Número 3670

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NÚMERO 3670

MONTEVIDEO, LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2010

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
42ª SESIÓN (ESPECIAL)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES IVONNE PASSADA (Presidenta) Y DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ (1er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y JOSÉ PEDRO MONTERO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y DOCTOR ERNESTO LORENZO
XLVII LEGISLATURA PRIMER PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Lunes 11 de octubre de 2010

Texto de la citación

Montevideo, 10 de octubre de 2010.

LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión especial (artículo 32 del Reglamento), mañana lunes 11, a la hora 9, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DíA Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación). (Carp. 321/010). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 341 y Anexos I a XVII

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN JOSÉ PEDRO MO NTERO S e c r e t a r i o s

Lunes 11 de octubre de 2010

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SUMARIO
Pág. Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 5 Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 12 CUESTIONES DE ORDEN 6, 8, 12, 16, 18, 21.- Integración de la Cámara ………………………………………………………. 23, 32, 81, 89, 112, 126 10, 14.- Intermedios……………………………………………………………………………………………………………………… 46, 86 23.- Levantamiento de la sesión………………………………………………………………………………………………………. 142 6, 8, 12, 16, 18, 21.- Licencias………………………………………………………………………………. 23, 32, 81, 89, 112, 126 19.- Sesión especial………………………………………………………………………………………………………………………… 112 ORDEN DEL DÍA 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22.- Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación). Antecedentes: Rep. N° 341, de setiembre de 2010, y Anexos I a XVII, de setiembre de 2010. Carp. N° 321 de 2010. Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. (Ver 41a. sesión) — Se pasa a la discusión particular ………………………………………………. 12, 25, 33, 47, 86, 86, 90, 112, 127

1.2.3.4.-

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Nelson Alpuy, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Hernán Bonilla, Cecilia Bottino, Samuel Bradford, Solana Cabrera, Graciela Cáceres, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Dardo Casas, Gustavo Cersósimo, Carlos Coitiño, José Corradi, Carlos Corujo, Fernando Crosa, Antonio Chiesa Bruno, Hugo Dávila, Walter De León, Gonzalo de Toro, Martín Elgue, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Julio Fernández, Marcelo Fernández, Martín Fernández, Roberto Frachia, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, María Elena Laurnaga, Sandra Lazo (3), Andrés Lima, Daniel López Villalba, Alma Mallo Calviño, Eduardo Márquez, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda Espino, Marcelo Maute, Felipe Michelini, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Raúl Olivera, José L. Ostria, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira (1), Daniel Peña Fernández, Aníbal Pereyra (2), Susana Pereyra, Pablo Pérez González, Esteban Pérez (4), Nelson Pérez, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Iván Posada, Jorge Pozzi, Daniel Radío, Federico Ricagni, Edgardo Rodríguez, Jorge Rodríguez, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Olga Silva, Mario Silvera, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Antonio Vadell, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivían, Horacio Yanes y Jorge Zás Fernández. Con licencia: Verónica Alonso, Andrés Arocena, Gustavo Borsari Brenna, Fitzgerald Cantero Piali, Alberto Casas, Álvaro Delgado, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, Óscar Magurno Souto, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Gonzalo Novales, Jorge Orrico, Alberto Perdomo Gamarra, Darío Pérez Brito, Luis Puig, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Pedro Saravia, Víctor Semproni, Juan C. Souza y Jaime M. Trobo. Con aviso: Ricardo Planchón Geymonat. Observaciones: (1) A la hora 15:49 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Olga Silva. (2) A la hora 15:49 comenzó licencia y a la hora

15:51 deja sin efecto la convocatoria de su respectiva suplente la Sra. Sandra Lazo. (3) A la hora 16:18 ingresa a Sala en virtud de una nueva solicitud de licencia por parte del Sr. Representante Nacional Aníbal Pereyra. (4) A la hora 19:39 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Antonio Vadell.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 41 COMUNICACIONES GENERALES La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante José Carlos Cardoso, sobre la presunta contratación de un asesor por parte de la Vicepresidencia de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/363/010 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes de la señora Representante Verónica Alonso, sobre el volumen de cuero sin industrializar importado y exportado, y la cantidad de ganado en pie exportado en los últimos cinco años. C/362/010 El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite la información proporcionada por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, en respuesta al pedido de informes del señor Representante Miguel Otegui, acerca de la relación o contratos celebrados con empresas encuestadoras de opinión pública a nivel nacional e internacional. C/3306/009 A sus antecedentes PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Fernando Crosa presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara obligatoria la inscripción de los instrumentos que transfieran la propiedad u otro derecho real sobre un vehículo automotor, y se establecen normas sobre responsabilidad civil de los titulares registrales de dichos bienes. C/419/010 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

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3.- Proyectos presentados.
“INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. (Se declara obligatoria su inscripción y se establecen normas sobre la responsabilidad civil de los titulares registrales de dichos bienes). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Declárase obligatoria la inscripción de los instrumentos que transfieran la propiedad o cualquier derecho real a cualquier título referido a un vehículo automotor en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Artículo 2º.- Los instrumentos donde se documenten estos negocios jurídicos deberán expedirse en dos copias, una para el enajenante y otra para el adquirente, pudiendo cualquiera de las partes proceder a su registración, siendo la misma retroactiva a la fecha del contrato si se realiza dentro de los 10 (diez) días de celebrado el mismo a los efectos del artículo siguiente. Artículo 3º.- Hasta tanto se inscriba el título, el titular registral al momento del accidente será civilmente responsable y en forma solidaria con el guardián material por los daños y perjuicios ilícitos que se produzcan con el automotor, sin perjuicio de poder repetir lo pagado contra el mismo. El inciso anterior no será aplicable a la situación prevista por el artículo 28 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 (Leasing). Artículo 4º. (Eximentes de responsabilidad).- El titular registral del automotor solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa o dolo de la víctima, o la de un tercero por quien no debe responder o que el vehículo hubiese sido usado contra su voluntad expresa o presunta o bien por haber perdido la posesión del vehículo por orden judicial. Artículo 5º.- Las Intendencias Municipales deberán brindar información sobre la identificación del padrón de los vehículos que se encuentran matriculados en su registro, sin ninguna restricción a cualquiera que lo solicite. Artículo 6º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. Montevideo, 10 de octubre de 2010. FERNANDO CROSA, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Corresponde resumir este trabajo en cinco etapas fundamentales. En primer lugar I) el planteo de un problema a resolver; II) el análisis de dicho problema en su contexto. La accidentología vial y la reparación del daño; III) la solución del problema, que en este caso será la formulación de un proyecto de ley y un breve análisis concreto del articulado; IV) el fundamento de la solución propuesta; V) un análisis del escenario con la aplicación de esta solución, es decir esta pieza jurídica formando parte del derecho positivo; y VI) algunas consideraciones jurídicas sobre el tema. I) Planteo del problema a resolver. Este proyecto está pensado para resolver en favor de la víctima de un daño injusto o ilegítimo causado en un accidente de tránsito por un automotor, específicamente la contingencia del desdoblamiento entre la titularidad jurídica de dicho bien automotor y la guarda material del mismo. Si el agente del daño está vinculado a su vehículo con un simple compromiso de compra y venta, la víctima de un daño injustamente ocasionado por el mismo se encuentra ante una situación incómoda. Resulta hasta ahora (en nuestro derecho, donde se le asigna a la guarda material mayor importancia que la titularidad jurídica) que la víctima se encuentra ante un responsable que ni siquiera puede responder con su vehículo como parte de su activo para hacer efectiva la obligación resarcitoria. Es poseedor, es culpable, está obligado a indemnizar, pero no es posible embargar la propiedad de su vehículo, porque en términos registrales no es propietario. Incómoda es además la situación, porque muchas veces la víctima de un daño material o moral no posee los datos de su dañador, sino solamente la matrícula del vehículo, mediante la cual podrá acceder al padrón y finalmente al titular registral, pero ninguna de esta información incidirá en la responsabilidad civil. Debe probarse quién es el guardián material del vehículo al momento del accidente, porque nuestra legislación, y específicamente el artículo 1324 del Código Civil, hace responsable por el hecho de las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado, sin vincular la propiedad de las mismas a la responsabilidad civil, esto es, a la obligación de reparar un daño injustamente cometido. La única forma de resolver este problema es atribuyendo responsabilidad civil al titular registral del vehículo y de esta manera imponiéndole la obligación de controlar la inscripción registral de la compraventa del vehículo, obligando por esta vía a las partes a re-

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gularizar la enajenación de los vehículos, esto es, en términos notariales, hacer el título e inscribirlo para que exista certeza jurídica y una correspondencia entre el registro y la realidad. II) El análisis de dicho problema en su contexto. La accidentología vial y la reparación del daño. No existe posibilidad alguna de tener conocimiento de una institución jurídica con mera consulta de su articulado, sin comenzar señalando determinados fines y objetivos que socialmente se pretenden realizar. Una vez definidos éstos, es que debemos formular las soluciones jurídicas que nos permiten alcanzarlos. Dicho de otro modo, al planteo de un problema social debe seguir una fórmula para resolverlo: determinados principios o instituciones jurídicas que se plantean y se desarrollan en un articulado para la solución de ese problema. En este sentido podemos comenzar por tomar el fenómeno social y económico de la accidentología vial como factor de riesgo permanente para toda la ciudadanía, la vida, la integridad física, y hasta la propiedad en su aspecto de fuerza material de trabajo o de bienes materiales concretos, derechos e intereses legítimos que deben ser protegidos por el orden jurídico. Decir además que se trata de una contingencia aceptada por la sociedad, aceptada sí porque la sociedad no está dispuesta a eliminar del todo los siniestros de este tipo (los accidentes de tránsito), porque para ello debería renunciar a ciertas ventajas de la vida moderna que implica el transporte a velocidad, con soluciones extremas como prohibir la circulación vehicular o bajar a extremos impensables la máxima velocidad. No hay disposición para esa solución, por lo que entonces fatalmente debe aceptarse que existirán daños, que existirán victimas, y que el legislador deberá poner al alcance de las víctimas la mayor cantidad de elementos posibles para lograr su reparación, además de tomar la sociedad para sí la tarea de mitigar los costos de esta problemática. Hablando de cuáles son estos costos, podemos citar a un autor llamado Guido Calabresi (obra jurídica titulada “The Cost of accidents. A legal and Economic Analysis”, New Haven and London, Yale University Press, 1970) que define para los accidentes de tránsito tres tipos de costos: costos primarios, que son los resultados directos del accidente: la pierna quebrada, el auto hecho chatarra, etcétera; en definitiva, los daños en sí mismos. Costos secundarios, que son las sumas de dinero que deben pagarse a quienes sufrieron esos daños, que pueden recaer sobre el agente del daño o sobre un número indeterminado de perso-

nas, que mediante un seguro lo soportan económicamente, y, finalmente, los costos terciarios, que son los derivados de poner en funcionamiento la maquinaria legal que controla los costos primarios y secundarios: el costo de prohibir administrativamente una determinada actividad, el costo para la víctima de demandar, el costo del Poder Judicial de manejar una cantidad de juicios de responsabilidad y el costo de fiscalizar el tránsito. Cualquier decisión que afecte a cualquiera de éstos afectará a los demás, positiva o negativamente, si, mediante un proyecto de ley como éste y con criterios de razonabilidad y justicia, ensanchamos la base subjetiva de responsabilidad por accidentes de tránsito; disminuiremos los costos de la justicia en el sentido de que será menos engorroso y más rápido lograr una indemnización, y menos engorroso y más rápido llegar a identificar al sujeto pasivo de la obligación resarcitoria. Dentro de la problemática de la accidentología vial podemos identificar como una de las cuestiones a resolver la reparación del daño una vez producido el siniestro automovilístico. La respuesta del orden jurídico a este fenómeno no es otra que la creación de un sistema jurídico: la responsabilidad civil o el derecho de daños. Ésta es la institución jurídica que permite trasladar el daño sufrido en forma injustificada o ilícita por una persona hacia quien lo ha causado directamente o por interpuesta persona, existiendo dentro de este vasto género un tratamiento especial de la responsabilidad por accidentes de tránsito. La responsabilidad civil es, en esencia, un fenómeno resarcitorio y que contiene una serie de preceptos tendientes a determinar claramente tres cosas: el sujeto sobre el que recae la obligación resarcitoria y el quántum de la misma o la extensión del resarcimiento; en definitiva, determinar qué daños son indemnizables y la cuantificación de los mismos, además de determinar quién debe hacerse cargo. Sobre este punto existe ya un acervo legislativo extenso, conformado por el Código Civil, el reglamento nacional de circulación vial, las ordenanzas municipales sobre tránsito, la Ley Nº 18.191 y una vasta doctrina liderada por el Tratado de Derecho Civil Uruguayo del doctor Jorge Gamarra, y una jurisprudencia que tiene su más seguida expresión en el Anuario de Derecho Civil, teniendo estas dos últimas, la doctrina y jurisprudencia expresada en dicha publicación, desde el punto de vista sustancial, fuerza de ley, lo cual puede comprobarse examinando las exposiciones

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que preceden a los fallos judiciales, que son recurrentes en citar a estas fuentes, al punto de hacerlas formar parte del derecho. Toda esta superestructura jurídica resulta más que suficiente en materia de accidentes de tránsito, criterios generales tanto como para determinar quién es el sujeto responsable en un accidente, así como el contenido de la obligación resarcitoria. Pero esta problemática tiene varias aristas, y el legislador debe necesariamente transitar por varios caminos para priorizar cómo castigar al infractor, al conductor imprudente, o resarcir el daño a la víctima que ha sufrido un daño patrimonial o personal ilegítimo o injustificado. Este último objetivo (el de la reparación), sirve de norte a la parte expositiva de este proyecto, que pretende regular un aspecto de la responsabilidad civil; el énfasis en la parte punitiva pertenecerá al derecho administrativo y su posibilidad de multar o suspender el uso de la licencia de conducir, o al derecho penal en su posibilidad de tipificar conductas que devengan en delictivas. El derecho civil no sanciona al que comete una infracción o tiene un descuido en el tránsito si de estas circunstancias no derivan daños. Muy importante es determinar cómo el legislador debe tratar esta problemática, y aquí podemos contraponer dos enfoques diferentes: podemos tomar al accidente de tránsito como un hecho que solamente relaciona dos unidades individuales, como dos conductores, o un conductor y un peatón, o podemos tomar al accidente y a sus participantes ocasionales como partes interrelacionadas de un sistema más amplio y social, debiendo la legislación tratar el accidente en su contexto y realizando una nueva distribución de responsabilidades. Resulta claro que esta tarea no corresponde a la Justicia, que sí debe tomar el caso concreto y resolver sobre los elementos que se presentan en el mismo. La tarea de tomar al accidente como fenómeno general corresponde al legislador, quien deberá transitar hacia un objetivo fundamental en lo que a normas de derecho civil se refiere: el resarcimiento de la víctima de un daño material o moral. Las normas sobre responsabilidad civil deben evolucionar desde la imputación o identificación del autor del daño hacia la conciencia de la naturaleza social del problema, que debe llevar al legislador no solo a trasladar individualmente el daño a su responsable, sino a tratar mediante estas normas de evitarlo, y si ocurre socializarlo, esto es, distribuir su costo económico entre una masa colectiva lo más extensa posible.

De todas maneras, nuestro sistema jurídico, en lo que hace a la regulación de la responsabilidad civil en accidentes de tránsito, se encuentra orientado hacia tomar el accidente de tránsito como un fenómeno individual y concreto que involucra solamente a los participantes del mismo, y se encuentra muy lejos de instrumentar una política de estado para distribuir mediante criterios de equidad y justicia social los costos económicos de este tipo de siniestros. Existe, sin embargo, una socialización o distribución social de tipo parcial, mediante la contratación de seguros convencionales por responsabilidad civil o mediante seguros obligatorios como el SOA (recientemente creado por la Ley Nº 18.412), siendo el contrato de seguro y la universalización del mismo el mecanismo paradigmático de la distribución del costo económico del daño. Si bien esta última ley citada constituye un claro ejemplo de todo lo que venimos exponiendo en el sentido de distribuir sobre una mayor base social el costo del daño producido por un fenómeno que debe tratarse colectivamente como la accidentología vial, la misma no constituye una total solución al problema de la reparación del daño. En primer lugar, porque este seguro solo cubre las contingencias de lesión o muerte, no cubriendo daños materiales, y en segundo lugar porque el límite de la cobertura es sensiblemente menor al de las pólizas convencionalmente contratadas. Sin embargo, se trata de un importante avance, teniendo en cuenta que cubre contingencias como caso fortuito o fuerza mayor, y hasta la propia culpa de la víctima, excluyendo solamente el dolo, según el literal E) del artículo 6º de la ley citada. El problema de la reparación del daño parece ramificarse en las distintas especies del mismo como daños personales (lesiones, muerte, incapacidades) y daños materiales (la reparación del vehículo, el lucro cesante o los daños y perjuicios derivados de la privación del uso del mismo). En la citada ley de seguro obligatorio existe un tratamiento diferencial de este tipo de daños dando cobertura a los daños personales y excluyendo a la especie patrimonial. Frente a un accidente de tránsito, que produce daños a partir de la conducta ilícita del conductor ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, analizar la conducta del dañador, en el sentido de que la misma sea transgresora de alguna norma de tránsito, lo cual determina su culpabilidad en dicho accidente y el consecuente origen de la obligación resarcitoria, para luego identificarlo, saber a quién debemos demandar.

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Si el infractor se pone a las órdenes de la víctima, se identifica, no hay problema en ese sentido, tenemos sus datos de identificación para demandarlo. Pero ¿qué sucede si no es así, si se da a la fuga, o si directamente no proporciona ningún dato o si proporciona datos falsos?; ¿qué elemento tiene la víctima para identificar a la persona que va a demandar? La respuesta parece clara, porque para algo existe la matrícula del vehículo, para identificarlo como contribuyente para ser sujeto pasivo del impuesto llamado “patente de rodados”, como usuario del tránsito que puede ser pasible de multas, etcétera. Sin embargo, la identificación de la matrícula que sirve y hace responsable a su titular desde el punto de vista fiscal y administrativo no funciona como una fuente de responsabilidad civil. Existe además (paralelamente a los registros municipales) en cada departamento un registro de vehículos automotores, pero ¿cuál es el elemento que sirve de nexo entre la titularidad de un vehículo y la responsabilidad civil o la obligación resarcitoria, luego de producida una infracción de tránsito? ¿Cómo podemos identificar al titular del vehículo? En cada Intendencia, en cada registro departamental de automotores ¿qué sucede cuando un vehículo cambia una y otra vez de matrícula? Cuando su matrícula emigra de un departamento a otro, debemos identificar el padrón, primero mediante información municipal, para luego ver a qué titular pertenece dicho padrón. Pero una vez identificada la matrícula y el titular del vehículo municipal primero (el que figura en la intendencia), y el registral después (el que figura como dueño en el registro de automotores), ¿para qué sirve esto? La Ley Nº 16.871 (ley de registros) y sus modificativas regulan cuáles son los actos que se inscriben, esto es, las distintas maneras de adquirir un vehículo (compraventa, permuta, prescripción, leasing). ¿Qué consecuencias tiene la inscripción? No es otra que la oponibilidad (hacer valor frente a los terceros) de los actos que se registran (artículo 77 de la norma citada). Existe entonces un doble régimen para identificar un vehículo y a su titular, un número de padrón que coincide con el de matrícula registral (artículo 19 de la ley citada) y una matrícula departamental que puede cambiar cada vez que el titular cambia de domicilio y decide empadronar en su nuevo departamento o nueva localidad. La transferencia municipal solamente sirve, al decir de la opinión autorizada del doctor Jorge Gamarra, a los efectos de determinar el sujeto responsable de

pagar las multas (y la tasa de patente de circulación) (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, tomo III, volumen 1, página 52). Dice Gamarra, además, “la transferencia es un requisito administrativo, impuesto por la autoridad municipal, que no incide sobre la relación de derecho sustancial, de acuerdo con lo cual la propiedad se transfiere por la compraventa seguida de la tradición…ella se establece exclusivamente a los efectos de determinar el sujeto que debe pagar multas y para permitir al municipio la percepción de tributos que se cobran en oportunidad de celebrarse la misma”. Jorge Gamarra, como dijimos, se inclina sobre la postura de que la transferencia municipal no tiene nada que ver con la propiedad: lo que importa es la compraventa primero (consensual o escrita), y la tradición (esto es la entrega del vehículo automotor) después, y la registración solo sirve para hacer oponible (hacer valer) este acto frente a un tercero. La utilidad de la registración podrá verse cuando hay un embargo; por ejemplo, si la misma es posterior, prevalecerá el embargo, no estando a salvo de esta situación (del embargo) quienes realizaron una compraventa y no la inscribieron o quienes compraron un vehículo mediante un compromiso de compraventa y ni siquiera realizaron el título si el embargado es el vendedor. En resumen quien pretenda investigar acerca de la titularidad de un bien automotor partiendo de su número de matrícula municipal puede encontrar varias situaciones teniendo en cuenta que la primera información que recibimos es la de cada comuna: a) que una vez solicitada la información a la Intendencia ésta arroje un titular municipal que coincida posteriormente con el titular registral; b) que el titular registral sea diferente al titular municipal en virtud de que quién compró el vehículo e inscribió la compraventa no haya realizado la transferencia municipal; c) que haya un titular municipal, otro registral y que, a su vez, el tenedor o poseedor del vehículo sea otro que lo adquirió mediante un compromiso de compraventa que no registra, que, a su vez, puede transferirlo a otro en una cadena interminable de transmisiones. Pero, sin embargo, debemos recalcar una vez más que toda esta nomenclatura es irrelevante y la justicia mediante la aplicación de la ley vigente (artículos 1319 y 1324 del Código Civil) solo imputará o atribuirá el daño al poseedor o tenedor del vehículo. Esta solución tiene una clara apoyatura en el citado artículo 1324 del Código Civil que hace responsable o sujeto pasivo de la obligación resarcitoria a

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quien está al cuidado o se sirve de la cosa, sin mencionar al propietario. A nivel jurisprudencial además podemos consultar el “Cuaderno del Anuario de Derecho Civil Uruguayo Serie Jurisprudencia 1” como la recopilación más importante sobre jurisprudencia en accidentes de tránsito realizada por Santiago Carnelli y Jorge Gamarra, existiendo un capítulo del mismo dedicado a la recopilación de fallos sobre quién es el Sujeto Responsable en accidentes de tránsito (páginas 25 y siguientes) y todos hacen referencia al guardador material del vehículo y no a su propietario como responsable, pudiéndose leer conceptos como los siguientes: “el responsable por el insuceso es el guardián material, esto es quien tiene poder de mando efectivo directo sobre la cosa causante del daño…” Suprema Corte de Justicia, Sentencia 96 de 26 de julio de 1991; “El propietario demandado puede liberarse acreditando que había perdido la guarda, voluntaria o involuntariamente, y de esta manera, es decir, justificando que había perdido o transferido la guarda, probando en suma que no es el guardián material de la cosa, la demanda será rechazada” Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno sentencia Nº 60, de 19 de marzo de 1990; “en principio el responsable es el guardián material, quien tenía en su poder la cosa causante del daño, ostentando sobre la misma poderes de custodia y dirección, pudiendo o no coincidir esa calidad con la de propietario o guardián jurídico” Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno, se ntencia Nº 102, de 18 de abril de 1990. Entendemos que la legislación debe evolucionar hacia la protección de la víctima, facilitando los medios para identificar al sujeto responsable del daño. Debemos aclarar que nuestro derecho sí contempla el desdoblamiento entre propiedad y tenencia en el caso de los empleadores y dependientes, o de los arrendadores y arrendatarios, o en el caso de las compañías de ómnibus de transporte colectivo que responden por daños causados por unidades que no son de su propiedad y que están a sus servicios, taxímetros, etcétera, y lo hace mediante la creación del concepto de guarda jurídica, que no es lo mismo que propiedad, concepto cuyo análisis excede el cometido de este trabajo, pero no ha tratado la desprotección de la víctima frente a estos casos, donde existe muchas veces una desconexión total entre el titular registral y el tenedor o guardador o titular de compromiso de compra y venta sin registrar. Se hace necesario cargar al enajenante del vehículo la responsabilidad del registro de la enajenación, estableciendo sí causales razonables para eximirse de responsabilidad.

Llevada al extremo, la responsabilidad del titular registral podría generar injusticias, como por ejemplo el daño causado por un vehículo conducido por un ladrón, pero en el articulado propuesto existen eximentes de responsabilidad planteados, que sin duda excluirán estas circunstancias. Por lo expuesto podemos concluir que la problemática de la accidentología vial deberá tratarse como fenómeno social general, debiendo tomar un lugar privilegiado entre las ramificaciones más extensas de este problema la reparación del daño, debiendo favorecerse en el tratamiento de dicha situación a la víctima de un daño injusto. III) La solución del problema, formulación del proyecto de ley y breve análisis concreto del articulado. Artículo 1º. Declárase obligatoria la inscripción de los instrumentos que transfieran la propiedad o cualquier derecho real a cualquier título referido a un vehículo automotor en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 16.871, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley Nº 17.296. Artículo 2º. Los instrumentos donde se documenten estos negocios jurídicos deberán expedirse en dos copias, una para el enajenante y otra para el adquirente, pudiendo cualquiera de las partes proceder a su registración, siendo la misma retroactiva a la fecha del contrato si se realiza dentro de los diez días de celebrado el mismo a los efectos del artículo siguiente. Artículo 3º. Hasta tanto se inscriba el título, el titular registral al momento del accidente será civilmente responsable y en forma solidaria con el guardián material por los daños y perjuicios ilícitos que se produzcan con el automotor, sin perjuicio de poder repetir lo pagado contra el mismo. El inciso anterior no será aplicable a la situación prevista por el artículo 28 de la Ley Nº 16.072 (Leasing). Artículo 4º. Eximentes de responsabilidad. El titular registral del automotor solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa o dolo de la víctima, o la de un tercero por quien no debe responder o que el vehículo hubiese sido usado contra su voluntad expresa o presunta o bien por haber perdido la posesión del vehículo por orden judicial. Artículo 5º. Las Intendencias Municipales deberán brindar información sobre la identificación del padrón de los vehículos que se encuentran matriculados en su registro, sin ninguna restricción a cualquiera que lo solicite.

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Analizando concretamente el articulado debemos decir que se atribuye un daño en función de un factor de atribución objetivo (objetivo quiere decir con prescindencia del dolo o la culpa o negligencia) al titular registral del vehículo, poniendo al alcance del mismo elementos para liberarse previamente de la responsabilidad como realizar la correspondiente inscripción del título con un plazo de diez días y aún después de haber incumplido esta obligación la posibilidad de demandar al guardián material del vehículo. Se prevén algunos eximentes, como la utilización del vehículo por terceros por quien el titular registral no deba responder; por supuesto que el guardián material no está dentro de esta hipótesis, salvo que hubiera utilizado el vehículo contra la voluntad (expresa o presunta) del guardián material o titular registral, como el caso del ladrón de un vehículo que protagoniza un siniestro. Se prevé además la circunstancia en que el titular registral pierde la posesión por orden judicial, como en el caso de un secuestro derivado de una orden judicial. En definitiva, este texto legal consagra en los hechos la obligatoriedad de inscribir las enajenaciones de vehículos, para facilitar el derecho a la información y propone la responsabilidad civil, esto es la obligación de reparar el daño como sanción por el incumplimiento de dicha obligación. Entendemos además necesario dentro de este contexto la inclusión de una excepción en función de la significación comercial que ostenta el sistema de leasing, no pareciendo justo incluir a las instituciones bancarias que financian la adquisición de vehículos esta responsabilidad, estando en este caso determinado registralmente quién es el usuario del vehículo. Necesario es además incluir una norma que obligue a las Intendencias a proporcionar toda la información sin restricción debido a que existen casos puntuales en los que solamente dan información mediante orden judicial, lo que realiza muy gravosa la investigación. IV) El fundamento de la solución propuesta. Llamamos fundamento de la solución, al conjunto de principios, derechos y valores a proteger que inspiran la misma, tanto de sentido pragmático como filosófico, y como tal podemos señalar los siguientes: 1) generar el consenso de la necesidad de materializar registralmente las trasmisiones de dominio de vehículos automotores.

2) Facilitar o ayudar a garantizar la reparación del daño sufrido por la víctima, quien además de ser damnificado por un accidente, no puede ser perjudicado por la negligencia del propietario enajenante o adquirente del vehículo que transfiere la guarda material del mismo sin documentarlo, o documentándolo en forma muy precaria sin preocuparse de comunicar la situación al registro correspondiente y por lo tanto haciéndola invisible a los ojos de los terceros o, en definitiva, ser víctima además de una poco transparente maniobra de cesión privada del vehículo. 3) De los distintos participantes de un accidente, el legislador debe priorizar a la víctima, y tratar de garantizar la indemnización de su daño sufrido ensanchando el espectro de responsabilidad como respuesta jurídica más efectiva a dicho daño, siempre con criterios de razonabilidad y equidad. 4) La coherencia del Sistema. No parece lógico que la víctima del accidente no pueda resarcirse con la ejecución del propio objeto que le causó el daño, en virtud de que si el guardián material del mismo, difiere de su propietario, y solo el primero resulta responsable de acuerdo al régimen actual no podrá embargar ese vehículo, protegiendo sí la ley actualmente al acreedor embargante del enajenante cuando no se inscribió el título. 5) El registro de los contratos tiene como finalidad social garantizar el derecho a la información y dar certeza jurídica a los titulares de los derechos, siguiendo en este caso con el derecho de la víctima, también a obtener la información que le permita saber a quién demandar. 6) La creación de un riesgo por parte de los que participan en una operación de enajenación de un vehículo al no registrar la misma y exponer a la víctima del accidente a la contingencia de la desinformación, que le impedirá dirigir correctamente su acción legal. 7) La disminución de los costos terciarios de los accidentes en el sentido de que será más fácil identificar al responsable del accidente, correspondiendo entonces una disminución en el esfuerzo forense para lograr este objetivo, haciendo los juicios más simples con menores costos tanto como para el demandante como para el sistema. 8) La inscripción de la enajenación beneficia al propio adquirente que pondrá a salvo al automotor de los embargos que recaigan sobre el patrimonio del enajenante. De no realizarse la inscripción, la compraventa, la donación o lo que sea no podrán hacerse valer frente al tercero que embarga al vendedor.

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9) Entendemos que la solución planteada se enmarca dentro de un concepto amplio de seguridad en el tránsito, un aspecto más de la seguridad en general, obligación estatal de raigambre constitucional (artículo 7º de la Constitución). Si tenemos en cuenta, como dijimos, un concepto amplio de seguridad, podemos citar al doctor Carlos Tabasso, quien en su obra (Fundamentos del Tránsito) ensaya un concepto de este tipo sobre seguridad en el tránsito, como el “conjunto de condiciones garantizadas por el ordenamiento jurídico en su totalidad, para hacer que la circulación de vehículos de motor por vías públicas, no presente riesgos superiores a los permitidos”, siendo ésta un aspecto parcial pero importante de la seguridad colectiva que puede definirse como “el complejo de condiciones garantizadas por el ordenamiento jurídico, que aseguren la vida, la integridad corporal, el bienestar y la propiedad, consideradas como bienes de todos” (obra citada del doctor Carlos Tabasso, tomo II, página 36). En definitiva aportar elementos como para hacer más viable la reparación de daño, sea en la contingencia que sea, es contribuir a la seguridad en el tránsito y a la seguridad como valor social superior. V) Mínimo análisis del escenario posterior a la aplicación de esta norma. El suscrito entiende que esta norma además de ensanchar la base subjetiva de la responsabilidad por daños causados por accidentes de tránsito, logrará una aproximación mayor entre la información brindada por un registro público, como el Registro de Automotores y la realidad, lo cual es sin duda un aporte al derecho a la información, cuyo análisis excede el contenido de este trabajo, pero que sin duda es parte de la garantías que debe ofrecer una sociedad democrática. Es esperable además la toma de mayores seguridad precauciones al estar en juego la patrimonial de los propietarios de los vehículos, aumento de la contratación de seguros, y de esta forma contribuyendo a la socialización del daño o, dicho de otra manera, la mejor distribución de sus consecuencias. Puede considerarse además un aumento significativo de las inscripciones registrales, lo cual podría llevar a la Administración a disminuir el costo operativo de las mismas, es decir, que sea más barato el costo de la Tasa Registral; en definitiva, aumentaría la difusión de este costo. VI) Algunas consideraciones jurídicas sobre la solución propuesta.

Podemos decir que este proyecto de ley configura un apartamiento intencional del régimen establecido en el artículo 1324 del Código Civil en el sentido de que atribuye responsabilidad al dueño de una cosa independientemente de quién se sirve o está al cuidado de la misma. Dicha solución fue inspirada en el artículo 1113 del Código Civil argentino, reformado con mucha posterioridad al Código Civil uruguayo y que atribuye responsabilidad civil al dueño de la cosa; se inspira además en la ley argentina Nº 22.977, que consagra una solución similar, con algunos defectos señalados por la crítica especializada y que pretenden ser mejo1 rados en esta redacción . Montevideo, 10 de octubre de 2010. FERNANDO CROSA, Representante por Canelones.

Bibliografía consultada. – Responsabilidad del titular registral por los daños causados por automotores (un voto de Jorge A. Carranza en la Sala Penal del T.S.J.), por Luis Moisset de Espanés. Foro de Córdoba, año XV, Nº 90, página 29. – Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXXVI. Enajenación de Vehículos Automotores. Régimen Vigente. Roberto Sconfienza Pérez. La Responsabilidad Extracontractual. Fernando De Trazegnies. Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia. – Responsabilidad del Titular Registral. Luis Moisset de Espanes. Revista De Derecho de Daños, Tomo 1, páginas 277 y siguientes, Argentina. – Accidentes de Tránsito. Tenedores o Usuarios del Vehículo Automotor. Dependientes. Legitimación Activa y Pasiva. Edgardo Ignasio Saux. Revista de Derecho de Daños, Tomo I, páginas 113 y siguientes, Argentina. – Responsabilidad Civil. Artículo por Empleo de las Cosas. Aída Kemelmajer de Carlucci – Carlos Parrellada. Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1997. – Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Jorge Gamarra Tomo XXII. – Fundamentos del Tránsito. Carlos Tabasso. Editorial B y F. – Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa. Tomo II. Responsabilidad del Titular Registral de un Automotor, página 230 y siguientes. Editorial La Ley, Argentina. – Cuadernos del Anuario de Derecho Civil. Accidentes de Tránsito. Santiago Carnelli – Jorge Gamarra, páginas 25 y siguientes, Fundación de Cultura Universitaria. – Derecho Comparado. Régimen jurídico de la República Argentina, Ley Nº 22.977, artículo 1113 del Código Civil Argentino”.

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4.- Inasistencias anteriores.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Está abierto el acto. (Es la hora 9 y 18) ——Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a las siguientes sesiones realizadas el día 10 de octubre de 2010: Extraordinaria hora 13:00 Con aviso: Verónica Alonso, José Amy, Hernán Bonilla, Dardo Casas, Antonio Chiesa Bruno, Martín Elgue, Doreen Javier Ibarra, Miguel Otegui, Alberto Perdomo Gamarra, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Mario Silvera y Carmelo Vidalín. Sin aviso: Walter De León, Aurel Larrañaga, José Carlos Mahía, Felipe Michelini, Edgardo Rodríguez, Sebastián Sabini y Álvaro Vega Llanes. Especial hora 14:00 Con aviso: Ricardo Planchón Geymonat”.

Cuerpo de Taquígrafos; se ha destacado que independientemente de las discrepancias y discusiones hubo una actitud proactiva de todos los legisladores, que permitió un rico debate y la aprobación del proyecto. Particularmente, quiero destacar la tarea del señor Presidente, compañero Ibarra y de su equipo de Secretaría porque sin la madurez ni responsabilidad con que se llevó adelante el debate, hubiese sido muy complicado mantener la agilidad y la seriedad con que concluimos nuestra tarea. En el día de ayer se desarrollaron las principales exposiciones, planteadas a partir de los distintos informes, situación que nos exime de abundar sobre números o el desarrollo de los informes de los compañeros Asti -como miembro informante en mayoría-, Ibarra, Mujica y Sánchez. Obviamente, todos sus planteos los asumimos, y eso nos lleva a realizar algunos énfasis en función de cómo se ha desarrollado el debate. En principio quisiera que hiciéramos un poco de memoria. Yo no ocupaba esta banca cuando se analizó el proyecto de ley de Presupuesto 2005-2010, pero me imagino cómo fue el debate en ese momento, qué país teníamos y cómo debíamos encarar. La primera conclusión a la que arribo es que hoy nos ocupa el análisis de un Presupuesto con un punto de partida muy diferente y, por suerte, infinitamente mejor al que teníamos en aquel momento. Me sorprende y me llama la atención que algunos señores legisladores no asuman la realidad de hoy. No existe indicador de la vida del país, tanto a nivel económico como social, que no esté sustancialmente mejor de lo que estaba cuando asumimos y analizamos el primer Presupuesto para el desarrollo de la administración del primer Gobierno del Frente Amplio. En la página 76 del informe en minoría del Partido Nacional se establece que no es real que el país esté mejor, que no hay tal crecimiento, que no hay inversión. Sin embargo la realidad, que es más tozuda que las valoraciones subjetivas, nos demuestra que cualquiera sea el indicador que queramos medir estamos en un punto de partida infinitamente mejor al que debimos asumir a partir del año 2005. Por ejemplo, la tasa de empleo en valores de 2004 era de 50,8% y a fines de 2009 fue de 58,5%; la tasa de desempleo en 2004 era de 13,1% y en 2009 fue de 7,3%, y hoy estamos por debajo del 7%; los índices de pobreza en el año 2004 fueron de 31,8% y 20,9%

5.- Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación).
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: “Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación)”. (Murmullos.- Campana de orden) ——Señores Diputados: desde la Mesa no podemos estar, permanentemente, amparando en el uso de la palabra a los oradores. Por lo tanto, si existiera la necesidad de hablar o de realizar reuniones, solicitamos que se concreten fuera de la Sala. Continuando con la discusión general, tiene la palabra el señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: es difícil encarar la sesión, pero así están dadas las cosas. Recuerdo que cuando consideramos la Rendición de Cuentas tuve que hablar sin micrófono; estoy ligando mal. Adhiero a las expresiones de mis colegas de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda respecto al trabajo, en especial lo que significó la tarea de la Secretaría de las Comisiones, del

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en 2009; los porcentajes de indigencia fueron de 3,9% en 2004 y de 1,6% en 2009; el Salario Mínimo real era de $ 1.825 y actualmente es de $ 4.642; la pasividad mínima era de $ 1.400 y hoy es $ 2.958, y se asume que se pasará a dos Bases de Prestación, que será algo más de $ 4.000; el ingreso a los hogares en 2004 era de $ 14.150 y a fines de 2009 era de $ 19.453. Y así podríamos seguir. La realidad siempre es mucho más tozuda que las valoraciones subjetivas. Asumamos y hagamos, por lo menos, un diagnóstico común: el país está mucho mejor que en 2004 y es lo que nos permite -a partir del éxito de nuestras políticas aplicadas en la primera Administración del Gobierno frenteamplista- presentar un Presupuesto desde esta realidad para profundizar y continuar con este proceso de cambios. Ese fue nuestro compromiso y es el desafío planteado. Uno de los debates fundamentales que se han dado en el desarrollo de estas sesiones ha sido el ideológico respecto al crecimiento, al espacio fiscal, y a qué hacer con ese crecimiento y con ese espacio fiscal. Nos hemos encontrado con discrepancias de fondo, y es una realidad que debemos asumir. Para ser gráfico, históricamente se nos decía que primero tenía que crecer la torta para después distribuirla. La historia, la experiencia nos ha indicado que esa concepción fracasó estrepitosamente, porque en los períodos en que creció la torta no se distribuyó, y en los períodos de crisis, cuando fracasó el modelo, no sólo carecíamos de reserva para poder bancarlos, sino que, sobre todo, se pagó con un altísimo costo que desde el punto de vista social representó más de 1:000.000 de pobres y cerca de 300.000 indigentes. Ese modelo fracasó. A partir de 2005 aplicamos otra concepción, que consiste en un tipo de desarrollo, entendiendo como tal dos conceptos sustanciales. Desarrollo significa crecimiento económico y a la vez, distribución y redistribución de la riqueza. Sobre ese parámetro es que se sostiene este Presupuesto quinquenal. Fundamentalmente, por los compromisos asumidos en nuestro Programa de Gobierno y en el Plan de Gobierno, tenemos un enorme desafío que no hace mucho tiempo parecía una utopía, algo inalcanzable. Y estamos convencidos de que con la aplicación de este Presupuesto vamos a lograr el objetivo, ni más ni menos, que de eliminar la indigencia y bajar la pobreza a la mitad. Este es un objetivo fundamental que nos marcamos

para la etapa y que, insisto, parecía una utopía, pero es posible. Estamos convencidos de que aplicando este Presupuesto y las políticas que contiene vamos a arribar a los objetivos. En ese sentido, el aspecto social y el área de protección social tienen un particular énfasis, y las políticas de redistribución, a partir del crecimiento de la economía, sin duda, están planteadas con una infinidad de herramientas que van desde el aspecto tributario al gasto social, al fortalecimiento del mercado interno, a la generación de empleo, a tener una política laboral equilibrada, que ha permitido contar con reglas de juego para que los trabajadores negocien sus condiciones de trabajo y su salario, fortaleciendo ese mercado interno como un factor determinante a la hora de ubicar el desarrollo, insisto, como concepto de crecimiento y de distribución social. Naturalmente, estas políticas sociales se podrán definir como un gasto, pero a partir de nuestra concepción, más que un gasto es una inversión que se traduce, inexorablemente, en una mejora de la calidad de vida de nuestra gente que, en definitiva, es el fin último de nuestra actividad política y de nuestros desvelos. Claramente, en los distintos Incisos y Programas la protección social es uno de los temas fundamentales en los cuales basamos nuestro esfuerzo. Como sabemos, hay un enfoque transversal que trata de hacer políticas integradas que pasan, en materia social, por las políticas de educación, de seguridad social, de salud, habitacionales, de vivienda, alimentarias; todas ellas confluyen en el mismo objetivo: tejer una red de protección social y profundizarla, generando los recursos necesarios para lograr, insisto, el objetivo fundamental de la etapa, que es eliminar la indigencia y bajar la pobreza a la mitad. Seguramente, durante mi intervención, que será breve, cederemos la palabra al compañero, señor Diputado Pardiñas, para que también desarrolle su punto de vista. Entonces, las prioridades están pautadas. Prácticamente, los dos tercios de los recursos presupuestales, el acrecimiento de los recursos presupuestales, están fijados en estas políticas de carácter social, es decir, en educación, en seguridad, en infraestructura, en vivienda, en los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, en salud, en el Instituto del Niño y

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Adolescente del Uruguay. Dos tercios del Presupuesto están basados en la aplicación de estas políticas, y esto es lo que lo distingue por encima de todo y da continuidad a este proceso que comenzamos en marzo de 2005. Naturalmente, esto debe ir acompañado de políticas productivas, y cuando analicemos los Incisos correspondientes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podremos ingresar a lo que representan las políticas activas que fundamentalmente apuntan a fortalecer políticas sectoriales y transversales de desarrollo, en el marco de una estrategia industrial, agroindustrial y de producción a veinte o treinta años como objetivo estratégico, particularmente distinguiendo el apoyo a la producción familiar, a la producción del agro y a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel de desarrollo industrial y de servicios. También esta es una seña de identidad de este Presupuesto, que se ve reflejada en el énfasis en los créditos presupuestales. SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BERNINI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PARDIÑAS.- Señora Presidenta: creo que el señor Diputado Bernini centraba su intervención en un tema que para nosotros es muy importante, y es la identidad de un Gobierno, la identidad de ejercerlo, de llevarlo adelante, de cumplir con su programa, porque eso es fundamental y lo que generó el compromiso con la sociedad, lo que pusimos a consideración de la gente que, sin duda, comprendió y respaldó, otorgándonos el derecho y la responsabilidad de gobernar nuevamente. Este programa tenía una premisa fundamental, que es distribuir la riqueza, a partir de la implementación de políticas públicas. Este Presupuesto confirma eso. Es un cambio en el sentido de seguir ejerciendo políticas públicas como forma de distribuir la riqueza. Existe un primer aspecto que a nosotros nos lo confirma y es, sin duda, que la oposición tiene discrepancias con parte de las herramientas que proponemos en este proyecto. En ese sentido, creo que se está verificando que este Presupuesto es una herramienta de cambio, porque en el sistema político no todo tiene por qué ser idéntico, no todo tiene que ser igual; deben existir diferencias, ¡y vaya si las hay! ¡Va-

ya si la historia las identifica! Y si en este momento se identifican a través de algunas herramientas que propone el Presupuesto, bienvenidas sean, porque esa es la democracia. Esa es la forma de diferenciarnos. Se nos critica porque hay una visión optimista de la macroeconomía. Hasta ahora no habíamos participado en este Parlamento, pero no es la primera vez que entramos al debate político; antes la crítica a la izquierda era que veía el país gris, que no veía el país en crecimiento, que éramos tristes. Resulta que ahora, cuando nuestra visión se comienza a construir en el optimismo, optimismo que se genera a partir de las políticas desarrolladas durante el primer Gobierno frenteamplista, liderado por el doctor Vázquez, somos optimistas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo: o somos grises o somos optimistas; no se puede ser las dos cosas a la vez. Y hay un sano optimismo que se verifica en todos los aspectos que se han manifestado en el informe en mayoría y que también reseñaba el señor Diputado Bernini al inicio de su intervención, pero también hay mesura, madurez, en el sentido de que el crecimiento puede generar inflexiones. En el período pasado crecimos a tasas muy altas; en este período decimos que vamos a crecer a tasas menores. Se nos dice que no generamos ahorro; al contrario. Si queremos distribuir la riqueza no podemos estar ahorrando, porque en este momento es prioritario distribuir la riqueza. ¿Cómo no vamos a destinar recursos a la seguridad social distribuyendo esa riqueza? ¿Cómo no vamos a incrementar los salarios de los policías, de los soldados, de los docentes, si es una forma de distribuir riqueza? ¿Cómo no vamos a generar políticas de estímulo a la producción y, fundamentalmente, a la economía social, a las pequeñas y medianas empresas? ¿Acaso eso no es distribuir la riqueza? Esto es lo que queremos hacer con esta herramienta que está en consideración. Lógicamente, esta no ha sido la tónica de los Gobiernos que hubo de 1985 a 2005. La mayoría de los Presupuestos se iniciaban discutiendo un ajuste fiscal. Acá se nos dice que no generamos salvedades fiscales pero, por el contrario, lo más importante para la población es la tranquilidad de que no estamos haciendo ajustes fiscales para seguir avanzando en la distribución de la riqueza y en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Gracias.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta… SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BERNINI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PARDIÑAS.- Señora Presidenta: entre las cosas que se han dicho, se ha hablado de cómo se han incrementado los vínculos de contratos y de trabajo con el Estado, y esto es una verdad a medias. En la sesión de ayer se citó el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil indicando el total del incremento de los vínculos laborales con el Estado, pero se olvidó señalar que gran parte de ese incremento se dio también en los gobiernos departamentales, la mayoría de los cuales no pertenecen a nuestra fuerza política. También se olvidó mencionar que a pesar de que ha habido un incremento del total de los vínculos laborales, a diciembre de 2009 hay menos funcionarios que a diciembre de 1995. Asimismo, tenemos un país más dinámico, que exige al Estado mucha más intervención, mucha más regulación en las políticas que desarrolla. Por lo tanto, hay que ver las cosas en su contexto y eso, seguramente, cambia la forma de interpretar los datos. En torno al tema del ingreso por concurso, se nos ha dicho que no ha sido del todo claro. Pues bien: recordemos que anteriormente este Estado fue creciendo y engordando en todos los rincones por ingresos que nunca estuvieron pautados por concursos. Este Estado fue creciendo con personas que ingresaban con la tarjeta del amigo político, y esas cosas se borraron. Y se empezaron a borrar en el Gobierno pasado, del doctor Tabaré Vázquez, primero, en un lugar histórico de ingresos por recomendaciones: la Policía. Hoy para ingresar a la Policía hay que dar concurso. Esas cosas son las que están cambiando; esas cosas son las que están generando nuevos vínculos, nuevas relaciones de los trabajadores con el Estado. Hoy, quien aspira a ingresar a la función pública, no necesita una tarjeta. ¿Acaso nos hemos olvidado de las diferentes delegaciones que concurrieron al seno de la Comisión diciendo que habían ingresado por concurso -habían pasado hasta por tres concursos para hacerloy que, paradojalmente, en algunos casos, se mantení-

an aun en una situación de contrato que, con seguridad, habrá que seguir estudiando para su regularización? Si eso no es transparentar la forma de acceder a un cargo público, que alguien me lo explique. En este país se está transformando el Estado y, lógicamente, aspiramos a que esa transformación sea más profunda, pero que no se tape con altisonancias lo bueno que hemos comenzado a construir, que es -reitero- distribuir la riqueza a través de las políticas públicas. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Bernini, a quien le restan ocho minutos de su tiempo. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: voy a hacer referencia en particular a un tema que generó polémica en el día de ayer, sobre el que, obviamente, tengo una valoración. Me refiero a lo que representa el artículo 4º y a la fórmula que el proyecto de ley de Presupuesto prevé respecto al ajuste y al mantenimiento del salario de los trabajadores del Estado. Se ha dicho que el sistema actual, en función de la experiencia acumulada con la normativa vigente, es mejor que lo que se plantea en el artículo 4º de este proyecto. No recuerdo que en una ley de Presupuesto se defina explícitamente en un artículo -insisto: “explícitamente”- que se asegura el mantenimiento y la no pérdida del salario real. Está previsto explícitamente que va a haber ajustes salariales para asegurar por ley el mantenimiento del salario de los trabajadores del Estado. Sin embargo, con la actual legislación no ocurre así y a las pruebas me remito: la gran reivindicación de los gremios del Estado durante el período pasado era recuperar el salario perdido durante el período anterior. Por lo tanto, cuando se dice que la actual normativa es mejor que la que se introduce en el Presupuesto que está a consideración, se omite que con esa normativa los trabajadores del Estado perdieron casi un 25% del poder adquisitivo de sus salarios. Sin embargo, en este proyecto de ley presupuestal se asegura explícitamente el mantenimiento del salario. Es más: a partir del diálogo mantenido por el Poder Ejecutivo con los sindicatos públicos y, en particular -con esto quiero abrir un paréntesis-, de la gestión y de la actitud de la bancada de Gobierno en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que tuvo una activa participación en el diálogo con los trabajadores, se posibilitó y se facilitó una mejora sustantiva del artículo 4º. Desde nuestro punto de vista,

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dicho artículo quedó perfeccionado cuando se incluyó un inciso por el que, además de mantenerse explícitamente el salario, se hace referencia a la Ley Nº 18.508, que es la ley de negociación colectiva de los funcionarios, para generar el ámbito de negociación necesario a los efectos de valorar la posible recuperación del salario real, que se expresará eventualmente en las distintas Rendiciones de Cuentas, a partir del año que viene. Entonces, el artículo 4° no solo asegura el mantenimiento del salario, sino que además genera explícitamente un mecanismo, a través de una ley sancionada en la Legislatura anterior, impulsada por el Frente Amplio, que permite instancias de negociación colectiva para discutir las mejoras del salario real, tal cual está expresado en ese inciso. Además, en el artículo 6°, que refiere a la reestructura del Estado en particular, se incluye un inciso que trata, fundamentalmente, de la ley de negociación colectiva, a los efectos de generar un proceso de discusión para la reestructura y la reforma del Estado. Pensar que la reforma del Estado se decreta, pensar que la reforma del Estado se genera votando una o dos leyes, es un profundo error. El Estado uruguayo y su cultura fueron amasados durante ciento setenta años de experiencia histórica acumulada. Y digo “y su cultura” porque el Estado, como concepto, luego de ese proceso histórico, tiene una cultura propia que es la que hay que cambiar. Y pensar que esto se decreta o se resuelve a través de una ley es un profundo error. Este es un proceso que necesariamente va a tener etapas y que debe tener un sustento. Me refiero al sustento del diálogo, del intercambio con los actores principales y con los trabajadores, en el marco de la ley de negociación colectiva de los funcionarios públicos, a los efectos de involucrarlos, comprometerlos y trabajar en conjunto en ese proceso de cambio ineludible que tenemos que llevar adelante para que definitivamente haya un Estado eficiente, eficaz y al servicio de la ciudadanía. Entonces, comenzamos ese proceso y nos comprometimos a que concluyera, precisamente, utilizando el mecanismo de diálogo como uno de los aspectos sustantivos para lograr ese acuerdo social que nos permita avanzar hacia el futuro. Sobre el Estado se han dicho muchas cosas en este país; algunos llegaron a decir: “Ellos hacen como

que trabajan; yo hago como que les pago”. ¡Fíjense la concepción que había detrás de esa frase!; era toda una definición que implicaba, entre otras cosas, un desprecio a la función pública y un desprecio, en definitiva, a lo que debe ser un Estado moderno y al servicio de la gente. Por suerte, esta concepción no existe más; existe una concepción de trabajo, de diálogo y de búsqueda de acuerdos para lograr ubicar al Estado en mejores condiciones para el servicio de toda la ciudadanía. Eso es lo que está en juego, ese es el camino que estamos transitando, y ese es el rumbo que queremos seguir. Gracias, señora Presidenta. (¡Muy bien!) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero referirme, tal como hicieron los demás compañeros de la Comisión, al excelente trabajo realizado por el señor Presidente Ibarra y por los Secretarios. También quiero recalcar el respeto con el que se trabajó entre todos los partidos políticos, ya que creemos que es el clima que se debe dar en el disenso, en la discusión de las ideas y en las diferencias en una verdadera democracia. Dicho esto, vamos a realizar nuestra exposición rápidamente, ya que tenemos mucho para decir y poco tiempo. Como dice en la página 6 del Mensaje del Poder Ejecutivo: “[…] el Presupuesto Nacional es la expresión financiera del Plan de Gobierno”, lo cual compartimos. Como todo Presupuesto, parte de la base de ciertos supuestos, algunos compartibles y otros no tanto, que se han discutido hasta el hartazgo en el día de ayer. Las proyecciones del Gobierno parten de la base de que la recaudación seguirá el crecimiento del PBI y que esta aumentará un 25% acumulado hasta el año 2014. Con este supuesto, todo el espacio fiscal se transforma en gasto, lo que genera una vulnerabilidad en caso de un escenario de crisis. El señor Ministro de Economía y Finanzas dijo hace unos días en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda que nuestro país debe tener reservas altas porque en una situación de crisis los prestamistas o quienes compran los bonos no apare-

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cen. Entonces, el Gobierno está pensando que puede haber alguna crisis, y mantiene una caja alta en el Banco Central para combatirla. Por otro lado, decimos que la eficiencia de la DGI en el último período fue de 0,5% del PBI. El Mensaje del Poder Ejecutivo establece en la página 24 que se redujo la evasión del 31,9% al 15%, lo que es muy importante. Pero estamos preocupados porque para que pueda bajar dos puntos más la tasa de IVA, la evasión debe bajar, por lo menos, seis puntos más. Es en ese punto que tenemos algunas diferencias, porque la única manera en que efectivamente se pueden bajar esas tasas es reduciendo la evasión. Reconocemos que en el año 2010 se ha producido un crecimiento muy importante en el país, pero creemos que para los años posteriores se debería utilizar un crecimiento tendencial y guardar parte de los recursos, creando algo parecido al Fondo de Estabilización para UTE. En este Presupuesto ya hay un ejemplo, y creemos que en esto se debería haber profundizado un poquito más. Pensamos que es posible que se cumplan los supuestos, y ojalá que así sea -ese es nuestro voto: ojalá que se cumplan-, pero creemos que las probabilidades son bajas, en especial en materia de ingresos. En la página 19 del Mensaje del Poder Ejecutivo se señala: “Uruguay presentaba al cierre de 2009 un nivel de endeudamiento público muy elevado, lo que constituye la principal fuente de vulnerabilidad de la economía uruguaya”. En materia de deuda pública todavía estamos lejos de alcanzar los ratios de los años 1996, 1997 y 1998, que se exhiben en la página 19 del Mensaje. Si bien el objetivo es reducir la deuda a un 40% del PBI y cuando se envió el Mensaje esta estaba en un 69% y ahora en un poco menos, consideramos que ese esfuerzo no se da por el hecho de reducir la deuda sino básicamente por el crecimiento del PBI. Nosotros creemos que es más importante reducir la deuda y bajar el costo de sus intereses. En este sentido, quiero referirme a una frase que el señor Ministro dijo en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. El señor Ministro dijo que nos han castigado mucho las calificadoras de riesgo, lo cual es cierto, pero también expresó: “Agregaría una cosa más, porque en esto de la calificación de riesgo se evalúa siempre la capacidad y la voluntad

de pago. Este país tiene el ‘investment grade’ desde el día en que hizo los esfuerzos que hizo por pagar el endeudamiento en circunstancias críticas para la economía y la sociedad. En ese momento nos ganamos el respeto de todo el mundo y creo, sinceramente, que eso tiene que ser valorado de manera adecuada”. Esta frase no es menor, es muy importante y reconoce el esfuerzo realizado por el Estado uruguayo en un momento muy difícil, en el año 2002; agradezco la sinceridad del señor Ministro de Economía y Finanzas. Por otra parte, coincidimos con las grandes áreas marcadas como prioritarias por el Gobierno -¡cómo no!-, porque son las que la gente reclama. Me refiero a la de seguridad, a la de vivienda, a la de educación, a la de protección social y a la de infraestructura. Sin embargo, tenemos diferencias en cuanto al modo en que se llevarán adelante algunas de ellas. Quiero señalar también que entre las prioridades no aparece el tema de la salud, y en materia de salud se gasta mucho. ¡Vaya si se gasta mucho! Tanto es así que se creó un impuesto para solventar el nuevo Fondo Nacional de Salud. Pero deberíamos recorrer el interior del país porque las carencias en los hospitales son muchas. Faltan CTI y anestesistas, prácticamente en todo el país. (Murmullos.- Campana de orden) ——Muchas gracias, señora Presidenta. Asimismo, tenemos largas listas de espera para cirugías. Por ejemplo, en el Hospital de Rivera hay una lista de ochocientas personas que esperan para operarse desde hace casi dos años. Creo que esto no es un éxito; más bien, huele a fracaso. Además, algunos vecinos del departamento deben esperar más de doce horas para hacer una consulta o para marcar un pasaje para venir a Montevideo a hacerse un estudio. Esas cosas son una realidad y no las podemos desconocer. Pero esto también se refleja en otros datos que manejó el señor Ministro en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Del millón y medio de socios del FONASA, ASSE recibe solamente al 14%. ¿Por qué sucede esto? ¿Porque los ciudadanos son tontos? No, se debe a que los ciudadanos entienden que los servicios que presta ASSE no son comparables con los que brindan las mutualistas. Por lo tanto, los afiliados siguen emigrando hacia las mu-

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tualistas, en las cuales se van enlenteciendo los tiempos de atención y desmejorando los servicios. Por eso decimos: la salud de las personas no puede esperar. Precisamente por eso hemos solicitado para Rivera un CTI y un tomógrafo. En el día de ayer veíamos en el diario los reclamos de la gente que trabaja en los CTI públicos, que decían: “Las camas no cumplen con las condiciones necesarias. Se nos han caído pacientes que estaban internados en los CTI”. Esto no es menor. También queremos decir que no vamos a votar los artículos que figuraban como 681, 682 y 683 en el proyecto del Poder Ejecutivo porque estamos en contra de que se eliminen las Unidades Ejecutoras del interior del país. Creemos que hay que darles más recursos y mejores condiciones para que trabajen, sobre todo en el interior profundo. Siguiendo con el tema de la salud, en materia de adicciones, en el proyecto del Poder Ejecutivo se plantea el artículo 721, por el que solo se dispone de $ 10:000.000. En un Presupuesto de US$ 10.000:000.000, de $ 200.000:000.000, solo $ 10:000.000 tienen como destino las adicciones. Creemos que es muy poco. Hay mucha gente trabajando en este tema, pero no tenemos recursos. Debe considerarse que las adicciones son un flagelo que va afectando cada vez más a nuestra gente joven. Espero que no se pierda esa batalla. Hasta ahora no hemos visto la tan mentada reforma del Estado, anunciada primero en el Gobierno anterior y posteriormente en el actual. Solo advertimos una fenomenal multiplicación de cargos, en especial, de los de confianza. En total hablamos de 61 cargos de confianza. Queremos referir en este caso -en el día de ayer se abundó mucho en el tema- a dos puntos que también podríamos haber leído en el diario, pues tienen que ver con lo que decía el ex representante del Gobierno, Conrado Ramos, sobre cómo se están desmantelando los cargos de alta gestión y transformándolos, lisa y llanamente, en cargos de confianza. Además, están relacionadas con lo que decía el representante del Partido Nacional en la ANEP acerca de que en ese organismo hay 50 cargos de confianza sin justificación, y que toda la estructura de gestión de la ANEP está dirigida por personal de confianza, cuando en los hechos son cargos técnicos.

