Número 3712

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NÚMERO[taq11][taq12] 3712

MONTEVIDEO, MARTES 31 DE MAYO DE 2011

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
16ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES LUIS LACALLE POU (Presidente) Y DOREEN JAVIER IBARRA (4to. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y JOSÉ PEDRO MONTERO Y EL PROSECRETARIO TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
XLVII LEGISLATURA SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

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Martes 31 de mayo de 2011

Texto de la citación

Montevideo, 26 de mayo de 2011.

LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 31, a la hora 15, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

– ORDEN DEL DÍA –
1º.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación). (Carp. 769/011). Rep. 545

2º.- Acuerdo Marco de Cooperación con el Gobierno de la República Socialista de Vietnam. (Aprobación). (Carp. 547/010). (Informado). Rep. 458 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ S e c r e t a r i o s

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2, 11, 14, 21, 25.- Asuntos entrados ……………………………………………………………………………….. 4, 29, 36, 49, 56 3, 12, 15, 22, 26.- Proyectos presentados ……………………………………………………………………….. 6, 29, 36, 50, 56 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 10, 11 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 11 CUESTIONES DE ORDEN 9, 17, 19, 23, 27.- Integración de la Cámara …………………………………………………………………… 23, 39, 46, 52, 58 7.- Intermedio …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 29.- Levantamiento de la sesión………………………………………………………………………………………………………… 69 9, 17, 19, 23, 27- Licencias……………………………………………………………………………………………. 23, 39, 46, 52, 58 ORDEN DEL DÍA 8, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 28.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación). Antecedentes: Rep. N° 545, de mayo de 2011, y Anexo I, de mayo de 2011. Carp. N° 769 de 2011. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. — Aprobación. Se comunicará al Senado ………………………………………………. 15, 27, 13, 38, 43, 47, 53, 58 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 67

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Nelson Alpuy, Gerardo Amarilla, José Amy, Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Balmelli, Julio Bango, Julio Battistoni, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Gustavo Borsari Brenna, Cecilia Bottino, Graciela Cáceres, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno, José Corradi, Luis Da Roza, Hugo Dávila, Walter De León, Gonzalo de Toro, Álvaro Delgado, Guillermo Facello, Julio Fernández, Martín Fernández, Juan Carlos Ferrero, Roberto Frachia, Jorge Gandini, Javier García, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Sandra Lazo, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiaude Espino, Felipe Michelini, Martha Montaner, Daniel Montiel, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Nicolás Núñez, Gonzalo Novales, Milo Ojeda, Julio Olivar, Raúl Olivera, Lourdes Ontaneda, Nicolás Ortiz, Jorge Orrico, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada (2), Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, María Pereira, Aníbal Pereyra (3), Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Mario Perrachón (4), Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Sebastián Sabini (1), Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Mercedes Santalla, Pedro Saravia, Mario Silvera, Juan C. Souza, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Walter Verri, Carmelo Vidalín y Dionisio Vivián. Con licencia: Verónica Alonso, Fernando Amado, José Bayardi, Gustavo A. Espinosa, Juan Manuel Garino, Alma Mallo Calviño, Miguel Otegui, Pablo Pérez González, Gustavo Rombys, Víctor Semproni, Daisy Tourné, Álvaro Vega Llanes y Horacio Yanes. Faltan con aviso: Mario García y Alberto Perdomo Gamarra. Sin aviso: Juan J. Bentancor. Observaciones: (1) A la hora 17 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Juan Carlos Ferrero. (2) A la hora 17 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Daniel Montiel.

(3) A la hora 17:38 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Sandra Lazo. (4) A la hora 17:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Mercedes Santalla.

2.- Asuntos entrados
“Pliego N° 80 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes: • con fecha 22 de abril de 2011, Nº 18.747, por la que se establecen beneficios fiscales a efectos de fortalecer los rodeos de cría y establecer medidas estructurales de adaptación al cambio climático. C/642/011 con fecha 20 de mayo de 2011: • Nº 18.751, por la que se declara el 2 de junio de cada año “Día Nacional de la Miastenia Gravis”. C/3547/010 • Nº 18.752, por la que se designa “Doctor Alfredo Crisci Diglio” el Liceo Nº 1 de la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones.C/244/010 • Nº 18.753, por la que se designa “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes Nº 72 del departamento de Artigas. C/544/010 • con fecha 24 de mayo de 2011: • Nº 18.754, por la que se sustituye el artículo único de la Ley Nº 18.560, de 11 de setiembre de 2009, relativo al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en la Cumbre de Santiago de Chile, celebrada el día 10 de noviembre de 2007. C/565/010 • con fecha 25 de mayo de 2011, Nº 18.755, por la que se adhiere a la declaración del último miércoles de mayo de cada año como “Día Mundial de la Esclerosis Múltiple”. C/137/010

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se prorroga el plazo previsto para proceder a adecuar los estatutos de las cooperativas a las disposiciones del artículo 221 de la Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008. C/829/011 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

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DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite copia autenticada del Oficio de la Suprema Corte de Justicia, relacionado con la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 70 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 2007. C/72/010 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo al Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión de 2007 con los Estados Unidos de América sobre Facilitación de Comercio, firmado el 2 de octubre de 2008 en Washington D.C. C/411/010 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Nº 177 de Vista Linda, departamento de Canelones. C/466/010 Se repartieron con fecha 26 de mayo

La Intendencia de Salto acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Alfredo Asti, en sesión de 12 de abril de 2011, sobre la problemática que generan los inmuebles abandonados. S/C La Corte Electoral contesta el pedido de informes del señor Representante Gerardo Amarilla, referente al cumplimiento de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, relativa al ingreso de personas discapacitadas a la Administración Pública. C/739/011 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Desarrollo Social contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Planchón, sobre el número y las características personales de los jóvenes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. C/369/010 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Pedro Saravia Fratti, acerca del cobro de una compensación especial para funcionarios del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Melo. C/285/010 del señor Representante José A. Arocena, acerca de la carencia de ambulancias en policlínicas de varias localidades del departamento de Florida. C/462/010 del señor Representante Juan Ángel Vázquez, referente a un convenio suscrito con una Fundación para la creación de una huerta saludable en el Hospital “Gustavo Saint Bois” de Montevideo C/585/010 • del señor Representante Juan Manuel Garino, relacionado con los pacientes atendidos en el Hospital Centro Geriátrico “Doctor Luis Piñeyro del Campo” y con varios aspectos del funcionamiento del mismo. C/602/011 del señor Representante Richard Sander, referente a un llamado público realizado para la contratación de médicos anestesistas con destino al Hospital de Rivera. C/571/010

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se crea el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. C/769/011 Se repartirá

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja el archivo de los siguientes proyectos de ley: • por el que se establece que los ciudadanos que no hayan sufragado en el acto electoral del día 27 de marzo de 2011, no sean sancionados económicamente. C/718/011 por que se exonera del pago de multa a quienes no hubieren cumplido con la obligatoriedad del sufragio en las elecciones de autoridades del Banco de Previsión Social, llevadas a cabo el 27 de marzo de 2011. C/762/011 Si no se observa, así se procederá COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con un programa integral de prevención e información sobre el uso problemático de drogas y reducción de daños. C/78/010 A la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias e Impacto en la Sociedad Uruguaya

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Richard Sander, sobre la cobertura y el estado del saneamiento en la ciudad capital del departamento de Rivera. C/261/010 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante José Andrés Arocena, relacionado con la venta de bebidas alcohólicas nacionales e importadas en el mercado interno entre los años 2000 y 2011. C/667/011

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El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Miguel Otegui, acerca del registro y uso de vehículos oficiales en todo el territorio nacional. C/631/011 El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos: • exposición escrita presentada por el señor Representante Daniel Peña Fernández, referente a la creación de una Escuela de Enseñanza Técnica para la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones. C/19/010 exposición realizada por la señora ex Representante Adriana Peña Hernández, en sesión de 16 de marzo de 2010, sobre diversas carencias en los centros educativos ubicados en los barrios ANCAP y La Coronilla de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. S/C A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Jorge Gandini solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, sobre la aplicación de la normativa que regula el contrato artístico establecido por el artículo 52 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/822/011 El señor Representante Pedro Saravia Fratti solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionado con la situación de una emisora radial de Santa Clara de Olimar. C/823/011 El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Desarrollo Social, y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, acerca de las obras realizadas en el marco del Programa Mejoramiento del Hábitat. C/824/011 Se cursaron con fecha 25 de mayo

El señor Representante Jorge Gandini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de una publicación relativa a un proyecto minero que habría sido distribuida en una sesión del Consejo de Ministros. C/827/011 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al desempeño de funciones de un Embajador Itinerante de nuestro país en el exterior. C/828/011 Se cursaron con fecha 30 de mayo PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Aníbal Gloodtdofsky presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.038, de 20 de octubre de 2006, incorporando la Ciudad Vieja de Montevideo al área de jurisdicción de la Armada Nacional. C/830/011 Los señores Representantes Jorge Pozzi y Pedro Saravia Fratti presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza a la Prefectura Nacional Naval a controlar la presencia de alcohol o drogas psicotrópicas en la tripulación de buques en jurisdicción nacional. C/831/011 A la Comisión de Defensa Nacional

La Presidencia de la Cámara de Representantes presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifica el Presupuesto de Secretaría. C/832/011 A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Asuntos Internos”.

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, sobre dos resoluciones administrativas relativas a la Dirección Administrativa del Instituto Nacional del Cáncer. C/825/011 Se cursó con fecha 26 de mayo

3.- Proyectos presentados.
A) “CIUDAD VIEJA DE MONTEVIDEO. (Se incorpora a la jurisdicción de la Armada Nacional). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Agrégase al artículo 34 del DecretoLey Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.038, de 20 de octubre de 2006, el siguiente literal: “E) Toda la zona denominada Ciudad Vieja de Montevideo, comprendida y delimitada por la Rambla Portuaria, Rambla F. D. Roose-

El señor Representante Gustavo Borsari Brenna solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con a la posible remoción de un funcionario uruguayo de FONPLATA. C/826/011

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velt, calle Juncal, Rambla Gran Bretaña y Rambla Francesa”. Artículo 2º.- En virtud de lo dispuesto por el artículo que antecede, decláranse comprendidas en el cometido de la policía marítima de la Unidad Ejecutora 021 “Prefectura Nacional Naval” del programa 003 “Armada Nacional”, las operaciones respectivas de función policial y de vigilancia en el referido barrio de la ciudad de Montevideo. Artículo 3º.- La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de 60 (sesenta) días. Artículo 4º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. Montevideo, 25 de mayo de 2011. ANÍBAL GLOODTDOFSKY, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se pone a consideración apunta a la necesidad de atender con la mayor eficacia posible la inmediata mejora de la seguridad pública. En tal sentido, la propuesta de esta ley apunta directamente a permitirle al Ministerio del Interior contar con un significativo mayor número de efectivos y recursos humanos en forma rápida y eficaz para reforzar y volcar a las tareas de patrullaje, de prevención y represión del delito en la ciudad de Montevideo. El Ministerio del Interior tiene hoy múltiples problemas de falta de funcionarios policiales destinados a atender la seguridad pública y ante estos inconvenientes es que se propone recurrir, precisamente, a la Prefectura Nacional Naval para que lo complemente, asista y brinde apoyatura con la infraestructura que posee. Más allá de que formalmente es el Ministerio del Interior el responsable de la seguridad pública, la Marina y el Ministerio del Interior ya trabajan coordinados y se apoyan recíprocamente en procedimientos conjuntos y en las esferas de sus respectivas jurisdicciones. Es por ello que se dispone por esta ley pasar toda la jurisdicción de la Ciudad Vieja a la Prefectura Nacional Naval de la Armada Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, donde en Puerto Madero se encargó a la Prefectura toda la competencia y función policial en el referido barrio porteño, con singular éxito. Cabe recordar que desde la creación de ese barrio porteño, dispuesta en septiembre de 1998, por una ley nacional, se estableció que Puerto Madero perte-

nece a una zona portuaria, por lo que la jurisdicción de su seguridad debe estar en manos de la Prefectura Naval con las mismas facultades de la Policía Federal en todo el ámbito de la capital argentina. De esta forma decenas de funcionarios policiales fueron sustituidos por personal de prefectura, y los primeros pudieron ir a reforzar otras zonas y barrios de la ciudad. En nuestro caso se liberaría así toda una Seccional Policial (la Seccional 1a. de Montevideo, sita en la Ciudad Vieja) además del personal policial de seguridad de otras reparticiones destinado a la custodia de esa zona de la capital, para volcarla al resto de la ciudad, mejorando la prevención y represión del delito. La Prefectura Nacional Naval es la fuerza policial que mantiene el orden público en la jurisdicción de la Armada y es la fuerza pública que presta apoyo, en el cumplimiento de sus funciones, a otros organismos del Estado con competencias específicas que actúen en jurisdicción naval. Asimismo cabe consignar que la Prefectura Nacional Naval viene cumpliendo desde sus orígenes funciones policiales de prevención, disuasión y represión de delitos así como de investigación de los mismos en su jurisdicción. Se encuentra por ende ya muy capacitada para cumplir con la misión que por esta ley se le asigna. Tiene una más visible y destacada actuación durante la temporada estival, época que demanda una atención muy especial de Prefectura, tanto en lo que refiere a las actividades propias de los veraneantes, como en lo relativo a la seguridad y prevención. Un claro ejemplo es la labor que desarrolla en su jurisdicción sobre todo Cabo Polonio, donde en verano se concentran miles de personas por día. La Prefectura ha estado siempre atenta a la evolución de los fenómenos sociales, coordinando con otros organismos públicos y privados, las acciones a desarrollar en su misión de brindar seguridad y cumplir con sus competencias asignadas. La Armada Nacional es la manifestación visible del Poder Estatal como Autoridad Marítima a través de la Prefectura Nacional Naval por estar contemplada en la normativa vigente constitutiva del ordenamiento jurídico nacional. La Prefectura Nacional Naval ha venido adaptándose y experimentado importantes transformaciones a lo largo de su historia. Hoy tiene competencia según la ley vigente, con jurisdicción policial y de vigilancia en todas las zonas costeras a partir de 150 metros desde la línea de agua (orilla), salvo que exista una calle o una rambla; en apostaderos navales; en zonas

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y puertos francos; en el cada vez más frecuente accionar ante emergencias nacionales; en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; contra el contrabando, etcétera, y puede ser también orientada a la necesidad de redoblar esfuerzos en colaborar en las tareas de prevención y represión de los delitos. Como antecedente se destaca que ya oportunamente, por Ley Nº 18.038, de 20 de octubre de 2006, se amplió la jurisdicción de la Armada Nacional, modificando el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157. Asimismo es de subrayar que conforme a lo establecido en la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se dictaminó que corresponde a las Fuerzas Armadas el compartir la responsabilidad en el mantenimiento del orden público cuando así lo dispusiera el Poder Ejecutivo. Actualmente el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.038, de 20 de octubre de 2006 establece: “Constituye jurisdicción de la Armada: A) Las aguas e islas jurisdiccionales del océano Atlántico, de la Laguna Merín y de los Ríos de la Plata y Uruguay. B) Las zonas costeras del océano Atlántico, Laguna Merín y Ríos de la Plata y Uruguay en una extensión de hasta 150 metros a partir de la línea de base o hasta rambla o costanera si existieran y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las Prefecturas de Artigas, Dolores, Carmelo, Conchillas, Rosario, Santiago Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luis, La Charqueada, Cebollatí y Río Branco y solamente a los efectos de vigilancia y policía marítima. C) El río Negro desde su desembocadura hasta la Represa Constitución (de Palmar). D) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de seguridad”. Nuestras Fuerzas Armadas en diversas oportunidades han contribuido con la eficaz intervención de su personal a cumplir nuevas funciones sin detrimento de sus específicas competencias y que en la labor de misiones de paz, que vienen cumpliendo en varias partes del mundo desarrollan tareas como las que se asignan en la presente ley. Y que medidas como la proyectada se inscriben dentro de un

marco de mayor participación y cooperación de las Fuerzas Armadas. También nuestras Fuerzas Armadas, desde la restauración democrática han sido requeridas para enfrentar la aftosa, las inundaciones, para apoyar planes de emergencia, para apagar incendios, para colaborar con el INDA, para cuidar los perímetros de las cárceles, con relevante profesionalismo y éxito en la tarea encomendada, al grado de levantar el beneplácito de la sociedad. Otro antecedente de ampliación de las facultades, jurisdicción y competencias otorgados a la Prefectura Nacional Naval, es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, remitido por el Presidente José Mujica al Parlamento (Carpeta Nº 704; Repartido Nº 515 de abril de 2011 sobre “Personal de la Prefectura Nacional Naval” radicado en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes), donde se incluye al mismo en el régimen de fiscalización del tránsito vehicular dispuesto por la Ley Nº 18.191 de “Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional”. Por último cabe consignar que en nuestro derecho positivo, en relación a la ampliación de la jurisdicción a las Fuerzas Armadas, se encuentra el Decreto del Poder Ejecutivo 378/997, de 10 de octubre de 1997 (aún vigente) por el cual se encomendó a las mismas la custodia de sedes diplomáticas, consulares, organismos y misiones internacionales en todo el territorio nacional. Sensata es entonces la reasignación, la readecuación de una pequeña parte de efectivos para que complemente la seguridad; empleando parte de ese magnífico recurso humano y logístico para contribuir con misiones como la que plantea esta ley y cuyo resultado implicará contar con la disponibilidad de más policías para combatir el principal problema que tenemos los uruguayos como es el desborde de la delincuencia, la situación de inseguridad y el azote del miedo en una sociedad. El velar por la seguridad pública y la atención a los servicios esenciales de la seguridad ciudadana son valores fundamentales en un Estado de Derecho cuyo mantenimiento y mejoramiento es prioritario y por ende se deben de volcar y racionalizar todos los recursos disponibles. Montevideo, 25 de mayo de 2011. ANÍBAL GLOODTDOFSKY, Representante por Montevideo”.

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B)

“PREFECTURA NACIONAL NAVAL. (Se la autoriza a controlar la presencia de alcohol o drogas psicotrópicas en la tripulación de buques en jurisdicción nacional). PROYECTO DE LEY

Buscando corregir esa omisión es que enviamos este proyecto de ley de artículo único. Montevideo, 30 de mayo de 2011. PEDRO SARAVIA, Representante por Cerro Largo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo”. C) “PRESUPUESTO DE SECRETARÍA. (Modificaciones) PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo 1º.- Los funcionarios de la Cámara de Representantes con 62 (sesenta y dos) años de edad o más, que tengan causal jubilatoria y presenten renuncia dentro de los 30 (treinta) días a partir de la presente resolución, percibirán una partida mensual complementaria al haber de pasividad desde la fecha de aceptación de la renuncia y hasta el cese obligatorio. Dicha partida tendrá un monto tal que su liquido legal, acumulado al haber prejubilatorio o jubilatorio liquido, totalice mensualmente el 85% (ochenta y cinco por ciento) del líquido legal del último mes trabajado. La mencionada partida se ajustará en las mismas fechas y porcentajes en que se reajuste la remuneración de los funcionarios activos. Artículo 2º.- También podrán acogerse al retiro incentivado que se establece en el artículo anterior, aquellos funcionarios que tengan causal jubilatoria y cumplan los 62 (sesenta y dos) años de edad hasta el 28 de febrero de 2013. Estos funcionarios, para acogerse a esta opción, deberán presentar renuncia dentro de los 30 (treinta) días siguientes de cumplida la edad mencionada. Artículo 3º.- En caso de fallecimiento de funcionarios jubilados que estuvieren percibiendo el incentivo por retiro establecido en los artículos 19 y 20 de la Resolución del Cuerpo de 30 de julio de 2007 y modificativas, la Cámara de Representantes continuará abonando a sus causahabientes el monto correspondiente hasta la finalización del mismo. Artículo 4º.- Destínase hasta la suma de $ 1.000.000 (pesos uruguayos un millón) del rubro “Servicios no Personales” a efectos de atender la rehabilitación de los funcionarios que sufran cualquier tipo de adicción. La Presidencia de la Cámara de Representantes determinará el alcance de la misma. Esta cifra se incrementará conjuntamente con el rubro correspondiente. Artículo 5º.- La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales que demande la presente resolución. El Área Financiero Contable de

Artículo Único.- Autorízase a la Prefectura Nacional Naval a controlar la eventual presencia y concentración de alcohol u otras drogas psicotrópicas en su organismo, a través de procedimientos de espirometría u otros métodos expresamente establecidos por las autoridades competentes, los que podrán ser ratificados a través de examen de sangre, orina y otros análisis clínicos o paraclínicos, en las tripulaciones de buques en jurisdicción nacional, dentro del ámbito de su competencia. Montevideo, 30 de mayo de 2011. PEDRO SARAVIA, Representante por Cerro Largo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley Nº 18.191, de 30 de octubre de 2007, habilita a las autoridades competentes a realizar en su zona de jurisdicción las pruebas para detectar alcohol o el uso de drogas psicotrópicas, en los conductores de vehículos de todo tipo, buscando disminuir los accidentes y mejorar la seguridad en el tránsito. Sin embargo hay otras actividades que no quedan comprendidas en la ley, y en donde siendo responsables de conducir medios de transporte igualmente peligrosos, no está prevista la posibilidad de realizar estos controles por ninguna autoridad competente. Una de las actividades no comprendidas, pero donde resulta necesario hacer controles es la actividad marítima. Las naves de cualquier tipo que atracan en nuestros puertos o navegan en nuestros ríos o mar territorial, constituyen sin duda un medio de transporte necesario pero potencialmente peligroso de no tripularse en condiciones normales. Muchas de las reglas para que esta navegación sea segura están establecidas en los convenios internacionales que el país ha suscripto y controla en su jurisdicción. Sin embargo no hay nada que habilite a la Prefectura Nacional Naval como Policía Marítima a realizar los controles que el proyecto de ley establece y que son absolutamente necesarios.

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la Cámara de Representantes gestionará y adecuará la apertura de los créditos necesarios para atender estas modificaciones presupuestales. Montevideo, 27 de mayo de 2011. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Presidente de la cámara de Representantes. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En consonancia con los lineamientos de mesura, austeridad y control del gasto planteados al asumir esta Presidencia, el presente proyecto de resolución busca atender ciertas situaciones que se consideran de optimización de recursos humanos, por una parte y de estricta justicia por otra. Se propone bajar dos años la edad para acogerse al retiro incentivado en el entendido de que es importante que la Cámara de Representantes se acerque a la situación que se presenta en la Cámara de Senadores, en la que actualmente los funcionarios se acogen a dicho beneficio a los sesenta años. El artículo 3º contempla una situación que se considera sumamente atendible en el entendido de que en las familias de los ex funcionarios fallecidos se genera, además de la pérdida afectiva, un importante perjuicio económico ocasionado por la falta de ese ingreso al núcleo familiar. Por otra parte se resuelve el vacío legal existente ante tal situación. El artículo 4º propone atender situaciones puntuales de adicciones para así contribuir al mejoramiento de la calidad sanitaria de los funcionarios, dado que ello redunda en beneficio personal y en la optimización de los recursos humanos de la Cámara. Montevideo, 27 de mayo de 2011. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Presidente de la cámara de Representantes”.

escalafón policial y destinarlas a la zona balnearia del departamento de Canelones. C/19/010 El señor Representante Julio Olivar Méndez solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Canelones; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio a los respectivos Municipios y Juntas Locales; y a los medios de comunicación del citado departamento, referente a la coordinación de políticas y servicios relativos a la seguridad ciudadana a nivel departamental y nacional. C/19/010 El señor Representante Ricardo Planchón solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas a la Presidencia de la República: • y al Ministerio del Interior, sobre la necesidad de dotar de mayores recursos a la Jefatura de Policía de Colonia y a las seccionales policiales del referido departamento. C/19/010 y al Ministerio de Turismo y Deporte; y a la Intendencia de Colonia, con destino al Municipio de Tarariras, relacionada con la importancia turística del balneario Santa Ana. C/19/010 y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de la posibilidad de instrumentar una garantía estatal para ciudadanos entre 18 y 35 años de edad para el arrendamiento de viviendas o locales comerciales. C/19/010 y al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; y a la Intendencia de Colonia, con destino a su Oficina de Cufré, referente a la situación edilicia de la Escuela Nº 36 de esa localidad. C/19/010 y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, sobre las obras de saneamiento en el barrio El General, de la ciudad capital del citado departamento. C/19/010 y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, y por su intermedio al Municipio de Rosario, relacionada con un proyecto de inversión para dicha ciudad. C/19/010

4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Está abierto el acto. (Es la hora 15 y 17) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Orlando Lereté solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, acerca de la necesidad de proveer vacantes en el •

El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Salud Pública,

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con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado; de Defensa Nacional, y por su intermedio al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y al Centro Mutual y Social de Retirados del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas, acerca de la posibilidad de exonerar del pago de peaje a las ambulancias de dicho Centro. C/19/010” ——Se votarán oportunamente.

