Número 3761

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NÚMERO 3761

MONTEVIDEO, MARTES 14 DE FEBRERO DE 2012

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES LUIS LACALLE POU (Presidente) DAISY TOURNÉ (1era. Vicepresidenta) Y HORACIO YANES (3er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTIN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 14 de febrero de 2012

Texto de la citación

Montevideo, 10 de febrero de 2012.

LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 14, a la hora 10, a solicitud firmada por cincuenta y nueve señores Representantes, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) para informarse de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

– ORDEN DEL DÍA 1º.- Sistema tributario. (Ajustes). (Carp. 1275/011). (Informado). Rep. 749 y Anexo I

2º.- Alfredo Zitarrosa. (Designación a la Escuela Técnica Ruta 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José). (Carp. 350/010). (Informado). Rep. 358 y Anexo I 3º.- Libertad Grizelda Lausarot Guigou. (Designación al Liceo Nº 1 de la Ciudad del Plata, departamento de San José). (Carp. 277/010). (Informado). Rep. 324 y Anexo I 4º.- Timbó. (Designación al Liceo Nº 2 de la Ciudad de Young, departamento de Río Negro). (Carp. 712/011). (Informado). Rep. 522 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ S e c r e t a r i o s

Martes 14 de febrero de 2012

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SUMARIO
Pág. Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 Texto de la solicitud de convocatoria …………………………………………………………………………………………… 4 Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………. 14 Exposiciones escritas………………………………………………………………………………………………………………… 23 Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 25 CUESTIONES DE ORDEN 8.- Declaración de gravedad y urgencia…………………………………………………………………………………………… 26 12.- Integración de Comisiones…………………………………………………………………………………………………………. 46 10, 14.- Integración de la Cámara …………………………………………………………………………………………………. 40, 54 16.- Levantamiento de la sesión………………………………………………………………………………………………………… 94 10, 14.- Licencias…………………………………………………………………………………………………………………………. 40, 54 VARIAS 5.- Interrupción del receso………………………………………………………………………………………………………………. 22

1.2.3.4.6.7.-

ORDEN DEL DÍA 9, 11, 13, 15.- Sistema tributario (Ajustes). Antecedentes: Rep. N° 749, de diciembre de 2011, y Anexo I, de febrero de 2012. Carp. N° 1275 de 2011. Comisión de Hacienda. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………. 26, 45, 47, 55 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 90

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 14 de febrero de 2012

1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Verónica Alonso, Nelson Alpuy, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Gustavo Borsari Brenna, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Antonio Chiesa Bruno, Hugo Dávila, Walter De León, Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Julio Fernández, Antonio Gallicchio, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda Espino, Pablo Mazzoni, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Raúl Olivera, Jorge Orrico (1), Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Esteban Pérez, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Mercedes Santalla, Pedro Saravia, Mario Silvera, Juan C. Souza, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivián, Horacio Yanes, y Jorge Zás Fernández. Con licencia: Rodolfo Caram, Gustavo Cersósimo, Alma Mallo Calviño, Felipe Michelini, Mario Perrachón y Víctor Semproni. Falta con aviso: Mario García. Sin aviso: Alberto Perdomo Gamarra, Silvia Silveira y Francisco Zunino. Observaciones: (1) A la hora 10.58 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Jorge Zás Fernández. A la hora 11.34 ingresa a Sala el Sr. Representante Nacional Gustavo Cersósimo, dejando sin efecto la convocatoria del Sr. Francisco Zunino.

2.- Texto de la solicitud de convocatoria.
“Montevideo, 10 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes PRESENTE Los Representantes que suscriben solicitan, se convoque a sesión extraordinaria, el próximo martes 14 de febrero, a la hora 10, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento), con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente – ORDEN DEL DÍA 1º.Sistema tributario. 1275/011). (Informado). (Ajustes). (Carp. Rep. 749 y Anexo I

2º.Alfredo Zitarrosa. (Designación a la Escuela Técnica Ruta 1 de la Ciudad del Plata, departamento de San José). (Carp. 350/010). Rep. 358 y Anexo I 3º.Libertad Grizelda Lausarot Guigou. (Designación al Liceo Nº de la Ciudad del Plata, departamento de San José). (Carp. 277/010). Rep. 324 y Anexo I 4º.Timbó. (Designación al Liceo Nº 2 de la Ciudad de Young, departamento de Río Negro). (Carp. 712/011) Rep. 522 y Anexo I José Andrés AROCENA, Roque ARREGUI, Alfredo ASTI, Julio BANGO, Julio BATTISTONI, José BAYARDI, Gustavo BERNINI, Graciela CÁCERES, Daniel CAGGIANI, Fitzgerald CANTERO PIALI, Felipe CARBALLO, José Carlos CARDOSO, Hugo DÁVILA, Walter DE LEÓN, Álvaro DELGADO, Guillermo FACELLO, Julio FERNÁNDEZ, Carlos GAMOU, Jorge GANDINI, Javier GARCÍA, Óscar GROBA , Doreen Javier IBARRA, María Elena LAURNAGA, Andrés LIMA, José Carlos MAHÍA, Rubén MARTÍNEZ HUELMO, Pablo MAZZONI, Felipe MICHELINI, Gonzalo MUJICA, Amín NIFFOURI , Raúl OLIVERA, Jorge ORRICO, Yerú PARDIÑAS, Ivonne PASSADA, Daniela PAYSSÉ, Guzmán PEDREIRA, Daniel PEÑA FERNÁNDEZ, Aníbal PEREYRA, Susana PEREYRA , Darío PÉREZ BRITO, Pablo PÉREZ GONZÁLEZ, Esteban PÉREZ, Mario PERRACHÓN, Jorge POZZI, Luis PUIG, Edgardo RODRÍGUEZ, Gustavo ROM-

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BYS, Sebastián SABINI, Alejandro SÁNCHEZ, Berta SANSEVERINO , Víctor SEMPRONI , Juan C. SOUZA , Martín TIERNO , Hermes TOLEDO ANTÚNEZ, Daisy TOURNÉ, Carlos VARELA NESTIER , Álvaro VEGA LLANES, Dionisio VIVIÁN, Horacio YANES”.

3.- Asuntos entrados.
• “Pliego N° 129 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes Leyes: • • con fecha 16 de diciembre de 2011: Nº 18.850, por la que se establece una pensión no contributiva y una asignación familiar especial en beneficio de los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica. C/821/011 Nº 18.851, por la que se autoriza la salida del país del Buque ROU 01 “Uruguay” o, eventualmente en su defecto, del Buque ROU 02 “Comandante Pedro Campbell”, con su correspondiente Plana Mayor, Tripulación, Alumnos y Oficiales de la Escuela Naval, a efectos de participar en la Operación ESNAL II, a llevarse a cabo entre el 11 y el 23 de diciembre de 2011, haciendo escala en puertos de la República Federativa del Brasil. C/1252/011 Nº 18.852, por la que se designa “Profesor Juan E. Pivel Devoto” el Liceo Nº 2 de la ciudad capital del departamento de Paysandú. C/660/011 Nº 18.853, por la que se desafecta del patrimonio del Ministerio de Defensa Nacional y se afecta a la Intendencia de Florida, el inmueble Padrón Nº 15.610, ubicado en la 1ª Sección Catastral, zona rural del departamento de Florida. C/445/010 Nº 18.854, por la que se concede una pensión graciable al señor Luis Alberto Reyes. C/1119/011 Nº 18.855, por la que se aprueban el Acuerdo de Inversiones suscrito con la República de Chile y sus Anexos, firmados en la ciudad de Montevideo, el 25 de marzo de 2010. C/952/011 Nº 18.856, por la que se regula el descanso semanal para el personal de los establecimientos gastronómicos, hoteles, restaurantes, fondas, confiterías y afines. C/297/010 con fecha 22 de diciembre de 2011, Nº 18.857, por la que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor, Tripulación, Medios y los siguientes Buques de la Armada Nacional: Buque de • •

Apoyo ROU 04 “General Artigas”, Buque de Salvamento ROU 26 “VANGUARDIA”, Buque Científico ROU 22 “OYARVIDE”, a efectos de participar en la Campaña Antártica 2011/2012 – Operación ANTARKOS XXVIII, desde el día 20 de noviembre de 2011 hasta el día 31 de marzo de 2012, con escalas en los puertos de Ushuaia, República Argentina y Punta Arenas, República de Chile. C/1212/011 con fecha 23 de diciembre de 2011: Nº 18.858, por la que se sustituye el artículo 4º de la Ley Nº 16.021, de 13 de abril de 1989, relativo a la interpretación del artículo 74 de la Constitución de la República. C/1188/011 Nº 18.859, por la que se deroga el artículo 102 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, y se sustituye el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, relacionados con el desarrollo de las actividades de personas jurídicas titulares de empresas instaladas en zona franca. C/471/010 Nº 18.860, por la que se crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y se establecen subsidios para la extensión y el fomento de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado público departamentales. C/1148/011 Nº 18.861, por la que se aprueba el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en la ciudad de Porlamar, República Bolivariana de Venezuela, el 26 de setiembre de 2009. C/1258/011 Nº 18.862, por la que se concede una pensión graciable al señor Guillermo Escalada Píriz. C/1187/011 Nº 18.863, por la que se concede una pensión graciable a la señora María de los Ángeles Iglesias. C/1087/011 Nº 18.864, por la que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de permanencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH). C/1308/011 Nº 18.865, por la que se modifican artículos de la Ley Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006, relacionados con la contratación de mozos de cordel en los puertos de Montevideo y Colonia. C/1220/011 Nº 18.866, por la que se aprueban el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II, el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II y sus Anexos, suscritos el 9 de abril de 2005 en Okinawa, Estado de Japón. C/464/010

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Nº 18.867, por la que se aprueban el Convenio con la Confederación Suiza para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo firmados en la ciudad de Berna, el 18 de octubre de 2010. C/953/011 Nº 18.868, por la que se prohíbe exigir la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito para el proceso de selección, ingreso, porción y permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada. C/1305/011 Nº 18.869, por la que se modifica el artículo 114 de la Ley Nº 18.437, de 12 de diciembre de 2008, relativo a la integración de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Docente. C/1029/011 Nº 18.870, por la que se aprueba el Convenio de Tampere sobre Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe, adoptado el 18 de junio de 1988, en oportunidad de celebrarse la Primera Conferencia de Tampere sobre comunicaciones en caso de catástrofes (CDC-1998). C/277/005 Nº 18.871, por la que se aprueba el Tratado de Seguridad Energética con la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 6 de agosto de 2007. C/2674/008 Nº 18.872, por la que se aprueba el Acuerdo Bilateral de Cooperación Económica, Comercial y Técnica con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en Montevideo, el 29 de mayo de 2009. C/428/010 Nº 18.873, por la que se aprueba el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones celebrado con el Gobierno de la República de la India, suscrito en Montevideo, el 11 de febrero de 2008. C/1052/011 Nº 18.874, por la que se crea el Monotributo Social MIDES y se establece su alcance y aplicación. C/910/011 Nº 18.875, por la que se promueve el uso de diversos instrumentos de orientación y movilidad con el objetivo de facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. C/2990/008 con fecha 29 de diciembre de 2011:

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Nº 18.878, por la que se crea el Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros. C/1163/011 Nº 18.879, por la que se transfieren a título gratuito, del patrimonio del Estado al de la Intendencia de Soriano, los inmuebles empadronados con los números 10.737, 10.738 y 2.548, ubicados en la Primera Sección Catastral de dicho departamento. C/782/011 Nº 18.880, por la que se prorroga hasta el 31 de octubre de 2012, la transferencia de la Dirección Nacional de Meteorología del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dispuesta por el artículo 202 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/1272/011 Nº 18.881, por la que se modifican disposiciones relativas al abanderamiento de las embarcaciones que sean utilizadas en trabajos de dragado y similares. C/1215/011 con fecha 20 de enero de 2012:

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Nº 18.882, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en el Ámbito de la Defensa con el Ministerio de Defensa de la República del Paraguay, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 12 de noviembre de 2010. C/610/011 Nº 18.883, por la que se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR con la República de Bolivia y de Chile, suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004. C/634/011 Nº 18.884, por la que se designa “Joaquín Lencina “Ansina” la Escuela Nº 285, ubicada en el kilómetro 22.500 de la Ruta Nacional Nº 6 Joaquín Suárez, ciudad de Toledo, departamento de Canelones. C/25/010 Nº 18.885, por la que se aprueba el Acuerdo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya, el 20 de febrero de 2007. C/611/011 Archívense

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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: • por el que se transfiere del patrimonio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) al de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado el inmueble Padrón Nº 289 de la locali-

Nº 18.876, por la que se crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. C/1091/011 Nº 18.877, por la que se transfieren a título gratuito del patrimonio del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas) al del Instituto Nacional de Colonización, los inmuebles empadronados con los números 858 y 17.813 de la 6ª Sección del departamento de San José. C/539/010

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dad catastral de La Boyada, departamento de San José. C/1346/012 • • por el que se declara el 28 de junio de cada año como “Día Nacional del Médico Internista”. C/1347/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración por el que se crean los cargos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Letrada Nacional especializada en violencia doméstica y procesos de protección de los derechos amenazados o vulnerados de niños y adolescentes. C/1348/012 A la Comisión de Presupuestos • por el que se aprueba el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966 adoptado en la Conferencia Internacional sobre el Sistema Armonizado de Reconocimientos y Certificación el 11 de noviembre de 1988 y las Enmiendas 2003 y 2004. C/1349/012 por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Defensa de la República Italiana, Concerniente a la Cooperación en el Campo de la Adquisición de Sistemas para la Seguridad de la Defensa, suscrito en Roma el 5 de octubre de 2011. C/1350/012 por el que se aprueba la incorporación de la República Oriental del Uruguay a las Enmiendas de la Constitución de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), adoptadas por el Consejo de la OIM el día 24 de noviembre de 1998. C/1351/012 A la Comisión de Asuntos Internacionales • • por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Martín Mujica Ferreira. C/1352/012 A la Comisión de Seguridad Social por el que autoriza la salida del país de personal y aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y la entrada y salida de personal y aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina hacia y desde nuestro país respectivamente, con motivo de la participación simultánea en los Ejercicios Militares Combinados e Interrelacionados “Río V” y “Tanque 2012”, a llevarse a cabo entre el 19 y el 30 de marzo de 2012, en el litoral oeste del país y el Área Terminal Durazno. C/1353/012 A la Comisión de Defensa Nacional

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por el que se sustituye el artículo 13 del proyecto de ley por el que se introducen ajustes al sistema tributario. C/1275/011 por el que se agrega un inciso al artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, facultando al Poder Ejecutivo para aumentar en hasta 12 BPC el tramo exento a los efectos de la liquidación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) C/1275/011

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La mencionada Presidencia remite el informe producido por el Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el proyecto de ley por el que se designa “Amador de Castro” la Escuela Nº 30, de Primer Grado, de paraje Puntas de San Juan, departamento de Colonia. C/1169/011 A sus antecedentes

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La citada Presidencia comunica que, en sesión de 15 de diciembre de 2011, ha autorizado a sus Comisiones para actuar durante el receso parlamentario. C/12/010 Téngase presente DE LA COMISIÓN PERMANENTE La Comisión Permanente remite nota por la que comunica su integración para el Segundo Período de la XLVIIa Legislatura y la designación como Presidente de la misma, del señor Legislador Daniel Martínez. C/27/010 Téngase presente DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo: • por el que se establecen normas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. C/1354/012 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social • por el que se aprueba el Acuerdo Marco con el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Intercambio de Informaciones y Cooperación en Seguridad Pública, firmado en Montevideo el 30 de mayo de 2011. C/1355/012 A la Comisión de Asuntos Internacionales • por el que se declara el 7 de julio de cada año “Día Nacional de la Educación Física y el Deporte”. C/1356/012 por el que se autoriza la construcción de un monumento que será erigido en la rotonda norte de la intersección de la Ruta Nacional Nº 8 “Briga-

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La referida Presidencia destina a la Cámara de Representantes los siguientes mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo: • por el que se sustituyen los artículos 4, 8 y 9 del proyecto de ley por el que se introducen ajustes al sistema tributario. C/1275/011

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dier General Juan Antonio Lavalleja” y la Ruta Nacional Nº 102 “Wilson Ferreira Aldunate”, y se denominará “Por las Víctimas de la Violencia”. C/1357/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

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por el que se aprueba el Acuerdo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya, el 20 de febrero de 2007. C/611/011 por el que se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR con la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004. C/634/011 Téngase presente INFORMES DE COMISIONES

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La citada Cámara comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley: • • en sesión de 27 de diciembre de 2011: por el que se transfieren, a título gratuito, del dominio del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas) al del Instituto Nacional de Colonización, los inmuebles empadronados con los números 858 y 17.813, de la 6ª Sección del departamento de San José. C/539/010 por el que se transfieren, a título gratuito del patrimonio del Estado a la Intendencia de Soriano, los inmuebles ubicados en la 1ª Sección Catastral de dicho departamento, empadronados con los Nos. 10.737, 10.738 y 2.548. C/782/011 por el que se crea el Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros, que funcionará en régimen de fideicomiso. C/1163/011 por el que se modifican disposiciones relativas al embanderamiento de embarcaciones a ser utilizadas en trabajos de dragado y similares. C/1215/011 por el que se prorroga, hasta el 31 de octubre de 2012, la transferencia de la Dirección Nacional de Meteorología del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dispuesta por el artículo 202 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/1272/011 en sesión de 28 de diciembre de 2011: • • • por el que se crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. C/1091/011 en sesión de 11 de enero de 2012: por el que se designa “Joaquín Lencina ‘Ansina’” la Escuela Nº 285 ubicada en el kilómetro 22,500 de la Ruta Nacional Nº 6 Joaquín Suárez, ciudad de Toledo, departamento de Canelones. C/25/010 por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en el Ámbito de la Defensa entre los Ministerios de Defensa de la República Oriental de Uruguay y de la República del Paraguay, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 12 de noviembre de 2010. C/610/011 –

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La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se establece un proceso de restitución de personas menores de dieciséis años trasladadas o retenidas ilícitamente. C/897/011 La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se introducen ajustes al sistema tributario. C/1275/011 Se repartieron con fecha 10 de febrero COMUNICACIONES GENERALES Varios ciudadanos inscriptos en el departamento de Canelones presentan recurso de apelación contra el artículo 5º Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, referido al cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria. C/1358/012 Varios ciudadanos inscriptos en el departamento de Canelones presentan recurso de apelación contra el Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, referido al cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria. C/1359/012 Varios ciudadanos inscriptos en el departamento de Canelones presentan recurso de apelación contra el artículo 5 del Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, en lo que refiere al valor imponible municipal para el tributo de contribución inmobiliaria. C/1360/012 Varios ciudadanos inscriptos en el departamento de Canelones presentan nota solicitando que las papeletas conteniendo firmas se adjunten al recurso de apelación interpuesto contra el artículo 5º del Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, referido al cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria. C/1358/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

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La Junta Departamental de Paysandú remite copia del texto de las exposiciones realizadas por varios señores Ediles: • sobre los retrasos constatados en el paso por el Puente Internacional Gral. Artigas y la necesidad de solucionar dicha irregularidad. C/178/010 relacionado con el deterioro de varias Rutas Nacionales. C/178/010 A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas • • acerca del seguro de desempleo para los trabajadores rurales. C/80/010 A la Comisión de Legislación del Trabajo referente a diversos beneficios de la seguridad social para jubilados y pensionistas. C/424/010 A la Comisión de Seguridad Social

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notas: acerca de una denuncia efectuada por el uso de agrotóxicos en la localidad de Nueva Carrara. C/195/010 A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente • por la que se solicita una entrevista con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. C/70/010 A la Comisión de Derechos Humanos

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La Junta Departamental de Durazno remite los siguientes asuntos: • • exposiciones realizadas por dos señores Ediles: sobre obligaciones tributarias y adeudos contraídos ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva antes de la crisis del año 2002. C/104/010 A la Comisión de Hacienda • • relacionado con el cobro de aguinaldo para jubilados y pensionistas. C/424/010 A la Comisión de Seguridad Social nota relacionada con el proyecto de ley por el que se introducen ajustes al sistema tributario. C/1275/011

La Junta Departamental de Rivera remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre las concesiones mineras en dicho departamento. C/245/010 A la Comisión de Industria, Energía y Minería

La Junta Departamental de Río Negro remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con la creación de un Hogar Estudiantil en la ciudad de Salto o el otorgamiento de becas para los alumnos que realizan estudios terciarios en la Regional Norte de la UDELAR. C/11/010 A la Comisión de Educación y Cultura

El Rotary Club de Castillos, departamento de Rocha, contesta la exposición escrita del señor Representante José Carlos Cardoso, referente a la instalación de un centro de diálisis para la ciudad de Chuy, en el citado departamento. C/19/010 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes de la señora Representante Verónica Alonso, sobre diversos aspectos de la gestión del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. C/1184/011 La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Planchón, relacionada con la necesidad de proceder a la reparación edilicia de las instalaciones de medicina forense en las ciudades de Colonia, Carmelo y Rosario. C/19/010 La Universidad de la República contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante José Andrés Arocena, relacionada con la posibilidad de disponer el abono de una cuota por parte de los estudiantes extranjeros que están matriculados en dicha Casa de Estudios. C/19/010 A sus antecedentes

La Junta Departamental de Maldonado remite los siguientes asuntos: • • exposiciones realizadas por varios señores Ediles: sobre la posibilidad de desarrollar procesos educativos en los establecimientos carcelarios del citado departamento. C/11/010 A la Comisión de Educación y Cultura • • acerca de declaraciones realizadas por una señora integrante del referido Cuerpo. C/255/010 A la Comisión de Presupuestos referente a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. C/70/010 A la Comisión de Derechos Humanos

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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes: • de la señora Representante Graciela Matiauda, sobre la incautación de drogas en el departamento de Canelones desde el 1º de marzo de 2011 hasta la fecha. C/930/011 del señor Representante Gustavo A. Espinosa, relacionado con la seguridad en la Ciudad de la Costa. C/943/011 del señor Representante Gerardo Amarilla, relacionado con la habilitación de Bomberos del edificio “Torre Ejecutiva”. C/1035/011 de los señores Representantes José Andrés Arocena y Pedro Saravia Fratti, acerca de la eventual instalación de destacamentos policiales o comisarías en las cercanías de las localidades de Cerro Chato y Valentines. C/1067/011 • •

localidad de Cebollatí, de una Unidad Potabilizadora de Agua. C/19/010 presentada por el señor Representante Gerardo Amarilla, relacionada con la falta de conexión al servicio de saneamiento del barrio Mandubí de la ciudad capital del departamento de Rivera. C/19/010 presentada por el señor Representante Ricardo Planchón, acerca de la aplicación de tarifas comerciales para pequeñas y medianas empresas por parte de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. C/19/010 presentada por el señor Representante Hugo Dávila, referente a problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en viviendas del SIAV del barrio Nueva Esperanza. C/19/010

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: • • pedido de informes: del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, relacionado con la compra de insumos en el lapso transcurrido desde el 1º de marzo de 2005, discriminados por lapsos, montos, firmas proveedoras y procedimiento de adquisición. C/1126/011 del señor Representante Gerardo Amarilla, sobre las transferencias efectuadas por dicho Ministerio a la Intendencia de Rivera por concepto de subsidio al boleto estudiantil. C/1222/011 del señor Representante Gustavo Cersósimo, sobre la instrumentación de la tarifa de boleto metropolitano para la totalidad de Ciudad del Plata, departamento de San José. C/1244/011 exposiciones escritas: • presentada por el señor Representante José Andrés Arocena, referente a la disminución de costos de transporte para las personas con discapacidad y sus acompañantes. C/19/010 presentada por el señor Representante Gustavo A. Espinosa, sobre la necesidad de mejorar la seguridad vial en la Ruta Nacional Nº 5 en las proximidades de la ciudad de Canelones. C/19/010 presentadas por el señor Representante Ricardo Planchón: • relacionada con la finalización de las obras de doble vía en la Ruta Nacional Nº 1 entre la radial Tarariras y la ciudad de Colonia del Sacramento. C/19/010 acerca de la necesidad de instalar baños públicos en las rutas nacionales. C/19/010

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos: • • pedidos de informes: del señor Representante Richard Sander, con información producida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: sobre el ingreso de funcionarios y el cargo asignado. C/960/011 relacionado con la nómina de empresas proveedoras de personal. C/983/011 del señor Representante José Andrés Arocena: • sobre la situación de los trabajadores afectados a tareas de construcción en el marco del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos. C/1209/011 relacionado con un posible vertimiento de aguas servidas en el río Santa Lucía, proveniente de zonas de la ciudad de Florida. C/666/011 del señor Representante Gerardo Amarilla, acerca de los problemas existentes en el suministro de agua potable en el barrio Mandubí, de la ciudad capital del departamento de Rivera. C/1036/011 del señor Representante José Amy, referente a la contratación de empresas dedicadas al rubro de encuestas o de mejora de la gestión institucional. C/1176/011 exposiciones escritas: • presentada por el señor Representante José Carlos Cardoso, sobre la necesidad de dotar a la •

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referente a la necesidad de instalar cajeros automáticos en las rutas nacionales. C/19/010 sobre la problemática de la escollera del arroyo Cufré. C/19/010 presentada por el señor Representante Aníbal Pereyra, sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad vial en la Ruta Nacional Nº 15. C/19/010

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relacionado con la utilización del crédito dispuesto por el artículo 58 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/932/011 acerca de la utilización del crédito producido por los cargos vacantes dispuestos por el artículo 62 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/933/011 referente al ingreso de funcionarios de acuerdo a los artículos 174, 190, 192 y 193 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/985/011

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El citado Ministerio contesta el pedido de informes del señor Representante Miguel Otegui, con información proporcionada por la Administración Nacional de Puertos y PLUNA Ente autónomo, relacionado con el registro y uso de vehículos oficiales en todo el territorio nacional. C/631/011 El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos: • • pedidos de informes: del señor Representante Gustavo Cersósimo, acerca de la instalación de un Hospital o Centro de Trauma en el Edificio Libertad y los informes de viabilidad de la respectiva obra. C/682/011 del señor Representante Mario Silvera, sobre la instalación de una clínica de salud mental en el departamento de Treinta y Tres. C/892/011 del señor Representante José A. Amy, relacionado con la contratación de empresas dedicadas al rubro de encuestas o de mejora de la gestión institucional. C/1176/011 del señor Representante Richard Sander, acerca del número de profesionales asignados a la Policlínica de Paso Hospital. C/949/011 del señor ex Representante Jorge Guekdjian, referente a la situación de una paciente del Instituto Nacional del Cáncer. C/1066/011 del señor Representante Antonio Chiesa, sobre la atención pediátrica en la Policlínica de VIHSida del Hospital Pereira Rossell. C/1103/011

• del señor Representante Jorge Gandini, relacionado con la contratación de adscriptos por el señor Ministro de acuerdo al artículo 58 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/880/011 • del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, sobre la contratación de espacios publicitarios en la publicación “Al Día” del diario La República, estableciendo montos, fechas y procedimiento de contratación, así como en la señal de televisión para abonados del mismo grupo económico. C/1323/011

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El Ministerio de Desarrollo Social contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Mario García, sobre la fiscalización del consumo de alcohol por parte de adolescentes. C/644/011 del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, relacionado con las razones esgrimidas para dejar sin efecto un convenio entre dicha Secretaría de Estado y una administradora de fondos previsionales para brindar servicios de capacitación profesional a los jóvenes. C/677/011 del señor Representante Álvaro Delgado, acerca de la cancelación de programas de orientación laboral y relativos a la oferta educativa, que se desarrollaban en conjunto con una administradora de fondos de ahorro previsional. C/680/011 del señor Representante Daniel Bianchi, sobre un incidente ocurrido en el Hogar de Varones de la localidad de Colonia Valdense, departamento de Colonia. C/725/011 del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, relacionado con las asignaciones presupuestales destinadas al Centro “Tiburcio Cachón”. C/1044/011 del señor Representante Gustavo Cersósimo, referente a la existencia de Asociaciones Civiles que reúnan los requisitos para administrar centros CAIF en el departamento de San José. C/1077/011 del señor Representante Juan Manuel Garino, sobre la actividad administrativa y presupuestal

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• exposición escrita presentada por el señor Representante Hugo Dávila, acerca de la construcción de una sala de block quirúrgico para el Hospital de la ciudad de Bella Unión. C/19/010 La citada Secretaría de Estado contesta nuevamente el pedido de informes de la señora Representante Graciela Matiauda, relacionado con el funcionamiento de una policlínica del área metropolitana, ubicada en el departamento de Canelones. C/931/011 El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Richard Sander:

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del Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas”. C/1137/011 • de los señores Representantes Mario Silvera, José Andrés Arocena y Gerardo Amarilla, relacionado con el funcionamiento del Plan Juntos en los departamentos de Treinta y Tres, Rivera y Florida. C/1181/011 del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, referente a la contratación de espacios publicitarios en la publicación “Al Día” del diario La República, estableciendo montos, fechas y procedimiento de contratación, así como en la señal de televisión para abonados del mismo grupo económico. C/1322/011 •

sión de Patrimonio en los últimos cinco años. C/928/011 del señor Representante Mario García, referente a los funcionarios que se desempeñan en el Servicio de Televisión Nacional. C/1227/011 exposiciones escritas: • del señor Representante Edgardo Rodríguez, sobre la concreción de proyectos de desarrollo humano y social protagonizados mayoritariamente por mujeres. C/19/010 del señor Representante Gerardo Amarilla, acerca de la posibilidad de impartir el curso de “Tecnólogo Informático” en el departamento de Rivera. C/19/010

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El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Hugo Dávila, acerca de la existencia e individualización de padrones rurales de propiedad del Estado en el departamento de Artigas. C/1127/011 del señor Representante Luis Lacalle Pou, sobre los bienes inmuebles rurales propiedad del Estado. C/1159/011 del señor ex Representante Juan Carlos Hornes, referente a la titularidad de una agencia de loterías y quinielas del departamento de San José. C/1262/011 del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, sobre la contratación de espacios publicitarios en la publicación “Al Día” del diario La República, estableciendo montos, fechas y procedimiento de contratación, así como en la señal de televisión para abonados del mismo grupo económico. C/1321/011 del señor Representante Miguel Otegui, relacionado con las medidas a adoptar para permitir una fluida circulación vehicular en los puentes internacionales, ante el advenimiento de la temporada turística. C/1232/011

La citada Secretaría de Estado contesta la nota de la Comisión de Educación y Cultura, sobre el proyecto de ley por el que se designa “Alfredo Zitarrosa” la Escuela de Música Nº 78 de Fray Bentos, departamento de Río Negro. C/200/010 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Álvaro Delgado, referente a los resultados de ahorro de energía eléctrica obtenidos a partir del cambio de la hora legal dispuesta por el Poder Ejecutivo. C/1158/011 del señor Representante José Andrés Arocena, sobre la generación y consumo de energía eléctrica y las previsiones hacia el futuro. C/1145/011 del señor Representante José A. Amy, relacionado con la contratación de empresas dedicadas al rubro de encuestas o de mejora de la gestión institucional. C/1176/011 del señor Representante Richard Sander, acerca de la utilización del crédito producido por los cargos vacantes dispuestos por el artículo 62 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/933/011

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El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos: • pedidos de informes: • del señor Representante Miguel Otegui, relacionado con el registro y uso de vehículos oficiales en todo el territorio nacional. C/631/011 • del señor Representante José A. Arocena: • sobre el número de estudiantes extranjeros matriculados en universidades y escuelas técnicas del país. C/893/011 • acerca de los cuadros del dominio público cuya salida del país ha sido autorizada por la Comi-

El citado Ministerio contesta, con información producida por las Administraciones Nacionales de Usinas y Transmisiones Eléctricas y de Telecomunicaciones, el pedido de informes del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, relacionado con los bienes inmuebles rurales de propiedad del Estado. C/1159/011 El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Gustavo Cersósimo, relacionado con los acuerdos a que se ha arribado en el ámbito del Mercosur respecto del Acuífero Guaraní. C/323/010

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del señor Representante Jaime Mario Trobo, acerca del desempeño de funciones de un Embajador Itinerante de nuestro país en el exterior. C/828/011 del señor Representante Miguel Otegui, referente a las medidas a adoptar para permitir una fluida circulación vehicular en los puentes internacionales, ante el advenimiento de la temporada turística. C/1232/011 del señor Representante José Amy, sobre la contratación de empresas dedicadas al rubro de encuestas o de mejora de la gestión institucional. C/1176/011

La Cruz de los Caminos, departamento de Tacuarembó. C/19/010 • presentada por el señor Representante Gonzalo Novales, referente a la necesidad de revisar los criterios de entrega de canastas alimentarias para enfermos celíacos y la posibilidad de modificar su carga tributaria. C/19/010

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El Ministerio de Turismo y Deporte contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, sobre los bienes inmuebles rurales propiedad del Estado. C/1159/011 • del señor Representante Amin Niffouri, acerca de la construcción de gimnasios y piscinas en el departamento de Canelones. C/1157/011 • del señor Representante Miguel Otegui, relacionado con las medidas a adoptar para permitir una fluida circulación vehicular en los puentes internacionales, ante el advenimiento de la temporada turística. C/1232/011 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, acerca de la contratación de espacios publicitarios en la publicación “Al Día” del diario La República, estableciendo montos, fechas y procedimiento de contratación, así como en la señal de televisión para abonados del mismo grupo económico. C/1320/011 A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Carmelo Vidalín solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, sobre el pago de facturas del referido Ente en algunas localidades del departamento de Durazno. C/1336/011 Se cursó con fecha 21 de diciembre

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes asuntos: • pedidos de informes:

• del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou: • relacionado con la compra de insumos en el lapso transcurrido desde el 1º de marzo de 2005, discriminados por lapsos, montos, firmas proveedoras y procedimiento de adquisición. C/1126/011 • acerca de los bienes inmuebles rurales propiedad del Estado. C/1159/011 • del señor Representante José Amy, referente a la contratación de empresas dedicadas al rubro de encuestas o de mejora de la gestión institucional. C/1176/011 • del señor Representante Edgardo Rodríguez: • sobre la situación de una Cooperativa en Villa Ansina, departamento de Tacuarembó. C/1200/011 • relacionado con el ingreso de familiares de una funcionaria del Banco de Previsión Social en la ciudad de Paso de los Toros, en calidad de pasantes a las dependencias de la Dirección General Impositiva. C/929/011 • exposiciones escritas:

• presentadas por el señor Representante Darío Pérez Brito: • relacionada con la posibilidad de flexibilizar el régimen de descanso semanal de los trabajadores de los edificios de propiedad horizontal. C/19/010 • referente a la posibilidad de establecer tarifas bonificadas para un hogar de ancianos del departamento de Maldonado. C/19/010 presentada por el señor Representante Antonio Chiesa, acerca del cierre de la sucursal del Banco de Previsión Social en la localidad de

El señor Representante Rodrigo Goñi Romero solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con el presunto ingreso de un móvil de la Gendarmería argentina a la ciudad de Salto, en persecución de un automóvil. C/1337/011 Se cursó con fecha 22 de diciembre

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El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, acerca de la situación de los ex funcionarios del Banco de Crédito que han sido incorporados a la citada institución bancaria estatal. C/1338/011 Se cursó con fecha 26 de diciembre

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El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con la edición de una revista por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. C/1339/011 El señor Representante José Carlos Cardoso, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referente a la suspensión del servicio de una ONG en el departamento de Rocha. C/1340/011 Se cursaron con fecha 28 de diciembre

PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se tipifican delitos y se dictan normas relativas a la protección de animales. C/1361/012 Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas penales, civiles y administrativas para la prevención y represión del abigeato. C/1362/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

El señor Representante Guzmán Pedreira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, sobre nombramientos realizados en el Hospital Departamental de Flores. C/1341/011 Se cursó con fecha 29 de diciembre

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección General Impositiva, relacionado con presuntas irregularidades en la evaluación de las pruebas de conocimientos correspondientes a los concursos para proveer encargaturas de departamento en el citado Organismo. C/1342/012 Se cursó con fecha 16 de enero

Los señores Representantes Pablo Abdala y Carmelo Vidalín presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara, con carácter interpretativo, que la Ley Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, es aplicable a la negociación colectiva en el sector público, en todo cuanto no entre en contradicción con lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009. C/1363/012 A la Comisión de Legislación del Trabajo

La Mesa da cuenta que con fecha 26 de enero de 2012, dictó las siguientes resoluciones: • por la que se ajustan los sueldos y gastos de representación de los señores Diputados, Secretarios y Prosecretarios de la Cámara. S/C por la que se incrementan las retribuciones de los señores funcionarios de la Cámara de Representantes. S/C”.