En especial, queremos referirnos a los 18 cargos de delegados presidenciales en los departamentos del interior. En su momento, le dijimos al Secretario de la Presidencia que esto era más burocracia y más centralismo, y que por eso estábamos en contra. Señalamos también que preferíamos que ese dinero se volcara a las 89 Alcaldías del interior, y aclaramos que este no era un pedido político porque nuestro Partido es el que tiene menos Alcaldes. Decíamos también que si la existencia de este Coordinador Departamental es tan vital por qué no está definido en el artículo 87, que establece que se reglamentará en ciento ochenta días. Si se tratara de algo tan vital ya deberíamos saber cómo se realizarán estas coordinaciones y articulaciones. Además, este tipo de acciones va en contra de la verdadera descentralización. Pero no son las únicas en este Presupuesto: tenemos también 18 delegados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se agregan a otros 18 del Ministerio de Salud Pública. Parece que queremos crear pequeños Consejos de Ministros en el interior. Algo así decía el Ministro de Salud Pública en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, al expresar: “Si se analiza el Presupuesto en su globalidad se advertirá una clara orientación a priorizar presupuestal y políticamente a los dieciocho departamentos del interior del país. Claramente hay una intención del Gobierno Nacional de coordinar todos los esfuerzos que hace en el interior -estoy hablando de los Ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública- […]”. Y continuaba expresando el Ministro: “Nosotros llamamos a nuestros dieciocho Directores Departamentales ‘los Ministros de Salud Pública del departamento’ […]”. Entonces, creo que el tema está muy claro. A este respecto también podríamos agregar conceptos de algún especialista, como el doctor Ruben Correa Freitas, pero lo dejaremos para la oportunidad en que hablemos específicamente del artículo 87. Es una pena que se continúe gastando más en burocracia y se sigan retaceando recursos a las Intendencias. Esto va en contra de la tan pregonada descentralización y también en contra de los artículos 214 y 298 de la Constitución de la República. El Gobierno dice que no tiene más dinero para las Intendencias y para las Alcaldías, pero sí lo tiene para seguir creando cargos y sueldos importantes en los dis-

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tintos departamentos. Continuamos desconociendo instrumentos ya creados que funcionan muy bien, como la Comisión de Descentralización Sectorial, el trabajo que durante años se ha llevado a cabo entre DIPRODE -dependiente de la OPP- y las Intendencias, o la coordinación que se realiza a través del Fondo de Desarrollo del Interior, que constituye un ejemplo de trabajo coordinado y con todas las garantías por parte del Gobierno. Por todo esto insistimos en profundizar estas herramientas y también la descentralización del país con más recursos. Por otra parte, creemos que no se respeta la autonomía municipal de la misma manera que se respeta la autonomía de la Universidad de la República. Lo decimos con todo respeto porque hace más de veinte años que egresamos de la UDELAR. ¿Qué diría la Universidad, qué dirían los Decanos, qué diría el Rector, si les pusiéramos coordinadores para evaluar y coordinar la gestión de la Universidad de la República? Las Intendencias son la primera puerta que los vecinos golpean cuando no encuentran solución a sus problemas. Por eso se destina más del 30% del Presupuesto Municipal en gastos sociales, y digo esto por los indicadores que manejan el MIDES y la Intendencia Municipal de Montevideo. Vamos a plantear algunos casos típicos. Por ejemplo, se reclama saneamiento, que le corresponde a OSE, y son las Intendencias las que lo hacen; se reclaman alimentos y las Intendencias responden. Por ejemplo, la de Rivera sirve más de mil platos por día en dos comedores, cuenta con más de siete merenderos y trabaja en los barrios a través de dos centros de atención que llevan adelante proyectos del PIAI, dos centros parecidos a los CAIF, en los que se trabaja no solo con los niños que podrían estar hoy en la calle, sino también con sus familias. A esto es a lo que creemos que hay que apuntar y en lo que deberíamos seguir trabajando con el MIDES, conjuntamente con las Intendencias. Asimismo, realizamos rondas médicas en el interior profundo del departamento. Más de diez mil vecinos de Rivera han sido visitados en los últimos tiempos por un médico general, un ginecólogo y un odontólogo. Este es un ejemplo de trabajo. Hoy el Ministerio se está dando cuenta de que tiene que hacer esta tarea, pero que no puede encararla en virtud de que no dispone de los recursos necesarios. Si no estuviera la Intendencia, ese trabajo no se haría. Gracias a la Embajada de Japón también contamos con dos ómni-

bus: el “Expreso Esperanza”, para llevar a los médicos al interior, y desde hace una semana, otro para trasladar a los discapacitados, que funciona en cuatro turnos diarios y recorre toda la ciudad capital del departamento. Estos ómnibus son ejemplos de descentralización y de coordinación entre la Intendencia y los organismos del Estado. Disponemos, además, de hogares estudiantiles, de un hogar transitorio y de otros instrumentos de los que podríamos seguir hablando, pero me interesa destacar la coordinación que existe entre la Intendencia Municipal de Rivera y varios organismos del Estado. Por ejemplo, se trabaja con el MIDES en “Trabajo por Uruguay”; con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en proyectos de “Uruguay Integra”; con los CEPE -Centros Públicos de Empleo- del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los que tanta importancia estamos dando porque creemos que es el camino para incluir a la gente en el trabajo; con la DINADE, del Ministerio de Turismo y Deporte; con el INAU, y con el Ministerio de Salud Pública, con el que estamos tratando de armar un sistema de internación ambulatoria para los chicos que tienen problemas de adicciones. Conjuntamente con el INAU, tenemos un CAIF que es administrado por la Intendencia. Con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estamos trabajando en coordinación para lograr proyectos en todo el departamento. Queremos comentar algunos números de este Presupuesto. Mientras el gasto primario sube más del 20%, las inversiones solo se incrementan un 6,93%. Si tenemos en cuenta el gasto total, podemos decir que las cifras de inversión pasan del 9,54% en 2010 a sólo 8,44% en 2014. Con independencia del denominador que se tome, las inversiones bajan con relación al gasto total, mientras los gastos corrientes aumentan un 21,68%. En lo que se refiere a los intereses y otros gastos de la deuda, suben casi un 28%, pasando de $ 18.000:000.000 en 2010 a $ 24.000:000.000 en 2014. Si se tiene en cuenta el gasto total, el pago de servicios de la deuda pasa de 9,97% a 10,55%. Esto es producto del aumento de la deuda del país, la que después de haber presentado una clara disminución, comenzó nuevamente a aumentar. Esto nos preocupa; a pesar del crecimiento del país -que celebramos, como dijimos antes- sigue aumentando nuestra deuda.

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Queremos entrar rápidamente a cuatro aspectos fundamentales relacionados con las prioridades del Gobierno. Bienvenido sea el esfuerzo en materia de vivienda. En el período pasado no vimos viviendas en el departamento de Rivera. Bienvenidas sean ahora. Estamos haciendo reclamos en ese sentido. Hay algo que nos preocupa y mucho: la cantidad de asentamientos irregulares que tenemos en el país. A pesar del gran esfuerzo y de los $ 120:000.000 adicionales que vamos a destinar al PIAI, creemos que no es suficiente, porque el último informe de que disponemos revela que se aumentó en cinco mil la cantidad de personas que viven en asentamientos. En la actualidad hay unos doscientos cincuenta y siete mil ciudadanos uruguayos viviendo en asentamientos. Bienvenida sea también la inversión privada en este aspecto. Queremos dejar constancia de algo muy importante: creemos que estos planes de vivienda deberían contemplar a los productores de ladrillos del interior de la República. Se debería tratar de levantar toda la producción de esas familias tan trabajadoras del interior del país y seguir apuntalándolos, como hacemos en Rivera, donde tenemos la primera escuela de ladrilleros del Uruguay. En materia de educación, señora Presidenta, no ha sido suficiente con el 4,5%. Ese número mágico no ha alcanzado. Necesitamos resultados; necesitamos programas con objetivos. Basta con recorrer el interior para ver las carencias que tienen las escuelas: falta pintura; problemas edilicios; niños usando como aulas los salones de los comedores; niños de diez, once y doce años sentándose en sillas para niños de dos y tres años. Damos la bienvenida nuevamente a las escuelas de tiempo completo y, por supuesto, a los CAIF, que creemos que son la gran herramienta para eliminar la pobreza en los niños de menos de seis años. En cuanto a los jóvenes que no quieren terminar Secundaria, tenemos que hacer un esfuerzo para que se encaminen a través de la UTU. Creemos que esta es la herramienta educativa para el desarrollo productivo del país. Tenemos la percepción de que a los jóvenes en general no les interesa terminar Secundaria porque no tiene atractivos o no responde a sus necesidades básicas. Creemos que Secundaria ha fracasado. ¿Por qué no realizar planes, junto a la UTU, de

capacitación real y de inclusión en empresas mediante pasantías, donde se pueda estudiar y trabajar? De esa forma, el joven aprende y genera ingresos. Hoy esas pasantías se dan en organismos del Estado, que saludamos y aplaudimos, pero ¿por qué siempre el viejo Estado tiene que dar todas las soluciones? Damos la bienvenida a la descentralización universitaria, de la que escuchamos hablar desde hace más de treinta años, pero que lamentablemente creemos no va a llegar a los departamentos del norte profundo. En materia de seguridad, damos la bienvenida a más seguridad y al trabajo serio, sobre todo contra las rapiñas que asuelan al país. También creemos que hay que trabajar, y mucho -no solo con los doscientos cargos que se crean para el SEMEJI-, con los jóvenes que delinquen desde temprana edad. Como ya dijimos, en materia de protección social, bienvenidos sean los CAIF, que creemos que son la herramienta esencial para evitar la infantilización de la pobreza. Podríamos decir muchas cosas más, pero solo mencionaremos una para terminar. Queremos decir que observando el indicador que mide día a día los impuestos de este país, advertimos que todavía es muy alto; muy alto. Trabajamos desde el 1º de enero al 13 de mayo y pagamos más impuestos que en países como Estados Unidos de América o España. Por último, quiero decir que se hace mucho y se trabaja mucho con la gente de menos recursos, pero creemos que falta una política de deportes, sobre todo en el interior, donde hay plazas de deportes que ni siquiera tienen una pelota de fútbol para que los chiquilines puedan jugar. SEÑORA MONTANER.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SANDER.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: agradezco al señor Diputado que me concedió la interrupción. Quiero dejar sentada una discrepancia con algunos compañeros que pertenecen al Gobierno y que van a votar afirmativamente este Presupuesto.

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Me gustaría decirles que todos tenemos nuestro corazón y que si estamos aquí es por una vocación política y social. Por lo tanto, no es que queramos restringir los recursos y no volcarlos a las áreas de prioridad, que por donde andamos nos conmueven porque muchos somos Diputados itinerantes y sabemos de lo que hablamos. Hay tres aspectos fundamentales -que por economía de tiempo los voy a señalar por la vía de la interrupción, pero que voy a desarrollar más adelanteque expresan por qué no acompaño este proyecto de ley de Presupuesto Nacional. No puedo votar esta propuesta de Presupuesto que termina deslegitimando el concepto de Estado y de la función pública que tenemos todos los uruguayos. Ese es un valor muy importante para los uruguayos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que creo que un Estado eficiente gobierna y dirige políticas por encima de aspectos políticos y partidarios, y lo que nos están presentando en este Presupuesto y con lo que no concuerdo -hay otros aspectos que sí apoyo- es con una colonización partidaria del Estado. Es una colonización partidaria del Estado que se logra en la Administración Central en todas sus áreas, mediante la migración de importantes cargos técnicos de alta capacitación y prioridad a cargos de confianza. ¡Estamos bajando el nivel de la función pública! Pero si a esto le sumamos el desaliento, el desánimo y la destrucción de la carrera administrativa, creo que el primer concepto fundamental para los que concebimos el Estado como un todo es que están deslegitimando el Estado uruguayo tal como fue entendido desde su formación. Entonces, una colonización partidaria es el primer concepto a señalar. Quiero decir que al leer este proyecto de Presupuesto termino confundiendo Gobierno con Estado, y Estado con fuerza política gobernante, y no me lo puedo permitir. ¡No me lo puedo permitir! Simplemente para poner a prueba lo que estoy diciendo, los ejemplos de la colonización del Estado por una fuerza política partidaria sobran al revisar el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Basta con leer el artículo 39 de la Sección II, “Funcionarios”; en el Inciso 02, los artículos 87, 96, 99, 101 y 112; en el Inciso 03, los artículos 181, 187, 188 y 190; en el Inciso 04, el artículo 254; en el Inciso 07, los artículos 365 y 368; en el Inciso 09, el artículo 421; en el Inciso 10, los artículos 453, 456, 457 y 472; en el Inciso 11, los artículos 491

y 500; en el Inciso 12, los artículos 542, 551, 552 y 554; en el Inciso 14, el artículo 588; en el Inciso 15, el artículo 605, y no sigo más, señora Presidenta, porque quiero expresar otros conceptos. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que en el artículo 64 se nos pide asignar la suma de $ 76:000.000 anuales. Con esto podemos construir cuatro escuelas de tiempo completo por año, dieciséis escuelas de tiempo completo en el quinquenio. Entonces, por la deslegitimización del concepto de Estado es que no puedo votar esto. La segunda razón que quiero exponer, señora Presidenta, es que se confunde extender y mejorar la coordinación de los servicios estatales con descentralizar. Acá no se está descentralizando. Ya tuvimos la experiencia con los Gobiernos Municipales cuando se votó el tercer nivel de Gobierno con las Alcaldías, con los Concejales: realmente la autonomía fue muy limitada porque a los municipios se les dio funciones y no recursos. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha culminado su tiempo, señora Diputada. Puede continuar el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: … SEÑORA MONTANER.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR SANDER.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: esa descentralización, en este proyecto no la entendemos como descentralización, sino como una extensión territorial de las funciones del Estado. Y esto queda claramente establecido en las propuestas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASSE, donde se suprimen Unidades Ejecutoras. Esto nos toca en el departamento de Tacuarembó, por ejemplo en San Gregorio de Polanco. Se suprime la autogestión local. También se suprime la facultad de ser ordenador del gasto; el hecho de que los gastos se hagan más cerca de la gente confiere más responsabilidad, eficacia y eficiencia. Hoy pasaremos a formar parte de una red de atención primaria que me parece

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sensacional, pero que nos aleja realmente del manejo de los recursos y de la autonomía local. El tercer motivo que va contra mis más caros principios como legisladora es que hay muchas cosas en este proyecto de Presupuesto con respecto a las cuales no sé qué voto. ¡No sé qué voto! Voy a leer textualmente: “[…] la contratación del personal que se considere imprescindible, hasta la aprobación de las reestructuras organizativas […]” y de cargos del Inciso. Me pregunto: ¿de qué reestructuras hablamos? ¿Están concebidas las reestructuras? Si esas reestructuras están concebidas, ¿por qué no vienen explicitadas en el Presupuesto? Si no están concebidas, ¿cómo puede saber el Poder Ejecutivo que el personal es imprescindible? Esto se refleja en múltiples artículos -que por falta de tiempo no voy a leer- referidos a personal imprescindible para la reorganización de estructuras que no conocemos, que suman US$ 165:197.584. Esto yo no lo puedo votar, porque no sé de qué reorganización, de qué reestructuración se trata, ni por qué van a ser imprescindibles. Por supuesto que vamos a votar los artículos referidos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por el déficit de 80.000 soluciones habitacionales que hay, como nos dijo la señora Ministra. También vamos a votar los artículos relacionados con la salud pública y con la seguridad. Quiero hacer una honrosa mención al Ministerio del Interior, que ha explicitado en el Presupuesto la gran reestructura que está llevando a cabo. Hay que destacar las cosas que se hacen bien. Voy a terminar mencionando mi visión -porque esta economía de tiempo me pone muy nerviosa- sobre algunas cifras e índices que se volcaron en Sala, porque no coincide con lo que escuché. Por eso paso a decir que la masa salarial, o sea, el ingreso total de los trabajadores asalariados, hoy es menor a la del período 1997-2001. Es decir: “Después de los primeros cinco años del Gobierno del Frente Amplio los trabajadores asalariados reciben una parte de la riqueza creada menor a la del segundo Gobierno” colorado de los años 1995-2000. “Y de acuerdo a las proyecciones presentadas, esta situación no cambiará durante el segundo Gobierno del Frente Amplio”. Esto lo dijo el profesor Jorge Notaro, destacado economista de izquierda.

Si vamos a la suma de salarios y pasividades, nos encontramos con que en el primer Gobierno colorado los aumentó un 44,7%, con Argentina y Brasil creciendo menos que Uruguay, y en medio de hiperinflaciones regionales. El Gobierno del Partido Nacional que le siguió vio nuevamente aumentar estos ingresos en un 25%. El segundo Gobierno colorado mostró un avance del 10% en el período. En cambio, el Gobierno frentista anterior apenas llegó a un 29,9%, cuando el crecimiento del PBI -esto es lo importante- fue de un 33%, y Argentina, tan influyente en nuestra economía, estuvo aun por encima en su crecimiento. Fue la primera vez que la masa de ingresos subió menos que el PBI. Podría decirse que, pese a todo, la distribución de la riqueza fue algo mejor, pero ocurrió lo contrario: “La conducta de la distribución de la riqueza en los años de la actual Administración -según sostuvo otro economista de izquierda, Joaquín Etchevers, en el año 2008-, solo estaría igualando los peores valores de los años previos a la restauración democrática”. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino, señora Presidenta. Si miramos los indicadores de pobreza, la mayor caída ocurrió en el primer Gobierno democrático, cuando bajó del 47% de la población a un 26%. En el Gobierno del Partido Nacional, llegó a un 15,3%, y así se mantuvo en el segundo Gobierno colorado. Luego, obviamente, creció la pobreza cuando se produjo la crisis de 2002 -en el período pasado a Uruguay no le tocó vivir una crisis de ese tipo-, y el Gobierno frentista, pese a la bonanza internacional, no pudo retornar a los niveles anteriores. La pobreza bajó solamente a un 21% de la población, cuando el PBI -acá está lo importante- subió un 33%. Dicho de otro modo: en el año 2009 había más pobres que en 2000, antes de la crisis. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Señora Presidenta: los números son esos, algunos cambian ligeramente según la metodología de cálculo empleada, pero todos terminan en conclusiones parecidas. Gracias, señora Presidenta, por su comprensión. Yo sigo sin entender el sistema de la economía de los tiempos que se ha establecido en los acuerdos parlamentarios entre los coordinadores de bancada.

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6.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias: Del señor Representante Richard Sander, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 15 de octubre y 13 de noviembre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Ruben Núñez. Del señor Representante Gustavo Espinosa, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la reunión del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Panamá, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Olivar Méndez. Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Elgue. De la señora Representante Verónica Alonso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Fernández. Del señor Representante Luis Puig, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Coitiño”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y seis en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, artículo único, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 15 de octubre por el término de 30 días. Sin otro particular, la saluda atentamente, RICHARD SANDER Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 15 de octubre y 13 de noviembre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, por el período comprendido entre los días 15 de octubre y 13 de noviembre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Ruben Núñez. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 10 de agosto de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, artículo único, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia en misión oficial por los días 14 y 15 de octubre inclusive, a los efectos de participar de la Reunión del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del PARLATINO, que trabajará conjuntamente con la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, que sesionará los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Panamá, Panamá, conforme a la adjunta convocatoria. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. GUSTAVO ESPINOSA Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa, para asistir a la reunión del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Panamá. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de octubre de 2010, al señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vo-

tación Nº 1030, del Lema Partido Colorado, señor Julio Olivar Méndez. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted, licencia por los días 11 y 12 de octubre del corriente, por motivos personales. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, JAIME MARIO TROBO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 11 y 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo, por los días 11 y 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Martín Elgue. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente al día 11 de octubre, por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial). Saluda a usted muy atentamente. VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”.

“Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por motivos personales el día 12 de octubre, asumiendo en mi lugar el respectivo suplente señor Carlos Coitiño. Le saluda muy cordialmente LUIS PUIG Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Puig. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Puig, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Coitiño. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el día 11 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

7.- Presupuesto Nacional (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. La Mesa exhorta a los señores legisladores a que entreguen los artículos aditivos y sustitutivos que se hayan proyectado, sin perjuicio del vencimiento del plazo en el día de hoy. Queremos dejar en claro que la recep-

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ción de estos artículos con antelación va a facilitar el desarrollo de la discusión y la posterior votación. Gracias. Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero reiterar los reconocimientos que han hecho los compañeros de la Comisión a nuestros Secretarios por su trabajo y a nuestro Presidente, el señor Diputado Ibarra, quien hizo gala de su larga trayectoria parlamentaria. Durante este mes y medio de trabajo disfrutamos de su Presidencia, y tuvimos la oportunidad de trabajar con comodidad, más allá de nuestros distintos puntos de vista sobre el proyecto de ley a consideración. El Frente Amplio presenta un proyecto de ley de Presupuesto de gastos para el quinquenio en un momento particular de la historia del país. Revisando la historia reciente, es muy difícil encontrar un período de bonanza como el que vive el país; un período de bonanza con niveles de precios de nuestros productos de exportación como el que tenemos. El país está disfrutando de un tiempo de prosperidad a partir de las condiciones internacionales de nuestros productos, a partir de que la crisis que vivió el mundo no nos impactó, ya que no alcanzó a los “commodities” ni a los productos que nosotros vendemos. Por el contrario, pasó algo parecido a lo ocurrido en la década del cincuenta con la guerra de Corea: salimos fortalecidos de una crisis internacional. La crisis iba por un lado, y nosotros por el otro, ya que las exportaciones de los productos uruguayos se ampliaron, aumentaron y, fundamentalmente, crecieron en precio. Este Presupuesto se apresta a gastar ese crecimiento; se apresta a distribuir nada más y nada menos que la tercera parte del PBI. Este Presupuesto es un tercio de la riqueza nacional; estamos casi en los US$ 10.000:000.000 para un PBI de US$ 30.000:000.000. Este es, entonces, el Plan de Gobierno, el proyecto que han presentado al Parlamento el Presidente Mujica y sus Ministros. Seguramente, uno imaginaba que un Presupuesto elaborado por un tupamaro, por un Gobierno dirigido por tupamaros y comunistas, iba a traer una lógica de cambios o iba a introducir una lógica de reformas de mayor profundidad que la que tenuemente aparece en este documento.

En realidad, lo que presenta el Gobierno de la República en este desordenado mamotreto, que hubo que modificar constantemente -inclusive, el señor Presidente de la Comisión tuvo que pedir a algunos Ministros que se llevaran todo el articulado para hacerlo de nuevo-, es distribución del gasto, pero no cambio de rumbo ni profundización de políticas de cambio. Se lo quiso presentar como un proyecto que traía una reforma del Estado, y la montaña parió un ratón, porque ni la oposición reconoce la reforma del Estado, ni los gremios públicos reconocen que aquí hay una reforma medianamente relevante, ni figuras importantes que participaron en la gestión gubernativa de la izquierda en los últimos tiempos en áreas clave de la gestión del Estado han dicho que esto es una reforma, sino acomodar algunos aspectos, muy tenues, muy débiles, de la relación de los funcionarios públicos con el aparato estatal. Por lo tanto, no hay un Presupuesto de cambio. La creatividad que uno suponía podía anidar en la cabeza de un revolucionario, otra vez ha quedado en un documento de distribución del gasto, de agrandamiento del Estado y de fortalecimiento de la estructura estatal, pero sin que uno advierta que eso implica un cambio importante en la vida del país. Además, hemos tenido que convivir -como ha pasado desde el 1º de marzo hasta la fecha- con una rara avis, es decir, con dos Presidentes: con el señor Presidente Mujica gobernando y con el “Pepe” en la televisión. El “Pepe” refiere a una cosa en la televisión, y después, documenta otra en los papeles. Cuando tiene que gobernar, no aplica los mismos criterios que utiliza en la televisión. Hace pocos días, cuando terminábamos el debate presupuestal en la Comisión, el Presidente Mujica, a la salida de una Embajada -seguramente, transformado en “El Pepe” de nuevo-, dijo que se proponía rebajar en un 15% el salario de los Ministros, pero este documento trae un incremento; lo que firmó y mandó al Parlamento es exactamente lo contrario. Hay un mundo virtual, que acontece en la televisión, la gente cree que eso es finalmente lo que pasa, y un mundo real, el que está escrito y tenemos acá, donde se dicen cosas distintas. No es el único caso, pero hablo de él porque fue el último, el más notorio, el más evidente de ese doble juego de decir una cosa ante la opinión pública, que esta acepta, y que muchas veces nosotros mismos también aceptamos, porque tene-

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mos muchas coincidencias con el personaje y muchas diferencias con el Presidente. El proyecto de ley de Presupuesto tampoco trae cambios relevantes en las áreas que se suponía debía tenerlos, por ejemplo, en materia de educación. Se ha hablado mucho de educación; el Presidente repitió tres veces la palabra en la Asamblea General, el día en que asumió: “Educación, educación, educación”. Y este Presupuesto no es diferente a los de la década del noventa, de la que la izquierda gusta tanto hablar y recordar. Este Presupuesto sigue distribuyendo casi la cuarta parte del gasto público en la educación, aunque en este se distribuye un poquito menos, porque es inferior a lo que Vázquez gastaba. Vázquez terminó su período de gestión de cinco años gastando 24,9% del Presupuesto público en educación, y este Gobierno arranca en el 22%. Quiere decir que es una porción menor del gasto público destinada a la educación; volvimos hacia atrás. Y en la década del noventa, gastábamos el 25%. Seguramente, con Presupuestos distintos, por supuesto. En 1990 teníamos un Presupuesto de US$ 2.500:000.000; era otro país, era otro momento, eran otros números, era otra la economía, eran otras las variables internacionales y eran otros los precios de nuestros productos. Pero, igualmente, hacíamos un esfuerzo para gastar un peso de cada cuatro. Tanto que se habla del Gobierno del Partido Nacional, entre 1990 y 1995 gastamos en educación un peso de cada cuatro del gasto público, y ahora vamos a arrancar con noventa centésimos de cada cuatro pesos. Este Gobierno no llega a un peso al final de este período. Cuando termine el Gobierno de Mujica, no estaremos gastando un peso de cada cuatro en educación. Eso es lo que trae este Presupuesto. Es decir que el criterio de “Educación, educación, educación” y de “Pongamos más para la educación”, que implicaría un acto de voluntad del Gobierno de decir: “Voy por una torta más grande para la educación respecto del gasto público” o “Priorizo la educación en el gasto público”, no se dio. Sin embargo, sí se dio un fortalecimiento, que casi llega a tres puntos del Producto, en el presupuesto del MIDES. Mientras la izquierda dice: “Los pobres son menos”, “La indigencia se reduce”, “Los problemas sociales que se encontraron a la salida de la crisis en 2004 hoy son menos”, el gasto se incrementa y vuelve a crecer a niveles muy importantes, superando US$ 1.000:000.000.

Por lo tanto, vamos por más de tres puntos del Producto. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se incrementa el gasto en el MIDES si la pobreza y la indigencia se redujeron? ¿Por qué se incrementa el gasto si son menos los pobres? ¿Por qué la relación gastoindividuo aumenta? No parece ser así. ¿Cuál es la explicación razonable para que se haya producido este incremento en el área del MIDES, si se señala y se repite que los niveles de pobreza se han reducido? En materia de salud, el Gobierno no hace innovaciones y la única innovación es meter la nariz cada vez más hondo dentro de las empresas privadas. Porque el articulado trae un fortalecimiento de la gestión del Ministerio sobre la actividad empresarial del mutualismo para conocer cada vez más no solo lo que se hace en materia de salud o las prestaciones, sino hasta la política económica y comercial de las empresas. Los dos primeros artículos introducen una modificación en esa dirección. Mientras tanto, después de unos cuantos años de aplicada la reforma de la salud, seguimos con un sistema público que no ha tenido variantes. Cuando hay que elegir, los uruguayos no optan por la salud pública. Hace tres años, me preguntaba: ¿cuántos Diputados del Frente Amplio se atienden en ASSE, cuántos en Salud Pública, y cuántos en el mutualismo? Los mismos que nos dijeron que el sistema de ASSE era estupendo y que caminábamos en la dirección de fortalecer y de tener un sistema similar. ¿Cuántos de ustedes atienden a su familia en ASSE o en el mutualismo privado? Eso podría darse como una información de bancada. El Ministro de Salud Pública, ¿se atiende en ASSE? Todos podríamos señalar dónde nos atendemos para saber si, finalmente, nivelamos para arriba o para abajo. Todos sabemos que ASSE recibió solamente 120.000 o 130.000 afiliados del FONASA; los uruguayos siguen sin elegir la Salud Pública; eligen el mutualismo. Cuando abrimos la puerta, se van al mutualismo privado. Y este proyecto no trae mejoras sustanciales en la estrategia pública de los servicios de asistencia; no trae ningún contenido que uno diga que es relevante a los efectos de mejorar… (Interrupciones) ——Sí, señores Diputados, les voy a conceder interrupciones a todos.

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Quiere decir que cambios en el área de la salud, en lo que duele, no trae; cambios en el área de la educación, en lo que duele, no trae. Con respecto a la obra pública, todos los Gobiernos se precian de mostrar en sus Presupuestos quinquenales proyectos de obra. Este Ministro va a quedar en la historia como el Ministro del mantenimiento, no de la obra, porque obra pública nueva no hay, y si hay, no la puso en el Presupuesto; se resolverá por otra vía o la comunicará en otro lado. Pero al Parlamento, no la trajeron. Lo que se trae, básicamente, es un proyecto de mantenimiento. Después, se irá con el calderín a buscar inversión privada, a ver hasta dónde da, para hacer algo de obra. Obra pública con presupuesto público no hay; se está haciendo algo de mantenimiento, pero es muy escaso. Para colmo de males, al final de la discusión, terminamos votando una reducción al proyecto del señor Ministro Pintado. El proyecto tiene algunos aspectos positivos. En algunos casos refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el verano entre los partidos políticos. Ello está explicitado con claridad en lo que refiere al INAU, concretamente, en los ciento treinta CAIF. Dichos centros son una estrategia que tenemos en Uruguay desde hace más de veinte años, una herencia bendita de la década del noventa, un invento bendito de esa década. Los CAIF ahora son multiplicados y ampliados hasta llegar a cubrir el quintil más pobre de la población para que no haya familias humildes que no tengan un centro de atención primario para mandar a sus hijos en esa etapa tan importante de la vida del individuo como la de los tres primeros años. Nosotros compartimos esta estrategia y se lo dijimos al Presidente del INAU. Está claramente planteado el objetivo. Ojalá se llegue a cumplir, pero si no se logra no vamos a pasar factura, porque eso pasa, a veces, ya que puede haber problemas de gestión, dificultades económicas. Haber planteado el objetivo y habérselo trazado como tal, merece nuestro destaque y apoyo. En el Presupuesto de la ANEP también se cumple con los acuerdos multipartidarios al incorporar las escuelas de tiempo completo. Felizmente, se han despejado las dudas planteadas en el año 2005 por el ex Presidente de la ANEP, doctor Yarzábal, cuando dijo en la Comisión de Presupuestos que la estrategia de las escuelas de tiempo completo iba a ser revisada. Finalmente, fueron revisadas para bien, porque se

mantuvieron; Uruguay va a seguir teniendo escuelas de tiempo completo. Como dice el Presupuesto de la ANEP, ojalá podamos tener en el año 2016 trescientas escuelas de tiempo completo; ello permitirá ampliar la cobertura, no solo en cantidad sino también en calidad. Seguramente, el Presupuesto de la ANEP tiene dos problemas. Uno de ellos es que se distancia enormemente de lo que ofrece el Poder Ejecutivo. La distancia, que arrancó en US$ 176:000.000 para el año 2011 entre lo que la ANEP quería y lo que el Gobierno ofrecía, terminaba en US$ 289:000.000 de diferencia. Estas son las diferencias entre lo que pedía la ANEP y lo que ofrecía el Gobierno. La reducción fue mínima; el objetivo alcanzado en la discusión parlamentaria del Presupuesto redujo esa diferencia en apenas US$ 20:000.000. Es decir que la diferencia entre lo que la ANEP propuso como presupuesto y lo que el Gobierno ofreció es muy importante. También debo decir que, precisamente, el último artículo de estos 848 del Presupuesto quinquenal es el más importante. El último artículo -iniciativa de la bancada de Gobierno- es muy importante, es inédito en la vida del país, porque es la primera vez que se escribe, concretamente, que el presupuesto de la educación pública quedará atado al 4,5% del Producto Bruto Interno, y que ese crecimiento se destinará especialmente a salarios. Entonces, se transforma el área de la educación, resultando la ANEP y la UDELAR los únicos organismos que regularán sus salarios por el Producto Bruto Interno, porque habrá tanto incremento como aumente el Producto Bruto Interno, y en el propio artículo se dice que tendrán prioridad los salarios. Desde mi punto de vista, este artículo incorpora un dato nuevo, relevante, significativo, sin duda, de vital análisis y que daría para debatir. En principio, como objetivo, es muy importante, y no estoy adelantándome a decir qué pasaría si tuviéramos una dificultad económica en el país o una crisis. Obviamente, ese crecimiento, transformado en salario, va a quedar fijo y las variaciones del Producto Bruto Interno no podrán modificar salarios ya otorgados. Pero como objetivo y como desafío, ¡vaya si ello es optimismo! Alguien de la izquierda decía que nosotros los acusábamos de optimistas; si alguien quiere leer un artículo optimista, que lea el último artículo del Presupuesto. Esa es, sin duda, la demostración cabal y concreta del optimismo con el que fue confeccionado este proyecto de ley de Presupuesto.

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Hemos decidido votar en contra el proyecto de ley de Presupuesto en términos globales y apoyar lo que esté bien. Votaremos en contra porque no es nuestro proyecto, no es nuestro Gobierno, no es el rumbo establecido por nuestro Partido. Este es el proyecto del Gobierno, el documento que conduce los gastos del Estado planificados por la Administración del Presidente Mujica, y tenemos diferencias en el rumbo y en el contenido. Esto no nos impide acompañar artículos del proyecto que nos resultan interesantes. Vamos a señalar otro aspecto interesante de este Presupuesto, que introduce un cambio significativo: la política de vivienda. El proyecto contiene un cambio cualitativo. Sin duda, este es un presupuesto pensado; la señora Ministra Muslera pensó lo que mandó al Parlamento, porque hay un cambio significativo y relevante en la concepción de la construcción de la vivienda. Con rapidez, o ligereza, algunos Diputados del Frente Amplio han salido a la prensa a hablar de las miles de soluciones habitacionales y la gente compra solución habitacional como vivienda, cuando en realidad el documento no dice eso. El concepto de solución habitacional trasmitido a la opinión pública puede entenderse como vivienda y no necesariamente es vivienda. Reitero, para el Gobierno, la solución habitacional es, por ejemplo, una conexión de saneamiento. Pero, desde nuestro punto de vista, ¿cuál es el aspecto positivo y relevante, a destacar, del proyecto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? Que se considera la infraestructura existente; se parte de la base de que en Uruguay tenemos una infraestructura mal utilizada en materia de vivienda. Eso lo vemos en nuestros departamentos, donde los centros están vacíos; la gente se ha ido a vivir a cuatro o cinco kilómetros del centro de la ciudad. En el centro urbano, que cuenta con saneamiento, pavimento, luz y servicios, no hay nadie viviendo. La gente está viviendo lejos, en nuevos complejos habitacionales, con menos comodidades, que evidentemente complican la infraestructura municipal porque debe proveer de los servicios a barrios alejados del centro de la ciudad. Este proyecto tiende a corregir ese problema. Comprenderán los señores Diputados que vamos a medir los resultados. Así como decimos hoy que compartimos lo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente nos trae como un proyecto de cambio, porque modifica la política tradicional de vivienda, por supuesto que vamos a medir

sus resultados, no sea cosa de que se trate solo de una cuestión en el papel y que después nos quedemos sin que se concreten esas políticas de reactivación en los centros urbanos de todo el país. En la discusión particular vamos a hacer otras consideraciones, que los señores Diputados comprenderán que, para nosotros, son importantes. Por ejemplo, abordaremos qué participación tuvieron los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República. El Gobierno cumplió generosamente con todos los Ministros, a excepción del Ministro de Defensa Nacional, que fue el único que dijo que su presupuesto no era prioritario para el Gobierno; lo señaló en la Comisión. El resto de los Ministros presentó un presupuesto que colmaba todas sus expectativas. Los compañeros del Partido Nacional han explicitado claramente que se produce un incremento de los cargos de particular confianza, por lo que hay abundante plata para distribuir. En cambio, en los presupuestos que presentaron los Organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la República hubo retaceos, casualmente en todos. Hubo retaceos para la Corte Electoral; hubo retaceos para el Tribunal de Cuentas; hubo retaceos para la Suprema Corte de Justicia y hubo retaceos para los dos organismos de la educación contenidos en ese presupuesto. Es decir que el Gobierno cumplió con sus Ministros, pero dejó corta la frazada a la hora de atender a los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República. SEÑOR BANGO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CARDOSO.- Voy a conceder una interrupción a los señores Diputados Bango y Asti, en ese orden. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado Bango. SEÑOR BANGO.- Señora Presidenta: agradezco la amabilidad del señor Diputado José Carlos Cardoso y voy a ser muy breve para no restarle minutos de su tiempo. Podría referirme a varios de los puntos que ha señalado, pero ya tendremos oportunidad de discutirlos en la consideración del articulado. Simplemente, quiero hablar de las comparaciones que efectuaba con relación al presupuesto de la educación, consideracio-

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nes que ya fueron hechas por el señor Diputado Berois, miembro informante del informe en minoría del Partido Nacional. Es cierto que hay distintas formas de evaluar y de comparar el presupuesto de la educación; por ejemplo, como porcentaje del PBI o como porcentaje del Presupuesto Nacional. Sin embargo, quiero mencionar dos formas más que considero que son interesantes. Con respecto a la primera, invitaría al señor Diputado José Carlos Cardoso a que hiciera la cuenta de la inversión en educación que han hecho todos los Gobiernos desde 1985 hasta la fecha, es decir, desde la reinstitucionalización democrática hasta el día de hoy. Propongo que haga la suma de lo destinado a educación en todos esos Gobiernos, y que luego reparta el resultado a precios constantes. Así advertirá cuáles fueron las Administraciones que invirtieron más en educación. Le dejo la cuenta para hacer, pero le adelanto que tanto la Administración de Vázquez como la de Mujica han invertido más en educación que cualquier otro gobierno desde la reinstitucionalización democrática hasta la fecha. Voy a dar otra forma de comparar el presupuesto de la educación, que me parece que es la más importante de las cuatro, es decir, de las dos que mencionó el señor Diputado y de las dos que yo propongo. Es la siguiente: lo importante de un presupuesto para la educación se define por la cantidad de cosas que se puede hacer con ese presupuesto. Con este presupuesto de la Administración Mujica se va a lograr construir la friolera de ciento once escuelas de tiempo completo, ciento cuarenta y cuatro -y no ciento treinta- CAIF, cuarenta y dos liceos, setenta y cuatro aulas en otros liceos restantes y diez politécnicos en el interior del país. Pero, con los recursos invertidos en el Gobierno del Partido Nacional, no se pudo construir ciento once escuelas de tiempo completo, porque no alcanzaba el dinero. Esto marca decisiones y definiciones políticas acerca de dónde se pone la prioridad. Por suerte, como la economía ha crecido y hay más recursos en materia de valores absolutos, hoy nuestro Gobierno se puede imponer la meta, con tranquilidad, de invertir en ciento once escuelas de tiempo completo. Sin embargo, en el Gobierno del Partido Nacional, solamente se establecieron alrededor de treinta y cinco; en realidad, fueron cincuenta y seis, pero lo que se hizo fue la reconversión de las es-

cuelas al aire libre y luego les cambiaron de nombre. Quiere decir que no hubo obras en infraestructura. Entonces, la apuesta a la educación de un Gobierno se define por las metas que se plantea. Y este Gobierno del Frente Amplio se plantea, en un solo período de Gobierno, hacer la misma inversión en escuelas de tiempo completo que se hizo desde la institucionalización democrática hacia adelante. Estas son otras formas de comparar el presupuesto de la educación. Muchas gracias, señor Diputado. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: efectivamente, esa otra modalidad de comparación es la que transforma estas discusiones que tenemos con los socialistas en algo que nadie entiende. Ustedes utilizan el porcentaje cuando les sirve y, cuando no, emplean los recursos concretos. Cuando les decimos que endeudaron más al país, que el récord histórico de ciento setenta años de historia de deuda externa es ahora, en un gobierno de izquierda, ustedes dicen: “No, no. Compárenlo con el porcentaje del PBI, que es la forma en que se comparan las deudas”. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es en contante y sonante o es en porcentaje? Por supuesto, en contante y sonante; este es un presupuesto de US$ 9.500:000.000. Yo ya dije que el presupuesto del año 1990 era de US$ 2.500:000.000. En contante y sonante, ahora es más dinero porque el país es más rico. ¡Por supuesto que es más rico! Estamos vendiendo la carne al triple de lo que la vendíamos en el año 1990. ¿No entienden eso? Ahora, ¿el señor Diputado va a reconocer que la deuda externa es la más grande de la historia del Uruguay? ¿Va a reconocer que nunca el país estuvo tan endeudado como ahora? Porque si quieren hablar de dinero, también utilicemos estos términos para conversar sobre la deuda. En cuanto a las escuelas de tiempo completo, el señor Diputado debe revisar sus conocimientos. Una escuela de tiempo completo no es solamente un edificio; es el edificio más las transformaciones. Y lo que este proyecto trae son transformaciones. Es lo mismo que acaba de decir el señor Diputado sobre las escue-

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las al aire libre. Su Gobierno va a hacer lo mismo que hizo el nuestro: transformar una escuela al aire libre, con gran infraestructura edilicia, en escuela de tiempo completo. La mayor cantidad de escuelas de tiempo completo durante este período se van a constituir a través de transformaciones de edificios ya existentes, y la construcción de nuevas significará un número mínimo. La escuela que se ha quedado sin niños -como sucede en los centros de las ciudades de todos los departamentos-, generalmente se utiliza como una escuela de tiempo completo, porque le sobra infraestructura debido a que bajó la matrícula. Quiere decir que el camino de las transformaciones es el que se utiliza para la escuela de tiempo completo. Ese es el camino. No se trata de construir escuelas nuevas a lo largo de todo el proceso. Ahora voy a conceder una interrupción al señor Diputado Asti que me la había solicitado, siempre y cuando me quede tiempo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Le resta un minuto de su tiempo. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Bueno, no puedo conceder la interrupción. A estos temas y algunos otros, seguramente, nos vamos a referir en la discusión artículo por artículo. Como dije, queda un sabor a muy poco en cuanto a la reforma del Estado y a los funcionarios. También nos queda la impresión de que hay un cambio de rumbo en el Gobierno en la visión que tiene del aparato del Estado, en cuanto a que va a ser cada vez más partidario y menos profesional. El incremento de los cargos de particular confianza así lo demuestra. Es decir que lo político empieza a bajar cada vez más, cuando el mundo -no lo digo yo sino gente de izquierda- va al revés: la profesionalización sube cada vez más y los cargos de decisión política son cada vez menos en cualquier gestión profesional del Estado. Sin embargo, el camino que eligió este Gobierno con este proyecto es exactamente el contrario, en el sentido de que partidiza la Administración, incorporando cargos de particular confianza en todo el aparato del Estado. Era cuanto quería decir. (¡Muy bien!) SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: recién nos estábamos refiriendo a los porcentajes que dedica este Presupuesto a la educación y al área social. A fin de que se tenga bien en claro -ya lo expresamos en nuestra exposición-, el área de educación lleva un 37% del aumento de este Presupuesto. Si lo quieren en números, es $ 8.341:000.000 adicionales. Se trata del área priorizada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es una de las mayores formas de equidad previstas en la actividad pública; es la posibilidad para que también se haga la mejor política social que proporcione igualdad de ingresos. ¿Se preguntaba por qué gastamos en el Ministerio de Desarrollo Social cuando ya bajamos la pobreza? Porque queremos eliminar la indigencia y bajar la pobreza a niveles históricos. Evidentemente, cada vez que avanzamos, la reducción de la pobreza cuesta mucho más. Por eso, se aumentan en forma importante los recursos del Ministerio de Desarrollo Social. También dijimos que dentro del espacio fiscal hay disponibles normas que no están contenidas en este proyecto de ley de Presupuesto, que constituyen más de $ 1.000:000.000, que tienen relación con tres temas que no pueden estar incluidos en este proyecto porque la Constitución lo prohíbe. Estos temas son: el aumento gradual del seguro de enfermedad, el incremento de la jubilación mínima y el mantenimiento de la cobertura de salud a los hijos menores de los trabajadores que hubieran estado en seguro de paro. Fundamentalmente, hay uno que no está porque la Constitución lo prohíbe y es la incorporación de los jubilados al FONASA. La Constitución prohíbe que este tema esté incorporado en el literal B) de las Disposiciones Transitorias. Quienes hacen las propuestas demagógicas a fin de que se incluya -tal como se presentó en Comisión y se reiteró aquí en Sala- saben perfectamente que no puede estar incluido en una norma presupuestal. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: más que una aclaración, quiero hacer una pregunta. Yo pensé que las solicitudes de interrupción y algunas de las aclaraciones que se están haciendo

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eran para que alguien dijera cuántos Diputados del Frente Amplio están afiliados a ASSE.

Sin otro particular la saludo con mi más alta consideración y estima. Álvaro Fernández”. “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Le informe que por ésta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 11 de octubre de 2010. Sin otro particular la saludo con mi más alta consideración y estima. Nicolás Ortiz”. “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Le informe que por ésta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 11 de octubre de 2010. Sin otro particular la saludo con mi más alta consideración y estima, Milo Ojeda Díaz”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fitzgerald Cantero. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Álvaro Fernández, Nicolás Ortiz y Milo Ojeda. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Monte-

8.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente solicitud de licencia del señor Representante Fitzgerald Cantero, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor José Corradi”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y tres en setenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 11 de octubre del corriente año. Sin otro particular la saludo con mi más alta consideración y estima. FITZGERALD CANTERO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Le informe que por ésta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 11 de octubre de 2010.

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video, Fitzgerald Cantero, por el día 11 de octubre de 2010. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Álvaro Fernández, Nicolás Ortiz y Milo Ojeda. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor José Corradi. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

intensificar la línea de trabajo que ya tuvimos en el período anterior y que vamos a reafirmar en el actual. En el Gobierno anterior -insisto, con la participación de tupamaros y comunistas, que muchos descubrieron en este Gobierno pero ya participaban activamente en el anterior- se logró ubicar a Uruguay en el escenario internacional como destino turístico, no solo por los beneficios externos -como muchos quieren hacer aparecersino por una política destinada a tal fin. Y cuando digo Uruguay no me refiero a uno o dos balnearios sino al país entero; simplemente hay que leer la prensa de hoy para darse cuenta de que actualmente hablamos de un Uruguay turístico porque tenemos destinos turísticos en todo el territorio nacional. El compañero miembro informante, señor Diputado Asti, mencionaba algunos aspectos de los recursos que no están en el Presupuesto pero que significan $ 1.055:000.000. Por ejemplo, el seguro por enfermedad para los trabajadores va a tener un BPC de aumento por año, llegando a las ocho BPC al final del período -hoy estamos en tres BPC-, que hablando en dinero quiere decir que va a pasar de $ 6.182 a $ 16.488 en el año 2015. Este incremento tiene un costo de $ 370:000.000. De la misma manera, también en este período se va a tratar de llevar las jubilaciones mínimas, actualmente de $ 3.091, a $ 4.122 en julio de 2011. Todo eso se va a hacer en estos meses que faltan para julio de 2011. Esto tiene un costo importante en millones de pesos. Asimismo, vamos a incrementar la cantidad de jubilados que accedan al beneficio que acabo de mencionar: en un principio serán cuarenta y ocho mil y llegarán a sesenta y nueve mil. El costo de esto equivale a $ 530:000.000. También en este período los menores de dieciocho años cuyos padres estén en el seguro de desempleo tendrán derecho a la salud y al FONASA, lo cual tendrá un costo de $ 155:000.000. Eso también va a ser obra de este Gobierno, porque hubo un gobierno anterior que hizo posible este objetivo. Es necesario mencionar que en este proyecto de ley de Presupuesto hay un artículo que establece una deducción del 6% para los arrendatarios de vivienda, a realizarse cuando se haga la liquidación anual del IRPF. Es una deducción del 6% del monto que cada familia paga de alquiler. Es una nueva deducción. Se habla de las deducciones pero no se mencionan cuan-

9.- Presupuesto Nacional. 2010-2014). (Aprobación).

(Ejercicio

——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR YANES.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- No corresponde, señor Diputado. Ha finalizado la discusión del tema que estábamos abordando y continuaremos con la lista de oradores. Vamos a dar la palabra al señor Diputado Pérez González, a quien le podrá solicitar una interrupción. Tiene la palabra el señor Diputado Pérez González. SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque compartiré mi tiempo con el señor Diputado Gamou. Como he escuchado ciertas intervenciones, quiero brindar nada más que tres o cuatro datos. En el Gobierno anterior, con la participación de tupamaros y comunistas, se logró aumentar el ingreso por concepto de turismo, pasando de US$ 500:000.000 a US$ 1.300:000.000. De acuerdo con datos brindados por la Organización Mundial del Turismo, el Uruguay va a llegar a tener un ingreso por concepto de turismo equivalente al 7% del Producto Bruto Interno. Esa industria en el Uruguay de hoy ocupa a más de ciento treinta mil personas, con un porcentaje importante de gente joven trabajando en esa área. En este proyecto de ley de Presupuesto hemos incrementado un 30% los recursos del Ministerio de Turismo y Deporte y parte de ellos serán destinados a

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do vienen establecidas en el articulado del proyecto de ley de Presupuesto. Por último, se ha hablado mucho de los Gobiernos departamentales y hay que dar cifras. En el período pasado arrancamos con un fondo a distribuir entre los gobiernos departamentales que llegó a $ 5.500:000.000, que va a ser incrementado en $ 1.000:000.000 en este período. Esto se hizo con la participación anterior de los tupamaros y los comunistas, y ese fondo va a llegar a $ 6.500:000.000 también con la participación de los tupamaros y comunistas en este Gobierno. El Fondo de Desarrollo del Interior, que era de $ 550:000.000, va a subir a $ 750:000.000. Lo digo para aquellos que hablan de que los gobiernos departamentales no tienen recursos. Ahí están los recursos para que, a través de presupuestos organizados con la participación de los municipios, sean redistribuidos de manera adecuada y equitativa. SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: en la tarde de ayer y en la mañana de hoy hemos escuchado repetidamente que este es un Presupuesto desprolijo, lleno de errores, hasta con faltas ortográficas. Faltó decir que el Ministro vino mal peinado a la Comisión. ¡Qué envidia, por cierto! Esto me hace acordar, estimadas señorías, a cuando uno iba al liceo y nos ponían un escrito. Estaba aquel que no sabía nada; entonces, ponía el nombre en la hoja con firuletes, bien subrayadito. Anotaba las preguntas y hasta le ponía brillantina, para disimular que no sabía nada y que no decía nada. ¡Claro!, este es un Presupuesto que brilla, no por la brillantina. Este es un Presupuesto que brilla por el gasto en vivienda. ¿A la gente le importa que hayan puesto vivienda con be larga o que se haya duplicado el presupuesto en vivienda? Este es un Presupuesto que brilla por el tema de la educación y, por cierto, vamos a dejarnos de porcentajes, de PBI. Vamos a hablar en moneda contante y sonante. Vamos a hacer las comparaciones que se quiera. La gente no es tonta; la gente entiende. ¿Cuánto costaba una casa en la década del noventa?