1)

Exposición del señor Representante Orlando Lereté al Ministerio del Interior, acerca de la necesidad de proveer vacantes en el escalafón policial y destinarlas a la zona balnearia del departamento de Canelones.

5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 24 de mayo de 2011: Con aviso: Sebastián Da Silva, Rodrigo Goñi Romero, Graciela Matiaude Espino, Martha Montaner, Alberto Perdomo Gamarra, Richard Saner y Mario Silvera. Sin aviso: Julio Battistoni. Inasistencias a las Comisiones. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 25 de mayo ASUNTOS INTERNACIONALES Con aviso: Fernando Amado. HACIENDA Con aviso: Andrés Lima; Marco Correa. Sin aviso: Heber Bousses. Jueves 26 de mayo ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD Con aviso: Graciela Matiaude; Mario García; Martha Montaner; Verónica Alonso”.

“Montevideo, 24 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. Durante la temporada estival los balnearios del departamento de Canelones se ven colmados de turistas y, con buen criterio, esa Secretaría de Estado aumenta la dotación de personal, de elementos mecánicos y de animales, con la finalidad de mejorar los servicios prestados. Desde ese Ministerio se considera que en esa zona, en el resto del año, no es necesaria la misma presencia policial que se destina en el verano. Consideramos que ello no es así, ya que terminada dicha estación quedan las casas deshabitadas y son territorio propicio para los robos y los daños. Por lo expuesto, mediante esta exposición escrita, solicitamos que el 50% de las vacantes previstas en el Presupuesto Nacional sean derivadas a las Comisarías de la costa del departamento de Canelones, desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo Solís Grande. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ORLANDO D. LERETÉ SALCEDO, Representante por Canelones”. 2) Exposición del señor Representante Julio Olivar Méndez a la Presidencia de la República; al Ministerio del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Canelones; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio a los respectivos Municipios y Juntas Locales; y a los medios de comunicación del citado departamento, referente a la coordinación de políticas y servicios relativos a la seguridad ciudadana a nivel departamental y nacional.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:)

“Montevideo, 26 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Jefatura de Policía del departamento de Canelones; a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, a sus Municipios, a la Junta Departamental de Canelones y a los medios de comunicación del citado departamento. En visitas realizadas a distintas zonas del departa-

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mento de Canelones, los vecinos nos formularon importantes y reiterados planteos referidos a la seguridad de sus familias cuando transitan por la calle, y cuando están en sus hogares, siendo ésta su mayor preocupación. Si bien ven con agrado los distintos esfuerzos realizados por las autoridades y los legisladores, los consideran insuficientes y hasta mal enfocados. Apoyan de forma importante, la recolección de firmas para realizar un plebiscito donde votar la ley que baje la edad de imputabilidad de los menores infractores. Ven positivamente los recientes operativos llevados a cabo por la policía, en distintas zonas y barrios de los departamentos de Montevideo y de Canelones. Pero tales medidas son puntuales y aisladas sin formar parte de un proyecto de seguridad, por lo que podremos solucionar algún aspecto de la inseguridad, pero no atacamos el problema de fondo. En reuniones con comisiones zonales de vecinos, creadas con el fin de tratar el tema de la seguridad, y a las cuales fueron invitadas distintas autoridades políticas y policiales, para que expliquen la situación en que se encuentra el país en este tema y cuáles son las medidas que se piensan adoptar para controlar la ola de delitos que se instaló en nuestro departamento, grande fue su asombro cuando de parte de esas autoridades, se contestó que se estaban haciendo los mayores esfuerzos, pero que la falta de efectivos policiales y de materiales hacen imposible encarar otro tipo de estrategia que las ya aplicadas al día de hoy, con los resultados a la vista: aumento de robos, arrebatos, rapiñas y abigeato. Estaríamos encantados de recibir el apoyo del Cuerpo, para crear un proyecto de sistema general de seguridad, que involucre a autoridades políticas, policiales, judiciales, representantes de la población, los cuales se integrarían en tres niveles de comisiones de seguridad. Un primer nivel municipal integrado por el Alcalde, el Comisario de la Seccional correspondiente, Oficial de Justicia y representante de la población. Un segundo nivel departamental integrado por el Intendente o el Secretario General, el Jefe de Policía, el Juez Penal y dos representantes de la población elegidos entre los integrantes del primer nivel. Un tercer nivel nacional integrado por el Ministro del Interior o el Subsecretario, un Representante de la Suprema Corte de Justicia y un Diputado por partido político con representación parlamentaria, en representación del pueblo. A los mismos, se encomendaría el estudio pormenorizado del mapa delictivo de su jurisdicción y las posibles medidas a tomar para su control. Este informe tendría como máximo sesenta días de la aprobación de esta iniciativa, para ser entregado por las comisiones municipales de seguridad a las comisiones departamentales y

éstas lo entregarían a las nacionales y tendrían ciento veinte días para que ésta presente ante la Cámara de Representantes las medidas a implementar a través del proyecto de seguridad nacional a efectos de aprobarlo, dotándolo de recursos para que el Ministerio del Interior lo implemente. Para su evaluación y seguimiento, sería de orden que las mismas comisiones estén encargadas de la evaluación y presenten un informe periódico de la evolución de la delincuencia en su jurisdicción. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JULIO OLIVAR MÉNDEZ, Representante por Canelones”. 3) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior, sobre la necesidad de dotar de mayores recursos a la Jefatura de Policía de Colonia y a las seccionales policiales del referido departamento.

“Montevideo, 26 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior. En mi calidad de Representante Nacional por el departamento de Colonia, quiero transmitir un tema que preocupa sobremanera a los ciudadanos de mi departamento: la inseguridad pública. La inseguridad es quizás el principal problema que aqueja a la ciudadanía, el que más quita el sueño, el que impide caminar por las calles con tranquilidad, el que afecta el libre flujo de bienes y servicios. Inseguridad que paulatinamente se instala día a día en el interior de nuestro país. A título de ejemplo, menciono que en la ciudad de Nueva Helvecia, departamento de Colonia, se vivió hace tres días una ola de rapiñas, efectuada por delincuentes cubiertos con cascos de moto, quienes hostigaron a vecinos y comerciantes. Tristemente esta clase de delitos es frecuente en Montevideo, no así para la ciudad de Nueva Helvecia, siendo inaudito lo acontecido. Ante esta nueva realidad, que lamentablemente se suscita en mi departamento, solicito al Ministerio del Interior que incremente los efectivos policiales y que provea de la infraestructura y de los recursos materiales necesarios, para que puedan desempeñarse los recursos humanos capacitados en las distintas Seccionales de nuestro departamento. Ante el tema de la inseguridad pública, todos los partidos políticos debemos llegar a un acuerdo en el que prime proteger al ciudadano trabajador y honesto. Se deberá ser firme en la represión del delito, otorgándole las potestades necesarias a la Policía para que actúe en procura de la seguridad ciudadana. Quiero destacar

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la labor realizada por el ex Jefe de Policía de Colonia, Inspector Mayor (R) Herodes Ruiz, quien desempeñó el cargo eficientemente, y del actual Jefe de Policía de Colonia, Inspector Mayor (R) Adán Cuello Rosa, quien trabaja con profesionalismo, a efectos de logar una buena gestión. Por lo expuesto, solicito a través de la presente, que se incrementen en la ampliación presupuestal los recursos para el Ministerio del Interior, en particular, para la Jefatura de Policía de Colonia incluyendo todas las Seccionales del departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 4) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y al Ministerio de Turismo y Deporte; y a la Intendencia de Colonia, con destino al Municipio de Tarariras, relacionada con la importancia turística del balneario Santa Ana.

“Montevideo, 26 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Turismo y Deporte, y a la Intendencia de Colonia, con destino al Municipio de Tarariras. El balneario Santa Ana, del departamento de Colonia, se encuentra ubicado en el kilómetro 155 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, tomando a la izquierda de la mencionada ruta, 3 kilómetros aproximadamente. Este balneario, situado a orillas del Río de la Plata, es de gran importancia para el departamento, así como para la gente que lo visita. Varios artistas de gran trayectoria, como Luis Landriscina y Jairo, lo han adoptado como lugar de residencia, por su tranquilidad, su belleza y sus magníficas playas. Las mismas representan un recurso natural de suma trascendencia, por lo que se solicita la declaración de las playas como parte de la reserva natural del país. Sería muy positivo para la zona que se la denomine como ‘Playa Natural’, ya que es un atractivo muy significativo del departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 5) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de la posibilidad de instrumentar una garantía estatal para ciudadanos entre 18 y 35 años de edad para el arrendamiento de viviendas o locales comerciales.

Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Deseamos exponer una problemática que nos han planteado jóvenes residentes del departamento de Colonia. La misma trata de las escasas posibilidades que tienen, a la hora de intentar concretar un negocio propio o de poder alquilar una vivienda. Esto sucede debido a que son muchas las trabas que se les presentan en el camino para poder iniciarse como empresarios o de independizarse, con la importancia que esto conlleva. Es por esta razón, que solicitamos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la posibilidad de que los jóvenes de 18 a 35 años de edad, puedan conseguir en el Estado una garantía, ya sea para alquiler de un local, en el caso de querer abrir un comercio, o de alquiler para su propio hogar. Saludamos al señor Presidente muy atentamente, RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 6) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; y a la Intendencia de Colonia, con destino a su Oficina de Cufré, referente a la situación edilicia de la Escuela Nº 36 de esa localidad.

“Montevideo, 26 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou.

“Montevideo, 26 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria, y a la Intendencia de Colonia, con destino a su Oficina de Cufré. El pueblo Cufré, se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Nueva Helvecia, por la Ruta Nacional Nº 52 y a 45 kilómetros de la ciudad capital del departamento de San José. En dicho pueblo, se ubica la Escuela Nº 36, la que se encuentra en condiciones edilicias insuficientes, ya que es necesario que se realicen ampliaciones en la misma. Por lo expuesto, solicitamos ante el Consejo de Educación Inicial y Primaria, quien ya está al tanto de la situación, que den comienzo a las obras lo antes posible, por la necesidad que esto re-

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presenta para la zona. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 7) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, sobre las obras de saneamiento en el barrio El General, de la ciudad capital del citado departamento.

“Montevideo, 24 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); a la Intendencia y a la Junta Departamental de Colonia. En mi calidad de Representante Nacional por el departamento de Colonia, transmito un tema que está generando preocupación en los vecinos del citado departamento y se refiere al saneamiento en un barrio de la ciudad de Colonia del Sacramento. Dicha ciudad, cuenta con saneamiento en algunas zonas. Uno de los barrios que ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, es el barrio El General, ubicado a la entrada de la misma, en el kilómetro 175 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe. El citado barrio, posee una población aproximada a los 10.000 vecinos. Es un barrio con gran proyección a futuro, ya que en poco tiempo se ha poblado de manera asombrosa por lo que es fundamental contar con saneamiento. Esto es muy importante para el lugar, ya sea por cuestiones higiénicas, de salud y demás. Este planteo reiterado en varias oportunidades por los vecinos del barrio, considero que debe ser atendido. Las obras de saneamiento son elementales, por lo que se requiere que OSE priorice una ampliación presupuestal para lograr concretar el servicio de saneamiento en ese barrio. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 8) Exposición del señor Representante Ricardo Planchón a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, y por su intermedio al Municipio de Rosario, relacionada con un proyecto de inversión para dicha ciudad.

tantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Industria, Energía y Minería; a la Intendencia de Colonia y, por su intermedio, al Municipio de Rosario, y a la Junta Departamental de Colonia. Deseamos reiterar un tema de suma importancia para la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Dicha ciudad se ubica en el sureste del departamento, a 130 kilómetros de la capital del país. Es una zona altamente productiva en cuanto a la agricultura y a la lechería, además de ser una ciudad en la que, años atrás, funcionaron diferentes proyectos industriales. Hoy en día, atraviesa una crisis de desempleo y se ha convertido en un cementerio de industrias paralizadas, por lo que el 18 de agosto del año 2010, planteamos en forma urgente que se hiciera un estudio por parte del Poder Ejecutivo, para priorizar la instalación de industrias para ocupar la mano de obra en dicha ciudad. Ante este planteamiento, no hemos recibido ninguna contestación. Asimismo, hemos escuchado en la noche de ayer, al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero químico Roberto Kreimerman, quien habló acerca de la instalación de una fábrica de PVC y plásticos de origen japonesa, en el departamento de Canelones, más precisamente, cerca del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Por lo expuesto, solicitamos al mencionado Ministro, que plantee la posibilidad de instalar esta inversión en nuestro departamento y, en especial, en la ciudad de Rosario, que ha sido tan afectada por la falta de empleo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. 9) Exposición del señor Representante José Carlos Cardoso a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado; de Defensa Nacional, y por su intermedio al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y al Centro Mutual y Social de Retirados del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas, acerca de la posibilidad de exonerar del pago de peaje a las ambulancias de dicho Centro.

“Montevideo, 24 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Represen-

“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado; al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, para

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su remisión al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y a la Confederación Nacional de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas y, por su intermedio, a las filiales que la integran. La Confederación Nacional de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas, entre los servicios que brinda a sus afiliados, se encuentra el prestar asistencia médica a través de una red de policlínicas distribuidas en los departamentos del interior. Naturalmente, esa prestación no solo beneficia al afiliado, sino que también descomprime la demanda de atención en salud pública, habida cuenta de como lo establece el Decreto Nº 607/988, de 17 de octubre de 1988, corresponde a los servicios de salud del Estado cubrir -en el interior del país- la atención del personal militar, en actividad o retiro. Asimismo, en el caso de pacientes que deben realizarse estudios o atención en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y no pueden trasladarse por sí mismos, la referida Confederación posee ambulancias propias que atienden esa necesidad y es sobre este servicio que realizamos nuestro planteo, pues a diferencia de las ambulancias públicas, estas ambulancias cada vez que hacen un traslado deben pagar peaje. En función de lo expresado, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Publicas que se exonere a las ambulancias de esa organización del pago de peaje. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha”.

8.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: “Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 545 “PROYECTO DE LEY Artículo 1º. (Creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente).- Declárase que el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) creará, a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA), el que sucederá al Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción (SEMEJI). Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socioeducativas dispuestas por los artículos 77 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA; Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004). A tales efectos, y de acuerdo a lo que se dirá, asumirá, por competencia delegada, el cometido que el artículo 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay así como el literal F) del artículo 2º de la Ley Nº 15.977 de 14 de setiembre de 1988, asignan al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Artículo 2º. (Delegación).- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, delegará por resolución fundada las atribuciones que les asignan las normas legales, en una Comisión Delegada compuesta por tres miembros. Todo ello en un todo de acuerdo con las normas de esta ley y lo preceptuado por el artículo 106 de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990 y los literales A), B), J), O) y P) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988. Artículo 3º. (Comisión Asesora Intergubernamental).- Existirá una Comisión Asesora Intergubernamental de la Comisión Delegada creada por el Artículo 1º de esta ley, que se integrará por representantes de los organismos públicos que se dirá: A) Ministerio de Desarrollo Social, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funciona-

7.- Intermedio.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: es obvio que una bancada importante como la del Partido Nacional no se encuentra en Sala. Como se nos ha comunicado que están finalizando una reunión, solicito un intermedio de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 15 y 21) ——Continúa la sesión. (Es la hora 15y 40)

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miento del Programa de Reintegro Social que por esta ley se prevé. B) Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, quienes tendrán la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de los proyectos de educación formal, no formal y formación profesional. C) Ministerio de Salud Pública y Administración de los Servicios de Salud del Estado quienes tendrán función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento del Programa de Medidas Curativas (artículo 106 del CNA). D) Ministerio del Interior, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de todos los aspectos vinculados a la seguridad externa de cada uno de los establecimientos donde se desarrollen Medidas Socioeducativas de Privación de Libertad. Artículo 4º. (Designación de la Comisión Delegada).- La Comisión Delegada será designada por resolución del Directorio del INAU, quien deberá asegurar, a tales efectos, la búsqueda del máximo consenso posible del punto de vista político-técnico. Deberá comunicar los nombres que se proponga designar, acompañados de sus respectivos currículos, al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la Asamblea General, con una antelación no menor a los quince días corridos previo a su efectiva designación. Artículo 5º. (Requisitos, Prohibiciones e Incompatibilidades).- Los integrantes de la Comisión Delegada deberán reunir los mismos requisitos y tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades, en lo pertinente, que los integrantes del Directorio del INAU. Artículo 6º.- Existirá una Gerencia General Ejecutiva, que tendrá a su cargo la gestión cotidiana del IRPA, debiendo ejecutar fielmente los lineamientos y las decisiones emanadas de la Comisión Delegada, y responderá directamente ante ésta. Artículo 7º. (Programas).- Existirán cuatro programas dependientes directamente de la Gerencia General Ejecutiva, de acuerdo al siguiente detalle: A) Programa de Ingreso, Estudio y Derivación. Tendrá a su cargo el Centro de Ingreso Transi-

torio de Montevideo, realizará los informes técnicos de diagnóstico inicial y definirá las derivaciones a los diversos programas y proyectos existentes en el Sistema. B) Programa de Medidas Socio-Educativas No Privativas de Libertad y Mediación. Tendrá a su cargo la ejecución de las Medidas SocioEducativas previstas en los artículos 80 a 84 inclusive del CNA; deberá instrumentar los preceptos del artículo 94 del CNA. C) Programa de Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad y Semilibertad. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas previstas en los artículos 86 a 88 inclusive del CNA. D) Programa de Medidas Curativas. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socioeducativas previstas en el artículo 106 del CNA. E) Inserción Social y Comunitaria (egreso). Tendrá a su cargo todas las acciones tendientes a obtener un reintegro social exitoso. Artículo 8º. (Presupuesto).- El presupuesto del IRPA se establecerá, a partir de la promulgación de esta ley, en base a las previsiones del artículo 328 de la Ley de Presupuesto quinquenal correspondiente al período 2010-2014. Especialmente dispondrá de fondos a los efectos de cubrir las necesidades del IRPA en materia de Infraestructura incluyendo, entre otros, construcción, mejoramiento y rehabilitación de inmuebles, comunicaciones, vigilancia electrónica externa e interna y vehículos. Se dispondrá de fondos tendientes a la instalación de una guardia especializada de efectivos del Ministerio del Interior destinados en exclusividad a la custodia y seguridad externa de los establecimientos de privación de libertad para adolescentes existentes o a construirse. Estos fondos se imputarán al Inciso 04, Ministerio del Interior, quien solo podrá destinar los mismos a la finalidad prevista en esta ley. Artículo 9º. (Fondo de Infraestructura).- Con los fondos y a los efectos previstos en el artículo anterior –con excepción de lo previsto en el inciso tercero del mismo- se creará el Fondo de Infraestructura del IRPA, el que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en ejercicio de los cometidos asignados por el artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 16.802, de 21 de setiembre de 2009, que se ajustará estrictamente a las directi-

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vas de la Comisión Delegada rectora del IRPA, y realizará todas las contrataciones mediante procedimientos competitivos que aseguren el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad de oferentes, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 1996. En el caso del Inciso tercero del artículo anterior, los fondos se imputaran al Inciso 04 del Presupuesto Nacional, Ministerio del Interior, quien solo podrá imputar los mismos a los fines establecidos por esta ley. Artículo 10. (Presupuesto y Recursos Humanos).Deberá asimismo prever los fondos necesarios para la creación y mejora de los cuatro programas previstos en el artículo 7º de esta ley, así como todo lo atinente a la instalación de la Comisión Delegada, sus asesores y los integrantes de la Comisión Asesora Intergubernamental (artículos 1º y 3º de esta ley) incluyendo lugar de funcionamiento, retribuciones, mobiliario, comunicaciones y locomoción. Lo mismo ocurrirá a efectos de ingresar Personal Técnico Profesional, especialmente Licenciados/as en Psicología, Trabajadores/as Sociales, Médicos/as Psiquiatras y de Medicina General, Auxiliares de Enfermería, Abogados/as, Procuradores/as, Profesores de Educación Física, Educadores y Técnicos en Administración. Asimismo podrá preverse el ingreso de Ingenieros/as Agrónomos/as, Médicos/as Veterinarios/as, Especialistas en Informática, Talleristas y Recreadores. Los fondos previstos en este artículo se imputarán al Inciso 27 del Presupuesto Nacional, Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Programa Seguridad Pública, Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, con el exclusivo fin de ser utilizados a los efectos que esta ley prevé. Artículo 11. (Formación y Capacitación).- Existirá un fondo previsto para un Programa de Formación y Capacitación del personal actual o futuro del IRPA, funciones que estarán a cargo del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del INAU y, en lo atinente a los funcionarios, técnicos, mandos medios y superiores del Programa de Gestión de las Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad, se incorporará al Programa de Formación y Capacitación a la Escuela Penitenciaria dependiente del Inciso 04 “Ministerio del Interior”, Programa “Gestión de la Privación de Libertad”, Unidad Ejecutora 026 “Instituto Nacional de Rehabilitación”, a cuyos efectos se firmará un convenio entre ésta y el precitado CENFORES.

Artículo 12. (Disposición Transitoria).- El Directorio del INAU y la Comisión Delegada, en consulta con los integrantes de la Comisión Asesora Intergubernamental proyectarán todos los aspectos vinculados al Presupuesto, planes y programas de instalación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, en un plazo no mayor a los 60 (sesenta) días de promulgada la presente ley a los efectos de su aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Dicho proyecto será presentado formalmente ante el Consejo de Ministros por el Ministerio de Desarrollo Social, dando cuenta del mismo a la Asamblea General. El Poder Ejecutivo dispondrá de 30 (treinta) días para aprobar -con o sin modificaciones- el referido proyecto de acuerdo a las previsiones del artículo 328 de la ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (Presupuesto Quinquenal 2010-2014), dando cuenta de lo aprobado a la Asamblea General. Montevideo, 3 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, JULIO BANGO, Representante por Montevideo, JORGE GANDINI, Representante por Montevideo, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se adjunta ha sido presentado por el Directorio de INAU ante la Comisión Especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de Seguridad Pública y en especial la de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal; creada oportunamente por la Asamblea General; y forma además parte de las recomendaciones que dicha Comisión elevó y fueron aprobadas por unanimidad. Los legisladores firmantes presentan dicho proyecto a efectos que tome estado parlamentario, sin que ello implique expedirse sobre los contenidos del mismo. Montevideo, 3 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, JULIO BANGO, Representante por Montevideo, JORGE GANDINI, Representante por Montevideo, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo”.

