Qué pasó que no pudo concretar el consenso? ¿Qué sucedió? Había diálogo so-

cial, participaron los empresarios, y ¡vaya si participaron los trabajadores e hicieron sus aportes, ya que la discusión duró más de dos años! El colega Bentancor iba en aquel momento en representación de la central de trabajadores para participar de ese diálogo social que se había instalado. Y sucedió lo mismo que estamos discutiendo hoy: los elementos que no lograron consenso en 1996 son los mismos que la oposición hoy plantea en este Cuerpo. Pero en aquel momento no hubo voluntad política. Es bueno decirlo. Este Gobierno tiene voluntad política para que la ley de negociación colectiva se concrete. Esa es la diferencia. Uno se preocupa cuando acá se habla de la cohesión social, del consenso y del diálogo. Y mire que me preocupo, señor Presidente, cuando leo la prensa, y leo bastante; algunos tenemos más o menos tiempo. Hace pocos días, creo que en el diario “Últimas Noticias”, se levantó la reunión de las Cámaras, que se iban reuniendo con todos los candidatos en vísperas de las elecciones internas. Cuando se reunieron con el doctor Luis Alberto Lacalle, a la salida de esa reunión, dijo: “Si hay una ley que está aprobada, hay que cumplirla hasta que se pueda derogar”. Ni siquiera estábamos discutiendo este proyecto de ley en este recinto. Eso se manifestó en presencia de las Cámaras de la Construcción, de Comercio y de Industria, y algunos colegas nuestros que estaban presentes. Después agregó que la ley es “inteligente en un sentido muy sesgado, porque va en el sentido de continuar atacando el derecho de propiedad y el libre ejercicio del trabajo, y lo que va a traer es cierre de empresas, menos empleo y menos inversiones. O sea que es inteligente a lo corto, pero es horriblemente poco inteligente en el largo plazo. Esto es poner a Uruguay fuera del circuito de la inversión y de un país serio en materia de empresas.- Tenemos varias preocupaciones, primero de carácter legal, porque el país puede llegar, si esta ley se aprueba, a salir fuera del ámbito de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), porque como es violatoria de convenios de la OIT primero hay que denunciarlos. Por lo tanto, el gobierno primero tendría que proceder a enviar un mensaje de proyecto de ley al Parlamento para anunciar los convenios que va a violar o arriesgarse a ser declarado fuera de la ley laboralmente en todo el mundo.- En segundo lugar, es una ley contra el trabajo, perjudicará a las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, expropia el derecho a conducir la empresa y establece algunas obligatoriedades en la

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negociación y la designación de las partes que van a negociar. Por lo tanto nuestros legisladores no van a acompañar esta ley, pero antes que nada queremos advertir al gobierno, en una buena, que hacerlo sería quedar fuera de la ley internacionalmente y eso sería no sólo una vergüenza para Uruguay sino una desprotección total a los trabajadores.- Todas estas son señales rojas en el tablero para que la gente no venga a invertir en Uruguay; entonces, a lo que aspiramos es a tener no solamente el gobierno sino mayorías operativas que vuelvan el péndulo al centro”. Esto es problemático, señor Presidente. ¿Esto es consenso? ¿Esto es cohesión social? Me faltó leer que capaz que andaba alguna motosierra por ahí cortando o derogando alguna ley. (Interrupciones) ——Durante mucho tiempo se dijo que se sabía que se iba a sacar lo que había originalmente en materia de conflictos. Aquello parecía un diálogo esquizofrénico: se discutía lo que no había. Y lo que había, que se sabía que se iba a sacar, también se decía que no estaba; así fue el diálogo permanente. El propio Presidente de la República se reunió con las Cámaras empresariales para decirles que el artículo que tenía que ver con los conflictos y las ocupaciones -Capítulo V- se iba a sacar. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Disculpe, señora Diputada; ha finalizado el tiempo de que disponía para su exposición. La Mesa le solicita que redondee. Puede continuar la señora Diputada Passada. SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: en la discusión entre los empresarios y el Presidente de la República este adquiere el compromiso de quitar esos artículos. Si no recuerdo mal, como dijo el señor Diputado Abdala, la Comisión se reunió el 11 de junio, en ese ámbito en el que veníamos recibiendo a todas las Cámaras. Entonces, votamos el proyecto en general y sacamos los artículos tal como se había comprometido el Presidente de la República. También los legisladores se habían comprometido en ese sentido y existía acuerdo de los empresarios y, en cierta línea, de los trabajadores. De manera que sacamos esos artículos para

que no figurara en una discusión algo que ya se sabía que no estaba. Inmediatamente ingresó el Presidente de la Cámara de Comercio… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado el tiempo de que disponía la señora Diputada. SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: la señora Diputada preopinante ha hecho referencia a expresiones públicas del candidato a la Presidencia de la República de mi Partido. Yo creo que ese es un camino que podemos recorrer. Yo puedo traer aquí declaraciones recientes, con relación a todos estos temas, del candidato único del Partido de la señora Diputada preopinante. Concretamente, el señor Senador Mujica, en una instancia bastante reciente, en ocasión de realizarse una cena de recaudación de recursos en la zona de Carrasco -esto lo consigna el diario “El Observador”, de 23 de noviembre de 2008-, expresó: “Mi nueva utopía es que el futuro de las relaciones laborales algún día no esté alrededor de los convenios colectivos, sino que se discuta en función de balances cristalinos de las empresas”. Y yo digo: ¿tenemos que interpretar esto como una traición ideológica del candidato único del Frente Amplio a la postulación histórica de la izquierda, en cuanto al tripartismo como sustento de las relaciones laborales? Yo no lo planteo en esos términos. Por otra parte, señor Presidente, se advertirá que lo que pretende presentarse como apocalíptico en las expresiones del doctor Lacalle, si ellas se analizan serenamente y sin ponerle un énfasis hiperbólico o cosa que se le parezca, no dice nada diferente de lo que hemos sostenido los legisladores del Partido Nacional en el debate de la tarde de hoy. Decir que las leyes se cumplen hasta que eventualmente sean derogadas es un principio de derecho que tiene que ver con el principio de legalidad. Postular que vamos a cumplir las leyes, creo que es una buena noticia, y seguramente todos los Gobiernos harían bien en cumplir las leyes,

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que no siempre todos y en toda circunstancia cumplen. En cuanto a la referencia a los convenios internacionales, yo creo haber sido claro. Nosotros dijimos con bastante énfasis, con mucha serenidad pero con contundencia, que entendemos que la ley tal como está concebida contraviene recomendaciones y convenios de la OIT, y estamos en la buena compañía del doctor Ermida Uriarte. Fue dicho en la Comisión, en ocasión de la sesión en que el doctor Ermida Uriarte compareció y reconoció que en función de la postura de la OIT con respecto a estos temas y al pronunciamiento de la comisión de expertos, Uruguay podría quedar en posición de violar convenios internacionales. Y decir que el péndulo alcance una posición de equilibrio, me parece que tampoco es postular nada novedoso; simplemente es tener una posición sensata, que ha sido la que tradicionalmente ha tenido Uruguay en materia de relaciones laborales y de legislación laboral. Siempre hemos contado con una Justicia independiente en materia laboral que ha sido amparo de los trabajadores y con un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, históricamente, en todas las circunstancias -también ahora, a partir de una actuación profesional del Centro de Conciliación- ha servido de garantía de los trabajadores, como la posición más débil de la relación laboral. A la hora de legislar se trata, precisamente, de mantener el equilibrio en el sentido del interés general. No se debe legislar en favor de los empresarios ni solo en favor, ya no digo de los trabajadores, sino de las organizaciones de trabajadores sindicalizados, que es algo distinto. Se debe legislar en función del interés general. Eso es lo que hemos postulado siempre y es lo que vamos a seguir postulando, señor Presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Hernández. SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente… SEÑORA PASSADA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR HERNÁNDEZ.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: estaba diciendo que, inmediatamente después de que eliminamos los artículos que tenían que ver con las ocupa-

ciones de las empresas, ingresó el Presidente de la Cámara de Comercio, señor Alfonso Varela. Luego que los compañeros de la Comisión se retiraron, nosotros le informamos que habíamos sacado esos artículos. Eso figura en la versión taquigráfica de la Comisión de ese día, en la que consta que el Presidente de la Cámara de Comercio -al otro día era el encuentro de las Cámaras- agradeció el gesto, diciendo que ese tema, que había sido planteado por los propios empresarios, se sacaba de la mesa de discusión. En esa confusión que tenían las Cámaras empresariales, que informaron mal a sus miembros, se dijo que los Consejos de Salarios estaban reñidos con la negociación colectiva. El sector empresarial confunde la obligación de negociar de buena fe -que es lo que establece el proyecto- con la negociación colectiva. Solamente en la negociación en los Consejos de Salarios se aplicará la obligatoriedad de llegar a consensos tripartitos. El Consejo de Salarios resolverá sobre salarios mínimos por categoría y aumentos salariales, y cuando hay acuerdo entre trabajadores y empresarios sobre condiciones de trabajo, sin que vote el Gobierno -estamos aclarando-, eso se incorpora inmediatamente al Consejo de Salarios. Por eso estuvieron durante todo este tiempo confundidos y se confundió a las Cámaras, porque el proyecto establece que la negociación colectiva, que puede ser por sector o por empresa, es bipartita, y es para resolver los problemas que no pueden solucionar los Consejos de Salarios, como pueden ser los planes de producción, productividad, servicio, cuidados en el trabajo, capacitación. Asimismo, en Sala se ha confundido el tema de la cláusula de paz. En este sentido, voy a dar lectura a lo que dijo el doctor Mario Ackerman -quizás también se lo pueda cuestionar- con relación a las cláusulas de paz. Dijo así: “Además, sería bueno incluir mecanismos de solución de conflictos en general y regulación del ejercicio de las medidas de fuerza. Lo ideal sería que todo aquello que hace a la solución de los conflictos, a la prevención de los conflictos y a la adopción de medidas de fuerza sea producto de la negociación colectiva”. Y quiero agregar algo más. Más adelante, el doctor Ackerman expresó: “Digo esto porque, a veces, so pretexto de decir que se previene el conflicto, se regula cómo se hace huelga”. Creo que es bastante claro lo que se manifiesta. Y sigue: “Son dos territorios completamente distintos. Prevención de los conflictos supone buscar mecanismos alternativos para la