¿US$ 50.000? ¿Cuánto cuesta hoy? US$ 50.000. Es decir que con aquel presupuesto de repente, se podían comprar veinte casas. Entonces, ahí se gastaban doscientos; ahora se gastan US$ 2.000:000.000. ¡Vamos a dejarnos de hacer firuletes con los números! ¡Y claro que también estamos dispuestos a comparar la deuda externa! ¿Cuánto se debía en la década del noventa? Se debían US$ 6.000:000.000. Multipliquemos esa cifra por diez: son US$ 60.000:000.000. Esa no es la deuda externa uruguaya: acá lo que aumentó, contante y sonante, fue el presupuesto de la salud y no la deuda externa. Uno se pregunta: ¿por qué esta tirria en contra del Presupuesto Nacional? Porque este es un presupuesto de izquierda, mal que le pese a muchos. Como dice el filósofo francés Alain, podrá ser cierto que izquierda y derecha no son términos valiosos, pero lo que les puedo asegurar es que quien lo dice no es un hombre de izquierda. Y se habló de la década del noventa: ¡claro, cuando estaba de moda Fukuyama y sus seguidores! Y ellos demostraron que hay izquierda y derecha. ¡Por supuesto que no lo pueden votar! ¡Por supuesto! Porque este es un presupuesto de izquierda y nosotros creemos en el crecimiento con distribución. No creemos en esa mano invisible del mercado que arregla todo porque, muchas veces -la mayoría-, se demostró que esa mano invisible en vez de arreglar todo le daba cachetazos a la gente, sobre todo al pueblo trabajador. Y ni qué hablar en 2002; ya no fue un cachetazo: fue un piñazo que le arrancó varios dientes y hoy nos estamos recuperando. Pero no es mala voluntad que los buenos están de un lado y los malos de otro; no lo pueden votar porque este es un presupuesto de izquierda. ¡Convenzámonos! Después dicen que este es un presupuesto conservador; más de lo mismo. Ahora, yo digo: durante todos esos años, cuando estaba de moda Fukuyama, el neoliberalismo, la privatización, cuando no se defendía mucho la negociación colectiva -ahora en esta Cámara han aparecido paladines de la negociación colectiva- nos decían: “No, hay que esperar que la torta crezca para después repartirla”. Señores: cuando la torta crecía, no se repartía; ahora bien, cuando se desinflaba por falta de polvo de hornear, ahí sí se repartía. Se repartía la miseria. Entonces, yo entiendo que intelectual e ideológicamente no puedan votar este presupuesto porque no

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están de acuerdo. Ustedes creen en otra cosa; ustedes creen en que hay que cobrar pocos impuestos, en que hay que dejar que los ricos se enriquezcan más a efectos de tirar después, gota a gota, alguna cosita. Pero eso no es así; el pueblo uruguayo votó a este Gobierno. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el orador. SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Como decía, el pueblo uruguayo votó a este Gobierno. También se dice que este es un presupuesto optimista, pero yo quiero reivindicar al Ministro de Economía y Finanzas y a todo su equipo económico por lo siguiente. En primer lugar, por su enorme honestidad intelectual. Perfectamente el Ministro podría decir: “No, no vamos a crecer tanto; vamos a crecer menos”. ¿Y qué lograba con eso? Primero, gastar menos y después, cuando la economía apareciera creciendo mucho diría: “¡Ah, qué tipo exitoso que soy! Qué Ministro inteligente. Gracias a mi gestión, miren cómo está creciendo la economía”. ¡Pero no lo hizo! Porque sin duda que es un hombre con enorme capacidad y honestidad intelectual. Es un Ministro que tiene buena fe, que negocia con buena fe, porque nos vino a decir acá: “Se da lo que hay; no hay más”, y ¡vaya si los Diputados sabemos eso! Y es un Ministro prudente; nadie puede decir que las cifras que dio el equipo económico en el anexo que presenta en el Presupuesto Nacional son excesivamente optimistas. No, no: son cifras realistas. Ahora bien: realista es ser realista, no es ser optimista ni machete con las predicciones; y eso es lo que tiene este Presupuesto. Quiero decir que en este tema de la educación se pone énfasis en que hay que mejorar la calidad. Sí. Sin duda que hay que mejorar la calidad de la enseñanza. Por supuesto que hay que mejorar la calidad de la enseñanza. Ahora, la verdad, queridos colegas: pedir una mejora en la calidad de la enseñanza con los salarios de hambre que había cuando llegamos al gobierno en 2005, era prácticamente imposible. Ahora estamos empezando una recuperación y podremos

responder al grado de exigencia que merece nuestro pueblo. Es verdad que no es solamente plata, que no es solo salario. Pero también es verdad que es bravo estar en un aula dando clase y pensando: “¡Caramba, dentro de diez minutos van a ir a cortarme la luz! ¡Caramba, me cortaron el teléfono y no puedo llamar para ver si mis hijos están bien!”. Es bravo: hay que ponerse en ese lugar. Tampoco le tomemos el pelo a las soluciones habitacionales. No es lo mismo tener saneamiento en una casa que no tenerlo. ¡No es lo mismo! No es lo mismo por las enfermedades; no es lo mismo hasta por la calidad de vida y ello es lo que procura este presupuesto: mejorar cada vez más la dignidad y la calidad de vida de todos los uruguayos. Por eso es que yo estoy orgulloso de este Presupuesto, que creo que no solamente continúa con los cambios, sino que hace más cambios a favor de nuestro pueblo. Finalizo para que pueda redondear mi colega Diputado Pérez González, a quien le agradezco mucho la interrupción. Señorías: hace cinco años, en esta misma Cámara, se dijeron barbaridades del Presupuesto Nacional, quizás hasta más duras que las que se están diciendo hoy, mucho más duras. Hace un año, aquel último domingo de octubre, nos presentamos ante la ciudadanía y preguntamos a los uruguayos: “Señores, ¿está mejor hoy el Uruguay que hace cuatro o cinco años?” Y la respuesta fue un enorme sí rojo, azul y blanco. Adviértase que la ley esencial de lo que fue el período de Gobierno fue aquella Ley de Presupuesto de 2005 y las sucesivas Rendiciones de Cuentas. Nos veremos dentro de cuatro años y volveremos a preguntar a la ciudadanía si estaba mejor aquel día que hoy y, seguramente, la respuesta será otro sí rojo, azul y blanco. El Presupuesto podrá estar desprolijo y con faltas ortográficas, pero estoy seguro de que a aquellos que verán mejorada sustancialmente su calidad de vida, les importa un rábano que se escriba “educación” con ese y con hache. Lo que les preocupa es que estén los recursos y que haya un gobierno timoneando fuerte para los grandes cambios que requiere este país. Muchas gracias.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Pérez González, a quien le restan catorce minutos de su tiempo. SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta… SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor miembro informante en mayoría. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: en la sesión de ayer no tuvimos tiempo de comentar algo que se había dicho con respecto a la informalidad. Creo que es bueno que recordemos lo que ha sido la lucha contra la informalidad en el período anterior y lo que ya está previsto que continúe en este período porque, precisamente, eso forma parte de los recursos adicionales, de los recursos que se van a agregar para aplicar al gasto público social, a lo cual hemos venido haciendo referencia. Se preguntaba por qué solamente se persigue al comercio instalado y no al informal. Simplemente para tener una idea de lo que pasó desde 2004 a 2009, cabe manifestar que la evasión del IVA bajó del 32% al 15%. La informalidad en los puestos de trabajo bajó del 47% al 27%, y esto tomando a los trabajadores privados; se supone que no hay informalidad en el sector público. Para contextualizar este tema decimos que existen compromisos de gestión en la Dirección General Impositiva para continuar avanzando en el ataque a la informalidad. Porque la informalidad tiene varios aspectos; no se trata solamente de la recaudación del Gobierno, sino también del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el reconocimiento de los derechos de seguridad social de los trabajadores. Por eso también se está formalizando un compromiso de gestión con el Banco de Previsión Social para cumplir con sus metas. A esto nos referíamos cuando hablábamos de que no se aumenta la presión impositiva sino que, por el contrario, se mantiene y se bajan impuestos; hay renuncias fiscales importantes en esta propuesta presupuestal. Algunas no están incluidas en el articulado porque ya existen normas legales para realizarlas. La rebaja de los dos puntos del IVA ya tiene una norma legal para poder efectivizarse y no es necesario incluir otra en este Presupuesto. Eso está en las proyecciones que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas

cuando elaboró su programación fiscal coherente con el programa financiero. No hay que inventar nada; no hay nada escondido. Eso está en el Mensaje que envió el Poder Ejecutivo y que forma parte -como establece el artículo 2° de este proyecto- del Anexo, donde está comprometida la baja de dos puntos del IVA para el año 2011. No está escondido ni van a ser necesarios recursos adicionales ni otro tipo de soluciones. En función de nuevas deducciones en el IRPF -como decía el compañero Diputado Pérez González- están previstas reducciones fiscales donde importa, donde interesa a quienes realmente tienen una carga que puede ser alivianada de acuerdo con su capacidad contributiva. Es en la reducción del IVA, un impuesto indirecto al consumo, que beneficiará a todos los uruguayos que lo pagan, y en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas -que solo paga el 20% de los uruguayos- que beneficiará a quienes tienen un mayor gasto por el pago de arrendamientos de viviendas. Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Pérez González. SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ (don Pablo).- Señora Presidenta: para finalizar, quisiera mencionar dos aspectos que están relacionados. Uno de ellos es un tema que está en el articulado y que, seguramente, después veremos con más profundidad: la preocupación que existe hoy en el Gobierno y en toda la sociedad uruguaya por la capacitación de los trabajadores. En los artículos correspondientes al Inciso “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” se destinan recursos al objetivo específico de capacitar a los ciudadanos para acceder a trabajos de mayor calidad. Ya hay un convenio entre las cámaras empresariales y el sindicato de la construcción, con la participación del Ministerio, para la formación de diez mil trabajadores de esa área. El sector va a necesitar mano de obra que en este momento no está capacitada para acceder a esa actividad. Sensible a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha generado condiciones y ha destinado recursos importantes a la capacitación para el trabajo. Uno de los Programas, que se denomina Objetivo Empleo, está dirigido a sectores de la población joven que necesitan capacitación.

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De la misma manera, a través del Ministerio de Educación y Cultura se aumentan en forma notoria los recursos para dotar de más becas al segmento de estudiantes entre los quince y dieciocho años de edad -etapa complicada y difícil en la que por lo general se da el mayor nivel de deserción estudiantil- con el objetivo, no solo de brindarles recursos de carácter económico sino de realizar un seguimiento del desempeño del estudiante con tutores. Esa actividad ya ha sido desarrollada y monitoreada por el Ministerio de Educación y Cultura en mil trescientos casos experimentados durante el período anterior. Ahora el objetivo es alcanzar al final del período diez mil becas simultáneas para jóvenes entre esas edades. Creo que es necesario resaltar esos aspectos del Presupuesto Nacional porque son recursos que están en distintos Incisos pero destinados al mismo objetivo, que es la capacitación de la población joven -y no tan joven- de este país, que la necesitan para acceder a trabajos de más calidad y de mejor remuneración, lo que redundará en un mejoramiento en el nivel de vida de la población. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: nos sumamos a los saludos a los funcionarios de la Comisión que, con tanta paciencia, abnegación y generosidad se han ocupado de armar este Presupuesto. Además, para con quien habla, por ser su primer Presupuesto, han tenido una especial paciencia que quiero reconocer. Deseo manifestar mi reconocimiento a los ujieres y al Cuerpo de Taquígrafos por el trabajo que se ha realizado entre todos y que estamos analizando en general. Por supuesto, también quiero agradecer al Presidente de la Comisión, el entrañable compañero Diputado Ibarra que, con su experiencia acumulada, con mucha sabiduría ha sabido llevar adelante los debates para que hoy tengamos el proyecto que estamos analizando que, para nosotros, será un gran -pero un gran- Presupuesto quinquenal. Hace un tiempo decíamos que estábamos en este Parlamento aprendiendo y escuchando las opiniones de todos, en especial, las de la oposición. Y puedo asegurar que en materia de Presupuesto Nacional no he faltado a ninguna clase de estos maestros que hoy, desde la oposición, nos están diciendo cómo ar-

mar un Presupuesto Nacional y cómo establecer el crecimiento y el reparto para todos los sectores de nuestra población. No falté a ninguna clase; estuve en todas las sesiones de la Comisión, estuve ayer y estoy hoy en la Cámara. La verdad es que ha trabajado bien la oposición. Ha hecho un buen informe; el señor Diputado que lo hizo nos merece el mayor de los respetos porque trabajó muchísimo. Sin embargo, con asombro tengo que decirles a estos maestros lo siguiente. (Murmullos) ——En primer lugar, la crítica principal que he escuchado en estos días y en estas horas a este Presupuesto Nacional es la desprolijidad con la cual fue presentado, que se repetían algunos artículos y después se retiraban o se agregaban otros. En ese sentido, la oposición ayudó mucho, trabajó mucho y colaboró en ordenar… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa ampara al señor Diputado en el uso de la palabra. Si los colegas tienen necesidad de hablar o de reunirse deberán hacerlo fuera de Sala. Puede continuar el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Muchas gracias, señora Presidenta. Estaba diciendo que los integrantes de la oposición podrán contar tranquilos a sus nietos que participaron del segundo gran Presupuesto Nacional de la historia del país, porque ellos también hicieron sus aportes y correcciones que fueron atendidas por el Gobierno. Así han construido este gran Presupuesto Nacional. Por lo tanto, tienen sentido de pertenencia y de ninguna manera van a quedar excluidos del futuro, de la historia, cuando se vea el país que estamos construyendo. Quiero que quede constancia de lo que piensa este legislador que, seguramente, interpreta a toda la bancada del Frente Amplio. En estos días, durante estas clases, me dio por revisar qué habían hecho ellos con los Presupuestos Nacionales y cómo habíamos llegado a 2004. Así encontré que, con las orientaciones que ha dado la oposición, nos metieron a todos en un tren veloz que descarrilaba llevando a nuestro país a la crisis más grande de la historia que ha tenido el Uruguay desde los años treinta. Resulta que descubro eso.

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¡Miren, por suerte, nuestro pueblo paró el recorrido de ese tren! Lo dejó de punta al abismo: 17% de desocupación, un insólito descrédito de la plaza financiera uruguaya; la industria, el comercio, el agro, todo liquidado. Además de esa desocupación de la que hablé recién, el 50% de los que estaban en actividad lo hacían en negro, sin ningún beneficio social. Esto es lo que nos han entregado los maestros que ahora nos dicen cómo elaborar un Presupuesto Nacional. Se detuvo ese tren. La ciudadanía lo detuvo utilizando la herramienta del Frente Amplio, de los comunistas, de los tupamaros y del resto de los frenteamplistas; lo detuvo, confió en ellos. Y dentro de ese tren, primero hubo que atender a quienes estaban enfermos, en el CTI, a quienes no daban más. Se hizo un plan de emergencia nacional para atender primero a esa gente en los primeros cinco años: recuperar la confianza, la inversión, el trabajo, los derechos de los trabajadores perdidos y liquidados, el sueldo de los trabajadores públicos deteriorado casi un 20%. Y, ¡bueno!, había que recuperar y sacar de la pobreza y la marginación a miles y miles de uruguayos, y tratar de que nunca más las familias tuvieran que cortar pasto, hervirlo y dárselo a comer a sus hijos. Este es un dato de la realidad, pasó. ¿Quiénes lo hicieron? Los que orientaron esos Presupuestos hasta 2004 y que ahora nos dicen: “¡Ah!, ¿pero qué van a hacer? Van a gastar mucho”. Sí, vamos a gastar. Nos dicen irresponsables porque estamos creciendo y vamos a gastar. Sí, señora Presidenta, vamos a gastar, vamos a distribuir. Va a haber más salarios, más jubilaciones, más viviendas, más seguridad, más infraestructura. ¡Claro que sí! Acá el tema es de identidad. Es natural que estén totalmente en contra, más allá de que participaron, como dije recién, y lo pueden constatar. ¡Que tengan sentido de pertenencia en el futuro cuando vean cómo salimos de esta crisis y cómo estamos construyendo un país de primera! Y van a poder contárselo a los nietos porque participaron, ya lo dije. Esa es la responsabilidad que tenemos: la irresponsabilidad de crecer y distribuir. Ya no hay trabajadores públicos que estén rezagados en ese 20%, no de pérdida de poder adquisitivo sino de quita de poder adquisitivo cuando llegamos a 2004. Con el primer Presupuesto detuvimos ese tren y atendimos la emergencia nacional, y con este segundo Presupuesto damos vuelta el tren y lo arrancamos a la inversa de como ve-

nía caminando. Esos son los cambios que se están produciendo en el Uruguay con el Frente Amplio. Esos son los cambios y los datos de la realidad, y si no, fíjense el prestigio de nuestro país hoy, con certeza, con crecimiento, con trabajo, no solo en lo nacional sino también a nivel internacional. Hemos dado vuelta ese tren y con estos dos grandes Presupuestos de la historia de nuestro país -los dos mejores Presupuestos de los últimos cincuenta años- vamos a construir un país de primera. ¡Hacia allí vamos! ¡Hacia allí vamos! Ya no hay 20% de desocupación; estamos a un nivel de apenas 6%. Ya no hay deterioro en los salarios de los trabajadores; ahora hay negociación colectiva. Ayer repitieron algo con insistencia. Esos son los cambios que produce el Frente Amplio, que son propositivos. Ahora la oposición se da cuenta de que la negociación colectiva y los sindicatos sirven, que son útiles, que la negociación colectiva es un instrumento que nunca debió haberse quitado de la sociedad, de la construcción de estos cambios y de este país. Ayer se hizo hincapié en la necesidad de profundizar la negociación colectiva para los trabajadores públicos, y ahí les doy la derecha, pero se la doy toda y gratis. Súbanse en el andamio de la construcción de las relaciones laborales, del diálogo. También viendo a los maestros, cuando miro para atrás, resulta que en los años noventa, cuando fueron Gobierno, destruyeron los Consejos de Salarios de la actividad privada. Además, no se les ocurrió que esa negociación colectiva podían haberla hecho ellos, porque tenían la mayoría en aquellos momentos. Es más: podían haberla hecho desde el año 1985. Pero como dije que iba a ser propositivo, por la derecha, súbanse al andamio. Vamos todos en esta, porque este es un país de diálogo, de concertación, y lo estamos haciendo entre todos, también con ellos, como dije al principio. Es más: estamos dispuestos a la discusión de este Presupuesto Nacional, y si todavía hay carencias o cosas para construir, si hay sentido común en algunas reclamaciones, ¡cómo no lo vamos a entender! ¡Cómo no lo vamos a atender si ya lo hicimos! ¡Ya lo hicimos en la Comisión! Como usted ha visto, señora Presidenta, hemos tratado de aprender y de ser aplicados en materia de construcciones de Presupuesto, pero teníamos las industrias fundidas, la plaza financiera con el descreimiento más grande de la historia, que ahuyentaba la inversión. Recién se dijo que teníamos que salir con

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un calderín para captar inversiones. Miren, no pusimos el calderín todavía y voy a leer lo que dice el suplemento “Economía y Mercado” del diario “El País” del día de hoy: “Los últimos datos del Producto Interno Bruto (PIB) publicados por el Banco Central (BCU), muestran un importante aumento de la inversión en el segundo trimestre del año, el cual, junto al aumento registrado en el primer trimestre, permitiría pensar que la misma se estaría recuperando de los efectos negativos de la crisis internacional que se hicieron sentir durante todo el 2009”. Todavía no pusimos el calderín y las inversiones siguen viniendo. Es que es un país con certezas. Vamos a reconocerlo: somos diferentes, tenemos identidades distintas. Somos comunistas, somos tupamaros, somos frenteamplistas, por eso somos diferentes. Tenemos un criterio de crecimiento y reparto como nunca hubo en este país. Son los cambios importantes que estamos construyendo y lo estamos haciendo entre todos, también con la oposición. Estos son datos de la realidad que entendemos que hay que seguir profundizando, y en ese camino creo que podemos ingresar todos. Por lo tanto, a nuestros maestros que nos quieren decir cómo deben hacerse los Presupuestos y que nos dejaron un país como en 2004, les quiero hacer otra aclaración. Recién se hizo mención a que el Uruguay tiene esta deuda externa con este Gobierno pero, si no me equivoco -discúlpenme los maestros porque puedo equivocarme-, creo que en el año 1958 sin ninguna necesidad se firmó la primera Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, que nos metió en este baile en el que estamos desde hace años y años. Pero, ¡bueno!, señora Presidenta, este Gobierno lo maneja, lo domina, lo administra y lo aprovecha para repartir con la gente. Estamos frente a un segundo gran Presupuesto Nacional. Una vez atendida la emergencia generada por los que antes hicieron los presupuestos, dimos vuelta la situación y vamos en sentido totalmente inverso. Claro que tenemos que ir reconstruyendo, porque en ese camino que venía para el despeñadero rompieron todo. De a poco, vamos a seguir en sentido inverso: creciendo, repartiendo, para que nuestra gente, nuestro pueblo, las industrias, crezcan, las inversiones vengan, haya certezas en el Uruguay y, sobre todo, la gente viva mejor. Con ese criterio esta-

mos elaborando este Presupuesto y, como dije recién, la oposición también ha hecho sus aportes. SEÑOR LIMA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GROBA.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR LIMA.- Señora Presidenta: en la sesión de ayer, en horas de la tarde, y durante la de hoy, hemos visto que desde la oposición se han reconocido en más de una oportunidad algunos logros macroeconómicos: el crecimiento del Producto Bruto Interno de los últimos seis años, el crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, nacional e internacional, el crecimiento de los ingresos fiscales, el crecimiento de los aportes al BPS, el crecimiento de la recaudación de la Dirección General Impositiva, el aumento del empleo, el aumento del ingreso per cápita, el aumento de las exportaciones, la disminución de la pobreza. Pero así como se ha reconocido cada uno de estos aspectos de la macroeconomía y de esta situación económicamente tan favorable para nuestro país, hubo mezquindad en no reconocer virtudes. Aquí se ha dicho que esto es producto de las condiciones internacionales favorables y del desarrollo de la región. En ningún momento se atribuye al Gobierno alguna autoría o alguna participación en esta situación tan favorable de la macroeconomía y, cuando se reconoce, “no es producto exclusivo del Gobierno sino resultado” -textualmente- “del trabajo de las Comisiones Interpartidarias”. Hay mezquindad. Además, de alguna manera se desconoce la capacidad de análisis de la ciudadanía y de los uruguayos. Quizás esa sea una de las razones por las cuales hace seis años esta fuerza política es Gobierno en el país; quizás esta sea una de las razones que explica que el doctor Tabaré Vázquez se haya retirado, luego de cinco años de Gobierno, con un índice de aprobación por encima del 80%, o que nuestro actual Presidente, luego de seis meses de gestión, tenga un índice de aprobación que supera el 60%. De manera que hay mezquindad y no se reconoce la capacidad de análisis de los uruguayos. En la jornada de ayer dos compañeros de bancada, los señores Diputados Mujica y Sánchez, mencionaron que el elemento central que nos separa, que nos divide y que sobrevuela todo este Presupuesto es

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el gasto, saber y definir en qué se gasta. Allí sí hay diferencias entre la derecha y la izquierda. Y también se ha dicho que en este Presupuesto no hay previsión de ahorro, que no está previsto el ahorro público. Vamos a hacernos eco de lo manifestado por otros Diputados de esta bancada: está bien que así sea, porque la felicidad de los uruguayos no tiene precio, no tiene costo. Este Presupuesto tiene objetivos claros: mejorar las condiciones de vida, satisfacer las necesidades básicas, crecer con redistribución, y si para lograr estos objetivos es necesario destinar al gasto todo lo que ingresa al Estado, bienvenido que así se haga. Las prioridades de este Presupuesto son otras y son muy distintas… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Groba. SEÑOR LIMA.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR GROBA.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR LIMA.- Señora Presidenta: decía que las prioridades de este Gobierno son otras y están establecidas claramente en el propio informe que esta fuerza política ha presentado: educación, vivienda, seguridad, infraestructura, protección social. Y hay que ir a las cosas concretas que son sentidas y que interesan al ciudadano. En materia de educación algunos compañeros mencionaron que en este Presupuesto se prevé la construcción de más de cien centros CAIF, cuarenta y dos liceos, ciento once escuelas de tiempo completo, seis escuelas rurales, diez politécnicos, diecisiete jardines, continuar con la entrega de los “laptops” correspondientes al Plan Ceibal y un aumento global de las remuneraciones de los docentes del orden del 23%. Se van a destinar aproximadamente US$ 2.000:000.000 anuales a la educación, la misma que en el año 2004 tenía asignados US$ 500:000.000. Es decir que hemos casi cuadruplicado el presupuesto para la educación. En materia de vivienda, las autoridades de la Cartera manifestaron que entre los objetivos de este Ministerio está la construcción de más de seis mil viviendas a través de MEVIR, casi dos mil más que las que se construyeron en el quinquenio 2005-2010. Asimismo, el

Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda tienen pensado construir más de veinte mil viviendas y destinar $ 105:000.000 anuales al Programa Juntos para atender la emergencia habitacional y mejorar la calidad de la vivienda. En definitiva, se destinarán US$ 900:000.000 a la vivienda Estos son los elementos concretos que el ciudadano valora. En materia de seguridad se prevé la creación de tres mil doscientos cargos de policías para todo el país: mil con destino al mantenimiento del orden y mil quinientos ochenta para lo que será el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tendrá como cometido esencial revertir ese proceso por el cual cerca del 70% de los detenidos son reincidentes. Podría mencionar más aspectos concretos en materia de infraestructura y de protección social que también son prioridades contenidas en este Presupuesto. Estas prioridades -educación, vivienda, seguridad, infraestructura, protección social- son muy distintas a las de otro tiempo; las prioridades contenidas en este Presupuesto no son los bancos, porque el sistema financiero no es prioridad; no es la desregulación ni la flexibilización del mercado laboral; tampoco lo es el pago de la deuda pública a costo de las clases sociales más vulnerables; no lo es, como en otros tiempos, el ajuste fiscal, ni la enajenación o venta de las empresas públicas; no lo es el pago de impuestos sin tener en cuenta la capacidad contributiva de cada uruguayo; tampoco lo es garantizar a los uruguayos que se pueden endeudar en dólares para poco después devaluar la moneda; no es el corralito. No son estas las prioridades de este Presupuesto, y eso es lo que diferencia a la izquierda de la derecha: en qué se gasta y en qué prioridades se establece. Por todas estas razones acompañaremos este proyecto de ley de Presupuesto Nacional que, como decíamos al inicio de nuestra intervención, tiene como eje central mejorar la calidad de vida de los uruguayos, satisfacer las necesidades básicas y crecer con redistribución del ingreso. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Groba, a quien le restan seis minutos de su tiempo.

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SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: quiero extender los saludos, agradecimientos y reconocimientos a los oficiales de Sala y a los ujieres por toda la paciencia que han tenido con este Diputado y por todo el esfuerzo que están haciendo en estos días. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Otegui. SEÑOR OTEGUI.- Señora Presidenta: en primer lugar, como corresponde a las generales de la ley, quiero agradecer al señor Presidente de la Comisión, quien tuvo un manejo equilibrado de las sesiones, a la Secretaría de la Comisión y, en su persona, a los ujieres y demás funcionarios que nos atendieron durante más de treinta días en un trabajo muy intenso; también quiero agradecer a la Comisión en su conjunto por el clima de respeto que se vivió. Teniendo en cuenta las palabras del señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra, como él ha dicho, recuerdo que en 1958 se firmó la primera Carta de Intención y que en los años 2004 y 2005, cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno, lo primero que hicieron el entonces candidato a Ministro de Economía y Finanzas, actual Senador, contador Astori, y su equipo económico fue visitar el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito. Eso es algo que compartimos y que es un cambio sustancial respecto a la posición política de la propia fuerza. En tal sentido, en el Presupuesto quinquenal se propone el desarrollo de la infraestructura nacional con una inversión del orden de lo US$ 1.600:000.000: el 50% será con fondos públicos y el otro 50% con inversión privada. Estamos esperando que se presente el proyecto de ley en el Parlamento respecto a la habilitación de la asociación público privada, cosa que no estaba contemplada anteriormente dentro de la filosofía que tenía la fuerza de Gobierno. Hoy podemos ver, no digo con alegría, pero sí con convencimiento y beneplácito, que se plantee en estos términos, no solo para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas -evidentemente la infraestructura en términos viales, fluviales, ferroviarios y de aeropuertos, es fundamental para tener un país productivo- pues, en definitiva, el país productivo en crecimiento es el que va a permitir que

toda la inversión en políticas sociales, como las que estamos viendo en este Presupuesto, sean posibles. Decía que esto no solo lo vemos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sino también en algunas otras áreas de Gobierno. En el caso de infraestructura edilicia de la ANEP y del INAU, nos llama la atención que la gestión y administración de los fondos -que se crean en esta instancia- sea otorgada a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la Universidad de la República, porque haciendo uso de su autonomía se le permite que los créditos presupuestales que no sean ejecutados en un Ejercicio pasen al siguiente con el mismo destino. Con este mismo criterio deberíamos haber permitido que ANEP e INAU usaran este procedimiento pues, de esta forma, la gestión del control del Parlamento estaría acotada a lo que establece la ley y no sería necesario utilizar algún subterfugio como el de la Corporación Nacional para el Desarrollo, institución que tendrá un rol fundamental en las asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructuras en el país. Hay otro tema que me preocupa. Si bien la fuerza de Gobierno votará la creación de dieciocho representantes presidenciales, en los artículos 705, 706 y 707, correspondientes a ASSE, se establece la eliminación de una serie de Unidades Ejecutoras del interior del país. Una de ellas está en Paysandú -nos toca de cerca-, concretamente el centro asistencial de Guichón -localidad con más de cinco mil habitantes, una alcaldía y con un centro asistencial que atiende a habitantes de doce pequeñas localidades-, al que se le quitan atribuciones y se centraliza -por un lado se habla de descentralización pero por otro se centraliza más- en las redes de atención primaria ubicadas en Paysandú. He escuchado algún comentario respecto a que sería una forma controlar más el gasto generado en esas reparticiones. Quiero recordar que en el período pasado el contador González, entonces responsable de los aspectos contables del hospital, fue procesado con prisión por desfalco y maniobra fraudulenta. Entonces, concentrar las Unidades nuevas no asegura que no haya desviación de fondos ni mucho menos. En tal sentido, estamos presentando un sustitutivo que quisiéramos fuera tenido en cuenta por la bancada de Gobierno a efectos de dar una respuesta no solo a Paysandú sino también a las diecinueve Unidades Ejecutoras distribuidas a lo largo y ancho del país, pues de

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esta forma perderían la autonomía que tienen y la asistencia que brindan en forma conjunta. Creo que el artículo 848 -que también se mencionó en estas presentaciones- se contrapone y quizás sea opuesto al artículo 65, que tal como manifestaron algunos Diputados preopinantes fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y es el que da cobertura en la ejecución presupuestal en el caso de que tuviéramos alguna modificación en el crecimiento del Producto Bruto. SEÑORA PIÑEYRÚA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OTEGUI.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: brevemente quiero hacer algunas reflexiones sobre el impacto distributivo de lo que generalmente se llama gasto público social y que a mí me gusta llamar inversión social. Si bien la eficacia y la calidad de la inversión social pública puede medirse al interior de cada Programa o Proyecto presupuestal, un indicador final de la calidad de eficacia de la… (Murmullos) ——Le ruego, señora Presidenta, que me ampare en el uso de la palabra. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Es precisamente lo que iba a hacer, pero ni siquiera con la mirada lo podemos arreglar. Puede continuar la señora Diputada. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: decía que un indicador final de la calidad y la eficacia de la inversión social es ver si ella está contribuyendo o no a una mayor equidad social. En esta instancia presupuestal me interesa analizar este tema a la luz de lo ocurrido en el período 1998-2008: mientras el 10% de la población de menores ingresos captaba aproximadamete el 5% del total de la inversión social, el 10% más rico recibía alrededor de 22% en el promedio del período. Este patrón se mantuvo hasta hoy, con algún avance levemente positivo. A pesar de estos ligeros cambios posi-

tivos, estos porcentajes son similares a los de la riqueza nacional, que se lleva el 10% de la población más rica y el 10% de la población más pobre. Es decir que la distribución social de la inversión social reproduce la misma estructura que la actual injusta distribución del ingreso. Es por eso que no es raro que economistas de todos los partidos, inclusive del Frente Amplio, hayan sostenido e insistido en que durante el pasado Gobierno del Frente Amplio la distribución del ingreso empeoró. Los distintos componentes de la inversión social presentan patrones diferentes en estos últimos seis años. El gasto en jubilaciones y pensiones es regresivo -es decir que empeora la distribución del ingreso-, mientras que el gasto global en educación -aunque después veremos las excepciones- y en asignaciones familiares es progresivo, es decir, mejora la distribución del ingreso. En el caso de la salud, el efecto es progresivo en la población comprendida dentro del FONASA, pero es regresivo si tomamos en cuenta el total de la población cuando se incluye en la medición a las personas que no están cubiertas por el Fondo. Entonces, el efecto de la inversión social en su conjunto en estos últimos seis años resulta regresivo. Esto se da por el elevado peso de las pensiones y jubilaciones, porque la salud solo toma en cuenta a los trabajadores, dejando de lado a los informales. Como veremos, la inversión social en educación también tiene aspectos regresivos. La inversión pública en educación, en su globalidad, presentó un patrón progresivo que se acentuó a partir de 2006. Sin embargo, ese patrón se asocia directamente al acceso y a la deserción de cada nivel educativo. A medida que se avanza en los ciclos escolares comienza a aumentar el índice de repetición, y esto sucede más en los sectores de menores ingresos, más pobres. Por lo tanto, la inversión social en educación es regresiva, tanto en educación secundaria como superior. La inversión pública global en salud mostró un patrón levemente progresivo hasta 2007, y en 2008 tuvo una mejora sustantiva debido a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Al desagregarse esta inversión pública entre hospitales públicos y el subsidio a DISSE -luego FONASA, a partir de 2008-, se observan patrones claramente diferentes. Mientras la inversión en los hospitales públicos es claramente progresiva, la inversión en el FONASA es regresiva por

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las razones que expliqué hace minutos, ya que no comprende a los trabajadores informales ni a la mayoría de los pasivos. Esta es una de las grandes falencias del sistema de salud implementado, que transforma la inversión social en salud globalmente considerada en regresiva a efectos de una mejora en la distribución del ingreso. Con relación a la inversión en seguridad social, sus componentes tienen diferentes comportamientos. Como decía, las jubilaciones y pensiones son regresivas, y las asignaciones familiares y el seguro de desempleo tienen efectos claramente progresivos. (Murmullos.- Campana de orden) ——Las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas son progresivas y también lo es, aunque en menor medida, el seguro de desempleo. Sin embargo, las jubilaciones y pensiones son regresivas y hacen que la inversión en seguridad social se vuelva regresiva en función del enorme peso de las jubilaciones y pensiones. Cabe destacar la progresividad de las asignaciones familiares luego de las reformas que se hicieron en 2004 y en 2008, que aumentaron su cobertura y su monto respectivamente. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha culminado su tiempo, señora Diputada. Puede continuar el señor Diputado Otegui. SEÑOR OTEGUI.- Señora Presidenta… SEÑORA PIÑEYRÚA.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR OTEGUI.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Si bien el seguro de desempleo tiene un efecto progresivo, su cobertura es escasa, aunque haya aumentado por efecto de la disminución de la informalidad. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a que tiene que estudiarse una ampliación de la cobertura. Por último, con relación a las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, las acciones comprendidas en el PANES estuvieron dirigidas y correctamente focalizadas en los hogares de escasos recursos. Por lo tanto, la inversión social en esta materia es altamente progresiva, como también lo es la inversión en sus distintos programas: el Ingreso Ciudadano, que tiene

el mayor efecto progresivo, y el apoyo alimentario y Trabajo por Uruguay, con un menor efecto. Entonces, como conclusión, debo decir que en los últimos seis años el aumento distributivo de la inversión social en su conjunto ha sido regresivo, reproduciendo y profundizando la injusta estructura de distribución del ingreso, es decir: se ha gastado más, pero en términos generales no se ha gastado bien y debe gastarse mejor. Debemos reconocer que la inversión social pública en programas sociales y en algunas prestaciones de la seguridad social, y parcialmente en educación, han tenido un efecto distributivo positivo, pero no ocurrió lo mismo con la inversión en salud debido especialmente a que se excluyó del FONASA a los trabajadores informales y a los pasivos, ni en la educación en su integralidad, dado que en educación secundaria y superior el efecto fue regresivo y no se instrumentaron políticas que generalicen la accesibilidad y la permanencia de las personas en el sistema educativo en estos tramos. El proyecto de Presupuesto 2010-2014, además de darnos la seguridad de que la inversión social aumentará -lo cual aplaudimos y acompañamos-, también debería asegurarnos que la calidad de esa inversión mejorará significativamente y, por tanto, mejorará significativamente la distribución del ingreso y, por ende, la equidad. Muchas gracias, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Otegui. SEÑOR OTEGUI.- Señora Presidenta… SEÑOR BONILLA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OTEGUI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BONILLA.- Señora Presidenta: voy a comentar algunas afirmaciones y objeciones que se hicieron en el día de ayer y en la sesión de hoy respecto de algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con el informe del Partido Nacional. El informe del Partido Nacional señala que el Presupuesto es irresponsable. Vamos a explicar brevemente esto, porque me parece que algunas cosas no quedaron claras. Este Gobierno, igual que el anterior,

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prevé que en todos los años habrá déficit fiscal. A pesar del crecimiento extraordinario del período anterior, y del que se prevé para este, continuará el déficit fiscal, lo que va a representar un aumento de la deuda pública. Además, se prevé que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía uruguaya será mayor que la histórica, pero no se fundamenta por qué. En el Gobierno anterior no existió ninguna reforma de fondo, importante, que justifique pensar que la tasa de crecimiento de largo plazo va a ser mayor. Las únicas reformas que se hicieron, como por ejemplo la reforma tributaria, notoriamente van a perjudicar el crecimiento a largo plazo de la economía, a gravar con más impuestos al trabajo, al ahorro y, en definitiva, a todo aquel que quiera esforzarse en Uruguay. También decimos que el Presupuesto es excesivamente optimista por una razón muy simple y es que si estamos creciendo por encima de la tendencia -no estamos discutiendo las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas, que seguramente son muy buenas y están ajustadas al modelo econométrico utilizado- es imposible que cualquier economista prevea, con cualquier modelo, cuándo va a ocurrir una crisis. Se toman los supuestos, las condiciones actuales de la economía, se supone que seguirán iguales y, en base a ello, se prevé la tasa de crecimiento. Es decir, no discutimos la previsión y, de hecho, como se ha señalado, seguramente el crecimiento de este año y del próximo será mayor al previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que decimos es que se debe tener en cuenta que puede haber algún imprevisto, ocurrir una crisis regional o mundial que impacte en Uruguay y, por lo tanto, en ese contexto no vamos a crecer en las tasas que se está previendo. Por eso debe ahorrarse, y por eso está mal gastar todo lo que va a crecer el país. Por ese motivo, nosotros estamos a favor de la regla fiscal. El señor Ministro de Economía y Finanzas ha dicho que la regla fiscal es un invento de la derecha, lo que demuestra que cambió de opinión, porque hace unos años personalmente lo escuché en varias conferencias -no me lo contó nadie; yo estaba ahíhablar a favor de la implementación de una regla fiscal en Uruguay. Ahora que él maneja la caja, al parecer, cambió de opinión. ¿Cuál es la idea de la regla fiscal? Que ahorremos ahora para que cuando llegue la recesión -que ojalá demore lo más posible, pero va a llegar, porque los

ciclos económicos siguen existiendo- no haya que hacer un ajuste fiscal. Ya se ha señalado -y estamos todos de acuerdo- que hacer un ajuste fiscal cuando hay recesión es malo y, precisamente, para evitarlo hay que ahorrar ahora. Si el Gobierno piensa que está bien crear el Fondo de Estabilización Energética, es decir, ahorrar para cuando haya que gastar más por los sobrecostos energéticos, ¿por qué está mal ahorrar en general para cuando haya que gastar en épocas en que caiga la recaudación? También se ha dicho que la presión fiscal no aumentó durante este Gobierno e, inclusive, el señor Diputado Ibarra dijo que la presión fiscal no existe. La presión fiscal existe y aplasta a los uruguayos, y también se prevé, con las propias cifras del Ministerio de Economía y Finanzas -teniendo en cuenta, inclusive, las rebajas que se han señalado-, que aumentará del 27,7% del Producto en 2009, al 29,6% en 2014. O sea que la presión fiscal va a aumentar. Tampoco se nos dice para qué se gasta; siguen sin existir mecanismos para evaluar el gasto, se sigue tirando plata en problemas que no se resuelven de esa manera. Y la muestra de esto la da la educación pública, donde se ha hecho un esfuerzo importante para aumentar el presupuesto y, sin embargo, está cada vez peor. También se ha señalado -y es un tema importante- la politización que se prevé de la estructura del Estado. En la jornada de ayer, el señor Diputado Abdala citaba un reportaje a Conrado Ramos, que era quien estaba encargado de la reforma del Estado en la OPP hasta hace poco, en su carácter de Subdirector desde el Gobierno anterior. ¿Por qué renuncia Conrado Ramos? Lo dice en la entrevista de ayer… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Otegui. SEÑOR OTEGUI.- Señora Presidenta… SEÑOR BONILLA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OTEGUI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir nuevamente el señor Diputado. SEÑOR BONILLA.- Señora Presidenta: ¿qué dice Ramos? Que renuncia porque se politiza la función pública, y expresa que él cree que el Gobierno no tie-

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ne claro para dónde va con la reforma del Estado. Lo dice el hombre que estuvo encargado de la reforma del Estado en el Gobierno anterior y que estuvo hasta hace poco en este Gobierno. Pero lo más grave de este Presupuesto, y como orientación general del Gobierno, es el avance del Estado sobre la sociedad que se ve en este proyecto de ley de Presupuesto, en el de reforma tributaria, en el de secreto bancario que está en el Senado, en la ley de prensa y en otras que se han presentado o se ha anunciado que se van a presentar. Nosotros vemos que este avance del Estado, que le saca más plata a los uruguayos sin que sepamos bien para qué, y el aumento de su presencia en todos los ámbitos de la vida del país, son nefastos. Este camino el Uruguay ya lo recorrió en el pasado y le fue muy mal. Lo que tiene que hacer Uruguay es dar cancha a los que quieren crear, trabajar y esforzarse, y no crear miles de empleos públicos, taparlos a burocracia, taparlos a impuestos y meter palos en la rueda. Sin duda, es necesario un Estado fuerte en lo que refiere a la ayuda a los más débiles, pero eso no implica un MIDES que ni siquiera puede decir qué está haciendo. Es necesario mejorar la educación y la salud pública, pero no es por el camino de la centralización y del aumento del gasto sin exigir contrapartidas. El señor Presidente de la República dijo hace unos días que la estatización es una solución abandonada pero, lamentablemente, como decía el señor Diputado José Carlos Cardoso, una cosa es lo que dice el señor Presidente en la televisión y otra es lo que hace el Gobierno. Y nosotros estamos observando que en el Uruguay está habiendo un importante avance de la estatización. El Uruguay tiene condiciones para crecer, prosperar y ser el país que todos queremos que sea, pero para eso necesitamos reformar el Estado en serio, mejorar la educación y la salud en serio, y eso no lo vemos por ningún lado. Hay una cosa que obviamente el Uruguay ya no tiene y es tiempo que perder, y este Presupuesto y la orientación general del Gobierno demuestran que nuevamente vamos a perder cinco años en los que el país no va a hacer la reforma que debe para ser efectivamente un país que crezca en el largo plazo. Entonces, vamos a votar en contra de este Presupuesto porque es mamarrachesco en su forma. Al res-

pecto, el señor Diputado Gamou ha dicho que eso no importa, pero en todo caso escribir vivienda con be y no con ve nos parece un signo de deterioro cultural, y es un camino en el que lamentablemente Uruguay ha entrado y, por ahora, no tiene revés. También lo vamos a votar en contra por imprudente y porque nos deja librados a la suerte: frente a la eventualidad de que pase algo, vamos a estar sencillamente regalados. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Otegui, a quien le restan cinco minutos. SEÑOR OTEGUI.- Señora Presidenta… SEÑOR GOÑI ROMERO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OTEGUI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Señora Presidenta: vamos a dar un pantallazo general. La base del crecimiento del país ha sido el crecimiento de la agropecuaria. Esto, que es tan claro y meridiano, lamentablemente el Uruguay, que ha vivido de espaldas a la agropecuaria y al interior, no lo tiene claro. Ahora estamos debatiendo sobre un Presupuesto optimista, como se ha mencionado, y está bien; nos va mejor, y está bien; y hay que repartir, y está bien; y se ha repartido, y estuvo bien. Eso no está en tela de juicio. Lo que nosotros estamos diciendo es que las cosas cambian. Ya desde la Biblia se sabe que vienen años de vacas gordas y años de vacas flacas. Países tan de izquierda como Chile, conducido por el socialismo, hicieron reservas, cosa que Uruguay no ha hecho. No se ha reducido la deuda externa, sino que se la ha aumentado y sustancialmente. Cuando hablamos del desarrollo y lo asociamos al BRIC -Brasil, Rusia, India y China-, lo que estamos diciendo, en definitiva, es que mientras a estos países les vaya bien, a nosotros también nos irá bien. Ahora, ¿podrá sostenerse el éxito de China o de Brasil, con Europa y Estados Unidos de América en problemas, y serios, como los que tienen? Yo tengo dudas. ¡Ojalá se sostenga el precio de la soja! ¡Ojalá se sostenga el precio de la carne, de la lana, de los “commodities” todos, que es de lo que el Uruguay vive! Nos va la suerte en ello. ¿Se sostendrá? La historia indica que

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las cosas van a cambiar y luego vendrán las épocas de ajuste, que necesariamente un día llegarán porque, en estos momentos de bonanza, no se previó generar reservas para no tener que ajustar después. Pero, bueno, señora Presidenta, a esto le llaman ópticas progresistas. ¿Qué estamos haciendo para generar alternativas? ¿Infraestructura? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha hecho poco y nada. Cuando asumieron el Gobierno reestatizaron lo que se había privatizado y, en estos cinco años, las rutas han decaído a niveles espantosos. Las columnas vertebrales del país que transportan la producción nacional están destruidas. Nada se ha hecho al respecto. Ahora se habla de que nuevamente se van a privatizar. (Murmullos.- Campana de orden) ——Vamos para adelante y para atrás. Así es difícil conducir un país. Se habla de AFE. ¿Cuánto hace que hablamos de que vamos a recomponer AFE? Y seguiremos hablando porque, en principio, nada se hace. Cuando hablamos del éxito de la educación, que tan necesaria es para potenciar la cabeza de los uruguayos, nos enfrentamos a un 30% o un 40% de deserción estudiantil en el liceo. ¿A qué estamos condenando a esa muchachada? A un trabajo falto de categoría, rústico, poco remunerado. Así no se sale de la pobreza, y esas son cosas que deberían estar tratadas en el Presupuesto. No solo se trata de mejoras edilicias, que sí son importantes; se trata de mejorar los salarios todo lo que se pueda, pero ¿cómo hacemos para evaluar la calidad? ¿Cómo hacemos para que se termine el ausentismo docente? ¿Cómo hacemos para que se termine el abandono de los liceales? Nada de eso se dice en el Presupuesto. Fracasamos estrepitosamente en donde está el éxito futuro, que nos pueda llevar a un país en desarrollo. Fracasamos en Matemática, Física, Química y Biología, y allí es donde están la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Uruguay fracasa en esa educación, y este no es solo un tema de recursos, es también un tema de calidad docente, sobre el que se persiste en no hablar. ¿Hasta cuándo? No podemos seguir pensando en un desarrollo uruguayo sin desarrollar el interior, que sostiene a este país. El éxito del Uruguay viene dado por la exportación de los productos que el interior produce, pero que aprovecha todo el mundo menos el interior.

Se habla de mejorar el salario público, y está bien, dentro de lo que podamos, pero del salario privado, que es el que sostiene finalmente al público, ¿nada se habla? ¿Cuántas veces más gana en promedio el empleado público que el privado? Sin embargo, seguimos persistiendo en recetas que no conducen al éxito en ese aspecto. En el interior, en los almacenes todavía se vende azúcar por $ 5 y $ 10, con bolsas abiertas para abastecer a la gente. Esa es la realidad que se está viviendo en Uruguay. Señora Presidenta: lamentablemente, tengo que terminar mi exposición, pero permítaseme que diga que en Sala hemos escuchado hablar de las bondades de este Gobierno porque distribuye. Que reconozca el Gobierno que distribuye lo que los uruguayos crean. En este Parlamento nadie es más bueno por dar, dar y dar, olvidando que lo que da es lo que el pueblo paga en impuestos. Esa es la realidad de este Presupuesto. Convengámoslo así, y seguramente lograremos mejores entendimientos. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado la lista de oradores. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta y dos en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión particular.

10.- Intermedio.
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: mociono para que se pase a intermedio hasta la hora 13 y 30. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar. (Se vota) ——Noventa en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio hasta la hora 13 y 30. (Es la hora 12 y 17)

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——Continúa la sesión. (Es la hora 14 y 4)

11.- Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación).
Prosigue la consideración del asunto en debate. ——Se pasa a la Sección I, “Disposiciones Generales”, que comprende los artículos 1° a 5°, inclusive. (Texto de la Sección I:) “SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- El Presupuesto Nacional para el actual período de Gobierno se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y los siguientes anexos, que forman parte integrante de ésta: Tomo I “Resúmenes”, Tomo II “Planificación y Evaluación”, Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”, Tomo IV “Recursos”, Tomo V “Estructura de Cargos y Contratos de Función Pública”. Artículo 2º.- Los créditos establecidos para gastos corrientes, inversiones, subsidios y subvenciones están cuantificados a valores de 1º de enero de 2010, responden a las proyecciones de evolución de variables macroeconómicas contenidas en el anexo informativo “Exposición de Motivos” que acompaña la presente ley, y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas. La estructura de cargos y contratos de función pública se consideran al 31 de mayo de 2010 y a valores de 1º de enero de 2010. La asignación a programas de los cargos y funciones contratadas, se realiza al sólo efecto de la determinación del costo de los programas, pudiendo reasignarse los mismos entre los programas durante la ejecución presupuestal, no implicando cambios en la estructura de cargos de la Unidad Ejecutora. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a efectuar modificaciones que surjan de disposiciones anteriores a la fecha de la presente ley, así como las que resulten pertinentes por su incidencia en ésta. Artículo 3º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2011, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia. Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo adecuará anualmente las remuneraciones de los funcionarios com-

prendidos en los Incisos 02 al 15 con el propósito de mantener el poder adquisitivo del trabajador público, sin perjuicio de los incrementos adicionales particulares que se encuentren financiados en las normas presupuestales correspondientes, efectuándose la próxima adecuación el 1º de enero de 2011. Los ajustes serán realizados tomando en consideración la meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el período de vigencia del aumento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, con la modificación introducida por el artículo 3º de la Ley Nº 18.670, de 20 de julio de 2010, y las disponibilidades del Tesoro Nacional. En caso que la meta de inflación se establezca en términos de un rango, se tomará en consideración el centro del mismo. Los ajustes deberán incluir, asimismo, un correctivo que tome en cuenta la diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística durante la vigencia del ajuste anterior y el porcentaje de ajuste otorgado. Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009, a los efectos de compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar. En estos casos, el Poder Ejecutivo queda habilitado a aplicar en el siguiente ejercicio financiero dos ajustes salariales semestrales. Si durante dicho ejercicio financiero la variación del IPC considerada en años móviles no supera el 10% (diez por ciento) en ninguna de las mediciones mensuales, se volverá a aplicar la periodicidad establecida en el inciso primero del presente artículo. Si la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo dispondrá un nuevo ajuste, lo que se hará con vigencia al mes siguiente de tal acontecimiento. De cualquiera de los mencionados ajustes se dará cuenta a la Asamblea General. Los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República adecuarán las remuneraciones de sus funcionarios en la misma oportunidad y con los mismos criterios establecidos en el presente artículo, sin perjuicio de los incremen-

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tos adicionales que se encuentren financiados en las normas presupuestales correspondientes. Los eventuales incrementos salariales adicionales no incluidos en esta ley, de los funcionarios públicos comprendidos en los Incisos 02 al 15, se determinarán por los procedimientos y en los ámbitos previstos por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2008, sobre Negociación Colectiva en el Sector Público, y serán incluidos en la Rendición de Cuentas de cada ejercicio. Deróganse los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997. Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, previo informe de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el Presupuesto Nacional, requiriéndose para los gastos de inversiones el informe previo de la OPP. De las correcciones propuestas dará cuenta a la Asamblea General quien podrá, en un plazo de quince días expedirse al respecto. Transcurrido el plazo sin que hubiera expresión en contrario, el Poder Ejecutivo introducirá las correcciones por decreto aprobado en Consejo de Ministros. Si la Asamblea General se expidiera negativamente las correcciones serán desechadas. En caso que se comprobaren diferencias entre las planillas de cargos y contratos de función pública y de créditos presupuestales y las establecidas en los artículos aprobados en la presente ley, se aplicarán estos últimos”. ——Léase el artículo 1º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos, salvo la de aquellos que se soliciten expresamente. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta y uno: AFIRMATIVA. Se suprime la lectura de todos los artículos. En discusión el artículo 3º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 4º. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: el Partido Nacional no va a votar el artículo 4º porque sencillamente lo considera negativo, en función de que implica una involución en cuanto a la legislación vigente y, a nuestro juicio, un retroceso en lo que tiene que ver con las garantías actualmente en rigor y en vigor con respecto al ajuste de los salarios públicos y de las pasividades. Si bien votamos afirmativamente este artículo en la Comisión, no hay en esto un contrasentido. En esa oportunidad lo hicimos en función de que se nos dijo que esta versión reflejaba un acuerdo celebrado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector público, que después no fue tal o, por lo menos, duró muy poco. Nosotros, que en materia de relaciones laborales siempre hemos reclamado la regla del consenso, aún no demasiado convencidos de los contenidos del artículo, entendimos que valía la pena privilegiar el consenso aparente que en ese momento se habría registrado entre los trabajadores y el Estado. Sin embargo, después se nos comunicó que ese acuerdo no existía o había dejado de existir, si es que alguna vez existió.

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Por lo tanto, a la hora de definir nuestra posición -como corresponde- con relación a una modificación legislativa que tiene el apoyo solo del Gobierno, es indispensable para nosotros hacer un análisis objetivo, desapasionado y, entonces, contrastar la norma que se proyecta con el mecanismo y el sistema actualmente vigente, que es mucho más garantista para los trabajadores. Está claro que aquí la discrepancia se condensa en lo que en la versión original del Poder Ejecutivo era el inciso quinto, que ahora pasó a ser el cuarto, cuando establece que el hecho de que se supere el 10% de inflación -si llega a ocurrir- en el último año móvil, de acuerdo con la ley vigente, implicará imperativamente la obligación para el Estado de otorgar un correctivo salarial, un segundo aumento en el año y, por lo tanto, un ajuste de los salarios públicos y de las pasividades, ya que sabemos que las jubilaciones y pensiones están atadas a los salarios públicos en cuanto a la oportunidad. Lo que aquí se propone en sustitución de eso es que no haya un segundo aumento; en todo caso, sí, que exista la obligación de negociar la eventualidad de un ajuste de naturaleza salarial. Esto es así, y creo que resulta absolutamente incuestionable, porque es lo que surge del sentido literal de las palabras, que es lo que tenemos que juzgar antes que nada a la hora de legislar, más allá de las buenas intenciones, de los compromisos públicos o de lo que se pretenda ensayar como justificación y explicación por parte del Poder Ejecutivo. La versión corregida que el Poder Ejecutivo presentó y que supuestamente reflejaba un consenso entre trabajadores y el Estado tiene que ver con un Inciso que en verdad es nada más que un camuflaje, porque aquí se dice como novedad que los eventuales incrementos adicionales se determinarán por los procedimientos y en los ámbitos previstos por la Ley Nº 18.508 sobre negociación colectiva en el sector público. Pero eso no cambia nada, eso no modifica la sustancia, eso no mejora la solución, eso no corrige lo que nosotros decimos con todo énfasis -y vamos a mantener- que representa, objetivamente y en abstracto, una involución desde el punto de vista de los derechos salariales de los funcionarios del Estado. Esto es así, y a mí no me alcanza que el actual Gobierno me diga que va a otorgar siempre el correctivo de la inflación, o que si la inflación se dispara va a dar un aumento, porque esto no está previsto o no estamos legislando solo para este Gobierno. Esta es una norma que tiene la fijeza de las normas legales y, por lo tan-

to, está llamada a mantenerse en el tiempo, más allá de los términos de la actual Administración. Entonces, sea esta, la que viene o cualquiera que suceda a la del actual Gobierno, en todo caso contará con la posibilidad -que es lo que esta norma consagra- de no otorgar un segundo aumento si se supera el índice de la inflación. Y el argumento de que la Ley Nº 16.903, es decir, el sistema vigente, no sirvió en el pasado para que los trabajadores no perdieran salario real, me parece que confunde y mezcla las cosas y, por lo tanto, no alcanza a explicar la justificación de esta modificación. No tenemos que confundir la cuantía del aumento con la oportunidad de este. Una cosa es lo que se otorgue en términos de reconocer y, por lo tanto, de dar -para corregir el valor de los salarios- la inflación que efectivamente se produjo, o que no se otorgue. Esa es una discusión. Otra cosa es que, necesariamente, se otorgue el ajuste correspondiente. Ahí está la diferencia, y es lo que reclaman COFE y las organizaciones sindicales del sector público, y creo que reclaman con razón. Además, de nada vale invocar la negociación colectiva si después esta termina siendo simplemente una declamación, una consagración legal -como la ley que aquí se invoca, la ley de negociación colectiva del sector público-, y no se aplica. Hoy estuvo en debate el tema de las relaciones laborales en los distintos momentos de la vida democrática del país después del año 1985. Hemos visto -me hago cargo de lo que digo- que este Gobierno, con su propio modelo de relaciones laborales -tiene derecho a impulsarlo y así lo ha hecho-, ha demostrado dos conductas o dos actitudes según le haya tocado ser juez o parte. Cuando ha tenido que fijar las reglas y, por lo tanto, actuar como árbitro de las relaciones laborales en el sector privado, ha aplicado determinado criterios como, por ejemplo, para la interpretación de la extensión del derecho de huelga, y para el reconocimiento o no -por cierto, en ese ámbito lo reconoció- de la alternativa de la ocupación como una posibilidad legítima de ejercer los derechos gremiales. Sin embargo, cuando le ha tocado definir los mismos conceptos pero en condición de empleador, como representante del Estado, ha ido por un camino totalmente diferente. Esto se vio en las ocupaciones y también en los aspectos vinculados con la negociación colectiva. Este proyecto de ley de Presupuesto ha demostrado que el Gobierno no ha cumplido con los términos en los que fue concebida la ley sobre negociación colectiva que se aprobó en el período anterior,

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porque no se negoció con los sindicatos -por ejemplo, el artículo 4º que estamos analizando-, porque no se negociaron los demás aspectos vinculados con las condiciones de trabajo en el sector público -figuran en la Sección II que analizaremos dentro de unos instantes- y porque tampoco se informó -como legalmente se debió hacer; así está establecido a texto expresoacerca de los contenidos de la Ley de Presupuesto. Esa también es una obligación que surge de la ley de negociación colectiva que la actual Administración no cumplió. Por todas estas razones el Partido Nacional fundamenta en estos términos su actitud, su opinión y su valoración de todo este proceso vivido con relación a este artículo que realmente habla de una serie de marchas y contramarchas, de dimes y diretes, de proponer y después quitar, de plantear una versión o un proyecto de articulado que después se modifica, de aludir e invocar consensos que después no se registran. Definitivamente, esto termina en que -reitero lo del principio- los trabajadores públicos pierdan la garantía, en la medida en que -ojalá eso no ocurra- se superen determinados márgenes o guarismos de inflación, tengan -a nuestro juicio, ahora podrían dejar de tener y antes seguramente tenían- el correctivo salarial correspondiente. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada Montaner. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: el Partido Colorado no acompaña el artículo 4º, coincidiendo ampliamente con lo expresado hace un momento por el señor Diputado Abdala. Este artículo modifica sustancialmente los mecanismos de ajuste salarial de los trabajadores públicos. Cuando la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda recibió a los representantes de COFE, ellos nos dijeron cuál era el concepto por el cual este artículo deroga las dos leyes anteriores. Una de ellas es la Nº 15.809, de abril de 1986, cuyo artículo 6º preveía condicionar al Poder Ejecutivo para que adecuara las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público. Ellos expresaron en Comisión que preferían seguir amparados por la nueva ley que mejora

este mecanismo de ajuste de los salarios, porque da protección automática al salario del trabajador. Me refiero a la Ley Nº 16.903 del año 1997 que, en especial en sus artículos 1º y 2º, otorga plenas garantías a los salarios de los trabajadores de manera que no se vean perjudicados por la acción de la inflación ni por las decisiones del Gobierno de turno. Me gustaría traer a este ámbito las palabras del señor Luis Iguini, que certifican la gravedad de estos hechos. Expresa textualmente: “Ahora la sorpresa: en el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en su artículo 4º y luego en el artículo 712, no solo se elimina el objetivo de ‘mantener y recuperar’ el salario, pero lo grave está en que en lugar de ajustar los salarios en el mes siguiente si la inflación llega al 10% y pasar a los ajustes semestrales, ahora, por estos complicados […] textos, si el costo de vida después del ajuste -que ahora se limita a anual- llega al 10% de inflación es después del sexto mes, entonces no se dispondrá de inmediato el ajuste”. Pero recuerdo que en esta propuesta presupuestal, en caso de que el ajuste inflacionario sea superior al 10%, se establece que el Poder Ejecutivo podrá convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público para estudiar medidas a tomar, y que queda habilitado a dar algún tipo de aumento recién en el próximo Ejercicio financiero. La demora en ajustar los salarios a la inflación termina castigando la capacidad adquisitiva del asalariado. Es importante señalar también que esta situación perjudica a los jubilados, a los pasivos, pues los aumentos se verán afectados en sus ajustes si se procede a la derogación de los artículos mencionados. Por todos los motivos expresados en Sala, no acompañamos el artículo 4º. Muchas gracias. SEÑOR GROBA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: como decíamos en la mañana de hoy, estamos frente a un avance indudable de las relaciones laborales en nuestro país, fundamentalmente desde 2005 en adelante. Hemos reconstruido todo el andamiaje de las relaciones laborales en el Uruguay.