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Anexo I al Rep. Nº 545 “Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración INFORME Señores Representantes: Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración por unanimidad tiene a bien informar el proyecto sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente. Éste se ha basado en el proyecto originalmente presentado por el Directorio del Instituto del Niño y del Adolescente, INAU, ante la “Comisión Especial de la Asamblea General para el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad y en especial la de los Adolescentes en conflicto con la ley penal”. El proyecto recoge varios antecedentes, entre ellos los del Partido Nacional de 1986 y de 2010. El proyecto original recibió estado parlamentario el 3 de mayo próximo pasado, y todos los Partidos han decidido apoyar el que se presenta ante esta Cámara. La iniciativa tiene el propósito de crear en el marco del actual INAU un órgano desconcentrado cuyo cometido sea específico en todo lo relativo a la ejecución de las medidas socio educativas en el marco del cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. Se ha llegado a la conclusión que este es un paso necesario a los efectos de poder dotar al Estado uruguayo del diseño institucional y los poderes jurídicos para una adecuada contención de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. El artículo 1º establece en el marco del INAU con carácter transitorio, un órgano desconcentrado que cumplirá funciones hasta tanto la ley disponga la creación de un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado. Esta es la diferencia más importante entre el proyecto primigenio del INAU y este puesto a consideración de la Cámara, pues el proyecto aprobado establece en forma indubitable que es una transición lo que no decía el originario pues se afirma que se creará una nueva institucionalidad como es la de servicio descentralizado. El órgano desconcentrado y luego el Instituto estará dirigido por una Comisión Delegada compuesta por tres miembros de reconocida idoneidad técnica y tendrán el mayor consenso político posible. Asimismo, se crea una Comisión Asesora Intergubernamental integrada por los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública e Interior, así

como la Administración Nacional de Educación Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Asimismo, se establece a texto expreso que el órgano desconcentrado será delegatario al efecto de ser ordenador primario de gastos e inversiones. La Comisión aspira que la aprobación de este proyecto y la puesta en práctica de la iniciativa serán un aporte sustantivo para mejorar la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal y al mismo tiempo una garantía de cumplimiento de la ley. Sala de la Comisión, 30 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, JORGE ORRICO, ANÍBAL PEREYRA, GUSTAVO BORSARI BRENNA,, CON SALVEDADES, FITZGERALD CANTERO PIALI, con salvedades, GUSTAVO CERSÓSIMO, con salvedades. PROYECTO DE LEY Artículo 1º. Cométese al Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU) la creación con carácter transitorio, de un órgano desconcentrado que se denominará Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) a fin de suceder al Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción (SEMEJI), en todo lo relativo a la ejecución de las medidas socio educativas dispuestas por los artículos 77 y siguientes de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y de la Adolescencia). El citado órgano cumplirá funciones hasta tanto la ley disponga, en el transcurso del actual período de gobierno, dentro del plazo más breve posible, la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado de acuerdo a lo dispuesto en la Sección XI de la Constitución de la República; y asumirá, por competencia delegada, los cometidos que el artículo 78 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, y el literal F) del artículo 2º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, asignan al INAU. Artículo 2º. (Delegación). A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, el Directorio del INAU, delegará por resolución fundada las atribuciones que les asignan las normas legales en particular la que refiere a ser ordenador primario de gastos e inversiones dentro de los límites de las asignaciones presupuestales correspondientes en una Comisión

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Delegada compuesta por tres miembros de reconocida idoneidad técnica. Todo ello en un todo de acuerdo con las normas de esta ley y lo preceptuado por el artículo 106 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990 y los literales A), B), J), O) y P) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988. Artículo 3º. (Comisión Asesora Intergubernamental). Créase una Comisión Asesora Intergubernamental del SIRPA referido en el artículo 1º de esta ley, que se integrará por un representante de los organismos públicos que se dirá: A) Del Ministerio de Desarrollo Social, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento del Programa de Reintegro Social que por esta ley se prevé. B) Del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo Directivo Central de la ANEP, quienes tendrán la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de los proyectos de educación formal, no formal y formación profesional. C) Del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado quienes tendrán función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento del Programa de Medidas Curativas (artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia). D) Del Ministerio del Interior, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de todos los aspectos vinculados a la seguridad externa de cada uno de los establecimientos donde se desarrollen medidas socioeducativas de privación de libertad. Artículo 4º. (Designación de la Comisión Delegada). La Comisión Delegada será designada por resolución del Directorio del INAU, quien deberá asegurar, a tales efectos, la búsqueda del mayor consenso posible del punto de vista político técnico. Deberá comunicar los nombres que se proponga designar, acompañados de sus respectivos currículos, al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la Asamblea General, con una antelación no menor a los quince días corridos previo a su efectiva designación.

Artículo 5º. (Requisitos, prohibiciones e Incompatibilidades). Los integrantes de la Comisión Delegada tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades, en lo pertinente, que los integrantes del Directorio del INAU. Artículo 6º. Existirá una Gerencia General Ejecutiva, que tendrá a su cargo la gestión cotidiana, debiendo ejecutar fielmente los lineamientos y las decisiones emanadas de la Comisión Delegada, y responderá directamente ante ésta. Artículo 7º. (Programas). Existirán cinco programas dependientes directamente de la Gerencia General Ejecutiva, de acuerdo al siguiente detalle: A) Programa de Ingreso, Estudio y Derivación. Tendrá a su cargo el Centro de Ingreso Transitorio de Montevideo, realizará los informes técnicos de diagnóstico inicial y definirá las derivaciones a los diversos programas y proyectos existentes. B) Programa de Medidas Socio Educativas No Privativas de Libertad y Mediación. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socio educativas previstas en los artículos 80 a 84 inclusive del Código de la Niñez y la Adolescencia. C) Programa de Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad y Semilibertad. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas previstas en los artículos 86 a 88 inclusive del CNA. D) Programa de Medidas Curativas. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socio educativas previstas en el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. E) Inserción Social y Comunitaria (egreso). Tendrá a su cargo todas las acciones tendientes a obtener un reintegro social exitoso. Artículo 8º. (Presupuesto). El presupuesto del SIRPA se establecerá en base a las previsiones del artículo 328 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, correspondiente al Presupuesto Nacional del período 2010 2014. Especialmente dispondrá de fondos a los efectos de cubrir las necesidades en materia de infraestructura incluyendo, entre otros, construcción, mejoramiento y rehabilitación de inmuebles, comunicaciones, vigilancia electrónica externa e interna y vehículos. Se dispondrá de fondos tendientes a la instalación de una guardia especializada de efectivos del Ministerio del Interior destinados en exclusividad a la custodia y seguridad externa de los establecimientos de privación de libertad para adolescentes, existentes o

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a construirse. Estos fondos se imputarán al Inciso 04, Ministerio del Interior, quien solo podrá destinar los mismos a la finalidad prevista en esta ley. Artículo 9º. (Fondo de Infraestructura). Con los fondos y a los efectos previstos en el artículo anterior con excepción de lo previsto en el inciso tercero del mismo se creará el Fondo de Infraestructura del SIRPA, el que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en ejercicio de los cometidos asignados por el artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 18.602, de 21 de setiembre de 2009, que se ajustará estrictamente a las directivas de la Comisión Delegada rectora del SIRPA, y realizará todas las contrataciones mediante procedimientos competitivos que aseguren el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad de oferentes, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 1996. En el caso del tercer inciso del artículo anterior, los fondos se imputarán al Inciso 04 del Presupuesto Nacional, Ministerio del Interior, quien solo podrá imputar los mismos a los fines establecidos por esta ley. Artículo 10. (Presupuesto y recursos humanos). Deberá asimismo prever los fondos necesarios para la creación y mejora de los cinco programas previstos en el artículo 7º de esta ley, así como todo lo atinente al funcionamiento de la Comisión Delegada, sus asesores y los integrantes de la Comisión Asesora Intergubernamental (artículos 1º y 3º de esta ley) incluyendo infraestructura edilicia, retribuciones, mobiliario, comunicaciones y locomoción. Lo mismo ocurrirá a efectos del ingreso de personal técnico profesional, especialmente licenciados en psicología, trabajadores sociales, médicos psiquiatras y de medicina general, auxiliares de enfermería, abogados, procuradores, profesores de educación física, educadores y técnicos en administración. Asimismo podrá preverse el ingreso de ingenieros/as agrónomos, médicos/as veterinarios, especialistas en informática, talleristas y recreadores. La Comisión Delegada podrá disponer o solicitar según corresponda por decisión propia o a sugerencia de la Gerencia General, el traslado y la reubicación de funcionarios en o desde otros programas y proyectos del INAU. Los fondos previstos en este artículo se imputarán al Inciso 27 del Presupuesto Nacional, Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Programa Seguridad Pública, Sistema de Responsabilidad Penal

Adolescente, con el exclusivo fin de ser utilizados a los efectos que esta ley prevé. Artículo 11. (Formación y Capacitación). Existirá un fondo previsto para un Programa de Formación y Capacitación del personal actual o futuro del SIRPA, funciones que estarán a cargo del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del INAU y, en lo atinente a los funcionarios, técnicos, mandos medios y superiores del Programa de Gestión de las Medidas Socio Educativas Privativas de Libertad; se incorporarán las dependencias del Ministerio del Interior que correspondan, a cuyos efectos se firmará un convenio entre éstas y el precitado CENFORES. Sala de la Comisión, 30 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, JORGE ORRICO, ANÍBAL PEREYRA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, con salvedades, FITZGERALD CANTERO PIALI, CON SALVEDADES, GUSTAVO CERSÓSIMO, con salvedades”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la tarde de hoy tendremos el honor de aprobar el proyecto de ley que creará el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente que, en realidad, según lo establecido en la iniciativa a consideración, se trata de un sistema de responsabilidad penal adolescente. El proyecto que en el día de ayer fue votado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración -sin perjuicio de que algunos firmaron con salvedades- refleja el principal acuerdo logrado en la Comisión Especial Para el Análisis de la Legislación relativa a los temas de Seguridad Pública y en especial la de los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Esa Comisión Especial de la Asamblea General, diagnosticó -desde nuestro punto de vista, correctamente- que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que tiene entre otras tareas la de atender aproximadamente a setenta mil niños, niñas y adolescentes, estaba distorsionado en sus cometidos -atender a esa cantidad de compatriotas desde la

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primera infancia, brindarles educación, ocuparse de los Centros CAIF- porque debía también atender a aquellos adolescentes que son objeto de un proceso penal o están penados de acuerdo con las disposiciones de responsabilidad penal juvenil del Código de la Niñez y la Adolescencia. No lo podía hacer directamente y en forma eficaz. Todos hemos coincidido en que esta realidad no data de esta Administración ni de la anterior, sino que se trata de un problema endémico de la institución, que se agravó por las condiciones en que se encuentra la familia uruguaya en general y, en especial, por el desamparo de los jóvenes frente a las adicciones, como el consumo de lo que se ha dado en llamar pasta base. Por lo tanto, en términos generales se ha coincidido en dar al Estado y a la sociedad uruguaya un instrumento que permita focalizar y concentrar los esfuerzos para que, en primer lugar, exista una contención clara, una retención sin dificultades por parte de la institucionalidad. (Murmullos.- Campana de orden) ——Tanto es así, que repasando el Código de la Niñez y Adolescencia, cuando se refiere a los adolescentes que deberían estar confinados, establece que esa retención debería hacerse en condiciones que la garanticen. El Código se aprobó en 2004 y es evidente que en ese momento también se había detectado ese problema. La diferencia sustantiva radicaba en si se hacía una separación total y absoluta de ese nuevo diseño institucional, si se generaba un proceso de transición para dar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay las capacidades necesarias para especializar un órgano desconcentrado, o si directamente se lo hacía en forma inmediata. En este sentido, hemos sostenido diversas opiniones, pero al final la que primó en el acuerdo -creo que con buen criterio- es dar forma legal y no dejar solo al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para hacer esta desconcentración. Entonces, el primer acuerdo fue crear este órgano; el segundo fue hacerlo a través de una ley. Otro acuerdo fue establecer como objetivo a mediano plazo que ese órgano -desconcentrado, según la ley- debería tener la forma de servicio descentralizado en el mediano plazo. Por lo tanto, el proyecto aprobado en Comisión recoge claramente estos acuerdos en el párrafo segundo del artículo 1º, ya que toma en cuenta estos dos aspectos.

Y un tercer acuerdo consistía en que el órgano que se crea, esta unidad desconcentrada, tendría todas las potestades delegadas por resolución fundada del propio Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en esa transición, a efectos de que pudiese cumplir claramente los cometidos establecidos en la ley en cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley penal y sometidos a proceso o a pena de privación de libertad. Es importante dejar constancia de que la semana pasada el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay participó en la Comisión y fue desarrollando una serie de medidas para solucionar o sortear una de las críticas que se habían hecho, con razón, acerca de su incapacidad de contener a los adolescentes que se concretaba en una serie de fugas, en términos amplios, porque muchas veces directamente era un “no regreso”. (Murmullos.- Campana de orden) ——Vaya que nos cabe responsabilidad en el Período de Gobierno que hemos tenido el honor y la responsabilidad de ejercer, dictado por la ciudadanía, pero esta realidad -no lo digo como un atenuante, pero sí como una constatación- venía de antes, cosa que esta Cámara ha discutido en otras oportunidades, también la Asamblea General y la propia Comisión creada por dicho órgano a tales efectos. Entonces, cerrado este paréntesis, la base del proyecto es establecer, precisamente, esa transición, otorgar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay la herramienta legal que pedía, porque en gran parte el proyecto aprobado está basado en uno que presentara el año pasado el propio Instituto que, además, contiene aspectos novedosos, por cuanto crea una Comisión Asesora Intergubernamental. Y así, sin perjuicio de las definiciones ideológicas o de los abordajes de la realidad, de cómo se debe combatir el flagelo de la violencia en general y, en particular, la desarrollada por los adolescentes, está claro que las acciones a esos efectos exigen un ámbito multidisciplinario y muchas veces, como sabemos, la propia colaboración horizontal entre los distintos organismos -entre otros, las Secretarías de Estado- se torna difícil. Por lo tanto, el proyecto crea imperativamente una Comisión asesora, a efectos de que se coordine con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educa-

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ción y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Ministerio del Interior. Por otro lado, se establece que este órgano será dirigido por una Comisión Delegada, cuya designación de miembros deberá realizarse procurando los más amplios acuerdos políticos y técnicos, en la medida en que se prevé una transición y, posteriormente, no las personas, sino la Comisión, deberá pasar el escrutinio que corresponde a las designaciones de un Servicio Descentralizado. También habrá una Gerencia General Ejecutiva que dará a este organismo la eficacia y la flexibilidad que se necesita tenga. La Comisión de la Asamblea General visitó oportunamente la Colonia Berro. Creo que eso representó un buen baño de realidad y nos permitió identificar las diversas necesidades que se plantean en el trabajo multidisciplinario que habrá que llevar adelante, a los efectos de cumplir con el cometido del Estado de contención de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal y en particular de aquellos que el Juez competente entiende que se debe privar de libertad. Este es un proyecto breve, de once artículos. Creemos que refleja lo que mencioné al principio: un amplio acuerdo en todo el Poder Legislativo, entre todos los partidos. Esto es parte de los acuerdos a los que hemos llegado, y creo que hace bien que podamos trabajar en este sentido y aprender de la construcción de un sistema político sensible a las distintas situaciones que se están dando en la sociedad uruguaya. Esta Cámara tendrá la oportunidad de discutir otros proyectos; con algunos estaremos parcialmente de acuerdo y respecto de otros tendremos visiones encontradas. Pero nos parece que el Parlamento va en la línea de legislar adecuadamente y lograr que el tema de la responsabilidad penal adolescente, en este caso concreto, sea abarcado en su totalidad. Muchas veces se ha dicho que el Parlamento legisla y establece normas que después no tienen respaldo presupuestal, que hay voluntad política en la letra y en el espíritu, pero no en el cheque. En este sentido, la Ley de Presupuesto Nacional ha dispuesto los recursos económicos que permitirán poner esta norma en funcionamiento, de modo que tiene un res-

paldo presupuestal del que carecería si nos hubiéramos manejado de manera diferente. Esto es cuanto quería informar sobre este proyecto. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: este es un día en que, sin ninguna duda, podemos decir que todos los partidos políticos con representación parlamentaria hemos llegado por fin a un acuerdo que se ha venido gestando desde hace un tiempo y que, con la aprobación de la Cámara de Diputados, vamos a establecer una norma jurídica que luego deberá ser refrendada por el Senado. La creación del instituto de rehabilitación del menor infractor, la comisión delegada del INAU, o como se le quiera llamar, es fruto, consecuencia, de un largo camino que empezó en 1986, con un proyecto presentado en esta Cámara por el entonces Diputado Héctor Martín Sturla, que decía más o menos las mismas cosas que este con respecto a la necesidad de separar a los adolescentes infractores graves de la órbita del INAU y, obviamente, de las cárceles para mayores. Hoy, después de veinticinco años y luego de haberlo presentado nuevamente en el Período anterior, en setiembre de 2010, todo el Partido Nacional, en ambas Cámaras legislativas, llegamos a un texto de acuerdo, y el Frente Amplio ha decidido apoyar la creación de este instituto. Creo que es un paso adelante muy importante en la prevención; es un paso adelante en la retención, y es un paso adelante en la reeducación de los menores infractores. Se trata de un instituto que será definitivamente independiente dentro de un tiempo, y que ahora actuará como comisión delegada del INAU. Aclaramos -entre paréntesis- que no queríamos que fuera así; habríamos preferido que este instituto empezara su actividad en forma independiente, como un servicio descentralizado dentro del Estado. Pero esta es una cuestión menor. Hoy estamos reunidos para aprobar la creación de un instituto al que van a derivarse los adolescentes que cometan homicidio, violación, secuestro, copamiento, tráfico de estupefacientes u otros delitos considerados graves o gravísimos por el Código de la Ni-

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ñez y la Adolescencia. Esto es muy importante porque ha surgido del derecho comparado. No es un invento de nuestra parte, no fue un invento del Partido Nacional ni del Partido Frente Amplio. Esto es legislación comparada. En otros países -por ejemplo, Alemania, el Reino Unido y, ahora, Brasil-, hay institutos de este tipo, que funcionan, y muy bien. Obviamente, tenemos que ir hacia una organización de este tipo. Al día de hoy -esto no lo decimos solo acá; lo señalamos hace unos días, cuando las autoridades del organismo comparecieron ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración-, el INAU, que está muy bien para otros menesteres y otros fines, como criar niños que no tienen padres, no está capacitado desde el punto de vista físico ni legal para retener y rehabilitar a ese tipo de jóvenes infractores. Les dijimos que han fracasado en toda la línea en cuanto a retención y rehabilitación de menores infractores y que por eso es imprescindible la creación de este instituto. Además, por eso fue que nos pusimos el plazo del 31 de mayo, que hoy estamos cumpliendo. La Asamblea General había establecido un plazo que hoy estamos respetando y que en el día de mañana terminaría de cumplimentarse con la aprobación de otros proyectos de ley que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración elevará a esta Cámara. Por lo tanto, queremos manifestar nuestra aquiescencia y nuestra felicidad por el hecho de que el país se dé hoy una institución que -si Dios y los hombres quieren- no se transformará en la puerta giratoria que es hoy el INAU, ya que los menores entran por un lado y salen por el otro a la semana o al mes para volver a delinquir, en una lógica absolutamente absurda. Queremos que sea un instituto que realmente cuente con profesores, maestros, médicos y gente especializada en toxicología que cure de sus adicciones a los muchachos que allí sean derivados, pero también que sea un instituto blindado. Y cuando digo blindado lo hago en el buen sentido de la palabra: con “blindado” quiero decir que tenga doble valla perimetral, que tenga doble guardia perimetral del Ministerio del Interior, a efectos de que no haya fugas, porque esa también es una forma de salvar a los muchachos, de salvar a quien delinque, pues el que no está internado corre el grave riesgo de cometer otro ilícito y de caer abatido por la Policía, como ha pasado innumerables veces en los últimos tiempos.

Entonces, como decíamos cuando presentamos el proyecto del Partido Nacional, con esto, aunque parezca contradictorio, le estamos dando libertad al muchacho que comete un delito. ¡Sí!: la libertad de rehabilitarse, algo que hoy no tiene. Actualmente no existe o es casi nula la posibilidad de rehabilitación. Creemos que con este instrumento le vamos a dar al Estado -con la intervención de todos los partidos políticos en su dirección- la posibilidad de retener y de rehabilitar a los menores infractores. Por estas razones, señor Presidente, vamos a votar por esta solución y esperamos que sea la mejor. Aun cuando todas las leyes son perfectibles, creemos que si se pone a las personas adecuadas en su Dirección y dentro del Instituto, este va a representar un paso adelante muy importante para el combate al delito y, sobre todo, para rehabilitar a los menores infractores en conflicto con la ley penal. Muchas gracias.

9.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta del informe relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Visto la licencia en misión oficial oportunamente concedida al señor Representante Ricardo Planchón, y ante la denegatoria del suplente convocado de asumir la representación, se convoca por el período comprendido entre los días 1º y 4 de junio de 2011, a la suplente siguiente señora Stella Borja. De la señora Representante Alma Mallo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Ortíz. De la señora Representante Verónica Alonso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Fernández.

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Del señor Representante Fernando Amado, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Milo Ojeda. Del señor Representante Horacio Yanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Da Roza. De la señora Representante Daisy Tourné, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Núñez. Del señor Representante Gustavo Rombys, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011, convocándose a la suplente siguiente, señora Cecilia Bottino”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta y uno: AFIRMATIVA. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente, poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Sin otro particular, le saludo atentamente Daniel Morelli”. Comisión de Asuntos Internos VISTO: I) La licencia en misión oficial oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Colonia, Ricardo Planchón. II) Que la Cámara de Representantes, con fecha 19 de mayo de 2011, convocó al señor Daniel Morelli, para ejercer la suplencia correspondiente.

III) Que el señor Daniel Morelli, no acepta, por esta única vez, la convocatoria de que fuera objeto y presenta la denegatoria correspondiente. RESULTANDO: Que procede convocar para ejercer la representación referida al suplente siguiente. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente, señor Daniel Morelli. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Colonia, por el período comprendido entre los días 1º y 4 de junio de 2011, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N°1212, del Lema Partido Nacional, señora Stella B orja. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 30 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de mañana 31 de mayo del corriente año. Sin otro particular, le saluda atentamente, ALMA MALLO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 30 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Le informo que por esta única vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 31 del corriente mes y año. Sin otro particular, la saludo con mi más alta consideración y estima Álvaro Fernández”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Álvaro Fernández. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Álvaro Fernández. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Nicolás Ortiz. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente al día martes 31 de mayo, por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente. VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 31 de mayo del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, FERNANDO AMADO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Le informo que por ésta única vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, por el día 31 del corriente mes y año. Sin otro particular, la saludo con mi más alta consideración y estima, Álvaro Fernández”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Álvaro Fernández y el señor Nicolás Ortiz integra la Cámara por el día indicado. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Álvaro Fernández. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Milo Ojeda. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis. Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de mi licencia para el día 31 de mayo del presente año, por motivos personales. Sin otro particular, saluda atentamente, HORACIO YANES Representante por Canelones”.

“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por la intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Sr. Horacio Yanes. Sin otro particular le saludo atentamente, Nora Rodríguez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora Nora Rodríguez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente, señora Nora Rodríguez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Luis Da Roza. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Solicito a usted se me conceda licencia los días 31 de mayo y 1º de junio del presente año por motivos personales, solicitando se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, lo saluda atentamente. DAISY TOURNÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Núñez. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis. Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, se sirva concederme el uso de licencia por los

días 31 de mayo y 1º de junio del corriente, por motivos personales. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, GUSTAVO ROMBYS “Representante por Paysandú”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Rombys. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Rombys, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 1º de junio de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Cecilia Bottino. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

10.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el Partido Colorado votó afirmativamente el proyecto de ley apoyando la creación de este Instituto, aunque con salvedades -que vamos a explicar a continuación-, y hoy lo va a hacer en el plenario de la Cámara.

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Desde el año pasado el Partido Colorado plantea la creación de un instituto de rehabilitación del menor infractor, pero con la naturaleza jurídica de servicio descentralizado, es decir, separado del INAU. Y este tema nos parece muy importante. En el proyecto que está a consideración se posterga esa definición para una futura ley y, a tales efectos, se establece un plazo indefinido, en el sentido de que se asume el compromiso de llevar adelante esa norma en el actual Período de Gobierno. El Partido Colorado ha promovido esta iniciativa y ha iniciado un proceso plebiscitario en ese sentido, junto con otras medidas, recogiendo firmas de los ciudadanos para consagrar una solución en el texto constitucional, y lo va a continuar haciendo, ya que en nuestro concepto esa es la mejor garantía para solucionar los problemas de inseguridad que vive nuestro país. En la Comisión Interpartidaria y en la bicameral, acordamos crear un instituto de rehabilitación, pero no logramos que tuviera el carácter de Servicio Descentralizado desde el momento mismo de la sanción de la ley. En ese sentido, hemos marcado nuestras salvedades más allá del voto afirmativo para llevar adelante la consagración de este instituto porque, para nosotros, ese es un tema fundamental. Constantemente hemos predicado que la descentralización de este instituto es fundamental por razones de eficiencia y de autonomía de gestión. Y esto ha sido manifestado en presencia de las autoridades del Instituto de la Niñez y la Adolescencia que concurrieron a la Comisión. Esa es la mejor fórmula para lograr eficiencia en la rehabilitación de los menores. Al decir de Justino Jiménez de Aréchaga, la eficiencia es un imperativo de la actividad estatal. En el informe de la Comisión bicameral, que todos tenemos -está disponible-, del 4 de marzo del presente año, se señala claramente que este Instituto debe poseer -cito textualmente- “una alta autonomía -tal cual se estableció oportunamente en los acuerdos interpartidarios sobre seguridad alcanzados el año pasado […]”. Y la Comisión bicameral sugiere a la Asamblea General que se cree por ley el nuevo instituto, que tendrá la calidad de servicio descentralizado. Eso es lo que estamos marcando, a través de nuestros delegados, en ambas Comisiones. Ellos han dejado permanente constancia de esto y han reclamado que esta sea la naturaleza jurídica del Instituto desde el momento de su sanción. Organizarlo como Servicio Descentralizado es fundamental para lograr eficiencia en el cumplimiento de las tareas y los

cometidos que se le han asignado por ley. Esto es sin perjuicio de la coordinación del conjunto de la Administración en lo que respecta a estas tareas y cometidos. La descentralización no implica descoordinar sino, precisamente, asegurar la coordinación entre órganos que tengan autonomía y eficiencia técnica en esa materia. Y esto es, a criterio del Partido Colorado, lo que se necesita en las actuales circunstancias para combatir el flagelo de la inseguridad. La descentralización para actividades específicas del Estado ya es un principio jurídico y es por ello que nosotros estamos haciendo esa campaña de recolección de firmas, a fin de su consagración constitucional, no solo legal. Es por eso que también se justifica -así lo haremoscontinuar con esa iniciativa. Además, la descentralización incide en la pluralidad de la Dirección del órgano, en la participación y autonomía presupuestal y en los poderes de reglamentación y disciplinarios, lo que hemos visto como fundamental por los problemas internos y funcionales relativos a la fuga y el rescate de menores en estos últimos tiempos. Entonces, el Partido Colorado seguirá buscando la concreción de estas soluciones a la inseguridad mediante su campaña de recolección de firmas para el plebiscito de reforma constitucional. Hemos votado afirmativamente la creación de este instituto porque su existencia misma justifica y garantiza más aun la baja de la edad de la imputabilidad penal que estamos procurando, ya que esta -que es la medida que estamos proponiendo- busca rehabilitar a los adolescentes delincuentes y asegurar su reclusión en forma separada de los otros reclusos. También justifica -por eso nuestro voto afirmativo- la preservación de los antecedentes penales de los menores para ser tenidos en cuenta en una verdadera administración de justicia penal en el juzgamiento de estos hechos que continúan y generan una situación de inseguridad permanente en la sociedad. Al mismo tiempo, se busca establecer adecuadamente planes y programas de rehabilitación individuales de los menores infractores. Esos son los fundamentos de la salvedad de nuestro voto afirmativo para crear el instituto y es el motivo por el cual todo el Partido Colorado votó afirmativamente en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y lo hará en el plenario.

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11.- Asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Caram, Amy y Michelini. (Se lee:) “Mocionamos para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y siete: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal. C/833/011 – A la Comisión De Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

GRACIELA MATIAUDE ESPINO, Representante por Canelones, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, RICHARD SANDER, Representante por Rivera. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El adjunto proyecto de ley se enmarca en las propuestas planteadas por el Partido Colorado al Gobierno y demás Partidos de oposición, y ante la falta de respuestas, se pretende que sean sometidas a consideración de la voluntad ciudadana, mediante un procedimiento plebiscitario. No obstante lo expresado y fiel al mandato popular, continuamos bregando por la adopción de soluciones legislativas que persigan los mismos objetivos planteados en la referida iniciativa de reforma constitucional. La norma legal propuesta tiene como objetivo mantener los antecedentes judiciales de las personas menores de edad, que han estado sujetas a medidas por la Justicia Penal competente por la comisión de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación, sin limitación de tiempo y bajo estricta reserva, con la única finalidad de su utilización por la justicia penal competente en caso de reincidencia delictual, luego de haber cumplido la mayoría de edad. Nada justifica que los antecedentes penales de los menores infractores no se mantengan, en las condiciones antes expuestas. No está en riesgo ni su reinserción social, ni su rehabilitación, dado que el uso de dichos antecedentes está restringido al Juez Penal competente, que intervenga en casos de reincidencia del infractor, luego de haber cumplido la mayoría de edad. No se trata de una sanción sino de una herramienta que se le brinda a la justicia competente en materia penal, de manera de valorar la conducta de quienes vuelvan a delinquir. En cambio, si no se mantienen dichos antecedentes, continuará ocurriendo lo que sucede hasta hoy.

12.- Proyectos presentados.
“ADOLESCENTES QUE HAYAN ESTADO EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL (Conservación de antecedentes en los casos que se determinan). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal por la comisión de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación, no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir la mayoría de edad. Será obligatoria la reserva de dicha información. Montevideo, 31 de mayo de 2011. DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José,

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Esto es, seguirá en riesgo la sociedad toda, porque todos los que la integran son potenciales víctimas de dicha reincidencia. Tampoco existe fundamento válido para limitar el mantenimiento de los antecedentes en el tiempo. Montevideo, 31 de mayo de 2011. DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, GRACIELA MATIAUDE ESPINO, Representante por Canelones, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, RICHARD SANDER, Representante por Rivera”.

ley penal como organismo especializado […] en la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia, con el más alto grado de autonomía técnica”. Acá quiero dejar algo en claro. Cometí un error en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración cuando informé que en esta Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública se había hablado de un servicio descentralizado. En realidad, no fue así. La idea anduvo dando vueltas, pero lo que finalmente se aprobó fue un instituto autónomo y de alta capacitación técnica, pero no se le dio una naturaleza jurídica de ese tipo. Continúa el punto 3.19.5: “El Instituto constará con personal capacitado e infraestructura edilicia acorde, con el fin de garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes. Asimismo, se hará un efectivo seguimiento de las medidas socioeducativas sin privación de libertad determinadas por la justicia […]”; ese seguimiento refería al estudio de la convivencia familiar y comunitaria. Y también se preveía la incorporación del adolescente “a una rutina educativa obligatoria, de carácter personalizado y que gire en torno a la responsabilización del adolescente por la infracción a la ley penal”. Estos fueron los acuerdos del año pasado. Luego, de algún modo, la Comisión especial nombrada por la Asamblea General también retomó estos temas, y culmina con el proyecto que presentamos hoy. El artículo 1° del proyecto capacita al INAU a delegar gran parte de sus competencias en este Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Me interesa remarcar que es imprescindible que todos estos asuntos -seguridad pública, salud y tantos otros que ocupan la agenda política normal, e inclusive la agenda social- tengan un enfoque multidisciplinario. En esa medida, quiero destacar el artículo 3° que crea una Comisión Asesora Intergubernamental, que estará integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y el Ministerio del Interior. Además, el proyecto de ley establece cuáles son los programas que este Instituto tiene que llevar adelante, en todo lo que tiene que ver con el adolescente

13.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Orrico. SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: creo que hoy es un buen día para el sistema político y para la democracia uruguaya porque vamos a aprobar por unanimidad la creación de este instituto. En realidad, como se decía, tiene una larga historia en nuestro país en cuanto a las distintas iniciativas que se han ido plasmando, pero que nunca lograron concretarse en una ley. Quiero destacar especialmente que, yendo a una historia más reciente -pero que nos compromete a todos en la medida en que los que ocupamos bancas en este Cuerpo hemos sido protagonistas, de algún modo-, este instituto ya fue previsto en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública que tuve el honor de presidir y que se instalara antes de que el Presidente Mujica asumiera como tal, en febrero del año pasado. Esa Comisión estableció en el punto 3.19.5, dentro del capítulo “Adolescentes en conflicto con la ley penal”, lo siguiente: “Creación de un Instituto de Rehabilitación de los Adolescentes en conflicto con la

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infractor de la ley penal, desde que la infracción se produjo hasta que el individuo egresa, inclusive después de egresado. ¿Por qué? Porque se establecen cinco programas básicos. El primero de ellos es el Programa de Ingreso, Estudio y Derivación. No tengo que explicar lo importante que es que a un individuo, un adolescente sobre todo, que ha cometido un delito y que va a ingresar a un establecimiento, supongamos que con privación de libertad, se le reciba para prepararlo anímica, psicológica y afectivamente para que pueda tener un pasaje por allí que luego le sea útil a él, fundamentalmente, y por supuesto también a la sociedad. No tengo que explicar la importancia que esto tiene y que hace decenas de años no hacía el Consejo del Niño ni el INAME, y el INAU lo empezó a hacer hace muy poco tiempo. Entonces, es necesario reforzar esto. Es imprescindible que cuando el individuo llegue se le dé una especie de recepción en que se le prepare para lo que luego va a venir. Luego, habrá un Programa de Medidas Socioeducativas, que son de dos tipos fundamentales: medidas socioeducativas con privación de libertad y medidas socioeducativas sin privación de libertad -tiene que haber programas específicos para esto-; a su vez, tiene que haber un Programa de Medidas Socioeducativas para aquellos que están en un régimen de semilibertad, que es otra alternativa que hay que tener en cuenta. También habrá un Programa de Medidas Curativas, cuando así se establezca. Finalmente, habrá otro para el egreso, es decir, qué se hace con el individuo cuando va a egresar. No es para la reinserción, como he dicho muchas veces. Creo que es para la inserción porque, lamentablemente, el 99,9% de los adolescentes en conflicto con la ley penal nunca estuvieron insertados en la sociedad. Por lo tanto, no se puede hablar de resocialización ni de reinserción porque nunca estuvieron socializados. En consecuencia, trabajar para que luego no se produzcan fenómenos como la reincidencia y otras circunstancias es una tarea mucho más compleja que lo que algunos plantean. Además, hay una disposición que, aunque parezca mentira, es novedosa dentro del derecho uruguayo, ya que nunca existió, que dice: “Se dispondrá de fondos tendientes a la instalación de una guardia especializada de efectivos del Ministerio del Interior destinados en exclusividad a la custodia y seguridad externa de los establecimientos de privación de libertad para adoles-

centes […]”. Hasta ahora no había ninguna norma que diera al Ministerio del Interior competencia para actuar en este tipo de cosas. Quienes hemos ido a la Colonia Berro sabemos que el INAU tenía que recurrir al Servicio 222 para la vigilancia perimetral, y tenemos un problema con ese servicio. En primer lugar, no está bien que se use el Servicio 222 -lo que también acordamos en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública- y, además, hoy tenemos un problema tremendo en el Uruguay porque, gracias a que el país tiene la tasa de desocupación más baja de su historia, es difícil encontrar gente que quiera trabajar en la Policía. En segundo término, el INAU no está en condiciones de pagar como lo hacen otros agentes privados por el Servicio 222 que, como todos sabemos, es pago. En consecuencia, es difícil encontrar policías que quieran ir al INAU a hacer el Servicio 222. De manera que era hora de que esto fuera solucionado. Así lo destacó en su presencia en la Comisión el gran Presidente que tiene el INAU, que es el doctor Javier Salsamendi quien, junto con sus otros compañeros, está haciendo una tarea realmente excelente; va el reconocimiento desde acá. Como este emprendimiento tiene que ser multidisciplinario, se van a contratar especialistas en psicología, trabajadores sociales, médicos psiquiatras y de medicina general, auxiliares de enfermería, abogados, procuradores, ingenieros agrónomos y una larga serie de técnicos para ocuparse de este Instituto a los efectos de que funcione a cabalidad. En definitiva, creo que todos tenemos mucha esperanza de que este Instituto funcione y cumpla todas las expectativas que en él se depositan. Quiero agregar que el proyecto establece que este será un Servicio Descentralizado antes de que termine la Legislatura. De manera que esta es una fórmula provisoria. ¿Por qué se emplea la fórmula de que el INAU delegue funciones en este Instituto? Porque eso da plena autonomía al Instituto y le permite empezar a funcionar de manera inmediata. Si hubiera que hacer una ley especial para crear un Servicio Descentralizado, ello implicaría una serie de problemas, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, ya que tendría que esperar meses y meses para poder instalarse. Esa es la razón. No se trata de que alguien tenga un problema ideológico con que esto sea un Servicio Descentralizado, sino que es un problema eminentemente práctico.

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Es todo lo que tengo para decir. Simplemente quiero agregar un deseo. (Murmullos.- Campana de orden) ——Creo firmemente en las políticas de Estado para algunos temas del país. Creo que hay políticas de Estado cuando todo el sistema político se involucra en algo. Creo que hay políticas de Estado cuando las políticas que se empiezan a aplicar viven más allá del Gobierno o de la Administración que las ha adoptado. Creo que hay políticas de Estado cuando la sociedad entera asume como tal que eso es lo que hay que hacer y que hay que marcar el rumbo en el que luego seguir. Yo creo en todo eso y aspiro firmemente a que este sea el primer paso de una serie de acuerdos que tiene que haber para que, entre todos, construyamos el país, que es de todos. Porque el país no es de un Gobierno ni de un partido político ni de un grupo de personas, sino que es de todos. De acá vaya mi mensaje: ojalá podamos ponernos de acuerdo en este y en tantos otros temas que el país necesita sean solucionados. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: el Cuerpo considera hoy uno de los acuerdos que se lograron en la Comisión bicameral, que trabajó a partir de que se le encomendara esta tarea en el mes de diciembre -iniciativa del Partido Nacional, impulsada particularmente por el señor Senador Larrañaga- y llevó a que pusiéramos sobre la mesa nuestras visiones acerca de este tema, terminando el primer informe de la primera etapa de la Asamblea General con la expresión en el papel de los acuerdos y de los desacuerdos. Pedimos un tiempo más, la Comisión siguió recibiendo actores y nos pudimos poner de acuerdo sobre estos puntos, nos acercamos en otros y terminamos haciendo un listado de algunas cuestiones pendientes que tendremos que considerar. Sucede así porque hay una enorme insatisfacción de la población, pero también del sistema político, respecto a cómo se están abordando estos temas que tienen que ver con la minoridad infractora, que parecen no ser muchos, pero generan, sin duda, una cantidad importante de consecuencias no deseadas en la sociedad y son fuente de noticia, y también de intranquilidad, de insatisfacción. La gente nos detiene por la calle y nos dice: “¡Hagan algo!”, y no discrimina de qué par-

tido somos o qué rol tenemos en el sistema. Creo que esta es una señal positiva; insuficiente, pero positiva. Todos nos hemos puesto de acuerdo en tres aspectos fundamentales: el que tenemos a consideración, un proceso que terminará con la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente; algunas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, para que funcione mejor en los hechos, y nos hemos acercado en otros aspectos en los que, seguramente, no vamos a votar juntos, aunque el punto de partida ya está más cerca. Me refiero a los antecedentes de los menores, que serán mantenidos para la etapa adulta. Este tema, que no cuenta con acuerdo entre todos los partidos, rompe el primer bloqueo que impedía considerar -desde una óptica que se tuvo casi desde el principio- la posibilidad de que en la vida adulta se tuvieran en cuenta los antecedentes delictivos de infracciones a la ley penal cometidos durante la minoridad. Creo que esta solución es buena y es parte de una secuencia. Ya en la Ley de Presupuesto se previó la posible creación de este Instituto, por lo que en el artículo 328 se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de recursos para construir la infraestructura necesaria -los establecimientos- y para costear su funcionamiento. A los argumentos que dio el señor Diputado Orrico sobre por qué esta solución es una etapa transitoria, quiero agregar que mal haríamos si creáramos un Instituto de estas características y no lo dotáramos de lo esencial que requiere, que es la infraestructura edilicia, ya que tiene que operar en los hechos como un establecimiento de reclusión del que no se puedan escapar. Si creáramos el Instituto con la expectativa de que resolviera este problema, pero no le diéramos los recursos para que lo hiciera en su totalidad, poco tiempo después estaríamos hablando mal ya no del INAU, sino de este Instituto, y habríamos estropeado una alternativa que trabajosamente se está construyendo a partir del consenso. Entonces, queda aquí una norma programática establecida, un compromiso -que es nada más que político; a nadie le va a pasar nada si no se cumplede todos; estamos diciendo aquí que nos comprometemos a que antes de terminar este Gobierno se apruebe una ley que cree el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como un Servicio Descentralizado que funcione con todos aquellos programas que hoy tiene el INAU destinados a la minoridad infractora, tanto a la rehabilitación como a la contención, y que el INAU quede con los otros programas, que son

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muchos, que son muy importantes y mucho menos conocidos porque aportan más soluciones que problemas. El capítulo de la minoridad infractora pasará a este nuevo Instituto, que tendrá que gestionarla con los recursos apropiados de personal -que podrá ser nuevo- y de infraestructura para que estos menores no se escapen. Entre tanto, esta Comisión Delegada -con la máxima autonomía que se le puede dar y a la que el INAU le delega las tareas que hoy realiza el SEMEJIdispondrá de los recursos presupuestales previstos en el artículo 328, seleccionará personal y tendrá la tarea de encomendar a la Corporación Nacional para el Desarrollo la administración de esos recursos para construir el o los establecimientos que se necesiten. (Murmullos) ——Digo esto porque deberá analizarse si la mejor solución es concentrar trescientos o cuatrocientos menores infractores en un solo lugar, o si es mejor utilizar otras políticas de mayor descentralización y desconcentración de estos menores. Pero, en todo caso, esta Comisión tendrá los recursos y podrá administrarlos, y podrá dirigir ese personal. (Murmullos) ——En ese sentido, hay que destacar que el personal podrá ser o no del INAU; de acuerdo con nuestra visión, la del Partido Nacional, el futuro Instituto… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Disculpe, señor Diputado, casi no logro escucharlo a pesar de su voz. Solicito a los señores Diputados que hagan silencio. Puede continuar el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- Gracias, señor Presidente. Decía que, a nuestro juicio, este Instituto deberá funcionar con otros funcionarios, con personal seleccionado y capacitado exclusivamente para esta tarea. Y con esta ayuda importante que se le otorga, que aquí no está regulada, se abre el camino a que los establecimientos de internación de menores infractores sean de alta seguridad. (Murmullos.- Campana de orden) ——¡Está difícil hablar, señor Presidente!

Estos establecimientos también deberán tener guardia perimetral de tipo policial -se dispondrá de los recursos, pero su concreción dependerá de la voluntad-, aunque habrá que ver qué puede hacer esa guardia. Obviamente, evitará que alguien entre, como -supongo- que no se ingrese elementos prohibidos, aunque también deberá custodiar que nadie se escape. En ese sentido, habrá que regular sus potestades, por ejemplo, en el uso de armas de fuego, para impedir la fuga de menores. Por lo menos, este artículo nos obliga a repensar todas las políticas que tenemos para la minoridad, porque ahora se dan situaciones nuevas. El trabajo en la Comisión bicameral también nos permitió enterarnos de cómo funciona la realidad. Nos enteramos de que los Juzgados de Menores en Montevideo organizan los antecedentes de los menores que cometen delitos con el viejo sistema de anotación en fichas de cartón, que colocan en una cajita. Entonces, en Montevideo, un Juez de Menores puede fijarse si Fulano de Tal, que en ese momento está siendo procesado, cometió delitos con anterioridad porque todos los Juzgados están juntos, pero si ese muchacho cometió un delito en Artigas, en Las Piedras o en Tacuarembó, no podrá saberlo, y será primario en Montevideo y viceversa. Esto, que en la era de las computadoras no se ha resuelto, es una responsabilidad que el artículo 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia -aprobado hace once años- encomienda a la Suprema Corte de Justicia, que ha estado omisa. Por tanto, vamos a reiterarle esa obligación en uno de los proyectos de ley que se discutirán en la sesión de mañana. También nos enteramos de que en la práctica algunas normas funcionan mal; las tendremos que revisar. Todos nos enteramos de lo que dispuso un Juez de Menores, Morales, con respecto a dos hermanos que cometieron una rapiña en un comercio a los ojos de todos los uruguayos, porque fue filmada: estos menores le pusieron un cuchillo en la garganta a una clienta embarazada. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Disculpe que lo interrumpa, señor Diputado, pero queremos saludar a los alumnos y maestros de la Escuela Nº 98 del departamento de Montevideo, que se están retirando de la barra. Puede continuar el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- Nos sumamos a ese saludo con mucho gusto.

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Decía que todos presenciamos ese episodio que fue de una enorme agresividad, pero a los menores que lo protagonizaron, como eran primarios, se les aplicó el artículo 87 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que la reclusión o la privación de libertad deberá ser el último de los recursos a utilizar. Entonces, el Juez interpretó que debía disponer una internación domiciliaria, es decir, devolverlos a sus padres. Pero el padre está en el COMPEN y la madre acaba de cumplir una pena por un delito vinculado al narcotráfico. ¿Qué podemos esperar de eso? En la teoría parece que está bien, pero en la práctica, ¿funciona o es peor? ¿No será mejor aislar a esos chiquilines de ese medio que, de pronto, los llevó a delinquir, y tratar de recuperarlos afuera, con el esfuerzo del Estado? ¿No será mejor hacer eso que dejarlos en un lugar que es probable los estimule a la actividad delictiva? Yo creo que sí, pero a lo mejor la ley no pensó en esta eventualidad que hoy se da -que se debe repetir mucho- y tenemos que modificar. Debemos introducirnos por este camino. También nos enteramos de que, como no existen penas mínimas, el Juez, por un delito o una infracción, puede disponer una pena de un año, de seis meses, de diez días, o ninguna. Esto se debe a que algunos Jueces son más severos que otros y a que algunos son muy permisivos. Teniendo en cuenta que existe una pena máxima, quizás deberíamos analizar la posibilidad de contar con penas mínimas de acuerdo con la gradualidad de los delitos. Hay que revisar el sistema porque no está dando satisfacción y los hechos están superando a la realidad. Seguramente mañana abordaremos algunas modificaciones; el Juez podrá tener noventa días para dictar sentencia y el informe del INAU será preceptivo para este Instituto y no para el Juez. De esta manera no se repetirá lo que ocurrió en pleno verano, y que generó alarma pública, con el menor conocido como “El Pelón”. En ese caso, después de los sesenta días, como no llegaba el informe del INAU, el Juez dictó la liberación de este menor, y en ese período volvió a cometer un asesinato. Esto lo corregiremos. Asimismo, pasará a ser una infracción a la ley penal la tentativa de hurto y la complicidad. En este aspecto también tenemos acuerdo, aunque con un matiz -que será expresado en la sesión ordinaria de mañana-: establecer una diferencia entre el menor que comete una tentativa de hurto y no presenta antecedentes y aquel que sí los tiene. Pero lo cierto es que establecer con

ingenuidad que la tentativa de hurto no es una infracción a la ley penal conduce a que los menores tentados a delinquir reciban el mensaje de que pueden practicar cuantas veces quieran con el delito de hurto, porque si los agarran en la esquina, en la comisaría los tienen que soltar, y si se escapan van aprendiendo. Entonces, nos dimos cuenta de que no lo podemos permitir, por más que tengamos una mentalidad sensible y pensemos en recuperar a esos jóvenes. De todos modos, sabemos que, en ocasiones, estos menores pueden ser más víctimas que victimarios de una sociedad que pide, y con razón, respuestas del sistema político, que es el que debe legislar. Nos alejaremos del tema de los antecedentes porque no logramos un acuerdo. Sin embargo, quiero rescatar, sobre este tema, algo propuesto por el Partido Nacional hace mucho tiempo y que el Presidente de la Cámara de Representantes ha reiterado con una reciente iniciativa parlamentaria, a la que el Frente Amplio se negaba a rajatabla, aunque el diálogo, los hechos y escuchar a distintos actores han permitido que hoy supere esa barrera negativa y esté planteando -a nuestro juicio, de modo insuficiente- que, en algunas ocasiones, los antecedentes se puedan mantener. Nosotros -en la sesión de mañana o cuando se discutano vamos a acompañar esa solución porque nos parece muy insuficiente, pero quiero decir que estamos discutiendo acerca de lo que hay que discutir. Los hechos alumbrarán el camino futuro y el Frente Amplio volverá a considerar este tema porque los hechos mandan, la lógica impone y la gente, muchas veces, habla con independencia de su ideología o de sus partidos. Este proyecto contiene medidas presupuestales adecuadas para la actualidad y para el futuro, así como los recursos y la posibilidad de manejar recursos humanos con independencia, estableciendo los programas que tendrá que desarrollar esta Comisión Delegada. Es nuestro compromiso y nuestra expectativa que ella sea conformada -tal cual se expresó por parte de todos los sectores políticos en la Comisión y en consonancia con lo que el proyecto recoge hasta donde puede- con el acuerdo político y con el respaldo de todos los partidos, de modo que esas tres personas que van a desarrollar esta importante tarea cuenten con respaldo político y reflejen el conjunto de las visiones que hay sobre esta temática. También tenemos la expectativa de que se cumpla a la brevedad con lo que el proyecto establece.

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Ojalá que, estando los recursos, esta Comisión traslade este asunto a la brevedad a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene mecanismos ágiles de ejecución para que en algún predio del que podamos disponer se construya el establecimiento de seguridad para contener menores de estas características, teniendo la posibilidad de rehabilitarlos. Sigo creyendo que con esfuerzo, con cabeza y, sobre todo, con oportunidades, muchos jóvenes que cayeron en el delito pueden ser rescatados. Quizás están condenados viviendo donde viven y con el ejemplo que tienen; quizás sea imposible llegar a donde algunos llegan con el punto de partida que tiene; quizás son condenados antes de ser juzgados, son condenados antes de cometer un delito, y probablemente, un medio positivo, creativo, que abra otros horizontes, puede darles oportunidades. Soy testigo de eso; participé de algunos de esos procesos en los cuales la sociedad estigmatizaba a esos pibes porque venían del INAME -así se llamaba el Instituto cuando yo integraba el INJU- y los condenaba de antemano: “deben ser todos chorros”. Y la falta de oportunidades, lamentablemente, reproduce un circuito del cual resulta imposible salir. Si me resta algún minuto quisiera contar una experiencia, señor Presidente. Yo era Director del Instituto Nacional de la Juventud -el primer INJU- cuando, al mismo tiempo, en 1992 fui nombrado Director Nacional de Correos, institución que tenía algunos problemas de gestión importantes. No sé de qué manera logramos la viabilidad jurídica para firmar una especie de contrato con uno mismo e hicimos un convenio entre el INJU y la Dirección Nacional de Correos, para que el primero proporcionara becarios a esa Dirección. El programa Primera Experiencia Laboral del INJU tenía un modo de reclutar a esos jóvenes de sectores carenciados, con dificultades de inserción en su primer trabajo, compartiendo el esfuerzo con organizaciones de la sociedad -recuerdo al Padre Cacho, a parroquias del barrio, a clubes- que aportaban esos jóvenes y les hacían un seguimiento junto con un pequeño equipo del Instituto. El Correo fue el primer organismo que confió en eso y empezó a tomar becarios para distintas tareas: carteros, auxiliares, peones y hasta algún administrativo. Al mismo tiempo, hizo convenio con el INAME y también venían jóvenes de ese Instituto. Entre los que provenían del INJU, también había algunos que eran del INAME. La diferencia consistía en que todos los que venían del INJU -una Institución prestigiosa en esa época, bien vista, piola-

eran becarios, y después estaban los del INAME. En el Correo había muchos becarios que eran del INAME y todos lo sabían, y otros que también lo eran, pero nadie lo sabía; tenían como norma que no podían decir de dónde venían. Tenían que decir que venían del INJU. Ahora bien; a los que venían del INAME les echaban la culpa de todo: de lo que hacían y de lo que no hacían. Si desaparecía una campera en un vestuario, era culpa de los muchachos del INAME; si faltaba una saca de un camión, decían que la habrían robado ellos; si se llegaba tarde a algún procedimiento era porque los del INAME molestaban. Sin embargo, con los otros esto no sucedía. Recuerdo dos casos muy paradigmáticos que se dieron. Cuando un cartero de diecinueve años que se desempeñaba en el Distrito 10 del Cerro termina la beca de seis meses, con tres meses de ampliación -única posibilidad de ampliación, totalizando nueve meses de beca-, sus compañeros resuelven hacerle una despedida y me invitan. Lo habían nombrado el mejor cartero y, efectivamente, lo era. Se trataba de un muchacho de diecinueve años que era de mi tamaño. Todos lo querían mucho y lo habían nombrado el mejor cartero: era el que llegaba primero, el que repartía más cartas, el que le cubría las espaldas a quien se enfermaba; nadie tenía quejas de él. Cuando me tocó hablar les pregunté: ¿Ustedes saben que a los dieciséis años este muchacho cometió dos rapiñas y que viene del INAME? Y los funcionarios decían en voz baja: “Si nos hubieran dicho eso cuando vino, con el lomo que tiene, capaz que habríamos hecho paro para que no lo pusieran acá”. Ahora bien; ese pibe se fue con trabajo a una empresa privada porque era el mejor cartero, porque se lo pudo recomendar, porque su jefe de Distrito lo ayudó. ¿Saben lo que fue? Fue un estribo, una oportunidad que la sociedad le dio: pasó a ser un rehabilitado. El otro caso es el de una chica de veintiún años, madre soltera de dos hijos, que no tenía ningún antecedente delictivo y que vivía en el INAME. No tenía ningún diente y presentaba un aspecto deplorable; no obstante, la ubicamos en el sector administrativo y sus compañeros levantaron su estima. La doctora del Correo la llevó a la Facultad de Odontología y a los pocos días tenía dentadura. Esta chica sabía escribir a máquina, lo cual era todo un mérito, y sabía un poquito de inglés, porque su infancia no había sido mala. A los cinco meses me pidió una audiencia: fue a verme para agradecer la oportunidad brindada y pedirme disculpas, ya que se iba del Correo porque había conseguido un trabajo mejor. Esas cosas, entre muchas otras, son las

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que demuestran que, con oportunidades, algunos que las aprovechan salen adelante. Si no servimos para dar oportunidades, no servimos para nada. Debemos generar esa visión de las cosas: cuando hay que aplicar la mano dura y defender a la gente de aquellos que violan sus derechos, hay que tener el coraje de hacerlo, pese a quien pese. Pero como sociedad también debemos ser capaces de brindar oportunidades a aquellos que no las han tenido y, de repente, a los dieciocho años tienen que salir a buscar trabajo, y en todos lados piden antecedentes; sabemos que nuestros propios hijos, con buena educación, con una familia bien constituida y con buenos ejemplos, a esa edad no consiguen trabajo, y si lo logran, ganan muy poco y tienen que seguir viviendo con su familia, contando con todo su respaldo. Entonces, no podemos empujar a unos chiquilines a la calle diciéndoles: “Ahora son mayores; arréglense”. Estas cosas deben estar en nuestra consideración, pero no nos pueden impedir ver los cambios que debemos hacer a la legislación para dar satisfacción a una realidad nueva en la que tienen que convivir unos y otros. El desafío está en nuestras manos; debemos ser más efectivos con lo que hacemos. Podemos aprobar una ley, pero el hecho de que esta herramienta sea o no bien utilizada va a depender de quienes tienen que gestionarla: de su honestidad, de su fidelidad con los principios por los cuales se los pone ahí -jerarcas y funcionarios-, de su capacidad de trabajo, de su dedicación y de una enorme cuota de vocación que deben de tener todos los funcionarios que allí se desempeñen; no es este un trabajo más. Muchas gracias, señor Presidente.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “PROYECTOS PRESENTADOS Los señores Representantes Felipe Michelini, Jorge Orrico y Aníbal Pereyra presentan, con su correspondiente exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley: • por el que se introducen modificaciones a la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia). C/834/011 • por el que se introducen modificaciones a la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia) relativo al mantenimiento de los antecedentes judiciales de adolescentes en conflicto con la ley penal. C/835/011 –

A la Comisión De Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

15.- Proyectos presentados.
A) “ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL (Modificaciones a la Ley Nº 17.823). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Incorpórase como numeral 3) del artículo 69 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y de la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 69. (Infracciones a la ley penal). A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal: 1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales. 2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor, avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar. 3) La tentativa y complicidad en el delito de hurto, correspondiendo en tal caso la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad.

14.- Asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Michelini. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

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4) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal. 5) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal”. Artículo 2º.- Sustitúyese el numeral 5) (La internación provisoria) incluida en el numeral 5) Medidas cautelares del artículo 76 (Procedimiento) de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y de la Adolescencia por el siguiente: “5) (La internación provisoria). El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de 60 (sesenta) días, excepto en los casos de infracciones gravísimas a la ley penal establecidos en el artículo 72 de este Código, en cuyo caso el plazo podrá durar hasta 90 (noventa) días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares solo pueden aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para: A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales. B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos. La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor”. Artículo 3º.- Sustitúyese el numeral 6) Informe del equipo técnico del artículo 76 (Procedimiento) de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y de la Adolescencia por el siguiente: “6) Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los 20 (veinte) días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad. La falta de este informe no impedirá que el Juez dicte la sentencia definitiva”. Montevideo, 31 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se adjunta es presentado por la Bancada del Frente Amplio a los efectos de hacer un aporte a los resultados de la Comisión Especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de Seguridad Pública y en especial la de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, creada oportunamente por la Asamblea General. Montevideo, 31 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha”. B) “ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL (Mantenimiento de antecedentes judiciales en los casos que se determinan) PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Modifícase el artículo 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 116. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción. La Suprema Corte de Justicia creará y reglamentará un Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Dicho Registro tendrá dos secciones: A) La primera sección contendrá los antecedentes de los delitos de violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio doloso o ultraintencional. B) La segunda sección contendrá todas las demás infracciones a la ley penal previstas en este Código. Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utili-

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zada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad. Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 (dieciocho) años o al cese de la medida. No obstante, cuando el adolescente en conflicto con la ley haya sido penado por el delito de violación (artículo 272 del Código Penal), rapiña (artículo 344 del Código Penal), copamiento (artículo 344 bis del Código Penal), secuestro (artículo 346 del Código Penal) o las diferentes variantes del homicidio intencional (artículos 310, 310 bis, 311 y 312 del Código Penal), el Juez, en el momento de dictar sentencia, podrá imponer -como pena accesoria- la conservación de los antecedentes a los efectos que, una vez alcanzada la mayoría de edad, si volviera a cometer otro delito doloso o ultraintencional, no pueda ser considerado primario. En todos los casos los antecedentes judiciales de adolescentes serán eliminados: A) Pasados 2 (dos) años desde que cumplieran la mayoría de edad. B) Pasados 2 (dos) años posteriores al cumplimiento de la pena, cuando ésta se extendiese más allá de los 18 (dieciocho) años. Montevideo, 31 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se adjunta es presentado por la Bancada del Frente Amplio a los efectos de hacer un aporte a los resultados de la Comisión Especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de Seguridad Pública y en especial la de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, creada oportunamente por la Asamblea General. Montevideo, 31 de mayo de 2011. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo”.

16.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación.)
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: como bien se ha dicho en el curso de esta sesión, hoy la Cámara de Representantes consagrará como ley un proyecto que originalmente fue presentado por el Directorio del INAU a la Comisión bicameral que funcionó durante el receso. Este proyecto también viene a cumplir con lo que fueron los acuerdos que se realizaron entre todos los partidos políticos en oportunidad de la convocatoria que hiciera el Presidente de la República para constituir, entre otros, un grupo en materia de seguridad pública. En definitiva, fruto de esos acuerdos, del trabajo del Directorio del INAU y de los acuerdos que se lograron en el seno de la Comisión bicameral, tenemos hoy para su aprobación este proyecto de ley que, a nuestro juicio, es un paso sustancial en todo lo referente a la reorganización de la entidad que, en definitiva, tiene entre sus cometidos el control de la minoridad infractora. En ese sentido, el proyecto básicamente plantea la creación de un órgano desconcentrado. Ese grado de desconcentración estará pautado por la delegación de atribuciones que haga el Directorio del INAU y va a representar un cambio trascendente, porque hasta ahora era el SEMEJI el que cumplía con las funciones que tenía encomendadas el INAU en esta materia; de hecho, no tenía capacidad de decidir. Las decisiones que se tomaban en el seno del SEMEJI debían ser necesariamente refrendadas por el Directorio del INAU. Entre otras cosas, las decisiones en materia de gasto que eventualmente tomara el SEMEJI también tenían que ser aprobadas por el Directorio del INAU. Vale decir que las posibilidades de gestión eran acotadas. Ahora, al pasar a este Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que es un órgano desconcentrado, varían sustancialmente las posibilidades de gestión. Por otra parte, para nosotros, para el Partido Independiente, este paso era necesario e imprescindible para llegar a la creación de un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado. Y decimos que era necesario e imprescindible porque si partiéramos, en las condiciones actuales, con la creación de un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, simplemente estaríamos transfiriendo a ese nuevo Instituto las mismas dificultades y

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los mismos problemas de gestión que hoy tiene el SEMEJI, el Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción. De hecho, nada estaríamos solucionando sobre el tema de fondo y, en todo caso, se mantendrían las mismas dificultades. Por eso nos parece que este paso intermedio de crear un órgano desconcentrado, de que realmente pueda ejecutar los recursos que se le asignen en el Presupuesto del INAU, teniendo la posibilidad de ser un ordenador primario del gasto, contribuirá a desarrollar una mejor gestión; entre otras cosas, permitirá que ese tránsito hacia la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente -compromiso político que hemos asumido todos los partidos políticos de que en este Período de Gobierno se cree como Servicio Descentralizado- se haga sobre bases firmes. Hay otros aspectos que aborda el proyecto y que no son menores. Parece insólito, pero a pesar de todo lo que se habla sobre control perimetral de los establecimientos del INAU, en la mayoría de estos la guardia perimetral, que es policial, la cumple un Servicio 222. Es decir que el Estado, que debería prestar el servicio de seguridad de sus propios establecimientos, lo hace si se le paga; la lógica indica que el suministro de seguridad para establecimientos con la delicada tarea de contener a jóvenes infractores privados de libertad debería ser una de las obligaciones del Ministerio del Interior. Esa realidad, a partir de este proyecto, también tiene cambios sustanciales que se agregan al establecimiento claro de lo que está definido en el artículo 7º, como el Programa de Ingreso, Estudio y Derivación, el Programa de Medidas Socio-Educativas No Privativas de Libertad y Mediación, el Programa de Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad y Semilibertad, el Programa de Medidas Curativas y la Inserción Social y Comunitaria. Estos cinco programas que se definen en el proyecto de ley, a nuestro juicio, también son un avance bien importante para lograr una mejor gestión en un tema que preocupa a la sociedad uruguaya, que está particularmente sensible con el problema de la minoridad infractora y con lo que es un dato de la realidad: el fracaso de este sistema en el INAU dada la evasión, es decir, las fugas ocurridas de mucho tiempo a esta parte. Ahora, para que esto no exista más, el Estado uruguayo tiene que comprometerse con recursos financieros para infraestructura edilicia y con recursos humanos que sean aplicados a estas tareas que son verdaderamente especialísimas en el control de la minoridad infractora.

Desde ese punto de vista, creemos que con el paso que estamos dando hoy, que seguramente será complementado en la sesión ordinaria de mañana con la aprobación de otros proyectos -por lo menos, en el seno de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración-, estaremos dando una respuesta primaria, aunque no definitiva, porque sobre estos temas deberemos volver. Deberemos hacerlo, básicamente porque, como se manejó en la Comisión bicameral, es necesario pensar en recorrer el camino para tener un código penal de responsabilidad adolescente, de responsabilidad juvenil. Ese camino nos parece absolutamente necesario si queremos reformular aquellos aspectos del Código de la Niñez y la Adolescencia que refieren en forma específica a la minoridad infractora. Desde ese punto de vista, valoramos la importancia del paso que se da hoy con la aprobación de este proyecto y aguardamos que en instancias posteriores se siga mejorando el sistema de seguridad penal que el Estado ha dispuesto para aquellos jóvenes que han cometido delitos y que han sido penados con la privación de libertad. Muchas gracias.

17.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente solicitud de licencia: Del señor Representante Jorge Pozzi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 1º de junio de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Roque Ramos. Del señor Representante Juan Manuel Garino, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor José Corradi. De la señora Representante Berta Sanseverino, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir, en su carácter de miembro de la Comisión de Salud del Par-

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lamento Latinoamericano, PARLATINO, al II Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por el período comprendido entre los días 6 y 9 de junio de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Zás Fernández. Del señor Representante Sebastián Sabini, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Juan Carlos Ferrero. De la señor Representante Ivonne Passada, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel Montiel”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, JORGE POZZI Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la li-

cencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted atentamente. Jorge Caffera”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted atentamente. María Elena Martínez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de junio de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Caffera y María Elena Martínez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi, por el día 1º de junio de 2011. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Caffera y María Elena Martínez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Roque Ramos. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 31 de mayo del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, JUAN MANUEL GARINO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Le informo que por ésta vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside por el día 31 del corriente mes. Sin otro particular, lo saluda con mi más alta consideración y estima, Álvaro Fernández”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Álvaro Fernández y los señores Nicolás Ortiz y Milo Ojeda integran la Cámara por el día indicado. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Álvaro Fernández.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor José Corradi. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 6 al 9 de junio y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, inciso C) que establece la causal “misión oficial” del legislador. Motiva dicha solicitud mi participación en la Reunión del II Foro del Frente, como miembro de la Comisión de Salud del PARLATINO y del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Bogotá, Colombia. Se adjunta invitación. Saluda atentamente, BERTA SANSEVERINO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por la Representante Nacional Berta Sanseverino, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima Jorge Patrone”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por la Representante Nacional

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Berta Sanseverino, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima Robert Alonso”.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Jorge Zás Fernández. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, para asistir, en su calidad de miembro de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, PARLATINO, al II Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 9 de junio de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Robert Alonso. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 6 y 9 de junio de 2011, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino para asistir, en su calidad de miembro de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, PARLATINO, al II Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Robert Alonso.

“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted, solicitando me conceda licencia por el día 31 de mayo del corriente año; según lo establecido en la Ley Nº 17.827 por motivos personales. Sin otro particular, saluda a usted atentamente. SEBASTIÁN SABINI Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Sebastián Sabini. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Sebastián Sabini, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Juan Carlos Ferrero. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia para el día de hoy por motivos personales. Atentamente, IVONNE PASSADA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente. Julio Baráibar”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Julio Baráibar. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Julio Baráibar.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Daniel Montiel. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

18.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Aníbal Pereyra. SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señor Presidente: coincidimos con lo que se ha manifestado en Sala, particularmente, por parte del señor miembro informante, el compañero Diputado Michelini, en cuanto a lo que implica el proyecto de ley que estamos abordando. El 4 de marzo la Asamblea General mandató a las dos Cámaras a avanzar en un conjunto de proyectos vinculados con estos temas y, sin lugar a dudas, para nosotros este es el más importante. ¿Por qué lo decimos, señor Presidente? Porque un instituto de estas características es el instrumento más importante que tenemos para aplicar políticas que apunten efectivamente a nuevas realidades, lo cual nos ha resultado dificultoso, en lo que hemos tenido problemas. Y hablamos en plural porque lo decimos como país. Basta ir a la Colonia Berro para ver la realidad; efectivamente, los recursos que nuestro país ha generado llegaban allí con cuentagotas, cuando llegaban. Es fundamental transformar esa realidad; es prioritario. Es fundamental volcar recursos para tener allí, no un depósito de gente, porque con esa concepción lo único que hacemos es multiplicar la violencia y nos quedamos sin recuperar ciudadanos, en este caso, gurises. Coincido con lo que decía el señor Diputado Gandini: hace un par de meses estuvimos en la Colonia Berro y comprobamos que el 95% de los muchachos allí internados vienen de la indigencia. Cada uno de ellos tuvo una situación de vida más que embromada, y eso marca a cualquier persona, sobre todo en el entorno donde empiezan los primeros contactos con la vida, con los valores, etcétera. Ahí está el centro de la cuestión y tenemos que hacer todos los esfuerzos para revertir esta realidad.

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Ahora bien -lo decía el señor Diputado Michelini y eso centra un poco el debate-, tengo en mis manos el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 17.823, sancionada el 7 de setiembre de 2004. En su artículo 89, en referencia al régimen de privación de libertad, dice: “El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código […]”. Repito, señor Presidente: “[…] consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto […]”. El propio Código lo establece cuando determina el régimen de privación de libertad, lo que hasta el momento de su creación era uno de los grandes problemas que teníamos. En gran medida, tenemos que seguir trabajando en esto para resolver el problema en forma definitiva. Debemos crear un instituto que tenga como objetivo central la implementación de políticas concretas, definidas, que ayuden efectivamente a quien esté allí alojado pagando su culpa, para que cuando esa persona salga tenga la posibilidad de ser mejor en la sociedad. Ese es el objetivo y no otro. El 10 de agosto de 2010, la Comisión multipartidaria que abordó estos temas llegó a un acuerdo firmado por todos los partidos políticos. Sin duda, ese fue el puntapié inicial de una forma de concebir estos temas acordando por encima de particularidades, visualizando el interés general. El 10 de agosto, reitero, firmamos ese acuerdo. En setiembre de 2010, el Directorio del INAU se hizo presente en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, planteando ya en ese momento las primeras líneas de lo que hoy estamos considerando en esta sesión y que vamos a aprobar con los votos de todos los partidos. Allí estuvieron a consideración de los Senadores de todos los partidos las propuestas que el INAU estaba elaborando para la creación de este instituto en base a los acuerdos del año 2010. En noviembre, la Asamblea General definió crear una Comisión para acelerar ese proceso y abordar los proyectos de ley que se alinearan con el objetivo que nos habíamos planteado en los acuerdos. Efectivamente, después de un par de meses de trabajo, con la participación de invitados muy importantes e interesantes y a partir del debate que se generó, el 4 de marzo alcanzamos una votación unánime de la Asamblea General que nos mandataba a hacer lo que hoy

estamos haciendo. La resolución que tomamos ese día sobre el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente dice: “[…] esta Comisión entiende pertinente sugerir a la Asamblea General que hasta tanto se cree por ley el nuevo Instituto que tendrá la calidad de servicio descentralizado, comenzará a funcionar mediante mandato legal una Comisión Delegada de tres miembros como órgano desconcentrado del INAU, con la mayor autonomía administrativa y técnica, responsable del desarrollo e implementación de aquél”. Este es el acuerdo que hoy vamos a transformar en ley. Obviamente, hubo intercambios y diálogos porque partíamos de decisiones encontradas en algunos puntos. Un aspecto en el que se ha planteado alguna divergencia es el de la definición como Servicio Descentralizado. Estamos todos de acuerdo con que, al finalizar este mandato -tal como establece el acuerdo-, esa sea la forma en que funcione este nuevo instituto; sin embargo, la realidad es más fuerte y más allá de lo que uno quiera, algunos procesos se deben cumplir. Uno de los elementos que durante la visita a la Colonia Berro nos terminó de convencer de este concepto, fue la conversación con los Directores del SEMEJI. En la recorrida a los diferentes hogares y durante el diálogo con quienes trabajan allí surgió que el mayor problema de la operativa del SEMEJI es el que señalaba el señor Diputado Posada; y con la figura que hoy se crea de un Servicio Descentralizado se tiene la posibilidad de actuar sin que el Directorio se reúna para tomar las decisiones prácticas como un traslado urgente o solicitar una ambulancia. Esos son problemas concretos que hoy resulta difícil instrumentar debido a la velocidad de algunos hechos. Por lo tanto, el sistema que determina este proyecto de ley otorga al SEMEJI -que luego se llamará SIRPA- la autonomía necesaria para actuar ante las contingencias. Obviamente, habrá que cumplir con ese proceso y luego votaremos que este instituto sea un Servicio Descentralizado. En consecuencia, lo que puede parecer una discrepancia táctica -por decirlo de alguna manera- debido a las circunstancias, determina que votemos la creación de un instituto que ha sido estudiado rigurosamente. Hay que destacar el papel del INAU porque el primer borrador de este proyecto de ley fue presentado en el Senado en setiembre, un mes después de haber firmado los acuerdos de la Comisión Interpartidaria. Esto demuestra la clara voluntad política de

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avanzar en el tema. Estos no solo son mensajes sino compromisos para avanzar. Con la aprobación de este proyecto de ley estamos dando un paso muy importante. Según manifestaron las autoridades del INAU hace unos días, cuando visitaron la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, hay un compromiso de otorgar los recursos para que esto se lleve adelante y se está trabajando en los aspectos puntuales de este proyecto, en la instrumentación, en la arquitectura del nuevo edificio y en todo lo que hay que prever. En todo eso ya se está trabajando y hay una articulación entre los involucrados que constituye otro elemento que incorpora este nuevo sistema: la participación transversal de varios Ministerios que tienen que ver con estas políticas. De esta forma apuntamos a lo que todos queremos: que no haya, como ocurre hoy, un ómnibus interdepartamental que atraviesa mansamente la Colonia Berro. Eso es lo que hoy tenemos. Estamos acostumbrados a creer que esto sirve para cumplir con los fines establecidos, pero debemos cambiarlo. ¡Ni hablar del SER ni de la necesidad de contar con lugares cuyo objetivo central sea lo que expresaba -y compartimos- el señor Diputado Gandini: la recuperación de esos jóvenes y otorgarles herramientas para que puedan enfrentar la vida de otra manera! SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: se han dado, en el transcurso de la tarde, los distintos puntos de vista de los sectores que integran la Comisión, y cuando se logran acuerdos interpartidarios para buscar soluciones de este tipo, uno siente que se puede llegar a más. Ocurre que cuando hay interés -estas cosas duelen-, todo el mundo se hace cargo del lugar que debe ocupar y, sin importar el partido, se buscan soluciones. Durante esta sesión hemos escuchado el planteo de ciertas incertidumbres de algunos Diputados respecto a la responsabilidad que el artículo 3º da a cada uno de los Ministerios en la Comisión asesora. Entonces, se habla de las competencias del Ministerio de Desarrollo Social; del Ministerio de Educación y Cultu-

ra y del Consejo Directivo Central de la ANEP; del Ministerio de Salud Pública y de ASSE, y se hizo especial hincapié en la responsabilidad del Ministerio del Interior. Me voy a referir específicamente al Ministerio del Interior, que ya está cumpliendo con algunas de las responsabilidades que establece este proyecto de ley que aún no se ha votado. En el hogar de General Flores, en el lugar donde están los contenedores, el Ministerio del Interior, cumpliendo con el mandato, está construyendo un doble cercado perimetral, porque el muro de 2,90 metros no ha dado resultados. Además, se están acondicionando los patios de recreo y las garitas que no estaban en buenas condiciones. En el Hogar Sarandí de la Colonia Berro, se está construyendo para los jóvenes un patio de recreo delimitado donde había uno abierto, lo que dificultaba su supervisión; además, habrá un patio pavimentado y cercado para que los jóvenes reciban a sus familiares y otras visitas, lo cual mejorará el relacionamiento. En el marco del mismo esquema de trabajo y atendiendo la preocupación que se ha planteado en Sala, en el Hogar Piedras se está construyendo un cerco perimetral doble, se mejoró la circulación de los vehículos que traen materiales y comida para los jóvenes y se construye un patio con elementos que facilitan los juegos. En el Hogar SER también se está haciendo algo similar. También quiero decir que ya se dispuso la presencia de dieciocho policías por turno, que no son del Servicio 222, y además se instrumentó la formación y la capacitación de los funcionarios para destrezas en el manejo de situaciones colectivas, conflictivas y personales. Para terminar quiero decir que el Ministerio hizo una donación de dos ómnibus para el traslado de los jóvenes, de acuerdo con lo pactado por los dos Ministerios. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede continuar el señor Diputado Pereyra. SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señor Presidente: entendemos que esta herramienta que el Parlamento va a votar en la sesión de hoy obviamente habilita la posibilidad de empezar a construir, con todos los recur-

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sos que se necesitan, a fin de aplicar las políticas que apunten de modo efectivo a que los institutos cumplan su función. Reitero este concepto: a veces en nuestra sociedad está como grabado a fuego que tanto un hogar de menores como una cárcel son lugares donde se deposita gente para que no salga nunca más. En definitiva, creo que si algo hemos aprendido en el Uruguay en estos últimos años es que sus sistemas de reclusión lejos están de generar personas que cuando vuelvan a la sociedad -obviamente, algún día lo harán- cuenten con herramientas para insertarse en ella, iniciar una nueva vida, esa posibilidad que, con seguridad, la mayoría de ellas no tuvo al nacer. Otra de las cosas que me quedaron grabadas de esa visita fue lo que me dijo la cuidadora de un muchacho encerrado en el Hogar SER. A los quince días de haber nacido, su madre decidió tirarlo a una pileta y prácticamente le quebró todo el cuerpo; esos fueron los primeros días de su vida. Luego ingresó a la escuela, y esa cuidadora fue su maestra; ya estaba en camino de lo que hoy para él es la vida: la violencia. Tiene sus códigos y sus formas de vivir porque a los pocos días de salir de la panza lo primero que encontró fue violencia. La mejor posibilidad de construir nuevas generaciones es, precisamente, dándoles otras cosas que los hagan sentir contenidos y que vivan en una sociedad de la que todos podamos ser parte, y no dándoles violencia. Gracias, señor Presidente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en las fechas indicadas (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 31 de mayo de 2011 Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, JORGE POZZI Representante por Montevideo”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted atentamente. Jorge Caffera”. “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicita por el señor Diputado Jorge Pozzi por el día 1º de junio del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted atentamente. María Elena Martínez”.

19.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguiente resolución: Visto la licencia oportunamente concedida por motivos personales, al señor Representante Jorge Pozzi, por el día 31 de mayo de 2011, establécese que la misma será por el día 1º de junio de 2011, convocándose al suplente siguiente señor Roque Ramos”. ——En discusión.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de junio de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Caffera y María Elena Martínez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi, por el día 1º de junio de 2011. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Caffera y María Elena Martínez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Roque Ramos. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

te denominados menores infractores, antes se les llamaba delincuentes juveniles. El INAU es una institución que ha cargado como estigma su imposibilidad de administrar eficientemente este servicio. Si algo está claro en el país es que lo que no sabe hacer el INAU es esto: atender a los menores infractores y a los menores privados de libertad. Si algo hace mal, reiteradamente, es esto, es decir, atender a los menores con problemas. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Ibarra) ——El INAU ha cargado con esto como un estigma. Tiene un sello en su frente y basta que uno mencione la palabra INAU ahora, INAME y Consejo del Niño antes, para que todo el mundo asocie a una institución con jóvenes que se fugan, que cometen delitos, con corruptelas entre los funcionarios, que se fugan con ayuda de estos, que los maltratan, que entran y que salen. En realidad, el INAU es una institución formidable del país, con una capacidad de gestión estupenda, que atiende a sesenta mil niños en el régimen de amparo. Los señores legisladores podrían hacer la prueba de decir a alguien que mande a su hijo al INAU y verán que la gente dice que no, que al INAU no. Sin embargo, miles de uruguayos mandan a sus hijos al INAU cuando los envían a un CAIF, porque el CAIF es INAU. El INAU tiene una cantidad de estrategias de una enorme eficacia: las casas cunas, las guarderías, los merenderos, los hogares sustitutos. Son sesenta mil niños atendidos con eficacia, en silencio. Nadie sabe cómo esos niños son incorporados a la sociedad. Están bien alimentados y bien atendidos. Las madres solteras, las madres que trabajan, y las madres solas envían sus hijos al INAU. Pero resulta que el INAU tiene a estos setecientos jóvenes infractores, con quienes reitero y subrayo: no sabe qué hacer, no los sabe atender. Veamos el paso reciente: Carlos Elías Uriarte, un especialista en derecho criminal, un teórico, un catedrático, que pasó por la Dirección de esta área del INAU, y no anduvo; terminó en medio de un desastre. Otro ejemplo: el cura Mateo, con una gran predisposición, hasta espiritual, para acercarse a esta estrategia, fracasó, se tuvo que ir. Jouroff, una carta fuerte que puso el Gobierno ahí por ser un hombre que conocía la cuestión, fue destituido.

20.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación).
Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: sin duda, el asunto que la Cámara está tratando hoy es de larga data en la vida institucional del país. Es un viejo problema que hemos sobrellevado y, que con el paso del tiempo, lejos de menguar o de amainar, se ha ido incrementando. Con el INAU hemos pasado por distintas etapas y formulaciones a la hora de atender a los recientemen-

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Le hemos cambiado de nombre: el INTERJ, ahora el SEMEJI. Cambiamos de nombre, cambiamos de Director y el problema es igual: todo funciona igual, es decir mal, definitivamente mal. Hace mucho tiempo que venimos imaginando que una solución era dejar hacer al INAU lo que sabe hacer bien. El INAU tiene un presupuesto equivalente al doble del Poder Legislativo, es decir una fuerte asignación presupuestal. Quiere decir que solo el INAU gasta dos veces lo que gasta un Poder del Estado. Queremos que siga haciendo lo que hace bien, con eficacia y saquémoslo de la página policial de los diarios y del área policial de los informativos de televisión. Queremos que siga siendo una institución que se ocupa de los menores, y ahora más todavía, porque por los acuerdos multipartidarios mencionados esta tarde, por ejemplo, el INAU tendrá más de cuatrocientos CAIF en todo el país al final del Período. ¡Vaya tarea! ¡Y vaya tarea relevante para cubrir al 100% de los niños de entre 0 y 3 años, que deben estar atendidos en una institución; no puede haber ningún niño de esa franja que no tenga una alimentación y una atención adecuadas. Este es el INAU que todos queremos, al que le reconocemos su tarea. Pero la sociedad no identifica a ese INAU; no se lo ve. Lo que se ve es esta área, la de atender a los menores infractores: trescientos y pico con privación de libertad, trescientos y pico ambulatorios. En total, unos setecientos jóvenes. Ahí está la madre de todos los problemas. ¿Qué imaginábamos? Que el INAU, que es incompetente para resolver en esta área, se desprendiera en forma definitiva de ella, no tuviera más nada que ver, y que crearíamos una institución absolutamente independiente, no con funcionarios elegidos por el sindicato del INAU, no con funcionarios que tienen los mismos vicios de trabajar con estos menores a los que terminan ofreciéndoles -como hemos vistolas sierras para cortar las rejas, sino algo nuevo, fresco, con funcionarios provenientes de otras áreas de actividad, y que naciera como institución absolutamente nueva. Esto no es lo que vamos a votar. Lamentablemente, esto es medio punto; es echar agua al vino. No creamos la institución; la vamos a crear, entonces digámoslo a la opinión pública. Yo no tengo la certeza de que esta institución funcione. Cuando sea totalmente independiente, cuando pueda nombrar a sus funcionarios, cuando los funcionarios sean designados por su capacitación especial para atender a estos jóvenes, cuando sean seleccionados para eso,

cuando tengamos una estructura con esas características, entonces ahí empezaremos a creer que la institución resolverá el problema. SEÑOR POSADA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el señor Diputado José Carlos Cardoso de alguna manera comete un error al señalar que este Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil no va a tener todas esas atribuciones. De hecho, al plantearse la creación de un órgano desconcentrado, esas atribuciones son precisamente las que le va a estar transfiriendo el INAU. Y ese es el cambio con respecto a las otras denominaciones anteriores. Realmente, aquí lo que se está tratando de hacer es un verdadero tránsito hacia un instituto penal de responsabilidad juvenil. De nada valdría que a partir de que se aprobara una determinada ley en el Parlamento se constituyera un nuevo organismo que arrastre los mismos problemas del pasado. Un instituto no se crea de la noche a la mañana; precisamente, tiene que nombrar funcionarios y hacerse cargo de determinadas estructuras existentes. Con este proyecto de ley se trata de que ese tránsito se haga en orden, que sea adecuado, que en lugar de hacer lo que ocurre continuamente en muchas áreas del Estado, donde desacumulamos los esfuerzos realizados por otras entidades, aquí los acumulemos para que la institución que nazca lo haga sin los problemas que se han venido registrando, por ejemplo, en el SEMEJI. Ese es el sentido. Esa es la propuesta que hizo el Directorio del INAU y la que acordamos en la Comisión bicameral. Entonces, lejos de ser un órgano desconcentrado, sin responsabilidades y sin posibilidades de gestión, este que se crea tiene facultades para gestionar; es decir, puede asignar el gasto establecido en el Presupuesto para tal fin, y ahora va a figurar específicamente. Puede ser ordenador primario. Todo eso no pasaba en la realidad porque cualquier resolución que se tomara a nivel del SEMEJI debía ser refrendada por el Directorio del INAU. Eso es lo que ahora no va a suceder, porque existirá esta Comisión Delegada, que en definitiva tendrá la función de gestionar este órgano desconcentrado: el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Gracias, señor Diputado.

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SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: comprendo perfectamente lo expresado por el señor Diputado Posada, y entiendo las características del cambio acordado y lo que dice el proyecto de ley porque lo leí. De lo que estoy hablando es del tiempo que hace que estamos trabajando en la construcción de una nueva institución; recién ahora vamos a iniciar un proceso que nos dejará una institución independiente dentro de dos años. ¿Cuánto tiempo ha pasado -inclusive tuve en cuenta el proceso y las modificaciones dentro del INAU- por no comprender la necesidad de quitar definitivamente del INAU la responsabilidad de los menores infractores? Por eso reafirmé tanto en mi intervención lo bueno que hace el INAU con respecto a los menores que no son infractores. El proceso nos ha llevado años de dudas de quienes creían que eso se arreglaría cambiando al Director, modificando el funcionamiento de las dependencias del INAU. Recién ahora vamos a empezar un proceso que nos llevará dos años. Esta es la verdad. Las respuestas no van a ser inmediatas y todavía deberá enfrentarse a nuevos desafíos, porque a veces cuando uno habla de una institución puede confundirla con una organización única, pero esta seguramente tendrá múltiples servicios. Nadie imagina que los trescientos jóvenes van a estar juntos, porque entonces estaríamos hablando de otras características. Pero eso será competencia de quienes estén al frente de este tránsito que vamos a vivir en un proceso de dos años. Creo que avanzamos; habríamos avanzado más si hubiéramos definido este cambio hace tiempo y salido de las dudas a las que hemos estado sometidos. Recordemos el tránsito de la Legislatura pasada; recordemos todo lo que pasó durante los últimos cinco años en materia de Administración. ¡Patético fue lo que pasó! Terminamos viendo aquí en “Power Point” todo el funcionamiento del INAU en esta área. ¿O ya nos olvidamos? Sin embargo, no había confianza en que el cambio había que hacerlo. Por supuesto, ahora hemos logrado alcanzar el objetivo. Estamos en camino de alcanzarlo; todavía no lo hemos logrado y habrá que ver si este proceso desemboca bien, porque finalmente las normas son las normas y lo que importa es la gestión. Hay que ver después a esa institución desconcentrada trabajando y gestionando; hay que ver cómo funciona, porque de la gestión definitivamente depende el éxito de la tarea, y no solamente de las normas. Parece que

aquí las normas están en el camino correcto. Veremos si la gestión finalmente logra una institución que se ocupe de estos setecientos jóvenes. Todos estamos cabalmente convencidos de que necesitamos recuperarlos; la experiencia universal demuestra que se recuperan, que no son irrecuperables, que vuelven a tener una vida normal, que conforman una familia, que consiguen trabajo, que son reeducados. Hay éxito en esa tarea; lo que hay que tener es un sistema. No hemos tenido el sistema y perdimos demasiado tiempo. Yo creo que perdimos mucho tiempo solamente por algunas formas de ver esta realidad -que obviamente nosotros no compartimos- y porque el Gobierno nos tuvo durante mucho tiempo en una posición muy ambivalente. Era cuanto quería decir.

21.- Asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Michelini. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, y se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. C/836/011 –

A la Comisión De Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

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22.- Proyectos presentados.
“INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO Creación PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, que quedará redactado como sigue: “ARTÍCULO 1º. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”. Artículo 2º.- Agrégase al artículo 36 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, como inciso segundo, el siguiente: “La remuneración de los miembros del Consejo Directivo será equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo nominal de un Senador de la República”. Artículo 3º.- Modifícase el artículo 75 de la Ley Nº 18.446, de 24 de de diciembre de 2008, el que quedará redactado como sigue: “ARTÍCULO 75. (Presupuesto-procedimiento).- El Consejo Directivo elaborará el proyecto de presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y lo elevará al Presidente de la Asamblea General a efectos de incluirlo en el Presupuesto de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, para su consideración por la Cámara de Senadores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución de la República”. Artículo 4º.- Modifícase el artículo 76 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, que quedará redactado como sigue: “ARTÍCULO 76. (Rendición de Cuentas).- La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), rendirá cuentas anualmente a la Asamblea General y asimismo podrá proponer las modificaciones presupuestales que estime indispensables, dentro de los plazos previstos en el inciso segundo del artículo 108 de la Constitución de la República”.

Artículo 5º.- Derógase a partir del 13 de julio de 2015, la Ley Nº 17.684, de 29 de agosto de 2003, por la cual se instituyó el Comisionado Parlamentario para asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial, y supervisar la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado. A partir del 13 de julio de 2015, los cometidos a que hace referencia el inciso anterior se asignan a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (lNDDHH) creada por la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008. Artículo 6º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (lNDDHH) tendrá las siguientes atribuciones: A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad. B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos. C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes. D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados. E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de 24 (veinticuatro) horas de anticipación. Cuando se trate de verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

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F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones. G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional. H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario. Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial. I) Interponer los recursos de “habeas corpus” o amparo. J) Proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere que existen delitos. K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y asistan y defiendan los derechos de los encausados. Artículo 7º.- Desígnase como órganos de visitas (mecanismo nacional de prevención) a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y al Comisionado Parlamentario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por la Ley Nº 17.914, de 25 de octubre de 2005. Hasta la entrada en vigencia de la derogación dispuesta en el artículo 5º de la presente ley, ambas instituciones coordinarán entre sí para cumplir con los cometidos establecidos a este respecto. Montevideo, 31 de mayo de 2011. DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, ESTEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, IVÁN POSADA, Representante

por Montevideo, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El 24 de diciembre de 2008 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 18.446, por la cual se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, institucionalidad estatal dedicada a la promoción, difusión y protección de los derechos humanos. En el artículo 79 de la citada ley se plantea: Los miembros del primer Consejo Directivo de la INDDHH deberán ser electos en la Legislatura siguiente a la promulgación de esta ley. Para que dicha institución se instale, es necesario agregar algunos requisitos que no pudieron ser votados en dicha oportunidad para dar cumplimiento al impedimento constitucional de fijar partidas salariales en años preelectorales según lo indica el artículo 229 de la Constitución de la República. Es por ello y para corregir y complementar esos aspectos que ponemos a consideración este proyecto de ley que contiene 6 artículos que complementan la Ley Nº 18.446. En el artículo 1º denominamos a dicha institución Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ya que una de sus principales características estriba en su accesibilidad, por lo que su nombre debe colaborar a una mejor publicidad de su acción en el conjunto de la población. En el artículo 2º se fija la remuneración de los miembros del Consejo Directivo, ya que no pudo votarse la misma en la Cámara de Diputados por los impedimentos constitucionales mencionados anteriormente. En los artículos 3º y 4º, se corrigen errores de redacción, refiriendo a la citada institución a la Asamblea General y no a la Cámara de Diputados o de Representantes, como se establece en los artículos 75 y 76 de la Ley Nº 18.446. En el artículo 5º, se establece la incorporación de la institución Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario al Instituto Nacional y Defensoría del Pueblo, generando un período de transición para lIevarla a cabo. En el artículo 6º se agregan atribuciones a la INDDHH y Defensoría del Pueblo a partir de la entrada en vigencia de esta ley. En el artículo 7º se establece que, hasta tanto no finalice dicha transición, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo coordinará con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, las funciones del Mecanismo Nacional de

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Prevención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Cumplidos estos requisitos, nuestro país podrá contar con un mecanismo de contralor democrático política y socialmente necesario para construir una sociedad más justa e incluyente. Montevideo, 31 de mayo de 2011. DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, ESTEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo”.

“Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del Diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado como suplente de ese Cuerpo el día 31 de mayo de 2011 del presente año. Comunico a usted que por única vez no acepto la convocatoria. Sin otro particular le saludo atentamente, Raúl Servetto”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Raúl Servetto. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Raúl Servetto. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Sandra Lazo. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

23.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Aníbal Pereyra, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose a la suplente siguiente, señora Sandra Lazo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. En consecuencia, queda convocada la correspondiente suplente y se le invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 31 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis. Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 31 de mayo de 2011, por motivos personales. Sin otro particular, saluda atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”.

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24.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación)
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Núñez. SEÑOR NÚÑEZ.- Señor Presidente: hay quienes creen que los que no estamos de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad defendemos a los delincuentes y no a las víctimas; así lo han dicho y expresado en diversos medios de prensa. Nosotros votamos a favor de este proyecto porque entendemos que aquellos adolescentes que cometieron un delito tienen que hacerse responsables. Queremos un sistema que brinde las seguridades necesarias para que los adolescentes asuman la responsabilidad de los delitos cometidos, pero al mismo tiempo, reciban las herramientas necesarias para una correcta inserción en la sociedad. Por eso este proyecto integra al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP, y al Ministerio de Salud Pública y contempla una serie de programas de medidas socioeducativas, curativas y de inserción social y comunitaria, fundamentales para un reintegro exitoso a la sociedad. Al votar este proyecto defendemos al país, al conjunto de la sociedad y al conjunto de los ciudadanos. Consideramos que este Instituto, conjuntamente con otras iniciativas, es la clave para solucionar el problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para nosotros la solución no está en la llamada baja de la edad de imputabilidad que, por otro lado, pensamos empeora el problema. Por otra parte, consideramos que este instituto desconcentrado en breve debe pasar a ser un organismo descentralizado, pero esto es parte de un proceso que acotamos al actual Período de Gobierno. Hay quienes juntan firmas para que dentro de cinco años -con suerte- se cree un sistema descentralizado; por eso no entendemos por qué ahora piden inmediatez. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR NÚÑEZ.- Señor Presidente: permítame concretar la idea. El compromiso que asumimos al votar este proyecto de ley es que antes de que termine el actual Período de Gobierno se cree un sistema descentralizado. Y lo asumimos porque entendemos que este proyecto

no admite improvisaciones ni irresponsabilidades; pretendemos solucionar el tema de fondo y no hacer perfilismos que lleven a un nuevo fracaso del sistema. En definitiva, queremos un sistema de responsabilidad penal que sea capaz de contener y de transformar, de brindar oportunidad de cambiar el estilo de vida de los adolescentes y jóvenes que pasen por allí. Con gusto, concedo la interrupción al señor Diputado Germán Cardoso. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir el señor Diputado Germán Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: vamos a razonar en voz alta. Nosotros no vamos a caer en la tentación de leer ningún “speech” que nos hayan escrito o que hayamos elaborado en corrillos, pero como aquí se trae el tema de la baja de la edad de imputabilidad, que nada tiene que ver con lo que estamos considerando, creo que ello habla a las claras de cómo ha sido este proceso en los últimos tiempos. Por tanto, al hablar de responsabilidades, nos sentimos en la obligación de aclarar cuál ha sido el recorrido de este proceso, más aún viniendo de un legislador del partido que ha destruido la seguridad pública de este país en los últimos seis años. A nuestro juicio, actuar con responsabilidad no es haber desarticulado la acción de la Policía derogando el Decreto Nº 690/80, anunciando con bombos y platillos en marzo de 2005 que inmediatamente se implementaría un código de acción policial, pero hubo un vacío durante tres años. Y la irresponsabilidad en la conducción de las políticas de seguridad del Ministerio del Interior no recaían en mi Partido, pues quien las anunció pertenecía al Partido Socialista. Hubo tres años de vacío en el procedimiento y en el accionar de la Policía, desmoralizando el accionar del cuadro, retrayendo la acción de la Policía en defensa de la sociedad, porque bajo la conducción del ex Ministro José Díaz nadie tenía claro hasta dónde se podía o no actuar. Actuar con responsabilidad no es liberar mil doscientos presos, como hizo el ex Ministro José Díaz de manera intempestiva, sin haber cumplido con el proceso educativo ni de rehabilitación necesarios, lo que trajo como única consecuencia el aumento del pánico y del caos en la sociedad, así como el incremento de los delitos violentos. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que debemos dar nuestro voto en el día de hoy, y de

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que el Gobierno se ha movilizado a partir de la acción que asumió el Partido Colorado desde setiembre del año pasado. Durante seis años, con mayoría parlamentaria, no se adoptó una sola acción ni se tuvo voluntad política para acceder a discutir la toma de decisiones en cuanto a políticas de fondo para atacar los problemas que hemos decidido solucionar de manera apurada y apremiada en los últimos meses, luego de que el Partido Colorado comenzara a convocar al pueblo, que no aguanta más, y que se está pronunciando por miles en silencio, en paz. Así está actuando la sociedad de este país, al igual que integrantes de todos los partidos políticos, como el candidato a Diputado de la Vertiente Artiguista por el departamento de Rivera o dos Concejales pertenecientes al Frente Amplio en Maldonado. No sé si el señor Diputado preopinante quiere llamar irresponsables a esos correligionarios suyos, que no hacen otra cosa que poner su firma y dar trámite a la herramienta que hemos presentado, que refleja la demanda de la sociedad. La gente no soporta más el hostigamiento por parte de la delincuencia. El señor Diputado Gandini decía, con razón, que la gente nos pide que tomemos medidas. Pero como durante seis años el partido de gobierno, con mayoría parlamentaria, significativamente se dedicó a desechar los proyectos de ley que presentamos en ambas Cámaras, decidimos convocar al pueblo uruguayo a través de un mecanismo de democracia directa; ese es nuestro mayor activo y nuestra más grande responsabilidad. Decidimos transitar el mecanismo que el Frente Amplio recorrió diecisiete veces desde que se reinstauró la democracia, en 1985, hasta la fecha. Por algo se están apurando y por algo están sucediendo cosas que nosotros celebramos y no dudamos en votar, porque eso es responsabilidad. Esto no es querer electoralizar, sino demostrar que realmente queremos soluciones, y por eso damos nuestro voto para dejar clara cuál es nuestra voluntad política. ¡Ojalá podamos empezar a remendar el tremendo daño que se ha hecho a la seguridad pública en los últimos seis años, a partir de la toma de decisiones equivocadas en la conducción de las políticas de seguridad dirigidas por el Partido Socialista en este país! Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que la baja de la edad de imputabilidad comenzó a manejarla el colega Diputado Cersósimo a partir del informe que acompaña este proyecto. Nosotros no introdujimos el tema; el tema está. En segundo término, vale la pena decir algo por enésima vez, porque una mentira dicha mil veces no se convierte en verdad; tozudamente vamos a seguir diciendo esto porque es un dato de la realidad. Por la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, por la que se liberaron unos cientos de presos primarios, se produjo precisamente el efecto contrario al que acaba de decir el señor Diputado preopinante: el nivel de reincidencia de ese colectivo de reclusos que fueron liberados y beneficiados por esa ley apenas alcanza el 13% del total. Por lo tanto, no sigamos insistiendo en que se liberaron mil doscientos presos que asolaron a la sociedad, y que esa es la causa por la que el país tiene problemas de seguridad. ¡No insistamos en algo que no es verdad! ¡Es mentira! Y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Acá hay cifras, estudios realizados, que constatan que esa política fue un acierto en la medida en que el nivel de peligrosidad de esos reclusos no era tal. El tiempo nos ha demostrado que no solo no se cometió un error sino que, en definitiva, se trató de algo acertado porque, insisto, el nivel de reincidencia apenas alcanzó el 13%. En materia de seguridades carcelarias podríamos decir muchas cosas. Señor Presidente: hace pocos días eliminamos las indignas “latas” que no fueron introducidas, precisamente, por el Gobierno del Frente Amplio. Recuerdo perfectamente que el Ministro que lo hizo fue Stirling; fue un escándalo cuando ingresaron, y hasta el día de hoy no quedan dudas al respecto. Para lo único que sirvieron fue para demostrar lo indigno que ha sido el sistema carcelario en nuestro país. ¡Alguien las puso! ¡Nosotros las eliminamos e inauguramos nuevos módulos! ¡Y ni qué hablar: ningún Ministro del Interior del Frente Amplio vendió una cárcel para poner un “shopping”! (Murmullos) ——Gracias, señor Presidente. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

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SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Esperemos reencauzar el debate, y para ello vamos a dar la palabra a un integrante del Partido Colorado, el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: mi nombre fue mencionado, por lo que voy a contestar una alusión personal y no solamente política. Por lo tanto, solicito que también se dé la palabra al señor Diputado Germán Cardoso, pues corresponde. Cuando hicimos referencia a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad estábamos hablando en nombre del Partido Colorado, en coherencia con todas las medidas que ha propuesto y está apoyando a propósito de la inseguridad. En ningún momento hicimos alusiones partidarias ni sectoriales, como hizo el señor Diputado Núñez; tampoco hicimos adjetivaciones con respecto a las soluciones o a las posiciones políticas que sectores o partidos han tomado a este respecto; me remito a la versión taquigráfica. Hablamos de la posición coherente del Partido Colorado, que ha estado apoyando, integra la Comisión Interpartidaria -y participa en ellay la Comisión bicameral y que ha hecho aportes presentando proyectos de ley, como en este caso. Por lo tanto, no aceptamos ni admitimos ese tipo de alusiones. Como bien dijo el señor Diputado Germán Cardoso, en ningún momento trajimos a colación un tema que vamos a discutir en otra oportunidad. SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Les pido que hagamos un esfuerzo para reencauzar la sesión y continuar con el tratamiento del proyecto relativo al Instituto de Responsabilidad Penal del Adolescente. Tiene la palabra el señor Diputado Germán Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: se ha aludido a mi Partido al solicitar que se demostrara lo expresado con fundamentos y con datos; realmente, no sé de dónde surgen esas cifras tan ínfimas que en nada afectaron a la sociedad de este país a partir de la liberación masiva, no de unos pocos cientos, sino de mil doscientos reclusos en 2007. De cualquier manera, los datos y los fundamentos surgen del propio Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y de números

que aportó el Gobierno del Frente Amplio. Vale recordar que, en su momento, esos datos fueron leídos de manera inversa a cómo debían presentarse a la opinión pública, y le costaron el cargo al Director del Observatorio del Ministerio del Interior. Los fundamentos son los hechos que están a la orden del día, es lo que está sufriendo nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, que están siendo acorralados por la delincuencia. La cantidad de delitos violentos ha crecido significativamente en los últimos cuatro años en el Uruguay. Que me perdone el señor Diputado preopinante, pero no ha sido responsabilidad de mi Partido, ni de ningún otro, llevar adelante la conducción de las políticas de seguridad en los últimos seis años. Cada cual tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde; así como nosotros debemos hacernos cargo de nuestros aciertos y desaciertos y, en su momento, quienes implementamos, o quienes conducían la política de seguridad implementaron los módulos de lata a que se ha hecho referencia -que, es cierto, no eran los más adecuados-, tampoco éramos Torquemada ni reimplantamos la quema en la hoguera, como sucedió en la cárcel de Rocha. En ese caso, existían advertencias de la Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del Interior acerca del estado de los extintores, de que la bomba hídrica de ese establecimiento no estaba funcionando y tantas otras observaciones; sin embargo, la Administración que conduce el Frente Amplio no tomó recaudos en materia de seguridad y sucedieron los hechos que todos conocemos. Entonces, ¡que cada cual que se haga cargo de lo que debe! Y así, con sinceridad, cada uno de nosotros y los partidos políticos podremos actuar en consecuencia, fundamentalmente, rindiendo cuentas a quienes debemos, es decir, a los ciudadanos. Porque parece que la recolección de firmas y la baja de la edad de imputabilidad tiene nerviosos a varios; parece que hay un nerviosismo generalizado y una preocupación notoria debido a la adhesión por parte de la población a bajar la edad de imputabilidad de dieciocho a dieciséis años para los delitos violentos y de sangre. No se trata de otra cosa que de una medida en el sentido de proteger los derechos de la población que está siendo vulnerada, de la gente que está acorralada por el accionar de la delincuencia, ante lo que no hay soluciones. El 46% de las rapiñas son cometidas por menores de dieciocho años, y más de un 80% de

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ellas, por jóvenes de entre 16 y 18 años. Queremos actuar en ese sentido. No hay que tomarlo con tanto nerviosismo. Estamos generando un instrumento que vaya en el sentido de proteger a la sociedad. Muchas gracias. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado, y espero que sea el último. Luego, volveremos a encauzar la lista de oradores, en la que están anotados los señores Diputados Bango y Gloodtdofsky. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con toda sinceridad, pretendemos que se reencauce el debate. Vinimos esta tarde con un proyecto consensuado para dar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay las capacidades que hoy no tiene y que, luego de un proceso de transición, disponga definitivamente de los mecanismos de contención para los jóvenes en conflicto con la ley penal, que estén en proceso o con pena de privación de libertad. No rehuimos el debate en ningún aspecto. Nos hacemos responsables de los seis años de la política de seguridad pública, en materia de seguridad ciudadana, porque el pueblo uruguayo confió en el Frente Amplio, primero, en el doctor Tabaré Vázquez, y luego, en el señor Mujica. Esas responsabilidades son indelegables, intransferibles e irrenunciables y las hemos ejercido. El pueblo ratificó en segunda instancia el rumbo. Creemos que las inseguridades de hoy son las certezas de las políticas del año 1995, de la ley de seguridad ciudadana; son las certezas de que, en definitiva, la ley del mercado iba a arreglar todo; de que se podía devastar la educación pública, las políticas sociales y eliminar miles de puestos de trabajo, porque eso iba a dar prosperidad. Nosotros no rehuimos ese debate, pero no nos van a llevar a los gritos ni porque se rasguen las vestiduras. ¡Si hay una fuerza política en esta Sala que no está nerviosa, es el Frente Amplio! Con todo respeto, aspiramos a que se cierre este paréntesis para volver a discutir el proyecto que nos convocó.

La semana que viene tendremos oportunidad de discutir en profundidad, no a través de eslóganes ni titulares, la penalización de conductas que hoy no están tipificadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia para los adolescentes de entre 13 y 18 años. Muchas gracias.

25.- Asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Borsari Brenna. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora”. ——Se va a votar (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 222 de la Ley Nº 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia) relacionado con el mantenimiento de los antecedentes judiciales de niños y adolescentes. C/837/011 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

26.- Proyectos presentados.
“INFORMACIÓN RELATIVA A NIÑOS Y ADOLESCENTES. (Modificación del artículo 222 de la Ley Nº 17.823). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 222 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente: “ARTÍCULO 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes podrá ser utilizada como base de antecedentes una vez alcanzada la mayoría de edad, únicamente en el supuesto en

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que devenidos en adultos imputables incurriesen en cualquier tipo de delito. Los antecedentes judiciales de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley, serán únicamente revelados por sus custodios a petición de Juez competente con indicación expresa del delito que se supone cometido”. Montevideo, 31 de mayo de 2011. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, ALBERTO CASAS, Representante por San José, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó, PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, RICARDO BEROIS, Representante por Flores. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El articulo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia cierra el Capítulo XVIII. denominado “Registro de Información de Niños y Adolescentes” que lleva el título de “Limitaciones”, impide que la información relativa a niños y adolescentes (custodiada por el INAU. a quien se reputa “propietario” de la misma) pueda “ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad”. Y dispone también que los “antecedentes judiciales y administrativos” de aquellos que “hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida”. La norma, que como parte de un conjunto articulado podía estar bien inspirada, no ayuda al bien que se persigue. Protege con exceso a una parte considerada “débil” de la sociedad y castiga con dureza al resto. En efecto, aun sin internarnos en la discusión de cuándo debe comenzar la “imputabilidad” y de si corresponde o no una rebaja del límite de edad para algunos delitos de notoria gravedad o que se dictamine, por parte de la Justicia, si el menor tiene o no capacidad de “discernimiento” del “conflicto que tuvo con la ley”, es notorio que hay un aumento de la delincuen-

cia juvenil, con características crecientes de violencia y, como contracara, un reclamo de la sociedad para que el Estado actúe para revertir la situación. Parece razonable y adecuado, por lo tanto, comenzar por un mínimo cambio como el que proponemos en este proyecto de ley, que pretende dar una nueva y divergente redacción al artículo 222. Consideramos que la sociedad debe tener en cuenta los hechos graves y violentos cometidos por integrantes del universo que la Ley Nº 17.823 ampara, para abordar el combate a la delincuencia, atacando así el problema que se genera al otorgar una válvula de escape bajo la cual se escudan muchas veces los menores infractores pero también quienes de ellos y de tal circunstancia se aprovechan. Por lo tanto, en esta nueva redacción, estamos proponiendo que “la información relativa a niños y adolescentes podrá ser utilizada como base de antecedentes una vez alcanzada la mayoría de edad, únicamente en el supuesto de que, devenidos en adultos imputables, incurriesen en cualquier tipo de delito”. A la vez consignamos que “los antecedentes judiciales” de quienes “hayan estado en conflicto con la ley”, sólo podrán revelarse a “petición de Juez competente, con indicación expresa del delito que se supone cometido”. Nos parece que de esta forma se restablece el equilibrio social. El menor, al ser inimputable, no es castigado por el delito cometido, pero, si delinque luego de trasponer la frontera de los 18 años, aquel delito o delitos cometidos, contará como antecedente. Creemos que, para una sociedad asediada como la nuestra, es una solución justa. Montevideo, 31 de mayo de 2011. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, ALBERTO CASAS, Representante por San José, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó, PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, NEL-

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SON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, RICARDO BEROIS, Representante por Flores”.

27.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Mario Perrachón, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 31 de mayo de 2011, convocándose a la suplente siguiente, señora Mercedes Santalla”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. Queda convocada la correspondiente suplente, y se le invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 31 de mayo de 2011 Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de esta nota remito a usted el presente pedido de licencia por motivos personales, por el día de la fecha, a la vez que solicito que se convoque a mi suplenta respectiva señora Mercedes Santalla. Sin otro particular, le saludo atentamente, MARIO PERRACHÓN Representante por Colonia”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 31 de mayo de 2011.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón, por el día 31 de mayo de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señora Mercedes Santalla. Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2011. NELSON RODRÍGUEZ, ROBERTO FRACHIA, NELSON ALPUY”.

28.- Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. (Creación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Bango. SEÑOR BANGO.- Señor Presidente: intentaré retomar el hilo del debate. Quisiera dar tres razones iniciales por las que, a nuestro entender, estamos ante la aprobación de un proyecto trascendente para el país y su futuro, en la medida en que implica empezar a resolver una cuestión tan compleja como la de los menores de edad en conflicto con la ley penal, la de los adolescentes que delinquen en el Uruguay. En esta exposición no vamos a dar datos, no vamos a dimensionar el fenómeno, porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero si el debate posterior lo amerita, podremos reiterarlo. En todo caso, es indudable que tenemos un problema que resolver. Como decía, se me ocurren tres razones básicas para hacerlo. La primera de ellas es que la medida de crear el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que operará una transición hacia la construcción del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, es la más eficaz, la más eficiente, la más adecuada y la más realista que se puede adoptar en estos momentos fren-

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te a otras soluciones mágicas que se están planteando a la población, y a otras soluciones mágicas que en su momento quisieron plantearse en el Parlamento. Abundaremos en ello a posteriori, señor Presidente. La segunda razón es la siguiente. El hecho de que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente nazca con el respaldo de todos los partidos políticos es demostrativo de dos cosas: es un indicador que convoca a la ilusión, en la medida en que el instituto que finalmente nacerá tendrá el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria, y es un indicador de una asignatura pendiente que todo el sistema político -y, en particular, los partidos- tiene con respecto a la resolución del problema de los adolescentes en conflicto con la ley. Ya es hora de que todos lo asumamos. Por suerte he escuchado alguna expresión -tibia aún- de algún Diputado preopinante que, por primera vez desde que se instaló este debate en las Comisiones y en la Asamblea General, ha dicho que hay una responsabilidad compartida en la no resolución de los problemas de los menores de edad en conflicto con la ley y, en particular, del funcionamiento del sistema penal juvenil adolescente en lo que tiene que ver con la ejecución de medidas. Este fenómeno comenzó a instalarse allá por 1986, o sea, desde la reinstitucionalización democrática. Desde entonces ha habido tres gobiernos del Partido Colorado, uno del Partido Nacional, y estamos en el segundo del Frente Amplio; no ha habido gobierno del Partido Independiente, por lo que podríamos eximirlo de responsabilidad. Entonces, fueron quince años de gobierno del Partido Colorado, cinco años de gobierno del Partido Nacional y cinco más del Frente Amplio; si quieren, hablamos de seis años en términos de gestión de gobierno, pero yo creo que en esta segunda Legislatura del Frente Amplio estaremos en condiciones de por lo menos empezar a resolver este problema. Tenemos que ser autocríticos. El Frente Amplio es autocrítico; nosotros reconocemos que no pudimos resolver este problema en el gobierno anterior. ¡Bueno sería que también hubiera un gesto de humildad de los otros partidos que han tenido la posibilidad de gobernar los destinos del país en los últimos veinticinco años, uno durante quince años, y otro durante cinco años! Así, podríamos asumir con responsabilidad que estamos frente a una situación compleja y que no es tan sencillo como decir que vamos a generar un

servicio descentralizado -que en las propuestas que he escuchado todavía no se sabe de dónde colgaría, pero ese es un detalle menor-, como si eso fuera a resolver la cuestión. Si fuera así, lo habríamos hecho en el período 1985-1989, en el período 1990-1994, en el período 1995-1999, en el período 2000-2004 o en el período 2005-2006, pero no lo hicimos. Entonces, empecemos por compartir las responsabilidades, y si estamos en condiciones de ser humildes, quizá tengamos la posibilidad de afrontar con éxito una tarea que es extremadamente compleja. Las sociedades occidentales han estado conviviendo desde hace dos mil años con tres fenómenos que no logran abatir: la prostitución, la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas, algunas de las cuales adquieren legalidad en distintos contextos sociales, mientras que otras quedan por fuera de la ley. Si lo asumimos, quizás estemos en condiciones de resolver los problemas. ¡Ojalá todos los partidos tengamos la capacidad de autocrítica que la hora requiere! La tercera razón por la que nos parece una excelente idea dar hoy media sanción a la creación del SIRPA -el proyecto debe pasar al Senado- es que este sistema representa la posibilidad de consolidar la filosofía del Frente Amplio. Nosotros otorgamos prioridad absoluta a esta solución. No confundimos esta solución, que se basa en dos pilares. El primero es que los adolescentes tienen que hacerse responsables por los delitos que cometen desde los trece años de edad en adelante; no desde los catorce, desde los quince ni desde los dieciséis, sino desde los trece años. ¡Tienen que hacerse responsables por los delitos que cometen! El segundo pilar supone que, a la hora de hacerse responsables, comience un proceso de educación que permita que cuando ese adolescente cumpla con la condena de privación de libertad o con las medidas alternativas que se hayan dispuesto según el caso y el delito cometido, sea útil para sí mismo, para su familia, para la familia que construya y, sobre todo, para la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Evitando que vuelva a delinquir. Se trata, entonces, de una perspectiva de derechos humanos; se trata de trabajar por la habilitación, la responsabilización y la educación de nuestros adolescentes infractores, porque es una cuestión de derechos humanos de los adolescentes, a los que el Estado debe proteger, y también porque hay una cuestión de derechos humanos de la sociedad que ha sido

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agredida. Nosotros creemos en los derechos humanos de todas las personas. No estamos para trazar una línea entre los derechos humanos de la sociedad y los derechos humanos de los reclusos. Entre otras cosas, me alegra haber escuchado a los Diputados Gandini y José Carlos Cardoso -creo que fueron ellos- decir que no estamos frente a situaciones en las que no se puede lograr el éxito, que el problema no radica en que estos adolescentes sean irrecuperables. Yo me comprometo como legislador -¡ojalá pudiéramos hacerlo todos!- a salir a los medios de comunicación y decir algo que se escucha poco a ese nivel: estos adolescentes son recuperables si implementamos políticas públicas adecuadas. No creo equivocarme al decir que el común de la sociedad, la enorme mayoría de la sociedad, piensa que estos jóvenes son irrecuperables, y si nosotros abonamos esa opinión con discursos políticos que, quizás, nos generen capital político, estaremos contribuyendo a la fractura de la sociedad. ¡Ojalá que palabras como las de los Diputados Gandini y José Carlos Cardoso se escuchen con frecuencia en los medios de comunicación! Porque, lamentablemente, no es ese el lenguaje, no es esa la apuesta del sistema político, quizá porque sabemos que uno no capitaliza políticamente si se juega por una visión realmente rehabilitadora y educativa, y no punitiva, de aumentar la penalidad, que es lo que la gente quiere escuchar. ¡Ojalá seamos 99 legisladores y legisladoras comprometidos en este esfuerzo que es necesario poner arriba de la mesa y debatir en la sociedad! Como decía, esta cuestión informa de los principios del Frente Amplio, que no implican el aumento de las penas. Para nosotros no es compatible promover medidas que apunten a la habilitación y a la responsabilización con medidas de aumento de la pena. No es compatible; no es filosóficamente compatible ni lo es desde el punto de vista de la política pública. Solo a cuenta de un debate posterior, que habremos de dar cuando consideremos los dos proyectos de ley sobre modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia y acerca del mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores, y para no desviarnos del tema que hoy nos convoca quiero decir que el aumento de las penas es un camino que no nos ha dado resultado, y las pruebas las tenemos en nuestra propia sociedad.

Desde 1996, cuando se aprobó la ley de seguridad ciudadana, este país ha venido recorriendo el camino de la lógica del incremento de las penas. Hay que comparar el recorrido de ese aumento de las penas -legislación penal del Uruguay que hicimos nosotros o quienes nos precedieron- con el camino que siguió la delincuencia. Obviamente, lo que hemos logrado es hacinamiento en las cárceles y mayor violencia e inseguridad. Y esto no ocurre desde 2005 -cuando también se daba-, sino desde 1985. Entonces, para el Frente Amplio, es claro; la apuesta es clara y rotunda: nos jugamos totalmente al Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. No nos jugamos a la lógica del aumento de las penas. No nos jugamos a eso porque si fuera tan sencillo, si aumentando las penas se resolvieran los problemas de seguridad, estaríamos firmando lo que hubiera que firmar. El problema es que si le dijéramos a la sociedad que aumentando las penas resolveremos los problemas de seguridad, después nos tendríamos que hacer cargo de decirle que nos equivocamos. ¿Saben por qué? Porque llevamos quince años equivocándonos. Nuestra sociedad desde 1996 se ha jugado por el aumento de las penas, y así nos ha ido. Entonces, es momento de apostar con claridad. Ya hemos votado los recursos en el Presupuesto Nacional. En lo que me queda de tiempo voy a describir dos o tres cuestiones que me parecen centrales de este nuevo instituto que vamos a crear al final de esta transición. La primera es que ya con este organismo desconcentrado, lo único que hace el INAU es nombrar a los tres miembros de esta Comisión Delegada. Luego, esta Comisión Delegada del SIRPA va a tener autonomía total de dirección, de gestión, de ejecución y de manejo de los dineros, lo cual es absolutamente central y nos pone en condiciones de tener más eficiencia y más eficacia, como hoy reclamaba el señor Diputado Cersósimo y comparto totalmente. No creo que sea necesario tener un organismo descentralizado para ganar en eficiencia y en eficacia; puede haber otras fórmulas que funcionen. En esta transición vamos a ver si tenemos la capacidad de efectivamente ganar en eficiencia y en eficacia con un organismo desconcentrado con plena capacidad de autonomía y de decisión. La segunda cuestión es otro factor clave: la plata ya está. No hay excusa; la plata ya la votamos. Y el otro aspecto es el factor humano. Por lo que dijo algún

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legislador preopinante, quiero decir que quizás haya quienes piensan que el ex SEMEJI, ahora SIRPA, está integrado por los ocho hogares de la Colonia Berro. No todos tenemos que estar informados de todos los temas, pero señalo que hay dos hogares más en Montevideo, y también hay hogares o centros de internación en casi todos los departamentos del país. Es imposible generar un organismo descentralizado desde el pique si no se hace una transición con centros donde hay internos privados de libertad y trabajan con funcionarios del INAU y de otras dependencias que también atienden esa tarea. El proceso de cambio, de transformación y de reasignación de los recursos humanos no es soplar y hacer botellas, no se hace de un día para el otro; requiere de una transición ordenada en la que el elemento humano es el factor clave. Este Directorio del INAU ha demostrado tener mano dura cuando se han generado situaciones de corrupción. Además, quien piense que va a encontrar quinientas personas -técnicos de todas las especialidades que establece el proyecto- que están esperando afuera para entrar a un organismo descentralizado, capacitadas, con el conocimiento de causa y experiencia para hacer funcionar a un instituto de estas características, se equivoca. Uno de los principales cuellos de botella que tiene nuestro país, además de la infraestructura, es la escasez de recursos humanos. Entonces, vamos a tener que ser creativos para identificar cuáles son los funcionarios que trabajan bien, que tienen formación, voluntad y compromiso para que, precisamente, cuando pongamos la frutilla de la torta a todo este proceso, que es el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, tengamos un instituto del cual todo el sistema político -no solo el Gobiernose pueda sentir orgulloso. En definitiva, nos parece que vamos por la senda correcta. A pesar de las diferencias por las cuales -quizás muchas veces legítimamente, en función de los procesos de acumulación política de las estrategias que cada partido define- se opta por otras propuestas que, a nuestro juicio, están absolutamente equivocadas con relación a los fines que dicen perseguir, me congratulo de que, por lo menos en este momento, estemos dando un paso conjunto, colectivo, responsable y autocrítico con respecto a nuestro propio pasado de gestión, en aras de empezar a resolver un problema que es sumamente complejo, aunque por lo menos yo no me animo a decirle a la ciudadanía que con esto se va a eliminar la delincuencia juvenil en el Uruguay. Yo no me animo a decirlo porque creo que

los fenómenos son mucho más complejos de lo que nosotros querríamos. Para finalizar mi exposición, de los cinco programas que va a tener este sistema, aunque todos son importantes, me quiero referir a uno que me parece fundamental, que es el de los egresos. Nosotros no solo tenemos que contener con seguridad a los adolescentes para que no se escapen, no solo tenemos que educarlos sino que, mientras tanto, tenemos que trabajar con sus familias porque muchas veces fueron estas las que habilitaron que ese adolescente cometiera delitos. Tenemos que aprovechar ese tiempo en el que el adolescente va a estar privado de libertad para trabajar con esas familias con otras políticas sociales, no solo las de seguridad, y luego deberemos abocarnos a la inserción laboral, social y educativa de ese joven porque, de lo contrario, a los dos meses volverá a delinquir, por más habilitado o educado que haya sido en su período de reclusión. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Estamos confiados en el Directorio del INAU y, sobre todo, estamos confiados en esta Comisión Delegada que va a tener a su cargo “in totum”, el 100% de la conducción de la política dirigida a los adolescentes en conflicto con la ley. SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BANGO.- Sí, señor Diputado. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Ha culminado su tiempo, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: francamente nos sentimos muy bien al escuchar cómo los partidos políticos asumen la responsabilidad de sus actos de Gobierno. Lo que quizás no sea pertinente es la comparación de situaciones que no deben compararse por lo que ha sido el transcurso histórico de los últimos veinticinco años en el país. Es claro que a nuestro Partido, el Partido Colorado, le compete una enorme responsabilidad en el transcurso de esos veinticinco años por haber ejercido el Gobierno de la República durante tres períodos. Eso sería, quizás, aplicable a lo que sucede en el país en todos los ámbitos, porque en los últimos veinticinco años el Partido Colorado no solo ha ejercido el Gobierno de la República, sino que ha sido el partido de gobierno a lo largo de

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su historia. Eso lo dicen claramente todas las Presidencias que se han sucedido a lo largo de nuestra historia con el Partido Colorado en el Gobierno; es claro. Entonces, adjudíquesele todo lo malo que pueda haber en el país, pero reconózcasele absolutamente todo lo bueno que este país tiene y que, por cierto, es mucho. Si nuestras son las responsabilidades sobre lo malo, bueno sería aplaudir y reconocer lo que el país es hoy a instancias de lo que ha sido la gestión del Partido Colorado. Por lo tanto, no nos parece pertinente la comparación de situaciones disímiles. Somos amigos de decir y de creer que más que pensar en las cárceles del futuro, sería bueno pensar en un futuro sin cárceles. Y decimos esto porque creemos que el sistema carcelario tiene una incidencia directa en lo que hace a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública. Puedo admitir -lo asumo desde el punto de vista personal- que el índice de reincidencia que se señala, a partir de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, es más que aceptable. Yo diría que ese no es el punto, no es la principal incidencia del sistema carcelario en la propia seguridad. Si hay algo gracioso es que una llamada “ley de humanización”, que se supone que funcionó bien, hoy nos esté dando un sistema carcelario en el que los reclusos sufren riesgo de electrocución, donde hay muertos, armas y drogas. Es un sistema carcelario donde hay motines, hacinamiento, incendios con muertes. Es un sistema carcelario que tiene hoy a la justicia investigando presuntas golpizas a reclusos trasladados. Es un sistema carcelario que otorga salidas transitorias, pero hay que buscar un lugar en Montevideo donde pernocten los reclusos con este tipo de salidas porque si retornan al celdario se les exige, mediante presión y violencia, el ingreso de drogas, armas, celulares y cuanta cosa más hay. ¡Esa es la incidencia del sistema carcelario y esa es la incidencia de la ley de humanización sobre la seguridad ciudadana! No es el 13%; es lo que nos han seguido dando las cárceles todos los días. Está comprobado científicamente que la inseguridad ciudadana, repito, está medida según la cantidad de reclusos y la calidad del sistema carcelario. Y la ley de humanización -nombre irónico, si los hay- no solo no humanizó nada sino que tuvo claras, reconocidas y científicamente probadas consecuencias sobre esta situación de inseguridad que está viviendo el país.

Por eso, señor Presidente, por si alguien duda de la situación que estamos viviendo y de la influencia de la delincuencia juvenil, hagámonos responsables; somos responsables de nuestros actos; lo hemos sido a lo largo de la historia, desde don Frutos Rivera en adelante. Reconozcamos hoy cuál es la situación en términos científicos. ¿Qué país tenemos hoy? ¿Qué seguridad tenemos hoy? Uruguay lidera el ranking de sensación de inseguridad: nueve de cada diez uruguayos están insatisfechos con la seguridad y la mayoría cree que es el principal problema que afecta al país. Estos datos surgen del Barómetro Iberoamericano 2011, elaborado a partir de encuestas desarrolladas en abril de este año en todos los países de América Latina, Portugal y Estados Unidos de América. Una encuesta de Equipos Mori determinó que la inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos. El 78% respondió -quizás erróneamente- que las penas deberían ser más severas. ¿Pero qué otra cosa puede pedir la gente, que está con miedo, que aquellos que cometen delitos sean recluidos? El problema es que no tenemos dónde recluirlos y si los recluimos ahí, el resultado es mucho peor. La gente también opina sobre como se maneja la Justicia en el tema de la violencia y reclama al Poder Judicial mucha mayor influencia en el control de esta situación. Otra encuesta de Equipos Mori sobre menores delincuentes mostró que siete de cada diez uruguayos está de acuerdo con rebajar la edad de la imputabilidad penal. ¿Hasta qué punto debería rebajarse la edad de la imputabilidad penal? La gente insiste cada vez más en que todos, aun los más jovencitos, deben hacerse cargo de sus actos. SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Cuando termine, señor Diputado. Se nos señalan responsabilidades históricas. Hoy, nosotros decimos que acompañamos este proyecto, precisamente, para tratar de salvar la responsabilidad que este Gobierno y el anterior tienen en cuanto al funcionamiento del instituto. ¿Alguien puede sostener que este instituto funciona y que no es responsable este mismo Gobierno cuando en 2009 se registraron 977 fugas? En 2010, hubo 1.024 fugas, lo que representa 85 fugados por

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mes y 3 por día. La mayoría de los fugados estaban recluidos por delitos graves. Según las fugas, cada menor pasa en promedio hasta tres veces por la Justicia. Teniendo en cuenta datos de 2010, en promedio, tres menores entran cada día a los hogares del INAU y otros tres se fugan. De 305 menores recluidos en el INAU, 51 son homicidas. Señor Presidente: esta es la realidad de hoy. SEÑOR BANGO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Cuando termine. Decía que esta es la realidad de hoy. Tampoco vamos a discutir sobre los datos. Lo que estamos informando, naturalmente, son datos oficiales. (Interrupción del señor Representante Bango) ——Pueden ser viejos. Más a mi favor si son viejos, en la medida en que hace mucho más tiempo que son responsables del desaguisado que estamos viviendo. Por tanto, celebro que se me diga que los datos son viejos, porque señala que mucho más viejo es el problema y mucho más tiempo tuvieron para resolverlo, pero no pudieron ni supieron hacerlo. Ahora voy a conceder la interrupción al señor Diputado Abdala y luego al señor Diputado Bango. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: por la vía de esta interrupción, queremos dejar una constancia con relación a un aspecto que ha sobrevolado el debate en la tarde de hoy. Íbamos a interrumpir al señor Diputado Bango, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo porque legítimamente utilizó todo su tiempo. Por eso nos vemos en la necesidad de interrumpir al señor Diputado Gloodtdofsky. Creo que es una jornada de acuerdo y de entendimiento que, por supuesto, tenemos que celebrar por encima de todas las cosas. Sin perjuicio de ello, los hechos son los hechos, y son tercos. Y si bien nadie tiene la verdad encerrada en un puño, convengamos que la gravedad de la situación que estamos encarando con la aprobación de este proyecto de ley no es nueva y, seguramente, se remonta en su origen a tiempos que nos llevan más allá de los gobiernos del Frente Amplio. Pero convengamos que a partir del año 2005, fundamentalmente, ha habido un agravamiento de esta situación que ha sido cualitativo y

cuantitativo. Me parece que eso tiene que ver con las cifras que el señor Diputado Gloodtdofsky mencionaba. Sin ninguna duda, desde ese momento, se inició un debate en el país que hoy, por suerte, parece que termina de cuajar en el sentido de que todos coincidimos, de una vez por todas, en que el modelo anterior estaba terminado y que era indispensable erradicar esta competencia del INAU, asignándosela a un instituto especializado. Pero la evolución en las administraciones sucesivas del Frente Amplio en esta materia es digna de destaque. No es lo mismo Javier Salsamendi que Víctor Giorgi. Eso todos lo sabemos. En el año 2006, después del famoso motín de junio de 2005, que fue un hecho gravísimo en sí mismo y que pautó una especie de visión con relación a todos estos temas y una suerte de encare ideológico de lo que se vincula con la contención y la reeducación de los menores, la entonces señora Diputada Sandra Etcheverry -a quien quiero evocar en la tarde de hoy porque trabajó mucho en estos asuntos- presentó un proyecto de ley -en el que tuvimos la oportunidad de colaborar-, que constituye uno de los antecedentes en esta materia, en cuanto a trasladar esta competencia del INAU a otra institución. En ese entonces, proponíamos que se trasladara a un órgano desconcentrado, llamado Dirección de Rehabilitación Juvenil, en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nos dijeron que estábamos absolutamente equivocados. Desde el Presidente del INAU hasta el Secretario de la Presidencia de la República -porque fuimos a hablar con el doctor Gonzalo Fernández- se nos dijo que eso era un disparate y que, por lo tanto, no era la forma de pensar del gobierno de turno. Pero convengamos que, por distintas circunstancias, en ese entonces, las fugas se multiplicaban y los motines crecían en progresión geométrica. Todo eso es una realidad que el país vio, que creo que rompe los ojos y cuya causalidad podemos debatir. Yo no estoy diciendo que haya sido culpa de los que gobernaban; los que gobernaban tenían la obligación y la responsabilidad de enfrentar esa situación. Pero en lugar de enfrentarla en ese momento y de asumir que parte del camino era redefinir un modelo que estaba terminado, se dedicaron a otra cosa: a confiar en una prédica que teóricamente podía ser muy loable, pero que en la práctica lo único que hacía era alimentar el mismo fenómeno.

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En aquel entonces, por ejemplo, el Directorio del INAU aprobó un documento para el debate educativo en el que se hablaba del capitalismo y del neoliberalismo como una nueva estrategia del viejo capitalismo; también se hablaba de la deuda externa. Los sucesivos Directores del INTERJ hablaban de una nueva utopía; cuestionaban el discurso esquizofrénico; decían que no se trataba de poner más celdarios sino de dialogar más y de actuar con más inteligencia en el tratamiento de los menores. Esa es una diferencia cualitativa, pero no ya solo entre los que gobiernan hoy y quienes estamos en la oposición, o quienes lo hicieron en el período pasado y nosotros, que también estábamos en la oposición, sino del Frente Amplio consigo mismo. Creo que es bueno que la destaquemos porque, en definitiva, todos la han mencionado, inclusive, el propio señor Diputado Bango. En conclusión, lo que demuestra es que en esto hay que tener autocrítica y asumir que esta solución llega, que todos nos alegramos de que sea así, pero debió haber llegado mucho antes. Por lo tanto, ahora imperiosamente debemos recuperar el tiempo perdido, que en esta materia se ha perdido y mucho; y como lo hemos perdido, el daño que se ha generado es muy grande. Más allá de que los jóvenes no se han rehabilitado, que es el objetivo supremo, por esa circunstancia también el factor de la delincuencia juvenil ha impactado en las condiciones de seguridad pública, como todos lo sabemos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede continuar el señor Diputado Gloodtdofsky. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: para concluir, y ante la acusación de que los datos pudieran ser viejos, debo decir que tengo aquí el informe de la página web del Ministerio del Interior donde el señor Ministro Bonomi expresó que, entre 1995 y 2006, la cantidad de menores internados por rapiña creció un 234%, y que, en el mismo período, el número de mayores procesados por ese delito creció un 87%. Citando esa misma fuente, el señor Ministro Bonomi indicó -en enero de este año- que, a noviembre de 2010, los menores intervinieron en el 43% de las rapiñas y se cometieron 12.442 atracos. Esa es la realidad, y lo que votamos hoy es para tratar de enmendarla responsablemente, como hemos hecho desde que se fundó la República.

SEÑOR BANGO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BANGO.- Señor Presidente: hablé de datos viejos, pero me quería referir a un nuevo dato ya que, por suerte, las realidades se modifican. Las últimas cifras que el INAU nos ha dado acerca de las fugas dan cuenta de que si se compara el período enero-abril de 2010 con el mismo período de 2011, estas se han reducido en un 69%. Obviamente, esto no es suficiente; por eso hoy estamos discutiendo las medidas que vamos a votar en el día de hoy, pero también debemos decir que hay un espacio para el avance, inclusive en las condiciones actuales, sin haber votado este sistema. Otra aclaración que quiero hacer es que, según las estadísticas del Poder Judicial -que, salvo durante la dictadura, en Uruguay es el que define quién es culpable o inocente de un acto delictivo-, en el año 2000 hubo 787 adolescentes procesados; en 2005, 1.169 -subió-, y en 2009, que es el único registro del anuario estadístico del Poder Judicial que está colgado en la página web, hubo 781. Creo que no es necesario hacer comentarios sobre las cifras. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el Frente Amplio acepta sus responsabilidades como Gobierno. Asumimos un Gobierno en el año 2005 con seis mil presos y hoy tenemos nueve mil. No se nos puede decir que hemos sido defectuosos en el cumplimiento de la ley. La Policía ha actuado y se la ha dotado de recursos. El Servicio 222 no lo inventó el Frente Amplio. Este servicio es uno de los temas clave del deterioro del sistema policial. Además, recordemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado en 2004, en el artículo que refiere a la privación de libertad establece: “El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto […]”. Es circular. ¿Por qué? Porque ya las fugas existían y la forma de que el sistema no colapsara era dejar ir a los adolescentes que estaban privados de libertad.

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Por lo tanto, no tengo ningún problema en aceptar nuestras responsabilidades. No vinimos a esta sesión a hablar de toda la seguridad pública, del sistema carcelario ni de lo que pasó desde 1985 en adelante, sino de un proyecto que, en base al acuerdo, apunta a dotar al INAU de una lógica de transición, a los efectos de que podamos cumplir lo que decía el Código del año 2004. Gracias. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: el otro día, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, cuando compareció el INAU, nos enteramos por boca del señor Arbesún de que hay un nuevo episodio en el fenómeno de las cifras. Esto también iba dirigido a la prensa, porque negó las versiones de prensa que hacían referencia a los números y dijo que no sabía de dónde el Ministerio del Interior y, en especial, la Policía sacaban las estadísticas sobre menores, ya que solo ellos contaban con esa información. Y, por supuesto, les pedimos que nos la remitieran oportunamente. Estamos anunciando a la Cámara, y consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que hay una contradicción y una discrepancia expresada por el señor Arbesún, del INAU, en el sentido de que no coincide la información que manejan el Ministerio del Interior y el INAU respecto a la participación de menores en actos delictivos. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Ochenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión particular. Léase el artículo 1º. SEÑOR MICHELINI.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso) ——Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 1º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 2º. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en el primer inciso de este artículo, donde dice: “[…] las atribuciones que les asignan […]”, debe decir: “[…] las atribuciones que le asignan […]”. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor Diputado Michelini. (Se vota) ——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 3º. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: a los efectos de la coherencia del texto, en el literal A), debería sustituirse “Programa de Reintegro Social” por “Programa de Inserción Social y Comunitaria”. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Solicitamos a los señores Diputados que guarden silencio porque nos es difícil atender las expresiones de los señores legisladores. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º, con la modificación que plantó el señor Diputado Michelini. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

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En discusión el artículo 4º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 5º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 6º.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el segundo inciso del artículo 9° es redundante, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 8°. Por lo tanto, propongo votar el artículo por incisos. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- La Mesa había notado este error. Se va a votar lo propuesto por el señor Diputado Michelini. (Se vota) ——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el primer inciso del artículo 9°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar (Se vota) ——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 7°. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: a efectos de que haya coherencia con los otros literales, en el literal E) del artículo 7°, en lugar de Inserción Social y Comunitaria debería decir “Programa de Inserción Social y Comunitaria”. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7°, con la corrección realizada por el señor Diputado Michelini. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 8°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 9°. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

(Se vota) ——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el segundo inciso del artículo 9°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cero en ochenta y uno: NEGATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 10. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión el artículo 11. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: donde dice “Programa de Gestión de las Medidas SocioEducativas Privativas de Libertad”, debería decir “Programa de Gestión de las Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad y Semilibertad”. Asimismo, entiendo que deberíamos reconsiderar el artículo 10, porque donde dice “Gerencia General” debería decir “Gerencia General Ejecutiva”, tal como figura en el artículo 6°. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11, con la co-

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rrección y el agregado propuestos por el señor Diputado Michelini. (Se vota) ——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Se va a votar la reconsideración del artículo 10. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA. Léase el artículo 10, con la modificación planteada por el señor Diputado Michelini. (Se lee:) “(Presupuesto y recursos humanos).- Deberá asimismo prever los fondos necesarios para la creación y mejora de los cinco programas previstos en el artículo 7º de esta ley, así como todo lo atinente al funcionamiento de la Comisión Delegada, sus asesores y los integrantes de la Comisión Asesora Intergubernamental (artículos 1º y 3º de esta ley) incluyendo infraestructura edilicia, retribuciones, mobiliario, comunicaciones y locomoción.- Lo mismo ocurrirá a efectos del ingreso de personal técnico profesional, especialmente licenciados en psicología, trabajadores sociales, médicos psiquiatras y de medicina general, auxiliares de enfermería, abogados, procuradores, profesores de educación física, educadores y técnicos en administración. Asimismo podrá preverse el ingreso de ingenieros/as agrónomos, médicos/as veterinarios, especialistas en informática, talleristas y recreadores.- La Comisión Delegada podrá disponer o solicitar -según corresponda- por decisión propia o a sugerencia de la Gerencia General Ejecutiva, el traslado y la reubicación de funcionarios en o desde otros programas y proyectos del INAU. Los fondos previstos en este artículo se imputarán al Inciso 27 del Presupuesto Nacional, Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Programa Seguridad Pública, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el exclusivo fin de ser utilizados a los efectos que esta ley prevé”. ——En discusión. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: entiendo que en el segundo inciso debería eliminarse “/as”, cuando se hace referencia a los ingenieros y a los médicos, a los efectos de un correcto uso del idioma. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: para mantener la coherencia y sin ponernos a discutir sobre el uso del idioma, me parece que no se puede utilizar dos criterios distintos en una frase. Por lo tanto, habría que hacer la corrección que acaba de señalar el señor Diputado Posada. Aclaro al resto de los integrantes de la Cámara que la única diferencia entre lo leído ahora y lo votado anteriormente es que se hace referencia a la “Gerencia General Ejecutiva” en lugar de a la “Gerencia General”. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 con las modificaciones propuestas. (Se vota) ——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR MICHELINI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA. (Texto del proyecto aprobado:) “Artículo 1°.- Cométese al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) la creación con carácter transitorio, de un órgano desconcentrado que se denominará Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) a fin de suceder al Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción (SEMEJI), en todo lo relativo a la ejecución de las medidas socioeducativas dispuestas por los artículos 77 y siguientes de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia).

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El citado órgano cumplirá funciones hasta tanto la ley disponga, en el transcurso del actual Período de Gobierno, dentro del plazo más breve posible, la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XI de la Constitución de la República; y asumirá, por competencia delegada, los cometidos que el artículo 78 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, y el literal F) del artículo 2º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, asignan al INAU. Artículo 2º. (Delegación).- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay delegará, por resolución fundada, las atribuciones que le asignan las normas legales -en particular la que refiere a ser ordenador primario de gastos e inversiones dentro de los límites de las asignaciones presupuestales correspondientes- en una Comisión Delegada compuesta por tres miembros de reconocida idoneidad técnica. Todo ello en un todo de acuerdo con las normas de esta ley y lo preceptuado por el artículo 106 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, y los literales A), B), J), O) y P) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988. Artículo 3º. (Comisión Asesora Intergubernamental).- Créase una Comisión Asesora Intergubernamental del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente referido en el artículo 1º de esta ley, que se integrará por un representante de los organismos públicos que se dirá: A) Del Ministerio de Desarrollo Social, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento del Programa de Inserción Social y Comunitaria que por esta ley se prevé. B) Del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes tendrán la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de los proyectos de educación formal, no formal y formación profesional. C) Del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, quienes tendrán la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia

y el eficaz funcionamiento del Programa de Medidas Curativas (artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia). D) Del Ministerio del Interior, quien tendrá la función principal de contribuir a diseñar y coordinar todas las acciones necesarias a efectos de asegurar la existencia y el eficaz funcionamiento de todos los aspectos vinculados a la seguridad externa de cada uno de los establecimientos donde se desarrollen medidas socioeducativas de privación de libertad. Artículo 4º. (Designación de la Comisión Delegada).- La Comisión Delegada será designada por resolución del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, quien deberá asegurar, a tales efectos, la búsqueda del mayor consenso posible del punto de vista político-técnico. Deberá comunicar los nombres que se proponga designar, acompañados de sus respectivos currículos, al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la Asamblea General, con una antelación no menor a los quince días corridos previo a su efectiva designación. Artículo 5º. (Requisitos, prohibiciones e incompatibilidades).- Los integrantes de la Comisión Delegada tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades, en lo pertinente, que los integrantes del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Artículo 6º.- Existirá una Gerencia General Ejecutiva, que tendrá a su cargo la gestión cotidiana, debiendo ejecutar fielmente los lineamientos y las decisiones emanadas de la Comisión Delegada, y responderá directamente ante ésta. Artículo 7º. (Programas).- Existirán cinco programas dependientes directamente de la Gerencia General Ejecutiva, de acuerdo con el siguiente detalle: A) Programa de Ingreso, Estudio y Derivación. Tendrá a su cargo el Centro de Ingreso Transitorio de Montevideo, realizará los informes técnicos de diagnóstico inicial y definirá las derivaciones a los diversos programas y proyectos existentes. B) Programa de Medidas Socioeducativas no Privativas de Libertad y Mediación. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socioeducativas previstas en los artículos 80 a 84 inclusive del Código de la Niñez y la Adolescencia.

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C) Programa de Medidas Socioeducativas Privativas de Libertad y Semilibertad. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas previstas en los artículos 86 a 88 inclusive del Código de la Niñez y la Adolescencia. D) Programa de Medidas Curativas. Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socioeducativas previstas en el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. E) Programa de Inserción Social y Comunitaria (egreso). Tendrá a su cargo todas las acciones tendientes a obtener un reintegro social exitoso. Artículo 8º. (Presupuesto).- El presupuesto del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente se establecerá en base a las previsiones del artículo 328 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, correspondiente al Presupuesto Nacional del período 2010-2014. Especialmente dispondrá de fondos a los efectos de cubrir las necesidades en materia de infraestructura incluyendo, entre otros, construcción, mejoramiento y rehabilitación de inmuebles, comunicaciones, vigilancia electrónica externa e interna y vehículos. Se dispondrá de fondos tendientes a la instalación de una guardia especializada de efectivos del Ministerio del Interior, destinados en exclusividad a la custodia y seguridad externa de los establecimientos de privación de libertad para adolescentes existentes o a construirse. Estos fondos se imputarán al Inciso 04, Ministerio del Interior, quien solo podrá destinar los mismos a la finalidad prevista en esta ley. Artículo 9º. (Fondo de Infraestructura).- Con los fondos y a los efectos previstos en el artículo anterior –con excepción de lo previsto en el inciso tercero del mismo-, se creará el Fondo de Infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), el que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en ejercicio de los cometidos asignados por el artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 18.602, de 21 de setiembre de 2009, que se ajustará estrictamente a las directivas de la Comisión Delegada rectora del SIRPA y realizará todas las contrataciones mediante procedimientos competitivos que aseguren el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad de oferentes, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 114 del “TOCAF 1996″

Artículo 10. (Presupuesto y recursos humanos).Deberá asimismo prever los fondos necesarios para la creación y mejora de los cinco programas previstos en el artículo 7º de esta ley, así como todo lo atinente al funcionamiento de la Comisión Delegada, sus asesores y los integrantes de la Comisión Asesora Intergubernamental (artículos 1º y 3º de esta ley), incluyendo infraestructura edilicia, retribuciones, mobiliario, comunicaciones y locomoción. Lo mismo ocurrirá a efectos del ingreso de personal técnico profesional, especialmente licenciados en psicología, trabajadores sociales, médicos psiquiatras y de medicina general, auxiliares de enfermería, abogados, procuradores, profesores de educación física, educadores y técnicos en administración. Asimismo, podrá preverse el ingreso de ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, especialistas en informática, talleristas y recreadores. La Comisión Delegada podrá disponer o solicitar – según corresponda- por decisión propia o a sugerencia de la Gerencia General Ejecutiva, el traslado y la reubicación de funcionarios en o desde otros programas y proyectos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Los fondos previstos en este artículo se imputarán al Inciso 27 del Presupuesto Nacional, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Programa Seguridad Pública, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el exclusivo fin de ser utilizados a los efectos que esta ley prevé. Artículo 11. (Formación y capacitación).- Existirá un fondo previsto para un Programa de Formación y Capacitación del personal actual o futuro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, funciones que estarán a cargo del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y, en lo atinente a los funcionarios, técnicos, mandos medios y superiores del Programa de Gestión de las Medidas Socioeducativas Privativas de Libertad y Semilibertad; se incorporarán las dependencias del Ministerio del Interior que correspondan, a cuyos efectos se firmará un convenio entre estas y el precitado CENFORES”.

29.- Levantamiento de la sesión.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: mociono para que se levante la sesión. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Se va a votar. (Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 18 y 48)

LUIS LACALLE POU PRESIDENTE Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora Héctor Luis González Director del Cuerpo de Taquígrafos Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

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