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solución de los conflictos. […]”, por eso es parte de la negociación colectiva. Después de este ámbito que generó el Gobierno en el año 2005, los empresarios se retiraron de la discusión del proyecto de ley de negociación colectiva, no por el proyecto en sí sino porque no estaban de acuerdo con la discusión que estábamos dando sobre el proyecto de ley de tercerizaciones que se estaba tratando en el Parlamento. Entonces, me pregunto: ¿la discusión no fue un poco esquizofrénica? Porque resulta que estoy discutiendo el proyecto de ley de negociación colectiva, pero me voy, no por esta iniciativa con la que no estoy de acuerdo o con la que coincido en algunas cosas sí y en otras no, sino porque se estaba discutiendo el proyecto de ley relativo a las tercerizaciones. También quiero decir lo que representaron para la sociedad los convenios colectivos. Se aumentó la inversión privada en un 18% del Producto Bruto Interno y en 2008 se produjo la cifra más alta de los últimos veinticinco años. La inversión privada se expandió en un 76% entre los años 2004 y 2008, alentada, evidentemente, por la estabilidad macroeconómica. Solamente en el año 2008 las inversiones crecieron a seis veces más que en 2004. Todo esto fue por los Consejos de Salarios. Es poco el tiempo del que dispongo, pero quiero manifestar -para que quede sentado en la versión taquigráfica- que en el día de hoy, en el diario “El País”… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Disculpe, señora Diputada, pero ha finalizado el tiempo de la interrupción. Puede continuar el señor Diputado Hernández. SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente… SEÑORA PASSADA.- ¿Me permite una nueva interrupción? SEÑOR HERNÁNDEZ.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PASSADA.- Gracias, señor Diputado. Señor Presidente: hay 180.000 pobres menos en un año. La pobreza se redujo 5,5% entre los años

2007 y 2008. 16.000 personas salieron de la indigencia. En diciembre de 2008, la pobreza bajó entre un 20% y un 25%. Más de 180.000 personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza. ¿Cómo se llama esto, señor Presidente? ¿No es parte de la instalación del diálogo social, de la búsqueda de consensos, de haber instalado la negociación colectiva, de haber mejorado la calidad del trabajo, de haber mejorado los salarios mínimos nacionales? Coherentemente, esta bancada de Gobierno presentó varios proyectos de ley de negociación colectiva durante todas las Legislaturas. El último fue en 2000, cuando varios compañeros colegas aquí presentes presentaron ese proyecto de ley que tampoco tuvo las voluntades políticas para que se aprobara, y se siguió perdiendo tiempo para la negociación colectiva en este país. Por eso, señor Presidente, este Gobierno no dejará librado a la voluntad política de turno que exista o no negociación colectiva, en este caso para la rama privada. Hace poco quedó regulada la rama del sector público y nadie dijo nada. También se regularon otras actividades que implican a vastos sectores sociales. El camino que iniciamos en el año 2005 lo vamos a culminar con la aprobación de este proyecto, entendiendo que las relaciones laborales de este país cambiaron para que fuera reconocido, una vez más, como Estado que da cumplimiento a la normativa laboral vigente en materia internacional y que no es denunciado -contrariamente a lo que sucedió durante muchísimo tiempo- en los organismos internacionales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Hernández. (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Llamamos la atención a la barra que, de acuerdo con el artículo 158 del Reglamento de la Cámara, no se pueden hacer manifestaciones. En el caso de que se reiteren, nos veremos obligados a aplicar el Reglamento en lo que hace al desalojo. Puede continuar el señor Diputado Hernández. SEÑOR HERNÁNDEZ.- He terminado, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

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SEÑOR POZZI.- Señor Presidente: no sé si este es el proyecto de ley de Castillo y Bonomi, pero estoy seguro de que es el de Bonomi, de Bruni, de Baráibar, del Presidente de la República, del Consejo de Ministros y de todos los legisladores de la fuerza política que es el Frente Amplio. De eso estoy totalmente seguro. Este es un proyecto que cuando termine esta sesión y tenga los votos afirmativos -esperemos que de más gente, pero por lo menos todos los de la fuerza política Frente Amplio- va a convertirse en una ley total y absolutamente legítima -porque así es la constitución de este Parlamento-, tan legítima como cualquiera de las otras leyes que hayamos votado en el transcurso de estos cinco años de Legislatura. Es interesante tratar el tema del consenso social. Está bien que se traiga a Sala y se plantee como una limitante para la aprobación de este proyecto. La pregunta que a mí me queda en el tintero es la siguiente. Cuando se resolvió no convocar más a los Consejos de Salarios, no convocar más a la negociación colectiva y dejar todo librado a que las partes se pusieran de acuerdo, ¿cuál fue el consenso social que tuvo esa realidad que se vivió desde 1990 en adelante? Porque yo creo que no hubo consenso social en aquel momento, y no solo lo creo, lo afirmo, porque lo viví desde adentro. En aquel momento, los trabajadores no estábamos de acuerdo con que no existiera ningún ámbito de negociación con intervención del Estado, donde periódicamente se pudieran discutir el salario u otras tantas cosas como se discutían en los Consejos de Salarios. De manera que cuando se habla de los consensos sociales, que son muy importantes, que se necesitan y que son trascendentes, diremos que nosotros estuvimos buscándolos en todo momento, desde los años 2006 y 2007; desde que esto está en el tapete estamos tratando de alcanzarlos. Ahora, cuando llega un momento en el que vemos que, se ponga lo que se ponga o se saque lo que se saque, ese consenso social no se va a dar, priorizamos lo que nos parece más importante. Y lo que nos parece más importante es que en las relaciones laborales haya una forma regida por ley, en la que trabajadores y empresarios puedan ponerse de acuerdo en temas tan importantes como el del salario, las condiciones de trabajo y otros muchos que se deben discutir en esas negociaciones y que abarcan muchísimos más aspectos del mundo del trabajo. Es cierto que la OIT ha observado algún aspecto de este proyecto de ley, pero rápidamente lo hemos

corregido porque no queremos ser un país observado por ese importante organismo internacional que regula las relaciones laborales. No lo queremos. Pero este país vivió año tras año observado por la OIT, por no tener una negociación del salario mínimo y de otros aspectos, y sin embargo acá a nadie se le movió un pelo. En esta Legislatura, con el cambio que le vamos a hacer a este proyecto de ley de negociación colectiva, no solo hemos corregido una de las observaciones que la OIT ha hecho. En el año 2005 también corregimos otra observación que la OIT le hizo a este país porque no existía una negociación de los salarios mínimos. Es decir que en esta Legislatura ya levantamos una observación de la OIT, ahora vamos a levantar la otra y el país va a quedar sin ser observado en ningún aspecto por ese importante organismo que rige el trabajo a nivel mundial. Se han dicho muchas cosas con respecto a este proyecto de ley, desde que las empresas iban a perder el poder de decidir, que iban a perder su gestión, hasta que prácticamente se iban a cogobernar. Voy a decir algo desde adentro, desde los que estuvimos en el mundo del trabajo: los trabajadores no quieren quedarse con las empresas. Los trabajadores quieren trabajar, ganar un salario digno e irse para sus casas a disfrutar de otras cosas. Eso es lo que quieren. ¿Sabe, señor Presidente, qué trabajadores son los que se quedan con las empresas? ¿Saben, colegas, qué trabajadores son los que se quedan con las empresas? Aquellos que no tienen más remedio que hacerse cargo de ellas, porque los empresarios desaparecen y ni siquiera les pagan los adeudos laborales. Además, tienen que formar cooperativas para poder seguir llevando el pan a la casa y, por suerte, algunas de ellas resultan ser exitosas. Hoy tenemos varias experiencias al respecto y estamos tratando de apoyarlas. Esos son los trabajadores que se quedan con las empresas. El resto de los trabajadores de este país lo único que quieren es ganar un salario digno, trabajar ocho horas y luego dedicarse a su vida. También se ha hablado del problema de que una ley sea aprobada sin amplias mayorías políticas y sin consenso social. La reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005 adolecía de falta de consenso social. Sin embargo, el resultado de la ronda de Consejos de Salarios nos deja una cifra bastante interesante: más del 95% de los acuerdos fueron logrados por consen-

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so. Más del 95% de los acuerdos -que fueron más de 220- se lograron por consenso entre trabajadores y empresarios. Esto es interesante para revelar: con algo que tampoco tenía consenso social desde el principio y mucho menos consenso político -porque, en todo caso, lo único que había que hacer era poner a funcionar una ley que ya venía de antes y que no había sido discutida en esta Legislatura ni en las anteriores-, en esas rondas se pusieron de acuerdo el 95% de los empresarios y los trabajadores. Si no hay un grado de conflictividad relevante, quiere decir entonces que el mecanismo funciona, y nosotros, a través de este proyecto de ley, tratamos de mejorarlo y de impulsarlo. Recién se ha hablado sobre el famoso intervencionismo del Estado. Nosotros creemos firmemente que el Estado tiene que intervenir en las relaciones laborales. Lo que observamos en el pasado nos hizo llegar a la conclusión de que cuando el Estado no interviene sucede lo que sucede. ¿Sabe, señor Presidente, cuántos trabajadores acordaron su salario y cuántos no lo hicieron en la década pasada? Solo el 20% de los trabajadores alcanzó a tener aumentos salariales por acuerdo en la década pasada, hasta 2004; el 80% restante no lo obtuvo. ¿Sabe por qué? Porque solo pudieron negociar quienes tuvieron fuerza para seguir manteniéndose y peleando. Ahí se lograron acuerdos. Con el resto no hubo acuerdos. Cuando nosotros asumimos este Gobierno había miles de trabajadores que llevaban años sin recibir aumento de sueldo. Estos no son inventos; son realidades que todos nosotros conocemos. Por lo tanto, creemos que el Estado debe tener una actitud firme y decidida de participar, de convocar y de estar presente en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Este es el mismo Estado al que otros también le van a pedir que intervenga en varios aspectos de la vida nacional. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser así. ¿O no le vamos a pedir al Estado que intervenga cuando hay sequía para dar forraje a los animales porque si no se mueren? ¿O no es el mismo Estado al que le vamos a pedir que intervenga cuando hay inundaciones y se barre con todo? ¿No es el mismo Estado? Estoy de acuerdo con que sea así, con que se pida al Estado y este intervenga. También estoy de acuerdo con que el Estado tenga que intervenir en estos procesos porque, si no lo hace, hay problemas, y estos los pagan los que menos pueden, que son los trabajadores.

No voy a hablar sobre el fondo del proyecto de ley, porque hago totalmente mío el informe que ha hecho el señor Diputado Bentancor en nombre de la Comisión y de la mayoría, así como las ampliaciones que la compañera Diputada Passada ha referido en su intervención, pero sí digo que, al revés de lo que se piensa, vaticino algo muy diferente para el futuro: que las relaciones laborales, en la medida en que se concreten, sean periódicas y continúen, van a ser algo de lo que no nos vamos a acordar, ya que van a funcionar automáticamente y sin problemas. Tal vez haya que corregir en el futuro esta ley, porque no hay ley que se haga y sea perfecta. Es posible que encontremos cosas que tengamos que corregir, pero estoy seguro de que los trabajadores y los empresarios, habiendo lugares de negociación periódicos donde se conozcan e intercambien información con la debida regulación, van a conseguir un proceso mediante el cual no nos vamos a preocupar más por las relaciones laborales. Eso es lo que busca este proyecto de ley e, inclusive, eso es lo que está pasando con los Consejos de Salarios. Nosotros vamos a votar con todo gusto este proyecto de ley. Estamos totalmente convencidos de que es un instrumento valioso, que aporta, aunque, como todo, no es perfecto. Quizás haya que trabajarlo más. De pronto, en algún momento nos daremos cuenta de que hay que hacerle cambios y allí estaremos para realizarlos, si es que nos toca volver. Pero, señor Presidente, esto que vamos a dejar hoy es la culminación de un proceso de cinco años de normas laborales que ahora sí han dejado en el medio el péndulo que estaba volcado hacia un lado; han dejado la igualdad de trabajadores y empresarios en las negociaciones, y de ella van a surgir los frutos que yo anticipaba. Por todas estas razones, vamos a acompañar este proyecto de ley de Bonomi, de todo el Gobierno y de todos los legisladores del Frente Amplio. Este legítimo proyecto de ley lo vamos a acompañar y a defender en todos los lugares con mucho gusto. Muchas gracias, señor Presidente.

30.- Rectificación de trámite.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bernini, Pozzi y Ortuño.

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(Se lee:) “Mocionamos para que el proyecto ‘Abreviación de Procesos Laborales’ (Carpeta N° 3341/2009, Repartido N° 1608), que se encuentra a consideración de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración pase a la Comisión de Legislación del Trabajo”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

31.- Sistema de negociación colectiva. (Creación).
Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Bonomi. SEÑOR BONOMI.- Señor Presidente: la iniciativa ha sido largamente fundamentada, pero quiero traer algunos datos, porque lo que llega a Sala tiene esos antecedentes y conviene conocerlos. No voy a citar al doctor Ermida Uriarte solo en aspectos puntuales, sino que me gustaría hacerlo en aspectos más globales. Voy a leer un trabajo de 2006: “La mayor novedad y la que ha tenido por el momento más repercusión -a pesar de tratarse, en realidad, de la reimplantación de un viejo instituto-, es la convocatoria de los consejos de salarios, que funcionaron durante todo el 2005 en una primera ronda de negociación y que están, en este momento, desarrollando una segunda ronda […].- ¿Qué son los consejos de salarios? Trátase de comisiones tripartitas integradas por el gobierno, sindicatos y empleadores, constituidas por ramas de actividad, que tienen la facultad de fijar salarios mínimos por categoría y por rama de actividad. Estos consejos de salarios están previstos en una ley de 1944, que está vigente desde entonces. Han tenido, sin embargo, una vida azarosa, porque recibieron una aplicación muy intensa durante determinados períodos y durante otros no se utilizaron. Es que el gran ‘talón de Aquiles’ de la ley de consejos de salarios consiste en que el Poder Ejecutivo ha interpretado que la ley le faculta a convocarlos o no. Por tanto, cuando la política del Poder Ejecutivo ha sido convocarlos, lo ha hecho y han funcionado muy bien, pero cuando el Poder Ejecutivo ha resuelto -por las razones que fueran y que no vienen al caso ahora-,

no convocar, los consejos de salarios no funcionaron. Estos consejos tuvieron actuación en tres etapas. Primero desde su creación en 1943-44 hasta 1968, fecha en la que se inicia la etapa de subordinación de lo social a determinadas políticas económicas. En ese momento se dejan de convocar, actitud que, por supuesto, se mantiene durante la dictadura. Los consejos de salarios se reimplantan con la reinstitucionalización democrática de 1985, iniciándose así su segunda etapa de funcionamiento, la que se extiende aproximadamente hasta 1989-1990, ocasión en la que se dejan de convocar: segunda muerte o suspensión de los consejos de salarios, que son revividos nuevamente en 2005, cuando se inicia su tercera etapa.- ¿Y qué pasó cuando se reconvocaron en 2005? En un país donde casi no había negociación colectiva, de la noche a la mañana, como por arte de magia -o habría que decir ‘por arte de convocatoria’- tuvimos a casi todo el país negociando en casi todas las ramas de actividad. En verdad nadie había creído -ni los más fervientes partidarios de los Consejos de Salarios pensaron- que en el fondo ‘iba a ser tan fácil’, pero lo cierto es que de la noche a la mañana todo el mundo negoció y en casi todas las ramas de actividad hubo acuerdos o decretos sustitutivos. De modo que el primer gran efecto y el mayor éxito fue que se restableció la negociación colectiva; una negociación colectiva tripartita intervenida por la participación del Estado, pero negociación al fin, la que a su vez acarreó otros efectos adicionales sumamente interesantes”. Cuando se dejó de convocar los Consejos de Salarios no hubo consenso para hacerlo, no se consultó a los trabajadores, ni a los empleadores, ni a los legisladores. Simplemente, se dejó de convocarlos. Y luego no hubo Consejos de Salarios y además, tampoco hubo casi negociación colectiva, que son dos cosas distintas. Y como no se alcanzó el consenso para elaborar leyes sobre negociación colectiva, se extendió casi quince años la no convocatoria y la no negociación, salvo en cinco sectores: la salud, el transporte colectivo, el sistema financiero, la construcción y el sector metalúrgico. Ello se debió a razones determinadas. Había que fijar el costo de la cuota mutual y para ello había que tener pautas salariares que se determinan por la negociación. Lo mismo ocurría con el transporte colectivo. Tampoco se podía dejar sin negociación un sector en el que descansa la economía, como el sector financiero. A su vez, los sectores de la construcción y metalúrgico participaban de la licitación

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de obras públicas y, por lo tanto, era necesaria cierta regulación. En los demás sectores no hubo negociación, y el daño que se le hizo al país y a los trabajadores por esa carencia fue mucho mayor que resolver algunas cosas, como se resuelve en democracia, por mayoría y no solo por consenso; aunque es cierto que en las leyes sociales es importante la búsqueda del consenso. Con esos antecedentes llegamos a 2005, se estableció una discusión tripartita sobre normativas laborales y, sin consenso, se aprobó una ley de fueros, que contó con grandes acuerdos aunque hubo discrepancias en dos o tres puntos. Se dijo que si esa ley funcionaba el país se venía abajo. Dos años después, asesores de las Cámaras Empresariales dijeron que, porque los Jueces resolvían con mucho sentido común y los trabajadores no abusaban, la ley funcionaba bien. Efectivamente, la ley funciona bien. Luego se planteó el envío al Parlamento de un proyecto de ley sobre prevención de conflictos que contenía conceptos sobre la ocupación de lugares de trabajo, con los que discrepaban los trabajadores y los empleadores, estos últimos con más fuerza. A pedido de los empleadores, en una reunión realizada con los Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, se retiró el proyecto de ley del Parlamento y se sustituyó por un decreto, aún vigente, con el compromiso de los empleadores de discutir otro proyecto de ley de negociación colectiva que tuviera un capítulo sobre prevención de conflictos. Se comprometieron a concurrir a esa reunión los Presidentes de las Cámaras y no los asesores. Posteriormente, se aprobó el proyecto de ley de tercerizaciones y, en protesta por la aprobación de esa ley que iba a traer grandes calamidades para el país -aunque no trajo ninguna-, se retiraron también de la negociación sobre cualquier forma de legislación laboral. Nosotros, entonces, teníamos planteado un borrador sobre negociación colectiva y le pedimos a los empleadores que no se retiraran porque lo mejor era discutir para corregirlo; era solo un borrador. Nos dijeron que se retiraban porque el Gobierno tenía derecho a cumplir con sus compromisos y no querían impedírselo. Y se retiraron. Les dijimos: “Si se retiran, nosotros no avanzamos más en este borrador; tal como está va al Parlamento, que será el titular del proyecto”. Eso es lo que sucedió, por eso el borrador tiene imperfecciones. Era un borrador para ser mejorado

en el Parlamento. Se retiraron por voluntad propia y lo dijeron en la prensa. Todos los medios de prensa pueden avalar lo que estoy diciendo. A pesar de haberse retirado, posteriormente tuvimos una reunión en la Cámara de Industrias del Uruguay con la participación de su Presidente, el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y el Presidente de la Organización Internacional de Empresarios, el señor Daniel Funes de Rioja, quien manifestó haber leído a fondo el borrador y dijo que la OIE y, por lo tanto, la OIT, no tenían ningún inconveniente con él salvo en un tema: el de las ocupaciones de los lugares de trabajo; en todo lo demás estaba a tono con la OIT. Posteriormente, delegados de las veinticuatro Cámaras empresariales se reunieron con el Presidente de la República y le pidieron que se retiraran del proyecto todos los conceptos sobre las ocupaciones. Así se hizo en junio del año pasado y fue anunciado en la Asamblea General de la OIT. Luego fue anunciado en Uruguay en conferencia de prensa y después se le planteó a la Comisión de Legislación del Trabajo. Es decir que desde hace aproximadamente catorce meses se sabe que las ocupaciones no formaban parte del proyecto de ley. Sin embargo, se ha insistido -inclusive aquí- con que forma parte del proyecto. También se insiste con que la OIT observa el proyecto. No se dice qué observa. En todo caso, observaba lo relativo a las ocupaciones que ya no está en el proyecto, y el artículo 12 porque entiende que la negociación colectiva es bipartita y no tripartita y que el Gobierno no debe votar en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Este año hablamos con expertos de la OIT que nos aclararon el alcance de la observación, que es el que estoy señalando. El caso es que a la OIT se le mandó el proyecto y no las referencias y antecedentes. Por lo tanto, la OIT estudia el proyecto separado de los antecedentes uruguayos, y en Uruguay hace decenas de años que en los Consejos de Salarios los trabajadores y empresarios discuten condiciones de trabajo y el Gobierno no vota pero homologa. Conociendo esto, la OIT dice que eso no es problema; el problema es si vota. Y se aclara que lo que está expresado es la reivindicación de la forma de funcionamiento de los Consejos de Salarios, lo cual es reafirmado por lo que leyó la señora Diputada Passada.

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Pero hay antecedentes que quiero señalar, porque a lo mejor se pueden sorprender. Tal como está el proyecto, el artículo 12 dice: “Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada (…)”. Esto y todo el artículo se puede suprimir, porque la Ley de Rendición de Cuentas Nº 16.002, de 1988, enviada al Parlamento con la firma de Julio María Sanguinetti, Ricardo Zerbino, Antonio Marchesano, Luis Barrios Tassano, Teniente General Hugo Medina, Adela Reta, Alejandro Atchugarry, Jorge Presno Harán, Hugo Fernández Faingold, Raúl Ugarte Artola, Pedro Bonino Garmendia y José Villar Gómez, en su artículo 83 dice así: “Dispónese que los decretos del Poder Ejecutivo que homologuen los acuerdos elaborados en el seno de los Consejos de Salarios, instituidos por decreto 178/985, de 10 de mayo de 1985, tendrán vigencia en todo el territorio nacional, a partir de su publicación completa o de un extracto de los mismos que contenga las principales normas de carácter laboral, en el Diario Oficial o en su defecto en dos diarios de la capital”. Las normas de carácter laboral no son solo los aumentos de salario y la fijación de salarios mínimos por categorías, sino que abarcan las condiciones de trabajo. Por lo tanto, esto ya existe desde 1988 y el Gobierno no hace novedad. Lo que hace el Gobierno es aclarar… (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Esteban Pérez. SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- Señor Presidente… SEÑOR BONOMI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BONOMI.- Señor Presidente: lo que hace el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley es aclarar que para que los Consejos de Salarios resuelvan sobre condiciones de trabajo, lo tienen que hacer los trabajadores y los empresarios, y el Poder Ejecutivo no puede votar. Eso es lo que aclara. Y si no se tiene en cuenta esto, no se lee bien, o no se interpreta bien o

no sé qué pasa. Pero es clarísimo: esto levanta cualquier objeción de la OIT. Y si se sigue interpretando eso, no se ajusta a la realidad. Nada de lo que está presente va a ser objetado por la OIT. Insisto: nosotros aspiramos al consenso social. Pero el mal que se produjo al país cuando por falta de consenso se mantuvo la no convocatoria a los Consejos de Salarios y a la negociación colectiva fue mucho mayor que el que se hubiera provocado tomando una resolución sin obtener consenso. Insisto en el papel del Estado en este proyecto y en cómo han funcionado los Consejos de Salarios. Hace unos momentos, el señor Diputado Pozzi decía que en la primera ronda hubo un 95% de casos de consenso; en las tres rondas hubo más de setecientos acuerdos por sector, no por empresa -hay sectores que abarcan decenas y centenas de empresas-, con un promedio del 90% de casos de consenso. En los casos en que no hubo consenso, prácticamente el 50% se votó con los empresarios y el 50% con los trabajadores. Y el Estado no votó en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, salvo en un caso, en que lo único que hizo fue traer a colación un decreto anterior que estaba vigente; pero no votó, manifestó la validez del decreto que, además, favorecía a los empleadores. Por último, nosotros interpretamos que la razón de este proyecto es que en Uruguay la negociación se basa fundamentalmente en dos aspectos: la fijación del Salario Mínimo Nacional por decreto -a partir de 2005, con consulta a las partes; antes de 2005 era sin consulta a las partes- y la negociación por ramas de trabajo tripartita para resolver salario mínimo por categoría y aumento de salarios. Creo que si ese sistema queda solo ahí, en algún momento va a colapsar. Por eso, este proyecto de ley incorpora un tercer nivel de negociación, que es la negociación bipartita por empresa para discutir y aprobar lo que no se puede discutir y aprobar en los Consejos de Salarios, y no por una razón formal, no porque la negociación colectiva sea bipartita, sino porque los Consejos de Salarios son por rama de trabajo y hay cosas que hay que discutirlas en otro nivel. Los planes de producción, de salud y de seguridad en el trabajo, de capacitación y de productividad hay que discutirlos mucho más cerca de donde se produce el problema y no en el Consejo de Salarios, que es por ramas. Esto da otra dimensión a la negociación, da la posibilidad de que lo que se

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esté negociando en el Consejo de Salarios no sea lo último y permite discutir con otra intensidad, porque los ajustes se pueden introducir en la empresa y evitar problemas que se dan… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Esteban Pérez. SEÑOR BONOMI.- ¿Me permite otra interrupción, señor Diputado? SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- Señor Presidente: le concedo otra interrupción al señor Diputado Bonomi. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BONOMI.- Señor Presidente: lo que se puede discutir en la empresa evita otros problemas que a veces se dan cuando en la rama existen empresas de distinto tamaño, porte, de distintas posibilidades y es difícil buscar el equilibrio. Entonces, esto se incorpora por ley y no solo por la costumbre que puedan tener algunos sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción lo tiene, y ha planteado en distintos ámbitos que no quiere negociar por empresa; quieren negociar por sector, bipartitamente, para alcanzar acuerdos que en otras condiciones se pueden alcanzar en la empresa. Esto le da otra dimensión a la negociación y permite otras cosas, que estoy seguro no se van a alcanzar de un día para el otro. Cuando se tenga una ley que regule esto, hay que pasar por la experiencia de la práctica de la negociación en tres niveles. Pero cuando se llegue a eso, vamos a tener en el país una forma superior de negociación que combina tres pisos. Ese es el sentido de este proyecto de ley. Creo que por las razones que fueron expresadas antes, no hubo voluntad de discutir tripartitamente. Es cierto que cuando estaba para aprobarse se introdujeron algunos aspectos que demoraron su aprobación, pero no se estableció nada nuevo a los efectos de la negociación. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Puede continuar el señor Diputado Esteban Pérez. SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: voy a ser breve porque, como bien se dijo, hace mucho que se está discutiendo este tema. En Sala se ha mencionado la Concertación Nacional Programática, de 1984, pero quiero recordar que antes de esa instancia, en los años 1968 y 1969, la CNT se movilizaba para defender la convocatoria de los Consejos de Salarios y expresaba la necesidad de contar con un instrumento como la negociación colectiva. También aquí se ha dicho que el Frente Amplio quiere votar a capa y espada este proyecto de ley de negociación colectiva y que se aprobará en esta sesión. Es cierto; hoy se va a votar porque estos elementos de debate son históricos en nuestro país. ¿Qué pasó cuando no se convocaron los Consejos de Salarios ni hubo negociación colectiva? Desde 1968 hasta 1984 -ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad; ahora no vamos a profundizar en las razones porque son muy claras- no hubo llamado a Consejos de Salarios ni a negociación colectiva, pero sí existió traslado del sector trabajo al sector capital por, aproximadamente, US$ 6.000:000.000, datos que se pueden demostrar con las cifras que estudiamos durante 1984 y 1985 y que pudimos exponer, como representantes de los trabajadores, en la Concertación Nacional Programática. Como bien mencionaba el compañero Diputado Bonomi -lo que también afirma el doctor Ermida Uriarte-, cada vez que se convocó a los Consejos de Salarios se obtuvo excelentes resultados, pero no solo por la forma de diálogo social que se aportó a toda la sociedad en el enfrentamiento natural que existe entre el capital y el trabajo -estos son instrumentos fundamentales para la negociación porque la dificultad que existe entre el trabajo y el capital es cierta, es un dato de la realidad-, sino porque la negociación colectiva, el diálogo social y los Consejos de Salarios administran esa relación. ¿Qué pasó cuando no se convocaron los Consejos de Salarios desde 1990 a 2005? Hubo algunos períodos en que por razones externas el país creció, pero al no instrumentarse la negociación colectiva ni los Consejos de Salarios este Gobierno recibió un país sin negociación para los trabajadores y con un descenso del 20% de su poder adquisitivo, con el 17% de des-

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ocupación y con el 50% de los trabajadores en negro, situación auspiciada por los propios gobiernos. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? La bondad de la negociación colectiva y del diálogo social; que los Consejos de Salarios son instrumentos fundamentales para la redistribución del ingreso nacional. Y tal vez allí haya un aspecto irreconciliable con la oposición, porque históricamente cada vez que se han convocado los Consejos de Salarios han funcionado bien. No quiero adjetivar en ningún sentido, pero, ¡oh, casualidad, señor Presidente! Cuando no son convocados, la masa salarial cae abruptamente en función y beneficio del capital. Además de las bondades que aquí se han mencionado sobre los Consejos de Salarios, también es cierto lo que afirma el doctor Ermida Uriarte y que reiteró el señor Diputado Bonomi respecto a que tienen un talón de Aquiles: dependen del gobierno de turno. Si en el disco duro de ese gobierno está la redistribución del ingreso o no, esto se puede aplicar o no. A partir del día de hoy, se votará un proyecto de ley que determinará la obligatoriedad de la negociación colectiva, y lo vamos a votar con mucho gusto. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni. SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: por exclusiva razón de la casualidad, en más de una oportunidad nos ha tocado hablar prácticamente al finalizar el debate. Quiero dejar bien en claro que no está en mi ánimo dilatar esta instancia, sino todo lo contrario, porque deseo que cuanto antes podamos votar este proyecto, poner en funcionamiento la ley y que en el país comience a existir en forma obligatoria la negociación colectiva. Pero como aquí se han escuchado algunas afirmaciones que si no son contestadas, a mi juicio, parecería que las estamos aceptando, brevemente quiero referirme a ellas. Hemos escuchado que este proyecto no tiene mayores apoyos ni consenso social; también hemos escuchado por parte de algunos legisladores que, lamentablemente, ni siquiera han permanecido en Sala durante todo el debate, que esto presenta fuertes omisiones y hasta se ha hablado de ciertas cláusulas que no figuran. Lo primero que quiero señalar es que a diario en este Parlamento estamos debatiendo leyes, que pue-

den ser complementarias de otras o que las modifican. Por consiguiente, lo importante es que haya una base de la cual se parta, que es lo que hoy vamos a votar. No tenemos ninguna duda de que esto es perfectible; en esta vida no hay nada que sea perfecto, pues todo se puede mejorar. Por lo tanto, quienes hoy entienden que hay cosas que quedaron fuera, deberían empezar a redactar los textos complementarios para que luego los debatiéramos. Pero cuidado, los vamos a debatir después de que se hayan logrado los consensos que hoy se reclaman porque lo que no se incluyó no se hizo por razones etéreas sino porque había dificultades para hacerlo. Reitero que lo que aquí importa es que haya una base, que es la que se está votando. También se ha reclamado que no hubo tiempo para discutir. Decir eso, después de la pormenorizada explicación de la señora Diputada Passada, no es de recibo. Quien no la discutió fue quien no quiso; hubo cinco años de debate. Lo manifestado por la señora Diputada Passada ni siquiera me atrevo a calificarlo de contundente porque sería poco preciso; eso es absolutamente lapidario y no es levantable. Y cuando se dice que ahora, en las proximidades de las elecciones, no es momento de aprobarlo -escuché al colega Delgado afirmarlo-, me pregunto si después de todo este tiempo de debate no lo aprobamos ahora, ¿entonces cuándo? Si hoy no es el momento, ¿cuándo será? ¿En la próxima Legislatura? ¿Queremos discutir tres años más? Entonces, me permito interpretar que cuando se habla, fundamentalmente por el sector empresarial y tal vez por quienes defienden sus intereses, no es correcto señalar que este no es el momento; lo que sí debería decirse es que no queremos ley de negociación colectiva. Ahí está el quid de la cuestión. En lo que a mí respecta y a lo que nuestra bancada y fuerza política corresponde, no tengo ningún empacho en señalar y admitir que si a este Gobierno se lo acusa de haber puesto el dedo en el plato de la balanza que corresponde a los trabajadores, digo que es cierto, porque quien tiene autoridad moral para hacerlo por haber sido durante cuarenta años militante y dirigente del movimiento obrero, dice que en el otro lado de la balanza, en el que están las patronales, no solo había quienes ponían el dedo sino las dos manos. Esto lo tuvimos que enfrentar en gobiernos blancos, colorados, colorados y blancos. De una vez

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por todas, hay un Gobierno que trata de hacer justicia en beneficio del que más la necesita, que es el sector de los trabajadores. Gracias, señor Presidente. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: me he sentido aludido por algunos de los conceptos del señor Diputado Semproni, ya que se pone en tela de juicio -por lo menos, así lo entendí-, que mi votación no es por los fundamentos que expuse, sino por algunos supuestos que hace el legislador y que estoy seguro que lo hace de buena fe. En primer lugar, quiero decir que me sorprende que exprese que desde la oposición se manifiesta que el Partido de Gobierno va a poner el dedo en el plato de la balanza correspondiente a los trabajadores. No fue la oposición la que lo dijo; fue el actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, antes de asumir este Gobierno. En segundo término, el señor Diputado expresa que otras Administraciones a veces han puesto las dos manos en el platillo de la balanza que favorece a los empresarios. Quiero recordar al señor Diputado Semproni -quien trabajó en la banca y que tanto conoce- que no comparto el mecanismo de ir a desalojar por la fuerza y por intermedio de los Generales a los bancarios agremiados. Muchas gracias, señor Presidente.

——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por medio de la presente y al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia, por razones personales, por el día de la fecha. Sin otro particular, saludo muy atentamente, GERMÁN CARDOSO Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 73 del Lema Partido Colorado, señor Francisco Sanabria. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”.

32.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Germán Cardoso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco Sanabria”.

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——Dese cuenta de otro informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Pablo Álvarez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor César Faraone. Del señor Representante Carlos Baráibar, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Patrone. Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Albérico Sunes. Del señor Representante Esteban Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 23 y 24 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente señor Ricardo Sosa”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle licencia por motivos personales, para el día 23 de julio del corriente, amparándome en el Art. 1º, de la Ley Nº 17.827. Sin más, saluda atentamente, PABLO ÁLVAREZ Representante por Montevideo”.

Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca en el día de la fecha. Sin más, saluda atentamente, Julio Battistoni”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Beatriz Costa”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Hugo Arambillete”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca en el día de la fecha. Sin más, saluda atentamente, Daniel Montiel”.

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca en el día de la fecha. Sin más, saluda atentamente, Heber Bousses”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca en el día de la fecha. Sin más, saluda atentamente, Julio Balmelli”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Julio Battistoni, señora Beatriz Costa, señores Hugo Arambillete, Daniel Montiel, Heber Bousses y Julio Balmelli, y los señores Óscar Groba y Daniel Carbajal integran la Cámara durante la fecha indicada. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley N° 17.827 de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez. 2) Acéptanse las negativas presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes, señor Julio

Battistoni, señora Beatriz Costa, señores Hugo Arambillete, Daniel Montiel, Heber Bousses y Julio Balmelli. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor César Faraone. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 23 de julio, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, CARLOS BARÁIBAR Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar. 2) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Jorge Patrone. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”.

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“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, JOSÉ CARLOS MAHÍA Representante por Canelones”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Gabriela Garrido”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Paul Moizo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta

única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Hugo Vergara”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Luis E. Gallo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Silvia Camejo”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Rúben Suárez”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señora Gabriela Garrido, señores Paul Moizo, Hugo Vergara, Luis E. Gallo, señora Silvia Camejo y señor Rúben Suárez, y el señor Eduardo Márquez integra la Cámara en la fecha indicada. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señora Gabriela Garrido, señores Paul Moizo, Hugo Vergara, Luis E. Gallo, señora Silvia Camejo y señor Rúben Suárez. 3) Convóquese por Secretaría, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Albérico Sunes. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por los días 23 y 24 de julio de 2009, por motivos personales. Saluda atentamente, ESTEBAN PÉREZ Representante por Canelones”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Saluda atentamente, Yamandú Orsi”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted a fin de manifestarle mi voluntad de no aceptar, por esta vez, la convocatoria de la que he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Esteban Pérez por el día 8 de diciembre en mi calidad de suplente del mismo. Saluda atentamente, Matías Carámbula”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Pérez. Sin más saluda atentamente, Antonio Vadell “. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 23 y 24 de julio de 2009. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por los días 23 y 24 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez. 2) Acéptanse por esta única vez las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell. 3) Convóquese por Secretaría, por los días 23 y 24 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Ricardo Sosa. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. VÍCTOR SEMPRONI, GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”.

El proyecto no establece un sistema foráneo, ajeno o desconocido; todo lo contrario. El proyecto institucionaliza, legaliza las prácticas de los Consejos de Salarios, y contiene algunos elementos esenciales, como el derecho de información y la obligación de negociar, algo que debe ser bilateral: para el empleador y para los trabajadores. Además, de ninguna manera implica una obligación de acordar. Por eso relativizo algunas expresiones que se han vertido en Sala -a mi juicio, exageradas- sobre las consecuencias de la obligatoriedad de sentarse a una mesa de negociación. Existe el derecho de proporcionar la información, especialmente de parte del empleador. Es muy difícil sentarse a negociar con la parte empleadora si no se tiene toda la información y sin saber hasta dónde se puede ir. También se ha hecho referencia en Sala a la dificultad que apareja no introducir elementos de responsabilidad para el caso de que no se respete el deber de confidencialidad de la información que se trasmite. Esta preocupación es atendible en el sentido de que, efectivamente, debe haber un deber de reserva en la utilización de la información. Sin embargo, no es necesario establecer expresamente el tema de la responsabilidad, más allá de que la bancada oficialista pueda hacer algún agregado. Pero todos sabemos que nuestro ordenamiento jurídico, ante situaciones de esa naturaleza, establece sanciones porque, de acuerdo con el mecanismo que se utilice y las consecuencias, podría haber responsabilidades civiles e inclusive penales si hubiese algún aspecto delictivo en ese mecanismo ilegítimo. En todo caso, esto hace innecesario alguna referencia a responsabilidades especiales o a abundar en normativa, de la que hay inflación en nuestro ordenamiento jurídico cuando, por otro lado, la Recomendación Nº 163 de la OIT, que se ha mencionado en Sala, en ningún momento habla acerca de la responsabilidad sino del deber de reserva; lo otro es connatural, en todo caso. También hay elementos innovadores interesantes, como la necesidad de proveer lo necesario para la formación de los actores durante la negociación colectiva en los Consejos de Salarios para que el trabajo arroje los mejores frutos. Nos parece que este es un aspecto muy importante, positivo e innovador, y veremos cómo se materializa. Asimismo, el proyecto de ley resuelve adecuadamente el problema de los conflictos entre los diferentes convenios que se puedan dar de acuerdo con

33.- Sistema de negociación colectiva. (Creación).
——Continuando con la consideración del tema en debate, tiene la palabra el señor Diputado Roballo. SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: voy a ser breve porque mis compañeros de bancada han hecho un excelente trabajo y de alguna manera han expresado todo lo que pensábamos referir. Simplemente, quiero hacer hincapié en algunos puntos. En primer lugar, deseo hacer referencia a qué es lo que está en juego, de qué estamos hablando. Estamos hablando de los salarios y de las condiciones de trabajo, y la naturaleza de estos aspectos es salarial y alimentaria; de ahí la importancia y la firmeza con la que proponemos este proyecto de ley. En segundo término, debo decir que la sindicalización y la negociación colectiva son derechos fundamentales, están establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales, y el Estado tiene la obligación de garantizarlos y de promoverlos a los efectos de evitar que queden al arbitrio o quizá sujetos a la omisión de algunas de las partes en la convocatoria, como pasó, lamentablemente, en el período de la dictadura y en los años que van de 1990 a 2004.

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los niveles en que se pacten. Quiere decir que ante la pluralidad de niveles, pueden existir contradicciones que es necesario resolver desde el punto de vista legislativo. Se establecen dos aspectos que se combinan y que son bien resueltos: la primacía del convenio de mayor nivel y, al mismo tiempo, la aplicación del concepto de la norma más favorable, en concordancia con los principios que informan el derecho del trabajo. La doctrina y la legislación comparada nos dicen que estos son los criterios más aceptados. Por otro lado, se ha hecho referencia al problema que produce la ultra actividad del convenio, del acuerdo. La verdad es que no solo en el sistema argentino y en el brasileño, sino también en otros, se establece una norma similar. Pero lo que nos parece negativo es que se presenten prácticamente como barrabasadas temas que, en todo caso, son opinables. Me refiero a temas sobre los que existen opiniones a favor en materia de doctrina nacional y extranjera pero, también, como acabamos de mencionar, ejemplos en derecho comparado. Aquí no hay un problema de legitimidad; en todo caso, es un asunto opinable que la norma resuelve. Además, desde el punto de vista de la práctica, nos parece que se transforma en un elemento que favorece que las partes, una vez transcurrido el tiempo establecido, se sienten a negociar nuevamente, porque, de lo contrario, sigue vigente el convenio. En lo que respecta a la cláusula de paz, debemos decir que tenemos una gran cantidad de convenios colectivos que las incluyen. Entonces, la práctica nos dice que se utiliza este mecanismo. Pero, como bien planteó el profesor Ermida Uriarte en su comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo, si lo estableciéramos obligatoriamente, estaríamos atentando contra la autonomía colectiva de las partes. Además, debemos tener en cuenta lo que dice gran parte de la doctrina, y es que esas cláusulas son nulas porque implican una renuncia al ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho fundamental y constituye, entonces, un derecho irrenunciable. Por otro lado, nadie puede renunciar a algo de lo que no es titular, ya que el sindicato no es el titular del derecho de huelga, sino los trabajadores actuando colectivamente. También queremos mencionar la referencia que se ha hecho a la comparecencia del profesor Ermida Uriarte, relacionada con este aspecto. Bueno, en ese sentido, creemos que hay que leer toda la versión ta-

quigráfica, porque si bien es cierto lo que mencionaron algunos señores Diputados preopinantes, el profesor Ermida Uriarte también dice, y cito textualmente: “[…] en mi opinión personal no valoró bien el asunto,” -se está refiriendo a la comisión de expertos- “porque analizó el artículo y no el conjunto del sistema y la práctica nacional, por lo que habría que ver si en un futuro mantendría ese tipo de jurisprudencia”. Más adelante, después de hacer referencia a las consecuencias jurídicas para el Uruguay, que son de contenido ético-político y, sin lugar a dudas, muy importantes, advierte que uno de los caminos a seguir para resolver este punto es el de convencer “a la OIT de que se equivocó y jugando en esa cuestión cuasi jurisdiccional” con esta organización “para convencerla de que modifique esa jurisprudencia”. Es decir que realza nuevamente el hecho de que estos aspectos son opinables y que no tienen un aspecto de legitimidad que pueda comprometer la norma. En cuanto a la referencia al necesario consenso, puedo decir que tampoco lo hubo cuando se dejó de convocar a los Consejos de Salarios, ni cuando se modificó la ley de prescripción de créditos laborales, con un articulito perdido -el artículo 29 de la Ley de Inversiones-, ni con todo el sistema de precarización del trabajo y sus condiciones, bajo el famoso título de la flexibilización del derecho laboral, y sus consecuencias nefastas, especialmente en la clase trabajadora. Por último, hemos escuchado malos augurios para el caso de que se sancione esta ley. Son los mismos augurios que se utilizaron en la discusión de todas las normas que ha propuesto este Gobierno en materia laboral. Especialmente, se hizo referencia a los inversores, a las inversiones. Pues bien: estas no dejaron de crecer a pesar de las normas laborales que hemos sancionado. También crecieron las ganancias, los ingresos de las empresas, y el Gobierno, además de favorecer estas cosas, debe cumplir con la promesa hecha a la ciudadanía y con el mandato ético y moral de contribuir con elementos eficientes, positivos, en esta relación siempre conflictiva y compleja entre el capital, el trabajo y la necesidad de contar con un sistema de redistribución adecuado de la riqueza. Era cuanto quería decir, señor Presidente, y anunciar que vamos a votar por la afirmativa y con mucha alegría este proyecto de ley. Gracias.

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34.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Víctor Semproni, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Naya. Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 23 de julio de 2009, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Heber Duque”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 23 de julio de 2009, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente, VÍCTOR SEMPRONI Representante por Canelones”.

“Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Saludo a usted muy atentamente, Yamandú Orsi”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, saluda atentamente, Matías Carámbula”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui. Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, saluda atentamente, Antonio Vadell”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. II) Que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su ar-

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tículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni. 2) Acéptanse la negativa presentada, por esta única vez, por los suplentes siguientes, señores Yamandú Orsi, Matías Carámbula y Antonio Vadell. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Encuentro Progresista Frente Amplio – Nueva Mayoría, señor Pablo Naya. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, RAÚL CASÁS”. “Montevideo, 23 de julio de 2009. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Roque Arregui Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales por el día de la fecha. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch Legnani. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de julio de 2009. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 23 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 23 de julio de 2009, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque. Sala de la Comisión, 23 de julio de 2009. GUIDO MACHADO, PABLO NAYA”. RAÚL CASÁS,

35.- Sistema de negociación colectiva. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y seis: AFIRMATIVA. SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: se podrá imaginar que para una Diputada socialista, el hecho de que hoy sea aprobada la ley de negociación colectiva constituye una jornada histórica y legítima, porque este proyecto ha sido aprobado por las mayorías que los Reglamentos decretan. Por otra parte, luego de haber presenciado con paciencia y capacidad de aprendizaje esta larga discusión, veo que hemos obtenido grandes acuerdos. Uno de ellos es, precisamente, que esta ley tuvo un proceso de discusión larguísimo en esta Casa, en el Parlamento. Otro punto que me gustaría destacar es el de la coherencia de los partidos políticos. Esta fuerza política que hoy es Gobierno presentó en todas las Legislaturas el proyecto en materia de legislación del trabajo y defendió los intereses de los trabajadores, como es su sustancia, y también en todas las Legislaturas el Partido Nacional, que siempre tuvo a su cargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -excepto en esta, en que somos Gobierno y mayoría-, supo oponerse a la aprobación de una ley de este tipo, más o menos con los mismos argumentos. Me refiero al estilo de participación del Estado, como un Estado retraído, cuando nosotros queremos un Estado comprometido con los intereses del pueblo; o el derecho a la infor-

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mación de los trabajadores, que sigue siendo discutido hoy, en los mismos términos, por el mismo sector del sistema político uruguayo. Finalmente, se consagra la ultra actividad, tema recontra discutido. Es así que hoy, gracias a que esta fuerza política ha ganado la mayoría de las bancas en esta Casa, legítimamente y por mayoría, se aprueba una ley que yo creo que significa un gran avance, no solo para los trabajadores sino para el país en general. Solo en los países que tienen una mirada miope, que se establezca una negociación tripartita con reglas de juego claras puede significar -para algunos, más miopes- un peligro para la inversión. Las empresas modernas se fijan en todo lo contrario, señor Presidente: si realmente estamos a la altura del desarrollo de nuestro mundo. Por lo tanto, creo que esta consagración es un gran avance para el Uruguay y constituye un gran orgullo para esta legisladora, que durante tantos años se desempeñó, primero, como militante sindical y, después, como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, viendo de qué forma, una y otra vez, legislatura tras legislatura, este proyecto de negociación colectiva era saboteado. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- La Mesa desea aclarar que en los fundamentos de voto no se pueden hacer alusiones. Si así ocurriera, serán retiradas de la versión taquigráfica. SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: es difícil no hablar en este momento, más allá de que nos hemos sentido representados por los compañeros del Partido de Gobierno que hicieron uso de la palabra. Yo no sé si hay algún concepto que pueda englobar lo que sentimos en este momento al haber votado este proyecto de ley. Experimentamos una gran emoción y satisfacción por cumplir con algunos mandatos de esta organización que representamos, que es el Espacio 609, y ni qué hablar de todo lo que significa para el Partido de Gobierno, el Frente Amplio, que lo ha puesto de manifiesto en su Programa.

Esto lo hemos vivido desde varias miradas y lo podemos decir por los años que tenemos, ya sea como un simple trabajador o como integrante el PITCNT, donde veíamos transcurrir esa odisea. Allí, veía a Bentancor, que tanto luchó desde el PIT-CNT, en esas reuniones en las que siempre parecía que estaba ahí para concretarse, pero eso nunca sucedía. Creo que es como decía una compañera de nuestro Partido: no había voluntad política para llevar adelante estas cosas. Este Partido sí tiene esa voluntad política, lo ha manifestado y es un hecho. En lo personal, estamos representando a más de dos decenas de miles de votos, y si sumamos a todos los que estamos acá, estamos hablando de más de un millón de votos. Esa es una representatividad que atraviesa a toda la sociedad e involucra a todos aquellos que acompañaron a este Partido de Gobierno para que realizara aquellas cosas que eran posibles. Y lo hacemos -como dijeron varios colegas y como también expresó nuestro Presidente en una entrevista- en el marco de la Constitución y las leyes, en el marco de la República y de la representatividad -que esa sí que se maneja-, una representatividad que fue puesta de manifiesto en el año 2004 y asumida en 2005. En el día de hoy, señor Presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, estamos cumpliendo con parte de ese Programa, con el que vamos a continuar en el próximo Período de Gobierno. Muchas gracias. SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: quiero hacer un fundamento como trabajador, como socialista y como legislador. Digo como trabajador porque no puedo olvidarme de ninguna manera de que en la mañana de hoy la barra estaba repleta de trabajadores, aunque otros temas que precedieron la consideración de este asunto y lo inhóspito del clima llevaron a que se retiraran. Y como trabajador, quiero recordar que mientras lo fui, estuve muchísimas veces en esa barra para tratar de apoyar a mis compañeros de gremio o de la CNT -en aquel entonces-, detrás de las leyes laborales que favorecieran a los trabajadores. Siempre, señor Presidente -siempre-, me fui con un sabor amargo, porque

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escuchábamos largos discursos para que, en definitiva, los intereses de los trabajadores siguieran jaqueados. Como socialista, bueno, lo señalo porque creo que es el sueño de muchos que hoy ya no están, y también el sueño de muchos otros que hoy empiezan a militar en nuestro Partido y en el Frente Amplio sabiendo que, por encima de todo, el derecho de los trabajadores, respetarlo y mejorar cada día sus condiciones de vida, son cosas que tenemos entre ceja y ceja desde nuestros comienzos. Y como legislador, ¡qué más puede pedir un hombre a esta altura de su vida que poder estar definiendo esos sueños tan largamente acariciados, siempre aplazados, y poder hacerlos realidad en el día de hoy! Eso me llena de orgullo y de satisfacción, y quiero que de alguna manera este fundamento de voto vaya también como un reconocimiento a mi bancada en general. Muchas gracias. SEÑOR MASEDA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MASEDA.- Señor Presidente: este voto afirmativo es parte de la lucha de los trabajadores del Congreso Obrero Textil en los años 1968, 1969, 1970 y 1971, con quienes compartimos huelgas, ocupaciones y la lucha en la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores. En aquellos años, la lucha era contra los sindicatos amarillos. ¡Dura lucha la de la CNT! Corrían los años 1968, 1969 y 1970, cuando eran perseguidos los bancarios en este país. Al viejo Moss, al “Canario” Pintado, a los hermanos Martínez, a Washington Delgado y a un montón de compañeros cuyos nombres no recuerdo, para todos ellos, vaya este voto afirmativo. SEÑORA PINTOS.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑORA PINTOS.- Señor Presidente: no queríamos dejar de fundar el voto en este momento, que para nosotros es realmente importante, ya que nos ha to-

cado estar aquí de casualidad, debido a la enfermedad que aqueja al señor Diputado Doreen Ibarra. Nos sentimos felices de integrar esta fuerza política, esta bancada, que ha sabido llevar adelante y concretar en una ley la aspiración y la lucha constante de los trabajadores de nuestro país. Y me vienen a la cabeza una cantidad de nombres de personas de quienes aprendimos, de jóvenes, al verlos luchar por sus compañeros, como el viejo Pietraroia, de la UNTMRA, como Héctor Rodríguez, como los Toledo, como los Acosta en el SUNCA, que movían a miles de trabajadores detrás de los Consejos de Salarios cuando estos se realizaban y también luego, cuando fueron quedando de lado. Y hoy sentimos una gran alegría, no solo al escuchar a nuestros Diputados en la defensa de esto que es parte de la sociedad uruguaya, parte de esa tradición que no podemos dejar de lado, sino también al ver las barras llenas de trabajadores. Por eso agradecemos la oportunidad, aunque no haya sido por algo bueno para nuestro compañero de la Lista 1001, de haber podido estar aquí para votar este proyecto de ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- En discusión particular. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: si bien tenemos una nómina de artículos en los cuales puede haber modificaciones, tenemos otra que, a nuestro modo de ver, se puede votar en conjunto y suprimiendo la lectura. Me refiero a los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19 y 20. Si no hay oposición, sugiero que se suprima la lectura de estos artículos y que sean votados en bloque. SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra, para una cuestión de procedimiento. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: vamos a pedir el desglose de los artículos 2° y 3°, así como de

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los artículos 14 y 17, que creo ya están incluidos en el pedido del señor Diputado Bentancor. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- La Mesa informa que algunos artículos sustitutivos y aditivos presentados por Diputados del Partido Colorado han sido retirados. Se va a votar la supresión de la lectura de los artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19 y 20 y su votación en bloque. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Se van a votar en bloque los artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19 y 20. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2° del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Léase el artículo 3° del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Léase el artículo 4° del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) Léase el sustitutivo del segundo inciso del artículo 4°, presentado por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Pozzi y Bentancor. (Se lee:) “Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desa-

rrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan”. ——Se procederá a votar por incisos. En discusión el primer inciso del artículo 4° del proyecto del Poder Ejecutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión el segundo inciso del artículo 4° del proyecto del Poder Ejecutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cero en cincuenta y cuatro: NEGATIVA. Unanimidad. En discusión el sustitutivo del segundo inciso del artículo 4° recientemente leído. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Léase el artículo 5° del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——Léase la moción presentada por la señora Diputada Passada y por los señores Diputados Bentancor y Pozzi en relación con el acápite del artículo 5º. (Se lee:) “Modifíquese el acápite del artículo 5º, sustituyéndose la palabra comunicación por colaboración, corrigiéndose consecuentemente las otras referencias que aparecen en el mismo artículo”. Léase el acápite del artículo tal como quedaría redactado con la modificación propuesta. (Se lee:) “(Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las auto-

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ridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.- Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:” ——En discusión el artículo 5º del proyecto del Poder Ejecutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del primer inciso del artículo 9°. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos incisos restantes del artículo 9º del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Se vota) ——Cero en cincuenta y cuatro: NEGATIVA. Unanimidad. En discusión el sustitutivo del artículo 5º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Léase el artículo 9º del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——Léase la moción presentada por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Bentancor y Pozzi en relación con el primer inciso del artículo 9º. (Se lee:) “Modifíquese el primer inciso del artículo 9º, quedando redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 9º (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes”. ——En discusión. Como se advertirá, la diferencia entre ambas propuestas es que cambia el primer inciso del artículo. Se votará por incisos. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo 9° del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cero en cincuenta y cuatro: NEGATIVA. Unanimidad. Léase el artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——Léase la moción presentada por la señora Diputada Passada y por los señores Diputados Bentancor y Pozzi en relación con el segundo párrafo del artículo 12. (Se lee:) “Modifíquese la redacción del segundo párrafo del artículo 12, quedando redactado de la siguiente forma: …’Artículo 5º.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4º de la Ley Nº 17.940 de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo'”. ——Como se advierte, el único cambio que se propone al artículo es el relativo al segundo párrafo. En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo, excepto el segundo párrafo. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo párrafo del artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cero en cincuenta y cuatro: NEGATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del segundo párrafo del artículo 12. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. Léase el artículo 14 del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——Léase el sustitutivo del artículo 14, presentado por los señores Diputados Pablo Abdala, Delgado e Iturralde Viñas. (Se lee:) “Artículo 14 (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos, un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización.- En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización representativa de los trabajadores, la legitimación negocial podrá recaer en: a) representantes del personal electo por mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa involucrada en la unidad de negociación mediante el procedimiento de elección que determinen los trabajadores respectivos, y b) subsidiariamente, la organización de nivel superior más representativa, siempre que la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados optara por su representación”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se vota)

——Cero en cincuenta y dos: NEGATIVA. Unanimidad. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: quizás hubo una confusión, debido a que hemos venido votando negativamente los artículos tal como venían del Poder Ejecutivo. En realidad, la única modificación al artículo original que planteamos la señora Diputada Passada, el señor Diputado Pozzi y quien habla es muy leve. Consiste, simplemente, en el agregado de la palabra “representativas”, de manera que la referencia sea a “organizaciones representativas de empleadores”. Lo demás permanece incambiado. Por lo tanto, tal como veníamos procediendo hasta ahora, deberíamos votar negativamente el artículo del proyecto del Poder Ejecutivo y luego votarlo con esta modificación. Por otro lado, estaría la otra propuesta, que es antagónica, presentada por varios Diputados del Partido Nacional. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- ¿El señor Diputado Bentancor se está refiriendo al aditivo? SEÑOR BENTANCOR.- Exacto. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Lo que acabamos de votar no es el aditivo, sino el artículo 14 tal cual vino del Poder Ejecutivo; el resultado fue de cero en cincuenta y dos. SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui ).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: evidentemente, hubo una notoria confusión, por lo que sugiero que se rectifique la votación. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a rectificar la votación del artículo con la redacción dada por el Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. En función de este resultado, no corresponde poner a votación el sustitutivo propuesto por el Partido Nacional.

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Léase la moción de aditivo al artículo 14 presentada por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Pozzi y Bentancor. (Se lee:) “Mocionamos para que se introduzca un aditivo en el artículo 14 del proyecto de ley, en el tercer renglón, de modo que establezca: ‘(…) organización o varias organizaciones representativas de empleadores, (…)'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. Léase el artículo 17 del proyecto del Poder Ejecutivo. (Se lee) ——Hay dos artículos sustitutivos, uno, presentado por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Bentancor y Pozzi, y otro, firmado por los señores Diputados Pablo Abdala, Delgado e Iturralde Viñas. Léase la moción presentada por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Bentancor y Pozzi. (Se lee:) “Mocionamos para que sea modificada la redacción del inciso segundo del artículo 17, que quedaría redactado de la siguiente forma: ‘El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario'”. ——Léase el sustitutivo presentado por los señores Diputados Pablo Abdala, Delgado e Iturralde Viñas. (Se lee:) “Artículo 17 (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.- Los beneficios acordados en los convenios colectivos caducarán al término de la vigencia de estos, salvo que las partes pacten lo contrario”. ——En discusión.

Como se puede apreciar, uno de los sustitutivos propone solamente modificar el inciso segundo y deja vigente el primero, mientras que el otro plantea sustituir completamente ambos incisos. A los efectos de no generar confusión, si hay acuerdo, en primer lugar se pondrá a votación el primer inciso del artículo tal como viene del Poder Ejecutivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo 17 tal como viene del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo 17 tal como viene del Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cero en cincuenta y tres: NEGATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del inciso segundo del artículo 17 presentado por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Bentancor y Pozzi. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. En función del resultado anterior, no corresponde poner a votación el sustitutivo propuesto por los Diputados del Partido Nacional. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para plantear una cuestión de procedimiento. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui ).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: tal como informamos en diversas intervenciones, hemos propuesto que se quiten todos los artículos que hacen referencia al tema de las ocupaciones, es decir, desde el artículo 21 al 24 inclusive. Lo que estamos proponiendo es que se voten negativamente, en bloque, los artículos 21 a 24 del proyecto original del Poder Ejecutivo y que se suprima su lectura SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar la propuesta del señor Diputado Bentancor en el sentido de considerar en bloque los artículos 21 a 24 y que se suprima su lectura. (Se vota)

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——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 21 a 24 inclusive, con la redacción dada por el Poder Ejecutivo. (Se vota) ——Cero en cincuenta y tres: NEGATIVA. Unanimidad. Léase un artículo aditivo presentado por los señores Diputados Pablo Abdala, Delgado e Iturralde Viñas. (Se lee:) “Artículo aditivo: Los convenios colectivos deberán contener una cláusula de paz que obligue a las organizaciones firmantes y a los trabajadores involucrados, durante la vigencia del convenio, a abstenerse de adoptar o de apoyar planteos reivindicativos o acciones gremiales relacionadas con los temas acordados en la negociación. Quedan al margen de los efectos de esta cláusula las medidas de paralización de carácter general dispuestas por el PIT-CNT y aquellas que se excluyan expresamente de la negociación”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Tres en cincuenta y tres: NEGATIVA. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: en la corrección que hemos venido haciendo de algunos artículos hemos cometido un error que quisiéramos subsanar. Como se recordará, en el artículo 5° habíamos hecho una modificación en el acápite. Cambiamos la palabra “Comunicación” por “Colaboración” y a la vez propusimos, y se aprobó, que esa misma modificación se hiciera en cada una de las apariciones de la palabra “comunicación”. Solicitamos que se rectifique la votación para que quede solamente en el acápite la

palabra “Colaboración” y se mantenga en el resto del articulado la expresión “Comunicación y consulta”. SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar la reconsideración del artículo 5°. (Se vota) ——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión nuevamente el artículo 5°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5° tal cual vino del Poder Ejecutivo, con la modificación única propuesta. (Se vota) ——Cincuenta por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad. La Mesa aclara que el resultado es negativo porque no se superó la votación anterior, por lo cual la redacción del artículo queda tal cual ya fue aprobada. Ha quedado aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR BERNINI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Arregui).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. (Aplausos en la Sala y en la barra) (Texto del proyecto aprobado:) “PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Artículo 1º. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Artículo 2º. (Derecho de negociación colectiva).En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

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Artículo 3º. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores. Artículo 4º. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación. Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan. Artículo 5º. (Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida. Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular: A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo. B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses. ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales.

iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social. Artículo 6º. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada. A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten. El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada. La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva. II CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO Artículo 7º. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno. Artículo 8º. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. Artículo 9º. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes. Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del 50% (cincuenta por ciento) de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el 50% (cincuenta por ciento) de los integrantes del Consejo. Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes. Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

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A) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación. B) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito. C) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita. D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita. E) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales. III NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita. Artículo 12. (Competencia).- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente: “ARTÍCULO 5º.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición. No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector”. Artículo 13. (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente: “ARTÍCULO 6º.- El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes. El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente. El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad. En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste proponga”. IV NEGOCIACIÓN COLECTIVA BIPARTITA Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista orga-

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nización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior. Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo. Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia. El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior. Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943). Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas. Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes”. ——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión. (Es la hora 18 y 45)

MTRO. ROQUE ARREGUI PRESIDENTE

Esc. Alberto Bensión Secretario Relator

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Nahir Miguez Galli Supervisora del Cuerpo de Taquígrafos
Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes