Número 3743

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NÚMERO 3743

MONTEVIDEO, MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2011

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
47ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES LUIS LACALLE POU (Presidente) DAISY TOURNÉ (1era. Vicepresidenta) Y GUSTAVO ESPINOSA (2do. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS PROSECRETARIOS TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y DOCTOR ERNESTO LORENZO
XLVII LEGISLATURA SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 11 de octubre de 2011

Texto de la citación Montevideo, 6 de octubre de 2011.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 11, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA 1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Segundo Período de la XLVII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. (Exposición del señor Representante Gustavo Cersósimo, por el término de quince minutos). 3º.- Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional “Juntos”. (Aprobación). (Carp. 1051/011). Rep. 648 4º.- Ciudad de Atlántida, departamento de Canelones. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación). (Carp. 1107/011). (Informado). Rep. 675 y Anexo I 5º.- Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos. (Aprobación). (Carp. 464/010). (Informado). Rep. 412 y Anexo I 6º.- Banco Interamericano de Desarrollo. (Se autoriza a la República a suscribir el aumento general de su capital y a efectuar aportes adicionales al Fondo para Operaciones Especiales). (Carp. 1094/011). (Informado). Rep. 665 y Anexo I 7º.- Hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica. (Se establece en su favor una pensión no contributiva y una asignación familiar especial). (Carp. 821/011). (Informado). Rep. 571 y Anexo I 8º.- Acuerdo con la República Helénica en Materia de Cooperación Económica. (Aprobación). (Carp. 895/011). (Informado). Rep. 601 y Anexo I 9º.- Convenio de Protección y Restitución de Bienes Culturales y Otros Específicos Importados, Exportados o Transferidos Ilícitamente, con la República de Colombia. (Aprobación). (Carp. 3407/009). (Informado). Rep. 176 y Anexos I a III 10.- Acuerdo Marco de Asociación Estratégica con la República del Perú. (Aprobación). (Carp. 540/010). (Informado). Rep. 451 y Anexo I JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ S e c r e t a r i o s

Martes 11 de octubre de 2011

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SUMARIO
1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 5 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 6 4 y 6.- Exposiciones escritas …………………………………………………………………………………………………………… 6, 7 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………….. 7 MEDIA HORA PREVIA 7.- Conferencia de prensa realizada por la bancada bicameral femenina sobre la prevención del cáncer de mama. — Exposición de la señora Representante Payssé ……………………………………………………………………….. 11 8.- Inquietud de vecinos de Ombúes de Oribe por el tránsito en las Rutas Nacionales N° 14 y N° 100. Inauguración del Centro de Atención Ciudadana de La Paloma, departamento de Durazno. — Exposición del señor Representante Tierno……………………………………………………………………………… 12 Posibles perjuicios de la aplicación del denominado impuesto del agro. — Exposición del señor Representante Vázquez………………………………………………………………………….. 13 Clausura de la 67ª Exposición Internacional de Ganado Lechero y Muestra Agroalternativa 2011 en el departamento de San José. — Exposición del señor Representante Cersósimo……………………………………………………………………….. 14 Solicitud de que ASSE designe médicos para localidades del departamento de Soriano. — Exposición del señor Representante Amy………………………………………………………………………………… 15 Significado del 12 de octubre para los afrodescendientes y los indígenas. — Exposición de la señora Representante Ferreira ………………………………………………………………………. 16 CUESTIONES DE ORDEN 15.- Alteración del orden del día ……………………………………………………………………………………………………….. 21 13.- Aplazamiento …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 19, 22, 24.- Integración de la Cámara …………………………………………………………………………………. 113, 151, 159 27.- Levantamiento de la sesión………………………………………………………………………………………………………. 166 19, 22, 24.- Licencias…………………………………………………………………………………………………………. 113, 151, 159 21 y 26.- Preferencias……………………………………………………………………………………………………………….. 150, 166 ORDEN DEL DÍA 14.- Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. (Exposición del señor Representante Gustavo Cersósimo, por el término de quince minutos). — Manifestaciones de varios señores Representantes………………………………………………………………….. 16 16.- Ciudad de Atlántida, Departamento de Canelones. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación). Antecedentes: Rep. N° 675, de setiembre de 2011, y Anexo I, de octubre de 2011. Carp. N° 1107 de 2011. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 22 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 24

9.10.-

11.12.-

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17.- Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos. (Aprobación). Antecedentes: Rep. N° 412, de noviembre de 2010, y Anexo I, de julio de 2011. Carp. N° 464 de 2010. Comisión de Asuntos Internacionales. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 25 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………… 107 18.- Banco Interamericano de Desarrollo. (Se autoriza a la República a suscribir el aumento general de su capital y a efectuar aportes adicionales al Fondo para Operaciones Especiales). Antecedentes: Rep. N° 665, de setiembre de 2011, y Anexo I, de octubre de 2011. Carp. N° 1094 de 2011. Comisión de Hacienda. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo……………………………………………………………………………. 109 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………… 110 20, 23, 25.- Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional ‘Juntos’. (Aprobación). Antecedentes: Rep. N° 648, de agosto de 2011. Carp. N° 1051 de 2011. Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. — En discusión general……………………………………………………………………………………………… 121, 154, 160

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Verónica Alonso, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Balmelli, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Gustavo Borsari Brenna, Cecilia Bottino, Irene Caballero, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno, Marco Correa, Hugo Dávila, Walter De León, Dante Dini, Gustavo A. Espinosa, Conrado Ferber, Julio Fernández, Angélica Ferreira, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Sandra Lazo, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Alma Mallo Calviño, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda Espino, Pablo Mazzoni, Felipe Michelini, Aramís Migues, Gonzalo Mujica, José L. Núñez, Raúl Olivera, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo Gamarra, Nicolás Pereira, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Esteban Pérez, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Edgardo Rodríguez, Jorge Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Luis A. Rosadilla, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Pedro Saravia, Víctor Semproni, Mario Silvera, Juan C. Souza (1), Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivián, Horacio Yanes, Jorge Zás Fernández. Con licencia: Germán Cardoso, Álvaro Delgado, Guillermo Facello, Carlos Gamou, Martha Montaner, Amín Niffouri, Gonzalo Novales, Jorge Orrico y Gustavo Rombys. Actúan en el Senado: José Carlos Cardoso, Jorge Gandini y Aníbal Pereyra. Observaciones: (1) A la hora 17:35 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Nicolás Pereira.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 111 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 30 de setiembre de 2011, ha promulgado las siguientes Leyes: • Nº 18.817, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica con el Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 17 de agosto de 2010. C/786/011 Nº 18.818, por la que se ratifica el Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU), suscrito el 15 de diciembre de 2008 por los Estados Partes del MERCOSUR, en Salvador, Bahía, República Federativa del Brasil y el 3 de abril de 2009 por los Estados Miembros de SACU, en Maseru, Reino de Lesotho. C/432/010 Archívense COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Rocha remite copia de la exposición realizada por una señora Edila, sobre la despenalización del aborto. C/177/010 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

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La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, relacionado con el ingreso a la función pública en cualquiera de sus modalidades, desde el 1º de marzo de 2005. C/1084/011 A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, sobre el proceso de licitación para la construcción de una planta de producción de etanol en el departamento de Paysandú. C/1189/011 Se cursa con fecha de hoy PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Jaime Mario Trobo presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se incluyen en el numeral 1) de la Resolución de la Cámara de Representantes de 14 de noviembre de 1995, las actividades de los Grupos de Amistad Interparlamentaria. C/1190/011 A la Comisión de Asuntos Internacionales”.

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3.- Proyecto presentado.
“ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE AMISTAD INTERPARLAMENTARIA. (Se incluyen en el numeral 1) de la Resolución de la Cámara de Representantes de 14 de noviembre de 1995). PROYECTO DE RESOLUCIÓN La Cámara de Representantes, resuelve: Agrégase al numeral 1 de la Resolución de la Cámara de Representantes de 14 de noviembre de 1995, el siguiente texto: “Estarán comprendidos en esta autorización, las misiones de los Grupos de Amistad Interparlamentarios, integrados de acuerdo a la Resolución de la Cámara, de 18 de mayo de 2004, y acordadas formalmente con Grupos corresponsales de otros Parlamentos”. Montevideo, 11 de octubre de 2011. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En virtud de la Resolución de la Cámara de 18 de mayo de 2004, y de acuerdo a una resolución en los mismos términos aprobada por el Senado el 22 de octubre de 2008, se ha resuelto la conformación de Grupos de Amistad Interparlamentaria. Estas Resoluciones regulan el funcionamiento de los mismos y establecen los procedimientos para su integración y desarrollo de actividades. A los efectos de incluir la actividad de estos Grupos dentro de las descriptas en el numeral 1 de la Resolución de 14 de noviembre de 1995, relativa a los límites y regulaciones para el financiamiento de misiones al exterior, a ser dispuestas por la Presidencia del Cuerpo, se propone el presente proyecto de resolución. Montevideo, 11 de octubre de 2011. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo”.

“El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; y de Salud Pública, con destino a la Comisión Honoraria del Discapacitado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y a los medios de comunicación del citado departamento, sobre la accesibilidad del edificio de ANTEL en Punta del Este. C/19/010 al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, relacionada con las dificultades experimentadas en la recepción de servicios de telefonía móvil e Internet en la zona del paraje La Coronilla, sobre la Ruta Nacional Nº 39. C/19/010 al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de San Carlos; y a los medios de prensa del citado departamento, acerca de la posibilidad de instalar nuevos cajeros automáticos de REDBROU en dicha ciudad. C/19/010 al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública: • y al Consejo de Educación Secundaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, referente a las instalaciones del liceo de la referida localidad. C/19/010 y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, sobre la situación legal del terreno en que se encuentra instalada la Escuela Nº 33 de Sauce de Aiguá. C/19/010

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4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Está abierto el acto. (Es la hora 16 y 4) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:)

El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vialidad, relacionada con la

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necesidad de dotar de iluminación la calzada auxiliar paralela a la Ruta Nacional Nº 57 desde la ciudad de Cardona hasta la planta de INDULACSA. C/19/010 El señor Representante Andrés Lima solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas, acerca de los programas de apoyo a la lactancia materna. C/19/010 El señor Representante Gerardo Amarilla solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Turismo y Deporte, referente a la ubicación de la plaza de deportes proyectada para la localidad de Masoller, departamento de Rivera. C/19/010” ——Se votarán oportunamente.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto al los Ministerios de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; y de Salud Pública, con destino a la Comisión Honoraria del Discapacitado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y a los medios de comunicación del citado departamento, sobre la accesibilidad del edificio de ANTEL en Punta del Este.

5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 5 de octubre de 2011: Con aviso: Jorge Rodríguez. Sin aviso: Julio Battistoni y Nelson Cabrera. Inasistencias a las Comisiones. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Martes 4 de octubre ESPECIAL PARA EL DEPORTE Con aviso: Amín Niffouri Blanco. Miércoles 5 de octubre ASUNTOS INTERNOS Con aviso: Nelson Rodríguez Servetto. CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Daisy Tourné; Francisco Zunino. HACIENDA Con aviso: Alejandro Sánchez; Philippe Sauval. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Sin aviso: Julio Battistoni. TURISMO Con aviso: Daniel Morelli; Horacio Yanes; José Luis Núñez; Juan C. Souza”.

“Montevideo, 6 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); a la Intendencia y a la Junta Departamental de Maldonado; a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado. En varias oportunidades nos han hecho llegar vecinos de la ciudad de Punta del Este, del departamento de Maldonado, así como turistas que visitan nuestro principal balneario, la inquietud por la falta de accesibilidad de la Sucursal de ANTEL de Punta del Este. La mencionada sucursal se encuentra en un punto estratégico de la península, en la calle 25 esquina 24, frente a la Plaza de Artesanos, a la que concurren gran cantidad de personas todo el año y, en especial, en la temporada de verano. La principal preocupación expresada por vecinos y visitantes se refiere a la dificultad de acceso para personas con discapacidad, ya que para ingresar al mismo hay que subir una escalera bastante importante y no se cuenta con rampa. La otra preocupación es la falta de aire acondicionado en las cabinas que hay dentro del local, provocando incomodidades a las usuarios de dicho servicio, ya que tienen que soportar temperaturas elevadas, especialmente en verano. Es esencial que todos los edificios públicos vayan incorporando el criterio de acce-

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sibilidad universal, de acuerdo a las normas internacionales en la materia y, además, teniendo en cuenta que estamos en el Año de la Accesibilidad. Por lo expuesto, solicitamos que el Directorio de ANTEL disponga las medidas necesarias para mejorar el acceso para personas con discapacidad y brindar un mayor confort a los usuarios que allí concurren, en especial, teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros que visitan Punta del Este. Esperamos una rápida atención al tema planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. 2) Exposición del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, relacionada con las dificultades experimentadas en la recepción de servicios de telefonía móvil e Internet en la zona del paraje La Coronilla, sobre la Ruta Nacional Nº 39.

necesarias a efectos de mejorar los servicios de telefonía móvil e Internet, en la zona antes mencionada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente.) NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. 3) Exposición del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de San Carlos; y a los medios de prensa del citado departamento, acerca de la posibilidad de instalar nuevos cajeros automáticos de REDBROU en dicha ciudad.

“Montevideo, 6 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones; a la Intendencia de Maldonado y, por su intermedio, al Municipio de Aiguá; a la Junta Departamental de Maldonado, y a los medios de comunicación de dicho departamento. Queremos hacer llegar la inquietud planteada por vecinos del paraje La Coronilla, del departamento de Maldonado, la que radica en la falta de señal en los servicios de telefonía móvil e Internet. En la zona conocida como paraje La Coronilla, situada en la Ruta Nacional Nº 39 Domingo Burgueño Miguel, entre los kilómetros 60 y 75, existen graves problemas de llegada de las señales de los servicios de telefonía móvil y del servicio de Internet, en distintas horas del día. Dicha dificultad provoca serios inconvenientes a los habitantes de dicha zona y, en especial, a los productores rurales de la zona, lo que dificulta la concreción de muchos negocios debido a que tienen muchas dificultades para tener acceso a dichos servicios y, en determinadas horas, quedan totalmente incomunicados. Por lo expuesto, solicitamos que se dispongan las medidas

“Montevideo, 6 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); a la Intendencia de Maldonado y, por su intermedio, al Municipio de San Carlos; a la Junta Departamental de Maldonado, y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado. A través de la presente exposición escrita queremos hacer llegar la inquietud planteada por vecinos de la ciudad de San Carlos del departamento de Maldonado, por las largas colas que se generan en el cajero automático de RedBROU ubicado en la sucursal del BROU de la citada ciudad. Actualmente, los usuarios de RedBROU de esa ciudad pueden retirar dinero en dos lugares, uno es el referido cajero automático ubicado en la sucursal del BROU, en la calle 18 de Julio y, el otro, en una casa de cambio ubicada sobre la avenida Alvariza, que tiene el servicio de retiro por mostrador. A distintas horas del día y, especialmente, los días de pago se pueden apreciar largas colas en el cajero del BROU, lo que demuestra que es necesaria la instalación de un nuevo cajero, dada la gran cantidad de ciudadanos que utilizan ese servicio. También debe tenerse en cuenta que la ciudad de San Carlos tiene alrededor de 27.000 habitantes y recibe en forma permanente visitantes de otras localidades y de turistas extranjeros. Sugerimos la posibilidad de instalar un nuevo cajero en LAFOR, el nuevo centro comercial ubicado en la calle 18 de Julio y Carlos Cal, y en la Unidad de Obras del Municipio de San Carlos, ubicada en la calle Ceberio entre Fajardo y Rincón. Por lo expuesto, solicitamos que se dispongan las medidas necesarias a efectos de instalar nuevos cajeros automáticos en la ciudad de San Carlos.

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Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. 4) Exposición del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, referente a las instalaciones del liceo de la referida localidad.

talada por UTE es necesario un aumento de la misma a fin de evitar cortes de energía. Por lo expuesto, solicitamos que se dispongan las medidas necesarias a efectos de construir un nuevo liceo en la ciudad de Aiguá, del departamento de Maldonado, y gestionar ante UTE un aumento de la potencia instalada en el actual liceo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. 5) Exposición del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado, y por su intermedio al Municipio de Aiguá; y a los medios de prensa del citado departamento, sobre la situación legal del terreno en que se encuentra instalada la Escuela No. 33 de Sauce de Aiguá.

“Montevideo, 6 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Secundaria; a la Intendencia de Maldonado y, por su intermedio, al Municipio de Aiguá; a la Junta Departamental de Maldonado, y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado. En una visita que hemos realizado a la ciudad de Aiguá, del departamento de Maldonado, concurrimos a las instalaciones del liceo. El motivo de la visita a dicho establecimiento educativo fue el planteamiento que nos han hecho llegar vecinos de dicha localidad, con respecto a la situación de superpoblación estudiantil en las aulas y el problema con la potencia instalada por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). En esa oportunidad, hemos podido comprobar personalmente el grado de hacinamiento en el que estudian los jóvenes que concurren allí. Dicho centro estudiantil cuenta con doscientos setenta y dos alumnos de los cuales ciento setenta y uno concurren a Ciclo Básico y ciento uno a Bachillerato. Las clases se dictan en 6 salones, además el laboratorio fue subdivido para improvisar el dictado de clases dado que hay siete grupos en el horario de la mañana. También, el liceo cuenta con una biblioteca, dos baños para varones y dos para mujeres y patios al aire libre de escasa dimensión. La posible ampliación de dicho local es bastante difícil debido a que no existe espacio disponible en el terreno. Tenemos conocimiento que en la ciudad de Aiguá, el Consejo Directivo Central de la ANEP es propietario del padrón 796 manzana 67 de, aproximadamente, 10.000 m2, siendo posible construir allí un nuevo liceo o un anexo del actual. Con respecto a la potencia ins-

“Montevideo, 6 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Intendencia de Maldonado y, por su intermedio, al Municipio de Aiguá; a la Junta Departamental de Maldonado, y a los medios de comunicación de Maldonado. A través de esta exposición escrita, queremos hacer llegar la inquietud planteada por los vecinos de la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado, referida a la situación legal en que se encuentra el terreno en donde está instalada la Escuela Nº 33 de la localidad de Sauce de Aiguá, del citado departamento. Desde el año 1944, el edificio en donde funciona el citado centro de estudio, se encuentra ubicado en el padrón 3326 de la mencionada localidad, el cual no es propiedad del Estado, es un predio privado. Dicha escuela recibe únicamente partidas de alimentación. Las obras de reparación de la misma no se han efectuado por parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria debido a que el predio no es propiedad del Estado. En los casos en que ha necesitado algún tipo de reparación, la misma se ha logrado a través de donaciones efectuadas por parte de los padres de los alumnos que concurren a la citada escuela y de los vecinos del lugar. Por lo expuesto, solicitamos que se dispongan las medidas necesarias a efectos de que el

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Estado proceda a la expropiación del padrón 3326 del paraje Sauce de Aiguá, departamento de Maldonado, y una vez concluido el trámite de expropiación, disponer las reparaciones edilicias necesarias en la Escuela Nº 33, para mejorar la calidad de la educación que se imparte a los niños que allí asisten. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. 6) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vialidad, relacionada con la necesidad de dotar de iluminación la calzada auxiliar paralela a la Ruta Nacional Nº 57 desde la ciudad de Cardona hasta la planta de INDULACSA.

planta de INDULACSA. Solicitamos, además, que a los efectos del mantenimiento de esa senda y la eventual bituminización de la misma, se amplíe, a la empresa que tiene la concesión del mantenimiento de la Ruta, la reparación de esa senda que corre paralela a la Ruta. Con el anhelo de que el presente planteo sea una realidad a la brevedad posible, saludamos al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano”. 7) Exposición del señor Representante Andrés Lima a los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas, acerca de los programas de apoyo a la lactancia materna.

“Montevideo, 5 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Vialidad. Recientemente, en una sesión del legislativo departamental de Soriano, el Edil Valentín realizó una exposición, la que compartimos, y que refiere a la necesidad de colocar iluminación en el tramo que corre paralelo a la Ruta Nacional Nº 57, desde las ciudades de Cardona y de Florencio Sánchez, hasta las instalaciones de la planta de la Industria Láctea Salteña S.A. (INDULACSA). En la referida planta, en lo que respecta al turno que cambia en la madrugada, trabajan más de cien personas oriundas de las localidades de Cardona, del departamento de Soriano y de Florencio Sánchez, del departamento de Colonia. Muchos de esos trabajadores se trasladan caminando o en vehículos de menor porte como motos y bicicletas. Fácilmente puede concluirse que un número tan importante de personas circule por esa senda a oscuras, máxime teniendo en cuenta la cercanía de esa Ruta Nacional, es muy peligroso tanto para quienes circulan por la senda como por la Ruta referida. Hace unos años, cuando esa senda fue construida, se hizo de bitumen. Hoy en día, por falta de mantenimiento, es de pedregullo. Las tareas de conservación de la referida Ruta, las realiza una empresa concesionaria. Desde nuestra posición de legislador, y apoyando la gestión de la Alcaldía local, de la Intendencia de Soriano y, también, los planteos que se realizan desde la Junta Departamental, en esta oportunidad por el Edil Valentín, solicitamos que se proceda a iluminar la senda que corre paralela a la Ruta Nacional Nº 57, en el tramo que une la localidad de Cardona con la

“Montevideo, 5 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud Pública. Dentro de los planes que desarrolla el Ministerio de Salud Pública se encuentra el apoyo y fomento de la lactancia materna. Por tal motivo, es política de las mutualistas realizar campañas entre sus afiliados fomentando la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida, así como la realización de cursos de capacitación con su personal. Una de las inquietudes que nos han planteado los vecinos de nuestro departamento, es a efectos de que se le comunique a la población en general cuál es el monto que el Ministerio otorga a las mutualistas por adherirse a esa política de fomento de la lactancia materna, cuál es el mecanismo de implementación del mismo, qué contraprestación se exige, qué controles y con qué regularidad se realizan los mismos en los centros de salud, a efectos de verificar su cumplimiento. Deseamos saber si existen políticas dirigidas a beneficiar económicamente a aquellas instituciones de salud que propicien los partos de manera natural, que releguen mecanismos tales como cesáreas a los casos de más gravedad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ANDRÉS LIMA, Representante por Salto”. 8) Exposición del señor Representante Gerardo Amarilla al Ministerio de Turismo y Deporte, referente a la ubicación de la plaza de deportes proyectada para la localidad de Masoller, departamento de Rivera.

“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Repre-

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sentantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Turismo y Deporte. La Comisión de participantes de MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber – Masoller y vecinos de esa comunidad nos han hecho llegar su inquietud respecto del destino a otorgar a la plaza de deportes a instalarse en esa localidad. Dichos vecinos, luego de varias deliberaciones, solicitaron que la misma se realizara en un espacio de fácil acceso para todos, tanto para los vecinos del complejo de MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber y villa Albornoz, así como para los estudiantes del liceo y del hogar estudiantil por estar ubicada entre la comunidad y los centros educativos. Por otra parte, también está próxima a la red de agua, saneamiento y tendido de la red eléctrica. Además, por encontrarse al alcance de todos, los vecinos podrían realizar un mejor control de la plaza. Sin embargo, y pese a su beneplácito por la concreción del proyecto, llegó a conocimiento de los vecinos que la misma será ubicada en otro predio, sin comprender la razón del cambio de ubicación. Es por eso que solicitaron se revisara la decisión en cuanto a la ubicación de la plaza de deportes. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera”.

Puede continuar la señora Diputada Payssé. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: hoy, a la hora 13, la bancada bicameral femenina hizo una conferencia de prensa a los efectos de sensibilizar y dar a conocer acciones vinculadas con la prevención del cáncer de mama. Por eso, verán que muchas de nosotras y algunos legisladores llevamos hoy una cinta rosada. Lamentablemente, esa conferencia de prensa fue muy poco acompañada por los medios de comunicación, interesados seguramente en temas más relevantes de la vida parlamentaria. Por eso, decidimos hacer uso de la media hora previa para dar lectura al comunicado que oportunamente leímos en esa conferencia de prensa. Reitero que voy a leer el comunicado en nombre de la bancada bicameral femenina. Dice: “Octubre, mes de la prevención del cáncer de mama.- En nuestro país todos conocemos a alguien que tiene o ha tenido cáncer de mama, dado que una de cada diez mujeres podría desarrollar esta enfermedad.- Según datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el cáncer de mama es el cáncer que afecta mayoritariamente a las mujeres. De las mujeres con cáncer el 71,38%” -casi el 72%- “es cáncer de mama y tiene una mortalidad del 22,9%” -casi del 23%. “Cada año aparecen 1.800 casos nuevos y mueren más de 600 mujeres.- La prevención adquiere una importancia fundamental posibilitando un tratamiento más eficaz.- Realizarse el auto-examen de mamas permite detectar si aparecen alteraciones; el conocimiento del cuerpo es una herramienta clave para la prevención.- La mamografía o radiografía mamaria, es la otra herramienta necesaria para el diagnóstico precoz con la periodicidad que indique el profesional de la salud.- La Ley N° 17.242 establece el derecho de toda mujer a tener un día de licencia especial con goce de sueldo para la realización de exámenes de Papanicolau y/o radiografía mamaria y existe la ordenanza del MSP (402) que dispone la gratuidad de la mamografía cada dos años para mujeres entre 40 y 59 años de edad” -quiero decir que para el ámbito privado esto también es obligatorio- “y PAP sin costo a mujeres entre 21 y 65 años cada tres años.- Las mujeres parlamentarias, convocamos a las uruguayas de todas las edades para que intensifiquen el cuidado de su salud e incrementen la conciencia acerca de la importancia de la prevención.- La adqui-

MEDIA HORA PREVIA 7.- Conferencia de prensa realizada por la bancada bicameral femenina sobre la prevención del cáncer de mama.
——Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra la señora Diputada Payssé. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: agradezco al señor Diputado Guzmán Pedreira por haberme cedido su lugar para hacer uso de la palabra en esta media hora previa. (Murmullos) ——Solicito al señor Presidente que me ampare en el uso de la palabra porque el tema que voy a tratar no es irrelevante. (Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Comparto lo que dice la señora Diputada. Solicitamos a los señores legisladores que hagan silencio para que la señora Diputada Payssé pueda hacer uso de la palabra.

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sición de hábitos saludables redundará en una mejor calidad de vida y es el gran desafío al que nos vemos enfrentadas las poblaciones para mantener nuestro estado de salud. Sabemos que las enfermedades no trasmisibles son las que podemos evitar o minimizar modificando nuestras conductas.- Evitar el cigarrillo y el alcohol, comer frutas y verduras, reducir las grasas, la sal y realizar ejercicio son medidas de prevención muy importantes. La OMS establece que un 40% de los cánceres podrían evitarse eliminando estos factores de riesgo.- Los modos de vida son claves; es así que el sedentarismo aumenta las posibilidades de padecer cáncer de mama, y el 75% de las mujeres mayores de 30 años no realiza actividad física. La obesidad también aumenta el riesgo y en nuestro país el 30% de las mujeres tiene sobrepeso […].- El lazo rosado es el símbolo internacional de la concientización sobre el cáncer de mama y hoy convocamos a la ciudadanía a sumarse a esta campaña difundiendo en cada ámbito la importancia de la prevención.- A los medios de comunicación que tanto impacto tienen en la población les solicitamos que brinden información educativa en forma permanente para promover que todas las mujeres de nuestro país prevengan la enfermedad.- A los prestadores de salud, en contacto directo con las usuarias, que intensifiquen las acciones de educación en prevención.- A todos los hombres desde sus diferentes roles: padres, esposos, hijos, hermanos, reiterarles que su participación en este tema también es fundamental, voces que desde el afecto y el compromiso se sumen y promuevan el cuidado de las mujeres.- Que no ‘senos’ olvide… el cáncer de mama es un tema de todas y todos”. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las organizaciones que hoy nos acompañaron y que trabajan en este tema los trescientos sesenta y cinco días del año: RIPAMA, Dame tu mano, América Mama, Entre Amigas y AISMA, como así también a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer que en este momento preside la ex Ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz, y a todos los integrantes de esta Sala. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota)

——Treinta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

8.- Inquietud de los vecinos de Ombúes de Oribe por el tránsito en las Rutas Nacionales N° 14 y N° 100. Inauguración del Centro de Atención Ciudadana de La Paloma, departamento de Durazno.
Tiene la palabra el señor Diputado Tierno. SEÑOR TIERNO.- Señor Presidente: en el año 2007, en la Junta Departamental de Durazno, un edil del Frente Amplio hizo mención a la inquietud de los vecinos de la localidad de Ombúes de Oribe relativa a las Rutas Nos. 14 y 100. Decían que se había visto incrementado de manera muy importante el tránsito de camiones, camionetas y maquinaria agrícola, precisamente, por el aumento que se había dado en nuestro departamento, y a nivel nacional, de la producción forestal y de la producción agrícola. En aquel momento, se solicitaba que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pusiera cartelería en las Rutas Nos. 14 y 100. También se pedía a la Policía Caminera que tuviera en cuenta el tema para ver qué solución se podía dar a la inquietud que planteaba el compañero edil. El desarrollo y el aumento de la producción en nuestro país -ni qué hablar en nuestro departamento de Durazno- ha continuado. Hace unos días, el señor Intendente de Durazno llamó a licitación para el asfaltado de la Ruta Nº 100. Los vecinos siguen preocupados porque el problema que tenían no ha sido solucionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ellos nos han solicitado que se pongan lomadas en la Ruta Nº 14, yendo desde la ciudad de Durazno hacia la localidad de Villa Carmen, antes y después de la localidad de Ombúes de Oribe, y sobre la Ruta Nº 100, perteneciente a la Intendencia Departamental, frente a la escuela y a MEVIR. Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Policía Caminera y a la Intendencia de Durazno. Por último, quiero decir que el día 27 de setiembre se inauguró en la localidad de La Paloma, departamento de Durazno, un Centro de Atención Ciudada-

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na, que había sido solicitado en esta Casa en el año 2008 por quien representaba a los frenteamplistas de Durazno, el hoy Director General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Pedro Soust. Después de cuatro años de trabajo entre la OPP y la Intendencia Departamental se logró que se inaugurara ese Centro de Atención Ciudadana que, por supuesto, beneficia a vecinos que están a 170 kilómetros de la capital departamental. Con esto se les devuelve ciudadanía y se descentraliza, como queremos los frenteamplistas. En el Centro de Atención Ciudadana están la Intendencia de Durazno, ANTEL, el Banco de Previsión Social, el Correo Uruguayo y el MEC, donde se pueden hacer trámites y pagar facturas, cuando antes los vecinos debían trasladarse 170 kilómetros a Durazno o 100 kilómetros a la ciudad de Sarandí del Yi. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Director General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la OPP y a la Intendencia de Durazno. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se van a votar los trámites solicitados. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

aristócratas y copetudos a quienes precisamente invierten y trabajan en esta tarea, y que son aquellos que sueñan con la retrógrada reforma agraria que siempre es capítulo de algún programa de Gobierno, apoyan esta medida pensando en la posibilidad de que al fin se pueda concretar el utópico paraíso prometido. Se dice que por estas horas se estaría decidiendo el proyecto que proviene de la Presidencia de la República, cuyo principal impulsor, curiosamente, se va de viaje y su Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, tan afecto a las cámaras de televisión, no aparece para referirse al tema, ya que como productor rural de varios rubros este impuesto le va a pegar fuerte. El que sí apareció para dar su opinión discrepante es el Vicepresidente de la República que, como articulador de la política económica, seguramente ha percibido que de concretarse este proyecto se cambiarían las reglas de juego, perjudicando a los productores y por consiguiente a la economía del país. Curiosamente, la inversión de Montes del Plata, propietaria de más de doscientas mil hectáreas, no será alcanzada por el impuesto. Esto no condice con la fundamentación del Gobierno, que plantea que con este impuesto se evitará la concentración de tierras. Por lo pronto, técnicos en materia tributaria pronosticaron que el nuevo impuesto perjudicaría a quienes compraron tierras en el año 2007, antes de la reforma fiscal. Ahora, este incremento también estaría perjudicando a pequeños productores. Un ex Presidente de una de las organizaciones rurales de productores explicó que esas son las razones por las cuales el Uruguay tiene un Tacuarembó instalado en Paraguay, “porque como te digo una cosa, te digo la otra”, “como te digo que soy terco en esto, te digo que tengo caja de cambios”, concepto político del señor Presidente. Como decía, en el Paraguay hay un millón y medio de hectáreas en manos de inversores uruguayos, que prefirieron invertir allí en vez de hacerlo en su país de origen. En momentos en que la crisis internacional no se sabe cómo incidirá en nosotros, en nuestra economía, aquí aplicamos un nuevo impuesto. Por tanto, productores del agro tienen sobre sus cabezas dos espadas de Damocles: una en lo interno, el “impuestazo” y, otra en lo externo, el eventual cierre de mercados para sus exportaciones como resultado de la crisis existente.