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Por primera vez en la historia de nuestro país, hoy en los Consejos de Salarios participan los trabajadores rurales; por primera vez en la historia de nuestro país, hoy pueden negociar su salario las trabajadoras domésticas; por primera vez, también, en la historia de nuestro país, hoy los trabajadores públicos tienen su ámbito de negociación y en función de eso vamos a hablar de este artículo 4º. Nos parece realmente muy bien que la oposición se sume a este nuevo período -como decíamos al pincipio- de resurgimiento de las relaciones laborales en el Uruguay, poniéndonos a tono a nivel internacional en cuanto a las relaciones laborales modernas. El empresariado ha ido entendiendo que esta es la mejor solución para dirimir las situaciones conflictivas y las condiciones de trabajo entre el capital y el trabajo. Al respecto, este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -que yo sepa, por lo menos en este período democrático, fue instalado en 1985-, con esta Administración, ha tenido en cuenta que la administración de los conflictos laborales en el Uruguay y la administración entre el capital y el trabajo dependen de una buena legislación que interprete los derechos de todas las partes, no solo de los trabajadores sino también de los empresarios. En ese sentido, hemos recordado esta legislación histórica -no hablamos de 1985 porque no existía, pero sí desde que esta fuerza política es Gobierno- para los trabajadores domésticos y los trabajadores rurales. Pero no alcanza solo con mecanismos de negociación, sino que debe protegerse al trabajador. Nosotros tuvimos el enorme honor de haber representado tres veces a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo, y promovíamos esto que estoy diciendo ahora. También decíamos que cuando funcionaban los Consejos de Salarios entre 1985 y 1990 -aun en las condiciones irregulares en que lo hacían-, eran barridas las organizaciones sindicales de base; eran barridas sin ningún amparo y sin ninguna defensa para el sector más débil en las relaciones laborales, el trabajador, porque no existía una ley de fuero sindical como instaló en Uruguay este Gobierno desde la anterior Administración, coherente con la defensa histórica de sus derechos. Simplemente estamos dando un marco. Con toda seguridad, en el correr del debate volvamos a profundizar en estos temas que tan bien han hecho al Uruguay, que motivó que quedara muy bien parado fren-

te a los organismos internacionales con el reconocimiento del tripartismo y de las negociaciones bilaterales en un mundo de relaciones laborales moderno. Y esto es nuevo; esto arrancó recién hace seis años. Con respecto a la Ley de Negociación Colectiva de los trabajadores públicos, hubiera sido bueno que la oposición -es algo que lo defiende muy bien, como dije esta mañana- lo estableciera desde 1985 porque, seguramente, a los trabajadores públicos no se les hubiera quitado ese 20% que recuperaron a partir de 2004 o 2005. ¡Ojalá hubiésemos podido aceitar ese mecanismo entre todos y no ahora, en los últimos seis años, por parte de este Gobierno que es el que está reconociendo los derechos de todos los trabajadores! Esto de las marchas y las contramarchas, que asombra a tantos, es algo totalmente normal en una negociación colectiva. Lo que sucede es que si no hay práctica o no se practica este mecanismo por parte de quienes aquí critican, naturalmente, no lo conocen. Pero, reitero, esto es normal en una negociación colectiva; es totalmente normal. ¡Ojalá que todo lo que dije se hubiese instalado en 1985, junto con la negociación para los trabajadores públicos! Es cierto que cuando recibimos este artículo con la redacción original, la bancada del Frente Amplio se comprometió a revisarlo, porque nos parecía un poco estrecho y poco claro en materia de respeto a la propia Ley de Negociación Colectiva. Esta bancada, conjuntamente con los trabajadores, se comprometió a buscar los mejores mecanismos negociados. Como decía recién, por primera vez en la historia de nuestro Uruguay hay una ley que obliga al Estado a negociar con los trabajadores -¡por primera vez!-, pero hay que articularla porque esto no se hace de un día para otro. Fue por ello que decidimos procurar cierta flexibilización con el Poder Ejecutivo y con los trabajadores para encontrar una mejor redacción, que voy a analizar ahora. En primer lugar -también por primera vez en la historia-, se asegura durante cinco años la no caída del salario de los trabajadores públicos. Por primera vez queda establecido en una ley que no se va a quitar salario al trabajador público. Lástima que esto no estuvo contenido en una ley o en un acuerdo en 1985 para evitar tanto sinsabor y tanta quita del salario de los trabajadores públicos. Pero este artículo 4º consagra lo que estoy diciendo y queda escrito por primera vez en la historia del Uruguay. Se trata de un avance formidable para los trabajadores públicos y de un

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avance formidable también para la negociación entre los trabajadores y el Estado en nuestro país. Es indiscutible que esto nunca ocurrió en Uruguay y este artículo 4º lo consagra y lo deja establecido por ley. Por otra parte, se introdujeron otras modificaciones en consulta con los trabajadores y con el Poder Ejecutivo: es la claridad que asegura los procedimientos y los ámbitos de negociación colectiva en el sector público previstos en la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2008; se establece que cada ajuste será incluido en la Rendición de Cuentas. Esta es una modificación que se hizo al texto para aclarar, para profundizar en esta cuestión, sin quitar el concepto general pretendido por el Poder Ejecutivo, y agregando seguridad a los trabajadores en el sentido de que por ley no se les va a quitar salario durante cinco años en este país. En segundo término, con lo que acabo de manifestar se garantiza la participación de los trabajadores en la negociación colectiva. Se cumplió con lo prometido y el Poder Ejecutivo citó a los trabajadores para mostrarles el texto. Todos vimos que los dos coordinadores del PIT-CNT y el Presidente de COFE salieron de esa negociación establecida por este proyecto de ley, diciendo que consideraban que los avances eran importantes, que no se recogía todo esta vez pero que la nueva redacción del artículo 4º cambiaba el criterio de forma favorable a los trabajadores. Por lo tanto, hubo consenso. Esta bancada no mintió ni engañó a nadie en la Comisión; siempre dijo la verdad. Quienes estuvimos muchos años en el movimiento sindical sabemos que a veces nos hacemos responsables de mantener y de manejar estos acuerdos, y que hay otros mecanismos para aprobar o no las modificaciones. En ese sentido, no nos metemos. De todos modos, decimos que esto fue acordado y conversado. Además, como bancada frenteamplista en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, estamos seguros de que por primera vez en la historia se protege el sueldo de los trabajadores públicos y, segundo, que se establece el ámbito de la negociación colectiva para el futuro, algo que no existía en este país desde hacía muchos años. Por todo ello, vamos a votar afirmativamente los cambios que se introducen en este artículo 4º, asegurando la negociación colectiva para los trabajadores públicos. Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: nos referimos al mismo tema con el señor Diputado Groba -a quien respeto mucho-, pero quiero decir que nos deberíamos remitir a la versión taquigráfica de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda -está escrito- cuando recibió a COFE. Ellos asumían que se sentían con garantías y más protegidos con la reglamentación actual y con la Ley Nº 16.903 de 1997. Consideraban que con esa norma se les daba la garantía de no perder sus salarios y de que los ajustes fueran automáticos y por ley, por lo que preferían remitirse a esa legislación. Eso figura en la versión taquigráfica, por lo que creo que deberíamos remitirnos a esta. Sugiero que se lea la versión taquigráfica. Gracias. (¡Muy bien!) SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: la Ley Nº 16.903, actualmente vigente, se sancionó en diciembre de 1997. En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo, a cuyo frente estaba el doctor Julio María Sanguinetti y cuyo Gobierno era de coalición -también lo integraba el Partido Nacional-, promovió esta ley, en un contexto en el que se había avanzado en forma muy importante en el control inflacionario, fundamentalmente preocupado por no tener un mecanismo que estableciera una periodicidad de ajustes que, en definitiva, estuviera en contra de los objetivos de bajar la inflación. De hecho, la gran novedad que introdujo esa ley actualmente vigente fue que los ajustes pudieran realizarse anualmente cuando la inflación fuera menor al 10%, estableciendo el compromiso de que si la inflación superaba ese porcentaje, la periodicidad del ajuste pasaba a ser semestral. Inclusive, se estableció un escalón posterior si la inflación superaba el 20%. No obstante, lo que establece la Ley Nº 16.903, en todo caso, es la periodicidad del ajuste; nada dice de la cuantía del ajuste. En la Ley Nº 16.903 hay una cláusula gatillo que en este caso se mantiene, pero

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fundamentalmente tiene que ver con la periodicidad del ajuste. Quiero adelantar, señora Presidenta, que nosotros -en aquel momento, integrando el Partido Nuevo Espacio- acompañamos la propuesta del Poder Ejecutivo, que recibió los votos en contra de la bancada del Frente Amplio, como seguramente recordará. Con el mismo criterio, hoy vamos a acompañar la propuesta que hace el Poder Ejecutivo porque, ¿qué nos plantea hoy el Poder Ejecutivo? Que no quiere tener el corsé de la periodicidad del ajuste y a cambio, se compromete a que durante este período el ajuste será el que surja de la evolución de la inflación. Es decir que se asegura a todos los trabajadores públicos mantener el poder de compra de su salario. Creo que ese es un compromiso muy importante, mucho más importante que lo que se deja a un lado, que es la periodicidad del ajuste; lo que podría pasar es que el ajuste fuera semestral y acá se establece que, en caso de que durante el primer semestre la inflación superara el 10%, se realizará un ajuste extraordinario. Con ese mismo criterio, con el mismo criterio que tuvimos en el pasado y que nos llevó a votar la norma propuesta por aquel Poder Ejecutivo encabezado por el doctor Julio María Sanguinetti, hoy vamos a acompañar este artículo 4º, que establece una modificación notoria de la Ley Nº 16.903, pero en el sentido de dar al Poder Ejecutivo un instrumento más de política económica a cambio de asegurar el poder de compra de los salarios de todos los trabajadores públicos. Gracias. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: se ha dicho en Sala que en este tiempo se ha avanzado en materia de conquistas para los trabajadores y en las condiciones de negociación de sus salarios. Creo que se ha avanzado, pero los avances se honran cumpliendo las leyes, y la Ley de Negociación Colectiva del sector público no se cumplió. Eso dijeron los trabajadores, pero, además, fue obvio y notorio. El artículo 6º de la mencionada Ley establece que las partes tienen la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa sobre los

avances de los proyectos de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas. Los funcionarios públicos y sus organizaciones representativas se enteraron del proyecto de ley de Presupuesto el mismo día que nosotros o después. No hubo instancia de conocimiento de los avances ni del proyecto. Eso es incumplir una ley que aquí se dice que ha sido una conquista. Las conquistas o los avances son tales si luego se cumplen. Y no lo digo para la hinchada, ¿eh?, que no sé si tiene cuadro, pero, en todo caso, está claro que los feriados no trabaja; lo digo porque creo en esto. Considero que realmente es un avance, pero lo es si logramos evitar los conflictos sindicales que afectan al resto de la población, pues un grupo de funcionarios se siente perjudicado por una ley y reacciona como reacciona porque no tuvo oportunidad de participar antes en ese debate. Eso es lo que hoy está pasando. La Ley de Negociación Colectiva de la que tanto se habla, no se cumplió. No sé si COFE irá o no a la OIT a presentar una demanda -ese tema ha ido para atrás y para adelante; será la organización la que determine si lo hará-, pero es claro que no ha sido consultada y que la Ley no se ha cumplido. La actual formulación del artículo 4º no es buena; no sé si la legislación vigente es mejor, pero creo que da alguna garantía más. La otra da la garantía de la lucha; esta da la garantía del texto de la ley. No vamos a acompañar este artículo, entre otras cosas, porque no queremos derogar un sistema vigente que ha funcionado para sustituirlo por otro que no tiene acuerdo. Será el Senado de la República, quizás, el ámbito en el que toque volver a abordar este asunto con la participación de todos, para ver si se sanciona la Ley de Presupuesto con un texto que conforme más y dé garantías del momento en el que se realizarán los ajustes y también de la forma en que deberán hacerse. Preferimos ahora mantener la legislación vigente y no acompañar el artículo 4º, al que se ha llegado en las actuales circunstancias, sin acuerdo y en conflicto. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º. (Se vota) ——Cincuenta y dos en noventa y dos: AFIRMATIVA.

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SEÑOR GOÑI ROMERO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Señora Presidenta: no apoyamos este artículo por las razones que esgrimió el señor Diputado Gandini pero, además, porque no estamos tan convencidos de que los salarios se resuelvan y se mantengan por ley. Basta mirar lo que sucedió en España, con el socialista Zapatero a la cabeza: cuando se acabó el dinero, bajó los salarios. Parece que acá se intenta desconocer esa ley. Estamos con viento de cola y las cosas salen bien -en buena hora-, pero no nos llenemos la boca porque después, como el que escupe para arriba, ya sabemos lo que pasa. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR DÁVILA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DÁVILA.- Señora Presidenta: antes que nada, quiero expresar mi reconocimiento por el trabajo de los compañeros parlamentarios que hicieron todo el seguimiento de este Presupuesto. Esto es nuevo para nosotros. Es la primera vez que participamos en la discusión de un presupuesto nacional. Y es indudable que hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo que han hecho los miembros de las Comisiones de Presupuestos y de Hacienda. Hace un rato se votó en general el proyecto de ley y lo acompañamos, reconociendo los logros y avances de este Gobierno. Allí se incluyen mejoras en diferentes áreas como vivienda, salud y seguridad. Pero quiero destacar algo sobre lo que no se ha hablado en Sala, que es la creación de un Fondo de Desarrollo Rural dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con respecto al artículo que acabamos de votar, hemos sido mandatados a acompañarlo por nuestra fuerza política. Nosotros, como sector, teníamos otra visión; no se trata de sectarismos o de marcar perfiles. Hemos resuelto acompañar la decisión de la bancada, pero queríamos dejar constancia de que pensábamos que este artículo no debería haber sido incorporado en este Presupuesto y que este punto debió haberse mantenido en el ámbito de la negociación co-

lectiva con los trabajadores. En su momento planteamos esto en la bancada; sin embargo, decidimos acompañar lo que decidió nuestra fuerza política. Gracias. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: votamos favorablemente este artículo porque, entre otras cosas, creemos que asegura el mantenimiento del salario real de los trabajadores durante todo el período, tal como establece el primer inciso del artículo, sustituyendo a la Ley N° 16.903, que no lo aseguraba. Lo que sí garantizaba esa ley es la periodicidad de los aumentos, pero no su monto y su relación con la variación de la inflación. Esto es lo que explica -tal como lo mostramos durante la presentación del informe- que con la ley que hoy está vigente y que pretendemos cambiar, los trabajadores públicos hayan perdido un 20% de su salario real durante el período 2000-2004. En aquel entonces, esta ley estaba vigente y los trabajadores públicos perdieron el 20% de su salario. Por suerte, luego recuperaron en el entorno del 25% de su salario, que hoy es mayor al que tenían en el año 1999, antes de la crisis. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: voy a ser lo más breve posible. En primer lugar, quiero destacar que sí existió negociación y que va a seguir existiendo. Es más: el Gobierno -entendiendo por Gobierno al Poder Ejecutivo- la ha realizado y la va a seguir desarrollando, pero también esta bancada de legisladores del Frente Amplio tuvo un rol protagónico a la hora de contribuir a aproximar posiciones con el movimiento sindical. Tanto es así que un inciso entero fue agregado a partir de esa aproximación en la negociación. En segundo término, creo que el sueño de todo sindicalista debe ser que le aseguren el mantenimiento del salario y que explícitamente, a través de una ley impulsada y votada por esta bancada y por este

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Gobierno, se asegure la posibilidad de negociar por encima del mantenimiento del salario. ¡Ojalá que los trabajadores de este país hubieran tenido esta oportunidad desde 1985 a la fecha! Es decir, el mantenimiento del salario asegurado y la negociación para recuperar y mejorar el salario. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: voy a ser muy breve porque ya se han hecho muchas afirmaciones. Era tan garantista la norma anterior que los funcionarios públicos perdieron salario continuamente; había tanta intención de negociar que no se convocó a los Consejos de Salarios, lo que también estaba previsto en una ley vigente. Entonces, ¿vivíamos en el país de la fantasía? ¡No! Por lo tanto, estamos convencidos de que esta norma -que hemos votado con total convicción-, justamente, garantiza para cualquier trabajador no perder salario real ni capacidad de compra. Esto es lo que garantiza la norma. Luego define algunos gatillos a aplicar ante situaciones adversas con respecto a la inflación: la misma norma establece que convocará al ámbito de la negociación colectiva para discutir los correctivos que hay que aplicar. En consecuencia, me parece que este es un verdadero avance en las relaciones laborales del sector público y es una demostración de que se pueden hacer las cosas bien, de que se puede crecer y redistribuir. Además, se ha citado aquí la norma que hace referencia a la negociación colectiva, y que está incluida en este artículo. Es verdad que acá hubo negociación colectiva. Ahora, negociar no significa acordar. (¡Apoyados!) ——Ese es el problema que tenemos aquí. Se ha negociado tanto que el día domingo, cuando la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda iba a votar el articulado, la bancada del Frente Amplio solicitó posponer la votación porque había una instancia de negociación con el Poder Ejecutivo, que había comen-

zado el viernes anterior y siguió durante el fin de semana. Por ello, lo votamos el día lunes. Ese mismo día, en conferencia de prensa, quienes participaron en esa instancia anunciaron el acuerdo. No fue esta bancada la que anunció el acuerdo, sino integrantes del PITCNT y de COFE en una conferencia de prensa. Ellos anunciaron el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo. Después, la historia fue otra y una asamblea decidió no respaldar lo que allí se había negociado. Pero sí se negoció. Se negoció tanto que duró hasta el último día antes de que se votara en Comisión. Entonces, aquí se cumplió con las normas establecidas. El Poder Ejecutivo negoció. También negoció la bancada del Frente Amplio. Se acordó. Se modificaron redacciones. Se votó en Comisión. Y hoy, como hay trabajadores que no están de acuerdo con esto, algunos Diputados decidieron cambiar su voto. Yo voté con total convicción el día lunes porque estoy convencido de que esta es una buena norma y porque soy un Diputado nacional que no vota en función de lo que pasa con los trabajadores o de lo que definen algunos otros, sino en función de mis convicciones. Por eso he votado aquí y sostengo hoy mi voto. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: como recién acabo de escuchar un viejo proverbio, “no escupir para arriba” porque después te pega, quisiera introducir en la tarde de hoy, con muy buena onda, otro que viene de mucho tiempo atrás, que dice: “non contra ventum mingit”, que significa “no orine contra el viento”, porque se puede mojar. Lo que digo es que todos nosotros sabemos lo que trabajamos por mejorar este artículo 4° -tal como dijo el señor Diputado Sánchez- y, en realidad, yo lo firmo en cualquier lado porque hay que arrancar de un piso -tal como dijo ayer el señor Diputado Bernini y expresaron todos hoy- en el que no se pierde salario real. La verdad, más allá de los latinismos, digo que no orinemos contra el viento porque a veces nos salpicamos demasiado. Por eso voté afirmativamente este artículo. Gracias, señora Presidenta.

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SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: sin ánimo de reiterar argumentos y fundamentos que ya fueron expuestos en la discusión de este artículo, queremos resumir muy clara y sencillamente la posición del Partido Nacional. En primer lugar, si se negoció, se hizo tarde y mal. Les consta a los miembros de las Comisiones de Presupuestos y de Hacienda que cuando COFE compareció por primera vez en la Comisión no se había instalado ningún ámbito de negociación, salvo que se nos haya mentido, lo que no creo; por lo menos, yo creí la versión que se nos transmitió. En tal caso, se negoció después, pero como se hizo mal y tarde, eso derivó en que se llegara a un acuerdo que duró menos de veinticuatro horas porque no se sostenía en sí mismo. Evidentemente, en la negociación no hubo lo que debe haber en toda negociación madura: un proceso de maduración. En segundo término, si debiéramos fundar nuestra posición en función de las modificaciones objetivas, reiteramos lo de hoy: aquí hay una pérdida de derechos y de garantías para los trabajadores públicos y, por lo tanto, para los jubilados y pensionistas del Uruguay. Se pierde lo que hoy la ley garantiza, que es la periodicidad, y no se asegura la cuantía de los aumentos; no se asegura. El artículo 4º que se está analizando en la Cámara de Diputados en el día de hoy se refiere al propósito de mantener el poder adquisitivo y a que los ajustes tomarán en cuenta la meta de inflación y las disponibilidades del Tesoro. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino, señora Presidenta. Si bien establece que los ajustes deberán incluir un correctivo, también dice que ese correctivo tomará en cuenta la diferencia de la inflación. Tomar en cuenta no es otorgar efectivamente el porcentaje de inflación acontecida, así que aquí no se diga que con esto se asegura el poder adquisitivo real de los trabajadores. Será voluntad o intención del Gobierno; lo veremos. Pero no es lo que dice el artículo 4º proyectado para el segundo ajuste si se supera el 10% de la in-

flación, ni tampoco para el ajuste anual, que es de precepto legal. (¡Muy bien!) SEÑOR VIDALÍN.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señora Presidenta: hemos votado negativamente este artículo pues, como integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, hemos visto desfilar decenas de funcionarios públicos planteando sus reivindicaciones salariales. En ese sentido, con la anuencia de los compañeros Diputados, hemos invitado a representantes del PIT-CNT y de COFE a mantener una reunión en el día de mañana, en el cuarto piso del edificio anexo del Poder Legislativo, con el espíritu de que en la Cámara de Senadores se trate de lograr ese tan anhelado acuerdo con nuestros funcionarios públicos, máxime que el que está en el Gobierno es el partido que dice estar siempre del lado de los trabajadores. Seguramente, el diálogo de mañana va a ser fructífero y en la Cámara de Senadores, cuando se trate este tema, se puedan enmendar, como tantas veces ha acaecido, los errores que quizás por ser tantos Diputados podemos cometer. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 5º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA. Se pasa a la Sección II, “Funcionarios”, que comprende los artículos 6° a 75°, inclusive. (Texto de la Sección II:) “SECCIÓN II FUNCIONARIOS Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por siguiente: “ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo, previo dictamen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, en el ámbito de sus respec-

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tivas competencias, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2008. El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General las reestructuras de puestos de trabajo, debiendo la misma expedirse en un plazo de cuarenta y cinco días, vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas. En ningún caso la reformulación de las reestructuras administrativas y de puestos de trabajo, así como la transformación, supresión, fusión o creación de unidades ejecutoras, podrán lesionar los derechos de los funcionarios o su carrera administrativa”. Artículo 7º.- Derógase el artículo 21 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007. Artículo 8º.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, por el siguiente: “La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará anualmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de Derecho Público no Estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que tengan y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá comunicar anualmente en la Rendición de Cuentas, el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que presentan y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996). Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo con lo definido en el artículo 2º de la presente ley- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996)”. Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, por el siguiente: “ARTÍCULO 25.- El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuen-

tas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales deberán brindar a la Oficina Nacional del Servicio Civil toda la información que ésta solicite para el cumplimiento de sus cometidos y el ejercicio de sus atribuciones. Dicha información deberá ser veraz, integral, actualizada y en la oportunidad y con la periodicidad que se determine. Los respectivos jerarcas serán responsables del cumplimiento de esta obligación”. Artículo 10.- Créase en el ámbito de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, el Sistema de Gestión Humana (SGH), que consiste en un sistema de información que contiene una base de datos relativa a la gestión de los recursos humanos de la Administración Central, que cuenta con los datos personales, funcionales, régimen horario y retributivo de las personas que tienen un vínculo de carácter personal con la Administración Central, así como información concerniente a las estructuras organizativas a las que dichas personas pertenecen. Los Incisos designarán los respectivos usuarios del sistema, según los perfiles definidos en cada caso, quienes serán responsables de la veracidad y actualización de la información registrada por los mismos en el sistema. El incumplimiento de dichas obligaciones constituirá falta administrativa, pasible de sanciones. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación, reglamentará lo concerniente al funcionamiento y administración del sistema que se crea en el presente artículo. Artículo 11.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 19 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente: “Facúltase al Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas, a establecer las pautas generales para la composición de las retribuciones totales de los cargos y funciones que sean incluidos en el nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa. A tales efectos se podrán reasignar todos los créditos presupuestales del grupo 0 ‘Retribuciones Personales’, entre sus objetos del gasto”. Artículo 12.- Créase el Registro de Vínculos con el Estado (RVE) administrado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es el que contiene una base de

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datos que cuenta con los datos personales y funcionales de quienes tienen un vínculo de carácter personal con el Estado. Las personas designadas nexos en cada Inciso, serán responsables de la veracidad y actualización de la información que registren. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente configurará falta administrativa, pasible de sanción. Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, por el siguiente: “ARTÍCULO 42.- La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá incluir anualmente en la Rendición de Cuentas, un informe del número de vínculos laborales con el Estado correspondiente a diciembre del año anterior, discriminado por tipo de contrato y organismo. Dicho informe deberá contener además información relativa a las altas producidas según mecanismo de selección utilizado y la cantidad de renovaciones, así como las bajas generadas en el año inmediato anterior por tipo de contrato. Derógase el literal G) del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990”. Artículo 14.- Será competencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil la redistribución de funcionarios que le fueran propuestos para ese objetivo. Tal redistribución no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales. Artículo 15.- Las necesidades de personal de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional, con la excepción de la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, serán cubiertas con funcionarios presupuestados de los escalafones civiles declarados excedentes del Poder Ejecutivo, de los Entes Autónomos, de los servicios descentralizados, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los jerarcas respectivos comunicarán las necesidades de personal existentes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que quedará facultada para instrumentar los mecanismos necesarios para satisfacerlas, previos los estudios pertinentes. En todos los casos se deberá priorizar la redistribución dentro del mismo Inciso. Artículo 16.- No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los Escalafones Docentes y del Servicio Exterior, en el Inciso 11 – Ministerio de Educación y Cultura los cargos del Escalafón “N” y de

Secretarios Letrados del Ministerio Público y Fiscal, los contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y al amparo de lo dispuesto por los artículos 44 en la redacción dada por el artículo 160 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, así como al amparo de los artículos 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 43 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, como así tampoco aquellos que revistan en cargos políticos o de particular confianza, o que ocupen cargos o funciones contratadas comprendidas en el beneficio de reserva de cargo o función, establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, excepto, en esta última hipótesis, en el caso de supresión de servicios, como así tampoco los funcionarios que se encuentren prestando funciones en régimen de pase en comisión. Tampoco podrán ser declarados excedentes los funcionarios pertenecientes al Escalafón CO “Conducción”, Sub escalafón CO3 “Alta Conducción”, ni los que se encuentren en el régimen previsto en el inciso séptimo del artículo 56 de la presente ley. Artículo 17.- Prohíbese la redistribución de funcionarios provenientes de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional, a entes autónomos, servicios descentralizados. Prohíbese asimismo la redistribución de los funcionarios provenientes de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional a los Gobiernos Departamentales y viceversa. Asimismo, prohíbese la redistribución de funcionarios provenientes de gobiernos departamentales a los entes autónomos y servicios descentralizados, y viceversa. Artículo 18.- La declaración de excedentes deberá ser resuelta por el jerarca máximo del Inciso, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y como consecuencia de una reestructura, supresión, fusión o traslado de unidades o servicios, debidamente fundadas, así como en caso de reasignación de funcionarios de acuerdo con su perfil. Los jerarcas de los Incisos, previo a la declaración de excedencia de sus funcionarios, deberán priorizar la redistribución dentro del mismo Inciso. La ONSC, una vez efectuados los estudios respectivos, procederá a la inclusión del funcionario en la nómina de personal a redistribuir. Efectuada la notificación al funcionario de la resolución de declaración de excedencia, el organismo deberá comunicar a la Oficina Nacional del Servicio

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Civil, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, los datos personales del funcionario con información de las características de las tareas que desempeñaba, perfil educativo, sueldo, compensaciones, beneficios y la evaluación de su comportamiento funcional. Artículo 19.- Autorízase a los jerarcas de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional a redistribuir dentro del mismo Inciso, personal de sus dependencias, cuando las necesidades del servicio lo requieran. El traslado se dispondrá por resolución fundada, precisando el cargo o función, así como los conceptos que integrarán la retribución del funcionario en la oficina de destino. El traslado no podrá afectar el derecho a la carrera administrativa. La adecuación será realizada previo informe de la Contaduría General de la Nación, por los servicios competentes de cada Inciso, los que determinarán los conceptos retributivos de conformidad con lo dispuesto por la presente ley. Si la adecuación implica un cambio de denominación del cargo o función, corresponderá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Contaduría General de la Nación, efectuará las modificaciones presupuestales que correspondan. Artículo 20.- Prohíbese toda designación o contratación de servicios personales de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos para sustituir a los funcionarios declarados excedentes durante el mismo período de gobierno. Todo acto administrativo dictado en contravención a esta disposición será considerado nulo y hará incurrir en responsabilidad al jerarca que lo haya dictado. La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá controlar en forma previa a todo acto de designación o contratación, el efectivo acatamiento de lo establecido en este artículo. Artículo 21.- La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) procederá a redistribuir al funcionario excedente teniendo en cuenta: A) Las necesidades de recursos humanos que le hubieran sido comunicadas. B) Las tareas desempeñadas en el organismo de origen, cuando corresponda. C) El perfil del funcionario, que incluirá la descripción de sus competencias. La ONSC deberá resolver la solicitud de personal en un plazo máximo de diez días hábiles, debiendo

notificar al organismo solicitante los datos del funcionario cuyos servicios se ofrecen, o la inexistencia en el Registro del perfil laboral demandado. En función de los criterios señalados y de la estructura de cargos del organismo de destino, el o los funcionarios podrán ser ofrecidos para desempeñarse en un escalafón distinto al de su origen. A tales efectos el organismo, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública de la ONSC, deberá recapacitar al funcionario de acuerdo al perfil de destino. Artículo 22.- La redistribución del funcionario podrá disponerse dentro del mismo departamento donde reside o desempeñaba su trabajo habitualmente, o fuera de éste, cuando ello no suponga un traslado superior a los 50 kilómetros, siempre que haya transporte público entre ambas localidades. El lugar de residencia del funcionario deberá ser acreditado según disponga la reglamentación. En el caso que el destino previsto fuera en un lugar distinto a la localidad en la que reside o trabajaba y supere a los 50 kilómetros, deberá contarse con la conformidad previa del funcionario. Artículo 23.- La Oficina Nacional del Servicio Civil publicará por medios electrónicos adecuados el listado del registro de funcionarios a redistribuir indicando perfil laboral, lugar de residencia y de trabajo habitual de cada funcionario en la función pública, resguardando su anonimato. Artículo 24.- El funcionario incluido en la nómina de personal a redistribuir no verá afectados sus derechos, garantías y deberes inherentes a la vinculación con su oficina de origen, hasta el momento de su incorporación definitiva. El funcionario deberá continuar trabajando en el organismo donde ha sido declarado excedente, o permanecer a la orden en caso de suspensión o supresión del servicio, hasta que comience a prestar funciones en su nuevo destino. Artículo 25.- Los funcionarios que se encuentren en situación de ser redistribuidos a la fecha de promulgación de la presente ley, hubieran sido o no ofrecidos con anterioridad, serán ofrecidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en un plazo no superior a sesenta días. El jerarca del organismo dispondrá de treinta días para analizar la propuesta, no pudiendo rechazar al funcionario cuyos servicios le hubieren sido ofrecidos. No obstante el jerarca podrá por resolución fundada solicitar se reconsidere la redistribución, acreditando fehacientemente que el funcionario no cumple con el perfil solicitado o que presenta antecedentes discipli-

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narios incompatibles con el cargo o función a desempeñar, lo que será valorado por la ONSC. Si no se expidiese en treinta días, se entenderá aceptada la propuesta, debiendo la ONSC notificar al interesado y continuar con el procedimiento de redistribución. Una vez realizada la adecuación presupuestal y una vez dictada la resolución de incorporación, el organismo de destino deberá finalizar el proceso de incorporación en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha de esta última. Artículo 26.- El organismo de origen notificará al funcionario su destino en forma fehaciente, en un plazo máximo de tres días hábiles. Una vez notificado, el funcionario deberá presentarse en el organismo de destino dentro de los diez días hábiles siguientes. El incumplimiento injustificado de dicha obligación se entenderá como renuncia tácita al cargo o función. Artículo 27.- El funcionario cuya oferta haya sido aceptada, pasará a prestar servicios en el organismo en forma anticipada a su incorporación. Dicho pase anticipado será dispuesto por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la aceptación expresa a la ONSC o de configurada la aceptación tácita. Hasta su incorporación formal, continuará siendo funcionario de la oficina de origen y percibirá la retribución propia de dicha oficina, sin percibir las compensaciones propias de la oficina de destino. Para el caso de suspensión o supresión de servicios será de aplicación lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. La no comparecencia del funcionario a dos citaciones, sin causa justificada, configurará su renuncia tácita, extremo que será comprobado por la ONSC, mediante los procedimientos que ésta determine. Artículo 28.- La incorporación del funcionario declarado excedente en la oficina de destino será resuelta por el jerarca del Inciso. La Comisión de Adecuación Presupuestal creada por el artículo 471 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, proyectará las correspondientes resoluciones de incorporación. Artículo 29.- Una vez resuelta la incorporación, el cargo redistribuido y su dotación, deberán ser suprimidos en la repartición de origen y se habilitarán en la de destino. La inclusión del funcionario en la respectiva planilla presupuestal de destino, deberá efectuarse en el término de sesenta días a partir de la aprobación del acto administrativo de incorporación. El no cumplimiento de este plazo, será responsabilidad de

los encargados de los servicios involucrados en ambas oficinas, de origen y destino. A los efectos indicados precedentemente, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aplicarán, en su caso, los mecanismos pertinentes a los efectos de implementar presupuestalmente el acto administrativo de incorporación, financiando la totalidad de la retribución del funcionario en el organismo de destino. Artículo 30.- En todos los procedimientos de redistribución, la Comisión a que refiere el artículo 471 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, efectuará la adecuación presupuestal correspondiente, determinando el cargo y remuneración que corresponda asignar. Para el cumplimiento de dicha actividad dispondrá de un plazo de noventa días corridos contados a partir del día siguiente al de la recepción de las actuaciones remitidas a tales efectos por la Oficina Nacional del Servicio Civil, quedando facultada a solicitar información complementaria o asesoramiento, en cuyo caso se suspenderá el plazo otorgado por el lapso comprendido entre la solicitud de la información o asesoramiento, y su recepción. Artículo 31.- La adecuación presupuestal deberá atender a la comparación de la retribución que le corresponde al funcionario en la oficina de destino con la que percibía en la oficina de origen, considerando igual régimen horario, no siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983, con la modificación introducida por la presente ley. Para el cálculo de la retribución a percibir en la oficina de destino por el funcionario redistribuido, se tomará la retribución del funcionario en su oficina de origen a la fecha de ser declarado excedente, con las actualizaciones al momento de la adecuación. Las mismas comprenderán el sueldo y todas las compensaciones de carácter permanente y retributivo, percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por dedicación exclusiva, por prestación de funciones especiales no permanentes de ese organismo y/o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función. En caso que el régimen horario que cumple el funcionario excedente, en la oficina de origen, difiera del régimen horario de la oficina de destino, a efectos de comparar las remuneraciones se deberán considerar las retribuciones de la siguiente manera:

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– Si en origen el horario es mayor que en destino, se tomará la retribución de origen correspondiente al régimen horario del funcionario y se comparará con la de destino, correspondiente a la carga horaria que rija en destino. – Si en origen el horario es menor que en destino, la retribución de origen deberá transformarse a valores del régimen horario de destino. Se entiende por compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera por lo menos una vez en el año, durante un período como mínimo de tres años, con excepción del sueldo anual complementario. Se considera que tienen carácter retributivo aquellas partidas que independientemente de su denominación o financiación se abonen a los funcionarios por la prestación de servicios. Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la declaración de excedencia. Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario. Si la retribución que le corresponde al cargo o función en el organismo de destino fuere igual o superior a la que el funcionario percibe en la oficina de origen, se asignará aquélla. Si fuere menor, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal al funcionario y en todos los casos se incrementará con los aumentos que establezca el Poder Ejecutivo para los salarios públicos. De la citada compensación deberán descontarse los incrementos por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, aumento de grado del funcionario y compensaciones y partidas, cualquiera sea su financiación, que se abonen en la oficina de destino al momento de la incorporación o que se otorguen en el futuro. Los montos en que se abate la compensación personal, en virtud de los conceptos expuestos, se transferirán a los objetos del gasto correspondientes a dichos conceptos. Artículo 32.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará el régimen de redistribución de la presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley. Artículo 33.- El régimen de redistribución regulado por los artículos precedentes se aplicará en lo pertinente, a los funcionarios públicos incluidos en el re-

gistro de personal a redistribuir de la Oficina Nacional del Servicio Civil a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 34.- Los funcionarios públicos cónyuges o concubinos (Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007) de funcionarios públicos, que, por razones de servicio, desempeñen tareas en localidades diferentes y deseen prestar servicios en la misma localidad, podrán pasar a prestar servicios en comisión en cualquier dependencia de la Administración Pública, quedando exceptuados de toda prohibición al respecto. Estos pases en comisión son de carácter preceptivo y se dispondrán a propuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Artículo 35.- Deróganse las siguientes disposiciones: artículos 15 a 25 y 27 a 31 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 con las modificaciones introducidas por los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, 46 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, y 19 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005; 47 a 64 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 con las modificaciones introducidas por los artículos 2º de la Ley Nº 17.678, de 30 de julio de 2003, y 20 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005; 50 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007; 36 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, y 10 y 354 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Artículo 36.- Agrégase al inciso primero del artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, lo siguiente: “La Oficina Nacional del Servicio Civil acreditará mediante informe el requisito de tres años de antigüedad, establecido en el presente artículo”. Artículo 37.- Los funcionarios que a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando funciones contratadas de carácter permanente en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, con excepción de los alcanzados por el artículo 13 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, pasarán a ocupar cargos presupuestados del último grado ocupado del escalafón y serie de la unidad ejecutora respectiva. Los procedimientos de presupuestación de los funcionarios alcanzados por las disposiciones contenidas en los artículos 43 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, y 26 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, continuarán su trámite de conformidad con lo dispuesto por las referidas normas.

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En caso de que la retribución del cargo presupuestal fuere menor que la correspondiente a la función contratada, la diferencia se mantendrá como compensación personal transitoria, que se absorberá en futuros ascensos. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a los efectos de atender las eventuales erogaciones resultantes de la presente disposición. Artículo 38.- Los funcionarios que ocupen cargos presupuestados en los escalafones B, C, D, E, F y R, en los Incisos 02 al 15 de la Administración Central, podrán solicitar la transformación de sus cargos en cargos del escalafón A, B, C, D o E hasta la aprobación de la reestructura de los puestos de trabajo del Inciso y siempre que acrediten haber desempeñado satisfactoriamente, a juicio del jerarca de su unidad ejecutora, las tareas propias de ese escalafón durante al menos dieciocho meses con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley. Para ingresar a los escalafones A y B, los solicitantes deberán presentar los respectivos títulos o créditos habilitantes, expedidos por la Universidad de la República u otras universidades o institutos de formación terciaria habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura, que expidan títulos o créditos equivalentes, según corresponda. Para ingresar al escalafón D, los solicitantes deberán demostrar el conocimiento de técnicas impartidas por centros de formación de nivel medio o correspondientes a los primeros años de los cursos universitarios de los primeros años de nivel superior, relacionados con las funciones desempeñadas. Para ingresar al escalafón E los solicitantes deberán acreditar fehacientemente conocimientos y destrezas en el manejo de herramientas, relacionados con las funciones desempeñadas. El jerarca del Inciso deberá avalar que la transformación del cargo solicitada es necesaria para la gestión de la unidad ejecutora. El Poder Ejecutivo, previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, transformará los cargos respectivos asignándoles el equivalente al último grado ocupado del escalafón, siempre y cuando no signifique costo presupuestal ni de caja. Dicha transformación se financiará, de ser necesario, con cargo a los créditos autorizados en la unidad ejecutora correspondiente, en el Grupo 0 “Servicios Personales”.

En todos los casos, se mantendrá el nivel retributivo de los funcionarios. Efectuada la transformación, la diferencia que existiere entre la retribución del funcionario en el cargo anterior y al que accede será asignada como una compensación personal transitoria, que se irá absorbiendo en futuros ascensos. La misma llevará todos los aumentos que el Poder Ejecutivo disponga para los funcionarios de la Administración Central. Artículo 39.- A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones de Alta Prioridad y Alta Especialización que se detallan a continuación (artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974), serán cargos de particular confianza: – Auditor Interno de la Nación. – Director Técnico de la Propiedad Industrial. – Director del Museo Histórico Nacional. – Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística. – Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. – Director Técnico de Energía. – Director Nacional de Catastro. – Director Nacional de la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa. Las retribuciones de los cargos incluidos en la nómina anterior son las correspondientes a Director de Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo que dispone la presente ley. Artículo 40.- Suprímense las funciones de Alta Especialización creadas por el artículo 714 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y las funciones de Alta Prioridad creadas al amparo del artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que se encuentren vacantes a la fecha de vigencia de la presente ley. Las funciones ya provistas al amparo de los regímenes citados en el inciso precedente, se suprimirán al vacar. Derógase el artículo 714 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Artículo 41.- Derógase el artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

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Artículo 42.- Dispónese que la prima por concepto de “quebranto de caja”, prevista en el artículo 103 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983, con la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, devengada en cada semestre del año calendario, será considerada mes a mes, conjuntamente con las retribuciones mensuales, a los efectos de la aplicación del tope dispuesto por el artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7 citada, con independencia del momento del pago efectivo de la misma. Artículo 43.- Los funcionarios que cursen estudios en institutos de enseñanza pública o privada habilitados en los ciclos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Educación Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, tendrán derecho a una licencia complementaria de hasta veinte días anuales hábiles para rendir sus pruebas y exámenes. Tal licencia complementaria podrá gozarse en forma fraccionada. A los funcionarios profesionales que cursen estudios de grado y postgrado, se les podrá conceder dicha licencia cuando los cursos a realizar redunden en beneficio directo de la Administración, a juicio del jerarca. Tendrán derecho a esta licencia, asimismo, aquellos funcionarios que deban realizar tareas similares de carácter preceptivo para la finalización de sus programas de estudio, tales como presentación de tesis, monografías y carpetas finales. Los funcionarios que hagan uso de esta licencia tendrán derecho a un máximo de veinte días cuando acrediten que aprobaron por lo menos una materia en el año civil anterior; a un máximo de diez días cuando acrediten haber aprobado por lo menos una en los dos últimos años anteriores; quienes no acrediten este último mínimo, perderán el derecho a esta licencia. Para tener derecho a la totalidad de la licencia por estudios, los funcionarios deberán acreditar haber ingresado a la Administración Pública con una antelación no menor de un año a la fecha en que se solicite dicha licencia; de lo contrario la misma será proporcional al tiempo transcurrido desde su ingreso. Los interesados deberán justificar ante las Oficinas de Personal respectivas, dentro del plazo de noventa días a contar de la fecha de la prueba o examen, el haberlos rendido. Si se comprobare que los funcionarios estudiantes no cumplieron las condiciones por las cuales se les

acordó la licencia complementaria, se aplicarán los correspondientes descuentos por inasistencias. Derógase el Capítulo VII (artículos 33 y 34) de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 70 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, con la modificación introducida por el artículo 68 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente: “ARTÍCULO 12.- Las licencias por enfermedad que superen los sesenta días en un período de doce meses o los noventa días en un período de veinticuatro meses, deberán ser comunicadas al jerarca de la Unidad Ejecutora. Éste ordenará solicitar el dictamen de sus servicios médicos o del Ministerio de Salud Pública en su caso, a efectos de determinar la pertinencia de la realización de Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con la finalidad de establecer la aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales. Dichas inasistencias, cuando no determinen imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones, podrán prolongarse hasta por dieciocho meses más. Quedan excluidas de los plazos establecidos en el inciso primero de este artículo, las inasistencias derivadas del embarazo. Por resolución fundada de las Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, se podrá extender dicho plazo por dieciocho meses más. Vencido dicho plazo se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica, previo otorgamiento de las garantías del debido proceso. Si el interesado no comparece a la segunda citación que le practique las Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o no iniciare el trámite jubilatorio dentro del plazo de treinta días a contar del siguiente al recibo del oficio para el Banco de Previsión Social (BPS), el Poder Ejecutivo dispondrá la retención de sus haberes hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los mismos. Si del dictamen de las Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado

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surgiere que el funcionario padece ineptitud física o psíquica permanente, con intervención y oportunidad de réplica del mismo, el servicio que corresponda le notificará que debe iniciar los trámites jubilatorios, haciéndole entrega en el mismo acto de un oficio dirigido al BPS en el que conste dicha comprobación. Dispuesta la destitución por ineptitud física o psíquica permanente, el BPS, sin más trámite, procederá a documentar los servicios, y verificados más de diez años le otorgará, en concepto de anticipo mensual el equivalente de las dos terceras partes de su sueldo nominal sin que su monto pueda en ningún caso ser inferior al mínimo jubilatorio general. Si no se produjese la destitución, de los sueldos retenidos se reintegrará la suma anticipada al BPS. En los casos en que resultare que el funcionario destituido no tuviere derecho a percibir jubilación, el BPS le servirá como única indemnización, el equivalente de tantos sueldos en actividad como el número de años que hubiere prestado servicios a la Administración Pública, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder en el caso que la ineptitud provenga de un accidente en el desempeño de sus tareas. Los cargos de aquellos funcionarios amparados en el subsidio transitorio por incapacidad parcial (artículo 22 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 18.395, de 24 de octubre de 2008) permanecerán en reserva hasta tanto se resuelva en forma definitiva su situación”. Deróganse los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, con la modificación introducida por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 69 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Artículo 45.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 28 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente: “Se entiende por falta al servicio toda inasistencia justificada o no”. Artículo 46.- Ninguna persona podrá tener dos vínculos con el Estado para prestar servicios personales, ya dependan de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, Municipios u otros servicios de naturaleza pública o estatal, cualquiera sea el régimen jurídico, quedando en consecuencia prohibida la acumulación de cargos,

contratos de función pública, arrendamientos de servicio bajo cualquier normativa que lo prevea o al amparo de convenios internacionales y contratos de arrendamiento de obra. A partir de la vigencia de la presente ley, ninguna persona podrá acumular a la vez un vínculo con el Estado y otro con una persona de derecho público no estatal, excepto cuando el financiamiento de ésta provenga de fondos de origen privado. El que omitiera denunciar dicha situación incurrirá en la conducta prevista por el artículo 164 del Código Penal. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo el personal que ejerza funciones periodísticas, técnicas de radio y televisión en la Unidad Ejecutora 024 “Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional” y servicios de la Unidad Ejecutora 016 “Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos”, así como quienes ejerzan funciones artísticas, a condición de que no exista superposición de horarios, ni conflicto de intereses entre las unidades involucradas. La solicitud de acumulación se gestionará ante la Oficina Nacional del Servicio Civil y requerirá de informe previo y favorable de las unidades ejecutoras involucradas. Artículo 47.- Se considera nula toda segunda designación o contratación en contravención con lo dispuesto en el artículo que antecede, a excepción de aquéllas alcanzadas por el régimen de reserva del cargo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará en forma previa a la designación o suscripción de un contrato de servicio personal, la regularidad jurídica del mismo, a fin de evitar que se produzcan designaciones o contrataciones en violación de disposiciones legales prohibitivas. Artículo 48.- La prohibición establecida en los artículos precedentes no alcanza al personal que ejerza efectivamente funciones docentes en la enseñanza pública primaria, secundaria, industrial, superior, normal y formación docente, así como en las entidades de capacitación de los distintos organismos públicos, siempre que no superen las sesenta horas semanales y que no exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones. A los efectos de lo establecido en el presente artículo se consideran funciones docentes:

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1) Aquellas que se desempeñan en cargos presupuestados creados por ley con tal característica, 2) aquellas funciones a las que la ley le da tal carácter mediante cualquier forma de contratación, 3) aquellas funciones que tienen asignadas horas de clase escalafonadas por impartir docencia, 4) tareas de investigación. Artículo 49.- En todos los casos que la presente normativa autoriza la acumulación de vínculos con el Estado, la prestación de los servicios respectivos no podrá superar el tope de doce horas diarias de labor o sesenta horas semanales. Artículo 50.- Queda prohibida la acumulación de remuneraciones en una misma persona sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumentos u honorarios o cualquier título o concepto, con la percepción de partidas de incentivo por retiro de la función pública. Artículo 51.- Los profesionales de la salud que desempeñen funciones de su profesión, cualquiera sea la vinculación con el Estado, podrán acumular su sueldo con el de cualquier otro originado por el desempeño de funciones de igual naturaleza en la Administración Pública, siempre que no exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones. Las contrataciones a término de practicantes de medicina designados por concursos para cubrir cargos en la circunscripción única conformada por el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y la Facultad de Medicina y las personas que hayan sido designadas para ingresar al régimen de Residencias Médicas Hospitalarias (Ley Nº 18.438, de 17 de diciembre de 2008), si ya tuvieran otro cargo público, podrán optar por acumular funciones de acuerdo con el inciso precedente, estando exceptuados del límite horario en el conjunto de actividades acumuladas o reservar su cargo según lo establecido por el artículo 261 y 262 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la modificación introducida por el artículo 462 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Las acumulaciones de funciones que de lugar a la aplicación de este artículo, deberán ser evaluadas por el Director Técnico del o los servicios donde se prestarán las funciones quienes deberán determinar que las acumulaciones propuestas no causan perjuicio al servicio respectivo.

El Poder Ejecutivo con el asesoramiento previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará la presente disposición. Artículo 52.- Derógase el artículo 32 y el artículo 33 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, y sus modificativas, inciso tercero del artículo 115 de la Ley Nº 12.803, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.263, de 5 de setiembre de 1974, y con el agregado establecido por el artículo 303 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961; artículos 106 y 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979; artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981; artículo 457 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986; artículo 117 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986; artículo 155 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990; artículo 435 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992; artículo 5º de la Ley Nº 16.720, de 13 de octubre de 1995; y Ley Nº 17.597, de 13 de diciembre de 2002. Artículo 53.- Arrendamiento de obra es el contrato que celebra la Administración con una persona física o jurídica, por el cual ésta asume una obligación de resultado en un plazo determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero. En el ámbito de la Administración Central dichos contratos deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo y favorable dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y de la Contaduría General de la Nación. Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los servicios descentralizados y los entes autónomos industriales y comerciales deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, debiendo contar con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la ONSC. La contratación de profesionales o técnicos en régimen de arrendamiento de obra, cuando el monto anual exceda el triple del límite de la contratación directa se efectuará a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la ONSC mediante el procedimiento de concurso. Quedan exceptuados de la prohibición del artículo 46 de la presente ley los arrendamientos de obra que se suscriban con profesionales cuya competencia sea conocida en forma pública, clara y evidente, que no admita dudas de su idoneidad a juicio del jerarca del Inciso, y ante necesidades impostergables de la Administración y que la misma no se encuentre en

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condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios. También están exceptuados de dicha prohibición aquellos contratos de arrendamiento de obra que sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, convenios celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación de los contratos de arrendamiento de obra vigentes. Deberá dejarse expresa constancia que: A) El contrato cumple estrictamente con la descripción legal. B) Que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo. Deróganse los siguientes artículos: 497 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por el 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el 357 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991; 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y 3º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Artículo 54.- Los funcionarios comprendidos en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 17.930, de 19 diciembre de 2005, podrán incorporarse en forma definitiva, a solicitud del jerarca, a los organismos en que se vienen desempeñando. El Poder Ejecutivo podrá disponer el reingreso de los funcionarios públicos de hasta sesenta años de edad que se encuentren en la situación prevista en el inciso tercero del artículo 723 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que así lo soliciten toda vez que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) por resolución fundada, lo estime conveniente, sin perjuicio de su redistribución dentro de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional. A tales efectos la Contaduría General de la Nación reasignará los créditos correspondientes, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición con el asesoramiento de la ONSC. Artículo 55.- Los ascensos de los funcionarios de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos y se regirán por las disposiciones contenidas en el presente artículo.