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El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, acerca de la ejecución de obras por parte de los gobiernos departamentales con los recursos del Fondo para el Desarrollo del Interior. C/1343/012 El señor Representante Hugo Dávila solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a las condiciones de trabajo y reclamos por parte de los trabajadores de Calvinor. C/1344/012 Se cursaron con fecha 8 de febrero

4.- Proyectos presentados.
A) “PROTECCIÓN DE ANIMALES. (Normas). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Incorpórase al Código Penal como Título el siguiente: “TÍTULO XIV DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES “ARTÍCULO 359 bis. (Muerte, daño, maltrato y abandono de animales).- El que diere muerte a un animal doméstico, será castigado con una pena de 12 (doce) meses de prisión a 6 (seis) años de penitenciaría. El que dañare o maltratare, de cualquier forma, la integridad física o psíquica de un animal doméstico, será castigado con una pena de 4 (cuatro)

La señora Representante Ana Lía Piñeyrúa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, sobre el presunto pago de una cuota por la publicación en la revista “Al Día” del diario La República, que tendría como cometido difundir la gestión del gobierno. C/1345/012 Se cursó con fecha 9 de febrero

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meses de prisión a 4 (cuatro) años de penitenciaría. El que abandonare un animal, será castigado con una pena de 2 (dos) meses de prisión a 3 (tres) años de penitenciaría. Se excluyen las situaciones que se encuentren habilitadas por la normativa vigente, si se cumplieren los requisitos exigidos por la misma, y siempre que se realicen conforme a las normas de protección y bienestar animal”. Artículo 2º.- La muerte, daño, maltrato y abandono de animales (artículo 359 bis del Código Penal) se consideran infracciones graves a la ley penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y Adolescencia). Lo dispuesto en el artículo 359 bis del Código Penal así como lo referido en el primer inciso de este artículo, es sin perjuicio de las sanciones administrativas que disponga la autoridad competente en materia de bienestar animal. Artículo 3º.- Las penas referidas en el artículo 1º podrán ser sustituidas por lo estipulado en la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003; y las infracciones a las que hace referencia el artículo 2º, por medidas socioeducativas. Dichas sustituciones no serán aplicables en casos de reincidencia. Artículo 4º.- En situaciones de violencia contra los animales, la autoridad policial y judicial, deberán actuar de oficio e indagar si existen o si han existido, o no, situaciones de violencia doméstica o acciones violentas por parte de las personas que cometen la violencia contra los animales, y deberán adoptar las medidas de internación, seguimiento, curativas o cualesquiera otras que procuren prevenir, controlar y reeducar a la persona involucrada. Artículo 5º.- Prohíbese la radicación y funcionamiento de circos en todo el territorio de la República en los que se utilicen animales como parte de los espectáculos. Prohíbese, además, la existencia de zoológicos en los que habiten animales en condiciones que no sean adecuadas naturalmente a su especie, conforme lo disponga la reglamentación correspondiente. En forma transitoria, las instituciones públicas y privadas, que administren zoológicos, dispondrán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, a partir de la

promulgación de esta ley, para hacer la transición de los animales y adecuar sus condiciones. Artículo 6º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6º.- Los jardines zoológicos, los centros recreativos, los refugios, los criaderos, los centros de rehabilitación, los albergues y los centros de entrenamiento, públicos y privados, deberán mantener a los animales en condiciones que contemplen las necesidades básicas de asistencia sanitaria, espacio, medio ambiente, higiene y alimentación de la especie que corresponda. Prohíbese el ingreso y la tenencia, en todo el territorio de la República, de animales de compañía híbridos o producto de manipulaciones genéticas o cruzas con animales salvajes”. Artículo 7º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 11.- Aquellos espectáculos públicos en que se utilicen animales que por las actividades, demostraciones o habilidades que efectúen, corran peligro de sufrir accidentes arriesgando su vida y su integridad, de acuerdo a la reglamentación que se establezca, quedan estrictamente prohibidos. Los espectáculos que no lleguen a ese extremo, deberán contar con servicio de médico veterinario”. Montevideo, 21 de diciembre de 2011. FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, MARCELO BISTOLFI, Representante por Salto, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo, GRACIELA CÁCERES, Representante por Río Negro.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La relación entre los seres humanos y los animales ha evolucionado de modo tal que a nivel internacional no se duda que cuanto mayor respeto haya hacia éstos en su vida e integridad, es síntoma de una sociedad culta y civilizada. Así en materia de derechos humanos algunos autores incluyen el trato ético a los animales no humanos y la conservación de las especies en peligro de extinción dentro de la cuarta generación de derechos humanos. Si hurgamos en nuestra historia, encontraremos en los primeros años del siglo XX, estos temas en la agenda de gobierno. En el libro “Batlle y las Reformas Sociales”, Domingo Arena da cuenta de la relación del dos veces presidente de la República (1903-1907; 1911-1915), José Batlle y Ordóñez, con los animales. “Los caballos, y sobre todo los perros, recibían de él tratamiento de personas”, señala Arena. Y prosigue: “creía que había que suprimir radicalmente todo espectáculo en que se derramase sangre, para no despertar el instinto de la fiera que a veces dormita en el hombre. De ahí su odio contra los toros y la riña, y las patológicas diversiones similares. (…). Hubiera deseado que se castigase como delito, cualquier maltrato que se les infligiera (a los animales). No le gustaban los amaestrados porque a través de sus habilidades, entreveía la tortura de su enseñanza. Uno de sus sueños edilicios, era hacer de los Bañados de Carrasco, inmenso parque donde las 1 bestias pudiesen vivir y solazar, libres y felices” . Este estatuto humanista, tuvo a la abolición de la pena de muerte como buque insignia que amó la vida. Llegó el momento en que castiguemos como corresponde el maltrato hacia los animales. Como se señala más arriba, por el hecho en sí, pero, además, para prevenir otras acciones de conductas desviadas. La violencia hacia los animales se encuentra en estrecho vínculo con la violencia a las personas, siendo aquella un indicio de acciones violentas contra los seres humanos, según señalan estudios técnicos en la materia. Se acompasa con esta normativa lo que se proclama en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, en el que se dice que “ningún animal será sometido a malos tratos ni a crueldad”.
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Fue Aristóteles el primero que, a través de una tranquila aceptación de la evidencia, entendió que “el comportamiento de los niños desde su infancia, en referencia a su alma, no difiere en prácticamente nada del alma de las bestias durante ese período”. Es evidente que actos de brutalidad contra los animales desarrollan, en la persona que los provocan, instintos de violencia y crueldad; por eso el proyecto que se presenta toma la violencia contra los animales como un indicio de violencia hacia la sociedad toda y que en algún momento puede centrarse en un ser de la misma especie. La ley protege al animal doméstico, siendo dos los rasgos que nos van a permitir delimitar el concepto de animal doméstico: por un lado, la situación de dominio del hombre respecto del animal, rasgo que entronca con el significado etimológico del término; y, por otro lado, la dependencia del animal respecto del hombre, de forma congruente con el plus de reprochabilidad que al legislador le merece el maltrato a los animales en atención a ese especial vínculo que une al doméstico respecto de su dueño. Presentamos a continuación algunos casos desarrollados en el exterior, en donde quedan claramente establecidas las vinculaciones antes referidas: Russell Weston Jr., torturó y asesinó a 12 gatos: les quemó y les cortó la cola, patas y orejas; les aplicó químicos tóxicos en los ojos para cegarlos; los obligó a ingerir veneno y los colgó de varios árboles (dejando el nudo lo suficientemente flojo para lograr una muerte lenta y dolorosa). Posteriormente asesinó a dos oficiales de policía en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Jeffery Dahmer, amarraba los gatos a los árboles y decapitaba perros. Posteriormente asesinó y desmembró a varios jóvenes y guardó parte de sus cuerpos en su refrigerador. Asesinó a 17 hombres. Kip Kinkle, les disparó a 25 compañeros de clase, asesinando a algunos de ellos en Springfield, Oregon. Asesinó también a su padre y a su madre. Dijo que una vez hizo estallar a una vaca. Le prendió fuego a un gato y arrastró al inocente animal a través de la avenida principal del pueblo. Sus compañeros de clase lo catalogaron como: “El más indicado para iniciar la Tercera Guerra Mundial”. De niño Albert De Salvo, “El estrangulador de Boston”, colocó a un gato y a un perro dentro de una caja con una separación entre ellos. Después de matarlos de hambre durante varios días, retiró la separación que había entre ellos para poder observar como se

Batlle y las Reformas Sociales, Domingo Arena, páginas 29, 30 y 31. La negrita es nuestra.

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mataban el uno al otro. Violó y asesinó a 13 mujeres, estrangulándolas. Con frecuencia colocaba los cuerpos en poses escalofriantes después de sus asesinatos. Richard Allen Davis, les prendió fuego a varios gatos. Asesinó a todas las mascotas de Polly Klaus de doce años de edad, antes de secuestrarla de su propia habitación para después asesinarla. Andrew Golden y Mitchell Johnson, de 11 y 13 años respectivamente, torturaban y asesinaban perros. El 24 de marzo de 1998 en Jonesboro, Arkansas; Golden y Johnson les dispararon y asesinaron a estudiantes y a un maestro durante una balacera que provocaron en su escuela. Después de que Luke Woodham de 16 años apuñaló mortalmente a su madre, asesinó a dos compañeros de clase y logró dispararles a otros 7, confesó haber matado a palos a su perro “Sparkle” con un bate de béisbol y verter líquido combustible en su garganta para después prenderle fuego. “Hoy cometí mi primer asesinato”, escribió en su diario personal. “Se trataba de un ser amado… nunca olvidaré el gemido que emitió… sonaba casi humano”. En junio de 1988, Woodham fue hallado culpable de 3 asesinatos, más 7 cargos por agresiones agravantes. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 20 años adicionales por cada ataque. Theodore Robert Bundy, ejecutado en 1989 por al menos 50 asesinatos, fue obligado a observar a su abuelo mientras éste torturaba animales. Más tarde Bundy apilaba tumbas con huesos de animales. Henry Lee Lucas, mató un gran número de animales y tuvo relaciones sexuales con sus cuerpos. Asesinó a su madre, a su esposa y a un número desconocido de personas. Edward Kemperer, destripó a dos gatos. Posteriormente asesinó a sus abuelos, a su madre y a 7 mujeres más. A los 4 años de edad, Michael Cartier dislocaba las patas a sus conejos y arrojó a un gatito a través de una ventana cerrada. Más adelante le disparó en la cabeza tres veces a Kristin Lardner antes de dispararse a sí mismo. Richard Speck, arrojó un pájaro a un ventilador encendido. Asesinó 8 mujeres. Randy Roth, ató con cinta adhesiva a un gato al motor de un auto y utilizó una lijadora industrial en una rana. Asesinó a dos de sus esposas y trató de asesinar a la tercera.

David Richard Davis, les disparó y mató a dos potrillos sanos, les arrojó una botella de vino a un par de gatitos y cazaba con métodos ilegales. Asesinó a su esposa Shannon Mohr Davis, para cobrar el dinero de su póliza de seguro. Peter Kurten, “El monstruo de Düsseldorf”, torturaba perros y practicaba la peor de las bestialidades al asesinar animales. Asesinó o intentó asesinar a más de 50 hombres, mujeres y niños. Richard Trenton Chase, “El vampiro asesino de Sacramento”, les arrancaba la cabeza a los pájaros, desangraba animales y los asesinaba por sus órganos y después asesinó a seis personas en ataques fortuitos. Un oficial de policía que estuvo presente en la escena del primer asesinato, confesó haber tenido pesadillas sobre el crimen durante muchos meses después del hecho. “El asesino de Kobe”, aún se le conoce como un muchacho de 15 años en Japón, decapitó a un gato y estranguló a varios pichones. Decapitó a Jun Hase de 11 años de edad, mató a golpes con un martillo a una niña de 10 años y agredió a otros tres niños en distintos ataques. La abuela de Richard William Leonard lo forzaba a matar y a mutilar gatos y gatitos cuando era niño. Más adelante asesinó a Stephen Dempsey con arco y flecha. También asesinó a Ezzedine Bahmad al degollarlo. Tom Dillion, mataba mascotas de diferentes personas. Le disparó y asesinó a Jamie Paxton de 21 años; a Claude Hawkins de 49; a Donald Welling de 35; a Kevin Loring de 30 y a Gary Bradely de 44. A los nueve años de edad, Eric Smith estranguló al gato del vecino. A los trece años apaleó a Derrick Robie de cuatro años. Smith llevó al pequeño al bosque, lo estranguló, lo violó con un palo y luego lo golpeó con una roca hasta matarlo. David Berkowitz, “El Hijo de Sam” envenenó al periquito de su mamá por celos. Más tarde les disparó a 13 hombres y mujeres jóvenes. Seis de ellos murieron y por lo menos dos sufrieron lesiones permanentes que los discapacitaron. Arthur Shawcross, sumergió repetidas veces a un gatito en las aguas de un lago, hasta que debido al agotamiento murió ahogado. Después de pasar 15 años y medio en prisión, asesinó a once mujeres. Michael Perry, decapitó al perro del vecino. Más tarde asesinó a sus padres, a un pequeño sobrino y a dos vecinos.

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Los antecedentes mortales de Jason Massey comenzaron con perros y gatos, a los 20 años decapitó y destripó a una niña de 13 años de edad y le disparó de muerte a un niño de 14. Afirmaba haber asesinado 37 gatos, 29 perros y 6 vacas. Patrick Cerrill, robaba las mascotas de sus vecinos, las ataba con alambres de púas y obligaba a su perro a despedazarlas. En 1986 asesinó a 14 compañeros de trabajo para después suicidarse. Keith Hunter Jesperson, “El asesino de la cara feliz”, le gustaba azotar la cabeza de los topos y golpeaba, estrangulaba o disparaba contra gatos y perros callejeros. Es conocido por haber estrangulado a 8 mujeres. Él dijo: “Prácticamente les exprimes la vida a estos animales”… “estrangular a un ser humano o a un gato es exactamente la misma sensación… Yo soy el resultado mismo de lo que sucede cuando alguien mata a un animal a muy temprana edad”. Carroll Edward Cole, fue ejecutado en 1985, acusado de 35 asesinatos, se le conoce por haber sido uno de los más prolíficos asesinos en serie en la historia de los Estados Unidos, confesó que su primer acto de violencia había sido estrangular a un cachorro bajo el porche de su propia casa. Robert Alton Harris, asesinó a dos niños de 16 años, roció a un vecino con gasolina y posteriormente lo prendió con cerillos. Su primer encuentro con la po2 licía fue por matar gatos en su vecindario . La misma información (Kerry Kester, 2002 Gaceta Cape) señala que “No todos los que abusan de animales se convierten en asesinos seriales, pero está documentado que casi todos los asesinos seriales han abusado de los animales en algún momento de su vida, por lo general en su juventud. Por esa razón, la Asociación Humanitaria y el sistema de justicia penal están aumentando los esfuerzos no sólo para endurecer las leyes de crueldad animal, sino también para poner mayor atención a los casos de abuso animal, ya que pueden ser indicadores de violencia intra3 familiar” . Volviendo a nuestro país, con la sanción de la Ley Nº 18.471, de 29 de marzo de 2009, sobre tenencia, protección y bienestar animal, se ha avanzado en la materia.
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Dicha norma ha establecido una serie de obligaciones y prohibiciones que persiguen el cumplimiento de la finalidad general establecida en la ley, que es el reconocimiento a los animales como seres vivos que son susceptibles de sufrimiento y, por ende, que merecen protección y bienestar en su vida e integridad, en franca alineación con una evolución en la comunidad internacional. A pesar que dicha ley establece infracciones y sanciones administrativas, ello no resulta suficiente, ya que no contempla sanciones mayores para aquellas situaciones más graves, como son dar muerte, dañar, maltratar y abandonar a los animales. La finalidad de la pena dentro de la dogmática penal no sólo es la pena en sí misma, como sanción -teorías absolutas- sino que dentro de las teorías relativas se señala como finalidad de la pena: la prevención general donde la sociedad es la destinataria y en su aspecto positivo buscan mantener la fidelidad al derecho y en su lado negativo pretenden atemorizar a aquellos más vulnerables. Por otro lado la prevención especial donde el destinatario es el individuo también indica un aspecto positivo que es su socialización y uno negativo que marca la neutralización del sujeto delincuente, desplazándolo de la vida social. Un bien jurídico es tal, porque toma relevancia para el Derecho y se entiende que es digno de protección, es una cuestión de política criminal. Por supuesto que esto no es antojadizo, sino que responde a un contexto social, a un lugar y tiempos determinados. Por eso entendemos que la protección de los animales es un bien jurídico indiscutido para los miembros de la sociedad actual. En ese marco, se considera adecuado seguir avanzando en esta materia y, por tanto, aquellas situaciones como dar muerte, dañar, maltratar y abandonar a los animales, sean sancionables penalmente. Para ello, resulta ajustado a derecho, conforme a las tendencias a nivel comparado más avanzadas, que se reconozca especialmente la protección de los animales como un bien jurídico merecedor de protección. Es fundamental reparar en las estadísticas nacionales e internacionales -estas últimas más desarrolladas en cuanto a la vinculación entre maltrato animal y violencia contra las personas- para entender la importancia que tiene una legislación como la que se presenta, en la prevención de delitos violentos contra las personas, en especial, contra la violencia doméstica. Es así que el artículo 1º del proyecto propuesto apunta en ese sentido, estableciendo penas que van

Fuente: ASPCA, The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Asociación Norteamericana para la Prevención de la Crueldad a los Animales). http://www.gepda.org/esp/estudios/victima.htm Idem.

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de la prisión a la penitenciaría, según los casos, para las nuevas figuras delictivas que se proponen. El hecho de que el mínimo del tipo penal sea de prisión, habilita al juzgador a imponer medidas alternativas o sustitutivas de la privación de libertad, según las circunstancias del caso, también en un sentido de avanzada en derecho penal. Asimismo, en el artículo 2º del proyecto, se considerará infracción grave a la ley penal cuando las situaciones de hecho contempladas penalmente sean cometidas por adolescentes. Se propone en el artículo 3º que en los casos de violencia contra los animales, se investigue por parte de las autoridades policial y judicial, la existencia de violencia contra las personas en general, y violencia doméstica en particular. Finalmente, acorde a la tendencia proteccionista y de bienestar relatada al inicio de esta exposición, se propone la prohibición de circos que utilicen animales, la obligación de adecuarse los zoológicos a las especies animales y la prohibición de espectáculos públicos en los cuales corran riesgos la vida y la integridad física de los animales. Asimismo se legisla sobre un fenómeno que viene creciendo en los últimos años a nivel internacional con la creación de nuevas especies animales producto de cruzas o manipulaciones genéticas, cuando en los hechos existen animales de compañía tradicionales sin hogar. Montevideo, 21 de diciembre de 2011. FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, MARCELO BISTOLFI, Representante por Salto, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo, GRACIELA CÁCERES, Representante por Río Negro”.

“ABIGEATO. (Normas penales, civiles y administrativas para la prevención y represión). PROYECTO DE LEY I. Cuestiones penales

Artículo 1º. (Legítima defensa en el entorno rural).- Agrégase el siguiente inciso al numeral 1º del artículo 26 del Código Penal: “Asimismo, se presumirá igual concurrencia de circunstancias respecto de aquél que durante la noche repeliere el ingreso de personas extrañas a un establecimiento que desarrolle actividad agraria en los términos preceptuados en el artículo 3º de la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004, según lo establecido a este respecto por el artículo 356 del presente Código. Se presumirá igualmente la concurrencia de estas tres circunstancias respecto de aquel que, en horas de la noche, emplea violencia para repeler el ingreso o la permanencia de personas extrañas, cuando tal ingreso o permanencia se hubiere verificado en infracción a lo dispuesto en el artículo 356 y uno u otra ocurrieren en un establecimiento que desarrolle actividad agraria en los términos preceptuados en el artículo 3º de la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004”. Artículo 2º. (Protección penal del entorno rural).Modifícanse los artículos 356 y 357 del Código Penal, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 356.- El que sin el permiso expreso del legítimo ocupante, penetrare en fundo ajeno traspasando muros, cercos, alambradas, fosos u otras obras de análogo carácter por su estabilidad, será castigado con 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables) de multa o prisión equivalente. Con igual pena se castigará a quien contra la voluntad expresa del legítimo ocupante penetrare en fundo ajeno a través de porteras, portones, mataburros o demás aberturas habitualmente destinadas a la entrada y salida de personas, semovientes, o vehículos”. “ARTÍCULO 357.- El que cazare o pescare en fundo ajeno, sin el permiso expreso del legítimo ocupante, será castigado con 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables)”.

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Artículo 3º.- Agrégase el siguiente numeral al artículo 359 del Código Penal: “5.- Si el daño se efectuare sobre semovientes sujetos a marca, señal, patente, registro o cualquier otra modalidad de identificación establecida en la normativa vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 12.120, de 6 de julio de 1954, en la redacción dada por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.855, de 16 de diciembre de 1978, referente a la faena clandestina”. II. Responsabilidad civil de intermediarios Artículo 4º.- Los titulares de escritorios rurales, consignatarios de ganado y demás intermediarios que actúen en el mercado de compraventa de ganado, serán civilmente responsables, frente a los adquirentes de buena fe y a los auténticos propietarios, por las transferencias en las que operen, en los casos en que no coincida la guía respectiva con el derecho de propiedad. III. Responsabilidad objetiva del Estado Artículo 5º. (Certificados).- El Estado será responsable frente a los sujetos pasivos del delito de abigeato. Dicha responsabilidad se hará efectiva mediante certificados, y cubrirá las pérdidas que el beneficiario haya sufrido en forma directa a causa del delito. Los certificados enunciados en el inciso precedente serán aceptados por la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales para la cancelación de adeudos que el beneficiario tenga frente a los respectivos organismos. Artículo 6º. (Del procedimiento).- El propietario de los bienes objeto de abigeato deberá presentarse dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la denuncia del hecho ante las autoridades, a la oficina departamental de la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), solicitando el beneficio, presentando: A) Testimonio de las actuaciones judiciales que se siguen. B) Una tasación estimativa. La DlCOSE tendrá 30 (treinta) días a partir de la presentación del solicitante para efectuar una tasación, debiendo, en un plazo no mayor a 15 (quince) días, expedir los certificados solicitados. Si dentro de los plazos mencionados en el inciso anterior la DlCOSE no efectúa la tasación, se tendrá

como válida la estimativa efectuada por el denunciante, debiendo expedir, sin más trámite, los certificados respectivos. En los casos en que exista una diferencia mayor al 20% (veinte por ciento) entre las tasaciones mencionadas precedentemente, cualquiera de las partes podrá acudir al Juez que entienda en la causa para que dilucide, en no más de 20 (veinte) días, el monto de los certificados. La decisión judicial será inapelable y ordenará sin más trámite la expedición del certificado por parte de DICOSE . Montevideo, 21 de diciembre de 2011. MARIO SILVERA, Representante por Treinta y Tres, PEDRO SARAVIA FRATTI, Representante por Cerro Largo, JORGE RODRÍGUEZ, Representante por Soriano, AURO ACOSTA, Representante por Canelones, SAMUEL BRADFORD, Representante por Río Negro, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, MIGUEL OTEGUI, Representante por Paysandú, IRENE CABALLERO, Representante por Montevideo, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, VERÓNICA PUMAR, Representante por Lavalleja. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El marco jurídico debe guardar relación con la realidad social a la cual sirve, debe conservar la “debida tensión”, al decir del maestro del Derecho Hans Kelsen. En el caso del abigeato, desde una perspectiva del derecho civil como penal, se ha percibido una modificación sustancial. Actualmente el abigeato se comete por organizaciones criminales, que utilizan medios modernos que han dejado o viene dejando obsoleta la respuesta punitiva del Estado. Este fenómeno no es nuevo; así, Gastón Casaux, en un trabajo publicado en La Justicia Uruguaya, expresaba: “El carácter que adornaba al abigeato hasta 1983 era de un delito solitario, personal y hasta diríamos individual, con cantidades poco significativas. Ello se trastoca y hoy nos encontramos ante un típico delito de organización, con todo un andamiaje de respaldo detrás suyo (no en vano el legislador de 1990 inaugura algunas figuras que coinciden con esta realidad modificada) y un poder económico impensable años atrás”; y citaba al Dr. Armando Tommasino,

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quien en un trabajo publicado en 1988 sobre este delito expresaba que el abigeato “se debía procesar siempre invariablemente con prisión, dado que este delito tiene la característica de una onda expansiva que provoca la alarma social”. Y esto se viene agravando día a día. Como realidad social el abigeato impacta contra los productores y el medio rural de manera nueva que obliga al legislador a dar respuestas nuevas, y en algunos casos alterando la dosimetría penal, en mérito a los bienes jurídicos que están protegidos. El presente proyecto toma como antecedentes proyectos de ley en consideración por las Cámaras del Parlamento nacional, en particular un proyecto del Senador Gustavo Penadés, y otro de la Bancada de Diputados del Partido Nacional, y pretende ser un insumo para el abordaje a nivel parlamentario del tema, de cara a llegar a una nueva legislación sobre el punto que incorpore las nuevas dimensiones del problema, pero fundamentalmente y de modo urgente, debe darse una modificación al tratamiento penal del abigeato. Las modificaciones previstas suponen coordinar los criterios sobre los que está configurado el delito de abigeato. Así es que actualmente el delito de abigeato está estructurado sobre la base del ilícito “fuera de las ciudades o pueblos” según el artículo 258 del Código Rural; cuando se trata dentro de las ciudades o pueblos (léase zona urbana) es el delito de hurto. En consecuencia, la legítima defensa, para contemplar la nueva realidad que confronta la sociedad, podría ser atendida mediante la coordinación con los criterios consignados por la funcionalidad agraria del establecimiento, de modo que la legítima defensa se aplicaría en todas las situaciones, geográficas y productivas. La redacción propuesta por el artículo 1º del proyecto aporta una presunción específica de legítima defensa, declarándose por vía legal que, así como la intimidad o la paz domiciliaria es defendible mediante el empleo de violencia, también lo es la propiedad rural, porque los bienes defendibles no son solamente la vida y la integridad física, sino cualquier derecho: la defensa de alguien, según se desprende del artículo 26 del Código Penal, es respecto de “su persona o derechos”. En otro orden de cosas, se pretende hacer civilmente responsables a quienes intermedian en la compraventa de ganado, dando garantías a propietarios y los intermediarios que actúan acorde a la normativa vigente.

Los artículos 5º y 6º del proyecto hacen nacer la responsabilidad objetiva del Estado, acorde a la evoluc ión doctrinaria al respecto. Mediante la creación de certificados, los productores agropecuarios perjudicados por el delito de abigeato serán compensados y podrán, mediante estos certificados, cancelar deudas con el Estado. Montevideo, 21 de diciembre de 2011. MARIO SILVERA, Representante por Treinta y Tres, PEDRO SARAVIA FRATTI, Representante por Cerro Largo, JORGE RODRÍGUEZ, Representante por Soriano, AURO ACOSTA, Representante por Canelones, SAMUEL BRADFORD, Representante por Río Negro, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, MIGUEL OTEGUI, Representante por Paysandú, IRENE CABA-LLERO, Representante por Mon-tevideo, JAVIER GARCÍA, Repre-sentante por Montevideo, VERÓNICA PUMAR, Representante por Lavalleja”. C) “NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO. (Aplicabilidad de la Ley Nº 18.566). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Interprétase que la Ley Nº 18.566, de 11 de setiembre de 2009, “Sistema de negociación colectiva” será aplicable al sector público en todo cuanto no resulte contradictorio con lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009. Montevideo, 16 de enero de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley interpretativa procura la aplicación al sector público de las condiciones previstas para la actividad privada, de acuerdo al criterio atendido hasta este momento, en materia de negociación colectiva. La Ley Nº 18.566 se denomina “Sistema de negociación colectiva”, sin más, y sin distinguir si se refiere al ámbito público o privado, como sí lo hace la Ley Nº 18.508. Es un hecho incuestionable, en la actualidad, la aplicación del derecho laboral a todos los trabajadores dependientes, sean éstos públicos o privados. El

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Uruguay ha superado la etapa de la negación del derecho de huelga y del derecho a la negociación colectiva a los funcionarios públicos, posición que se volvió insostenible a medida que se reconoció gradualmente que la negociación colectiva era uno de los derechos laborales fundamentales y que, por lo tanto, no se podía desconocer a un sector importante de trabajadores. En esa evolución, sin duda, un hito relevante lo constituyó la conformación de la mesa coordinadora de entes autónomos, que instauró la negociación colectiva a nivel de las empresas públicas. En la discusión parlamentaria de la negociación en el sector público, se fue reduciendo el número de objetos exceptuados del derecho a negociar, y se fue ampliando el número de materias negociables. Habiendo nuestro país ratificado desde larga data los convenios 98, 151, y 154 de la OIT, se pudo haber partido de un proyecto de ley único sobre negociación colectiva para trabajadores públicos y privados. De hecho, el convenio 154 no hace esa distinción (tampoco lo hace el 98). Siendo, entonces, un hecho indubitable la aplicación del derecho laboral a todos los trabajadores dependientes, sean éstos públicos o privados, no habría fundamento para dar protección tuitiva a unos trabajadores y no a otros. No sería fundamento suficiente la naturaleza del vínculo jurídico, contractual en unos y en otros contractual o estatutario. No hay en ello razón que justifique la no protección. En el ámbito del derecho laboral, uno de los principios fundamentales es el principio protector, el cual se fundamenta en la necesidad de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador, como lo establece Plá Rodríguez en su “Curso de derecho laboral” (tomo I, página 38). Una de sus reglas de aplicación es la de la “condición más beneficiosa”, lo que supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable para el trabajador, que la nueva norma o situación que ha de generarse. Podemos decir, entonces, como solución jurídica razonable, que la Ley Nº 18.566 contiene el marco general que rige la negociación colectiva en todos los ámbitos, y que como tal será aplicable en todo aquello que no entre en conflicto con la Ley Nº 18.508, en el ámbito del sector público. Así opina la doctora Cristina Mangarelli, integrante de la Cátedra del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en el punto 1 de su exposición “Primeras reflexiones sobre el sistema de

negociación colectiva” en las XX Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es un principio de la hermenéutica jurídica que donde el legislador no distinguió, el intérprete no debe hacerlo; por tal motivo, aspectos necesarios para la protección del trabajador público no pueden ser librados a la interpretación, sino que deben ser expresamente legislados y consagrados normativamente. Por último, no escapa a la consideración del legislador proponente que la referida Ley Nº 18.566, que establece el sistema de negociación colectiva, ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la OIT. Es más, no solo no resulta ajena esa circunstancia, sino que -incluso- radica allí una de las razones para la formulación de la presente propuesta. El gobierno nacional tiene la obligación de adecuar la norma a los criterios establecidos internacionalmente por el organismo rector, lo que debió haber cumplido ya, en mérito a que han vencido al respecto todos los plazos, incluidos los que el propio Poder Ejecutivo se había autoimpuesto. No siendo así, es insostenible que una administración que está omisa le imponga condiciones a trabajadores y empresarios de la actividad privada que no está dispuesta a reconocer a los funcionarios públicos cuando actúa como empleador. Entre ellas, y solo por mencionar un ejemplo, la ultraactividad en cuanto a la vigencia de los convenios colectivos. Montevideo, 16 de enero de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”.

5.- Interrupción del receso.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Habiendo número, está abierta la sesión. (Es la hora 10 y 27) —La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución de la República y el literal C) del artículo 90 del Reglamento. Se va a votar si se levanta el receso. (Se vota) ——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA. Se levanta el receso.

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6.- Exposiciones escritas.
Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) • “El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha, y por su intermedio a la Alcaldía de Lascano y a la Junta Local de Cebollatí; a la Asociación de Fomento Rural de Lascano; a la Asociación de Cultivadores de Arroz; a Coopar S.A. y a Saman, sobre la necesidad de realizar mantenimiento y señalización en las rutas nacionales C/19/010

El señor Representante Alberto Casas solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior; a la Asociación Rural del Uruguay; a la Federación Rural del Uruguay; a la Asociación Nacional de Productores de Leche; a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay; a la Academia Nacional de Veterinaria y a la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, sobre la necesidad de modificar el procedimiento de notificaciones relativas al Sistema de Identificación y Registro Animal. C/19/010 al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la Dirección General de Servicios Ganaderos; a la Asociación Rural del Uruguay; a la Federación Rural del Uruguay; a la Asociación Nacional de Productores de Leche; y a la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, relacionada con la necesidad de adelantar el calendario de vacunación contra la fiebre aftosa. C/19/010”.

•

——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante José Carlos Cardoso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha, y por su intermedio a la Alcaldía de Lascano y a la Junta Local de Cebollatí; a la Asociación de Fomento Rural de Lascano; a la Asociación de Cultivadores de Arroz; a Coopar S.A. y a Saman, sobre la necesidad de realizar mantenimiento y señalización en las rutas nacionales.

“Montevideo, 22 de diciembre de 2011. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle

Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, al Municipio de Lascano y a la Junta Local de Cebollatí; a la Junta Departamental de Rocha; a la Asociación de Fomento Rural de Lascano, a la Asociación Cultivadores de Arroz; a Coopar S.A. y a la Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales. En el desarrollo de una región, la infraestructura vial es sin dudas una variable clave, estratégica. Así lo reconoció el Ministro de Transporte y Obras Públicas, en ocasión de la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Rocha, el 14 de abril del presente año, al señalar: ‘El crecimiento económico acumulado encuentra límites en la infraestructura de comunicación y transporte así como en la disponibilidad de energía. Son áreas estratégicas en las cuales será indispensable la visión de mediano y largo plazo con la imprescindible participación del Estado’. Con esa misma visión, hemos reclamado reiteradamente desde el Parlamento que se atendiera el mantenimiento y la correcta señalización de las rutas nacionales que pasan por el departamento de Rocha. En esta oportunidad reiteramos el planteo específicamente para la Ruta Nacional Nº 14 Brigadier General Venancio Flores. En primer lugar, porque se trata de una vía que es salida principal de la producción agroindustrial del norte del departamento. Por esa ruta circulan permanentemente camiones que transportan ganado desde las zonas de cría hasta los frigoríficos, y también la producción arrocera del departamento. Por tanto, esa ruta debe soportar habitualmente una carga intensa de circulación de vehículos pesados, que se incrementa en los períodos de la zafra arrocera. Pero además, de que es una arteria de circulación que cruza el país transversalmente por el río Negro, iniciándose en la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, para terminar en la costa oceánica rochense, alterna en ella el tránsito que origina la actividad turística, un sector de suma importancia para el departamento de Rocha. Su recorrido permite ver algunos de los paisajes e imágenes más característicos del mencionado departamento, como son los palmares de butiá, los corrales de palma (utilizados en el pasado para encerrar ganado) y los bañados que albergan nutrias, carpinchos, flamencos, cisnes, patos, garzas y a los siempre ruidosos chajás, lo que lo hace atractivo para el turista. Sin embargo, a pesar de ser una de las rutas de mayor extracción de las riquezas agrícola ganadera, su mantenimiento y transitabilidad están sumamente descuidados. En primer lugar, debemos se-

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ñalar que es necesario un trébol para la distribución de la circulación en la intersección con la Ruta Nacional Nº 15 Dr. Javier Barrios Amorín, a la altura de la ciudad de Lascano. Ese es un nudo importante porque salen camiones de los depósitos de las arroceras, que se suman a los que vienen transitando por la referida ruta desde el norte, por lo que es necesario ordenar la circulación en ese tramo. Pero además, buena parte de su trayecto es de tosca, está sin pavimentar y, por lo tanto, la señalización presenta grandes deficiencias, lo que genera no sólo costos adicionales para el mantenimiento de los vehículos, sino también riesgos para la vida de quienes la utilizan. El mal estado o la mala señalización vienen a sumar factores de riesgo que se incrementan notoriamente bajo condiciones climáticas adversas. Si como expresó el señor Ministro en la referida sesión de la Junta Departamental de Rocha: ‘a nosotros la seguridad vial es un tema que nos preocupa muchísimo’ y que ‘el objetivo entonces, que nos planteamos, es potenciar las posibilidades de transporte de carga en este quinquenio buscando la mejor colectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida de esa producción’ confiamos que se resuelvan a la brevedad las carencias que señalamos en nuestro planteamiento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha”. 2) Exposición del señor Representante Alberto Casas a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior; a la Asociación Rural del Uruguay; a la Federación Rural del Uruguay; a la Asociación Nacional de Productores de Leche; a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay; a la Academia Nacional de Veterinaria y a la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, sobre la necesidad de modificar el procedimiento de notificaciones relativas al Sistema de Identificación y Registro Animal.

nacional, relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 17.997, de 2 de agosto de 2006, y Nº 18.656, de 16 de abril de 2010, referidas al Sistema de Identificación y Registro Animal, se estima conveniente dar participación activa, además de los ya involucrados Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y gremiales de productores-, a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, a los operadores, a los rematadores y a los consignatarios, de forma tal de ajustar determinados puntos de la reglamentación vigente. Para nadie es ajeno el grado de centralización y dependencia informática del Sistema, lo que ha traído aparejados grandes inconvenientes y diferencias entre la función administrativa y la realidad de campo, que a su vez ha ocasionado todo tipo de perjuicios a los productores, a los veterinarios particulares, a los frigoríficos, a las inspecciones oficiales, a los operadores e incluso, la cadena se termina rompiendo en el eslabón más débil, que es el peón o encargado del establecimiento -la gran mayoría no tiene la capacidad ni los medios para resolver el problema-. La profesión veterinaria está para sumar, al igual que los demás actores, y la realidad es que todos trabajan para que el sistema continúe, ya que oficialmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no tiene la capacidad para hacerlo. El Sistema en un principio, funcionaba con operarios capacitados para esa tarea en las regionales departamentales, con números telefónicos departamentales, pudiendo solucionar algunos problemas en tiempo y forma, pero hoy la realidad ya no es esa. Actualmente las notificaciones por cualquier tipo de falta de un operador -profesional veterinario o cualquier otra persona habilitada-, se realizan a través del Ministerio del Interior. Creemos, sin lugar a equivocarnos, que existen otros medios más idóneos, y no a través de un cedulón a la casa particular involucrando incluso a todo el núcleo familiar. Acá, lo importante, es no perder la continuidad y seguimiento al Sistema y no perseguir y condenar a gente sana que trabaja con buenas intenciones. La profesión veterinaria y la gran parte de los involucrados no son unos delincuentes, como para que se llegue al extremo de involucrar a toda la familia de cada uno de ellos. El Sistema tiene muchos errores, en algunos casos horrores, por lo que se concluye con una desigualdad de poderes, maltrato psíquico, persecución, abuso de la autoridad, que termina enfermando a quienes trabajan responsablemente. Lamentablemente, esto va a terminar mal si no se toman medidas, con secuelas, con diferencias personales, con lesiones físicas, y otros. En definitiva, lo que está ocurriendo es un abuso de poder, sin escucharnos, ya que en la época en que vivimos, las comunicaciones

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se deberían tramitar de otra forma -correo electrónico, celular-, y no a través del Ministerio del Interior. Hoy existe impotencia por no saber cómo debe ser, pero, aseguramos que así no es. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ALBERTO CASAS, Representante por San José”. 3) Exposición del señor Representante Alberto Casas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la Dirección General de Servicios Ganaderos; a la Asociación Rural del Uruguay; a la Federación Rural del Uruguay; a la Asociación Nacional de Productores de Leche; y a la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, relacionada con la necesidad de adelantar el calendario de vacunación contra la fiebre aftosa.

“Montevideo, 24 de enero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la Dirección General de Servicios Ganaderos; a la Asociación Rural del Uruguay; a la Federación Rural; a la Asociación Nacional de Productores de Leche, y a la Asociación de Consignatarios de Ganado. Los Servicios Ganaderos departamentales, han dado a conocer el plan de vacunación antiaftosa para el mes de febrero del corriente, informando que a partir del día 1º comienza la distribución de vacunas. Dada la actual circunstancia climática que atraviesa el país, y la situación sanitaria de fiebre aftosa reiterada en la República del Paraguay, debemos de considerar pertinente la inquietud que muchos productores nos han hecho llegar, que generará un grave inconveniente para los mismos, en el próximo período de vacunación antiaftosa, desde el 1º al 29 de febrero del corriente, situación que se reitera en todos los períodos de vacunación. Entendemos que los Servicios Ganaderos departamentales deberían modificar en parte los sistemas de fiscalización de la misma, de forma de poder brindar mayor libertad a los productores para los movimientos de ganado teniendo en cuenta la sequía extrema en distintas zonas del país, y de disponibilidad de vacuna dada la situación sanitaria regional. A modo de ejemplo, decimos que los productores de las Seccionales 2ª, 4ª y 10ª del departamento de San José, solo podrán retirar y vacunar en la semana comprendida entre el 24 y el 29 de febrero, por lo tanto se verán imposibilitados de movilizar ganado desde el 1º de febrero -fecha de inicio del período-, y hasta el 24, y la semana desde el

24 al 29, y por 15 días más post vacunación. Por lo tanto, esos productores podrán mover sus ganados recién a partir del próximo 11 de marzo. En resumen, en el caso de estos productores no podrán hacer movimientos de ganado durante días, lo cual, dada la situación de déficit hídrico, puede acarrear un riesgo considerable para los rodeos. A eso debemos agregar el riesgo sanitario acrecentado por existir una situación reiterada, y que aún se está evaluando por parte de nuestras autoridades, de focos de fiebre aftosa en la República del Paraguay. Habrá productores que iniciado el período de vacunación el 1º de febrero recién podrán disponer y vacunar a partir del 24 de febrero. Esa situación supuestamente se ha de repetir en todos los departamentos del país, por lo que consideramos pertinente que se adopten medidas para todo el territorio nacional, de mayor libertad en cuanto a la determinación de la fecha de vacunación y movimiento de ganado por parte de los productores. Adjuntamos comunicado de prensa de los Servicios Ganaderos de San José. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ALBERTO CASAS, Representante por San José”.

7.- Inasistencias anteriores.
——Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 21 de diciembre de 2011. Con aviso: Marcelo Díaz, Julio C. Fernández, César Panizza, Alberto Perdomo Gamarra. Inasistencias a las Comisiones. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 21 de diciembre HACIENDA Con aviso: Andrés Lima. Miércoles 28 de diciembre CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Daisy Tourné. HACIENDA Con aviso: Andrés Lima; Marco Correa. Lunes 16 de enero ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD Con aviso: Martha Montaner; Susana Pereyra”.

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8.- Declaración de gravedad y urgencia.
——De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día: “Sistema tributario. (Ajustes)”. Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

del cual se introducen una serie de ajustes al Nuevo Sistema Tributario con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de disminución de las cargas fiscales que recaen sobre los sectores de menores ingresos de nuestra población. Básicamente las medidas propuestas en tal sentido, consisten en la posibilidad de reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado con carácter general, y la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito sociales financiadas por el Estado. Asimismo, el proyecto contiene una serie de normas que constituyen ajustes técnicos en las liquidaciones de diferentes impuestos. Por último, se propone la derogación del impuesto que grava las ventas de semovientes creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960, con la correspondiente compensación a los Gobiernos Departamentales por la pérdida de recaudación derivada de dicha derogación. A través del artículo 1º del proyecto se pretende flexibilizar la aplicación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), aplicable a los rendimientos del capital mobiliario proveniente de rentas obtenidas en el exterior. En efecto, las personas físicas que pasen a radicarse en territorio nacional y adquieran por tal motivo la residencia fiscal, sean de nacionalidad uruguaya o extranjera, podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) por un período de cinco ejercicios fiscales completos más el ejercicio en el cual se produjo la radicación, exclusivamente con relación a las mencionadas rentas provenientes del exterior. A través del ejercicio de esta opción, estos contribuyentes quedarían desgravados del IRPF sobre los rendimientos del capital mobiliario provenientes del exterior por el referido período. La misma opción se les otorga a las personas físicas extranjeras que adquirieron la residencia fiscal en territorio nacional a partir del 1º de julio de 2007. Los artículos 2º y 5º proyectados exoneran del IRPF y del IRNR, a los incrementos patrimoniales ocasionados por causa de expropiaciones de inmuebles. Por el artículo 3º del proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los mínimos no imponibles del IRPF en hasta 12 (doce) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales. Recíprocamente se crea una categoría adicional en el referido impuesto, pasándose a gravar las rentas anuales de la Categoría Trabajo que superen las 1.380 (mil trescientas ochenta) BPC a una tasa del 30% (treinta por ciento), para adecuar la escala de tasas se ajusta el tramo an-

9.- Sistema tributario. (Ajustes).
Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: “Sistema tributario. (Ajustes)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 749 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 30 de noviembre de 2011. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea General el proyecto de ley adjunto, a través del cual se introducen una serie de ajustes al Nuevo Sistema Tributario con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de disminución de las cargas fiscales que recaen sobre los sectores de menores ingresos de nuestra población. Básicamente las medidas propuestas en tal sentido, consisten en la posibilidad de reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado con carácter general, y la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito sociales financiadas por el Estado. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, FERNANDO LORENZO, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, EDGARDO ORTUÑO, EDUARDO BRENTA, JORGE VENEGAS, TABARÉ AGUERRE, HÉCTOR LESCANO, GRACIELA MUSLERA, DANIEL OLESKER. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea General el proyecto de ley adjunto, a través

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terior modificando el tramo que quedaría gravado a la tasa del 25% (veinticinco por ciento). En el artículo 4º del proyecto se agrega como deducciones en la liquidación del IRPF el pago de cuotas para la adquisición de viviendas únicas y permanentes de los contribuyentes, con las restricciones que se establecen. Debido al importante incremento del Producto Bruto Interno registrado en los últimos años, resulta necesario ajustar la afectación de una parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado que se transfiere al Banco de Previsión Social (artículo 6º). Actualmente la transferencia de Rentas Generales es del orden de 7 (siete) puntos de la recaudación del IVA que grava a la tasa básica. El artículo 7º mantiene una parte del subsidio al transporte terrestre de pasajeros. Cuando se gravó al transporte de pasajeros con la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003), se estableció un subsidio igual a la diferencia entre el IVA ventas y el IVA compras. En la Ley Nº 18.083 se establecía una eliminación gradual de dicho subsidio a razón de un 20% (veinte por ciento) cada año. Tomando en cuenta que el ejercicio 2011 es el último, el Poder Ejecutivo propone darle carácter permanente al subsidio vigente en dicho año. El 2% (dos por ciento) es el resultado de aplicar el 20% (veinte por ciento) a la tasa mínima del IVA de 10% (diez por ciento). Las modificaciones en la redacción de la norma, responden a la necesidad de una exposición más clara, y no a razones de fondo. A través del artículo 8º del proyecto se incluye dentro de los bienes gravados a la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de aceites crudos para la elaboración de aceites comestibles. El propósito de esta norma es neutralizar una discriminación negativa que afecta la industria nacional aceitera. En efecto, si el aceite es importado en calidad apta para el consumo humano, la tasa del impuesto es del 10% (diez por ciento); en tanto si se importa aceite crudo para elaborar aceite comestible, la tasa es del 22% (veintidós por ciento), lo cual impacta en los costos de producción de los aceites comestibles nacionales. En el artículo 9º se incluyen a las Intendencias Municipales dentro de los sujetos que pueden acceder a la exoneración del Impuesto al Valor Agregado que gravan los bienes que pueden ser objeto de contratos de crédito de uso de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.

El artículo 10 refiere a la facultad a otorgar al Poder Ejecutivo para la reducción del IVA en las condiciones que se determinan. Con carácter general, se faculta a la reducción de 2 (dos) puntos del IVA para las adquisiciones de bienes y servicios realizados a través de la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares. Además se propone facultar al Poder Ejecutivo para eliminar totalmente la incidencia del IVA en las adquisiciones de bienes y servicios adquiridos a través de la utilización de tarjetas de débito financiadas por el Estado, por ejemplo, la tarjeta alimentaria de Uruguay Social, tarjeta para el pago de Asignaciones Familiares, y otras similares. Se propone mantener el régimen de reducción de hasta 9 (nueve) puntos del IVA, actualmente en vigencia a través de la aplicación de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, para determinados sectores fundamentalmente proveedores de servicios turísticos. El esquema de instrumentación es igual al utilizado en la citada norma legal, por lo que se hace una remisión a la aplicación de dicha norma en lo pertinente. El artículo 11 del proyecto tiene por objetivo delimitar el alcance de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de otorgar un subsidio a los fabricantes de bebidas de origen nacional, que además utilicen para su comercialización envases retornables. En lo que refiere al artículo 12 se propone la derogación del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960, que grava básicamente las enajenaciones de semovientes. De forma tal de compensar a los Gobiernos Departamentales por la pérdida de recaudación del referido impuesto, se propone la transferencia de Rentas Generales de un monto igual al recaudado en el año 2011, tomado a valores constantes. El artículo 13, en línea con la reducción de la afectación de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, elimina la compensación a realizar al BPS por la pérdida de recaudación del derogado Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS). Con esta eliminación, se pretende avanzar en transparencia de la información transfiriendo los fondos necesarios al BPS a través de una asistencia financiera de Rentas Generales y no a través de una renta afectada. También vinculado con el apartado anterior, se elimina a partir del 1º de enero de 2012 la comisión del 5% (cinco por ciento) que le cobra la Dirección General Impositiva al Banco de Previsión Social por concepto de servicios y gastos de recaudación, de

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acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley Nº 13.637. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 6 Bis.- Las personas físicas que adquieran la calidad de residente fiscal en la República podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de residencia a territorio nacional y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. Dicha opción podrá realizarse por única vez, y exclusivamente con relación a los rendimientos del capital mobiliario a que refiere el numeral 2 del artículo 3 del mismo Título. La misma opción podrán realizar las personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en la República por los cambios de residencia a territorio nacional verificados a partir del 1º de julio de 2007. En tal caso, el período de cinco ejercicios fiscales se computará a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 2º.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “O) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. Artículo 3º.- Sustitúyese, con vigencia al 1º de enero de 2012, el artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “ARTÍCULO 37. (Escala de rentas).- A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, fíjanse las siguientes escalas de tramos de renta y las alícuotas correspondientes: A) Contribuyentes personas físicas: RENTA ANUAL COMPUTABLE Hasta el Mínimo no Imponible General de 84 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más del MNIG y hasta 120 BPC. Más de 120 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC TASA

Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC

22% 25% 30%

B) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de cada uno de los integrantes del núcleo considerados individualmente superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales): RENTA ANUAL COMPUTABLE TASA

Hasta el Mínimo no Imponible General de 168 Bases de Prestaciones y Contribu- Exento ciones (BPC) Más de 168 y hasta 180 BPC. Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC 15% 20% 22% 25% 30%

C) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de uno de los integrantes del núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales): RENTA ANUAL COMPUTABLE Hasta el Mínimo no Imponible General de 96 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 96 y hasta 144 BPC. Más de 144 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta TASA

Exento

10% 15% 20%

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600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC 22% 25% 30%

Artículo 7º.- Sustitúyese el literal H) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “H) Transporte terrestre de pasajeros. El crédito a que refieren los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de los ingresos provenientes de la prestación de servicios de transporte de pasajeros gravados a la tasa mínima, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Dicho límite se reducirá en 2 (dos) puntos porcentuales anuales desde el 1º de enero de 2008, hasta quedar fijado en el 2% (dos por ciento) de los referidos ingresos a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 8º.- Sustitúyese el literal A) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “A) Pan blanco común y galleta de campaña; pescado, carne y menudencias, frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles y crudos para su elaboración; arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda; pastas y fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón común; grasas comestibles; transporte de leche”. Artículo 9º.- Sustitúyese el literal C) del artículo 49 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, o sea una Intendencia Municipal”. Artículo 10.- Agréganse al Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes artículos: “ARTÍCULO 87.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios, efectuadas a consumidores finales, siempre que la contraprestación se efectúe mediante la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros instrumentos análogos”. “ARTÍCULO 88.- Cuando la referida contraprestación sea efectuada mediante la utilización de tarjetas de débito Uruguay Social, para cobro de Asignaciones Familiares o similares, emitidas con fi-

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimos no Imponibles Generales a que refieren los literales precedentes, hasta en 12 BPC (doce Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales”. Artículo 4º.- Sustitúyese el literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “E) Los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente del contribuyente, siempre que el costo de la vivienda no supere las UI 794.000 (setecientas noventa y cuatro mil Unidades Indexadas). También estarán comprendidas las cuotas de Cooperativas de Vivienda y otras que la reglamentación entienda pertinente, en tanto su costo no supere la referida cifra. y por la parte no subsidiada por el Estado. El monto total deducible de acuerdo a lo dispuesto por el presente literal no podrá superar las 36 BPC (treinta y seis Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”. IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES Artículo 5º.- Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “S) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Artículo 6º.- Agrégase al artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso: “A partir del 1º de enero de 2012, aféctase al Banco de Previsión Social la recaudación correspondiente a cinco puntos de la tasa básica”.

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nanciación del Estado, la reducción a que refiere el artículo anterior podrá ser total”. “ARTÍCULO 89.- Para aquellas adquisiciones realizadas a contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 o en el artículo 70 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo establecerá un monto ficto a los efectos de otorgar la devolución de una cifra equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado, prevista en los artículos anteriores. De acuerdo a lo que establezca la reglamentación, dicha devolución podrá otorgarse a los referidos contribuyentes, inclusive luego de efectuada la compensación con los tributos que corresponda”. “ARTÍCULO 90.- El Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado incluido en las operaciones que pueden ser objeto del beneficio previsto en los artículos anteriores, a efectos de su aplicación durante el período que medie hasta la instrumentación definitiva del régimen”. “ARTÍCULO 91.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito fiscal equivalente al costo del arrendamiento de las terminales de procesamiento electrónico de pagos, a aquellos contribuyentes usuarios de las mismas, cuyos ingresos en el ejercicio anterior a la prestación del referido servicio, no hayan superado la cifra equivalente a UI 4.000.000 (cuatro millones de Unidades Indexadas). El referido crédito no constituirá renta computable a efectos de la liquidación del IRAE”. “ARTÍCULO 92.- Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 2º y siguientes de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005”. “ARTÍCULO 93.- Las operaciones incluidas en el régimen de reducción del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, continuarán en vigencia y no podrán superponerse con la reducción a que refiere el artículo 87 del presente Título”. VARIOS Artículo 11.- Interprétase que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 823 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, refiere a fabricantes de bebidas de origen nacional. Artículo 12.- Derógase el impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960.

El Poder Ejecutivo transferirá anualmente de Rentas Generales a los Gobiernos Departamentales igual importe al recaudado en el ejercicio 2011 por el impuesto que se deroga en el inciso primero, actualizado por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Lo dispuesto en este artículo regirá a partir del 1º de enero de 2012. Artículo 13.- A partir del 1º de enero de 2012 déjase sin efecto la compensación al Banco de Previsión Social dispuesta por el artículo 109 de la Ley Nº 18.083, de 26 de diciembre de 2006, con relación al derogado Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS). Artículo 14.- El artículo 221 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967, no será de aplicación para los tributos recaudados a partir del 1º de enero de 2012, cuyo destinatario sea el Banco de Previsión Social. Artículo 15.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 realizadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas legales que le dan origen. Montevideo, 30 de noviembre de 2011. FERNANDO LORENZO, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, EDGARDO ORTUÑO, EDUARDO BRENTA, JORGE VENEGAS, TABARÉ AGUERRE, HÉCTOR LESCANO, GRACIELA MUSLERA, DANIEL OLESKER”. Anexo I al Rep Nº 749 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Hacienda INFORME Señores Representantes: Vuestra Comisión Asesora en temas de Hacienda ha tratado, modificado parcialmente y aprobado en general por unanimidad el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente y todos sus Ministros, el primer día de ese mismo mes. Luego de un largo recorrido durante todo el año 2011, con presentaciones y discusiones en distintos ámbitos, el equipo económico diseñó la forma de profundizar la equidad del Nuevo Sistema Tributario.

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En este informe abordaremos la presentación y comentarios sobre cinco bloques de las modificaciones a introducir a los dos principales impuestos del Nuevo Sistema Tributario (IVA e IRPF) y otras modificaciones relativas a otros tributos y temas complementarios. En el primer bloque de modificaciones encontramos la propuesta sobre Rebaja del IVA que el equipo económico plasmó en el proyecto que hoy está a estudio de nuestra Cámara y que tiene como objeto la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito sociales financiadas por el Estado (MIDES, Asignaciones familiares, etc.), mientras que el resto de la población podrá beneficiarse con una rebaja de dos puntos porcentuales de la tasa básica de ese gravamen siempre y cuando las compras fueran realizadas por transacciones electrónicas (pagos por celular o billetera electrónica, débitos bancarios, con tarjetas de crédito o débito, o como se agregó en Comisión las transacciones registradas en las cuentas de socios por las cooperativas de consumo, etc.). Esta formulación permite asegurar que la totalidad de la rebaja quedará en mano de los consumidores finales o sea aquellos a quien se quiere beneficiar y no se perderá como en otras oportunidades en la cadena de distribución y márgenes de comercialización. También se prevé que en las compras realizadas en comercios que no discriminan el IVA (literal E y Monotributistas) el importe equivalente también será devuelto según calculo ficto. En una modificación introducida en el debate en Comisión se agregó una facultad al Poder Ejecutivo de extender la exoneración del IVA a los beneficiarios de las tarjetas de débito social a otras compras que superen el importe de la tarjeta siempre que las mismas también se realicen con similar operación. Sobre esta y otras modificaciones acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo ya remitió al Parlamento con fecha 30 de diciembre, proyecto de ley que consagra la iniciativa privativa del mismo de carácter constitucional sobre temas de exoneración impositiva. La disminución de los dos puntos de la tasa del IVA (y de todo el IVA en los casos mencionados) junto a la obligatoriedad de realizar estas operaciones mediante transacciones electrónicas asegura además de la mejora de la equidad un fuerte desincentivo a la evasión impositiva, mejorando la competencia leal, la formalización económica y laboral y por consiguiente también la recaudación fiscal.

En el segundo bloque de normas encontramos las propuestas sobre modificaciones del IRPF que consta de los siguientes puntos: • Se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los mínimos no imponibles del IRPF en hasta 12 (doce) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales (1 BPC = $ 2.418). Se prevé ir aumentando gradualmente el Mínimo No Imponible de acuerdo al incremento del índice medio de salarios para evitar que los mayores aumentos del salario real (por encima de la inflación y el valor de la BPC) obtenidos en la negociación colectiva y Consejos de Salarios, grave con el impuesto a trabajadores que antes estaban excluidos. Tengamos en cuenta que el aumento MNI de 7 a 8 BPC mensuales significa un aumento del 15% y que los aumentos del salario real en este último año es del orden del 5% por encima de la inflación y el aumento de la BPC. Según algunas estimaciones (con valores al 2010 sin considerar los aumentos de salarios y la BPC) el aumento de 12 BPC anuales (una BPC mensual) significaría que más de 40 mil trabajadores dejaran de aportar (o no comenzaran a aportar si todavía no lo hacían).

Es de destacar que en Comisión se acordó con el Ministro extender (por iguales razones aunque se trate de impuestos distintos) el aumento del Mínimo No Imponible a los contribuyentes del IASS lo que fue cumplido, en la medida que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el día 29 de diciembre el respectivo proyecto de ley. • Recíprocamente se crea una categoría adicional en el referido impuesto, pasándose a gravar las rentas anuales de la Categoría Trabajo que superen las 1.380 BPC anuales (alrededor de 280.000 mil pesos mensualizados y que afectaría a unos 1.500 trabajadores de esos altos ingresos) a una tasa del 30% (treinta por ciento) y para adecuar la escala de tasas se ajusta el tramo anterior gravado a la tasa del 25% (veinticinco por ciento) modificando sus límites inferior y superior. Se agregan normas que permiten incentivar el uso de estos medios a parte de los comercios que hoy no están habilitados para operar de esta forma. Para ello el propio proyecto prevé facilidades para los comercios con el fin de adaptar la tecnología necesaria para recibir tarjetas de crédito y débito y la promoción de

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inversiones para quienes suministren el equipamiento necesario. En Comisión y con acuerdo del MEF también se incluyó una disposición que habilita al Poder Ejecutivo a fijar reglas y patrones técnicos para asegurar la compatibilidad de las distintas redes (y sus equipos) de emisores de tarjetas. • Finalmente, se agregan, acompañando al ya aprobado desde enero de 2011, crédito fiscal del 6% por los pagos de arrendamiento de casa habitación, deducciones por pagos de créditos hipotecarios o cuotas cooperativas para compra de vivienda única y permanente de los contribuyentes, con determinados límites. De esta forma se incorporan nuevos instrumentos de equidad tributaria considerando la capacidad contributiva no sólo por el ingreso sino también por los egresos vinculados a un tema fundamental en la estructura familiar como lo es la vivienda permanente.

Departamentales). El tema fue desglosado durante el tratamiento en Comisión y el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento con fecha 27 de diciembre otro proyecto por el que en lugar de derogar el impuesto lo mantiene con igual destino (GGDD) y otorga un crédito fiscal a los contribuyentes que lo abonen. También en este caso el proyecto podría ser considerado conjuntamente con el que estamos informando. • En quinto y último lugar el proyecto preveía ajustes a la financiación del BPS, debido al importante incremento de la actividad registrado en los últimos años y por consiguiente tanto de la recaudación de IVA afectado al Banco como su propia recaudación por la mayor cantidad de puestos cotizantes y mayor eficiencia. Este tema fue desglosado por la Comisión y podrá ser objeto de un estudio por separado y más profundo.

Se ha criticado que no todos los consumidores tienen tarjetas de crédito o de débito (hay emitidas casi tres millones de ellas). Recordemos que quienes ya cobran salarios y pasividades a través de los cajeros automáticos ya tienen acceso a las tarjetas de débito y esta modificación tributaria precisamente forma parte de un plan de inclusión financiera que a través de la educación financiera (que explicite ventajas y riesgos) y la facilidad de acceso a los servicios financieros se permita ampliar aún más este universo. También a fines de diciembre se presentó públicamente un acuerdo propiciado por el MEF entre los comerciantes y los emisores de tarjetas donde se rebajan significativamente las comisiones sobre este tipo de operaciones fundamentalmente en el tema tarjetas de débito. Como ya dijimos el uso generalizado de pagos electrónicos tiene otras ventajas, además, de limitar el circulante (por motivos de seguridad) asegura la formalización de las operaciones y con ello contribuye a una competencia más sana y a la formalización también del trabajo. • En tercer lugar el proyecto también incluye una serie de normas que constituyen ajustes técnicos en las liquidaciones de diferentes impuestos (como otras de los del propio IVA e IRPF, Impuesto a la Renta de No Residentes, IMESI etc.). El proyecto también incluía la eliminación del impuesto a los semovientes (con la correspondiente compensación a los Gobiernos

Por todo lo expuesto, esta Comisión asesora recomienda al Pleno aprobar el presente proyecto de ley. Sala de la Comisión, 8 de febrero de 2012. ALFREDO ASTI, Miembro informante, GUSTAVO BERNINI, GERMÁN CARDOSO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, JORGE GANDINI, ANDRÉS LIMA, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, ANA LÍA PIÑEYRÚA, IVÁN POSADA, ALEJANDRO SÁNCHEZ, PABLO ABDALA, de acuerdo al inciso segundo del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, acompaña el informe. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 6 Bis.- Las personas físicas que adquieran la calidad de residente fiscal en la República podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de residencia a territorio nacional y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. Dicha opción podrá realizarse por única vez, y exclusivamente con relación a los rendimientos del capital mobiliario a que refiere el numeral 2 del artículo 3 del mismo Título.

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La misma opción podrán realizar las personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en la República por los cambios de residencia a territorio nacional verificados a partir del 1º de julio de 2007. En tal caso, el período de cinco ejercicios fiscales se computará a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 2º. Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “O) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. Artículo 3º. Sustitúyese, con vigencia al 1º de enero de 2012, el artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “ARTÍCULO 37. (Escala de rentas). A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, fíjanse las siguientes escalas de tramos de renta y las alícuotas correspondientes: A) Contribuyentes personas físicas: RENTA ANUAL COMPUTABLE Hasta el Mínimo no Imponible General de 84 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más del MNIG y hasta 120 BPC. Más de 120 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC TASA

Hasta el Mínimo no Imponible General de 168 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 168 y hasta 180 BPC. Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC

Exento

15% 20% 22% 25% 30%

C) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de uno de los integrantes del núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales):

RENTA ANUAL COMPUTABLE Exento Hasta el Mínimo no Imponible General de 96 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 96 y hasta 144 BPC. Más de 144 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC

TASA

Exento

10% 15% 20% 22% 25% 30%

Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimos no Imponibles Generales a que refieren los literales A), B) y C) del artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, hasta en 12 BPC (doce Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales, con vigencia al 1º de enero de 2012″.

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Artículo 5º. Sustitúyese el literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente: “E) Los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente del contribuyente, siempre que el costo de la vivienda no supere las UI 794.000 (setecientas noventa y cuatro mil Unidades Indexadas). También estarán comprendidas las cuotas de los promitentes compradores cuyo acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), las cuotas de Cooperativas de Vivienda y otras que la reglamentación entienda pertinente, en tanto su costo no supere la referida cifra, y por la parte no subsidiada por el Estado. El monto total deducible de acuerdo a lo dispuesto por el presente literal no podrá superar las 36 BPC (treinta y seis Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales. La presente disposición regirá para cuotas devengadas a partir del 1º de enero de 2012. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”. IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES Artículo 6º. Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “S) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Artículo 7º. Sustitúyense el inciso primero del literal A) y el literal H) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por los siguientes: “A) Pan blanco común y galleta de campaña; pescado, carne y menudencias, frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles y crudos para su elaboración; arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda; pastas y fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón común; grasas comestibles; transporte de leche”. “H) Transporte terrestre de pasajeros. El crédito a que refieren los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de los ingresos provenientes de la prestación de servicios de transporte de pasajeros gravados a la tasa mínima, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Dicho límite se reducirá en 2 (dos) puntos por-

centuales anuales desde el 1º de enero de 2008, hasta quedar fijado en el 2% (dos por ciento) de los referidos ingresos a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 8º.-.Sustitúyese el literal C) del artículo 49 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, o se trate de un Gobierno Departamental”. Artículo 9º. Agréganse al Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes artículos: “ARTÍCULO 87.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios, efectuadas a consumidores finales, siempre que la contraprestación se efectúe mediante la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros instrumentos análogos, tales como transacciones registradas en las cuentas de socios por las cooperativas de consumo, en las condiciones que establezca la reglamentación”. “ARTÍCULO 88.- Cuando la contraprestación a que refiere el artículo anterior sea efectuada mediante la utilización de tarjetas de débito Uruguay Social, tarjeta de débito para cobro de Asignaciones Familiares o para prestaciones similares, que determine el Poder Ejecutivo, emitidas con financiación del Estado, la reducción del impuesto podrá ser total. Esta disposición regirá a partir del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo, dentro del límite que establezca, a extender la reducción del impuesto establecido en el inciso anterior a dichos beneficiarios, por las adquisiciones efectuadas con otros ingresos, siempre que se utilicen como elementos de control los referidos instrumentos electrónicos. “ARTÍCULO 89.- Para aquellas adquisiciones realizadas a contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 o en el artículo 70 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto a los efectos de otorgar la devolución de una cifra equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agre-

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gado, prevista en los artículos anteriores. De acuerdo a lo que establezca la reglamentación, dicha devolución podrá otorgarse a los referidos contribuyentes, inclusive luego de efectuada la compensación con los tributos que corresponda”. “ARTÍCULO 90.- El Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado incluido en las operaciones que pueden ser objeto del beneficio previsto en los artículos anteriores, a efectos de su aplicación durante el período que medie hasta la instrumentación definitiva del régimen”. “ARTÍCULO 91. El Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito fiscal por hasta el equivalente al costo del arrendamiento de las terminales de procesamiento electrónico de pagos, a aquellos contribuyentes usuarios de las mismas, cuyos ingresos en el ejercicio anterior a la prestación del referido servicio, no hayan superado la cifra equivalente a UI 4.000.000 (cuatro millones de Unidades Indexadas). El referido crédito no constituirá renta computable a efectos de la liquidación del IRAE”. “ARTÍCULO 92. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 2º y siguientes de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005”. “ARTÍCULO 93. Las operaciones incluidas en el régimen de reducción del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, continuarán en vigencia y no podrán superponerse con la reducción a que refiere el artículo 87 del presente Título”. VARIOS Artículo 10.- Interprétase que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 823 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, refiere a fabricantes de bebidas de origen nacional. Artículo 11.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 realizadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas legales que le dan origen. Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá fijar reglas y patrones técnicos que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperación de las redes de transacciones electrónicas, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a

ellas y de los instrumentos de pago que utilicen las redes. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) establecerá los criterios para controlar la efectiva aplicación de dichas reglas y patrones. Las tarifas de interconexión deberán establecerse de común acuerdo entre las partes; en caso de no existir acuerdo, la URSEC establecerá las tarifas a aplicar. Sala de la Comisión, 8 de febrero de 2012. ALFREDO ASTI, Miembro Informante, GUSTAVO BERNINI, GERMÁN CARDOSO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, JORGE GANDINI, ANDRÉS LIMA, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, ANA LÍA PIÑEYRÚA, IVÁN POSADA, ALEJANDRO SÁNCHEZ”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: vamos a presentar el informe correspondiente al proyecto de ley en el que trabajó la Comisión de Hacienda durante el receso. Además, tenemos conocimiento de que el Poder Ejecutivo a fines de diciembre envió otros tres proyectos de ley relativos a este tema. (Murmullos.- Campana de orden) ——Durante el receso -también realizamos alguna reunión con anterioridad- mantuvimos conversaciones con dicho Poder con respecto a esta iniciativa que se aboca a realizar modificaciones al sistema tributario. De acuerdo con la información que tenemos, estos tres proyectos se habrían anexado a la carpeta principal, de modo que con ellos se estarían complementando las iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo para realizar los ajustes necesarios al sistema tributario. Solicito a la Mesa que me confirme si esto es así, a efectos de realizar el informe. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se me comunica que en la página 6 del repartido están agregados los antecedentes. SEÑOR ASTI.- Muchas gracias.

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Como decía, la Comisión de Hacienda se reunió para tratar este tema y el pasado 28 de diciembre aprobó en general, por unanimidad, con algunas modificaciones, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Esto demuestra el buen trabajo llevado a cabo entre la Comisión de Hacienda y el Poder Ejecutivo. En dicho proyecto se recogieron distintos intereses que se plantearon en la Comisión. El proyecto tuvo un largo recorrido durante el año 2011; se realizaron presentaciones y discusiones en distintos ámbitos por parte del equipo económico, el cual diseñó la forma de cumplir la propuesta programática electoral de la fuerza política de gobierno en cuanto a profundizar la equidad del nuevo sistema tributario. La iniciativa se puso a consideración del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República en setiembre de 2011. Las bases de dicha iniciativa fueron presentadas a la opinión pública por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Vicepresidente de la República, contador Astori, y a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Presupuestos durante el trámite de la Rendición de Cuentas. A fines de diciembre el Poder Ejecutivo, en virtud de lo acordado en la Comisión, remitió al Parlamento tres proyectos de ley complementarios, introduciendo modificaciones al proyecto original -recién me referí a ellas-, las cuales ingresan a esta Cámara en el día de hoy y que se han integrado a la carpeta correspondiente, por lo que tienen la requerida iniciativa de ese Poder. También debemos destacar que la Comisión recibió a delegaciones de distintas entidades vinculadas al tema como, por ejemplo, la Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito, CAMBADU y la Federación de Cooperativas. Asimismo, teniendo en cuenta que en este proyecto también se hace referencia al aumento del mínimo no imponible del IASS, recibimos a tres asociaciones que agrupan a pasivos. Realizaremos la presentación de este informe en cinco bloques, haciendo referencia a las modificaciones a introducir al sistema tributario. En los dos primeros bloques se modifican los dos impuestos principales del nuevo sistema tributario, el IVA y el IRPF, y se realizan modificaciones a otros tributos y temas complementarios. En todos ellos, y dado el proclamado y comprobado carácter dinámico del nuevo siste-

ma tributario, está presente la profundización de estos: equidad, eficiencia y estímulos. En el primer bloque de modificaciones encontramos la propuesta sobre rebaja del IVA en general, incluido en el artículo 9° que el equipo económico plasmó en el proyecto que hoy está a estudio de nuestra Cámara y que tiene como objetivo la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito social financiadas por el Estado, MIDES, Asignaciones Familiares, etcétera. El resto de la población podrá beneficiarse con una rebaja de dos puntos porcentuales de la tasa básica de ese gravamen siempre que las compras fueran realizadas por transacciones electrónicas: débito bancario, tarjeta de crédito, tarjetas de débito, pagos por celular o billetera electrónica y -como se agregó en Comisión- transacciones registradas en las cuentas de socios por las cooperativas de consumo, de acuerdo con lo que estipule la reglamentación. Esta formulación permite asegurar que la totalidad de la rebaja quedará en manos de los consumidores finales, o sea aquellos a quienes se quiere beneficiar y no se perderá -como en otras oportunidades- en la cadena de distribución y márgenes de comercialización. También se prevé que en las compras realizadas en comercios que no discriminan el IVA por normas legales -los que están incluidos en el literal E) o los monotributistas- el importe equivalente a ese 2% del IVA también será devuelto según un cálculo ficto. En una modificación introducida en el debate en Comisión se agregó la facultad al Poder Ejecutivo de extender la exoneración del IVA a los beneficiarios de tarjetas de débito social -las que mencionábamos del MIDES o de Asignaciones Familiares- por concepto de otras compras que superen el importe de la tarjeta, siempre que dichas compras se realicen con similar operación. Como decíamos, estas y otras modificaciones acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas ya fueron plasmadas en los proyectos de ley que consagran la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de carácter constitucional sobre el tema de exoneración impositiva, y remitidas al Parlamento con fecha anterior al 30 de diciembre La disminución de dos puntos de la tasa del IVA y de todo el IVA en los casos mencionados junto con la obligatoriedad de realizar estas operaciones mediante transacciones electrónicas asegura, además

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de la mejora de la equidad, un fuerte desincentivo a la evasión impositiva, mejorando la competencia leal, la formalización económica y laboral y, por consiguiente, la recaudación fiscal. En tal sentido, se propone un esquema de instrumentación igual al utilizado en la reducción de nueve puntos de la tasa básica para actividades turísticas, que continúa, sin superponerse este descuento con el otro. Además de la rebaja de estos dos puntos del IVA y el total del IVA tanto de tasa básica como de tasa mínima para los usuarios de las tarjetas de débito social, se agregan normas que permiten incentivar el uso de los medios electrónicos por parte de los comercios que hoy no están adecuadamente equipados. El proyecto prevé facilidades para los comercios con el fin de adaptar la tecnología necesaria para recibir tarjetas de crédito y de débito, y la promoción de inversiones para quienes suministren el equipamiento necesario. El proyecto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer el monto ficto equivalente a la reducción de IVA incluido en las operaciones que puedan ser objeto del beneficio previsto en los artículos anteriores, en tanto se logre la instrumentación definitiva de este régimen. En Comisión y con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas también se incluyó una disposición que habilita al Poder Ejecutivo a fijar reglas y patrones técnicos para asegurar la compatibilidad de las distintas redes y equipos de los emisores de tarjetas. Esto está establecido en el artículo 12. Esto se inscribe en un proceso de inclusión financiera que, tal como expresara el Ministro de Economía y Finanzas en Comisión, tendrá varias etapas. Podríamos decir que esta es la fase cero, porque era la disposición que permitía la rebaja tributaria -que, por supuesto, requería iniciativa legal-, pero hubo otra fase absolutamente necesaria para llevar adelante este tema, que es el acuerdo al que se llegó con los emisores de las tarjetas de débito y de crédito con rebajas sustanciales en los costos de operaciones de estas para los comercios. Este acuerdo se firmó en el local de CAMBADU, con la presencia de su directiva y por supuesto con el beneplácito de esa institución por haber logrado esta importante rebaja. Seguramente, en este primer semestre del año 2012 tendremos otras iniciativas de carácter legal que van a asegurar la ampliación de este universo de usuarios, fundamentalmente de tarjetas de débito, para posibilitar que realmente este mecanismo llegue a la inmensa

mayoría de los uruguayos. Todos sabemos que Uruguay tiene un retraso considerable no solo respecto a los países desarrollados sino a la región en el uso de instrumentos como la tarjeta de débito para los pagos contado, que permite evitar el uso de efectivo, lo que beneficia tanto a quienes realizan el pago como a quienes lo reciben, entre otros, por temas de seguridad. Estas rebajas impositivas tienen un impacto fiscal importante en el IVA. De acuerdo con algunos estudios realizados por el Ministerio para las tarjetas de débito social, se calcula que la renuncia fiscal representará alrededor de $ 450:000.000 para la rebaja directa de todo el IVA incluido en las compras con esas tarjetas. Mucho más va a significar la rebaja de los dos puntos generalizados del IVA, pero aquí se apuesta a que a través de una mayor formalización de la economía -como ya pasó con la deducción del IVA en restoranes- pueda compensarse parcial o totalmente la renuncia fiscal por un mayor ingreso por formalización. También es cierto que las normas promocionales para los comercios para el uso de estas tarjetas va a tener un costo a través de los créditos fiscales de aproximadamente $ 30:000.000. Con esto cerramos el primer bloque de modificaciones referido al IVA. En el segundo bloque de normas encontramos la propuesta sobre modificaciones del IRPF incluidas en los artículos 3° al 5° del proyecto y que podemos dividir en los siguientes puntos. En primer lugar, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar con vigencia al 1° de enero de 2012 los mínimos no imponibles del IRPF en hasta 12 BPC anuales, o sea una BPC mensual, lo que equivale a $ 2.418. Se prevé aplicar esta facultad gradualmente, actualizando el mínimo no imponible de acuerdo con el incremento del Índice Medio de Salarios para evitar que los mayores aumentos del salario real por encima de la inflación y del valor de la BPC obtenidos en la negociación colectiva y en los Consejos de Salarios, graven con el impuesto a trabajadores que antes estaban excluidos. Tengamos en cuenta que un aumento del mínimo no imponible de 7 BPC a 8 BPC mensuales significa un aumento del 15% y que el aumento del salario real en este último año fue del orden del 5% por encima de la inflación y de la BPC.

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Según algunas estimaciones -con valores a 2010, que eran los que teníamos disponibles, y sin considerar los aumentos de salarios ni los valores de las BPC de 2011-, el aumento de las 12 BPC anuales -o un BPC mensual- representaría que alrededor de cuarenta y cuatro mil trabajadores dejarán de aportar, o no comenzarán a aportar al IRPF, si todavía no lo hacían. Se supone que con estas cifras -que son de 2010 porque 2011 todavía no estaba cerrado-, y de aplicarse en una sola vez el aumento de 1 BPC mensual o 12 BPC anuales, habría unos $ 900:000.000 de renuncia fiscal, reitero, en el caso de aplicar la totalidad del aumento del mínimo no imponible. Es de destacar que en la Comisión y a solicitud de la bancada de Gobierno se acordó con el Ministro extender el aumento del mínimo no imponible a los contribuyentes del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) -por iguales razones aunque se trate de impuestos distintos-, lo que fue cumplido por el Poder Ejecutivo en uno de esos proyectos que al inicio de nuestra exposición manifestábamos que habían sido enviados. Trataremos ese proyecto como un artículo aditivo, conjuntamente con esta iniciativa, ya que ha sido anexado a la misma carpeta, tal como decía el señor Presidente. Según informes sobre la recaudación del IASS del año 2010, este aumento del 12%, de 8 a 9 BPC mensuales, implicará una reducción del 20% en la cantidad de actuales o futuros contribuyentes que llegarían a la condición con 8 BPC, en una baja de ingresos fiscales estimada en 300:000.000 de pesos; 13% de lo recaudado por el IASS. Volviendo al IRPF, se crea una categoría adicional en el referido impuesto -recíprocamente al aumento del mínimo no imponible-, pasándose a gravar las rentas anuales de la Categoría Trabajo que superen las 1.380 BPC anuales -alrededor de $ 280.000 mensualizados-, que afectaría a unos mil quinientos trabajadores de esos altos ingresos, a una tasa del 30%. Recordemos que las tasas del IRPF siempre son progresionales y, por lo tanto, marginales a cada franja de ingreso. A su vez, para adecuar el ingreso del trabajador a esta última tasa, también se adecua la tasa anterior del 25%, modificando sus límites inferiores y superio-

res. Estas modificaciones de franjas y tasas implicará un aumento de la recaudación de 150:000.000 de pesos. Por otra parte, acompañando el criterio aprobado en el Presupuesto del año 2010, que está vigente desde enero de 2011 con un crédito fiscal de 6% para los pagos de arrendamiento de casa habitación, se agregan deducciones por pago de créditos hipotecarios o cuotas de cooperativas para compra de vivienda única y permanente de los contribuyentes, con determinados límites. De esa forma, se incorporan nuevos instrumentos de equidad tributaria, considerando la capacidad contributiva, no solo por el ingreso sino también por los egresos vinculados al núcleo familiar, tema fundamental en la estructura familiar, es decir, la vivienda permanente de la familia. El programa de Gobierno apoyado por la mayoría de la población dice: “En el sistema tributario deben profundizarse los cambios manteniendo el objetivo primordial de sustituir gradualmente los impuestos al consumo por impuestos a la renta y a la riqueza. La rebaja del IVA debe mantenerse como objetivo, que puede estar asociado también a las medidas de contención de la inflación cuando se considere necesario, así como la promoción de la equidad en el IRPF y el aliento a la inversión debe provenir de estímulos fiscales específicos con contrapartida, disminuyendo los de carácter global”. Creemos que la propuesta presentada no solo respeta el Programa de Gobierno propuesto a la ciudadanía sino que provee las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos expresados. Se ha criticado que no todos los consumidores tienen tarjeta de crédito o de débito -se han emitido casi 3:000.000-, pero recordemos que quienes cobran salarios y pasividades a través de los cajeros automáticos ya tienen acceso a las tarjetas de débito, y que esta modificación tributaria precisamente forma parte de un plan de inclusión financiera que permite ampliar aún más este universo a través de una educación financiera que explicite ventajas, riesgos y facilidad de acceso a los servicios financieros. A fines de diciembre se presentó públicamente un acuerdo propiciado por el Ministerio de Economía y Finanzas entre los comerciantes y los emisores de tarjetas, por el que se rebajan significativamente las comisiones sobre este tipo de operaciones, funda-

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mentalmente en el tema tarjetas de débito. Es compromiso del Poder Ejecutivo en este año 2012 profundizar con normativa legal todo lo referido a extender la inclusión financiera. Como ya dijimos, el uso generalizado de pagos electrónicos tiene otras ventajas: además de limitar el circulante por motivos de seguridad, asegura la formalización de las operaciones, y con ello contribuye a una competencia más sana y también a la formalización del trabajo. En tercer lugar, después de tratar las modificaciones del IVA y del IRPF y de mencionar la modificación del mínimo no imponible del IASS, el proyecto también incluía la eliminación del impuesto a los semovientes, con la correspondiente compensación a los Gobiernos Departamentales. El tema fue desglosado durante el tratamiento en Comisión. El Poder Ejecutivo, el 27 de diciembre, remitió al Parlamento otro proyecto que también se ha integrado a este y que en vez de derogar el impuesto lo mantiene con igual destino, es decir, los Gobiernos Departamentales, pero otorgando un crédito fiscal a los contribuyentes que lo abonen. Por supuesto que esta renuncia fiscal está a cargo de Rentas Generales. Creemos que esta solución, con igual renuncia fiscal que la original, elimina los cuestionamientos que se escucharon desde los Gobiernos Departamentales y de esta forma no se los afecta. También en este caso la propuesta será tomada en cuenta conjuntamente con el proyecto que vino redactado de la Comisión. A su vez, agregaremos un artículo sustitutivo al articulado desglosado del proyecto que estamos considerando. Un cuarto bloque de modificaciones del proyecto también incluye una serie de normas que constituyen ajustes técnicos en las liquidaciones de diferentes impuestos: IVA, IRPF, Impuesto a la Renta de No Residentes, IMESI, etcétera. Por el artículo 1º se propone flexibilizar temporalmente la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas aplicable a los rendimientos del capital mobiliario proveniente de rentas obtenidas en el exterior. En efecto, las personas físicas que pasen a radicarse en territorio nacional y adquieran por tal motivo

la residencia fiscal, sean de nacionalidad uruguaya o extranjera, podrán optar por tributar el Impuesto a la Renta a los No Residentes en lugar del IRPF por un período de cinco ejercicios fiscales completos, más el ejercicio en el que se produjo la radicación, exclusivamente con relación a las mencionadas rentas mobiliarias provenientes del exterior. La misma opción se otorga a las personas físicas extranjeras que adquirieron la residencia fiscal en territorio nacional a partir del 1º de julio de 2007. Los artículos 2º y 6º presentan una exoneración del IRPF y del Impuesto a la Renta de No residentes a los incrementos patrimoniales ocasionados por causa de expropiaciones de inmuebles, obviamente, para evitar el aumento de los montos por igual importe que lo recaudado a nivel fiscal. En el artículo 7º se establecen modificaciones a la liquidación del IVA, incluyendo a los aceites crudos para la elaboración de aceites comestibles, neutralizando una discriminación negativa para la industria nacional porque se veía en competencia con quienes podían importar los aceites comestibles, dado que la industria nacional tenía que pagar por la importación de la materia prima a una tasa superior. En esta serie de modificaciones se mantiene en forma permanente el crédito fiscal de 2% del IVA para el transporte terrestre de pasajeros. Esto ya estaba consagrado, pero con esta redacción queda más claro que se mantiene en forma permanente. En el artículo 8º se incluyen a los Gobiernos Departamentales entre los sujetos que pueden acceder a la exoneración del IVA de los bienes adquiridos en contratos de crédito de uso, “leasing”. En el proyecto original se hacía referencia solo a las Intendencias, pero en la Comisión se solicitó que esto se cambiara para dar la posibilidad de incluir a las Juntas Departamentales. Por eso se estableció la denominación genérica de “Gobiernos Departamentales”. En el artículo 10 se delimita el alcance de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de otorgar un subsidio a los fabricantes de bebidas de origen nacional que además utilicen para su comercialización envases retornables. Esta disposición viene a precisar la voluntad original del legislador de limitar el apoyo a los fabricantes nacionales que utilicen estos envases

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y evitar que pueda argumentarse que también podría alcanzar a envases retornables de industriales que realicen el envasado en el exterior. El quinto bloque que traía el proyecto, y que fue desglosado por la Comisión, consistía en un ajuste a la financiación del Banco de Previsión Social debido al importante incremento de la actividad registrada en los últimos años y, por consiguiente, tanto de la recaudación de IVA afectado al Banco como su propia recaudación por la mayor cantidad de puestos cotizantes y mayor eficiencia. Si bien este tema no afectaría el financiamiento real del Banco de Previsión Social, constitucionalmente consagrado, este asunto fue desglosado por la Comisión y podrá ser objeto de un estudio por separado y más profundo. Por todo lo expuesto, debemos destacar el reconocimiento al Poder Ejecutivo por la sensibilidad de recibir sugerencias de los parlamentarios para modificar y mejorar el proyecto original. También debemos destacar el trabajo de la Comisión en coordinar todos estos temas durante el receso parlamentario. Este trabajo en la Comisión involucra a todos los partidos presentes en ella y, por supuesto, también a los funcionarios, pues sin ellos hubiera sido imposible realizarlo. En síntesis, el proyecto y sus ampliaciones incluyen modificaciones importantes al nuevo sistema tributario, fundamentalmente, en dos de sus principales impuestos: el IVA y el IRPF. Además, faculta al Poder Ejecutivo a extender al IASS el sistema de ajuste mínimo no imponible de IRPF, crea un crédito fiscal para los contribuyentes de impuestos a los semovientes e introduce otras modificaciones menores en otros tributos, pero todas ellas encuadradas en el anunciado carácter dinámico del sistema implementado a partir de 2007, fundamentalmente, manteniendo los equilibrios internos e externos, así como sus objetivos de equidad, eficiencia, destino de la inversión, innovación y empleo. Señor Presidente: esto es todo lo que tenía para decir de este complejo trámite por la inclusión no solo del proyecto original, sino de otras tres nuevas iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Como hemos dicho, con la buena voluntad y el ánimo propositivo de los integrantes de la Comisión de buscar favorecer a los contribuyentes, la eficiencia

y la equidad del sistema tributario, hemos llegado a esta sesión en medio del receso, y estamos prontos para defender y aprobar estas normas que, reitero, en general han contado con la aprobación de todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, señor Presidente.

10.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos, relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Víctor Semproni, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Alpuy. Del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Zás. Del señor Representante Felipe Michelini, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a un seminario en la ciudad de Oxford, a desarrollarse en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y para asistir a las reuniones preparativas de la 7ª Asamblea Constitutiva de Parlamentarios a desarrollarse en la ciudad de Roma, República de Italia, por el período comprendido entre los días 14 y 27 de febrero de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Antonio Gallicchio. Del señor Representante Gustavo Cersósimo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco Zunino.

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De la señora Representante Alma Mallo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. Del señor Representante Mario Perrachón, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Mercedes Santalla. Del señor Representante Rodolfo Caram, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de febrero de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Silvia Elena Silveira. Del señor Representante Mario García, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Enrique Sención Corbo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la Ley N 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de hoy martes 14 de febrero de 2012, por motivos personales. Sin más, lo saluda atentamente, VÍCTOR SEMPRONI Representante por Canelones”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nelson Alpuy. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 14 de febrero, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, JORGE ORRICO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Jorge Zás. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 13 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, art. 1º, inciso C), solicito a usted se me conceda licencia por, los días 14 al 27 de febrero del presente año, a efectos de asistir a “Seminar Series- Hilary Term 2012” en la ciudad de Oxford (Inglaterra) y a las Reuniones de Preparativas de la “7ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios” a realizarse en la ciudad de Roma, Italia. Adjunto copia invitación. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, FELIPE MICHELINI Representante por Montevideo”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted, que no acepto por esta única vez la convocatoria a raíz de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini. Saluda atentamente, Javier Chá”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir a un Seminario en la ciudad de Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las reuniones preparativas de la 7ª Asamblea Constitutiva de Parlamentarios a realizarse en la ciudad de Roma, República de Italia. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 27 de febrero de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Javier Chá. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia para viajar al exterior, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir a un Seminario en la ciudad de Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las reuniones preparativas de la 7ª Asamblea Constitutiva de Parlamentarios a realizarse en la ciudad de Roma, República de Italia por el período comprendido entre los días 14 y 27 de febrero de 2012. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Javier Chá. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Antonio Gallicchio. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

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“Montevideo, 13 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración. Por medio de la presente, al amparo de lo previsto en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme licencia por razones personales, el día 14 de febrero del corriente año. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, GUSTAVO CERSÓSIMO Representante por San José”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de San José, Gustavo Cersósimo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de San José, Gustavo Cersósimo, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1010, del Lema Partido Colorado, señor Francisco Zunino. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 13 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva conce-

derme el uso de licencia por razones personales, por el día de mañana 14 de febrero del presente año en curso. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, ALMA MALLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de esta nota remito a usted el presente pedido de licencia por motivos personales, por el día de la fecha, a la vez que solicito se convoque a mi suplente respectiva, señora Mercedes Santalla. Sin otro particular, le saluda atentamente, MARIO PERRACHÓN Representante por Colonia”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señora Mercedes Santalla. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, acorde al Reglamento del Cuerpo que usted preside, solicito se me conceda uso de licencia por el día de la fecha, por motivos personales. Sin otro particular, lo saluda con la más alta consideración, RODOLFO CARAM Representante por Artigas”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de febrero de 2012.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram, por el día 14 de febrero de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 816, del Lema Partido Nacional, señora Silvia Elena Silveira. Sala de la Comisión, 14 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia desde el día 1º al 15 de marzo por motivos personales. Sin otro particular saludo a usted muy atentamente. MARIO GARCÍA Representante por Lavalleja”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Lavalleja, Mario García. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Mario García, por el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 5158, del Lema Partido Nacional, señor Enrique Sención. Sala de la Comisión, 14 de febrero de 2012. NELSON RODRÍGUEZ, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

podría llegar a ser total. Esto, para los beneficiarios de esas tarjetas, indudablemente tenía un impacto bien importante. El resto de las modificaciones tributarias que se establecen, si bien no tienen un impacto significativo, es claro que son las que están planteadas por el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, cuanto más rápido se dé su aprobación, los contribuyentes serán más beneficiados. Digo que el resto de las modificaciones no tiene mayor impacto porque es claro que una rebaja de dos puntos en el Impuesto al Valor Agregado, sujeta además al uso de tarjetas de crédito y de débito o a otros instrumentos similares, va a tener un impacto menor en la población en general. Inclusive, cuando hablamos de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado, debemos tener en cuenta que en el precio de venta ese 2% que se reduce de ese Impuesto, tiene un impacto de 1,5% o de 1,57%. Entonces, desde el punto de vista del consumidor final y de los contribuyentes este impacto será realmente muy acotado. En lo que tiene que ver con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, allí también se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el mínimo no imponible en una Base de Prestación y Contribución mensual, es decir, doce Bases de Prestación y Contribución anuales. Ya se ha señalado por parte del miembro informante cuál será el impacto que esto tendrá desde el punto de vista de las personas que serían alcanzadas por este incremento del mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, que se daría a futuro. A nuestro juicio, este Impuesto sigue siendo un instrumento importante en la recaudación del Estado, pero sigue teniendo aspectos injustos porque, en definitiva, no se tiene en cuenta la capacidad contributiva de los uruguayos a la hora de establecerlo. Por esa razón, no vamos a acompañar el artículo 3º de este proyecto que modifica el artículo 37 de la Ley de Reforma Tributaria aprobada por este Parlamento porque de alguna manera significaría convalidar una reforma tributaria que sigue teniendo aspectos de injusticia que no han sido corregidos a lo largo de estos años. Hay un dato más que creo que a esta altura deberíamos tomar como verdaderamente relevante. Me refiero a que en estos últimos meses la recaudación

11.- Sistema tributario. (Ajustes).
——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: cabe señalar que toda modificación al régimen tributario supone por parte del Poder Ejecutivo establecer claramente sus alcances. La iniciativa en materia de rebaja tributaria, y el monto a establecer, es privativo del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, desde un primer momento consideramos oportuno -en la medida en que de antemano estaban fijados los topes de esta rebaja tributaria- que este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se aprobara de forma tal de poner en marcha algunas de esas rebajas tributarias. Para nosotros la que tiene una significación importante es la del Impuesto al Valor Agregado, modificación que se establece desde el artículo 9° hasta el artículo 88, ya que prevé que cuando la contraprestación se refiera a las tarjetas de débito de Uruguay Social -tarjetas de débito para cobro de asignaciones familiares o para prestaciones similares-, la disposición va a tomar vigencia a partir del mes siguiente de la aprobación de esta iniciativa. Asimismo, a renglón seguido, en el inciso siguiente del artículo 88 que se modifica, se facultaba al Poder Ejecutivo a extender la reducción del impuesto a adquisiciones efectuadas con otros ingresos. Además, en esta modificación del artículo 88 se señalaba que la reducción del impuesto

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por impuestos a la renta personal ha superado a la de los impuestos a la renta económica, a la renta productiva, lo cual está marcando la significación que tiene la imposición de carácter personal, la imposición a la renta de las personas físicas dentro de la estructura tributaria uruguaya. El Poder Ejecutivo ha enviado la solicitud -que fue planteada en el ámbito de la Comisión- de elevar el mínimo no imponible para el IASS. Por lo tanto, en esta sesión estamos en condiciones de incorporar ese artículo que creo pone en igualdad de condiciones tanto a quienes pagan Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como a quienes pagan Impuesto a la Seguridad Social, a los jubilados y pensionistas que son, en realidad, el sujeto pasivo de este Impuesto. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Tourné) ——También se ha enviado una modificación del artículo originalmente incluido en este proyecto con relación a los semovientes. En ese sentido, en lugar de su derogación, lo que se plantea es otorgar un crédito fiscal por el importe de ese impuesto pagado a las Intendencias, por lo que entiendo que esos aspectos son relevantes a la hora de ser incluidos en este proyecto. (Murmullos) ——Reitero, señora Presidenta, que lo más importante de este proyecto de ley que tenemos a consideración es la modificación que se propone del artículo 88, y que figura en el artículo 9º, por el impacto directo que tendrá en los usuarios de tarjetas sociales y de asignaciones familiares, debido a que posibilitará una rebaja mayor del Impuesto al Valor Agregado. Este aspecto tiene un impacto verdaderamente significativo para esas familias. (Murmullos) ——Se ha señalado, y está referido en el informe… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Disculpe, señor legislador. Solicitamos un poquito de silencio al plenario para escuchar la exposición del señor Diputado Iván Posada. Por favor, si son tan amables de ocupar sus lugares, se lo vamos a agradecer.

Disculpe la interrupción; puede continuar, señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: parece que estamos en un clima festivo. Creo que es importante señalar que el Poder Ejecutivo -como bien se ha dicho- ha dado pasos importantes en el sentido de tratar de propiciar el uso de las tarjetas de débito y, eventualmente, también de las de crédito. Está claro que en ese sentido hay algunas dificultades y que se han dado algunos pasos importantes al respecto, como la reducción del arancel que cobran los emisores de tarjetas -tanto de débito como de crédito- a los comercios, donde existía una diferencia sustancial. Esas diferencias se han acortado, lo que representa una noticia importante pero, de todas maneras, subsisten y hacen que el instrumento, más allá de la ausencia de una cultura en los uruguayos del uso de las tarjetas de débito, no tenga la importancia que debería tener en todo el sistema de pagos de nuestra economía. (Murmullos) ——En esencia estos son los aspectos que queríamos referenciar en nuestra intervención y agradecemos el esfuerzo que ha hecho la señora Presidenta para tratar de que podamos expresarnos en un ámbito de funcionamiento bastante distorsionado en esta Cámara. (Murmullos.- Campana de orden) 12.- Integración de Comisiones. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Dese cuenta de la integración de Comisiones. (Se lee:) “El señor Representante Marcelo Bistolfi sustituirá a la señora Representante Graciela Matiauda como miembro en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. El señor Representante Fernando Amado sustituirá al señor Representante Marcelo Bistolfi como miembro en la Comisión de Legislación del Trabajo. El señor Representante Juan Manuel Garino sustituirá al señor Representante Fernando Amado como miembro en la Comisión de Asuntos Internacionales.

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La señora Representante Martha Montaner sustituirá al señor Representante Juan Manuel Garino como miembro en la Comisión de Educación y Cultura. La señora Representante Graciela Matiauda sustituirá a la señora Representante Martha Montaner como miembro en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente”.

rios destinados a vivienda única y permanente del contribuyente, las cuotas de promitentes compradores cuyo acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay, y las cuotas de Cooperativas de Vivienda, siempre y cuando cualquiera de ellas no superen determinado monto. Por otro lado, se da al Poder Ejecutivo la facultad de reducir en hasta dos puntos porcentuales la tasa del IVA a la adquisición de bienes o a la prestación de servicios que sean abonados por la vía de tarjetas de crédito, de débito o similares, y la reducción total o la anulación de la tasa del IVA a aquellos cuyas contraprestaciones se hagan efectivas a través de las tarjetas de débito de Uruguay Social, de pago de las asignaciones familiares u otras prestaciones similares que sean pagadas por el Estado. Por último, se introducen modificaciones al llamado Impuesto a los Semovientes, otorgando la posibilidad de dar un crédito fiscal a los contribuyentes de este tributo. Es público y notorio que no estamos de acuerdo con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, tal cual fue planteado por el Poder Ejecutivo del momento y aprobado por el Parlamento en el pasado. Habíamos asumido también el compromiso electoral de eliminarlo en forma progresiva por la vía, entre otras, de la ampliación del mínimo no imponible de este Impuesto. Entendíamos y entendemos que este impuesto es absolutamente negativo, que discrimina al trabajo respecto del capital, que grava a los asalariados, al salario de los trabajadores, que castiga a la clase media y a la clase media baja, que no fomenta el ahorro y que, por lo tanto, conspira contra la inversión y no es un instrumento adecuado para la redistribución del ingreso. Eso es lo que entendimos en el momento de la aprobación de este impuesto y lo seguimos sosteniendo al presente. Votaremos la ampliación del mínimo no imponible del IRPF porque constituye un alivio para el contribuyente, porque baja la carga tributaria de algunos uruguayos que perciben salarios menores -como lo dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Hacienda-, aunque estimamos que es absolutamente insuficiente. El mínimo no imponible de IRPF pasa de siete Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales,

13.- Sistema tributario. (Ajustes).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Antes de ceder la palabra a la señora Diputada Piñeyrúa, y con el fin de no interrumpir su intervención, quisiera decir algo. Estimados colegas: estamos tratando un tema importante, y seguramente todas las bancadas tienen algo que decir. Creo que sería muy bueno que nos escucháramos y que aquellos Diputados que tienen importantes temas políticos que debatir, lo hicieran fuera del recinto y no en los pasillos de la Sala. ¿Podrá ser, señores Diputados? (Campana de orden) ——Parece que ahora la Cámara se dispone a entrar en sesión y va a poder escuchar a la señora Diputada. Tiene la palabra la señora Diputada Piñeyrúa. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Gracias, señora Presidenta. Tanto el proyecto que aprobó oportunamente la Comisión de Hacienda como los artículos incluidos en la carpeta en el día de hoy, refieren a algunos ejes fundamentales. Voy a mencionar esos ejes fundamentales y no entraré en el detalle del resto del articulado ya que el miembro informante se ha referido a ellos y lo ha hecho con meridiana claridad. Por otra parte, señalaré las salvedades que tenemos con respecto a algunas de estas normas. En lo sustancial, en virtud de las normas que tenemos a consideración, se crea una nueva franja del IRPF que grava con una tasa del 30% los salarios que superen las 1.380 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Asimismo, se da la facultad del Poder Ejecutivo de ampliar el mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del IASS, vulgarmente llamado impuesto a los jubilados. También se autoriza a deducir del IRPF los montos pagados en el año por las cuotas de préstamos hipoteca-

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lo que significa $ 16.919, a ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, que asciende a $ 19.336. La ampliación que se da es de una BPC mensual, que en la actualidad es de $ 2.417. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido la actividad económica en el país, los resultados fiscales del año pasado -el déficit fiscal fue sensiblemente menor al proyectado para el año 2011-, el enorme incremento de la recaudación que se ha registrado en los últimos años -entre otras cosas, por una evolución dispar de la Base de Prestaciones y Contribuciones respecto del salario medio-, hizo que mucha gente que no tributaba Impuesto a la Renta de las Personas Físicas pasara a tributarlo, por lo menos inadvertidamente por este Parlamento y como consecuencia de esa evolución diferente. Se debe tener en cuenta que la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas se incrementó durante el año 2011 en 17%. Todo esto hubiera hecho viable un aumento mucho más importante del mínimo no imponible del IRPF si no fuera porque desde este Gobierno todo el aumento de la recaudación se ha gastado a través de las normas presupuestales y de las Rendiciones de Cuentas. Eso hace que hoy -por lo menos así lo creemos- no se esté dando un aumento mucho más sustantivo del mínimo no imponible del IRPF. Dichas condiciones económicas hubieran permitido además que la ampliación de este mínimo no imponible la hubiéramos establecido hoy a través de la ley y no dejándola a criterio del Poder Ejecutivo, no sabemos en base a qué cronograma. No hay un cronograma adjunto que nos permita saber a qué ritmo y en qué monto va a ir aumentando este mínimo no imponible. Repito, las condiciones económicas que acompañan a este Gobierno hubieran permitido que este aumento del mínimo no imponible se diera automáticamente de una vez y en el día de hoy. Obviamente, acompañaremos la norma que autoriza a deducir del IRPF los montos pagados en el año por las cuotas correspondientes a los préstamos hipotecarios destinados a vivienda, a las cuotas de las Cooperativas de Vivienda, a las cuotas de los promitentes compradores, cuyo acreedor original es el Banco Hipotecario del Uruguay. Consideramos que se ha avanzado muy poco en materia de deducciones. Esto fue algo que se dijo muy claramente cuando se aprobó el impuesto y cuando el año pasado aprobamos la posibilidad de deducir los alquileres de este

impuesto. Se ha avanzado muy poco, lo que hace que este supuesto Impuesto a la Renta continúe siendo fundamentalmente un impuesto a los ingresos y no a la renta, como lo establece su denominación. Me voy a referir ahora al IASS, vulgarmente llamado Impuesto a los Jubilados. Antes de empezar a comentar la norma proyectada, que trataremos en el día de hoy y que propone ampliar el mínimo no imponible de este impuesto, quiero hacer algunas consideraciones respecto a este impuesto en particular. El IASS fue creado en sustitución del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que gravaba las jubilaciones y pensiones y fue objeto de sentencias contradictorias por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hubo sentencias que declararon su inconstitucionalidad y, posteriormente, su constitucionalidad. Esto hizo que este impuesto se volviera inaplicable, porque no podía aplicarse a aquellas personas que habían obtenido una sentencia de inconstitucionalidad y aplicarlo a otras en la que había sido declarada su constitucionalidad. Dadas estas circunstancias, el Poder Ejecutivo en lugar de liberar a los jubilados y pensionistas de esta injusta carga tributaria, reincidió y envió una iniciativa al Parlamento, en la que se disimulan las inconstitucionalidades que originalmente había señalado la Suprema Corte de Justicia, en la certeza de que esta había modificado su integración y que ya no objetaría los tributos a las pasividades. Y así nace el IASS: viciado desde su inicio. Como si eso fuera poco, a diferencia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a los jubilados y pensionistas les está impedido hacer deducciones, a pesar de que efectivamente, aunque se diga que no, este es un impuesto a la renta. No pueden, como sí pueden hacerlo los contribuyentes del IRPF, deducir, por ejemplo, los alquileres, y tampoco se les aplicarán, porque el texto no lo prevé, las deducciones que ya mencionamos y que se introducirán en las normas que aprobaremos en el día de hoy y que están previstas solo para el IRPF. Además, como agravante, las tasas que gravan a las pensiones y jubilaciones saltan abruptamente del 10% al 20% y gravan con una tasa mayor de IRPF a una franja de jubilados. Continuaremos bregando -ese fue nuestro compromiso electoral- por derogar el impuesto que grava las jubilaciones y pensiones. No obstante ello, votaremos la ampliación del mínimo no imponible del

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IASS de ocho a nueve Bases de Prestaciones y Contribuciones; es decir, dicho mínimo pasará de $ 19.336 a $ 21.753. Al igual que nos referimos al mínimo no imponible del IRPF, señalamos que hubiera sido deseable que esta ampliación del mínimo no imponible al IASS fuera mayor, dada las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el país y que no fuera una mera facultad del Poder Ejecutivo para actuar a su criterio, y que en el día de hoy se concretara. Hay que tener en cuenta que la elevación de la recaudación por este concepto en el año 2011 ha sido del 10%, lo que hubiera permitido concretar en el día de hoy una ampliación mayor del mínimo no imponible y hacerlo lisa y llanamente sin necesidad de facultar al Poder Ejecutivo. Votaremos también el artículo que da al Poder Ejecutivo la facultad de derogar en dos puntos porcentuales la tasa del IVA a aquellas enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios que se paguen con tarjetas de crédito, débito o similares, beneficio otorgado a los consumidores finales. Hubiéramos preferido que el Frente Amplio hubiera cumplido con el compromiso electoral de reducir estos dos puntos de IVA con carácter general. Recuerdo que en una reunión que el señor Ministro de Economía y Finanzas mantuvo con la bancada del Partido Nacional, cuando se iniciaba este Gobierno, le preguntamos si esa reducción de los dos puntos de IVA sería efectuada en la tasa básica -lo que a nuestro juicio hubiera permitido focalizar la incidencia en los sectores más necesitados de la población-, o si se iba a aplicar a la tasa general del IVA. El señor Ministro contestó que se iba a aplicar a la tasa general del IVA y que la rebaja de los dos puntos porcentuales iba a ser con carácter general. No está planteado así en el proyecto de ley que tenemos a consideración. De una manera u otra, en ningún caso es muy significativa esta rebaja de los dos puntos. | Hay que pensar que una compra de $ 122, hecha la deducción, nos queda en $ 120. De todas maneras, hubiéramos preferido que esta rebaja alcanzara carácter general. Sin embargo, solo se otorga a aquellas operaciones cuyas contraprestaciones se hagan a través de tarjetas de crédito, de débito u otras similares. Se ha dicho que estas tarjetas pertenecen solamente a un selecto club de tenedores, y que la tenencia de estos instrumentos no se ha generalizado y

que entonces lo que el Gobierno pretende es incluir a los excluidos de este sistema. Nosotros no lo vemos así. Estamos convencidos de que con la aprobación de este artículo avanzamos hacia la bancarización, de la que mucho se habló en el pasado por parte de representantes del Gobierno. Mucho se hablaba de la bancarización, pero ahora parece que es una palabra prohibida, por lo menos así lo dejó ver claramente el señor Ministro de Economía y Finanzas cuando concurrió a la Comisión para explicar los alcances de este proyecto de ley. Parece que ahora lo que no sucedió en el pasado ocurre en el presente: la bancarización es una mala palabra y ha sido sustituida por una expresión más popular, que es la de inclusión financiera; incluir a los excluidos en este sistema. Sin embargo, esto es bancarización, porque detrás de los instrumentos financieros, de las tarjetas de débito, de las de crédito o de otras similares están los bancos, que se van a beneficiar claramente con la aprobación de esta norma. Se va a introducir al sistema bancario a mucha más gente. No sabemos a qué ritmo se va a dar la extensión de las tarjetas de crédito, de débito, etcétera, porque si bien el Poder Ejecutivo cree que se va a poder concretar en seis meses, esto fue relativizado por quienes expiden las tarjetas de crédito y por CAMBADU. De hecho, detrás de todo esto están los bancos, cuyo beneficios se van a ver incrementados. Por tanto, creo que lo correcto es hablar de bancarización. Porque si estuviéramos hablando de inclusión financiera, también tendríamos hoy que estar considerando aquí normas que protejan a los sectores que van a ser incorporados a este nuevo sistema. Así, por ejemplo, estaríamos hablando de normas que garantizaran que el costo o la pérdida de quienes expiden las tarjetas, cuando se opere la disminución de los aranceles, no serán trasladados a los precios, perjudicando a los consumidores. En definitiva, tendríamos que hablar de normas de esa naturaleza: que protejan los derechos de los nuevos consumidores, vía tarjeta de crédito, de débito u otras similares. Debo recordar que el propio Presidente de la República, desde México, en noviembre de 2011, alertaba de los riesgos que implica el uso de las tarjetas de crédito y de alentar el consumo, con el consiguiente endeudamiento. Esa es la razón por la cual este proyecto que estamos considerando en el día de hoy estuvo anclado durante meses en la Presidencia de la República.

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(Murmullos) ——Reconozco que la formalización es un buen argumento para alentar la extensión de estos instrumentos financieros -tarjetas de crédito, de débito u otras-, aunque no puede ignorarse que este cede frente a otros mucho más importantes y que la reducción del IVA solo se hace a la prestación de servicios y a las compras a través de estos medios porque es una ampliación más de las facultades del Estado y de la DGI para entrometerse en lo que hacen las personas. Es una ampliación más a sus facultades para saber lo que compramos, lo que vendemos y cuáles son nuestras actividades. Paso a paso, a través del tique electrónico, del teletique, de la información que deben prestar los colegios y los clubes deportivos, y con las normas de este proyecto que aprobaremos en el día de hoy, Uruguay se está convirtiendo en un Estado controlador bajo la justificación de razones impositivas. Y eso es algo que debemos tener bien claro cuando analicemos estas disposiciones. (Murmullos) ——También quiero decir que votaremos el artículo que faculta al Poder Ejecutivo a la reducción de la tasa… Señora Presidenta, ¿puede ampararme en el uso de la palabra, por favor? Ya estoy terminando. (Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Estimados colegas: esta es la segunda vez que solicitamos silencio, y de verdad que resulta muy difícil para el colega que está exponiendo sus ideas poder hacerlo con un murmullo permanente, y más difícil aun comprender lo que expone si estamos hablando y no escuchamos. Yo los exhorto a colaborar con el desarrollo de la sesión, y reitero que si tienen que considerar algún tema importante -algo muy probable entre nosotros- salgan a discutirlo en la antesala de la Cámara. Perdóneme otra vez, señora legisladora, le descontaré estos minutos del tiempo que le resta. Puede continuar la señora Diputada. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Gracias, señora Presidenta, ya estoy terminando. Decía que también votaremos el artículo que faculta al Poder Ejecutivo a la reducción de la tasa total del IVA cuando el pago se haga con tarjetas de débito Uru-

guay Social, de pago de Asignaciones Familiares o para prestaciones similares financiadas por el Estado. Nos parece de toda lógica que los beneficiarios de los planes sociales financiados por el Estado no paguen IVA. Sin embargo, reconocemos que habría sido mucho mejor que esta fuese una norma a ser aprobada en el día de hoy y no una facultad del Poder Ejecutivo para operar en el futuro, no sabemos en base a qué cronograma. También debo señalar que en este caso estamos asistiendo a otro capítulo de la bancarización, de la que hoy no se quiere hablar. Así se anunciaba en la página web del MIDES el 11 de agosto del año 2011, bajo el título: “El Ministerio de Economía y Finanzas resigna US$ 34:000.000 para bancarizar y quitar el IVA a los pobres”. En este caso, la experiencia reciente aconseja que tengamos presente que debemos hacer modificaciones en los sistemas de control y de evaluación de estos planes sociales; ser mucho más rigurosos en el control de estos planes para que no se den desvíos incomprensibles, como aquellos de los que tomamos conocimiento en los últimos tiempos a través de la prensa. Hace pocos días, la opinión pública se enteraba de que no se controlaba la asistencia escolar que está prevista como contrapartida de las Asignaciones Familiares, y que con la llamada Tarjeta Alimentaria se compraban, en su gran mayoría, alimentos catalogados como comida chatarra, productos no aconsejados o prohibidos. Con el fin de que estos planes sean eficaces y generen el impacto que todos deseamos, creo que hay que profundizar en las normas de contralor, en su evaluación y monitoreo. Por último, quiero decir que apoyaremos el artículo que prevé modificaciones al Impuesto a la Venta de Semovientes, norma producto de un acuerdo aprobado por el Congreso de Intendentes y por los señores Intendentes en particular. SEÑOR TROBO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA PIÑEYRÚA.- Sí, señor Diputado, con mucho gusto. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: nosotros vamos a ser muy francos y claros respecto a la calificación del proyecto que tiene a estudio la Cámara en el día de hoy.

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Este proyecto viene matizado por una serie de títulos de los que habitualmente usa el Gobierno, procurando dar crédito a una sensibilidad que no tiene ni en los tributos ni en el gasto que dice tener. Aquí hay un notorio avance de los gravámenes, en particular del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, porque lo que hay que leer en este proyecto no es lo que este dice, sino lo que ha ocurrido en realidad en los últimos tiempos. Y como bien lo decía la señora Diputada Piñeyrúa, aunque no se haya modificado la tasa, el IRPF ha aumentado, en el número de las personas que son gravadas y en los volúmenes de recaudación. Hablamos de volúmenes que a esta altura son escandalosos respecto de los que al principio de la Administración pasada se señalaban como objetivo y propósito de la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Los datos de 2011 contra los del año 2010 señalan que ha habido un aumento del 20% en la recaudación del IRPF. Y en el Impuesto a la Renta, la mayor recaudación que ha existido ha sido en un 80% vinculada a la del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, en su Categoría II, relativa precisamente a los impuestos al trabajo. En Uruguay cada día se grava más el trabajo. Pero no solamente esto es así con el trabajo, sino que también lo es con la jubilación, porque durante 2011 ha habido un aumento en la recaudación del denominado IASS, que no es otra cosa que el impuesto a los jubilados. O sea: a los trabajadores y a los jubilados se les ha gravado más en el año 2011, y a los trabajadores y a los jubilados cada vez se les retiene mayor volumen de su ingreso. Es un impuesto a los sueldos y es un impuesto a las jubilaciones. Porque además tiene la injusticia de ser un impuesto que no está relacionado con el gasto de las familias, y las familias más numerosas, que atienden con más preocupación los gastos de sus hijos, son las que en definitiva pagan más impuestos porque las desgravaciones para ese tipo de consumos o de servicios no existen. Por eso, señora Presidenta, yo me aparto del discurso oficial que dice que este es un gran proyecto en el que se coincide porque hay un avance en materia de justicia tributaria. Por el contario: a nuestro juicio, en lo que respecta a los aumentos de las tasas y a que no se sigue un esquema de desgravación que permita eliminar definitivamente el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, es un impuesto regresivo, un impuesto al trabajo y un impuesto a las jubilaciones.

Además, este es un proyecto que debajo del título de la inclusión financiera -como bien se decía- esconde un impuesto que supone un gran beneficio para el sector financiero: incluir la mayor cantidad posible de gente dentro de los registros electrónicos de ingresos y de pagos. Y esto no va a tener otra salida o solución que no sea la de incluir definitivamente dentro de la información registral que lleva la Dirección General Impositiva, la totalidad de los gastos de los uruguayos. Y no lo digo solamente respecto de los mecanismos ilusorios de rebaja del IVA, porque se rebaja el Impuesto al Valor Agregado a quienes gastan de determinada manera, pero no de la forma que se prometió en la campaña electoral, es decir, para todos los consumidores, gasten como gasten. Los que gastan mediante plástico, que tienen que pagar por ello, tienen el beneficio de una rebaja del IVA, mientras quienes no gastan por ese sistema no tienen el beneficio de esa rebaja. A esto agregamos que el aumento de la presión del Estado, como un gran hermano que sigue el derrotero de cada uno de los ciudadanos y de las empresas, también incluye hoy otro mecanismo, que es el que se ha encontrado… (Suena el timbre indicador de tiempo) ——…para la denominada sustitución de los impuestos -término, señora Presidenta- que gravan a los más de cincuenta mil productores agropecuarios que, sin duda alguna, a partir de la aplicación de esta ley, van a ingresar en un régimen de control de sus ventas que los va a llevar a la puerta del impuesto a las rentas que hoy día no pagan esos productores. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede continuar la señora Diputada Piñeyrúa. SEÑORA PIÑEYRÚA.- He finalizado, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Asti, para una aclaración. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: nos habíamos anotado para hacer algunas aclaraciones sobre las expresiones vertidas en la exposición anterior, pero teniendo en cuenta que se está cambiando el eje de la discusión pretendemos volver a centrarla.

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En primer lugar, ¿por qué el proyecto se presenta con estas características? No se parte de la base de cuál es la condición fiscal en que hoy se encuentra el país, porque ella será motivo de análisis exhaustivo por parte de esta Cámara cuando aprobemos la Rendición de Cuentas del año 2011 y propongamos los cambios para 2012. Este proyecto se enmarca en los anuncios anteriores de modificaciones del IVA y el ajuste de los mínimos no imponibles del IASS y del IRPF teniendo en cuenta los aumentos reales que han tenido, a través del Índice Medio de Salarios, tanto los sueldos como las pasividades que se ajustan por ese mismo índice. O sea que precisamente para evitar que se incluyan más contribuyentes que los que estaban previstos por el aumento, a través de varias políticas públicas activas, de la negociación salarial y de todo lo que hoy podemos recordar que ha cambiado la negociación colectiva, es que venimos a ajustar ese mínimo no imponible de esta forma. También quisiera hacer una precisión sobre el tema de la deducción por arrendamientos. Se trata de un crédito fiscal. El Poder Ejecutivo emitió en diciembre de 2011 el proyecto que toma lo que ya decía el Presupuesto Nacional, y como es para la liquidación final del año 2011 está perfectamente a tiempo: falta la reglamentación de la DGI para la presentación de las declaraciones juradas de cierre anual que se realizan en los primeros meses del año 2012. Con respecto al IASS -con seguridad lo vamos a discutir nuevamente- aclaramos que en los fallos de la Suprema Corte de Justicia lo que se determinó fue que no podía ser un impuesto a la renta, sino a los ingresos. De allí que el Poder Ejecutivo haya instrumentado un impuesto distinto al IRPF y, por lo tanto, un impuesto distinto del Impuesto a la Renta, un impuesto que grava los ingresos de los pasivos como se hizo siempre: en la dictadura, en el primer Gobierno de Sanguinetti, en particular en el Gobierno de Lacalle, después en el segundo Gobierno de Sanguinetti y también en el Gobierno de Batlle. Siempre se gravaron los ingresos de los pasivos. Con relación al tema de la bancarización dijimos que no es que nos asuste esta palabra. Lo que sucede es que la inclusión financiera es mucho más y el propio proyecto demuestra una cosa: no estamos hablando de los bancos cuando decimos que se va a deducir el IVA del 2% de las compras de las cuentas de socios de las cooperativas. No estamos hablando

de bancos. Estamos hablando de instrumentos electrónicos, así como también en el caso del pago por celulares. Con referencia a la extensión, me gustaría que algunos de ustedes -no sé si ya lo han hecho- vieran la cola que hay frente a los tablados de carnaval pagando la entrada con tarjeta de débito del Banco de la República, que tiene un descuento del 50%. No es muy elitista el tema del uso de la tarjeta de débito. En cuanto a las tarjetas del MIDES, hoy justamente escuchaba un reportaje al Ministro de Desarrollo Social en el que decía que se han hecho veinte mil visitas para corregir errores que se han presentado en el otorgamiento de estas tarjetas o por la modificación de la situación de las familias que la obtuvieron originalmente. Por último, podemos rediscutir el tema de la imposición directa e indirecta todas las veces que sea necesario. Nosotros ya hemos fijado posición y vamos a seguir por el camino de bajar la imposición indirecta por considerarla muy inequitativa, y seguiremos insistiendo en perfeccionar la equidad interna de los pocos que pagan los impuestos directos, tanto el IRPF como el IASS, incluyendo las mejoras que correspondan internamente a ese proyecto, pero sin olvidarnos de que la gran mayoría de la población no los paga. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: yo diría que el legislador preopinante ha incurrido en una actitud que aparentemente le resulta incontenible porque ya la practicó en la Comisión de Hacienda, en cuanto a referirse a la historia, supuestamente fidedigna -aunque no es así como se la termina de transmitir- del entonces Impuesto a las Retribuciones Personales. Creo que eso tiene que ver con una actitud aparentemente también incontenible de compararlo con el IASS, y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. A la vez -creo que eso es parte de la estratagema que se utiliza-, se intenta separar o distinguir entre el IASS y el IRPF que el Gobierno anterior aplicó a las jubilaciones y pensiones: ese sí no se puede escindir de ninguna manera, porque es el mismo impuesto

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con otro ropaje. En función de la situación jurídica que se produjo a partir de sentencias contradictorias de la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno, en lugar de asumir que el Impuesto a la Renta estaba afectado en su legitimidad porque la propia Corte había entendido que violaba la Constitución, lo que resolvió fue seguir el camino elusivo de aprobar un nuevo impuesto, que era el mismo con otro nombre, porque también es un impuesto progresivo ya que tampoco se pueden hacer deducciones de él. Esa es la realidad. Sin embargo, sostener que en el Gobierno del Partido Nacional se creó un impuesto a las retribuciones personales, como se dijo en la Comisión de Hacienda, es una falacia. El IRP viene de la dictadura militar. En el Gobierno del doctor Lacalle, producto de la situación fiscal y del 130% del índice inflacionario que debimos enfrentar ese año, hubo un ajuste fiscal -lo hubo-, pero antes de que terminara el año, 1990 -eso es bueno que se diga-, se dispuso en la Ley de Presupuesto que volviéramos a las tasas originales del 1% y del 2%. Entonces, pretender comparar un impuesto con una escala de dos franjas y de tasas de 1% y 2% con otro como este, que tiene tasas que van del 10% al 25% y que además salta del 10% al 20% sin que haya una franja intermedia, es comparar cosas que no tienen nada que ver. Y esto no es por defender aquello; esto es por defender la verdad histórica, porque los excesos de simplificación me parece que distorsionan. Al mismo tiempo, pretender separar o distinguir lo que es absolutamente idéntico, como los impuestos o la política de afectación de las pasividades de este Gobierno y del anterior, me parece que también tiene vida corta o por lo menos muy poco sustento porque es el mismo perro con distinto collar. Asumámoslo: ahora hay un alivio con relación al IASS, es verdad, absolutamente insuficiente porque, entre otras cosas -lo dice la Dirección General Impositiva y lo demostraremos después-, la presión tributaria que soportan los jubilados en este momento es mayor a la que soportan los trabajadores. Eso se comprueba muy fácilmente viendo o analizando los porcentajes según tramos de ingreso. Tengo un documento de la Dirección General Impositiva que lo demuestra y que después lo voy a exhibir; pero eso también es parte de esta discusión. Por lo tanto, asumamos que en definitiva acá hubo un mazazo sobre los pasivos en el Uruguay que data de la reforma del sistema tributario de 2007 y que se conjuga con otras cosas porque por supuesto

que involucra a los pasivos que no pagan Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Sucede que no lo pagan porque, en su enorme mayoría, ganan jubilaciones que están por debajo de los $ 7.000, y eso surge de las estadísticas del Banco de Previsión Social. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: cuando afirmamos que este es un impuesto distinto al IRPF, nos basamos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el IASS. Sabemos que aquella se desestima por cuatro a uno, partiendo de la base de que con la nueva formulación del impuesto se evitaban las contradicciones de uno de los fallos contradictorios de la Corte. Precisamente, se basa en que esto no es un impuesto a la renta -a diferencia del que se había votado en 2007- porque solo incluye el tema de los ingresos y no integra -como el IRPF- otro tipo de deducciones a la renta, buscando una mayor justicia tributaria. Este es un impuesto nuevo, diferente; ya lo discutimos en su momento y lo vamos a volver a discutir. Nosotros nos basamos en lo que redactó la Suprema Corte de Justicia y podemos mencionar lo que dijeron muchos juristas en cuanto a que no es un impuesto a la renta y que el Estado tiene la facultad de crear impuestos sobre los ingresos, como se hizo en todos los períodos anteriores a la reforma tributaria. Como seguramente recogió la versión taquigráfica, en particular dije que lo creó la dictadura, lo mantuvo el doctor Sanguinetti y lo incrementó el Gobierno del doctor Lacalle. Debemos precisar que en 1990 se aumentó la tasa del 1% al 3,5%, del 2% al 5,5% y se creó una nueva franja de 7,5%. Eso quiere decir que durante todo su período, todos los trabajadores y pasivos pagábamos el Impuesto a las Retribuciones Personales a tasas efectivas. ¡No me comparen una tasa efectiva como la del IRP con una marginal y progresional -por lo tanto, no efectiva- como la del IASS! Es cierto, sobre el final del período se bajaron las tasas que aplicó el doctor Lacalle, quedando en el 1%, 3% y 6%. Por lo tanto, al final del período del doctor Lacalle, todos los trabajadores y todos los pasivos

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pagaban ese impuesto. Por supuesto que eso también se mantuvo en los dos gobiernos siguientes. En definitiva, no debemos manejar las tasas del IRP -que eran efectivas porque se aplicaban sobre todo el salario- con respecto a las tasas progresionales, con un mínimo no imponible sobre el cual no se aplican y que, por lo tanto, bajan sensiblemente la tasa efectiva de imposición. Gracias, señora Presidenta. 14.- Licencias. Integración de la Cámara. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Dése cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 1º de marzo de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Olmos”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 1º de marzo. Sin otro particular, saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO Representante por Maldonado”.

“Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Martín Laventure”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Homero Bonilla”. Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Jesús Bentancur”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, José Hualde”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Solana Cabrera de Abásolo”.

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“Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Ángel Ramos”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Ana Medina”. “Montevideo, 14 de febrero de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Luis Lacalle Pou Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Carlos de León”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de marzo de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, José Bentancur, José Hualde, Solana Cabrera de Abásolo, Àngel Ramos, Ana Medina y Carlos De León. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes,

RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez, por el día 1º de marzo de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, José Bentancur, José Hualde, Solana Cabrera de Abásolo, Ángel Ramos, Ana Medina y Carlos De León. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 21, del Lema Partido Nacional, señor Óscar Olmos. Sala de la Comisión, 14 de febrero de 2012. PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. 15.- Sistema tributario. (Ajustes). ——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: damos la bienvenida a este proyecto de ley por dos motivos. Primero, porque creemos que las promesas de campaña hay que cumplirlas -esta es una promesa que hizo el señor Presidente de la República en su campaña- y, después, porque más vale tarde que nunca. En definitiva, nosotros estamos a favor de todo lo que sea rebaja de impuestos, especialmente, cuando beneficia a aquellos conciudadanos con más necesidades. Evidentemente, esto implica -ya lo han hablado otros colegas- más controles, pero ese es otro tema para discutir de manera más amplia. Lo importante es que, después de casi dos años de promesas, se cumple con la rebaja del IVA, con el IRPF y el IASS y se agregan otras cosas, como el tema que afecta al 1% de los semovientes. Como integrantes del Partido Colorado, queremos decir que nos congratulamos por esta rebaja y hubiésemos deseado que no fuera tan burocrática. Si bien entendemos que la bancarización es necesaria para un más efectivo control, hubiéramos deseado que después de casi dos años de habernos prometido la rebaja del IVA, todo fuera con menos trámites burocráticos para que la gente pudiese beneficiarse directamente y no a través de un control que, de alguna manera, va a ser un poco más difícil. Para eso, quiero

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recordar en esta Sala la reunión del 9 de setiembre de 2010 de la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuestos, cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas Lorenzo decía: “Obsérvese que en estos últimos años hemos asistido a un proceso singularmente importante de mejora en los indicadores de evasión, tanto en el principal impuesto del país, que es el IVA […]”. En la página 11, expresaba: “Nosotros pretendemos aplicar las nuevas ganancias por eficiencia en materia de recaudación a aspectos que están contenidos en el plan de gobierno y que van a ser desarrollados en los próximos tiempos, que son los compromisos de bajar dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado y mejorar las deducciones del IRPF”. En la página 31, el señor Ministro manifestaba: “Respecto de la reducción de la evasión, no estamos presentando objetivos de continuación en tal sentido, y solo se hace referencia a dos componentes de la evasión: en el IVA y en las contribuciones a la seguridad social. Estamos convencidos de que todavía hay margen para reducir los niveles de evasión del IVA, a pesar de que la experiencia internacional de los países que tienen mejores administraciones tributarias sitúan la evasión de un impuesto de estas características en niveles algo inferiores al 10%. Si tenemos en cuenta que estamos en un nivel de evasión del 16%,” -para el Uruguay- “hay un margen”. En la página 39 figura que el Ministro decía: “[…] Sobre las políticas tributarias, en primer lugar, quiero ser preciso. Nosotros dijimos que durante el año 2011 se iban a hacer las adecuaciones del IVA. Está anunciado y lo ratifico aquí”. Estas son palabras del Ministro de Economía y Finanzas, quien continuó expresando: “Lo dijimos en varias oportunidades; no recuerdo si lo hicimos aquí en esta Comisión de Hacienda pero, si no fue así, lo hicimos en el Senado en alguna oportunidad. Durante el año 2011 se va a realizar la adecuación del IVA. ¿Cuánto representa cada punto porcentual de IVA para ser compensado por reducciones de evasión, que en definitiva es la cifra que interesa? Cada punto de IVA reducido implica ser compensado con algo más de tres puntos de evasión, tal cual está medido ahí. […]”. Reitero que estas eran las palabras del señor Ministro en la Comisión de Hacienda, pronunciadas el 9 de setiembre de 2010. Repito que nos resulta bienvenida esta medida; estamos totalmente de acuerdo con la rebaja del IVA,

sobre todo por aquellas personas que tienen más dificultades porque, aunque sea una medida facultativa, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de exonerarles hasta el 100% del IVA en el consumo. Con relación al IRPF, si bien el Partido Colorado es contrario a este Impuesto, siempre he sostenido que este no me molesta; lo que me molesta son las franjas demasiado bajas. Creo que la recaudación del país, que se exhibe en la página de la DGI, demuestra claramente que hay voracidad fiscal en cuanto a los sueldos. Por ejemplo, en 2010 la recaudación total neta de impuestos alcanzó los $ 12.185:000.000; esto representa $ 1.028:000.000 más que en 2009. Estamos hablando del 9,2% de crecimiento entre 2009 y 2010 en materia de recaudación, a precios corrientes; a precios constantes, el aumento es de solo el 3%. El IRPF Categoría II pasó de $ 1.414:000.000, a valores corrientes, a $ 1.854:000.000. O sea que estamos hablando de más de $ 400:000.000 de aumento en el IRPF Categoría II. En 2009, el IASS tuvo una recaudación de $ 130:000.000, a precios corrientes, que alcanzó los $ 158:000.000 en 2010. Esta cifra es bastante significativa; En 2010, el IASS representó el 1,3% de la recaudación de impuestos del país. De acuerdo con los datos de la página de la DGI, en octubre de 2011 la recaudación total neta, excluida la devolución de impuestos, alcanzó los $ 13.891:000.000. Esto representa $ 2.253:000.000 más que en el mismo mes del año anterior, o sea, un 19,4% más, a precios corrientes y, si le sacamos la inflación, en octubre de 2011 llegamos al 10,7% de crecimiento en el total de los impuestos del país. En cuanto a los aumentos de impuestos, advertimos que se registraron en casi durante 2011; crecieron el IVA, el IMESI y el IRPF. El que más aumentó fue este último, que se incrementó casi 15%, a valores constantes. Entonces, si bien es importante el aumento de una BPC en la base mínima, creemos que el Gobierno tenía paño, tenía rollo para cortar y podía aumentar un poquito más. Por eso reitero que es bienvenida la rebaja, pero seguimos sosteniendo que es insuficiente. En lo relativo al IASS, la propuesta que siempre hemos hecho es llevarlo a un mínimo de $ 30.000

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-hablamos del entorno de las 14 BPC-, para que la mayor parte de los jubilados de este país pueda vivir dignamente su retiro. Creo que al Gobierno esto no le costaría mucho; hablamos de alrededor de $ 160:000.000 del total de la recaudación. No tengo las cifras acerca de cuánto representaría esto, pero no creo que sea mucho dinero para el Gobierno y nos permitiría ofrecer mejores condiciones de vida para un importante porcentaje de la población de este país. Si tenemos en cuenta que el Gobierno dice que está preocupado por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, esta puede ser una gran medida en ese sentido, porque beneficia a quienes ya no pueden trabajar más y no tienen otros recursos para manejarse que no sean los de sus pasividades. Pensamos que este es el camino que hay que seguir. Repito que estamos de acuerdo con esta medida, pero no vamos a votar el artículo 3º, puesto que implica la creación de una nueva franja y nosotros no lo compartimos. Creemos que se debe seguir intentando aumentar los mínimos imponibles y recién luego se podrían considerar franjas mayores. De todas maneras, creemos que este es un buen proyecto y, como ya hemos dicho en esta Sala, pensamos que todos los Diputados del país deberíamos seguir el camino de la aprobación de los proyectos por mayoría, a efectos de que contaran con el mayor consenso posible. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SANDER.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: simplemente, pretendo ratificar todo cuanto ha sido señalado por nuestro compañero de bancada, el Diputado Sander, representante por el departamento de Rivera, quien ha sostenido la posición de la bancada en cuanto a los méritos del proyecto que se está discutiendo sobre puntos como la rebaja del IVA. Digo esto sin ingresar a la raigal discrepancia con respecto al IRPF, que el Partido ha sostenido desde los tiempos de Batlle y Ordóñez, porque ante la realidad de la existencia de este impuesto vale la crítica que el Diputado Sander subraya respecto a las nuevas franjas. Nuestra participación -fruto de alguna conversación que tuvimos con quien nos representa en la Co-

misión- apunta a lo que eufemísticamente se ha denominado la “inclusión financiera”, que no es otra cosa que la bancarización. Se trata de un instrumento que otorga garantías a los trabajadores y cuando se habla de equidad también hay que mencionar la posibilidad de garantizar todos los derechos de los trabajadores, por cuyo cumplimiento y alcance debe velar el Estado. En este sentido, la bancarización es una medida de corte instrumental francamente positiva; lo digo en los términos que considero que debe hacerse. El reconocimiento de que en determinada circunstancia la información debe quedar en manos del sistema financiero y ser manejada por este no modifica en absoluto la situación imperante al día de hoy. Quiero decir que los bancos tienen la información; disponen de ella tanto el sistema financiero público como el privado. Entonces, salvo que estemos hablando de un régimen de banca estatizada, los bancos contarán con la información. Este es un dato de la realidad, y debemos aceptarlo. Si se trata de un instrumento del que se hace el Gobierno para garantizar derechos de los trabajadores -insisto que debería velarse por su alcance universal-, bienvenido sea. El Partido Colorado va a acompañar este proyecto, salvo el artículo 3º y, en ese sentido, queremos señalar que todos los trabajadores -tanto públicos como privados-, los jubilados, los pensionistas y los beneficiarios de los planes y programas de ayuda social del Estado deben recibir sus retribuciones en una cuenta de caja de ahorros, repito, por derecho, y tendría que ser un instrumento a universalizar. El Estado y el Gobierno tienen que apuntar a que en algún momento todos los ciudadanos tengan una caja de ahorro gratuita en el sistema financiero, quienes podrán acceder, si lo desean, a los distintos beneficios que el sistema financiero y los bancos les ofrezcan; eso formará parte de una decisión particular, que deberá adoptarse en el marco de una ley que involucre a todos los sectores. Creemos en la bancarización. Estamos de acuerdo con que la información esté en manos de los bancos y del Estado y en que debe universalizarse el pago de retribuciones en cajas de ahorros gratuitas otorgadas por el sistema financiero. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede continuar el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- He culminado, señora Presidenta.

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SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: el informe de nuestro compañero Asti nos alivia la carga de introducirnos en el detalle del articulado, en la medida en que ha sido muy claro. No obstante, queremos hacer algunas valoraciones políticas. En el trabajo de la Comisión de Hacienda, que integran los cuatro partidos con representación parlamentaria, tuvimos un intercambio muy rico y es evidente que logramos un consenso importante al aprobar este proyecto. A tal punto es así que, en el marco del trabajo de la Comisión, todos sus integrantes nos propusimos aprobar el proyecto antes de que culminara el año, a efectos de dar una señal política fuerte del consenso que existe para aprobarlo. Es más, en febrero, luego de que se aprobara en Comisión, comenzamos a recibir invitados. Fue así que vinieron desde representantes de las emisoras de tarjetas de crédito hasta CAMBADU, organizaciones de jubilados, CUDECOOP, las cooperativas de consumo, etcétera. No es normal que en una Comisión primero se apruebe un proyecto y luego se reciba a las delegaciones. Esto evidencia que desde el principio y rápidamente -a partir del primer intercambio que tuvimos y las modificaciones que se fueron introduciendo al proyecto, que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo- logramos un acuerdo. Es más, la iniciativa de aprobar el proyecto en Comisión antes de culminar el año no surgió de la bancada del Gobierno sino de integrantes de la oposición. Esto de alguna manera pauta claramente los consensos y acuerdos que se alcanzaron sobre este proyecto, independientemente de los muy respetables matices que se están señalando, que surgen de distintas concepciones del sistema tributario. Es obvio que esto sea así, y ese debate ya lo dimos antes, cuando se aplicaba otro sistema tributario en los Gobiernos del Partido Nacional y Partido Colorado y, naturalmente, en 2007, cuando se aprobó la reforma tributaria del Gobierno frenteamplista. Existen diferentes concepciones y es lógico que se evidencien en el debate. Sin embargo, no surgieron dos opiniones y se ha dicho que se trata de un proyecto bueno, aceleraremos su aprobación y, en definitiva, hoy se aprobará en general por unanimidad y con algún matiz en un artículo, como ya se señaló.

En segundo lugar, no es normal en la historia parlamentaria, sobre todo en las últimas décadas, que el Parlamento discuta rebajas tributarias. Diría que es bastante inédito, y es muy positivo y parte del acuerdo que hemos alcanzado. El hecho de que se discuta en el Parlamento un proyecto que ajusta el sistema tributario, quitando presión a los distintos sectores que aportan para que el Estado pueda llevar adelante un Presupuesto, reforzando, precisamente, áreas fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, la vivienda y los planes sociales, obviamente es algo a destacar. Estamos discutiendo un proyecto que mejora el sistema tributario, ya que rebaja el aporte de la inmensa mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de este país. Quiero destacar este aspecto, porque no es normal que el Parlamento discuta cuestiones de esta naturaleza. A partir de estas dos consideraciones generales, quiero desarrollar algunas cuestiones políticas sobre los puntos medulares de este proyecto. Esta iniciativa -que surge del Poder Ejecutivo, aunque la bancada de Gobierno en primera instancia se reunió para perfeccionarla, como corresponde, y luego, a partir del debate con la oposición, también incluimos algunas modificaciones que nos parecieron de recibo- se enmarca en una política tributaria que nace en nuestro país en 2007, cuando se aprobó el nuevo sistema tributario. En la plataforma de Gobierno para 2005 y 2010, el Frente Amplio asumió compromisos con la ciudadanía que de alguna manera entendemos que venimos respetando al aprobar este tipo de proyectos. Digo esto porque, de acuerdo con nuestra concepción, el sistema tributario es más justo. Siempre afirmamos que los impuestos indirectos como el IVA, que sigue siendo la base fundamental de la recaudación del Estado, son intrínsecamente injustos en la medida que los pagan por igual tanto los ciudadanos que tienen ingresos altos como bajos. En este caso, no se discrimina la condición social ni los ingresos de los grupos familiares, porque todos pagamos por el consumo la misma carga impositiva. El IVA es un impuesto injusto, pero sigue siendo la base sustantiva de la recaudación del Fisco. Por eso, para ir cambiando esta injusticia, desde 2007 nos propusimos tomar algunas medidas que abatan este impuesto. Obviamente, esto tiene que ser en forma gradual, porque no podemos sustituirlo totalmente en la medida en que sigue siendo la base sustantiva de la recaudación del Estado.

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Creo que hasta ahora no se ha mencionado, pero recuerdo que ya en 2007 una de las primeras medidas que se aprobó con el nuevo sistema tributario, además de la creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, fue la reducción de estos impuestos indirectos. Por ejemplo, el 3% por concepto de COFIS se eliminó. También se eliminaron cuatro puntos de la tasa mínima del IVA que se paga por aquellos productos de primera necesidad. En el año 2007 la tasa era de un 14%, y la bajamos al 10%. Precisamente, estos productos integran ese IVA mínimo especial, por cuanto son de consumo masivo e inexorablemente todas las capas sociales deben tener acceso a ellos porque son el sustento elemental, sobre todo en materia alimentaria. En aquel momento se redujeron cuatro puntos de la tasa mínima y un punto de la tasa básica del IVA. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendimos en aquella oportunidad? Ese esfuerzo fiscal, que tenía como objetivo principal redundar en un beneficio, en un alivio para los bolsillos de la mayoría de la población, no tuvo el efecto deseado cuando incursionamos por ese camino, cuando abatimos o eliminamos esos impuestos. ¿Por qué? Porque en la medida en que la reducción de los impuestos se hizo sobre los artículos concretamente, la totalidad de esa rebaja no llegó al consumidor final sino que una gran parte quedó en la cadena de intermediación, sin llegar al objeto de nuestra preocupación, a quienes queríamos beneficiar, que era el conjunto de la población. Aprendimos de esa experiencia. Por ello, tuvimos que analizar cuál era la mejor manera de que el abatimiento de estos impuestos indirectos llegara a quienes nos interesaba que llegara, que eran los consumidores finales, la población. Particularmente, queríamos abatir aun más este tipo de impuestos para aquellos sectores de bajos ingresos, y por ello se aplica prácticamente en la totalidad de los artículos de consumo que son de sustento para todas las familias. Para ser más claro, me refiero a los productos que compramos en un almacén o en un supermercado para la alimentación, la limpieza y demás. No hay mucho para inventar. No queríamos que este esfuerzo fiscal quedara en la cadena de intermediación, y la única manera de lograrlo era personalizando la rebaja de estos impuestos, devolviendo el impuesto directamente al ciudadano y la ciudadana que consumen. Para ello, complementariamente con la necesidad de seguir avanzando en la formalización de la economía -en este aspecto no tenemos dos opi-

niones dentro de esta Cámara-, se entendió adecuado incursionar, precisamente, en una de las áreas en las que este Gobierno ha reiterado que tiene interés en avanzar: en la inclusión financiera -así se denomina- o bancarización. En lo que a mí respecta, esa nunca fue una mala palabra. En mi experiencia de militancia anterior en el sindicato bancario -que todos conocen muy bien-, ya en el año 1998 uno de los objetivos programáticos era dar acceso democrático a las herramientas financieras al conjunto de la población. Hoy, la inmensa mayoría de los trabajadores está en un proceso de bancarización. Esto es casi masivo, porque cientos de miles de trabajadores y cientos de miles de jubilados ya cuentan con una tarjeta de débito donde le acreditan en una caja de ahorro su salario o su pasividad. Acompaño el planteo que hizo el señor Diputado Gloodtdofsky, que me precedió en el uso de la palabra, entre otras cosas porque en este país, por suerte, si bien hay libre competencia en el mercado financiero, contamos con un banco del Estado potente que reúne más del 50% de los créditos sociales. Es el primer banco del país, y me atrevo a decir -no tengo las estadísticas- que emite la inmensa mayoría de las tarjetas de sueldo o de pasividades. Por lo tanto, en ese libre mercado a nivel financiero también tenemos la garantía de contar con un banco del Estado potente, que -lo digo por las dudas- no cobra comisiones a aquellos a quienes otorga tarjetas de sueldo o de pasividades. En su oportunidad, nos preocupó que la utilización masiva de las tarjetas para la devolución del IVA -que, naturalmente, acompañamos- pudiera provocar un estímulo a la utilización de las tarjetas de crédito, aunque no lo quisiéramos. Todos sabemos muy bien que la tarjeta de crédito está bastante masificada, mucho más que las tarjetas de débito. Lamentablemente, hasta ahora las tarjetas de débito se utilizan solo para ir a los cajeros automáticos a retirar dinero, cuando el desarrollo de estas formas de pago en la región -no tenemos que irnos muy lejos- ya es culturalmente asumido con naturalidad para comprar en los comercios. Creo que esa fue una estrategia del sistema financiero porque, obviamente, le conviene mucho más otorgar créditos al consumo que cobrar comisiones a los comercios por el pago de las tarjetas de débito. Cuando concurrió el señor Ministro de Economía y Finanzas a la Comisión fue muy claro en cuanto a la estrategia que venía implementando el

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Poder Ejecutivo, tanto en la negociación con las empresas emisoras -léase: empresas financieras- como con las Cámaras que representan a los comercios, sobre todo a los minoristas -CAMBADU-, en materia de medios de pago electrónicos, en el sentido de que claramente se apunta a estimular la tarjeta de débito por encima de la tarjeta de crédito. Ese va a ser el gran esfuerzo. Dicho sea de paso, el diario “El País” publicó una información errónea, por lo que CAMBADU tuvo que sacar una aclaración respecto a su apoyo a esta modalidad de pago. ¿Por qué hablamos de inclusión democrática a nivel financiero? Históricamente, CAMBADU ha representado al comercio minorista, al boliche de barrio, al almacén de pueblo. El hecho de que lleguen medios electrónicos como el POS -que es lo que se necesita para poder hacer las compras- a cada almacén, boliche o comercio de todos los barrios de Montevideo implica también una dignificación y oportunidades para el comercio minorista. Entre el Poder Ejecutivo, las empresas financieras y CAMBADU se ha avanzado en el abatimiento de las inequidades respecto al cobro de comisiones por parte de las empresas financieras a los comercios, donde el margen iba de un 1% que se cobraba a algunas grandes superficies, a un 7% que se cobraba a aquellos comercios que quizás no tuvieran tanto atractivo para estas empresas financieras. Entendemos que el hecho de haber abatido esa diferencia de seis puntos entre uno y otro, que hacía una competencia desleal, y el hecho de haber logrado acuerdos que se van a traducir en proyectos de ley en el corto plazo, a efectos de que esos márgenes queden reducidos entre un 2% y un 4% o entre un 4% y un 6,5%, ya se trate de débito o de crédito, configuran un avance sustantivo, y no lo decimos solo nosotros. Obviamente, CAMBADU habría preferido que no hubiera ningún tipo de diferencia, pero valora sustantivamente el hecho de que este es un avance enorme y favorece también al comercio chico, que muchas veces tiene alcance de impacto social, porque la mayoría de ellos son empresas familiares, lo que también redundará en una mejor calidad de vida y en una competencia más democrática a la hora de captar mercados. Esta es la explicación sobre por qué utilizar este tipo de herramientas de pago. Es más, la última modificación en la Comisión fue a partir de un planteo razonable -políticamente, estoy convencido de que hicimos muy bien en modificar la ley- que se hizo cuan-

do concurrieron la CUDECOOP y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. En esa instancia nos dijeron que para ellos era muy importante, en un período en el que en la economía social y particularmente en las cooperativas se había avanzado mucho -votamos la ley general del marco cooperativo y hay un fomento explícito al desarrollo del sistema cooperativo-, que las cooperativas de consumo fueran incluidas a texto expreso en la ley, no solo en el artículo referido a las herramientas de pago electrónico como tarjetas de débito y crédito sino como formas de pago concretas a la hora de la devolución de los dos puntos de IVA de lo que compren sus socios en sus cuentas corrientes. Creemos que nos queda muchísimo por recorrer. Esto es algo que no va a tener vigencia de inmediato. Deberá transcurrir un período en el que seguramente vamos a tener que considerar algunos proyectos de ley más con respecto a la regulación del sistema financiero, porque lo vamos a regular a efectos de lograr mayor equidad entre las tasas o comisiones que se cobran. Necesariamente va a requerir de un tiempo tanto para la implementación tecnológica -para llegar con esos aparatitos llamados POS a todos los rincones del país- como para que se vuelvan masivos medios de pago electrónico como las tarjetas de débito que, insisto -yo acompaño al Poder Ejecutivo en esto y me consta que también lo hacen otros colegas-, deben ser las que prevalezcan. Este tipo de formas de pago en otras partes del mundo son naturales, culturalmente asumidas, pero en nuestro país nos falta mucho y tiene que pasar tiempo también para lograr que la implementación de estas formas de pago sea lo más democrática posible. A su vez, acompaño el planteamiento de la señora Diputada Piñeyrúa cuando decía que era lógico que no se cobre IVA a los sectores sociales a los que el Estado hace transferencias para atender su situación y que se les devuelva el impuesto en su totalidad. Hace poco tuve oportunidad de informarme de que el Ministerio de Desarrollo Social tenía planteado desde agosto hacer controles a 60.000 familias que tienen tarjetas sociales del MIDES. Comenzó a hacerlo en octubre y su plan de trabajo era llevarlo a cabo de octubre del año pasado a octubre de este año. Se nos informó que ya se hicieron 20.000 visitas y que en algunos casos surgió que hay tarjetas cuyo otorgamiento ya no tiene sentido, entre otras cosas, porque esas familias han salido de la situación en que

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estaban y, por tanto, no reúnen las condiciones para tenerla. A su vez, se encontraron con familias que, por su condición, deberían tener la tarjeta y no la tenían. Enmarcado en el fortalecimiento de las políticas sociales que se van a desarrollar en el presente año, sabemos que también habrá 30.000 familias a las que se va a reforzar esa transferencia a través de la tarjeta, porque son aquellas que objetivamente tienen necesidades concretas de utilizarlas como sustento. Acompañamos esta devolución total del IVA, no solo en el caso de las asignaciones familiares mejoradas -a las que tienen derecho las personas de determinada condición social, dependiendo de la cantidad de hijos-, sino también de las asignaciones familiares comunes, que son aquellas que históricamente han cobrado los trabajadores, particularmente aquellos cuyos ingresos no alcanzan determinado límite y en muchos casos se trata de jefes de hogar con un único ingreso, de mujeres. Necesariamente tenemos que fortalecer las políticas que atiendan no solo a aquellos sectores sociales que estamos peleando por incluir a través del trabajo y de la educación, a los que hoy estamos dando transferencias, sino a aquellos sectores que ya están incluidos, que son trabajadores que objetivamente tienen salarios aún disminuidos. A través de la devolución del IVA, de lo que acreditemos en las asignaciones familiares comunes, desde mi punto de vista, desde el punto de vista político, estamos comenzando a atender esa realidad. Estos serían los elementos sustantivos en lo que respecta al IVA. Creemos que es coherente con lo que decía al principio: hay que abatir los impuestos indirectos, continuar con ese proceso, perfeccionar las formas de devolución para evitar que se nos queden en la cadena de distribución o en la intermediación, y lograr que directamente vayan al bolsillo de la gente, que es lo que nosotros queremos. Además, de este modo ya estamos creando las condiciones, el formato, la operativa para seguir avanzando en ese terreno, principalmente para seguir abatiendo los impuestos indirectos, en lo que, una vez sí y otra también, desde el Gobierno, desde mi fuerza política, estamos empeñados. Se ha generado una discusión con respecto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Creo que con este ajuste -lo he defendido en cada oportunidad que se me ha presentado- logramos seguir avanzando en aquello de que el que gana menos pa-

gue menos y el que gana más pague más. ¿Por qué? Porque, según los datos que tenemos, al incrementar el mínimo no imponible en una base de prestación y contribución, aproximadamente 30.000 uruguayos que hoy pagan algo, no van a pagar. A través de estos incrementos vamos acompañando una feliz realidad que se ha venido dando sistemáticamente durante los últimos tiempos, que es el incremento constante del salario real de los trabajadores y, por ende -por mandato constitucional- del índice medio de salarios nominales, que es lo que determina el aumento para jubilados y pensionistas. Como sabemos, con una inflación de 8,60%, en el mes de enero las pasividades se incrementaron un 13,59%. Este no es un hecho aislado; sucede sistemáticamente. Año tras año existe una recuperación de las pasividades que surge no solo del mandato constitucional vigente desde 1990, sino principalmente de la evolución de los salarios en nuestro país. Yo lo adjudico a las políticas laborales llevadas adelante por este Gobierno, principalmente a lo que han significado la convocatoria a los Consejos de Salarios, la ley sobre convenios colectivos y las leyes sobre libertad sindical y fuero sindical. Esto ha permitido que el movimiento sindical haya crecido exponencialmente, que se hayan organizado sindicatos donde jamás imaginamos que pudiera haberlos, entre otras cosas, porque al no tener una ley que amparara los derechos de los trabajadores significaba despidos y persecución sindical. Esto ha redundado en que, un año sí y otro también, se han mejorado sustantivamente los salarios de los trabajadores, en especial aquellos de los sectores más disminuidos.

El otro día leía datos estadísticos que pautaban esta realidad. En los últimos dos años, el salario de los trabajadores del comercio -¡vaya si es una actividad masiva, que ocupa a trabajadores jóvenes, a mujeres, a mujeres jefas de hogar!- tuvo un incremento real del 60%. Esto redunda, precisamente, en un avance para el conjunto de los trabajadores, sobre todo para aquellos que tenían los salarios más disminuidos. No me voy a referir a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores rurales, respecto de las cuales hubo legislación específica sobre sus condiciones de trabajo. Por tanto, no solo no me asusta ni me preocupa que haya más recaudación por concepto de IRPF, sino que me alegra, porque eso quiere decir que lo que es objeto del gravamen se ha incrementado, es decir, el salario. Ese aumento se explica a par-

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tir del incremento de los salarios reales y, en el caso del IASS, de las pasividades. ¡Eso es bueno! En su intervención en la Comisión, los representantes de la ONAJPU dijeron, entre otras cosas, que entendían que los jubilados tienen que aportar para que el país cuente con recursos. Lo definía así un dirigente de la ONAJPU: “Nosotros queremos poner plata para la educación de nuestros nietos”. Ahí se evidencia el compromiso de una organización social que defiende los intereses de los jubilados. Nos planteaban: “Ojalá que todos pagáramos IASS, porque eso querría decir que las pasividades estarían en un nivel por encima del mínimo no imponible”. Lamentablemente, la inmensa mayoría no paga IASS porque está por debajo de la franja no imponible. Nos decían: “¡Ojalá pagáramos todos, porque eso sería la mejor demostración de que tenemos jubilaciones adecuadas a las necesidades de la gente!”. Obviamente, lo compartimos. Los representantes de la ONAJPU también dijeron que siempre han planteado que el mínimo no imponible se ubicara en las 10 bases de prestación y contribución. En 2007-2008 el mínimo no imponible del IASS se ubicó en 8 BPC. Ahora, el Poder Ejecutivo lo sube a 9 BPC. Nos dijeron: “Para nosotros es un avance. Se acerca a nuestro objetivo”, y yo hoy quiero decir que para esta bancada en particular el objetivo es seguir incrementando el monto mínimo no imponible del IRPF en el caso de los trabajadores, y del IASS en el de los pasivos, en la medida de que vamos a continuar el proceso de abatimiento de la carga fiscal particularmente de los sectores bajos y medios de la sociedad. Creo que debemos analizar todo esto en un contexto nacional. Me he cansado de decir en cada discusión política en esta Cámara que no podemos ver la política tributaria como algo aislado de las políticas generales, del proyecto de país, de los objetivos estratégicos. Quizás sea una simplificación, pero para este Gobierno, para esta bancada, el modelo, el objetivo estratégico es alcanzar un país que vaya en el camino del desarrollo sustentable, que tiene dos componentes principales: el crecimiento económico y productivo y la distribución equitativa del ingreso de manera simultánea, no posterior. La política tributaria es un componente más de la distribución equitativa del ingreso. Por lo tanto, cometeríamos un error si no la enmarcáramos dentro de

todas las políticas sociales y las políticas en materia laboral implementadas por este Gobierno. Desde mi punto de vista no hay factor más distributivo del ingreso que el salario. Yo ya he mencionado lo que ha sido la evolución del salario real en nuestro país. Tenemos que seguir avanzando en esto; también debemos avanzar en materia de política tributaria. Por lo tanto, creemos que estos avances contenidos en el proyecto de ley se suman al 1% del Impuesto a los Semovientes, que en su oportunidad fue discutido y comprometido por el señor Presidente de la República y que hoy se explicita en este proyecto de ley que vamos a considerar. El 1% del Impuesto a los Semovientes no lo cobraban más las Intendencias, sino que el Poder Ejecutivo les trasladaba el importe equivalente. A partir de los planteos políticos que recibimos nosotros y también el Poder Ejecutivo de parte de la oposición y de los sectores gremiales involucrados, se cambia el proyecto y se adecua mucho más a su objetivo, y por eso contaremos con la unanimidad de la Cámara. Por tanto, las Intendencias volverán a cobrar este porcentaje, como es su derecho, pero se va a emitir un certificado con créditos fiscales a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas para que los productores que pagan el impuesto puedan deducir ese monto de sus cargas tributarias. (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo. La Mesa solicita que redondee su exposición. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: traté de dar la idea de que esto es un proceso, que nace con el cambio tributario, que es gradual, que es serio y que atiende la realidad económica y financiera del país en lo nacional y en lo internacional. En función de ello, traemos a consideración este proyecto que reunió el consenso de todos los partidos, que consideramos que es el más adecuado para esta etapa. Por supuesto, continuaremos en este proceso. Muchas gracias. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: a la luz de la alusión realizada, queríamos señalar algu-

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nos aspectos de la intervención del señor Diputado preopinante. Para empezar, quisiera decir que es cierto que los comercios que han sido involucrados en este proyecto son los más granados, típicos y tradicionales boliches de barrio. De todos modos, debemos entender que la gremial a la que se hace referencia -que es veterana y muy respetable- no representa, ni de cerca, a la totalidad de los pequeños comercios. Hay una enorme cantidad de comercios pequeños que esta gremial no representa, y no porque sean chicos, sino porque tiene rubros específicos. Entonces, quedan muchos comercios chicos por incluir en el proyecto. Del mismo modo, también señalamos que no todos esos comercios tienen la posibilidad de acceder a la tecnología y de asumir los costos que esto implica. Para concluir queremos dejar claro que ese derecho de todos los trabajadores al acceso a una caja de ahorros implica la universalidad de los instrumentos que se empleen. Es el Estado el que debe velar por ello y todo el sistema financiero -banca pública y privada- es el que debe prestar su concurso al ejercicio de lo que consideramos, a la luz de los tiempos que vivimos, un derecho. Tomemos los datos de la realidad como lo que son: cosas reales; los bancos existen, públicos y privados, y la información la maneja el sector público y el privado. Este es un buen proyecto y lo vamos a votar. Simplemente señalamos que esa información obrará en poder de la banca pública y del sistema financiero privado, al que aquí se ha llamado banca internacional. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado, a quien le recuerdo que por reglamento solo cuenta con cinco minutos para hacer aclaraciones. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: comparto el concepto vertido por el señor Diputado Gloodtdofsky; no hay discrepancia. Lo que nos motivó a incursionar y a profundizar en la información fue el tratamiento de este proyecto de ley. Precisamente, en el diálogo mantenido entre el Poder Ejecutivo, las empresas financieras y los representantes gremiales de los comercios se hizo hincapié en las facilidades que implica la implementación de este proyecto de ley para

aquellos comerciantes que jamás pensaron que podrían llegar a acceder a estos medios tecnológicos y a esos créditos que se les van a proporcionar para que el costo que ello implica no incida en su ecuación económica mensual. Por el contrario, se abatirá el precio del arrendamiento y se otorgarán créditos por parte del Estado para evitar que esas herramientas desequilibren sus finanzas. Una de las virtudes que CAMBADU veía en este proyecto era la formalización de los comercios, una lucha histórica que ha librado esta gremial. Este proyecto ayuda en ese sentido. Insisto en el artículo publicado en el diario “El País”, en el que los representantes de CAMBADU expresaron que no solo no van a boicotear el proyecto -ese artículo, con la palabra boicot, daba a entender que era así-, sino que lo van a apoyar. Asimismo, expresaron que van a seguir luchando para que la diferencia que se cobraría en las comisiones por parte de las empresas financieras -a los comercios pequeños, el 4%, y a las grandes superficies, el 2%; anteriormente era de 1% y 7%- se elimine, y es lícito que sea así. De modo que valoran al proyecto como un avance sustantivo a la hora del proceso de formalización y de acceso democrático a la tecnología, que permite elevar la mira del horizonte del comerciante pequeño, al que históricamente CAMBADU ha defendido. Reitero que esto tendrá un impacto interesante a nivel social por lo que implica para las familias que están detrás de los pequeños comercios. Muchas gracias. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: voy a concentrar mi intervención en el artículo 9° del proyecto de ley, que ha sido el centro de la mayor parte del debate, luego de que la señora Diputada Piñeyrúa hiciera una exposición abarcativa de todo el proyecto, particularmente de las modificaciones al IRPF, que compartimos. A partir de los anuncios del Poder Ejecutivo en cuanto a la rebaja del IVA, este proyecto de ley ha estado precedido de un largo debate que ha insumido casi un año debido a los distintos enfoques que desde

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diferentes sectores y partidos políticos se han realizado, inclusive, dentro del Partido de Gobierno. La idea original es rebajar el IVA de modo general, para todos. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Yanes) ——A partir de allí surgieron diferentes posibilidades. Junto con ese debate, el Partido Nacional respaldó el proyecto de ley que presentó el Diputado Peña Fernández respecto a la regulación de las tarjetas de crédito un tema que, lateralmente, está abarcado por acuerdo privado en el proyecto que estamos considerando; lo abarca parcialmente, en todo caso, pero la preocupación original surge de una iniciativa parlamentaria que en parte es recogida en este proyecto de ley por el Poder Ejecutivo. El dilema fue poder establecer una rebaja del IVA que llegara a todos y no solo a algunos, y que se pudiera concretar en la realidad teniendo destino real en el bolsillo de los consumidores. Algunos entendimos que era conveniente direccionar esa renuncia fiscal y nos concentramos en propuestas de algún modo similares a las que se plantean en parte del artículo 9°, cuando la modificación del artículo 88 del Texto Ordenado prevé la eliminación total del IVA para quienes sean usuarios de las tarjetas del MIDES, entre otras. Entendimos que podía encontrarse un camino que, con la seguridad de que llegara al consumidor y no pasara lo que ocurrió cuando se eliminó el COFIS -aquel 3% que desapareció por una ley pero que quedó absorbido por buena parte de la cadena y nunca llegó al precio final del producto que el consumidor adquiría-, direccionara esa renuncia fiscal de dos puntos del IVA en general. Es decir que el Gobierno prevé no recaudar un monto muy importante al renunciar a dos puntos del IVA de la tasa básica, pasando del 22% al 20%, y muchos de nosotros entendimos que podían destinarse todos esos recursos a eliminar el IVA de algunos productos que son de primera necesidad para consumidores de bajos recursos. De ese modo, estaríamos haciendo una política social o distributiva también para aquellos ciudadanos que no tienen tarjeta del MIDES. A nosotros nos preocupa dar en algún momento señales a los trabajadores, a los que pagan los impuestos, a los que cumplen con sus obligaciones, a los que están incluidos pero no tienen ingresos suficientes para su crecimiento personal o familiar.

Habíamos propuesto, por ejemplo, eliminar el IVA de la tarifa de UTE. Este organismo no puede evadir, asegura que va al consumidor final y tiene una tarifa regulada que llega en factura a todos los hogares que no están enganchados, que tienen obligación de pagar porque están regularizados. La idea era eliminar el IVA por debajo de un monto de consumo que pudiera estar en los $ 2.000 o $ 2.500 mensuales, lo que terminaría significando unos $ 400 o $ 500 pesos directos en el bolsillo de ese hogar y llegaría al consumidor que no tiene un hogar con consumos suntuosos, porque en ese caso su tarifa pasaría largamente ese monto total. De esa manera, estaríamos distribuyendo y dando una señal a quien cumple sus obligaciones; nos aseguraríamos el destino y estaríamos cumpliendo con varios factores, utilizando de modo diferente esa rebaja del IVA para todos o, como vamos a ver ahora, para algunos, seguramente para muchos pero tampoco para todos y quizás para muchos de los que tienen menos esta rebaja del IVA no va a operar. Hay quien propuso eliminar el IVA de todos los productos que están gravados con la tasa mínima de ese impuesto. De ese modo, como en su mayoría los productos que están gravados con la tasa mínima del IVA son aquellos de consumo masivo y popular, estaríamos asegurando que podría bajar el precio de ellos, aunque también ahí se podría correr el riesgo -cierto es- de que el beneficio no llegue al consumidor final. Sin embargo, se ha optado por este camino, entre otras cosas, porque no hay en este proyecto de ley una renuncia real a la recaudación. El hecho de que la rebaja opere solamente para aquellos casos en los que se consume con el plástico, con una tarjeta de crédito o de débito, asegura al Poder Ejecutivo y a su organismo recaudador que habrá formalización de todas esas transacciones y disminución sustancial de la evasión en un sector en el que, a veces, se produce en grado importante. Es decir que la política del Gobierno es rebajar el IVA y contrapesar la renuncia fiscal con recaudación que aumente a partir de la rebaja de la evasión y de la formalización de determinados sectores. Es decir que el puesto ambulante de la feria venderá al contado cargando lo de siempre y punto y verá cómo paga su IVA -será monotributista, etcétera-, pero ahí esta rebaja no opera. Operará en aquellos lugares donde la transacción se haga formalmente por vía del aparatito, el POS, y por esa transacción habrá aporte. Además, la Dirección General Impositi-

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va verificará cuánto más debió pagar por las transacciones que especule se hicieron por otra forma de pago. Es decir que aquí el Poder Ejecutivo no acepta otras fórmulas porque, en el fondo, apuesta a no perder, apuesta a bajar el IVA por un mecanismo compensado de recaudación. ¿Cómo funciona esto? Va a funcionar a través de algo que se trata de nombrar con una expresión que suena lindo, la “inclusión financiera”, que no deja de ser una real y auténtica bancarización, porque las tarjetas de débito requieren una cuenta bancaria para ser utilizadas -no se pueden utilizar de otra manera- y deben tener un saldo suficiente; y las tarjetas de crédito, que no la requieren, son todas hoy propiedad de bancos: no hay una sola que no sea propiedad de alguno de los bancos que operan en plaza. Por lo tanto, lo que estamos haciendo por este método es estimular el ingreso al sistema financiero de los sectores que hoy no están en él. A tal punto es así que las tarjetas de crédito, representadas por su Cámara, en la Comisión dijeron que el acuerdo que alcanzaron con el Poder Ejecutivo los llevará a una pérdida de recaudación de US$ 13:000.000 -es decir que por la aplicación de ese acuerdo y por la vigencia de esta ley, van a tener ingresos menores en esa suma- pero apuestan a recuperarla y aumentarla por la vía de las nuevas tarjetas de crédito que colocarán en la plaza, porque este será un aspecto que lo estimule. Y los bancos verán incrementada la utilización de las tarjetas de débito que hoy existen en la plaza básicamente para el cobro de sueldos pero no se utilizan como un instrumento de pago de forma corriente. Entonces, de hecho hay una bancarización que tiene un aspecto que habrá que vigilar, que es preocupante y sobre la que el Presidente de la República advirtió cuando dijo que hay un consumo desenfrenado que le preocupa. Lo que estamos haciendo a través de este proyecto es distribuir y facilitar el acceso a formas de pago que no son en efectivo a la población en general, lo que operará como un estímulo al mayor consumo. Se paga con el plástico hoy, sin dinero en la mano -particularmente, con la tarjeta de crédito- y luego se ve. Esta preocupación no es menor, por lo que vamos a estar mirando esto con atención. ¿Cómo funciona hoy el sistema? Como decíamos, las tarjetas de débito prácticamente no se utilizan como forma de pago. ¿Por qué no? Básicamente,

porque al comerciante no le conviene porque hay ahí una imposición del sistema bancario que se debe modificar. La tarjeta de crédito implica un riesgo para quien la emite. Un porcentaje de ella se transforma en morosidad y en algunos casos no se puede cobrar. Hay allí un costo de administración, un costo financiero y un costo real y por ella se cobra una comisión al comerciante y no al titular de la tarjeta. Esa misma comisión que está entre el 1% y el 7,5%, según el tipo de comercio, es la misma que se opera para tarjetas de débito. Sin embargo, por las tarjetas de débito las instituciones bancarias no asumen riesgos ni costos. Al momento en que se pasa la tarjeta por el aparatito, se debita el monto de la cuenta del titular y no hay ningún riesgo. Si no tiene dinero suficiente no tiene saldo y, por lo tanto, la tarjeta no se puede usar. Si se usa, se operó en ese mismo momento la transferencia de una cuenta a la otra y hay cero riesgo. Sin embargo, por el uso de esta tarjeta hay comercios que tienen que debitar de su margen de ganancias un 4%, 5%, 6% o 7%. Entonces, no se estimula su uso. Así funcionan la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito hoy, con una enorme disparidad, según el volumen y la capacidad de negociación que tenga el comercio con quien firma el contrato. El que tiene poca capacidad de transacción, debe entregar el 7% del precio, que es en buena medida parte de su margen y para algunos comercios y productos es su margen de ganancias. Sin embargo, otros, por su dimensión, tamaño y capacidad negociadora, deben volcar un 2%, que es el caso de los supermercados. Dejo afuera el caso del 1% que refiere básicamente al consumo de combustibles, que tiene márgenes bajísimos y a algunos contratos con organismos del Estado. Lo cierto es que hoy hay una disparidad entre el 2% y el 7% para las tarjetas de crédito y de débito. Este proyecto no resuelve el tema. En todo caso, lo resuelve un acuerdo privado que informó el Poder Ejecutivo y que confirmaron tanto CAMBADU en Comisión como la Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito y Compra y las instituciones bancarias. Ese acuerdo anunciado en la propia sede de CAMBADU modifica los márgenes que pasan a ser de un 2% como mínimo y un 4,5% como máximo. Así se achica la brecha, pero igual se deja en desventaja al comerciante pequeño, que ya tiene otras desventajas porque no cuenta con centrales de compra, adquiere a proveedores con otras dimensiones dado que muchas veces debe pagar “al mostrador” y no puede hacerlo

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con otros instrumentos de pago. Sin duda que igual lo deja fuera de competencia, más allá de que algunas tarjetas de crédito en particular agregan otros descuentos como promociones. Tal es el caso de que comprando con tarjetas de crédito, en algunos lugares no se paga el IVA; lo asume alguien: el vendedor o la propia tarjeta. Sin duda, esto no se puede aplicar en los comercios de menor porte. De cualquier manera, por lo menos, se rebaja -por acuerdo privado, sin la garantía de la ley- o estrecha ese margen para ambos casos. Pero, cuidado: si se utiliza la tarjeta de débito, que es la que se dice que se quiere generalizar más que la de crédito -para todo aquel que la tenga porque posee una cuenta bancaria aunque no la haya querido sacar, pero la sacó o abrió igual porque cobra por allí su salario, por ejemplo, lo cual es bueno desde el punto de vista de la seguridad, es cierto-, también debemos tener presente que todo movimiento de una cuenta bancaria, sin importar la forma en que sea realizado, se cuenta por la institución financiera. Y las instituciones financieras cobran entre US$ 1 y US$ 1,5 cuando se hacen más de cinco movimientos. Un movimiento es una extracción de un cajero, una consulta en un cajero o la utilización de la tarjeta de débito en el supermercado. Y si se hacen más de cinco movimientos, el 2% que rebajamos de IVA se lo traga el banco -más también- con la comisión que se cobra por la utilización de este instrumento o directamente de un cajero, con esa misma tarjeta de débito. Esto debe modificarse en próximas regulaciones -ya sea que provengan por la vía del decreto del Poder Ejecutivo o de la ley- porque no podemos aspirar a desarrollar la tarjeta de débito, que no es la que más estimula el consumo, por encima de la tarjeta de crédito, si la de débito tiene un costo, ya no solo para el comerciante -que desestimula su uso o aceptación-, sino también para el consumidor porque después de la quinta vez que la usa -con alguna excepción bancaria que acepta hasta siete- empieza a pagar por el solo hecho de haber hecho la operación sumada a otras que pueda realizar desde el cajero. Y todos vamos a comprar al supermercado, a la tienda, a la farmacia o al almacén más de cinco veces en el mes. Entonces, el sistema tiene que crearse de modo que se utilice. Fíjense lo que pasa en Montevideo con la inversión que han hecho las empresas de transporte para tecnificarse y colocar en las unidades esos aparatos que sustituyen el dinero por el boleto elec-

trónico o la tarjeta. Se suponía que iban a sacar el dinero de arriba de las unidades, que se iba a facilitar el contralor y que iba a haber muchísima información, sin embargo, al día de hoy, solamente el 2% de las transacciones se realizan con tarjeta; solo el 2% y todas las compañías las tienen. ¿Por qué no se utilizan? Porque la Intendencia de Montevideo no permite que esto se comercialice en las redes o se cargue por celular. Obliga a que esto se venda exclusivamente en 22 locales vinculados a las empresas de transporte colectivo de pasajeros de Montevideo y en ningún otro lado. Por lo tanto, el que quiere comprar una tarjeta se tiene que tomar un ómnibus para lograrlo, pudiéndola comprar en las mismas redes donde se pagan los impuestos municipales o pudiéndola cargar por celular como se hace con el sistema de estacionamiento. Sin embargo, no se puede hacer porque la ideología no ha permitido que ese tema se pueda superar. Así que es un sistema inútil a pesar de los millones de dólares que se han invertido en la materia. Pongo esto como ejemplo. Acá el instrumento se está creando por ley. No quiere decir que funcione si no se ajustan debida y adecuadamente las comisiones que al usuario, por un lado, y al comerciante, por el otro, se le cargan. Quería dejar estas reflexiones y el comentario de que acompañamos esta iniciativa porque es mejor que lo que hay hoy. Hemos hecho -lo digo con referencia a lo que decía el Diputado Bernini- consenso en este proyecto, lo que no quiere decir que nos satisfaga la solución; hubiéramos preferido otra. En varios de los aspectos que trae este proyecto de ley, hubiésemos preferido adoptar otro camino, pero sin duda es mejor que lo que hoy está vigente. Entonces, desde ese punto de vista acompañamos esta iniciativa con la salvedad de que esperamos el compromiso del Poder Ejecutivo, no solo por lo que tiene que ver con la reglamentación sino respecto de la iniciativa de futuros proyectos que completen este proceso. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: queríamos intervenir porque este fue un trabajo que hicimos durante todo el año pasado, en conjunto con

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el Diputado Mujica y parte del equipo del propio Ministro, en procura de elaborar un proyecto de ley que regule el sistema de tarjetas de crédito. Como es obvio, lo que estamos votando hoy nos preocupa porque nos parece -lo hemos dicho públicamente y así lo trasmitimos al señor Ministro- que este proyecto de ley sin la ley que regula el sistema de tarjetas de crédito sale sin una pata. Es cierto, como lo han dicho todos los Diputados preopinantes, que esto ha surgido de un acuerdo privado y todos -las gremiales y el Ministerio- así lo han comunicado. Es cierto que se trata de un acuerdo privado sobre los principales aspectos, pero los uruguayos tenemos muchos más temas para resolver con respecto a las tarjetas de crédito. Además, no es lo mismo un acuerdo privado que una ley cuando se trata de algo tan importante como el dinero, porque hoy, la tarjeta de crédito es un sustitutivo del dinero. Después de este tipo de medidas, de que vayamos hacia la bancarización, el 100% de las personas deberán tener acceso a este mecanismo, y hay cosas que no están resueltas, por ejemplo, qué pasa con los jubilados, que ya tienen determinada edad y que el sistema bancario no les permite acceder a una tarjeta. También falta resolver lo que sucede con la gente que está en el “clearing” y cómo todos los comerciantes del país acceden a los terminales POS. Porque acá hay empresas, cuyos dueños son los bancos, que tienen el monopolio de dichos terminales, por los cuales solo algunas tarjetas pueden pasar, y si un comerciante quiere trabajar con otras tarjetas, deberá comprar varios terminales POS. Ahora bien; el Partido Nacional presentó un proyecto de ley, el mismo que hemos venido trabajando con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y con el señor Diputado Mujica. Por eso, sabemos que hay buena voluntad y que, en definitiva, hay disposición en resolver este tema, que es nuevo para los comerciantes y para los uruguayos en general en cuanto a las transacciones y a cómo se va a equilibrar el sistema de repartos y de aportes. Hay que seguir trabajando sobre la dispersión que la propia tarjeta de crédito genera entre los comerciantes. No es novedad -se ha dicho aquí- que si esto se llevara adelante por acuerdo privado -porque es bueno decir que al estar estudiándose este proyecto los acuerdos privados se hicieron bastante más rápido para que salieran antes que la ley-, los pequeños

comercios del Uruguay estarían financiando las compras de los grandes comercios. Mientras que estos pagaban entre el 1% y el 2%, en general, los pequeños comerciantes estaban en el entorno del 7% y más. Hay varios ejemplos de comerciantes que pagaban más del 7% y que hacían una media de ganancias con los bancos, básicamente, entre el 3% y el 4%. Hasta el año pasado, la operativa de tarjetas de crédito alcanzó los US$ 3.000:000.000. Hay un informe del Ministerio que dice que cuando la bancarización esté en su máxima expresión, esa cifra se va a multiplicar por diez. Entonces, podemos hablar de que un porcentaje importante de la economía nacional va a pasar a través de la tarjeta. Está claro que precisamos regular este asunto, atacar esa dispersión, dar garantías a los ciudadanos y a los consumidores que poseen tarjetas de crédito, porque hoy no las tienen por ley. Actualmente, solo existen reglamentaciones del Banco Central, algo en la ley de usura y alguna cosa perdida en alguna otra norma. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.-… SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Puede interrumpir el señor Diputado Peña Fernández. SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ.- En definitiva, a través de esta norma, los ciudadanos empezaremos a tener garantías, porque todavía no las tenemos por ley. Como decía, hay una infinidad de temas que aún no están regulados como, por ejemplo, las tarjetas adicionales. A muchos de quienes hoy estamos acá les debe haber ocurrido: le damos una tarjeta adicional a uno de nuestros hijos que tiene entre catorce o quince años, y si nos endeudamos, cuando ese hijo cumpla los dieciocho años y vaya a sacar su propia tarjeta de crédito, le harán firmar un vale en blanco, haciéndolo responsable de nuestra propia deuda. Esto es completamente abusivo, pero es una realidad.

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La utilización del vale en blanco como una medida automática está regulada en este proyecto de ley que fuera acordado con el Poder Ejecutivo, así como una serie de temas, por ejemplo, la letra chica de los contratos, que hoy está sin regular. ¿Por qué tiene que existir la letra chica en los contratos cuando estamos hablando de transacciones personales? Acá no hay nada para ocultar; la garantía la debe tener el consumidor. También lo regulamos en este proyecto de ley. En todos los aspectos que hacen a las transacciones de tarjetas de crédito y a su relación con los comerciantes, así como en la participación del Estado en los contratos, no existe regulación, así como tampoco de los contratos con los bancos, con los dueños de las tarjetas de crédito y los comerciantes. Hoy hay imposiciones específicas con cláusulas abusivas como, por ejemplo, la prohibición de las ofertas al contado. Hay numerosos casos en el Uruguay en los que se han clausurado todas las tarjetas de crédito en determinados comercios porque hicieron ofertas al contado, y lo que nos tiene que importar a todos es la defensa del interés general y que siempre se beneficie al ciudadano. Esa es nuestra preocupación. Todas estas regulaciones -y muchas otras que no voy a enumerar, porque son aproximadamente cuarenta y ocho artículos- fueron trabajadas en conjunto con todos los actores políticos. Esta iniciativa fue presentada por el Partido Nacional pero se trabajó con asesores del señor Diputado Mujica y, básicamente, con el corazón de los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. No es lo mismo regular todos estos aspectos a través de un acuerdo entre privados, que mediante una ley que garantice, asegure y se maneje en forma cristalina, dando derechos a los ciudadanos del Uruguay. Este proyecto, en el que se viene trabajando de manera profunda desde hace un año, es la única herramienta que nosotros vemos para garantizar que esta rebaja del IVA termine siendo beneficiosa para la gente y no sea un traslado de beneficios de los públicos al sector privado, es decir, que no vaya directamente al bolsillo de los bancos. Queremos dejar expresa constancia de que vamos a seguir insistiendo en que, inmediatamente después de que comience el Período, la Comisión de

Hacienda trabaje este proyecto de ley presentado por el Partido Nacional, que fue acordado, básicamente, entre todos los sectores políticos. De una vez por todas, queremos dar las garantías necesarias en cuanto a los pasos a seguir sobre la bancarización en Uruguay. Muchas gracias, señor Presidente y señor Diputado Gandini. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Ha finalizado el tiempo del orador. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el miembro informante. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: vamos a ser breves porque no queremos demorar la sesión. Reiteramos lo expresado al inicio de nuestra exposición: este no es un proyecto de inclusión financiera, solamente es un proyecto de modificaciones tributarias que ha sido planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas como la fase cero de un proceso de inclusión financiera. Seguramente, en este semestre tendremos -ya lo hemos anunciado- oportunidades de hablar sobre los temas de inclusión financiera. Sin embargo, el artículo 12 del proyecto establece algunas normas que facultan al Poder Ejecutivo a exigir la interconexión, la interoperatividad de las distintas redes de terminales POS. Queremos hacer una segunda precisión. Se dice que todos los movimientos de las cajas de ahorro de los cajeros automáticos tienen un costo. No es así para el Banco de la República, que es el mayor banco del país, que tiene la mayor cantidad de cuentas bajo esa modalidad. Después de la competencia entre bancos, será menester adecuar este aspecto. Por último, voy a hacer una aclaración sobre un tema que nos preocupa. Me refiero al bajo nivel de uso de las tarjetas que se cargan para hacer uso del transporte colectivo en Montevideo. Conversando con algunas personas relacionadas con el tema, podemos decir que se trata de un problema tecnológico, ya que para poder cargar esas tarjetas se debe contar con una antena y, en este momento, no es el mismo proceso de carga de otros instrumentos electrónicos. Seguramente, todo este proceso de interoperabilidad hará que se pueda extender a otros puntos de venta de la ciudad.

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Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado Sánchez. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señor Presidente: antes de comenzar mi exposición, me gustaría utilizar unos minutos para hacer algunas precisiones. Recientemente, el señor Diputado Gandini, en su intervención, se refería a los artículos del proyecto relativos al IVA y decía que no tenían un costo fiscal. Yo sé que el señor Diputado Gandini conoce el proyecto. Este proyecto de ley tiene costo fiscal. Se prevé, en el caso del IVA, que ese costo fiscal sea cubierto por la ampliación y la formalización. El peor impuesto que existe en el país es el que no se paga. Se prevé por allí, en la reducción del IVA, que no exista costo fiscal, pero el proyecto de ley que estamos considerando de modificación tributaria -digo esto para que quede en la versión taquigráfica- sí tiene un elevado costo fiscal. Estamos hablando de cerca de $ 942:000.000 anuales que devienen, precisamente, de los ajustes que hacen al aumento del mínimo no imponible del IRPF y del IASS y de la posibilidad de deducir que tendrán aquellas personas que han adquirido préstamos hipotecarios, como lo hacen con los alquileres. Eso tiene un costo aproximado de $ 900:000.000. Por lo tanto, el proyecto de ley que estamos considerando tiene un costo fiscal razonable, producto del contexto en el que estamos viviendo. Asimismo, se ha listado una serie de problemas relativos al proceso de inclusión financiera, que por supuesto es un proceso que tendrá que comenzar en el Uruguay. Había una murga que decía que los cambios en el Uruguay llegaban siempre más tarde. Decía que quizás el fin del mundo ya había empezado, pero que al Uruguay no había llegado; las cucarachas de “La Catalina” se horrorizaban porque eso no pasaba. Hay que cruzar la frontera, ir a Brasil, para ver que si uno consume un helado o un refresco en la playa, el vendedor saca una maquinita de POS, pasa la tarjeta de débito y cobra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Uruguay tiene un atraso abismal con respecto a la región y al mundo en el uso de los instrumentos tecnológicos que hoy existen y, evidentemente, también en el débito. Por eso, nosotros hablamos del proceso de inclusión financiera que implica también los procesos educativos tendientes a hacer un uso

responsable de los servicios financieros. Sin lugar a dudas, el Poder Ejecutivo ha avanzado mucho en acuerdos tanto con los operadores de tarjetas como con los comerciantes. Me parece que eso hay que saludarlo, porque es parte del proceso. Será parte de la consideración política cuáles son las regulaciones que tendremos que hacer por ley, por decreto y a través de un acuerdo. Esto formará parte del debate político en el momento en que empecemos a considerar tanto el proyecto presentado por el Partido Nacional, como posibles iniciativas -tal como anunció el señor Ministro en la Comisión de Hacienda- que envíe el Poder Ejecutivo para resolver algunos de estos problemas. Por lo tanto, a mí no me asustan esos problemas. Al contrario; nos reclaman que prestemos atención como parlamentarios y que trabajemos en ese proceso. Dicho esto, que es parte de lo que estamos considerando hoy, me parece que es importante concentrarnos en el proyecto de ley. En ese sentido, como cualquier proyecto de ley, se inscribe en un contexto. Yo estoy convencido de que este proyecto de ley es la joyita de Uruguay. En realidad, somos la envidia del mundo entero, porque mientras hoy, en plena crisis internacional, el mundo entero discute cómo salir de ella -todos sabemos cómo entramos, pero no cómo salimos- y los países de la zona euro congelan salarios, aumentan la edad para jubilarse y las tasas del IVA -recientemente, en el Reino Unido, se produjo un incremento de 2,5% en la tasa del IVA, al igual que en cinco países de la zona euro, y el Congreso de Estados Unidos de América está considerando el incremento de los impuestos-, Uruguay se da el lujo de discutir en el Parlamento una rebaja impositiva que, además, hace a la focalización de esta rebaja. No se trata de una rebaja cualquiera; tiene un componente redistributivo importante, porque establece la focalización en los sectores que entendemos están más marginados en nuestra población. Por lo tanto, esta es la joya que tiene Uruguay hoy, y es la coronación de una política de desarrollo llevada adelante durante siete años por el Gobierno del Frente Amplio. El proyecto hay que analizarlo en este contexto; no se pueden descontextualizar las cosas. Acá estamos hablando de renuncias fiscales, de mejora en materia de tributos para la población, mejoras para los que menos tienen, en un contexto donde todos los Congresos del mundo están viendo cómo aumentan

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los impuestos y cómo se moviliza la gente en las calles. Entonces, no se puede minimizar este proyecto de ley solicitando -como se ha hecho en Sala- que sea mejor. ¡Y sí! Estamos discutiendo impuestos, señor Presidente, y por su propia definición, son imposiciones que nadie quiere pagar. Si no, como muy bien dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas, en lugar de impuestos, le llamaríamos “contribuciones voluntarias”; pero se llaman impuestos. El Estado impone al ciudadano que tiene que contribuir con la sociedad para financiar las políticas redistributivas y la acción del propio Estado en función del bien de la población. Por lo tanto, se trata de impuestos. Existe en los partidos de la oposición -no solo en Uruguay, sino en el mundo- un aspecto de oportunismo político, porque como nadie quiere impuestos, presentan un debate capilar -ha sido el tono de algunas intervenciones de la bancada de la oposición; no de todas-, apenas superficial, de lo que estamos discutiendo, y caen en el oportunismo de decir: “Hay que bajar más impuestos” y “Dale, bajá más, porque esto es un mazazo”. Este es uno de los problemas a los que se enfrenta una oposición cuando se está trabajando sobre bases impositivas. Hacen el discurso para la barra y dicen: “¡Que bajen más! Esto es poco. Tienen que bajar más”. Me parece que eso es restar contenido al debate que estamos dando hoy, en las circunstancias que estamos viviendo. No digo que todos los miembros de la oposición que han intervenido en esta sesión hayan tenido esa actitud, pero algunos sí, y me parece que eso desprestigia el trabajo que estamos haciendo aquí. Sobre un marco de profundidad y de análisis, evidentemente, este proyecto trae grandes novedades para nuestra población. En el mundo entero se discuten los pilares tributarios sobre los que se basan los Estados para financiar su presupuesto. No hay que confundirse y pensar que esta es una discusión del Uruguay, de cómo hacer para que el IVA sea un poquito más progresivo o para que se baje el impuesto en función de generar una contribución que tenga un grado de progresividad mayor. Este es un debate de toda la academia internacional: la discusión de cómo hacer progresivo un impuesto indirecto, como el

IVA, que es uno de los pilares tributarios de todos los Estados. ¿Qué nos dicen algunos estudios sobre cómo se trabaja en las reformas tributarias de cara a agregar progresividad al IVA? Esto no quiere decir otra cosa más que cambiar la base con la que se ha pensado el IVA hasta ahora, porque hoy las tecnologías permiten diferenciar a los ciudadanos más que a los productos, dado que el IVA está centrado básicamente en los productos. Como ejemplo, podemos ver que en Japón todas las personas están trazadas, como nosotros tenemos trazado al ganado, porque todos tienen una tarjetita electrónica con la que hacen compras electrónicas y, de esa forma, es posible que la utilidad tributaria pueda generar diferencias según las personas y los momentos del año. En Japón, un estudiante universitario no paga IVA en ningún artículo relacionado con su carrera, y los padres de familia de los menores de edad, cuando comienza el año lectivo, no pagan IVA sobre las compras de artículos escolares. En cambio, quienes tienen determinados ingresos pagan un IVA que los mata. Esto implica agregar progresividad a un impuesto indirecto, porque hoy las tecnologías permiten hacerlo. Estos trabajos realizados por el Banco Mundial, que establecen las soluciones al IVA, soluciones universales, y que dicen: “Bajemos el 2%, 4%, 5% al barrer”, no solo implican una apropiación de la cadena de la rebaja y de la renuncia fiscal, que no llega a la gente, sino una respuesta catalogada de tosca por la academia, que no resuelve el problema de la regresividad del IVA. Hay que buscar otro tipo de alternativas, por ejemplo, un IVA personalizado para anexarlo a determinadas transacciones electrónicas. Y esto es lo que estamos haciendo: cualquiera que realice una compra a través de un medio electrónico recibirá la rebaja del IVA general de 2%. Estamos comenzando a dar un paso para trabajar sobre un IVA progresivo y personalizado. Ahora bien, podemos caer en la otra posibilidad: bajamos en dos puntos el IVA -que queda bien para la barra-, y evitamos todo este debate, que es mucho más conceptual e importante, y que refiere a cómo hacer para que quien tiene más pague más, y que el impuesto mida la capacidad contributiva de la personas. Este es el debate en el que está toda la Academia Internacional. Los países desarrollados han avanzado en este aspecto porque llevan mucho tiempo en los proce-

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sos de inclusión financiera y en la utilización de algunos formatos tecnológicos que permiten hacer esto. Uruguay va a comenzar, y comienza por acá. ¡Comienzo tienen las cosas! Este es el debate que estamos dando hoy. Ese 2% general que estamos rebajando se complemente con una focalización en algunos sectores, sobre los que me quiero detener. El proyecto de ley a consideración de la Cámara señala que se eliminará la tasa del IVA para las transferencias con sentido redistributivo que realiza el Estado, y en este caso no solo se incluye la población MIDES -que son los más populares; se ha hablado de la tarjeta Uruguay Social y de las asignaciones del Plan de Equidad-, sino a todas las asignaciones familiares que sirve el Banco de Previsión Social. Se trata de quinientas mil asignaciones familiares que sirve el BPS y que serán exentas del IVA en su tasa básica y en su tasa mínima. Este es el beneficio que estamos votando hoy, que no es solo para los “mides”, sino para los trabajadores, como recién se reclamaba: “Aquel que labura ocho horas por día no llega a fin de mes”. ¡Ahí están yendo los recursos! Voy a hacer referencia a un cuadro que aparecía la página 44 de la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas, y voy a utilizar estos datos para cambiarlos. Me refiero a los beneficios de las transferencias en el Uruguay según los ingresos en el país. Es decir, cómo afectaban las transferencias que ha aplicado el Estado uruguayo de acuerdo con el decil de ingresos. Los datos del cuadro nos decían qué sucedía en 2004 y en 2010 y, evidentemente, lo cargaba de lógica. ¿Por qué? Porque antes de 2004 el decil 10 de ingresos, los más ricos, recibían más transferencias del Estado que el decil 1, que eran los más pobres. Hoy esa escala se invirtió y ahora tiene lógica. Antes no la tenía, porque por concepto de transferencia del Estado se les daba más a los ricos. Esta transferencia del IVA, en la que se exonera del impuesto, va a generar que el decil 1 de ingresos de la población de los hogares de nuestro país, los más pobres, reciban un incremento de esa transferencia del orden de 14%, que significa en pesos reales $ 444 más; serán $ 395 más de transferencia para el decil 2, $ 320 más para el decil 3, y $ 395 para el decil 4. ¿Por qué? Porque el monto que recibe de esa transferencia no paga el impuesto, y según los datos que tenemos de la Encuesta Continua de Hogares, estas

familias consumen productos que están gravados con la tasa de 22% y con la tasa de 10%, lo cual da un promedio de su consumo de 14%. Con este proyecto de ley, hasta el tercer decil de la población, se incrementa el 14% su capacidad de compra de las transferencias que hoy hace el Estado por motivos redistributivos. El proyecto no se queda ahí, porque también establece que el Poder Ejecutivo, en función de los recursos económicos que tenga, no solo podrá exonerar de IVA al monto de la transferencia sino al resto de su consumo. Es un proceso: en la medida en que haya recursos en el Uruguay posiblemente estos sectores, no los “mides”, no los que están más abajo, sino el 30% más pobre de la población, que no está en el MIDES, podrá estar exenta de impuestos la totalidad de su consumo. Esto es la adaptación del caso japonés a los recursos tecnológicos que tiene el país. Uruguay tiene trazado cada una de las vacas que nacen en este país, pero todavía no tiene trazado cada uno de los ciudadanos que nacen en él. Iremos avanzando en ese proceso. Este es el comienzo de agregar progresividad al Impuesto al Valor Agregado, el más regresivo, no solo en Uruguay sino en el mundo. Me parecen muy auspiciosos los avances que estamos viendo, producto de una conducción política y económica por demás responsable y auspiciosa, que ha generado incrementos considerables en los niveles de vida de nuestra población. Este es un instrumento más para eso. Por eso me parece que damos un paso fundamental. En este proceso de discusión de impuestos es importante la relación y tener en cuenta con quién nos comparamos. Esto también es importante porque a veces las discusiones fuera de contexto terminan generando discursos estridentes y uno no sabe dónde está. Seguramente todos nos queremos ver como los países de la OCDE, todo queremos tener un nivel de ingreso y de bienestar en nuestra población similar a la de esos países desarrollados. Entonces, esto se puede comparar a partir del Índice de Gini, que es la medida que todos utilizamos para discutir estas cosas y ver cómo estamos. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que según el Índice de Gini, en la distribución primaria del ingre-

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so medio, cuando no actúa la política fiscal ni las políticas de gasto público del Estado, no se cobra impuestos ni hay gasto público; Uruguay -que está un poco más avanzado- y los países de América Latina están iguales. La distribución del ingreso de Alemania es la misma que la de Uruguay, pero en la carga impositiva ese país europeo es donde nos quita diez puntos de Índice de Gini, lo que logra que sea mucho más equitativa y justa cuando se aplican las políticas fiscales y de distribución de transferencias. Entonces, cuando nos rasgamos las vestiduras para bajar los impuestos, hay que mirar lo qué son los impuestos en los países de la OCDE. Por ejemplo, los impuestos a la renta y a la seguridad social son sustancialmente superiores, y mucho más bajos los impuestos al consumo. Por lo tanto, cuando en Sala se reclama eliminar algunos impuestos, yo me pregunto cómo financiamos el gasto público y cómo nos acercamos a la OCDE cuando está demostrado empíricamente que son esas cargas tributarias las que generan las diferencias de ingresos de esas sociedades con respecto a las nuestras, que somos los campeones de la desigualdad. No se puede venir a discutir sobre las consignas; hay que discutir con fundamentos. Esta es la realidad tributaria de América Latina con respecto a la OCDE y de Uruguay con respecto a Alemania. Y no lo dice solo un legislador del oficialismo, sino el Banco Interamericano de Desarrollo en su Documento Nº 8, de 2011. Se trata de documentos tributarios, una investigación que abarca a todos los países de América Latina y de la OCDE. Entonces, es en este contexto que tenemos que discutir las rebajas impositivas y las acciones en positivo que contribuyen a la solidez fiscal, a no desfinanciar al Estado por desfinanciarlo, y a no gritar para la tribuna, sino a ver cuáles son los cambios, los avances y las puertas que se abren a partir de las acciones positivas que estamos incluyendo hoy en nuestro sistema impositivo. Este es un gran proyecto de ley. Por supuesto que es un avance, no es un retroceso y para nada se asemeja a un mazazo. Quizás solo por eso recomiendo a los legisladores que no integran la Comisión leer la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda para que se informen acerca del debate que se ha dado entre todas las bancadas.

Es cuento quería decir. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: en primer lugar quiero señalar que me voy a eximir de hablar de los elementos positivos del proyecto de ley porque el hecho de que haya un único informe y solo un miembro informante muestra claramente con qué ánimo llega esta iniciativa al plenario de la Cámara. Todos suscribimos el informe que hizo el señor Diputado Asti en nombre de la Comisión y allí están contenidos, en términos generales, las virtudes del proyecto, fruto de un largo e intenso trabajo en la Comisión, donde escuchamos a múltiples invitados y se concluyó que el proyecto tenía elementos positivos, que votamos en Comisión y aprobamos un solo informe. Por lo tanto, para ser breve y ahorrar tiempo a la Cámara, no voy a caer en consideraciones respecto a lo que ya se sabe. El proyecto, de acuerdo con la discusión que se ha dado en esta sesión, tiene algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, que tienen que ver con nuevas introducciones respecto a la política fiscal, específicamente, la política impositiva. Partimos de la base de que la idea del Gobierno era traer un proyecto con cuatro componentes: el IASS, el IRPF, la rebaja del IVA, y un impuesto de recaudación municipal, que tiene una pequeña variante con respecto la forma de cobro, pero que es una variante importante porque representa un ahorro del orden de US$ 30:000.000 para los productores agropecuarios. Es esto lo que el Gobierno Central va a devolver a los productores, a partir del 1% que hoy pagan a los Municipios, pero sobre esto voy a hablar al final. Estos cuatro componentes representan cambios o ajustes de una política tributaria; en algunos coincidimos y en otros discrepamos. No vamos a traer aquí otra vez el debate del IRPF. El Partido Nacional comparte el Impuesto a la Renta, el nuestro fue el Partido que lo aplicó por primera vez en Uruguay. En el año

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2007, cuando se planteó el IRPF nosotros establecimos cuáles eran nuestras diferencias y discrepancias con dicho impuesto. Algunas de esas discrepancias se van mitigando en la medida en que se va levantando la base no imponible. Como consecuencia, cada vez menos trabajadores pagarán IRPF, en la medida en que se va levantando el horizonte a quienes se cobra. Por tanto, para nosotros el objetivo va en una dirección correcta. ¿Qué es lo que sigue siendo el gran faltante? Me parece que además fue el faltante en la intervención del señor Diputado preopinante, muy interesante por cierto. ¿Cuál es el gran faltante del que no se habla? ¡Las deducciones! Ese es el componente central de un impuesto a la renta, que sigue sin estar presente y que tampoco aparece en este proyecto como un elemento sustancial. Se trata del sistema de deducciones. La familia que gasta en educación adicional no recibe un beneficio fiscal, a pesar de que le alivia costos y gastos al Estado. No hay un reconocimiento del esfuerzo familiar y del trabajo volcado en áreas en las que el Estado también participa, al deducir a ese uruguayo o a esa familia parte de los gastos que, por ejemplo, hacen en materia de educación, que es en lo que nosotros más hemos insistido. Ese aspecto del impuesto a la renta sigue estando lento, y sin ser un aspecto central. Este proyecto trae la novedad de lo que denominamos bancarización. Reconozcamos que es una novedad, teniendo en cuenta de quién proviene y con los antecedentes de este debate. Digo esto porque nosotros hemos tenido que escuchar discursos contra el consumismo. Entonces, tenemos derecho a vernos un poco sorprendidos; por lo menos, sean indulgentes con nosotros. Nos podemos sorprender de que este Gobierno invite a los uruguayos a tener una tarjeta de crédito, masivamente, y así gastar en forma masiva. La tarjeta está asociada al consumismo. Se combate el consumismo pero en este proyecto se utilizan sus instrumentos de una manera magnífica. Inexorablemente, esta iniciativa nos llevará a que la inmensa mayoría de los uruguayos utilicen el sistema de tarjetas, se bancaricen y, por lo tanto, los bancos que hoy manejan US$ 3.000:000.000 por consumo pasen a manejar US$ 20.000:000.000 o US$ 30.000:000.000 en tres o cuatro años. Ya lo vamos a ver; vamos a poder medirlo. Por lo menos déjennos sorprender,

aunque compartamos que es un instrumento de generalización para que todos seamos más iguales. Es la psicología social que aplicó el Frente Amplio en el sistema de los planes sociales al haber dado a los más pobres una tarjeta, que es un igualador social. Ya sabemos que la tarjeta es parte de un comportamiento social; quien tiene una tarjeta tiene algo de estatus. La tarjeta, además de dinero, reconoce un estatus social. Ese fue un instrumento bien utilizado por los programas sociales del Frente Amplio cuando comenzó a utilizar la tarjeta. Es parte de una psicología social que iguala a los ciudadanos, más allá de que haya una tarjeta de débito que puede tener $ 2.500 y al lado otra tarjeta de crédito por US$ 10.000. A los efectos son iguales. Comprendemos esa psicología, es bueno y ha sido aceptada reconocida. Ahí sí le tomo la palabra al señor Diputado Sánchez, ahí es donde yo quisiera más. No es en la reducción impositiva, sino en el reconocimiento de que las tarjetas sociales pueden comprar más cosas de las que hoy pueden comprar. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo determinado cupo para los pobres de cosas que no pueden comprar. Y el sistema de tarjetas mantuvo esa limitación: los pobres algunas cosas no pueden comprar, somos rigurosos con ellos, hay cosas que no los dejamos comprar. Es una direccionalidad respecto al gasto. A ese respecto sí me gustaría invitarlos a ampliar la libertad de ese ciudadano, al que el Estado le da cierto dinero porque lo necesita, pero que no tiene capacidad plena de decisión con su dinero porque no puede comprar lo que quiere sino que tiene que comprar lo que le dicen. Y ya que estamos en un sistema de perfeccionamiento, pongamos eso en la agenda. Quizás en el futuro podamos agregar a este sistema también un cambio de esas características. La bancarización no me asusta a pesar de que Uruguay ha tenido tantos problemas con los bancos. Todos aún tenemos heridas de las últimas crisis bancarias. Un sistema de bancarización plena como este creo que a todos nos merece, por lo menos, atención, cuidado y cierto grado de responsabilidad política de hacerlo público. Creo que en esto los medios de comunicación tendrán que jugar un rol muy importante,

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y espero que las campañas de información del Estado también. Voy dar un solo ejemplo para que se sepa pragmáticamente de qué estamos hablando. Una persona va a reducir dos puntos de IVA por una comprar por tarjeta, pero si no paga en fecha recibirá una multa de 4% sobre lo que compró. Es decir que el atractivo de la rebaja del 2% puede llevarlo a sufrir un castigo con el doble de lo que se ahorró. ¡Esto es así! Yo no soy un dirigista, no quiero decirle a la gente qué tiene que hacer. Necesitamos ampliar la información, la gente tiene que saber qué es el instrumento. Muchas veces -nos pasó en la Comisión; los compañeros son testigos- nosotros no sabemos cómo manejamos las tarjetas. Muchos compañeros no sabían que sus tarjetas de débito de un banco privado paga por movimiento y que la que no paga -como bien mencionó el señor Diputado Asti- es la del Banco de la República. Todas las tarjetas de débito de la banca privada pagan por movimiento. Algunos compañeros no lo sabían y no lo tenemos por qué saber, pero si en un nivel de información como este no lo sabemos, ¡imaginen a la población que hace movimientos en los cajeros creyendo que eso no cuesta nada porque solo se trata de mirar en una pantalla! En realidad, el banco está cobrando cada vez que uno aprieta una tecla, cada vez que damos un “teclazo” el banco nos cobra un dólar. ¡Esto no lo sabe la gente! No lo sabe. Entonces, hay mucho camino por recorrer para poner a todos los ciudadanos en un sistema que, evidentemente, tiene costos y que va a traer -no tengo ninguna duda- muchos problemas. No quiero limitarlos a que no lo hagan, pero me gustaría saber cuál va a ser la responsabilidad política y gubernativa de informar suficientemente a los ciudadanos que van a acceder a un sistema que tiene un atractivo, que es una zanahoria y les estamos diciendo: “ven para acá, porque con este instrumento vas a conseguir beneficios”, pero después que estás dentro del instrumento, tienes que saber qué es lo que te pasa ahí si no te comportas adecuadamente, porque empiezas a generar nuevas deudas y algunos otros problemas adicionales. Entonces, me parece que este sistema todavía tiene mucho para ser discutido; queríamos poner estas cuestiones encima de la mesa. Por otra parte, el impuesto a los semovientes trae una modificación que es fruto de que el Gobierno

está dispuesto a compensar US$ 30:000.000 a los productores agropecuarios por la comercialización de los semovientes. Este 1% lo pagan a la Intendencia todos los que venden semovientes más todos los que venden propiedades inmuebles o rurales en remates. Debe reconocerse que este impuesto está muy concentrado: el 40% lo pagan los frigoríficos que tienen “feedlot”. Reitero: los que van a recibir la mayor devolución son los grandes frigoríficos, que tienen “feedlot” y pagan este 1% en términos relevantes, y uno en especial. En fin; este es un detalle solamente a los efectos ilustrativos. Lo cierto es que el sistema sigue siendo eficaz para las Intendencias y nosotros compartimos que el mecanismo se haya mantenido, porque esto es flujo de caja para ellas. Este impuesto tiene una larga trayectoria, tuvo una razón de ser cuando nació, ha cumplido con su cometido, ha sido eficaz, tiene nula morosidad, funcionó muy bien y permite a las Intendencias tener caja los 365 días del año -este es el único impuesto que las arcas municipales recaudan todos los días-; por lo tanto, es una buena solución no habérselo quitado a las Intendencias. Y la devolución es parte del renunciamiento fiscal del que hoy se habló acá: son US$ 30:000.000 que se devolverán a los productores. También es cierto que se tiene que saber cómo se va a devolver: si el instrumento fiscal con el que se va a devolver es una herramienta de uso general a los efectos del Estado, como se usan por ejemplo los certificados de devolución del IVA, o si se va a hacer un instrumento más restrictivo. Eso será parte de la reglamentación, así como muchas otras cosas que quedan pendientes. Quiero referirme también a algún aspecto que hemos señalado en múltiples oportunidades y no quiero que pase este debate sin dejar la constancia correspondiente. Insistimos, una vez más, en que el cambio del régimen impositivo no puede ser una facultad. Hubiéramos querido que el proyecto definiera estrictamente qué es lo que el Parlamento quiere hacer con los impuestos y no lo que este instrumento tiene; estúdienlo y revísenlo y verán que dice “Facúltase”: no sabemos a partir de qué momento ni cómo lo aplicará el Poder Ejecutivo. En realidad, lo que está haciendo el Parlamento es renunciar a su competencia de legislar en términos precisos, concretos y definidos, nada más ni nada menos que en el área impositiva, que es justamente una de las funciones que están en el nacimiento, en la matriz de los Parlamentos.

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Venimos con una costumbre desde hace unos cuantos años: cada vez que aplicamos una modificación impositiva, facultamos al Ministro de Economía y Finanzas para que la haga y, por lo tanto, dejamos una puerta abierta en su aplicación y en su tiempo. Acá se incorporan nuevos mecanismos en el IRPF, pero es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo que la aplicará de acuerdo con lo que ha dicho y se ha comprometido, pero sigue siendo una facultad. No es lo que desde nuestro punto de vista debe ser una decisión del Poder Legislativo de bajar determinados impuestos a partir de ciertas fechas. En cuanto al tema del IASS no voy a ingresar en ese debate, que ya lo hemos dado, y creo que ha quedado claramente establecida cuál es nuestra opinión, cuál es la opinión del Partido Nacional; seguramente algún otro compañero de bancada se explayará más en el tema. No compartimos el criterio expuesto inclusive por algunos jubilados en la Comisión, en el sentido de que está bien de que los jubilados paguen impuestos, en el caso de los ingresos. No lo compartimos por una cuestión conceptual. Ahora bien, el proceso de achicamiento de esa cantidad de jubilados que van a pagar el impuesto -que es lo que se está produciendo ahora: se está reduciendo la masa de jubilados que pagan ese impuesto- por supuesto que es acompañable y por eso -reitero lo del principio- nosotros acompañamos este proyecto. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Tourné) ——Para terminar -algunos de los comentarios anteriores darían para discutir en forma interesante políticas fiscales y cómo el país se intenta parecer en política de materia fiscal a los países del Primer MundoUruguay sigue siendo un país que distribuye mal la riqueza. En ese sentido, sigue teniendo problemas de fondo y no tengo la certeza de que proyectos como este los corrijan. Sigue teniendo un uso discrecional de lo que hoy se llama -por lo menos hace cuatro o cinco años; creo que es un tema inventado por el actual Vicepresidente de la República- “espacio fiscal”, los excedentes fiscales. Seguimos teniendo una cuestión no muy definida en el sentido de qué hacemos con los dineros de la recaudación cuando supuestamente sobran en tiempos de bonanza en la recaudación como esta. No son aplicados a la reducción de la deuda; no son aplicados al ahorro; son aplicados al gasto y esa es una cuestión muy errática que no nos

define. Y no nos podemos comparar, ni siquiera nos parecemos, a los países que establecen efectivamente una política de contención del gasto, pero más que eso una política de retención de ganancias en tiempos de bonanza. Notoriamente, eso no lo ha hecho el Uruguay. Y las políticas anticíclicas promovidas por el Frente Amplio desde la oposición, no se han cumplido; esa es una cuestión que nunca llegó a aplicarse en tiempos de enorme bonanza económica, como la que está disfrutando la economía del Uruguay hoy, principalmente como resultado de los precios internacionales de los productos básicos que vendemos. Es una bonanza económica que ojalá no terminase, pero todos sabemos que eso es cíclico, que vendrán tiempos de dificultades, que vamos a seguir teniendo una deuda alta y que no tendremos ahorros suficientes o disponibles como para cubrir esos déficit que sin duda vendrán en algún momento. SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CARDOSO (José Carlos).- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede interrumpir el señor miembro informante. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: quisiera hacer unas simples consideraciones. Empiezo por las últimas palabras del Diputado preopinante. Creo que algunas de las últimas noticias que hemos tenido con respecto a los resultados fiscales, el hecho de la reducción prácticamente a la mitad del déficit fiscal que se había considerado para el año 2011, así como las perspectivas para el año 2012, son motivo suficiente de tranquilidad, lo mismo que pasa con el tema de la deuda: por cinco años el Uruguay no tiene compromisos exigentes en ese sentido. Pero esto lo vamos a profundizar mucho más en la discusión de la Rendición de Cuentas del año 2011. Volviendo al tema original que plantea la base de este proyecto, que es una modificación tributaria, y la fase cero de un proceso de inclusión financiera, acá se hablaba de la generalización de las operaciones. Sí, es cierto, a eso tendemos: a generalizar las operaciones electrónicas. Por supuesto que el mayor énfasis está puesto en las tarjetas de débito y no en el endeudamiento de las personas a través de ellas. Ante esa generalización también queda asumida la posibilidad de personalización del impuesto, como muy bien lo destacaba -no voy a reiterar sus palabras-

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nuestro compañero el Diputado Sánchez. También destacamos -porque esto se dijo en la Comisión y se ha escuchado en múltiples intervenciones del Ministerio de Economía y Finanzas- que este proceso de inclusión financiera tiene como parte fundamental la educación acerca de las ventajas y de los riesgos de la utilización de cada producto financiero. Esto forma parte de ese proceso; no en una modificación tributaria, pero sí seguramente en este mismo semestre tendremos muchas normas que podrán universalizar el pago de haberes de salarios y pasividades por intermedio de los cajeros y allí habrá normas referidas a cómo utilizar cada una de las operaciones que se hagan con ellos. Por último, quisiera hacer una aclaración en cuanto al tema de los semovientes. Parecería que con este tema -que ya había sido planteado en el proyecto original- estamos creando un beneficio para los grandes productores agropecuarios. En este sentido queremos hacer una consideración; esto había sido discutido por un tema de equidad sectorial. Ya se han instrumentado otro tipo de tributos para el sector agropecuario en general. Ahora bien, el hecho de que la producción ganadera quede gravada por el Impuesto a los Semovientes -cuando se moviliza ganado en distintas etapas, lo que se llama en cascada, se paga más de una vez- lleva a una inequidad sectorial con respecto al agro. En efecto, el sector de la producción ganadera -fundamentalmente el de la cría- es el único que paga este impuesto, pero no así las importantes transacciones de bienes agropecuarios que también circulan por nuestras carreteras y por los caminos vecinales de los departamentos, tanto el forestal como el agrícola. Por eso, a raíz de una nueva visualización de toda la imposición del sector agropecuario, era imprescindible partir de la necesidad de una equidad sectorial para luego replantearnos el tema en general de la tributación del sector. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- He finalizado, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado Sánchez para contestar una alusión. SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: por supuesto que lo que hacía referencia el señor Diputado José

Carlos Cardoso tiene que ver con un debate que viene dando el Uruguay de manera -a veces- muy estridente desde el punto de vista público de qué hacen los pobres con las partidas que entrega el Estado. Comparto plenamente en colocar este tema en la agenda y estoy dispuesto a trabajar para que no haya restricciones en el consumo que realiza aquel que recibe una partida del Estado por estar debajo de la línea de pobreza. Por supuesto que saludo la iniciativa del señor Diputado José Carlos Cardoso y estoy dispuesto a ayudarlo a convencer a muchos de los integrantes de su bancada, quienes han sido muy duros críticos de las políticas de transferencia que se han implementado en el Gobierno del Frente Amplio, llámese “Trabajo por Uruguay”, la tarjeta alimentaria o la creación del Plan de Emergencia, y una de las críticas era: “Se lo gastan en vino”. (Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso) ——Por eso digo que estoy totalmente de acuerdo en trabajar con el señor Diputado José Carlos Cardoso -quien no piensa así- para propiciar un debate claro sobre estas cosas. “Se lo gastan en vino y compran celulares”, decían. Por supuesto, yo soy de los que piensan que las personas deben ser libres de hacer uso de las transferencias del Estado, adquiriendo los productos que entiendan necesarios para su bienestar. Creo que el señor Estado no debe estar con un funcionario público detrás de estas personas -gastando un salario- para saber qué hicieron, en qué gastaron y en qué dejaron de gastar. Por eso siempre nos adscribimos a la posibilidad de trabajar, de construir una renta básica universal que no tenga ninguna contraprestación y de que por el solo hecho de existir y de ser ciudadano del Uruguay no se permita que se esté por debajo de la línea de la pobreza. Este es un debate profundo y saludo la iniciativa del señor Diputado José Carlos Cardoso. Creo que hay espacio para trabajar, tratando de convencer a algunos señores legisladores que por razones ideológicas no creen en este tipo de cosas. Por último, quiero decir que tengo muchas alusiones en “Twitter” -recién ingresé en el día de ayer al “Twitter”-, pero no las voy a contestar por esa vía. En lugar de ponerlo en el “Twitter”, creo que sería mejor decirlo en Sala. Hablo de señores legisladores com-

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pañeros del señor Diputado José Carlos Cardoso que “twitean” y que no piden la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Recuerdo a los señores Diputados que el debate es en Sala. Si algún señor Diputado tiene algún problema con el manejo de los tiempos, puede cuestionar a la Mesa. Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra. SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: hemos escuchado con mucha atención el debate que se ha dado sobre el proyecto de ley del sistema tributario y de ajustes en general que estamos considerando. Me parece que ha sido muy rico el intercambio de opiniones. Inclusive, vamos a contestar algunas de las manifestaciones realizadas. Reconozco que la mayor parte de los señores legisladores y señoras legisladoras de la oposición han sido correctos desde el punto de vista del análisis del proyecto de ley. Me alegra que se haya logrado un consenso sobre su contenido y, en definitiva, es un reconocimiento de las bondades del proyecto de ley que estamos considerando, que consta de cuatro puntos. Me refiero a las modificaciones del mínimo no imponible del IRPF, a la disminución de un 2% del IVA, y se agregó -algo que fue una decisión muy acertada de la Comisión de Hacienda- el proyecto que llegara en las últimas semanas en cuanto al IASS y a los semovientes. También es bueno que quede explicitado en la versión taquigráfica que se ha desglosado un artículo que refiere al BPS. Se entendió que había que realizar un mayor estudio en cuanto a la disminución del aporte de recursos del Gobierno Central al Banco de Previsión Social. Muy especialmente he escuchado a los compañeros Asti, Bernini y Sánchez, quienes fueron muy explícitos con respecto al contenido del proyecto de ley y también en cuanto a análisis políticos que son necesarios realizar, sobre todo cuando surge este tipo de discusiones en esta Cámara de Representantes. Voy a agregar algunos datos sobre todo referidos al mínimo no imponible y al IASS porque no se han mencionado con precisión y creo que es importante que quede en la versión taquigráfica, para que todos los señores y señoras legisladores tengan conocimiento. En cuanto a los artículos 3º, 4º y 5º, que refieren al incremento del mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, hay una serie de in-

formaciones -creo que la Comisión las tiene- del Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido de que se produce una disminución importante del número de contribuyentes. Ese número alcanza a 43.991 contribuyentes; quiere decir que casi cuarenta y cuatro mil trabajadores dejan de aportar al IRPF a través de este proyecto de ley, algo que quería destacar. Es bueno aclarar que la tasa marginal de todos los demás es la misma y que la recaudación cae entre un 6,4% y un 8% -lo que genera un costo para el Gobierno- y que la suba del mínimo no imponible favorece a todos los contribuyentes y no únicamente a determinadas franjas. Como dije, el resultado de este proyecto de ley implica un sacrificio fiscal de entre un 6,4% a un 8%. Por supuesto que nosotros, el Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el señor Presidente de la República -no tengo ningún tipo de dudas en eso- deseamos ir en forma más acelerada en cuanto al ajuste del sistema tributario y, en particular, con referencia al impuesto que estamos considerando. Sin embargo, tenemos limitaciones y compromisos económicos que hacen que el sistema tributario se vaya adaptando gradualmente a lo que tiene planteado como objetivo final nuestra fuerza política y que acompaña el Poder Ejecutivo. También se habló aquí del tema de las deducciones. Creo que el contenido del artículo 5ª es un avance importante en este sentido, ya que plantea deducciones por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente, por cuotas de promitentes compradores cuyo acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay, por cuotas de cooperativas de vivienda y otras que la reglamentación entienda pertinente. Aclaro que, por supuesto, esta deducción no puede superar las 35 BPC. Creo que esto es importante y resulta bueno que quede establecido en la versión taquigráfica. Antes de entrar al tema del Impuesto al Valor Agregado voy a hacer un análisis con referencia a alguna expresión de un señor Diputado que lamentablemente no se encuentra en Sala en este momento. Este Diputado dijo que este Gobierno -en este caso, mi Gobierno, el que preside el Presidente de la República José Mujica y el que antes presidió Tabaré Vázquez, al que sin duda también se involucra- no tiene sensibilidad ni en los tributos ni en el gasto con respecto a la atención de la ciudadanía. Me parece que esta afirmación es bastante temeraria. Puede ocurrir que falte memoria, me-

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moria muy cercana, de siete años a la fecha, en cuanto a qué es lo que han hecho los Gobiernos de mi fuerza política, el Frente Amplio. En ese sentido, voy a señalar nada más que dos o tres cosas para que queden establecidas en la versión taquigráfica. El Gobierno del Frente Amplio en aquel momento presidido por el doctor Tabaré Vázquez tomó el país con una situación económica y social realmente crítica, que implicó que de manera rápida se instrumentaran una serie de medidas relativas a planes de emergencia social, como el PANES, a efectos de mitigar -no para solucionar de forma definitiva, porque eso lleva mucho tiemposituaciones muy críticas que vivía un sector de la población -que, lamentablemente, sigue viviendo aunque el porcentaje es minoritario en comparación con el de 2005-, y que el Gobierno del Frente Amplio atendió. Por lo tanto, vuelvo a repetir: el hecho de decir que no tenemos sensibilidad con referencia a los tributos y al gasto social me parece temerario. ¿Los señores legisladores y las señoras legisladoras no se enteraron de que hubo una disminución de la pobreza en este país, que pasó de un porcentaje cercano al 34% en 2004 al guarismo actual, que es del 14%? Esto fue motivado por políticas económicas y sociales que estaban destinadas a atender esa situación de emergencia. ¿Acaso no se recuerda que entre los ciudadanos uruguayos había un porcentaje de indigencia que llegaba al 4,5% en 2004? Hoy, por suerte, apenas superamos el 1% de indigentes. Esto también responde a la política aplicada por el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, PANES, a través del MIDES. Esto lo implementó este Gobierno y, por suerte, muchos de los proyectos fueron aprobados por la totalidad de los partidos políticos que integran la Cámara de Diputados. Por supuesto, señora Presidenta, que en aquel momento se nos cuestionó tremendamente; se dijo cualquier cosa y se incentivó a un número importante de ciudadanos a cuestionar las políticas sociales que se estaban implementando, que eran necesarias porque, en definitiva, había que posibilitar que la gente más indigente pudiera comer y que los niños tuvieran abrigo y atención en salud. Por eso se creó un instrumento muy momentáneo, que fue tremendamente cuestionado por la oposición en general: el Ingreso Ciudadano. Y, sí, ¡lo hicimos!, porque fue un mandato de la ciudadanía, que votó mayoritariamente al doctor

Tabaré Vázquez, representante del Frente Amplio, como Presidente de la República. ¡Claro que se hizo! Y lo volveríamos a hacer, porque la ciudadanía más pobre de nuestro país necesita la ayuda del Estado y tenemos que brindársela. Así continuamos, ahora con el Plan de Equidad, con el que estamos atendiendo a la población a través de la Tarjeta de Alimentación, de varios programas y del pago de Asignaciones Familiares. Por lo tanto, realmente me extrañan algunas expresiones y las rechazo. Yo sé que a veces las posiciones políticas obligan y que, en ocasiones, están destinadas a erosionar a determinado partido político o al gobierno. Pero de ninguna manera acepto que se diga que mi Gobierno, el Gobierno del Frente Amplio, tanto el de Tabaré Vázquez como el de José Mujica, no tienen sensibilidad en cuanto al tema social. ¡La tienen!, y lo hemos demostrado en forma muy categórica. Hemos aplicado el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas porque tenemos una política que va destinada a lo que decía el compañero Bernini: que pague más el que tiene más; que pague menos el que tiene menos. Esto ha sido comprobado. Se ha sustituido el Impuesto a las Retribuciones Personales, que era totalmente injusto y emparejaba a toda la ciudadanía con la aplicación de determinado porcentaje, que no era solo del 2% pues en determinado momento alcanzó el 6%. Repito: se emparejaba a la ciudadanía sin atender a los trabajadores y a otros sectores de la sociedad que tienen escasos recursos económicos. Son formas de ver la manera en que se atiende y se contempla a la sociedad, sobre todo a los sectores menos pudientes. Me parecía una necesidad política marcar con claridad nuestro posicionamiento en cuanto a la sensibilidad que el Frente Amplio y nuestro Gobierno tienen con respecto a la cuestión social. Quiero agregar que integro la Cámara de Representantes desde 1990, pero ya a partir de 1985 los partidos tradicionales venían aplicando una y otra vez ajustes fiscales. Yo pregunto a los miembros de la Cámara de Representantes si están enterados de que, desde el 1º de marzo de 2005, los Gobiernos que han estado al frente de este país hayan aplicado algún ajuste fiscal. ¡No hemos aplicado ajustes fiscales! ¡Al contrario: hemos tratado de favorecer al trabajador, a las capas medias y a los sectores más vulne-

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rables de nuestra población! Esto también es una realidad, pero sé que no se puede reconocer y que puede haber algún tipo de contestación al respecto. De todos modos, esto es lo que la historia marca, y bastaría con revisar las versiones taquigráficas de esos años para comprobar que, ante cualquier pequeño movimiento mundial, inmediatamente se implementaba un ajuste fiscal que perjudicaba a los trabajadores, a las capas medias, a los ciudadanos de nuestro país en general. (Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso) ——Por lo tanto, me parece que hay que aclarar las cosas y decirlas tal como son. Para mí y para mi fuerza política, este nuevo sistema tributario, que comenzó a implementarse a partir de 2007, es mucho más equitativo que el que venía aplicándose en gobiernos anteriores. Voy a continuar con el temario de este proyecto de ley. Del artículo 7º en adelante se plantean una serie de disposiciones con relación al Impuesto al Valor Agregado que son realmente importantes y tienen que ver de modo directo con la disminución de dos puntos de este Impuesto. En este caso, también se tiene en cuenta a un sector muy importante de la población: los ciudadanos socios de las cooperativas de consumo. En ese caso, en algún momento nuestra bancada analizó el tema con el equipo económico y consideramos importante incluir y dejar absolutamente claro en el proyecto que ese descuento también va destinado a los socios de las cooperativas de consumo. No me voy a referir a los artículos vinculados con las tarjetas de débito de Uruguay Social y a quienes cobran asignaciones familiares, ni a la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo para extender el beneficio de no cobro del IVA a las compras de esos sectores de ciudadanos que, si no me equivoco, abarcaría a 30.000 beneficiarios. Fue lo que se pudo hacer. Estoy convencido de que las tarjetas de crédito y de débito van a dar resultado, y acá se ha explicitado con amplitud cuál es el objetivo. Inclusive, la propuesta del señor Diputado Peña Fernández nos parece muy importante, está siendo analizada por el equipo económico y, sin duda,

posteriormente será puesta a consideración de la totalidad de esta Cámara. El otro tema que se anexa a este proyecto de ley -hemos visto la moción y tenemos el repartido- tiene que ver con el IASS, el impuesto que se aplica a las jubilaciones y pensiones, cuya exposición de motivos dice: “Se propone en este proyecto de artículo único facultar al Poder Ejecutivo a aumentar en hasta 12 BPC el tramo exento a los efectos de la liquidación del IASS beneficiando de esta manera a un importante número de pasivos actuales contribuyentes del mencionado Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social”. No obstante, es bueno que todos sepamos que en este momento casi el 85% de los pasivos no paga IASS, cosa de la que se habló solo en términos generales. Concretamente, el 85% de los pasivos no paga IASS. Cuando se aplique este proyecto que vamos a aprobar en la tarde de hoy, el 15% que paga IASS bajará al 10%. Por lo tanto, el 90% de los pasivos no va a pagar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, algo que es sumamente importante. Otro dato que también resulta de importancia destacar es que el 84,4% de lo recaudado por concepto del IASS es aportado por 38.636 contribuyentes, que representan el 35,5% de los contribuyentes de este impuesto y el 5,8% del total de los pasivos. El incremento del mínimo no imponible del IASS, que pasa de 11 a 12 BPC, indica que prácticamente desaparecen los contribuyentes en la segunda franja y en gran parte de la tercera Por lo tanto, se está beneficiando muy favorablemente a los pasivos con este proyecto. Como dije, a partir de la aplicación de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo solo un universo menor al 10% de los pasivos pagará IASS. Me pareció sumamente importante plantear este tema. Por último, también quiero destacar que en ese diálogo fluido y flexible que se ha mantenido con el Poder Ejecutivo se mejoró sensiblemente el artículo que se remitiera originalmente vinculado con los semovientes, que tiene un costo de entre US$ 25:000.000 y US$ 30:000.000, y favorece a sectores ganaderos, además de facilitar su cobro. Esto tiene que ver con un compromiso que adquirieron en su momento tanto el señor Ministro de Ganadería,

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Agricultura y Pesca como el propio Presidente de la República. Entonces, voy a votar este proyecto como toda mi bancada -y me alegro que lo vaya a votar en general toda la Cámara de Representantes-, convencido de que estamos ante una iniciativa que favorece a la gente, que cumple con lo que se expresara en 2007 en el sentido de que íbamos a seguir trabajando para mejorar lo más rápidamente posible el sistema tributario. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: vamos a hacer algunas reflexiones muy generales sobre los temas que la Cámara está analizando; me parece importante empezar con una reflexión política, a efectos de dar nuestra visión con relación a estas propuestas, que tiene que ver con que la actitud y la mirada de la oposición ante un proyecto que, en verdad, rebaja impuestos, se valoró en diferente dirección. Nosotros no tenemos ningún empacho en decir, reconocer y partir de la base de que efectivamente estamos ante una medida legislativa -dicho en sentido estricto- que representa un alivio tributario, una disminución de gravámenes. Sin embargo, a la hora de reconocerlo -de lo contrario, sería como pelearse con la realidad-, tenemos el mismo derecho a hacer todos los comentarios de carácter subjetivo que entendamos pertinentes, en función de que estas rebajas se dan, obviamente, en determinados contextos y están referidas a cierta realidad que naturalmente motiva distintas valoraciones y distintos puntos de vista según la opinión de cada bancada parlamentaria. Y me parece que una cosa no excluye la otra. Desde el Partido Nacional hemos dicho que aun votando -como lo haremos- este proyecto, entendemos necesario trasmitir a la población que, por cierto, no deben sobreestimarse las bondades del instrumento; que si bien esto implica un avance, no es un cambio sustantivo de la situación vigente ni un cambio estructural del sistema tributario del cual, por lo tanto, seguimos siendo críticos, y en algún sentido hasta podría hablarse de gatopardismo tributario, es decir, cambiar algunos aspectos o tocar algunos resortes para que en definitiva todo siga un poco más o un poco menos como estaba antes de la aprobación

de este proyecto. Porque, obviamente, los beneficios de este proyecto no van a llegar a toda la población en forma inmediata; sí va a llegar a determinados segmentos de la población, fundamentalmente en el caso de los impuestos directos, pero siempre que el Poder Ejecutivo resuelva hacer uso de la facultad que el Parlamento estaría por acordarle y no porque lo imponga la ley. Este es un primer aspecto. En el caso de los impuestos indirectos, va a llegar en la medida en que la ingeniería compleja que se ha concebido tenga éxito en el plano material y efectivamente avancemos en lo que hay muchas dudas de que se pueda avanzar, por lo menos rápidamente, que es la ampliación del mercado de consumo con tarjetas de crédito y de débito, por las razones que todos conocemos, que implican aspectos de carácter cultural en los comportamientos de consumo de los uruguayos y de los propios comerciantes, que por cierto utilizan este instrumento bien poco, como quedó de manifiesto en la discusión de la Comisión de Hacienda. El señor Diputado Sánchez recordaba que alguien de la oposición había utilizado el término “mazazo”. Fui yo que lo utilicé en una intervención anterior, no para calificar el proyecto, porque mal puede hablarse de mazazo en el caso de una propuesta que en verdad rebaja impuestos, pero sí para referirme -porque a eso aludía y lo voy a desarrollar y a explicitar después- a la política tributaria del Gobierno con relación a los pasivos. Decía el señor Diputado preopinante -no el señor Diputado Sánchez- que el Gobierno del Frente Amplio no había aprobado ningún ajuste fiscal. Yo pregunto: haber subido la tributación de los jubilados del 2% al 10%, del 10% al 20% y del 20% al 25%, como establece la escala vigente del IASS, que ya estaba vigente en el IRPF, ¿no es un ajuste fiscal? ¿Cómo no va a serlo? Claro que lo es. En el año 2004, cuando el doctor Jorge Batlle terminó su Gobierno, los pasivos pagaban un 2% por encima de los seis salarios mínimos nacionales, equivalentes al actual BPC, de aquel momento; hoy pagan un 8% y a partir de las nueve Bases de Prestaciones y Contribuciones, van a pagar un 10%, que es la tasa vigente desde aquel entonces. Ese es un ajuste fiscal, sin lugar a dudas. En cuanto al IVA, reconozcamos, además -con todas las dudas y el escepticismo que esto nos provoca, producto de haber escuchado al Ministro, pri-

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mero, a las cámaras emisoras de tarjetas de crédito, después, y a CAMBADU, finalmente-, que hay un apartamiento de la promesa inicial del Gobierno. En la campaña electoral del año 2004, la fórmula presidencial Mujica-Astori anunció una rebaja de dos puntos de IVA; punto. El Ministro Lorenzo, cuando compareció al Parlamento a inicios de 2010, a lo largo de ese año e, inclusive, en abril de 2011, cuando concurrió para hablar de posibles rebajas impositivas, se refirió a la rebaja del IVA, y punto, pero en ningún momento, hasta ese entonces, asoció esa propuesta con un eventual estímulo a la bancarización, a la utilización de los plásticos. Hasta ese momento, no lo hizo; eso vino después. Yo no digo que esté mal, pero como en los informes que hacemos al plenario debemos trasmitir la historia fidedigna de la discusión, esto forma parte de la historia fidedigna; digámoslo claramente porque así es. El hecho de que nosotros votemos esta iniciativa no nos inhibe de reafirmar hoy que estamos en contra del sistema tributario vigente en Uruguay, porque además de lo que ya señalamos con relación a los pasivos, vamos a seguir en contra de un impuesto a la renta que grave por concepto de renta los ingresos por encima de $ 19.000, en un país en el que, contrariamente a lo que se señaló hasta este momento, la canasta básica familiar supera largamente los $ 40.000 por mes para una familia tipo; el promedio de los salarios en Uruguay, de acuerdo con los registros del Banco de Previsión Social, es de $ 13.000 por mes y más de la mitad de las pasividades -como señalamos antes- en el Uruguay de hoy no supera las tres Bases de Prestaciones y Contribuciones, es decir, están por debajo de los $ 7.000 por mes. Esa es la realidad del Uruguay de hoy, más allá de los esfuerzos que este Gobierno ha hecho, que estamos dispuestos a reconocer. En cuanto a la exoneración del IVA a aquellos ciudadanos usuarios de las tarjetas sociales, nos parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo, y estamos de acuerdo en los términos en los que aquí se señaló; a nosotros no nos preocupa demasiado qué compran y qué dejan de comprar con esas tarjetas. En cuanto al guante que se arrojó desde la bancada de Gobierno hace poco rato respecto a que no debería ruborizarnos ni escandalizarnos la circunstancia de que no se limitaran estos ciudadanos a utilizar esa tarjeta para comprar alimentos, productos de aseo personal o familiar, o vestimenta, no tengo ningún

problema en dar el debate; lo que sí me preocupa y creo que refiere a la legitimidad de origen de esta solución es que, efectivamente, el beneficio llegue al destino correcto, que este beneficio y la utilización de esta tarjeta llegue a quien tiene que llegar, que es su legítimo titular. Ese es el punto que a nosotros, señora Presidenta, nos preocupa, a partir de esta solución que vamos a acompañar, en el marco del apoyo crítico que venimos dando al Ministerio de Desarrollo Social y a las políticas sociales desde el año 2005 -hemos votado todas las soluciones-: que a la hora de usar esta tarjeta los controles funcionen para que, reitero, no haya una distorsión en la utilización. Este beneficio o esfuerzo fiscal no es del Gobierno, sino de los ciudadanos, de todos los demás ciudadanos que pagamos impuestos, que pagamos el IVA y otros impuestos; muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, pero no tienen tarjeta alimentaria ni reciben los beneficios o la ayuda del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y cada peso que ingresa a su casa es por el esfuerzo de su trabajo. Con ese esfuerzo de su trabajo, aún cuando no logran satisfacer completamente sus necesidades básicas, van a financiar la exoneración de IVA que hoy nosotros vamos a aprobar. ¿Está mal? No, pero lo que sí estaría muy mal sería que, en definitiva, la voluntad legislativa no se cumpliera y que ese beneficio no llegara a quien debe llegar. Eso lo debe controlar el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social. Y nosotros tenemos derecho a preocuparnos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si las contraprestaciones previstas en la legislación vigente para los planes de emergencia no se han cumplido? No lo digo yo, sino que lo afirman las autoridades. Este verano se supo que el Banco de Previsión Social no puede controlar la asistencia a clases de 260.000 niños porque Primaria no le da la información. Del universo de niños por los cuales sus padres reciben las asignaciones familiares, no se hicieron el 30% de las verificaciones de que efectivamente los niños concurren al sistema educativo. Entonces, tenemos derecho a preocuparnos; no se trata simplemente de una reacción esquizofrénica o ansiosa, sino que la realidad de las circunstancias nos lleva a plantearnos esas dudas y aprensiones que creo es legítimo tener. Digo eso, sobre todo, porque convengamos, además, que a la redacción del artículo 88 se ha dado una solución mucho más amplia que la inicial. Ahora

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la tarjeta no solo se va a utilizar para gastar en lo que concierne a alimentos o asignaciones familiares, sino que el Poder Ejecutivo podrá determinar otras prestaciones, que no sabemos cuáles son. Se dice que el gabinete social las definirá, pero el Parlamento no las conoce; debería ser al revés: tendrían que venir aquí a pedirnos el instrumento y señalarnos para qué prestación se quiere. Inclusive, estamos consagrando una facultad amplísima: la posibilidad de que esto se utilice para toda clase de ingresos que tenga esa persona. Yo lo voy a votar pero, al mismo tiempo, quiero dejar constancia de que se debe seguir muy de cerca, no a los que van a utilizar este mecanismo, sino a los que tienen que controlar que esto se utilice bien, que son las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, del Banco de Previsión Social y todos los organismos que tienen competencia en esta materia. En cuanto a la rebaja de dos puntos del IVA, esto se vincula con lo que dije antes en cuanto a que el beneficio va a llegar en la medida en que esta solución se desarrolle. Me remito a las palabras del Ministro Lorenzo, quien dijo en la Comisión que, tal como estaban las cosas, con la situación actual, esto no beneficiaba prácticamente a nadie o a muy poca gente, y habló -lo cito textualmente- del club selecto de tarjetahabientes en el Uruguay. ¿Por qué? Porque todavía son muy pocos los que utilizan ese mecanismo; está claro. No solo están los que utilizan para comprar, sino también para vender. Quedó de manifiesto en la Comisión que apenas 15.000 comercios, más 10.000 cajas registradoras utilizan, en definitiva, estos medios de pago electrónicos a los efectos de poder vender sus productos. El Ministro dijo que seis meses era el plazo que entendía sería necesario para que esto estuviera debidamente implementado y desarrollado. El sector privado no estuvo de acuerdo en eso con el Ministro, no estuvo de acuerdo CAMBADU -contrariamente a lo que se señaló hoy-, así como tampoco las empresas emisoras de tarjetas de crédito. Dijeron que en la eventualidad de que tuviéramos éxito, tomaría por lo menos un año duplicar el mercado de las tarjetas, pero duplicar la facturación, teniendo en cuenta que quienes obtienen este beneficio, muchas veces, tienen una capacidad de consumo menor, tomará todavía mucho más. ¿Esto inhabilita la solución? No, pero creo que, por lo menos, ayuda a situarla en su debida dimensión, a no sobredimensionarla, como decíamos hoy, al inicio de nuestras palabras.

En cuanto al IASS, queremos hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de mazazo, no lo hicimos simplemente por poner un rótulo a las cosas; lo hicimos a partir de la constatación que ya señalamos. Todos conocemos cuál fue la historia del IASS, porque fue relativamente reciente. Esto comenzó con la reforma tributaria del año 2007, cuando se instauró el IRPF que se aplicó a las jubilaciones y pensiones, lo que fue motivo de enorme controversia en el Uruguay, en aquel momento, y dio lugar a sentencias contradictorias de la Suprema Corte de Justicia, y planteó -diría- una discusión aún no saldada definitivamente en cuanto a la legitimidad de este tributo. Las tres organizaciones de jubilados y pensionistas que comparecieron a la Comisión dijeron que la propuesta de elevar en una BPC el mínimo no imponible no era totalmente suficiente. Además, dos de ellas dijeron que el impuesto es ilegítimo, que viola la Constitución, y creo que no lo dicen sin razón. Yo comparto ese criterio, como lo compartió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia que, oportunamente, declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Está claro, señora Presidente, que el IASS -más allá de lo que se quiera decir- es el mismo impuesto con otro nombre, porque está gravando de la misma manera el ingreso de los jubilados y está realizando la misma ficción de considerar renta donde no la hay. El artículo 67 de la Constitución de la República define claramente las jubilaciones y las pensiones como prestaciones. No son el resultado de una actividad económica como ocurre en la actividad empresarial, y si existe el artículo 67 no es para recortar las pasividades sino para garantizar que el Estado aporte y proporcione los recursos suficientes para que las pasividades sigan la evolución de los salarios. Por lo tanto, creo que la ficción -repito- de considerar renta donde no la hay es lo que ha motivado esta controversia que no ha terminado todavía. Si la calificación de inconstitucional del IRPF no llegó al IASS, fue simplemente porque cambió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente; todos sabemos que es así. Además, más allá de la constitucionalidad, yo dije en la Comisión: el impuesto, a mi juicio, es ilegítimo, pero es legal. Claro que sí; está vigente en una ley que está firme, que rige en todos sus términos y se aplica. El Gobierno tiene todo el derecho de aplicarla; nadie dice lo contrario. Ahora

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bien, es de una inequidad tributaria tremenda, porque es mucho más injusto que el IRPF que pagaban los propios jubilados antes, porque como se dijo hace un rato -y es verdad-, no pueden deducir gastos de ninguna clase ni especie, aun cuando todos sabemos que están en una etapa de la vida en la que, por lo general, su subsistencia depende de su jubilación o pensión. Este impuesto, además, tiene una escala absolutamente asimétrica con respecto al IRPF que se aplica a los activos, a los salarios. En el caso de los trabajadores hay una escala bastante más escalonada -si se me permite la redundancia-: de 0% a 10%, 10% a 15%, de 15% a 20%, de 20% a 22% y de 22% a 25%. En el caso del IASS, saltamos del 10% al 20%, y eso genera una presión tributaria mayor. La DGI ha reconocido -lo dije en mi intervención anterior- que la presión tributaria que ejerce el IASS sobre los contribuyentes es mayor que la que ejerce el IRPF sobre los trabajadores. Tengo en mi poder el informe del cierre de ejercicio de la DGI con relación a los impuestos directos -IRPF e IASS- que se conoció en las primeras semanas de 2011 y recoge datos de 2010. Aquí uno puede advertir que por tramos de ingreso exactamente iguales -no los voy a leer porque son los mismos-, en el caso del IRPF, la presión sobre los ingresos -así lo dice el informe- es de 0,4%, 2,7%, 5,9%, 8,9%, 10,9%, etcétera, mientras que en el caso del IASS es de 0,9%, 3,4%, 6,6%, 10,6%, 13,1%, y después sigue la cadencia. Creo que con esto queda demostrada la verosimilitud de lo que nosotros estamos afirmando. Por eso mismo -no lo dijimos nosotros-, todas las organizaciones de jubilados y pensionistas, aun la ONAJPU, que sabemos es la que ha tenido mayores coincidencias objetivas con el Poder Ejecutivo -en todo su derecho, como también ha tenido discrepancias-, han sostenido que este es un paso, pero evidentemente no alcanza, entre otras cosas porque, como se dijo también en Sala, la propia Organización ha reclamado que el mínimo no imponible se sitúe en las diez BPC. Y todas las organizaciones de jubilados -las tres que fueron a la Comisión- reclaman que se revise la ausencia de deducciones que, sin ninguna duda, hoy genera una inequidad notoria con relación a los pasivos del Uruguay. La afirmación de que el 85% de los pasivos no pagan IASS se contesta sola y se reafirma desde otro

ángulo. Por supuesto que el 80% o el 85% no paga IASS, pero ¿por qué? Por lo que yo dije antes: porque ese 80% u 85% de los pasivos gana menos de $ 14.000 y el 50%, menos de $ 7.000. Eso es así. Yo estoy dando datos. No estoy calificando. Sé que ha habido un esfuerzo de dar aumentos diferenciales durante todos estos años a las pasividades más bajas. Es verdad. Creo que no hay por qué irritarse con lo que decimos; simplemente estamos dando datos. Si alguien quiere negar su autenticidad, me pide una interrupción y se la proporciono. Eso es lo que dicen los números con toda su rotundidad y elocuencia. Se dijo que la ONAJPU tenía por aspiración, por anhelo que todos los jubilados pagaran IASS, porque entonces todos ganarían más de $ 20.000. Yo también tengo ese anhelo. Claro que sí. Por supuesto, yo quisiera que no hubiera impuesto, pero existe y el Gobierno no lo va a sacar mientras sea gobierno. Por lo tanto, mientras no lo saque, ojalá que más puedan pagar porque querrá decir que habrá habido una revaluación importante, significativa de las pasividades y que por lo menos se aproximará -digámoslo así- a la media canasta básica. Hoy no estamos ni en la cuarta parte de la canasta básica para -repito- más del 50% de los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social. Creo que hay que señalar como positivas, señora Presidenta, algunas cosas que no se han dicho pero que forman parte de la historia del análisis legislativo, y con este tema voy a terminar. Por ejemplo, es positivo que el propósito inicial del Gobierno de reducir la asistencia del Estado al Banco de Previsión Social en dos puntos de IVA quedara por el camino, tal como figuraba en el artículo 13 del proyecto inicial; también lo es el equivalente al COFIS que oportunamente se estableció como un componente de la asistencia al sistema de seguridad social. Eso es muy bueno. Sé que en ese sentido se hicieron esfuerzos desde la bancada de Gobierno porque así trascendió públicamente. Persuadieron al Ministro Lorenzo, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas para que eso no se concretara. Si se hubiera perpetrado hubiera sido un verdadero atentado, y yo valoro -francamente lo digo- que eso haya ocurrido. Es verdad -yo estoy dispuesto a reconocerlo- que han mejorado la recaudación y la formalización del trabajo, que la política laboral -como se dijo- en el ámbito de los Consejos de Salarios ha determinado que haya más cotizantes al Banco de Previsión Social. Es así;

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nosotros -repito- no nos peleamos con la realidad. Yo lo reconozco, pero si es así y es verdad lo que declaró el Presidente del Banco de Previsión Social el pasado domingo en una entrevista publicada en un matutino en el sentido de que hoy el BPS, más allá de cualquier crisis internacional tiene estabilidad financiera por lo menos hasta 2030, pues entonces empecemos a pensar qué hacemos con esos recursos excedentarios. El Gobierno se quiso quedar al menos con una parte de ellos, con los dos puntos de IVA que, en principio, se iban a dejar sin efecto como asistencia al Banco de Previsión Social. La fuerza política, después de una negociación interna frenó ese intento. Está muy bien y yo lo valoro; ahora bien, me parece que el paso que sigue es ver qué hacemos. El propio Presidente Murro sugirió una idea en un reportaje que apareció el domingo pasado: tal vez sea hora de empezar a pensar en reducir los aportes personales al Banco de Previsión Social, que prácticamente son los más altos de la región. Lo dijo él, no yo. Es un camino. Puede haber otros, porque eso tiene que ver con los afiliados activos al Banco. También podemos pensar en los afiliados pasivos. Si tenemos esos recursos excedentes, ¿no podemos pensar en financiar otros beneficios, en mejorar el valor de las pasividades, como decíamos hace un rato, más allá de esta discusión sobre el IASS? ¿No podemos eliminar el IASS, que es un impuesto de asistencia a la seguridad social y, por lo visto, no necesita demasiada asistencia ya que el Presidente del BPS ha dicho que se terminó el déficit y que tenemos estabilidad hasta 2030? Veámoslo, pero creo que todos los caminos están abiertos y sería bueno recorrer algunos. Si no, vamos a caer en soluciones economicistas; si no, la solución será de tono neoliberal: como quedó dinero, que el Estado ahorre. Sería una política contracíclica. Nosotros hemos reclamado muchas veces políticas contracíclicas, pero en el caso de los pasivos, con esta realidad social que tenemos -que es la que acabo de describir-, si tenemos recursos, como dice el Gobierno, ¿por qué no discutimos qué hacemos con ellos? Reitero, el debate no lo estoy planteando yo en este momento; lo hizo el domingo pasado el Presidente del Banco de Previsión Social que, supongo, es una de las palabras más autorizadas en materia de seguridad social del Gobierno. Si es la idea del Gobierno bajar los aportes personales -y estamos dispuestos a discutirlo-, lo votamos ya. Reitero que tal vez podríamos pensar en los jubilados o en

alguna fórmula mixta. No quiero razonar en voz alta, pero se me ocurre que hay caminos para recorrer y, sin ninguna duda, todos están abiertos. Por estas razones vamos a votar afirmativamente este conjunto de medidas que constituyen un alivio tributario. De todos modos, me parece bueno que a la hora de hacerlo, con la misma responsabilidad con la que votamos todos desde lo que cada uno represente, también tengamos la misma actitud de mesura frente a la población a fin de trasmitir el verdadero alcance de estas soluciones. Cuarenta mil trabajadores se verán beneficiados una vez que el Poder Ejecutivo utilice la facultad que le estamos otorgando. No sabemos si será en el mes de marzo de este año o del año que viene, porque el Ministro no lo dijo. Solo dijo que lo que iba a regir inmediatamente era la exoneración para los usuarios de las tarjetas otorgadas por el MIDES, y bienvenido sea. Queremos que eso quede claro: que los beneficiarios de los planes sociales inmediatamente van a empezar a comprar más barato, lo cual es muy positivo. Pero no sabemos cuándo dejarán de pagar por la elevación del mínimo no imponible los cuarenta mil trabajadores a que se hace referencia. Lo que sabemos es que la rebaja de dos puntos de IVA es de horizonte absolutamente incierto, teniendo en cuenta lo que dijeron el Ministro, las Cámaras emisoras de las tarjetas y CAMBADU. Eso dependerá de factores que son propios de la cultura de consumo de los uruguayos. De todos modos, considero que vale la pena aprobar este proyecto y por esa razón con mucho gusto lo vamos a votar. SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ABDALA.- Con mucho gusto, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: no vamos a hablar sobre el fondo de los proyectos porque ya lo han hecho nuestros colegas del Partido Nacional en forma por demás elocuente. Simplemente vamos a hacer un aporte muy breve sobre algunos aspectos del proyecto vinculado a la extensión de la rebaja del IVA a través de tarjetas de crédito y de débito. Consideramos que es bueno hablar de este tema ya que

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pensamos que algunos de nuestros aportes pueden ser incluidos en la reglamentación del proyecto de ley, en el caso de ser aprobado por el Parlamento. Este proyecto que bancariza una gran parte de las transacciones y estimula la bancarización para acceder al beneficio de la rebaja del IVA conlleva una gran oportunidad de inclusión financiera para mucha gente que está fuera del circuito financiero y no puede acceder a determinados mecanismos de compra o de débito. Sin embargo, también genera grandes riesgos, y me parece que deberíamos trabajar en ese sentido en la reglamentación de la ley. Los señores Diputados coincidirán conmigo en que hay mucha gente que no tiene la cultura o la educación financiera para poder manejar la tarjeta de crédito tal como lo hacen otras personas. Estos usuarios necesitan información para aventar posibles riesgos vinculados a un aumento desmesurado de los créditos al consumo. En ese sentido, creemos que el Banco Central -que por ley es la entidad que defiende usuarios financieros- o el Área de Defensa al Consumidor a través de un departamento especializado de usuarios financieros, podría trabajar para dar mecanismos de protección a las personas que por primera vez van a utilizar tarjetas de crédito, fundamentalmente a través de información o de tutela. Estamos hablando de brindar la información adecuada a través de los estados de cuenta a fin de que estos usuarios puedan comparar y elegir. Lo hacemos tratando de transparentar los costos directos e indirectos que implica el uso de tarjetas de crédito. Nos referimos a los costos de emisión, a los seguros -consideramos que se debe dejar establecido el tipo de los seguros, es decir, si son seguros de vida o contra todo riesgo-, a los intereses y a los costos indirectos asociados. Generalmente, hay una caja de ahorro en una entidad financiera asociada a cada tarjeta, con un mínimo establecido, y su utilización tiene un costo. Por tanto, consideramos que sería bueno que el Banco Central, a través de algunos mecanismos que se instrumenten en la reglamentación de la ley, brindara información adecuada a los futuros usuarios, sobre todo a aquellos que se encuentran en los sectores de riesgo porque no tienen cultura financiera ni de uso del crédito. Dicha información podría suministrarse en los estados de cuenta, y podría ser comparativa, tal como se hace con las AFAP, que brindan información relativa a las comisiones. Quizás en los estados de cuenta que se envíe a estos usuarios podrí-

an establecerse los diversos rubros y sus costos asociados al uso de la tarjeta de crédito. Esa información, a nuestro juicio, será de gran utilidad para aquellos sectores que comenzarán a usar estas tarjetas. Reitero que vamos a acompañar este proyecto de ley. Creemos que la inclusión financiera es una gran oportunidad, pero también consideramos que la educación financiera por parte de los organismos competentes es muy importante. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Abdala. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: un Diputado preopinante habló sobre la constitucionalidad del IASS e hizo referencia a que el fallo sobre este impuesto se debió a un cambio de integración de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a aclarar las cosas. El IRPF, originalmente, tuvo fallos contradictorios en lo que tiene que ver con la constitucionalidad de un impuesto aplicado sobre pasivos. Digo que hubo fallos contradictorios porque con una integración y una determinada mayoría de tres a dos en la Suprema Corte de Justicia se determinó que se violaba la igualdad de los ciudadanos, establecida en el artículo 8° de la Constitución, y posteriormente, con un cambio de integración, este impuesto se declaró constitucional. Eso obligó al Poder Ejecutivo a superar esa situación de inequidad que se dio, ya que algunos pasivos se vieron beneficiados por el fallo inicial pero no los demás contribuyentes de ese impuesto. Entonces, se implementó el IASS, el cual también fue recurrido, pero en una sentencia del mes de junio de 2009 se declaró constitucional. ¿Por qué se declaró constitucional? No fue por el cambio de integración de la Suprema Corte, porque los Ministros que constituyeron la mayoría -cuatro a uno- se refirieron a los argumentos por los que la mayoría anterior había declarado este impuesto constitucional, que se basaban exclusivamente en lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, referido a la igualdad. En ese sentido, voy a leer algunos de los párrafos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Dicen así: “Por otro lado, el acogimiento de la preten-

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sión de inconstitucionalidad implicaría la consolidación de un privilegio no razonable para un grupo de retirados que por decisión judicial quedarían exonerados de contribuir a las cargas públicas como lo hacen todos sus conciudadanos. Y ello configuraría una injusticia, que por añadidura desvirtuaría, sin fundamento razonable, la coherencia, armonía y sistematicidad del régimen tributario que en este ámbito se sustenta en la capacidad económica de los contribuyentes (entendida como sinónimo de capacidad contributiva). El nuevo impuesto” -el IASS- “no sólo no afecta el principio constitucional de igualdad, sino que lo restaura en condiciones de permanencia y estabilidad”. Más adelante dice: “El Poder Ejecutivo pretendió ajustarse a las normas y principios constitucionales cuya vigencia resaltó la Corte, en su anterior integración, básicamente el principio de igualdad art. 8 de la Carta, único a cuyo respecto se formó mayoría legal en los primeros fallos que acogieran la inconstitucionalidad. A tales efectos creó un nuevo impuesto- con ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación que exhiben diferencias relevantes con el IRPF y que salva las objeciones que en su momento fundaran las primeras sentencias sobre inconstitucionalidad del IRPF.- La relación entre ambos impuestos (IRPF y IASS) es de compatibilidad y coexistencia, puesto que los haberes jubilatorios ya no están gravados por el IRPF y los pasivos que perciben rentas gravables que no hallen su fuente en el haber de jubilación, tributarán por ambos impuestos.- De este modo, no se configuró violación ni del principio de separación de poderes, ni de la cosa juzgada y mucho menos del principio de igualdad”. Por razones de tiempo no voy a leer argumentos sobre el artículo 67 de la Constitución, sobre lo que la Suprema Corte considera como seguros sociales y la posibilidad de que sobre ellos recaiga la potestad impositiva del Estado, tal como sucedió -la Suprema Corte lo reconoce- durante todos los Gobiernos anteriores en los que hubo tributos sobre las pasividades. Reitero lo que decía. Cuando se comparan tasas nominales -las que existían en el IRP, el Impuesto a las Retribuciones Personales, y las que hoy existen en el IASS, que son progresionales, es decir que se aplican por tramos de impuestos y no sobre los montos mínimos no imponibles, cuyo incremento es objeto del proyecto que estamos considerando-, las tasas

efectivas -lo que leyó muy rápidamente el señor Diputado preopinante del informe de Dirección General Impositiva-, no son, por supuesto, las nominales del 10% o 20%, sino del 0,5%, 1% o 2%. Esa es la presión tributaria que tienen los pasivos. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Pido disculpas al señor Diputado Abdala, quien está anotado para una aclaración y lo había olvidado. SEÑOR ABDALA.- No es necesario disculpar nada porque usted nos da garantías a todos. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Gracias. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: voy a ser muy breve para colaborar con su trabajo. Creo que el legislador preopinante, cuando dijo en el inicio de su última intervención que se proponía hacer una aclaración, efectivamente lo logró. Y lo logró porque corroboró lo que nosotros habíamos afirmado: que la jurisprudencia de la Corte había cambiado porque cambió la integración y la mayoría de tres a dos a favor de la inconstitucionalidad se volvió de tres a dos a favor de la constitucionalidad del impuesto y mantuvo ese criterio cuando el IRPF fue sustituido por el IASS. El señor Diputado preopinante dijo -y es cierto- que fue por los argumentos que la nueva mayoría de la Corte sostuvo con relación al IRPF. Es un tema de absoluta coherencia, condición que sin duda tienen los Ministros de la Corte, independientemente de que se pueda discrepar con ellos Lo que no dijo es que incluso hubo quienes sostuvieron que había violación a la Constitución por la vía del desconocimiento de la cosa juzgada. Eso lo desestimó la Corte, lo cual es totalmente opinable. Aquellos que habían obtenido una sentencia favorable inicialmente dijeron que el IASS violaba la cosa juzgada. La Corte entendió que no. ¿Eso en algún sentido deslegitima el pronunciamiento inicial de la Corte? No, desde el punto de vista de la jurisprudencia es tan fuente supletoria del Derecho una sentencia como la otra: la que dice que el impuesto es inconstitucional como la que dice que no lo es. Por lo tanto, lo que queremos reafirmar no es que somos dueños de la verdad. Nadie lo es. No lo es el Gobierno por el hecho de ser Gobierno, no lo son los legisladores de la bancada de Gobierno por su condición

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de tales y menos lo somos quienes estamos en la oposición. Lo que he querido sustentar -y me parece que todas las intervenciones abonan esa tesis- es que estamos frente a un tema controversial donde hay dos opiniones, cada una debidamente fundada. Inclusive, nuestra tesis está muy bien acompañada por doctrinas de primera línea en materia constitucional y en cuanto al Derecho de la Seguridad Social. Voy a mencionar a alguien que es muy caro para la bancada de Gobierno, el doctor Hugo de los Campos, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Frente Amplio durante muchísimos años, quien ha sostenido siempre la inconstitucionalidad en la tributación a las pasividades y muy especialmente desde la aprobación de la reforma tributaria en el año 2007. Creo que sería bueno que fuéramos concluyendo en que estamos frente a un tema discutible, que no hay un tema laudado. Y sí es una opinión política mía decir que el Gobierno debió haber leído esa controversia en su momento y simplemente haber eliminado el impuesto, en lugar de haberlo sustituido por otro. Esto está dentro del tema porque, en la medida en que hay una modificación del IASS, aquella discusión que tuvimos se reabre, guste o no. Nosotros estamos dispuestos a darla porque, además -vamos a entendernos- los temas son dinámicos y esto no es igual para siempre. Tanto no lo es que hoy el propio Gobierno está aliviando este impuesto y proponiendo la elevación del mínimo no imponible lo cual, obviamente, vamos a votar con muchísimo gusto. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- La Mesa recuerda a los colegas que la Asamblea General está citada para la hora 15 y 30 y, de no haber concluido esta discusión y la votación, deberíamos pasar a intermedio. Tiene la palabra el señor Diputado Mujica. SEÑOR MUJICA.- Tengo entendido que no hay nadie más anotado después de mí y, si la Cámara está de acuerdo en pasar a votar, le voy a ahorrar mis consideraciones. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- A los efectos de votar, solicito que ocupen sus bancas y guarden silencio. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA. En discusión particular. Les pido que presten un poco de atención. Hemos conversado con los señores legisladores y llegamos a un acuerdo para el régimen de votación en particular según las posiciones de las distintas bancadas, que someto a vuestra consideración. En primer lugar, deberíamos desglosar el artículo 3°, tal cual lo han solicitado los miembros del Partido Colorado. En segundo término, deberíamos votar la supresión de la lectura de los artículos. En principio, votaríamos en bloque hasta el artículo 9°, porque han llegado a la Mesa dos artículos aditivos que agregarían un artículo 10 y un artículo 11. Por lo tanto, la última votación que realizaríamos sería en bloque de los artículos que, con nueva numeración, pasarían a ser 12, 13 y 14. Se va a votar el procedimiento propuesto. (Se vota) ——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión los artículos 1° al 9°, con excepción del 3° que ha sido desglosado. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 3°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: así como lo hicimos en el ámbito de la Comisión, votamos negativamente este artículo 3º en el entendido de que en él se establecen las escalas sobre las cuales se consti-

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tuye uno de los centros neurálgicos del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Respecto de algunas afirmaciones que se hicieron en Sala, digo que esa reforma tributaria, en la medida en que constituyó -a través del Impuesto a las Personas Físicas- un aumento de carácter permanente, con base en las retribuciones salariales, supuso un ajuste fiscal, ajuste al que nos opusimos y por ello, consecuentemente, votamos en contra de este artículo 3º. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Léase el artículo aditivo -que llevará el número 10-, titulado “Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)”. (Se lee:) “Agrégase al artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, el siguiente inciso:.- ‘Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar el tramo exento a que refiere el inciso primero del presente artículo, hasta en 12 BPC anuales'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. Léase el artículo aditivo -que llevará el número 11-, bajo el título: “Impuesto a la Enajenación de Semovientes”. (Se lee:) “Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los titulares de explotaciones agropecuarias un crédito fiscal por un monto equivalente al impuesto creado por la Ley Nº 12.700 de 4 de febrero de 1960, efectivamente pagado a los Gobiernos Departamentales por las enajenaciones de semovientes, en las condiciones que establezca la reglamentación. Lo dispuesto precedentemente regirá a partir del 1º de enero de 2012, y será solicitado en forma semestral.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá a cargo la administración, reconocimiento y control del crédito a que refiere el artículo anterior.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expedirá los certificados de crédito respectivos, quien podrá

delegar dicha atribución en un organismo o unidad ejecutora dependiente del mismo. Dichos certificados podrán aplicarse a la compensación de obligaciones tributarias ante la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.- Los Capítulos V y VI del Código Tributario serán aplicables a las infracciones y delitos que se cometieren en la obtención o utilización de los créditos fiscales establecidos, sin perjuicio de la multa que será del 100% (cien por ciento) sobre el monto otorgado indebidamente”. ——En discusión. SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Señora Presidenta: esta modificación que se propone reviste, a nuestro entender, mucha importancia porque contempla las demandas de larga data de los productores rurales y la preocupación de los Gobiernos departamentales. Los productores han insistido durante mucho tiempo en la eliminación de este impuesto que se paga en las Intendencias y se aplica a la venta de ganado, teniendo hasta treinta días para pagarlo. En la Exposición Rural del Prado de 2010, el Presidente de la Asociación Rural reclamó -casi exigió- la eliminación de este impuesto. En aquella oportunidad, el Ministro Aguerre fue enfático al decir que cuando se generaran recursos sustitutivos se podría pensar y trabajar en este sentido. Si bien el sector agropecuario no está pasando por un mal momento, entendemos -el Gobierno también lo entiende así- que como también esto comprende a pequeños y a medianos productores, en general productores criadores, esta es una ayuda importante. Por otra parte, el ICIR votado recientemente genera recursos compensatorios, gravando a las grandes extensiones de tierra. Como se explica en el artículo 13, a los productores se les expedirá un certificado de crédito que se podrá usar en la DGI o en el BPS, con la intervención de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Economía y Finanzas. Es importante afirmar que todos los productores ganaderos pagan impuestos y, entre otras cosas, se usan para el mantenimiento de la caminería rural. Sin embargo, en el Uruguay actual, otros rubros como el de la forestación o la agricultura,

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son los que más usan la caminería rural, y hasta el momento, poco o nada aportaban tributariamente para una red de vías de tránsito tan importante para sacar sus propios productos y que, además, permite el tránsito necesario de quienes viven y trabajan en el campo. Como lo explicaron los compañeros, este impuesto significa un esfuerzo fiscal de la sociedad toda para aliviar una carga tributaria de los productores y no perturba los ingresos de las Intendencias que, según los estimativos que tenemos, rondan los US$ 18:000.000. Por otra parte, los Gobiernos Departamentales estaban preocupados -en parte compartimos esa preocupación- porque, como es obvio, la amplísima mayoría del territorio nacional tiene carácter agropecuario y la pecuaria ocupa un primerísimo lugar, de manera que el impuesto a los semovientes supone uno de los principales ingresos de la recaudación de las Intendencias. Voy a poner como ejemplo el caso de Treinta y Tres, que es el departamento en el que tengo más facilidades para hacer consultas. En el primer lugar de la recaudación está la contribución rural, después la patente de rodados, y en tercer lugar, el 1% del impuesto a los semovientes, superando en alguna oportunidad a la contribución urbana. En Treinta y Tres este impuesto anda en el orden del 10% o 15%. Seguramente este sea un ejemplo que puede ser trasladado a las demás Intendencias. Termino diciendo que votamos con satisfacción esto, más aún cuando se cuenta con el acuerdo de todos. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: quiero hacer una declaración, de acuerdo con el literal M) del artículo 104 del Reglamento: vamos a vernos beneficiados por esta norma porque tendremos un crédito tributario por la venta de semovientes. Como soy productor rural, hago la declaración ante la Cámara por este beneficio que voy a obtener por este tributo. Muchísimas gracias. SEÑOR GOÑI ROMERO.- Pido la palabra.

SEÑOR GOÑI ROMERO.- Señora Presidenta: realmente esta es una vieja demanda del interior. En la época en que ejercíamos el cargo de Edil y se trataban los impuestos municipales, siempre nos gustaba aludir al lío que se generaría si este 1% gravara, por ejemplo, la compraventa de vehículos o cualquier otro tipo de artículos. Siempre ha habido una discriminación en contra del sector productivo nacional, en especial del pecuario. Nos congratula que se comience por el camino de reconocer esto. Este era un impuesto en cascada que muchas veces se pagaba cuatro o cinco veces a lo largo de la vida de un animal, lo cual generaba cuantiosas erogaciones. Pero sí tengo que decir, señora Presidenta, que más allá de votar -porque comienzo requieren las cosas-, el mecanismo que se ha empleado en la ocasión es una prueba más del “disparatario” burocrático que tiene este país. Téngase en cuenta que en Uruguay hay 50.000 productores pecuarios. Quiere decir que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá 50.000 clientes que deberían hacer este trámite. Hay muchos productores en lugares recónditos del interior de los departamentos a los que muchísimas veces les va a resultar más caro ir a hacer la gestión para recuperar este impuesto, que lo que obtengan por él. Realmente, a los productores pequeños esto no les va a convenir. Escuchaba decir al señor Diputado Toledo Antúnez que este era un beneficio en especial para los pequeños productores. En realidad, les vamos a complicar terriblemente la vida. Cada seis meses tendrán que hacer cola en el Ministerio para pedir que les devuelvan el dinero que ya pagaron. Esto se repetirá 50.000 veces en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene enormes dificultades de personal. Muchas veces, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca -esto consta a los compañeros de Comisión- los funcionarios se quejan por la escasez de personal. Crear esta carga burocrática es una perla más en el “disparatario” burocrático nacional. Lamento profundamente que el camino elegido sea este. El objetivo es plausible y compartido, pero el mecanismo es pésimo. Era cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado.

Gracias.

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SEÑOR CASAS.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CASAS.- Señora Presidenta: al igual que el señor Diputado Berois, quiero dejar en claro que estoy comprendido en el literal M) del artículo 104 del Reglamento. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: he votado negativamente no porque el objetivo no sea bueno, sino porque estamos cambiando para un sistema que no va a dar resultado, y lo sé como hombre de campo que soy. Estamos aumentando la burocracia. Devolveríamos un impuesto en la medida en que se pudiera: todos los productores tendrían que hacer el trámite, y el Estado, que hoy no está en condiciones de atender a sus clientes, debería generar los recibos de crédito para que se pudieran utilizar en otras circunstancias. Creo que la iniciativa es muy loable y es un viejo anhelo de las entidades agropecuarias. En su momento, cuando fui Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fui responsable de que se pasara del 3% al 1% y luego de que se eliminara, pero esta no es la forma de resolverlo. No estoy de acuerdo con la manera de llegar a un buen fin a partir de una buena idea. Por lo tanto, he votado negativamente. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: hemos votado por la afirmativa este artículo porque contempla un reclamo muy importante del Congreso de Intendentes. Como se dijo durante la sesión, todos los Intendentes reciben diariamente el importe correspondiente a este impuesto. Esta fue la forma: otorgar un crédito fiscal

con la misma renuncia fiscal que estaba prevista en la derogación del impuesto, y el traslado de ese importe a los Gobiernos Departamentales. En algunos fundamentos de voto hemos escuchado que el motivo que llevó a no votar el artículo fue que no se derogaba directamente el impuesto. No se deroga el impuesto exclusivamente para contemplar las necesidades financieras diarias de los Gobiernos Departamentales. Originalmente así estaba previsto, pero luego de la discusión en Comisión y de conversaciones con el Poder Ejecutivo se logró cambiar esta forma de devolución que, obviamente, necesita una mínima formalización de los productores agropecuarios a la que todos debemos aspirar. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SANDER.- ¿Me permite, señora Presidenta? Como estoy comprendido en el literal M) del artículo 104 del Reglamento, quiero dejar constancia de que no estaba en Sala cuando se votó este artículo. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- En discusión los artículos 12, 13 y 14. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque. (Se vota) ——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR BAYARDI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y siete: AFIRMATIVA. (Texto del proyecto aprobado:) “Artículo 1º.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 6 Bis.- Las personas físicas que adquieran la calidad de residente fiscal en la República podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de residencia a territorio nacional y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. Dicha opción podrá realizarse por úni-

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ca vez y exclusivamente con relación a los rendimientos del capital mobiliario a que refiere el numeral 2 del artículo 3 del mismo Título. La misma opción podrán realizar las personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en la República por los cambios de residencia a territorio nacional verificados a partir del 1º de julio de 2007. En tal caso, el período de cinco ejercicios fiscales se computará a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 2º.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “O) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. Artículo 3º.- Sustitúyese, con vigencia al 1º de enero de 2012, el artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “ARTÍCULO 37. (Escala de rentas).- A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, fíjanse las siguientes escalas de tramos de renta y las alícuotas correspondientes: A) Contribuyentes personas físicas:

cio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales):

RENTA ANUAL COMPUTABLE Hasta el Mínimo No Imponible General de 168 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 168 y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC

TASA

Exento

15% 20% 22% 25% 30%

RENTA ANUAL COMPUTABLE Hasta el Mínimo No Imponible General de 84 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más del MNIG y hasta 120 BPC Más de 120 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC

C) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de uno de los integrantes del núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales):

TASA RENTA ANUAL COMPUTABLE Exento Hasta el Mínimo No Imponible General de 96 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 96 y hasta 144 BPC Más de 144 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC y hasta 900 BPC Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC Más de 1.380 BPC TASA

10% 15% 20% 22% 25% 30%

Exento

10% 15% 20% 22% 25% 30%”.

B) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de cada uno de los integrantes del núcleo considerados individualmente superen en el ejerci-

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Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimos No Imponibles Generales a que refieren los literales A), B) y C) del artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, hasta en 12 BPC (doce Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales, con vigencia al 1º de enero de 2012. Artículo 5º.- Sustitúyese el literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente: “E) Los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente del contribuyente, siempre que el costo de la vivienda no supere las UI 794.000 (setecientas noventa y cuatro mil unidades indexadas). También estarán comprendidas las cuotas de los promitentes compradores cuyo acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), las cuotas de cooperativas de vivienda y otras que la reglamentación entienda pertinente, en tanto su costo no supere la referida cifra, y por la parte no subsidiada por el Estado. El monto total deducible de acuerdo con lo dispuesto por el presente literal no podrá superar las 36 BPC (treinta y seis Bases de Prestaciones y Contribuciones) anuales. La presente disposición regirá para cuotas devengadas a partir del 1º de enero de 2012. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”. IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES Artículo 6º.- Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: “S) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones”. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Artículo 7º.- Sustitúyense el inciso primero del literal A) y el literal H) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por los siguientes: “A) Pan blanco común y galleta de campaña, pescado, carne y menudencias, frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles y crudos para su elaboración; arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda; pastas y fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón común; grasas comestibles; transporte de leche”. “H) Transporte terrestre de pasajeros. El crédito a que refieren los artículos 1º a 4º de la Ley

Nº 17.651, de 4 de junio de 2003, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de los ingresos provenientes de la prestación de servicios de transporte de pasajeros gravados a la tasa mínima, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Dicho límite se reducirá en dos puntos porcentuales anuales desde el 1º de enero de 2008, hasta quedar fijado en el 2% (dos por ciento) de los referidos ingresos a partir del 1º de enero de 2011”. Artículo 8º.- Sustitúyese el literal C) del artículo 49 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, o se trate de un Gobierno Departamental”. Artículo 9º.- Agréganse al Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes artículos: “ARTÍCULO 87.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios, efectuadas a consumidores finales, siempre que la contraprestación se efectúe mediante la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros instrumentos análogos, tales como transacciones registradas en las cuentas de socios por las cooperativas de consumo, en las condiciones que establezca la reglamentación. ARTÍCULO 88.- Cuando la contraprestación a que refiere el artículo anterior sea efectuada mediante la utilización de tarjetas de débito Uruguay Social, tarjeta de débito para cobro de Asignaciones Familiares o para prestaciones similares, que determine el Poder Ejecutivo, emitidas con financiación del Estado, la reducción del impuesto podrá ser total. Esta disposición regirá a partir del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo, dentro del límite que establezca, a extender la reducción del impuesto establecido en el inciso anterior a dichos beneficiarios, por las adquisiciones efectuadas con otros ingresos, siempre que se utilicen como elementos de control los referidos instrumentos electrónicos. ARTÍCULO 89.- Para aquellas adquisiciones realizadas a contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado

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1996 o en el artículo 70 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto a los efectos de otorgar la devolución de una cifra equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado, prevista en los artículos anteriores. De acuerdo con lo que establezca la reglamentación, dicha devolución podrá otorgarse a los referidos contribuyentes, inclusive luego de efectuada la compensación con los tributos que corresponda. ARTÍCULO 90.- El Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto equivalente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado incluido en las operaciones que pueden ser objeto del beneficio previsto en los artículos anteriores, a efectos de su aplicación durante el período que medie hasta la instrumentación definitiva del régimen. ARTÍCULO 91.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito fiscal por hasta el equivalente al costo del arrendamiento de las terminales de procesamiento electrónico de pagos, a aquellos contribuyentes usuarios de las mismas, cuyos ingresos en el ejercicio anterior a la prestación del referido servicio, no hayan superado la cifra equivalente a UI 4.000.000 (cuatro millones de unidades indexadas). El referido crédito no constituirá renta computable a efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. ARTÍCULO 92.- Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 2º y siguientes de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005. ARTÍCULO 93.- Las operaciones incluidas en el régimen de reducción del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, continuarán en vigencia y no podrán superponerse con la reducción a que refiere el artículo 87 del presente Título”. IMPUESTO DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL Artículo 10.- Agrégase al artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, el siguiente inciso: “Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar el tramo exento a que refiere el inciso primero del presente artículo, hasta en 12 BPC anuales”. IMPUESTO A LA ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES Artículo 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los titulares de explotaciones agropecuarias un crédito fiscal por un monto equivalente al impuesto

creado por la Ley N° 12.700, de 4 de febrero de 1960, efectivamente pagado a los Gobiernos Departamentales por las enajenaciones de semovientes, en las condiciones que establezca la reglamentación. Lo dispuesto precedentemente regirá a partir del 1° de enero de 2012, y será solicitado en forma semestral. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá a cargo la administración, reconocimiento y control del crédito a que refiere el artículo anterior. El Ministerio de Economía y Finanzas expedirá los certificados de crédito respectivos, quien podrá delegar dicha atribución en un organismo o unidad ejecutora dependiente del mismo. Dichos certificados podrán aplicarse a la compensación de obligaciones tributarias ante la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo. Los Capítulos V y VI del Código Tributario serán aplicables a las infracciones y delitos que se cometieren en la obtención o utilización de los créditos fiscales establecidos, sin perjuicio de la multa que será del 100% (cien por ciento) sobre el monto otorgado indebidamente. VARIOS Artículo 12.- Interprétase que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 823 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, refiere a fabricantes de bebidas de origen nacional. Artículo 13.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 realizadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas legales que le dan origen. Artículo 14.- El Poder Ejecutivo podrá fijar reglas y patrones técnicos que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperación de las redes de transacciones electrónicas, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas y de los instrumentos de pago que utilicen las redes. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) establecerá los criterios para controlar la efectiva aplicación de dichas reglas y patrones. Las tarifas de interconexión deberán establecerse de común acuerdo entre las partes; en caso de no existir acuerdo, la URSEC establecerá las tarifas a aplicar”.

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Martes 14 de febrero de 2012

16.- Levantamiento de la sesión.
SEÑOR BAYARDI.- Mociono para que se levante la sesión. SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Se va a votar.

(Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 15 y 22)

LUIS LACALLE POU PRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Héctor Luis González Director del Cuerpo de Taquígrafos

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