9.- Posibles perjuicios de la aplicación del denominado impuesto del agro.
Tiene la palabra el señor Diputado Vázquez. SEÑOR VÁZQUEZ.- Señor Presidente: la empecinada visión ideológica del Gobierno preocupa en este momento a un sector social muy importante del quehacer nacional, el de los productores rurales, los trabajadores de la tierra, y por ende, a los comerciantes de pueblos y ciudades del interior del país que se nutren precisamente de las labores del agro y sus anexos, que además es el sustento fundamental de nuestra economía. En efecto, el denominado impuesto al agro, sobre el cual varios economistas han anunciado resultados negativos en caso de ser aprobado, atentaría fuertemente la seguridad jurídica, principio rector atractivo para la captación de inversores. Por supuesto, quienes siempre han tenido una mirada crítica calificando de

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Se dice que hay miles de colonos que se encuentran inscriptos. Yo me pregunto cuántos son los preparados para encarar ese desafío y si reúnen las condicionantes establecidas en la ley promulgada por el Partido Colorado en 1948, con la firma del Presidente de la época, don Luis Batlle Berres. Cuando se trate el impuesto en el Cuerpo, el Partido Colorado no lo va a acompañar. Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a todas las organizaciones agropecuarias y a todos los medios de comunicación de todo el país. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Veinticuatro en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

tierra y el aumento en los precios de la misma, iniciada originalmente con la escalada agrícola, hoy se agrava por la presencia de emprendimientos foráneos, que apoyados por el Estado, pretenden instalarse en nuestro departamento desplazando gradualmente a nuestros productores”. Esto dice la gremial de productores rurales de San José. Y agrega que “el Gobierno propone que en los próximos diez años se duplique la producción lechera nacional”. Por otro lado, ese Gobierno firma un contrato de inversión con una empresa forestal extranjera que habilita a forestar en plena zona lechera. “De la misma forma” -dicen los productores- “nos enteramos de la existencia de un emprendimiento minero a ‘cielo abierto’, que en total desconocimiento de los propietarios de las tierras, tiene requeridos para la prospección más de 115 padrones rurales de la 4ª Sección del departamento de San José.- Es un emprendimiento que abarca más de 4.200 hectáreas, y que afecta a 83 familias de pequeños productores dedicados a la lechería y quesería artesanal”. Continúan diciendo los productores que “son emprendimientos totalmente contrapuestos, uno afecta el entorno de manera irreparable, y es totalmente extractivo, el otro es netamente productivo y renovable”. En cuanto a la política tributaria, los productores de San José aplaudieron y apoyaron la propuesta del señor Presidente de la República de derogar el impuesto del 1% a la venta de semovientes establecido en la Ley Nº 12.700 del año 1960. Dicen: “La derogación de este impuesto es una vieja reivindicación de las gremiales rurales. […] Pero por otro lado, surge últimamente un proyecto de ley que cambia las reglas de juego. […] Nos estamos refiriendo al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, propuesto con la intención de evitar la concentración de la propiedad de la tierra”. “Es un impuesto fijo” -dicen- “determinado por la superficie explotada, que nada tiene que ver con la naturaleza de la explotación, ni con aquellas variables que la afectan como son el clima, los precios internacionales de los ‘commodities’, o el aumento de los insumos.- Un impuesto fijo, aplicado sobre la principal herramienta de trabajo que es la tierra, sin considerar lo que sobre ella se produce, no estimula la producción o la inversión, por el contrario, aumenta los costos y reduce la rentabilidad. […] Por el contrario, con

10.- Clausura de la 67ª Exposición Internacional de Ganado Lechero y Muestra Agroalternativa 2011 en el departamento de San José.
Tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: el domingo pasado tuvo lugar la clausura en San José de la 67ª Exposición Internacional de Ganado Lechero y Muestra Agroalternativa 2011. Llamó la atención en esa oportunidad que no asistió representación del Poder Ejecutivo para escuchar la voz de los productores rurales de este importante sector productivo del país y de San José. Por eso hoy queremos hacer referencia a los principales conceptos que se vertieron allí respecto de la importancia del sector. Los productores expresaron: “Con sumo placer, presentamos hoy la muestra lechera y productiva más importante del departamento, que reúne la mejor genética del país, obtenida a través del trabajo, y la dedicación permanente de las distintas cabañas. Es también una muestra ejemplar de los productos elaborados en el departamento de San José”. La lechería familiar, tal como la conocemos hoy, está amenazada por dos factores. Dicen los productores: “[…] no se puede compensar la falta de tierra que permita al productor seguir creciendo y por otro no cuenta con mano de obra familiar de reemplazo que ocupe el lugar de aquellos que por la edad se van retirando. […] La competencia por la tenencia de la

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este impuesto no se detendrá a las inversiones extranjeras que especulando, adquieren tierras solo con la finalidad de la mera inversión, ni tampoco frenará el avance de inversiones atípicas para la zona que hoy están compitiendo con la lechería”. Continúan diciendo: “Observamos también con preocupación cómo en los últimos años se ensancha la brecha entre la ciudad y el campo”, y este impuesto parece estar destinado a marcar esa estigmatización del sector agropecuario. Finalmente, reclaman al Gobierno “la necesidad de realizar un plan integral de desarrollo del sector lechero, similar al que se instrumentó para el sector forestal”. Debe ser pensado a largo plazo y, en lo sustancial, debe prever: un marco legal que declare a la lechería de interés nacional y que sirva de garantía para su continuidad más allá del Gobierno de turno que esté actuando; beneficios fiscales y exoneraciones semejantes a los del sector de la forestación; líneas de crédito accesibles; programas de integración que favorezcan el acceso a la tierra; regionalización de las zonas lecheras; orientación y ajuste de las cargas impositivas que afecten al sector hacia una mayor eficiencia, y reestructuración y fortalecimiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que lleve adelante un plan de esas características. Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al INALE, a la Asociación Rural del Uruguay y a la Federación Rural, a la Asociación Nacional de Productores de Leche y a la Asociación de Productores Lecheros de San José. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y cuatro en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA

serie de localidades a pocos kilómetros una de otra que tenían mucha vitalidad mientras el ferrocarril funcionó. A esta concatenación de centros poblados se la conoce como “la línea”. Indudablemente, todos los sorianenses deberíamos agradecer a muchos de los que allí pernoctan por el coraje de estar manteniendo en muchos lugares, como dice el paisano, el palo del rancho. Ante ese coraje que manifiestan de seguir viviendo en esas localidades del interior, lo menos que podemos hacer es brindarles las comodidades mínimas para que puedan tener la mejor calidad de vida con la cual hacer frente el día a día. Hace exactamente un año y medio, en oportunidad del aniversario del Hospital Rogelio Sosa, en la ciudad de Cardona, nos apersonamos ante el señor Ministro de Salud Pública -por aquel entonces el economista Daniel Olesker- y le planteamos que a las dificultades con las que se topan día a día estos ciudadanos, no tendríamos que agregarle que carguen sobre sus hombros el presenciar que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esta gente vive viendo postergado día a día uno de los derechos fundamentales del individuo, como la salud y así se lo hicimos saber, sobre todo por la grandeza que él atribuía a la transformación llevada adelante por ASSE. Indudablemente, a esta zona las veleidades del sistema no han llegado. Es más, podemos afirmar categóricamente que se ha producido un retroceso, desmejorando la calidad de vida y generando intranquilidad. Hace algunos días hubo un accidente bastante grave, y el herido estuvo aproximadamente una hora y media sin la asistencia necesaria porque no había médico, y no había ambulancias en un radio mayor a los setenta kilómetros. Pero gracias a la pericia de algún policía que, inclusive, arriesgando su puesto hizo cosas que quizás no debió hacer, se pudo mejorar la situación, contener la hemorragia y evitar que en ese insuceso perdiera la vida un oriental. En aquella oportunidad le dijimos al economista Olesker que era tiempo de hacerse un lugarcito para salir a recorrer algunas policlínicas de los departamentos que representamos para ver que siguen siendo postergadas en cuanto a estos servicios. Inclusive, a algunas se les ha privado de elementos indispensables, como las ambulancias, con el agregado y la gravedad de que en muchos casos esos vehículos fueron

11.- Solicitud de que ASSE designe médicos para localidades del departamento de Soriano.
Tiene la palabra el señor Diputado Amy. SEÑOR AMY.- Señor Presidente: en nuestro departamento, yendo de sur a norte, desde la ciudad de Cardona a Mercedes, durante 90 kilómetros hay una

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adquiridos con el esfuerzo y el tesón de la propia comunidad. Quiere decir que estas ambulancias le pertenecen a la comunidad pero, sin embargo, por razones de organización, muchas veces la ambulancia de Egaña o de Risso termina en Villa Soriano, y la de Villa Soriano termina en Mercedes. En consecuencia, no funciona bien el servicio. Es más, algunas localidades no tienen médico permanente, como es el caso de Risso y Egaña. Además, hace un año y medio, Santa Catalina se quedó sin un facultativo, que todavía no ha sido repuesto, a pesar de que ASSE ha dispuesto los recursos para el nombramiento. Por lo tanto, no sabemos qué sucederá con esta situación que se da en el interior profundo de nuestro departamento. Por consiguiente, creo que es tiempo de rever, de priorizar, de generar condiciones de igualdad y de hacer efectivo lo que tanto se propugna sobre las veleidades del plan de ASSE, cuya reforma buscaba llevar más calidad en salud a todo el país. Para los sorianenses del interior profundo las veleidades de estas reformas todavía no han llegado, y es tiempo de rever esta situación, fundamentalmente, atendiendo las solicitudes que realizaron los tres Diputados del departamento, quienes pidieron médicos para cada una de estas localidades, así como que puedan disponer de las ambulancias que han comprado con sus propios medios. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de ASSE -para que en algún momento se pueda dar trámite a mi petición-, a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara, a la prensa del departamento, a la Junta Departamental de Soriano y a la Alcaldía de Cardona. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

de octubre, “Día de la Raza”. Esa palabra me molesta muchísimo, porque cuando la digo pienso en animales, en caballos, vacas, ovejas y no en personas. Por lo tanto, el 11 de octubre es un día especial para los afrodescendientes porque con la llegada de Colón y la civilización a estos lugares, los indígenas y, en especial, los afrodescendientes, cambiaron totalmente su vida. A partir de ese momento, estas personas fueron esclavizadas, y los indígenas fueron sacados de los lugares en los que vivían cómodamente. Por esa razón ese día es recordado como el último día de libertad, especialmente para los afrodescendientes. Por todo lo dicho, para mí es muy importante poder expresarme en este día y hacer estas reflexiones a fin de que estas cosas no ocurran más. Si bien la civilización trajo un montón de cosas buenas, a algunas personas les quitó la libertad. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA. Ha finalizado la media hora previa.

13.- Aplazamiento.
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el segundo Período de la XLVII Legislatura.

12.- Significado del 12 de octubre de 1492 para los afrodescendientes y los indígenas.
Tiene la palabra la señora Diputada Ferreira. SEÑORA FERREIRA.- Señor Presidente: es un honor para mí hablar en este día, ya que el 11 de octubre es tomado por los afrodescendientes como un día de contrafestejo con respecto a lo que se conmemora el 12

14.- Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. (Exposición del señor Representante Gustavo Cersósimo, por el término de quince minutos).
Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. (Exposición del señor Representante Gustavo Cersósimo, por el término de quince minutos)”.

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Tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara por la oportunidad que nos ha dado de hacer uso de la palabra acerca del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento que, por ley, se celebra los 20 de setiembre de cada año. No voy a referirme a la discusión que se dio sobre la fecha elegida porque eso ya fue debatido en este Parlamento cuando se sancionó la Ley N° 17.778, el 24 de mayo de 2004. En esa ocasión se seleccionó ese día para conmemorar el derecho de expresión. Indudablemente, se eligió un hecho emancipador como el que ocurrió el 20 de setiembre de 1870, fecha en que las tropas italianas ingresaron a Roma poniendo fin al Estado Pontificio, es decir, a la soberanía temporal del Papado. Considero que es importante que todos los años hagamos este análisis en el Parlamento para evaluar el desempeño, el ejercicio y la vigencia de esta importante garantía democrática, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Me voy a ceñir al objeto de la conmemoración, que es el derecho a la libertad de expresión del pensamiento. Indudablemente, quedarán planteados muchos aspectos para su análisis y discusión posterior, como la figura penal del desacato -que continúa vigente-, el empleo restrictivo del aparato punitivo, la acción civil de responsabilidad, la autocensura, la protección de las fuentes, el secreto periodístico, la colegiación obligatoria, el derecho de respuesta, el acceso a la información y el derecho al silencio, entre otros. EI tema es de una inmensa vastedad y de una permanente actualidad. La libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y un componente esencial de la sociedad civil basada en principios democráticos. La existencia de la sociedad democrática depende del ejercicio de esta libertad, pues es indispensable para la formación de la opinión pública y una condición esencial para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y todos quienes actúan en sociedad, puedan desarrollarse libremente, en plena vigencia de los demás valores y principios democráticos de participación política.

En el Estado de derecho, la libertad de expresión está estrechamente vinculada a la prensa y al derecho a informar. Asimismo, aparece asociada en forma indisoluble al interés de la sociedad a estar informada y a tener una prensa libre e independiente. La difícil tarea periodística de reconstruir la realidad hace necesario formular combinaciones de hechos y opiniones, lo que conlleva un cierto margen de error que, superado de buena fe, es aceptado como tolerable por la legislación y la jurisprudencia en la materia. Entre nosotros la libertad de expresión del pensamiento es de origen artiguista, ya que el artículo 3° de las Instrucciones del Año XIII promueve “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. En 1815, el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, haciendo referencia al primer diario del período artiguista, “El Periódico Oriental”, manifiesta al Cabildo de Montevideo que “la libertad de imprenta y el don de la palabra” son unos “de los primordiales derechos que reclaman estos pueblos”, que no deben “tener revisores” y que “cada ciudadano tiene la libertad de imprimir sus sentimientos bajo la responsabilidad correspondiente al abuso que se hiciese de ese derecho”. Nuestro primer Presidente constitucional, don Fructuoso Rivera, expresó en 1832 a quienes le pedían que prohibiera las críticas al Gobierno -fíjense lo que decía- que “no se puede limitar la expresión de voluntad y la libre expresión de la opinión y el pensamiento”, y aceptaba como sagrado el “derecho que tiene el pueblo a publicar las opiniones”. En 1838, durante su segunda Presidencia, dispuso por decreto que “la absoluta libertad de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas. Las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios” -decía Rivera- “la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos. Pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad puede reprimirlo […]”. Desde 1830 la Constitución uruguaya consagra la libertad de expresión, al establecer en su artículo 29 -complementado por los artículos 7°, 54, 72 y 332que: “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censu-

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ra; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. Los antecedentes de esta norma se encuentran en las leyes de la Junta de Representantes, en la ley de imprenta dictada por la misma Asamblea Constituyente en 1929 y en fuentes más remotas como las disposiciones dictadas durante el período revolucionario en Buenos Aires, a partir de los Reglamentos Provisorios de 1811, o en las normas que derivan de la Declaración de los Derechos del Hombre y de las proclamaciones de derechos de las colonias inglesas de América del Norte, y en las leyes de las Cortes de Cádiz de 1812. Existe un marco jurídico internacional muy importante referido a la libertad de expresión. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente francesa de 1789, en su artículo 11 hace referencia a la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones. La jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos es reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una herramienta útil para la interpretación del derecho de libertad de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica reconoce: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.- 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.- 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

La Convención Americana prohíbe de forma completa la censura previa y, en garantía de la libertad de expresión, reduce al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas, de manera más radical que las normas contenidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, a través de su artículo 10, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19. La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de setiembre de 2001, dispone en su artículo 4°: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Queda claro entonces que la libertad de expresión es un aspecto sustancial de la democracia, de las sociedades abiertas y forma parte de la idea de las libertades contemporáneas, que fijan mínimos éticos y normativos inconmovibles -constituidos por derechos fundamentales-, asegurados por el Estado de derecho, que procuran la tolerancia y la convivencia civil. La libertad de expresión tiene una doble dimensión, individual y social, y ambas deben ser garantizadas simultáneamente. En su dimensión individual, no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir sino que comprende, además e inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En su dimensión social, es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Implica el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. La sociedad debe permanecer alerta y observar permanentemente el ejercicio de este derecho, como garantía para quien lo practica y para sí misma y sus integrantes. El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho inalienable del pueblo. Por esta razón es que debemos reunirnos todos los años, como lo hacemos hoy, para mirar la vigencia de esta libertad y analizar a nivel parlamentario la realidad de su ejercicio. En ese sentido podemos decir hoy, sin temor a equivocarnos, que en nuestro país este derecho se respeta plenamente y sin limitaciones, como ha sido tradición también en los Gobiernos del período democrático, más allá de algunas interferencias meramente

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orales, propias de la natural tensión entre el poder y la libertad, que no han provocado desvíos ni quebrantos en su goce y ejercicio plenos. No sucede lo mismo en otros países, donde todos los días hay atentados contra medios de comunicación, amenazas, amedrentamiento y homicidios de periodistas, como los recientes asesinatos -el mes pasado- de Pedro Flores Silva y José Oquendo Reyes en Perú. La libertad de expresión es más amplia que la de prensa y la de información. Aquella abarca muchas formas de manifestación, como el arte, los gestos, la comunicación cara a cara y otras modalidades que son ajenas a la libertad que se ejerce a través de los medios de comunicación. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento e implica buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, pues el periodista profesional es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Por su parte, los medios de comunicación en una democracia son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla. Son indivisibles la libertad de expresión y la difusión de ideas, por lo que la limitación de cualquier acto de difusión es una restricción de la libertad de expresión. La limitación ilegitima a los medios de difusión es también restricción ilegítima a la expresión. Las afectaciones a la libertad de expresión no se llevan a cabo exclusivamente a través de acciones directas del Estado o de sus agentes. Muchas veces se emplean medidas menos evidentes, que también reducen o evitan la expresión libre del pensamiento, al inhibir al periodista como consecuencia de la intimidación, la obstrucción de canales de expresión o la obstaculización que impide o limita su ejercicio. Como todo derecho, puede ser limitado en su ejercicio, pero en casos absolutamente excepcionales que deben estar expresamente fijados por ley, persiguiendo fines legítimos en armonía con el bien común y de una relevancia que superen claramente la necesidad social del pleno goce del derecho. El abuso de la libertad de expresión nunca puede ser objeto de medidas de control preventivo como la censura previa, sino fundamento de responsabilidad para quien se excedió, en respeto de los derechos y la reputación de los demás,

la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicas. Hoy, en medio de la revolución informática, no podemos pasar por alto la estrecha vinculación que tiene Internet con la libertad de expresión ya que ha transformado la forma en que nos comunicamos, informamos, trabajamos y educamos, ampliando el ámbito de expresión del pensamiento y la pluralidad de los medios de comunicación. El principio de neutralidad en la red significa que el acceso a esta debe ser igual para todos sin discriminación alguna para garantizar la igualdad y la libertad, y preservar la intimidad y la privacidad de las personas. La semana pasada nuestro sector político, a través del Senador Bordaberry, presentó un proyecto de ley para garantizar el principio de neutralidad en la red informática, considerando que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas, ya que brinda a los usuarios la posibilidad de acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección sin restricciones arbitrarias. Hay miles de ciudadanos, que no son periodistas permanentes contratados ni profesionales pero que son usuarios de Internet, que asumen un rol activo en el proceso de recolección, producción, análisis y distribución de información y noticias. Esas personas comparten esa información recogida en forma intencional o casual con sus cámaras, sus celulares y por otros medios, en general sin edición previa. La tecnología está borrando barreras de entrada y ya no se necesita un medio tradicional para publicar ni para ser masivo. El periodismo se está transformando y todas las respuestas que se den serán provisorias. Finalmente, cabe destacar la vinculación que tiene la libertad de expresión con la libertad de enseñanza. En realidad, no es más que un aspecto de ella, porque enseñar es expresar el propio saber, lo que se cree y lo que se piensa y, como contrapartida, es también recibir esas opiniones y creencias. Por ello no solo hay que asegurar la libre expresión del pensamiento sino que, fundamentalmente, hay que garantizar la posibilidad de que los pensamientos y las convicciones se creen en un ambiente de libertad. De ahí que, como alguien que no recuerdo dijo muy sabia-

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mente: “La libertad de expresión puede causar heridas pero estas se curan con más libertad”. Gracias, señor Presidente. SEÑORA LAURNAGA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA LAURNAGA.- Señor Presidente: voy a manifestar unas palabras para adherir al Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, siguiendo la propuesta del señor Diputado preopinante desde otro ángulo. El Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento recuerda -para algunos, en particular para la hermandad masónica- el 20 de setiembre como fecha que conmemora el mismo día de 1870, cuando las fuerzas patrióticas italianas y los garibaldinos protagonizaron el célebre episodio de la Brecha de la Porta de Pia, cuando derrotaron a las fuerzas aliadas al Imperio Francés. Este acontecimiento representa simbólicamente, para algunos, la separación efectiva entre poder divino -el del papado en ese momento histórico- y poder racional o humano. El Iluminismo, y el Liberalismo después, constituían procesos que transitaban ya casi dos siglos por el ejercicio de la secularización del poder, dando lugar a la razón como centro del quehacer humano. Su sentido más profundo, el de la libertad en el marco de un país con vigencia de los derechos humanos, es el que impulsó a nuestro Parlamento a establecer esta conmemoración. Para nosotros, la libertad de expresión del pensamiento es un componente de los derechos inalienables del ser humano, que tiene su raíz indudable en el liberalismo clásico y que define al ser humano como un ser autónomo, con derechos propios tanto respecto al derecho divino como al imperio irracional de otros seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos recogía ya en 1948 -más allá de lo expresado por el señor Diputado con relación a la Declaración de 1789el derecho a la libertad de opinión, de expresión, que incluye, en su artículo 19, el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones que cada uno tenga, el de poder asociarse, etcétera, prohibiendo “[…] toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio nacional, racial o religiosa que constituyan incitaciones a la violencia u otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas con base en sus ideas u opiniones”.

Este derecho, que parece tan evidente e inalienable, entendido en el orden constitucional liberal como un derecho de carácter natural, ha sido y es, sin embargo, lamentablemente mancillado por el desborde de poder de otros seres humanos. Por ello, el Estado tuvo que constituirse en garante de esos derechos. La educación cívica -tantas veces mencionada en este ámbito- es un medio pero, fundamentalmente, la vigencia celosa del marco legal y constitucional que pone límites a los desbordes humanos. Es por ello que el Estado debe tener recursos para garantizar esos derechos y hacerse cargo de las transgresiones. Nuestro mejor homenaje a esta conmemoración es aspirar a que este país no albergue nuevas amenazas a la libertad de las personas, ya sea por motivos religiosos, políticos, raciales, de género o de cualquier tipo. Haremos todo lo que aún queda por hacer para que nunca más renuncie a su obligación de punir la violación de los derechos humanos -entre otros, este de la libertad de expresión-, que nunca más abandone su rol de garante de los derechos y asuma el de agresor. Haremos lo posible para que este pasado indigno de nuestra tradición y vocación republicana deje de ser un peso político, emocional y sobre todo moral que nuestro ordenamiento jurídico y este sistema político tienen que cargar. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Desde la Mesa queremos saludar a los alumnos de 4° año del Liceo N° 7 de Paysandú. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: celebramos la iniciativa del señor Diputado Cersósimo de realizar una exposición en ocasión de conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Lo hacemos desde la necesidad de reafirmar un concepto que a los uruguayos mandata la propia Constitución de la República, que integra los institutos internacionales de protección de los derechos humanos y que tiene relación con una expresión de las libertades que nos parece determinante en el desarrollo de una sociedad. La libertad de expresión del pensamiento no se da exclusivamente a través de los medios de comunicación -si bien ese es un capítulo realmente importante- sino

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la relacionada con el derecho de cualquier individuo de manifestar su forma de pensar y sus opiniones. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Luis Lacalle Pou) ——Es una libertad que está permanentemente amenazada muchas veces por los Estados y otras veces por los Gobiernos que encuentran en la libertad de expresión un aspecto condicionante para el ejercicio de su gestión. En estas circunstancias, no debemos ignorar el ejemplo de persecución desde el sector público a la libertad de expresión en algunos países de América. Por eso esta conmemoración y esta celebración -en la cual, por supuesto, proclamamos nuestra firme adhesión a la expresión de libertad- debe ser también una advertencia a las amenazas cotidianas que desde el poder reciben los ciudadanos, los individuos o las empresas que ejercen esta libertad como una garantía del desarrollo democrático de la sociedad. Hay variados ejemplos de acciones de Gobierno y legislaciones -inclusive aprobadas por mayorías parlamentarias- que tienden a utilizar la mordaza con la libertad de expresión. Es precisamente hoy en día que Uruguay, libre para debatir hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, aún debe tomar precauciones sobre ciertas cosas que pudieran ocurrir. Por eso, aunque sea brevemente, como dijimos al principio, celebramos la iniciativa de poder expresarnos sobre este tema. En nombre del Partido Nacional señalo nuestra inquebrantable adhesión a los principios de nuestra Constitución en cuanto a proteger las libertades, en particular de la libertad de expresión, y de aquellos acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país y que garantizan, precisamente, su desarrollo. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: mociono para que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala sea enviada a la Asociación de la Prensa Uruguaya -APU-, al Círculo de Periodistas Deportivos, a la Organización de la Prensa del Interior -OPI-, al Círculo de Periodistas del Uruguay, a la Asociación de Diarios del Uruguay, a RAMI, ANDEBU, AID, CUTA, a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras, a las

Intendencias y Juntas Departamentales y a los Ministerios de Educación y Cultura y de Relaciones Exteriores. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: a los destinos solicitados quiero agregar la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP-, el Círculo de la Prensa del Uruguay y el Relator para la Libertad de Prensa de la OEA. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se van a votar las propuestas realizadas. (Se votan) ——Sesenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: queremos expresar nuestra adhesión a esta conmemoración que, a nuestro juicio, está marcada en la esencia misma de las raíces de nuestra nación. Este es un país libertario por excelencia y, en los hechos, la libertad de expresión de alguna manera es la madre de todas las libertades. Tan marcados a fuego estamos en cuanto a libertad, que el lema que utilizara en su escudo José Artigas reza: “Con libertad ni ofendo ni temo”. Muchas gracias, señor Presidente.

15.- Alteración del orden del día.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bayardi, Amy, Espinosa, Radío, Trobo y Abdala. (Se lee:) “Mocionamos para que se altere el orden del día pasando el cuarto asunto (Carp. 1107/011) a ser tercero, el quinto asunto (Carpeta 464/010) a ser cuarto, el sexto (Carpeta 1094/011) a ser quinto y el tercer asunto (Carp. 1051/011) a ser sexto”. ——Se va a votar. (Se vota)

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——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

16.- Ciudad de Atlántida, Departamento de Canelones. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día y que pasó a ser tercero: “Ciudad de Atlántida, Departamento de Canelones. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 675 “PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, en la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad. Artículo 2º.- Otórgase licencia paga en la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en dicha localidad. Montevideo, 6 de setiembre de 2011. HORACIO YANES, Representante por Canelones, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, SEBASTIÁN SABINI, Representante por Canelones, NELSON ALPUY, Representante por Canelones, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, DIONISIO VIVIÁN, Representante por Canelones, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto tiene por objeto celebrar el centenario de la ciudad de Atlántida, referente histórico de la cultura y el turismo de nuestro país. Cronología de los hechos “El 18 de mayo de 1908 quedaba constituida la Sociedad Anónima La Arborícora Uruguaya figurando entre

sus accionistas la mayor parte de los actuales de nuestra sociedad (La Territorial Uruguaya), teniendo como objetivo esencial la adquisición de terrenos para la plantación de árboles y explotación a su debido tiempo”. Como consecuencia de ello, en mayo de 2008, al cumplirse el primer centenario, el grupo Myrsine (grupo de Revalorización del Patrimonio Natural y Cultural de la Costa), vecinos, Centro Comercial, escolares y liceales festejaron recordando y plantando algunas especies en un lugar tan emblemático como la Bajada Vieja. Dicha sociedad le había comprado a Marcelino, Pedro y Nicolás La Cruz Hernández. En tres años plantaron cerca de ciento cincuenta mil eucaliptus. Por otra parte, como ya habíamos afirmado, el 31 de diciembre de 1910, los señores ingeniero Juan P. Fabini y doctor Francisco Ghigliani le compran a la señora Antonia Witt de Alonso un campo de unas 500 hectáreas con costas sobre el Río de la Plata, en parte sobre la actual Playa Mansa de Atlántida, contigua a la propiedad de la Arborícora Uruguaya (ubicada al este). Entraba en los planes de los compradores, el fraccionamiento para su venta de la faja que daba sobre la playa de Santa Rosa como se la conocía hace cien años y la plantación de eucaliptus en el resto. La ubicación de ambos campos (los de Fabini y Ghigliani por una parte y los de la Arborícora por otra) era muy seductora para una fusión la que comenzó a gestarse en 1911 para desembocar en la constitución de la Sociedad Anónima “Territorial Uruguaya” (integrada entre otros por el ingeniero Juan P. Fabini, doctor Francisco Ghigliani, José P. Urioste, Alberto Galeano, Alejandro Nogueira, José Delgado, Atilio Narancio y Marcelino Alfonzo). El 8 de abril de 1911 celebró el Directorio su primera sesión preparatoria y desde entonces hasta el 21 de setiembre se celebraron ocho sesiones. De setiembre y hasta el 31 de diciembre se celebraron seis más (en total catorce en el año de la fundación). El 22 de mayo se declaró instalada la sociedad, aprobó sus estatutos y eligió sus autoridades y su Fiscal. Con fecha 28 de junio, Juan P. Fabini y Alberto Galeano, delegados por el directorio se presentan ante el Superior Gobierno solicitando prestara su aprobación a los estatutos sociales. El 10 de julio de 1911 autorizó el Gobierno el establecimiento de la Sociedad. El 20 de julio los mismos delegados se presentaron ante el Juez Letrado de Comercio de Segundo Turno solicitando la inscripción de los estatutos, lo que se hizo el 31 de julio con el número 2694 al folio 535 del Libro XII de ese Juzgado. Entre tanto, como el campo de la Territorial distaba 300 metros de la estación del ferrocarril y comprar

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tierras para llegar directamente a la misma era considerado estratégico, se realizan las gestiones por una faja de Antonia Witt con éxito y luego por la de don Nicomedes García. Como observamos, podemos hablar de un proceso fundacional, pero hay una fecha, a nuestro entender, que puede considerarse clave en este año y es el plan general de avenidas y amanzanamiento presentado al directorio en la sesión del 19 de octubre de 1911 por el ingeniero Juan P. Fabini y que fue aprobado en todas sus partes. Además se decidió llevarlo a la práctica de inmediato con las modificaciones que impusiera la irregularidad del terreno. Este trabajo se efectúa rápidamente estando las obras bajo la dirección inmediata de M. James Witelaw con el personal necesario. La lectura de esta resolución nos indica que, ahora sí, ya se iba a disponer a la brevedad de los espacios donde comenzarían las construcciones de los primeros chalés que se efectivizan en el verano de 1911-1912. En una fotografía del mes de abril de 1912 en el diario “La Razón” de Montevideo se observan media docena sobre las barrancas de la costa. En enero de 1913 era inaugurado el Atlántida Hotel, construcción emblemática de aquellas dos primeras décadas. Una publicidad de la época decía: “tiene alumbrado central, caño maestro, aguas corrientes, timbres eléctricos, teléfono, telégrafo, canchas de golf, tenis, etc”. Se desmontaron médanos y comenzaron a funcionar canteras de piedras (en Punta Piedras Negras, por ejemplo), de las que se extraían los materiales para los cimientos de los edificios y otros trabajos en general. Se inició, además, la construcción de la carretera que uniría la estación Las Toscas (hoy Estación Atlántida) con la playa. EI 4 de marzo de 1914 eran 16 los chalés y ya había 90 adquirentes de terrenos. Entre otros: doctores Manuel Quintela, Carlos Vaz Ferreira, Feliciano Viera, Domingo Arena, José Percovich, Edmundo Narancio, Santiago y Enrique Fabini, Antonio Casaretto, Tulia Victorica, etcétera. Casi de inmediato, no se sabe en qué preciso momento, el lugar se bautizó con el sugestivo nombre de Atlántida, como la ciudad perdida en el Atlántico según la leyenda. Durante más de medio siglo sería quizás el principal balneario del país. Primero con los doctores hasta mediados de los 30 y luego con Natalio Michelizzi hasta su muerte a mediados de los 50. Por casi medio siglo fue el auge de nuestra querida ciudad balnearia. Luego comenzó un lento y paulatino descenso del aquel otrora esplendor y que es hora de revertir. Es esta la ocasión, aprontar la casa para este cumpleaños puede ser una preciosa excusa. Todos podemos ser partícipes, desde el más humilde vecino hasta la comuna. ¿La desperdiciaremos? ¡Hay tanto para hacer! El grupo

de Revalorización del Patrimonio Natural y Cultural de la Costa (MYRSINE) a fines de febrero mantuvo una reunión con Patrimonio de la Comuna Canaria en la Junta de Atlántida y ya manifestó sus inquietudes realizándose una recorrida por el balneario, intercambiando ideas y apuntando a algunos aspectos. Pero muy personalmente pensamos que más actores deberían sumarse a esta movida. Instituciones educativas y otras, Centro Comercial, el grupo Myrsine y Comuna Canaria en particular ya deberían comenzar a trabajar para este primer centenario que se cumple el 19 de octubre de 2011. En cuanto al día y mes propuesto pensamos que no es una fecha caprichosa y hemos realizado esta cronología para fundamentarla basándonos en la Memoria de la Territorial Uruguaya S.A. correspondiente al primer ejercicio de 1911 y aprobada por la Asamblea General Ordinaria con fecha 30 de marzo de 1912. Montevideo, 6 de setiembre de 2011. HORACIO YANES, Representante por Canelones, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, SEBASTIÁN SABINI, Representante por Canelones, NELSON ALPUY, Representante por Canelones, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, DIONISIO VIVIÁN, Representante por Canelones, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, JUAN C. SOUZA, Representante por Canelones, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones”. Anexo I al Rep. Nº 675 “Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración INFORME Señoras y señores Representantes: Ubicada a 45 km de Montevideo, sobre la ruta Interbalnearia General Líber Seregni, la ciudad de Atlántida es considerada la más importante de la llamada Costa de Oro del departamento de Canelones. Es lógico entonces que, al celebrarse el próximo 19 de octubre cien años de su fundación, se declare ese día no laborable en la ciudad. Desde siempre, sus playas de arenas inmaculadamente blancas llamaron -especialmente en verano-, a miles de personas de distintas nacionalidades a disfrutar, sea de su Playa Mansa, sea de su Playa Brava.

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Justamente en la Rambla Mansa y calle 10, se encuentra la casa, hoy museo, donde solía venir el mismísimo Pablo Neruda, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El poeta dedicó una oda a esa Atlántida que tanto disfrutó: “…olor y movimiento de pinares marinos me devolvéis no sólo a la miel del amor y su delicia sino a las circunstancias más puras de la tierra: a la seca y huraña Flora del Mar, del Aire, del Silencio”. Es que, a comienzos de la década del 50, el poeta vivía el comienzo de su famosísimo romance con Matilde Urrutia del que fue testigo la ciudad de Atlántida. En Atlántida y sus inmediaciones hay lugar para el misterio, como todo lo que rodea al águila; a la admiración, no solamente por sus bellezas naturales, sino por la osadía de sus arquitectos (sirva como ejemplo el edificio del barco). En las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, la ciudad supo recibir a las mejores orquestas uruguayas y argentinas, contratadas para animar los bailes típicos de la época. Atlántida es una ciudad pujante y hermosa. En su centenario, el festejo es más que justificado. En mérito a lo expuesto, esta asesora recomienda al plenario de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se pone a su consideración. Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2011. JORGE ORRICO, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, GUSTAVO BORSARI BRENNA, FITZGERALD CANTERO PIALI, GUSTAVO CERSÓSIMO, PABLO ITURRALDE VIÑAS, SANDRA LAZO, FELIPE MICHELINI, DAISY TOURNÉ. PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Declárase feriado no laborable el día 19 de octubre de 2011, para la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, con motivo de conmemorarse el centenario de dicha ciudad. Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2011. JORGE ORRICO, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, GUSTAVO BORSARI BRENNA, FITZGERALD CAN-

TERO PIALI, GUSTAVO CERSÓSIMO, PABLO ITURRALDE VIÑAS, SANDRA LAZO, FELIPE MICHELINI, DAISY TOURNÉ”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en la medida en que el miembro informante iba a ser el señor Diputado Orrico y hoy no está en Sala, procederemos a informar este proyecto que fue votado por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y que refiere a la celebración del centenario de la ciudad de Atlántida. El presente proyecto de ley fue motivado por legisladores del departamento de Canelones, entre ellos, la señora Diputada Matiauda Espino y los señores Diputados Yanes, Mahía, Olivera, Sabini, Alpuy, Radío, Vivián, Souza y Espinosa. Esta iniciativa refiere a la fecha de conmemoración del centenario de la ciudad de Atlántida y en la exposición de motivos se detalla el proceso que dio lugar a su fundación. Como antecedente, se cita la constitución de la Sociedad Anónima Arborícora Uruguaya el 18 de mayo de 1908, con el objetivo de adquirir terrenos para la plantación de árboles y la explotación de estos a su debido tiempo. Dicha sociedad le había comprado a Marcelino, Pedro y Nicolás La Cruz Hernández y en tres años plantaron cerca de ciento cincuenta mil eucaliptos. El 31 de diciembre de 1910, el ingeniero Fabini y el doctor Francisco Ghigliani compran a la señora Antonia Witt de Alonso un campo de quinientas hectáreas con costas sobre el Río de la Plata, en parte sobre la actual Playa Mansa de Atlántida, contigua a la propiedad de Arborícora Uruguaya, ubicada al Este. Entre los planes figuraba el fraccionamiento para la venta de la faja que daba sobre la playa de Santa Rosa, como se la conocía hace cien años, y la plantación de eucaliptos en el resto. Rápidamente se procedió al fraccionamiento del predio y en el correr de 1911 el Directorio aprobó los estatutos, eligió sus autorida-

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des y procedió a su inscripción legal. Se puede hablar de un proceso de fundación, que es lo que hacen los miembros proponentes en el proyecto que pusieron a consideración de la Comisión. Una fecha que se entiende como clave es el plan general de avenidas y amanzanamiento presentado al Directorio el 19 de octubre de 1911 por el ingeniero Fabini. Inmediatamente se decidió llevar a la práctica ese plan y entre el verano de 1911 y 1912 se efectivizan los primeros chalés que se instalaron en esa área del departamento de Canelones. En marzo de 1912 ya había media docena de chalés sobre las barrancas de la costa. Hubo lugares de esparcimiento y visitaron la zona personalidades de nuestra sociedad como el doctor Manuel Quintela, Carlos Vaz Ferreira, Feliciano Viera, Domingo Arena, José Percovich, Edmundo Narancio, Santiago y Enrique Fabini, Antonio Casaretto, Tulia Victorica, etcétera. No se sabe bien, pero casi de inmediato ese paraje fue bautizado con el sugestivo nombre de Atlántida, haciendo referencia a la ciudad perdida en el Atlántico según la leyenda. Durante más de medio siglo se transformó en el principal balneario del país. En 2008, a fines de febrero, MYRSINE, el grupo de Revalorización del Patrimonio Natural y Cultural de la Costa, mantuvo una reunión con la Comisión del Patrimonio de la Comuna canaria y manifestó sus inquietudes, realizándose una recorrida por el balneario con el objetivo de redinamizar y asumir el compromiso de devolver a Atlántida lo que tuvo de esplendor durante gran parte del siglo XX. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado de recibo la propuesta de conmemorar el centenario de la fundación de la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, y recomienda a la Cámara que se apruebe el presente proyecto de ley que declara feriado no laborable el 19 de octubre de 2011 para dicha ciudad. Solicitamos que la Cámara haga suya esta iniciativa; posteriormente, pediremos su envío urgente al Senado. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta y dos: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

17.- Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos. (Aprobación).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en quinto término del orden del día y que pasó a ser cuarto: “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos. (Aprobación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 412 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores Montevideo, 28 de octubre de 2010. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, adjuntando el proyecto de ley referente a la aprobación del Convenio Constitutivo del Fondo Multi-

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lateral de Inversiones II (FOMIN II), del Convenio de Administración del FOMIN II y sus Anexos, suscritos el 9 de abril de 2005. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, FERNANDO LORENZO, ROBERTO CONDE. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN I) fue creado por Convenio Constitutivo suscrito el 11 de febrero de 1992, en el marco de las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2007, con la finalidad de definir nuevas formas de aumentar la inversión privada y fomentar el desarrollo privado, mejorar el entorno empresarial y brindar apoyo a la microempresa con miras al crecimiento económico y reducción de la pobreza de los países regionales. Este Convenio, así como el respectivo Convenio de Administración del FOMIN, fue ratificado en Uruguay por Ley Nº 16.496, de 15 de junio de 1994. Desde el año 1993 a la fecha, el Comité de Donantes del FOMIN aprobó 92 operaciones de financiamiento de proyectos en nuestro país, por un monto total de US$ 68.600.000,00 (sesenta y ocho millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), con un monto promedio por operación de US$ 746.258,00 (setecientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América). El 65% de los proyectos ejecutados en nuestro país tienen cobertura en los departamentos del Interior, lo que demuestra el esfuerzo realizado por el FOMIN en llegar a todo el territorio nacional. El 9 de abril de 2005, el Comité de Donantes aprobó el nuevo Convenio Constitutivo del FOMIN II, con el objeto de asegurar la continuidad del FOMIN I y ampliarlo, así como para complementar la labor del BID, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y otros bancos multilaterales de desarrollo, mediante la incorporación de nuevos países donantes que se sumarán a los ya adheridos al primer Convenio FOMIN. Se previó que el presente Convenio FOMIN II, entraría en vigor en cualquier fecha anterior al 31 de diciembre de 2007 en el cual los probables donantes

que representen por lo menos el 60% del monto total fijado para el Fondo, hubieren depositado su contribución, momento en el cual el Convenio del FOMIN I terminará y el FOMIN II asumirá todos los activos y pasivos del FOMIN I A partir de ese momento, el aportante será denominado donante. El instrumento depositado que indique que el país ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio del FOMIN II, será denominado “Instrumento de Aceptación”. Cada donante deberá convenir en pagar su contribución en 6 cuotas anuales e idénticas, comenzando la primera en la fecha efectiva del FOMIN II más 60 días, finalizando el plazo de la última cuota el 2 de abril de 2012. Cualquier donante que deposite su contribución en más de 60 días después de la fecha efectiva del FOMIN II, deberá pagar junto con su depósito, tanto la primera cuota como cualquier otra subsiguiente cuya fecha de pago haya vencido. El Convenio FOMIN II, permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y sólo podrá renovarse por un período único adicional de hasta 5 años. De acuerdo con el Anexo A del Convenio el aporte total de Uruguay será de US$ 1.000.000,00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América). Se solicita al Poder Legislativo la aprobación del Convenio Constitutivo del FOMIN II, de su Convenio de Administración y de sus Anexos, a efectos de que nuestro país pueda realizar el aporte correspondiente al Fondo y a la vez continúe recibiendo los importantes beneficios resultantes de sus operaciones en el territorio nacional. FERNANDO CONDE. LORENZO, ROBERTO

PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Apruébase el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos, suscritos el 9 de abril de 2005. Montevideo, 28 de octubre de 2010. FERNANDO CONDE. LORENZO, ROBERTO

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TEXTO DEL MEMORANDO

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Anexo I al Rep. Nº 412 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Asuntos Internacionales INFORME Señores Representantes: El presente proyecto de ley persigue aprobar el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos. 1) Convenio Constitutivo del Fondo de Inversiones II Nuestro país posee al respecto la experiencia de haber participado en la primera versión de este Fondo al haberlo ratificado por medio de la Ley N° 16.496 , del 15 de junio de 1994. El Fondo Multilateral de Inversiones I fue creado por el Convenio Constitutivo el 11 de febrero de 1992 (en el marco de las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo – BID), con el objetivo de fomentar el desarrollo y la implementación de la reforma de los regímenes de inversión y facilitar el incremento de los niveles de inversión privada, tanto extranjera como nacional a los efectos del desarrollo económico de los países de América Latina y el Caribe. El Preámbulo de FONIM II es muy explícito en cuanto a dar una idea general del asunto y sugerir razones para proseguir con la renovada versión del Fondo Multilateral que complementa la labor del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, por medio del presente instrumento internacional. El Artículo I establece que el objetivo general y las funciones del Fondo Multilateral II es el de brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza de los países regionales miembros tanto del Banco Interamericano como del Banco de Desarrollo del Caribe. Las funciones se establecen en la Sección 2 y se fijan en consonancia con la filosofía del Convenio, ellas son: a) promover actividades para mejorar el entorno empresarial, b) incrementar la competitividad del sector privado en la región,

c) estimular a la microempresa y la pequeña empresa regional, d) fomentar los esfuerzos de integración regional, e) compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo del sector privado, f) promover el uso de tecnología en la región, g) fomentar la innovación, h) completar la labor del Banco en pos del desarrollo, i) promover la realización de reformas jurídicas y normativas adecuadas, y j) promover un desarrollo económico ecológicamente racional y sostenible, así como la igualdad entre géneros, en toda la gama de sus operaciones. El Artículo II acuerda lo relativo a las contribuciones al Fondo, a esos efectos se detallan las distintas etapas para proceder a contribuir al Fondo contenidas en la Sección 1. “Instrumentos de aceptación y Contribución”. Se debe destacar en esta parte el desarrollo de los términos que obedecen a las distintas situaciones que emergen de la propia mecánica que estipula este artículo. El Artículo III dispone sobre las operaciones del Fondo, diferenciando su función de las del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones pese a su asociación con ambas instituciones financieras. Sin mengua de ello podrá complementar o respaldar las actividades según lo indique el Comité de Donantes. El financiamiento para cumplir con los objetivos del Fondo tomará la forma de donaciones, préstamos, garantías o cualquier combinación de las citadas modalidades. Los principios que se aplican a las operaciones del Fondo son con arreglo a los términos y reglas establecidas en el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en ese sentido en la Sección 3 se detallan diferentes circunstancias para poder otorgar recursos y financiamiento, lo que estará bajo la decisión del Comité de Donantes. El Artículo IV dispone sobre el Comité de Donantes. Tal como surge del Artículo II literal a) un Donante surge de la siguiente manera: “Tan pronto como

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sea razonablemente posible tras haber depositado el instrumento que indique que ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio de FOMIN II (en lo sucesivo un ‘Instrumento de Aceptación’, pero a más tardar sesenta (60) días después de ello, cada Probable Donante depositará en el Banco un instrumento por medio del que convenga en pagar al Fondo el monto estipulado al lado de su nombre en el Anexo A (en lo sucesivo, un ‘Instrumento de Contribución’), hecho lo cual un Probable Donante se convertirá en un ‘Donante’ en el marco del presente Convenio del FOMIN II”. Entre las varias atribuciones que se le asignan al Comité de Donantes se ubica la responsabilidad de aprobar todas las propuestas de operaciones del Fondo de acuerdo a pautas claramente establecidas en la Sección 2 de este artículo. En el Artículo V se estipulan aspectos vinculados a la vigencia del FOMIN II, como su entrada en vigor, la vigencia, terminación y distribución de los activos del Fondo ante la eventual terminación del presente Convenio. FOMIN II permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y solo podrá renovarse por un período único adicional de hasta 5 años. El Artículo VI consigna las disposiciones generales del FOMIN II. Este Convenio podrá ser firmado por cualquier miembro del Banco que no esté enumerado en el Anexo “A”, los que ya integran el Comité de Donantes. Las modificaciones al FOMIN II estarán a cargo del Comité de Donantes, las decisiones necesitan diferente quórum según los alcances de la modificación de que se trate y que se acuerda en la Sección 2. En la Sección 3 se establecen limitaciones de las respectivas responsabilidades tanto del Fondo como del Banco Interamericano de Desarrollo. Este artículo también abarca la eventual separación de un donante del presente Convenio y la situación de los Donantes del FOMIN I que son aquellos que figuran en el Anexo “A” y que tendrán la totalidad de los derechos otorgados a los “Donantes” en este Convenio. 2) Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II Este Convenio se desarrolla por medio de un preámbulo y 7 artículos. El preámbulo clarifica la situación del Fondo Multilateral de Inversiones y da razones suficientes para

comprender los vínculos entre la versión I, que fue renovada hasta el 31 de diciembre de 2007 y la versión II. Lo mismo para el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones cuya versión I será continuada por la II. Adquiere relevancia a estos efectos la reiteración de que los Probables Donantes cuyos nombres figuran en el Anexo “A” están dispuestos a dar aprobación a este Convenio. En el Artículo I se establece que el Banco Interamericano de Desarrollo continuará administrando el Fondo prestando servicios de depositario entre otros. El Artículo II dispone las operaciones del Fondo y la ejecución de sus operaciones, de las que el Banco Interamericano es responsable. El Artículo III establece que el BID será el depositario de los Convenios que estamos examinando y de los demás documentos relacionados con el Fondo. También se anota como función del depositario abrir cuentas del Banco en su carácter de administrador del Fondo con el fin de depositar en las mismas los pagos que aporten los donantes, el Banco administrara esas cuentas de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio, en especial en su Artículo II. El Artículo IV expresa la capacidad del Banco (BID) a los efectos de llevar a cabo las disposiciones del Convenio de Administración del FOMIN II, el Banco tendrá la capacidad para ejercer cualquier actividad y celebrar todos los contratos que sean necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio de Administración. No son menos importantes otros aspectos de este artículo, como ser lo referido al “estándar de cuidado” lo que significa que el Banco actuará en el desempeño de sus funciones, con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus propios asuntos. Se suma a ello la Sección referida a los “Gastos del Banco”, la “Cooperación con organismos nacionales e internacionales” y la “Evaluación de Proyectos”. El Artículo V consigna disposiciones sobre “Contabilidad e Informes”, sin duda que ello es un aspecto de nota para la administración del FOMIN II por los principios que sienta. Para ello el Banco “llevará cuentas y registros contables separados de los recursos y operaciones del Fondo y del Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa (Art. III, Sec. 2 (b) del Convenio FOMIN II). Se persigue claridad en las cuentas de modo de iden-

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tificar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relativos al Fondo y a lo relacionado con la Pequeña Empresa. También se destaca que la administración del Banco presentará, por medio de un informe anual al Comité de Donantes, información relativa al estado de los activos y pasivos del Fondo y del Fondo de la Pequeña Empresa, estado de ingresos y gastos acumulativos al respecto, estado del origen y destino de los recursos junto con notas explicativas. La contabilidad del Fondo para la Pequeña Empresa se llevará separadamente de la de los demás recursos del Fondo. El Artículo VI ubica en el documento disposiciones que son de orden en estos instrumentos: entrada en vigor, terminación del Convenio por el Banco y liquidación de las operaciones del Fondo. El Convenio de Administración del FOMIN II entrará en vigor en la misma fecha en que entre el Convenio del FOMIN II y permanecerá en vigor durante el período de vigencia del mismo. El artículo aborda otros aspectos reglamentarios a los efectos del presente artículo. Finalmente en el Artículo VII se abordan varias disposiciones generales que implican grados de cristalinidad en torno a la administración de los recursos del Fondo. Repasamos lo que a criterio del informante es más relevante: a) Los contratos que el Banco suscriba como administrador de los recursos del Fondo, en la ejecución de sus operaciones y en toda documentación vinculada al Fondo, el mismo Banco indicará que está actuando en el rol indicado. b) El Banco no podrá beneficiarse de las utilidades, ganancias o beneficios derivados del financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de operación efectuadas con cargo a los recursos del Fondo. c) En su defecto similares operaciones efectuadas con cargo a los recursos del Fondo establecerán obligaciones o responsabilidad financiera del Banco frente a los Donantes, tampoco los Donantes tienen derecho a exigir indemnización alguna al Banco por pérdida o deficiencia de una operación. d) Las enmiendas procederán ante acuerdo del Banco y el Comité de Donantes.

e) La solución de controversias del Convenio de Administración FOMIN II, entre el Banco y Comité de Donantes se resolverá por consulta mediante el régimen de consulta, de lo contrario se seguirá el criterio de arbitraje tal como se estipula en el Anexo “A”, del Convenio de Administración FOMIN II. 3) ANEXOS FOMIN II Este Convenio posee un Anexo “A” que es un documento que consigna la contribución de los probables donantes al Fondo Multilateral de Inversiones II. La contribución equivale a dólares USA. En cuanto a Uruguay, surge que aporta en total US$1.000.000 (un millón de dólares (ver contribuciones al Fondo Art. de FOMIN II). FOMIN II, Convenio de Administración Este Convenio posee un Anexo “A” que estipula el procedimiento de arbitraje. El mismo desarrolla las instancias del eventual arbitraje de las controversias mencionadas en la Sección 5, Artículo VII del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones. Son 5 los artículos que abordan la composición del Tribunal de Arbitraje, iniciación del procedimiento, constitución del tribunal, procedimiento y gastos. El documento que ha sido examinado por vuestra Comisión de Asuntos Internacionales formaliza la existencia del Fondo Multilateral de Inversiones, instituto que ha sido probado durante más de una década y media en actividades en pos de la reducción de la pobreza y fomento del crecimiento económico. Se justifica la extensión de la vigencia y el incremento en atención a los resultados de FOMIN que se exponen en los antecedentes que llegan a la Comisión. Tal como se dice “al concebir FOMIN II, los donantes procuraron plasmar las lecciones derivadas de la experiencia y habilitar al FOMIN para responder a las necesidades presentes y cambiantes de la región”. El FOMIN ha probado ser un eficaz agente de cambio en virtud que sus proyectos han abordado aspectos fundamentales del desarrollo del sector privado y de las pequeñas empresas. Al mismo tiempo no se debe perder de vista que la red de vínculos que el FOMIN ha desarrollado implica a más de 400 organizaciones del sector privado.

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En cuanto a Uruguay, el FOMIN actúa en nuestro país desde 1993, desde entonces 92 operaciones fueron aprobadas por el Comité de Donantes, el monto total aprobado asciende a US$ 68,6 millones, la Cartera Activa en nuestro territorio ha operado con gran presencia en el interior de la República siendo variada la gama de actividades que se apoyan. Luego de examinar este asunto y observando sus aristas positivas vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda acceder a la solicitud del Poder Ejecutivo y dar aprobación al proyecto de ley que se adjunta. Sala de la Comisión, 6 de julio de 2011. RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Miembro Informante, FERNANDO AMADO, JOSÉ CARLOS MAHÍA, CARMEN MILLÁN GARCÍA, DANIEL PEÑA, MARTÍN ELGUE. PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Apruébase el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos, suscritos el 9 de abril de 2005 en Okinawa, Japón. Sala de la Comisión, 6 de julio de 2011. RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Miembro Informante, FERNANDO AMADO, JOSÉ CARLOS MAHÍA, CARMEN MILLÁN GARCÍA, DANIEL PEÑA, MARTÍN ELGUE”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Martínez Huelmo. SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: el presente proyecto de ley persigue aprobar el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus anexos. Podemos decir que nuestro país posee la experiencia de haber participado en la primera versión de este Fondo al haberlo ratificado por medio de la Ley N° 16.496, del 15 de junio de 1994. El Fondo Multilateral de Inversiones I fue creado por el Convenio Constitutivo el 11 de febrero de 1992 -en el marco de

las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-, con el objetivo de fomentar el desarrollo y la implementación de la reforma de los regímenes de inversión y facilitar el incremento de los niveles de inversión privada, tanto extranjera como nacional, a los efectos del desarrollo económico de los países de América Latina y El Caribe. El Preámbulo de FOMIN II -que estamos estudiando- es muy explícito en cuanto a dar una idea general del asunto y sugerir razones para proseguir con la renovada versión del Fondo Multilateral que complementa la labor del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, por medio del presente instrumento internacional. El Artículo I establece que el objetivo general y las funciones del Fondo Multilateral II es dar apoyo al crecimiento económico y reducir la pobreza de los países regionales miembros, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco de Desarrollo del Caribe. Las funciones se establecen en la Sección 2 y se fijan en consonancia con la filosofía del Convenio; ellas son: promover actividades para mejorar el entorno empresarial; incrementar la competitividad del sector privado en la región; estimular la microempresa y la pequeña empresa regional; fomentar los esfuerzos de integración regional; compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo del sector privado; promover el uso de tecnología en la región; fomentar la innovación; completar la labor del Banco en pos del desarrollo, etcétera. El Artículo II acuerda lo relativo a las contribuciones al Fondo. El Artículo III dispone sobre las operaciones del Fondo, diferenciando su función de las del BID y de las de la Corporación Interamericana de Inversiones. El Artículo IV dispone sobre el Comité de Donantes. En el Artículo V se estipulan aspectos vinculados a la vigencia del Convenio del FOMIN II. El Artículo VI consigna las disposiciones generales del Convenio del FOMIN II. Aquí terminan las consideraciones en cuanto al Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II.

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Con respecto al Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, podemos decir que se desarrolla por medio de un preámbulo y siete artículos. En el Artículo I se establece que el Banco Interamericano de Desarrollo continuará administrando el Fondo y prestando servicios de depositario, entre otros. El Artículo II dispone las operaciones del Fondo y su ejecución, de las que el Banco Interamericano es responsable. El Artículo III establece que el BID será el depositario de los Convenios que estamos examinando y de los demás documentos relacionados con el Fondo. También se anota como función del depositario abrir cuentas del Banco en su carácter de administrador del Fondo con el fin de depositar en ellas los pagos que aporten los donantes. Además, el Banco administrará esas cuentas de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio, en especial en su Artículo II. El Artículo IV expresa la capacidad del Banco -del BID- a los efectos de llevar a cabo las disposiciones del Convenio de Administración del FOMIN II. Además, el Banco tendrá capacidad para ejercer cualquier actividad y celebrar todos los contratos que sean necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio de Administración. El Artículo V consigna disposiciones sobre “Contabilidad e Informes” para la administración de este Convenio. El Artículo VI ubica en el documento disposiciones que son de orden en estos instrumentos: entrada en vigor, terminación del Convenio por el Banco y liquidación de las operaciones del Fondo. Finalmente, en el Artículo VII se abordan varias disposiciones generales que implican grados de cristalinidad en torno a la administración de los recursos del Fondo. En el Anexo I del proyecto de ley encontrarán la información detallada. En cuanto a los anexos, el FOMIN II tiene el Anexo A, que es un documento que consigna la contribución de los probables donantes al Fondo Multilateral de Inversiones II. La contribución equivale a dólares norteamericanos.

En cuanto a Uruguay, surge que aporta en total US$ 1:000.000 a este Fondo. El FOMIN II, referido al Convenio de Administración también posee un Anexo A, que estipula el procedimiento de arbitraje. Este desarrolla las instancias del eventual arbitraje de las controversias mencionadas en la Sección 5, Artículo VII del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones. El documento ha sido examinado y aprobado por la unanimidad de la Comisión de Asuntos Internacionales, en virtud de que su evolución resulta beneficioso para los intereses de Uruguay. El Convenio ha sido aplicado aquí desde el año 1992 y se conocen noventa y dos operaciones que fueron aprobadas por el Comité de Donantes. El monto total aprobado para estas noventa y dos operaciones -según se informa en los antecedentes de este asunto- asciende a aproximadamente US$ 68:000.000. Por lo expuesto y por lo que figura en la exposición de motivos, recomendamos la aprobación de esta segunda versión del Fondo de Inversiones. Es cuanto quería manifestar. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. (No se publica el texto aprobado por ser igual al informado)

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18.- Banco Interamericano de Desarrollo. (Se autoriza a la República a suscribir el aumento general de su capital y a efectuar aportes adicionales al Fondo para Operaciones Especiales).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en sexto término del orden del día y que pasó a ser quinto: “Banco Interamericano de Desarrollo. (Se autoriza a la República a suscribir el aumento general de su capital y a efectuar aportes adicionales al Fondo para Operaciones Especiales)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 665 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Economía y Finanzas Montevideo, 20 de mayo de 2011. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley que autoriza al Gobierno a suscribir el aumento general del capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a efectuar aportes adicionales al Fondo para Operaciones Especiales de dicho organismo. El 21 de julio de 2010, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo adoptó la Resolución AG-7/10, mediante la cual aprueba el “Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo”, contenido en el documento AB-2764. Dicho informe propone: (i) un aumento de US$ 70.000 millones en el capital ordinario autorizado por el Banco; (ii) un aumento de US$ 479 millones en los recursos del Fondo para Operaciones Especiales; y (iii) las políticas y directrices generales para las operaciones del Banco, incluidas las reformas institucionales y otras medidas que han de asociarse con dichos aumentos. El fortalecimiento institucional de este organismo financiero internacional, mediante el aumento de su capacidad financiera, es una condición necesaria para que pueda continuar brindando apoyo al desarrollo social y económico de la región de América Latina y el Caribe. El objetivo propuesto no es solamente aumentar la capacidad financiera del BID, sino también formular una nueva estrategia institucional y una agenda para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernanza en

el Banco. En dichas propuestas se ha prestado la debida atención a los objetivos fundamentales de reducir la pobreza y la desigualdad y fomentar el crecimiento, así como ofrecer apoyo preferencial a los países menos desarrollados de la región y promover el desarrollo a través del sector privado. Desde el año 1993 a la fecha, el BID aprobó 76 operaciones de préstamos en nuestro país, por un monto total de US$ 3.763:000.000,00 (tres mil setecientos sesenta y tres millones de dólares de los Estados Unidos de América), con un monto promedio por operación de US$ 49:500.000,00 (cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). De acuerdo al aumento de capital propuesto, nuestro país estará autorizado a suscribir 66.967 (sesenta y seis mil novecientos sesenta y siete) acciones adicionales correspondientes, de las cuales 1.627 (mil seiscientos veintisiete) acciones son de capital pagadero en efectivo y 65.340 (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta) acciones de capital exigible. El precio de cada acción es de US$ 12.063,43238 (doce mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 43238/00000), por lo que la suscripción total asciende a US$ 807.851.876,19146 (ochocientos siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 19146/00000). Uruguay realizaría los pagos correspondientes a su suscripción al aumento del capital ordinario pagadero en efectivo en cinco cuotas anuales, las primeras por un monto de US$ 3:920.615,52 (tres millones novecientos veinte mil seiscientos quince dólares de los Estados Unidos de América con 52/100) cada una y la quinta por un monto de US$ 3:944.742,39, (pesos uruguayos tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 39/100), mientras que realizaría la suscripción al aumento del capital ordinario exigible en cinco cuotas anuales, cada una por un monto de US$ 157:644.934,34 (ciento cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro dólares con 34/100). En lo que refiere al Fondo para Operaciones Especiales, nuestro país se compromete a efectuar un aporte adicional de US$ 2:741.494,00 (dos millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América). El mismo podrá pagarse mediante una cuota única de US$ 2.741.494,00 (dos millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares de los

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Estados Unidos de América) o en cinco cuotas anuales de US$ 592.129,00 (quinientos noventa y dos mil ciento veintinueve dólares de los Estados Unidos de América). Las últimas suscripciones e integraciones de capital del BID, así como las últimas contribuciones efectuadas al Fondo para Operaciones Especiales por parte de nuestro país fueron autorizadas por la Ley Nº 16.715, de 22 de setiembre de 1995, en el marco del “Octavo Aumento General de Recursos”. La integración de los nuevos aportes sería realizada por el Banco Central del Uruguay y formarían parte de su capital, de acuerdo a lo establecido por el artículo 471 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967. Por todo lo expuesto, se entiende conveniente proceder a la suscripción de las referidas acciones del capital ordinario del BID, de forma de apoyar el fortalecimiento institucional del organismo y al mismo tiempo dotar a nuestro país y a la jurisdicción que actualmente integra junto con Bolivia y Paraguay del mayor poder de votación posible, así como también efectuar el mencionado aporte adicional al Fondo para Operaciones Especiales del Banco. Saludan al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, PEDRO BUONOMO. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Apruébase el aumento de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “Noveno Aumento General de Recursos” que comprende un aumento en el capital autorizado de US$ 70.000:000.000,00 (setenta mil millones de dólares de los Estados Unidos de América) y un aumento en el Fondo para Operaciones Especiales de US$ 479:000.000,00 (cuatrocientos setenta y nueve millones de dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores mediante Resolución AG-7/10, de 21 de julio de 2010. Artículo 2º.- El Gobierno de la República suscribirá el número de acciones adicionales correspondiente a Uruguay, que es de 66.967, de las cuales 1.627 acciones son de capital pagadero en efectivo y 65.340 acciones de capital exigible. El precio de cada acción es de US$ 12.063,43238 (doce mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 43238/00000), por lo que la suscripción total asciende a US$ 807.851.876,19146 (ochocientos siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y

seis dólares de los Estados Unidos de América con 19146/00000). Artículo 3º.- En lo que refiere al Fondo para Operaciones Especiales, el Gobierno de la República efectuará un aporte de hasta US$ 2:741.494,00 (dos millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América). Artículo 4º.- La integración de los nuevos aportes será realizada por el Banco Central del Uruguay y formarán parte de su capital, de acuerdo a lo establecido por el artículo 471 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967. Montevideo, 20 de mayo de 2011. PEDRO BUONOMO. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Apruébase el aumento de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “Noveno Aumento General de Recursos” que comprende un aumento en el capital autorizado de US$ 70.000:000.000 (setenta mil millones de dólares de los Estados Unidos de América) y un aumento en el Fondo para Operaciones Especiales de US$ 479:000.000 (cuatrocientos setenta y nueve millones de dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores mediante Resolución AG-7/10, de 21 de julio de 2010. Artículo 2º.- El Gobierno de la República suscribirá el número de acciones adicionales correspondiente a Uruguay, que es de 66.967, de las cuales 1.627 acciones son de capital pagadero en efectivo y 65.340 acciones de capital exigible. El precio de cada acción es de US$ 12.063,43238 (doce mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 43238/00000), por lo que la suscripción total asciende a US$ 807:851.876,19146 (ochocientos siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 19.146/00000). Artículo 3º.- En lo que refiere al Fondo para Operaciones Especiales, el Gobierno de la República efectuará un aporte de hasta US$ 2:741.494 (dos millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América).

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Artículo 4º.- La integración de los nuevos aportes será realizada por el Banco Central del Uruguay y formará parte de su capital, de acuerdo con lo establecido por el artículo 471 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de agosto de 2011. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. Anexo I al Rep. Nº 665 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Hacienda INFORME Señores Representantes: Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado y aprobado por unanimidad, el proyecto de ley denominado Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorización para el incremento del capital general del mismo, así como de los aportes adicionales de la República al Fondo para Operaciones Especiales. Este proyecto de ley está dirigido a materializar el aporte de la República al último aumento de capital del BID acordado en la Asamblea de Gobernadores del 21 de julio de 2010. En dicha reunión, el conjunto de países integrantes del BID se comprometieron a aumentar en US$ 70.000:000.000 el aporte de los distintos socios para la ampliación de capital. El último antecedente de capitalización como la planteada fue en el año 1994. El proceso de incorporación de capital que tiene que realizar cada país tiene dos partes: – Una de ellas es cuando se suscriben acciones pagaderas en efectivo, hay una integración de efectivo por un monto sensiblemente menor a la segunda forma de aportación; suscripción de acciones, simplemente son acciones que la República deja como constancia de garantía frente a estos organismos, repitiendo el actual mecanismo de financiamiento del BID sumado a las características consideradas por los Gobernadores referidas a esta ampliación de capital. En las negociaciones de ampliación de capital la República acordó realizar un aporte en efectivo por US$ 19:627.204,47 y una suscripción de acciones por

US$ 788:224.671,70, que es la forma de garantía que la misma le ofrece el BID. La suma de estas dos modalidades representa un aporte de capital por US$ 807:851.876. La forma en que opera la capitalización es gradual. Estas garantías son emitidas a lo largo de un período de cinco años, iniciándose el 31 de octubre de 2011. Es decir, estamos a un mes de que se tenga que hacer efectiva esta primera contribución. Son cuotas idénticas, tanto las pagaderas en efectivo como las de suscripción de acciones de garantía. En el caso de las acciones pagaderas en efectivo la cifra anual que la República tiene que incorporar es de US$ 3:920.615,52, y la suscripción de acciones que debemos realizar año a año durante cinco Ejercicios, es por US$ 157:644.934. Por lo tanto, el proceso de capitalización es gradual y se extiende desde el 31 de octubre de este año hasta el 31 de octubre de 2015. Este es el cronograma planteado. Por otra parte, el proyecto de ley incorpora una norma a través del artículo 3º planteando la reposición de recursos del denominado Fondo de Operaciones Especiales del BID, que básicamente es el mecanismo financiero que utiliza la institución para favorecer a países de menor desarrollo y en condiciones desventajosas en la región. Este Fondo de Operaciones Especiales (FOE), es el expediente mediante el cual se otorgan condiciones diferentes a las de todos los prestatarios a un conjunto de países, que en el BID se les conoce como países FOE, porque recurren y tienen posibilidades de acceder a ese Fondo. Este es un Fondo al cual la República contribuye pero no accede, no utiliza. En el caso del FOE, el aporte de la República depende de si se hace en una única vez o en cinco cuotas consecutivas. En principio, la opción de hacer un pago contado da una incorporación de US$ 2:741.494 y, si lo hiciéramos en cinco cuotas sería un total de US$ 2:960.645 en cuotas anuales, en el mismo período y en la misma cadencia que en el caso de la reposición de capital, por US$ 592.129. La República pretende realizar estos dos mecanismos de capitalización en tiempo y forma. Cabe destacar que la mitad de todo el financiamiento que nuestro país ha contratado con multilaterales de crédito, corresponde al BID, aproximadamente US$ 2.100:000.000.

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La aprobación de esta capitalización tiene especial relevancia política, porque en caso de que no ocurriera en tiempo y forma tendríamos un BID disminuido en sus capacidades de financiamiento de manera muy importante. Estamos hablando de que la reposición de capital es absolutamente esencial para que el BID pueda mantener -y acrecentar si quisiera- los niveles de desembolso y aprobaciones que ha tenido en los últimos años. Nuestro compromiso con la aprobación del proyecto es importante, máxime que nuestro país, en marzo de 2012, será anfitrión de la próxima Asamblea de Gobernadores, que se llevará a cabo en Montevideo. Por lo expuesto estamos solicitándole al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley para lograr su rápida promulgación y cumplir en tiempo y forma con los acuerdos asumidos en la Asamblea de Gobernadores del BID referida. Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2011. GUSTAVO BERNINI, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, HEBER BOUSSES, IRENE CABALLERO, GERMÁN CARDOSO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, ANDRÉS LIMA, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, ANA LÍA PIÑEYRÚA, IVÁN POSADA, PABLO D. ABDALA, Delegado de Sector, artículo 132 del Reglamento, de la Cámara de Representantes”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: el proyecto de ley que estamos considerando está dirigido a materializar el aporte de la República al último aumento de capital del BID, acordado en la Asamblea de Gobernadores del 21 de julio de 2010. El último antecedente inmediato fue a través de la Ley N° 16.715, de 22 de setiembre de 1995, donde también se hicieron los ajustes de capital y los aportes de nuestro país al citado organismo. En esta última reunión de la Asamblea de Gobernadores, el 21 de julio de 2010, el conjunto de países integrantes del BID se comprometió a aumentar en

US$ 70.000:000.000 el aporte de los distintos socios para la ampliación de capital. El proceso de incorporación de capital que debe realizar cada país tiene dos partes. Una, cuando se suscriben acciones pagaderas en efectivo; hay una integración de efectivo por un monto sensiblemente menor a la segunda forma de aportación, la suscripción de acciones. Simplemente, son acciones que la República deja como constancia de garantía frente a estos organismos, repitiendo el actual mecanismo de financiamiento del BID, sumado a las características consideradas por los Gobernadores referidas a esta ampliación de capital. En las negociaciones de esa ampliación de capital, nuestro país acordó realizar un aporte en efectivo por US$ 19:627.204,47 y una suscripción de acciones por US$ 788:224.671,70, que es la forma de garantía que le ofrece el BID. La suma de estas dos modalidades representa un aporte de capital por US$ 807:851.876. La forma en que opera la capitalización es gradual. Estas garantías son emitidas a lo largo de un período de cinco años, iniciándose el 31 de octubre de 2011. Es decir, estamos a menos de un mes de que Uruguay tenga que cumplir con ese compromiso asumido. Son cuotas idénticas, tanto las pagaderas en efectivo, como las de suscripción de acciones de garantía. En el caso de las acciones pagaderas en efectivo, la cifra anual que la República tiene que incorporar es de US$ 3:920.615,52, y la suscripción de acciones que debemos realizar año a año durante cinco Ejercicios, es de US$ 157:644.934. Por lo tanto, el proceso de capitalización es gradual y se extiende desde el 31 de octubre de este año hasta el 31 de octubre de 2015. Este es el cronograma planteado. Por otra parte, el proyecto de ley incorpora una norma a través del artículo 3º, planteando la reposición de recursos del denominado Fondo para Operaciones Especiales del BID, que básicamente es el mecanismo financiero que utiliza la institución para favorecer a países menos desarrollados y en condiciones desventajosas en la región. Este Fondo para Operaciones Especiales -FOE- es el expediente mediante el cual se otorgan condiciones diferentes a las de todos los prestatarios a un conjunto de países, que en el BID se les conoce como países

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FOE, porque recurren y tienen posibilidades de acceder a ese Fondo. Este es un Fondo al cual nuestra República contribuye pero no accede, no utiliza. En el caso del FOE, el aporte de la República depende de si se hace en una única vez o en cinco cuotas consecutivas. En principio, la opción de hacer un pago contado da una incorporación de US$ 2:741.494 y, si lo hiciéramos en cinco cuotas, sería un total de US$ 2:960.645 en cuotas anuales, en el mismo período y en la misma cadencia que en el caso de la reposición de capital, por US$ 592.129. Nuestro país pretende realizar estos dos mecanismos de capitalización en tiempo y forma. Cabe destacar que la mitad de todo el financiamiento que nuestro país ha contratado con multilaterales de crédito corresponde al BID, aproximadamente, US$ 2.100:000.000. La aprobación de esta capitalización tiene especial relevancia política, porque en caso de que no ocurriera en tiempo y forma, tendríamos un BID disminuido en sus capacidades de financiamiento de manera muy importante. Estamos hablando de que la reposición de capital es absolutamente esencial para que el BID pueda mantener -y acrecentar si quisiera- los niveles de desembolso y aprobaciones que ha tenido en los últimos años. Nuestro compromiso con la aprobación del proyecto es importante, máxime teniendo en cuenta que, en marzo de 2012, nuestro país será anfitrión de la próxima Asamblea de Gobernadores, que se llevará a cabo en Montevideo. Por lo expuesto, solicitamos al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley para lograr su rápida promulgación y cumplir en tiempo y forma con los acuerdos asumidos en la referida Asamblea de Gobernadores del BID. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Saludamos a los alumnos y maestros de la Escuela N° 54 de la ciudad de Artigas. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular. SEÑOR BERNINI.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos y para que se voten en bloque. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a votar la moción del señor Diputado Bernini. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 1° a 4° inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: como tenemos un problema de plazos, ya que el 31 de octubre es la fecha límite para realizar el aporte, entendemos que correspondería que este proyecto fuera comunicado de inmediato al Poder Ejecutivo SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

19.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Jorge Gandini, por motivos personales, inciso tercero del artículo

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primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2011, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero. Ante la incorporación del señor Representante Jorge Gandini a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 12 y 20 de octubre de 2011, se convoca para integrar la representación a la suplente siguiente señora Irene Caballero. De la señora Representante Ivonne Passada, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la 125 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza, por el período comprendido entre los días 12 y 23 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Bousses. De la señora Representante Daniela Payssé, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la 12ª. Edición del Foro de Biarritz, para reflexionar sobre el tema “ Es Posible un Nuevo Modelo de Desarrollo para América Latina y el Caribe?”, a realizarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, por el día 14 de octubre de 2011, convocándose a la suplente siguiente, señora Eloísa Moreira. De la señor Representante José Carlos Mahía, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la 125 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza, por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. Del señor Representante Álvaro Vega Llanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Rodríguez. Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Aníbal Pereyra por motivos personales, por el período comprendido entre los días 11 y 21 de octubre de 2011, rectifícase la misma, indicando que integra la Cámara de Senadores a partir del día de la fecha, convócase para integrar la representación a la suplente si-

guiente señora Sandra Lazo, mientras el _señor Representante Aníbal Pereyra desempeñe el cargo de Senador. Del señor Representante José Andrés Arocena, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Germán Lapasta. Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Álvarez. Del señor Representante Juan Carlos Souza, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 11 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Víctor Semproni por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 18 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Alpuy”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán en la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda licencia por motivos personales por el día 11 de octubre de 2011. Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida, JORGE GANDINI Representante por Montevideo”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini, por el día 11 de octubre de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la convocatoria de la que he sido objeto para integrar la Cámara de Senadores por los días 12 y 20 de octubre de 2011, solicito se convoque a mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida, JORGE GANDINI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini, se incorporará a la Cámara de Senadores período comprendido entre los días 12 y 20 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y a la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes, RESUELVE: Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 12 y 20 de octubre de 2011, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 7 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia los días 12 al 23 de octubre de 2011 por tareas inherentes al cargo para concurrir a la 125ª Asamblea y Reuniones Conexas de la Unión Interparlamentaria, que se realizará en Berna, Suiza. Adjunto la documentación correspondiente. Atentamente, IVONNE PASSADA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 7 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante. Sin más, saluda atentamente. Julio Baráibar”. “Montevideo, 7 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante. Sin más, saluda atentamente. Daniel Montiel”.

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“Montevideo, 7 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante. Sin más, saluda atentamente. José Fernández”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, para asistir a la 125 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 23 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Julio Baráibar, Daniel Montiel y José Fernández. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 12 y 23 de octubre de 2011, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, para asistir a la 125 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Julio Baráibar, Daniel Montiel y José Fernández. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-

ción Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Heber Bousses. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por el día 12 de octubre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal D), que establece la causal “obligaciones notorias” del legislador. Durante ese día participaré invitada por el “Foro de Biarritz”, especializado en las relaciones EuropaAmérica Latina, ha elegido reflexionar sobre el tema “Es posible un nuevo modelo de desarrollo para América Latina y El Caribe”, a realizarse en Santo Domingo, República Dominicana los días 13 y 14 de octubre. Se adjunta invitación y programa. Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente, DANIELA PAYSSÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Foro de Biarritz, a efectos de reflexionar sobre el tema “Es Posible un Nuevo Modelo de Desarrollo para América Latina y El Caribe”, a desarrollarse en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo 1º de esta.

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia para viajar al exterior, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Foro de Biarritz, a efectos de reflexionar sobre el tema “Es Posible un Nuevo Modelo de Desarrollo para América Latina y El Caribe”, a desarrollarse en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, por el día 12 de octubre de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Eloísa Moreira. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 12 al 22 de octubre inclusive, y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, inciso C) que establece la causal “misión oficial” del legislador. Motiva dicha solicitud mi participación en la Asamblea 125 de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas a celebrarse en Berna (Suiza). Se adjunta invitación. Saluda atentamente, JOSÉ CARLOS MAHÍA Representante por Canelones”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Luis Enrique Gallo”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Juan Ripoll”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Gabriela Garrido”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Silvia Camejo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Carlos Mahía, pa-

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ra participar en la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Luis E. Gallo, Juan Ripoll, Gabriela Garrido y Silvia Camejo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Carlos Mahía, para participar en la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Luis E. Gallo, Juan Ripoll, Gabriela Garrido y Silvia Camejo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121738, del Lema Partido Frente Amplio, señor Eduardo Márquez. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 12 de octubre del corriente año, por motivos particulares. Sin otro particular, le saluda atentamente, ÁLVARO VEGA LLANES Representante por Florida”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, Álvaro Vega Llanes. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, Álvaro Vega Llanes, por el día 12 de octubre de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Rodríguez. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por los días 11 al 21 de octubre, por haber sido convocado al Senado. Sin otro particular, saluda atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: I) La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra por el período comprendido entre los días 11 y 21 de octubre de 2011. II) Que la Cámara de Representantes, con fecha 11 de octubre de 2011, convocó a la señora Sandra Lazo, para ejercer la suplencia correspondiente. III) Que el señor Representante Aníbal Pereyra presenta nota rectificando la licencia concedida por

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motivos personales por haberse incorporado en el día de la fecha a la Cámara de Senadores como suplente de la señora Senadora Lucia Topolansky. IV) Que el señor Raúl Servetto no acepta, por esta vez, la convocatoria de que ha sido objeto. RESULTANDO: Que procede rectificar la licencia oportunamente concedida. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Rectificase la licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el Departamento de Rocha Aníbal Pereyra, autorizándolo a integrar la Cámara de Senadores a partir del día de la fecha y hasta tanto la señora Senadora Lucía Topolansky ejerza la Presidencia de la Cámara de Senadores. 2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente, señor Raúl Servetto. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a partir del día de la fecha y hasta tanto la señora Senadora Lucía Topolanky ejerza la presidencia de la Cámara de Senadores, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Sandra Lazo. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva autorizar licencia por motivos personales para el día 12 de octubre, procediéndose a la convocatoria del correspondiente suplente. Sin otro particular, le saludo atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”.

“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Nelson Pérez Cortelezzi”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nelson Pérez Cortelezzi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 12 de octubre de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nelson Perez Cortelezzi. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Germán Lapasta. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente solicito licencia del día 24 del corriente al 4 de noviembre próximo, por motivos personales, de acuerdo al inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. Asimismo solicito se convoque al suplente correspondiente. Saluda atentamente, RICARDO BEROIS Representante por Flores”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, por el período comprendido entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 904, del Lema Partido Nacional, señor Julio Álvarez. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan digna-

mente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 11 de octubre, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza, por el día 11 de octubre de 2011. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 18 de octubre de 2011, por motivos personales. Saluda atentamente, VÍCTOR SEMPRONI Representante por Canelones”.

20.- Plan Nacional de Integración SocioHabitacional ‘Juntos’. (Aprobación).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer término del orden del día y que pasó a ser sexto: “Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional ‘Juntos’. (Aprobación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 648 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 23 de diciembre de 2010. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, en el marco de lo preceptuado en el Decreto 171/2010, de 31 de mayo de 2010, tiene el agrado de enviar a la consideración de ese Cuerpo, el proyecto de ley del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.- Antecedentes En nuestro país persiste y aún más, se agrava la problemática de sectores importantes de la población marginados y carentes de una vivienda digna. La problemática se expresa, a través de periferias desestructuradas, centros urbanos degradados, asentamientos categorizados como irregulares, casas y edificios ocupados siendo todas ellas situaciones que agudizan la inequidad y la segregación socio-espacial. Todo ello requiere de medidas y políticas concretas, pero también de grados crecientes de conciencia social a nivel de la opinión pública. El Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos, entonces, debe ser considerado dentro de una política de hábitat integral y debe, además, ser acompañado de múltiples Políticas Sociales, estratégicamente diseñadas, y un conjunto de acciones e instrumentos que se articulen y actúen sobre las problemáticas que hacen a la vida de las comunidades. El hábitat y la vivienda se encuentran entre las necesidades más sentidas por las personas que viven en barrios precarios, constituyendo por sí mismos núcleos movilizadores y motivantes de su propia organización. Estas necesidades básicas, que hacen a la vida cotidiana, constituyen a la vez que un punto de partida para el trabajo conjunto, un motor para el cambio cultural.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni, por el día 18 de octubre de 2011. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nelson Alpuy. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

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Por último, si bien factores como el empleo, el salario y la educación, tienen un peso significativo a la hora de intervenir en la problemática, no podemos perder de vista ni dejar de actuar sobre otras causas de peso radical a la hora de intentar frenar la segregación social, como es, por ejemplo, la especulación de la tierra y de las viviendas. Es en este contexto de emergencia sociohabitacional que se hace necesario un marco general legal con el fin de abordar la problemática precedentemente expuesta. El Poder Ejecutivo por Decreto 171/2010, de 31 de mayo de 2010, declara la emergencia socio-habitacional y mandata la redacción de un proyecto de ley que contenga los instrumentos jurídicos necesarios para la intervención, la modalidad operativa en lo organizativo y funcional y las líneas de acción y programas. En cumplimiento de tal mandato se elaboró el presente. 2.- ESTRUCTURA DE LA LEY CAPÍTULO I. Declaración de emergencia, interés general y orden público. El proyecto comienza por declarar la emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema o indigencia, consecuencia del deterioro socio-económico de sectores de la población y de la falta de oportunidades de acceso a la vivienda y hábitat digno (artículo 1º). En virtud del mandato Constitucional contenido en los artículos 45 y 46, el proyecto declara de interés nacional la ejecución del Plan Juntos con el objetivo de contribuir a través de la implementación de acciones estratégicas de impacto urbano habitacional, a la mejora de la calidad de vida, en especial de aquellos sectores más vulnerables de la población y dispone que sus normas sean de carácter imperativo (artículo 1º). Se establece entre los objetivos del Plan el abordaje de la problemática de amplios sectores de la población, que viven en situación de pobreza o indigencia, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la integración social, el fortalecimiento de la participación así como la implementación de acciones estratégicas tendientes a la mejora del hábitat y la vivienda (artículo 2º). Asimismo se proyecta la articulación de los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, ya sea en especie o en dinero, o mediante trabajo voluntario y la coordinación de acciones con los demás organismos públicos y Gobiernos Departamentales (artículo 2º).

En el ámbito objetivo de aplicación del Plan se plantean tres formas de intervención: a) mejoramiento de la vivienda, b) relocalización en aquellos casos de asentamientos no regularizables por situación de riesgo por inundabilidad y/o contaminación o cuando contravengan los Instrumentos de ordenamiento territorial, y c) la dotación o fortalecimiento de la infraestructura de asentamientos y/o áreas precarizadas (artículo 2º). Entre las líneas de acción y programas se definen aquellas que corresponden al Plan, entre las que se destacan aquellas relativas a la política de habitabilidad, a saber: mejora del hábitat existente y el apoyo a la generación de nueva oferta para el hábitat; y las correspondientes a políticas sociales, consistentes en: promoción y apoyo a la gestión social participativa, apoyo a programas de inserción laboral y finalmente apoyo a la ampliación de cobertura y acceso a los servicios socio-culturales (artículo 3º). Se establece que los demás organismos del Estado y Gobiernos Departamentales podrán coadyuvar mediante la ejecución de sus propios programas y planes, al cumplimiento de los objetivos del Plan (artículo 3º). CAPÍTULO II. Organización y estructura. Se crea una unidad ejecutora como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, funcionando en la órbita de la Presidencia de la República, que se denomina Unidad Operativa Central (artículo 4º). Se establecen sus competencias, entre las cuales se encuentran: proponer anualmente al Poder Ejecutivo, para su aprobación, las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos, ejecutar y dictar sus resoluciones intervención, realizar el seguimiento de las políticas aplicables al mismo, así como las que se coordinen con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos (artículo 5º). En aras de priorizar la organización de la población participante, la principal forma de acceso al Plan será mediante las propuestas de la población organizada, sin perjuicio de la iniciativa de los Gobiernos Departamentales y de aquellas intervenciones que la Unidad Operativa Central estime conveniente (artículo 5º). Como soporte del órgano Unidad Operativa Central se crea una Comisión Directiva integrada por tres miembros, uno representante de la Presidencia de la República, otro del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otro del Ministerio de Desarrollo, dejándose para la reglamentación

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que dicte el Poder Ejecutivo, la forma de actuación del órgano colegiado de dirección (artículo 6º). De esta Comisión Directiva dependerá el Equipo Interdisciplinario, como órgano asesor (artículo 7º). CAPÍTULO III. Ámbito de aplicación subjetivo del Plan Juntos. El proyecto de ley dispone que amparará aquella población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, definiéndola como aquella que se encuentra en la franja poblacional de pobreza extrema (artículo 8º). Se dispone además que el Plan Juntos atenderá aquella población participante que se encuentre en situación de precariedad socio-habitacional, la que será titular de derechos y obligaciones, participando en todas las etapas del proceso de diagnóstico de la situación, identificación de prioridades, diseño de proyectos, toma de decisiones, ejecución y evaluación de obras, entre otras (artículo 8º). Se crea la figura del Núcleo Familiar Participante (artículo 8º) y el Registro Único de Participantes del Plan (RUPP) con determinados requisitos para acceder al mismo, quedando su implementación a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo (artículo 9º). Respecto al egreso de los integrantes de los núcleos familiares participantes del Plan se establecen determinadas causales, disponiéndose, además que dicho egreso aparejará su baja del RUPP y la resolución de pleno derecho del contrato de comodato, sin que le corresponda derecho alguno a indemnización, ni a reembolso por la mano de obra aportada (artículo 10). CAPÍTULO IV. Modalidades de construcción. Prestadores de trabajo. Régimen de seguridad social. Se establecen normas acerca de las modalidades de obra o construcción, priorizándose la autoconstrucción y la mano de obra benévola (artículo 11). Acerca de los prestadores de trabajo, se incluyen a modo enunciativo, distintas modalidades, quedando expresamente establecido que la relación de dependencia de los trabajadores que se integren a la ejecución del Plan se regulará de acuerdo a lo que se establezca en la normativa vigente y en los convenios y/o contratos que se suscriban a tales efectos. Asimismo, se prevé que los prestadores de trabajo en ningún caso generarán derechos para el ingreso a la función pública (artículo 12).

En relación al régimen de seguridad social, como forma de subsidio a aquellas empresas privadas contribuyentes al Banco de Previsión Social que aporten a su costo trabajo en aras de la ejecución del Plan, se establece que podrán ser de cargo de la Unidad Operativa Central debiendo ésta solicitar la habilitación de los créditos correspondientes por parte de Rentas Generales (artículo 13). Se deja reservada a la reglamentación que se dicte, y en atención a la naturaleza del Plan, formas eventuales de flexibilización de los requisitos para el acceso al registro de las obras enmarcadas en la ejecución del Plan, así como de los trabajadores en las distintas modalidades de trabajo (artículo 14). CAPÍTULO V. Recursos financieros del Plan Juntos. En relación a los recursos con los cuales se financiará el Plan, se incluyen recursos presupuestales y extra presupuestales (artículo 16). Se crea el Fondo Nacional del Plan (FONAP), que funcionará en la órbita de la Unidad Operativa Central quien tendrá su titularidad, disponibilidad y administración (artículo 15). Se proyecta que la Unidad Operativa Central tendrá la facultad de realizar contratos de fideicomiso (artículo 18). Por otra parte se incorpora una nueva excepción al numeral 3) del artículo 33 del TOCAF a los procesos competitivos de compra para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad Operativa Central (artículo 17). CAPÍTULO VI. Exoneraciones tributarias e incentivos fiscales al Plan Juntos. Se establecen exoneraciones tributarias a las donaciones y legados cuyo destinatario sea el Plan Juntos, así como a las tareas de ejecución y regularización de obras, entre otros (artículo 19). Se disponen además incentivos fiscales a las donaciones cuyo destinatario sea el Plan Juntos (artículo 20). CAPÍTULO VII. Adjudicación de las viviendas. Se prevé como principio rector del Plan Juntos otorgar a los participantes seguridad jurídica en la tenencia de los inmuebles donde se encuentran ubicadas las viviendas que habitan en las que interviene, así como transferirles la propiedad del inmueble sin ninguna contrapartida más que la autoconstrucción de su vivienda o la ayuda mutua en la construcción (artículo 21). No obstante ello, en forma transitoria y hasta tanto no se proceda a la adjudicación definitiva, se

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otorgará a los participantes la tenencia de las viviendas mediante contrato de comodato (artículo 22). Se estipula un plazo mínimo de diez años de inalienabilidad a efectos de fomentar el afincamiento y evitar la especulación inmobiliaria entre los participantes. En este lapso, se impide la disposición del bien salvo autorización expresa de la Unidad Operativa Central (artículo 23). En este caso, de procederse a la venta, tendrá preferencia para su adquisición la Unidad Operativa Central del Plan y en los demás casos al enajenar se le deberá reintegrar el valor del terreno al que accede la vivienda y las mejoras efectuadas, descontando el valor de la mano de obra aportada (artículo 24). Se prevé además respecto al derecho de habitación que en caso de fallecimiento de cualquier integrante del núcleo familiar participante no se aplicará el artículo 881.1 del Código Civil (artículo 25). Por otra parte, a los únicos efectos de la ejecución del Plan y con carácter excepcional, ante la emergencia socio-habitacional, se entendió pertinente modificar una serie de instrumentos jurídicos que le den mayor celeridad a los procedimientos vigentes. Así, en materia de expropiaciones, se declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles que se requieran para la ejecución del Plan Juntos (artículo 26) y sin desconocer los derechos de los administrados y el debido proceso, se introducen modificaciones a la legislación vigente respecto a la tramitación de la vía administrativa (artículo 28) y de la judicial, en lo que refiere a la toma urgente de posesión (artículo 27). En cuanto a la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social (CIVIS), se proyecta que la integrarán los inmuebles de propiedad pública o fiscal donde se encuentren ubicados los asentamientos en los que intervendrá el Plan, así como aquéllos, en los que también intervenga y que hubieran permanecido baldíos durante los últimos diez años previos a la promulgación de esta ley (artículo 29). Se introducen modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial Nº 18.308, de junio de 2008, en especial al artículo 65 que regula la prescripción adquisitiva, estableciéndose que el solo hecho de ser participantes del Plan bastará para probar que el demandante no supera el nivel de pobreza en sus ingresos y que será suficiente prueba de que no son propietarios de otros inmuebles la presentación ante la Sede Judicial de una declaración jurada en la que manifiesten dicho extremo (artículo 30).

Finalmente se prevé un plazo de 90 días para reglamentar la ley (artículo 31). El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración. JOSÉ MUJICA, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, PEDRO BUONOMO, LUIS ROSADILLA, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, ROBERTO KREIMERMAN, EDUARDO BRENTA, DANIEL OLESKER, TABARÉ AGUERRE, HÉCTOR LESCANO, GRACIELA MUSLERA, ANA MARÍA VIGNOLI. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I EMERGENCIA SOCIO-HABITACIONAL. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN JUNTOS Artículo 1º. (Declaración de emergencia. Interés general. Orden público).- Declárase la emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema, consecuencia del deterioro socioeconómico de sectores de la población y de la falta de oportunidades de acceso a la vivienda y hábitat digno. En virtud de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República, declárase de interés general la ejecución del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos. Las disposiciones de la presente ley son de orden público. Artículo 2º. (Objetivos del Plan Juntos).- Son objetivos del Plan Juntos: a. Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación. b. Contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través de la implementación de acciones estratégicas consistentes, entre otras, en el mejoramiento de la vivienda, la relocalización de asentamientos y/o áreas precarizadas no regularizables y la mejora de la infraestructura de asentamientos y/o áreas precarizadas. c. Fortalecer los procesos de aplicación de las políticas sociales.

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d. Articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados. e. Coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos que desarrollan y articulan políticas sociales, a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos. Artículo 3º. (Líneas de Acción del Plan Juntos).El Plan Juntos se ejecutará mediante las siguientes líneas de acción relativas a políticas de vivienda y hábitat y políticas sociales. a. Líneas de acción en vivienda y hábitat: – Mejora del hábitat existente. – Apoyo a la generación de nueva oferta para el hábitat. b. Líneas de acción en políticas sociales: – Promoción y apoyo a la gestión social participativa. – Apoyo a programas de inserción laboral. – Apoyo a la ampliación de cobertura y acceso a las políticas sociales. Cada línea de acción se ejecutará mediante programas que serán promovidos y/o desarrollados por el Plan Juntos. Los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos podrán coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, coordinando la ejecución de sus propios planes y programas dentro de los límites de sus competencias. CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PLAN JUNTOS Artículo 4º. (Unidad Operativa Central del Plan Juntos).- Créase la Unidad Operativa Central del Plan Juntos, que funcionará como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, con el cometido de ejecutar el Plan Juntos. La Unidad Operativa Central actuará funcionalmente en la órbita de la Presidencia de la República, se vinculará con el Poder Ejecutivo a través de la misma y tendrá autonomía técnica, pudiendo comunicarse directamente con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

La Unidad Operativa Central estará dirigida por una Comisión Directiva y contará con el apoyo de un equipo Interdisciplinario, que dependerá de ésta última. La representación de la Unidad Operativa Central será ejercida por el Presidente de la Comisión Directiva actuando conjuntamente con cualquiera de los otros dos miembros. Artículo 5º. (Competencia de la Unidad Operativa Central del Plan Juntos).- Son atribuciones de la Unidad Operativa Central: a. Proponer al Poder Ejecutivo, para su aprobación, un programa anual con las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos. La propuesta de la Unidad Operativa Central contemplará las iniciativas de la población organizada y de los Gobiernos Departamentales. b. Dictar las resoluciones de intervención del Plan Juntos, en el marco del programa anual aprobado por el Poder Ejecutivo. c. Ejecutar y realizar el seguimiento de las políticas aplicables al Plan Juntos, así como las que se coordinen con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos. d. Monitorear y evaluar los resultados obtenidos e impactos del Plan Juntos. e. Coordinar y suscribir convenios con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos, así como con personas privadas y la sociedad civil organizada, para el diseño y ejecución del Plan Juntos. f. Promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad a través de diferentes modalidades. g. Organizar, dirigir y gestionar el Registro Único de Participantes del Plan (RUPP). h. Promover, apoyar y coordinar la formación de Unidades Departamentales. i. Administrar y ser ordenador secundario de gastos y pagos de los recursos del Fondo que se crea por el artículo 15 de esta ley. j. Resolver el egreso de los participantes del Plan Juntos. Artículo 6º. (Comisión Directiva).- La Comisión Directiva estará integrada por 3 (tres) miembros designados, uno por el Presidente de la República, que la presidirá, uno por el Ministerio de Vivienda Ordena-

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miento Territorial y Medio Ambiente y otro por el Ministerio de Desarrollo Social. La designación recaerá entre personas que por sus antecedentes personales y profesionales tengan idoneidad técnica en la materia. Los miembros de la Comisión Directiva cesarán en su cargo por resolución fundada del órgano que los designó. El funcionamiento de la Comisión Directiva se ajustará a lo que disponga la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, la cual preverá, como mínimo, el régimen de convocatoria, los regímenes de deliberación, el de adopción de resoluciones, las funciones y las responsabilidades. Artículo 7º. (Equipo Interdisciplinario).- El Equipo Interdisciplinario tendrá carácter técnico, estará integrado por especialistas en las diversas disciplinas relativas a la materia que se regula y sus miembros serán designados por la Comisión Directiva. Son competencias del Equipo Interdisciplinario: a. Asesorar y realizar propuestas a la Comisión Directiva acerca de la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones sociales, urbanohabitacionales y de los aspectos jurídico y notariales del Plan Juntos. b. Ejecutar las acciones dispuestas por la Comisión Directiva que coadyuven a la implementación del Plan Juntos. CAPÍTULO III ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL PLAN JUNTOS Artículo 8º. (Población participante).- El Plan Juntos atenderá aquella población que se encuentre en situación de precariedad socio-habitacional, la que será titular de derechos y obligaciones participando en todas las etapas del proceso de diagnóstico de la situación, identificación de prioridades, diseño de proyectos, toma de decisiones, ejecución y evaluación de obras, entre otras. Adquirirán la calidad de participantes del Plan Juntos los núcleos familiares cuyos integrantes: a. Se encuentren en situación de extrema pobreza. b. Se hallen asentados en las áreas de intervención del Plan Juntos al momento de su relevamiento.

c. No hayan egresado del Plan Juntos, salvo excepciones autorizadas en forma fundada por la Unidad Operativa Central. d. Se inscriban en el Registro previsto en el artículo siguiente. A los efectos de la presente ley, se entiende por núcleos familiares al grupo de personas vinculados o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, cualquiera sea su vínculo jurídico con el inmueble donde habitan. Artículo 9º. (Registro Único de Participantes del Plan (RUPP)).- Créase el Registro Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP), en la órbita de la Unidad Operativa Central. En éste Registro se inscribirán: a. Los núcleos familiares cuyos integrantes acrediten el cumplimiento de las condiciones requeridas por el artículo anterior para ser participantes del Plan Juntos. Esta inscripción es constitutiva de la condición de participante. b. Los egresos de los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. c. Las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que reciban los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. d. Los demás beneficios recibidos por los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. La implementación del RUPP estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Artículo 10. (Causales de egreso del Plan Juntos).- Son causales que habilitan a la Unidad Operativa Central a resolver el egreso del núcleo familiar participante o de alguno de sus integrantes, las siguientes: a. La mejora de la situación económica que lo excluya de los extremos previstos en esta ley. b. El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. c. La renuncia expresa ante la Unidad Operativa Central a los derechos que otorga esta ley. d. El abandono de la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos, por un período de 3 (tres) meses continuos e ininterrumpidos, contados desde la constatación del abandono por parte de la Unidad Operativa Central.

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e. Otorgar a la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos, un destino principal distinto al de casa habitación del núcleo familiar participante. f. Resultar adjudicatario de una vivienda de otros programas habitacionales ya sean públicos o privados, salvo renuncia expresa a la misma. g. Que haya recaído sobre alguno de los integrantes del núcleo familiar participante, una sentencia condenatoria de las Sedes Judiciales competentes en materia de protección a las víctimas de violencia doméstica, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002. h. La falta de colaboración, en la medida de sus posibilidades, en la autoconstrucción de su vivienda o como mano de obra benévola en la construcción de viviendas de otros o de áreas comunitarias. i. La oposición en vía administrativa y/o judicial a las expropiaciones de inmuebles que se realicen en el marco del Plan Juntos o el reclamo de indemnización o compensación a causa de las mismas. j. La falta de cumplimiento de cualquiera de los deberes u obligaciones dispuestas por la presente ley y su reglamentación. El egreso del Plan Juntos de un núcleo familiar participante o de alguno de sus integrantes, aparejará su baja del RUPP y la resolución de pleno derecho del contrato de comodato, sin que le corresponda derecho alguno a indemnización, ni a reembolso por la mano de obra aportada. CAPÍTULO IV MODALIDADES DE CONSTRUCCIÓN. PRESTADORES DE TRABAJO. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Artículo 11. (Modalidades de construcción).- Para el cumplimiento de sus objetivos en materia de vivienda y hábitat, el Plan Juntos priorizará, entre las diversas modalidades de construcción y obra, a la autoconstrucción y la mano de obra benévola. Artículo 12. (Prestadores de trabajo).- El Plan Juntos abarcará a distintas modalidades de prestadores de trabajo, entre otras, las siguientes: a. Trabajo de los participantes tanto en la construcción de vivienda como en el mejoramiento de las condiciones del hábitat.

b. Trabajo voluntario, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 2005. c. Personas que puedan acceder al régimen de medidas sustitutivas de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003. d. Personas procesadas y condenadas, en el marco del régimen de Redención de la Pena de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005. e. Personas inscriptas en la Bolsa Laboral del Patronato de encarcelados y liberados o de los patronatos departamentales en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 18.489, de 17 de mayo de 2009. f. Programas socio-educativo laborales promovidos por organismos públicos departamentales o nacionales. . g. Trabajo aportado por personas públicas y privadas, previa suscripción de los convenios y/o contratos respectivos. La relación de dependencia de los prestadores de trabajo, se regulará de acuerdo a lo establecido en las normas citadas en los literales precedentes, según corresponda y/o en los correspondientes convenios y contratos que se suscriban en el marco de la presente ley. Queda expresamente establecido que los prestadores de trabajo en ningún caso generarán derechos para el ingreso a la función pública. Artículo 13. (Aportes patronales en los convenios con personas privadas).- Los aportes patronales de la seguridad social, incluido el correspondiente al Sistema Nacional Integrado de Salud y su aporte complementario, de aquellas personas privadas contribuyentes del Banco de Previsión Social que suscriban convenios con la Unidad Operativa Central conforme al artículo anterior, podrán ser de cargo de dicha Unidad Operativa, debiendo ésta solicitar la habilitación de los créditos correspondientes por parte de Rentas Generales. Lo dispuesto precedentemente estará limitado al aporte de trabajo efectuado por dichas personas privadas a la ejecución del Plan Juntos. Artículo 14. (Registro de Obras).- La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, podrá flexibilizar los requisitos para el acceso al registro de las obras enmarcadas en la ejecución del Plan Juntos y de los trabajadores que intervengan en las mismas.

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CAPÍTULO V RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN JUNTOS Artículo 15. (Fondo Nacional del Plan).- Créase el Fondo Nacional del Plan (FONAP), que funcionará en la órbita de la Unidad Operativa Central del Plan Juntos. La Unidad Operativa Central tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad del FONAP, quedando exceptuado de la limitación establecida por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 18 de noviembre de 1987. Asimismo, la Unidad Operativa Central estará a cargo de la administración, asignación y control de los recursos del FONAP. Artículo 16. (Recursos del FONAP).- El Fondo Nacional del Plan (FONAP) se integrará con los siguientes recursos: a. Donaciones y legados con destino al Plan Juntos. b. Transferencias provenientes de otros organismos públicos, en el marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. c. Fondos derivados de convenios que se celebren con personas públicas o privadas, asociaciones civiles y fundaciones, ya sean nacionales o extranjeras. d. Las partidas que asignen las leyes presupuestales. e. Otros que se le asignen al Plan Juntos por vía legal o reglamentaria. f. Las sumas reintegradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. Artículo 17. (Excepciones).- Los recursos o partidas no afectados o ejecutados al cierre de cada ejercicio continuarán integrando el Fondo Nacional del Plan (FONAP), pudiendo hacerse uso de los mismos en los ejercicios siguientes, estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y en el artículo 119 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006. Incorpórase al numeral 3º del artículo 33 del TOCAF el siguiente Literal: “Y) Para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad Operativa Central del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos”.

Artículo 18. (Fideicomisos).- Facúltase a la Unidad Operativa Central a constituir fideicomisos y a transmitir a los fiduciarios, para su administración, la propiedad de los recursos actuales y futuros del Fondo Nacional del Plan (FONAP), de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, modificativas y concordantes. Dichos fideicomisos, así como los actos y negocios jurídicos que se realicen en la ejecución de los mismos, gozarán de todas las exoneraciones tributarías previstas en la presenta ley. CAPÍTULO VI EXONERACIONES TRIBUTARIAS E INCENTIVOS FISCALES AL PLAN JUNTOS Artículo 19. (Exoneraciones tributarias).- Exonérase de todo tributo nacional a las siguientes operaciones: a. las donaciones y legados de cualquier tipo cuyo destinatario sea la Unidad Operativa Central del Plan Juntos. b. las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que realice el Plan Juntos a través de la Unidad Operativa Central. Los actos y contratos vinculados con las obras de refacción, reciclaje y construcción de bienes inmuebles realizadas en el marco del Plan Juntos, estarán exonerados de todas las tasas relativas a su registro, ejecución y regularización. Artículo 20. (Donaciones especiales).- Agrégase al artículo 79 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, el siguiente Literal: “P) La Unidad Operativa Central del Plan Juntos”. CAPÍTULO VII ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS Artículo 21. (Titularidad de las viviendas).- La Unidad Operativa Central adjudicará a los núcleos familiares participantes la propiedad de las viviendas construidas, reparadas o recicladas en inmuebles del Estado, en las condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Unidad Operativa Central, enajene a título gratuito bienes inmuebles propiedad del Estado, mediante donaciones modales celebradas con la totalidad de los integrantes de los núcleos familiares participantes.

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Los núcleos familiares que se realojen en el marco del Plan Juntos, tendrán sobre los inmuebles de realojo todos los derechos que esta ley les acuerda. Artículo 22. (Comodato).- Mientras se instrumenta la transferencia de la propiedad en las condiciones establecidas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá otorgar al núcleo familiar participante la mera tenencia y el uso de las viviendas, mediante la celebración de un contrato de comodato que no podrá ser cedido por los comodatarios. Artículo 23. (lndisponibilidad de la vivienda).- Los inmuebles en los que intervenga el Plan Juntos, no podrán, por el plazo de 10 (diez) años, ser embargados, cedidos, dados en arrendamiento, enajenados, hipotecados, gravados, ni constituir sobre los mismos derechos reales menores en favor de terceros, salvo autorización previa y expresa de la Unidad Operativa Central. El plazo referido se contará, desde la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, del instrumento público que transfiere el dominio del inmueble a los participantes o de la inscripción de la resolución de intervención de la Unidad Operativa Central, cuando ésta recaiga sobre inmuebles propiedad de alguno de los integrantes del núcleo familiar participante. Autorizada la venta dentro del plazo de indisponibilidad, la Unidad Operativa Central tendrá preferencia para adquirir dicho inmueble descontando los reintegros que correspondan de acuerdo al artículo siguiente. Cuando la Unidad Operativa Central adjudique la propiedad de viviendas, el escribano actuante deberá dejar en la escritura respectiva, constancia de la inhibición dispuesta en el inciso primero. Los actos y contratos realizados por los integrantes del núcleo familiar participante en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, serán absolutamente nulos. Artículo 24. (Reintegros).- Autorizada la venta por parte de la Unidad Operativa Central, el núcleo familiar participante deberá reintegrar el valor del terreno adjudicado por ésta y el de las mejoras efectuadas, descontando el de su mano de obra aportada. A efectos de fijar el valor de terreno y las mejoras se estará a la tasación de la Dirección General de Catastro. Cuando el núcleo familiar participante en cuyo terreno se hayan realizado mejoras egrese del Plan

Juntos, la Unidad Operativa Central podrá exigirle el reintegro del valor de las mismas, descontando el de la mano de obra aportada por aquél. Las sumas reintegradas de acuerdo al presente artículo serán vertidas al Fondo Nacional del Plan (FONAP). Artículo 25. (Derecho de habitación).- No será de aplicación a los inmuebles en los que intervenga el Plan Juntos, durante el plazo establecido en el inciso 2º del artículo 24 de la presente ley, lo dispuesto en el artículo 881.1 del Código Civil. Artículo 26. (Expropiación).- Declárase de necesidad pública la expropiación de los inmuebles que se requieran para la ejecución del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos. En caso que el inmueble registre deudas con el Estado, Persona Pública Mayor, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el monto de las mismas se descontará de la indemnización provisoria que deba depositar el expropiante a los efectos de la toma urgente de posesión y de la indemnización definitiva en caso de corresponder. A tales efectos, el expropiante deberá acreditar en forma documental la existencia del adeudo fiscal de acuerdo a las normas respectivas. Los organismos públicos titulares de los créditos cancelados conforme al inciso anterior, no tendrán derecho a reclamar el pago de los mismos al Plan Juntos. Artículo 27. (Toma urgente de posesión).- Para las expropiaciones que se realicen en el marco del Plan Juntos, modifícase el literal D) del artículo 42 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 224 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el que quedará redactado de la siguiente manera: “D) La Administración entablará la acción de toma urgente de posesión, solicitando la acreditación de la titularidad sobre el inmueble expropiado y su situación patrimonial, pudiendo intimar la desocupación total o parcial del inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento, en el plazo de diez perentorios e improrrogables. La decisión judicial que decrete la toma urgente de posesión y/o ordene la desocupación será inapelable y se cumplirá de inmediato. E) Al decretar la toma urgente de posesión y/o el lanzamiento en los casos que corresponda, el Juez dispondrá el libramiento de oficio

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al Banco Hipotecario del Uruguay para el cobro del precio provisorio, a quien haya acreditado la titularidad del inmueble designado para expropiar. Si los interesados no comparecieran o hubiera diferencias o dudas sobre el derecho y calidad, legitimación o titularidad, o si existieran embargos, interdicciones o gravámenes sobre el inmueble, el Juez de la causa dispondrá que la situación se dilucide en el juicio de expropiación sin perjuicio de dar posesión al organismo expropiante”. Artículo 28. (Vía administrativa).- Para las expropiaciones que se realicen en ejecución del Plan Juntos, y a los efectos de lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley Nº 3.592, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se otorgará a los expropiados vista por el término de 10 (diez) días hábiles improrrogables a fin de que manifiesten su aceptación u oposición a la designación de los bienes a expropiarse, a la tasación de los mismos y a los planos del trazado general de la obra proyectada y de mensura de parcela o parcelas a expropiarse. En lo que no se oponga a la presente disposición continúan rigiendo las normas sobre expropiación vigentes. Artículo 29. (Cartera de Inmuebles).- Quedan comprendidos en el artículo 400 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los bienes inmuebles pertenecientes al dominio público o privado del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: a. En los mismos se encuentren ubicados los asentamientos irregulares en que intervenga el Plan Juntos. b. Resulten necesarios para el realojo de dichos asentamientos. c. Hayan permanecido como terrenos baldíos en los últimos 10 (diez) años previos a la promulgación de la presente ley. Dichos inmuebles pasarán a integrar la Cartera de Inmuebles para Viviendas de Interés Social (CIVIS) creada por el artículo 367 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Igual destino se dará a los bienes inmuebles que se donen o leguen al Plan Juntos, los que se adquieran con recursos del Fondo Nacional del Plan (FONAP) o se expropien para la ejecución del Plan Jun-

tos. Dichos bienes inmuebles se destinarán exclusivamente a la ejecución del Plan Juntos. Artículo 30. (Prescripción adquisitiva).- En las acciones de prescripción adquisitiva de los inmuebles comprendidos en las áreas de intervención del Plan Juntos, que promuevan los integrantes de los núcleos familiares participantes del mismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008: a. Bastará para probar que no superan el nivel de pobreza en sus ingresos, la acreditación de la condición de participante del Plan Juntos. b. Será suficiente prueba de que no son propietarios de otros inmuebles, la presentación de una declaración jurada en la que manifiesten dicho extremo. Artículo 31. (Vigencia y reglamentación).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y el Poder Ejecutivo la reglamentará en un plazo máximo de 90 (noventa) días. Montevideo, 23 de diciembre de 2010. EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, PEDRO BUONOMO, LUIS ROSADILLA, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, ROBERTO KREIMERMAN, EDUARDO BRENTA, DANIEL OLESKER, TABARÉ AGUERRE, HÉCTOR LESCANO, GRACIELA MUSLERA, ANA MARÍA VIGNOLI. Montevideo, 22 de diciembre de 2010 Señor Secretario de la Cámara de Representantes Dr. Marti Dalgalarrondo Presente De mi consideración: En relación al proyecto de ley del Plan SocioHabitacional Juntos, se ruega tener presente e incluir debidamente en el artículo 27, Toma urgente de posesión, Literal D), la palabra “días” que fuera omitida, debiendo decir: “D) La Administración entablará la acción de toma urgente de posesión, solicitando la acreditación de la titularidad sobre el inmueble expropiado y su situación patrimonial, pudiendo intimar la desocupación total o parcial del inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento, en el plazo de diez días perentorios e improrrogables…”.

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Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente Dr. Alberto Breccia Guzzo, Secretario de la Presidencia de la República. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I EMERGENCIA SOCIO-HABITACIONAL OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN JUNTOS Artículo 1º.- Declaración de emergencia. Interés General.- Declárase la emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema, consecuencia del deterioro socio-económico de sectores de la población y de la falta de oportunidades de acceso a la vivienda y hábitat digno. En virtud de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República, declárase de interés general la ejecución del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos. Artículo 2º. (Objetivos).- Son objetivos del Plan Juntos: A) Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación. B) Contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través de la implementación de acciones estratégicas consistentes, entre otras, en el mejoramiento de la vivienda, la relocalización de asentamientos o áreas precarizadas no regularizables y la mejora de la infraestructura de asentamientos o áreas precarizadas. C) Fortalecer los procesos de aplicación de las políticas sociales. D) Articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados. E) Coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos que desarrollan y articulan políticas sociales, a fin de implementar programas y gestionar recursos

financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos. Artículo 3º. (Líneas de Acción).- El Plan Juntos se ejecutará mediante las siguientes líneas de acción: A) Líneas de acción en vivienda y hábitat: – Mejora del hábitat existente. – Apoyo a la generación de nueva oferta para el hábitat. B) Líneas de acción en políticas sociales: – Promoción y apoyo a la gestión social participativa. – Apoyo a programas de inserción laboral. – Apoyo a la ampliación de cobertura y acceso a las políticas sociales. Cada línea de acción se ejecutará mediante programas que serán promovidos o desarrollados por el Plan Juntos. CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PLAN JUNTOS Artículo 4º. (Unidad Operativa Central).- Créase la Unidad Operativa Central del Plan Juntos, como órgano desconcentrado de Presidencia de la República, Inciso 02, con el cometido de ejecutar el Plan. La misma estará dirigida por una Comisión Directiva y contará con el apoyo de un equipo interdisciplinario y una unidad de auditoría interna creada por la presente ley. La Unidad Operativa Central podrá comunicarse directamente con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos. Artículo 5º. (Competencia de la Unidad Operativa Central).- Son atribuciones de la Unidad Operativa Central: A) Proponer al Poder Ejecutivo, para su aprobación, un programa anual con las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos. La propuesta de la Unidad Operativa Central contemplará las iniciativas de la población organizada y de los Gobiernos Departamentales. B) Dictar las resoluciones de intervención del Plan Juntos, en el marco del programa anual aprobado por el Poder Ejecutivo. C) Ejecutar y realizar el seguimiento de las políticas aplicables al Plan Juntos, así como las que

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se coordinen con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos. D) Monitorear y evaluar los resultados obtenidos e impactos del Plan Juntos. E) Coordinar y suscribir convenios con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos, así como con personas privadas y la sociedad civil organizada, para el diseño y ejecución del Plan Juntos. F) Promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad a través de diferentes modalidades. G) Organizar, dirigir y gestionar el Registro Único de Participantes del Plan (RUPP). H) Promover, apoyar y coordinar la formación de unidades departamentales. I) Administrar y ser ordenador secundario de gastos y pagos de los recursos del Fondo que se crea por el artículo 17 de esta ley. J) Resolver el egreso de los participantes del Plan Juntos. Artículo 6º. (Comisión Directiva).- La Comisión Directiva estará integrada por tres miembros, uno propuesto por la Presidencia de la República que lo presidirá, uno por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otro por el Ministerio de Desarrollo Social. La designación recaerá entre personas que por sus antecedentes personales y profesionales tengan idoneidad técnica en la materia. La representación de la Unidad Operativa Central será ejercida por el Presidente de la Comisión Directiva actuando conjuntamente con cualquiera de los otros dos miembros. Los miembros de la Comisión Directiva serán designados y cesarán en sus cargos por resolución del Poder Ejecutivo. El funcionamiento de la Comisión Directiva se ajustará a lo que disponga la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, la cual preverá, como mínimo, el régimen de convocatoria, los regímenes de deliberación, el de adopción de resoluciones, las funciones y las responsabilidades. Artículo 7º. (Equipo interdisciplinario).- El equipo interdisciplinario tendrá carácter técnico, estará integrado por especialistas en las diversas disciplinas re-

lativas a la materia que se regula y sus miembros serán designados por la Comisión Directiva. Son competencias del equipo interdisciplinario: A) Asesorar y realizar propuestas a la Comisión Directiva acerca de la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones sociales, urbano-habitacionales y de los aspectos jurídicos y notariales del Plan Juntos. B) Ejecutar las acciones dispuestas por la Comisión Directiva que coadyuven a la implementación del Plan Juntos. Artículo 8º. (Auditoría Interna).- Créase una Unidad de Auditoría Interna, la cual dependerá jerárquicamente de la Comisión Directiva y estará sometida a la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación, conforme dispone el artículo 51 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. La referida Unidad deberá evaluar la gestión y el cumplimiento de los cometidos asignados al Plan Juntos, así como los procesos de gestión de riesgos y control implementados. Los informes deberán ser realizados como mínimo en forma cuatrimestral y cada uno de ellos deberá ser remitido a la Presidencia de la República, al Poder Legislativo y a la Auditoría Interna de la Nación. El Poder Ejecutivo reglamentará, según lo establecido por el artículo 33 de la presente ley, la forma de instrumentar lo dispuesto en este artículo. CAPÍTULO III ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN Artículo 9º. (Población Participante).- El Plan Juntos atenderá aquella población que se encuentre en situación de extrema pobreza con precariedad socio-habitacional. La reglamentación priorizará la participación en todas las etapas del proceso de diagnóstico de la situación, identificación de prioridades, diseño de proyectos, toma de decisiones, ejecución y evaluación de obras, entre otras, a la población participante. Adquirirán la calidad de participantes del Plan Juntos los núcleos familiares cuyos integrantes: A) Se hallen asentados en las áreas de intervención del Plan Juntos al momento de su relevamiento. B) No hayan egresado del Plan Juntos, salvo excepciones autorizadas en forma fundada por la Unidad Operativa Central.

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C) Se inscriban en el Registro previsto en el artículo 11 de la presente ley. Artículo 10. (Núcleos familiares).- A los efectos de la presente ley, se entiende por núcleos familiares al grupo de personas vinculados o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, cualquiera sea su vínculo jurídico con el inmueble donde habitan. Los derechos que la presente ley confiere a los núcleos familiares participantes, se entiende que alcanzan por igual a todos sus integrantes. La voluntad del núcleo familiar coincidirá con la manifestación de voluntad de la mayoría de los integrantes del mismo, debidamente recabada de acuerdo a los mecanismos que establezca la reglamentación. Artículo 11. (Registro Único de Participantes del Plan (RUPP).- Créase el Registro Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP), en la órbita de la Unidad Operativa Central. En este registro se inscribirán: A) Los núcleos familiares cuyos integrantes acrediten el cumplimiento de las condiciones requeridas por el artículo 9º de la presente ley para ser participantes del Plan Juntos. Esta inscripción es constitutiva de la condición de participante. B) Los egresos de los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. C) Las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que reciban los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. D) Los demás beneficios recibidos por los núcleos familiares participantes del Plan Juntos. La implementación del RUPP, estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Artículo 12. (Causales de egreso).- Son causales que habilitan a la Unidad Operativa Central a resolver el egreso del núcleo familiar participante o de alguno de sus integrantes, las siguientes: A) La mejora de la situación económica que lo excluya de los extremos previstos en esta ley. B) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la presente ley. C) La renuncia expresa ante la Unidad Operativa Central a los derechos que otorga esta ley.

D) El abandono de la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos, por un período de tres meses continuos e ininterrumpidos, contados desde la constatación del abandono por parte de la Unidad Operativa Central. E) Otorgar a la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos un destino principal distinto al de casa-habitación del núcleo familiar participante. F) Resultar adjudicatario de una vivienda de otros programas habitacionales ya sean públicos o privados, salvo renuncia expresa a la misma. G) La imposición de una medida cautelar por actos u omisiones constitutivas de violencia doméstica respecto a otro integrante del núcleo familiar participante, según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002. H) La falta de colaboración, en la medida de sus posibilidades, en la autoconstrucción de su vivienda o como mano de obra benévola en la construcción de viviendas de otros o de áreas comunitarias. I) La oposición en vía administrativa o judicial a las expropiaciones de inmuebles que se realicen en el marco del Plan Juntos o el reclamo de indemnización o compensación a causa de las mismas. J) La falta de cumplimiento de cualquiera de los deberes u obligaciones dispuestas por la presente ley y su reglamentación. El egreso del Plan Juntos de un núcleo familiar participante o de alguno de sus integrantes aparejará su baja del RUPP y la rescisión de pleno derecho del contrato de comodato, sin que le corresponda derecho alguno a indemnización, ni a reembolso por la mano de obra aportada. CAPÍTULO IV MODALIDADES DE CONSTRUCCIÓN. PRESTADORES DE TRABAJO. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Artículo 13. (Modalidades de construcción).- Para el cumplimiento de sus objetivos en materia de vivienda y hábitat, el Plan Juntos priorizará, entre las diversas modalidades de construcción y obra, a la autoconstrucción y la mano de obra benévola. Artículo 14. (Prestadores de trabajo).- El Plan Juntos abarcará a distintas modalidades de prestadores de trabajo, entre otras, las siguientes:

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A) Trabajo de los participantes tanto en la construcción de vivienda como en el mejoramiento de las condiciones del hábitat. B) Trabajo voluntario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 17.885, de 12 de agosto de 2005. C) Personas que puedan acceder al régimen de medidas sustitutivas de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003. D) Personas procesadas y condenadas, en el marco del régimen de Redención de la Pena, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005. E) Personas inscriptas en la Bolsa Laboral del Patronato de Encarcelados y Liberados o de los patronatos departamentales en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 18.489, de 17 de mayo de 2009. F) Programas sociales, educativos y laborales promovidos por organismos públicos departamentales o nacionales. G) Trabajo aportado por personas públicas y privadas, previa suscripción de los convenios o contratos respectivos. La relación de dependencia de los prestadores de trabajo, se regulará de acuerdo con lo establecido en las normas citadas en los literales precedentes, según corresponda o en los correspondientes convenios y contratos que se suscriban en el marco de la presente ley. El trabajo desarrollado en el marco de la presente ley en ningún caso generará derechos para el ingreso a la función pública. Artículo 15. (Aportes patronales en los convenios con personas privadas).- Los aportes patronales de la seguridad social, incluido el correspondiente al Sistema Nacional Integrado de Salud y su aporte complementario, de aquellas personas privadas contribuyentes del Banco de Previsión Social que suscriban convenios con la Unidad Operativa Central conforme al artículo anterior, podrán ser de cargo de dicha Unidad Operativa, debiendo esta solicitar la habilitación de los créditos correspondientes con cargo a Rentas Generales. Lo dispuesto precedentemente estará limitado al aporte de trabajo efectuado por dichas personas privadas a la ejecución del Plan Juntos.

Artículo 16. (Registro de obras).- La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo podrá flexibilizar los requisitos para el acceso al registro de las obras enmarcadas en la ejecución del Plan Juntos y de los trabajadores que intervengan en las mismas. CAPÍTULO V RECURSOS FINANCIEROS Artículo 17. (Fondo Nacional del Plan).- Créase el Fondo Nacional del Plan (FONAP), que funcionará en la Unidad Operativa Central del Plan Juntos. La Unidad Operativa Central tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad del FONAP, quedando exceptuado de la limitación establecida por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 18 de noviembre de 1987. Artículo 18. (Recursos del FONAP).- El FONAP se integrará con los siguientes recursos: A) Donaciones y legados. B) Transferencias provenientes de otros organismos públicos, en el marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. C) Fondos derivados de convenios que se celebren con personas públicas o privadas, asociaciones civiles y fundaciones, ya sean nacionales o extranjeras. D) Las partidas que asignen las leyes presupuestales. E) Otros que se le asignen al Plan Juntos por vía legal o reglamentaria. F) Las sumas reintegradas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la presente ley. Los recursos indicados en el inciso anterior se considerarán, a todos sus efectos, públicos y estarán sometidos al régimen financiero contable establecido a tales efectos, sin perjuicio de las particularidades que pudieran establecerse en la presente ley. Artículo 19. (Excepciones).- Los recursos o partidas no afectados o ejecutados al cierre de cada ejercicio continuarán integrando el FONAP, pudiendo hacerse uso de los mismos en los ejercicios siguientes, estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y en el artículo 119 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006. Incorpórase al numeral 3º del artículo 33 del TOCAF el siguiente literal:

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“Z) Para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad Operativa Central del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos”. Artículo 20. (Fideicomisos).- Facúltase a la Unidad Operativa Central a constituir fideicomisos y a transmitir a los fiduciarios, para su administración, la propiedad de los recursos actuales y futuros del FONAP, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, modificativas y concordantes. Dichos fideicomisos, así como los actos y negocios jurídicos que se realicen en la ejecución de los mismos, gozarán de todas las exoneraciones tributarias previstas en la presente ley. CAPÍTULO VI EXONERACIONES TRIBUTARIAS E INCENTIVOS FISCALES Artículo 21. (Exoneraciones Tributarias).- Exonérase de todo tributo nacional a las siguientes operaciones: A) Las donaciones y legados de cualquier tipo cuyo destinatario sea la Unidad Operativa Central del Plan Juntos. B) Las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que realice el Plan Juntos a través de la Unidad Operativa Central. C) El registro, ejecución y regularización de todos los actos y contratos vinculados con las obras de refacción, reciclaje y construcción de bienes inmuebles realizados en el marco del Plan Juntos. Artículo 22. (Donaciones Especiales).- Agrégase al artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “P) La Unidad Operativa Central del Plan Juntos”. CAPÍTULO VII ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS Artículo 23. (Titularidad de las viviendas).- La Unidad Operativa Central adjudicará a los integrantes de los núcleos familiares participantes la propiedad de las viviendas construidas, reparadas o recicladas en inmuebles del Estado, en las condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Unidad Operativa Central, enajene

a título gratuito bienes inmuebles propiedad del Estado a favor de todos los integrantes de los núcleos familiares participantes que se encuentren debidamente inscriptos en el registro. Dicha enajenación se realizará mediante donaciones modales. Los núcleos familiares que se realojen en el marco del Plan Juntos tendrán sobre los inmuebles de realojo todos los derechos que esta ley les acuerda. Artículo 24. (Comodato).- Mientras se instrumenta la transferencia de la propiedad en las condiciones establecidas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá otorgar a los integrantes de los núcleos familiares participantes la mera tenencia y el uso de las viviendas, mediante la celebración de un contrato de comodato que no podrá ser cedido por los comodatarios. Artículo 25. (Uso y goce de las viviendas).- En caso de disolución del núcleo familiar se dará preferencia para continuar con el uso y goce de la vivienda a quien conserve la tenencia de los menores o incapaces que la integran. Para el caso que no existan menores o incapaces, o existiendo, la tenencia fuera compartida entre más de uno de los integrantes del núcleo familiar, la Unidad Operativa Central dispondrá quién continuará con el uso y goce de la vivienda, de acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Artículo 26. (Indisponibilidad de la Vivienda).- Los inmuebles en los que intervenga el Plan Juntos no podrán, por el plazo de diez años, ser embargados, cedidos, dados en arrendamiento, enajenados, hipotecados, gravados, ni constituir sobre los mismos derechos reales menores en favor de terceros, salvo autorización previa y expresa de la Unidad Operativa Central. El plazo referido se contará desde la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, del instrumento público que transfiere el dominio del inmueble a los participantes o de la inscripción de la resolución de intervención de la Unidad Operativa Central, cuando esta recaiga sobre inmuebles propiedad de alguno de los integrantes del núcleo familiar participante. Autorizada la venta dentro del plazo de indisponibilidad, la Unidad Operativa Central tendrá preferencia para adquirir dicho inmueble descontando los reintegros que correspondan de acuerdo con el artículo siguiente.

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Cuando la Unidad Operativa Central adjudique la propiedad de viviendas, el escribano actuante deberá dejar, en la escritura respectiva, constancia de la inhibición dispuesta en el inciso primero. Los actos y contratos realizados por los integrantes del núcleo familiar participante en contravención de lo dispuesto en el presente artículo serán absolutamente nulos. Artículo 27. (Reintegros).- Autorizada la venta por parte de la Unidad Operativa Central, el núcleo familiar participante deberá reintegrar el valor del terreno adjudicado por esta y el de las mejoras efectuadas, descontando el de su mano de obra aportada. A efectos de fijar el valor de terreno y las mejoras se estará a la tasación de la Dirección General de Catastro. Cuando se autorice la venta al núcleo familiar participante en cuyo terreno se hayan realizado mejoras por el Plan Juntos, la Unidad Operativa Central podrá exigirle el reintegro del valor de las mismas, descontando el de la mano de obra aportada por aquel. Las sumas reintegradas de acuerdo con el presente artículo serán vertidas al FONAP. Artículo 28. (Derecho de habitación).- No será de aplicación a los inmuebles en los que intervenga el Plan Juntos durante el plazo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 26 de la presente ley, lo dispuesto en el artículo 881.1 del Código Civil. El cónyuge supérstite tendrá derecho a inscribirse como integrante del núcleo familiar y tendrá, desde el momento de la inscripción, los mismos derechos y obligaciones que los restantes integrantes. Artículo 29. (Expropiación).- Declárase de necesidad pública la expropiación de los inmuebles que se requieran para la ejecución del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos. En caso que el inmueble registre deudas con el Estado, persona pública mayor, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el monto de las mismas se descontará de la indemnización provisoria que deba depositar el expropiante a los efectos de la toma urgente de posesión y de la indemnización definitiva en caso de corresponder. A tales efectos, el expropiante deberá acreditar la existencia de la deuda. Artículo 30. (Toma urgente de posesión).- Para las expropiaciones que se realicen en el marco del Plan Juntos, no serán de aplicación los literales D) y E) del artículo 42 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 224 de

la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. En tales expropiaciones se aplicarán las siguientes disposiciones: “D) La Administración iniciará la acción de toma urgente de posesión, solicitando la acreditación de la titularidad sobre el inmueble expropiado y su situación patrimonial, pudiendo intimar la desocupación total o parcial del inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento, en el plazo de diez días perentorios e improrrogables. La decisión judicial que decrete la toma urgente de posesión u ordene la desocupación será inapelable y se cumplirá de inmediato. E) Al decretar la toma urgente de posesión o el lanzamiento en los casos que corresponda, el Juez dispondrá el libramiento de oficio al Banco Hipotecario del Uruguay para el cobro del precio provisorio, a quien haya acreditado la titularidad del inmueble designado para expropiar. La no comparecencia de los interesados si hubiera diferencias o dudas sobre el derecho y calidad, legitimación o titularidad, o la existencia de embargos, interdicciones o gravámenes sobre el inmueble, no será obstáculo para dar la posesión al organismo expropiante”. Artículo 31. (Vía Administrativa).- Para las expropiaciones que se realicen en ejecución del Plan Juntos y a los efectos de lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por los artículos 258 y 278 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se otorgará a los expropiados vista por el término de diez días hábiles improrrogables a fin de que manifiesten su aceptación u oposición a la designación de los bienes a expropiarse, a la tasación de los mismos y a los planos del trazado general de la obra proyectada y de mensura de parcela o parcelas a expropiarse. En lo que no se oponga a la presente disposición continúan rigiendo las normas sobre expropiación vigentes. Artículo 32. (Cartera de inmuebles).- Quedan comprendidos en el artículo 400 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los bienes inmuebles pertenecientes al dominio público o privado del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

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A) En los mismos se encuentren ubicados los asentamientos irregulares en que intervenga el Plan Juntos. B) Resulten necesarios para el realojo de dichos asentamientos. C) Hayan permanecido como terrenos baldíos en los últimos 10 años previos a la promulgación de la presente ley. Dichos inmuebles pasarán a integrar la Cartera de Inmuebles para Viviendas de Interés Social (CIVIS) creada por el artículo 367 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. Igual destino se dará a los bienes inmuebles que se donen o leguen al Plan Juntos, los que se adquieran con recursos del FONAP o se expropien para la ejecución del Plan Juntos. Dichos bienes inmuebles se destinarán exclusivamente a la ejecución del Plan Juntos. Artículo 33. (Vigencia y reglamentación).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y el Poder Ejecutivo la reglamentará en un plazo máximo de 90 días. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 de agosto de 2011. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: vamos a considerar un proyecto de ley, cuyo repartido, tal como salió de la Comisión, no ha sido distribuido. Hay que tener en cuenta que este proyecto de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no es el mismo que vino del Senado. Es por eso que considero que deberíamos tener el texto del proyecto que salió de la Comisión para tener una discusión moderadamente prolija. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Me informa la Mesa -y yo concuerdo- que al no haber in-

forme, no hay ningún proyecto de la Comisión respectiva. Entonces, se va a discutir en base a lo aprobado en el Senado. Es por ello que todos van a disponer de quince minutos, no hay informe de ningún tipo y se llegará a la aprobación del texto, que será el del Senado u otro. SEÑOR PÉREZ BRITO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señor Presidente: trataremos este proyecto tal como vino del Senado, pues, por diferentes motivos, no fue posible realizar los informes en minoría, tanto del Gobierno como de la oposición. Yendo al tema que nos ocupa, cabe decir que en nuestro país persiste, y aún más, se agrava la problemática de sectores importantes de la población marginados y carentes de una vivienda digna. La problemática se expresa a través de periferias desestructuradas, centros urbanos degradados, asentamientos categorizados como irregulares, casas y edificios ocupados, siendo todas ellas situaciones que agudizan la inequidad y la segregación socio-espacial. Todo ello requiere de medidas y políticas concretas, pero también de grados crecientes de conciencia social a nivel de la opinión pública. Entonces, el Plan Nacional de Integración SocioHabitacional “Juntos”, creado el 31 de mayo de 2010 debe ser considerado dentro de una política de hábitat integral y, además, ser acompañado de múltiples políticas sociales estratégicamente diseñadas, así como de un conjunto de acciones e instrumentos que se articulen y actúen sobre las problemáticas que hacen a la vida de las comunidades. Quiero que la Cámara sea bien consciente de que esto apunta a un sector de la población integrado por entre 13.000 y 15.000 hogares, muchos de los cuales corresponden a jefas de hogares solas y con hijos, que en un 40% son menores de catorce años. El hábitat y la vivienda se encuentran entre las necesidades más sentidas por las personas que viven en barrios precarios, constituyendo por sí mismos núcleos movilizadores y motivantes de su propia organización. Estas necesidades básicas, que hacen a la vida cotidiana constituyen, a la vez que un punto de partida para el trabajo conjunto, un motor para el cambio cultural.

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Por último, si bien factores como el empleo, el salario y la educación tienen un peso significativo a la hora de intervenir en la problemática, no podemos perder de vista ni dejar de actuar sobre otras causas de peso radical a la hora de intentar frenar la segregación social como, por ejemplo, la especulación en materia de tierra y de vivienda. Es en este contexto de emergencia sociohabitacional que se hace necesario un marco general legal con el fin de abordar la problemática precedentemente expuesta. El Poder Ejecutivo, por Decreto Nº 171/2010, de 31 de mayo de 2010, declara la emergencia socio-habitacional y mandata la redacción de un proyecto de ley que contenga los instrumentos jurídicos necesarios para la intervención, la modalidad operativa en lo organizativo y funcional y las líneas de acción y programas. En cumplimiento de tal mandato, se elaboró el presente. Es necesario subrayar que el Plan se basa en tres pilares fundamentales: participación de los vecinos, coordinación con diferentes políticas de Estado -vinculadas a Ministerios, empresas públicas, Gobiernos Departamentales y Municipios- así como la solidaridad a través del voluntariado y aporte del sector empresarial. Asimismo, tiene tres pilares institucionales fundamentales: la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social. En cuanto a la estructura de la ley, cabe decir lo siguiente. El artículo 1° se titula: “Declaración de emergencia, interés general y orden público”. El proyecto comienza por declarar la emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema o indigencia, consecuencia del deterioro socio-económico de sectores de la población y de la falta de oportunidades de acceso a la vivienda y hábitat digno. En virtud del mandato Constitucional contenido en los artículos 45 y 46, en su artículo 1°, el proyecto declara de interés nacional la ejecución del Plan Juntos con el objetivo de contribuir, a través de la implementación de acciones estratégicas de impacto urbano habitacional, a la mejora de la calidad de vida, en especial, de aquellos sectores más vulnerables de

la población, y dispone que sus normas sean de carácter imperativo. Entre los objetivos del Plan se establece en el artículo 2º el abordaje de la problemática de amplios sectores de la población, que viven en situación de pobreza o indigencia, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la integración social, el fortalecimiento de la participación así como la implementación de acciones estratégicas tendientes a la mejora del hábitat y la vivienda Asimismo, en el mencionado artículo 2º se proyecta la articulación de los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, ya sea en especie o en dinero, o mediante trabajo voluntario y la coordinación de acciones con los demás organismos públicos y Gobiernos Departamentales. En el ámbito objetivo de aplicación del Plan se plantean tres formas de intervención: a) mejoramiento de la vivienda, b) relocalización en aquellos casos de asentamientos no regularizables por situación de riesgo por inundabilidad o contaminación o cuando contravengan los Instrumentos de ordenamiento territorial, y c) la dotación o fortalecimiento de la infraestructura de asentamientos o áreas precarizadas -artículo 2º. Entre las líneas de acción y programas se definen las que corresponden al Plan, entre las que se destacan aquellas relativas a la política de habitabilidad, a saber: mejora del hábitat existente y el apoyo a la generación de nueva oferta para el hábitat, y las correspondientes a políticas sociales consistentes en: promoción y apoyo a la gestión social participativa, apoyo a programas de inserción laboral y, finalmente, apoyo a la ampliación de cobertura y acceso a los servicios socioculturales -artículo 3º. El Capítulo II refiere a la organización y estructura. Por el artículo 4º se crea una Unidad Ejecutora como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, funcionando en la órbita de la Presidencia de la República, que se denomina Unidad Operativa Central. Se establecen sus competencias, entre las cuales se encuentran: proponer anualmente al Poder Ejecutivo, para su aprobación, las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos, ejecutar y dictar sus resoluciones, realizar el seguimiento de las políticas aplicables al mismo, así como las que se coordinen con los

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Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos -artículo 5º. En aras de priorizar la organización de la población participante, la principal forma de acceso al Plan será mediante las propuestas de la población organizada, sin perjuicio de la iniciativa de los Gobiernos Departamentales y de aquellas intervenciones que la Unidad Operativa Central estime convenientes -artículo 5º. Como soporte del órgano Unidad Operativa Central en el artículo 6º se crea una Comisión Directiva integrada por tres miembros: un representante de la Presidencia de la República, uno del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otro del Ministerio de Desarrollo Social, dejándose para la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo la forma de actuación del órgano colegiado de dirección. De esta Comisión Directiva dependerá el Equipo Interdisciplinario como órgano asesor -artículo 7º. A través del artículo 8° se crea una Unidad de Auditoría Interna, que jerárquicamente dependerá de la Comisión Directiva y que estará sometida a la Superintendencia Técnica de la Auditoría Interna de la Nación, evaluando gestión y cumplimiento de los cometidos, con informes cuatrimestrales que deberán ser enviados a la Presidencia de la República, al Parlamento Nacional, y a la Auditoría Interna de la Nación. El Capítulo III tiene que ver con el ámbito de aplicación subjetivo del Plan Juntos. El proyecto de ley dispone que amparará aquella población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, definiéndola como aquella que se encuentra en la franja poblacional de pobreza extrema -artículo 8º. Se dispone además que el Plan Juntos atenderá aquella población participante que se encuentre en situación de precariedad sociohabitacional, la que será titular de derechos y obligaciones, participando en todas las etapas del proceso de diagnóstico de la situación, identificación de prioridades, diseño de proyectos, toma de decisiones, ejecución y evaluación de obras, entre otras. Se crea la figura del Núcleo Familiar Participante -artículo 10- y el Registro Único de Participantes del Plan, RUPP -artículo 11-, con determinados requisitos

para acceder al mismo, quedando su implementación a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Respecto al egreso de los integrantes de los núcleos familiares participantes del Plan se establecen en el artículo 12 determinadas causales disponiéndose, además, que dicho egreso aparejará su baja del RUPP y la resolución de pleno derecho del contrato de comodato, sin que le corresponda derecho alguno a indemnización, ni a reembolso por la mano de obra aportada. El Capítulo IV de este proyecto tiene que ver con las modalidades de construcción, los prestadores de trabajo y el régimen de seguridad social. Se establecen normas acerca de las modalidades de obra o construcción, priorizándose la autoconstrucción y la mano de obra benévola. Acerca de los prestadores de trabajo se incluyen, a modo enunciativo, distintas modalidades quedando expresamente establecido que la relación de dependencia de los trabajadores que se integren a la ejecución del Plan se regulará de acuerdo con lo que establezca en la normativa vigente y en los convenios o contratos que se suscriban a tales efectos. Asimismo, se prevé que los prestadores de trabajo en ningún caso generarán derechos para el ingreso a la función pública. Con relación al régimen de seguridad social, como forma de subsidio a aquellas empresas privadas contribuyentes al Banco de Previsión Social que aporten a su costo trabajo en aras de la ejecución del Plan, se establece que podrán ser de cargo de la Unidad Operativa Central, debiendo esta solicitar la habilitación de los créditos correspondientes por parte de Rentas Generales. Se deja reservada a la reglamentación que se dicte, y en atención a la naturaleza del Plan, formas eventuales de flexibilización de los requisitos para el acceso al registro de las obras enmarcadas en la ejecución del Plan, así como de los trabajadores en las distintas modalidades de trabajo. El Capítulo V tiene que ver con los recursos financieros del Plan Juntos. Con relación a los recursos con los cuales se financiará el Plan, se incluyen recursos presupuestales y extrapresupuestales. Se crea el Fondo Nacional del Plan, FONAP, que funcionará en la órbita de la Unidad

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Operativa Central, que tendrá su titularidad, disponibilidad y administración -artículo 17. Se proyecta que la Unidad Operativa Central tendrá la facultad de realizar contratos de fideicomiso -artículo 20-, y se incorpora una nueva excepción al numeral 3) del artículo 33 del TOCAF a los procesos competitivos de compra para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad Operativa Central -artículo 19. En el Capítulo VI hablamos de exoneraciones tributarias e incentivos fiscales al Plan Juntos. Se establecen exoneraciones tributarias a las donaciones y legados cuyo destinatario sea el Plan Juntos, así como a las tareas de ejecución y regularización de obras, entre otros -artículo 21. Se disponen además incentivos fiscales a las donaciones cuyo destinatario sea el Plan Juntos -artículo 22. El Capítulo VII refiere a la adjudicación de las viviendas. Se prevé como principio rector del Plan Juntos otorgar a los participantes seguridad jurídica en la tenencia de los inmuebles donde se encuentran ubicadas las viviendas que habitan en las que interviene, así como transferirles la propiedad del inmueble sin ninguna contrapartida más que la autoconstrucción de su vivienda o la ayuda mutua en la construcción -artículo 23. No obstante ello, en forma transitoria y hasta tanto no se proceda a la adjudicación definitiva, se otorgará a los participantes la tenencia de las viviendas mediante contrato de comodato -artículo 24. Con el artículo 25, uso y goce de la vivienda, se dará preferencia a quien mantenga la tenencia de menores e incapaces. En caso de no existir, será la Unidad Operativa Central la que decida. Se estipula un plazo mínimo de diez años de inalienabilidad a efectos de fomentar el afincamiento y evitar la especulación inmobiliaria entre los participantes. En este lapso, se impide la disposición del bien, salvo autorización expresa de la Unidad Operativa Central -artículo 23. En este caso, de procederse a la venta, tendrá preferencia para su adquisición la Unidad Operativa Central del Plan y en los demás casos al enajenar se deberá reintegrar el valor del terreno al que accede la vivienda y las mejoras efectuadas, descontando el valor de la mano de obra aportada.

Se prevé, además, respecto al derecho de habitación, que en caso de fallecimiento de cualquier integrante del núcleo familiar participante no se aplicará el artículo 881.1 del Código Civil -artículo 28. Por otra parte, a los únicos efectos de la ejecución del Plan y con carácter excepcional ante la emergencia sociohabitacional, se entendió pertinente modificar una serie de instrumentos jurídicos que le den mayor celeridad a los procedimientos vigentes. Así, en materia de expropiaciones, se declara de necesidad pública la expropiación de los inmuebles que se requieran para la ejecución del Plan Juntos -artículo 29-, y sin desconocer los derechos de los administrados y el debido proceso, se introducen modificaciones a la legislación vigente respecto a la tramitación de la vía administrativa -artículo 31- y de la judicial, en lo que refiere a la toma urgente de posesión -artículo 30. En cuanto a la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social, -CIVIS-, se proyecta que la integrarán los inmuebles de propiedad pública o fiscal donde se encuentren ubicados los asentamientos en los que intervendrá el Plan Juntos, así como aquéllos, en los que también intervenga y que hubieran permanecido baldíos durante los últimos diez años previos a la promulgación de esta ley -artículo 32. Se prevé un plazo de noventa días para reglamentar la ley -artículo 33. Este iba a ser el informe en minoría, que sería firmado por los compañeros del Frente Amplio, que trabajamos en este proyecto, es decir, la compañera Diputada Pereyra y los compañeros Diputados Bango y Rodríguez. Finalmente, presentamos este proyecto con mucha alegría, y con mucha seriedad, para que muy pronto en todos estos lugares se comience a aplicar el Plan Juntos, a pesar de que ya comenzó en otros departamentos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado Dávila. SEÑOR DÁVILA.- Señor Presidente: nos habíamos anotado para hacer uso de la palabra y así dar a nuestro compañero la posibilidad de que profundizara su informe, pero pudo fundamentar su posición sobre

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este proyecto tan importante en el tiempo reglamentario. No obstante, nosotros, que venimos del interior, que estuvimos en el tapete por lo que sucedió en el barrio Las Láminas en 2002, también queremos opinar. Este barrio se formó por las políticas que se aplicaban en este país, lo que llevó a la gente a marginarse, a perder su trabajo y así se afincó en estos lugares, carentes de todo tipo de servicios. Últimamente, esta zona se ha venido recuperando gracias al importante aporte de nuestro Gobierno. Tanto es así que el PIAI en estos días construirá, junto con los vecinos, doscientas viviendas para la gente del barrio Las Láminas. Como es sabido, el Plan “Juntos” hace tiempo que se viene instrumentando, y por eso la Intendencia de Artigas, junto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, han trabajado en distintas situaciones en nuestro departamento. Hablamos de los barrios El Farolito, Las Piedras -y su regularización- y 6 de Mayo en Bella Unión, y del apoyo a los vecinos del barrio Hospital de Artigas afectados por las inundaciones. Sin duda, al votarse este proyecto se reforzarán todas estas medidas que ha estado aplicando nuestro Gobierno, junto con la Intendencia de Artigas, lo que cubrirá las carencias que teníamos en nuestro departamento, generadas por las políticas anteriores que provocaron marginación y pobreza. Lo más importante a resaltar de este proyecto es que se terminará aquella política del “que me den”, y con el apoyo de nuestro Gobierno y el trabajo voluntario la gente podrá aportar su mano de obra; sin duda, reitero, se irá terminando con aquella cultura de esperar sentado que el Estado diera todo. Para nosotros es importante que la gente empiece a recuperar la cultura del trabajo, y eso es parte fundamental de este proyecto. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado Arocena. SEÑORA AROCENA.- Señor Presidente: aun antes de asumir la primera magistratura, el actual Presidente de la República manifestó que uno de los grandes problemas del país era la emergencia habitacional.

Cuando asumió como Presidente, el 1º de marzo de 2010, en su discurso ante la Asamblea General reiteró que existía emergencia habitacional. Se tomó un par de meses para crear una comisión de trabajo que elaborara un proyecto de ley. Desde el 1º de marzo de 2010 al 23 de diciembre del mismo año, cuando finalmente envía el proyecto de ley, pasaron diez meses. Se tardó ese tiempo en la órbita del Poder Ejecutivo para estudiar un proyecto y luego enviarlo al Parlamento. La iniciativa ingresó en diciembre en el Senado. Evidentemente, como se entraba en receso, no se pudo tratar. El 1º de marzo comenzó un nuevo período legislativo, y el Senado se tomó alrededor de ocho meses para estudiar este proyecto y votarlo. La Cámara de Diputados lo recibió a mediados de agosto de 2011. Nos preguntamos si todo esto se llama urgencia o emergencia. ¿Recién el 1º de marzo de 2010 un Decreto del Poder Ejecutivo declaró la situación de emergencia sociohabitacional? El 14 de setiembre escuchamos en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente a una delegación de la Unidad Operativa Central del Plan Juntos, dependiente de la Presidencia de la República, integrada por el arquitecto Carlos Acuña, su Presidente, la asistente social Delia Soria, su Directora, el arquitecto Muttoni, su Director, y la doctora Claudia Ojeda, su asesora, quienes afirmaron que hay entre 70.000 y 100.000 personas en situación de extrema precariedad habitacional, y que la problemática se agudiza. Votamos en general el proyecto en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente porque somos más que conscientes de la carencia de viviendas en este país, a lo largo y ancho de su territorio, pero no podemos compartir que se diga que existe una emergencia sociohabitacional y que recién ahora se considere esta iniciativa, ya que debió haberse presentado al inicio del gobierno y no dos años después, cuando estará operativo este Plan, en virtud del tiempo que será necesario para aprobarlo en esta Cámara y su posterior instrumentación. Si recién ahora se vota este proyecto, debemos pensar que no se trata de una real emergencia, ya que estamos en el segundo Gobierno del Frente Amplio y nada se ha hecho en estos años para dar una

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solución verdadera, concreta y sustentable con una buena política en la materia. Este Gobierno, al igual que el anterior, cuentan con mayoría parlamentaria y con los recursos que no han manejado otros gobiernos; sin embargo no han tenido la capacidad suficiente para generar políticas acordes, eficientes y ejecutables. Votamos lo que sí corrobora que hay una emergencia sociohabitacional en nuestro país. Eso sí lo votamos porque lo comprobamos a diario y porque nos duele ver cómo pasan los meses y nada, o al menos casi nada, se hace. No votamos este proyecto referido al Plan Juntos porque tiene una gran falencia, ya que tiende a salir del control parlamentario al crearse una agencia u oficina fuera del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, directamente bajo la órbita de la Presidencia de la República a la que, por supuesto, no se puede interpelar. Además, esta agencia queda fuera del control del TOCAF y del Tribunal de Cuentas, que precisamente brindan garantías al accionar gubernamental y, sobre todo, al país. También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto queda de lado en este proyecto de voluntarismo que hoy estamos discutiendo, y tan solo para refrescar la memoria nombremos algunos de sus contenidos: presupuestos públicos, estrategia de desarrollo y política de inversión y políticas territoriales. ¿Acaso todos estos organismos no nos han dado a lo largo de los años prueba fehaciente de que son útiles, confiables y de permanente consulta de todos los actores políticos para saber cómo trabajan o se desarrollan las distintas reparticiones del Estado o de los Gobiernos Departamentales? ¿Acaso se pretende utilizar la mayoría parlamentaria para desarticular un sistema de garantías de la administración pública? Ya existe la Agencia Nacional de Vivienda, que de por sí duplicó la función del Banco Hipotecario del Uruguay, desdibujando las diferencias y ventajas entre ambos. Alcanza con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para administrar fondos, llevar adelante y ejecutar políticas de vivienda, pues es el organismo indicado ya que cuenta con el apoyo y la jerarquía necesaria y los debidos controles para su accionar.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es el organismo natural para ejecutar el Plan Juntos, ya que posee el equipo, los técnicos y la experiencia, lo que permitirá comenzar a construir de inmediato, con todas las garantías, con eficacia y con eficiencia. Es importante recordar que en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, cuando pronunciamos estas mismas palabras, nos trataron casi de intransigentes por no compartir este proyecto, olvidándose que este año, bajo la Presidencia de un Diputado del Partido Nacional, en esta misma Asesora se aprobaron los proyectos de ley de conexión al saneamiento y de acceso a la vivienda de interés social, y ahora discutimos no solo el Plan Juntos sino también el proyecto de acceso a la vivienda para las víctimas de la violencia doméstica. Si algo queda claro es que el Partido Nacional ha colaborado en todo momento para buscar soluciones y mecanismos que ayuden, promuevan y faciliten la construcción de nuevas viviendas y la conexión al saneamiento, ya sea de viviendas nuevas o construidas antes, para dar una mayor calidad de vida a nuestros conciudadanos. Este no es un hecho aislado en la vida de nuestro país y, si bien para muchos de los aquí presentes Uruguay tiene fecha de nacimiento en 2005, permítasenos decir que entre 1990 y 1995, durante el Gobierno del Partido Nacional, con muchísimos menos recursos que en la actualidad y con una economía que venía de un proceso casi hiperinflacionario se alcanzaron los siguientes objetivos. El Banco Hipotecario finalizó la construcción de 11.063 viviendas y dejó en construcción muy avanzada más de 7.000. Asimismo, otorgó 14.127 préstamos individuales, lo que totaliza más de 33.000 soluciones habitacionales. A esto hay que agregar 4.374 viviendas nuevas hechas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y más de 3.000 certificados de subsidios entregados. Además, MEVIR construyó 5.200 nuevas casas. Si sumamos estos datos nos encontramos con que se otorgaron 45.574 soluciones habitacionales. Años después, en el quinquenio 2005-2010, con una economía recuperada luego de una gran crisis, con muy altos precios de exportación pagaderos por nuestros productos y materias primas y -lo más im-

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portante- buena plata en el bolsillo, se construyeron 40.500 soluciones habitacionales, de las cuales solo 20.500 eran nuevas; el resto eran préstamos y garantías. Este último dato puede ser un poco impreciso, y quizás alguien con más conocimiento logra acercarnos alguna cifra exacta. Lo que sucede es que en el mes de febrero del corriente año cursamos un pedido de informes al Ministerio para conocer la cantidad exacta de viviendas construidas en el quinquenio pasado, pero hasta la fecha no ha sido respondido, con la clara excepción de MEVIR, que en tiempo y forma nos proporcionó todos los datos solicitados. Hablemos también de nuestro departamento de Florida, porque alguien podrá decir por ahí que somos insensibles porque no votamos el Plan Juntos. En el quinquenio 2000-2005, en medio de la mayor crisis que sufrió el Uruguay -que pegó muy fuerte en departamentos como el nuestro, agrícolas, ganaderos y lecheros-, se construyeron 67 viviendas nuevas, pero en el quinquenio 2005-2010 se edificaron 16 y, además, con grandes defectos de construcción. No es necesario que se nos diga que en el quinquenio pasado se creó el MIDES. Ya lo sabemos, pero también sabemos que se puede hacer -y muy bienmás de una cosa al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata del Gobierno nacional. Entonces, tenemos que no se construyen viviendas en tiempo y forma, y para lograr que las soluciones habitacionales sean una realidad concreta y sustantiva, no meramente virtual, el Gobierno decide elaborar un nuevo instrumento, que sea líder en esta materia. Entonces, lo que realmente nos está diciendo, con los hechos, es que este Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no está trabajando bien y que el Gobierno no sabe cómo solucionar este problema. El Plan Juntos nació por decreto en mayo del año pasado y en febrero de este año ya estaba poniendo ladrillos. Según la iniciativa presidencial, “es un instrumento jurídico necesario para la intervención, la modalidad operativa en lo organizativo y funcional y las líneas de acción y programas”. Pero si están trabajando desde el mes de febrero y no necesitaban la ley para ello, ¿por qué hoy tienen este apuro en sacarla casi a “prepo”? Porque política y ejecutivamente están cumpliendo con los deseos del Presidente. ¿Para qué hacer una ley? ¿Para qué encorsetarse con esto? Quizás -solo es un quizás, no lo tengo claro- se están in-

cumpliendo algunas normas del país, ya sea relativas al Banco de Previsión Social, a la Dirección General Impositiva, etcétera, y por eso se necesita una ley que dé marco legal al trabajo que ya arrancó. Se podrá criticar esta observación, pero es puro sentido común y capacidad de crítica, nada más. Por otra parte, quisiéramos explayarnos sobre el articulado del proyecto. Reiteramos que esta ley va a estar operativa recién dos años después de la asunción del Gobierno, el mismo que nos dijo que había una emergencia en materia de vivienda. Pues bien, sincerémonos: ¿para ustedes dos años es una emergencia? Si hay una emergencia, esperar dos años, cuando este Gobierno tiene el dinero y la mayoría, es una gran negligencia que es menester subrayar a viva voz. Ni hablar de que es el segundo gobierno de la misma fuerza política, que cuenta con la mayoría parlamentaria y con una balanza económica sin antecedentes. En el artículo 3º hay una concurrencia de competencias que en el futuro va a causar problemas, porque se está generando una nueva infraestructura burocrática. Este artículo refiere a las líneas de acción en materia de vivienda y hábitat, por lo que claramente alude a dos aspectos que ya están presentes en la Ley Nº 16.112, de creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que establece las competencias de esa Cartera, que están vinculadas con la política nacional de vivienda. A ese Ministerio le compete llevar adelante la política de hábitat a nivel interno. En este caso, se crea otra figura jurídica en el ámbito de la Presidencia, que claramente competirá, concurrirá y hasta podrá llegar a generar contradicciones con el Ministerio. Esto no hace a la buena administración ni a lo que debe ser el Estado, que tiene que resolver los problemas de la gente y no crear más inconvenientes. Por esto creemos que no es bueno establecer una figura jurídica fuera del Ministerio y con esta clase de competencias. Tememos que, al existir más de un actor con las mismas funciones, se pueda distorsionar la ejecución. En el artículo 3º se señala que el Plan Juntos se va a ejecutar; entonces, no podemos votar algo que da posibilidades de ejecución a un organismo con cuya creación no estamos de acuerdo. Coloquemos, por lo tanto, al Plan Juntos dentro del organigrama del

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Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como debe ser; no debe estar separado de esta Cartera, sino dentro de esta. Sabido es que si uno tiene un problema y se rodea de herramientas que no sirven, el problema no se soluciona. El Estado tiene su estructura; cuenta con el Ministerio, con el Banco Hipotecario, con la Agencia Nacional de Vivienda, con el MIDES, etcétera. Tiene de todo; por eso no entendemos que haya que seguir creando nuevos organismos. El Partido Nacional va a plantear a este respecto un artículo sustitutivo que leerá cuando corresponda. Por otra parte, no compartimos lo establecido por el artículo 4º por lo que ya hemos dicho: se plantea para este organismo una competencia directa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Son los mismos objetivos; seguimos creando más y más burocracia. Entendemos que no deben crearse dos organismos con las mismas funciones. Nos cuestionamos si se trata de que quieren solucionar la inoperancia del Ministerio con este nuevo organismo o si, simplemente, necesitan crearlo para decir que cumplieron con eso. Con ponerle nuevos nombres a las cosas y con crear cosas nuevas no se solucionan problemas viejos, más bien se pone un palo en la rueda, desacelerando en vez de acelerar a fondo. ¡Por favor!, consideren el hecho de que están creando una nueva supraestructura. Si la herramienta no funciona hay que modificarla o mejorarla, no crear nuevas, provocando que sigan conviviendo todas y sin funcionar. Esta nueva institución está fuera de la Cartera del Estado en la que le correspondería estar; se la ubica en la órbita del Poder Ejecutivo, sin control parlamentario. No podemos llamar a responsabilidad al Presidente por este tema. Solo voy a dar un ejemplo sobre este punto en particular (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Luis Alberto Lacalle).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Redondee su pensamiento, por favor. SEÑOR AROCENA.- Cuando los jerarcas del Plan Juntos asistieron a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, comentaron que se habían inspirado en los planes peronistas argentinos. No nos inter-

esa entrar en detalles sobre los planes kirchneristas y sus políticas de vivienda, pero son conocidas por todos las tremendas acusaciones que se cruzan en estos días entre el Gobierno, las Madres de Plaza de Mayo y la administración encargada de la construcción de viviendas sociales. Es evidente que faltaron organismos controladores y que los que había fallaron en sus cometidos. Hablamos de organismos controladores como los que hoy estamos obviando alevosamente. ¡Claro que tenían Comisiones de contralor como las que aquí se trata de implementar con el nombre de Unidad de Auditoría Interna, pero a la vista de todos está que, por lo menos en Argentina, no funcionaron! (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Ya terminó el tiempo de que disponía, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Silvera Araújo. SEÑOR SILVERA ARAÚJO.- Señor Presidente… SEÑOR AROCENA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SILVERA ARAÚJO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR AROCENA.- Gracias, señor Diputado Silvera Araújo; gracias, señor Presidente. Con respecto al artículo 5º, debemos decir que no lo votamos por las mismas razones, ya que en el literal a. proyectado, en lugar de expresar: “Proponer al Poder Ejecutivo […]”, debería decir: “Proponer al señor -o señora- Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, y excluir los literales b. e i. por ser competencias propias del Ministro. Queda establecido que sus atribuciones son proponer, coordinar, promover, organizar y dirigir, pero básicamente bajo la órbita del señor Ministro. También tenemos un artículo sustitutivo para proponer en su momento. Con respecto al artículo 6º, no podemos estar de acuerdo con que sea una Comisión Directiva la que quite potestades al señor Ministro. En defensa de la ejecutividad que debe tener el señor Ministro, no podemos acompañar este punto. Entendemos que debería ser una Comisión Asesora y no una Comisión Directiva. Al respecto, también tenemos un artículo sustitutivo para presentar.

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Con relación al artículo 7º, diremos que tampoco concordamos con lo aquí proyectado, pues es menester que el Equipo que propone este artículo sea designado por el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En cuanto a las competencias, el Equipo debería: “[…] Asesorar y realizar propuestas al Ministro […]” y debería “[…] Ejecutar las acciones dispuestas por el Ministro […]. Es decir, que sustituimos el término “Comisión Directiva” por “Señor Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”. El artículo 8º debería ser la prioridad del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Lamentamos que se tenga que crear un instituto paralelo porque el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no ha tenido, al parecer, la capacidad de llevar adelante lo que establece este artículo. Debería sustituirse la expresión: “jerárquicamente de la Comisión Directiva” por la de: “jerárquicamente del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”. Con respecto a los artículos 9º a 16, debemos decir que los hemos votado por unanimidad en la Comisión. En cuanto al artículo 17, opinamos que los recursos del Plan Juntos deberían salir del Fondo Nacional de Vivienda. En lo que tiene que ver con los artículos 18, 19 y 20 decimos que por razones de practicidad deberían haberse unificado los artículos 17 a 20 y, por coherencia, se debería establecer que los recursos del Plan Juntos se financiarán con el Fondo Nacional de Vivienda y con los siguientes recursos, y a partir de allí figurarían los literales A), B), C), D) E) y F). En los artículos 21 a 26 inclusive, hubo unanimidad en la votación de la Comisión de la Cámara de Diputados. No estamos de acuerdo con el artículo 27. Comprendemos que hay componentes fundamentales que son los bienes materiales, es decir, el terreno, las mejoras y la mano de obra del beneficiario, estableciéndose que se descontará del reintegro. Pero aquí no se tiene en cuenta el caso de que en el transcurso de los diez años de inhibición de vender el beneficiario agregue mejoras a la construcción. ¿Que sucede si construye una casa igual en ese terreno o un segundo pi-

so? ¿Eso no se le descuenta del reintegro? No hablamos de especulación sino de real necesidad de vender como, por ejemplo, cuando por razones laborales la persona debe trasladarse a otro departamento. Aquí se crea una injusticia. Para subsanarla, al final del primer párrafo debió estipularse: “[…] descontando el de su mano de obra aportada, así como las mejoras que el propio beneficiario hubiera aportado”. El artículo 28 lo hemos votado. No votamos los artículos 29, 30 y 31 por entender que la expropiación está regulada por el artículo 32 de la Constitución de la República. Existe al respecto doctrina que plantea la inconstitucionalidad de las leyes expropiatorias genéricas, que establecen la facultad de expropiar pero no especifican qué padrones, en qué lugares ni cuándo. El artículo 32 establece que la expropiación estará sujeta a que por ley se entienda que se hace por razones de interés general. Pero la ley debe establecer concretamente qué padrones serán expropiados. No se trata de una autorización genérica a la Administración. Si facultamos a los Ministros a expropiar para cumplir con sus objetivos, estaríamos incumpliendo la Constitución. Este tema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia en acciones de inconstitucionalidad. No votamos los artículos 29 y 30, en virtud de que al dar un cheque en blanco a la Administración se puede contrariar la Constitución. Por lo tanto, opinamos que se debería rendir cuentas ante el Parlamento con respecto a los padrones que se pretende expropiar para cumplir con los objetivos planteados. El artículo 32 incorpora bienes inmuebles pertenecientes a actores nacionales y departamentales, a fin de configurar la cartera de tierras… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Silvera Araújo. SEÑOR SILVERA ARAÚJO.- Señor Presidente… SEÑOR AROCENA.- ¿Me permite una nueva interrupción? SEÑOR SILVERA ARAÚJO.- Sí, señor Diputado.

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SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR AROCENA.- Señor Presidente: no se expresa si se va a hacer una expropiación, una cesión, si le van a quitar un inmueble a una Intendencia, si el Plan Juntos puede hacer eso o tiene que pasar por la Junta Departamental para ser aprobado. Además, si esto es aprobado en la Cámara, ¿la Junta Departamental tiene la última palabra? Por lo tanto, este artículo genera enormes dudas. Por otra parte, cuando el Gobierno pida un terreno a una Intendencia, ¿se lo pedirá a título gratuito, como donación o se le coaccionará? Asimismo, ¿están autorizados a donar? Finalmente, votamos el artículo 33, aunque no se comprende por qué si la urgencia es tanta, se otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la ley. En la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente los Diputados del Partido Nacional votamos el texto de forma genérica para dar la discusión aquí en la Cámara. Sabiendo que hay mayoría del Partido de Gobierno, no quisimos trancar la discusión en la Comisión. Para finalizar esta alocución -agradezco el tiempo del señor Diputado Silvera Araújo- también debemos decir que el pasado jueves 6 de octubre, en la página 3 del semanario “Búsqueda” editado ese día, aparece un artículo firmado por el periodista señor Daniel Lema, en el que se citan las palabras del dirigente socialista Walter Morel, quien se queja del clientelismo y sectarismo con que se maneja el Plan Juntos. Esta denuncia sería, por sí sola, bastante grave; nos preocupa, pero lo que más nos llama la atención es que en la respuesta que dan los mencionados, en esa reunión ninguno rechazó ni negó de plano las palabras del señor Morel. Me imagino que ahora los Diputados del Gobierno harán cola para responderme y decirme que es un disparate pero, en realidad, no es a nosotros a quien tienen que responder sino, primero, a Morel, quien se quedó sin la respuesta -y es quien formuló la queja- y, segundo, pero más importante, a todo el país. El Partido Nacional desea que este Gobierno construya todas las viviendas de la modalidad que sea, y entiéndase que las queremos ya. Las queremos

de forma ordenada y con los controles que el Estado uruguayo tiene dispuestos para esos fines. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Es cuanto tenía para decir. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede continuar el señor Diputado Silvera Araújo, a quien le restan siete minutos. SEÑOR SILVERA ARAÚJO.- Señor Presidente: no vamos a votar en general este proyecto y apoyaremos algunos artículos por las razones que ha expresado el compañero Diputado Arocena. Estamos de acuerdo con la declaración de emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con una realidad que rompe los ojos? Lo apoyamos convencidos de que existe esa emergencia socio-habitacional. También estamos de acuerdo completamente con los objetivos de este Plan. Son muy loables; a simple vista uno puede darse cuenta de que los objetivos que se pretende alcanzar son totalmente justificados de acuerdo con la población a la cual está orientado dicho Plan. También estamos de acuerdo con la población que se atenderá por este Plan. ¿Quiénes serán las personas a las que se les extienda el brazo del Estado, dándoles ese apoyo que tanto necesitan? Estamos totalmente de acuerdo en estos tres aspectos: en la declaración de emergencia, en los objetivos del Plan y con la población a la que se atenderá. Pero entendemos que aquí se están superponiendo funciones que ya tiene, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como competencias inherentes. Además, existen organismos como la DINAVI y la Agencia Nacional de Vivienda, que ya cumplen con estas funciones. Vemos que hay una superposición de una nueva estructura que entendemos no se justifica y, que insumirá al Estado, sin lugar a dudas, una enredadera de organismos, instituciones y de personas que estarán mucho tiempo para desatar la galleta, como se dice, porque esto ni ellos mismos lo van a entender. Entendemos que las funciones de cada uno de los Ministerios de nuestra República son claras y cada uno tiene atribuciones para participar en las políticas que se pretenden a través de este Plan. Lo pueden hacer de forma legal porque tienen asignadas esas funciones por ley. Se está agrandando un marco que

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no es operativo. Desde marzo de 2010, cuando se declara la emergencia sociohabitacional por decreto del Poder Ejecutivo hasta la fecha -lo digo por el departamento de Treinta y Tres, que represento-, no ha habido ninguna acción o injerencia del Plan Juntos que se haya podido visualizar. Y la emergencia en mi departamento existe; ¡claro que existe! Sin embargo, en Treinta y Tres no he visto participación del Plan Juntos. Estamos hablando de que es un plan nacional, pero un plan nacional no es Montevideo ni Canelones, es mucho más amplio: Treinta y Tres y todo el interior también existen. Si bien estamos de acuerdo con estas iniciativas y acciones que se pretenden impulsar, no creemos que sea creando esta nueva superestructura carente de toda necesidad, mientras se sigue desatendiendo nuestros departamentos del interior. En estos días en nuestro departamento se ha anunciado la construcción de 50 viviendas, de las que 25 probablemente se hagan por MEVIR, pero solo en el pueblo General Enrique Martínez, en Charqueada, existe un déficit habitacional de 160 viviendas nuevas. Es decir, 25 viviendas no dan ni para empezar. Aquí estamos hablando de que con este Plan se va a combatir esta emergencia sociohabitacional. Esperemos que así sea. No lo digo solo como Representante sino como ser humano. No se olviden del interior. Lamentablemente, estamos creando una estructura y supercargando al Estado con funciones que ya están atribuidas por ley a los distintos Ministerios. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el departamento de Treinta y Tres ha sido inoperante. Con esta superabundancia de actores esto no se va a solucionar. Esperemos que con el tiempo tenga que decir aquí que no he tenido razón; deseo equivocarme, señor Presidente, porque no solo en Treinta y Tres sino en todo el interior -obviamente para la población de la capital de la República y del área metropolitana, pero sobre todo de ese interior profundo al que los Representantes tenemos que dar la cara todos los días- necesitamos que las acciones y los objetivos de este Plan vayan dirigidos, precisamente, a la población de emergencia, carenciada, que también existe en el interior. Muchas gracias, señor Presidente. (Apoyados) SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: todos coincidimos en catalogar esta situación como grave, es decir, la población marginada de un lugar digno en la ciudad y en el territorio, diversas situaciones de exclusión social y territorial y la reconfiguración del rostro urbano, del mapa de nuestro país que agudiza las inequidades sociales. Ante esta situación el Poder Ejecutivo nos propone un plan nacional de integración sociohabitacional que además incluye un simpático sobrenombre: “Juntos”. Declarada la situación de emergencia habitacional en estado de precariedad sociohabitacional, el propósito anunciado para esta propuesta radicaría en la imperiosa necesidad de coadyuvar en la profundización de la aplicación de políticas públicas, dirigidas a la atención de la población en situación de riesgo sociohabitacional y la promoción de acciones urgentes y coordinadas entre los actores públicos y la sociedad toda, con el fin de promover programas integrales de respuesta. Lo primero que queremos señalar es que hemos sido coherentes en reconocer una y otra vez -lo hemos visto con buenos ojos- la jerarquización que se ha hecho respecto a la vivienda en este período de Gobierno. Entre otras cosas, queremos señalar que esta es una de las razones por las que el Partido Independiente votó afirmativamente el proyecto de Presupuesto quinquenal el año pasado. Compartimos la jerarquización de la vivienda que se ha hecho en este período de Gobierno, pero sin dejar de señalar, por supuesto, que esto contrasta con la ausencia de políticas y de acciones concretas por parte del Gobierno anterior, del mismo partido. Sin embargo, y a pesar de los propósitos enunciados y de las permanentes referencias presentes en el proyecto a la coordinación y a coadyuvar con otras políticas públicas, salta a la vista que el plan propuesto aparece como descolgado del resto de las políticas públicas y con un sustento institucional incomprensible e injustificable. ¿Por qué este Plan sí de integración social pero indudablemente de vivienda, se encuentra por fuera del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿Es por la necesidad de la coordinación interinstitucional? ¿Es que se sugiere acaso que el resto de las políticas del Ministerio no son coordinadas ni se pueden coordinar? ¿Por qué seguimos engrosando los organismos directamen-

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te dependientes de la Presidencia de la República ajenos a todo tipo de control? Sin dudas, este proyecto nos propone seguir sobredimensionando este nuevo mega Ministerio que se ha constituido por la vía de los hechos, ajeno a todo tipo de control. Vaya como ejemplo mencionar que el año pasado hicimos un pedido de informes con respecto al Plan Juntos, y por supuesto aún estamos esperando la respuesta. Esto habla de los niveles de control que podrá tener el Parlamento sobre las acciones de este Plan. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Tourné) ——Por otro lado, debemos señalar que la apelación a la emergencia habitacional -insisto: compartimos y coincidimos en que es grave- debería obligarnos a ser aun más estrictos en la preocupación por los criterios técnicos en lo constructivo, en lo territorial y en lo urbanístico. Sin embargo, de una lectura atenta del proyecto que tenemos a consideración, parece no jerarquizarla adecuadamente. Por último, este plan sociohabitacional aparece como una política pública de integración social, predominantemente de vivienda, aunque por fuera del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin dudas trae como consecuencia el desplazamiento del centro del protagonismo en materia de soluciones de vivienda para familias de bajos ingresos, de experiencias surgidas al amparo de la Ley Nº 13.728, Plan Nacional de Viviendas, en particular del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Este instrumento ha demostrado ser capaz de dar respuesta, y ha sido clave no solo para soluciones a la problemática de la vivienda sino además jugando un rol en la jerarquización y en la dignificación de las personas, al hacerlas artífices de su destino y logrando además la adecuada articulación de los actores sociales con el medio urbano, sustituyéndolos por una propuesta que parece estar impregnada de improvisación de acciones con un rumbo muy dudoso. Básicamente por estas razones, el Partido Independiente no va a acompañar el proyecto, no lo votará en general, sin perjuicio de que en el transcurso de la consideración de la iniciativa probablemente acompañemos con nuestro voto los Capítulos I, III, VI y VII. SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RADÍO.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: hemos seguido con atención el hilo argumental del señor Diputado Radío y queremos decir que lo compartimos totalmente. En términos generales, es coincidente con las observaciones que han formulado nuestros compañeros de Partido. Nosotros queremos agregar dos comentarios con relación al tema que la Cámara está analizando. Creo que estamos frente a un proyecto que podríamos sostener que se caracteriza por la opacidad, la oscuridad, el secretismo y ahora se agrega el sectarismo al tenor de algunas versiones que expresaba el señor Diputado Arocena Argul y que provienen del propio Partido de Gobierno y deberían preocuparnos sobremanera. Hay muchas formas de medir a los gobiernos. Una de ellas es analizando el estado de los servicios sociales: la salud, la educación, la seguridad. Notoriamente, en ese aspecto a este Gobierno le va mal. Otra es la que se vincula con aquellas ideas o proyectos que el propio Gobierno establece como prioritarios y define como su buque insignia. Eso hizo este Gobierno, por ejemplo, con relación a la reactivación del ferrocarril, y estamos en lo que estamos: apenas se creó un cargo de confianza en la instancia de la Rendición de Cuentas. Otro tanto hizo con este Plan Juntos y, como aquí se dijo, decretó la emergencia sociohabitacional hace más de un año y medio. Sin embargo, nada se ha hecho en el marco del Plan Juntos y sus presuntos beneficiarios y destinatarios -esos 100.000 uruguayos que viven en condición de marginalidad o de pobreza extrema más allá, inclusive, de su propia situación habitacional- siguen esperando las respuestas que se les han prometido. El Presidente de la República fue enfático en la campaña electoral. Voy a leer uno de sus anuncios. Dijo, el entonces candidato del Frente Amplio que de ser Presidente, en los primeros quince días “Se instalará un campamento en 8, 10 o 15 asentamientos para construir ranchos como la gente a esa gente que está tirada cerca de un arroyo y no podemos pretender que pague esto, que pague lo otro”. Eso lo dijo en Colón el Presidente de la República cuando era candidato. Dijo cosas

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parecidas en Las Piedras, en Gruta de Lourdes y, seguramente, a lo largo y ancho de todo el país. En Gruta de Lourdes, departamento de Montevideo dijo: “A los 15 días” de ser Presidente “estamos metidos en los asentamientos, laburando con los milicos”. Sin embargo, el tiempo ha pasado y estamos en lo que estamos. Además, nos encontramos frente a un proyecto que es oscurantista. Cuando el Secretario de la Presidencia de la República compareció en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, hace pocos meses, en la instancia de la Rendición de Cuentas, le preguntamos por el Plan Juntos, porque en esa oportunidad se nos proponía que el destino de la venta de la Residencia de Punta del Este fuera, precisamente, a engrosar los ahorros o los fondos de este llamado plan de emergencia sociohabitacional. Cuando preguntamos al señor Secretario de la Presidencia, doctor Breccia -lo consideramos un hombre honesto, sincero en su expresión y en su actitud- que nos dijera cuáles eran los bienes y los recursos de que disponía este Plan y cuál había sido su origen, recibimos por respuesta el silencio. Le recordamos que se había anunciado que se iban a vender bienes del Estado, precisamente, para obtener recursos con esta misma finalidad. Reconoció que el primer y único bien del Estado enajenado hasta este momento a los efectos de obtener recursos genuinos para estos fines era, precisamente, la Residencia de Punta del Este, cuya incorporación a este Plan se propuso aprobar o legalizar en la instancia de la Rendición de Cuentas. O sea que aquí estamos bastante más frente a una política que, por lo menos hasta ahora, viene fracasando. Creo que estamos frente a una actitud frente al poder, a la sociedad y a las propias ilusiones y expectativas que se generan a la gente en las instancias en las que se le pide el voto, es decir, en las de carácter preelectoral. Yo creo que en este ámbito, que es político, que es plural y que es de debate, debemos recordar los hechos tal cual son. Y tal cual son indican que en la campaña electoral, quien hoy es el Presidente de la República, en nombre de su Partido Político y del Gobierno que a partir del 1° de marzo del año pasado comenzó a encabezar, se comprometió a que en pocas semanas -por no decir en pocos días- estos compatriotas tuvieran la solución que hoy, al cabo de un

año y medio y cuando no se ha terminado de aprobar esta ley, todavía siguen esperando. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede continuar el señor Diputado Radío. SEÑOR RADÍO.- He terminado, señora Presidenta. SEÑOR DINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DINI.- Señora Presidenta: ha hablado largo y tendido el Partido de Gobierno, el Partido Nacional, el Partido Independiente y ahora le toca al Partido Colorado. A través de giros idiomáticos, ha estado sobrevolando en esta Sala que es factible una doble intencionalidad en este Plan Juntos, cosa que no puedo aseverar ni desmentir, pero allá cada uno con su conciencia. Quienes tenemos la suerte de vivir y trabajar en ambientes calefaccionados en invierno y en recintos refrigerados en verano, debemos tener mucho celo y cuidado cuando nos referimos a una vivienda que es para los más desposeídos, los más vulnerables, porque a cada ciudadano le tenemos que pedir y exigir lo mejor de sí en aras de la sociedad, de la comunidad, de los buenos hábitos y del amor al prójimo, pero tenemos que dar los elementos y los útiles indispensables -ya dice el artículo 45 de la Constitución de la República que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda decorosa, a una vivienda digna- a aquel que va precipitado y que no sabe adónde va a conciliar el reparador sueño porque adolece de techo. Este es un tema por el que ha trabajado mucho el Partido Colorado históricamente. Solo me voy a referir a dos episodios. Ya en el año 1912, en el Gobierno de José Batlle y Ordónez hay una transformación del Banco Hipotecario del Uruguay que toma su mira y su objetivo central en la ayuda para la construcción de la vivienda. En el año 1968, en el Gobierno de Jorge Pacheco Areco, se crea el primer Ministerio de Vivienda y, además, el Fondo Nacional de Vivienda, a través de la Ley N° 13.728. Tendría otros ejemplos. Nosotros vamos a acompañar en general este proyecto de ley, no así los artículos 4°, 6°, 8°, inciso G) del artículo 12, inciso segundo del artículo 19 y rotundamente el artículo 32.

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Brevemente voy a fundamentar el voto negativo del artículo 4°, que crea la Unidad Operativa Central del Plan Juntos. Entiendo que no es conveniente que se cree dentro de la Presidencia de la República, porque escapa al contralor del Parlamento. Tampoco votaremos el artículo 6°, que tiene que ver con la creación de la Comisión Directiva y que está en un hilo dependiente. No vamos a votar el artículo 8°, por el que se crea una Unidad de Auditoría Interna para el contralor económico. Sin embargo, no es razonable que quienes auditen dependan jerárquicamente de quien deben controlar. En este caso, tengo que controlar a quien es mi jefe. No votaremos el artículo 12 por no estar de acuerdo con su literal G), que establece la imposición de una medida cautelar por acto de violencia doméstica respecto de otro integrante del núcleo familiar. Esto puede habilitar el egreso, la expulsión de quien ejerció la violencia y también de quien fue víctima de ella, que perdería dos veces. El artículo 19 establece que todas las contrataciones que efectúe el Plan Juntos se realizarán directamente, sin licitación pública. La contratación directa es válida, pero solo excepcionalmente, en casos de urgencia; no debe ser lo habitual. Sí votaremos el inciso primero, que determina que los fondos no utilizados en un ejercicio continuarán integrando el FONAP al año siguiente. Ahora voy a referirme a un punto que para mí es neurálgico, medular y de sustento, fundamentalmente para quienes vivimos en el interior. El artículo 32 reza sobre la cartera de inmuebles y determina que los bienes inmuebles pertenecientes a Gobiernos Departamentales integrarán la cartera de inmuebles del Plan Juntos. Es cierto que para ello se debe contar con el visto bueno, con la venia, de la Junta Departamental, pero ¿esto se va a pagar? ¿En qué términos? No podemos concebir, ni quedarnos parados, como establece aquella histórica frase: “Alea jacta est”, la suerte está echada. ¡No! Con rebeldía tenemos que decir que no votamos porque no admitimos la injerencia de quienes extramuros de los diferentes departamentos quieran resolver sobre el patrimonio de las Intendencias. Por supuesto, los Gobernantes Departamentales elegidos libremente tienen que ver con ello, pero se trata fundamentalmente de un capital gravi-

tante y de un patrimonio del pueblo, de los habitantes de cada departamento del Uruguay. Creo que el problema de la vivienda es de enorme sensibilidad y vamos a votar sin dudas ni vacilaciones porque esto no tiene color. En la última edición de “Búsqueda” se publicó una denuncia de un integrante del Partido Socialista, que dice que el MPP, fuerza del Partido de Gobierno, con todo esto hace una gestión política. Nosotros no podemos ratificar ni rectificar esto de ninguna manera porque desconocemos la veracidad de los hechos; no nos podemos meter en tiendas ajenas, no sería ético ni pertinente. Pero esto, sea verídico o falso, no nos hace apear de convicciones superiores, no nos quita nuestra determinación, en aras de los más necesitados, por un algo tan especial y delicado como la vivienda. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la prensa del departamento de Tacuarembó. Muchas gracias, señora Presidenta.

21.- Preferencias.
SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bayardi, Trobo, Amy, Radío, Espinosa y Abdala. (Se lee:) “Mocionamos para que el séptimo punto del orden del día: ‘Hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica. (Se establece en su favor una pensión no contributiva y una asignación familiar especial)’, (Carp. 821/011), se incluya como segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles 12 de octubre”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

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22.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Daniel Peña Fernández, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Dogomar Morosini. Visto la licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante Guillermo Facello, y ante la denegatorio de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 11 y 26 octubre de 2011, al suplente siguiente, señor Aramís Migues. Del señor Representante Álvaro Delgado, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de octubre de 2011, convocándose al suplente siguiente, señor Conrado Ferber”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales por el día 12 del corriente. Saluda atentamente, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ Representante por Canelones”.

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“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada a la sesión del día 12 del mes en curso. Saluda atentamente, Fernando Navarrine”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Auro Acosta, Raúl Detomasi, Mario Pérez, Mary Vega y Fernando Navarrine. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández, por el día 12 de octubre de 2011. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Auro Acosta, Raúl Detomasi, Mario Pérez, Mary Vega y Fernando Navarrine. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004505, del Lema Partido Nacional, señor Dogomar Morosini. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

“Corte Electoral Montevideo, 11 de octubre de 2011. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DON LUIS LACALLE POU 3577/11 272/13 Señor Presidente: Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de la fecha, “VISTO: I) La licencia solicitada por el período comprendido entre los días 11 y 26 de octubre por el señor Representante electo por la hoja de votación número 2000 del lema Partido Colorado, del departamento de Montevideo, señor Guillermo Facello. II) Que han manifestado su voluntad de no aceptar por esta vez, los suplentes proclamados señores Alberto Scavarelli y Gustavo Osta. RESULTANDO: I) Que a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes incluida en la hoja de votación número 2000 del departamento de Montevideo, del lema Partido Colorado, del departamento de Montevideo, ordenada de acuerdo al sistema respectivo de suplentes, en la elección realizada el 25 de octubre de 2009, se le adjudicaron un cargo habiendo sido proclamados por el departamento de Montevideo, el candidato titular señor Óscar Magurno y suplentes los señores Guillermo Facello, Alberto Scavarelli y Gustavo Osta. II) Se deja constancia que por Comunicación de la Cámara de Representantes, el señor Óscar Magurno renunció definitivamente a ocupar su banca. CONSIDERANDO: que la hipótesis de “agotamiento de lista” prevista en el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, debe entenderse no con el sentido restrictivo que implicaría admitir que se refiere a los casos de ausencia definitiva de los titulares y suplentes correspondientes, sino con sentido amplio atendiendo a la intención del legislador y coordinando mediante una integración lógica de dicho texto, con normas posteriores (artículo 116, inciso 2º de la Constitución, Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945), dado que lo que se procura es que una lista no quede sin la debida y necesaria representación por ausencia de los titulares y suplentes correspondientes. LA CORTE ELECTORAL RESUELVE: I) Proclámase Representante Nacional por el departamento de Montevideo al segundo candidato de la lista contenida en la hoja de votación número 2000 del Lema Partido Colorado, señor Alberto Scavarelli y suplentes a los señores Aramis Migues, Abel Duarte y Mario Barbato

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II)

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por período comprendido entre los días 11 y 26 de octubre sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo Único de la Ley Nº 18.218, de 16 de diciembre de 2007 y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en su artículo 1º por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004” . Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración. RONALD HERBERT Presidente GABRIEL COURTOISIE Secretario Letrado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Montevideo, Guillermo Facello, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de octubre de 2011. RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Scavarelli y Gustavo Osta, no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto. CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Aramis Migues, Abel Duarte y Mario Barbato, como suplentes, lo que comunicó por Oficio N° 3577/2011, de 11 de octubre de 2011. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en la Ley N° 10.618, de 24 de mayo de 1945. La Cámara de Representantes, RESUELVE: Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de octubre de 2011, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 20000, del Lema Partido Colo rado, señor Aramis Migues. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

“Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a usted para solicitar licencia por enfermedad por los días 11 y 12 de octubre. Adjunto el certificado médico correspondiente. Sin otro particular, saluda atentamente, ÁLVARO DELGADO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Marcelo Maute Saravia”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Andrés Añasco”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Martín Lema”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

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CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de octubre de 2011 y adjunta certificado médico. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Marcelo Maute Saravia, Andrés Añasco y Martín Lema. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal A) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de octubre de 2011, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Marcelo Maute Saravia, Andrés Añasco y Martín Lema. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor Conrado Ferber. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

cambiar su condición o de mejorar su calidad de vida; el objetivo era que eso no nos afectara a la vista. A nivel del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hay distintos organismos. El MEVIR tiene que ver con la vivienda rural. El PIAI no es un programa de vivienda -me he cansado de decirlo en la Comisión-, sino que intenta mejorar la calidad de vida, porque apunta a la construcción de barrios, a la mejora habitacional. Por supuesto, si en algún caso es necesario mejorar la vivienda, se puede contemplar dentro del Plan, pero no es su objetivo. El préstamo y los acuerdos alcanzados con el BID refieren a la construcción de barrios, la mejora del hábitat: la caminería, el alumbrado, el saneamiento, el equipamiento social -policlínica, club de niños, club de jóvenes-; eso es el PIAI. Después esto se complementó realizando coordinaciones interinstitucionales o a nivel de los distintos Ministerios -cosa difícil en este país, que no tenía ninguna costumbre en este sentido- para llevar adelante proyectos. Esta coordinación interinstitucional nos costó mucho tiempo en el período pasado porque la práctica a nivel administrativo es muy difícil, más allá de que uno como Gobierno tenga la intención de llevarla a cabo. Lo que nosotros queremos decir es que MEVIR y el PIAI tienen su objetivo. Asimismo, la DINAVI ha hecho convenios con el 95% de los departamentos tratando de resolver la vivienda, con programas inusuales que no había en el país, que se crearon para facilitar y mejorar este problema, que es a lo que se comprometió nuestro Gobierno. Por otro lado, el cooperativismo es una gran solución de vivienda -yo soy cooperativista y muchos de mis compañeros también-, pero ustedes saben que para ello se necesita gente organizada, gente con capacidad de organizarse, y nosotros sabemos que la pobreza, lamentablemente, no da esa capacidad de organización. Por eso se creó el Plan Juntos: para tratar individualmente cada una de estas problemáticas, porque no hay una sola solución para la gente que está en situación de emergencia habitacional. Hay tantas soluciones como la necesidad de cada familia, y eso lo dijo el Presidente. Por eso no hay un plan global. En realidad, se están atendiendo las situaciones a nivel familiar, de acuerdo con la necesidad de cada una, a lo cual no se estaba acostumbrado y que no se había podido hacer hasta ahora porque todas eran distintas.

23.- Plan Nacional de Integración SocioHabitacional “Juntos”. (Aprobación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora Diputada Pereyra. SEÑORA PEREYRA.- Señora Presidenta: trataré de contestar -o dar luz-, desde la visión de nuestro sector, de nuestro Partido, a algunos de los planteos que se hicieron. Lo primero que no puedo aceptar es que se diga que nuestro Presidente hizo promesas que no está cumpliendo, o promesas distintas, porque recuerdo que otros candidatos a la Presidencia lo único que propusieron con respecto a los asentamientos fue hacer baños para que sus habitantes estuvieran más limpitos, peinados y se vieran mejor, y no tratar de

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Por esta razón esto debe depender de Presidencia: es imprescindible la coordinación interinstitucional. Sí tiene que estar el Ministerio de Desarrollo Social, sí tiene que estar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero también tiene que estar el Ministerio de Salud Pública, también tiene que estar el Ministerio de Educación y Cultura, y también tiene que estar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque este proyecto se relaciona con la integración y con el rescate social. La vivienda es el primer paso, pero no es el objetivo principal. La integración es una de las cosas importantes para este Gobierno. No se trata de amontonar gente en barrios alejados, como se hizo en otro momento, de los que hoy nos quejamos porque son zonas rojas. Pero esas zonas rojas se hicieron porque se amontonaron pobres; se les dio vivienda pero no hubo una continentación ni un trabajo social. No hubo nada: se amontonaron pobres. Nosotros no queremos hacer eso; por eso nos va a llevar más tiempo. También quiero decir que este es un programa de mucha responsabilidad y se está trabajando. Se trabaja en el área metropolitana porque ahí es donde se dan las situaciones de mayor emergencia, del tipo de las que atiende el Plan Juntos. Hay que atender los lugares donde se dan las situaciones de mayor emergencia, pero esto no quiere decir que se haya dejado de trabajar en el interior. Con el Plan de Integración de Asentamientos se trabajó en Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Flores y Florida; en fin, en distintos departamentos, sobre todo, en los de frontera. Este es un trabajo y un proyecto hecho a conciencia y debe depender de Presidencia de la República porque tiene que ser integral, y nosotros sabemos que cuando lidera un Ministerio u otro organismo no siempre el resto de los Ministerios puede participar como se debe. No se dijo que entre los fondos con que se cuenta está la donación del 70% del sueldo del Presidente. Además, hubo muchísimas donaciones y hay algunas que están esperando que se vote este proyecto porque, de lo contrario, no se pueden hacer, ya que desde el punto de vista legal es necesario que haya cierto soporte; y eso lo hemos vivido. Yo quiero decir que a nivel de todo el país, de aquí a fin de año -porque el Plan Juntos está funcionando-, 1.120 familias serán beneficiadas. ¿Que es poco? Sí, es poco; nuestro objetivo es que se vean

beneficiados de 13.000 a 15.000 hogares. La aprobación de este proyecto de ley es imprescindible para obviar una cantidad de situaciones relativas al TOCAF y demás. Quienes estuvimos en algún momento en el Poder Ejecutivo sabemos que un llamado a licitación a empresas para construir viviendas tarda de seis meses a un año. Entonces, eso es lo que queremos obviar, y hacer llamados de precios a tres empresas. Por otra parte, en el Senado se introdujo un artículo -que ahora es el 8°- donde muy bien se plantea algo que no se contemplaba en esta iniciativa y es que los controles se hagan a través de Presidencia, junto con el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación. Esa es la seguridad y la garantía que necesitaba la oposición -creo que fue el Partido Colorado el que hizo esta propuesta en el Senado- y se vio con buenos ojos. Asimismo, cabe señalar que la gente que atenderá el Plan Juntos no solo se beneficiará con la vivienda. Como se trata de un plan integral, se verá de qué manera contribuir con la construcción de policlínicas, centros CAIF, clubes de niños, clubes de jóvenes, que funcionarán contra horario, porque los padres de esos chicos van a trabajar y muchas veces los dejan solos. Además, se quiere evitar la instalación de estos servicios en el asentamiento, donde todo es precario, por lo que se reforzarán los que están en el barrio; de lo contrario, la propuesta no sería integradora. Cuando se brindan estos servicios sociales en el barrio, los gurises, la gente que los necesita va hacia el barrio; eso es más fácil que llevar dichos servicios al asentamiento. Entonces, se está trabajando en viviendas que están construidas con nailon, con madera, con cartón, y se está haciendo lo que la familia necesita: dos o tres habitaciones, un baño, etcétera. En los casos en los que toda la familia vive en una habitación grande, se harán las divisiones necesarias para separar a los niños de los padres. Es decir, se trabajará en todos aspectos tan importantes para la integración, para la familia, dando un paso adelante en lo que respecta a los derechos que tenemos todos los uruguayos, sobre todo esta gente tan dejada de lado por el Estado durante muchos años. Digo esto porque los asentamientos no surgen de un día para otro; estamos viviendo las consecuencias de malas políticas que provocaron que la gente, cuando se quedó sin trabajo, cuando se quedó sin recursos, cuando tuvo una changa, ¿qué

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hizo? Se fue a los asentamientos para que el poco ingreso le alcanzara solo para subsistir. En este Gobierno y en el anterior se fueron gestando medidas para mejorar en serio la calidad de vida de estos uruguayos y de estas uruguayas, de estos gurises, de esta gente que quedó amontonada en algunos lugares y que fue dejada de lado por el Estado. Esto se va haciendo poco a poco, porque no es fácil, pero se hace a conciencia y con respeto solidario. Y realmente es la izquierda la que puede hacer estas cosas, porque tiene una sensibilidad que le permite dar soluciones integrales y no parciales. Entonces, yo me extraño cuando se dice que se reconoce la necesidad de este proyecto, pero no se va a votarlo. También me extraña cuando la única óptica que se percibe es la del departamento donde se vive. Seguramente eso es muy importante -cada uno de los que estamos acá representamos un departamento y tenemos que velar por ello-, pero sin duda lo más trascendente es la situación a nivel nacional. Quiero decir que sí, que la gente es la que juzga y por suerte no lo debemos estar haciendo tan mal porque nos sigue apoyando. Nos juzgó en un primer Gobierno, estamos acá y ahora las ecuaciones no nos dan tan mal. Lo único que debemos hacer es seguir con el compromiso, seguir trabajando y seguir tratando de que cuando se den soluciones para la gente que está en situación de emergencia sociohabitacional estas sean integrales y no parciales. Gracias, señora Presidenta. (¡Muy bien!) SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: nosotros no hemos querido hablar de promesas, pero lamentablemente hay circunstancias que conducen de forma inexorable a determinadas conclusiones. No tuvimos más remedio -lo hacemos por una razón de elemental honestidad intelectual- que contrastar el proyecto que la Cámara está analizando con los anuncios anteriores a la elección del año 2009. Quien habló de quince días para empezar a dar soluciones fue el actual Presidente y han transcurrido prácticamente dos años de Gobier-

no, porque en términos del tiempo útil el año 2011 se está terminando y esto recién está por empezar. De manera que, sin ánimo de calificar, no tenemos más remedio -reitero- que dar nuestros argumentos y formular nuestras reflexiones en ese sentido. Se ha dicho que el propósito no es construir baños y me parece bien. Ahora, sería bueno preguntarse qué han hecho en sustitución de ello. Francamente, creo que poco. Ahora hay más gente viviendo en asentamientos que en marzo de 2010. Al tenor de la información que la Intendencia de Montevideo -que, precisamente, no está siendo administrada ni gobernada por mi Partido sino por el del Gobierno nacionalha expresado que en los últimos cinco años aumentaron los asentamientos en Montevideo; que hay más personas viviendo allí. Por supuesto, no es solo una razón económica sino de carácter cultural, que tiene distintas aristas, causas y explicaciones que parece no se han combatido cabalmente porque el fenómeno en vez de atemperarse se ha agudizado. Y cuando demandamos información y hablamos de oscurantismo es porque, gramaticalmente, ese es el vocablo que se adecua a la circunstancia. El Gobierno insiste en poner esto en el ámbito de la Presidencia de la República, que es un organismo de competencia cerrada que el Parlamento no puede controlar. Y en la única oportunidad del año en que a la Presidencia de la República le podemos preguntar, que es la instancia presupuestal -en este año, la Rendición de Cuentas-, el Secretario de la Presidencia -reitero, con absoluta buena fe y de manera honesta- nos confiesa que no sabe en qué está el Plan Juntos ni qué recursos tiene. Pero nos confiesa algo más: nos dice con su lenguaje -en términos previsibles desde el punto de vista de un funcionario de su rango- que el Plan Juntos va mal. El doctor Breccia dijo: “Debo reconocer, con total y absoluta franqueza, que los tiempos de su implementación” -de la implementación del Plan Juntos, agrego- “no han sido los deseados. Nosotros hubiésemos querido que este plan hubiera estado funcionando a pleno durante el primer año de gobierno,” -los quince días que decía el Presidente, vuelvo a agregar- “pero no lo hemos podido conseguir”. Entonces, cuando se considera este tema en la Cámara, ¿cómo no vamos a traer a colación estos antecedentes y estos argumentos? No seríamos sinceros con nosotros mismos, como tampoco lo seríamos si no dijéramos que nos parece un profundo error, un

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motivo de suspicacia y de desconfianza que con torpeza -perdóneseme la calificación; personalmente, no estoy hablando de nadie y mucho menos de ninguno de los colegas que ya hicieron uso de la palabra- se insista en incluir este organismo desconcentrado en el ámbito de la Presidencia de la República. Hasta ahora nadie ha mencionado un solo argumento, nadie ha esbozado una sola razón por la cual desde el punto de vista operativo sea necesario que este organismo se ubique en Presidencia y no en el ámbito del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o del Ministerio de Desarrollo Social. El argumento que recién se insinuó en cuanto a que esto es multidisciplinario, que tienen que figurar el Ministerio de Salud Pública, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el de Desarrollo Social, lo compartimos, pero eso no justifica que se inserte a este organismo en la Presidencia de la República. ¿Cuántos antecedentes hay de comisiones honorarias, de consejos honorarios, de organismos, de comisiones estatales, gubernamentales, integradas por delegados de distintos organismos, que no están en Presidencia sino en algunos de los Ministerios que mencioné que, en todo caso, preside ese ámbito de coordinación? Reitero: digo esto no con el ánimo de atribuir intenciones ni de entorpecer el debate sino con el ánimo de ser sinceros con nosotros mismos y honestos a la hora de argumentar. Estos argumentos que fueron bosquejados, mencionados y desgranados por los legisladores del Partido Nacional que han hecho uso de la palabra hasta ahora no han recibido respuesta, más allá de las viejas fórmulas que se ensayaron en la campaña electoral, es decir, de los anuncios altisonantes que al cabo de dos años de Gobierno, sin embargo, parecería -salvo que en lo que queda de debate pueda demostrarse lo contrario- que no se han empezado a concretar. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: por la vía de los hechos se van produciendo intervenciones que realmente van distorsionando -digamos- el orden de los legisladores que estamos anotados. Si alguien se sintió aludido cuando se mencionó el tema de que

hubo un pensador que propuso poner baños en los “cantegriles” para que la gente pudiera bañarse, cuando se dice que el Presidente hoy, nuestro Presidente, se comprometió a empezar a trabajar en los asentamientos en seguida, yo también me siento aludido. Entonces, me veo en la obligación de aclarar algunos hechos que son de información -simplemente, es trasmitir información- porque veo que a veces el debate se da como una cuestión abstracta, en base a papeles. Cuando la delegación del Plan Juntos visitó la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, entre otras cosas, insistió en que los Diputados concurriéramos a las zonas donde está trabajando el Plan y que preguntáramos a la gente qué opinión tenía al respecto. De esa forma, podríamos ver la realidad. Me parece que es una buena manera de conocer y de tener elementos. Se ha insistido en varias intervenciones en que no se ha hecho nada, que fue algo que se dijo y que recién ahora estamos aprobando el proyecto de ley y parecería que después vamos a empezar a trabajar. Quiero dar lectura -es información neta- a los datos concretos sobre lo que se está haciendo. A julio de 2011 están participando 619 familias pero ya han sido beneficiadas 1.526. Hay 24 grupos de fabricación de componentes. Como bien dijo la señora Diputada Pereyra, el objetivo es llegar a 1.120 intervenciones en diciembre de este año. Como resumen del año 2010, diré que se comenzó a intervenir en los siguientes barrios, llegando a un total aproximado de 730 hogares, con un total de 2.977. Los datos son los siguientes: “1.- Construcción de vivienda nueva en Covisocial (Joaquín de la Sagra y Monzoni-Cruz de Carrasco).- 2.- Mejora de vivienda y hábitat en Verdisol (Cornelio Guerra -Camino Melilla- y Mario Arregui).3.- Mejora de vivienda en Nuevo París […] Anagualpo y Timote).- 4.-. Salón Comunal en Piedras Blancas […].- 5.- Realojo y urbanización de Torre 8 […].- 6.Realojo de costanera de arroyo Pantanoso a Cerro Norte […].- 7.- Mejora de vivienda y hábitat en Primero de Mayo […].- 8.- Mejora de vivienda y hábitat y apoyo a realojo en Las Cabañitas (Ravignani y Pantaleón Pérez).- 9.- Construcción de vivienda nueva en Luis Batlle Berres y Camino a las Tropas.- 10.- Mejoramiento de vivienda en Los Aromos (Ruta N° 8, Kilómetro 23, entrada a Los Aromos, Villa del Carmen y Altamira, Barros Blancos, Canelones)”.

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Además, por ejemplo, hoy la gente del Plan Juntos está trabajando con la Mesa Interinstitucional en Tacuarembó -no está en el comité del MPP-, donde participan también la Intendencia y varias instituciones más. Esto es información, no es opinión. Son hechos concretos de la realidad y lo que dice el señor Secretario de la Presidencia es así. Todos habríamos querido que se hubiera hecho mucho más, pero no es que no se haya hecho nada. Creo que hay que ir poniendo las cosas en su lugar. Vamos a tener oportunidad de debatir en profundidad todo esto. Hay argumentos; aquí no hay nada oscuro. Son absolutamente claros los hechos y lo que se procura es dar respuesta a una problemática que realmente es muy compleja y que no ha tenido solución hasta el momento. SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: creo que estamos ante un Plan sociohabitacional que tiene una dimensión y una extensión que supuso, sin ninguna duda, el estudio y ponerle “pienso” a la cosa. No estamos hablando de un plancito de tres o cuatro cosas, sino de un plan perfectamente estudiado, analizado y concretado en la propuesta que la Cámara está hoy discutiendo. Para mí lo fundamental de este debate, también en razón de las críticas que hemos escuchado -más allá de los importantes aportes hechos recién por el señor Diputado Edgardo Rodríguez- es que urgentemente aprobemos esto y se dé vigencia plena a este proyecto de ley para que el Plan se pueda acelerar. Una de las exigencias fundamentales del accionar político es mantener coherencia. No tengo ninguna duda de que la voluntad de que este proyecto hubiera estado aquí antes es de todos. Pero si hoy aquí tratáramos de interpretar e integrar las críticas que se han hecho a este Plan, seguramente pasaría un tiempo igual al transcurrido sin que hubiera Plan Juntos. Por consiguiente, creo que lo mejor es que aprobemos este proyecto como está planteado. Voy a destinar mi intervención a hacer un aporte al artículo 18. Desde ya aclaro que lo tenía señalado como un aspecto interesante a ser tenido en cuenta, pero no lo voy a proponer por la vía de la modificación porque en función de la urgencia que reclama su

aprobación, si le hiciéramos una modificación, debería volver al Senado y eso dilataría aún más el trámite. El aporte es el siguiente. El artículo 18 contiene varios literales que señalan la manera de ingresar los recursos. Se crea el FONAP y se señala qué recursos serán volcados a él. La idea que quería sugerir tiene el simbolismo de convertir el renuncio a su salario de los trabajadores públicos que el organismo al cual pertenecen les retiene por la aplicación de una medida de lucha, a fin de que sea volcado a enriquecer el Plan Juntos, es decir, a financiar el FONAP y, por consiguiente, a cumplir una función social en beneficio de la emergencia que tenemos la obligación de resolver. Además, creo que esto podría ser incluido de acuerdo con lo que establece el literal E) del artículo 18, que se refiere a: “Otros que se le asignen al Plan Juntos por vía legal o reglamentaria”. Dejo planteada la idea; creo que es bueno que el proyecto se apruebe tal como viene sin modificaciones. Una vez que esté aprobado y en marcha, por la vía legal sugeriremos esta propuesta a fin de legalizarla y que todos esos recursos que suman unos cuantos pesos y que, como dije, son el renuncio de los trabajadores por sus justas medidas de lucha -pero, evidentemente, las horas que no se trabajan no son remuneradas- sean destinados a combatir la emergencia social. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señora Presidenta: no queremos reiterar argumentos que se han expresado en Sala, con los que coincidimos, sobre todo el informe que leyó el señor Diputado Arocena y los aportes que han hecho otros compañeros de nuestra bancada. Solamente queremos señalar algunos temas que nos parecen importantes con respecto a lo que entendemos que es una buena idea y una mala solución. Nos parece que es una buena idea el planteo que motiva e inspira al señor Presidente de la República a lanzar la concreción de un plan que de alguna manera trate de tirar un salvavidas a aquella gente que no ha encontrado en otras políticas públicas la solución a su problema habitacional, de hábitat o de integración social. Eso es cierto. Pero nos parece que es una mala solución la que se plantea en este proyecto y no compartimos que para lograr eso haya que crear un

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nuevo organismo. No compartimos que para atender la situación de esas familias carenciadas y de esos habitantes que se encuentran en situaciones críticas se cree un nuevo organismo que intente resolver lo que otros organismos, con competencias otorgadas por la ley, no pueden hacer. Los organismos públicos tienen que ser herramientas. Si no tienen utilidad para resolver los problemas, de nada sirven. En el país ya tenemos organismos que se dedican a generar soluciones al problema habitacional, organismos que se dedican a buscar soluciones de integración social de los habitantes, organismos que se dedican a hacer esa integración entre lo habitacional puramente conceptual y lo que tiene que ver con la integración con el hábitat y su entorno. Sin embargo, lamentablemente, este proyecto supone la creación de un nuevo organismo que va a tener competencias concurrentes con muchos otros y que nos parece que va a generar más burocracia y menos soluciones habitacionales. Lamentamos mucho que se haya optado por este camino. También lamentamos que tratándose de un problema tan importante y serio, el Gobierno -aparentemente algún sector del Gobierno- haya decidido tomar un rumbo sin buscar acuerdos ni consensos con el resto de las fuerzas políticas. Lamentamos los tiempos que se han perdido, y queremos -este es el ámbito adecuado- señalar las responsabilidades en ese sentido. En primer lugar, señalamos la pérdida de tiempo que se ha producido en el ámbito de la Presidencia de la República, que demoró diez meses en confeccionar este proyecto de ley. En segundo término, debemos mencionar la demora que se ha producido en el Senado, que tuvo este proyecto casi nueve meses en sus Comisiones. Asimismo, queremos señalar que la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara, en menos de un mes, logró por lo menos ponerse de acuerdo en algunos puntos mínimos para traer el proyecto al seno de este Cuerpo. Quiero reiterar lo dicho por los compañeros en cuanto a alguna preocupación que se ha confirmado en Sala relativa a que este Plan ha estado trabajando al margen de la ley. Sabemos que por el principio de libertad, las personas físicas pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, y la contracara de ese principio determina que las personas jurídicas solamente pueden hacer aquello que la ley o el estatuto establece; ese es el principio de especialidad. Lamen-

tamos que aquí haya una nebulosa con falta de transparencia y oscuridad que esté manejando fondos públicos y haciendo cosas al margen de la ley hoy, antes de que se vote este proyecto. Lamentamos profundamente que ya se estén manejando fondos destinados por el Presupuesto Nacional sin saber quién lo hace, cómo ni en qué ámbito. A la vez, nos preocupan mucho las declaraciones públicas a las que se ha hecho referencia en Sala, particularmente las de una figura política del Partido Socialista, el Secretario de Movilización de Montevideo -suponemos que se trata de un cargo no menos importante en la estructura-, quien en una asamblea preguntó: “¿Saben dónde funciona el Plan Juntos en Salto?”. Y él mismo respondió: “En la sede del MPP”. Tal vez eso le preocupe, sobre todo porque es de otro sector. Pero a nosotros nos preocupa que funcione en la sede del MPP o en la Sede Central del Frente Amplio. Eso nos preocupa tanto como lo que se dijo en cuanto a que la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estuvo reunida con dirigentes del MPP analizando la estrategia de trabajo territorial vinculada con el Plan Juntos. Y mucho más nos preocupa aquello de que, aparentemente, las planillas de inscripción para el Plan Juntos deben tener la referencia de un dirigente del MPP para que el trámite burocrático camine. Reitero que lamentamos que se haya transitado este camino. Consideramos que de esta manera se crea mucho más burocracia y, seguramente, menos viviendas y menos soluciones habitacionales. Muchas gracias.

24.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Daniel Bianchi, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza, por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011,

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convocándose al suplente siguiente, señor Edgardo Rostán”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, al amparo de lo previsto en la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal C), solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme licencia, desde el día 12 al 22 de octubre con motivo de la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas en Berna, Suiza. Sin otro particular, lo saludo atentamente, DANIEL BIANCHI Representante por Colonia”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi consideración: Por medio de la presente, renuncio por esta única vez a la convocatoria que se me hiciera para integrar el Cuerpo que usted preside. Sin otro particular, lo saluda atentamente, Claudia Allietti”. “Montevideo, 11 de octubre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi consideración: Por medio de la presente, renuncio por esta única vez a la convocatoria que se me hiciera para integrar el Cuerpo que usted preside. Sin otro particular, lo saluda atentamente, Nibia Reisch”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi, para asistir a la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Claudia Allietti y Nibia Reisch. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 12 y 22 de octubre de 2011, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi, para asistir a la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a desarrollarse en la ciudad de Berna, Suiza. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Claudia Allietti y Nibia Reisch. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2015, del Lema Partido Colorado, señor Edgardo Rostán. Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2011. VÍCTOR SEMPRONI, NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI”.

25.- Plan Nacional de Integración SocioHabitacional ‘Juntos’. (Aprobación).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: en primer lugar, creo que se debe mencionar el trabajo que hicieron los compañeros del Partido, tanto en la Comisión que estudió este asunto en el Senado como en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Am-

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biente de la Cámara de Representantes, con la intención de aportar y generar soluciones. Señora Presidenta: podemos discutir si el diagnóstico que se hace sobre la situación actual de la vivienda en el país es el adecuado, pero acá no hay dos opiniones. Compartimos la primera frase de la exposición de motivos del proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo al Parlamento cuando establece: “En nuestro país persiste y aún más, se agrava la problemática de sectores importantes de la población marginados y carentes de una vivienda digna”. Creo que no hay dos opiniones al respecto. No obstante, nos preguntamos si con la creación de una nueva institucionalidad vamos a resolver ese problema. Como se ha dicho, tenemos a MEVIR, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Banco Hipotecario del Uruguay, a la Agencia Nacional de Vivienda, y ahora se crea una nueva institucionalidad. Se menciona que esta institucionalidad debe estar bajo la órbita de la Presidencia de la República, porque debe coordinar con varias Carteras e institutos, así como también con los Gobiernos departamentales. Como se ha manifestado, esa no es una razón de recibo, porque se supone que eso lo deben hacer los Ministerios. De todas manera, si aceptáramos que esa institución esté en la órbita de la Presidencia de la República, debería estar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en ese sentido, léase el artículo 230 de la Constitución de la República: si no es para este tipo de situaciones, no sé para qué está. Además, se dice por parte de quienes defienden el proyecto que este plan ya se está aplicando sin necesidad de una ley. Ese es un aspecto que también podemos discutir. Asimismo, podríamos discutir la intervención del Ejército en este asunto. El Ejército siempre ha sido maltratado por la izquierda, desde la formación del Presupuesto hasta otros asuntos que nos han llevado a discutir aquí varias horas. Sin embargo, se acude a él cuando se necesita custodiar las cárceles, levantar la basura o construir las casas del Plan Juntos. Señora Presidenta: iba a votar en general este proyecto de ley y algunos de sus artículos, que fueron mencionados por nuestro compañero el señor Diputado Dini. Todos estamos de acuerdo con que otorgar viviendas y ayudar a que las consigan quienes no las tie-

nen es un fin noble que debemos apoyar, pero hacerlo, como dice el señor Morel, poniendo como referencia a un dirigente del MPP, no me parece correcto, por lo que no daré mi voto favorable a este proyecto de ley. No se ha dicho todo lo que salió publicado el jueves 6 del corriente en el semanario “Búsqueda”; nuestros compañeros que trabajaron en el Senado y en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara no tenían conocimiento de que dentro del propio partido de gobierno había este tipo de cuestionamientos. En el semanario “Búsqueda”, citando a Walter Morel, Secretario de la Organización de Montevideo del Partido Socialista, se señala: “Morel dijo que accedió a un ‘acta’ de una reunión de la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, con dirigentes del MPP, en la que hablaron sobre cómo ‘actuar en una zona determinada’. ‘Eso es jodido’, sostuvo, y criticó el ‘sectarismo’ del MPP en un tema que es ‘impulsado por el presidente de la República’, de quien -acotó- es ‘el compañero que todos nosotros votamos y estamos convencidos que nos ayudará al cambio’.- ‘¿Qué sucede en el territorio con los compañeros que deberíamos estar codo con codo discutiendo esto? No hay información; esto es una cosa cerrada. ¿Saben dónde funciona el Plan Juntos en Salto? En la sede del MPP’, relató. Además protestó porque se enteró de que se han repartido ‘planillas de inscripción’ para el plan donde se pone como referencia a dirigentes del MPP. ‘Nos hizo acordar a la vieja y querida tarjetita, nada más que como ahora somos del MPP y somos revolucionarios, no damos tarjetitas, pero con esa forma de hacer política no vamos a construir, compañeros’, advirtió”. En la misma nota se cita a Jorge Díaz, de la Comisión de Cooperativismo e integrante de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua. Este señor Jorge Díaz expresa: “Hay un ‘nuevo proyecto, un nuevo modelo, algo que se llama Plan Juntos que todavía no sabemos muy bien qué es y adónde apunta'”. Señora Presidenta: si desde el propio partido de gobierno, el partido del Presidente de la República, que envía este proyecto de ley, existen estas dudas y estos cuestionamientos, yo -que soy muy respetuoso de los partidos políticos y entiendo que esas diferencias internas se deberán dirimir internamente; no me competeno puedo acompañarlo, por la responsabilidad que tengo al levantar la mano o no para la aprobación de un proyecto. Al existir estos cuestionamientos y estas dudas, cambiaré mi posición personal y votaré en forma negati-

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va este proyecto de ley. Como dicen los abogados, señora Presidenta: a confesión de parte, relevo de pruebas. Muchas gracias. SEÑOR VEGA LLANES.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: vamos a dejar establecido, de aquí para el futuro, porque todos van a decir la misma tontería que han venido repitiendo en el sentido de que hay un señor Morel que dijo lo que dijo del MPP… (Interrupciones.- Respuesta del orador) ——Lo que importa acá es presentar qué prueba se tiene. ¿De qué se están agarrando? ¿Se están agarrando de lo que dijo un señor en un diario que tiene cierto prestigio? Hacemos nuestras exposiciones leyendo diarios. ¿Desde cuándo lo que dice cualquier diario es la verdad revelada y absoluta? ¿Desde cuándo? Si el Partido Socialista fuera el que hiciera una declaración de ese tipo, le tendríamos mucho respeto, pero vaya a saber en qué condiciones y cómo se dijo lo que se manifestó. ¡Vaya uno a saber! Ahora resulta que lo que dice Morel es la verdad revelada. ¡Acá vivimos buscando profetas y oráculos, todo el tiempo! Si un oráculo indica algo, todos nos embarcamos en eso. ¡Somos bárbaros! ¿Por qué no se argumenta al respecto? A mí me parece respetuoso que se argumente a favor o en contra del Plan Juntos; no hay ningún problema en ese sentido. Ahora, ¿vamos a dejar a la gente sin casa porque, supuestamente, el MPP hace política con este Plan? ¡Somos remacanudos! ¡Los dejamos sin casa porque el MPP hace política con esto! ¿Eso es lo que van a decir a la gente? No. Después, cuando vayan a buscar los votos, van a mentir y le van a decir: “Nosotros queríamos esto y aquello”. “Queríamos y queríamos, pero nada hicimos, como nada hicimos mientras fuimos gobierno”. Si el argumento fundamental para dejar a la gente sin el Plan Juntos es que el MPP va a hacer política con eso, será complicado cuando se le tenga que explicar a la gente, sobre todo cuando se den cuenta de que todo aquello que dice el oráculo Morel no es verdad. El hecho de que los Ministros se reúnan con compañeros de cualquier grupo político no es pecado,

no está prohibido; no hay que salir a pedir perdón a ningún pastor por hacer ese tipo de acciones. Esto pasó siempre; toda la vida. ¿Cuál es el problema? Dejo dicho esto ahora porque se va a seguir repitiendo. La diversidad de argumentos que se usan tienen un sonsonete insoportable; todos dicen lo mismo. No quise contestar la anterior alusión porque no valía la pena y ahora, para dejar esto resuelto de aquí al futuro, no contestaremos más alusiones y que cada cual le crea a quien le parezca que le tiene que creer. Morel: vamos a sacar a Artigas y te vamos a poner a vos ahí. SEÑOR RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: el tema de Búsqueda a mí me tiene paspado. Escuché varias veces el asunto y no quise responder porque coincido con el señor Diputado Semproni en que lo mejor sería votar. Yo me borré de la lista de oradores, porque no iba a responder ninguna cuestión de estas que le llaman política; me rompe el alma que se den este tipo de discusiones, pero no tengo más remedio porque si no termino asumiendo y aceptando una cantidad de disparates. Parece que para manejarse en política hay que leer Búsqueda; eso me tiene lleno. Si quieren vamos a discutir de lo que hay que discutir en serio. Yo me borré de la lista de oradores porque quiero que se vote el proyecto, que es lo que a mí me importa. Pero no me vengan con que Búsqueda dijo esto y aquello. ¿Quieren que les cuente lo que hace la Intendencia de Tacuarembó, del Partido Nacional? ¿Quieren que les cuente los detalles de lo que pasa en mi departamento? Se los puedo contar, señores que tanto combaten el clientelismo político. ¿Quieren que les cuente cómo funcionó el Partido Colorado con respecto a los ingresos al Estado? Se los puedo contar con lujo de detalles pero, ¿para qué vamos a entrar en eso si no es el tema que estamos tratando? El tema que estamos discutiendo es cómo damos respuesta… (Interrupción del señor Representante Abdala) ——Estoy dirigiéndome a la Mesa. ¿Quiere que se lo cuente? Se lo puedo contar.

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Quiero que se vote el proyecto, que es lo que nos interesa. Con esto nos quieren hacer entrar en un corral de ramas de cuestiones totalmente menores que, por supuesto, no compartimos y no son así. Hace unos minutos dije que el Plan Juntos está funcionando con las Intendencias y con las Mesas Interinstitucionales en las que están presentes todo tipo de instituciones, que en el interior del país, en su mayoría, no tienen gente del Frente Amplio. Entonces, no vengamos a entreverar los tantos. Vamos a discutir las cosas en profundidad y con seriedad. Ahora, si queremos entrar en esta cuestión de lo que dice Búsqueda, de clientelismo y del comité político, podemos hacerlo, pero vamos a entrar en una larga historia. Nuestro objetivo es el de la gente. Queremos que esto se resuelva y seguir trabajando porque, en definitiva, es lo que cuenta. Esto es pura cháchara. Si se sigue por esta vía, lógicamente, vamos a entrar en una situación que no es la que todos deseamos. Vinimos a discutir un proyecto de ley concreto y que tiene un alcance determinado. Quisiera discutir sobre eso concretamente. Reitero que preferí borrarme de la lista de oradores para que la discusión pudiera avanzar, pero permanentemente advierto que se hacen alusiones y comentarios que no ayudan al debate. Si se sigue en esta vía, nosotros también vamos a responder. SEÑOR LIMA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR LIMA.- Señora Presidenta: pedí la palabra para dejar en claro algunos hechos. No vamos a manejarnos por versiones de algún medio de comunicación o por un acta que supuestamente llegó a conocimiento de algún Diputado, sino por un hecho concreto. En el departamento de Salto, el Plan Juntos y el MIDES funcionan en el local de la Intendencia. Esto es así gracias a un convenio que se firmó durante el período del Gobierno Departamental anterior. La Intendencia puso a disposición la infraestructura para que allí pudiera funcionar el MIDES y ahora se agregó el Plan Juntos. Allí es donde funciona, no en el domicilio de alguien ni en el local partidario de algún sector. Funciona en la Intendencia de Salto, de lunes a viernes, de trece a dieciocho horas. Allí concurren todos los

salteños o quienes viven en el departamento y consideran que pueden verse comprendidos por alguno de los programas que está llevando adelante el Plan Juntos. Por otra parte, hoy en el departamento de Salto hay dos asentamientos menos, porque desde el Gobierno nacional se han desarrollado políticas que han permitido que cincuenta y nueve familias que vivían en el asentamiento Andresito, hoy vivan en el barrio Andresito y tengan una vivienda digna. En el departamento de Salto hay dos asentamientos menos, porque veintitrés familias que vivían en el asentamiento Bello Horizonte fueron realojadas y también tienen una vivienda digna. Y hay un tercer asentamiento que también va a dejar de existir. Me refiero al asentamiento Barbieri 2, donde viven aproximadamente doscientas familias. En este momento, el Plan Juntos está trabajando en una localidad del interior del departamento, en Villa Constitución, un barrio donde desde hace años viven cerca de treinta familias en condiciones infrahumanas. Ningún Gobierno, a no ser el del Frente Amplio, se preocupó por cada una de estas familias. Allí está trabajando el Plan Juntos. Como estos asentamientos que mencionamos, hay otros en los cuales también el Plan Juntos y el Gobierno nacional están trabajando. Nos pareció oportuno hacer estas aclaraciones, porque son hechos reales, puntuales, concretos, tangibles. Están a la vista de quienes vayan al departamento de Salto, conozcan la realidad y no se manejen exclusivamente por versiones periodísticas o por algún acta que haya llegado a su poder. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: con la mayor serenidad de espíritu, nosotros tampoco pretendemos alargar este debate ni entorpecerlo. Aquí se ha reclamado por parte de algunos Representantes de la bancada de Gobierno que el propósito es votar este proyecto con la mayor urgencia posible. Nosotros no pretendemos frustrar ese propósito, pero permítasenos ejercer los derechos que reglamentariamente nos corresponden, de opinar sobre el proyecto que la Cáma-

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ra está analizando y sobre los argumentos de carácter político que, sin ninguna duda, están en el contexto de esta discusión. Creo que los elementos que se han traído a colación forman parte de este debate y no implican una chicana del lado del Partido Nacional o de los partidos de la oposición. Lo que ha dicho el señor Morel es, ni más ni menos, una versión que tiene carácter público y que aquí no ha sido desmentida por sus correligionarios, sus compañeros de sector y de fracción, ni por sus compañeros de partido. Entonces, ¿cómo no vamos a insistir? Las aclaraciones que ha formulado el señor Diputado Lima -que por supuesto son de recibo- son colaterales a esas afirmaciones. Pero esas afirmaciones fueron muy graves y contundentes, y aquí nadie, ni siquiera con una contundencia parecida, ha intentado desmentirlas. Y no se trata de rumores. Se trata de una versión, que es algo más que un rumor, publicada en un medio de comunicación, que en este caso fue el semanario “Búsqueda” pero pudo haber sido otro. Si estas versiones hubieran aparecido en otro medio de circulación nacional, seguramente nosotros, cualquiera de los representantes de la oposición, las habríamos traído a colación. Yo no sé si eso es lo que explica cierto nerviosismo aparente que ha aflorado en la bancada oficialista, en un tema que no debería irritar a nadie y menos a quienes lo promueven porque, se supone, tiene que ver ni más ni menos que con uno de los emblemas que este Gobierno viene levantando incluso desde antes de asumir como tal. Me preocupa que se nos califique y que se pretenda poco menos que subestimarnos o estigmatizarnos por decir esto o aquello. Me pregunto si eso no denota, en todo caso, falta de argumentos. ¿Eso no demuestra la incapacidad de explicar por qué el Presidente de la República habló de quince días y pasaron dos años? Al igual que las declaraciones de Morel, eso tampoco se ha contestado. Y creo que no se ha contestado por la razón del artillero: porque lo que no tiene respuesta no se puede contestar. Además, como es un hecho notorio no necesita prueba. No necesita prueba que el Gobierno ha incumplido sus promesas. Habló de quince días y esta ha sido la quincena más larga de la que se pueda tener memoria, porque han pasado casi dos años. Tampoco se ha podido contestar a que un dirigente representativo de un partido político centenario, que integra la coalición de Gobierno, haya dicho lo que dijo sobre el manejo po-

lítico de su plan. Luego de varias horas de debate, ni un solo representante del oficialismo, ya no digo que no ha explicado sino que no ha desmentido lo expresado. Entiendo que esto hay que ponerlo en blanco y negro: ¿se dijo o no se dijo? Aquí no se dijo que no se dijo. Simplemente se trató de explicar que las cosas no van tan mal. Ahora, lo que dijo Morel, lo dijo. En realidad, es una presunción, por lo que admite prueba en contrario, pero nadie da esa prueba. Según la misma versión periodística, hubo testigos de esa conversación y algunos están presentes en Sala. Entonces, me pregunto: ¿en ese caso, nadie está en condiciones ni tiene la capacidad suficiente -por haberlo vivido o por haber sido aludido sin haber estado allí- de decir que eso no fue así? Mientras eso no se aclare, no tenemos más remedio que darle valor a eso que, a esta altura, es bastante más que una presunción. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: por este medio debo responder lo que creo es una falta de respeto a la oposición, y por eso he pedido para contestar por la vía de la alusión. Me extraña que legisladores que hace más de un período están acá desconozcan el Reglamento y no sepan cómo tienen que dirigirse a la Presidencia y al Cuerpo. Entiendo que calificar las opiniones que libremente todos damos aquí, de la manera en que se hizo, es una falta de respeto. Hasta se hizo ironías con nuestro Prócer. Ayer hicieron una fiesta muy linda por el Bicentenario, pero hoy un legislador se refiere a él irónicamente. Señora Presidenta: cuando este Diputado habló, se refirió al proyecto que estamos tratando y trajo a colación temas que tienen que ver con él. A su vez, explicó por qué cambiaba su posición y votaba en contra. Si eso es calificado de determinada manera por algunos legisladores, allá ellos, pero creo que más que a un legislador, le están faltando el respeto a la Cámara. Si lo que se busca es que nos callemos la boca, con este Diputado no lo van a lograr. Voto en contra y no me callo la boca. Muchas gracias.

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SEÑOR BANGO.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BANGO.- Señora Presidenta: confieso que, como tantas otras, la paciencia no es una de las virtudes que me adornan. No obstante, en esta Cámara he aprendido a hacer un ejercicio trabajando la paciencia, tratando de superar uno de los tantos defectos que tenemos. Uno va sacando conclusiones a partir de este rico debate político que estamos teniendo. La primera es que cuando quiera que el Partido Colorado vote algo de la bancada oficialista, le voy a pedir al compañero Walter Morel que diga que está a favor o en contra. El señor Diputado Cantero Piali ha dicho que el Partido Colorado respeta a los partidos políticos. Creo que la mejor manera de respetar a los partidos políticos es saber cuál es la opinión de ese partido político. Y eso califica la opinión de quienes me precedieron en el uso de la palabra. El Partido Socialista va a votar -como lo ha hecho en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente junto con todo el Frente Amplio- el Plan “Juntos”. ¿Por qué? Porque entiende que es un instrumento adecuado -junto con otros instrumentos que en materia de política de vivienda por un lado y de política social por el otroque nuestro segundo Gobierno está implementando para intentar solucionar uno de los problemas sociales y culturales más serios que tiene el Uruguay. Como bien decía el Diputado Arocena, la historia no empezó en 2005. En 1989, el sociólogo Ruben Kaufmann -en ese entonces Director de la Oficina de CEPAL en Montevideo- escribió un artículo que se llamaba “El barrio también importa”. Buena nota podría haber tomado el Partido Nacional de ese visionario artículo que planteaba que uno de los problemas que empezaba a tener el país era de segregación social y segmentación residencial. Las políticas que se aplicaron profundizaron los problemas de segregación social y segmentación residencial. Precisamente, el fenómeno de los asentamientos y la situación de las miles de familias que ya se están viendo beneficiadas por el Plan “Juntos” explotó en la década de los noventa. Eso tiene causales. Lamentablemente no ha sido esa la discusión que han privilegiado los distintos Diputados preopinantes sino que ha sido otra. Resulta que colegas de otros partidos políticos -que respetamos pero cuyas calificaciones no compartimos- califican la opinión de un partido a partir de notas de prensa de cuya veracidad no dudamos en absoluto. Si ese es el ca-

mino, que quede constancia de que el Partido Socialista, al igual que en la Comisión -en la que votó junto al resto del Frente Amplio-, va a votar este proyecto, por las razones que muy escuetamente he podido argumentar por la vía de contestar una alusión. Hay varios anotados en la lista de oradores y, sin querer marcar pautas de lo que se debe o no opinar -obviamente, cada uno expresa su pensamiento de la manera que mejor lo entiende-, y con el respeto que se merecen todos los partidos políticos y sectores que integramos esta Cámara, esperamos que cuando se aluda a los partidos se hable de las expresiones de los partidos políticos y no de las de sus militantes. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señora Presidenta: siempre se recurre a la década del noventa y no quiero reiterar lo que muy bien ha dicho en Sala el señor Diputado Arocena en su informe sobre la producción de vivienda histórica de esa década, que no fue igualada por ninguno de los Gobiernos posteriores. A su vez, el índice de pobreza bajó a la mitad durante aquel Gobierno. Lo que sí quiero reiterar es que aquí hay un informe, que fue leído en su momento, en el que se señala que los asentamientos irregulares han aumentado en todo el país y lo siguen haciendo. En estos últimos siete años -de 2003 o 2004 a la fecha-, han aumentado los asentamientos irregulares, no solo en cantidad sino también internamente, por razones de precariedad, y es un hábitat muy deficitario para los uruguayos que allí residen Volvemos a decir que esperábamos, ansiábamos que esta muy buena idea del señor Presidente se hubiese plasmado en un buen proyecto consensuado y de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Lamentamos que esto se haya partidizado y sectorizado, no solo en su implementación -tal como lo estamos apreciando con las declaraciones, que no son desmentidas-, sino también en su aprobación, que se está llevando a cabo sin dar posibilidades a la oposición de participar en la mejora y redacción conjunta de este proyecto. Gracias, señor Presidente.

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CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 11 de octubre de 2011

26.- Preferencias.
SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: solicito que se dé cuenta de una moción que hemos presentado a la Mesa, así evitamos hacer alusiones de alusiones. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bayardi. (Se lee:) “Mocionamos para que el punto en discusión pase a ser el tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de octubre”. ——Se va a votar.

(Se vota) ——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

27.- Levantamiento de la sesión.
SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: para que no sigamos con las alusiones a través del fundamento de voto, mociono para que se levante la sesión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Se va a votar. (Se vota) —Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 19 y 52)

LUIS ALBERTO LACALLE POU PRESIDENTE

Dra Virginia Ortiz Secretaria Relatora

Dr.José Pedro Montero Secretario Redactor

Héctor Luis González Director del Cuerpo de Taquígrafos

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