A los efectos de la provisión de vacantes de ascenso los jerarcas de los organismos mencionados en el inciso anterior, realizarán un llamado al que sólo podrán postularse los funcionarios presupuestados del Inciso, pertenecientes a cualquier escalafón, serie y grado, siempre que reúnan el perfil y los requisitos del cargo a proveer. De resultar desierto el concurso, la referida vacante podrá proveerse por el procedimiento del ingreso previsto en la presente ley. A partir de la vigencia del presente artículo no serán de aplicación para los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo con el previo y favorable asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Artículo 56.- El ingreso a la función pública en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente artículo. La designación de personal presupuestado del Poder Ejecutivo en los escalafones del servicio civil, deberá realizarse cualquiera sea el origen de los fondos empleados para ello, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). El organismo solicitante comunicará previamente a la ONSC las necesidades de personal que motivan la solicitud, así como la descripción y requisitos del cargo o función a ser provista. Dentro de los diez días hábiles de recibida la solicitud, la ONSC informará si en el registro de personal a redistribuir existen funcionarios que reúnan los requisitos solicitados. En caso afirmativo, propondrá la redistribución de ese personal, la que se realizará de conformidad con las normas vigentes. De no existir en el registro de personal a redistribuir personas que cumplan con el perfil requerido, el organismo solicitante podrá proceder a la provisión de la totalidad de las vacantes, convocando a interesados mediante el procedimiento del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la ONSC. Se entiende por vacantes de ingreso las que se encuentren en el último nivel del escalafón correspondiente, o aquéllas que habiéndose procedido por

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el régimen del ascenso no se hubieran podido proveer. Los ingresos se verificarán en el escalafón que corresponda en la respectiva unidad ejecutora, en forma provisoria por dieciocho meses, utilizando como máximo los créditos habilitados para las vacantes correspondientes, pudiendo ser separados en cualquier momento por resolución fundada por la autoridad que los designó. Transcurrido el plazo del inciso anterior y previa evaluación, el funcionario será incorporado en el cargo presupuestado. La no aprobación de la evaluación, determinará la rescisión automática del provisoriato. La ONSC reglamentará el sistema de evaluación. En ningún caso la presupuestación prevista en el presente artículo podrá significar lesión de derechos funcionales ni costo presupuestal. A partir de la vigencia de la presente ley, no serán de aplicación para los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional las disposiciones contenidas en los artículos 5º del Decreto-Ley Nº 10.388, de 13 de febrero de 1943, 8º y 9º del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, y 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, y con las modificaciones introducidas por los artículos 11 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y 93 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010. Derógase el artículo 12 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 9º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Artículo 57.- Es becario quien, siendo estudiante, sea contratado por una entidad estatal, con la única finalidad de brindarle una ayuda económica para contribuir al costo de sus estudios a cambio de la prestación de tareas de apoyo. El contratado no podrá superar las treinta horas semanales de labor y tendrá una remuneración de 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones); en caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración será proporcional al mismo. Es pasante quien, habiendo culminado los estudios correspondientes, sea contratado por una entidad estatal, con la única finalidad de que desarrolle una primera experiencia laboral relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida. El contratado tendrá una remuneración de 7 BPC (siete Bases de Prestaciones y Contribuciones), por

un régimen horario de cuarenta horas semanales de labor. En caso de pactarse un régimen inferior, la remuneración será proporcional al mismo. La extensión máxima de los contratos de beca y pasantía que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley será de dieciocho meses incluida la licencia anual, y en ningún caso podrá ser prorrogable. Si se generara una prórroga la misma será nula y constituirá falta grave para el jerarca que la disponga. Los contratados bajo el régimen de beca o pasantía que se establece en el presente artículo tendrán derecho al Fondo Nacional de Salud, sin que ello implique costo presupuestal. Los créditos asignados para tales contrataciones no pueden aumentarse por medio de trasposiciones ni refuerzos. No obstante, dichos créditos podrán reasignarse a los efectos de financiar otras modalidades contractuales. La selección se realizará mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), a cuyo efecto se dictará la reglamentación correspondiente. Los becarios y pasantes sólo tendrán derecho a una licencia por hasta veinte días hábiles anuales por estudio, que se prorrateará al período de la beca y pasantía si fuera inferior al año, a licencia médica debidamente comprobada, a licencia maternal y a licencia anual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.458, de 2 de enero de 2009. Será causal de rescisión del contrato haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas por año. Los becarios y pasantes, para cobrar sus haberes, deberán acreditar el haber inscripto su contrato en la ONSC. La ONSC deberá mantener un registro actualizado con la información de los contratos de beca y pasantía. El haber sido contratado bajo el régimen de beca y pasantía inhabilita a la persona a ser contratada bajo este régimen en la misma oficina o en cualquier otro órgano y organismo del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos y Organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y Gobiernos Departamentales). La unidad ejecutora contratante, previo a la suscripción del contrato, deberá consultar a la Oficina

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Nacional del Servicio Civil si el aspirante ha sido contratado en estas modalidades. Suscrito el contrato de beca y pasantía deberán comunicarlo en un plazo de diez días. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente régimen el establecido en los artículos 10 a 13 de la Ley Nº 16.873, de 3 de octubre de 1997, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 18.531, de 14 de agosto de 2009, salvo en lo que refiere a la extensión máxima de los contratos de beca. Autorízase a las unidades ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional a contratar en calidad de becarios o pasantes, de acuerdo con la definición anterior, a estudiantes y egresados, cuando se cuente con crédito presupuestal en el Objeto 057 “Becas de Trabajo y Pasantías y otras Retribuciones”. Deróganse los siguientes artículos: 620 a 627 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, literales A) y B) del artículo 41 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, y 4º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Artículo 58.- Los incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional que por razón de sus cometidos deban contratar artistas, lo harán bajo la modalidad del “contrato artístico”, siempre y cuando los contratados presten efectivamente servicios de esa naturaleza. Se suscribirá un contrato que documentará las condiciones y objeto de la prestación, pudiendo la Administración disponer por resolución fundada, en cualquier momento, su rescisión. Dichas contrataciones serán de carácter transitorio y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público. Respecto de los contratos de cachet vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, aquéllos que se ajusten a la definición del presente artículo pasarán a revistar bajo dicha modalidad; los restantes, pasarán por única vez a la modalidad de Contrato Temporal de Derecho Público. Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones de créditos correspondientes, a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo, sin que ello represente costo presupuestal ni de caja. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo con el asesoramiento previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Derógase el artículo 319 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, con la modificación introducida

por el artículo 234 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005; y el artículo 218 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007. Artículo 59.- Se considera contrato temporal de derecho público, aquel que se celebre para la prestación de servicios de carácter personal, a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus funcionarios presupuestados, por un término no superior a los tres años, y una prórroga por única vez por hasta el mismo plazo. El contratado cesará indefectiblemente una vez finalizado el período para el cual se le contrató, operándose la baja automática de la planilla de liquidación de haberes. Las contrataciones se realizarán mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, suscribiéndose un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. El Poder Ejecutivo reglamentará la escala máxima de retribuciones a aplicar. La modalidad contractual referida no crea derechos ni expectativas jurídicamente invocables para acceder a un cargo presupuestal. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará la presente disposición en un plazo de noventa días. Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones correspondientes, a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo. Artículo 60.- Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, podrán contratar servicios personales bajo la modalidad del “contrato laboral”, el que se regirá por las normas del derecho privado del trabajo. Dicha modalidad se documentará mediante la suscripción de un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. Sólo podrá ser utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y en ningún caso para la prestación de tareas permanentes. El plazo o condición deberá ser previsto de antemano y no podrá superar los doce meses. El vínculo se extinguirá por agotamiento del plazo o cumplimiento de la condición. Las contrataciones se realizarán mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección

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de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones correspondientes, a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo. Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley tengan contrato vigente ya sea eventual o zafral, continuarán en funciones hasta el cumplimiento del plazo contractual establecidos en los respectivos contratos o en las resoluciones de designación correspondiente. Deróganse las siguientes disposiciones: artículo 41 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, artículo 191 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y artículo 62 de la Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981. Artículo 61.- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, las personas contratadas al amparo de los regímenes previstos en los artículos 30 a 43 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, literal B del artículo 3º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, artículo 539 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, artículo 63 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, cuyo plazo de vencimiento es al 31 de marzo de 2011 o que continúen vigentes a la misma fecha, podrán ser contratados por única vez bajo la modalidad del Contrato Temporal de Derecho Público, previa conformidad del jerarca y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, debiendo cesar indefectiblemente cuando se haya completado el proceso de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo o cuando finalice el plazo contractual, en caso de que no se hubieren completado las referidas reestructuras. La Contaduría General de la Nación reasignará las partidas presupuestales que correspondan. Deróganse las siguientes normas: – Artículo 539 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967. – Artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974. – Artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. – Artículo 63 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

– Literal B del artículo 3º de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. A partir de la vigencia de la presente ley en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional no será de aplicación el régimen previsto en los artículos 30 a 43 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 18 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y por los artículos 48 y 49 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006. Artículo 62.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, serán suprimidas todas las vacantes de cargos y funciones del escalafón CO “Conducción” del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO), así como las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El crédito suprimido será transferido a un objeto especial con destino a financiar las funciones del nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa. Artículo 63.- Sustitúyese el acápite del artículo 8º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente: “Cada titular de los cargos que se enumeran a continuación, podrá contar con la colaboración de un funcionario público en carácter de adscripto, el cual tendrá un complemento de su remuneración hasta el 85% (ochenta y cinco por ciento), de la de dicho titular. Aquellos funcionarios que sean designados adscriptos en un Inciso diferente al que pertenecen podrán reservar sus cargos al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005:”. Artículo 64.- Facúltase a los Ministros de Estado a contratar adscriptos que colaboren directamente con éstos, los que deberán acreditar idoneidad suficiente a juicio del jerarca de acuerdo a las tareas a desempeñar, por el término que determinen y no más allá de sus respectivos mandatos. Las personas comprendidas en la situación precitada no adquirirán la calidad de funcionarios públicos. Si la contratación recayere en funcionarios públicos, podrán éstos optar por el régimen que se establece en el presente artículo, manteniendo la reserva del cargo de su oficina de origen, de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. A tales efectos, asígna-

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se a los Incisos 03 – Ministerio de Defensa Nacional, 04 – Ministerio del Interior, 05 – Ministerio de Economía y Finanzas, 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y 10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una partida de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos); a los Incisos 11 – Ministerio de Educación y Cultura y 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una partida de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos); y a los Incisos 06 – Ministerio de Relaciones Exteriores, 08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería, 09 – Ministerio de Turismo y Deporte, 12 – Ministerio de Salud Pública, 14 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 15 – Ministerio de Desarrollo Social, una partida de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos). El Poder Ejecutivo reglamentará la escala de retribuciones a aplicar. La retribución que se establezca en cada caso no superará el 90% (noventa por ciento) de la del Director General de Secretaría. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a los efectos de atender las erogaciones resultantes del presente artículo. Artículo 65.- Derógase el artículo 441 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 313 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente: “ARTÍCULO 313.- La designación de los cargos de Director Nacional de Hidrografía, Director Nacional de Transporte, y Director General de Transporte por Carretera, deberá recaer en personas de notoria solvencia y conocimiento en la materia, lo que se expresará en la resolución correspondiente”. Artículo 67.- Dispónese que en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, toda retribución clasificada como “compensación personal”, por norma legal o reglamentaria o en virtud de su aplicación, será absorbida por ascensos o regularizaciones de su titular, posteriores al momento de su otorgamiento, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 68.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a instancias de los Organismos comprendidos en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, utilice los créditos de los cargos vacantes a los efectos de la creación y/o transformación de los que se consideren necesarios para su funcionamiento, hasta tanto se apruebe la reestructura organizativa y de puestos de trabajo del Inciso correspondiente, de conformidad con lo que dispone la presente ley. A los efectos de la potestad conferida en este artículo, se requerirá informe previo y favorable de la Ofi-

cina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. De lo actuado, se dará cuenta a la Asamblea General. Artículo 69.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 2005, con la modificación introducida por el artículo 5º de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, por el siguiente: “ARTÍCULO 6º (Controles).- Las instituciones públicas deberán registrar en la Oficina Nacional del Servicio Civil, la nómina de voluntarios relacionados con ellas en forma directa o indirecta, así como las altas y bajas que se registren en dicha nómina”. Artículo 70.- Exclúyense de la nómina del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificativas y concordantes, los siguientes cargos, cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes que se expresa sobre la retribución por todo concepto correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República: Ministros 100% (cien por ciento), Secretario de Presidencia 100% (cien por ciento), Director de OPP 100% (cien por ciento), Subsecretario de Estado 85% (ochenta y cinco por ciento), Prosecretario de Presidencia 85% (ochenta y cinco por ciento), Subdirector de OPP 85% (ochenta y cinco por ciento), Director de ONSC 85% (ochenta y cinco por ciento), Director General de Secretaría 70% (setenta por ciento), Director General de Secretaría de Apoyo a la Presidencia 70% (setenta por ciento), Subdirector de ONSC 70% (setenta por ciento), Director de Unidad Ejecutora 60% (sesenta por ciento), Director de Policía Nacional 60% (sesenta por ciento); pudiendo adicionar a las mismas exclusivamente los beneficios sociales. No regirá para estos cargos lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. A efectos del cálculo de las retribuciones de los cargos que permanecen incluidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificativas y concordantes, así como del complemento de remuneración previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la retribución del Subsecretario de Estado y la de los titulares de cargos mencionados en los referidos artículos 8º y 9º de la Ley Nº 16.320 es la correspondiente al 1º de enero de 2010, la que se actualizará en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central. Todo mecanismo de cálculo retributivo que refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados en el inciso primero del presente artículo, se realizará

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sobre el valor de aquéllos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes, a los efectos de atender las erogaciones resultantes del presente artículo. Artículo 71.- A los efectos del subsidio de quienes a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentren amparados al régimen previsto en el literal C) del artículo 35 del Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, con las modificaciones introducidas por los artículos 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, y único de la Ley Nº 16.195, de 10 de julio de 1991, la retribución de los cargos a que alude la referida norma, será la correspondiente a valores del 1º de enero de 2010, actualizándose en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualizan los sueldos de la Administración Central. Artículo 72.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983, la retribución del subjerarca de la unidad ejecutora o del jerarca, en caso de que no existiere aquél, es la correspondiente a valores de 31 de diciembre de 2010, la que se actualizará en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central. Artículo 73.- La percepción del subsidio creado por el artículo 35 del Acto Institucional Nº 9, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, es incompatible con la percepción de haberes de actividad con cargo a fondos públicos, excepto los derivados del ejercicio de actividad docente en la enseñanza pública. Interprétase el artículo 35 del Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.195, de 16 de julio de 1991, en el sentido de que la configuración de causal jubilatoria no impide el acceso al subsidio por cese en cargos políticos o de particular confianza; declarándose compatible la percepción del subsidio con haberes de jubilación, pensión o retiro, provenientes de cualquier afiliación sea pública o privada. Artículo 74.- Interprétase, con carácter general, que en todos los casos en que se dispongan retribuciones cuyo monto deba determinarse en función de otras, por aplicación de porcentajes o de cualquier otro parámetro de valoración, la base de cálculo quedará establecida por las que se incluyan específicamente por la ley que las crea o modifica, o en su de-

fecto, por las que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 75.- Créase la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de Funcionarios del Estado (La Red), con el cometido de planificar y centralizar la propuesta y articulación de necesidades en la materia. La misma estará integrada por los organismos estatales que manifiesten su voluntad expresa en ese sentido por parte del jerarca correspondiente y funcionará en la órbita de la Escuela Nacional de Administración Pública de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). La Red contará con un fondo de reserva que se integrará con el 10% (diez por ciento) del total percibido por cada organismo por concepto de cursos impartidos y/o infraestructura cedida, en el ámbito de aquélla. Este fondo será administrado por la ONSC y se destinará a solventar la participación de aquellos organismos que no cuenten con recursos financieros para la capacitación de sus funcionarios y los gastos operativos generados por las distintas actividades de La Red. A los efectos de la utilización del fondo que se crea en este artículo, la situación financiera de los organismos deberá ser fehacientemente acreditada ante la ONSC. La recaudación derivada del presente artículo estará exceptuada de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la ONSC, reglamentará el presente artículo”. ——Mirando algunos de los elementos que nos dieron para trabajar, consulto si es posible votar en bloque algunos artículos. SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite, señora Presidenta? De acuerdo con el trabajo realizado en conjunto con los partidos políticos, estaríamos en condiciones de votar en bloque desde el artículo 6º al 10 inclusive. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se procede a la votación en bloque de los artículos mencionados. (Se vota) ——Noventa en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 6º a 10, inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

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En discusión el artículo 11. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: vamos a votar negativamente el artículo 11 por entender que los salarios, las asignaciones y demás, deben ser fijados por el Poder Legislativo a través de las leyes de Presupuesto tal como lo establecen el artículo 86 y el literal B) del artículo 214 de la Constitución de la República. Como señalamos en nuestro fundamento al votar en contra este Presupuesto, el Poder Legislativo está renunciando a sus competencias y delegando de manera inconstitucional en el Poder Ejecutivo procedimientos establecidos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en noventa y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite, señora Presidenta? Según la hoja de ruta que tenemos, podríamos votar en bloque los artículos 12 a 62 inclusive. SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite, señora Presidenta? Tenemos por delante los artículos 12 y 13, que refieren al registro de vínculos con el Estado. A continuación, hay un grupo de artículos que va hasta el artículo 35, que trata del régimen de declaratoria de excedencia y de redistribución de funcionarios de unos Incisos a otros, que es un paquete integrado. Si los señores Diputados están de acuerdo, se podrían votar en conjunto. Nosotros compartimos la idea de la declaratoria de excedencia y la redistribución. Es una norma que se restaura, que ya existió, que en parte se había derogado y ahora vuelve a ponerse en vigencia con algunas adaptaciones. No tenemos inconveniente en votar desde el artículo 12 al 35, que tratan lo mismo. Consultamos a la Mesa qué mayorías requiere la aprobación del artículo 17, que establece obligaciones para los gobiernos departamentales.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Para aprobar el artículo 17 se requieren dos tercios de votos del total de componentes del Cuerpo. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- ¿Me permite, señora Presidenta? Solicito que se vote hasta el artículo 36 inclusive. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se procede a la votación en bloque de los artículos 12 a 36, inclusive. (Se vota) ——Noventa y uno en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 12 a 36, inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa en noventa y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: quisiera hacer una brevísima acotación que tiene que ver con los términos de la redacción. En el artículo 17, donde se establece la prohibición de la redistribución de funcionarios de los Incisos, advierto que falta la conjunción “y” entre “entes autónomos” y “servicios descentralizados”, por lo menos, en el repartido que estamos analizando y que se distribuyó a los señores legisladores. Creo que la redacción debiera decir “entes autónomos y servicios descentralizados”. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Queda constancia del planteo del señor Diputado Abdala y se realizará la corrección del caso. En discusión el artículo 37. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: nosotros vamos a votar negativamente este artículo, por entender que el cambio de régimen puede ocasionar lesión de derechos. Para que ello no ocurra, no se puede establecer como una obligación, debe ser voluntario.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y ocho en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 38. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 39. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: este artículo 39, al igual que los artículos 40 y 41, es un buen ejemplo de lo que nosotros argumentábamos en nuestra exposición en el debate en general. Este es un franco retroceso del profesionalismo del Estado hacia el Estado de partido político. Aquí lo que se hace es sustituir cargos de alta especialización que hoy existen y que se ocupan por funcionarios que debieron acceder a ellos mediante un régimen de concurso muy exigente, con título profesional, en algunos casos, con especialización y hasta con título de posgrado, con concurso de oposición y con tribunales exigentes Entonces, lo que se hace es transformar estos puestos en cargos de particular confianza política. Y adviértase cuáles son: Auditor Interno de la Nación, Director Técnico de la Propiedad Industrial, Director del Museo Histórico Nacional, Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística, Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, Director Técnico de Energía, Director Nacional de Catastro, Director Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Por qué tiene que ser del Gobierno el Auditor Interno de la Nación? ¿Para que audite según el comité? ¿Para que diga: “Tengo mandato político”? ¿Para que debamos decirle que no nos da garantías de su imparcialidad su filiación al partido de Gobierno? El Auditor debe ser el mejor técnico que tenga el país, y tenemos que pagarle bien para que audite bien, para que no se case con nadie, sea del partido que sea. Lo habíamos logrado. Pero ahora, la reforma del Estado al revés desanda el camino de un Estado que, de a

poco, y a pesar de las dificultades que representa cambiar algunas prácticas, había conseguido avanzar un poco. Ahora, retrocede hacia la práctica de partido. ¿Por qué el Director Nacional de Catastro tiene que ser del partido de Gobierno de turno en vez de que se quede el mejor porque ganó el concurso, más allá del partido que gane? ¿Por qué se necesita en Catastro alguien que obedezca órdenes para cobrar lo que el Gobierno quiere cobrar, y no lo que la técnica aplicada exige? ¿Por qué tiene que recibir mandato político el Director Nacional de Catastro, y no es el mejor de los que concursan para ese cargo? Lo mismo digo para el Director Técnico de Energía, que tiene bajo su cometido acuerdos que hemos tratado de que sean suprapartidarios para que nos representen a todos. Al frente de esta Dirección ya había un técnico. Entonces ¿por qué el único requisito que debe tener es el de la divisa, el del voto, el de la lealtad a un partido y no el del conocimiento? Esto es lo que nosotros argumentamos que se hace en el camino equivocado, aunque el Presidente de la República diga exactamente lo contrario. Dice una cosa, pero va para otro lado; esta es una de las tantas perlas de este largo collar de un partido político que aumenta el gasto político, la concentración de poder, la influencia directriz desde sus mayorías, legítimas, pero tomando un rumbo que, a nuestro juicio, significa un verdadero retroceso en algunos pasos en los que tímidamente habíamos avanzado. Muchas gracias. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: aplicando economía en los tiempos, queremos manifestar nuestro voto negativo a este artículo, coincidiendo con la fundamentación del señor Diputado Gandini. Este artículo sustituye funciones técnicas por cargos de confianza, sin exigencias de formación. De aquí en más, la única exigencia de formación que se le planteará a la persona para ocupar este cargo será la afiliación al comité de base o, en su defecto, la simpatía por el partido político de Gobierno. Muchas gracias. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: el Partido Independiente no va a acompañar este artículo 39, como tampoco los subsiguientes artículos 40 y 41. No lo vamos a hacer porque consideramos que este paso que se da, transformando cargos que tenían la naturaleza de ir hacia la profesionalización en el Estado, es claramente un retroceso. Realizar una reforma del Estado implica profesionalizar cada vez más la función pública. Cada vez que privilegiamos la pertenencia política en lugar de la formación profesional o la idoneidad, estamos teniendo un Estado de menor calidad, y esto es lo que se consagra acá. Cualquiera de los puestos que aquí se transforman en cargos de particular confianza son eminentemente técnicos, por lo cual, como ya se ha señalado, el Estado debería seleccionar a los mejores para ocuparlos, y no actuar en función de que la persona pertenezca a tal o cual partido, porque quienes ocupen estos cargos nos tendrían que dar garantías a todos, y no solo a un determinado Gobierno, sea del pelo que sea. Entonces, creo que, lamentablemente, se retrocede en este sentido y se vuelve a incurrir en las viejas prácticas políticas por las cuales la designación se hacía por estricta cuota política y en función de la pertenencia a distintos sectores del partido de Gobierno. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: estamos considerando un artículo importante que refiere a cuáles van a ser las acciones que tomará el Gobierno Nacional en lo que hace a la estructura del Estado, tal como fuera anunciado por el Presidente de la República a lo largo y ancho del país en ocasión de la campaña electoral. No hay nada novedoso aquí; todos lo sabíamos, principalmente, los ciudadanos que eligieron esta propuesta política tanto en el mes de octubre como en la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Señora Presidenta: siento que aquí me están me están rezando, y la verdad es que yo no creo en nadie… (Interrupciones)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa lo ampara en el uso de la palabra y solicita a quienes tienen necesidad de mantener reuniones que lo hagan fuera de la Sala. Puede continuar el señor Diputado Sánchez. SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora Presidenta. Como decía, esto ha sido largamente anunciado y discutido; la fuerza política de este Gobierno y el Presidente Mujica se han expresado a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, en el marco de la campaña electoral, en cuanto a avanzar en el criterio de la transparencia y de la cristalinidad. ¿Qué significa? Llamar a las cosas por su nombre. Justamente eso: ser transparentes significa llamar a las cosas por su nombre. Lo que estamos haciendo ahora es suprimir cargos de alta prioridad y transformarlos en cargos de confianza política, porque siempre lo fueron. ¿Cuál era la condición establecida por ley para llegar a estos cargos de alta prioridad? Presentar un currículum que demostrara la idoneidad. El único requisito para alcanzar un cargo de esta naturaleza era presentar un currículum, porque eran por designación directa y no se ocupaban por concurso. Hoy los estamos transformando en cargos de confianza porque -reitero- siempre lo fueron. Entonces, cuando nos remitimos a las normas, encontramos que la Ley N° 16.320 establece cuáles son los cargos de alta prioridad y los enumera: Director Técnico de Comunicaciones, Director Técnico de Proyectos de Desarrollo, Director Técnico del Programa de Inversión Social, Director Técnico de Estadística y Censos, Director Técnico de Meteorología, Director del Hospital Policial, Inspector General de Hacienda, Director Técnico de Recaudación, Director Técnico de Fiscalización, y así continúa. Y es más: establece que se regirán por el artículo 22 de la Ley N° 14.189, que determina el criterio para llenar este tipo de vacantes de que estamos hablando, y prevé formación una Comisión del Estado para evaluar la idoneidad de quienes ocupen esos cargos. De esta forma, se decidía si quienes se presentaban cumplían con los requisitos. Esa Comisión era toda del partido de Gobierno y por allí se designaba a los correligionarios. Los que son cargos de confianza porque tienen que conducir un Programa de Gobierno -porque son Directores de Unidades Ejecutoras- votado por la po-

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blación, deben ser de confianza política. Y hay que decir: “A tal Director lo puse yo para llevar adelante este Programa”. Esa es su función, la de llevar adelante un Programa de Gobierno votado por la ciudadanía en un régimen democrático. Esa es la función que debe cumplir el Director de una unidad ejecutora. Es un Programa para cuya ejecución la ciudadanía ha otorgado un mandato popular. Por eso estamos avanzando, diciendo que esto es transparente. Justamente, es transparente. Es más, aquí se dice que se va a gobernar desde el comité de base, pero ¿cómo entraban antes los funcionarios públicos? (Interrupciones) ——O más bien ¿cómo entran ahora? Por concurso. (Diálogos) (Campana de orden) ——Tengo aquí el informe de altas y bajas de la Oficina Nacional del Servicio Civil, presentado en oportunidad de la Rendición de Cuentas, donde se puede ver cómo entran los funcionarios públicos por designación directa. En la Intendencia Municipal de Artigas, durante el período anterior, entraron 85 funcionarios públicos, no de confianza. En la Intendencia Municipal de Lavalleja fueron 1.348, y así podemos continuar con la Intendencia de Cerro Largo… (Interrupción del señor Representante Germán Cardoso) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor legislador Germán Cardoso: si quiere, puede pedir la palabra. Hasta ahora, hemos desarrollado la sesión con respeto. (Interrupción del señor Representante Germán Cardoso) ——Si el señor Diputado Sánchez quiere, le concederá una interrupción; mientras tanto, él está en uso de la palabra. Puede continuar el señor Diputado Sánchez. SEÑOR SÁNCHEZ.- En cuanto termine, con gusto le daré una interrupción al señor Diputado Germán Cardoso. Esta es la situación de cómo se ingresa hoy a la función pública; por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Soriano ingresaron 463 funcionarios por designación directa; en la Intendencia Municipal de Ta-

cuarembó, 167; y en la Intendencia Municipal de Montevideo, 0. No me quedan más Intendencias con designación directa. Lo que estamos haciendo con esto es transparentar y decir que un Gobierno que tiene que llevar adelante un Programa votado por la ciudadanía, necesita de determinados hombres y mujeres. Esos hombres y mujeres ocuparán cargos de confianza política, lo que no significa que no sean los mejores. Esto es lo que estamos haciendo con este artículo: transparentar nuestra actuación. Es lo que decía el Presidente Mujica: hay que ser valiente, transparentar, y decir “Esto se hace con estos recursos”; “Estos recursos se utilizan de esta manera y se designan de esta forma”. Y el resto, se designa por la vía del concurso o de la Ventanilla Única que habíamos establecido, con recursos del Estado, con un registro único de los funcionarios del Estado. Estamos en un todo conformes con este artículo, y votaremos por la afirmativa. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SÁNCHEZ.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: se dice que hay que ser valiente para decir la verdad, pero los valientes deben decir la verdad entera y no a medias. Y si cuando uno mira el vaso de agua lo ve medio lleno, no lo ve entero. Si a partir de este artículo se quiere introducir en el debate cuál ha sido la modalidad aplicada en las Intendencias Municipales, el señor Diputado Sánchez ha obviado o ha sufrido una especie de amnesia temporal, porque saltea 960 ingresos a dedo que se produjeron durante el Período anterior. En Canelones, fueron más de mil. Además, tiene a su lado a un Diputado de Maldonado, quien perfectamente lo puede asesorar en cuanto a la cantidad inmensa de funcionarios que ingresaron sin concurso durante la Administración De los Santos. Quería dejarlo claro, porque una verdad dicha a medias no es verdad del todo. Muchas gracias.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Sánchez, a quien le restan dos minutos. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: yo me estaba refiriendo al informe oficial de vínculos -altas y bajas- con el Estado correspondiente a 2009 – 2010, que se manejó en la Rendición de Cuentas. Allí figura que en la Intendencia Municipal de Salto las designaciones directas fueron cero. SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SÁNCHEZ.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: como el señor Diputado Germán Cardoso y el Partido Colorado no tenían representación parlamentaria en Maldonado en el período pasado y él no participó en las discusiones del Presupuesto quinquenal en ese departamento, seguramente debe saber ahora que se incluyó un artículo que establece que los funcionarios públicos de la Intendencia de Maldonado entran solo por concurso y, además, que si no entran por concurso no cobran. Quiere decir que cualquier funcionario que no ingrese a la Intendencia de Maldonado por concurso, no cobra, y el ingreso es ilegal. Por lo tanto, me remito simplemente al texto del articulado del Presupuesto, y si el señor Diputado tiene alguna prueba o algún testimonio que demuestre que hay alguien que entró directamente, que lo traiga y lo plantee. (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Sánchez. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: con mucho gusto puedo debatir con el señor Diputado Pérez González sobre los balances y análisis de gestión de la Intendencia Municipal de Maldonado, que no son muy favorables. Si nos remitimos a los hechos públicos, podemos observar un déficit de más de US$ 50:000.000 en los últimos cinco años. Estamos ante una Intendencia fundida, en la cual se privilegiaron más

de mil ingresos a dedo, no por concurso, aunque tal vez en el llamado la exigencia era la presentación del curriculum y la simpatía o afiliación al comité de base. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se solicita a los señores legisladores que cuando hagan uso de la palabra se dirijan a la Mesa. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque el señor Diputado Gandini ha manifestado con elocuencia la valoración política que el Partido Nacional hace de estos artículos. Me parece que son de enorme importancia porque, sin ninguna duda, abonan la afirmación de que efectivamente estamos frente a una pretendida reforma del Estado, que en realidad a lo único que conduce es a una politización de la Administración. Simplemente, queremos agregar a lo ya dicho que en esta afirmación y valoración no estamos solos, que tenemos una compañía muy elocuente que es, ni más ni menos, que la del ex Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Conrado Ramos, que tuvo esa responsabilidad en el Gobierno nacional hasta hace muy pocas semanas. En los últimos días -precisamente el fin de semana pasado-, con enorme honestidad y valentía hizo declaraciones que sería bueno que todos conociéramos y leyéramos o releyéramos -según el caso-, en las que claramente dice que en estas modificaciones hay una politización y una desprofesionalización -así lo afirma- del régimen de trabajo en la Administración Pública, y que esto lejos está de constituir una reforma integral estatal. Nosotros no estamos presumiendo cuando hacemos estas afirmaciones, ni suponiendo o insinuando sin fundamento. Estamos analizando con objetividad, y en ese análisis coincidimos con alguien que hasta hace muy poco fue jerarca del actual Gobierno; no actuó en el período pasado sino hasta hace muy pocos días, muy pocas semanas. Además, no estamos hablando de alguien que ocupara un cargo de menor cuantía, de tercer, cuarto o quinto orden en la estructura de conducción política de la Administración, sino del Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Él dijo textualmente -me parece bueno que esto conste en la versión taquigráfica-: “Yo no estoy

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de acuerdo en que los cargos que se denominaban de Alta Prioridad, que eran de confianza pero se les exigía requisitos técnicos, se hayan eliminado para crear cargos de confianza comunes a los que no se les exige ninguna credencial”. En algún sentido ayuda a resolver la discusión que estamos manteniendo, porque si esto, o algo parecido a esto, se anunció en la campaña electoral -como recién se dijo-, parece que no todos se enteraron. Y si en tal caso se negoció o conversó en la interna del Gobierno, por lo menos parece que no todos estuvieron de acuerdo. El Subdirector de la OPP, o quien hasta ese momento actuaba en esa posición, sin ninguna duda -por lo menos en esto-, parece que tuvo una discrepancia importante. SEÑOR GOÑI ROMERO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ABDALA.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Señora Presidenta: quiero traer un poco de verdad a la discusión. En la Intendencia Municipal de Salto sí ingresaron casi mil funcionarios; sí se hicieron concursos y sorteos por los que, curiosamente, entraban los familiares de los Ediles, los familiares de los integrantes de las Juntas Locales, los familiares de los Directores; entró toda la familia. Un Edil salteño dijo: “Al final, el organigrama de la Intendencia se parece más a un árbol genealógico que a otra cosa”. (Hilaridad) ——Creo que esto es lo que ha llevado al Presidente Mujica a afirmar lo que expresó con respecto a los concursos; es cierto. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Creo que no debemos tratar de tapar el sol con las manos. La realidad se impone y puede más. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: … SEÑOR GARCÍA (don Javier).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ABDALA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señora Presidenta: en definitiva esto es una reforma del Estado al revés, porque este es el modelo: sacar profesionales y poner políticos. Esto es, precisamente, lo que el país entero, y quienes han seguido medianamente esta discusión con algún tipo de interés en este tema que sella cinco años de gestión, querían saber si iba a pasar o no, si de una vez por todas el discurso iba a coincidir con la realidad, o si la realidad iba a ser esta que estamos viviendo. Toda la Ley presupuestal pasa por este artículo; toda la arquitectura de la Ley presupuestal pasa por este artículo. Es la reforma del Estado al revés. Se propone que saquemos a los que saben y se han profesionalizado y pongamos a los del aparato político; menos profesionales y más políticos. Además, esto se ha confesado en Sala, por lo que no cabe ninguna duda. Voy a dar un ejemplo, porque estos son los temas que a la gente le llegan. El futuro Director del Museo Histórico Nacional, ¿tiene que saber de historia o ser del Frente Amplio? Tiene que saber de historia. ¿Qué es más importante: que sepa de historia o qué votó en la elección anterior? Debe saber del tema que atañe al museo que va a dirigir. El futuro -o futuraDirector Técnico del Instituto Nacional de Estadística, ¿tiene que ser un técnico en estadística o haber votado al Frente Amplio en la elección pasada? Tiene que ser un técnico en estadística, porque así -voy a decirlo con todas las palabras- se empezó en la República Argentina hace muy pocos años, poniendo personas que en vez de cumplir su tarea profesionalmente y dar garantías a la sociedad en cargos que son de altísima especialización técnica, se transformaban en militantes políticos que maquillaban los números y dibujaban las estadísticas para ofrecérselas al Presidente de la República y trasmitir a la sociedad datos que no eran ciertos. Por eso, estos cargos que están acá no pasan simplemente por un cambio en el escalafón administrativo; pasan por una concepción política que va al revés de lo que debería hacerse en el país. Gracias, señora Diputado Abdala. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: … SEÑOR VERRI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Sí, señor Diputado.

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Lunes 11 de octubre de 2010

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: pido disculpas al señor Diputado Sánchez por interrumpirlo cuando estaba haciendo uso de la palabra. No es mi estilo; he hablado muy poco en esta Sala. Quiero agregar que no solo en la Intendencia Municipal de Salto los funcionarios entraban a dedo. En la Intendencia Municipal de Paysandú también, y el actual Intendente de ese departamento todavía está teniendo problemas por los más de cuatrocientos funcionarios que le dejaron adentro, sin ningún tipo de concurso ni nada parecido. Eso está muy mal. ¿Y saben lo qué me preocupa y es la preocupación que nos va a quedar a todos los uruguayos después de este debate? Que la reforma del Estado -como decía el señor Diputado García- es al revés. Creíamos que la reforma del Estado era para corregir lo que durante tanto tiempo nos dijeron que hacíamos mal. Si hacíamos las cosas tan mal, ¿por qué no siguen el ejemplo al revés? ¿Por qué en lugar de declarar político al cargo, no lo declaran técnico, y ponen un técnico en vez de poner un político, como supuestamente hacíamos los partidos tradicionales? Porque vamos en el camino de una reforma del Estado al revés, y eso es lo que no podemos admitir. Esto no es decir las cosas por su nombre, sino decir: “Estamos creando un Estado de partidos políticos”, y eso realmente nos preocupa y mucho. Gracias, señor Diputado Abdala. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- He finalizado, señora Presidenta. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: yo creo que podríamos aprovechar este primer artículo que incorpora cargos de particular confianza en un Presupuesto donde los cargos de este tipo y los contratos directos de la Administración abundan, para ahorrarnos discusiones en otros artículos que se van considerar más adelante, y dejar en claro -como se viene diciendo- cuál es el modelo de reforma del Estado que se presenta.

El señor Diputado Sánchez fue absolutamente claro y preciso con respecto al objetivo, es decir, que no se trataba de cambiar sino de transparentar, que no es cuestión de cambiar o modificar un estilo de hacer las cosas, sino, en todo caso, ponerle otro nombre que resultara más claro ante la opinión pública. No había ánimo de cambio, absolutamente confirmado. El señor Diputado Sánchez dijo que en la campaña electoral se habían comprometido a decir las cosas por su nombre, o sea: lo que había lo dejamos, pero le ponemos el nombre de particular confianza política. Este proyecto de “reforma del Estado” -entre comillas- es una iniciativa que atenta contra la profesionalización. Recién se leían declaraciones del señor Ramos, ex Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hace algunos días escuché a Fernando Puntigliano en una entrevista en radio Sarandí, donde manifestaba que los países modernos van al revés, que la profesionalización, el cargo técnico, va cada vez más arriba en la Administración Pública y el control político queda supeditado a los altos cargos, pero no a la estructura del Estado. ¿Qué es lo que esconde este procedimiento que instala el actual Gobierno? En primer lugar temor: temor de los funcionarios públicos, temor de que las estructuras técnicas no respondan al proyecto político. Hay una muestra de “le tengo miedo a los funcionarios y si no entro con mi aparato esto no camina, no hago andar al Estado”. No es la primera vez que lo dicen. Recordamos aquel pensamiento del señor Senador Fernández Huidobro con respecto a la maldad de la burocracia, asignándole a la burocracia estatal buena parte de los males de la República. Es decir: esta forma de entender la Administración Pública parte de la base de que no se le tiene confianza a los funcionarios públicos y que si un funcionario llega por concurso, por designación técnica de alta prioridad o con un currículum profuso, puede no responder a mis intereses, puede no responder al objetivo político. El Frente Amplio dice que viene transparentando, que viene haciendo que la Administración sea cada vez más abierta y mejor en su funcionamiento, pero en los hechos no es en lo que creen ni lo que hacen. Otra vez vuelve lo que decíamos en nuestra intervención de la mañana en el sentido de que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace.

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¿Los jerarcas políticos de la Administración están convencidos de que las normas están para cumplirse? Los jerarcas políticos de particular confianza del Frente, ¿realmente creen eso que decía el señor Diputado Sánchez de que las normas hay que cumplirlas y respetarlas? Desde el año 1953 en el Uruguay está prohibido tener dos contratos públicos. ¡Desde 1953! Aquí tengo un documento de fecha 23 de setiembre, donde la Oficina Nacional del Servicio Civil me responde a un pedido de informes donde yo pregunto si la Subsecretaria Simón y el Vicepresidente de UTE tienen el mismo secretario. Son dos contratos para la misma persona: es el Secretario de la ingeniera Simón en el Ministerio de Educación y Cultura -seguramente, tendrá alguna especialización o un conocimiento de los temas de esa Cartera- y, luego, revista seis horas en UTE, en el despacho del esposo de la señora Simón, que es el Vicepresidente de UTE. Es decir, que los dos jerarcas tienen el mismo secretario. Miren lo que me dice la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la respuesta del 23 de setiembre: “La situación se encuentra alcanzada por la prohibición de acumulación prevista en la norma citada”. Es por aquí por donde tenemos que empezar. Los jerarcas políticos tienen que entender el proyecto político, y estos jerarcas no lo entienden porque, si se quiere transparentar, ¡cómo se pueden hacer contratos para una persona que trabaja doce horas todos los días: seis horas en el Ministerio de Educación y Cultura y seis en la UTE! La Oficina Nacional del Servicio Civil, el 23 de setiembre, me dice que eso es ilegal, que no se puede hacer. Pero, ¿saben desde cuándo es ilegal? Desde 1953. Más adelante vendrán algunos artículos que otra vez de la prohibición de tener dos cargos públicos, que no se pueden acumular. No existe proyecto de cambio y hay confirmación de que lo que se estaba haciendo continúa. Dijo el señor Diputado Sánchez que estos cargos de Directores, que ahora son de particular confianza, se llenaban de acuerdo con un criterio político, y tiene parte de razón. Pero, ¿qué es lo que hacen ahora? ¡Los designan como cargos de particular confianza! ¡No hay cambio! ¡No hay reforma! ¡Confirman lo que venía: sigue para adelante y ahora le ponemos un nombre nuestro! Le cambiamos el nombre, lo transparentamos, pero no hay modificaciones, no hay cambio de criterio. ¿Esta es la tan anunciada reforma del Estado?

Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: voy a hablar varios minutos porque la alusión fue en reiteración real. (Hilaridad) ——Acá estamos hablando de la transformación de los cargos de alta prioridad en cargos de particular confianza política. Esa es la transparencia a la que nos referimos hace algunos minutos. Aquí se ha dicho que yo he manifestado que no hay reforma del Estado y que seguirá siendo igual. ¡De ninguna manera! Es más, en este proyecto hay muchos artículos que se orientan a una futura reforma del Estado, que ya hemos anunciado y que hace, por ejemplo, a una carrera administrativa diferente. Eso vendrá en otro proyecto de ley, porque la idea del Poder Ejecutivo es que este Cuerpo pueda analizar y discutir a fondo una nueva carrera administrativa. En este articulado también se suprimen muchos cargos de alta conducción porque pasan a ser funciones, a efectos de que se puedan evaluar. El problema que existía antes era que cuando un funcionario accedía a cargos de alta conducción, con las garantías debidas -que estaban muy bien porque son las normas de las que estamos hablando-, asumía y después no se podía evaluar, quedaba en ese cargo. Hoy estamos avanzando en normas que establecen que los cargos de conducción serán funciones; no será un cargo: el funcionario concursará, obtendrá la posibilidad de llevar adelante esa función de conducción, y en el caso de que no funcione, no va a quedar perpetuado en esa tarea. Por lo tanto, acá hay muchos cambios, y se transparentan las cosas que antes no se decían o se decían de otra manera, y es que para estos cargos bastaba simplemente con presentar un currículum. Y eran cargos de confianza política, porque no se llamaba a ningún lado para ocuparlos, se elegían con el dedo. Presentaban el currículum y entraban, pero ahora no; son cargos de confianza política como siempre fueron. A esto nos referíamos cuando hablábamos de transparentar. Por supuesto que hay un montón de transformaciones que presentamos con estas y con futuras normas, que irán modificando el

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Estado en una función positiva para que sea fuerte, eficaz, eficiente, y transparente y democrático. Era a esto a lo que nos queríamos referir. Muchas gracias. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: de este debate recojo dos hechos gravísimos, que realmente me alarman. En primer lugar, acá no van a entrar los mejores sino los amigos. Eso está constatado, se ha recogido en las actas y lo hemos escuchado, y está la prensa. En segundo término, me alarma que aquí se esté deslegitimando el concepto de Estado y de la función pública que tenemos los uruguayos. El concepto de que el Estado sirve al interés público y general por encima de intereses políticos, sectoriales y partidarios, buscando la eficacia y la eficiencia en los servicios a prestar. O sea que estamos contraviniendo y deslegitimando el concepto de Estado. ¡Acá hay una colonización partidaria! Voy a decir algo que me ha preocupado, y termino, porque creo que las reflexiones son lo más importante en este debate: se confunde Estado con Gobierno y Gobierno con fuerza política del momento en que se está transitando. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DE LEÓN.- Señora Presidenta: en la situación anterior se seleccionaba directamente, luego de presentar las calificaciones de las personas. (Murmullos.- Campana de orden) ——En el sistema que prevé este proyecto también. Es decir, en ambos sistemas se selecciona subjetivamente, pero el problema es que en el sistema anterior la selección genera el efecto de que ese funcionario permanezca en el Estado, y en este caso se establece un cambio en el enfoque del Estado. Es un cambio que apunta a lo que se llama gestión del Estado, es decir que cada partido político -porque hoy está el Frente Amplio en la Administración, pero mañana puede ser otro- pondrá a sus mejores cuadros, porque le interesa

ejecutar el programa que la ciudadanía votó. En cambio, por el sistema anterior se nombraba a dedo, y los nombrados quedaban como funcionarios estables contratados por el Estado. En el caso anterior se establecía una relación permanente y en este proyecto se propone una relación que durará el período de Gobierno, y aun menos, porque si el funcionario actuara en forma incorrecta será sustituido por el mismo partido que lo nombró, ya que la fuerza política actuará en el mejor interés suyo y, obviamente, del país. SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARBALLO.- Señora Presidenta: algunas de las manifestaciones sobre la Intendencia Municipal de Salto y el ingreso de trabajadores a la función municipal, a nuestro entender, no son correctas. Lo decimos con fundamento porque en el transcurso de estos últimos cinco años creo que fue una de las pocas Juntas Departamentales del país -no la única, porque hubo otras más- que funcionaron de acuerdo con la Ley Nº 10.459, que se refiere precisamente al ingreso de los trabajadores a la administración municipal para los trabajos no especializados a través de sorteos y de concursos. Por lo tanto, algunas afirmaciones que daban cuenta de más de mil funcionarios nuevos en la Intendencia Municipal de Salto no tienen fundamento ni cabida, y muy bien que se sabe de qué manera se ha trabajado en el ámbito municipal en este sentido. Podríamos explayarnos muchísimo más sobre de qué manera ingresaban en su momento los funcionarios, al presentar la tarjeta de tal o cual partido político. También podríamos mencionar, al hablar de las retribuciones de los funcionarios públicos, que algunos presentaron como su principal planteamiento en la Legislatura pasada el aumento de sueldo de los legisladores. Era cuanto quería decir, señora Presidenta Muchas gracias. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Señora Presidenta: la comisión adjudicadora de trabajo de la Junta Departamental de Salto renunció en pleno. Creo que con eso

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digo todo. Renunció toda la comisión que, obviamente, tenía mayoría del Frente Amplio, del partido de Gobierno. Renunció porque se sentía estafada en su trabajo. El Edil Varela, que fue quien habló del árbol genealógico, tuvo que interpelar al señor Intendente, llevarlo a Sala, porque no le contestó durante dos o tres años el pedido de informes relacionado con el ingreso de funcionarios. Se lo reiteró de todas las maneras públicas y formales posibles, incluida la de que la Junta Departamental tomara como suyo el pedido, pero también fue desconocida. ¡Bueno! Si se quiere insistir en la bondad del sistema anterior, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias.

Del señor Representante Felipe Carballo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño. Del señor Representante Juan C. Souza, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Aníbal Pereyra, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señora Sandra Lazo. Del señor Representante Julio Bango, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en un Coloquio Internacional sobre Movimientos Sociales y Políticas Públicas Progresistas, a desarrollarse en la ciudad de México, por el período comprendido entre los días 19 y 22 de octubre de 2010, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Aldo Guerrini”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y dos en noventa y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de la fecha por motivos personales. Sin más, saluda atentamente. GUZMÁN PEDREIRA Representante por Flores”.

12.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Guzmán Pedreira, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Olga Silva. Del señor Representante Yerú Pardiñas, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 18 y 20 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel Aquino. Del señor Representante Roberto Frachia, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Mazzoni. Del señor Representante Martín Tierno, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel González.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración. Quien suscribe, Martín Pedreira, de acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular en el día de la fecha, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Martín Pedreira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Martín Pedreira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira, por el día 11 de octubre de 2010. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Martín Pedreira. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 60977321, del Lema Partido Frente Amplio, señora Olga Silva. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 8 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales desde el día 18 de octubre al 20 de octubre de 2010, por lo que pido se convoque al suplente respectivo. Saluda atentamente, YERÚ PARDIÑAS Representante por Cerro Largo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 20 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas, por el período comprendido entre los días 18 y 20 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Daniel Aquino. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda

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licencia por motivos personales por el día martes 12 de octubre de 2010. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, ROBERTO FRACHIA Representante por Lavalleja”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Lavalleja, Roberto Frachia. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Roberto Frachia, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Pablo Mazzoni. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por motivos personales por el día 12 de octubre de 2010. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, MARTÍN TIERNO Representante por Durazno”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Durazno, Martín Tierno. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Durazno, Martín Tierno, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señor Daniel González. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por los días 13, 14 y 15 de octubre, por motivos personales. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, FELIPE CARBALLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 de octubre de 2010.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día 12 de octubre, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente. JUAN C. SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 10 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Sergio Ashfield”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme el uso de licencia el día de la fecha, por motivos personales. Saludo atentamente. ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del Diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado como suplente de ese Cuerpo el día 11 de octubre del presente año. Comunico a usted que por única vez no acepto la convocatoria. Sin otro particular la saludo atentamente, Raúl Servetto”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Raúl Servetto. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, por el día 11 de octubre de 2010. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Raúl Servetto. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Sandra Lazo. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito se me conceda licencia por obligaciones inherentes al cargo de representante Nacional, entre los días 19 y 22 de octubre inclusive, a fin de poder participar en un Coloquio Internacional sobre Movimientos Sociales y Políticas Públicas Progresistas, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung, en la Universidad Autónoma de México. Sin otro particular, saluda atentamente, JULIO BANGO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: El que suscribe, Fernando Isabella, C.I. Nº 2.912.781-3, en mi calidad de suplente del señor representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Fernando Isabella”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe, Daniel Espósito, cédula de identidad Nº 1.282.587-0 en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado –solo por esta vez- de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Daniel Espósito”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Julio Bango, en virtud de obligaciones

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notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en un Coloquio Internacional sobre Movimientos Sociales y Políticas Públicas Progresistas, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung, en la ciudad de México. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 22 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Fernando Isabella y Daniel Espósito. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia para viajar al exterior, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Julio Bango, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en un Coloquio Internacional sobre Movimientos Sociales y Políticas Públicas Progresistas, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung, en la ciudad de México por el período comprendido entre los días 19 y 22 de octubre de 2010. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Fernando Isabella y Daniel Espósito. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Aldo Guerrini. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

——Cuarenta y nueve en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 40. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en noventa y tres: NEGATIVA.

14.- Intermedio.
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: solicito que la Cámara pase a intermedio por diez minutos. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cuatro en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 15 y 51) ——Continúa la sesión. (Es la hora 16 y 14)

15.- Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: solicito que se reconsideren los artículos 39 y 40. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar si se reconsideran los artículos 39 y 40. (Se vota) ——Cincuenta y tres en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión nuevamente el artículo 39. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

13.- Presupuesto Nacional. 2010-2014) (Aprobación)

(Ejercicio

——Continúa la consideración del asunto en debate. En discusión el artículo 39. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota)

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En discusión nuevamente el artículo 40. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 41. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: propongo votar en bloque los artículos 42 a 45 inclusive. SEÑORA BOTTINO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA BOTTINO.- Señora Presidenta: quisiera hacer una modificación de redacción al artículo 43. En donde dice “Enseñanza Secundaria” debería decir “Educación Secundaria”, por referirse a la Ley N° 18.437. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si los miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda están de acuerdo con la modificación propuesta por la señora Diputada Bottino, podríamos votar en bloque desde el artículo 42 al 45 inclusive. SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: estamos de acuerdo, porque se trata de una pequeña corrección que tiene que ver con la Ley General de Educación. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: nosotros también estamos de acuerdo con esa modificación.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar si se procede a la votación en bloque de los artículos mencionados. (Se vota) ——Ochenta y nueve en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 42 a 45 inclusive, con la modificación propuesta por la señora Diputada Bottino en el artículo 43. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y uno en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 46, que tiene un aditivo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y nueve en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: simplemente, quisiera conocer la opinión de la Mesa sobre qué mayoría requiere este artículo, que también refiere a los gobiernos departamentales. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ese artículo necesita mayoría simple. Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº1, presentado por los señores Diputados Berois, José Carlos Cardoso, Gandini, Otegui y Abdala. (Texto del artículo aditivo:) “Lo dispuesto por el inciso primero de este artículo no será aplicable a aquellas personas que respecto de las situaciones jurídicas detalladas en el mismo, se encontraban amparadas por la normativa legal a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”. ——En discusión. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: el artículo 46 tuvo diversos tratamientos y redacciones durante el debate en Comisión; finalmente quedó el que acabamos de con-

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siderar. Este artículo intenta ser preciso en una normativa que, como decía el señor Diputado José Carlos Cardoso, rige desde el año 1953 pero ha dejado algunas excepciones vigentes o, sin tenerlas previstas, algunas situaciones que han generado la doble contratación, más allá de excepciones legales también existentes. Como decía, este artículo intenta ser más riguroso y preciso para que esta situación no se repita. Lo acompañamos por eso, como también apoyamos el último inciso propuesto en una de las últimas redacciones que se le dio, en la que se genera la excepción de periodistas o técnicos de radio y televisión que revisten en el Canal 5 o en el SODRE y aquellos que tienen funciones artísticas, haciendo la salvedad de que ya existe en este Presupuesto un tipo de contratación que se llama “contrato artístico”, a través del cual puede contratar cualquier Inciso. Nos parece que si no se aprueba el aditivo que proponemos, el artículo tal cual está redactado puede provocar situaciones complejas que generen al Estado ciertos reclamos y demandas, porque hoy hay algunos contratos vigentes -que no son aquellos a los que refería el señor Diputado José Carlos Cardoso, poniendo como ejemplo al funcionario que reviste en dos organismos al mismo tiempo- que en aquel momento estaban amparados por la normativa y ahora quedarían prohibidos por esta. Los contratos se hicieron al amparo de la normativa vigente que los habilitaba, pero quedarían anulados, en aplicación inclusive del artículo 47. Por lo tanto, la normativa superviniente afectaría una contratación realizada bajo el derecho vigente en aquel momento. Creemos que es necesaria esta norma, que establece que lo aprobado en el artículo 46 entrará en vigencia a partir de la promulgación de esta ley, siempre y cuando las situaciones estuvieran amparadas en la normativa anterior. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: a mi juicio, el aditivo que se propone es ocioso, porque el artículo 3º de este proyecto de ley de Presupuesto establece que “La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2011, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia”. Este no es el caso; por lo tanto, creo que la vigencia de este artículo debe entenderse a partir del 1º de enero de 2011. No obstante, la norma que se

proyecta incluir reafirma lo que de alguna manera surge del texto. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: quizás no fui claro. Voy a poner un ejemplo. Al final del primer inciso del artículo 46 se establece que “[…] A partir de la vigencia de la presente ley, ninguna persona podrá acumular a la vez un vínculo con el Estado y otro con una persona de derecho público no estatal […]”. Esto empieza a regir ahora; hoy hay personas que tienen ese doble vínculo. Si no queda claro que para quien contrató con anterioridad a la entrada en vigencia de este proyecto de ley se mantiene la vigencia de ese contrato, se podría interpretar que al entrar en vigencia esta norma aquel contrato cae. Eso puede generar demandas, porque el Estado dice que “[…] A partir de la vigencia de la presente ley, ninguna persona podrá acumular a la vez un vínculo con el Estado y otro con una persona de derecho público no estatal […]”. Esa persona tiene esos dos contratos, por ejemplo, desde hace un año y con vigencia para el próximo. En ese caso, esa persona perdería uno de esos contratos, y la ley estaría intercediendo en un contrato que se hizo con una normativa que lo permitía. Para que esto no se dé -conocemos situaciones concretas-, estamos proponiendo el aditivo que está a consideración. Me parece que es de buena práctica legislativa preverlo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Veintinueve en noventa y cinco: NEGATIVA. En discusión el artículo 47. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en noventa y cinco: AFIRMATIVA.

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16.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias: Del señor Representante José Andrés Arocena, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Pérez Cortelezzi. Del señor Representante Aníbal Pereyra por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 11 y 12 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señora Sandra Lazo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y siete en noventa y cinco: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva autorizar licencia por motivos personales, por el día 12 de octubre de 2010. Asimismo, solicito la convocatoria al suplente correspondiente. Saluda atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Nelson Pérez Cortelazzi. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside, me otorgue licencia los días 11 y 12 de octubre de 2010 y se convoque a mi suplente. Saludo atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del Diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado como suplente de ese Cuerpo los días 11 y 12 de octubre del presente año. Comunico a usted que por única vez no acepto la convocatoria. Sin otro particular la saludo atentamente. Raúl Servetto”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 11 y 12 de octubre de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Raúl Servetto. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, por los días 11 y 12 de octubre de 2010. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Raúl Servetto. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Sandra Lazo. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

SEÑORA BOTTINO.- Señora Presidenta: en el artículo 48 hay que hacer una modificación, ya que donde dice “enseñanza” debería figurar “educación”, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 18.437. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Al igual que la vez anterior, si hay acuerdo con la modificación, votaremos en bloque. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: ¿podría decirme hasta qué artículo votaríamos en bloque? SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Del 48 al 50, inclusive. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Vamos a pedir que se desglose el artículo 50, por lo que el bloque estaría integrado por los artículos 48 y 49. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Entonces, es más rápido y más claro si votamos artículo por artículo. Se pasa a considerar el artículo 48. En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y uno en noventa y cinco: AFIRMATIVA. Se pasa a considerar el artículo 49. En discusión.

17.- Presupuesto Nacional. 2010-2014). (Aprobación).

(Ejercicio

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa en noventa y cinco: AFIRMATIVA. Se pasa a considerar el artículo 50. En discusión. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: desde mi punto de vista, el artículo 50

——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: sugiero votar los artículos 48, 49 y 50 juntos. SEÑORA BOTTINO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada.

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-por lo menos yo lo interpreté así y así lo planteé en la Comisión- tiene una redacción que colide con el artículo 611. Lo digo porque en el artículo 50 se establece: “Queda prohibida la acumulación de remuneraciones en una misma persona sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumentos u honorarios o cualquier título o concepto, con la percepción de partidas de incentivo por retiro de la función pública”. Dice: “cualquier título o concepto”. A su vez, el artículo 611 dice: “Autorízase al Inciso 15 – Ministerio de Desarrollo Social a celebrar contratos mediante la modalidad de contrato laboral, en oportunidad en que las necesidades de trabajo extraordinarias, excepcionales o imprevistas, de duración limitada así lo requieran.- Estos contratos podrán ser acumulables con cualquier otra función o cargo público, tendrán carácter transitorio y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público”. Reitero que dice: “Estos contratos podrán ser acumulables con cualquier otra función o cargo público […]”. Creo que estos artículos son contradictorios. Los artículos 50 y 611 deberían explicarse el uno al otro. Si la Cámara opta por habilitar al MIDES a hacer este tipo de contratos -lo que parece razonable-, en un segundo inciso del artículo 50 se debería exceptuar a este Ministerio. Parece razonable que el MIDES pueda recurrir a un funcionario público por una contratación a término para realizar un trabajo, un estudio o una investigación, pero debería quedar exceptuado en el artículo 50 porque si no puede surgir una interpretación difícil de resolver. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: efectivamente, esto fue discutido en la Comisión de Hacienda. En realidad, en el artículo 50 se establece el criterio general que -creo que todos compartimos- es bien restrictivo en el sentido de que inhabilita porque dice: “Queda prohibida la acumulación de remuneraciones en una misma persona sea con este título o con el de dieta […]”, o cualquier otro nombre. Por otra parte, cuando tratemos el Inciso del MIDES veremos que se lo está exceptuando del criterio general establecido en las normas de funcionarios. Es decir que se hace una excepción a un Inciso particular con respecto a un contrato concreto.

Es por ello que entendemos que esos dos artículos no coliden, porque lo que se establece en esta iniciativa es el criterio general por el que se tienen que regir todos los Incisos, a excepción del Inciso MIDES -lo veremos cuando tratemos el artículo 611-, en el cual un contrato específico podrá acumularse, que es el contrato de derecho laboral. Por eso allí se puede aplicar -como bien me acotan- el artículo 49, que dice: “En todos los casos que la presente normativa autoriza la acumulación de vínculos con el Estado, la prestación de los servicios restrictivos no podrá superar el tope de doce horas diarias de labor o sesenta horas semanales”. Cuando analicemos el artículo 611, veremos que se autoriza al MIDES a tomar personas con un contrato de carácter laboral -no cualquier contrato: contrato laboral- que podrá acumular tal como establece el artículo 49, no superando el tope de las doce horas diarias. Esa es la idea y por eso creemos que ambos textos están bien redactados y no coliden. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: en realidad, haciendo una lectura atenta del artículo 50, vemos que no hay contradicción. Lo digo con el mayor de los respetos por el señor Diputado José Carlos Cardoso. Lo que establece el artículo 50 no es la acumulación de dos cargos, sino la acumulación con la percepción de partidas de incentivo por retiro de la función pública. Entonces, me parece que allí no habría contradicción. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50. (Se vota) ——Ochenta en noventa y cinco: AFIRMATIVA. Se pasa a considerar el artículo 51. En discusión. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: no sé si tengo una confusión, pero me parece que es discriminatorio votar esto solo para estos profesionales. El ar-

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tículo dice: “Los profesionales de la salud que desempeñen funciones de su profesión, cualquiera sea la vinculación con el Estado, podrán acumular su sueldo con el de cualquier otro originado por el desempeño de funciones de igual naturaleza en la Administración Pública, siempre que no exista coincidencia total o parcial […]”, etcétera. Quiero que me expliquen si esto se da en otras áreas profesionales o estamos votando este artículo a modo de excepción; no lo tengo claro. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: este es un artículo que ya existía en la normativa vigente, pero solo se establecía para los médicos de cabecera del interior. En realidad, este artículo extiende esta excepción a todo el personal profesional de la salud. Lo que estamos haciendo con esto es permitir, en un área bastante sensible para la población y necesaria para la gestión, que se puedan acumular remuneraciones tal como lo establece el artículo 49. Más adelante hay otros artículos que van exceptuando profesiones, como la docencia, que históricamente ha sido exceptuada. Aquí se trata de preservar la salud de la población y, entonces, permitir al Estado contar con profesionales de la salud que puedan atender estas situaciones. Estamos en ese extremo y por eso se establece solo para profesionales de la salud, extendiendo la excepción que ya existía. Uno de los problemas que teníamos era que no contábamos con médicos de cabecera en el interior y, entonces, permitíamos eso. Hoy lo hacemos con las “nurses”, con las enfermeras, vista la situación que tiene el Sistema Nacional de Salud. SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: seguramente ese sea un debate que se dará oportunamente. No quiero pensar que el oficialismo pretende solucionar algunos temas puntuales de un gran carnaval que existió en estos asuntos durante tanto tiempo. Me da la sensación de que, indudablemente, se comete una gran discriminación. Y a quien le corresponda, sabrá si esto tiene nombre y apellido, señora Presidenta. Felizmente estamos tendiendo a ordenar esta

situación, que ha sido absolutamente irregular. Es indudable que como este Parlamento debe cristalizar todos los temas a la prensa y a la opinión pública, aquí llegando al primer mojón de ese camino. Por lo tanto, señora Presidenta, celebro que el Gobierno, el oficialismo, intente alguna corrección en ese sentido porque en más de una oportunidad nos han hecho sentir vergüenza ajena, al convalidar determinada situación. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: en realidad, vamos a solicitar que se excluya el inciso segundo de este artículo porque entendemos que las contrataciones a término de practicantes, internos o residentes, son atendibles y se justifican en razón de ser esenciales en la formación de los médicos. Parece bastante irracional que no se permita acumular con otros cargos públicos cuando se trata de cargos por tres años. Reitero la solicitud -de ser posible- de excluir este inciso. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: este artículo recoge la realidad, y creo que no haríamos bien en modificarlo porque también la ley tiene que recoger la realidad. Es cierto que trata diferente a profesionales de distintas profesiones, pero cuando hablamos del personal de salud, nos referimos a los médicos, a los auxiliares, a los enfermeros y a las enfermeras. Cuando uno mira la realidad, ve que un enfermero trabaja por la mañana en el Hospital Militar y por la tarde en el Hospital Pasteur y, en el interior, es típico que trabaje en una policlínica municipal y, en otro horario, en el hospital departamental. Si modificamos esta realidad, sería difícil atender los servicios de salud con los recursos humanos capacitados que hoy tiene el país. Por lo tanto, creo que el proyecto hace bien en consagrar esta excepción que protege la salud de la población y una profesión que el país se esfuerza mucho en formar. SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra por una aclaración.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: indudablemente, estamos todos de acuerdo con la línea de pensamiento del señor Diputado Gandini. ¡Vaya si será así! Nuestras opiniones no van en menosprecio de esa función ni mucho menos en oposición de la aprobación indudable que este artículo recoge en su espíritu más amplio. Lo que nosotros hemos hecho es una precisión muy personal, y se ha guardado silencio quizás porque vendrán momentos más oportunos que esta instancia para debatir, en la que el que calla, otorga. Y quien lo tenga que entender, así lo ha entendido. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: estamos de acuerdo con lo manifestado por el señor Diputado Gandini y vamos a apoyar el artículo 51. Simplemente vamos a hacer una sugerencia: votar en bloque los artículos 51 a 55 inclusive. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- El señor Diputado Radío propuso votar el artículo 51 por incisos. Si les parece, ponemos a consideración la propuesta del señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: reglamentariamente, cualquier Diputado puede solicitar votar por incisos y así debe hacerse. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Es lo que estaba manifestando, señor Diputado. Lo que el señor Diputado Berois había propuesto era votar desde el artículo 51 al 55. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 51. (Se vota) ——Setenta y siete en noventa y tres: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo del artículo 51.

(Se vota) ——Noventa y dos en noventa y tres: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero del artículo 51. (Se vota) ——Setenta y cinco en noventa y tres: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto del artículo 51. (Se vota) ——Setenta y siete en noventa y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: mantengo la sugerencia de votar en bloque los artículos 52 a 55, inclusive. (Diálogos) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Varios señores legisladores de la bancada del Partido Colorado solicitan que se vote en bloque los artículos 52 a 54, inclusive. Se va a votar el procedimiento. (Se vota) ——Ochenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 52 a 54, inclusive. (Se vota) ——Noventa en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 55. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en noventa y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 56. Hay un sustitutivo que figura en la Hoja N° 2, presentado por los señores Diputados Berois, José Carlos Cardoso, Gandini, Otegui y Abdala. (Texto del artículo sustitutivo:) Artículo 56.- (Comisión Nacional de Concursos, Ingresos y Ascensos).- Créase, como órgano descon-

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centrado del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Concursos, Ingresos y Ascensos (CONACIA), la que tendrá competencia en materia de ingresos y ascensos en el ámbito de la Administración Central. La misma funcionará en el ámbito de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto (literal O de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República) y actuará con autonomía técnica, a cuyos efectos dictará el respectivo reglamento de funcionamiento. La CONACIA podrá comunicarse directamente con todos los órganos del Estado, con el fin de recabar información y formular recomendaciones.. Artículo .- (Integración). La CONACIA estará integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por los dos tercios del total de componentes, y durarán seis años en el ejercicio de sus funciones. Los integrantes de la Comisión se elegirán entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales, y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio y objetividad en su desempeño. Artículo .- En cada oportunidad en la que se proceda a un llamado a concurso de ingreso o ascenso en la Administración Central, la Comisión se integrará con dos delegados del ministerio u organismo para el cual se realice la convocatoria, los que serán designados por la repartición correspondiente. Los delegados indicados en el inciso anterior tendrán el carácter de asesores de la Comisión, podrán dar su parecer y brindar y acceder a toda la información, pero no tendrán poder de decisión. Artículo .- Los miembros de la Comisión podrán ser cesados en sus cargos por el mismo procedimiento previsto para su designación. Artículo .- (Ámbito de aplicación). Las disposiciones de la presente ley serán obligatorias para toda la Administración Central. El ingreso a la función pública, los ascensos en la carrera administrativa y la provisión de vacantes, sólo podrán realizarse mediante concurso de oposición y méritos, o de méritos y prueba de aptitud, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan por ley.

En cada caso, el procedimiento se basará en los principios de transparencia, igualdad y eficacia en la selección de los postulantes. Artículo .- (Definición). El concurso es un procedimiento establecido para los ingresos y ascensos de los funcionarios públicos, conformado por el conjunto de actos, instancias y hechos administrativos que tiene por objeto seleccionar a las personas que, cumpliendo determinados requisitos, sean las más idóneas para el desempeño de la función. Artículo CONACIA: .- (Competencias). Corresponde a la

A. Planificar, supervisar y ejecutar todas las actividades relativas a los concursos públicos para los ingresos y los ascensos en los diferentes organismos, en el ámbito de su competencia. B. Instrumentar y realizar la totalidad de los llamados de la Administración Central para los ingresos, los ascensos y la provisión de vacantes, confeccionando las bases correspondientes. C. Asesorar en materia de concursos a todas las personas públicas y organismos del Estado que así lo soliciten. D. Promover la uniformización de las normas y regímenes vigentes en materia de concursos, ingresos y ascensos. E. Proponer al Poder Ejecutivo la aprobación de los reglamentos relativos a su competencia. Artículo .- (Procedimiento). La convocatoria a Concurso deberá realizarse dentro de los 60 días de recibida la solicitud del organismo respectivo y la CONACIA deberá expedirse en un plazo máximo de 90 días desde la realización del mismo. En caso contrario, el concurso será declarado desierto, no adquiriendo el aspirante derecho al ingreso o al ascenso por la simple presentación. Artículo .- (Registro de datos). La CONACIA llevará un registro, que será abierto y público, donde se inscribirán los datos personales, el currículo y la especialidad de todos los participantes en los llamados a concurso de ingresos y de las personas que soliciten su inscripción. En cada oportunidad de concurso para el ingreso, serán invitados los inscriptos en el registro que reú-

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nan las condiciones solicitadas, sin perjuicio del llamado público. Artículo .- (Recursos).- Constituirán recursos de la CONACIA las asignaciones presupuestales que se fijen por ley. La Comisión tendrá la calidad de ordenador secundario de gastos y pagos. Artículo .- Los actos de la CONACIA podrán ser objeto de recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y concordantes de la Constitución de la República y la ley Nº. 15.869, de 22 de junio de 1987. Artículo .- La CONACIA, en un plazo de 90 días desde su constitución, remitirá al Poder Ejecutivo una propuesta de reglamentación de la presente ley. Dentro del mismo plazo, elaborará los proyectos de reglamento de ingreso a la función pública en cualquiera de sus modalidades, así como el reglamento general de ascensos y procedimiento para proveer vacantes, los que serán aprobados por el Poder Ejecutivo”. ——En discusión. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: vamos a votar negativamente el artículo 56. Aquí, sin duda, aparece una de las discrepancias miliares que el Partido Nacional tiene con la denominada reforma del Estado. Este artículo supuesta o pretendidamente consagra el sistema de la ventanilla única para el ingreso a la Administración Central, pero nosotros entendemos que se queda corto, que es una solución bastante timorata -podríamos decir de paños tibios-, y le falta la audacia necesaria para ir en el sentido de lo que el señor Presidente de la República -como recordó muy bien el señor Diputado Gandini en el debate del día de ayer- planteó el 2 de marzo, después de haber asumido sus actuales responsabilidades, en el sentido de que los concursos no son garantía del ingreso no discrecional de funcionarios públicos; inclusive, recuerdo que utilizó la expresión “llamamos a concurso pero después ingresan por la ventana”. Eso, sin duda, tiene que ver con la falta de racionalidad que hay en la Administración a la hora de definir los mecanismos y los procedimientos vinculados con el nombramiento de funcionarios públicos y

con el ingreso de personal al Estado. Si bien en el proyecto se prevé un mecanismo -inclusive, se le pone un nombre muy rimbombante en cuanto a que se habla de un sistema de reclutamiento que administrará la Oficina Nacional del Servicio Civil-, el hecho es que, independientemente de la obligación de los organismos de recurrir a esa bolsa -podríamos denominarla así- que la Oficina Nacional del Servicio Civil administrará, y a la cual, por lo tanto, deben apelar a la hora de colmar las necesidades de personal, en última instancia -como se dice aquí a texto expreso- a los organismos públicos, a cada repartición en particular, la ley le reserva la facultad de proceder a la provisión de las vacantes cuando las mismas ocurran. De manera que con esto no alcanzamos lo que se supone debíamos alcanzar o en lo que, en algún momento, todos creímos estar de acuerdo: que a lo que apuntaba el mecanismo de ventanilla única era, precisamente, a concentrar las decisiones vinculadas con los ingresos, por lo menos a la Administración Central, que es lo que hoy estamos en condiciones de disponer. Esto no ocurre y, desde ese punto de vista, por lo tanto, se pierde otra oportunidad para introducir criterios de racionalidad a la hora de la designación de funcionarios en el ámbito del Estado. En consecuencia, el desafío que se planteó el 2 de marzo no ha sido satisfecho. El planteo ambicioso que lanzó al país el señor Presidente de la República -y que al otro día el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y otros voceros del Gobierno decodificaron o interpretaron, en el sentido de que el mecanismo de los concursos y la ventanilla única iba a dar lugar a una propuesta importante, casi revolucionaria, por parte del Gobierno-, evidentemente, no prosperó. Digo esto porque lo que vino y lo que en última instancia se materializó fue la propuesta del artículo 56 que estamos analizando y que, reitero, me parece absolutamente insuficiente. Con toda seguridad sea inocua y probablemente no nos irrite desde el punto de vista de las soluciones que contiene pero, en todo caso, la solución se queda tan corta en cuanto a los desafíos planteados que eso nos lleva a votar en contra. El Partido Nacional presentó un sustitutivo con relación al tema que estamos analizando, con una solución ambiciosa en el buen sentido del término. Proponíamos -vamos a insistir en ello- la creación de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo para reunir todas las competencias vinculadas con el ingreso de personal a la Administración Central. Lamentable-

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mente, no hubo voluntad política en esta dirección y tampoco hubo margen para la negociación; por eso, en este momento estamos como estamos. El Gobierno ha insistido en cuanto a proponer al país esta solución que creemos es una buena oportunidad que se pierde a la hora de avanzar en lo que, sin ninguna duda, hubiese sido un incremento de la transparencia y un avance en cuanto a la modernización de la Administración. Como eso no acontece, se demuestra que aquí no hay reforma del Estado ni un cambio sustantivo en la realidad de la Administración Pública. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: vamos a votar afirmativamente este artículo por varias razones; entre ellas, porque en él se establece claramente cuál va a ser el procedimiento de ingreso a la Administración Central. Además, a través de este artículo estamos fortaleciendo y dando un rol mucho más fuerte a la Oficina Nacional del Servicio Civil que, según las normas vigentes, es la encargada de llevar adelante este tipo de procedimientos de selección y reclutamiento de los aspirantes a ingresar a la Administración Central. Por otra parte, por medio de esta norma tratamos de aclarar cuál va a ser el procedimiento para ingresar al Estado. Luego de constatada la necesidad de recursos humanos, el primer camino será comunicarse con la Oficina Nacional del Servicio Civil para saber si hay funcionarios a redistribuir que hayan quedado excedentes de otros Incisos, como producto de algunos artículos que ya hemos votado. Entonces, en el caso de que existan funcionarios excedentarios a redistribuir y que cumplan con cierto perfil -digo esto porque hay una determinación del perfil para cada uno de los cargos en los diferentes Incisos; esto se hará en consulta con la Oficina Nacional del Servicio Civil-, se llenarán las vacantes. En el caso de que no existan funcionarios a redistribuir, se procederá a llenar la vacante por medio de un llamado abierto en el marco del portal “Uruguay Concursa”, que ya está operativo en dicha Oficina. En función de esto, estamos fortaleciendo las capacidades y los cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil como organismo rector en

lo que hace al reclutamiento especializado de funcionarios para la Administración Central. De esta manera tratamos de que ingresen al Estado los funcionarios que tengan mejores condiciones. Queremos que se haga un estudio pormenorizado acerca de cuál es el perfil para cumplir con la función, por aquello tan claro de que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. En otros incisos de este artículo se establece cuál es el mecanismo por el que deben pasar las personas que aspiren a ser funcionarios públicos. Además de dar un concurso y de comprobar sus méritos e idoneidad, también tendrán un período de prueba. Comento esto porque a veces ganamos un concurso y parece que tenemos el cielo ganado, que somos funcionarios públicos inamovibles. Como en cualquier otra actividad, principalmente privada y en cualquier parte del mundo, uno debe demostrar en la práctica que puede llevar adelante la función. En mérito a todo esto, establecemos la evaluación “ex post” del concurso para que el funcionario pueda ir demostrando en la práctica que está capacitado para las funciones que debe cumplir. A partir de ese momento recién se presupuestaría a quienes ingresaran al Estado. Este es un avance importantísimo y creemos que se fortalece el rol de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Asimismo -para evitar lo que sucedía antes-, se integran todos los Incisos para que se puedan proveer todas las vacantes. Como estábamos ante un Estado con compartimentos estancos, muchas veces el jerarca no sabía si había otros funcionarios públicos para llenar las vacantes con el perfil adecuado. Reitero: estamos fortaleciendo este proceso para que la redistribución sea efectiva. Pretendemos que se busque personal especializado y, en el caso de que no exista en la plantilla de funcionarios a redistribuir, se procederá al llamado abierto para concursar por medio de criterios transparentes y claros a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Por todo lo expresado, estamos en condiciones de votar afirmativamente este artículo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 56. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 57.

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SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: este extenso artículo intenta poner orden en un tipo de contratación que nosotros entendemos relevante a varios efectos: la del becario y la del pasante. Creo que hace bien al definirlo porque establece que tiene la única finalidad de brindar un apoyo económico al becario para contribuir con sus estudios a cambio de la prestación de tareas de apoyo. También es cierto que le está dando una buena mano al becario -si es un verdadero becario- para su primera experiencia laboral y una referencia para ingresar al mercado de trabajo. Del mismo modo lo hace con el pasante, que es igual, pero para aquellos que han culminado con sus estudios, y en tareas vinculadas con la formación recibida. Esto es estrictamente por dieciocho meses como máximo y no puede ser contratado nuevamente. Además, el quinto inciso establece que, si se generara una prórroga, esta sería nula y resultaría una falta grave por parte del jerarca que la hubiera dispuesto. Esto es importante, porque hoy tenemos cantidad de situaciones en las que los becarios nos reclaman su presupuestación. También lo hacen los sindicatos de funcionarios públicos en su nombre, porque fueron contratados por un plazo pero luego el jerarca, con la argumentación de que no tiene quién los sustituya, porque trabajan muy bien y porque se gastó mucho tiempo en enseñarles a hacer lo que hacen, los vuelven a contratar, transformándolos en verdaderos funcionarios. Si el Estado necesita funcionarios nuevos, que tome funcionarios. Si toma becarios, está abriendo un programa de primera experiencia laboral que ayuda al Estado con una tarea de apoyo y también a ese joven, pero hay que tener presente que existen muchos otros a la espera de que estos terminen su beca para poder ingresar en ese lugar. Creo que es esa rotación -sobre ello habrá que aprender mucho- la que da enorme utilidad social a estos contratos. La selección también se hace de modo centralizado para que no sea cada jerarca el que tome el criterio de cómo seleccionar y realizar convenios con unas instituciones de la educación o con otras y luego que sean estas las que provean, sino que hay un solo sistema y un solo mecanismo para ingresar. Creemos que eso es saludable.

Sin embargo, vamos a pedir que la Presidencia ponga a votación este artículo, desglosando el inciso séptimo -que comienza estableciendo: “Los créditos asignados para tales contrataciones […]”-, porque, tal como hemos hecho en Comisión, vamos a votar todas las partidas para reforzar los presupuestos que tienen como destino la contratación de becarios y pasantes. Vamos a acompañar todas esas partidas, a diferencia de otras que se solicitan para otros contratos. Por esa razón, no estamos dispuestos a votar el inciso séptimo de este artículo, que establece: “Los créditos asignados para tales contrataciones no pueden aumentarse por medio de trasposiciones ni refuerzos”. Hasta ahí, está bien, pero luego expresa: “No obstante, dichos créditos podrán reasignarse a los efectos de financiar otras modalidades contractuales”. No queremos esto y mucho menos delegarlo. No deseamos que el Parlamento apruebe partidas para becarios y que se termine contratando bajo otras condiciones, como contratos temporales, adscriptos, contratos laborales u otras modalidades. Queremos que las partidas que el Parlamento asigne para contratar becarios y pasantes no se utilicen para reforzar y que se usen para eso. Por tanto, vamos a pedir el desglose del inciso séptimo del artículo 57. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 57, con excepción del inciso séptimo, cuyo desglose fue solicitado. (Se vota) ——Setenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR VIDALÍN.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señora Presidenta: he votado afirmativamente este artículo porque de esta manera se regulariza la situación de miles de becarios y pasantes que han desfilado por la Comisión de Legislación del Trabajo, manifestando su preocupación. Todos aquellos que ingresan a la función pública, en un carácter o en otro, cuando se les renueva sucesivamente el contrato van abrigando esperanzas, y son miles de estos pasantes y becarios los que cubren los agujeros que deja el Estado. Nos hubiese gustado que en este artículo se estableciera la posibilidad de realizar una calificación, tanto de becarios como de pasantes -lo manifestamos para el caso de que pueda ser recogido por el Senado-, para que quienes

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hayan tenido un rendimiento de excelencia tengan mayores probabilidades de ingresar a la función pública a través del concurso. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: es cierto que este artículo clarifica bastante y da certeza y seguridad a la Administración y a los ciudadanos que pueden optar por esta modalidad para su primera experiencia laboral, porque se establece claramente cuál será su remuneración en caso de ser becario o pasante y qué quiere decir ser becario o pasante. Me parece que hay un dato importante. Uno vota este artículo con mucha alegría, porque se reconocen derechos fundamentales; hasta ahora, los pasantes no tenían derecho, por ejemplo, al Fondo Nacional de Salud. Aquí estamos haciendo algo para que aquellos jóvenes que están realizando su primera experiencia laboral cuenten con todos los derechos. Creo que esto es algo que tenemos que saludar y reconocer, porque a todos nosotros nos resulta muy caro el derecho de los trabajadores a la salud, a la licencia y a todas las conquistas que se han ido consagrando a través de la norma a lo largo de los años y que los becarios hasta este momento no usufructuaban. Por lo tanto, esta es una noticia muy grata y la apoyamos con gran alegría. Por eso queríamos fundar nuestro voto afirmativo. SEÑOR SANDER.- Solicito que se rectifique la votación. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso séptimo del artículo 57. (Se vota) ——Cincuenta y tres en noventa: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 58. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota) ——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: creo que hay que empezar por decir que este artículo deroga el contrato caché, situación que se da en el Ministerio de Educación y Cultura y que ha servido para hacer de todo un poco. Todas las Administraciones, incluida la anterior, han tratado de controlar esta situación y no han podido. Actualmente, en la Unidad Ejecutora 001 “Dirección General” del Ministerio de Educación y Cultura, hay cientos de contratos caché que no son artísticos, periodísticos ni docentes, tal como establece su función, sino básicamente administrativos, violentando la naturaleza, el origen legal del contrato y aplicando un decreto reglamentario que, como dijo la Oficina Nacional del Servicio Civil en Comisión, es ilegal, porque fue derogado por ley; no obstante, se sigue apelando a él para contratar a quienes tienen otras funciones. Esperamos que esta nueva forma de contrato artístico se aplique, estableciendo una etapa de transición para quienes no puedan calificar para ello y estén contratados bajo el régimen de caché y que, de aquí en más, el Estado contrate a través de este mecanismo lo que quiso contratar a través del contrato caché: a un Director de orquesta, a un pintor importante, a alguien que venga del exterior a hacer docencia o a alguien que se destaque en una disciplina artística, y no lo que terminó resultando. Por tanto, saludamos la derogación del contrato caché y apoyamos la creación de este contrato artístico. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se pasa a considerar el artículo 59. Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 3, presentado por los señores Diputados Berois, José Carlos Cardoso, Gandini, Otegui y Abdala. (Texto del artículo sustitutivo:) “Artículo 59.- Se considera contrato temporal de derecho público, aquel que se celebre para la prestación de servicios de carácter personal, a efectos de

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atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus funcionarios presupuestados, por un término no superior a los tres años, y una prórroga por única vez, que no podrá superar el período de gobierno ni ser mayor a los 18 meses. El contratado cesará indefectiblemente una vez finalizado el período para el cual se le contrató, operándose la baja automática de la planilla de liquidación de haberes. Las contrataciones se realizarán mediante concurso a través del Sistema de Ventanilla Única, suscribiéndose un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. El Poder Ejecutivo reglamentará la escala máxima de retribuciones a aplicar, que no podrá superar el 70% del jerarca máximo del inciso. La modalidad contractual referida no crea derechos ni expectativas jurídicamente invocables para acceder a un cargo presupuestal. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará la presente disposición en un plazo de noventa días. Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones correspondientes, a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 59 tal como viene de Comisión. (Se vota) ——Cincuenta y uno en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: hemos dado nuestro voto negativo a esta nueva modalidad contractual que se incorpora en este proyecto de ley de Presupuesto y que creo sustituye al contrato a término que regía hasta ahora. Nosotros acompañamos el espíritu de este artículo, pero queríamos hacerle algunas modificaciones. La primera de ellas era el tiempo. Este es un

contrato que tiene un tiempo máximo de seis años: tres y tres más. No me queda claro si puede ser funcionario público. Al tenor de lo que dijo el señor Diputado Asti, puede transformarse en funcionario público. Eso fue lo que yo entendí. No me quedó muy claro de la exposición del Poder Ejecutivo. Además, queremos establecer una remuneración máxima. El inciso cuarto de este artículo dice que “El Poder Ejecutivo reglamentará la escala máxima de retribuciones a aplicar”. Nosotros le queríamos poner que no podrá superar el 70% de la del jerarca máximo del Inciso. Es bastante. Nuestra intención era incluir esto para que no sucediera como en el caso de los adscriptos, que pueden ganar igual que un Ministro. También queríamos modificar algunos otros aspectos que innovan en este proyecto de ley y que no han sido tenidos en cuenta. Entonces, apoyábamos esta contratación con las salvedades manifestadas que, al no haber sido acompañadas, nos llevan a votar negativamente la actual formulación. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: el Partido Independiente votó negativamente este artículo 59, que en su primera formulación, tal como envió el Poder Ejecutivo, parecía crear una nueva categoría de funcionarios públicos, es decir, los funcionarios del Gobierno, porque se preveía un contrato temporal por tres años renovable por dieciocho meses. Ahora se modificó y se establece una renovación que puede ser por el mismo plazo, o sea por tres años más, excediendo claramente el período. Creo que acá la contradicción está en el origen. Si se hace una contratación por tres años, muy seguramente es porque se necesita cubrir una plaza de funcionario público. En consecuencia, a lo que debiera procederse por parte del Estado es a contratar en forma presupuestada a un nuevo funcionario público. Si no es así, queda de alguna manera desvirtuado el propio sistema de ingreso a la función pública y se establece un sistema particular que, en todo caso, tampoco con la idea de reformar y profesionalizar al Estado uruguayo.

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SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: votamos afirmativamente este artículo en el entendido de que estamos haciendo una simplificación -utilizo una expresión poco jurídica-, porque la verdad es que el Estado estaba acumulando una serie de normas enredadas en cuanto a formas de contratación. Así, uno se encontraba con que había gente contratada por diferentes tipos de contratos y en los Incisos había diferencias en los contratos. Lo que aquí se está tratando de hacer es simplificar y establecer una de las tantas formas de contrato de función pública, además de la de becarios y pasantes, contrato de función pública temporal y contrato laboral. Estas serán las únicas contrataciones que se podrán hacer para ir cubriendo las necesidades eventuales que tenga el Estado a fin de que en un futuro se puedan presupuestar. Tal como se está planteando aquí, si estas tareas son necesarias, lo que hay que hacer es presupuestar funcionarios. Considero que esto es muy importante porque genera la transparencia y la claridad necesarias. Además, es fundamental que las reglas estén claras para todos -para los ciudadanos y para el Estado- en cuanto a cómo se va a funcionar. En el primer inciso se dice que el contrato será “por un término no superior a los tres años”. Esto no quiere decir que sea por tres años. Y es prorrogable “por única vez por hasta el mismo plazo”. Esto es para no dejar atadas las manos a la Administración en el caso de que necesite y no haya podido hasta el momento presupuestar o generar los cargos. Pero además dice otra cosa: “La modalidad contractual referida no crea derechos ni expectativas jurídicamente invocables para acceder a un cargo presupuestal”. Desde nuestro punto de vista, es bien claro que a quien se haga este contrato sabrá que va a ser por tres años, que podrá ser prorrogado hasta por el mismo plazo y que no podría invocar de ninguna manera razones jurídicas que impliquen su permanencia en el Estado Esto es importante, porque existe una máxima: todos los uruguayos deseamos ser funcionarios públicos. Eso es algo que está en el imaginario colectivo de

nuestra sociedad. Entonces, cuando uno se acerca de cualquier manera al Estado, luego reclama permanecer en él por ese imaginario colectivo que tenemos de la seguridad laboral que establecen las normas garantistas de nuestro Estado. Por tanto, queda bien claro que este contrato no implica la presupuestación futura y satisface la necesidad del Estado de tener contrataciones eventuales para subsanar situaciones o tareas que no hayan sido previstas. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: votamos este artículo por la referencia que hicimos en nuestro informe. Decíamos que a excepción del contrato temporal de derecho público, los contratados no se constituirán ni adquirirán el carácter de funcionario público. Asimismo, ninguna de las figuras -incluso el contrato temporal de derecho público- habilitará bajo ningún concepto ingresar a la carrera administrativa. Por eso y por todo lo expuesto por los demás compañeros es que votamos afirmativamente este artículo. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: solicito que se rectifique la votación del artículo 59. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a rectificar la votación del artículo 59. (Se vota) ——Cincuenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 60. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: quiero adelantar que el Partido Nacional va a votar negativamente el artículo 60. Si teníamos reparos como los que han sido expresados por los compañeros con relación al artículo 59, que crea el contrato temporal de derecho

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público, mucho más los tenemos con relación a esta modalidad bastante sui géneris -se la podría denominar así- que crea un contrato laboral de derecho privado con el Estado. Francamente, esta solución nos merece objeciones desde el punto de vista jurídico, porque el Estado hace referencia al sector público, no al sector privado; actúa en un régimen de derecho público, en una actividad que es reglada, donde rige el principio de la especialidad. Aquí se propone que el Estado actúe como parte en una relación laboral, pero bajo la modalidad del derecho privado, interviniendo además la Oficina Nacional del Servicio Civil a través de su sistema de reclutamiento y selección de recursos humanos. Se podrá argumentar que es la propia ley la que lo habilita, y podríamos ingresar en una discusión jurídica, pero convengamos que se sale, de una manera abrupta, de los principios generales que rigen en materia de derecho, y de derecho laboral en particular. Desde el punto de vista de la sustancia de la solución, creo que esto va por el camino de lo que se decía con relación al artículo anterior. Estamos asistiendo a la creación de nuevas modalidades que no contribuyen a dar racionalidad a la Administración Pública, sino a diversificar las alternativas de contratación y los canales de ingreso a la Administración de una manera que, sin duda, derivará en que lo que se avance en el ámbito del sector público sea la irracionalidad y, por lo tanto, nos apartemos del objetivo de la modernización de la Administración Central. Estas disposiciones prueban que no hay una reforma del Estado. Estas alternativas demuestran que, efectivamente, lo que el Gobierno está procurando a través de la inclusión de estos mecanismos es tener la posibilidad de actuar con la mayor discrecionalidad posible, creando estructuras paralelas, por fuera de las ya existentes. Si de una reforma del Estado se tratase, estaríamos asistiendo a la actualización, al ajuste y a la modernización de las estructuras que ya tenemos. Esto prueba el tenor de las soluciones que el Gobierno, bajo la ambiciosa denominación de “reforma del Estado”, propone al Parlamento. Convengamos y reconozcamos que el artículo llega mejor al plenario de lo que vino a la Comisión, cuando el Poder Ejecutivo envió su Mensaje de Presupuesto. No venía aquí el acotamiento en el tiempo, sino que se estableció en Comisión un plazo de doce meses. En la propuesta original eso no existía, y es

bueno señalarlo aquí, porque ayuda a interpretar la intención primaria que se persiguió con esta solución. Tampoco se establecía en la solución original que estas designaciones fueran por concurso. Después del largo debate que hubo en la Comisión y de escuchar los reclamos de las organizaciones sindicales del sector público y de COFE en particular, que se oponen a estas medidas -tengámoslo claro y reiterémoslo-, se optó por introducir el concurso como un mecanismo, como una condición para acceder a un contrato de estas características. Quiero ver cómo funciona en los hechos, porque pensar que se llame a concurso para realizar un contrato temporal que va a durar seis años puede ser concebible, pero que se llame a concurso para lo que se supone es una tarea de carácter prácticamente zafral, de hasta doce meses, para una tarea concreta de uno, dos o tres meses, implica estar en frecuencias diferentes. Tal vez se haya introducido este aspecto para vestir la norma porque, reitero, no estaba en la versión original del Poder Ejecutivo. Establecer el mecanismo del concurso es mejor, por supuesto que sí, pero es bueno conocer la historia fidedigna de la norma porque ayuda a entender la verdadera intención del que la propuso que, en este caso, es el Poder Ejecutivo. Además, ayuda a advertir que vamos por mal camino y que esto no es reforma del Estado ni de la Administración. Gracias. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: nosotros no acompañaremos el artículo 60 por entender que las funciones públicas no pueden regirse por el derecho laboral sino por el estatuto funcional, conforme a la Constitución de la República. Gracias. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: aquí se han dicho muchas cosas respecto de este nuevo contrato laboral. Lo primero que queremos expresar es que hay cierto acuerdo en toda la academia -creo que se extiende más allá de ella- en cuanto a que la época del fordismo y el taylorismo se terminó. Por lo tanto,

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las modalidades laborales tienden a ser mucho más polivalentes y a utilizar mucho más el conocimiento. Entonces, en épocas globalizadas, donde la gestión y la administración son contingentes, es necesario contar con mecanismos que nos permitan atender de manera rápida situaciones que no estaban previstas. En realidad, el mundo se ha transformado a una velocidad importante, y uno tiene que dar respuesta a todos los acontecimientos, tanto en la empresa privada como en el Estado. El Estado, que todos queremos fortalecer y que sea eficiente, necesita tener capacidad de respuesta a las modificaciones de los acontecimientos. De hecho, en estos últimos años, Uruguay ha vivido algunas situaciones que hacen, por ejemplo, al cambio climático, que han ocasionado inundaciones, sequías y una serie de problemas que requieren que el Estado actúe de manera mucho más rápida. Puede ocurrir que ante estas situaciones no cuente con los recursos humanos necesarios para dar atención rápida a un escenario que no estaba previsto. No todo puede estar previsto, máxime cuando los que prevén son hombres y mujeres y, por tanto, están acotados en su mirada y a su tiempo. Este contrato que, como estipula la norma, es de derecho laboral, se regirá por las normas del derecho privado, pero no es para utilizar en cualquier momento y, además, está acotado en el tiempo, ya que su plazo de vigencia no podrá ser mayor a un año. El inciso segundo del artículo 60 establece: “Dicha modalidad se documentará mediante la suscripción de un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. Sólo podrá ser utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y en ningún caso para la prestación de tareas permanentes” Estamos hablando de situaciones, como por ejemplo una inundación, que requiera la contratación de cuadrillas para atender rápidamente a la población afectada. Esa puede ser una eventualidad no prevista expresamente y puede no contarse con los recursos humanos necesarios. En este caso de necesidad expresamente justificada se puede apelar a la contratación bajo esta modalidad, que además otorga a los trabajadores contratados un montón de derechos, entre ellos el despido, que los anteriores contratos eventuales y zafrales no tenían. En caso de que se realicen estas contrataciones y el Estado decida… (Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa ruega a los señores Diputados que hagan silencio. Puede continuar el señor Diputado Sánchez. SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora Presidenta. Nos parece que esto es una innovación interesante, que va a permitir mejorar la gestión del Estado, que se atienda de mejor manera las necesidades de los ciudadanos, avanzando en la consolidación de un Estado eficiente, responsable y fortalecido, porque con el tipo de normas que estamos aprobando hoy le estamos dando sustento hacia el futuro. Para nosotros esta es una innovación que se genera en esta norma presupuestal, que acompañamos en ese entendido. Esto puede ser utilizado también para los refugios. El artículo 611 habilita al MIDES a contratar bajo esta modalidad para llevar adelante algunas actividades necesarias y puntuales, en un tiempo muy acotado, quizás de algunos días, generándose las condiciones y los derechos para que las personas puedan realizar su trabajo con las garantías del caso. Por estos motivos, proponemos aprobar este artículo de contrato laboral en los términos planteados por el informe en mayoría de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 61. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 62. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 63. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: creo que es bueno que quede constancia en la versión taquigráfica del alcance de la modificación que establece el artículo 63. Esto tiene que ver con lo que el Partido Nacional está denunciando desde el inicio de este debate en cuanto al incremento del gasto político, porque con esto lo que se hace es transformar un buen instrumento, una buena solución que se adoptó hace ya varios períodos de Gobierno, en el sentido de suprimir, por ejemplo, los cargos de Subdirector General de Secretaría de los diferentes Incisos y sustituirlos por un adscripto a la Dirección General, obviamente del propio Inciso. Así se estableció oportunamente en el bien entendido de que esa era la mejor solución para la marcha de la Administración. Lo que esta propuesta del artículo 63 establece de manera bastante soterrada -y por eso nosotros hemos querido dejar constancia en la versión taquigráfica de lo que aquí se está resolviendo- es que ese adscripto a la Dirección General pueda provenir de cualquier Ministerio. Obviamente, esto tiende, una vez más, a aumentar la discrecionalidad política. Si bien podrá sostenerse que no implica un aumento del gasto político, sí implica un incremento de las potestades y de las facultades discrecionales de los responsables de cada Inciso, en particular, de los Ministros de Estado. La lógica de la solución original era que el adscripto a la Dirección General fuera un funcionario de trayectoria, que ya prácticamente en la culminación de su carrera accediera a una posición de relevancia, es decir, la adscripción a la Dirección General para cumplir las funciones que hasta ese momento desarrollaban los Subdirectores Generales de Secretaría. Ahora podrá ir, entonces, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un funcionario del Ministerio de Turismo y Deporte; todas las combinaciones que a uno se le puedan ocurrir o que uno pueda imaginar podrán acontecer al amparo del artículo 63. Y eso está mal. Eso desnaturaliza -reiterouna solución buena, positiva, que racionalizaba y que implicaba, además, una disminución de costos -porque esa disposición en su momento eliminó cargos de confianza política-, para convertirla en esto que es simplemente un aumento, si no del gasto, por lo pronto, de las prerrogativas, de las potestades, de los poderes y de la discrecionalidad de los Ministros de Estado del Gobierno de turno para aprovechar una circunstancia, cumplir con algún favor político, acomodar a alguno que está en otro Ministerio, para colocarlo en la Cartera de turno o en la que correspon-

da. Pero eso no ayuda a la mejor marcha de la Administración. A la mejor marcha de la Administración ayuda que esta función la cumpla alguien del Ministerio respectivo, del Inciso correspondiente. Ese era el sentido original, que ahora se desvirtúa y se desnaturaliza absolutamente. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: se han hecho algunas apreciaciones que no compartimos en absoluto. Efectivamente, tal como decía el Diputado preopinante, la figura del adscripto surge a partir de la eliminación del cargo de Subdirector General de Secretaría. Este tipo de adscripto siempre fue de confianza política del Director General de Secretaría del Ministerio. Esta persona, que hasta ahora era del Inciso, se elegía en función de la confianza política que le tuviera el propio Director, quien designaba a un adscripto de su Inciso y lo ponía a trabajar a su servicio. El cargo siempre fue de confianza política. En ese sentido, este artículo no establece ningún tipo de innovación con respecto a la norma anterior. ¿Por dónde viene la innovación? ¿Qué pasa si dentro del Inciso el Director General de Secretaría no encuentra al funcionario idóneo? La norma anterior no le permitía buscar a ese funcionario en otro lugar. A través de este artículo se está habilitando, precisamente, a que ese adscripto al Director General, que es de confianza política, pueda provenir de otros Incisos. Esto responde a una mirada del Estado un poquito diferente; responde a una mirada del Estado no parcelado, de un Estado que no tiene compartimientos estancos, diferente a aquel en el que yo solo puedo ser solo funcionario de un Inciso o de una Unidad Ejecutora. Parte de una visión diferente en la que estamos trabajando, en función de futuras normas -como anunciamos anteriormente- que hacen a la carrera administrativa. Si yo soy servidor público, si soy funcionario del Estado, puedo desempeñar tareas para el Estado en general y no estoy adscripto específicamente a un Inciso y atado a él. Además, en este caso estamos hablando de cargos de confianza política, esto siempre fue así y seguirá siéndolo: el Director General de Secretaría es el que designa. Se está dando la libertad para designar, sin aumentar gastos, a

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quien más le sirve en la función y a quien más lo va a apoyar en su gestión, independientemente de dónde provenga. No olvidemos que el Director General de Secretaría es el tercer jerarca más importante de los Incisos; por lo tanto, tiene a su cargo toda la tarea del soporte administrativo y necesita contar con personal de su confianza. Lo único que autorizamos es eso, en una visión del Estado no parcelado, en el que no hay chacras estancas. Precisamente por eso, en la concepción del presupuesto, en el Mensaje del Poder Ejecutivo también se habla de una programación pensando en un Estado integrado, por lo cual se crearon áreas programáticas y condiciones para la evaluación a fin de llegar a un presupuesto en metas. Y esas áreas programáticas serán cumplidas por diversas Unidades Ejecutoras y ya no más en función de que cada uno haga solamente lo que tiene que hacer. Será necesario, pues, saber que la Unidad Ejecutora a la cual pertenezco tendrá que compartir y cumplir tareas comunes con Unidades Ejecutoras de otros Incisos, que están buscando destinar los recursos del Estado para solucionar los problemas de los ciudadanos. No se puede pensar más en el Estado “chacrista” que teníamos antes. En realidad, este artículo no genera más innovación que esa. Creemos que las modificaciones que se están planteando son muy buenas en la medida en que redundarán en una mejor gestión, en una mayor eficiencia del Estado y permitirán que las políticas a aplicar, que deben llegar a la gente en cada rincón del país, lo hagan en mejores condiciones y de la mejor manera posible. Por todo esto vamos a votar afirmativamente este artículo. No creo que esta norma responda a ningún tipo de intereses espurios. Acá está de manifiesto la voluntad política del Gobierno de transparentar, de democratizar y de llevar adelante una gestión eficiente y eficaz en el marco de un Estado del siglo XXI. Es cuanto quería decir, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 64. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: este es otro de los artículos que incluimos en la categoría de gasto político y de aparato de confianza que se crea en este Presupuesto. Esta es una novedad, realmente. Podría discutirse la bondad o no del artículo anterior y podría hablarse de los intereses espurios o no en el artículo 62, pero este artículo 64 encubre bajo una modalidad de adscriptos que no son adscriptos -¡de adscriptos que no son adscriptos!- verdaderos cargos de particular confianza política. Los adscriptos, como tales, tienen la virtud de haber sido creados por ley y, por lo tanto, sabemos qué cargos tienen adscriptos. Y el artículo 63 que acabamos de votar hace referencia a la Ley N° 16.320 de 1992, que los creó. Lo que hace el artículo anterior es modificar la procedencia. En cambio, bajo el mismo nombre, el artículo 64 crea otra cosa; parece que simplificar fuera hacer cosas distintas bajo el mismo nombre. Porque son cosas distintas. Aquí se crea con el nombre de adscriptos una categoría genérica de funcionarios cuya cantidad no está identificada, que no están ubicados en el rol que deben tener, que no tienen especialidad ninguna, que cuentan solamente con la confianza del jerarca y cuya remuneración no está establecida, cosas que conocemos cuando se nombra a un adscripto que verdaderamente lo es. Lo que hay aquí es una delegación de recursos a cada uno de los Ministros para que con ellos contrate a quien quiera. El único requisito que se le introdujo en Comisión es que esos funcionarios deberán acreditar idoneidad suficiente a juicio del jerarca. Es decir que el mismo que los nombra debe juzgar la idoneidad de quien contrata. ¿Para qué lo contrata? No sabemos. En el caso del adscripto, sabemos para qué se contrata. Aquí no lo sabemos; el Ministro lo puede contratar para que lo asesore, para que le maneje el auto, para que le abra el comité, para que esté todo el día libre, para que marque o no marque tarjeta. No sabemos. No tiene obligaciones específicas. El Presidente de la República nos prometió que en este Presupuesto iba a venir el estatuto de los cargos de particular confianza política. No solo no viene, sino que se crean categorías nuevas con facultades abiertas, sin estatuto, sin saber a quién responde, sin que el Parlamento lo puedan controlar ni saber. Digámoslo en criollo: es partida de Secretaría pa’ que el

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Ministro contrate al que quiera por lo que quiera. No pasa por la ventanilla única, no pasa por el sistema de reclutamiento, no dice qué horario cumple. Nada. El jerarca no tiene siquiera que fundamentar la necesidad de estos funcionarios. Los Ministros tendrán $ 650.000 por mes para contratar a quienes quieran, por el monto que quieran, hasta el 90% del cargo del Director General de Secretaría. De ahí para abajo, lo que quieran. Con estos cargos y otros que aparecerán después en el Inciso 02 “Presidencia de la República” estaremos destinando algo más de US$ 4:000.000 por año, US$ 16:000.000 para el aparato político de los Ministros. A ver si nos entendemos: un legislador tiene cinco pases en comisión y una partida de Secretaría por todo concepto. Un Ministro tiene el aparato del Gobierno a su servicio y puede designar de entre sus funcionarios al que quiera para chofer, para secretario, para que le abra y le cierre la puerta, para que lo asesore, para que lo acompañe o para que le haga prensa y comunicaciones; pueden ser diez, veinte o treinta funcionarios, los que quiera, mientras que sean del organismo, tendrán su salario pago. Asimismo, tiene los cargos de particular confianza política creados por ley y, en algún caso, algún adscripto verdaderamente adscripto. Y, además, se le crea una partida de $ 650.000 por mes para que contrate otras funciones. Destinamos el equivalente a lo que insumirían los dieciséis liceos que faltan construir en el quinquenio y que no están financiados por este Presupuesto -para los cuales la ANEP pide recursos- a contratar personal. Gastamos en esto lo mismo que lo que requerimos para construir el nuevo Hospital Pasteur. Esto para ponerlo en términos reales, de opciones verdaderas. Es el aparato de confianza de cada Ministro. Por ejemplo, el Ministro de Transporte y Obras Públicas -por tomar uno- va a tener $ 650.000 por mes para contratar funcionarios, más los cargos de particular confianza que tiene y los que se crean, además de dieciocho cargos innominados, que son de confianza pero no se dice, que serán los jefes departamentales de su confianza en cada uno de los departamentos en nombre del Ministerio. Parece un poco exagerado. Parece -como se dijo aquí- un síntoma más de la reforma del Estado al revés. Yo acá sí veo intereses espurios. Acá sí veo intereses que no hacen a los intereses del Estado, ni siquiera a los del Gobierno: hacen a los intereses del partido político al que la gente le dio la mayoría, sí,

pero no para estas cosas. ¡Lástima que no se dijo antes que este iba a ser el crecimiento, el engorde del Estado a partir de lo que se entiende es la reforma: una reforma política dentro del Estado! Gracias, señora Presidenta. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: la bancada del Partido Colorado, en coherencia con la actitud de votar algunos y no aprobar otros, considera que este es uno de los artículos que se contraviene totalmente con la realidad que hoy están padeciendo 700.000 uruguayos que se encuentran bajo la línea de pobreza, un 20% de la población. No nos podemos permitir votar para concentrar privilegios de esta manera en jerarcas que ya han superado la línea de la pobreza. Quiero dejar constancia de algunas cifras que demuestran el error en que incurrirán quienes voten el artículo 64 y a qué equivalen. Es algo parecido a lo que señalaba el señor Diputado Gandini, pero lo que abunda no daña. En el artículo 64 se nos pide votar un presupuesto de aproximadamente $ 76:000.000 anuales para adscriptos que colaborarían con los Ministros, lo cual representa unos US$ 3:800.000 anuales, con lo cual muy bien se podría construir cuatro escuelas de tiempo completo, o dieciséis escuelas de ese tipo en el quinquenio. Creemos que esto no es distribuir la riqueza ni buscar la equidad social. Estos artículos concentran privilegios. Por eso, seguiremos la línea de coherencia al votar aquello que realmente se destine a políticas sociales y no estos artículos que concentran privilegios en jerarcas que ya tienen muchos, según hemos visto en este Presupuesto. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: este artículo me parece sencillamente vergonzoso. En un Estado que tiene cientos de miles de funcionarios y después de haber regulado en varios artículos el ingreso a la función pública, que se permita este régimen de excepción para los Ministros es una

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suerte de patente de contratación sin ningún tipo de límites ni controles. Lamentablemente, se reeditan las viejas prácticas políticas que han llevado al Estado uruguayo a ser lo que hoy es: un Estado que, en general, tiene servicios de mala calidad. Desgraciadamente, ese es el camino que se ha elegido. Obviamente, el Partido Independiente va a votar por la forma negativa este artículo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: nosotros nos sumamos a la constancia de este exceso, que realmente no tiene ningún justificativo, que acrecienta en forma desproporcionada la burocracia y los gastos sin ningún sentido para que estén a disposición de los señores Ministros, que no necesitan recurrir a este tipo de contratación; además, queremos dejar claro que esta medida va en detrimento de los funcionarios públicos y de la carrera administrativa. SEÑOR SANDER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: hoy de mañana decíamos que no veíamos la reforma del Estado por ningún lado. Y si esta es la reforma del Estado del partido de Gobierno, lamentablemente la votamos en contra. Como decía la señora Diputada Montaner, en este período prácticamente se van a construir treinta y ocho escuelas de tiempo completo, porque las otras setenta y tres que vamos a poner en marcha provienen de la transformación de escuelas normales en escuelas de tiempo completo. Para mí eso es una barbaridad. Pero hay algo curioso en esto. Un legislador no puede reservar el cargo; cuando es legislador, tiene que renunciar a todos sus trabajos públicos para poder ejercer. Y en este caso, para estos señores adscriptos de los que hablábamos recién, se destinan $ 650.000 por mes para cada Ministro, y ellos sí pueden tener el cargo en reserva. Creo que aquí hay otra discriminación. Por esos motivos no vamos a acompañar ese artículo. Gracias. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: estamos considerando un artículo importante; quizás por eso hemos escuchado lo dicho por los Diputados de la oposición. Quiero aclarar que esto viene en la misma línea de transparentar y de solucionar problemas en la gestión. Resulta que los señores Ministros, hasta el presente, están habilitados por ley a gastar hasta el 5% de lo destinado al Rubro 0 de su Inciso. Luego vamos a entrar en el análisis de los Incisos y seguramente iremos esclareciendo cuánto significa para cada uno de los Incisos el 5% del Rubro 0, relacionado con el famoso artículo 22, que refiere a funcionarios de confianza política del señor Ministro. Esto existió hasta hoy; esto no lo inventó la izquierda. Y está bien. ¿Saben qué? Estamos de acuerdo. Un Ministro, que tiene que llevar adelante una política de Gobierno, debe estar bien asesorado, porque de su buen desempeño dependerá que le vaya bien al país, y si le va bien al país, le va a ir bien a todos los ciudadanos. Entonces, no podemos colocar áreas tan importantes sobre los hombros de los señores Ministros, en los cuales el señor Presidente delega facultades muy importantes, si no están bien asesorados. Ellos necesitan los mayores recursos para el asesoramiento en pos de la definición de políticas estratégicas de un país que necesita soluciones. Eso es lo que hace un Ministro: gestiona. No podemos pensar que gestionar áreas tan importantes como transporte y obras públicas, o energía y minería, pueda ser llevado adelante por una sola persona. Se necesita cierto asesoramiento que, evidentemente, responde a las necesidades del señor Ministro, porque es el responsable político, el que después viene y da la cara en el Parlamento si ocurren problemas en su gestión. Entonces, todo lo que contribuya a su gestión, redunda en el mejoramiento de las condiciones de vida de los uruguayos, del sistema político en particular y del Estado en concreto. Aquí estamos hablando de dar una partida que no es al barrer, que no tiene por qué gastarse toda, porque hoy no se gasta toda la partida del 5% del Rubro 0, y en el período pasado tampoco se gastó toda; se gastó lo necesario, lo que cada señor Ministro entendió que necesitaba para asesorarse. Hoy estamos en un contexto donde los salarios privados, principalmente de los técnicos, superan ampliamente los

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salarios que podemos pagar. Y si mañana el Ministro del Interior necesita, por ejemplo, asesoramiento sobre una modalidad delictiva nueva, que es la del secuestro “exprés”, pues bien, tendrá una partida para que adscriptos lo asesoren en particular, que podrá ser un especialista de un país de la región o un técnico extranjero que venga a instruirnos en las mejores prácticas para combatir ese delito. De esa manera, contaremos con el mejor asesoramiento para instrumentar políticas públicas activas a fin de resolver ese problema que estamos teniendo hoy los uruguayos. Eso es lo que se está planteando. No hay nada escondido debajo de la piedra. Es más: la discrecionalidad del Ministro es acotada, porque ahora en función de las prioridades de la Cartera, de la cantidad de Unidades Ejecutoras que tenga un Ministerio, va a contar con $ 4:000.000, $ 6:000.000 u $ 8:000.000, y antes contaba con el 5% del Rubro 0; por lo tanto estamos achicando la discrecionalidad del Ministro en la posibilidad del gasto. Creo que eso es muy bueno y hoy lo tendríamos que saludar todos. Se ha hecho referencia a otras cosas. En ese tenor, también podríamos calcular cuánto se gasta en el Parlamento nacional y cuántas escuelas se harían con ese dinero. Pero, ¿puede existir una República sin Parlamento nacional? Cuando entramos en la comparación, es bueno remitirnos a lo que dice el proyecto. Están establecidos claramente cuáles Ministerios van a tener la posibilidad de contar con estas partidas de $ 4:000.000, $ 6:000.000 y $ 8:000.000, que llegan a $ 76:000.000 para todos los adscriptos -según mis cuentas-, lo que representa el 0,04% del Presupuesto Nacional para 2011 y el 0,15% del Presupuesto de la Administración Central para el mismo año. Está claro que tenemos un montón de problemas; por eso este Presupuesto da recursos, por ejemplo, a los docentes y atiende también la situación de salarios de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, ¿qué pasaría si destináramos esas partidas, por ejemplo, a los maestros? Hoy hay veinte mil maestros, por lo que se destinarían $ 270 por mes a cada uno. Y si fueran para los 31.000 soldados, a los que también atendemos -se resuelve una inequidad en la tropa de nuestro Ejército, que fue la postergada históricamente, a la que nunca se la atendió, cuyos integrantes tienen los sueldos más sumergidos de la Administración Central y hoy este Presupuesto los contempla-, serían $ 163 pesos para cada uno. Si fueran para los 27.500 policías -por suer-

te hoy estamos generando recursos para mejorar sustancialmente la remuneración de los funcionarios del Ministerio del Interior, eliminar el famoso servicio 222 y dignificar esa tarea-, serían $ 184. Estos son los números, señores, porque acá hay que considerar los números en función del Presupuesto; si no, no se entiende. Si uno no hace comparaciones ciertas con la masa de recursos que está tratando, es muy difícil discutir estas cosas. Pero tendríamos que comprender que hoy estamos confiando en los Ministros de Estado para que lleven adelante políticas públicas en el marco de un Presupuesto importante de transformación, de cambio, que es lo que necesita nuestra gente. En la mañana de hoy hubo alguna discusión con respecto a las comparaciones, y la mejor manera de comparar es en términos constantes. Si comparamos el Presupuesto que se va a ejecutar en la Administración Central, el del año 1997 con el del año 2010 en términos constantes, a valores de pesos 2005, que es la manera de medir las cosas, nos encontramos con que hay una diferencia de $ 113.000:000.000 más para gastar. Y los Ministros tendrán sobre sus hombros la necesidad de gastar. Esto es inversión pública hacia afuera en diversas áreas, sociales, productivas, y eso implica que estén correctamente asesorados y que trabajen muy bien, porque la ciudadanía les está confiando recursos muy importantes. Por eso necesitamos un Estado más fuerte que el que teníamos antes, cuando jugábamos al achique, cuando teníamos $ 113:000:000.000 menos de ejecución presupuestal. Entonces, lo que estamos planteando acá es transparentar y que cada Ministro tenga el asesoramiento necesario para atender las situaciones que se presenten y se logre un buen desempeño de políticas públicas. No hay, para nada, ningún cangrejo debajo de la piedra. Al contrario de lo que se piensa, se restringe el gasto porque los Ministros tendrán menos para gastar. Y no tienen por qué gastarlo todo. ¡Claro! No tienen por qué creerme, pero yo le creo a mi Gobierno. De todas maneras, tendremos Rendiciones de Cuentas y en esas instancias analizaremos y discutiremos si se gastó todo, o no, cómo se contrató, cuántos recursos se invirtieron. No estoy pidiendo un cheque en blanco a los Diputados de la oposición porque esto no lo es. Estas acciones redundarán en una mejora de las políticas públicas, y cuando el Gobierno venga a rendir cuentas dirá efectivamente cuánto gastó.

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Actualmente mi Gobierno está gastando a través del artículo 22, así como lo hicieron los gobiernos anteriores. Se está gastando menos que los $ 76:000.000 aquí establecidos. (Suena el timbre indicador del tiempo) ——No tengo por qué dudar que esto sea así y creo que redundará en una mejora de la gestión pública. Y aquí no hay nada escondido. El problema es que algunos se acuerdan de viejas prácticas y por eso analizan las cosas de esa manera. SEÑOR SANDER.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: lo que manifestó el señor Diputado preopinante va en línea con lo que decíamos en horas de la mañana: $ 200.000:000.000 para el año 2011, que representan más de US$ 10.000:000.000. Nos parece que es un montón de dinero. ¡Vaya que lo es porque la cifra de $ 76:000.000 queda diluida en los $ 200.000:000.000 por año! Entonces, si había plata, no nos avisaron. A las Alcaldías, a través del artículo 743, le damos solo $ 49:000.000 por año. ¡Qué pena! Podríamos haber utilizado esta plata para que los Alcaldes cumplieran con lo establecido en la ley de descentralización. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: creo que el señor Diputado Sánchez, a medida que avanza el debate, nos va describiendo la reforma que este Gobierno está planteando. Es decir que a medida que avanzamos en la discusión sobre los funcionarios va quedando más claro, aún por boca del Gobierno, de qué se trata la reforma: todo lo que hay se queda y le modificamos el nombre. En realidad los contratos de adscriptos ya existen. Por lo tanto, partimos de la base de que está bien; le ponemos un nombre y lo llevamos al criterio de adscripto. Tengo la sensación de que la batalla ideológica no es con la oposición; el actual Gobierno perdió una

batalla y no es con la oposición, sino con COFE. Y se nota en esta discusión y se nota en esta historia. ¿Cómo es posible que el Gobierno fundamente, que un Diputado oficialista fundamente, que un Ministro, para gestionar su Secretaría y venir al Parlamento a dar la cara y hacerse responsable, necesite US$ 20.000 por mes para contratar asesores? ¿No sabe el Gobierno que algunos de los Ministerios nombrados en este artículo tienen 3.000, 4.000 o 5.000 funcionarios? ¡Tres, cuatro y cinco mil funcionarios! Y esos funcionarios, ¿qué son? ¿Carne de cañón? ¿Qué son? ¿Gente que cobra un sueldo y no es capaz de asesorar a su Ministro? ¿En las estructuras ministeriales no hay nadie? El Gobierno actual dice que necesita cargos de particular confianza para que el Ministro dé la cara. ¿Un Ministro no puede dar la cara con los funcionarios de su Cartera? Esta es la batalla que han perdido. Como no hay reforma del Estado, como no convencieron a COFE de que podían cambiar nada, como no pueden o no tienen fuerza suficiente para hacer modificaciones en la estructura funcional, “Entro a gobernar con el Partido; recluto en el Partido, gobierno con el Partido y asumo mis responsabilidades utilizando el aparato partidario”. No se sostiene otra explicación. ¿Cómo un Diputado me va a decir que un Ministro, para dar la cara, tiene que hacer contratos y tener un equipo? ¿Sabe el Diputado que los Ministros tienen posibilidad de hacer gastos confidenciales y que algunos de esos contratos especiales -como ha señalado, para el Ministerio del Interior- se pueden realizar a través de ellos? Además, ¿por qué no se utiliza entonces el criterio del asesor calificado? Si vamos hacia una gestión de Estado moderno y eficaz, hagamos nombramientos de asesores calificados con currículum. ¿Por qué no se establece la remuneración? Por ejemplo, a la señora Ministra de Desarrollo Social, que es a quien menos dinero le dan, se le otorgan US$ 18.000 por mes para contratar a como dé lugar a quien quiera por el monto que desee, sin topes, sin currículum, sin nada. ¿Para qué? Para defender a la Ministra, para poner la cara ante el Parlamento, para asegurar la gestión y el proyecto político del Gobierno. ¡Es insostenible, señora Presidenta! ¡Es insostenible que se apliquen de esta manera los cargos de asesor directo o de adscripto -como se los incorpora aquí-, sin ninguna otra definición y sin ningún otro contenido! Es el aparato partidario; perdieron la batalla con los funcionarios públicos. No están dispuestos a hacer ninguna reforma que

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implique que los funcionarios asuman nuevas responsabilidades, que respondan al gobierno de turno y a lo que corresponde a su gestión. Entonces, dejamos eso de lado, vamos por el atajo, recluto en el Partido y Gobierno con él. Y Dios dirá, después veré. Ese es el contenido de estos artículos. En otro tiempo esto hubiera sido escandaloso. En otro tiempo, analizando desde una cabeza de izquierda un gobierno que no fuera de izquierda, esto sería un escándalo; distribución de dinero de esta manera sería un escándalo. Seguro que en medio de una bonanza económica, de un Presupuesto expansivo, en medio de un aumento del gasto, estos US$ 4:000.000 por año no parecen ser mucha cosa, y si los distribuimos entre los maestros -como dijo el señor Diputado Sánchez- nos da $ 250 para cada uno. De nuevo se utiliza el mecanismo de los recursos directos: para hacer la división no utilizó porcentajes sino la plata; dividió los US$ 4:000.000 entre todos los maestros; seguro: la división da una cosa ridícula. No se puede hacer esta división. ¿Cómo va a dividir la plata de los asesores entre 30.000 maestros? No es serio. Volvamos a la discusión seria. Este es un volumen de recursos muy relevante para fortalecer el aparato político. ¿Hay un avance del Partido sobre el Gobierno? Demostrado está. Y creo que el paso de las horas va a ir confirmando plenamente, primero, que no hay reforma; segundo, que lo que había estaba bastante bien pero hay que cambiarle el nombre; tercero, que los funcionarios públicos no sirven; no lo digo directamente, pero utilizo mecanismos para eludirlos, para dejarlos de costado y para que los aparatos ministeriales no se interpongan en mi proyecto político porque en realidad son un estorbo. Basta que lo digan. Es lo que necesitamos ahora: que en el correr de este debate digan: “Los funcionarios de los Ministerios son un estorbo para mi gestión. Para que el Ministro ponga la cara en el Parlamento y para defender su gestión necesitamos plata, recursos y contratos directos”. Y estos son los contratos aquí establecidos: millones de dólares en contratación directa, sin currículum, sin presentación de nada, sin siquiera topes. Los US$ 18.000 que se destinan a la señora Ministra de Desarrollo Social -arranco siempre por la cifra más chica-, ¿cuántos contratos son? ¿Cuántos adscriptos son? ¿Todos al 85%? Podrán ser contratos de US$ 100 también; ¿por qué no? No se establece el piso; sí el tope: 85% para arriba, pero para abajo no hay. Así que puedo hacer contratos de US$ 100.

¿Esta es la reforma del Estado? Gracias, Presidenta. SEÑOR AMY.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMY.- Señora Presidenta: en el día de ayer mantuvimos el silencio que corresponde en la medida en que creíamos que los Diputados de nuestra bancada que llevaban la voz cantante respecto al Presupuesto lo hacían con seriedad, y sobre ellos no tengo juicios que emitir. He escuchado con atención todas las consideraciones, muy válidas, que han hecho los señores Diputados de las distintas colectividades. Pero si hay algo a lo que tenemos que poner límites es a la subestimación de las personas, porque es el grado supremo de la arrogancia. Subestimar a las personas en el relacionamiento humano quizás sea el mayor de los pecados que se pueda cometer, sobre todo cuando uno subestima a los otros teniendo en la mano la información necesaria para decir la verdad. Indudablemente, debo agradecer el gesto de honestidad que, en parte, ha demostrado el señor Diputado Sánchez al afirmar que, efectivamente, es necesario realizar estas inversiones para que los Ministros tengan el ámbito de asesoramiento necesario que les permita un buen desempeño. Sin embargo, es bueno recordar que hace cinco años que esta fuerza política gobierna y que muchos Ministros del Gobierno anterior comparecieron al Parlamento. En consecuencia, debo asumir que no lo hicieron bien porque no estaban lo suficientemente asesorados. También debo preguntar -y en este sentido creo tener el derecho para hacer una alerta- en qué se van a utilizar esos gastos reservados de los que a discrecionalidad van a disponer los Ministros. El señor Diputado preopinante hablaba de traer gente del exterior cuando no hubiera, pero ¿acaso en Uruguay no existe gente capacitada en cada una de las áreas como para llevar adelante un buen desempeño y un buen asesoramiento de un Secretario de Estado? Entonces, ¿dónde está el mensaje del convite del Presidente de la República de achicar el Estado y de invitar a todos los partidos, de Gobierno y de la oposición, para que seamos austeros? ¿Acaso la línea política del Presidente es distinta

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a la que defiende y lleva adelante la fuerza política representada en la Cámara? Estamos dispuestos a aceptar el convite de la austeridad, pero eso tiene que quedar demostrado en los hechos y no ser simplemente una enunciación de buena voluntad. Uno cuando es austero, lo es “in totum”, en todo. Por supuesto, hay gestos de austeridad que debemos reconocer al Presidente, pero indudablemente su fuerza política, cuando plantea el Presupuesto, lo que menos está haciendo son demostraciones de austeridad. Me pregunto con qué cara se va a decir a los otros funcionarios y participantes de un reclamo salarial cuando vilipendiamos los dineros públicos de esta manera. ¿Qué especie de Estado queremos tener? Sin duda, el achicamiento del Estado no pasa por este Mensaje presupuestal que se ha enviado. Además, debemos poner coto a la subestimación, debemos poner coto a las medias verdades; debemos decir todo a la gente tal cual es porque, de lo contrario, no estaríamos llevando de buen agrado nuestra función de control sobre el propio Estado. Creo que se está dando un avance peligroso -asemejándonos a otros Estados- de la colectividad política sobre el propio Estado. ¡Ojo con eso! Porque eso es peligroso. Durante muchos años nos criticaron, pero debemos confesar que en el poco tiempo que hace que gobiernan realmente se han destacado, y mucho, en este sentido. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: en la tarde de hoy se han dedicado a nombrar a Sánchez; por lo menos me voy a hacer famoso, gracias a los Diputados de la oposición. (Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso.- Hilaridad) ——Toda la bancada del Frente Amplio está defendiendo estas normas presupuestales. Se han dicho muchas cosas. Algunos Diputados están empeñados en escuchar otras; quizás cuando lean tranquilamente la versión taquigráfica comproba-

rán si lo que dicen que dijimos era así. De todas maneras, sería ocioso discutir al respecto en este momento. Se tomó un ejemplo de los que yo utilicé. El secuestro “exprés” es una modalidad delictiva conocida en la región, pero muy nueva en Uruguay. En la región se viene combatiendo este tipo de delito -y otros del crimen organizado- desde hace mucho tiempo y, por supuesto, en el exterior encontraremos mejores recursos humanos formados en esa área y no acá, porque no existía esa modalidad delictiva. Se irán formando nuevos cuadros, pero al principio, cuando surge esta situación, perfectamente el Ministro del Interior puede traer -siguiendo con este ejemplo- algún especialista mexicano o centroamericano, es decir de aquellos lugares donde existen estos casos desde hace muchos años. (Interrupción de varios señores Representantes.Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa exhorta a los señores Diputados a hacer silencio e invitamos a aquellos que quieran seguir hablando sin escuchar al orador que lo hagan fuera del recinto. Puede continuar el señor Diputado Sánchez. SEÑOR SÁNCHEZ.- Se escucharon algunos rebuznos por ahí, pero no sé de qué animal eran. Estamos tratando de acortar y de mitigar la discrecionalidad de los Ministros. En ese sentido, voy a citar sólo un ejemplo, ya que el otro no bastaba. El Ministerio de Turismo y Deporte, conforme al artículo 22 de la ley vigente, puede gastar $ 21:000.000 para contratar personas; esto es lo que están autorizados a gastar los Ministros actualmente. Esto no quiere decir que lo gasten todo, pero es a lo que están autorizados, de acuerdo con el artículo 22, que prevé un gasto del 5% del Rubro 0. Esto no lo dice el Diputado Sánchez, sino las tablas; simplemente se trata de sacar la cuenta y calcular el 5% del Rubro 0 de cada Ministerio y se podrá saber cuánto están autorizados a gastar. Y con esta norma no están autorizados a gastar este monto. Siguiendo con el ejemplo del Ministerio de Turismo y Deporte, por esta norma podrá gastar $ 4:000.000 cuando, reitero, hasta ahora podía gastar $ 21:000.000. Entonces, ¡por supuesto que por esta norma estamos acortando el margen de discrecionalidad de los Ministros! Se modifica una norma que siempre existió, que permite que los Ministros se asesoren. Esto es lo que hemos fundado en el transcurso de este

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debate. Ahora bien, puede que no se quiera reconocer que los Ministros estaban habilitados a gastar esta plata, pero esto fue lo que nosotros dijimos y fundamos. Con respecto a si los Ministros se pueden defender bien o mal, ya lo veremos. No voy a opinar, pero tengo plena confianza en el equipo que ha elegido el Presidente de la República para llevar adelante los destinos de este país, como lo demostró el gran equipo que eligió el mejor Presidente de la historia, el doctor Tabaré Vázquez, en el período pasado, y por eso hoy podemos exhibir los resultados que tiene la economía uruguaya en todos los planos, y todos los indicadores, ya sea sociales, como económicos y productivos. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 64. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA. SEÑOR YANES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR YANES.- Señora Presidenta: quiero hacer mi fundamento de voto refiriéndome a un caso que conozco, el del Ministerio de Turismo y Deporte. En el momento en que analicemos el Inciso podremos demostrar lo necesaria que es la estructura con que se cuenta a fin de trabajar para una de las actividades que se está convirtiendo en una de las más importantes para el país. Por esa razón, en su momento pedí una interrupción al señor Diputado José Carlos Cardoso -que no me la concedió porque no me vio-: para citar este ejemplo. Por otra parte, es importante aclarar que estoy en línea con la argumentación del compañero Sánchez, que es quien defiende el proyecto porque así lo resolvió la bancada de nuestra fuerza política. Asimismo, señalo que resolvimos no contestar ironías ni responder “mojadas de oreja” porque estamos demasiado grandecitos y muy seguros de lo que estamos haciendo. No obstante, si quienes en lugar de discutir con nivel buscan provocar, a mí, que soy de los más proclives a responder, la coordinadora de bancada me va a sacar de clase para que no haga lío. Si el compañero Sánchez está solo poniendo la cara en algunos temas es porque le pedimos esa tarea, como lo harán otros compañeros en otros casos.

En esta oportunidad procuraremos no entrar en discusiones de bajo nivel. Con respecto a las ironías que se han expresado, no queremos contar algunas cosas muy famosas que sucedieron en el pasado en mi departamento, donde hoy se dijo que habían entrado mil personas. Pero algún compañero -como el señor Diputado Olivera- me dijo que habría que hacerles acordar que algunos Directores de la Intendencia Municipal de Canelones fueron presentados por televisión y los funcionarios no sabían que existían. Muchas gracias. SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: en realidad, este artículo se discutió en nuestra bancada y con el Poder Ejecutivo. Acá he oído argumentos que refieren a la eventualidad de los gastos. Antes había mecanismos que autorizaban -como ya se dijo- a gastar más y venían escondidos en el artículo 22, que derogamos. Acá se acotó el gasto. Yo tengo una diferencia con el artículo que acabamos de votar, pero no tiene que ver con afirmaciones que hicieron quienes argumentaron en contra, provenientes de otros sectores políticos, porque no creo que haya que limitar los cargos de particular confianza. Yo habría preferido que fuéramos por la vía de los cargos de particular confianza, aunque fuera incremental, y no por la categoría de adscripción en términos genéricos, pero como creo que nuestro sistema institucional es una democracia de partidos y puede que yo no tenga la razón frente a la mayoría de mi Partido, he votado afirmativamente. De todas maneras, a la hora de decir esto no quería que pensáramos que se está incrementando -como acá se dijola disponibilidad de recursos que existía anteriormente para que los Ministros operativizaran lo que quisieran, como se habilitaba en otros artículos que estaban más escondidos que este. Era cuanto tenía para decir.

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18.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente solicitud de licencia de la señora Representante Daisy Tourné, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Núñez”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y siete en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia el día 12 de octubre del presente año, por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente respectivo. Sin más la saluda, DAISY TOURNÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo

primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Núñez. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

19.- Sesión especial.
——Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Caram y Germán Cardoso. (Se lee:) “Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión especial el día 12 de octubre a partir de las 9 horas a los efectos de tratar el proyecto de ley de Presupuesto Nacional Período 2010-2014”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

20.- Presupuesto Nacional. 2010 – 2014) (Aprobación).

(Ejercicio

Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite, señora Presidenta? En la Hoja Nº 5 de los sustitutivos y aditivos que se nos han distribuido, hay un artículo aditivo a ubicar a continuación del artículo 64. Nosotros pedimos que se discuta ahora para no volver a esta discusión al final del Inciso. Si usted lo permite, solicito la palabra para fundarlo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si el señor Diputado prefiere que lo consideremos ahora, así lo haremos; de lo contrario, lo haremos al final del Capítulo. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: prefiero no volver a la discusión de un tema que ya se dio.

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SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite, señora Presidenta? ¿Podría indicarnos el número de la Hoja donde figura el aditivo a que hace mención el señor Representante Trobo? SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Figura en la Hoja N° 5. Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 5, presentado por los señores Diputados Berois, José Carlos Cardoso, Gandini, Otegui y Abdala. (Texto del artículo aditivo:) “Artículo .- Cuando el jerarca del inciso haga uso de la facultad conferida en el artículo anterior deberá remitir a la Asamblea General comunicación con la siguiente información: a) Datos del personal contratado. b) Currículum vitae. c) Tareas que se le encomienda desempeñar. d) Acreditación de la idoneidad suficiente para las mismas. e) Retribución por todo concepto. f) Resolución fundada”. ——En discusión. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: el señor Diputado Sánchez recomendaba leer la versión taquigráfica. Creo que es una buena práctica leer la historia reciente de este debate para entender por qué presentamos este artículo. El señor Diputado Sánchez nos acaba de ilustrar el fundamento que inspira la votación del artículo 64, que es la transparencia. Es muy difícil entender la transparencia porque si hubieran querido ser transparentes habrían hecho lo que acaba de proponer el señor Diputado Bayardi. Sería mucho mejor que fueran cargos de particular confianza política. De cualquier manera, no lo habríamos votado, pero cada uno estaría incluido en la ley, tendrían la normativa y el estatuto que para ellos, por lo menos parcialmente, existe, sabríamos cuánto ganan, serían responsables políticamente; tendríamos una cantidad de aspectos regulados y eso sería transpa-

rente. Ahora no sabemos nada: ni cuál es su idoneidad, ni cuántos son, ni cuánto ganan, ni cuándo ingresan ni cuándo se van. El señor Diputado Sánchez dijo que para eso estaban las Rendiciones de Cuentas, pero si la voluntad es la transparencia, votemos esta Hoja Nº 5. Nosotros la presentamos en Comisión, el Frente Amplio no la acompañó, pero a lo mejor reflexionó y si escuchan al señor Diputado Sánchez, la tienen que votar. Él me exime en una cantidad de argumentos de fondo. ¿Qué dice este artículo? Que manden los datos a la Asamblea General para que no tengamos que hacer pedidos de informes todas las semanas: datos del personal contratado; su currículum vitae, a ver qué condiciones tiene porque si es un asesor deberá tener condiciones para ello; las tareas que se le encomiendan a ese personal de asesoramiento que se requiere, si es de menor jerarquía, si es auxiliar de servicios, si va a alcanzar la pelota a la playa, porque, según el Ministerio, a lo mejor puede hacer cualquiera de estas cosas. Que se nos diga. Que también se especifique la retribución y que exista una resolución del Ministro haciéndose responsable, porque es el único que va a calificar la idoneidad de esa persona y la va a nombrar para que lo asesore. ¡Así nos hacemos responsables! Nosotros no queremos traer acá otros temas; no venimos a preguntar sobre las responsabilidades de quién designó al Procurador en lo Contencioso Administrativo, que lo están buscando -¡ah, no: ya lo encontraron!- y que nadie nombró. Estas cosas son las que no pueden pasar. Entonces, ¿por qué en la Rendición de Cuentas, cuando ni siquiera lo dice la ley? ¡Acá! El Ministro lo necesita, tiene una ley que lo ampara, le va a pagar, dispone cuánto, lo redacta en su resolución, se hace responsable y se lo envía al Parlamento. Eso es transparencia de algo que no compartimos, pero desde el Parlamento, como partido de la oposición, cuando nuestra función es controlar, tenemos derecho a saber y no tener que esperar sesenta días a ver si nos contestan un pedido de informes. Me parece que hay argumentos suficientes para que la Hoja Nº 5 sea acompañada por la unanimidad de este Cuerpo, ya que se votó el artículo 64. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: en esta intervención del señor Diputado preopinante se hizo una alusión a un hecho desagradable vinculado con la situación del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. Simplemente quiero decir que fue designado oportunamente por el señor Presidente de la República, con el acuerdo de la Ministra de la Cartera en ese momento. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre quién propuso a ese funcionario y quién lo nombró. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Pasada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja N° 5. (Se vota) ——Treinta y nueve en ochenta y siete: NEGATIVA. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: la fundamentación del aditivo que figura en la Hoja N° 5 nos convenció de dos cosas. En primer lugar, nos convenció de prestarle mayor atención a los argumentos sustantivos. Por lo tanto, la bancada del Frente Amplio oportunamente analizará una eventual reconsideración de este tema. También se nos convenció de que, de no aprobarse -como sucedió-, no generaría daños, porque el propio Diputado preopinante estableció que la información se podía lograr a través de los pedidos de informes. Es decir que no va a haber ningún sentido de ocultamiento de lo que haga cada uno de los Ministros. En consecuencia, desde ya comprometo que la bancada del Frente Amplio va a repensar este tema. Además, estamos convencidos de que si la voluntad del Frente Amplio no se modificara, no habrá ningún daño, porque todos los legisladores pueden hacer los pedidos de informes que correspondan. SEÑOR GARINO GRUSS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: en la misma línea de lo que argumentaba el señor Diputado Sánchez en cuanto a la transparencia que se persigue con este Presupuesto, quiero agregar un matiz. En la Legislatura anterior, el 40% de los pedidos de informes no fue contestado, y algunos de los respondidos lo fueron en forma errónea y extemporánea. También vale aclarar que para seguir la línea de transparencia acá se exigía nada más y nada menos que aportar datos del personal contratado, currículum vitae, tareas que se les iba a encomendar desempeñar, acreditación de idoneidad, retribución por todo concepto y resolución fundada. Precisamente, esto va en la línea de una mayor transparencia en la gestión administrativa del Estado en cuanto a las contrataciones. El artículo 64 refiere a la idoneidad que debe tener la persona contratada, pero deja todo librado a la discrecionalidad total del jerarca. Ahora bien: ¿vamos por la línea de mayor profesionalidad a la hora del ejercicio de la Administración, o por la de la discrecionalidad, sin rendir cuentas? SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: hemos votado negativamente el artículo 64 por los argumentos que han expresado algunos colegas. Sinceramente, estoy sorprendido. Por un lado, hablamos de la cristalinidad, por otro, de la ironía y, por otro, de la grandeza o la “chiquitez”. Creo que lo que se proponía aquí era un medio efectivo para poder tener la información. Lo que dijo el señor Diputado Garino Gruss es efectivamente cierto: no se responden los pedidos de informes. En esta oportunidad, sería bueno que el oficialismo consensuara políticamente y asumiera el compromiso -por lo menos, asintiendo con la cabeza- de hacer que sus representantes políticos en las distintas áreas del Gobierno respondan los pedidos de informes. De lo contrario, nos estamos haciendo trampa al solitario: por un lado, se argumenta que se va a repensar la situación y que se van a buscar las garantías para que tengamos información, y, por otro, tenemos el ins-

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trumento constitucional del pedido de informes, pero ¿de qué nos sirve? Entren a la página web del Parlamento y verán cuántos son los pedidos de informes que no se han respondido. En lo personal, creo tener el récord histórico. Por estas razones, voté negativamente este artículo. Espero que esto merezca una reflexión mucho más generosa del Gobierno. Muchas gracias. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: no entendemos por qué no se votó este aditivo. Simplemente, quiero anunciar que me comprometo -tal vez alguien quiera acompañarme- a elevar todos los meses un pedido de informes a todos los Ministerios para que informen al Parlamento. Sería bueno que cuando estos pedidos de informes no se contesten -como generalmente sucede-, los Diputados del Gobierno nos den su voto para hacer la reiteración correspondiente y que el Parlamento esté informado. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 65. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar (Se vota) ——Ochenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 66. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: es muy poco lo que este artículo 66 modifica del artículo 313 de la Ley N° 16.736, pero es bueno destacar que va en el mismo sentido de lo que venimos diciendo. Originalmente, la designación de los cargos de Director Nacional de Hidrografía, de Director Nacional de Transporte y de Director General de Transporte por Carretera debía recaer en profesionales universitarios con notoria solvencia y conocimiento en la materia. En este artículo se elimina el requisito de que

sean profesionales universitarios. A lo mejor, alguien que va a ser designado no cumple con esta condición. En aras de la transparencia, sería bueno saber en quién están pensando, porque esto tiene nombre y apellido. No hay ninguna razón para que estos cargos tengan menos calificación de la que actualmente tienen. Se trata de un requisito que se venía cumpliendo y que ahora se retira. Es decir, que otra vez vamos por el camino de desprofesionalizar, de politizar y de tener como único requisito el de la confianza política. Entonces, en aras de la transparencia, si hay algún dato más para aportar, nos gustaría conocerlo antes de votar. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y siete: AFIRMATIVA. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: la bancada del Partido Colorado ha votado negativamente el artículo 66 porque entiende que al quitarse el requisito de que sean profesionales universitarios esto se vuelve más discrecional y menos exigente. Tal vez, por ahí haya algún Martín Pescador esperando a ser convocado a partir de la aprobación de este artículo. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: hemos votado este artículo en función de lo que ha preparado la Oficina Nacional del Servicio Civil. Está incluido en esta Sección y no en el Inciso correspondiente al Ministerio y Transporte y Obras Públicas porque no fue una propuesta de esa Cartera. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, la Mesa propone votar en bloque los artículos 67 a 69 inclusive. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: no hay ningún problema.

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SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: estamos de acuerdo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar si se procede a la votación en bloque de los artículos mencionados. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 67 a 69 inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 70. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: el Partido Nacional votará negativamente esta disposición. Podemos llegar a entender -por lo menos, en lo personal, dejo constancia de que puedo llegar a compartir- la necesidad o la conveniencia de plantear la equiparación salarial que aquí se menciona con relación a los Ministros de Estado. Hasta ahí podríamos llegar. Ahora bien, no estamos de acuerdo con tomar eso como punto de partida y después avanzar en el camino de la definición de una escala salarial para los cargos de confianza de manera indiscriminada, como aquí se establece. En este caso, se habla específicamente de los Ministros de Estado en primer término y, con posterioridad, de determinados cargos políticos y de particular confianza que están equiparados a los Ministros de Estado. Pero después aparecen consagraciones de carácter genérico, como por ejemplo las relativas a los Directores de las Unidades Ejecutoras, que son decenas, y muchos de esos cargos se crean en este Presupuesto. Además, a partir de la aprobación de esta ley serán todos cargos políticos y de particular confianza; no serán más cargos de carrera administrativa. Desde ese punto de vista, francamente, nos parece que hay un exceso que no compartimos, sobre todo en el contexto de la política salarial para el sector público definida en esta ley de Presupuesto, y claramente advertimos que ahí hay un contrasentido. Este proyecto de ley no consagra incrementos salariales

de carácter general para los funcionarios públicos, salvo cuando a texto expreso se estipula -y así se ha referido en la exposición de motivos- que se dedican determinados rubros presupuestales a atender inequidades salariales específicas o algunos bolsones de la Administración Pública y de la Administración Central en particular donde hay diferencias irritantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso público y notorio de los funcionarios policiales. Pero aumento de carácter general para los funcionarios no hay, salvo para los cargos políticos y de particular confianza que aquí se indican, que no son pocos, que no están contados con los dedos de una mano, sino que representan una nómina importante que me atrevo a decir que es prácticamente indiscriminada, porque tampoco hay aquí una enumeración taxativa, sino afirmaciones que van de lo específico a lo genérico, concretamente con la mención a la que hacía referencia de Directores de Unidades Ejecutoras, que se puede estimar, y de hecho se hizo, y se habla de una lista larga, de bastante más de cien casos de funcionarios políticos. Por otra parte, nos preocupa enormemente otra discriminación que está implícita en esta solución y que es grave desde el punto de vista de la democracia y del Estado de derecho: la situación de los Magistrados. A este respecto, creo que el Gobierno se está comprando un problema, porque con relación a los Magistrados hay una norma expresa, la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, de 1985. En el artículo 85 de esa Ley, la Nº 15.750, se establece claramente que las remuneraciones de los Jueces no podrán ser inferiores a las de los Ministros de Estado. A nuestro juicio, ello está vigente y, por lo tanto, desde ese punto de vista, esta solución debería abarcarlos. Sin embargo, cuando sobre esto fueron consultados el Secretario de la Presidencia y autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil -hay una respuesta explícita de la Directora de Asuntos Jurídicos de ese organismo-, en la Comisión se nos dijo que no, que esa situación, entre otras, quedaba desenganchada -para decirlo mal y pronto- y, en todo caso, correrían con la suerte de los del inciso segundo que aquí se establece y que su salario se determinaría en una línea de base correspondiente al valor del 1º de enero de 2010. Entonces, cualquiera de las dos alternativas que se confirme será negativa. Si los Jueces -que, a nuestro juicio, van a tener poderosos argumentos jurídicos a su favor- terminan reivindicando sus derechos y es-

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to genera una dificultad, un contradictorio entre dos Poderes del Estado, es muy malo. Se equivoca el Poder Ejecutivo al dar por tácitamente derogada una norma explícita, que, a nuestro criterio, tiene vigencia, que es la que aprobó en 1985 con un fundamento muy especial, que es y sigue siendo la dignificación de la labor judicial, dignificar la tarea de los Magistrados, asegurar por esta vía la separación de Poderes y la profesionalización de la Justicia. ¡Claro que sí! Si fuéramos por la otra vía, de que la interpretación del Poder Ejecutivo es la correcta y efectivamente operó esa derogación tácita, creo que la consecuencia es tan mala como la otra por la misma razón: porque, entre otras cosas, de este modo estaríamos determinando que los Jueces van a tener que iniciar nuevamente el peregrinaje, en cada instancia presupuestal y de Rendición de Cuentas, e ir poco menos que a arrodillarse ante el Parlamento -lo que en este caso equivale a decir ante una mayoría regimentada que es la que determina el curso de la Administración y de las asignaciones presupuestales- para venir a reclamar por un aumento de sueldo. Y eso es muy malo. Eso, el país y la democracia ya lo habían laudado en el momento de la renacimiento democrático, en el año 1985. Por lo tanto, advertimos en esta instancia el grave riesgo que se corre y que puede traer consecuencias negativas desde el punto de vista institucional, de la vigencia del Estado de derecho y de lo que todos permanentemente hacemos caudal, en el sentido de que necesitamos una Justicia auténticamente independiente y que eso implica, en la medida de lo posible, dotarla de autonomía presupuestal, aunque más no sea por la vía de estos mecanismos o instrumentos. En vista de esto, si se aprobara la disposición que el Poder Ejecutivo promueve, estaríamos desmintiendo con los hechos lo que tantas veces proclamamos, que en definitiva terminaría siendo un discurso sin contenido. Por todo esto, vamos a votar negativamente el artículo 70 que la Cámara está considerando. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: nosotros también votaremos negativamente este artículo que establece incrementos salariales para la cúpula de Gobierno, que se desengancha del resto de los funcionarios públicos.

A la sólida argumentación del señor Diputado Abdala en cuanto al claro perjuicio del que serán objeto los señores Jueces, miembros del Poder Judicial, agregaría el perjuicio a los señores Fiscales, que también estaban equiparados salarialmente en los mismos términos y que por este artículo se verán en una situación de discriminación. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: realmente, al ver un artículo como este, debo confesar que no votarlo me obligaría a entrar en un circuito de violencia muy importante, porque yo sí cobro como Senador, al igual que todos los legisladores que están acá. Todos los partidos que estamos aquí hemos tenido experiencia de Gobierno y no creo que alguien se atreva a decir que en cuanto a responsabilidad, cantidad de trabajo y necesidad de horas y horas, un Ministro de Estado no merece el mismo sueldo que nosotros. ¿No merecen lo mismo el Secretario de la Presidencia o el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? ¿No merece ganar por lo menos el 85% un Subsecretario de Estado? Y así puedo seguir. ¡Vaya si tiene trabajo un Director General de Secretaría! Lo sabemos sobre todo nosotros, que en estos días hemos observado el trabajo que han debido hacer para este Presupuesto. También podemos mencionar a los Directores de Unidades Ejecutoras. Por lo tanto, francamente, el no votar este artículo me obligaría, en lo personal, a entrar en un circuito de violencia. Con respecto al tema de los Magistrados, quiero hacer alguna aclaración, porque me parece que esta discusión no debe alargarse mucho. Pero ¡colegas! En el Presupuesto anterior les dimos un 33%. ¿Cuánto cobra hoy un Ministro de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuánto cobra? Realmente, tuvimos problemas, y cuando entremos al tema del Poder Judicial seguramente lo vamos a discutir. El problema del Poder Judicial radica en los sueldos de los funcionarios. ¡Ellos sí que tienen un problema!, y a eso debemos procurar darle solución. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Peña Fernández)

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——Con humildad, honestamente -y creo que hablo en nombre de todos los Diputados y todas las Diputadas de mi bancada-, diría que no votar este artículo representaría entrar en un circuito de violencia, porque nosotros sí valoramos -cómo no hacerlo- el trabajo de los Ministros, de los Subsecretarios, de los Directores de Unidades Ejecutoras, de los Directores Generales, del Secretario de la Presidencia y del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Quería decirlo porque es una cuestión de justicia. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: sin duda, este es un asunto delicado. A mí no me violenta -como decía el señor Diputado preopinante- analizar este tema, principalmente, porque el Parlamento no vota sueldos de los legisladores desde el año 1985. Aquí, en un momento se fijó un salario para los legisladores y nunca más se reconsideró. De manera que no me siento para nada violentado de que se establezca un criterio que compare, en este caso, los sueldos de los Ministros con los de los legisladores. Tampoco me parece exorbitante señalar que un Ministro pueda cobrar un salario similar al de un legislador, más allá de que, si entramos en la minucia de los detalles, advertiremos que son cosas muy distintas y que no solamente el trabajo se paga con el salario, sino también con toda la estructura que rodea a un cargo y al otro; no son comparables. Los legisladores tenemos cinco funcionarios, una partida de secretaría, una partida de prensa y punto. Los Ministros tienen todo lo que tienen más lo que se está votando en este Presupuesto. ¡Y vaya si se están votando cosas! Hace minutos discutimos el entorno que rodea a la función de un Ministro. Son cosas bastante distintas. Sin duda, no vamos a entrar en el detalle de lo que cobra un Ministro o de lo que cobra un legislador porque, quizá, esa discusión sí pueda ser irritante. El asunto es que acá hay dos debates: uno en el papel y otro en la televisión. Y eso es lo que el Gobierno y su bancada deben asumir como una cuestión inabordable para nosotros. Desde hace cinco años hemos tenido que explicar ante la opinión pública có-

mo hay gobernantes que devuelven la plata que cobran y cómo hay otros que no la devolvemos. Seguro, cuando eso pasó a nivel parlamentario, fue fácil de explicar, porque pasé por la Contaduría del Palacio Legislativo y pregunté cuántos Diputados devolvían plata y me dijeron que ninguno. El número era cero; por la Contaduría todo el mundo cobra toda la plata. Resulta que ese sueldo ficticio, generado ante la opinión pública, era un mecanismo interno de los partidos -en particular, de uno de los sectores políticos del Gobierno- por el cual al Diputado se le asignaba un salario en su grupo político y el resto se destinaba a la caja del partido, del sector. Pero ante la opinión pública, tuvimos que explicar el tema, porque la gente entendía que los Diputados -especialmente los del MPPdevolvían plata. ¡No devolvían nada! ¡Qué van a devolver! Cobran todo igual que yo. ¿Qué hacen con la plata? Cada uno hace lo que quiere. Unos se la dan al partido; otros se lo dan a la mujer; cada uno hace lo que quiere con su plata. (Hilaridad) ——Pero ahora, ¿qué es lo que acontece y complica la discusión de esto? Que hace pocas horas el Presidente de la República -el otro día se lo decía al señor Diputado preopinante en un programa de televisión- nos anuncia -quizá, el personaje, no el Presidente- que los Ministros tendrían que ganar un 15% menos y que va a promover una rebaja de los sueldos de los Ministros. Pero ahora estamos considerando un artículo que aumenta los sueldos de los Ministros. Entonces, hay que parar con este juego de “te dejo pegado” frente a la opinión pública y en el Parlamento aumento los sueldos. Hay que ver con quién funcionamos, si con el Presidente o con el personaje. El Presidente de la República no puede decir ante la opinión pública que cree que hay que rebajar los sueldos de los Ministros y presentar un proyecto -acá está el artículo 70- que aumenta el sueldo de los Ministros. ¡Es insoportable esa discusión! ¡No se puede hacer esas cosas! Dijo que los Secretarios de Estado tienen que ganar igual que los Ministros de la región. Es probable que tenga razón pero, además, paralelamente se nos dice que los Ministros del Presidente devuelven la plata al partido. Entonces, este artículo 70, ¿qué es? ¿Es financiamiento partidario? Los Ministros no van a ganar como los de la región. Hay una concepción del Presidente de la República de que el gobernante debe ganar poco y yo a él le creo; pienso

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que él es genuinamente así. Él ha dado muestras de que no es un consumista y de que no le interesa ganar mucho dinero; me consta que es así. No es la primera vez que en el país hay gobernantes como este. Ha habido gobernantes muy austeros en el manejo de sus recursos. Pero hay que ponerse de acuerdo: ¿quiere rebajar o quiere aumentar? ¿Los señores Diputados creen que yo voy a votar un aumento de sueldo para los Ministros mientras el Presidente dice a la opinión pública que los quiere rebajar, quedando como un duque? Y la opinión pública lo aplaude porque, obviamente, lo que quieren es que no ganemos nada. La opinión pública quiere que cada vez ganemos menos. El Presidente, muy campante, dice: “Los Ministros tienen que ganar poco; tienen que ganar menos; tienen que rebajarse un 15%”. Sin embargo, cuarenta y ocho horas después discutimos el artículo 70 que dice que se va a aumentar el sueldo a los Ministros hasta igualarlos al de Senador, al de Secretario de Presidencia, etcétera. ¿Y en la tele? No, en la tele dice que hay que rebajarlos. ¿Y la gente qué cree? Que rebajó los sueldos, ¡que es un genio el Presidente! La gente cree que rebajó el sueldo de los Ministros, que está haciendo un esfuerzo en favor del Erario. Y lo que dijo el otro día en la Embajada Alemana fue: “No estamos para llevarnos la plata del pueblo para la casa”. ¡Miren qué frase! Nosotros convivimos aquí, con la opinión pública y dependemos de ella. Andá a bancarte tú una frase como esa: “¡No hay que llevarse la plata del pueblo para la casa!”. Sin embargo, le aumenta el sueldo a todo el mundo a través del artículo que estamos considerando. ¡Ese doble discurso no va más! ¡Es insoportable y se comienza a desnudar! (Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada) ——El personaje “Pepe” y el Presidente de la República en algún momento tienen que dejar de convivir. No es soportable decir una cosa en la tele y poner otra en el papel; y esta discusión tiene que desnudar esa situación. Con todo cariño digo al señor Diputado preopinante: no me banco que me digan en la prensa que hay que bajar el sueldo de los políticos y que me traigan un proyecto para aumentar el sueldo; no me lo banco y no lo voy a votar. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: soy de los que creen que en la vida uno debe hacer lo que le parece que está bien, independientemente de la opinión de los demás. En el año 2007 o 2008 -no lo recuerdo bien-, en ocasión de una modificación presupuestal, el Poder Ejecutivo anterior promovió un incremento salarial para los Ministros. Lo dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora: los salarios que están fijados en general para el Poder Ejecutivo, para sus Ministerios, son absolutamente injustos. Uno de los graves problemas que tiene la gestión pública uruguaya es que muchas veces no consigue recursos humanos de calidad porque, entre otras cosas, remunera mal. Existe un contrasentido porque hoy, claramente, en muchas áreas, los funcionarios del sector público ganan más que en el sector privado -esto no creo que sea bueno-; tampoco me parece bien que quienes tienen responsabilidades de gerenciar los distintos Ministerios, ganen notoriamente menos que cualquier persona que tiene responsabilidades gerenciales en el ámbito privado. Por lo tanto, el Partido Independiente va a acompañar el artículo 70, convencido de que esos mismos criterios deben regir en otras áreas de la Administración Pública; particularmente, también debería ser la única remuneración por todo concepto que recibieran los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia. A su vez, esta norma debería comprender -y no descolgar o desenganchar, como en la actualidad-, algunas otras áreas del Estado que también tienen remuneraciones que, sin duda, no condicen con las que se pagan en el sector privado. Creo que estas cosas hay que hacerlas con convencimiento. Nosotros vamos a aprobar esta norma, independientemente de ese juego de palabras que por cierto ha hecho el Presidente de la República, y que es reprobable, porque termina siendo una actitud demagógica que desacredita a quienes, en definitiva, somos responsables de ejercer una función pública. Esto es lo que queríamos señalar y, en consecuencia, la conducta que vamos a adoptar ambos Diputados del Partido Independiente es votar afirmativamente el artículo 70.

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SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: voy en la misma línea del Diputado José Carlos Cardoso; pero voy hoy en esa línea. Los colegas de la Comisión lo saben, y no hay por qué ocultar que votamos distinto en la Comisión. El señor Diputado José Carlos Cardoso no votó este artículo pero yo lo voté, pues tenemos percepciones distintas sobre un tema que no es de principios. A mí me parece bien que un Ministro gane igual que un Senador y me resulta lógico que un Subsecretario gane un poco menos. No estoy tan seguro de si algunos Directores de Unidades Ejecutoras tienen que ganar más que otros; eso es más discutible, pero me parece bien que un Ministro gane igual que un Senador. Este artículo, según la Oficina Nacional del Servicio Civil -acá tengo los datos- engancha a ciento nueve funcionarios: algunos cargos políticos, como Ministros y Subsecretarios, y otros cargos de confianza; a los demás los deja desenganchados. Lo voté con alguna duda, pero el día que estábamos escribiendo el informe escuché al Presidente de la República y, como dice el señor Diputado José Carlos Cardoso, ¡así no! El Presidente de la República, quien firma este proyecto de ley, quien lo envía, quien tuvo la iniciativa, quien es el responsable del proyecto, el 9 de setiembre de 2010 expresó -y la prensa lo recogió-: “[…] el gobierno tiene la necesidad de contar con los mejores hombres en esos puestos.- […] el nivel de remuneración actual hace que trabajen a tiempo parcial” -y habla de los Ministros- “o terminen migrando hacia la actividad privada.[…] ‘es muchísimo más lo que se gana aumentando el sueldo de los Ministros que afrontar una pérdida de capital humano’ […]”. Si esto es así y el Presidente pide apoyo, a mí no me tiembla la mano para votar un aumento de sueldo a los Ministros; no tengo problema aunque sean Ministros del Frente Amplio; me parece lógico. El Presidente de la República me hace el discurso diciendo que estamos todos locos -como dice él- y que este lunes, en el Consejo de Ministros, va a proponer bajar un 15% -ya no aumentar sino bajar un 15%- el sueldo que ganan hoy porque es mucho; sin embargo, el 9 de setiembre dijo que ganaban poco y se le iban para la actividad privada; pues, que se ponga de acuerdo consigo mismo. A mí con eso de que “como te digo una cosa te digo la otra”, y da lo mismo, no me va,

porque hay que ser serio. En el acto que diga lo que quiera; como Presidente de la República debe ser serio. Voy a hacer un seguimiento de lo que dijo el señor Presidente -voy a ver qué pasa hoy lunes en el Consejo de Ministros; quizá, ya pasó; como estoy acá adentro no sé- a fin de saber si propone la rebaja; pero de esta forma no lo voto. No puedo votar una norma con la que el Poder Ejecutivo no sabe si está de acuerdo y que, encima, establece un aumento. No lo vamos a acompañar de esta manera. Quedará para el Senado; que la defienda el Poder Ejecutivo con convicción, y que nos confiese si es para el Ministro o para el Partido; ese también es un tema. Así que, en estas condiciones, no vamos a acompañar este artículo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 70. (Se vota) ——Cincuenta y dos en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: simplemente para dejar constancia de que no todos los Ministros ganan menos que los legisladores. Varios señores Ministros y ex Ministros -recordémoslo- mantienen el sueldo de legislador, como el ex Ministro Astori y otros. Recordemos que esto también sucede. Mirar artículo por artículo lo que hemos estado votando hasta el momento, me hace pensar que no estamos en el Parlamento Nacional sino que nos mudamos a Canelones, a mi departamento, y parece que el principal asesor de este Presupuesto Nacional fuera Marcos Carámbula. Tuvimos ciento setenta cargos de confianza en la anterior Administración; tenemos pases en comisión de la Intendencia Municipal de Rivera -como, por ejemplo, los casos del señor Sergio Correa y de la señora Silvia Bottino; lo digo por si algún compañero quiere tomar nota- trabajando en el Club Juventud de Las Piedras; tenemos a quienes se postularon a alcaldes y no salieron electos en sus respectivos pueblos -que eran Secretarios de Junta- contratados en la Intendencia Municipal de Canelones con un sueldo que es el doble o el triple del que tenían… (Interrupción del señor Representante Yanes.Respuesta del orador)

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado Peña Fernández: le solicito que en lo posible, para su fundamentación de voto, se dirija a la Mesa. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Discúlpeme, señora Presidenta. Simplemente, queremos hacer notar que el asesoramiento ha llevado adelante lo que venimos viendo artículo tras artículo: la politización absoluta en cargos y más cargos y más sueldos, y parece que la principal preocupación del Gobierno es aumentar cargos, aumentar sueldos y dar a su aparato político el sustento necesario para seguir caminando. Por lo tanto, no hemos votado este artículo y seguiremos procediendo de tal como en cuanto ello signifique el avance de la politización del sistema de gobierno. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: no votamos este artículo, y tenemos la esperanza de que la situación se aclare en el debate presupuestal del Senado. En nuestra fundamentación queremos agregar que si este artículo se transforma en ley, vamos a proponer -y esperamos que la Cámara acompañe- la derogación de la norma que establece que aquellos legisladores que resulten designados Ministros puedan optar entre el sueldo del Parlamento y el del Ministerio. Si los salarios se equiparan, no tendrán opción. A nuestro juicio, parece de sentido común que no sean el Parlamento y su Presupuesto que paguen el salario a un legislador que reserva su cargo y pasa a ser Ministro y gana lo mismo. Esa norma tendrá que desaparecer y el legislador que pase a ser Ministro, deberá cobrar como tal donde le corresponda. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 71. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 72. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota) ——Ochenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 73. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: cuando en este artículo se hace referencia al Acto Institucional Nº 9, debería decir “del llamado Acto Institucional Nº 9”. Lo mismo debe aplicarse al inciso segundo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si los miembros de la Comisión están de acuerdo con la propuesta, tomamos la modificación verbal hecha por el señor Diputado Posada. (Apoyados) ——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con la nueva redacción propuesta por el señor Diputado Posada. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y tres: AFIRMATIVA. La Mesa pregunta a los miembros de la Comisión si se pueden votar en bloque los artículos 74 a 76, inclusive. SEÑOR GANDINI.- No estamos de acuerdo, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- En discusión el artículo 74. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y ocho en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 75. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y dos en noventa y tres: AFIRMATIVA. SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PARDIÑAS.- Señora Presidenta: vamos a fundar el voto en nombre de nuestro sector y de

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nuestra bancada. Hemos votado afirmativamente el artículo precedente porque tiene que ver con todas las resoluciones de la Sección II. A través de este artículo, se crea la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de Funcionarios del Estado y esto también tiene que ver con las cuestiones que precedentemente se han votado, porque aspiramos a que el Estado funcione mejor y para ello debe contar con trabajadores calificados, lo que siempre ha sido un aspecto a mejorar. Queremos dejar constancia de que creemos que este no es el final del proyecto de reforma del Estado sino tal vez el inicio y, como tal, tenemos muchos matices que deben existir no solo en nuestra bancada sino en el conjunto de la sociedad. De todos modos, queremos remarcar que hemos comenzado a transitar un camino que, sin lugar a dudas, debe llegar a estructurar las leyes que permitan que el Estado se reformule, profundice su democracia y tenga mayor relación con esta sociedad. Es por ello que en nuestro proyecto, la descentralización y la generación de esas capacidades tienen que estar presentes a lo largo y ancho de la plantilla funcional del Estado. Sin dudas, para nuestra fuerza de izquierda, es muy caro el relacionamiento con la sociedad, principalmente con el movimiento sindical. De todas maneras, no haber hecho énfasis hoy en algunos aspectos no quiere decir que estemos de espaldas a los reclamos sindicales que se hacen desde el sector público. Creemos que las formas que tiene el Estado para contratar deben ser mejoradas y deben reafirmar algo que ha sido un derecho fundamental para el trabajador: generar derechos a partir de la existencia de un vínculo permanente de trabajo. Considero que el movimiento sindical es inteligente y que sabe distinguir quiénes históricamente han estado defendiendo sus derechos y se han preocupado para que existiera una ley de negociación colectiva. A pesar de las diferencias y de los matices, deben recordar que las fuerzas progresistas, las de izquierda y las del cambio hoy son las que han llevado adelante esta Sección II. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR DÁVILA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÁVILA.- Señora Presidenta: al igual que lo que sucedió con el artículo 4º, ahora que terminamos de votar la Sección II, queremos dejar constancia de que la hemos acompañado porque la bancada de nuestra fuerza política nos mandató para votar todo su articulado. Tenemos visiones encontradas en algunos puntos porque pensamos que esto debió haber sido el resultado de una negociación colectiva con los trabajadores. Como hablamos de una reforma del Estado, consideramos que esto debió haberse resuelto en otro ámbito. Por otra parte, nos preocupa el tema relativo a los contratos de servicios personales bajo la modalidad del contrato laboral, algo que se regulará por las normas de derecho privado. Quiere decir que estamos incorporando los derechos privados en la órbita del Estado. Reitero que hemos votado por un mandato de la bancada de nuestra fuerza política. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 4, presentado por el señor Diputado Ibarra. (Texto del artículo aditivo:) “Derógase el artículo 12 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008”. ——En discusión. SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: el artículo que se presenta responde a una omisión que se constató una vez que se compaginó todo el articulado, después de que el proyecto resultara aprobado en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Tanto es así que este artículo de derogación de la Sección II, “Funcionarios”, tuvo una votación de trece en dieciséis. Por lo tanto, corregimos esa omisión y proponemos este artículo aditivo para que se incluya en la Sección II, “Funcionarios”. En definitiva, este aditivo corresponde a la derogación del artículo 12 de la Ley Nº 18.362, por el que

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se faculta al Poder Ejecutivo a celebrar contratos de función pública. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 6, presentado por los señores Diputados Gandini, Abdala, Berois, Otegui y José Carlos Cardoso. (Texto del artículo aditivo:) “Artículo .- Autorízase al Poder Ejecutivo, a propuesta de los Incisos de la Administración Central y a los órganos y organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, a celebrar contratos de función pública con aquellas personas que, a la fecha de promulgación de la presente ley, se encuentren desempeñando tareas propias de un funcionario público, con carácter permanente, en régimen de dependencia, y cuyo vínculo inicial con el Estado se hubiera desvirtuado en algunos de sus elementos esenciales, como el plazo de contratación y la función, siempre que el mismo se hubiera iniciado después del 1º de enero de 2006. De conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, se instalará, en cada Inciso, una Comisión Paritaria que tendrá el cometido de dictaminar respecto de las personas alcanzadas por la presente norma. Las Comisiones Paritarias podrán aconsejar la contratación de quienes, reuniendo las características a que refiere el inciso primero del presente artículo, hubieran ingresado con posterioridad al 1º de enero de 2006, siempre que exista resolución fundada del jerarca del Inciso sobre las necesidades de recursos humanos, y que el ingreso se realice mediante los mecanismos de selección establecidos, o que se establezcan. A efectos de proceder a las contrataciones que prevé el presente artículo, no regirá la disposición contenida en el literal L) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 36 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a trasponer al grupo 0 “Servicios Personales”, los créditos presupuestales correspondientes a los grupos de gastos que resulten desafectados por las dis-

posiciones de este artículo, a efectos de financiar las contrataciones que se autorizan, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja. La autorización a que refiere el inciso 1º de este artículo estará referida exclusivamente a contratos de becas, pasantías y contratos a término. Sobre esta misma base, deberán actuar los órganos y organismos mencionados en el inciso 1º de este artículo. Están comprendidos en las disposiciones de este artículo quienes hicieron uso de la opción prevista en el artículo 43 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Artículo .- También quedan incluidas en lo dispuesto por el artículo anterior, aquellas personas que cumpliendo con los requisitos del inciso 1° se dese mpeñen bajo una comprobada relación de dependencia laboral con el Estado, aunque figuren o hayan sido seleccionados o contratados por empresas o instituciones tercerizadas o proveedoras de recursos humanos. Para el ingreso de esas personas bajo el régimen de contratos de función pública se deberá cumplir con los mecanismos de selección e ingreso establecidos por la normativa general”. ——En discusión. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: vamos a fundar, una vez más, el contenido de este artículo y del siguiente, que están vinculados. Como se decía hoy en Sala, estos artículos tienen como objetivo regularizar situaciones que existen y sobre las que hemos tomado conocimiento directamente en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, a través de delegaciones que fueron recibidas, y en la bancada, por medio de delegaciones que nos visitaron de gremios específicos de la Administración Pública, en algunos casos, acompañadas por directivos de COFE. Me refiero a la situación por la que están atravesando becarios, pasantes y otros contratados que han quedado desnaturalizados en sus elementos fundamentales, ya sea por el plazo o por la función. Se trata de gente que fue contratada como becarios y hoy son inspectores; de gente que fue contratada como pasante para realizar una práctica a par-

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tir del objeto de su estudio y hoy son inspectores de la Dirección General Impositiva, asumiendo esa responsabilidad en los hechos. Esta no es una situación muy diferente a la que en el año 2005 el artículo 7º de la Ley de Presupuesto habilitó a regularizar. El camino es el mismo: Comisiones paritarias en las que la Administración, con representantes de los trabajadores, estudia caso a caso la situación y solo el Poder Ejecutivo está autorizado a regular aquellas que llenen los requisitos: que sean pasantes, becarios o contratados a término cuyas funciones fundamentales y originales se hayan desnaturalizado; por ejemplo, que se los haya contratado por dieciocho meses y lleven tres años de trabajo. Creemos que estas situaciones deben corregirse. Se nos dice que no existen, pero nosotros conocemos muchas. Ahora, si no existen, el artículo es inocuo, porque deberá estudiarse caso a caso. Si los casos no existen, a nadie molestará. Pero si existen, se hace justicia y se trata igual a los desnaturalizados de hoy que a los desnaturalizados de ayer, por más que los desnaturalizados de ayer vengan del caos anterior y de la herencia maldita y los desnaturalizados de hoy provengan de situaciones excepcionales que se han generado en algunos organismos por necesidades de personal, debiendo los jerarcas utilizar este mecanismo. No obstante, los rehenes son estudiantes, son profesionales jóvenes que tienen expectativas de ser atendidos por el Parlamento Nacional. El segundo artículo que contiene esta propuesta refiere a una situación un poco más compleja, pero que también se da y que debemos advertir hacia el futuro. Me refiero a aquellos casos de funcionarios de empresas tercerizadas que, en realidad, encubren relaciones de dependencia directa. En algunos casos, organismos públicos han optado por contratar, particularmente por medio de fundaciones de la Universidad de la República, a trabajadores que revisten en la plantilla de esas instituciones como si pertenecieran a ellas, pero en realidad son funcionarios de la Administración Pública; a ellos reportan, su horario lo controla la Administración, sus jerarcas son de la Administración y las órdenes de trabajo las emiten esos jerarcas. Pero el Estado abarata mano de obra y contrata por la ventana, a través de fundaciones de la Universidad que, además, están siendo observadas por el Tribunal de Cuentas. Tenemos en nuestro poder documentos sobre diversas observaciones en la materia. Creemos que esto es muy

grave y, más allá de corregirlo hacia el futuro, hay gente que hace años está trabajando en estas condiciones y se siente parte de la estructura organizativa del Estado y, de hecho, forma parte de esta, pero gana menos y revista en una categoría de derecho privado. Creo que el Estado haría bien en dar el ejemplo. Tal como una empresa unipersonal encubre una relación de dependencia, aquí, por medio de una tercerización a través de instituciones públicas, se encubren relaciones de dependencia, por lo que debe optarse por la relación laboral real y no por la encubierta. Por esa razón presentamos estos dos artículos. Se los dimos al Poder Ejecutivo, pero no tuvimos respuestas. Recibimos una opinión, en principio, favorable de COFE cuando visitó la Comisión por segunda vez. Entonces, solicitamos al Cuerpo que los considere y los apruebe en conjunto porque uno está vinculado al otro. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: no vamos a acompañar este aditivo porque creemos que no estamos ante la misma situación que motivó el artículo 7° de la Ley N° 17.930; por el contrario, pensamos que estamos ante situaciones absolutamente diferentes. Lo que motivó el artículo 7° de la Ley N° 17.930 en el período pasado fue una situación en la que, en efecto, lo que existía en el Estado en términos de pasantes y becarios era un caos. Entonces, era necesario regularizar esa situación, hacer el barrido grueso y que todos los funcionarios que hacía años eran pasantes comenzaran a revistar en tareas presupuestadas. Tal es el caso que, con motivo de la Rendición de Cuentas del año 2001, el miércoles 14 de agosto de 2002, el ex Diputado Gabriel Pais sostenía lo siguiente: “[…] los pasantes de algún organismo que llevan nueve o diez años trabajando para el Estado y que están en el aire […]”. En aquel año, se hacía referencia a la situación caótica en que se encontraban los becarios. Sin embargo, esta no es la situación actual. Por ello, el Gobierno manifestó que va a estudiar cada caso en el marco de las reestructuras que se llevarán adelante en los Incisos. En los casos en que la relación se haya desvirtuado, se regularizará la situación.

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Tengo un informe especial de la Oficina Nacional del Servicio Civil con respecto a las Comisiones Paritarias, que motivaron precisamente el artículo 7° de la Ley N° 17.930. Le voy a dar lectura para que se entienda por qué decimos que son situaciones diferentes. Dice así: “[…] Los datos recogidos indican que a la fecha se ha procedido a regularizar la situación de 6.038 personas que venían manteniendo un vínculo laboral ‘desvirtuado en alguno de sus términos’ con el Estado”. De ellos, desagrega los vínculos regularizados de 3.778, es decir, el 63%, de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y 2.266, el 37%, de la Administración Central. Esto fue lo que motivó el artículo 7° y, según el informe, se procedió a regularizar la situación, que hoy es totalmente diferente. Es más, ¿cuál era la composición de los cargos? Existían 904 profesionales, 573 técnicos profesionales, 1.676 administrativos, 1.012 especializados, 1.369 oficios, 219 servicios auxiliares y 102 docentes de otros organismos. Esta fue la situación que motivó esa regularización. Como somos convencidos luchadores por la equidad de género, también hay que tomar en cuenta la situación por sexo. Entonces, el 38% de los que tenían contratos desvirtuados en aquel momento eran mujeres y el 62% eran hombres. Esta no es la situación actual. Hoy puede haber contratos desvirtuados, que habrá que estudiar caso a caso. En el marco de la reestructura, la Oficina Nacional del Servicio Civil irá a trabajar a cada uno de los Incisos, y se procederá a regularizar la situación en aquellos casos en que se haya desvirtuado, pero no al barrer. Reitero que las situaciones no son iguales. Pudo haber habido algún exceso en lo que hace a desvirtuar contratos de becarios y pasantes; si existe y lo encontramos, se va a regularizar. Además, si tenemos datos, es bueno que se los proporcionemos a la Oficina Nacional del Servicio Civil de manera tal de facilitar el trabajo que vamos a llevar adelante en el marco de la reestructura. Por todas estas consideraciones entendemos que el escenario es totalmente diferente y no vamos a acompañar este aditivo. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: de la opinión que da el señor Diputado Sánchez en nombre de su bancada y de la lectura del informe que le envió la Oficina Nacional del Servicio Civil me surge la duda de qué va a pasar con los becarios.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto a principios de su mandato por el que establece que los contratos no se podían renovar más allá del 1° de enero de 2011. La información que tenemos es que muchos de esos becarios desnaturalizados cesan allí sus contratos.

La reestructura es otra historia y no tiene nada que ver con esto; es para adelante y más lejos. Además, en las reestructuras no van a ser tenidos en cuenta los becarios y pasantes, sino -supongootro tipo de contrataciones. El artículo que acabamos de votar dice que los becarios y los pasantes no pueden ser funcionarios públicos ni se les puede renovar la beca. Si no se regulariza esta situación por una norma específica -recuerdo que en este Presupuesto estamos derogando el artículo 7° de la Ley de Presupuesto de 2005, por lo que no hay norma nueva ni norma vieja para aplicar-, esos becarios quedarán fuera de la Administración. Entonces, seamos conscientes y digámosles eso a los pobres muchachos. Digámosle: “El caso de ustedes no tiene solución. No van a poder ser tenidos en cuenta con esta normativa. Y no pueden ser contratados nuevamente como becarios porque la ley lo prohíbe. Además, no pueden entrar en la reestructura porque no pueden ser funcionarios públicos”. Me parece que por ahí no es y hay que decirle la verdad a la gente: esta particular situación que se nos ha planteado no tiene solución.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo.

(Se vota)

——Treinta y nueve en noventa y dos: NEGATIVA.

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21.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Esteban Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2010, convocándose a la suplente siguiente, señor Antonio Vadell. Del señor Representante Darío Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Corujo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa en noventa y dos: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por el día 11 de octubre de 2010, por motivos personales. Saluda atentamente, ESTEBAN PÉREZ Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez, por el día 11 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Antonio Vadell. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de octubre de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia el día 12 de octubre de 2010, por motivos personales. Sin más, la saluda atentamente, DARÍO PÉREZ Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez, por el día 12 de octubre de 2010. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1813, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Corujo. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2010. GUILLERMO FACELLO, FERNANDO CROSA, NELSON ALPUY”.

c) Mantener el archivo de todas las evaluaciones de gestión y demás pericias realizadas por la Agencia, asegurar su comunicación a la ciudadanía a través de su página web y a las autoridades involucradas en las mismas. d) Colaborar con las Comisiones Parlamentarias de cada Cámara en el estudio de los proyectos de leyes presupuestales, las que podrán solicitar, en cualquier momento, dictámenes de la Agencia sobre resultados de las asignaciones de fondos a los diferentes programas presupuestales. La evaluación de la gestión deberá comprender, como mínimo: a) misión, objetivos y metas, cuantitativas y cualitativas, de la organización: adecuada formulación y cobertura global de las actividades realizadas y calidad de las mismas. b) indicadores de gestión: pertinencia, suficiencia y calidad de sus datos y comparaciones, si fueran posibles. c) resultados: relación entre resultados logrados y recursos aplicados, con especial consideración al interés público y social involucrado en las actividades realizadas que son las que justifican la intervención estatal. d) gestiones más relevantes de los usuarios y procesos internos más importantes: demoras, problemas habituales y errores frecuentes. e) medición de satisfacción de los usuarios: existencia y calidad de su información. f) impacto social de la organización: información sobre el mismo. g) las recomendaciones de mejora que consideren pertinentes. Artículo .- La Agencia será dirigida por un Consejo Honorario de Dirección integrado por 7 miembros, cada uno de los cuales tendrá dos suplentes: a) Un representante del Poder Ejecutivo. b) Tres representantes de la Asamblea General, elegidos por dos tercios de votos de sus integrantes. c) Un representante de las empresas privadas, a propuesta de las gremiales más representativas, designado por el Poder Ejecutivo. d) Un representante de los trabajadores, a propuesta de las gremiales más representativas, designado por el Poder Ejecutivo.

22.- Presupuesto Nacional. (Ejercicio 2010 – 2014). (Aprobación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 7, presentado por los señores Diputados Gandini, Abdala, Berois, Otegui y José Carlos Cardoso. (Texto del artículo aditivo:) “Artículo .- Créase la Agencia Nacional de Evaluación (ANEVA), persona jurídica de derecho público no estatal, con la finalidad de efectuar evaluaciones de la gestión de los organismos públicos, las personas jurídicas de derecho público no estatal, las empresas privadas propiedad mayoritaria de organismos públicos y las empresas subsidiarias de estas últimas si son propiedad mayoritaria de ellas. La Agencia será un órgano técnico independiente. La Agencia Nacional de Evaluación se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y con el Poder Legislativo a través de la Presidencia de la Asamblea General. Artículo metidos: .- La Agencia tendrá los siguientes co-

a) Efectuar periódicamente la evaluación de la gestión y el análisis de los indicadores correspondientes de las organizaciones referidas en el artículo 1º y realizar recomendaciones de mejora. b) Promover el conocimiento de la mejora de gestión y el cambio organizacional y realizar eventos sobre esta materia y sus mejores prácticas.

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e) Un miembro elegido por no menos de cuatro votos de los miembros anteriores, el cual presidirá la Agencia y tendrá doble voto en aquellos casos en que no exista mayoría para adoptar decisiones. Los miembros deberán ser expertos reconocidos en materia de gestión pública o privada. Los miembros del Consejo Honorario serán designados cada dos años, pudiendo ser reelectos una vez. Se mantendrán en funciones hasta que sean designados aquellos que van a sustituirlos. Artículo .- El Consejo Honorario de Dirección tendrá las siguientes atribuciones: a) Aprobar los planes y programas anuales. b) Aprobar el presupuesto, la memoria y el balance anual. c) Dictar el reglamento interno del cuerpo y el reglamento general de la Agencia. d) Contratar por no menos de cinco votos conformes al Director Ejecutivo, el que durará en sus funciones hasta que se formule nueva propuesta y designación. e) Contratar y cesar al personal permanente de la Agencia, en base a la propuesta motivada del Director Ejecutivo. f) Aprobar la nómina de técnicos evaluadores de gestión a que refiere el art. 8º de esta Ley y el reglamento de su selección y actuación. g) Aprobar el Código de Ética de los técnicos evaluadores de la Agencia. h) Informar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los hechos que considere relevantes de las evaluaciones de gestión. Artículo .- La administración de la Agencia estará a cargo del Director Ejecutivo, que deberá ser seleccionado por concurso público, entre personas de notoria idoneidad en materia de administración pública, por un plazo máximo de contratación de cinco años, no renovables. Artículo .- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: a) Elaborar y someter a consideración del Consejo Honorario de Dirección los planes y programas anuales, el presupuesto, la memoria y el balance anual. b) Ejecutar los planes, programas y decisiones del Consejo Honorario de Dirección.

c) Administrar los recursos de la Agencia y el archivo de actuaciones técnicas. d) Asignar las evaluaciones de gestión a los técnicos evaluadores. e) Cumplir todas las tareas inherentes a la administración de la Agencia, realizando todos los actos y operaciones necesarias para su funcionamiento eficaz. f) Representar a la Agencia cuando no lo haga el Presidente del Consejo Honorario de Dirección. Artículo .-El personal permanente de la Agencia, incluido su Director Ejecutivo, no podrá exceder el número de cinco personas. Artículo .- Las evaluaciones de gestión y pericias similares serán efectuadas por el cuerpo de técnicos evaluadores que seleccionará la Agencia por concurso público. Los técnicos evaluadores serán remunerados por pericia técnica realizada. Quien realice una evaluación anual de gestión en una organización no podrá realizar las dos subsiguientes en la misma organización, a efectos de tener pluralidad e independencia de dictámenes. El evaluador será independiente técnicamente en su informe. La organización auditada podrá efectuar las precisiones que considere pertinentes a ese informe, las que se integrarán al mismo, antes de su divulgación pública, contando para ello con un plazo de dos semanas a partir de su entrega. Los informes serán publicados en el sitio web de la Agencia, excepto aquella información reservada o confidencial en los términos de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 (Derecho de acceso a la información pública). Artículo .- Las organizaciones referidas en el art. 1º tendrán la obligación de cooperar con los técnicos evaluadores de su gestión siendo responsables sus autoridades del cumplimiento de esa obligación. En caso de obstaculizarse la pericia o negarse la información requerida el Consejo Honorario de Dirección podrá solicitar la ayuda de la autoridad pública correspondiente. Artículo guientes: .- Serán recursos de la Agencia los si-

a) El aporte del Estado a través de las partidas que le apruebe el Parlamento nacional, en base a la programación que la Agencia presente al Poder Ejecutivo.

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b) El producido de los servicios que preste. El costo de las evaluaciones de gestión y pericias realizadas será reembolsado por la organización auditada en un plazo no mayor a los 45 días de requerido. c) Las herencias, legados y donaciones que acepte. d) Los fondos provenientes de la cooperación, cualquiera sea su origen. e) Todo otro recurso que le sea atribuido. Artículo .- Habilítase por única vez una partida de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos) para su instalación y una partida anual de $ 9.000.000 (nueve millones de pesos uruguayos) destinada a la remuneración de su personal, a inversiones y funcionamiento de la Agencia con cargo a Rentas Generales, la que recibirá los ajustes generales de créditos. Artículo .- La Agencia presentará sus estados contables en la forma prevista en la legislación para los organismos estatales de derecho privado. Artículo .- La Agencia estará exonerada de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad social. Artículo .- En lo no previsto por la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada inclusive en cuanto a su contabilidad, control general, régimen de su personal y contratos que celebre”. ——En discusión. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: deseo hacer una breve introducción y fundamentación de este artículo por el que se crea la Agencia Nacional de Evaluación como un órgano desconcentrado, pluripersonal, con capacidad para auditar, no contablemente, sino la gestión de los organismos. Apunta al concepto que se nos dijo que iba a venir en el proyecto de Presupuesto y tampoco está, pero sí sabemos que es un norte que tiene la Administración -que compartimoselaborar el Presupuesto por resultados: establecer indicadores objetivos, aprobar un Presupuesto según esos indicadores y luego evaluar el resultado de la aplicación de recursos. Siempre estamos reducidos al análisis de si el organismo ejecutó el 100% o qué porcentaje de lo que le aprobamos, y lo evaluamos según la capacidad de ejecución. Después nos queja-

mos porque la Universidad de la República compró sillones a US$ 8.000 para el Paraninfo para que no se le fuera el dinero que tenía autorizado, lo que demuestra que ejecutar todo no es hacerlo bien. Leemos los Programas, leemos sus objetivos y aplicamos recursos, pero nunca evaluamos, entre otras cosas porque no tenemos capacidad técnica para poder analizar, desde el Parlamento, si esos objetivos se cumplieron con los recursos que dimos. Por lo tanto, no podemos premiar ni castigar al jerarca o a la organización según los resultados que obtuvo. Damos dinero a la educación. ¿Qué evaluamos? ¿Si la gastó bien desde el punto de vista legal, según el Tribunal de Cuentas? ¿Si la gastó bien desde el punto de vista contable, según la Auditoría Interna de la Nación? ¿Si la gastó bien desde el punto de vista de la ejecución, según los informes de la Contaduría General de la Nación? Sí; eso es lo que hacemos. Pero nunca sabemos si con eso disminuyó la tasa de repetición, el ausentismo docente, si mejoraron la matrícula y la permanencia en clase o si los alumnos saben más. No tenemos capacidad de analizar si el dinero se aplicó bien. De repente, aumentaron todos los salarios, pero no sabemos si los docentes mejores pagos fueron capaces de dar mejores clases o de faltar menos. Para eso proponemos la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de los Resultados con cinco miembros, que podrá contratar, de un registro de consultores, a personas capacitadas para evaluar la gestión de un organismo que es el que al final le termina pagando el salario. El evaluado le paga a quien evaluó, o mejor dicho, a la organización que le va a cobrar el equivalente de los honorarios de quien seleccionó para evaluar. Nuestra propuesta es bien sencilla. Sabemos que hoy puede no ser el momento de presentarla, pero nos gustaría que el Parlamento, en tiempos no presupuestales, analizara con detenimiento la posibilidad de avanzar más en la gestión de un presupuesto por resultados, para poder tener una mejor evaluación de a dónde van y cómo se aplican los recursos que la gente aporta a través de sus tributos. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo. (Se vota)

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——Treinta y seis en ochenta y siete: NEGATIVA. Corresponde iniciar el tratamiento de la Sección III, “Ordenamiento Financiero”, que comprende los artículos 76 a 86, inclusive. (Texto de la Sección III:) “SECCIÓN III ORDENAMIENTO FINANCIERO Artículo 76.- El Poder Ejecutivo y los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán disponer la habilitación de proyectos de funcionamiento e inversión, que no impliquen costo presupuestal, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas para los organismos de la Administración Central, dando cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. Artículo 77.- El Poder Ejecutivo previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá autorizar trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de funcionamiento y de inversión con igual denominación, financiados total o parcialmente con financiamiento externo. Para los proyectos de funcionamiento incluidos en la presente norma no regirán las limitaciones establecidas para trasposiciones y cambios de fuente de financiamiento de gastos de funcionamiento. De lo actuado deberá darse cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. Artículo 78.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 por el siguiente: “ARTÍCULO 78.- Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos a todo tipo de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto sea que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados”. Artículo 79.- Los cambios en la descripción de los proyectos de inversión, serán autorizados por el jerar-

ca de cada Inciso, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Artículo 80.- Deróganse el artículo 60 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por los artículos 32 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 45 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005; el artículo 58 de la Ley Nº 16.170, en la redacción dada por el artículo 49 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992; el artículo 61 de la Ley Nº 16.170, y el artículo 44 de la Ley Nº 17.930. Artículo 81.- Las trasposiciones de créditos presupuestales en los órganos y organismos del Presupuesto Nacional, regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio. Las trasposiciones de créditos de gastos de funcionamiento podrán realizarse: 1. Dentro de un mismo programa y unidad ejecutora con la autorización del jerarca de la misma, se podrán trasponer créditos no estimativos con las siguientes limitaciones: A. El grupo 0 no podrá ni trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, como tampoco podrán trasponerse entre sí, los objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03. En los restantes subgrupos, solamente se podrán efectuar trasposiciones hasta el límite del crédito disponible no comprometido y siempre que no correspondan a conceptos retributivos inherentes a cargos, funciones contratadas o de carácter personal, al sueldo anual complementario y a las cargas legales sobre servicios personales. B. En los grupos destinados a gastos, no se podrán trasponer créditos de objetos destinados exclusivamente a misiones diplomáticas o misiones oficiales salvo entre sí. C. Los créditos destinados a los suministros de organismos o dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras entidades que presten servicios públicos nacionales, empresas estatales y paraestatales, sólo podrán trasponerse entre sí. D. El grupo 5 “Transferencias” podrá ser reforzante, a cuyos efectos deberá contarse con informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. E. No podrán trasponerse los grupos 6 “Intereses y otros Gastos de la Deuda”, 8 “Aplica-

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ciones Financieras” y 9 “Gastos Figurativos”. Los créditos de los objetos de gasto correspondientes a los Grupos 1 “Bienes de Consumo” y 2 “Servicios no Personales” con crédito habilitado en forma expresa, con excepción del 199 y 299, sólo podrán trasponerse con informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. F. El grupo 7 “Gastos no Clasificados” no podrá recibir trasposiciones, excepto los objetos de los subgrupos 7.4 “Otras Partidas a Reaplicar” y 7.5 “Abatimiento del Crédito”. G. Las asignaciones presupuestales destinadas a arrendamientos no podrán ser traspuestas. 2. Entre programas ejecutados por la misma unidad ejecutora, regirán las mismas limitaciones establecidas en el punto anterior, y serán dispuestas por el jerarca de la misma dejando constancia que no afectan el logro de los objetivos y metas. Asimismo, los objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos entre programas ejecutados por la misma unidad ejecutora cuando la referida trasposición se realice a efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los conceptos retributivos inherentes al cargo, función contratada o de carácter personal, así como el sueldo anual complementario y las cargas legales correspondientes. Esta reasignación no implica modificación en la estructura de cargos de la unidad ejecutora aprobada en la presente ley. 3. Entre programas ejecutados por distintas Unidades Ejecutoras del mismo inciso regirán las limitaciones establecidas en el numeral primero de la presente norma, las trasposiciones serán autorizadas por el jerarca del Inciso, debiendo dejar expresa constancia que la misma no afecta los objetivos y metas de los programas. 4. Entre financiaciones solo podrán realizarse trasposiciones desde la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas Generales” hacia otras fuentes de financiamiento, con exclusión de los objetos de gastos inherentes a suministros.

Las modificaciones de las fuentes de financiamiento previstas en el presente numeral deberán ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación justificando la existencia de disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República que tuvieren regímenes especiales. Derógase el artículo 48 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. Artículo 82.- Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique cambio de fuente de financiamiento, deberá contar con el informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar, si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia. Artículo 83.- Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de inversión de un mismo programa del mismo Inciso, sin cambio de fuente de financiamiento, serán autorizadas por el jerarca de cada Inciso, y deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de inversión de distintos programas del mismo Inciso, sin cambio de fuente de financiamiento, requerirán informe previo de la OPP, y serán autorizadas por el jerarca de cada Inciso, debiendo dar cuenta a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. La solicitud deberá ser presentada ante la OPP, en forma fundada e identificando en qué medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la trasposición solicitada. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de inversión del mismo programa, o distintos programas con objetivos comunes, de diferentes Incisos, serán autorizadas por el Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas, en las condiciones establecidas por el artículo 43 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

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Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República que tuvieren regímenes especiales. Cuando las trasposiciones expuestas en los incisos precedentes, impliquen cambio de fuente de financiamiento, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas previo informe de la OPP. Artículo 84.- Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de funcionamiento e inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos. Artículo 85.- El incremento en las asignaciones presupuestales autorizadas para cada ejercicio en la presente ley a partir del Ejercicio 2012, estará supeditado al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno considerado en las proyecciones macroeconómicas a que hace referencia el artículo 2º de la presente ley. Artículo 86.- Sustitúyese el texto del artículo 49 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente: “ARTÍCULO 49.- En los Incisos 02 al 29 del Presupuesto Nacional, el pago de retribuciones correspondientes a Ejercicios vencidos, requerirá autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas, la que podrá gestionarse siempre que se constaten economías suficientes en el Ejercicio de su devengamiento y en los objetos de gasto respectivos. También podrá solicitarse, en los casos en que hubiera sido posible la trasposición de créditos de funcionamiento de conformidad con la normativa vigente en la materia. Dicha autorización podrá ser otorgada por el jerarca de la unidad ejecutora, con cargo al fondo rotatorio de la misma, cuando el importe a pagar, por funcionario, no supere las 2,5 BPC (dos y media bases de prestaciones y contribuciones). Lo dispuesto en los incisos precedentes no será de aplicación en el Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública y en el Inciso 26 Universidad de la República, en cuyo caso, la Contaduría General de la Nación, habilitará un crédito anual con el saldo de las economías del Grupo 0 de cada Ejercicio no prescripto, a efectos de que por resolución del órgano jerarca del ente,

se dispongan los pagos correspondientes a Ejercicios vencidos de su personal. Deróganse el artículo 45 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y el artículo 7º de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990”. ——En discusión el artículo 76. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: voy a hacer una referencia general a los artículos comprendidos en esta Sección para analizarla en conjunto. Tiene tres o cuatro temas. Uno de ellos refiere a cómo tratar las inversiones en este Presupuesto y en los próximos. Se trata de definir la contabilidad presupuestal de manera distinta a la actual. A ese respecto, por ejemplo, se propone no considerar como inversión aquello que está financiado por un préstamo del exterior, sino ir a qué es lo que se está financiando. De la misma manera, cuando la financiación es nacional e implica aumentar el capital físico del país, con independencia de que sea del Estado o no, se propone que pueda ser considerada como inversión. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos diciendo con respecto al manejo del tema de las inversiones. El segundo punto tiene que ver con algunas modificaciones necesarias por la forma en que se preparó este Presupuesto, es decir, en función de áreas programáticas. En nuestro informe hablábamos de la transversalidad de los Programas, que pueden ser ejecutados por más de una unidad ejecutora, inclusive de diversos Incisos, lo cual hace necesario que se modifiquen algunos conceptos de transposición habituales. Como tercer aspecto hay una flexibilización, limitando la intervención necesaria del Ministerio de Economía y Finanzas para aquellos cambios de proyectos en los que no hay cambio de financiamiento. Un cuarto tema, que seguramente será motivo de una discusión más amplia, es lo establecido en el artículo 85 con respecto a qué pasa si no se cumple con las previsiones macroeconómicas comprendidas en los Anexos que presenta este proyecto de ley.

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Si existe la posibilidad de hacer algún bloque, sería lo mejor; de lo contrario, consideraremos artículo por artículo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Hemos estado siguiendo la información que nos han suministrado los miembros de la Comisión y desde la Mesa vamos sugiriendo los posibles bloques para que los señores Diputados decidan. En este caso, se podría hacer un bloque con muy poquitos artículos y perderíamos más tiempo en aprobar el procedimiento. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 76. (Se vota) ——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 77. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 78. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 79. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 80. SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite, señora Presidenta? Propongo votar en bloque los artículos 80 a 83, inclusive. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento. (Se vota) ——Ochenta y dos en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 80, 81, 82 y 83. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque los artículos 80 a 83, inclusive. (Se vota)

——Cincuenta y cuatro en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 84. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA. Se pasa a considerar el artículo 85. Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 8, presentado por los señores Diputados Ricardo Berois, José Carlos Cardoso, Jorge Gandini, Miguel Otegui y Pablo Abdala, y un aditivo que figura en la Hoja Nº 15, presentado por los señores Diputados Posada y Radío. (Texto del artículo sustitutivo:) “El incremento en las asignaciones presupuestales autorizadas para cada ejercicio en la presente Ley a partir del ejercicio 2012, con excepción de lo dispuesto en el artículo 4° de la presente Ley y las asign aciones en inversión social, estará supeditado al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del producto bruto interno considerado en las proyecciones macroeconómicas incluidas en la exposición de motivos de la presente Ley”. (Texto del artículo aditivo:) “Artículo .- Los déficits fiscales (Resultado Presupuestario Ajustado – Incisos 01 al 27), previstos en el Presupuesto Nacional para el período de gobierno 2010-2014 corresponden al nivel máximo autorizado. Si el déficit fiscal correspondiente a un determinado año resultar mayor al previsto, deberá ajustarse en el resto del período, reduciendo en igual importe el monto global de gastos de funcionamiento e inversiones. Artículo .- Cuando la tasa de variación acumulada del Producto Bruto Interno (PBI), considerada al fin de cada año, sea superior a las proyecciones macroeconómicas contenidas en el Capítulo IV – el escenario macroeconómico para los próximos años de la exposición de motivos, los excedentes de la recaudación prevista presupuestalmente podrán destinarse a: A) El 50% (cincuenta por ciento) a incrementar el gasto público en áreas que por ley se consideren de prioridad para el Estado.

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B) El 50% (cincuenta por ciento) restante a: i) constituir una reserva especial con destino a ser aplicada en períodos de recesión económica, según lo determine la reglamentación que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo. ii) Cancelar deuda pública.

aquel que responda al crecimiento del Producto Bruto Interno, como ha establecido el Poder Ejecutivo. Nos quedamos, entonces, con la advertencia para todos aquellos que han creído en muchas de las afirmaciones, en muchas de las promesas que establece este Presupuesto que están sujetas -es importante subrayar esto- al incremento del Producto Bruto Interno. Muchas gracias. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: evidentemente este es un artículo programático que tiene que ver con la coherencia -con la que todo este Presupuesto ha sido elaborado- entre los temas presupuestales y el programa financiero. Parte de una serie de supuestos que están expresamente explicitados en el Mensaje del Poder Ejecutivo y que, de acuerdo con el artículo 2º que hemos votado en el día de hoy, son considerados a los efectos de interpretar lo que contienen estos más de ochocientos artículos del Presupuesto. Se nos dice que en caso de que no se dieran esas proyecciones macroeconómicas quedaría un presupuesto virtual y se pregunta cómo se resolvería. Bueno, se va a resolver por ley en el Parlamento en cada una de las rendiciones de cuentas. Por eso, la primera pauta será a partir del Ejercicio 2012, porque antes vamos a tener la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2010, que se presentará al 30 de junio de 2011, en la que se podrá ver cuál es el avance con relación a las proyecciones macroeconómicas del 2010 y lo que se haya avanzado con respecto a 2011. En este sentido no hay ningún riesgo. Reitero: este artículo vuelve a poner énfasis en la coherencia necesaria, que antes otros Presupuestos no tenían, entre la programación fiscal y el programa financiero. Aquí está perfectamente establecido cómo se va a cubrir y a cumplir cada uno de los compromisos y cambios que están incluidos en este Presupuesto. Por eso surgió la necesidad de incluir este artículo programático que lo único que dice es que este Parlamento decidirá en cada Rendición de Cuentas el destino que tendrán los fondos que, seguramente -así lo esperamos-,

iii) Reducir la presión fiscal, especialmente la referida a los gravámenes sobre el trabajo”. ——En discusión. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: el artículo 85 condiciona el incremento de las asignaciones presupuestales previstas, a partir del año 2012, al cumplimiento de las metas del crecimiento del Producto Bruto. Nosotros vamos a votarlo afirmativamente, pero queremos dejar en claro algunas apreciaciones y dar algunos ejemplos. A partir de 2012 nos quedaría una suerte de presupuesto virtual, dado que lo que se establece queda condicionado al cumplimiento de dichas metas. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplen esas metas? ¿Qué pasa si el Producto Bruto no crece en la forma esperada con los créditos otorgados? Sin duda, este es el punto que nos abre la puerta como para rescatar y discutir en Sala el proyecto de regla fiscal que presentara el Diputado Cersósimo. Pongo un ejemplo para este artículo: obsérvese el artículo 492, referente a las becas, que establece para el Ejercicio 2011, $ 20:000.000; para el Ejercicio 2012, $ 40:000.000; para el Ejercicio 2013, $ 60:000.000; y para el Ejercicio 2014, $ 90:000.000. La pregunta es: ¿qué pasa con los becarios si no se produjera el crecimiento del Producto Bruto Interno, fruto de la consideración optimista de la que se parte para la elaboración de este Presupuesto, tal cual se establece aquí? Nos quedamos, entonces, con un presupuesto virtual. ¿Qué pasa con las remuneraciones? ¿Con el edificio que se esté reparando? ¿Qué pasa con todo cuanto está previsto hacer en función del incremento de este Producto esperado? Queremos señalar que acompañaremos esta norma, pero estamos obligados a precisar aquí que a partir del año 2012 este Presupuesto, subrayo, pasa a ser virtual. Es decir que no hay otro Presupuesto que

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serán mayores a los previstos en este Presupuesto. Será pues el Parlamento, a través de la ley, quien decida en este sentido. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: compartimos que efectivamente esta es una norma programática. Por lo tanto, en función de lo que expresan los colegas, también somos conscientes de que una solución de este tenor debe estar responsablemente prevista en el proyecto de ley de Presupuesto. Sin embargo, esta redacción no nos convence demasiado y por eso el Partido Nacional ha presentado una propuesta sustitutiva, porque nos parece que en la medida en que se configuren las condiciones que prevé el artículo 85 -que, por supuesto, nadie desea ni quiere: todos auguramos que eso no ocurra- es necesario dejar a buen resguardo lo que seguramente a todos nos preocupa, por encima de cualquier otro tema. Me refiero, precisamente, a la inversión de carácter social, que es aquello en lo cual el Poder Ejecutivo ha puesto el énfasis a la hora de presentar su proyecto de ley de Presupuesto. El Gobierno ha dicho que en esta oportunidad, como nunca antes, se atendieron los rubros de interés social, en función del crecimiento proyectado de la economía, del aumento de la recaudación estimada. Por lo tanto, por esa vía, hay una asignación privilegiada de recursos para la seguridad, para la vivienda, para la educación y para los diversos sistemas de protección social. Si esto es así en el escenario de máxima, debe serlo también en el de mínima. Si esto es así en el marco de una coyuntura favorable hacia la cual todos esperamos estar encaminándonos, también debe serlo en la situación inversa. “Contrario sensu”, en la medida en que estas proyecciones no se confirmen e incidan algunos de los factores exógenos que menciona el propio Poder Ejecutivo en su Mensaje presupuestal como contingencias que eventualmente pueden hacer que el país se desvíe del camino que todos esperamos que recorra, nosotros entendemos, señora Presidenta, que es por el lado de la inversión social y de los incrementos salariales previstos en cuanto a mejorar las inequidades del sector público

donde debemos empezar no a recortar sino, en tal caso, a preservar esas situaciones del contexto general. Por eso estamos sugiriendo una redacción alternativa que entiendo la Cámara debería acompañar. Por supuesto, podemos tener diferencias terminológicas, pero en lo conceptual debemos estar de acuerdo: que se empiece a recortar por lo superficial… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa ampara al orador en el uso de la palabra. Si algunos señores legisladores necesitan reunirse mientras se trata el Presupuesto, les solicitamos que sea fuera de Sala. Puede continuar el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Decía que si esa situación se produjera, se debería empezar a recortar por lo que no es sustantivo, por lo que no tiene connotación social, por lo que no implica las prioridades que en materia social el Presupuesto dice perseguir y que nosotros reconocemos como tales independientemente -como dijimos en la discusión general- de las diferencias de criterio que mantenemos a la hora de la asignación de esos recursos extrapresupuestales. Pero que no se altere el plan de vivienda, que no se alteren las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y que no se altere, inclusive, el mantenimiento del salario de los funcionarios públicos y, por lo tanto, que no se deje de atender como corresponde las pasividades -jubilaciones y pensiones- que sirve el Banco de Previsión Social. Me parece que eso es algo en lo que todos podremos coincidir. Por ello aspiro a que esta mejora -porque, en verdad, por la vía de un artículo sustitutivo estamos proponiendo mejorar la redacción- concite el consenso y las voluntades suficientes para alcanzar una definición de Estado que debe quedar clara: el recorte debe empezar por lo que no es indispensable para mejorar la calidad de vida de los uruguayos y por aquello que nada tiene que ver con el Estado social de derecho en el cual, sin ninguna duda, todos aspiramos a cohabitar y, en definitiva, el que -más allá de las diferencias políticas y de las recetas concretas- estamos de acuerdo en definir como objetivo y propósito de nuestros esfuerzos a la hora de analizar esta instancia presupuestal.

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SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: la norma que estamos considerando actúa como una regla fiscal pero lo hace en un sentido distinto al que hemos propuesto, que es en función de políticas contracíclicas. Indudablemente, esta norma es coherente con el Presupuesto y con políticas procíclicas, que son las que se establecen en este proyecto. Los ciclos económicos son períodos en que ocurren oscilaciones en la economía y constituyen etapas conocidas como el auge, la recesión, la depresión y la recuperación. Aquí tenemos que considerar en qué etapa estamos en el desarrollo del país. Tenemos una aparente coincidencia porque todos hablamos de responsabilidad fiscal, de conducta fiscal, de necesidad de recuperar el grado inversor y de tener una disciplina fiscal, que es lo que recomiendan todos los economistas y los organismos técnicos nacionales e internacionales. ¿En qué afectan los ciclos económicos al Presupuesto? El economista Jorge Caumont, en el suplemento de las páginas de color salmón del diario “El País” explicaba claramente este tema. Allí dice: “Los presupuestos estatales son afectados por las diversas etapas de los ciclos económicos. Fluctúan la recaudación tributaria […]. También el gasto se ajusta según las circunstancias aunque generalmente, como en nuestro país, el acomodamiento de los egresos fiscales a la baja en épocas de recesión […] resulta ser difícil y traumático”. Nosotros creemos que este Presupuesto debe tener una regla fiscal y hemos propuesto algunos artículos sustitutivos. También vamos a acompañar este artículo aunque pensamos que es insuficiente pero necesario, dadas las estimaciones auspiciosas que ha realizado el Poder Ejecutivo en el planteamiento de este Presupuesto. ¿Por qué se necesita una regla fiscal? Hay reiteradas recomendaciones de economistas para atenuar las etapas del ciclo económico que se reducen a una fórmula que ya ha sido planteada desde el Siglo V AC: ahorrar durante la expansión para gastar durante la recesión o la represión. Nosotros planteamos que aquí deberíamos haber seguido el ejemplo de Chile y de Brasil, que tan buenos resultados han ob-

tenido. En el artículo citado se decía que: “El mecanismo consiste en que el gobierno central gaste menos de lo que le ingresa en las etapas favorables del ciclo económico […], formando un fondo de estabilización con excedentes recaudatorios y emplearlos en las etapas de recesión o depresión, cuando la recaudación se resiente”. La finalidad es atenuar las altas y bajas de la actividad económica. “Esta política de atenuación de las etapas del ciclo económico se denomina ‘contracíclica’ […]” y es lo que hemos planteado nosotros, ya que evita los efectos que pueden provocar las etapas extremas. “Por el contrario, si los instrumentos operan en el sentido de acentuarlas,” -de acentuar los ciclos- “se trata de políticas ‘procíclicas'”. Un ejemplo procíclico sería el que plantea este Presupuesto. Más adelante, analizando expresiones del Ministro de Economía y Finanzas -economista Fernando Lorenzo-, el economista Caumont las refiere como políticas procíclicas; considera que el Presupuesto tiende a las políticas procíclicas. De manera que esta norma es absolutamente insuficiente para evitar los problemas que puedan surgir en caso de que el ciclo económico cambie, y es sabido que los ciclos económicos no son siempre positivos ni siempre negativos, sino que cambian con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, es nuestra intención acompañar este artículo pero también promover la aprobación de una ley que regule en forma más estricta el tema de la regla fiscal, acomodándola a un Presupuesto que tenga un balance estructural y no balance circunstancial, como en este caso. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los señores Diputados Abdala y Cersósimo pero voy a ser mucho menos técnico que ellos porque no soy economista. Esto es lo que nosotros estábamos diciendo, que hay que ser responsables y contar con una cláusula gatillo para enfrentar las circunstancias adversas. Pero también dijimos que en tiempos de bonanza económica era bueno ahorrar para esto. Y también dijimos que estábamos de acuerdo con muchas de las políticas sociales de este Presupuesto. Pero en las políticas sociales y en los salarios de los trabajadores que se

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establecen en este Presupuesto, de aquí en más deberíamos integrar al país mucho más; porque los trabajadores y las políticas sociales deberán estar mucho más informados todos los días de cuál es el precio de la soja, de la carne y del trigo, porque el crecimiento del país va a ir en relación con ellos. Entonces, vamos a tener a los funcionarios públicos y a todos los instrumentos presupuestales interesantes que se plantean con respecto a la vivienda, a la niñez y a la adolescencia, sujetos a una cláusula: que el país siga creciendo y le vaya bien. Lo que advertíamos es la vieja política del abuelo: que en épocas de bonanza hay que tener precaución para seguir en épocas de dificultades con las mismas previsiones y se pueda cumplir, primero con los salarios de los trabajadores y, luego, excepcionalmente, con todas las obras sociales y los incrementos de presupuesto social que en este Presupuesto se establecen. Simple y gráficamente, quería plantar eso, que es muy importante que se tenga en cuenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: aquí se ha planteado que sería necesario precisar un poco más lo establecido en esta cláusula, porque podrían quedar en riesgo las políticas sociales, que han sido la matriz con la que se ha elaborado este Presupuesto. Este Gobierno ha priorizado claramente las áreas sociales porque forman parte de su matriz ideológica; forman parte de los compromisos que asumió con la ciudadanía; forman parte de los acuerdos que hizo con los demás partidos políticos sobre muchos temas. Además, hay un tema que va todavía más allá de la voluntad de esta fuerza política, y me refiero a las normas legales y constitucionales. Nadie puede pensar que esta cláusula haga que se deje de cumplir con los derechos fundamentales de los funcionarios públicos y de los jubilados, porque eso tiene respaldo legal y constitucional. Como dijimos en la oportunidad anterior, será este Parlamento, en cada una de las rendiciones de cuentas, el que asumirá el compromiso de votar cualquier modificación que sea necesaria. Reiteramos: esta es una cláusula programática. Como se hacía en el pasado, nosotros podríamos haber proyectado el primer año y repetirlo en los cua-

tro siguientes, pero optamos por incluir en el Presupuesto las variaciones del crecimiento al que nos hemos comprometido con la ciudadanía, porque hay fundamentos económicos que aseguran que el país va a seguir creciendo. Esta cláusula es simplemente para acompasar la coherencia interna que tiene este Presupuesto con el programa financiero y el programa fiscal, y es por eso que se necesita incluirla. Pero queda claro, por referirse al 1º de enero de 2012, que en caso de cualquier modificación será este Parlamento el que decidirá. Por supuesto que desde ya podemos decir, en nombre de nuestra fuerza política, que las prioridades sociales no se van a cambiar porque haya algún ingreso menos de los que están establecidos. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 85, tal como viene de Comisión. (Se vota) ——Sesenta en tres en noventa: AFIRMATIVA. En discusión el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 15, presentado por los señores Diputados Posada y Radío. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: en el día de ayer parte del debate se centró en si las proyecciones macroeconómicas presentadas por el Gobierno en el Capítulo IV de la exposición de motivos tenían sustento y realmente podía considerarse que Uruguay cambiaba sus perspectivas de crecimiento en el largo plazo por una nueva tendencia en materia de crecimiento del orden del 4% acumulativo anual con respecto a la tendencia histórica del 2,5%. Nosotros sostuvimos que había fundamentos importantes que sustentaban lo que en definitiva el Gobierno proyectaba, y en tal sentido nos manifestamos de acuerdo, más allá de señalar que desde la visión del Partido Independiente hubiera sido deseable un superávit fiscal primario de por lo menos un 3,5%, que nos pondría en mejor situación para consolidar el desarrollo económico y social de nuestro país en el mediano y largo plazo. De todas maneras, creemos que

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hay sustento en estas proyecciones económicas planteadas por el Gobierno. El artículo 85, que nosotros acompañamos, parte del compromiso que en materia de responsabilidad fiscal asume el Gobierno. En tal sentido, nos pareció positivo que haya quedado incorporado como una norma a este Presupuesto. Desde nuestra visión, deberíamos hacer algo más. Deberíamos tratar de generar un compromiso. Si el crecimiento económico de nuestro país está por encima del establecido en el Capítulo IV con respecto al escenario macroeconómico, si las proyecciones macroeconómicas del Gobierno se ven superadas por la realidad, está claro que en ese caso estaríamos creciendo muy por encima de esta nueva tasa de tendencia de crecimiento del Producto Bruto Interno que se asume. Para tal caso es que están planteados estos aditivos. El primer aditivo refiere al caso de que se planteen, eventualmente, situaciones de mayor déficit fiscal, y el segundo apunta especialmente a los casos en los que se verifique un crecimiento de la economía mayor al previsto en las proyecciones macroeconómicas del Gobierno. Lo que plantea el Partido Independiente sobre esa situación es que el 50% de esos mayores recursos generados a través de la recaudación de los organismos del Estado se destine, por ley -eso será objeto de las modificaciones presupuestales-, a aquellas áreas que se consideren de prioridad para el Estado uruguayo. El 50% restante apuntaría a reafirmar una política que se desarrolló en el Gobierno pasado pero que también se ha adoptado en este, y que recientemente ha tenido como correlato la ampliación de un decreto que permitía la recompra de deuda pública de hasta US$ 500:000.000. Hace un par de meses, el Poder Ejecutivo, como se había votado esa autorización, volvió a establecer una nueva autorización de recompra de hasta US$ 500:000.000. Este aditivo está en línea con la posibilidad de aumentar la recompra de deuda pública aprovechando circunstancias excepcionales de mercado y permitir, en consecuencia, que nuestro país baje sus niveles de endeudamiento y, sobre todo, deje de pagar tasas de interés que hoy están muy por encima de las que se registran en el mercado internacional, pues contrajo esta deuda hace mucho tiempo. Una opción que también se plantea con ese 50% es la de constituir un fondo de contingencia, un fondo de reserva, de forma tal que nos permita afrontar si-

tuaciones eventualmente críticas en el futuro. En tal sentido, lo que se plantea es que esta pueda ser una de las prioridades. (Murmullos.- Campana de orden) ——Por último, dentro de las posibilidades de utilizar el 50% de los recursos generados por el mayor crecimiento está la de reducir los aportes vinculados a los gravámenes que pesan sobre el trabajo. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: vamos a acompañar este aditivo porque es un importante paso para establecer una regla fiscal y consagrar la responsabilidad fiscal en el Presupuesto. Esto tuvo en cuenta una visión estructural, que es lo que estamos planteando en el proyecto de ley al que hizo referencia el señor Diputado Gloodtdofsky, que ha presentado el Partido Colorado y que aspiramos oportunamente sea tenido en cuenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero destacar el prudente y dedicado aporte del Partido Independiente en este y otros artículos, a efectos de tratar de mejorar lo que plantea este proyecto de Presupuesto. Nosotros no vamos a acompañar estos dos artículos, pero no porque entendamos que no tienen la suficiente solvencia para ser analizados, sino porque consideramos que en estos casos el Poder Ejecutivo, el equipo económico -que, al igual que el anterior, ha demostrado la solvencia suficiente como para manejar estas situaciones- necesita determinada flexibilidad. Nos preguntamos si en caso de que este artículo hubiera estado vigente en el período anterior, fundamentalmente en el año 2009, se hubiesen podido adoptar las medidas que se tomaron para evitar caer en recesión, tal como lo hicieron la mayoría de los países del mundo y de la región, incluidos Chile y Brasil, como recién se mencionaba, que tienen reglas muy adecuadas para tratar estos temas.

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Por lo tanto, somos partidarios de permitir que el equipo económico -teniendo en cuenta todas las variables que en cada momento se manejen- se adapte a las distintas situaciones en las que esto se pueda dar. Reiteramos que a pesar de que los dos artículos están bien inspirados y bien dirigidos hacia criterios de mayor precisión, quitan flexibilidad a los equipos económicos que tengan que manejar estas situaciones, en particular este equipo económico. Es por eso que no los vamos a acompañar aunque reconocemos su solvencia. Los ejemplos que se han dado sobre el manejo de la deuda -incluido el del señor Diputado preopinante-, que se hizo a través de una oficina especializada, indican que en cada momento se buscó la mejor oportunidad para conformar los montos, el perfil del acreedor y las distintas condiciones de la deuda. Creemos que estamos en buenas condiciones para ir adaptando los resultados que se van dando a nivel económico-financiero, fiscal, nacional e internacional a las mejores prácticas para este país. SEÑOR POSADA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ASTI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: el señor Diputado Asti se preguntaba qué hubiera pasado en el período pasado con una regla de esta naturaleza. Yo le digo que si tomamos en cuenta cuáles eran las proyecciones de crecimiento que hacía el equipo económico en el período de Gobierno pasado una norma de esta naturaleza nos habría permitido generar recursos adicionales, ahorrar recursos adicionales para volcarlos en el año de la crisis, que fue en el último trimestre de 2008 y, fundamentalmente, el primer semestre de 2009. Lamentablemente, en esa oportunidad no se hicieron ahorros, a pesar de que el país creció a tasas muy importantes. De hecho, en el período comprendido entre 2004 y 2009 -aun teniendo una tasa de crecimiento baja en 2009 con respecto al resto del período-, se terminó creciendo a razón del 6% acumulativo anual. Por lo tanto, una regla como la que estamos planteando en aquel momento habría significado la posibilidad de ahorrar y de que se pudiera verter en 2009 para evitar, entre otras cosas, el endeudamiento que debió asumir Uruguay para generar un colchón de respaldo frente a la crisis. Bien dice la exposición de moti-

vos enviada por el Poder Ejecutivo que en el año 2008 la relación deuda- Producto era del 53% y que en 2009 trepó al 69%, como consecuencia del mayor endeudamiento que debió asumir el país para tener un respaldo y enfrentar la crisis. Hay que recordar que aproximadamente se contrajeron US$ 1.200:000.000 de deuda con los organismos internacionales financieros para que el país pudiera dar respuesta a la crisis y aplicar políticas contracíclicas. ¡Vaya si en el período pasado hubiera sido beneficioso para el país adoptar una política en ese sentido! Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: siguiendo el razonamiento anterior y teniendo en cuenta los aportes volcados en Sala, si hubiéramos ahorrado en los períodos anteriores quizás no habríamos llegado a duplicar el presupuesto de Salud Pública, no hubiéramos llegado al 74% de incremento para la ANEP y alrededor del 70% para la Universidad de la República ni a los incrementos en el Plan de Equidad. También debemos tener en cuenta eso, que se relaciona con lo que decíamos al principio en cuanto a por qué para nosotros, como fuerza política, no había necesidad de poner la condición de la prioridad del gasto público social, porque creo que está más que demostrado dónde fue que gastamos lo que iba ingresando en los buenos momentos. Y también queda demostrado cómo gastamos cuando vino la crisis y cómo le fue -creo que hay que reiterarlo una y otra vez- al país durante la crisis. Es cierto que, a diferencia de lo que pasó en los primeros años de la gestión de este Gobierno, el resultado fiscal en 2008 y 2009, por razones que ya hemos discutido en la Rendición de Cuentas y también en este Presupuesto, estuvo pautado por problemas que nos hicieron perder esa tendencia en la reducción del gasto. Sin embargo, esas razones estaban claramente identificadas como efectos coyunturales, cuyo manejo nos llevó -es cierto- a aumentar la deuda, pero en términos absolutamente manejables, para evitar que se cayera en una recesión y permitir que siguiera creciendo el empleo, el ingreso de los hogares, a diferencia de lo que pasó en el resto del mundo; y por eso fuimos destacados en su momento por ser uno de los cuatro o cinco países que había logrado crecer y, al mismo tiempo, reducir

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la pobreza, aumentar el ingreso de los hogares y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los uruguayos. SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ASTI.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: quiero contar una anécdota sobre la necesidad de flexibilizar, que muchas veces se necesita en el área económico financiera. Hay un testigo en Sala -la señora Diputada Piñeyrúa-, con quien en 1997, junto a un grupo grande, viajamos a Nueva Zelanda. En esa oportunidad, tuvimos bastante contacto con distintos actores, entre otros, con uno del Banco Central del Uruguay, quien había sido reelecto Presidente e iba a llevar catorce años en ese cargo. Me acuerdo que en ese momento en el Parlamento estábamos en plena discusión de la autonomía del Banco Central -vaya esta anécdota para distender los ánimos- y se le preguntó: “¿Usted cree en la autonomía del Banco Central?”. El individuo contestó: “En realidad, el papel que debe jugar la autonomía en el sistema financiero, es un tema muy complicado para que esté en manos de un burócrata, por más calificado que sea, como yo”. Insisto en que estoy hablando de un individuo que fue reelecto catorce años. Después se le preguntó: “¿Cómo funciona?” “Nosotros funcionamos por la vía del compromiso”, contestó. “¿Por la vía del compromiso?”, replicamos. “Sí, el señor Ministro de Economía y Finanzas me llama, me dice cuál es la inflación que va a querer y yo firmo con él un contrato para el control monetario y de esta manera nos manejamos”, concluyó. “¡Ah, qué interesante! Pero, ¿si hubiera una crisis que impactara?”, se le volvió a preguntar. Contestó: “Si hubiera una crisis que impactara, hay algo que se llama teléfono: supongo que el señor Ministro de Economía y Finanzas me va a llamar y, como dimos cuenta en forma pública en todos los diarios de Nueva Zelanda de nuestro compromiso, me va a proponer -si yo tengo que mover la estructura monetaria- realizar otro compromiso, y seguramente los dos estemos de acuerdo con que si hay una crisis de mucho impacto, tendremos que hacer otro compromiso”. Relaté esta anécdota, porque la flexibilidad que se tenía, una vez que estuvo firmado el compromiso, era con el cumplimiento de esas normas.

(Suena el timbre indicador de tiempo) ——¿Hay alguien anotado para hacer uso de la palabra, señora Presidenta? SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- No, señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Entonces, pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi. SEÑOR BAYARDI.- Decía que comenté esta anécdota en función de los niveles de flexibilidad necesarios que se deben tener para manejar los eventuales cambios que con responsabilidad debe asumir el equipo económico y el Ministerio de Economía y Finanzas, y en ese sentido acompaño los fundamentos que expone nuestro compañero responsable del área. De todos modos, aclaro que tal vez el error de 2008, con el que se vincula el intercambio de opiniones entre el señor Diputado Posada y el compañero Asti, refiera a que hacer frente a la crisis energética llevó al Gobierno Central a decidir que no se trasladara el costo energético al usuario. Esta fue una decisión política y después, al atenderse la sequía y el costo energético, hubo que aplicar un aumento. Si tomamos en cuenta la buena intencionalidad que se plantea en los aditivos propuestos por el Partido Independiente, me inclino más por la flexibilidad, dejando las manos libres, sin ninguna norma, para que con responsabilidad se procuren soluciones, sin el eventual acotamiento, es decir, sin contener con un marco normativo muy cerrado. Estoy en condiciones de devolver al señor Diputado Asti el minuto de la interrupción que me concedió. Si no aceptara mi devolución, daría por concluida mi intervención, señora Presidenta. Muchas gracias. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: los artículos que figuran en la Hoja Nº 15, propuestos por el Partido Independiente, son bien distintos, ya que apuntan a situaciones, diría, opuestas.

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Vamos a acompañar el primer artículo, porque es de buen criterio establecer que si se produce un déficit, tendrá que ser recogido para los períodos siguientes. Sin embargo, no vamos a acompañar el artículo siguiente. Valoramos la intención y respetamos el trabajo de los integrantes del Partido Independiente, que es muy coherente con su posición, pero entendemos que si se produjeran ingresos no previstos, el Parlamento debería ser el que determinara su destino. Decíamos en la discusión general que el Poder Ejecutivo hace una proyección de ingresos, no irreal, pero optimista, y también que promete, sin recursos, a cuenta de mejor recaudación -y, por lo tanto, de mayor crecimiento-, gastos importantes o renuncias fiscales que ocasionan gastos como, por ejemplo, la rebaja de dos puntos del IVA o la incorporación de los jubilados y pensionistas al FONASA. Entonces, parece que ya estamos analizando en qué vamos a gastar esa plata; si viene más, ¿en qué la gastamos? Sin embargo, primero debemos saber si viene más. Además, no queremos otorgar de modo genérico una delegación al Poder Ejecutivo para que adjudique esos recursos, ya sea una parte a lo que se considere prioridad para el Estado u otra para acumular reservas, lo que es de buena política, pero que debería, en todo caso, fijarse con criterios más ajustados. Preferimos que sean las rendiciones de cuentas las que evalúen la forma en que se aplicó el gasto y que, si hubiera más recursos que los previstos en el quinquenio, la modificación presupuestal estableciera a texto expreso el destino que se piensa dar con aprobación parlamentaria. SEÑOR RADÍO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado.

considera prioridades y que determine a dónde se volcará el otro 50%. En definitiva, será el Poder Legislativo el que definirá qué hacer con el crecimiento. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- He terminado, señora Presidenta. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: coincidimos con el señor Diputado Gandini y también hacemos nuestra la aclaración del señor Diputado Radío, por cuanto los artículos incluidos en la Hoja Nº 15 son mejores que el artículo 85 que hemos votado, que no contiene ningún criterio. Por lo menos, esta propuesta contiene un criterio, con control y apoyo parlamentario, y supera ampliamente al artículo 85, que acabamos de votar, que no tiene ningún criterio y, por lo tanto, no es ninguna regla fiscal, sino dejar al libre albedrío del Poder Ejecutivo el control de los gastos. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer artículo del aditivo que figura en la Hoja N° 15. (Se vota) ——Cuarenta y uno en noventa y tres: NEGATIVA. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo artículo del aditivo que figura en la Hoja N° 15. (Se vota) ——Diecisiete en noventa y dos: NEGATIVA. En discusión el artículo 86.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: agradezco al señor Diputado Gandini por la interrupción que me concedió. Coincido en todos sus términos con lo que afirmó el señor Diputado Gandini, pero en el segundo artículo lo que hacemos es definir por ley qué se haría en el caso de que el crecimiento fuera mayor. Lo que proponemos es que la ley establezca un 50% para lo que

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: el Partido Colorado va a votar este artículo. En primera instancia, nos había generado algunas dudas, particularmente, por cuanto suponía la conducta que debía asumir el Poder Ejecutivo a la hora de autorizar el pago de retribuciones personales correspondientes a un Ejercicio vencido. Sin embargo, analizado en

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profundidad, nos parece que la derogación del régimen vigente hasta este momento y la sustitución por el artículo que se está proponiendo suponen una herramienta verdaderamente oportuna para que cuando se cometan muchas injusticias, la Unidad Ejecutora pueda cubrir y salvar la situación, por ejemplo, en casos de ascensos mal hechos. Entonces, estamos haciendo esta salvedad al Cuerpo por lo que fue nuestra votación en Comisión, que aquí en el pleno rectificaremos. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 86. (Se vota) ——Sesenta y seis en noventa y seis: AFIRMATIVA.

titutivos o aditivos. Algunos de ellos pueden recoger mensajes del organismo, con su propio fundamento, y esto puede llevar a que nos tengamos que detener en algunos artículos en particular, más allá del debate general. Advierto que el articulado de ASSE -si bien hoy es un organismo desconcentrado y está entre los del artículo 220 de la Constitución- tiene su particularidad y, probablemente, a pesar de no haber un mensaje del organismo, nos veamos obligados a detenernos en su consideración. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, acompañamos la propuesta de la señora Diputada en cuanto introduce una forma de debate que nos permite acelerar el trabajo sin coartar la discusión. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra.

23.- Levantamiento de la sesión.
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: voy a formular una moción relativa al orden del trabajo. Mociono para que, a continuación de esta discusión, se pase a considerar la Sección V, “Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República”, y que cada Inciso se discuta en general y su articulado se vote en bloque, más allá de los aditivos que puedan surgir que, obviamente, podrán ser fundamentados. Esta propuesta refleja el acuerdo de trabajo en la coordinación multipartidaria, ya que hay grandes coincidencias. Si esta propuesta se votara por la afirmativa, mociono para que a continuación se levante la sesión. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: creo que estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos fijado, sin coartar a ningún legislador en el debate de la discusión particular y, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en el establecimiento de criterios. Compartimos lo que acaba de expresar la señora Diputada Tourné: que se realice una discusión general para, luego, agrupar artículos, con la salvedad de que podemos llegar a tener que fundamentar -y esto puede llevar al debate correspondiente- sus-

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: en el mismo sentido en que se expresó el señor Diputado Gandini, el Partido Colorado va a acompañar el criterio propuesto por la señora Diputada Tourné, haciendo también la salvedad de que en la discusión general por Incisos es posible que encontremos -aunque hay una coincidencia bastante firme en la mayoría de ellos- algunos artículos a los que nos gustaría hacer referencia en esa instancia, a fin de no tener que votar artículo por artículo para poder referirnos a alguno en particular. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de nuestro acuerdo con el planteo realizado por la señora Diputada Tourné. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de la señora Diputada Tourné respecto al procedimiento de la votación. (Se vota) ——Noventa y cinco en noventa y siete: AFIRMATIVA. Para mantener el mismo criterio de trabajo que hemos llevado a cabo durante todo el día de hoy, la Mesa solicita a los señores Diputados que concurran puntualmente a la hora 9.

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Ahora corresponde votar la otra moción de la señora Diputada Torné para que se levante la sesión. (Se vota)

——Ochenta y cinco en noventa: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 20 y 48)

IVONNE PASSADA PRESIDENTA

Dr. José Pedro Montero Secretario Relator

Dr. Marti Dalgalarrondo Añón Secretario Redactor

Héctor Luis González Supervisor del Cuerpo de Taquígrafos

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes