Número 3784

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NÚMERO 3784

MONTEVIDEO, MARTES 5 DE JUNIO DE 2012

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
23ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES Dr. JORGE ORRICO (Presidente) Y Dr. DANIEL BIANCHI (1er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTÍN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA TERCER PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 5 de junio de 2012

Texto de la citación

Montevideo, 31 de mayo de 2012.

LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 5 de junio, a la hora 11, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

– ORDEN DEL DÍA Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior). (Carp. 1525/012). Rep. 853

JOSÉ PEDRO MONTERO

VIRGINIA ORTIZ

Martes 5 de junio de 2012

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SUMARIO

Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………. 10 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 23, 24 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 24 CUESTIONES DE ORDEN 16.- Integración de Comisiones……………………………………………………………………………………………………….. 102 10, 12, 17, 19.- Integración de la Cámara ………………………………………………………………………… 37, 39, 102, 112 8, 11, 18.- Intermedio…………………………………………………………………………………………………………….. 31, 39, 112 10, 12, 17, 19.- Licencias………………………………………………………………………………………………… 37, 39, 102, 112 14.- Preferencias ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

ORDEN DEL DÍA 7, 9, 13, 15, 20.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior). Antecedentes: Rep. N° 853, de mayo de 2012. Carp. N° 1525 de 2012. — Se aprueba una moción………………………………………………………………………………….. 30, 31, 47, 56, 114

CÁMARA DE REPRESENTANTES

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala (4), Andrés Abt, Verónica Alonso, Nelson Alpuy, Gerardo Amarilla, José Amy, Saúl Aristimuño, Andrés Arocena (5), Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Gustavo Borsari Brenna, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno, Hugo Dávila, Walter De León, Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Julio Fernández, Julio Fiordelmondo, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Jorge Guekdjian, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Alma Mallo (3), Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda, Pablo Mazzoni, Felipe Michelini, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Raúl Olivera, Óscar Olmos, Jorge Orrico, Nicolás Ortiz, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo, Nicolás Pereira (1), Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Esteban Pérez (2), Nelson Pérez, Mario Perrachón, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Francisco Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Pedro Saravia Fratti, Víctor Semproni (6), Mario Silvera, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian y Horacio Yanes. Con licencia: Fernando Amado, Gustavo Bernini, Felipe Carballo, Nelson Rodríguez Servetto y Juan C. Souza. Actúan en el Senado: Ana Lía Piñeyrúa. Observaciones: (1) A la hora 18:10 cesó en sus funciones por reintegro de su titular el Sr. Representante Nacional Juan C. Souza y a las 19:15 ante una nueva solicitud de licencia de su titular hace su ingreso a Sala. (2) A la hora 19:15 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Nelson Alpuy. •

(3) A la hora 19:15 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Nicolás Ortiz. (4) A la hora 19:15 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Jorge Guedkjian. (5) A la hora 19:15 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Nelson Pérez. (6) A la hora 19:15 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Francisco Sánchez.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 152 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes: • con fecha 4 de mayo de 2012, Nº 18.904, por la que se aprueba la Resolución A/RES/64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York en la 74ª. Sesión Ordinaria, de 2 de marzo de 2010, relativa a la seguridad vial. C/939/011 con fecha 15 de mayo de 2012, Nº 18.905, por la que se crean cargos a efectos de cubrir las necesidades de funcionamiento en la Fiscalía Letrada Nacional especializada en violencia doméstica, dispuesta por el artículo 541 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. C/1348/012 con fecha 18 de mayo de 2012, Nº 18.906, por la que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos y material de la Armada de los Estados Unidos de América, consistente en un Equipo de Entrenamiento Móvil (Military Training Team – MMT) (Fuerzas Especiales –SEAL), a fin de instruir a personal de la Armada Nacional (Cuerpo de Fusileros Navales), en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB), entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012. C/1454/012 con fecha 23 de mayo de 2012: Nº 18.907, por la que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional integrada por un señor Oficial Subalterno y seis Personal Subalterno, con su armamento, a efectos de participar en la Competencia Anual Regional “Fuerzas Comando 2012”, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre el 2 y el 15 de junio de 2012. C/1522/012 Nº 18.908, por la que se designa “Sacachispas” la población ubicada en la 10ª. Sección Judicial del departamento de Soriano, que se encuentra a cuatro kilómetros del Cerro de los Claveles y a cuarenta y siete kilómetros y medio de la ciudad de Mercedes, situada al este del arroyo Perico Flaco. C/2876/008

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Nº 18.909, por la que se aprueba el Acuerdo de Contratación Pública con la República de Chile, suscrito en Montevideo el 22 de enero de 2009. C/788/011 Archívense

tro país, firmado en Montevideo, el 7 de enero de 2009. C/1603/012 • A la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se establecen normas tendientes a asegurar la protección y la seguridad radiológica de personas, bienes y medio ambiente. C/1604/012 A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: • por el que se autoriza al Ministerio de Educación y Cultura a entregar la “Medalla Delmira Agustini (La Delmira”) a ciudadanos naturales o legales y a personalidades extranjeras que contribuyan o hayan contribuido, de modo excepcional, con la cultura y las artes en sus diversas modalidades. C/1598/012 por el que se establece la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (IUDE), creado por el artículo 84 de la Ley Nº 18.437, de 12 de diciembre de 2008. C/1599/012 A la Comisión de Educación y Cultura por el que se dispone la incorporación progresiva de nuevos colectivos al Seguro Nacional de Salud. C/1600/012 A la Comisión de Hacienda por el que se concede una pensión graciable al señor Héctor Corrales. C/1601/012 A la Comisión de Seguridad Social –

La citada Cámara comunica que, con fecha 16 de mayo de 2012, sancionó los siguientes proyectos de ley: • por el que se designa “Sacachispas” la población ubicada en la 10ª. Sección Judicial del departamento de Soriano, que se encuentra a cuatro kilómetros del cerro de los Claveles y a cuarenta y siete kilómetros y medio de la ciudad de Mercedes, situada al este del arroyo Perico Flaco. C/2876/008 por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional a efectos de participar en la Competencia Anual Regional “Fuerzas Comando 2012”, a llevarse a cabo en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre el 2 y el 15 de junio de 2012. C/1522/012 Téngase presente INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de la República de Sudáfrica para la Coordinación de sus Servicios de Búsqueda y Salvamento Marítimos y Aeronáuticos, firmado en Pretoria el 19 de noviembre de 2010. C/730/011 por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con la República Francesa, suscrito en Montevideo el 6 de diciembre de 2010. C/1164/011 por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Agrícola con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, firmado en Caracas el 27 de enero de 2011. C/1236/011 por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní suscrito por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y nuestro país, en San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010. C/1427/012 por el que se aprueban las Notas Reversales por las que se incorporan las Reglas de Interpretación referidas al artículo 26 del Convenio con la Confederación Suiza para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y

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La citada Presidencia remite nota por la que comunica la iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la que otorga Fondos Concursables a jóvenes que presenten propuestas de obras para su barrio o localidad. C/18/010 A la Comisión de Asuntos Internos DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo: • por el que se dispone la adhesión de la República al “Año Internacional de las Cooperativas”, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en el transcurso del presente año. C/1602/012 A la Comisión Especial para el Estudio del Cooperativismo por el que se aprueba el Acuerdo de Sede para la Oficina Permanente de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas en nues-

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sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscritas en Montevideo el 26 de diciembre de 2011. C/1445/012 • por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de las Islas Feroe relativo al Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscrito en París el 14 de diciembre de 2011. C/1446/012 por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno del Reino de Dinamarca, relativo al Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en París el 14 de diciembre de 2011. C/1472/012 Se repartieron con fecha 31 de mayo COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Paysandú remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la violencia doméstica contra mujeres y niños. C/116/010 A la Comisión Especial de Género y Equidad –

La Junta Departamental de Artigas remite copia de los siguientes asuntos: • resolución de la Comisión de Equidad y Género de dicha Corporación, por la que declara su repudio ante todo acto de discriminación, y en especial las actitudes de transfobia. C/116/010 A la Comisión Especial de Género y Equidad • • • copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por dos señores Ediles: relacionada con la normativa vigente en materia de bolsas de plástico. C/195/010 acerca del cobro de “colgamentos” por parte del Banco Hipotecario del Uruguay. C/195/010 A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente La Junta Departamental de Tacuarembó remite nota relacionada con la retención, por parte de la Intendencia de ese departamento, de motos incautadas por infracciones a las normas de tránsito. C/185/010 A la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Descentralización La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las exposiciones realizadas por dos señoras Edilas: • acerca de la inseguridad en nuestro país, y la responsabilidad de los padres respecto a sus hijos menores de edad. C/72/010 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración • referente a la 17º Marcha del Silencio realizada en la ciudad capital de ese departamento el pasado 20 de mayo, recordando hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en el año 1976. C/70/010 A la Comisión de Derechos Humanos • acerca de la contaminación visual producida por el tendido de cables de una empresa que brinda servicio de televisión para abonados en la referida ciudad. C/195/010 A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente El Instituto Nacional de Alimentación contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Gerardo Amarilla, referente a la necesidad de proveer de alimentos a una asociación civil sin fines de lucro destinada a atender personas discapacitadas. C/19/010

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La Junta Departamental de Artigas remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por un señor Edil: • relacionada con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. C/72/010 y C/114/010 A las Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología • acerca del proyecto de ley por el que se designa “Carlos Gaspar Lupano” la Plaza de Deportes de Tomás Gomensoro, departamento de Artigas. C/1273/011 acerca del proyecto de ley por el que se declara la ciudad capital del departamento de Artigas “Capital Nacional de las Piedras Preciosas y Semipreciosas, Amatistas y Ágatas”. C/353/010 A sus antecedentes La Junta Departamental de Rivera remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a la ampliación de las instalaciones del Liceo de Tranqueras, o la construcción de un edificio anexo al mismo. C/11/010 A la Comisión de Educación y Cultura La Junta Departamental de Treinta y Tres remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, sobre las gestiones realizadas por la Mesa de Desarrollo Rural de Productores Familiares de ese departamento, para mitigar o eliminar los problemas causados por el jabalí. C/132/010 A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca –

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La Junta Departamental de Flores contesta la exposición realizada por el señor Representante Gonzalo Novales, en sesión de 17 de abril de 2012, por la que solicita el cumplimiento de las normas vigentes para la inserción laboral de personas discapacitadas. S/C La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre contesta la exposición realizada por el señor Representante Mario Silvera, en sesión de 14 de marzo de 2012, referida a la necesidad de construir más viviendas por parte de ese Organismo en el departamento de Treinta y Tres. S/C La Intendencia de Treinta y Tres acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor Representante Mario Silvera, sobre la necesidad de adoptar medidas para la reposición de dinero en el cajero automático de la ciudad capital de ese departamento. C/19/010 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Pablo Abdala, relacionado con la presencia de una camioneta con matrícula oficial estacionada en el Montevideo Shopping el día sábado 19 de mayo del año en curso, en horario nocturno. C/1575/012 La Intendencia de Canelones remite antecedentes complementarios de los siguientes recursos de apelación presentados por varios ciudadanos inscriptos en ese departamento: • contra el artículo 5º del Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, referido al cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria. C/1358/012 contra el Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, referido al cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria. C/1359/012 contra el artículo 5º del Decreto Nº 33/2011 de la Junta Departamental de Canelones, en lo que refiere al valor imponible municipal para el tributo de contribución inmobiliaria. C/1360/012 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Richard Sander, sobre la utilización de créditos vacantes de los Organismos comprendidos en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional. C/1382/012

El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes del señor Representante José Andrés Arocena, relacionado con la reglamentación y aplicación de la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004, por la que se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. C/691/011 El citado Ministerio remite nota relacionada con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicitó al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para el otorgamiento de una pensión graciable al señor Héctor Santos. C/1111/011 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante José A. Amy, acerca de diversos aspectos presupuestales y operativos de la Administración Nacional de Puertos. C/1150/011 del señor Representante Jaime Mario Trobo, referente a eventuales restricciones al ingreso de buques de bandera extranjera en puertos de jurisdicción de la Administración Nacional de Puertos. C/1311/011

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El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos: • exposiciones escritas presentadas: • por los señores Representantes Hermes Toledo Antúnez y Mario Silvera, sobre la necesidad de adoptar medidas para la reposición de dinero en el cajero automático de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres. C/19/010 • por el señor Representante Miguel Otegui, relacionada con las demoras constatadas en el puente internacional General Artigas durante la semana de turismo. C/19/010 • pedidos de informes: • del señor Representante Esteban Pérez, referente al cumplimiento del artículo 8 de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962. C/1487/012 • de varios señores Representantes, sobre el otorgamiento de créditos fiscales a titulares de explotaciones ganaderas y agropecuarias. C/1429/012 El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante Richard Sander, relacionado con los gastos en publicidad realizados en el año 2011, discriminados por empresas y por medios. C/1373/012

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El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos: • pedido de informes del señor Representante Juan Manuel Garino, acerca de la producción de la campaña “No compremos robado”. C/1409/012 exposición realizada por el señor Representante Ricardo Planchón, en sesión de 7 de setiembre de 2011, por la que plantea la necesidad de instalar una seccional policial en el barrio El General, ubicado en la ciudad capital del departamento de Colonia. S/C

PEDIDOS DE INFORMES La señora Representante Martha Montaner solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, sobre los programas implementados a partir del 1º de marzo de 2010 y alcance de los mismos. C/1573/012 Se cursó con fecha 17 de mayo

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El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Pablo Abdala, referente a presuntas irregularidades en el ámbito del Agrupamiento Especial de Transporte e Ingenieros de la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores desplegada en la península del Sinaí, República Árabe de Egipto. C/1439/012 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta el pedido de informes del señor Representante Richard Sander sobre los viajes al exterior realizados por los señores Ministro y Subsecretario de dicha Cartera. C/1374/012 Los Ministerios de Economía y Finanzas, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contestan el pedido de informes del señor Representante Juan Ángel Vázquez, relacionado con el cierre de una agencia de viajes y los pasajes y otros productos adquiridos a la misma por las referidas Secretarías de Estado. C/1438/012 A sus antecedentes COMUNICACIONES REALIZADAS La Comisión de Seguridad Social solicita se remita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Comisión Permanente para el Tratamiento de Pensiones Graciables, notas relacionadas con los siguientes proyectos de minuta de comunicación, aprobados oportunamente por la Cámara de Representantes, por los que se solicitó al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para el otorgamiento de pensiones graciables a los siguientes ciudadanos: • • Miguel Ángel Meneses Pérez. Julio César Dalmao Iglesias. Se cursaron con fecha 30 de mayo C/177/011 C/765/011

El señor Representante Pablo Abdala solicita se cursen los siguientes pedidos de informes relacionados con la presencia de una camioneta con matrícula oficial estacionada en el Montevideo Shopping el día sábado 19 de mayo del año en curso, en horario nocturno: • a los Ministerios del Interior; de Relaciones Exteriores; de Economía y Finanzas; de Defensa Nacional; Educación y Cultura; de Transporte y Obras Públicas; de Industria, Energía y Minería; de Trabajo y Seguridad Social; de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo y Deporte; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Desarrollo Social. C/1574/012 a la Oficina Nacional del Servicio Civil, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. C/1575/012

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El señor Representante Jorge Gandini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de la presunta instalación de motores y turbinas generadoras de energía eléctrica. C/1576/012 El señor Representante Pedro Saravia Fratti solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente al consumo promedio de energía, y los proyectos presentados para la ejecución de electrificación rural. C/1577/012 El señor Representante Juan Manuel Garino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, sobre la intervención de la referida Administración en una campaña política de carácter electoral. C/1578/012 Se cursaron con fecha 23 de mayo

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El señor Representante Luis Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con el número de ambulancias existentes en el departamento de Lavalleja desde el año 1990 a la fecha, y cuantas se encuentran operativas actualmente. C/1579/012 al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, acerca de la presunta solicitud de un préstamo crediticio por parte de una empresa dedicada al rubro minería. C/1580/012 al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, referente al número de internos alojados en el hogar del INAU en la ciudad de Soca, departamento de Canelones. C/1581/012

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al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la participación de nuestro país en las Misiones de Paz de la ONU desde el año 1990 en adelante. C/1587/012

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El señor Representante Fitzgerald Cantero Piali solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, acerca de un convenio celebrado con PLUNA. C/1588/012 La señora Representante Graciela Matiauda solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, referente a la situación del vertedero de residuos en Cañada Grande, localidad de Empalme Olmos, departamento de Canelones. C/1589/012 Se cursaron con fecha 29 de mayo

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El señor Representante José Andrés Arocena solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, sobre el número de viviendas entregadas por el “Plan Juntos”, y las características de construcción de las mismas. C/1582/012 Se cursaron con fecha 24 de mayo

El señor Representante Jaime Trobo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre actuaciones de autoridades policiales o militares brasileñas en el territorio nacional: • • al Ministerio de Relaciones Exteriores. C/1590/012 al Ministerio de Defensa Nacional. C/1591/012

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección General Impositiva, relacionado con una resolución dictada por la Dirección General de Rentas. C/1583/012 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, acerca del alcance de las medidas dispuestas por las autoridades de la República Argentina en los controles a las personas que viajan desde dicho país al nuestro. C/1584/012 La señora Representante Verónica Alonso solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, referente al proceso de adopción de dos niños residentes en el departamento de Soriano, entregados a una familia de Montevideo. C/1585/012 Se cursaron con fecha 28 de mayo

El señor Representante Aníbal Gloodtdofsky solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con presuntas amenazas recibidas por un funcionario policial junto a su esposa e hijos menores, por menores infractores. C/1592/012 El señor Representante Juan Ángel Vázquez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, acerca de presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Escuela Nº 140 “Esperanza Vizcay de Fuller”. C/1593/012 El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, referente a la demora en la instrumentación del pago de haberes adeudados a los militares uruguayos que integran las Misiones de Paz de la ONU. C/1594/012 Se cursaron con fecha 30 de mayo

El señor Representante Luis Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio de Educación y Cultura, sobre la presunta presentación de piezas falsas en el Museo de Arte Precolombino e Indígena. C/1586/012

El señor Representante Pedro Saravia Fratti solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, sobre denuncias realizadas por el gremio policial del departamento de Cerro Largo. C/1595/012 El señor Representante Luis Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Rela-

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ciones Exteriores, relacionado con la creación de la figura de “Embajador Itinerante”. C/1596/012 El señor Representante Amin Niffouri solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, acerca de la ejecución de una obra en el Hogar Ser de la Colonia Berro. C/1597/012 Se cursaron con fecha 4 de junio PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el procedimiento policial. C/1605/012 El señor Representante Ricardo Planchón presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas sobre la reclusión de personas condenadas por delitos de homicidio especialmente agravado. C/1607/012 El señor Representante Pablo Abdala presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dispone que cuando se cometa el robo de un vehículo automotor, las compañías de telefonía celular deberán comunicar los datos del mismo a sus usuarios, mediante mensajes de texto. C/1608/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

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A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Asuntos Internos

Los señores Representantes Javier García y Antonio Chiesa presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a la expedición de certificados de defunción. C/1612/012 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

El señor Representante Luis Lacalle Pou presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el inciso 1º del artículo 455 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, relativo a la actividad o trabajo ecuestre de los menores de edad. C/1606/012 A la Comisión de Legislación del Trabajo”.

3.- Proyectos presentados.
A) “IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN AVERIGUACIÓN. (Procedimiento). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- La policía podrá solicitar la identificación de las personas, en el marco de averiguaciones de delitos. A tales efectos la policía podrá requerir la presentación de documentos identificatorios tales como la cédula de identidad, la credencial cívica, la libreta de conducir o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su identidad. Artículo 2º.- Cuando la persona se negare a la presentación de la identificación correspondiente o presentare documentos sobre los cuales la Policía tenga dudas de su validez, deberá ser conducida a la dependencia policial. Artículo 3º.- La autoridad policial dará cuenta de inmediato al Juez competente según lo que establece el artículo 6º de la Ley Nº 18.315, de 5 de julio de 2008 (de Procedimiento Policial). Montevideo, 18 de mayo de 2012. GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, ALBERTO CASAS, Representante por San José, JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, ANTONIO CHIESA BRUNO,

El señor Representante Jaime Mario Trobo presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se expresa la solidaridad de la Cámara de Representantes con el Gobierno y el pueblo de la República de Colombia ante el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Bogotá el 15 de mayo del año en curso. C/1609/012 A la Comisión de Asuntos Internacionales

El señor Representante Pablo Abdala presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación, por el que solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para extender los beneficios de la Ley Nº 18.850, de 16 de diciembre de 2011, a los hijos de todas las personas fallecidas por hechos de violencia. C/1610/012 A la Comisión de Seguridad Social

El señor Presidente de la Cámara de Representantes presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifica el Presupuesto de Secretaría. C/1611/012

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Representante por Tacuarembó, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, CARMELO JOSÉ VIDALÍN AGUIRRE, Representante por Durazno, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Este proyecto de ley trata acerca de la identificación de las personas que la Policía podrá solicitar en el marco establecido por su normativa. Son públicas y notorias las dificultades por las que atraviesa el Instituto Policial para prevenir la acción de las personas que delinquen y para anticiparse a la consumación del hecho delictivo. Es necesario dotar a la Policía de este instrumento que será un auxiliar indudable de la acción de la prevención y de esclarecimiento de los delitos. Creemos necesario precisar que, en un Estado de Derecho como en el que vivimos, con las garantías plenas que nos brindan la Constitución y las leyes y con un Instituto Policial democrático, las personas no sufrirán ningún menoscabo de sus derechos y garantías. Antes bien, esta norma concurrirá a favor de dotar de mayores garantías a las personas honestas, que nada tienen que ocultar e irá en detrimento de aquellos quienes quieren transgredir los derechos de los demás. La norma concede a la autoridad policial el derecho de conducir a la persona que se negare a identificarse o que no acreditare fehacientemente su identidad a una dependencia policial. Se deberá dar cuenta al Juez competente en el marco de lo que establece el artículo 6º de la Ley de Procedimiento Policial. Creemos que la rápida aprobación de este proyecto de ley coadyuvará al combate del delito y a la requisa de armas que obran en poder de personas que las poseen en forma ilegítima. Montevideo, 18 de mayo de 2012. GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, ALBERTO CASAS, Representante por San José, JOSÉ AN DRÉS AROCENA, Representante por Florida, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó, GE-

RARDO AMARILLA, Representante por Rivera, CARMELO JOSÉ VIDALÍN AGUIRRE, Representante por Durazno, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones”. B) “PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS DE HOMICIDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO. (Normas sobre su reclusión). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Los homicidas, en reiteración real, con 2 (dos) o más homicidios en su haber, serán internados obligatoriamente en “cárceles-granjas” donde el preso homicida deberá cumplir su pena y donde deberá trabajar para generar la obtención de los productos de su alimentación. La obligación de trabajar para generar su alimento, es compulsiva, bajo la premisa legal de que quien no trabaja, no come. Solamente por razones médicas debidamente fundadas y por patologías graves, se podrá eximir parcialmente de tal obligación al reo. Las “cárceles-granja” se ubicarán obligatoriamente en zonas rurales, y en las mismas se deberán elaborar productos referidos a la obtención de: leche, productos avícolas, carnes y huevos de aves y también productos de cerdos (para generar productos de chacinado). Habrá producción: A) Agrícola. B) Hortifrutícola. C) Granjera que será atendida por especialistas en esas áreas rurales por técnicos agropecuarios titulados, egresados de la Facultad de Agronomía. Artículo 2º.- Los homicidas reincidentes en el Uruguay, que hayan cometido con especial agresividad su delito, serán condenados a prisión perpetua (no excarcelable), como medida punitiva adicional, para liberar a la sociedad de la presencia, y de su agresividad para con la misma. Artículo 3º.- Créase en la esfera del Ministerio del Interior, el “Patronato Administrador de las ‘CárcelesGranja'” que supervisará la administración e internación a cadena perpetua de los homicidas reincidentes. El mismo estará integrado: A) Por un Director con el rango de Comisario Inspector. B) Un representante del Poder Judicial (abogado o sociólogo) que ejercerá la subdirección.

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C) Un vocal con el rango de técnico agropecuario titulado, que establecerá las condiciones de producción en el ámbito de las “cárceles-granjas”. Artículo 4º.- La producción excedente de las “cárceles-granja” se destinarán: A) A los comedores de las escuelas públicas. B) A los hospitales públicos. C) A los comedores de los hogares de ancianos que existieren en las zonas próximas a la misma. Montevideo, 28 de mayo de 2012. RICARDO PLANCHÓN GEYMONAT, Representante por Colonia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La sociedad Uruguaya está en estos momentos sufriendo el terror de los homicidas por el consumo de drogas pesadas, pasta base, crack, etcétera, o similares, que enloquecen la mente de estos delincuentes homicidas, quienes con toda irresponsabilidad terminan con la vida de ciudadanos inocentes. En ese sentido nosotros hemos presentado un proyecto de ley tanto en la Cámara de Diputados (Repartido Nº 322, de agosto de 2010, carpeta Nº 275/2010, de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración); así como en la Cámara de Senadores (Carpeta Nº 840/2010 distribuido de la Comisión de Salud Pública de la misma). En el mismo se crean Centros de Rehabilitación y Prevención de Adicciones, para el tratamiento de adictos. La sociedad uruguaya se pregunta desesperadamente por qué el Parlamento del país no hace algo que sea ejemplarizante, quitando del medio social a los asesinos de seres inocentes que están poniendo en riesgo de vida a los integrantes de toda la familia uruguaya. Por eso proponemos la creación de “cárceles-granjas” que en la historia del derecho penal se remonta a un ejemplo muy positivo realizado en Inglaterra, en la localidad de Auburn, y que dio origen al llamado “sistema Auburniano” y que el excelentísimo maestro del derecho penal doctor Irureta Goyena comentaba en sus apuntes jurídicos que sería de excelente aplicación en el Uruguay. Primero: para liberar a la sociedad del terror que implica la permanencia en su ámbito de los asesinos reincidentes que se acostumbran a matar para obtener dinero fácil, para comprar las drogas que ingiere y que putrefacta su mente. Como Diputado creemos hacernos eco del sentir popular mayoritario en el Uruguay de que esto debe ser resuelto de inmediato, pues si no lo hacemos se nos puede incul-

par de que incurrimos en omisión frente a la desprotección en una democracia de la seguridad pública colectiva. El sistema que proponemos es relativamente sencillo, primero: cárcel vitalicia para quien mata en forma reincidente y alevosa, y segundo la obligación de trabajar para generar su alimentación, no se puede permitir que quien desangra y amarga a la sociedad uruguaya, deba obligar a la misma a extraer medios económicos para alimentar a este tipo tan particular de zánganos criminales. Por ello apelamos al buen sentido y a la humanidad de los colegas del Parlamento, para entregarle a la ciudadanía una respuesta que logre restablecer la tranquilidad pública quebrantada. Entonces podremos decir que se ha hecho justicia con la población desprotegida. Montevideo, 28 de mayo de 2012. RICARDO PLANCHÓN GEYMONAT, Representante por Colonia”. C) “ROBO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. (Se establece que las compañías de telefonía celular deberán comunicar los datos de los mismos a sus usuarios mediante mensajes de texto). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Cuando se cometa el robo de un vehículo automotor, la información necesaria para su respectiva identificación deberá ser comunicada en forma inmediata a las empresas operadoras de telefonía celular a efectos de que estas la retransmitan por medio de mensajes de texto masivos a sus usuarios. Artículo 2º.- Los mensajes de texto mencionados en el artículo anterior deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, sin perjuicio de aquellos que adicionalmente la autoridad considere necesarios: marca, modelo, color y matrícula del vehículo. Artículo 3º.- Las operadoras de servicios de telefonía celular deberán asegurar la recepción de los respectivos mensajes de texto, por parte de sus usuarios, inmediatamente después de recibida la comunicación a la que refiere el artículo 1º, siendo responsables en caso de incumplimiento. Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo en consulta con la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, (URSEC) reglamentará la presente ley y, en especial, fijará las sanciones que correspondan al tenor de lo dispuesto por el artículo anterior. Montevideo, 30 de mayo de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El país atraviesa una situación de creciente inseguridad pública. Esta es una constatación incuestionable, más allá de cualquier valoración subjetiva o consideración política. Es un hecho notorio que la criminalidad aumenta, y con ella los delitos contra la propiedad y contra las personas. Las modalidades delictivas, por otra parte, se modifican continuamente y se vuelven más complejas. En lo que respecta al objeto de este proyecto de ley, las cifras indican que, con creciente frecuencia, los hurtos de automotores se realizan para cometer otros ilícitos. Por ejemplo, en ocasiones, un delincuente roba un vehículo para luego cometer una rapiña. Por lo demás, debe tenerse presente que en el marco del incremento de los hurtos que en los últimos tiempos se viene registrando, los que corresponden a vehículos automotores representan una participación significativa. En efecto, de acuerdo a la estadística del Observatorio sobre Criminalidad del Ministerio del Interior, se cometen en el Uruguay cerca de 3.000 robos de ese tipo por año. Con relación a lo antedicho, se hace necesario tomar medidas concretas por parte de los poderes públicos, más allá de la responsabilidad de quienes deben garantizar la seguridad pública. Es en este sentido que proponemos, a través del presente proyecto de ley, someter a consideración del Cuerpo esta idea que, deteniéndose en el hurto de automóviles, apunta a reducir en forma sustantiva el tiempo que transcurre entre la denuncia y los procedimientos tendientes a la captura o recuperación del vehículo. El objetivo del planteo adjunto es dotar a la autoridad de un mecanismo complementario de los que ya utiliza. Consiste en aplicar los medios tecnológicos existentes en materia de comunicaciones para que, con la colaboración de la ciudadanía, se pueda recuperar rápidamente el vehículo hurtado, evitando además que el mismo sea empleado para cometer otro ilícito. En tal sentido, se prevé que, en el momento en que la autoridad toma conocimiento del hecho, a través de la denuncia del damnificado, o bien, de la propia actuación policial, la información necesaria para la identificación del automotor sea comunicada en forma inmediata a todas las empresas operadoras de telefonía celular. Éstas deberán retrasmitir a los usuarios, a través de mensajes de texto masivos, la información referida. Montevideo, 30 de mayo de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo”.

“ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL 15 DE MAYO DE 2012. (Solidaridad con el pueblo y con el Gobierno de la República de Colombia). PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, ante el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Bogotá, Colombia, el pasado martes 15 de mayo de 2012, expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de ese país hermano. Expresa su solidaridad y condolencia con los familiares de las víctimas y hace votos por la pronta recuperación de los heridos. Celebra el coraje cívico de todos quienes rechazan la violencia y el terror venga de donde venga, y expresa su deseo para que Colombia pueda desarrollarse y vivir en paz. Montevideo, 23 de mayo de 2012. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El pasado martes 15 de mayo de 2012, en la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, ocurrió un atentado terrorista cuyo doloroso saldo han sido dos muertes y una cifra cercana a los cuarenta heridos. El objeto del atentado fue el ex ministro Fernando Londoño Hoyos y sus acompañantes. Un artefacto explosivo de alta potencia estalló en las afueras de una camioneta blindada en la cual se trasladaba Londoño, quien fuera ministro del Interior colombiano entre 2002 y 2004 durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe. La explosión provocó grandes daños en un autobús de servicio público y otros siete vehículos que estaban detenidos en el semáforo. Horas antes, los organismos de seguridad habían logrado identificar un carro bomba en Bogotá que fue inmediatamente desactivado. La hermana República de Colombia sufre otra vez el golpe de la violencia terrorista y frente a este lamentable evento, debemos expresar nuestro rechazo a estos métodos notoriamente violatorios de los derechos humanos y del Estado de derecho. Debemos también hacer llegar en nombre de nuestro pueblo, expresiones de solidaridad frente a la situación. Montevideo, 23 de mayo de 2012. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo”.

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“BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 18.850. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para extenderlos a los hijos de todas las personas fallecidas por hechos de violencia). MINUTA DE COMUNICACIÓN

tes, se han convertido en un dato permanente de la realidad en la que vivimos inmersos, por lo que el Estado, que es quien debe garantizar la seguridad personal de la población, no puede resultar indiferente ante los perjuicios, muy difíciles de reparar, que aquellas ocasionan. Por otra parte, pertenece a la mejor tradición nacional la solidaridad con el que sufre y el amparo, aunque sea transitorio, a quienes repentinamente se ven afectados en su vida familiar y su sustento económico por una contingencia imprevisible, respecto de la cual el Estado tiene responsabilidad. No es ajena a esta consideración la propuesta legislativa que acompaña a la presente. La misma consiste en una minuta dirigida al Poder Ejecutivo, en atención a que la extensión de los beneficios legales sugerida es materia previsional y, por lo tanto, la iniciativa le corresponde privativamente a él de acuerdo a la Constitución. Montevideo, 23 de mayo de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo”. F) “PRESUPUESTO (Modificaciones) DE SECRETARÍA.

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley que extienda los beneficios previstos en la Ley Nº 18.850, de 16 de diciembre de 2011, a los hijos de todas las personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia. Montevideo, 23 de mayo de 2012. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El país vive una indudable espiral de violencia, como consecuencia de la cual el presente año se encamina a terminar como el de mayor número de homicidios de los últimos tiempos. En efecto, las estadísticas indican que en lo que transcurre de 2012 se ha cometido el equivalente a un homicidio diario. Más allá de las valoraciones subjetivas que el fenómeno pueda merecer, y de la determinación y el análisis de las causas que provocan esta preocupante realidad, es evidente que detrás de cada episodio de violencia hay víctimas y familiares de ellas, que sufren el daño que deriva de esos hechos. Con frecuencia, el mismo se traduce en la pérdida de seres queridos, resultando especialmente dramático el caso de los hijos menores de edad que quedan sin padre o madre. El Poder Legislativo aprobó recientemente la Ley Nº 18.850 que concede, en determinadas condiciones, algunas prestaciones (básicamente pensión y asignaciones familiares), las que se otorgan a los hijos de personas fallecidas en los casos de violencia doméstica. Se trata de una norma justa y equilibrada, que reconoce el derecho a menores y discapacitados, hasta los 14 años de edad con carácter general, y por encima y hasta los 21, según la condición económica de los beneficiarios y su asistencia a cursos de educación media o superior. Por las razones expuestas al inicio, parece razonable extender el alcance de dicha ley, comprendiendo a las víctimas de aquellas situaciones en las que el homicidio se comete en un marco diferente al de la violencia doméstica. Las muertes violentas de trabajadores, comerciantes y, en general, personas inocen-

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo 1º.- Establécese la siguiente escala de grados de los cargos de los distintos escalafones en los que se organiza el personal de la Secretaría de la Cámara de Representantes: Grado Cargo Director General 15 Director de Área Escalafón C) Administrativo C) Administrativo A) Profesional T) Taquigrafía T) Taquigrafía A) Profesional

Director de Área (Contador) Director Cuerpo Técnico Taquigrafía

13 12

Supervisor General Director de División (Contador)

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Auditor Interno (Contador) Director de División o Secretario de Comisión C) Administrativo B) Técnico Profesional D) Especializado E) Técnico Gráfico F) Intendencia R) Computación S) Sala y Barra Supervisor Supervisor Gráfico 10 Revisor Jefe de Departamento o Prosecretario de Comisión T) Taquigrafía E) Técnico Gráfico T) Taquigrafía C) Administrativo D) Especializado Jefe de Departamento E) Técnico Gráfico F) Intendencia Asistente Técnico B) Técnico Profesional 4. A 7

Analista Jefe

R) Computación S) Sala y Barra R) Computación A) Profesional E) Técnico Gráfico T) Taquigrafía C) Administrativo D) Especializado E) Técnico Gráfico F) Intendencia S) Sala y Barra T) Taquigrafía

Jefe de Sector Analista 8 Auditor I Encargado

Director de División

Taquígrafo I Administrativo I

Oficial I

Encargado

Oficial Taquígrafo II

9. A

9. B

Administrativo II 4. B Oficial Oficial II 4. C Oficial I Oficial II Administrativo III 2 Auxiliar I Asistente de Informática Auxiliar II 1 Administrativo IV

C) Administrativo F) Intendencia E) Técnico Gráfico S) Sala y Barra D) Especializado C) Administrativo F) Intendencia R) Computación F) Intendencia C) Administrativo

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Artículo 2º.- Elimínase el Departamento “Diario de Sesiones” dependiente de la División Procesadora de Documentos. Los cometidos del Departamento que se elimina quedan incorporados a los del Departamento Dactilografía y Confrontación. Artículo 3º.- Modifícase la denominación del cargo de “Intendente” del escalafón F) Personal Auxiliar de Intendencia por la de “Director de División”. Artículo 4º.- Modifícase la denominación del cargo de “Jefe de Sector” del escalafón F) Personal Auxiliar de Intendencia por la de “Jefe de Departamento”. Artículo 5º.- Créanse los siguientes Departamentos dependientes de la División Intendencia: “Locomoción”, “Logística del Edificio Palacio Legislativo”, “Logística del Edificio José Artigas” y “Coordinación General”. Compete al Departamento Locomoción realizar los traslados de Representantes, autoridades y funcionarios que dispongan la Secretaría y la Dirección General según corresponda; realizar el reparto de citaciones y documentos anexos, a los señores Representantes; distribuir y retirar la correspondencia y los documentos destinados a organismos públicos y privados que fuera necesario; colaborar con el funcionamiento de los servicios de la Cámara de Representantes que requieran la realización de gestiones fuera de los locales de la Cámara de Representantes; velar por el correcto uso y mantenimiento preventivo de la flota automotriz. Compete al Departamento Logística del Edificio Palacio Legislativo realizar el traslado y la distribución de documentos; gestionar y atender los requerimientos de servicios de cafetería; preparar las salas de reunión que indique la Secretaría de la Cámara o la Dirección General disponiendo los elementos de logística básica para el normal desarrollo de las reuniones de Comisiones así como de los eventos y actos que fueren autorizados; colaborar cuando sea necesario, de acuerdo a la dinámica de funcionamiento de las distintas Comisiones, en la redistribución de salas asignadas para su funcionamiento; prestar los servicios de ascensores; realizar las tareas de apoyo que se deriven del funcionamiento del plenario de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General y efectuar todas las tareas que sean inherentes a la División Intendencia. Compete al Departamento Logística del Edificio José Artigas realizar el traslado y la distribución de documentos; gestionar y atender los requerimientos de servicios de cafetería; preparar las salas de reu-

nión que indique la Secretaría de la Cámara o la Dirección General disponiendo los elementos de logística básica para el normal desarrollo de las reuniones de Comisiones así como de los eventos y actos que fueren autorizados; colaborar cuando sea necesario, de acuerdo a la dinámica de funcionamiento de las distintas Comisiones, en la redistribución de salas asignadas para su funcionamiento; realizar las tareas de apoyo que se deriven del funcionamiento de las reuniones de las Comisiones de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General y efectuar todas las tareas que sean inherentes a la División Intendencia. Compete al Departamento Coordinación General organizar las actividades y tareas de la División Intendencia; distribuir el trabajo de los restantes Departamentos; apoyar la gestión del Director de la División Intendencia y efectuar todas las tareas que sean inherentes a la División Intendencia. El Director de la División Intendencia realizará la distribución de los funcionarios entre los Departamentos Logística del Edificio Palacio Legislativo, Logística del Edificio José Artigas y Coordinación General, de acuerdo a las contingencias y necesidades de los servicios. Artículo 6º.- Créase la División “Secretaría” dependiente del Área Secretaría de la Mesa, la que tendrá los siguientes cometidos: brindar el apoyo administrativo necesario para el desempeño eficiente de la Secretaría de la Cámara de Representantes en lo relativo a los asuntos administrativos a su consideración como en aquellos derivados de la actividad del plenario de la Cámara de Representantes. Artículo 7º.- Créase el Departamento “Secretaría de la Dirección General” dependiente de la Dirección General, el que tendrá los siguientes cometidos: coordinar los recursos, insumos, servicios y actividades necesarios para el normal desempeño de la Dirección General; llevar su agenda de actividades; recibir los asuntos dirigidos a la Dirección General y proponer el trámite a seguir; recopilar, sistematizar y preparar el material que coadyuve al proceso de decisiones de la Dirección General; llevar y gestionar el archivo de asuntos y documentos de la Dirección General; instrumentar en lo que le corresponda las decisiones adoptadas por la Dirección General; desarrollar las tareas administrativas correspondientes a las Direcciones de las Áreas Legislativa, Administración y Adscripta a la Dirección General en las funciones de secretaría.

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Artículo 8º.- Elimínase el Departamento “Relaciones Institucionales”, dependiente de la División Relaciones Públicas. Los cometidos del Departamento que se elimina por el inciso precedente quedarán integrados a los del Departamento Relaciones con la Comunidad. Artículo 9º.- Modifícase la denominación y nivel jerárquico del Departamento “Auditoría Interna” el que pasará a ser División “Auditoría Interna”. Artículo 10.- Equipáranse las retribuciones del cargo de Auditor Interno (Contador) a las de Director de División, Escalafón A) Profesional, Grado 12. Artículo 11.- Transfórmanse 2 (dos) cargos de Administrativo III del escalafón C) Personal Administrativo, grado 2, en 1 (un) cargo de Auditor I (Contador), Escalafón A) Profesional, Grado 8. Artículo 12.- Déjase sin efecto el cese al vacar de un cargo de Administrativo III del escalafón C) Personal Administrativo, grado 2, establecido por el artículo 11 de la Resolución de la Cámara de Representantes de 14 de febrero de 2006 (único pendiente de ejecución). Artículo 13.- Transfórmanse 2 (dos) cargos de Administrativo III del Escalafón C) Personal Administrativo, grado 2, en 2 (dos) cargos de Asistente de Informática, Escalafón R) Personal de Computación, grado 2. Artículo 14.- Créanse 3 (tres) cargos de Oficial II del escalafón D) Personal Especializado, Grado 4.C. Artículo 15.- Créanse 15 (quince) cargos de Administrativo IV, Escalafón C) Personal Administrativo, grado 1, los que cesarán al vacar. Dispónese que quienes ocupen los cargos mencionados en el inciso precedente pasarán a ocupar los cargos de Administrativo III que queden vacantes como consecuencia de los concursos que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 y siguientes del Estatuto del Funcionario (Disposiciones transitorias). Los cargos mencionados precedentemente se financiarán con el crédito disponible del Rubro 0 correspondiente a los cargos vacantes del escalafón C) Personal Administrativo. Artículo 16.- Modifícase la correspondencia de las retribuciones básicas del cargo Asistente de Informática del escalafón R) Personal de Computación, equiparándola a la de Administrativo III del escalafón C) Personal Administrativo, grado 2. Artículo 17.- Autorízase el llenado de las siguientes vacantes:

– hasta 15 (quince) cargos de Administrativo IV del escalafón C) Personal Administrativo. – hasta 15 (quince) cargos de Auxiliar II del escalafón F) Personal Auxiliar de Intendencia. – hasta 10 (diez) cargos de Oficial I del escalafón S) Personal Auxiliar de Sala y Barra. – hasta 4 (cuatro) cargos de Oficial II del escalafón D) Personal Especializado. – hasta 2 (dos) cargos de Asistente de Informática del escalafón R) Personal de Computación. – 1 (un) cargo de Auditor I del escalafón A) Profesional. Artículo 18.- Los funcionarios de la Cámara de Representantes con 64 (sesenta y cuatro) años de edad o más, que tengan causal jubilatoria y presenten renuncia dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la presente resolución, percibirán una partida mensual complementaria al haber de pasividad, desde la fecha de aceptación de la renuncia y hasta el cese obligatorio. Dicha partida tendrá un monto tal que su líquido legal, acumulado al haber prejubilatorio o jubilatorio líquido, totalice mensualmente el 85% (ochenta y cinco por ciento) del líquido legal del último mes trabajado. La mencionada partida se ajustará en las mismas fechas y porcentajes en que se reajuste la remuneración de los funcionarios activos. Artículo 19.- También podrán acogerse al retiro incentivado que se establece en el artículo anterior, aquellos funcionarios que tengan causal jubilatoria y cumplan los 64 (sesenta y cuatro) años de edad hasta el 31 de julio de 2013. Estos funcionarios, para acogerse a esta opción, deberán presentar renuncia dentro de los sesenta días subsiguientes de cumplida la edad mencionada. Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 21 de la Resolución de la Cámara de Representantes, de 4 de octubre de 1990, por el siguiente: “ARTÍCULO 21.- Las dependencias de la Cámara de Representantes que la Secretaría determine, a los efectos de garantizar el cumplimiento de sus cometidos, funcionarán de lunes a viernes en horario continuo a partir de la hora 9.00. Lo dispuesto en el inciso precedente será de aplicación a partir del 1º de marzo de 2013″. Montevideo, 31 de mayo de 2012. JORGE ORRICO, Presidente de la Cámara de Representantes.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En mérito a lo dispuesto por el segundo inciso del numeral 16 del artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Representantes esta Presidencia cumple en proponer el proyecto de resolución relativo a modificaciones al presupuesto de Secretaría, teniendo debida cuenta de lo previsto por el artículo 108 de la Constitución y por el literal B) del artículo 89 del referido Reglamento. Las modificaciones propuestas apuntan fundamentalmente a: – organizar en forma adecuada la escala de grados de los distintos escalafones, – dotar de una estructura administrativa que acompañe la realidad funcional de determinadas dependencias de la Secretaría de la Cámara mediante la creación y eliminación de algunas reparticiones y la modificación del nivel escalafonario del actual Departamento de Auditoría Interna, – la creación de determinados cargos para solucionar provisoriamente la situación derivada de la insuficiencia de recursos humanos en algunas de las dependencias, – la autorización para el llenado de determinadas vacantes para paliar las necesidades inmediatas de aumento de personal originadas fundamentalmente por la disminución de la cantidad de funcionarios como consecuencia de la ausencia de ingresos desde el año 1999 y por la presentación de renuncias y el acaecimiento de fallecimientos de funcionarios, – la prórroga por un año del régimen de retiro incentivado de aquellos funcionarios que con más de sesenta y cuatro años de edad o más se acojan al mismo, y – la modificación de la hora de inicio de la actividad de las dependencias estableciéndola en la hora 9.00, acompasando así la tendencia que marca que la mayoría de las restantes dependencias públicas lo hacen a partir de la hora 9.15 o 9.30. El análisis del articulado permite afirmar de manera enfática que se trata de un presupuesto austero porque: – crea cargos mediante la transformación de otros, – crea cargos que son provisorios y que son financiados por las vacantes existentes en el mismo escalafón -artículo 12-, – el único aumento de gasto es el que se origina con la creación de los cargos de Oficial II) del escala-

fón D) Especializado cuya necesidad está causada por la implementación de la trasmisión de la imagen y el audio de las sesiones del plenario de la Cámara y por el aumento de eventos que requieren la prestación de servicios de amplificación y grabación, y – la diferencia de remuneraciones ocasionada por la adecuación en el nivel jerárquico que se pretende dotar a la Auditoría Interna está financiada por el sobrante de las retribuciones que corresponden a la transformación de dos cargos de Administrativo III en un cargo de Auditor I -inciso final del artículo 8º-. El artículo 1º que se propone da solución a la situación de que los grados 9 y 4 actuales tienen un tratamiento presupuestal distinto en relación a los escalafones a los que se aplicaba. Así actualmente el Grado 9 implica dos niveles remunerativos diferentes: por un lado el correspondiente al cargo de Revisor de Taquigrafía y por otro el de los cargos de Analista Jefe del escalafón Computación, de Jefe de Sector del escalafón Sala y Barra y de Jefe de Departamento de los restantes escalafones. También ocurre lo mismo en el Grado 4 pero con tres niveles de remuneraciones diferentes: uno para el Taquígrafo II, otro para el Administrativo II y Oficial de Intendencia y otro para el Oficial II de Ediciones, el Oficial I de Sala y Barra y el Oficial II de Electrónica. La propuesta mantiene las retribuciones salariales vigentes pero organiza la escala de grados mediante la creación de los Grados 9.A, 9.B, 4.A, 4.B y 4.C. Asimismo por el artículo 13 se elimina la actual dualidad del Grado 2 al equiparar la situación del cargo de Asistente de Informática con la de Administrativo III, situación que se considerará más adelante. El artículo 2º elimina el Departamento de Diario de Sesiones que actualmente depende de la División Procesadora de Documentos e integra sus cometidos a los del Departamento de Dactilografía y Confrontación en el entendido que las funciones que esta dependencia desarrolla coinciden con las que poseía el Departamento que se elimina. El artículo 3º propone que la denominación del cargo jerarca de la División Intendencia se adecue a la de las otras Divisiones. En tal sentido se plantea que el cargo pase a denominarse Director de División y no Intendente como en la actualidad. El artículo 5º da una estructura organizacional a la División Intendencia proponiendo la creación de cuatro Departamentos que serán supervisados por cada uno de los titulares de los cuatro actuales cargos de Jefe de Sector -cuya denominación pasaría a ser de Jefe de Departamento-. La solución propuesta crea

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idéntica cantidad de Departamentos que cargos de Jefe de Departamento existen presupuestalmente y, a la vez, recoge el funcionamiento presente de la División Intendencia, la que carece de correlato presupuestal. Hoy la División Intendencia carece de estructura y por la presente propuesta se pretende dotarle de una organización lógica y eficiente. El último inciso implica que los traslados internos de los funcionarios de la División Intendencia -salvo los del Departamento de Locomoción- sean dispuestos directamente por el Director de la División logrando de tal forma que los servicios sean prestados en forma inmediata cuando las necesidades por imprevistos impongan la distribución de los funcionarios en forma interna. El artículo 6º da una estructura administrativa a la oficina de la Dirección del Área Secretaría de la Mesa. Actualmente depende de ella la División Administración Documental y los funcionarios que en forma directa prestan tareas a la orden de la referida Dirección de Área. Se propone crear una dependencia con el rango de División para dar solución a la situación planteada lo que implicará que estos funcionarios pasen a integrar la División que se crea. El artículo 7º pretende dar una estructura administrativa a la Secretaría de la Dirección General, teniendo en cuenta que tal dependencia presta funciones además para las Direcciones de las Áreas Administración y Legislativa así como para el Área Adscripta a la Dirección General que se proveerá oportunamente. El artículo 8º pretende reorganizar la División Relaciones Públicas y ubicar adecuadamente a la dependencia denominada Secretaría de Prensa. Actualmente de la División Relaciones Públicas dependen la Secretaría de Prensa y los Departamentos de Relaciones con la Comunidad, Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales. La realidad funcional vigente permite aseverar que, en los hechos, los límites de las tareas desarrolladas por los Departamentos de Relaciones Institucionales y de Relaciones con la Comunidad se confunden en virtud de la similitud de sus cometidos por lo que es aconsejable integrar ambas unidades en una sola. Asimismo se plantea la adecuación de la adecuación jerárquica de lo que hasta ahora se ha denominado Secretaría de Prensa y que no tiene rango definido en la actual estructura funcional de la Cámara: depende de la División Relaciones Públicas pero no es un Departamento. Los artículos 9º, 10 y 11 que se presentan implican la regularización escalafonaria de la dependencia de-

nominada Departamento de Auditoría Interna mediante la asignación del nivel de División. El planteamiento es lógico ya que en el contexto actual existen otras dependencias a cargo de funcionarios del escalafón A) Profesional con rango de Director de División que desarrollan tareas de igual jerarquía. El artículo 12 deja sin efecto una disposición presupuestal que establecía que se eliminaban al vacar determinados cargos de Administrativo III del escalafón C) Personal Administrativo. En realidad significa que la norma propuesta evita la eliminación del único cargo que está vigente porque su titular continúa desempeñando funciones. En definitiva se recupera un cargo de Administrativo III que, en virtud de lo previsto en el artículo 11 de la Resolución de la Cámara de Representantes de 14 de febrero de 2006, debería cesar al vacar. Los artículos 13 y 14 proponen la eliminación de dos cargos de Administrativo III para posibilitar la creación de dos cargos de Asistente de Informática. A nadie escapa la importancia creciente de las herramientas informáticas que son aplicadas por todas las organizaciones sean laborales o no. El aumento de las demandas de solución de problemas presentados en los equipos informáticos ha probado que los recursos humanos de la División Computación son insuficientes. Desde los últimos meses del año 2011 se está realizando la trasmisión del audio y del video de las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes. Tal circunstancia y las necesidades derivadas del aumento de eventos que requieren de servicios de amplificación y de grabación hacen impostergable la ampliación de la cantidad de funcionarios que posee la División Electrónica, propuesta que se realiza a través del artículo 11. El artículo 15 prevé la creación de quince cargos de Administrativo IV para paliar la situación de insuficiencia de recursos humanos. Tal creación es financiada con los treinta y ocho cargos vacantes que existen en el escalafón administrativo y con el que se recupera en mérito a lo propuesto en el artículo 9º del presente proyecto de resolución, debiéndose tener en cuenta que estos cargos cesarán cuando se produzcan los ascensos de Administrativo III en aplicación de las disposiciones transitorias del Estatuto del Funcionario de la Cámara de Representantes. El último cargo vigente para el mencionado escalafón es el de Administrativo III. La disposición procura que los funcionarios que actualmente revisten en el cargo de Administrativo III y al que muchos accedieron en la re-

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forma presupuestal del año 1998, no sean afectados en sus derechos por aquellos que ingresen en aplicación de las normas que se proponen. El artículo 16 regulariza una situación de hecho que fue precedentemente enunciada al hacerse referencia al artículo 1º. Actualmente el funcionario que cumple tareas de Asistente de Informática tiene retribuciones menores a los que lo hacen en el cargo de Administrativo III a pesar de que a ambos cargos les corresponde el grado 2. El referido funcionario accedió al escalafón de computación proveniendo del escalafón administrativo por lo que su remuneración se vio reducida, advirtiéndose así un contrasentido ya que cumplía funciones en un escalafón y al ingresar a un escalafón especializado pasó a tener una retribución menor. El artículo 17 autoriza el llenado de las vacantes que en este proyecto de resolución son creadas directamente o por transformación y que fueron referidas anteriormente. Los artículos 18 y 19 proponen la facultad de acogerse al régimen de retiro incentivado para aquellos funcionarios que con sesenta y cuatro años de edad o más, tengan causal jubilatoria. Tal disposición permite que los funcionarios en tal situación presenten renuncia, la que de ser aceptada implica la percepción de una partida mensual complementaria al haber de pasividad. El artículo 20 tiene por objetivo la adaptación del horario matutino de las dependencias de la Cámara al de la mayoría de las reparticiones públicas. La realidad objetiva demuestra que la actividad real de las dependencias comienza luego de la hora 9.00. No obstante, si en determinados casos la actividad de las reuniones de las Comisiones o de sesiones del plenario o de la Asamblea General o la celebración de otro tipo de eventos así lo requiera, la obligación de cumplir jornadas laborales con ingresos anteriores a la hora 9.00 está impuesta por las normas estatutarias pertinentes y por lo dispuesto por el régimen de dedicación especial y horario sin término que rige a todos los funcionarios del Cuerpo. El último inciso permite que los funcionarios comprendidos en tal artículo prevean el cambio de horario en razón que se aplicará a partir del 1º de marzo de 2013. Montevideo, 31 de mayo de 2012. JORGE ORRICO, Presidente de la Cámara de Representantes”.

“CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN. (Normas relativas a su expedición). PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El médico está obligado a la expedición del certificado de defunción de toda persona bajo su asistencia que fallezca de enfermedad aguda de origen natural si no han transcurrido más de 24 (veinticuatro) horas desde la última asistencia prestada y no tiene dudas acerca de que el proceso en curso fue el causante de la muerte. Artículo 2º.- Persiste la misma obligación si la patología natural causal es crónica y no pasaron más de 7 (siete) días desde su última asistencia. Artículo 3º.- En las obligaciones precedentes quedan incluidos todos los médicos asistentes, ya sean generales o especialistas, los tratantes de referencia, y también los de guardia. Preferentemente expedirá el certificado de defunción el último que prestó asistencia. Artículo 4º.- Los médicos quedan relevados de la obligación anterior cuando los plazos previstos en los artículos 1º y 2º se vean superados, en cuyo caso la expedición del certificado es optativa. Artículo 5º.- El médico tiene prohibido expedir un certificado de defunción: A) Si la muerte tuvo origen violento, ya sea homicidio, suicidio o accidente, independientemente del lapso transcurrido entre el hecho violento inicial y la muerte y de las intercurrencias que pudieran haber existido. Diagnosticada la muerte se dejará constancia del diagnóstico en la historia clínica pudiendo expedir en receta común dicha constatación, dando cuenta inmediata a la autoridad policial o judicial sin expedir el certificado de defunción. B) Cuando se le generen dudas sobre el origen natural de la muerte, estando en asistencia o no. Igualmente si se tratase de una muerte sospechosa, inopinada o sin asistencia médica, esté en presencia de un posible delito o el fallecido haya estado en tratamiento con persona sin título para ejercer la profesión médica, debiendo en todos estos casos informar el hecho a la autoridad policial o judicial. Artículo 6º.- El médico no debe expedir un certificado de defunción si desconoce la causa de muerte, salvo que esté seguro de que no es violenta y que de la asistencia no surja ningún género de duda sobre su carácter natural, aunque no se hubiera arribado a un

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diagnóstico definitivo de la enfermedad que llevó a la muerte. Artículo 7º.- Los médicos forenses, o quienes debidamente comisionados por la autoridad judicial cumplan funciones de tales, luego de las instancias judiciales necesarias, serán los encargados de expedir los certificados de defunción que no hubieran sido previamente expedidos en cumplimiento de lo preceptuado por la presente ley. Artículo 8º.- Cuando se practique autopsia clínica conforme a lo dispuesto para su realización en las Leyes Nos. 14.005, de 17 de agosto de 1971, y 17.668, de 15 de julio de 2003, el certificado de defunción deberá ser expedido por el patólogo actuante, salvo que surgiese en el desarrollo de la misma alguno de los impedimentos previstos en el artículo 5º de la presente ley, en cuyo caso deberá detener las maniobras necrópsicas y dar noticia inmediata a la autoridad policial o judicial. Artículo 9º.- La sola constatación de fallecimiento es un acto médico que no es considerado asistencial, por lo que el médico que únicamente ha constatado un fallecimiento no es el asistente y no tiene la obligación de expedir el certificado de defunción, salvo que fuera el médico de guardia, contase con la historia clínica, no le quedaran dudas de la causa natural de muerte y no se pudiese localizar al o los médicos que asistieron al paciente. Artículo 10.- El incumplimiento de lo preceptuado ameritará la correspondiente comunicación a la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y al Colegio Médico del Uruguay a los efectos sancionatorios correspondientes, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran corresponder al Poder Judicial. Montevideo, 4 de junio de 2012. JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los certificados de defunción son documentos de gran importancia legal y sanitaria. El “Reglamento para la expedición de los certificados de defunción”, norma que rige la materia hasta la actualidad, data del año 1889 y fue expedida por el antiguo Consejo de Higiene Pública. En 1942 se instituyó el modelo de certificado oficial, recomendado por la OMS, de uso obligatorio pero siguieron, como hasta ahora, las pautas del Reglamento de 1889.

En el año 1954 una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (Federico García Capurro), estableció normas referidas a la expedición de los Certificados de Defunción en sus establecimientos (MSP), obligando a los médicos de guardia a expedirlos. Un decreto del año 1979 reitera la obligatoriedad del uso de los formularios que expide el Ministerio de Salud Pública autorizando a este Ministerio a modificarlo “cuando así lo aconsejen las necesidades técnicas vinculadas a la investigación de mortalidad en el país”. Finalmente, en 2001 y 2003 en sendos decretos se establece que la contrafirma del médico debe ser legible o de lo contrario se utilice un sello de goma y que se adjunte el número de afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios. No solo la antigüedad de algunas normas y su categoría de rango tan inferior a la ley ameritan la presentación de este proyecto de ley. Es imprescindible de tener normas claras y precisas para el personal de salud sobre un documento de tan alto valor médico legal. La evolución de la práctica médica y los cambios operados desde 1889 y la necesidad de establecer mecanismos claros de control y garantías para pacientes, familiares y personal asistencial fundamentan este proyecto de ley. Debe saberse con precisión cuándo está prohibido firmar. Cuándo se está obligado y cuándo cesa dicha obligación. Quién y cuándo firma el certificado de defunción. Cuándo realizar la denuncia correspondiente a una muerte no natural y en los demás casos cómo y cuándo llenar y firmar el certificado. El certificado de defunción debe ser siempre un documento por el cual el médico deja constancia de un hecho o hechos ciertos y conocidos en razón de su cargo o profesión. Debe ser llenado de manera clara, concisa, con lenguaje ajustado de modo que su interpretación sea única. Con causas de muerte científicamente reconocidas y no modo o manera de morir, es decir no con generalidades que reconocen causas como paro cardiorrespiratorio, como frecuentemente se establecen en estos documentos. La expedición de los certificados es una obligación inherente al acto médico de muy relevante valor e importantes consecuencias y su regulación debe ser materia legal como en otros países. Diagnosticada la muerte, dejando constancia en la historia clínica o en receta particular según el caso, habrá que expedir el certificado oficial de defunción que permite las inhumaciones, las inscripciones de fa-

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llecimientos en el Registro Civil y actuaciones judiciales o administrativas con todas sus consecuencias. En definitiva en el proyecto que presentamos se ven contempladas las distintas eventualidades y en una sola norma. Se estarían además derogando viejos decretos, confusos incluso por la terminología no adecuada a nuestros días, sin dejar de contemplar todo lo que ellos contenían. A nadie escapa, por último, que los casos conocidos en los últimos meses de homicidios en centros de salud llevados adelante por personal de enfermería dejaron al descubierto graves carencias y la necesidad de extremar los controles y establecer claros procedimientos médicos en caso de muertes inopinadas de forma tal que agreguen luz, se pueda saber cabalmente la causa de muerte y eviten que pasen desapercibidos hechos de esa gravedad. En suma, en el artículo 1º se establece que el profesional firmante será el médico que prestó asistencia y no el tratante con lo que se solucionarán muchos problemas habituales. Por los artículos 2º y 3º se especifica la definición de médico asistente y sus obligaciones. Todo esto innova con respecto al Reglamento de 1889. En el artículo 4º se agrega una posibilidad optativa en caso de haberse vencido los plazos previstos. Por el artículo 5º se especifican las prohibiciones a las cuales están sujetos los médicos, y en el 6º la excepción a las mismas. En el artículo 7º incluye a los médicos forenses en la presente normativa, ya que esta especialidad no existía como tal en 1889. En el artículo 8º se explica la posibilidad de la autopsia clínica y quién firma en ese caso, mientras que en el artículo 9º se especifica por primera vez cómo y cuándo puede firmar el médico de guardia y en el artículo 10 se incluyen las comunicaciones al Colegio Médico Nacional y Comisión de Salud Pública del MSP a sus efectos. Montevideo, 4 de junio de 2012. JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó”. H) “ACTIVIDAD O TRABAJO ECUESTRE DE LOS MENORES DE EDAD. (Modificación del artículo 1º de la Ley Nº 18.719). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 455 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 455.- Los menores de edad que realicen actividad o trabajo ecuestre, podrán desarrollarla si tienen autorización expresa de sus padres o el tutor legal correspondiente. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones del desarrollo de dichas actividades”. Montevideo, 25 de mayo de 2012. LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La ley de Presupuesto Nacional para el período 2010-2014, Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en su artículo 455, tímidamente incluyó la posibilidad de que los menores de edad pudieran trabajar en actividades relacionadas exclusivamente con el turf, siempre que se contara con la correspondiente autorización expresa de los padres o tutor legal. El presente proyecto de ley busca dar un paso más en el mismo sentido y abrir un margen de posibilidades más amplio en lo que refiere a actividades y trabajos ecuestres, aggiornando la realidad con la legislación actual. Sabido es que según la normativa vigente no es posible que los menores trabajen a caballo en el campo, pero al mismo tiempo la realidad marca que andan a caballo desde los cinco años para ir a la escuela, lo que a las claras disminuye sustancialmente cualquier riesgo proveniente del uso y manejo del equino y, por qué no, admitir también que en muchos casos realizan trabajos de campo a caballo. En un sentido más amplio, la posibilidad de que los menores puedan trabajar y aprendan el sentido de la responsabilidad, debería servir para que a su vez vuelvan a engancharse con el sistema educativo, porque a esa edad muchos han desertado. Como venimos de mencionar más arriba, es necesario acompasar la legislación actual con la realidad actual, y en ese sentido premitir el trabajo y la actividad ecuestre en los menores implicaría regular y controlar una actividad que naturalmente se da en nuestro país por ser éste esencialmente agropecuario, pero que debido a su prohibición los menores terminan trabajando en negro y por otro lado permitiría dar una opción a aquellos menores que ya tienen niños a su cargo pero no tienen respuesta a sus necesidades de trabajo. Con una buena y moderna legislación al respecto, perfectamente podría coexistir el trabajo de los meno-

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res en actividades ecuestres. Actividad ésta que lógicamente deberá estar reglada y controlada. Montevideo, 25 de mayo de 2012. LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones”.

4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Está abierto el acto. (Es la hora 11 y 16) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) El señor Representante José Andrés Arocena solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Escuela Nº 60 de Montecoral, departamento de Florida; a la Junta Departamental y a los medios de prensa de ese departamento, sobre la designación de un auxiliar de servicio para el citado centro educativo. C/19/010 a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con la necesidad de prohibir el uso de un herbicida, así como de promover alternativas para el control efectivo de malezas sin consecuencias nocivas para la salud humana, animal y el medio ambiente. C/19/010 al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Florida, y a los medios de prensa de dicho departamento, acerca de la pérdida de horas de clase por parte de alumnos de la Escuela Nº 100 del paraje Piedra Campana en ese departamento. C/19/010

El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio, a la Embajada de nuestro país en la República Checa; a la Embajada y al Consulado de ese país ante el nuestro; al Parlamento de la República Checa y a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, sobre la masacre de Lídice, ocurrida en junio de 1942. C/19/010 El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionada con la posibilidad de decretar una rebaja en el precio de los combustibles en atención a la baja del precio del petróleo en el mercado internacional. C/19/010 El señor Representante Amin Niffouri solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Canelones y a la Escuela Nº 218 de Lomas de Solymar; al Consejo de Participación y a la Comisión de Fomento de dicha Escuela, sobre la adquisición de dos terrenos linderos de dicho centro educativo. C/19/010 a los Ministerios de Salud Pública; y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; a los centros educativos públicos y privados de la ciudad de San Ramón; a la Intendencia de Canelones y por su intermedio a su Dirección General de Cultura y al Municipio de San Ramón; y a la Fundación Tapié Piñeyro, acerca de la posibilidad de realizar un homenaje el 12 de junio de cada año, al señor Juan Pedro Tapié Piñeyro. C/19/010

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El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a los Ministerios de Salud Pública, con destino a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis; y de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la División de Sanidad Animal, referente a la presencia de murciélagos en la localidad de Paso de los Novillos, departamento de Tacuarembó. C/19/010 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Tacuarembó, y a las Comisiones de Vecinos Pro Saneamiento de los barrios López y Don Audemar,

El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vialidad; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Soriano, y por su intermedio a la Junta Local de Cañada Nieto, referente a la necesidad de agregar lomos de burro en el tramo de la Ruta Nacional Nº 96, que atraviesa por la localidad de Cañada Nieto, y la posibilidad de construir veredas o pasarelas paralelas para un tránsito peatonal seguro. C/19/010

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sobre la cobertura de saneamiento en la ciudad capital del referido departamento. C/19/010″ ——Se votarán oportunamente.

nación de un auxiliar de servicio para el citado centro educativo. “Montevideo, 17 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Escuela Nº 60 del paraje Montecoral de la ciudad capital del departamento de Florida; a la Junta Departamental de Florida, y a los medios de comunicación del citado departamento, referida a la falta de Auxiliar de Servicio en la citada escuela. Desde el año 2011, dicha escuela no cuenta con Auxiliar de Servicio. En el año 2010 había dos funcionarios que se encargaban de dicha tarea, pero uno se jubiló y el otro solicitó traslado a la ciudad de Florida, luego de lo cual nunca se repuso el servicio. La maestra, que actualmente es quien cocina en dicha escuela, y las madres de los alumnos que allí concurren, que son quienes se encargan de la limpieza del gran local, han efectuado trámites, numerosas peticiones y reclamos ante la Inspección Departamental de Florida, pero los mismos no han prosperado. Por lo expuesto, solicitamos a la ANEP que se solucione de inmediato esta problemática, proporcionándole a la citada escuela, al menos, un Auxiliar de Servicio que se encargue de la limpieza y de la cocina. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 2) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con la necesidad de prohibir el uso de un herbicida, así como de promover alternativas para el control efectivo de malezas sin consecuencias nocivas para la salud humana, animal y el medio ambiente. “Montevideo, 17 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Salud Pública, y de Trabajo y Seguridad Social. En nuestro país se utiliza un herbicida, cuyo nombre comercial es Paraquat, (dicloruro de 1,1’dimetil 4,4’bipiridilo), cuya alta toxicidad ha llevado

5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 17 de mayo de 2012: Con aviso: Alberto Casas, Mario García, Daniel Mañana, Alberto Perdomo Gamarra, Edgardo Rostán. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 16 de mayo CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Daisy Tourné. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO Con aviso: Fernando Amado. Miércoles 23 de mayo ASUNTOS INTERNACIONALES Con aviso: Daniel Peña Fernández. Miércoles 30 de mayo CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN. Con aviso: Aníbal Pereyra”.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Escuela Nº 60 de Montecoral, departamento de Florida; a la Junta Departamental y a los medios de prensa de ese departamento, sobre la desig-

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a su prohibición, por ejemplo, en la Unión Europea. La generalización del uso de ese agrotóxico tiene como consecuencia la grave afectación de la salud humana, animal y del medio ambiente, habiéndose reportado a nivel mundial la intoxicación de entre 3 y 5 millones de personas anualmente, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los trabajadores que utilizan Paraquat están expuestos a mortalidad por intoxicación, daños pulmonares, cutáneos y cardíacos, entre otros. Se ha determinado también, que ese producto es causa de malformaciones genéticas severas en poblaciones próximas a centros donde se realizaron fumigaciones. Aún más, todas las medidas de protección para quienes realizan la aplicación del producto, han demostrado ser insuficientes, suponiendo que tales medidas y el equipo personal de protección estén disponibles para el trabajador y que, además, lo utilice tal como se recomienda. Diversas organizaciones a nivel mundial han establecido sistemas de certificación para apoyar la agricultura ecológica, y todas ellas han prohibido la utilización de Paraquat, recomendando alternativas más seguras y económicas para el manejo de las malezas. Las posibilidades de sustitución de ese agrotóxico combina distintas prácticas como lo son el rastreado, la quema localizada de malezas, la alternancia de cultivos, el arado profundo, el riego con microaspersores, los cultivos intercalados, la menor distancia entre las plantas y uso de semillas con alta germinación y otros. Así, a nivel internacional, el Consejo de Administración Forestal, que promueve el manejo sostenible de plantaciones forestales y de bosques, ha fijado criterios que excluyen expresamente la utilización de Paraquat. Asimismo, en igual sentido se pronunciaron las organizaciones para sellos de Comercio Justo, el Código Común de la Comunidad Cafetera y la Rainforest Alliance; entre otras. En definitiva, nuestro país debe prohibir en forma inmediata la utilización de Paraquat, y promover desde el Estado alternativas para el control efectivo de malezas, respetuosas de la salud y del bienestar humano y animal, y con el medio ambiente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”.

por parte de alumnos de la Escuela Nº 100 del paraje Piedra Campana en ese departamento. “Montevideo, 29 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Intendencia de Florida, a la Junta Departamental de Florida, y a los medios de comunicación del departamento de Florida. En el paraje Piedra Campana, del departamento de Florida, próximo a la localidad de Reboledo, se encuentra la Escuela Rural N° 100, que funciona ininterrumpidamente desde el año 1963. A dicha escuela asisten ocho niños, los que cursan distintos niveles. En el mes de mayo del año en curso, la maestra a cargo de todos ellos debió tomar licencia entre los días 9 y 30 y, por falta de previsión de las autoridades, ningún docente se hizo cargo de las clases. Fue así que los alumnos quedaron sin asistir a la escuela por falta de maestro durante, prácticamente, un mes. Resulta inadmisible que esas situaciones no estén previstas, tomando en cuenta que con un solo maestro a cargo de todos los alumnos, en algún momento, por distintos motivos, podría ausentarse de su tarea solicitando la licencia que por derecho le corresponde tomar. Entonces, cómo es posible que las autoridades no tengan un plan de contingencia para esas situaciones. Tal vez la lejanía de la escuela, el número de alumnos o algún otro motivo, es causa del desinterés de quienes tienen que hacer la planificación de las clases, previendo situaciones de ausencia del maestro. En este caso una única maestra, que dicta clases durante todo el año, no cuenta, siquiera, con un Auxiliar que la asista en su tarea y colabore en distintas situaciones que se presentan a diario o que podrían presentarse en casos excepcionales vinculadas a los alumnos o a la propia docente. Es imperioso que se tomen, en forma urgente, las medidas necesarias a fin de terminar con esta verdadera improvisación y falta de planificación, teniendo en cuenta que en el medio rural la tarea del maestro implica mayores sacrificios, menos recursos y medios de transporte y comunicación para asegurar una mejor calidad de la enseñanza. Llamamos la atención sobre estas situaciones, requiriendo que sean consideradas porque son previsibles a la hora de planificar el año lectivo. No obstante, ya iniciado el 2012, igualmente deberían aplicarse medidas correctivas para evitar la pérdida de horas de clase para los alumnos y a su vez, que

3) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Florida, y a los medios de prensa de dicho departamento, acerca de la pérdida de horas de clase

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se garantice el derecho de los docentes y funcionarios no docentes a tomar la licencia que les corresponda sin la carga adicional de saber que sus alumnos están sin clases, limitándose muchas veces a la hora de solicitar el ejercicio de ese derecho. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 4) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vialidad; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Soriano, y por su intermedio a la Junta Local de Cañada Nieto, referente a la necesidad de agregar lomos de burro en el tramo de la Ruta Nacional Nº 96, que atraviesa por la localidad de Cañada Nieto, y la posibilidad de construir veredas o pasarelas paralelas para un tránsito peatonal seguro. “Montevideo, 17 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Vialidad; a la Intendencia de Soriano y, por su intermedio, a la Junta Local de Cañada Nieto, y a la Junta Departamental de Soriano, relativa a la necesidad de colocar dos lomos de burro más sobre la Ruta Nacional Nº 96, en la zona en que la misma atraviesa la localidad de Cañada Nieto, en el departamento de Soriano, y estudiar la viabilidad, la conveniencia y la oportunidad de construir veredas o pasarelas paralelas a la ruta, para lograr un tránsito peatonal seguro. En reciente visita realizada a la citada localidad, las autoridades y los vecinos de la zona nos transmitieron su preocupación por el importante tránsito, principalmente de camiones, que circula por la referida ruta, la que atraviesa esa localidad. Nuestro departamento, por suerte, se encuentra atravesando un importante desarrollo económico. Las rutas de nuestro país, como todos sabemos, están cumpliendo un rol fundamental en ese desarrollo. Toda mercadería que sale, entra o es trasladada por nuestro territorio, recorre las diferentes rutas nacionales. La Ruta Nacional Nº 96 no es ajena a esa situación, máxime teniendo en cuenta que es una de las vías de comunicación con dos ciudades muy importantes en el circuito comercial de nuestro país, como lo son las ciudades de Dolores y de Nueva Palmira. Los pobladores y autoridades, a raíz de ese aumento en la circulación, nos han manifestado su preocupación por el peligro que esto aca-

rrea a los residentes que transitan por los costados de la citada vía. Entienden que esa problemática puede ocasionar situaciones trágicas que buscan prevenir y evitar y que agregando dos lomos de burro a los existentes, obligaría a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la localidad, disminuyendo las posibilidades de que ocurra un accidente. Como Representante Nacional, consideramos que la colocación de esos dos nuevos lomos de burro debe ser ordenada a la brevedad y como solución transitoria, es de recibo, pero también entendemos que se debe buscar una solución más de fondo como, por ejemplo, la construcción de veredas o pasarelas a los costados de la ruta en el tramo que atraviesa toda la localidad de Cañada Nieto. Por lo expuesto, entendemos que dichas obras son de carácter urgente y requieren una pronta solución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano”. 5) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por su intermedio, a la Embajada de nuestro país en la República Checa; a la Embajada y al Consulado de ese país ante el nuestro; al Parlamento de la República Checa y a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, sobre la masacre de Lídice, ocurrida en junio de 1942. “Montevideo, 28 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por su intermedio, a nuestra Embajada en la República Checa, a la Embajada y al Consulado de la República Checa en nuestro país, al Parlamento de la República Checa y a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. El 27 de mayo de 1942, dos patriotas paracaidistas checos, por instrucciones del entonces Presidente de Checoeslovaquia Eduard Bernes, exiliado en la ciudad de Londres, del Reino Unido, desarrollaron una operación que fue denominada Antropoide, para atentar contra Reinhard Heydrich quien había sido encargado por Hitler del territorio de Checoeslovaquia. Josef Gabcik y Jan Kubis lograron en su acción ejercitar un duro golpe al nazismo con el mencionado ataque del que resulta la muerte de Reinhard Heydrich el 4 de junio de 1942. Ese individuo ocupaba el cargo de Protector del ‘Protectorado de Bohemia’ y Moravia desde el 21 de setiembre de 1941, y es identificado como uno de los ingenieros del Holocausto, jefe de la policía secreta (RSHA, SD) y

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oficial de relación directa e intensa con Hitler. La respuesta del régimen Nazi cuya crueldad hasta el momento era disimulada, no se hizo esperar y el propio Hitler autoriza e impulsa la aniquilación de lo que denominaron ‘un pueblo checo’ y ordena medidas que derivan en el fusilamiento de 200.000 de ellos. Lídice, un pueblo distante 20 kilómetros de Praga, es el objeto de la venganza feroz y el 9 de junio de 1942, las tropas de la SS ocuparon esa localidad, obligaron a los residentes a salir de sus casas con sus pertenencias de valor y ropas para tres días. El resultado fue, 173 hombres mayores de 15 años ejecutados el mismo día, 184 mujeres enviadas al campo de concentración de Ravensbück, lugar en el que fallecieron 53, y 88 niños fueron envenenados en el campo de Kulmhof un mes más tarde, el 2 de julio del mismo año. Fue quemada la ciudad, sus montes eliminados, su cementerio profanado y el nombre Lídice borrado de los mapas. La saña criminal nazi se ensañó con la gente de Lídice y alimentado su odio con la soberbia racista, pretendieron eliminar de la historia esa comunidad a la que hicieron responsable de la patriótica respuesta de Gabick y Kubis. En estas horas, setenta años después de esos dolorosos episodios, Lídice vive, reconstruida desde 1945 a fines de la guerra, y su comunidad es el testimonio del vigor de las libertades y el rechazo a los totalitarismos. Desde Uruguay una tierra de paz profundamente convencidos de la vigencia de la defensa de los derechos humanos y las libertades de los pueblos, vivan en la zona del mundo en que vivan, expresamos nuestro recuerdo respetuoso por las víctimas del doloroso junio de 1942 para Lídice y para Chequia, así como para toda la humanidad. Hoy día la política exterior de la República Checa orientada por su Gobierno y por su Parlamento realiza una acción decidida y eficaz de promoción de los derechos humanos y denuncia de sus violaciones en otros Estados lo que constituye una gran contribución a su protección. Nuestro pueblo, conformado mayoritariamente por inmigrantes, algunas de cuyas familias proceden de las tierras checas y eslovacas, se inclina ante el dolor del pasado y expresa un sentimiento para que el mismo se convierta en un canto a la vida y al futuro. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo”.

bustibles en atención a la baja del precio del petróleo en el mercado internacional. “Montevideo, 1º de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP). A lo largo del mes de mayo, culminado ayer, el precio del petróleo en el mercado internacional se redujo porcentualmente un 14%. La cotización promedio correspondiente a esos 31 días fue de US$ 109 por barril, es decir, US$ 10 por debajo de la referencia (119 B/US$) fijada por ANCAP, en ocasión del aumento del pasado 10 de abril. Por la razón indicada, entendemos que se dan las condiciones para decretar una rebaja del precio de los combustibles. Teniendo en cuenta que en la oportunidad del último ajuste antes señalada, el precio del crudo era de US$ 111 y que el aumento respectivo en ese entonces fue de 5,8%, la disminución de tarifas propuesta no debería ser inferior al 5%. De más está recordar la importancia que esta variable representa para la producción, los servicios y, en general, para el bienestar de la población, particularmente ante el advenimiento del invierno. La paridad de importación indica que los uruguayos estamos pagando $6 más caro el litro de gasoil que si lo importáramos de los mercados de la región, incorporando todos los costos inherentes a esa operación. Por otra parte, a nadie escapa el impacto que el valor de los combustibles genera sobre los precios internos y el rango de la inflación, aspecto que ha motivado la preocupación del Gobierno en los últimos tiempos, y que resulta legítima y compatible. Por los fundamentos reseñados, solicitamos al Poder Ejecutivo y al Directorio de ANCAP que consideren la propuesta formulada a la brevedad que sea posible. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo”. 7) Exposición del señor Representante Amin Niffouri al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Canelones y a la Escuela Nº 218 de Lomas de Solymar; al Consejo de Participación y

6) Exposición del señor Representante Pablo Abdala a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionada con la posibilidad de decretar una rebaja en el precio de los com-

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a la Comisión de Fomento de dicha Escuela, sobre la adquisición de dos terrenos linderos de dicho centro educativo. “Montevideo, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Canelones y a la Escuela Nº 218 del balneario Lomas de Solymar; a la Comisión de Fomento y al Consejo de Participación de la Escuela Nº 218. Hemos tomado conocimiento de que la Escuela Nº 218 de Lomas de Solymar, ubicada en el cruce de las calles Cruz del Sur y Amelia Ramírez, modelo en inclusión (destinada a brindar educación a los niños con capacidades diferentes) en Ciudad de la Costa, tiene importantes carencias de infraestructura, por su espacio reducido, a la hora de realizarse los recreos y de efectuar las actividades deportivas y de recreación. Ante esta situación, un particular, propietario de dos terrenos linderos, se interesó en ofrecer en comodato parte de los referidos predios, a efectos de solucionar la difícil situación que atraviesan los alumnos a la hora de realizar actividades recreativas. Incluso, el Consejo Directivo Central de la ANEP en Expediente 1-4253/10, de 19 de octubre de 2010, resolvió recibir en comodato una fracción de terreno integrada por parte de los padrones Nos. 22167 y 22168, linderos a la Escuela Nº 218, refiriéndose a los terrenos mencionados anteriormente. Esa resolución nunca fue llevada a cabo, nunca se utilizaron los terrenos. Recientemente, se ha tomado conocimiento de que el particular en cuestión estaría por enajenar los terrenos linderos, siendo esta situación por demás preocupante, ya que es la última oportunidad de poder extender los límites de la escuela. Entendemos que es necesario, y de forma urgente, que se estudie la posibilidad de adquirir por parte de la ANEP los predios linderos a la Escuela Nº 218 de Lomas de Solymar, a efectos de solucionar la difícil situación que atraviesan los niños con capacidades diferentes que concurren a dicha escuela. Por los motivos expuestos, solicitamos que se proceda de forma inmediata a la adquisición de los padrones Nos. 22167 y 22168 ubicados en el balneario Lomas de Solymar, departamento de Canelones. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”.

8) Exposición del señor Representante Amin Niffouri a los Ministerios de Salud Pública; y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; a los centros educativos públicos y privados de la ciudad de San Ramón; a la Intendencia de Canelones y por su intermedio a su Dirección General de Cultura y al Municipio de San Ramón; y a la Fundación Tapié Piñeyro, acerca de la posibilidad de realizar un homenaje el 12 de junio de cada año, al señor Juan Pedro Tapié Piñeyro. “Montevideo, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional y a los centros educativos de cada uno de esos Consejos en la ciudad de San Ramón, del departamento de Canelones; a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, a la Dirección General de Cultura y al Municipio de San Ramón; al Ministerio de Salud Pública; a la Fundación Tapié Piñeyro y al Colegio Santa Margarita del Rosario. Juan Pedro Tapié Piñeyro, nació en la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones, el 12 de junio de 1879, de familia humilde, llegó a ser un exitoso empresario, sembró magníficas obras y afecto solidario en educación y en salud. Concretó el plan armónico educacional en la ciudad de San Ramón, abarcando desde la educación preescolar en adelante, dándole a niños y a jóvenes oportunidades de especialización industrial, agraria y de formación docente posterior, todo en un marco edilicio excelente y con una infraestructura de primer nivel, realmente avanzada para la época. Fomentó el desarrollo y el trabajo agrario-industrial, resolvió problemas de salud y permitió el acceso a la moderna medicina en San Ramón, atendió la necesidad de los más desvalidos en salud, entregó vestimenta, abrigo, útiles y alimentos para niños y jóvenes. Fue, asimismo, un exitoso empresario, emprendedor de diversas empresas, todas ellas con gran éxito, entre las que podemos destacar la Tienda London-París. También fomentó la construcción, tanto en la capital como en el interior del país, hecho que permitió solucionar el destino habitacional de numerosas familias. Entendemos que Tapié Piñeyro es un ejemplo de ciudadano, un hombre comprometido con su sociedad y su tiempo, un visionario y emprendedor, agradecido con su país y con su ciudad. Un ser profundamente

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solidario, sembrador de oportunidades y desarrollo. A nuestro juicio, como también a propuesta de la Alcaldesa de San Ramón, es necesario que en todos los aniversarios de su natalicio, el 12 de junio, se realice un homenaje a la persona de Tapié Piñeyro, festejos tanto en el departamento de Canelones como, en particular, en la localidad de San Ramón, festividades y homenajes que deberán ser acompañados de una adecuada difusión de su prolífera obra en el departamento de Canelones. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”. 9) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez a los Ministerios de Salud Pública, con destino a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis; y de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la División de Sanidad Animal, referente a la presencia de murciélagos en la localidad de Paso de los Novillos, departamento de Tacuarembó. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a la Dirección General de Servicios Ganaderos, para su remisión a la División Sanidad Animal y a su oficina en el departamento de Tacuarembó. Paso de los Novillos es un poblado del departamento de Tacuarembó. Se accede a él, por la Ruta Nacional Nº 59. Viven allí algunas decenas de familias. Hasta hoy no tienen luz eléctrica ni agua potable, problemas que están previstos resolver a corto plazo, y el acceso a la localidad es complicado por el mal estado de la caminería. En una reunión con el vecindario, entre otros asuntos, se nos planteó el problema que están causando los murciélagos que, en grandes cantidades, están invadiendo las viviendas y las construcciones de uso comunitario, como la policlínica y la escuela. Aparentemente, son los del tipo insectívoro. A través de la presente exposición escrita queremos solicitarle a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, que considere la posibilidad de atender esta problemática. Sería necesario constatar y definir la dimensión del problema, y luego adoptar las medidas que sean necesarias. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”.

10) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Tacuarembó, y a las Comisiones de Vecinos Pro Saneamiento de los barrios López y Don Audemar, sobre la cobertura de saneamiento en la ciudad capital del referido departamento. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); a la Intendencia y a la Junta Departamental de Tacuarembó, y a las Comisiones de Vecinos pro Saneamiento de los barrios López y Don Audemar. La semana pasada se firmaron dos convenios entre los vecinos, la Intendencia de Tacuarembó y OSE, que son trascendentes en cuanto al desarrollo de las redes de saneamiento. La obra de saneamiento en barrio López y en otros barrios adyacentes, implica la construcción de alrededor de 20 kilómetros de redes de saneamiento y obras complementarias y es financiada con recursos de OSE en una cifra que va a rondar entre los 4 y 5 millones de dólares. Atenderá a una población del entorno de las 15.000 personas. La obra en barrio Don Audemar implicará la construcción de 4.600 metros de redes y se financiará con aportes muy importantes de la Intendencia, de OSE y de los vecinos. Esa obra permitirá, a su vez, mejorar el sistema de saneamiento en barrio Centenario. Con las obras antes mencionadas, la ciudad capital del departamento de Tacuarembó sigue siendo la ciudad del interior con más saneamiento, cobertura que abarca alrededor del 70% de la población. Muchas de las obras de saneamiento se han hecho mediante la modalidad de convenios tripartitos (OSE, Intendencia y vecinos), que ha resultado una línea de trabajo exitosa y que debe seguir impulsándose. Destacamos que esas obras, en general, comienzan por iniciativa y demanda de los vecinos y tienen en ellos (organizados en sus respectivas comisiones) a protagonistas de primera línea en todo el proceso, que muchas veces o casi siempre, implica varios años de trabajo, de organización, de juntar recursos, de mantener la motivación en la zona, todo lo que asegura mejores niveles de conexión a las redes, entre otros beneficios. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”.

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7.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: “Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 853 “MOCIÓN Mocionamos para que se interpele al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por la situación del sistema carcelario. Montevideo, 2 de mayo de 2012. JOSÉ CARLOS CARDOSO,. Representante por Rocha, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, ÁLVARO DELGADO, Representante por Montevideo, CAR-MELO VIDALÍN, Representante por Durazno, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, JOSÉ AN-DRÉS AROCENA, Representante por Florida, MIGUEL OTEGUI, Representante por Paysandú, MARTÍN ELGUE, Representante por Montevideo, GE-RARDO AMARILLA, Representante por Rivera, JORGE GANDINI, Repre-sentante por Montevideo, ALBERTO CASAS, Representante por San José, PEDRO SARAVIA, Representante por Cerro Largo, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión. Se invita a ingresar a Sala al señor Ministro del Interior y al señor Subsecretario. (Ingresan a Sala el Ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi y el Subsecretario, licenciado Jorge Vázquez). ——Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Gracias, señor Presidente.

Solicito que ingresen a Sala el Director General de Secretaría, doctor Charles Carrera; el Director de la Policía Nacional, Inspector Julio Guarteche; el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Inspector Luis Mendoza; el Subdirector del Área Interior del Instituto Nacional de Rehabilitación, maestro Alberto Brusa, y la asesora penitenciaria, psicóloga Gabriela Fulco. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar lo solicitado por el señor Ministro. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en setenta y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: solicitamos que se invite al Comisionado Parlamentario a ingresar a Sala y a participar de la sesión. SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: nosotros estábamos enterados de la propuesta que iba a hacer el señor Diputado interpelante… (Interrupción del señor Representante Trobo) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Yo no lo vi. Estamos en otro tema. (Interrupción del señor Representante Trobo) ——¿El señor Diputado quiere fundar el voto de todas maneras? Perdonen; no es correcto, pero vamos a acceder a su pedido para solucionar este tema. Tiene la palabra el señor Diputado Trobo para fundar el voto. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: a modo de fundamento de voto, quiero dejar constancia de que he votado negativamente la solicitud de ingreso a Sala de los asesores por las razones que expuse en anteriores convocatorias a los Ministros. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi.

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8.- Intermedio.
SEÑOR BAYARDI.- Solicito un intermedio de tres o cuatro minutos a los efectos de considerar la propuesta del señor miembro interpelante. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta en setenta y tres: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 11 y 30) ——Continúa la sesión. (Es la hora 11 y 45)

9.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados José Carlos Cardoso y Delgado. (Se lee:) “Mocionamos para que la Cámara autorice a ingresar a Sala al señor Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Álvaro Garcé, y a hacer uso de la palabra en el caso que le sean solicitadas informaciones”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y uno en ochenta y cuatro: NEGATIVA. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: realmente, esta actitud de la mayoría parlamentaria me sorprende; verdaderamente me sorprende. Nunca imaginé que no podríamos contar con el funcionario especializado en temas carcelarios que tiene el Poder Legislativo, cuando estamos debatiendo esos asuntos y tenemos al señor Ministro del Interior sentado en Sala para discutirlos. Sin embargo, el funcionario especializado que tiene la Cámara no puede

participar de este debate; no se le pueden formular preguntas sobre lo que ha hecho e informado. El Comisionado Parlamentario ha estado presente en los motines y ha sido partícipe activo de todos los problemas carcelarios vividos desde que está en el cargo, especialmente este año. Se dirige a los medios de comunicación con absoluta libertad de opinión y dice todo lo que le parece en cada una de las circunstancias, pero no puede comparecer en el Organismo que le paga el sueldo. El Comisionado es un funcionario de esta Casa, especializado, y es nombrado por el Poder Legislativo para asesorar en temas carcelarios y se impide que él, que es mi asesor, esté presente en Sala. Sin embargo, el señor Ministro acaba de solicitar que entren una cantidad de asesores del Poder Ejecutivo. Realmente, es incomprensible. ¿Qué temor tiene el Frente Amplio de que el Comisionado Parlamentario esté en Sala? ¿Acaso presume que vamos a debatir la brutal embestida del Ministro del Interior al Comisionado Parlamentario cuando dijo que no lo pudo encontrar durante el motín del COMCAR? ¿Es a eso a lo que se tiene temor? ¿A que esté presente en Sala escuchando las explicaciones que vamos a pedir? SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Por favor, señor Diputado… (Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso) ——Señor Diputado: no aluda cuando está fundando el voto, ni siquiera al Ministro. Usted conoce el Reglamento mejor que yo y sabe que tiene derecho a fundar el voto, pero no a aludir. Por favor, respetemos el Reglamento. Puede continuar el miembro interpelante, señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sobre este tema volveremos a hablar, inevitablemente, fuera del fundamento de voto. La Ley Nº 17.684 crea el instituto del Comisionado Parlamentario y en su primer artículo establece que su cometido principal será asesorar al Poder Legislativo. Lo que estoy pidiendo -y seguramente será la primera constancia de este debate- es que se cumpla la ley y que el Frente Amplio permita que el asesor parlamentario en cuestiones carcelarias participe en esta sesión y podamos preguntarle sobre los informes

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que ha dado recientemente al Parlamento, a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: entiendo que esta sesión empieza mal. Simplemente quiero fundar mi voto afirmativo a la moción presentada, desde una lógica elemental. El Parlamento tiene un Comisionado Parlamentario que es su asesor en materia carcelaria. Su opinión no es vinculante; sus informaciones son insumos, y las utilizamos cada vez que lo convocamos a las Comisiones especializadas o nos entrevistamos con él. Hoy estamos en una interpelación fijada para analizar una enorme crisis del sistema carcelario, y el Comisionado Parlamentario fue actor principal, fue testigo, tuvo participación y fue convocado. El señor Ministro dijo a la prensa que lo buscó en el momento más crítico y no lo pudo encontrar, y ese hecho fue, según se dice, el detonante para que en ese lapso se generaran los episodios de violencia y de destrucción en los establecimientos carcelarios por los motines que se produjeron ese día. Tenemos un instrumento, un asesor, y no se le permite entrar a Sala. Hay un desequilibrio entre el Poder Ejecutivo, que ingresa a Sala con todos los asesores que le parece, que no tienen responsabilidad, pero que asesoran al señor Ministro que sí la tiene ante este Cuerpo, y el Parlamento, al que se amputa la posibilidad de contar con su propio asesor en esa materia especializada. Esto quiebra toda la lógica; no la tiene. Por lo tanto, uno debe suponer que existen otras razones, porque se quiere esconder, se quiere ocultar y se quiere amordazar, no solo al Comisionado Parlamentario, sino a las bancadas parlamentarias que han promovido esta convocatoria. Se debe reflexionar porque en este caso existe una violación flagrante de una ley que hemos votado nosotros mismos. Para terminar, pido que se reflexione y en el momento en que lo entienda oportuno, señor Presi-

dente, se rectifique la votación de la moción que propone el ingreso a Sala del Comisionado Parlamentario para que pueda hacer uso de la palabra cuando se lo solicite. SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: en mi fundamento de voto no voy a aludir, aunque ganas no me faltan. Simplemente voy a plantear por qué la bancada de Gobierno no votó esta moción. Nosotros queremos preservar la autonomía técnica de un funcionario del Parlamento, y la interpelación es un acto netamente político, como lo establece el artículo 119 de nuestra Constitución, que cada una de las Cámaras tiene facultades, por resolución de un tercio, para hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir informes. La ley de creación del Comisionado Parlamentario vincula al señor Comisionado Parlamentario con la Asamblea General, a través de los informes anuales, y/o de los informes que se considere oportuno brindar a dicho Cuerpo a través de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, que integramos todos los partidos políticos presentes en esta Sala. Además, debo decir que es obligación de todas las legisladoras y legisladores leer y conocer los informes del Comisionado Parlamentario, que se distribuyen cuando los hace en tiempos establecidos por ley o cuando se brindan en virtud de sucesos que obligan a que el propio funcionario del Parlamento los haga. En la última reunión de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria el Comisionado Parlamentario dio un informe verbal extensísimo al respecto; supongo que todos los legisladores que integran esta Cámara lo han leído y han sacado las conclusiones a partir de informes que desde el punto de vista técnico, y no político, debe aportar un asesor de este Parlamento que, reitero, depende institucionalmente de la Asamblea General, aunque tiene autonomía técnica, facultades y potestades especiales, como lo dicta la ley de su creación. Muchas gracias. VARIOS SEÑORES LEGISLADORES.- ¡Muy bien!

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SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: creo que se está incurriendo en un grueso y grave error. Acá hay un hecho de cercenamiento de la democracia, porque la democracia se basa en la información para que podamos tomar decisiones y no en actos que se están preestableciendo al desarrollo del debate. Y conste que no soy integrante de la colectividad política del miembro interpelante. Como legisladora, quiero tener la mayor cantidad de insumos y nos parece que esto es política. Por más que acá se quieran poner separaciones, estancos y divisiones, esto es política; es tomar decisiones con respecto a las reflexiones que se hagan acerca de lo que el miembro interpelante y el Ministro expongan en esta Sala. En todas las interpelaciones y llamados a Sala en régimen de Comisión General a las autoridades del Gobierno, siempre hemos tenido la gentileza de permitirles ingresar al recinto con todos sus asesores. Nos parece que esto realmente es un ataque directo a la democracia y están en falta al no darnos la información que necesitamos para tener una real y cabal opinión a la hora de definir qué decisión adoptaremos al final de esta interpelación. No podemos venir a una interpelación a escuchar con predeterminaciones y prejuzgamientos, porque esto es lo que hace llevar a una fuerza política con mayorías parlamentarias a desvirtuar la realidad del objetivo: asesorarnos para llegar a una conclusión. ¡El Partido Colorado rechaza de plano la decisión que toma en este momento la bancada oficialista! VARIOS bien! SEÑORES REPRESENTANTES.¡Muy

El hecho de que tenga independencia técnica y de que esto sea un acto político, como son todos los actos del Parlamento, no significa que un asesor que venga aquí se vaya a contaminar. Además, no creo que sea una enfermedad que mate el hecho de venir a actuar en un acto político. Tampoco sabemos qué va a declarar el señor Comisionado Parlamentario en el caso de que concurra. Sería muy importante que viniera el señor Comisionado Parlamentario, porque nos gustaría preguntarle qué responsabilidad tuvo -según le atribuyó el señor Ministro del Interior- en los acontecimientos que se produjeron en el COMCAR. Digo esto porque nadie se olvida de que, junto con una Jueza, fue responsabilizado por el señor Ministro de los hechos que acontecieron en el COMCAR. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa les pide, por favor, que no hagan alusiones. Estamos en la fundamentación de voto, entonces, fundamentemos el voto; no aludan, de lo contrario, me obligarán a frenarlos. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: quiero solicitar a la bancada oficialista -basado en las palabras de la coordinadora, señora Diputada Payssé, quien ha dicho que quiere evitar que se politice el debate y mantener la independencia técnica, razón por la cual no invitan al Comisionado Parlamentario a ingresar a Sala- que se preserve también a los funcionarios que han sido invitados a Sala. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: en la fundamentación de voto no se puede aludir. ¡Por favor! Es la cuarta o quinta vez que lo digo. A la hora de presidir, soy muy tolerante, pero si hay que apagar los micrófonos, lo hacemos. Reitero: no aludan en la fundamentación de voto. Independientemente de que esto se va a sacar de la versión taquigráfica, les pido por favor que nos ciñamos al Reglamento que nosotros mismos fijamos. Puede continuar el señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que es increíble la actitud que ha tomado la bancada de Gobierno que, en este caso, está haciendo la del avestruz al impedir que un técnico asesor del Parlamento venga a dar las explicaciones.

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SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: con las disculpas del caso, si correspondieren, quiero decir que si queremos preservar la independencia técnica, no expongamos a los funcionarios responsables de todas las cárceles, a quienes vamos a invitar a un debate que se acaba de decir que será político y al que no ingresará el Comisionado Parlamentario para que no intervenga en este debate político. Por consiguiente, me parece que deberíamos actuar de la misma manera para mantener a salvo a todos los funcionarios que deben tener independencia técnica. Muchas gracias. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: la misma razón que se ha esgrimido para negar el ingreso del Comisionado Parlamentario a Sala para que se le pudiera preguntar -que es la lectura del artículo 119 de la Constitución de la República, y que voy a reiterar-, es la que se debe tener en cuenta para no autorizar a funcionarios jerarquizados del Ministro del Interior a ingresar a Sala, situación que han propiciado quienes ahora no quieren que ingrese el Comisionado Parlamentario. La Constitución de la República, cuando en su artículo 119 hace referencia al llamado a Sala a Ministros, establece que por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, cada una de las Cámaras tiene la potestad o la facultad “[…] de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización […]”. Luego agrega: “Cuando los informes se refieran a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados,” -está claramente definido cuáles son- “los Ministros podrán requerir la asistencia conjunta de un representante del respectivo Consejo o Directorio”. Quiere decir que la Constitución no habilita el ingreso a Sala de funcionarios que no sean el Ministro, el Subsecretario o los Directores de Entes Autónomos. Entonces, ¿por qué va a venir el Ministro con funcionarios, algunos de los cuales inclusive no tienen ni tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos que se van a analizar en esta tarde? El Ministro debe venir con su Subsecretario y hacerse cargo -porque la continuidad política de la gestión del Ministerio del Inter-

ior es responsabilidad plena del señor Bonomi desde el 1° de marzo de 2010 en adelante- de responder las preguntas que les realicen los señores legisladores. No tiene por qué venir con ningún funcionario técnico ni con ningún funcionario que cuando sucedieron los hechos que se van a analizar aquí no tenía ninguna responsabilidad en la gestión. Este es un tema de gravedad y de cuidado y se relaciona, por supuesto, con que el Comisionado Parlamentario esté en Sala. Esto lo ha dicho el señor Diputado José Carlos Cardoso y los señores Diputados que han fundado su voto a favor de esta ponencia, precisamente en virtud de que la ley ha creado una Institución con el propósito de que el Parlamento se asesore en forma permanente y con un criterio técnico sobre las cuestiones vinculadas con el sistema carcelario. A su vez, esto también le sirve al Ministerio del Interior para saber dónde están sus fallas y sus problemas, y cuáles son los caminos que debe seguir para corregir aspectos de la gestión que son inconvenientes. Por esa razón, hemos votado a favor en este caso, legítimamente amparados por la legislación y la Constitución, y en contra en el primer caso, porque también estamos amparados en la Constitución. Lo que no ampara al Frente Amplio ni al Ministro es que éste quiera liberarse de la responsabilidad trayendo funcionarios que no son políticamente responsables ante el Parlamento por la gestión que tienen a su cargo. Muchas gracias. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente la comparecencia del Comisionado Parlamentario porque es una medida de toda lógica. El Comisionado Parlamentario tuvo protagonismo en estos hechos; es fundamental su comparecencia porque, por disposición legal, es asesor de todo el Parlamento. Al no permitirla, estamos amputando al Parlamento la posibilidad de trabajar con todas sus herramientas y desempeñar lealmente su función. Si las interpelaciones son para aclarar y corregir caminos, pasos y políticas que se están dando en estos temas, negar la comparecencia del Comisionado Parlamentario parece algo totalmente inconducente y contradictorio. Este es un tema de seguridad y de de-

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rechos humanos, y el Comisionado Parlamentario tiene competencia específica en esta materia para asesorarnos. Por lo tanto, esta decisión negativa es un nuevo error que se suma en estos temas de seguridad y de derechos humanos. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señor Presidente: realmente son sorprendentes los fundamentos de voto; me sorprende todo. Acá, las conclusiones políticas van a ser nuestras -siempre son nuestras-, pero lo que estamos pidiendo, es, simplemente, un asesoramiento técnico. También estoy sorprendido porque en cuanto a mi asesor técnico, el asesor técnico del Parlamento, simplemente debemos conocer su opinión en el informe que se hace anualmente; o sea que nos están limitando qué nos dice y en qué formato. Por tanto, cuando lo queremos utilizar para un tema fundamental de la vida parlamentaria como es una interpelación, no lo tenemos. ¡Es increíble! ¡Nos dicen quién nos tiene que asesorar, cómo y en qué momento! Es sorprendente que en la vida política siempre surjan elementos que nos hagan aprender. Además, vamos viendo que todo depende del lado del mostrador en el que estemos. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: la razón por la cual votamos en contra la dio con absoluta claridad la señora Diputada Daniela Payssé. Además, tenemos un problema. Acá se interpela a un Ministro. Entonces, ¿quién va a dar la palabra al Comisionado Parlamentario? ¿Quién se la va a dar? Por otra parte, a veces en los fundamentos de voto surgen las verdaderas razones por las que se hacen determinados planteos. He votado en contra por las razones que esgrimió la señora Diputada Payssé, pero ahora estoy más convencido que nunca de que hice bien, porque un señor que se llamaba Sigmund Freud hablaba de los actos fallidos y yo acabo de escuchar uno en una fundamentación. Alguien dijo: “Cuando lo queremos utilizar, no nos dejan”. ¿Qué

había atrás de esa propuesta que hizo el Partido Nacional? SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: por favor, no aluda. SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: no aludo, simplemente hago una cita, y Freud no me puede contestar. Muchas gracias. (Hilaridad) SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: la bancada de Gobierno acaba de votar en contra del ingreso del Comisionado Parlamentario con la misma convicción con la que votó a favor de que una persona notoriamente no vinculada a nuestra fuerza política ocupara ese cargo y fuera asesor de la Asamblea General. (Interrupción del señor Representante Trobo.Campana de orden) ——¡La política tiene que ver con esto porque acá la oposición tiene que bastarse a sí misma para interpelar a un Ministro nuestro! ¡No se tiene que hacer ayudar con funcionarios de su partido! Esa es la realidad. (Interrupciones.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señores Diputados: estamos siendo observados por centenares de miles de uruguayos y les estamos dando un espectáculo similar al de la Amsterdam y la Colombes en sus peores momentos. Les pido por favor que conserven la calma, porque de lo contrario, este Presidente va a suspender la sesión hasta que todos estén tranquilos. Este es un acto de ejercicio de la democracia que se debe llevar a cabo dentro de los cánones que nosotros mismos nos hemos fijado en nuestro Reglamento. Todos tenemos claro que gritar no forma parte del Reglamento. Por lo tanto, la Mesa va a seguir dando la palabra pero exhorta a que no se hagan alusiones porque no es reglamentario. SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quienes estamos acá seguramente trataremos de hacérsela fácil al Presidente. En realidad, hay una interpretación equivocada, que cada vez que empezamos una interpelación se reitera. El artículo 119 de la Constitución hace referencia a convocar a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estimen convenientes. Quiere decir que el presupuesto de la interpelación es pedir informes. Si luego de escuchados los informes hubiera que adoptar conductas políticas, así podrá resolverlo la Cámara. Ahora bien: para dar los informes los Ministros pueden hacer entrar a Sala a funcionarios que los complementen. Los funcionarios que los Ministros hacen entrar son, en general, y en este caso en particular, personal de confianza. Sin embargo, independientemente de lo que diga cada uno de esos funcionarios, la responsabilidad política es del Ministro. No importa quién diga algo, la responsabilidad política del informe es del Ministro. Luego, en todo caso, el Ministro, en la medida en que ese es un funcionario de confianza, adoptará las conductas que entienda necesario. Yo no tenía problemas en que estuviera el Comisionado Parlamentario, aunque sí me oponía a que hablara porque tiene independencia técnica, se debe a la Asamblea General y no tiene responsabilidades políticas por lo que diga. ¿Quién le va a ceder la palabra para asumir la responsabilidad política por lo que diga si lo que hay que salvaguardar es la independencia y autonomía técnica para decirlo? Nadie. Entonces… (Murmullos.- Campana de orden) ——No creo que el coloquio se haya agitado por lo que estoy diciendo, ya que solo estoy interpretando la aplicación del artículo 119, que presupone que se dan informes. En todo caso, las señoras legisladoras y los señores legisladores tienen los informes en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, y de ahí sacarán las conclusiones. Eventualmente, antes de la interpelación se podría haber pedido una aclaración o desarrollo del informe. Supongo que se debe haber hecho; si no fue así, se perdió la oportunidad de preparar de la mejor manera la interpelación.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente el ingreso a Sala del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario dado que el tema específico de este llamado a Sala tiene que ver con una situación vivida en el sistema carcelario de nuestro país. Nos parece que por ser el Comisionado Parlamentario los ojos y oídos del Parlamento uruguayo en este tema, bueno era -desde el punto de vista de formarnos opinión- tener ese informe de primera mano en este ámbito. Se ha aducido que el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario depende de la Asamblea General. Con ese criterio, únicamente podría participar si los llamados a Sala se hicieran en el ámbito de la Asamblea General, lo cual parece constituir una situación, por lo menos, insólita. Por lo tanto, creo que habríamos ahorrado tiempo y discusión si se hubiera posibilitado el ingreso a Sala del Comisionado Parlamentario, circunscribiendo su participación a un informe que, en todo caso, podría haberse brindado al comienzo de esta sesión Por esas razones, lamentamos este episodio, así como algunas aseveraciones que se han hecho en Sala, que, por cierto, de alguna manera ponen en tela de juicio la actuación parlamentaria a la hora de designar a quienes nos representan a todos, como es el caso del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Espinosa. SEÑOR ESPINOSA.- Señor Presidente: he votado afirmativamente porque integro la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria y, ¿sabe qué, señor Presidente? De este informe surgen grandes contradicciones, y esta era la oportunidad para que, cara a cara, mano a mano, frente a frente, pudiésemos dilucidarlas. También quiero dejar una constancia. Aquí, ni el Partido Colorado ni ninguno de los partidos de la oposición vamos a dejarnos llevar a los gritos o a los pon-

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chazos, ni permitir que se nos diga que no somos grandes o que no somos capaces de llevar adelante esta interpelación por nosotros mismos. Esta interpelación ya tiene un preámbulo de manos de yeso, señor Presidente: ya sabemos lo que va a pasar al final, se diga lo que se diga acá. La interpelación la va a hacer la gente afuera; de eso, quédense tranquilos. ¡Pero al Partido Colorado nadie lo lleva por delante, ni a los gritos ni a los ponchazos! Gracias, señor Presidente. (Interrupciones) SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: creo que el punto está más que suficientemente discutido. Simplemente, me parece que corresponde no dejar pasar por alto algo que constituye un agravio absolutamente injustificado, un señalamiento muy grave desde el punto de vista institucional: haber manifestado que el Comisionado Parlamentario es un funcionario partidario. (¡Apoyados!) ——Creo -lo digo con sinceridad- que el señor Diputado que realizó esa afirmación, en su fuero íntimo, sabe que cometió un gravísimo error. Desde el punto de vista institucional, el legislador que lo hizo es serio, es una persona de honor, y creo que en su fuero íntimo sabrá que debe pedir disculpas, como corresponde hacerlo. Esta es una Sala donde solemos tener debates de muy alto nivel político y, a veces, ese alto nivel político lleva a decir cosas que son impropias. Se puede tener discrepancias, señor Presidente, pero no se puede manchar la trayectoria de un funcionario, de un servidor público, que ganó su lugar contando con la unanimidad de la Comisión que valoró sus méritos, que fue votado por la unanimidad de la Asamblea General, que durante seis o siete años no ha tenido mácula alguna en su trayectoria, que ha sido referencia del Parlamento y de organismos internacionales, y a quien, inclusive, en su momento, el país estuvo dispuesto a impulsar como su representante en un orga-

nismo vinculado con su actividad. Por eso creo que no se pueden traspasar estos límites. Diferencias políticas se puede tener, pero no corresponde ni agraviar, ni insultar, ni desprestigiar a quienes han servido al país y al Parlamento sin medida y sin tasa, y menos hacerlo en ausencia del que resulta agraviado. Gracias, señor Presidente. (¡Apoyados!)

10.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Nelson Rodríguez, por los días 5 y 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Olmos. Del señor Representante Fernando Amado, por el día 5 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. Del señor Representante Ricardo Planchón, por el día 6 de junio de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Stella Borja. Del señor Representante Felipe Carballo, por los días 5 y 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño. Del señor Representante Juan Carlos Souza, por el período comprendido entre los días 5 y 7 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Gustavo Bernini, por los días 5 y 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Fiordelmondo. Del señor Representante Pablo Pérez González, 6 de junio de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Lourdes Ontaneda.

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Del señor Representante Luis A. Lacalle Pou, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando Lereté. En misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante José Carlos Cardoso, para asistir, en su carácter de Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) a la Consulta de Expertos para la Elaboración de la Guía de Aplicación Sobre Inversión Agrícola y Acceso a la Tierra, a desarrollarse en la ciudad de Lima, República del Perú, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente señor Estacio Sena. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores de la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por el período comprendido entre los días 5 y 22 de junio de 2012, se convoca al suplente siguiente señor Andrés Abt”. ——En discusión. SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: es muy curioso. Yo integro la Comisión asesora del Cuerpo en materia de licencias y estoy firmando las que habría que votar ahora. Todavía no asesoramos y ya las vamos a votar. Simplemente, quiero dejar constancia de que, a veces, en las licencias se constatan algunos errores, por lo que si las vamos a votar ahora no me puedo hacer responsable de asesorar sobre algo que recién en este momento estoy firmando. Quiero que la Cámara sepa que vamos a votar algo de lo que, por lo menos yo, no me puedo hacer responsable. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: me va a costar no aludir. Me extraña que el señor Presidente -sobre todoy otros integrantes del Cuerpo, sabiendo que una Comisión asesora aún no ha aconsejado votar y ha manifestado que no está en condiciones de hacerlo, igualmente lo voten. Entiendo que en estos tiempos modernos las formas no están muy de moda, pero si no cuidamos las formas, seguramente, el fondo se nos vaya discurriendo, y yo no quiero hacerme responsable de eso. Lamento que no se haya aplazado quince minutos la consideración de estas licencias, con la finalidad de que pudiéramos revisarlas. Lo digo porque muchas veces las mandamos para atrás, porque están mal. No sé; en estas circunstancias, en realidad mi firma está de más, señor Presidente. Lo lamento. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa quiere aclarar que cometimos un error, porque no entendimos que el señor Diputado Gandini había pedido la rectificación de una votación y cuando hicimos la consulta ya era tarde, porque habíamos cambiado de tema. Le pido comprensión, señor Diputado; usted se dará cuenta de que no hubo intención ninguna en esto. SEÑOR LACALLE POU.- ¡Que se rectifique la votación ahora! SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Me estoy refiriendo a la rectificación de la votación del ingreso a Sala del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Al haber cambiado de tema, no podemos votarla; no entendimos que el señor Diputado Gandini pedía una rectificación. Por lo tanto, vamos a entrar al tema que nos ocupa en el día de hoy. SEÑOR LACALLE POU.- Perdón, señor Presidente: yo estoy pidiendo que se rectifique la votación de las licencias.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a rectificar la votación de las licencias. (Se vota) ——Cuarenta y uno en ochenta y cuatro: NEGATIVA.

La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 12 y 27) ——Continúa la sesión. (Es la hora 12 y 55)

11.- Intermedio.
SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: más allá de la circunstancia particular, si las licencias fueron pedidas antes de que comenzara la sesión de Cámara, como la integración del Cuerpo es un asunto previo, sería inconsistente no votar aquellas licencias que fueron pedidas antes, porque dejaríamos a la Cámara sin el número con el que debe funcionar y con el que es voluntad del que pidió la licencia que funcione. Entonces, he votado en forma afirmativa independientemente de que no haya habido un informe, porque la integración del Cuerpo es un asunto previo -lo establece el Reglamento- y este debe quedar integrado de acuerdo con la voluntad de los señores legisladores. En ese sentido, si el Cuerpo no queda integrado según la voluntad expresada por el que pidió la licencia, entonces, lo que deberíamos hacer es pasar a intermedio para que se analicen las solicitudes de licencia y el Cuerpo pueda quedar integrado conforme a la voluntad de los que estamos y de los que, sin estar, pidieron licencia. De lo contrario, estaríamos violando el Reglamento en lo que respecta a la integración del Cuerpo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- ¿Usted está mocionando para que la Cámara pase a intermedio? SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- ¿Por cuánto tiempo? SEÑOR BAYARDI.- Por el que consideren necesario los integrantes de la Comisión asesora. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar si se pasa a intermedio por el término de quince minutos. (Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

12.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Continúa la consideración el asunto en debate. SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que a partir del planteo que se hizo fue cuidadosamente revisada la documentación de las licencias que serán votadas por el Cuerpo. Antes, quiero expresar que vamos a solicitar la rectificación de esa votación y señalar que es totalmente correcto el criterio que citó el señor Diputado Lacalle Pou cuando dijo que no se pueden poner a consideración del Cuerpo determinadas licencias, a pedido de la Comisión de Asuntos Internos, cuando esta no las trató y las licencias no tienen la firma de, por lo menos, dos de sus miembros, ya que somos tres. Este criterio es correcto. En la revisación que hicimos de la documentación presentada aparecen dos irregularidades. La primera es que en una licencia había una no aceptación de la convocatoria, por esta única vez. Esta irregularidad ya fue salvada, corregida y superada. Por lo tanto, esa licencia se puede votar. La segunda irregularidad era la licencia del señor Diputado Lacalle Pou, que él no puede firmar y solo tiene mi firma; fue ahora firmada por el integrante del Partido Colorado, Germán Cardoso, a quien pedí que lo hiciera. Si el trámite de la licencia del señor Diputado Lacalle Pou se ha regularizado, podemos votarlas todas. De lo contrario, debemos votar todas las demás y esperar a que el señor Diputado Germán Cardoso firme la licencia del señor Diputado Lacalle Pou, para también autorizarla. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La licencia del señor Diputado Lacalle Pou está firmada por el señor Diputado Germán Cardoso.

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Para evitar equívocos, léase nuevamente el informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se vuelve a leer) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar nuevamente la votación. (Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por motivos personales por los días 5 y 6 de junio y se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO Representante por Maldonado”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Martín Laventure”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente,

Homero Bonilla”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Jesús Bentancur”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, José Hualde”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Solana Cabrera de Abásolo”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Ángel Ramos”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes

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Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Ana Medina”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Carlos de León”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 5 y 6 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancur, José Hualde, Solana Cabrera de Abásolo, Ángel Ramos, Ana Medina y Carlos De León. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto, por los días 5 y 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancur, José Hualde, Solana Cabrera de Abásolo, Ángel Ramos, Ana Medina y Carlos De León.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 21, del Lema Partido Nacional, señor Óscar Olmos. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, inciso 3, artículo 1º, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, a la Sesión del día 5 de los corrientes. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, FERNANDO AMADO Representante por Montevideo”. .”Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 5 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

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“Montevideo, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted y por su intermedio a la Cámara que preside, licencia por motivos personales el día miércoles 6 de junio del corriente. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, RICARDO PLANCHÓN GEYMONAT Representante por Colonia”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Javier Mallorca”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Edgar Collazo”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Gastón Berreta”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la

Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Néstor Bermúdez”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Alejandro Fioroni”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge Orrico Presente. De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Diana Olivera”. “Colonia, 4 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Motiva la presente poner en su conocimiento que por esta única vez no acepto la convocatoria de la que fui objeto. Saluda a usted muy atentamente, Daniel Morelli”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Colonia, Ricardo Planchón. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2012.

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II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Javier Mallorca, Edgar Collazo, Gastón Berretta, Néstor Bermúdez, Alejandro Fioroni, Diana Olivera y Daniel Morelli. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Colonia, Ricardo Planchón, por el día 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Javier Mallorca, Edgar Collazo, Gastón Berretta, Néstor Bermúdez, Alejandro Fioroni, Diana Olivera y Daniel Moerlli. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1212, del Lema Partido Nacional, señora Stella Borja. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración. Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia por los días martes 5 y miércoles 6 de junio de 2012, por motivos personales. Convocándose a mi suplente respectivo. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, FELIPE CARBALLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para los días 5, 6 y 7 del corriente, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 7 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el período comprendido entre los días 5 y 7 de junio de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales los días 5 y 6 de junio de 2012. Saluda atentamente, GUSTAVO BERNINI Representante por Montevideo”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la

Cámara de Representantes Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara de Representantes. Sin otro particular saludo a usted atentamente. Alicia Torres”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Diana Pérez, C:I. 1.969.801-4, en calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada -solo por esta vez- de asumir el cargo de Representante Nacional para el cual fue convocada por ese Cuerpo. Sin otro particular saludo a usted atentamente. Diana Pérez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: I) La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Bernini. CONSIDERANDO: I) que solicita se le conceda licencia por los días 5 y 6 de junio de 2012. II) Que, por esta única vez, no aceptan las convocatorias de que han sido objeto las suplentes siguientes, señoras Alicia Torres y Diana Pérez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Bernini, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por las suplentes siguientes, señoras Alicia Torres y Diana Pérez.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Julio Fiordelmondo. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, conforme al inciso 3 del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales para el día 6 de junio del corriente año y se convoque para el mismo a mi suplente respectivo . Sin otro particular, saludo a usted atentamente, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ Representante por Maldonado”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que renuncio por única vez a la convocatoria de la Cámara. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Carlos Olivet”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Carlos Olivet. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE:

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González, por el día 6 de junio de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Carlos Olivet. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 219938, del Lema Partido Frente Amplio, señora Lourdes Ontaneda. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle licencia entre los días 11 y 26 de junio del presente por motivos personales. Sin otro particular, se despide atentamente, LUIS LACALLE POU Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 26 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de junio de 2012.

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2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor Orlando Lereté. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Con motivo de haber sido invitado por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, para participar en la Consulta de Expertos para la elaboración de la Guía de Aplicación sobre Inversión agrícola y acceso a la tierra, a realizarse los días 14 y 15 de junio de 2012 en Lima-Perú, en el marco de las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques, solicito licencia –conforme a lo establecido en el literal C) de la Ley Nº 17.827- los días 14 y 15 de junio de 2012 y el correspondiente Seguro de Asistencia para este viaje. Atentamente, JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante por Rocha”. “Rocha, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara de Representantes, para suplir al diputado José Carlos Cardoso. Sin otro particular saludo a usted atentamente. Alejo Umpiérrez”. “Rocha, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara de Representantes, para suplir al Diputado José Carlos Cardoso. Sin otro particular saludo a usted atentamente. Blanca Repetto”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Carlos Cardoso, para asistir en su calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a la Consulta de Expertos para la Elaboración de la Guía de Aplicación Sobre Inversión Agrícola y Acceso a la Tierra, a desarrollarse en la ciudad de Lima, República del Perú. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señor Alejo Umpiérrez y señora Blanca Repetto. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de junio de 2012, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Carlos Cardoso, para asistir en su calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a la Consulta de Expertos para la Elaboración de la Guía de Aplicación Sobre Inversión Agrícola y Acceso a la Tierra, a desarrollarse en la ciudad de Lima, República del Perú. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señor Alejo Umpiérrez y señora Blanca Repetto. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Estacio Sena. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012.

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GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente comunico a usted que debido a la licencia solicitada por el Senador Luis Alberto Lacalle, ocuparé la banca en el Senado a partir del día 5 al 22 de los corrientes. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. ANA LÍA PIÑEYRÚA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, se incorporó a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 5 y 22 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y a la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945. La Cámara de Representantes, RESUELVE: Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 5 y 22 de junio de 2012, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

——Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: el 2 de mayo pasado propusimos interpelar al Ministro del Interior y contamos con los votos de la oposición. Estábamos en un momento álgido del debate público sobre el sistema carcelario. El Gobierno nos trató de impertinentes e inoportunos. La bancada de Gobierno se expresó en esa dirección y el Secretario de la Presidencia, también en forma pública, dijo que era fuera de lugar interpelar al Ministro del Interior por el sistema carcelario cuando en el Parlamento el Comisionado Parlamentario encabezaba sus dichos diciendo que estábamos ante la mayor crisis carcelaria de la década. Por lo tanto, comienzo mi intervención reafirmando la oportunidad de convocar al Ministro a Sala para pedir explicaciones, para que rinda cuentas, para que venga al Parlamento Nacional, de acuerdo con el derecho que tenemos, incluso las minorías. Nuestra expresión pública al Gobierno, al Secretario de Presidencia y a la bancada de Gobierno es que no somos espectadores de la realidad política; no estamos acá para contemplar lo que hacen, sino para analizar los hechos, para cuestionarlos cuando corresponda y para exigir responsabilidades. Eso es lo que hicimos el 2 de mayo cuando propusimos la interpelación. Lamentamos que el debate de hoy se haya iniciado con un nuevo golpe de la mayoría parlamentaria contra la posibilidad de abrir la discusión ante la opinión pública con transparencia, en cuanto a todos los sucesos que tienen que ver con el sistema carcelario y con el impacto de este en la seguridad pública. El debate de hoy es un tema de seguridad pública; el debate de hoy está motivado por la falta de seguridad pública; el debate de hoy está sostenido en función de la defensa de las víctimas de la inseguridad, a las que todos tenemos que atender y con las que todos nos sentimos obligados y corresponsables: el Gobierno por lo que hace o lo que no hace y nosotros, como opositores, por dejar en evidencia las cosas que se hacen mal, ya que ese es el rol que se nos dio. Nosotros tenemos una visión crítica de la gestión sobre seguridad y de la gestión del señor Ministro Bonomi; es obvio. La opinión pública también la tiene. Basta ver cualquier encuesta para saber qué grado de opinión tienen los uruguayos respecto de la situación en materia de seguridad. Y desde el Gobierno esto

13.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. Se invita a pasar a Sala a los señores asesores del Ministro, a quienes se les habilitó el ingreso. (Ingresan a Sala los asesores del señor Ministro del Interior)

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también es así; quizás no sea dicho a voz en cuello, pero tenemos claro que la seguridad es un tema de la agenda que también preocupa al partido que gobierna. Un preso que había sido trasladado al Penal de Libertad después de desencadenar un intento de fuga en el COMCAR, se hizo de un arma 9 milímetros y mató a un policía, generando, como es obvio, impacto en los policías. Todos sabemos lo que significa matar a un policía; todos sabemos lo que significa matar a un policía que trabaja en cárceles. Tenemos cabal conciencia de lo que significa matar a un policía que trabaja en cárceles. Eso fue lo que pasó ese día, lo que generó una enorme controversia dentro de la guardia policial, que afectó la integridad anímica de los guardias, como pasa cada vez que alguien mata a un guardia policial, a un guardia carcelario. Cada vez que se mata a un guardia carcelario se genera un impacto dentro del sistema carcelario. Se mata a un guardia carcelario para remover el sistema carcelario. ¿Qué pasó por la mente de ese preso que sabía que seguramente iba a morir? No que no podía fugarse con el arma en la mano, como se dijo. Creo que sí podía, porque del tercer piso del Penal de Libertad se han fugado, y recientemente. Es decir que del tercer piso se sale. No sé si él quería salir con el arma en la mano. Lo cierto es que ahí comenzó un nuevo episodio que desencadenó una cantidad de hechos, que desde nuestro punto de vista son mal administrados por el Ministerio del Interior, mal dirigidos por la jerarquía y nosotros censuramos la forma en que el Gobierno y el Ministerio del Interior procedieron a partir de aquel episodio puntual. El Ministerio debió administrarlos de otra manera, sabiendo que estábamos ante un episodio delicadísimo. Repito: la muerte de un policía penitenciario. Estábamos ante un asunto delicado y, por lo tanto, correspondía actuar con determinado protocolo, pero no se hizo. ¿Cuál fue la estrategia del Ministerio del Interior? Repartir responsabilidades, buscar culpables afuera. Los culpables están puertas afuera del Ministerio: la prensa, el Comisionado Parlamentario, políticos de la oposición, la Justicia. A su vez, escuchamos una sucesión de comunicaciones públicas que no hicieron otra cosa que enredar todo ante los uruguayos que miraban todo lo que había aparecido en los informativos de televisión. No se sabía bien qué había pasado. No se sabía bien si la culpa no era de la Jueza Merialdo o

del demorón de Garcé o de la prensa -que informa, desinforma y le hace trampas a la Policía- o de algún político que manda mensajes de texto a los presos en prisión y establece nexo con ellos. Ese fue el escenario que el Ministro Bonomi planteó ante la opinión pública, administrando pésimamente mal una crisis que, como dice el Comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, en su informe al Parlamento, es la peor de los últimos diez años. Fíjense ustedes que el responsable, el señor Pereira Cuadra, que se hizo famoso en esos días -un viejo policía al que el Presidente ratificó bajo el criterio de que “es un sabueso que algo sabe”; un reconocimiento que a cualquier policía le gusta recibir-, dijo públicamente que tenía en su teléfono comunicaciones, que había actores políticos, que había engaño al Presidente de la República, que había que empezar a decir la verdad al Presidente porque se lo engaña y se le miente. Esto está en declaraciones públicas que no es preciso hacer saber a ustedes porque las vieron. Además, supongo que para esta jornada habrán releído las cosas que el señor Pereira Cuadra dijo. Esto nos dejó a todos nosotros en medio de una polémica sobre la cárcel de Libertad. ¡Todos algo teníamos que ver con esto! ¿Quién era el político enredado con sus mensajes de texto y en vínculos con un narco? ¿Cómo se echa para atrás eso ante los ciudadanos? ¿Cómo explico yo que no tengo nada que ver con los presos que están en prisión? El Gobierno lo dejó correr y el Presidente lo ratificó cuando dijo: “Es un sabueso; algo sabrá”. Algo sabrá, ¿de qué? En paralelo, el informe que emite el Ministerio del Interior, tarde y mal, termina señalando que hay una comunicación de la prensa que produce el problema, es decir que el episodio del COMCAR -efecto de aquel problema en la cárcel de Libertad-, en realidad acontece porque la prensa informa tarde y mal y porque el acuerdo alcanzado con los presos de los módulos 3 y 4 fue desinformado por los medios de prensa, que de noche pasaron un comunicado que era del mediodía. Eso lo dice el comunicado de prensa del Ministerio del Interior. Vale acotar que entre las preguntas que haremos al señor Ministro del Interior están cómo manejan los comunicados de prensa y cómo se relacionan con los medios de comunicación. También queremos saber si el Ministerio sabe -como lo sabemos nosotros- que los reclusos de todo el sistema penitenciario del país se

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informan a través de los canales de televisión, porque el 95% de las celdas que visité tienen televisión habilitada. ¿Es una ingenuidad, es un acto de mala fe haber expresado eso ante la opinión pública? ¿No sabía el señor Pereira Cuadra que las conversaciones que tiene con los presos importan porque el preso va a mirar el informativo del canal 4, del 10 o del 12 a la hora que corresponde y ahí se va a enterar de lo que el Ministerio está haciendo? ¿No sabía eso? ¿Es tal la ingenuidad y el poco profesionalismo con que se manejó una crisis de estas características que terminó involucrando a mil y pico de presos que hoy han contaminado al resto del sistema carcelario, incluyendo cosas que estaban funcionando bien? Y por si algo faltara, el Ministro terminó responsabilizando al Comisionado y a la Justicia. ¿Qué tiene que ver el Comisionado con el manejo carcelario, más allá de sus informaciones? Absolutamente nada que ver. El Comisionado es un comedido dentro de las cárceles a los efectos de la administración carcelaria. ¿O acaso el Comisionado puede establecer por sí y ante sí qué se debe hacer y qué no? ¿Cómo se puede decir que no se encontró al Comisionado y que eso provocó o agravó el problema? Pero, además, ¿se puede decir o afirmar -como lo hizo el señor Ministroque la Justicia le impidió la acción dentro del sistema carcelario? Vamos a proyectar una entrevista al señor Ministro en el informativo de Subrayado. Es brevísima; son dos minutos. (Así se procede) ——Ministro: eso que usted dijo en el informativo es falso; eso es falso. Usted le mintió a la opinión pública del país a través de una conferencia de prensa desde la Presidencia de la República, porque lo que dijo es falso. El pasado 9 de mayo, la doctora Merialdo presentó su informe en el despacho del Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se trata del informe de la Jueza interviniente ante la Suprema Corte de Justicia; y, según la Jueza, nunca dijo lo que usted afirmó que ella dijo. Informa la Jueza a fojas 5: “Se reitera, la suscrita en ningún momento prohibió el uso de la fuerza o impidió el ingreso del personal policial actuante para sofocar los motines desplegados en los módulos 4 y 5 del COMCAR. y en un sector del piso 3 del C.M.R.F.”. En el informe, la Jueza también expresa: “No se dis-

puso que ‘se negociara antes de ingresar a reprimir'”. Reitero: no se dispuso que se negociara antes de ingresar a reprimir. Continúo leyendo: “[…] tampoco ‘se demoró la orden de intervenir dispuesta por la autoridad carcelaria’ y no se dio la orden de ‘no intervenir y que se llamara al Comisionado Parlamentario para negociar'”. Esto es lo que la Jueza informó a la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le tengo que creer? Yo le creo a la Justicia. ¿El Gobierno le cree a la Justicia? Entonces, ¿ante qué escenario estamos? Usted dice, señor Ministro, que la Jueza le prohibió intervenir y que le exigió la intervención del Comisionado Parlamentario, pero la Jueza presentó este expediente en el despacho del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde desmiente lo que usted dijo. Es decir que en medio del conflicto, en los informativos centrales, desde la Presidencia de la República, usted mintió. Esa es mi convicción, y por eso censuro su actitud; por eso censuro su actitud en este episodio, porque engañó a la opinión pública poniendo a la Justicia y al Comisionado Parlamentario en un entredicho que no aconteció. Y este expediente se reiteró, porque la Suprema Corte de Justicia volvió a consultar a la Jueza, y ella volvió a determinar exactamente lo mismo, y por escrito, analizando los dos motines. Esta es una actitud censurable; esta es una actitud censurable de un Ministro, que merece ser sometida a la censura, porque se condiciona a la opinión pública no diciendo la verdad. En realidad, la intervención pudo haberse hecho y no se hizo. ¿Qué razones hubo para que no se hiciera? Las tendrá que explicar el Ministro, pero no son las que esgrimió. ¡Eso es falso! Eso es falso, y se involucró a la Justicia y al Poder Legislativo. ¡Es falso, señor Ministro! Vamos a darle la oportunidad de que nos responda y de que eventualmente pida disculpas si lo que estamos diciendo es cierto o de que realice alguna aclaración si usted cree que no es cierto. Por supuesto, la Jueza fue respaldada hasta internacionalmente, porque en las últimas semanas organizaciones judiciales latinoamericanas respaldaron su actitud; no hizo otra cosa que cumplir estrictamente con su cometido. Esta tristísima secuencia, acontecida en el sistema carcelario, no es la primera vez que ocurre; es el fruto, sin duda, de haber manejado los mandos carcelarios desde un punto de vista inadecuado. Recuérdese que el señor Ministro llevó a la Dirección Nacional

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de Cárceles al Jefe de Policía de Rocha, quien fue protagonista del mayor evento carcelario con muertes acontecido en Uruguay. En aquella oportunidad, en aquel mes de junio de 2010, hubo doce muertos, y el Jefe de Policía de entonces es quien lo ha acompañado hasta hace veinte días en la Dirección del sistema carcelario. Es decir que tenemos razones para pensar que no eligió correctamente a las autoridades que iban a compartir con él la responsabilidad o iban a estar bajo su mando para dirigir el sistema carcelario. El suceso del Penal de Libertad es terrible, por lo que implica para el sistema y porque, además, fue anunciado. Hoy no está presente en Sala el Comisionado Parlamentario porque ustedes lo han impedido, pero él previó este tipo de situaciones en los informes que elaboró el año pasado. Es más: en algún momento dijo que ojalá esto nunca terminara con la muerte de un guardia penitenciario. Esto lo dijo en noviembre del año pasado, por lo que esta situación era absolutamente previsible: que iba a haber armas y que, eventualmente, íbamos a tener, no presos muertos por otros presos, sino presos que iban a matar a policías. Eso fue previsto y está dicho en los informes del Comisionado. No había que esperar su intervención esa noche, sino que se debió haber leído lo que escribió, y tenido en cuenta, porque todo eso era previsible. ¿Cómo sucedió el episodio del 20 de abril en el Penal de Libertad, cuando Brasil Sastre fue retirado de su celda? Tengo la presunción de que en ese momento no funcionó ningún protocolo, ningún protocolo de nada, reitero, ningún protocolo de nada; nadie cumple los protocolos. El funcionamiento de la cárcel ese día fue caótico, porque los guardias se acercaron a la celda de Brasil Sastre sin protocolo. El recluso tenía un arma, lo cual, obviamente, no está dentro del protocolo, y la forma como se resuelve el tema finalmente está fuera del protocolo. Hay muchas cosas que no se han dicho sobre ese suceso puntual; no lo ha hecho nadie, ni el Ministerio. ¿Cómo se pudo llegar a ese episodio? Porque no funcionan los protocolos. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir cuando se saca a un recluso de su celda? ¿Quién lo cumple? ¿En esta ocasión alguien cumplió? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Puede explicarse? Es público y notorio que hay armas de todo tipo en el sistema carcelario, hasta granadas sin explotar. Es decir que tenemos un sistema carcelario que es

una batalla campal a diario entre el policía, que está responsabilizado, y los presos, que están armados hasta los dientes. Como dije, allí hay armas de toda naturaleza que, muchas veces, son entregadas en procesos de negociación. Digo esto porque sabemos que cuando se dice que se encontró un arma, en realidad no se encontró, sino que se entregó a través de una negociación para conseguir determinadas cosas. Las armas no solo se utilizan para defenderse, sino también como una mercancía de negociación, ya que el preso que entrega armas consigue cosas, como salir de donde está o moverse dentro de la cárcel. Usted conoce la existencia de armas en el sistema carcelario desde el momento en que asumió: la conoce porque, además, es Ministro desde hace siete años. Integra el Consejo de Ministros y hace siete años que escucha hablar sobre temas de seguridad, porque ese Consejo es un órgano previsto en la Constitución de la República que establece corresponsabilidades de los Ministros. De manera que no se puede decir que esta historia empezó hace poco tiempo, porque el Ministro está sentado en el Gabinete desde hace siete años. Inmediatamente después de ocurrido el episodio del 20 de abril dentro del penal, hubo una situación de descontrol lógica entre los funcionarios policiales que, inclusive, fue resuelta por la buena voluntad de otros funcionarios que acudieron rápidamente para tratar de calmar a la guardia carcelaria, que pudo haberla emprendido -y uno hasta comprende por quécontra los propios presos y haber tomado venganza por mano propia. ¿Cómo le informó el mando a usted lo que aconteció en la cárcel en ese momento? ¿Qué informaciones recibió el Ministro? De acuerdo con los datos que nosotros tenemos, el Director del penal pidió apoyo a la Guardia Republicana, mientras había desbordes del personal carcelario. ¿Qué explicaciones le dio el mando al Ministro y qué protocolo está previsto para una acción de esas características? En casos como estos que pueden repetirse -obviamente que pueden repetirse: sigue habiendo armas dentro de las cárceles y así será hasta que cambie diametralmente el sistema de funcionamiento-, ¿qué medidas toma el Ministerio respecto al mando y al personal? ¿Qué medidas se están trasmitiendo para que eso no acontezca? Porque las armas siguen estando y no va a ser fácil -de acuerdo con algunas estructuras edilicias que tenemos- que esto se resuel-

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va en el corto plazo; mientras tanto, ¿en qué condiciones trabajan los guardias en esas prisiones? El 21 de abril se suspendió la visita en el Penal de Libertad y en el COMCAR. Esta decisión que se tomó, ¿surgió de las propias Direcciones de los establecimientos referidos o fue el sindicato policial? Usted dijo que el sindicato no tuvo nada que ver, que fue el Ministerio el que suspendió las visitas: ¿puede explicarnos esto, la sucesión de los hechos, sin faltar a la verdad? En caso de que hubiera surgido del sindicato, ¿cómo avalaron esto las autoridades? ¿Cómo se manejó esta discusión entre el Ministerio y los policías que querían tomar una medida de represalia contra los presos, que era suspender la visita, sin ingreso de paquetes? ¡En una audiencia pública! Todo el sistema carcelario sabía que esto se estaba discutiendo. En caso de que usted hubiera creído que efectivamente fueron las autoridades las que avalaron la medida, ¿eso se comunicó a través de la UNICOM? Porque yo tengo un solo comunicado de prensa que está colgado en su página web y no tiene fecha ni hora de emisión. Casualmente, los servicios técnicos del Ministerio -que deben ser muy buenos- olvidaron poner la hora en que se emitió ese comunicado. Otro episodio. En apariencia, hay una relación directa entre la presencia de la delegación sindical y los disturbios del 22 de abril en la cárcel de mujeres. Usted abrió un sumario a dirigentes sindicales la semana pasada, es decir que de acuerdo con el Ministerio el vínculo con el sindicato debe ser amplio, grande, importante. Reitero que la semana pasada se abrió un sumario y hay dirigentes sindicales involucrados. Es más, hace cuarenta y ocho horas el PIT-CNT le pidió que no hiciera sumarios a los dirigentes sindicales. ¿Existe algún acuerdo entre el Ministerio del Interior y el sindicato policial para regular el impacto de las medidas sindicales cuando refieren a las cárceles? Es obvio -no tendría que explicarlo- qué significa para el sistema carcelario la suspensión de la visita. Y también lo es -tampoco preciso explicarlo- qué implica el no ingreso de los paquetes, no solamente por el contenido humano que puedan suponer, sino también por otros contenidos. En muchos casos, funcionan como parte del chantaje interno en las cárceles de un preso sobre otro, y eso se resuelve el día de la visita vía paquete. El 25 de abril, tras el motín de la madrugada, en la mañana se conoció que la medida de prohibición de las visitas se extendería hasta el sábado. El Comisio-

nado expresó su preocupación sobre las consecuencias de esa medida: eso ocurrió sobre las once de la mañana. El motín empezó a la hora 0 del día 25; a esa hora le avisaron al Juez. El Comisionado Parlamentario llegó a las 11 de la mañana, porque no tiene que estar cuando se resuelve el conflicto, ni es de protocolo que sea el Comisionado Parlamentario quien establezca la negociación. El protocolo dice que cuando hay un motín, se comienza con una negociación, pero era obvio que en este caso no había negociación. El Ministro dijo en una entrevista que lo estaban esperando con una lluvia de piedras: era obvio que no había una negociación y que se debió haber pasado directamente a la represión. Luego se supo que hubo negociaciones entre los mandos y una delegación de los reclusos, y al final se dispuso retomar la visita el jueves, en lugar del sábado. ¿A qué hora concluyeron esas negociaciones con el delegado de los reclusos? ¿Se comunicó oficialmente? ¿A qué hora? Porque nada de esta información se puede conocer abiertamente. ¿Dónde está esa información? Porque en la sucesión de hechos importan mucho las horas. Adviértase lo que pasó en la negociación del señor Pereira Cuadra con los módulos, cuando dijo que les iba a habilitar la visita: esa información pública nunca se le trasmitió a quien se debía. Y el Ministro ha dicho que esa no es información pública. ¿Pero cómo no es información pública si todos los presos tienen televisión en su celda en todo el sistema carcelario? Las cosas se manejan a nivel público: ¿puede pensar que los presos le van a creer a usted más que al canal de televisión? ¡Le van a creer al canal de televisión! Y eso fue lo que pasó esa noche, miraron la televisión y dijeron: “Nos mintieron”. No le iban a creer al Director Nacional de Cárceles, le creyeron al informativo. Entonces, ¿cómo maneja usted la información a través de los informativos con un comunicado de prensa que ni fecha tiene, que no se sabe a qué hora se emitió? ¿El Ministerio del Interior no tiene suficientes facultades para establecer una comunicación con los medios y decirles que necesita el cabezal de los informativos por un eventual problema en el sistema carcelario anunciando que, efectivamente, iba a levantar la visita? ¿No tuvieron esa percepción? Y terminamos como terminamos: pero pudo haber sido peor porque, por suerte, no hubo muertos. No hubo muertos por la correcta acción de la guardia policial cuando intervino y cuando entró al lugar. Esa intervención debe ser destacada, porque allí había cente-

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nares de presos y pudo haber habido una masacre entre la guardia republicana y los presos, que reitero no ocurrió por una acción correcta y adecuada, sin valorar los destrozos, sobre lo que mucho se ha dicho y respecto de lo cual hablaremos capítulos más adelante. Porque tampoco es cierto que eso se destrozó ese día, estaba así desde hace tiempo: fue el final de una historia porque ya estaba totalmente destruido y era inviable; fue el final de esa destrucción. Cuando se desata el motín del 25 de abril en el COMCAR, ¿de quién es la responsabilidad de intervenir, señor Ministro? ¿De la Policía o del Juez? ¿Quién tiene responsabilidades en el sistema carcelario, puertas adentro? ¿La Policía o la Justicia? La Jueza actuante, doctora Merialdo, dispuso el protocolo de rigor y, una vez controlada la situación, ampliar. ¿Qué significa esto para un policía? ¿Impide ingresar al lugar del motín? ¿Impide el uso de la fuerza para controlarlo? ¿Tiene que esperar algo? La Jueza Merialdo fue enfática al afirmar: “[…] en ningún momento prohibí que se usara la fuerza, en ningún momento prohibí que se ingresara a la cárcel”. Y luego usted afirma: “Pero de todas maneras establecemos que de acá en adelante cuando se intente la negociación, si esta no se puede producir […] la Policía va a intervenir de acuerdo a lo que crea conveniente, dando cuenta a la justicia, no solicitando orden a la justicia”. | Eso dice usted en respuesta a este nuevo episodio, otra vez ante la opinión pública, ahí sí, a todo el Uruguay. Ahí sí, el Ministro dice: “¡Ah no, ahora no espero más a la Jueza! ¡Ahora voy a actuar yo!”. ¿Y cuándo no había podido actuar usted? Esa es una forma de esconder el mal procedimiento que había llevado a cabo durante el motín. No es a partir de ahora: es desde siempre, y ya lo sabía, y también lo sabían sus mandos. En mis preguntas, quiero saber, según su criterio, qué tipo de medidas se van a tomar cuando usted dice: “Ahora voy a ingresar”. ¿Qué tipo de medidas? ¿Las mismas que se adoptaron en el COMCAR cuando se convocó a la Guardia Republicana para resolver el motín, o se está pensando en otras? ¿O se va a cambiar el protocolo? ¿Se puede conocer cuál va a ser el protocolo? Usted ha sido ambivalente, Ministro: en algunos casos toma decisiones y prejuzga, y en otros no. En ocasiones, dice: “Yo no puedo actuar hasta que no es-

té clara la responsabilidad administrativa. Primero tengo que hacer la investigación, no puedo sancionar a nadie sin hacer eso”. Esto fue lo que me contestó hace dos años, acá en Sala, respecto a la cárcel de Rocha, cuando le pregunté qué había hecho con los funcionarios. Ya había pasado un mes, y usted me dijo: “No, yo no puedo intervenir hasta que no terminen las investigaciones administrativas que se han abierto. Hay dos o tres vías”. El 8 de diciembre de 2011, frente a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, en ocasión de la denuncia que realizó el Comisionado Parlamentario en el Juzgado por hechos de tortura en la cárcel de Canelones, usted dijo lo siguiente: “[…] De todos modos, vamos a seguir las dos investigaciones que nos competen. El oficial que el Comisionado Parlamentario denuncia en este momento está en uso de licencia. Terminada la licencia irá a otro destino, es decir que no vuelve a la cárcel, independientemente de que haya un resultado que indique que es correcto lo que se denuncia o que no lo haya […]”. Entonces, ¿cuál es su criterio? ¿Tiene un criterio? Primero dice que antes deben concluir las investigaciones administrativas. ¿Y en este caso qué ocurrió? ¿Tuvo la percepción de que la denuncia del Comisionado Parlamentario iba en la dirección correcta y, de antemano, sacó al Oficial y lo trasladó? ¿Le dijo “Cuando vuelva de la licencia no me pisa la cárcel” porque tuvo la percepción de que algo pasó? Es muy difícil que sus mandos lo reconozcan en sus órdenes cuando usted establece estos criterios tan disímiles, que son importantes. ¡Vaya si lo son! Y yo todavía estoy esperando -ese será el tercer capítulo de mi intervención- el resultado de las investigaciones que dice que había comenzado en el departamento de Rocha. ¿Por qué cambió el criterio respecto de lo que sostuvo en aquel momento y lo que tiene ahora? ¿En este caso hay elementos que le digan que tiene que tomar determinaciones más allá de las investigaciones? Usted sacó al señor Pereira Cuadra de la Jefatura, del área de responsabilidad del sistema carcelario, después del episodio acontecido en el Penal de Libertad y el del COMCAR. ¿Cuánto influyó que Pereira Cuadra no lo haya consultado respecto a esta determinación que él mismo resolvió dar a conocer a la opinión pública, en una especie de libre juego que seguramente el Ministerio y el señor Ministro tenía con

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este funcionario? Porque él -supongo yo- no le pidió permiso para ir a los medios de comunicación y decir que tenía celulares, mensajes de texto, y dar una información acabadísima que involucraba a un político que no sabíamos quién era -podía ser yo, o cualquiera de nosotros-, prácticamente negociando con los presos y, como él mismo dijo -¡fíjese qué grado de responsabilidad!-: “¿Hasta cuándo le van a seguir mintiendo al Presidente de la República y al Ministerio del Interior? Hay cosas que no se pueden ocultar”. Se refería a las llamadas que él había verificado y que, seguramente, había obtenido a través de ese sistema de investigación interna que tienen los servicios carcelarios, que escuchan, encuentran llamadas, leen mensajes de texto. ¿Usted estaba en conocimiento de que el señor Pereira Cuadra iba a decir eso a la opinión pública, o fue una actitud personal de este funcionario, que es un viejo sabueso, y sabe lo que dice, según el señor Presidente de la República? El sistema carcelario en Uruguay -en estos últimos días, dado el plazo que usted mismo dio para esta interpelación, he podido visitar seis estructuras carcelarias- tiene una gran asimetría, y creo que con esto no descubro nada para los funcionarios del Ministerio del Interior ni para el propio Ministerio. Hay un sistema muy complejo de estructuras, que no tienen nada que ver unas con otras. La estructura y el funcionamiento del sistema carcelario no están protocolizados, y eso es claro. Si en el imaginario colectivo de la gente se supone que hay cárceles de máxima seguridad, cárceles de media seguridad y cárceles con una situación más abierta, en las que el preso se vincula con la sociedad -esto es lo que normalmente transmite el Ministerio del Interior cuando se defiende de los informes internacionales que fustigan al sistema carcelario nacional-, cuando uno comienza a revisar, a recorrer, a caminar y a mirar, en realidad, con lo que se encuentra es con cien cárceles distintas, cien sistemas distintos. ¡Cada cárcel es un sistema! Tenemos, por ejemplo, una mazmorra del siglo XIX donde los presos viven prácticamente en un caño. ¡De allí nadie sale rehabilitado! Las caras y los ojos de los presos que vi ahí son las de hombres llenos de violencia, que, obviamente, van a salir a ejercer esa violencia. Lugares como los módulos 1 y 2 del COMCAR, la cárcel de Canelones, ¿quién va a salir rehabilitado de ahí? Y no me refiero a toda la cárcel de Canelones,

porque dentro de cada cárcel hay subsistemas, cada cárcel tiene mundos y funcionamientos distintos. Tenemos un sistema carcelario totalmente errático en su funcionamiento. En algunos lugares, uno entra a un edificio con una estructura edilicia limpia, adecuada, con seguridad para los guardias carcelarios que circulan por corredores, donde no son hostigados por los presos, y en otros lugares hay que entrar a puro guapo, como lo hice yo con alguno de los jerarcas policiales. ¡Porque allí mandan los presos, allí dirigen los presos, allí consiguen poder los presos! ¿Ustedes se imaginan un lugar donde el preso es el que manda la comida? La comida en el sistema carcelario es poder. En el imaginario colectivo, seguramente, la gente cree que el plato de comida llega a la celda para que coma el preso, que de noche pasa lo mismo, y que a la hora de los medicamentos se le entregan al preso que los necesita. Pero eso no siempre es así. ¡No; en algunos lugares no es así! ¡En algunos lugares les dejamos el carro a los presos para que el capo, el número uno de ese lugar, distribuya! ¿Y qué distribuye? La carne para unos y el agua para otros. ¿Cómo se consigue eso? Con chantaje. ¿Dónde impacta el chantaje? Afuera, en la familia que recibe el mensaje: “Si no mandás plata, aquí la paso muy mal. Si no sostenés un sistema de chantaje interno, entonces, no sobrevivo”. ¿Y qué hace la familia? Junta plata, cuando puede, y cuando no ¿qué hace? ¡La roba! Este es el nexo causal entre un sistema carcelario que alienta el delito en las calles. Si hay nueve mil presos, debe haber diez mil personas robando para sostener un sistema carcelario que está montado sobre los chantajes. No voy a leer los mails porque son públicos, pero podría dar lectura a algunos enviados por estos capos, estos brazos gordos de las cárceles, a periodistas o a policías. ¡Mandan y mandan! Y si mandan, organizan el delito, conocen lo que pasa en las calles y, además, revisan los informativos de la hora 20 para ver si agarraron a alguien y a quién atraparon; y se enteran, y presionan. También está el mundo de los paquetes. Vi a los policías abrir las cebollas una por una, en una tarea esclavizante. ¿Para qué? Para evitar el ingreso de cosas al sistema carcelario. Hay presos que reciben algunas cosas porque otras no las tienen o no las pueden conseguir. En paralelo vi miles y miles de dólares invertidos en cocinas y en buena comida. ¿Les llega a

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todos? Lo dudo. ¿La elabora el Ministerio del Interior y la pagamos todos? Sí. Es decir que tenemos un caos funcionando. Esta es la situación del sistema carcelario. En ella hay de todo; cualquier cosa que nos cuenten esta tarde, es posible; todo es posible de ser contado. ¿Nos van a contar cómo funciona el establecimiento Las Rosas? Sí; es una cárcel nueva, recién hecha, los presos están en sus celdas, hay una cocina espectacular, comida abundante, pero hay otros lugares donde mandan los presos y los policías no entran, y cuando entran lo hacen de puro guapos. Entran con coraje. Yo entré con uno de ellos y cuando salí me preguntó: “¿Usted tuvo miedo, Diputado?”. “No, con usted no”, le contesté. Aquel es un mundo organizado para que las cosas pasen de otra manera. Seguramente se me va a responder que los edificios hacen a la cuestión. Es probable. Hay algunos edificios adecuados y otros no, otros están en proceso de construcción. También hay sistemas VIP de presos más tranquilos, que seguramente tienen más cultura o que dirigen el sistema. Los que dirigen el sistema de la droga en Uruguay tienen un nivel cultural adecuado, no rompen nada, esperan pacientes el fin de los días que tienen para estar detenidos para volver a la calle, no sé si arreglados en su forma de vida, o no. El 75% de los reclusos reincide. Ese es un dato relevante del sistema carcelario. Esa es la producción del delito desde adentro hacia fuera, entre otras cosas, porque el vínculo no está cortado. En todos los lugares preguntaba: “¿Hay teléfonos celulares?”. Me respondían: “Sí, siempre hay, es imposible que no haya”. La semana pasada el Ministerio del Interior anunció que conseguirá poner los bloqueadores. Les recuerdo que ya hubo bloqueadores. ¿Por qué los retiraron? Los teléfonos celulares son un instrumento para la coacción que ejercen los presos sobre las familias. Es el contacto entre los presos, el mundo exterior y la organización de los delitos. ¿Por qué recién esta semana previa a la interpelación se anuncia que se van a bloquear los celulares? Están por todos lados y en todas las cárceles; inclusive, hasta en los casos en que se toman medidas de más alta seguridad. ¿Esto no es visto desde el Ministerio como un asunto que hace al funcionamiento -no a la estructura edilicia- de la cárcel? ¿La cárcel es un lugar en el que se retira a quien ha cometido un delito, o solo es un

cambio de lugar y en vez de estar en su casa, en su barrio, está allí, operando sobre el delito? ¿Hay un rompimiento? ¿Se ve esto como una afrenta a los derechos humanos? Esto debe explicitarse. La gente tiene que saber y tenemos que hablar claro entre los uruguayos porque el país está conmocionado por la inseguridad. El país está preocupado. Este es el tema de los uruguayos, el que figura en primer lugar. Es una preocupación verdadera. No se puede tapar el sol con las manos. En enero contamos con la presencia del Ministro en el Parlamento diciéndonos que no iba a haber más crímenes, pero los crímenes continúan. Es decir que la seguridad es el tema principal. Digámosle a Uruguay cómo funcionan las cosas para empezar a corregirlas, pero no se le dice a los uruguayos que las cárceles funcionan así. Las cárceles no son lugares de aislamiento, sino un lugar donde se opera de otra manera. Hace veinte días el Ministro hizo cambios en las jerarquías. Yo no puedo evaluar esos cambios. Eso se verá con el correr del tiempo. Hubo cambios en el pasado. Hace dos años también hizo cambios, y fueron un desastre. No puedo hablar de los cambios a futuro. Hay que esperar el rumbo que toman estas nuevas autoridades carcelarias. Se supone que vamos a construir protocolos, se supone que algún día vamos a cambiar la estructura de funcionamiento. Algún día alguien la va a cambiar sin echar la culpa a nadie, sin echar la culpa a un tercero, sin responsabilizar al sistema político, al Presupuesto, a quien sea, que siempre tiene la culpa de los problemas del Ministerio o del Gobierno. En la última semana, a marcha tractor, se cerró la cárcel de Rocha. A esta hora todavía están trabajando los funcionarios de UTE porque -no sé si sabe el señor Ministro- hicieron la cárcel debajo de una línea de tensión de 6.000 voltios. Pasa por arriba de la casilla donde va el policía. Avisaron después de que la terminaron. Hoy, seguramente, la UTE debe haber estado trabajando en ese apuro de llegar a la interpelación con la cárcel cerrada. ¡Bienvenido sea el cierre del edificio! Eso está bien, es un avance. Los presos que requieren mínima seguridad fueron distribuidos a una chacra, que no es una cárcel, que no tiene guardia perimetral, que está levantada en base a contenedores.

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Entre las preguntas que le voy a alcanzar al señor Ministro hay algunas referidas a los contenedores. Se ha dicho que el Ministerio va a comprar contenedores. Tengo entendido que están alquilados. Quiero saber cuántos contenedores se alquilaron, cuánto se paga por mes, dónde están colocados, cuántos han empezado a ser usados y cuántos meses han estado esperando los contenedores alquilados para ser utilizados. Me refiero a los contenedores que están en Rocha, a los que están en COMCAR. Quiero saber cómo funciona este sistema, cómo se han ido incorporando. El corazón de las preguntas sobre la cárcel de Rocha está referido al fin de las investigaciones, a las del Ministerio, que son las que me interesa saber. ¿Cómo avanzaron las investigaciones que hizo el Ministerio respecto a los sucesos que aquella noche terminaron con la vida de doce presos? Hace dos años fui muy complaciente con mis preguntas. No quise mostrar, por ejemplo, las fotos de esa noche. Las tengo; son muy duras y merecerían el respeto del Ministerio dando una respuesta adecuada en tiempo y forma. Sé que el Gobierno se molestó mucho con aquella intervención rápida que nosotros hicimos. Recibí algunos golpes en las respuestas que me dieron. Sin embargo, fui prudente, pregunté y esperé. Pasaron dos años para que el Ministerio dé una explicación de por qué en una cárcel doce presos se murieron durmiendo. No ha habido una explicación. Acá se dieron algunas explicaciones, como la que trajo acá el señor Ministro relativa a los bomberos, que fue desechada por la Justicia porque no sirve para nada y hubo que conseguir otras a nivel de la Justicia. Ese es un tema de la Justicia; que siga su camino. Sí me interesan las responsabilidades del Ministerio, de quien administra el sistema carcelario. ¿Por qué no se explicitó qué pasó esa noche para que murieran doce presos? Yo tengo previsto realizar al señor Ministro alrededor de treinta preguntas, que le voy a alcanzar. También tenía previsto realizar veinte preguntas al Comisionado Parlamentario, que estaban relacionadas con su responsabilidad técnica sobre los informes que hizo y que desde mi punto de vista hubieran sido muy esclarecedoras de lo que aquí estamos discutiendo. (Interrupción del señor Diputado Pardiñas)

——Perdió la oportunidad de callarse la boca, porque sí se las acerqué. (Murmullos.-Campana de orden.- Interrupción del señor Diputado Pardiñas.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señoras y señores Diputados: les ruego… (Interrupción del señor Diputado José Cardoso) ——Señor Diputado: usted es muy hábil, pero actuemos correctamente. Le pido al señor Diputado José Carlos Cardoso, con quien tengo una amistad personal, que no incitemos ciertas cosas. (Interrupciones de la señora Diputada Matiauda y del señor Diputado Amy) (Campana de orden) ——No señor. Acabo de observar al señor Diputado que pega el grito, que no es del Partido Nacional. Esta Mesa ha actuado correctamente. Por tanto, les ruego, primero, que no le griten a la Mesa y, segundo, que no griten en general. Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (José Carlos).- Solicito que se hagan llegar las preguntas por escrito al señor Ministro, que refieren a los tres capítulos que acabamos de mencionar: los episodios del 25 de abril y su entorno, el sistema carcelario en su conjunto y su funcionamiento y la cárcel de Rocha. Seguramente, en una segunda intervención vamos a encarar otros aspectos de acuerdo con las respuestas que el señor Ministro dé a este cuestionamiento, que hemos hecho con la mayor brevedad que pudimos, por lo que esperamos que las respuestas estén ligadas a las preguntas que hacemos, no a una larga historia del sistema carcelario desde 1830 a la fecha sino, específicamente, a la actual situación que nos llevó a interpelarlo.

14.- Preferencias.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Cantero Piali, Caram, Mujica, Posada, José Carlos Cardoso, Amy, Sánchez y Sabini. (Se lee:)

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“Mocionamos para que se incluya como segundo punto del orden del día de la sesión del 6 de junio de 2012 un homenaje al Liceo Nº 36 ‘Instituto Batlle y Ordóñez’, al cumplirse 100 años de su fundación, haciendo uso de la palabra por el lapso de veinte minutos el señor Representante Sabini”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

Claramente, la interpelación tuvo como motivo desencadenante el motín ocurrido en abril en el COMCAR. Por lo tanto, quiero repasar motines y ver cuál fue el más grave acontecido en los últimos diez años. Como dije, voy a empezar desde 1986 en el Penal de Punta Carretas. Voy a empezar por ahí porque capaz que es nuevo que las armas y la droga aparecen en los penales. ¡Capaz que es nuevo! ¡Capaz que sorprende ahora! ¡Capaz que con seis visitas a una cárcel o a seis distintas se encuentran los motivos de todo eso! Quizás haya que recordar a Mandela cuando decía: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en que trata a los de más abajo”. Eso no se encuentra en seis días. Voy a comenzar a repasar. El ingreso de armas como problema se da, por lo menos, desde el año 1986, cuando como resultado del motín de Puntas Carretas el 20 de agosto de ese año, el doctor Antonio Marchesano, Ministro del Interior de la época, ordena una investigación administrativa para saber sobre el ingreso de las armas utilizadas por los presos en ese motín. Voy a citar textualmente las declaraciones del señor Ministro al diario “El País”, que dicen así: “El Penal era casi una ciudad dentro de otra, y se venían llevando a cabo los correspondientes chequeos para ubicar las armas utilizadas por los beligerantes que dispararon contra la policía”. Atribuye sus causas a la frustración por la reciente visita de la Suprema Corte de Justicia, a los rumores de traslado a Santiago Vázquez, y a la fuga frustrada por el descubrimiento de un túnel. En declaraciones en el mismo diario, realizadas por familiares de los presos, se expresa: “¿Sabe una cosa? Las armas de fuego las entregan algunos de los propios funcionarios por $ 1.000”. Cambió el precio. El entonces Director de Punta Carretas, Comisario Washington Medina, luego de mostrar un piso repleto de armas blancas, revólveres, caños de todo tamaño, expresa: “No es lo único que hay; ya hemos sacado otro tanto en otras requisas”. El periodista le pregunta: “¿Cómo es que se puede trabajar en un túnel sin que haya sido notado por la guardia?” Y el Director responde: “La situación es que de noche se tiene tan pocos guardias para cuidar a los reclusos que, evidentemente, no pueden estar pendientes de los

15.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señor Presidente: yo me encuentro en una contradicción: tratar de explicar en serio lo que después va a ser interpretado en broma y deformado fuertemente, o realmente explicarlo en serio, me lleve el tiempo que me lleve. Yo sé que después en twitter se puede poner: “Le está echando la culpa a la herencia maldita; jarabe de pico”. O se va a hablar de cómo me va porque estuve de vacaciones y tomé sol, como me dijo una Diputada. Yo sé que se pueden hacer esas cosas. Yo voy a hablar en serio para los que lo tomen en serio, y el tiempo que me lleve va a ser el suficiente para tratar de explicar las cosas, no desde 1830, pero quizás sí desde 1986. De lo contrario, aparentemente, todo empieza cuando los hechos se producen y se cae en el absurdo de comparar cárceles y decir que unas están muy lindas y otras, no. Obviamente, con un criterio maniqueo se puede llegar a esa conclusión. Entendiendo las cosas como un proceso, es evidente que si vamos arreglando todas las cárceles que están destruidas, las nuevas están bien y las viejas no. No sé quién puede arreglar de un día para el otro veintiún o veinticinco cárceles. No sé; no me queda claro cómo se puede hacer. Por lo tanto, en todo lo que se maneja en términos de proceso, se van a encontrar hechos desiguales. Si no se lo concibe así, es muy difícil que se pueden explicar las cosas. Así que la explicación me va a llevar el tiempo que sea.

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presos. Además, la inferioridad numérica hace que se queden en la guardia interna; solo quedan en la guardia interna cuatro”. Cuando se consulta a los funcionarios sobre la situación de los reclusos trasladados al penal de Libertad, a una instalación totalmente desmantelada e inoperante -el penal de Libertad había sido cerrado-, responden: “No hay comida para darles, la traerán más adelante, y no hay colchones”. Podemos observar el trato recibido y la consideración de la época hacia el privado de libertad, carente de respeto por la dignidad del ser humano, en comparación con el realojamiento de presos en el módulo 8 del COMCAR, a los que se les proveyó inmediatamente de asistencia médica, platos, tres comidas calientes, frazadas, carpas, acceso a agua potable y baños, y se reubicó en tiempo récord a la mayoría de las 1.200 personas, restando aún 380, a las que se les sigue acondicionando un hábitat que, aclaro, es de carácter transitorio. El saldo del motín de 1986 fue de 6 muertos y varios lesionados. “En 1989, el doctor Ronald Herbert, Defensor de Oficio en lo Penal, interpuso una acción de amparo contra la aplicación en el Penal de Libertad del reglamento de disciplina basado en el Decreto-Ley Nº 14.470. Las diligencias judiciales comprobaron la aplicación de sanciones disciplinarias que atentaban contra los derechos humanos de los reclusos”, según consta en la página 30 del informe de SERPAJ de 1993. En 1990, en la página 10 del informe anual de SERPAJ, en el capítulo “Trato a los presos”, se dice: “La situación de los presos fue un problema que permaneció en el orden del día de la discusión y de la reflexión pública. Desde la prensa, la radio y la televisión fue planteada por diversos actores la situación y el trato que recibían las personas privadas legalmente de su libertad. Las denuncias llegaron hasta la Comisión de Constitución y Legislación de Cámara de Representantes que reclamó la presencia del Ministro del Interior. Conjuntamente, realizaron una inspección del Penal de Libertad a los efectos de constatar la veracidad de las denuncias. Entre la serie de fallas que se denunciaron cabe destacar sus carencias de recursos humanos y materiales en el área sanitaria e inexistencia de asistencia psicológica, y deficiencias en la alimentación e higiene. Su régimen disciplinario se lo calificó de arbitrario, con un trato despersonalizado que

estaba bajo el control de un personal sin preparación alguna. En estas condiciones se produjeron en el período enero-agosto tres suicidios”. Asimismo, se destaca para el COMCAR la pérdida definitiva del perfil de sistema progresivo que quiso darle la reforma penitenciaria de 1985. Quiere decir que el deterioro del COMCAR se fija en el año 1990. Me alegra que en el año 2012 se den cuenta de que se ha deteriorado, pero comenzó en 1990. No tengo claro si habían tomado nota de eso. En julio se constituyó el Grupo de Trabajo sobre el Sistema Carcelario Nacional compuesto por la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, el centro de Estudiantes de Derecho, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Federación de Médicos del Interior, la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, IELSUR, SERPAJ, el Sindicato Médico del Uruguay y, a título personal, la señora Diputada Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz y los señores Diputados José Bayardi, José Díaz Maynard y José Díaz. Ya en esa época se señalaba que el problema más grave lo constituía la cantidad de personas sin condena, es decir, los procesados que hoy siguen superando el número de penados. Se agrega, ya en esa época, que todos los expertos en sistemas penitenciarios consideran que el elevado número de personas procesadas es un agente provocador de desórdenes y de actos de indisciplina en todos los establecimientos. El grupo de trabajo ya citado, en 1993, en la publicación “Las voces del silencio”, en la página 37, reitera: “El Uruguay muestra uno de los índices más altos de América Latina respecto al número de presos sin condena, cerca de un 85%”. De acuerdo con las denuncias de la época, los apremios físicos en el penal de Libertad en la década del noventa eran una práctica continua. En 1992, la situación general se resume del siguiente modo: “Ausencia de un tratamiento progresivo, régimen de sanciones arbitrarias, denuncias de tratos vejatorios, número insuficiente de técnicos especializados y deficiente preparación del personal penitenciario; establecimiento en pésimo estado de conservación y faltos de higiene, no aptos para alojar reclusos, mala asistencia sanitaria, no se imparte enseñanza primaria a los reclusos analfabetos, falta de actividades recreativas y culturales, ocio compulsivo, es bajísimo el nú-

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mero de personas que realizan actividades laborales, empleo de celdas de aislamiento por varios meses durante los cuales se recorta derecho a recreo y visita; en el plano judicial se destaca la lentitud de los procesos penales”. Esto corresponde a la página 23 del informe de SERPAJ de 1992. Nos preguntamos: ¿cómo habrá incidido en el aumento de la reincidencia haber cumplido condena en esta nefasta época del sistema penitenciario? Podemos ver cómo la simple observación comparativa de la historia nos reafirma cuánto hemos avanzado y cuántos de los aspectos reseñados ya no existen. En este ritmo de deterioro progresivo del sistema, inacción y evidente falta de capacidad de las autoridades de la época, observamos como resultado una importante escalada de violencia que da lugar a los famosos y lamentables motines que se registran a partir del año 1994. La serie de motines que se sucedieron a partir del 29 de abril de 1994 culminaron con la evacuación de la cárcel, destruida en buena parte, con solo 40 de sus 240 celdas en condiciones de habitabilidad y la redistribución de la población carcelaria en centros del interior del país, según el informe de SERPAJ de 1994. Seguimos observando abismales diferencias en la manera de enfrentar una crisis en situación similar. Hoy, como resultado del estado de los módulos 4 y 5 del COMCAR, estamos trasladando privados de libertad clasificados a establecimientos nuevos como Punta de Rieles y Rivera, sin hacinar otros establecimientos como las autoridades hicieron en el pasado, aunque hoy muchos desmemoriados critican. La refacción de las instalaciones costó al Estado US$ 1:300.000. El entonces titular del Ministerio del Interior, doctor Ángel María Gianola, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al referirse al quinto piso, dijo que estaba destrozado, que la situación sanitaria era deplorable, y que el funcionamiento de la electricidad había sufrido un gravísimo daño y que funcionaba en forma precaria. Sobre los trescientos cincuenta funcionarios, entre guardias y administrativos, cuyo funcionamiento también se estima que es crítico, expresa: “cuando se les precisa para tareas un poco riesgosas, generalmente se enferman o piden licencia, lo que dificulta la tarea de vigilancia… muchas veces queda un piso con más de 180 reclusos atendido por 2 policías”.

El 6 de junio de 1994, luego de la fuga de diez reclusos, Gianola expresa: “se comprueban responsabilidades e irregularidades de carácter administrativo en la vigilancia, contralor y cumplimiento de las disposiciones pertinentes”. Agrega: “no dejamos de reconocer que también hay una crisis en la disciplina, hay actos o circunstancias que no nos dejan conformes con la policía”. Por otra parte, en un documento reservado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, esta alertó sobre la situación de los policías de la siguiente forma: “los policías se sienten cansados por la sobrecarga horaria y atemorizados por la situación de inseguridad en que se vive y además son tentados permanentemente por los reclusos, especialmente aquellos de situación económica buena, con ofertas de dinero y favores que en caso de ser rechazados, generan amenazas que motivan, de una u otra forma, concesiones”. Nos estamos refiriendo al año 1994. Nos preguntamos si tal informe no estaría haciendo referencia al ingreso de elementos prohibidos que, como hemos visto, se registra y oficializa a través de voceros del Gobierno desde 1986. En un informe que envía el Inspector Juan Pedro Martínez, ex Director del Penal de Libertad, al Director Nacional de Cárceles, Inspector Arturo Rodríguez Traversa, sobre el estado de las instalaciones y la situación general, se expresa: “El deterioro general es profundo, fundamentalmente por las instalaciones sanitarias. Hay tremendas dificultades en la energía eléctrica dado que las instalaciones son obsoletas e inadecuadas […]. El agua no es potable y esto ha provocado diarreas a los reclusos y al personal. Es evidente que la mayoría de los reclusos son afectos a las bebidas alcohólicas y aun a las drogas […] que llegan a manos de los mismos, posiblemente con la participación dolosa del personal”. Este informe es de 1994 y es una nueva reafirmación del ingreso de elementos prohibidos. ¿Qué acciones se tomaron frente al oficialmente descubierto ingreso de elementos prohibidos? ¿Cómo se puede entender la pasividad de las autoridades ministeriales de la época frente a tan claras evidencias de situaciones de corrupción que quedaron instaladas en el sistema o se naturalizaron por la costumbre? “El 15 de junio” -de 1994- “el defensor de oficio Héctor Carracedo afirmó al diario La República, que ‘el Penal de Libertad es una cloaca que está pensada y

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construida para destruir a la gente, no para recuperarla. Los presos están siendo utilizados, hay una maquinaria de corrupción muy grande -que todos conocemos- […]. Hay una rosca corrupta que no quiere que se arregle el problema carcelario, le cobran a los presos por la visita, por ‘escaparse”. […] El 10 de julio” -de 1994- “se informa de nuevos destrozos en las instalaciones del Penal y se resuelve derivar 588 detenidos para restaurar el Establecimiento”. Parece que las estrategias de derivar reclusos a otros centros ante un estado de emergencia -lo que hoy se critica- era una buena solución en esa época, y quizás la única. La diferencia es que hoy se trasladan personas clasificadas de acuerdo con el perfil del establecimiento al que se envían, siempre y cuando este tenga plazas disponibles. En el resumen presentado por el grupo de trabajo se establece: “Estamos ante un sistema que termina deteriorando y socavando moral y físicamente al sujeto que lo padece… a partir de la institucionalización de un régimen arbitrario e impersonal, con un sistema de corrupción implantado en el sistema”. Los años 1995 y 1996 no muestran grandes variaciones y dan comienzo a la protesta de los reclusos del COMCAR y de sus familiares. Eso está registrado de la siguiente manera: “en una instancia los familiares de los reclusos alojados en el módulo 13, se negaron a retirarse luego de la visita, planteando una serie de reivindicaciones entre las que se cita: 1- suspensión de los traslados indiscriminados- 2- aplicación de la media pena y el Pacto de San José de Costa Rica3- agilización de los procesos de aquellos que llevan años sin condena- 4- una mayor participación de los jueces en sus visitas carcelarias- 5- ampliación de las fuentes de trabajo.- También tomaron el control de los módulos 5 y 1”. Esto figura en la página 4 del diario El Observador. Paralelamente, las autoridades manifestaban su preocupación por una serie de incidentes relacionados con presuntas irregularidades, que se traducían en tráfico de drogas y alcohol dentro del establecimiento, con la complacencia de algunos funcionarios de guardia. Luego de una requisa general se trasladaron 64 internos al Penal de Libertad, adonde concurrió una delegación de parlamentarios junto con el señor Ministro del Interior, que comprobó que el 90% de los reclusos trasladados presentaban signos de golpes y otras señales de haber sufrido violencia física.

Si en las conclusiones de la Comisión Honoraria para el Mejoramiento del Sistema Carcelario, en 1995, se recomienda la clausura de 7 de los 21 establecimientos visitados, nos preguntamos qué impidió al Gobierno cumplir con la medida. ¿Fue acaso negligente y omiso? ¿Faltaba capacidad de gestión a las autoridades de la época? ¿Su capacidad de respuesta era lenta? En el mismo informe la Comisión puntúa: “Inadecuación de los edificios […]. Superpoblación y hacinamiento […]. Ausencia de capacitación específica funcional […]. Denuncias […] frecuentes, de corrupción, consumo de drogas y alcohol, juegos de azar prohibidos […]”. ¿Cómo entraban los elementos prohibidos? ¿Qué medidas se tomaron para que esto no ocurriera? “Violencia […] institucional”. En 1997, según el informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento en ocasión del motín ocurrido en el Penal de Libertad el 21 de febrero de ese año, se expresa: “este es un edificio inadecuado para albergar seres humanos. Lo impropio del Establecimiento, sumado al ocio compulsivo y al maltrato y violencia de que son objeto los detenidos durante las requisas, genera un estado constante de ansiedad, nerviosismo y desesperación”. Esto figura entre las páginas 13 y 16 de la Revista Tres, de 18 de junio. El 17 de enero de 1998 se registra un motín en la cárcel de mujeres de Cabildo. Unas sesenta mujeres fueron mantenidas en un recinto de seguridad luego de que el personal del Cuerpo de Granaderos debió intervenir por tercera vez, en poco más de doce horas, con gases lacrimógenos. El motín se produjo poco antes de la medianoche y se quemaron colchones, sillas, mesas y otros muebles por el reclamo del no retiro de sus hijos del establecimiento. El 30 de setiembre de 1998 hubo un segundo motín en Libertad, con un saldo de 110 presos lesionados y 21 policías heridos. En octubre de 1998, una decena de presos del pabellón de seguridad del Hospital Vilardebó protagonizó desórdenes y logró fugarse del establecimiento después de reducir al guardia del local. Uno de los reclusos portaba un revólver, en tanto sus compañeros esgrimieron armas de fabricación carcelaria. El 5 de noviembre de 1998 doscientos reclusos de Libertad iniciaron una huelga de hambre en protesta por los maltratos y la represión generalizada.

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Por otra parte, la Cárcel Departamental de San José registra, el 12 de enero de 1999, reiterados amotinamientos con daños a las instalaciones y agresiones al personal policial. A ello se suman los intentos de fuga, con boquetes y túneles en distintos puntos del edificio ubicado en el centro de la ciudad. En una de esas ocasiones, los presos intentaron copar el sector de la guardia y apoderarse del armamento allí almacenado, según denuncian las autoridades. La historia muestra otro punto de alto impacto negativo en el sistema penitenciario como lo fue el motín y toma de rehenes el 15 de junio del año 1999. Uno de los portavoces de los internos, Roberto Pierri, expresaba: “esto es en contra del sistema carcelario que debe cambiarse, no puede ser que estemos acá como si fuera un depósito y pasen años antes de que se fije una sentencia”. En una nota de prensa que figura en la página 3 del diario El Observador, de 16 de junio de 1999, el Ministro Stirling declara: “Fue como si pasara una fuerza destructora que arrasó con todo lo que estaba sano… sabían perfectamente lo que hacían”. Por su parte, el Subsecretario, Daniel Borrelli, se refería a los que no iban a ser trasladados a cárceles del interior y permanecerían viviendo entre los escombros de esta manera: “[…] los que se quedan van a pasar frío, y algunos van para cárceles del interior, que tampoco es bueno”. Peor aún resultan las declaraciones del 5 de marzo de 2002 del entonces Director Nacional de Cárceles -luego procesado con prisión-, Inspector Principal Carlos de Ávila, luego del motín de esa fecha: “Se han alimentado con palomas; han matado más de 100 palomas que las han asado en el techo, ese es el humo que ustedes veían ayer […] y ese es el alimento que han comido”. También dijo: “en un primer momento […] consumieron mucho escabio que tenían, aproximadamente unos 60 litros, hasta que se les terminó”. Aquí constatamos una nueva reafirmación de la forma de gerenciar una crisis en dos momentos de la historia donde la dignidad del privado de libertad no se considera, y a pesar de la conciencia de lo que es contrario a derecho, se resuelve que los internos que queden duerman sobre los escombros y pasen frío; como mencionan testigos de la época, la falta de acceso a baños y a agua potable provocó diversas enfermedades.

No hay registro de la época de ninguna intervención médica, a diferencia de la inmediata atención y seguimiento que el servicio de ASSE realizó con la población alojada transitoriamente en los patios y el chequeo médico al egreso del establecimiento, previo al traslado, y el reiterado chequeo médico al ingresar al nuevo establecimiento, cumpliendo con lo que dispone la normativa en materia de protección de los derechos humanos. En la distribución realizada a muchas cárceles superpobladas y en mal estado se observa que los que fueron trasladados a la cárcel departamental de Salto comenzaron huelga de hambre y que dos se fugaron. Otros fueron a Maldonado, Canelones, Paysandú, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas y Durazno, donde también iniciaron huelga de hambre por las condiciones en las que estaban. El 31 de julio se inicia una huelga de hambre en la cárcel de Las Rosas, que hace un rato fue mencionada como una cárcel en buen estado. Desde esa época hasta el año 2005 fue un desastre y hoy se la pone como cárcel en buen estado, y se la compara con las otras. En ese momento, en esa cárcel, un recluso hirió a un guardia y, al mismo tiempo, se inicia otra huelga de hambre en Rivera. Reiteramos: no vamos a repetir los errores del pasado. Hemos realizado traslados a cárceles nuevas, con plazas disponibles y clasificados. Además, los traslados se han hecho en condiciones dignas y garantistas, y así lo expresa el Comisionado Parlamentario en su exposición el 17 de mayo de 2012, en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, marcando así diferencias históricas, según consta en la versión taquigráfica: “[…] El jueves 26 a primera hora volví al COMCAR porque sabía que iba a haber traslados y quería estar presente en todo ese procedimiento para comprobar cómo iba a ser la salida desde el Módulo 8 hacia el Penal de Libertad. Cuando llegué, me sorprendió el despliegue de logística proporcionado por la Guardia Republicana. Había cinco ómnibus y una gran cantidad de patrulleros; estaban todos ordenados en filas. Los internos comenzaron a subir de manera ordenada a los ómnibus. Ese día salieron exactamente 200 reclusos desde los patios de COMCAR hacia el Penal de Libertad. Fueron revisados por médico al salir y al ingresar. Comenzaron a salir sobre las 7:30 horas y a las 16 horas toda-

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vía estaban ingresando en el Penal de Libertad. Es decir, fue un procedimiento extenso, pero nuevamente: creo que aquí se actuó con mucha responsabilidad, porque no hubo un solo hecho de violencia”. En ningún momento -lo vamos a decir más adelante, y vamos a documentarlo- responsabilicé de nada al Comisionado Parlamentario. Yo dije que se pidió que lo ubicaran antes de intervenir -después lo vamos a documentar-, pero eso no es culpa del Comisionado Parlamentario. Él no responde, no tiene por qué responder al Poder Judicial ni al Ministerio del Interior. Entonces, si el Ministerio del Interior no lo ubica, no es un problema del Comisionado Parlamentario, sino de algo que se planteó y que no debió haber sido planteado. Por otra parte, con el Comisionado Parlamentario venimos hablando, desde antes de asumir, acerca de lo que se debería hacer, compartiendo totalmente lo que dice el documento de la Comisión Multipartidaria de Seguridad con respecto a las cárceles. Reitero que hemos venido conversando durante todo el período, así que en ningún momento dije algo en contra del Comisionado Parlamentario. Lo que pasaron de la prensa deja claro esto, y lo que no pasaron lo deja aún más claro, porque a continuación se pudo haber visto la afirmación que realicé acerca de que el Comisionado Parlamentario podría estar en el interior. Entonces, aun ubicándolo, tenía que llegar al COMCAR, con la demora que podría tener, e iba a ser tarde, pero no es culpa del Comisionado Parlamentario. Siguiendo con la cronología, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Alonso de Marco, en el año 1999, con respecto al penal de Libertad, expresó: “Es un establecimiento ruinoso, que no está adaptado a las necesidades actuales. Está muy alejado de lo que debe ser una cárcel en cuanto a cumplir con los propósitos de reeducación”. Nuevamente nos preguntamos sobre las consecuencias de estas situaciones en los niveles de reincidencia que hoy tiene el país. Una Comisión Especial del Parlatino elaboró, en el año 1999, un informe sobre la situación carcelaria en los países de la región. Allí se resume en parte lo que aporta la realidad del Uruguay: “1- El número de reclusos en todos los países de la región aumenta en forma alarmante, 2- Entre el 50 y el 95%, de las personas privadas de libertad no han sido condenadas permaneciendo entre 2 y 10 años en espera de sentencia.- 3- La abismal diferencia entre el texto legal y

la realidad carcelaria.- 4- La indiferencia con que el tema es asumido por la opinión pública y los gobiernos.- 5- La frecuencia con que los derechos fundamentales son violados.-“. El 2 de setiembre de 1999, el Ministro del Interior, Guillermo Stirling, visitó a un guardia que fue apuñalado por la espalda en el módulo 5, con una herida de 8 centímetros de profundidad, que requirió cirugía. El personal subalterno de la guardia del COMCAR no ingresaba a los módulos, solamente se limitaba a abrir los celdarios en horas de la mañana y entregar alimentos, pero como los reclusos estaban en huelga de hambre, esto no era necesario. Decían: “‘Nosotros estamos en las puertas de los módulos para que ningún preso salga, pero la situación no está ni será nada normal hasta que se nos dé garantías para trabajar”. Así lo expresaron los funcionarios y consta en la página 12 de la publicación de “El Observador”. Nuevamente parece clara la incapacidad de las autoridades de la época para encontrar soluciones y detener la escalada de violencia expresada en los motines -las huelgas de hambre, las fugas, las agresiones a policías, las tomas de rehenes-, en un período en el que no solo las cárceles de la zona metropolitana, sino la mayoría de los establecimientos penitenciarios del país vivían en esta situación. Así es que luego de los gravísimos incidentes ocurridos en el motín de Libertad, que provocaron destrozos totales y el traslado de internos -hacinando aún más otras cárceles del interior y complejizando los problemas-, las autoridades demostraron una total desorientación en la conducción del sistema penitenciario. La perspectiva histórica nos hace preguntar: ¿cómo no se pidió la renuncia inmediata del entonces Ministro y de todo su equipo ante tanta ineficiencia, caos y descontrol generalizado de todo el sistema, que no fueron de carácter episódico, sino continuado a lo largo de todo el período reseñado? Como decíamos, la situación se agravó cuando el miércoles 10 de noviembre de 1999, la Defensora de Oficio, doctora Cristina Freijedo, y su Secretaria, Carmen Fernández, ingresaron al módulo 5 del COMCAR y fueron obligadas por algunos presos a arrojarse al piso, bajo amenazas. Simultáneamente, los guardias de custodia que cumplían funciones en ese módulo fueron reducidos y maniatados. Eso determinó que los

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presos lograran fugarse en una ambulancia, con las dos funcionarias judiciales como rehenes. Ante este incidente, la reacción de las autoridades carcelarias mostró rasgos de contraataque de corte impulsivo y no profesional, que claramente terminaron en excesos y trato inhumano y degradante. Como resultado de esos hechos, el caótico e ineficiente sistema solo sabe reconocer una respuesta de contraataque. Alrededor de trescientos presos fueron conducidos a golpes hasta el sector de ingreso de la visita, denominado “el túnel”. Una vez en ese lugar, fueron obligados a permanecer acostados sobre el piso, boca abajo, con las manos cruzadas sobre la nuca hasta el otro día. Durante ese lapso, los policías continuaron golpeando, insultando, caminando y orinando sobre los cuerpos; inclusive, en algunos casos, los quemaron con cigarrillos. Eran amenazados de muerte y obligados a gritar: “¡Viva el Ejército! ¡Viva la guardia!”. Posteriormente, algunos fueron trasladados al sector del COMCAR denominado “barracas”, donde estuvieron alojados nueve días. Allí continuaron los castigos corporales y psicológicos en forma arbitraria e indiscriminada. Por otra parte, los trasladados a Canelones fueron conducidos al salón comedor, golpeados, puestos de rodillas. El empleo de la fuerza entre la tarde del miércoles 10 y la del jueves 11 de noviembre de 1999 arrojó el saldo de un muerto y varios heridos, algunos de gravedad, con fractura de huesos, contusiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de cigarrillos, entre otras lesiones. Veamos, comparativamente, cuál ha sido la evaluación del Comisionado Parlamentario realizada ante la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria el pasado 17 de mayo. Manifestó: “Puedo decirles que el operativo de desalojo de los módulos fue absolutamente ordenado y de acuerdo a Derecho. No hubo un solo incidente; los internos salieron de modo ordenado y se dirigieron a los patios del Módulo 8. Horas después, cuando ya habían ingresado todos, me pareció prudente ir hasta la reja que se había instalado en la intersección de Camino Muñoz y Ruta 1 -es decir, la entrada principal a COMCAR- básicamente para expresar tres cosas: que no había muertos ni heridos graves; que se les iba a dar de comer ese mismo día a los internos y que, además,

los médicos iban a estar presentes en el Módulo 8 […]”. El 1º de marzo de 2002, se destaca la muerte de veintiún reclusos en la zona metropolitana. Ajustes de cuentas, agresiones y motines dan como resultado veintiún muertos y una destrucción total del Penal de Libertad. Precisamente, en este establecimiento comenzaron las obras en 2003 y finalizaron en 2007, con un costo total de $ 93:000.000. De acuerdo con lo que registra el diario El País, al motín de Libertad se agregan otros dos. “El domingo pasado, aún en plena crisis de Libertad, la policía debió sofocar” -hace diez años de esto; o sea que estamos dentro de los diez años- “dos intentos de motín en dos módulos del COMCAR y en la Cárcel de Mujeres”. En marzo de 2002, el diario “La República” informaba: “(…) desbordadas por la situación, las autoridades del Ministerio del Interior debieron solicitar apoyo al Ministerio de Defensa que, cuando faltaban quince minutos para las 19 horas, hizo ingresar al predio del Penal de Libertad al menos siete tanquetas ocupadas por soldados con el fin de reforzar el perímetro externo y evitar una eventual fuga masiva. Los datos indicaban, al cierre de la presente edición, que el Penal de Libertad fue nuevamente destruido por completo y quemada gran parte de las estructuras y materiales combustibles, cuando aún no habían terminado las reparaciones necesarias tras el conflicto de junio de 1999.”, que tuvo un costo de US$ 2:000.000″. Por su parte, el diario “El País” hace saber sobre la toma de siete funcionarios penitenciarios como rehenes y dice que “En el momento más crítico de la situación los rehenes fueron llevados a punta de cuchillo a las azoteas y los presos amenazaban con arrojarlos desde unos 40 metros de altura si no se cumplían sus demandas. Exaltados por el consumo de estupefacientes y en medio del ruido infernal de la destrucción en marcha, los presos solo cesaron cuando se autorizó el ingreso de los medios de prensa como garantes”. Luego se procedió al realojo de los reclusos: ciento treinta y ocho de ellos fueron llevados a contenedores -no arreglados como viviendas, como están ahora-, y comenzaron un huelga de hambre, ya que

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había dieciséis personas por contenedor cuando la capacidad se calculaba en ocho. Al respecto, el entonces Ministro del Interior Guillermo Stirling, en declaraciones al diario “El Observador”, expresa: “Están recibiendo lo que sembraron”. Reiteró que los presos fueron los que generaron las condiciones en las que estaban viviendo cuando tiraron a la calle millones de dólares que el pueblo uruguayo volcó para construirles y reconstruirles la cárcel. También recordó que durante el último motín el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Gervasio Guillot, pidió a los presos que no siguieran destruyendo, porque iban a tener que seguir viviendo entre escombros e iban a perder hasta la seguridad individual. El Ministro Stirling consideró que las expresiones del doctor Guillot fueron premonitorias, ya que perdieron la seguridad individual, a tal punto que cinco presos fueron asesinados en el Penal de Libertad, la mayoría por ahorcamiento. El 18 de mayo, el Ministro Stirling declaró al diario “La República”: “Todo hace pensar que se trata de un ajuste de cuentas”. Al respecto, el Presidente de la época de la Comisión de Derechos Humanos, el entonces Diputado Edgar Bellomo, expresaba en el mismo artículo de “La República”: “Yo estimo que lamentablemente la situación está fuera de control, porque resulta claro que la Dirección de Cárceles no tiene dominio sobre lo que sucede en su área. […] las soluciones demoran demasiado tiempo en instrumentarse y mientras se espera continúa el exterminio”. Por otra parte, llaman la atención las declaraciones de algunos legisladores en la sesión del 17 de mayo del corriente año en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, al expresar que se está frente a una pérdida de autoridad. Nos preguntamos si la extensa, compleja y mal gestionada crisis del 2002 no demuestra justamente eso: la pérdida total de autoridad. Por su parte, el entonces Diputado García Pintos expresaba: “El Parlamento considera que quienes tuvieron participación en la destrucción de la cárcel deben continuar en el Penal porque no hay dónde ponerlos. Se los debe obligar a que trabajen, limpien, reacondicionen y reconstruyan lo que se pueda del Penal, porque los recursos no alcanzan y, de lo contrario, que vivan entre los escombros, sin vidrios, porque los rompieron; sin colchones, por-

que los quemaron, y sin luz, porque arrancaron las instalaciones eléctricas”. Los presos del celdario de Libertad estaban en celdas que carecían de puertas, sin vidrios, con reclusos durmiendo en el suelo, que hacían sus necesidades en una taza embutida en el piso de la celda, sin paredes divisorias, lo que determinó situaciones de violencia que terminaron con la muerte de varios de ellos. Esto dice el informe de SERPAJ, de 2003 El 6 de marzo de 2002, el diario “La República” recoge declaraciones del Ministro Guillermo Stirling, quien anuncia el comienzo de una investigación administrativa para establecer cómo fue que los presos tenían celulares, drogas y armas. Hace diez años de eso. El 19 de abril de 2002, el diario “El País” recogía declaraciones del doctor Guido Berro, Director del Departamento de Medicina del Instituto Técnico Forense -después vamos a volver con el doctor Guido Berro-, quien decía: “Las cárceles se han convertido en centros de muerte, donde no se respetan los derechos humanos esenciales, como la alimentación adecuada, el suministro de medicamentos y donde además de la libertad, se les quita la salud y hasta la vida”. Por otra parte, los módulos de acero de Libertad fueron comprados mientras ocupaba la Dirección Nacional de Cárceles el Inspector Carlos De Ávila, quien viajó a Estados Unidos a tales efectos. Este policía y el Director del Penal de Libertad, Pablo Machado, fueron procesados con prisión, el primero por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real, con un delito de desacato, y el segundo, por un delito de abuso de funciones y falsificación ideológica. Paso a referirme a la situación de las fugas. En el Penal de Libertad se produce una fuga en la que se alegaron fallas humanas. Al poco tiempo, se produce la fuga de otros cuatro reclusos en el Penal de Libertad, por lo que fueron procesados los guardias que los custodiaban. En Salto se fugó un narcotraficante. En el Juzgado Penal de 14o Turno se recibe una denuncia por una represión a balazos en el Penal de Libertad, en la que resulta herido un recluso. En junio de 2002 son procesados el Coordinador Ejecutivo de la Dirección Nacional de Cárceles y el Director del Penal de Libertad. En 2003, se suceden una serie de hechos en los que mueren o son heridos gravemente varios reclusos y, además de los aconteci-

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mientos en Libertad y el COMCAR, se destaca el grave motín de la cárcel de Canelones, en el que fueron agredidos funcionarios policiales y se destrozaron instalaciones como la enfermería, la cocina, el despacho del Director, la central de comunicaciones y el salón de visitas. En el enfrentamiento fueron lesionados dos policías y cinco reclusos; uno, afectado por el incendio, fue internado en el CTI. Concomitantemente con el traslado de los presos a Libertad, los familiares denuncian de nuevo malos tratos, al igual que lo hizo la Defensoría de Oficio ante el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia. En el Sector B del módulo 2 del COMCAR fue descubierta una red de boquetes. ¡Claro! Estamos en una cárcel hecha de bloques; es una cárcel de seguridad hecha de bloques comunes, no bloques vibrados ni rellenos, ni atravesados por varillas. Son bloques comunes: uno los rompe con una llave. Ya en 2003 empezaba a haber una red de boquetes que atravesaba todos los módulos. Llama la atención que nos demos por enterados ahora. Repito: pasaba en 2003 y aún antes, porque en 2003 se lo denuncia. En aquella oportunidad se requisaron cortes de fabricación casera y uniformes. Hubo un período en que, por falta de rubros, a la hora de la comida se seleccionaban quinientos reclusos a los que no se les suministraba alimentación, según información brindada por la Dirección Nacional de Cárceles. Por otra parte, y además del deterioro edilicio que se constata, el informe de SERPAJ de ese año llama la atención sobre la población reclusa que duerme en el suelo y sin colchón. Se constató la existencia de enfermedades contagiosas como la sarna y la forunculosis, sin control y con la enfermería desprovista de medicamentos. La instalación eléctrica es deficiente en algunos módulos. Faltan vidrios en algunas celdas. Hay problemas con el suministro de agua, baños en malas condiciones, cañerías tapadas y se carece de agua caliente. Al momento de la visita se estaba restableciendo el suministro de harina, suspendido seis meses antes, por lo que no se podía elaborar pan. ¡Seis meses sin dar pan! Yo hubiera querido que en ese momento alguien hubiese recorrido todas las cárceles del sistema carcelario y hubiera dicho: “Encontramos varias que están muy bien”. Quisiera que hubieran recorrido y dijeran:

“La de Rivera está bien. La de Maldonado está bien. Punta Rieles está bien. El módulo 8 está bien. ´La Piedra´, en Libertad, está bien. El CNR está bien. Las chacras están bien”. ¡Yo quisiera que en aquel momento hubieran recorrido para ver qué encontraban, porque lo que encuentran ahora es producto de la evolución, del progreso que se está produciendo en las cárceles! ¡Si ese proceso no se hubiera dado, iban a encontrar lo mismo que estamos describiendo, sin nada a favor! En esta recorrida por la historia del sistema, el panorama no cambió en 2004, cuando la situación del Penal de Libertad, del COMCAR y de las cárceles de Canelones, Rocha y Maldonado se agravó. Recrudece la violencia, aumenta el deterioro edilicio y se destaca el incremento de enfermedades contagiosas. Un funcionario que cometía actos aberrantes fue procesado por abuso de funciones y atentado violento al pudor. Las fugas no cesan y se da un nuevo caso en Salto. Mueren dos reclusos al intentar fugar de la cárcel de Rivera; otros diez fugan del Hospital Vilardebó, y se registra otro recluso fallecido en el COMCAR, luego de haber sido agredido en su celda. La sucesión de motines, fugas e ingreso de armas que se da desde 1986 -ya reseñada-, sin duda, habrá sido un motivo de preocupación e incidencia en la seguridad de la ciudadanía, pues el tener una situación de fuga constante de peligrosos delincuentes no sabemos cómo puede haber afectado el aumento del delito, pero, sobre todo, como se traduce, es un claro reflejo del fracaso en la prevención de la reincidencia y del fracaso de un plan de acción de los responsables de la conducción del Ministerio del Interior en esos oscuros períodos del sistema penitenciario nacional. Y observemos la evolución del número de personas privadas de libertad: en 1984 había 1.890 personas privadas de libertad; en 1994, 3.200; en 2004, 7.149. A pesar de ese salto no hubo nuevas construcciones. ¡¿Cómo no va a haber hacinamiento?! ¡¿Cómo en 2005 no se va a heredar hacinamiento?! ¡¿Cómo?! ¡¿Y de quién es la culpa?! ¿Del doctor Tabaré Vázquez, que heredó el gobierno, quizás? En 2005, había 7.214 personas privadas de libertad; en 2010, 8.775. Eso es lo que heredamos nosotros. Hoy hay 9.450 personas privadas de libertad, pero fueron construidas alrededor de 3.500 plazas carcelarias que vamos a detallar. ¿Cómo no van a encontrar diferencias entre esas casi 3.500 plazas carcela-

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rias nuevas que se construyeron y las que había antes? Es una forma tan poco dinámica de pensar, tan esquemática de analizar, con tanta falta de criterio evolutivo y de saber que las cosas son procesos, que uno se lamenta porque lo obligan a esto. No sé cuánto hace que estoy hablando, pero me obligaron a hacerlo, porque no hay otra forma de explicar lo que pasó que recordarlo y mostrar cómo evolucionó, ya que si no, estaríamos ante el ridículo. Cuando el doctor Tabaré Vázquez asumió la Presidencia de la República en el año 2005, declaró el estado de emergencia humanitaria en todo el país. Yo era Ministro cuando pasó eso, así que lo recuerdo. También recuerdo qué prioridades se fijaron y por qué. Las prioridades de la gente eran el empleo, el salario, la producción, la salud. Había que tener una perspectiva cierta de las prioridades de la gente. También recuerdo a la ex Ministra del Interior pidiendo en el Consejo de Ministros la posibilidad de construir cárceles con un presupuesto que lo dificultaba. La situación del sistema penitenciario se hace visible con el solo enunciado de la declaración. Se establece un foco de atención y acción sobre el privado de libertad que tiene como punto de destaque la Ley N° 17.897, Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario. De su exposición de motivos surge: “Esta nefasta realidad” -todo lo que describimos antes”puso en cuestionamiento el cumplimiento normativo en materia de Derechos Humanos, pues redujo al recluso a un grado de humillación extremo, incompatible con su condición de persona. En otras palabras, recibimos un Estado violador de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad”. En 2005 se analizó la crítica situación del país en lo económico y en lo social que llegó a su punto más álgido en 2002, golpeando a los sectores más vulnerables, con un millón de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, más de trescientos cincuenta asentamientos irregulares solo en la capital y un alto índice de desocupación y subempleo. Por otra parte, se señaló una importante deserción en los centros educativos, con una cuarta parte de los adolescentes de quince años abandonando los estudios, un proceso de desintegración familiar y la adicción a las drogas de bajo precio por su mala calidad, como la pasta base y sus derivados, generando un gran deterioro para su salud. En la superpoblación carcelaria influyó también el endurecimiento de las penas mínimas de los delitos

excarcelables como el hurto, la tentativa de rapiña y la violación, que generó un mayor número de procesamientos con prisión y la imposibilidad de la defensa de solicitar libertades provisionales. Así, aumentó la cantidad de ingresos a los establecimientos y disminuyó la de los egresos. Se trata de las medidas legislativas adoptadas desde 1995, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de las leyes de urgencia, que fueron fundamentales para el crecimiento poblacional en las cárceles y el consecuente hacinamiento de los reclusos, porque ni siquiera fueron acompañadas con la construcción de nuevas plazas. La creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas no disminuyó la criminalidad ni el índice de reincidencia; por el contrario, colapsó el sistema penitenciario. Ahora nos vamos a referir al motín del mes de abril y a desmentir algunas cosas que yo calculo que el señor Diputado interpelante dijo, no por falso, sino cometiendo un error. No fue falso; se equivocó. Es erróneo lo que dijo. Estamos en un proceso de cambio estructural de todo el sistema, que tiene diversos ritmos de avance y mantiene focos críticos de atención, como lo son, fundamentalmente, un sector del COMCAR -no todo, porque hoy también ofrece importantes contrastes internos por los avances realizados- y la cárcel de Canelones. En ese marco, se suceden dos situaciones que, por su carácter, derivan en el motín. Esas situaciones son la muerte del funcionario Oseas Wanderley Pintos Pereira, de veintiséis años, junto a la lesión sufrida por el funcionario Jorge David Cardozo Alves, ocasionadas por el recluso Eduardo Guillermo Brasil Sastre, al salir de su celda armado con una pistola, cuando era conducido a una reunión con su abogada defensora, y las noticias sobre la prolongación de la suspensión de las visitas para el establecimiento COMCAR. Los reclusos tomaron como válidas las versiones aportadas por los medios de prensa y los familiares y no la comunicación oficial proporcionada directamente por el Director Nacional del Área Metropolitana y por el Director del COMCAR, lo que demuestra que, muchas veces, cuando los medios de prensa dicen algo que no es correcto, son oídos y es tomado por correcto lo incorrecto. Esto lo demuestra, y me alegro de que haya sido dicho anteriormente. El inicio y el desarrollo del motín se da, dentro del establecimiento del COMCAR, en los módulos 4 y

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5, que mantenían una situación crítica de hacinamiento y deterioro edilicio y donde, por ende, como hemos observado en la relatoría de la historia de los motines, se conjugan causales para la emergencia de hechos de protesta generalizada y la violencia. Las actuaciones realizadas por la Dirección del establecimiento estuvieron ajustadas a los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Así, el principio XXIII de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas relativo al uso de la fuerza por parte de agentes del Estado establece: “El personal de los lugares de privación de libertad no empleará la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas.- Se prohibirá al personal el uso de armas de fuego u otro tipo de armas letales al interior de los lugares de privación de libertad, salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas.- En toda circunstancia, el uso de la fuerza y de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de autoridad competente”. Voy a leer los informes detallados de los hechos ocurridos en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación y en el COMCAR realizados por los responsables de intervenir y por los Directores de los establecimientos. Tienen distintos destinatarios. En el informe dirigido al señor Director General de Información e Inteligencia, Inspector Principal José Enrique Colman, se establece: “Señor Director:- Por el presente y por así haberlo dispuesto usted, cúmpleme informarle que, en circunstancias en que se procedía a retirar la visita a la hora 16.45 del día de ayer, por haber finalizado el horario de la misma, comenzaron las internas del 3er. Piso Ala Este a insultar a los Policías y a tirarles leche, mientras que solicitaban que se le abrieran las rejas para que entrara una interna que había quedado del lado de afuera, a lo que se accedió para no agravar el evento, situación que aprovecharon para salir del sector.- Durante los insultos las internas manifestaban que su actitud era en apoyo a los compañeros alojados en el patio del módulo 8 del COMCAR.- Inmediatamente se generalizó una situa-

ción de desorden interno en el piso, prendiendo fuego colchones, por lo que se procedió a retirar la guardia, a la vez que se intentaba en todo momento el diálogo con las internas, las que respondían siempre de forma hostil. En pocos minutos se generalizó en todo el Sector una situación de motín por lo que se procedió a realizar las comunicaciones de estilo por parte de la Capitán de Servicio, Of. Sub Ayudante CEDRES, a saber: con el Director Nacional del INR, el Coordinador Ejecutivo del INR, la Guardia Metropolitana, DIAP,” -Departamento de Inteligencia Penitenciaria- “al Suscrito, al Sub Director de Seguridad del Establecimiento y Bomberos.- A la hora 17:20, recibí la comunicación de los hechos haciéndome presente a la hora 17:40. En conocimiento del evento de marras, realicé una inspección ocular, tanto del lugar donde se producía el Motín como del resto de los pisos evaluando la situación, constatando que los restantes sectores se mantenían en calma.- De inmediato enteré de la situación a la Sra. Jueza de 9no Turno, Dra. Merialdo, solicitándole para ingresar al sector y reducir a las internas amotinadas, la cual dispuso: que se agotaran las medidas de negociación verbal, se la mantuviera enterada y se solicitara la presencia del Sr. Comisionado Parlamentario”, lo cual fue imposible ya que al intentar comunicación telefónica, su celular no respondía encontrándose apagado el mismo. “Dicha operación fue repetida en varias oportunidades con igual resultado, situación de la cual se informó al Director del Área Metropolitana del INR, Insp. Gral ® Eduardo Pereira Cuadra, a la vez que el mismo me preguntó si tendría el número correcto cotejándolos resultando ser el mismo.- En mérito a la quema de colchones que produjeron varios focos ígneos se coordinó el ingreso de Bomberos para apagar los mismos, procediéndose a su ingreso, para lo cual se les dio protección, con personal de la Unidad y un equipo especializado de la Guardia Externa del COMCAR, quedando como apoyo en Planta Baja sin ingresar al tercer piso otro equipo de la Guardia Metropolitana.- Al apagar el foco ígneo que se encontraba en la primera esclusa, se desbloqueó la puerta y se pasó a la segunda (puerta interna del corredor del sector), donde se propagaba otro foco ígneo, a la vez que se constataba que las 66 internas que habitaban en ese sector estaban en el fondo del mismo. Nuevamente se intentó un diálogo por varios minutos por parte de quien suscribe con el fin de llegar a un acuerdo y que las internas desistieran de su actitud.- En estas circunstancias recibo una llama-

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da a mi celular formulada por el Señor Coordinador para el área metropolitana Inspector Principal Carlos Arismendi quien me pregunta acerca de la situación y le narré lo que estaba sucediendo a la vez que le solicitaba autorización para utilizar la fuerza y reprimir, a lo que me contestó que no me podía dar esa orden porque no estaba en el lugar y no podía evaluar la situación de lo que ocurría, manteniéndose la orden de que no autorizaba el ingreso.- Cabe señalar que poseo Curso de Negociador y tengo varios años de experiencia en este tipo de situaciones ya que mi carrera es penitenciaria, por lo que consideré que se agotaron todos los medios que la lógica y doctrina demandan, para la solución del problema no obteniéndose resultados positivos al respecto por la vía del diálogo.- Se ingresó nuevamente con el apoyo de la Guardia Externa con una dotación de bomberos para apagar los focos ígneos nuevamente producidos, lo que se realizó con una cobertura con escudos para que los mismos pudieran trabajar. En ese momento una de las internas arrojó un palo con punta tipo lanza el cual impactó en el rostro de la Agente de 2da Silva Martínez. La guardia se mantuvo en el lugar protegiendo a los bomberos que trataban de extinguir los focos y evitar que las propias internas se sofocasen con el humo tóxico que se producía por la quema de colchones.- En determinado momento mientras se continuaba con el trabajo de extinción de fuego por parte de Bomberos, al correr una de las esclusas (puertas), para poder lograr apagar el incendio, los mismos fueron rodeados por las internas en una actitud agresiva y de riesgo, arrojándoles palos, hierros y elementos corto punzantes resultando herido el Crio. PEREZ, en un brazo por lo que fue necesario entrar y realizar tres disparos con municiones no letales al techo, cerrándose la esclusa nuevamente a la vez que se retiraba la guardia ya que no se podía proceder a la utilización de la fuerza de acuerdo a la orden judicial arriba mencionada. En ese momento las internas trancaron la esclusa con candado por el lado de adentro, colocando camas metálicas, muebles y demás efectos para impedir el ingreso de la Policía.- En otra tentativa de negociación por parte del suscrito se intentó un diálogo durante 15 minutos, con dos delegadas que fueron llevadas al 3er Piso a la vez que el resto de las internas continuaba en una posición hostil, volviéndose a manifestar que era en solidaridad con los compañeros del COMCAR y que solo se salían si se solucionaba la situación con los mismos. Estas continua-

ron en una posición totalmente agresiva, quemando camas, colchones y amenazando en todo momento a la guardia Policial. A esta altura de los acontecimientos, recibí la orden directa del Señor Director de la Policía Nacional por intermedio del Señor Director General de Inteligencia de que se procediera a reprimir por medio de la Guardia Metropolitana ante el riesgo de propagación de la actitud y situación descriptas. De acuerdo a dicha orden volví a enterar a la Magistrada actuante la cual manifestó que se volviera a intentar una vía de diálogo, sin represión con las internas, y se siguiera con el protocolo establecido.- En consecuencia y visto los nuevos focos ígneos iniciados por internas y la destrucción que estas estaban haciendo en las instalaciones del establecimiento, procedí de forma inmediata a organizar el ingreso de los equipos especializados para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Señor Director de la Policía Nacional.- Consecuentemente, se procedió a organizar el ingreso al sector adoptando todas las garantías necesarias. Dispuse la preparación de herramientas como cizalla para el corte de cadenas, alambres y candados colocados por las internas en las puertas para impedir el ingreso de la Policía; incrementar los focos de luz portátiles, ya que todo el corredor se encontraba sin energía eléctrica, como consecuencia de los incidentes, para que los grupos al momento del ingreso pudieran operar sin inconvenientes, impartir órdenes al cuerpo de Policías femeninas para el traslado de las internas en el momento de su extracción, la adquisición de suficientes precintos, el correcto equipamiento de personal y alertar al servicio médico del operativo que se iba a realizar para que estos tomaran las medidas precautorias de atención los cuales fijaron base de atención en planta baja del establecimiento recinto del guardia.En momentos que impartía las directivas para el accionar posterior al ingreso al sector, como así también al Grupo especial del Cuerpo de Guardia Externa, el cual ingresaría con el apoyo del Grupo especial de la Guardia Republicana, próximo a las 19:55, se hizo presente el Sr. Comisionado Parlamentario, el Sr. Director Nacional del INR, Inspector Gral ® Alcides Caballero y el Coordinador del Área Metropolitana del INR, Inspector Principal Carlos Arismendi, manifestándole al Director Nacional del INR la orden que había recibido del Director de la Policía Nacional el mismo dispuso que aguardara, que se iba a iniciar una nueva negociación con las internas. Siendo de esta forma que por orden Jerárquico dichos superiores

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asumieron el mando del Operativo. Consecuentemente a los hechos, los superiores anteriormente nombrados, conjuntamente con el Comisionado Parlamentario, ingresaron al sector, entablando un diálogo por varios minutos con las internas, no teniendo resultado positivo alguno, retirándose del lugar.- Minutos después se hizo presente el sr. Director del Centro y se entabló una nueva etapa de negociación, lográndose comenzar un diálogo, conviniendo el traslado de las internas que se sentían mal, al médico, quedando ya algunas internas en el Centro y otras ingresaron nuevamente al Sector, alojándose en los dormitorios.- A posteriori las mismas fueron saliendo y fueron alojadas en Centro. En su totalidad, salieron 42 internas quedando 24 internas en situación de amotinamiento en el fondo del Sector, en una posición totalmente radical e irracional, sumamente agresiva y expresaban que solamente cederían a cualquier tipo de negociación cuando fueran sacados del patio los compañeros del COMCAR.- Posteriormente, se ofrecieron dos internas como intermediarias, de las que habían sido sacadas de piso a dialogar, por lo que fueron llevadas al 3er. Piso. Se inició una nueva instancia de diálogo, no llegando a ningún tipo de acuerdo.- Las internas continuaron con los incendios, por lo cual los bomberos permanecían ubicados en la 3era. esclusa, apagando todos los focos que surgían.- En otro evento de diálogo se pudo establecer que habrían internas dentro de las 24 que se encontraban amotinadas, que querían salir y que 5 o 6 que estaban armadas con hierros y palos que esgrimían en forma amenazante no las dejaban salir, comenzando además a romper la pared de una de las rejas que da al frente exterior, incendiando maderas y colchones sobre las mismas, por lo cual se realizó una reunión de Comando, integrado por el Director Nacional, el Coordinador Ejecutivo, Jefe de Guardia Metropolitana, Comisionado Parlamentario, Director del Centro y Subdirectores del Centro, a los efectos de valorar la situación y diseñar una estrategia donde se determinó una última etapa de diálogo a cargo del Mayor Núñez de la Guardia Metropolitana, acompañado por el Director del Centro, Crio. Machado, no logrando ningún tipo de reacción favorable, ni para destrabar la situación, ni para sacar las internas que querían salir, ante esta situación se resolvió disponer el ingreso del Grupo Especial ante el riesgo de que las internas comenzaran a agredirse entre ellas, entre las que querían salir y las que no las dejaban, la inminente destrucción de los enganches

de las rejas, lo que dejaría expuesto al exterior del 3er. Piso, así como también las armas que esgrimían, por lo cual se resolvió retirar el personal de Bomberos y se dispone la estrategia a seguir por el Grupo Especial a la vez que se alerta y se forma un grupo de atención médica y se disponen los equipos de traslado.- Por parte del Sr. Director del Centro, se entera de la situación y que se procederá al ingreso por parte del Grupo de Guardia Metropolitana a la Jueza de 9º Turno, la cual dispuso que se le enterara al nuevo Juez de Turno por haber finalizado el suyo” porque eran las 9 y 5. “Se intentó comunicar con el Sr. Juez de 10º Turno, el cual tenía el celular apagado.- Se comunicó con el Sr. Juez de 4º Turno, por ser imposible la comunicación con 10º Turno, el cual manifestó que se siguiera insistiendo con 10º Turno, por no corresponderle tomar decisión por jurisdicción.- Finalmente se enteró al Juez, doctor Dembi, quien se encontraba subrogando al Dr. Vomero, de la situación y la entrada del Grupo, el mismo se dio por enterado”. Cabe señalar que cuando a un Juez se le comunica, lo que hace es decir: “Me doy por enterado”. Entonces, se entra. Otros Jueces dicen: “Me constituyo en el lugar” y se entra. La doctora Merialdo dijo que no se entrara y que se hablara con el Comisionado Parlamentario. Habrán visto que yo no leí lo del COMCAR; leí lo del CNR femenino. Ahora voy a leer lo del COMCAR. Leí lo relativo al CNR femenino porque de esto que se relata acá dio cuenta en todo momento la prensa. La prensa decía que se estaba aguardando la llegada del Comisionado Parlamentario por orden de la Jueza Merialdo. Esto fue dicho en la prensa; era la segunda vez que se decía, porque ya había sucedido en el COMCAR, solo que no había prensa que dijera que se estaba esperando al Comisionado Parlamentario. Continúo leyendo: “Acto seguido se procedió a ingresar al sector por parte de dos grupos especializados de la Guardia Metropolitana.- Como resultado de dicho operativo se logró la reducción inmediata de todas las internas, las conducciones de las mismas al servicio médico, quienes expidieron los certificados correspondientes, no habiendo ninguna interna con lesiones graves, constatándose algunas con erosiones y contusiones, al igual que 7 Policías”. Las internas fueron alojadas en distintos calabozos. “Una vez finalizado el motín, se intentó en reiteradas oportunidades comunicarle al Juez Letrado Dembi, de los resultados,

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no teniendo éxito. Se dejó la zona aislada, a los efectos de realizar el relevamiento fotográfico.- A la hora 7 y 45 del día de hoy ” -al día siguiente- “se enteró el Sr. Juez Dembi, de lo actuado y resultados, y que el Establecimiento realizaría Denuncia Penal, el mismo dispone: relevamiento de Policía Técnica y Bomberos”. Firma el Subdirector de Seguridad del Centro Nacional de Rehabilitación Femenino, Comisario Antonny Vallejo Méndez. Este es otro informe dirigido al señor Director de la Policía Nacional, Inspector Principal ® Julio Guarteche: Dice así: “Adjunto al presente remito a Usted informe enviado al suscrito por el Sr. Subdirector del CNR, Comisario Antonny Vallejo, en relación a los hechos ocurridos el día 29 de abril próximo pasado en el CNR, ocasión en que próximo a la hora 18: 40 usted consultara a quien firma si tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y si podía averiguar cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en el lugar, ya que amén de mi cargo de Director General de Inteligencia, usualmente se me consulta sobre el INR, tanto acerca de eventos que suceden como de opiniones técnicas por haber prestado servicio durante 6 años en el mismo y haber adquirido experiencia en la temática.- Realizada una indagatoria de urgencia, se determinó que estaba a cargo del procedimiento el Sr. Crio. Antonny Vallejo, a quien indagué acerca de la situación que se desarrollaba, motivos de dicho evento, resoluciones tomadas y medios logísticos y humanos con que contaba.- Se me explicó que era un motín que se desarrollaba en un Sector del 3er. Piso del CNR, lugar donde están alojadas las reclusas más peligrosas, motivadas por la situación de los reclusos del Complejo Carcelario Santiago Vázquez, constatándose la presencia de familiares en este Establecimiento de los reclusos que habían protagonizado el motín en COMCAR.- El Sr. Crio. Vallejo explicó que estaban extinguiendo varios focos ígneos y que tenían al Grupo de Choque del COMCAR y además un Grupo de la Guardia Metropolitana. Al ser indagados si había comenzado el uso de la fuerza debido al peligro de propagación del evento, expresó que la Dra. Merialdo, de Juzgado de Turno para otras dependencias, al ser enterada de los hechos había dispuesto que se utilizara la fuerza, que se esperara al Comisionado Parlamentario para negociar, a quien no se había podido ubicar, por tener ese teléfono celular apagado.- En ese momento, estando en comunicación telefónica con el Comisario sentí cuando lesionaban a una Policía, a la

vez que se me explicaba que había sufrido un corte superciliar producido por un objeto contundente, arrojado por parte de una reclusa.- Enterado usted, dispuso de inmediato que le comunicara al Sr. Comisario de marras que procediera a reprimir por orden suya, utilizando los medios logísticos y material con los que contaba para ello, orden que le fue trasmitida textual al Crio. Vallejo.- Durante las horas siguientes mantuvimos varias conversaciones con el Sr. Crio. Vallejo, expresándoseme, entre otras cosas, que había llegado al lugar el Sr. Comisionado Parlamentario y el Sr. Director del INR, Insp. General ® Caballero, y el Sr. Coordinador del Área Metropolitana, Insp. Ppal. Arismendi, quienes aparentemente intentaron dialogar con las reclusas, pero fueron insultados, no logrando que las reclusas depusieran su actitud.- Según expresó el Crio. Vallejo, enteró a su mando la orden que tenía del Sr. Director de la Policía Nacional de reprimir, pero estos ordenaron que esperara hasta consumar una nueva instancia de negociación la que, como se explicó resultó infructuosa”. Firma el Inspector Colman. También tengo en mi poder otros informes referidos al mismo hecho, que no voy a leer porque dicen lo mismo; reiteran que la doctora Merialdo no autorizó el ingreso. A continuación voy a leer un informe sobre el COMCAR, que va dirigido al señor Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Inspector Principal Luis Mendoza, un día después de que se cambiara al Director. Dice así: “Dando cumplimiento a su orden, cúmpleme informarle: que referente al motín en los Módulos IV y V del COMCAR. Que comenzara en horas de la noche el 24 de abril próximo pasado, el suscrito tomó conocimiento de los hechos próximo a las 23:30 de esa noche por parte del Jefe de Servicio del Establecimiento, Ofl. Ppal. Ariel Tejeira, y se hizo presente en el lugar próximo a las 00:30 del día 25 de abril, una vez tomado conocimiento de los hechos y evaluada la situación, procedió a llamar telefónicamente a la Dra. Gabriela Merialdo, Jueza en lo Penal de 9° Turno, poniéndole al tanto de lo que estaba ocurriendo, informándole que entraría a ambos Módulos para retomar el control, ya que si bien en el IV el personal se había replegado, se había cerrado el mismo y los reclusos estaban contenidos dentro, en tanto en el Módulo V se mantenía posición en el Sector A (frente), manteniendo contenidos a los reclusos del Sector B (fondo), a lo que la Letrada manifestó que

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no ingresara, que se cumpliera con el protocolo. Por otra parte, desde el momento en que comienzan los incidentes, el Jefe de Servicio comenzó a aplicarlo, no habiendo una instancia de diálogo con los exaltados, y una vez presente el suscrito, no pudo acercarse a los Módulos debido a la hostilidad de los internos quienes mantenían una intensa agresión a la policía”, tirándole “escombros, piedras y todo tipo de materiales sólidos. Se le insistió a (…) para entrar y retomar los módulos, porque el temor era que los 1.200 internos podrían salir de éstos, y armados con cortes carcelarios y lanzas, y muy probablemente con armas de fuego, se pasaría a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la fuerza policial, que aproximadamente eran entre 60 y 70 efectivos con los refuerzos de la Guardia Republicana, de ser así, se replegaría el personal de los Módulos I y II, controlados totalmente, pero esos internos también se sumarían, al estar sin custodia, y sería una población de más de 2.300 internos, y por tanto, se perdería el control de toda la cárcel, ya que el personal debería de abandonar los otros Módulos y retirarse del Complejo, insistió la Jueza que no se ingresara a los Módulos y que se buscara la manera de negociar, que citara al Sr. Comisionado Parlamentario para que negociara, cosa que no era posible porque personalmente se lo llamó y tenía el celular apagado, ante la negativa de la Letrada, el suscrito la invitó al lugar, a lo que consideró que no; por lo que se cambió la táctica, replegó el Personal del Módulo V, se cerró el mismo, en comunicación con la Guardia Militar se alertó el abandono de ambos Módulos y que mantuviera posición en los fondos de éstos, en tanto con los efectivos policiales se hizo un perímetro en el frente y laterales de ambos Módulos y se mantuvo a los reclusos en éstos, utilizando munición de cartucho no letal y gas lacrimógeno, siendo permanentemente hostigada la fuerza con objetos contundentes y disparos de armas de fuego, hasta que próximo a las 03:30 cesó el enfrentamiento y minutos más tarde comenzaron las negociaciones a través de radios policiales que en ambos Módulos los internos se habían apoderado”. Firma el Director del COMCAR en ese momento -hoy es el Director de Seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación-, Mayor Orestes Leles Da Silva. Cabe aclarar que un Juez o una Jueza no tiene potestad para dar órdenes a la Policía, pero se sabía que iban a entrar sesenta o setenta policías a enfrentarse con doscientos reclusos que suponían -y suponían muy correctamente porque después se comprobó-

que estaban armados con armas de fuego, que podía producirse alguna muerte y que quien iba a juzgar a quien estaba al mando de la Fuerza era la Jueza que dijo que no se ingresara, y lo dijo tres veces. Entonces, más allá de si tiene la potestad de dar órdenes o no dar órdenes, tiene otro poder que lleva a que se cumpla con lo que había recomendado. ¿Se puede decir que fue falso lo que se dijo a la Cámara? Fue equivocado porque, por lo menos, hay otra opinión, que no es la mía. Cuando digo algo a la prensa de lo que no fui partícipe, se supone que pedí información. Entonces, no es a mí a quien se le dice que dijo algo falso, sino a toda la cadena de mandos que me hizo llegar ese informe. Precisamente, leí antes el informe del CNR Femenino porque ahí, permanentemente, se dijo que no se había intervenido porque, por orden de la Jueza Merialdo, se estaba esperando al señor Comisionado Parlamentario. Entonces, es un problema de la Justicia determinar cuál de las dos versiones que tiene es la correcta; es un problema de la Justicia porque por supuesto que los que intervinieron en estos hechos elevaron al Juez de turno esto que acabo de leer, así como yo elevé a la Suprema Corte de Justicia todos los informes que tengo en mi poder. Por tanto, evidentemente, la Justicia tendrá que ver, porque tiene dos visiones distintas. Permítanme que mientras sea el Ministro del Interior tome como válidos todos los informes que me hacen, funcionalmente hablando. Por lo tanto, esta es nuestra versión; la Justicia y los señores legisladores tendrán que ver. Estos informes nos los mandaron el 2 de mayo de 2012 e inmediatamente los enviamos a la Suprema Corte de Justicia. De esta manera, rechazamos cualquier reproche relacionado con los tiempos empleados por las autoridades para responder a la situación de motín tanto en COMCAR como en la Cárcel de Mujeres, siendo que se argumenta que una intervención más rápida hubiera impedido la destrucción de los módulos, sobre los que no se modifican los costos previamente estimados para su refacción. Cabe agregar que no hubo muertos. En tres motines no hubo muertos. Y en la relatoría de motines anteriores, en todos se salió con varios muertos. Acá no los hubo. Créaseme que no hubo muertos porque las autoridades del lugar, los Directores, tienen autoridad. Lo que hoy se describía respecto a la bronca, a la impotencia y a las ganas de revancha que genera

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una situación como la que se dio en el Penal de Libertad, también se produjo esta vez. Y si no hubo otras consecuencias ese día y en los posteriores fue porque los Directores del COMCAR y del Penal de Libertad tienen autoridad y mando. Luego de controlar esta situación y constatar la realidad, nos pusimos a trabajar en diferentes dimensiones, y una de ellas fue, precisamente, qué hacer con los módulos 4 y 5, que fueron totalmente destruidos en el motín. En ese sentido, hicimos un llamado de precios con carácter de urgencia, al cual se presentaron seis empresas que proponían la reconstrucción y refacción con la misma técnica constructiva, ya que la estructura no soportaba que se le agregara hormigón. En ese mismo procedimiento, una empresa presentó una nota en la cual manifestaba que, por los plazos que se manejaban, no iba a cotizar reconstrucción y refacción, y sí la construcción de un nuevo establecimiento de hormigón armado. La primera definición que se tomó fue que no se podía cometer el error del pasado y hacer una cárcel de bloques, donde no existen garantías de seguridad alguna. Con esa definición y con la urgencia y emergencia a la vista, se decidió contratar la construcción de un módulo nuevo, con capacidad para 1.016 personas, que se compone de cuatro módulos independientes, con capacidad para 250 reclusos. Esa contratación se hará amparada en el artículo 33 del TOCAF, referencia 19, y, por recomendación del señor Presidente de la República, comunicamos a los partidos políticos de la oposición y con representación parlamentaria lo resuelto con respecto a este asunto. El costo es de $ 255:000.000, unos US$ 13:000.000, con un plazo de siete meses. Esa fue la opción que tomamos para enfrentar esta crisis. Como bien se dijo en la primera intervención, estamos avanzando en la refacción del módulo 3, habiéndolo vaciado. Cuando se arreglara ese módulo, se iba a refaccionar el 4, pasando la gente del módulo 4 al 3, y cuando se arreglara el módulo 4, se iba a pasar la gente del módulo 5 al 4. Eso tiene un costo. Además, teníamos la voluntad, acordada en el Gobierno, de construir un celdario en el COMCAR, pero fuera del perímetro actual, para mil presos, cuyo costo era de US$ 22:000.000. Con esta solución que vamos a emprender, nos quedamos dentro del costo de los US$ 22:000.000, sin gastar lo que íbamos a desembolsar en la reparación de los módulos 4 y 5. Además, tenemos la oportunidad de construir otro

celdario para mil reclusos. Es decir que tenemos la posibilidad de contar con dos celdarios para 2.032 personas, con menos del costo previsto. En este momento, se está trabajando en los detalles finales de la memoria ejecutiva, en la redacción del contrato respectivo y pensamos iniciar la construcción del nuevo módulo el 1º de julio, si podemos cumplir con la habilitación de créditos correspondiente, fundados en la causal de imprevistos establecidos por el TOCAF, que tiene un trámite un poco más engorroso ante el Tribunal de Cuentas. Como ya mencionamos en nuestro análisis comparativo de la historia de los motines en el país, las diferencias significativas respecto al trato de las personas desalojadas de los módulos 4 y 5, y reubicadas en el módulo 8, radican en la inmediata atención médica; la inmediata clasificación y distribución de personas, que permitió disminuir el número de 1.200 a 378; la inmediata asistencia en alimentación e implementos para el frío -frazadas, camas, lonas y carpas-; el acceso a agua potable ilimitada y servicios higiénicos, así como la rápida disposición del techado de los patios como medida transitoria y de protección. Voy a dejar los motines, para pasar a hablar de la reforma penitenciaria que hemos iniciado y de sus principales líneas, que voy a enumerar. Garantizar la dignidad en el trato del Estado a las personas con limitaciones dispuestas por los Jueces competentes, a su libertad ambulatoria, cumpliendo el rol precautorio del mantenimiento de la detención, pero sin desmedro de los restantes derechos como persona Eliminar el hacinamiento carcelario, adoptando las decisiones necesarias de naturaleza financiera y técnica destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Clasificar a todas las personas privadas de libertad e individualizar y proporcionar un tratamiento integral, salud general, salud mental, educación, trabajo, deporte, cultura, recreación. Reducir los niveles de violencia y conflictividad resultantes del hacinamiento, la falta de clasificación y de tratamiento. Brindar contención, apoyo y guía al liberado en su retorno a la sociedad.

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Atender de manera particular las necesidades de las mujeres privadas de libertad y la de los hijos que con ellas conviven, así como promover la atención transversalizada de las víctimas secundarias del delito. Combatir la corrupción, el tráfico de influencias y establecer controles adecuados a tales fines. Este es uno de los elementos multicausales de los motines que se han realizado, y hay que desatacarlo. Brindar capacitación y seguridad laboral a los operadores penitenciarios. Unificar el modelo institucional, colocando bajo una autoridad única los centros para privados de libertad. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) -Implementar un nuevo sistema de gestión penitenciaria en base a la normativa de derechos humanos. Sustituir la administración policial del sistema penitenciario por una administración civil de alta especialización. Fortalecer los mecanismos que brindan contención, apoyo y guía al liberado en su retorno a la sociedad. Permítaseme otra digresión: sustituir la administración policial del sistema penitenciario por una administración civil de alta especialización. La digresión viene porque el otro día escuché declaraciones de prensa que decían que por fin nos dimos cuenta de que había que sacar los establecimientos carcelarios de la Policía. ¡Por fin! Este es uno de los puntos básicos de los acuerdos de la Comisión Multipartidaria de Seguridad, ¡y se establece hasta el camino! Y cuando empezamos a conversar con el Comisionado Parlamentario, antes de asumir, hablábamos de esto. También hablamos después de asumir y lo informamos en las Comisiones parlamentarias. Elaboramos un proyecto de ley, que se encuentra en este Parlamento, que establece los caminos para sacar las cárceles de la Policía y luego quitarlas del Ministerio del Interior. Y nos venimos a enterar, alegremente, mirando un informativo, que recién nos dimos cuenta ahora, después de los motines, de que hay que sacar las cárceles de la órbita de la Policía. Realmente, a veces uno no sabe para qué habla. Lo hace para aquellos que tienen la voluntad por lo menos de interpretar correctamente lo que decimos. Ya no me refiero a la ca-

pacidad de entender lo que uno dice, sino a la voluntad de entenderlo. ¡Mire que es difícil así! Es difícil elaborar una explicación. (Interrupción del señor Representante Gloodtdofsky) ——Sí; más o menos. En la historia del sistema penitenciario del Uruguay se puede identificar claramente un punto de fractura que marca el inicio de un progresivo y constante deterioro del sistema, que se mantendrá durante más de cuatro décadas. En 1971, la entonces Dirección General de Institutos Penales -hasta ese momento, bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura-, por Decreto Presidencial N° 27/971, pasa a depender del Ministerio del Interior. En 1974, por Decreto N° 574/974, también es derivada a esta Secretaría de Estado la competencia en el régimen y contralor del tratamiento y rehabilitación de prevenidos y penados en todo el territorio nacional, en correspondencia con el gobierno militar instalado. Obviamente que esta resolución de 1971 se debe a la situación política de la época, pero todo lo que vino después -sobre todo, luego de 1985- se produce en otra situación política, donde eran otros presos los que estaban en el Penal de Punta Carretas y era otro trato el que había que dar. La progresiva prevalencia de los criterios de seguridad propios de un Estado militarizado fueron ganando terreno y sustituyendo los criterios de organización centrados en la rehabilitación y las reglas mínimas de las Naciones Unidas. En 1985, con el retorno a la vida democrática, la destrucción del sistema penitenciario era evidente y las primeras medidas del Gobierno electo precipitaron una situación aún más caótica: el cierre de los dos principales establecimientos carcelarios de la capital que otrora permitieron la separación entre penados y procesados. En 1986, el traslado -con costo de vidas, como ya hemos mencionado- del establecimiento para penados de Punta Carretas al establecimiento de Libertad -este último desmantelado luego de la liberación de los presos políticos- agudizó situaciones de violación de derechos humanos. La apertura del establecimiento del COMPEN -Complejo Penitenciario-, luego COMCAR, permitió vislumbrar una etapa de recons-

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trucción del sistema que no prosperó. La permanencia de las cárceles bajo la administración policial, la escalada delictiva, la pérdida de beneficios -ganados en un gobierno de facto- del personal policial destacado en las cárceles, la fuga de personal técnico no dispuesto a trabajar en un organismo donde la seguridad mantenía el control y sin una política en materia penitenciaria, sumado a la falta de inversiones en el mantenimiento de una estructura edilicia de alto costo y al aumento de la corrupción administrativa, dio paso a un acelerado deterioro en todos los niveles del sistema. El incremento sostenido y progresivo de la población carcelaria se produjo a partir de 1995. Asociado a la Ley de Seguridad Ciudadana -que creara nuevas figuras delictivas, circunstancias agravantes y un importante incremento en la pena en el caso de delitos como el hurto y la rapiña-, se observó la tendencia al aumento de los procesamientos y la restricción del otorgamiento de las libertades anticipadas, todo lo cual contribuyó al incremento del hacinamiento sin una contrapartida en el aumento de las plazas. A la compleja situación del sistema se suma la particularidad de contar con una cárcel por cada uno de los dieciocho departamentos del interior del país, administradas por la Jefatura de Policía respectiva, generando, entonces, dieciocho formas diferentes de concebir la reclusión y dando lugar, de hecho, a un rasgo de inequidad en la respuesta punitiva. ¿Cómo no se iba a encontrar falta de protocolos comunes si había dieciocho cárceles diferentes y los protocolos dependían del Jefe de Policía de cada departamento? Ahora estamos estableciendo un protocolo único, y aunque hay cárceles que siguen dependiendo del Jefe de Policía de cada departamento, la política carcelaria es dictada por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Este es un proceso, no es sencillo, pero vamos por ese camino. Como precedentes de la ideología sociopolítica y cultural fundante de la tradición democrática del Uruguay, basada en el respeto de los derechos humanos, se consignan el artículo 26 de la Constitución de la República y la Ley N° 14.470, en clara consonancia con los postulados de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Es por ello que hoy podemos dar cuenta del proceso de reconstrucción del sistema penitenciario, en el que se avanza, donde es posible reconocer cambios significa-

tivos -estos fueron reconocidos en el informe anterioren varias áreas y el germen potenciador de continuas y sostenidas transformaciones. El proceso de reforma iniciado tiene la virtud de visibilizar las condiciones del sistema penitenciario, brindar una gestión transparente y operativizar una búsqueda de respuestas transversales desde el Estado y la sociedad civil. Somos conscientes de la vulnerabilidad que afecta a 9.380, o 9.450, conciudadanos privados de libertad y a sus familias, y de la necesidad de trabajar por su retorno saludable a la sociedad. En este sentido es que venimos trabajando. Se dijo, al principio, que esto tenía que ver con la seguridad. ¡Claro que tiene que ver con la seguridad! Si no logramos bajar los índices de reincidencia al salir de las cárceles, estamos afectando la seguridad. Por eso es imprescindible llevar a cabo las políticas de rehabilitación. En el proceso de cambio se reconocen dos momentos. El primero, la creación de la figura del Comisionado Parlamentario dada en la Ley N° 17.684, de agosto de 2003, como un órgano de promoción y protección de los derechos de la persona privada de libertad. El segundo, la declaración de estado de emergencia humanitaria en todos los establecimientos carcelarios del país, realizada el 1° de marzo de 2005 por el Gobierno del Frente Amplio y consignada en el discurso de asunción del señor Presidente de la República de la época, doctor Tabaré Vázquez. Las medidas adoptadas que se destacan de ese Período son las siguientes. La aprobación de la Ley N° 17.897, de setiembre de 2005, que contiene normas de humanización y modernización del sistema penitenciario, mediante un proceso participativo de consulta a todos los operadores del sistema penal penitenciario. La implementación de esta ley implicó la reglamentación de la redención de pena por trabajo y estudio, contenido en el artículo 13. La redención de pena es un instrumento jurídico que permite a todas las personas privadas de libertad, procesadas o penadas, reducir la condena impuesta o a recaer. Se redime un día de condena por cada dos jornadas de seis horas de estudio o por cada dos jornadas de trabajo de ocho horas. La misma incluye la posibilidad de presentar proyectos para realizar actividades de naturaleza productiva o de mantenimiento, capacitación laboral y educación.

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Asimismo, implicó la reglamentación del artículo 14 de la Ley N° 17.897, referente a la inserción laboral de los liberados. De esta manera se incluye una disposición a través de la cual es obligatorio que en las licitaciones de obra y servicios públicos las empresas adjudicatarias contraten a personas liberadas registradas en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Esos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al grupo de actividad al que pertenezca la empresa contratada. En cuanto al régimen excepcional de excarcelaciones provisionales o anticipadas, sus beneficiarios fueron los procesados y penados que estuvieran recluidos al 1° de marzo de 2005, que no fuesen responsables de delitos graves tales como homicidio, lesiones gravísimas, rapiña agravada, copamiento, extorsión, corrupción, proxenetismo, drogas y delitos económicos y, a la vez, que llevasen un tiempo mínimo de prisión preventiva o pena. Si la pena era mayor a tres años, la persona privada de libertad debía haber cumplido las dos terceras partes de la misma; si era menor a tres años, debía haber cumplido la mitad. En el caso de los procesados sin acusación fiscal, se tomó en cuenta la pena máxima prevista por el tipo penal. En caso de existir acusación fiscal, se consideró la pena solicitada. Los Jueces dispusieron de un plazo de sesenta días para otorgar las libertades. Se liberaron 827 personas, de las cuales reincidieron 151 en estos cinco años. Las personas liberadas debieron permanecer sujetas a un régimen de atención y vigilancia por parte del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Las personas que incumplieron las medidas impuestas o cometieron un nuevo delito perdieron en forma inmediata el beneficio otorgado por la ley y fueron restituidas a prisión. La ley, en su artículo 9°, previó un régimen de prisión domiciliaria, facultando el Juez Penal a otorgarlo a personas privadas de libertad portadores de enfermedades graves como cáncer, VIH SIDA, enfermedades mentales, a mujeres en su último trimestre de embarazo y primer trimestre de lactancia y a personas mayores de setenta años, salvo que hubieran cometido delito de homicidio, violación o de lesa humanidad. Se modificó el régimen de libertad anticipada, estableciéndose la preceptividad de la libertad a

las dos terceras partes de la pena impuesta. La Suprema Corte de Justicia solo podrá negarla por resolución fundada en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos. Los artículos 21 y 22 refieren a la creación de la Comisión para la reforma del Código Penal y de la Comisión para la reforma del Código del Proceso Penal. La primera tiene el fin de hacer del derecho penal la última ratio y legislar frente a las nuevas modalidades de la delincuencia organizada y transnacional. La segunda tiene el fin de consagrar un proceso acusatorio y garantista. Se aprobó el reglamento de las Mesas Representativas de Personas Privadas de Libertad, habilitando elecciones de delegados de sectores o módulos en los distintos establecimientos. Se crearon 500 puestos de trabajo por la ley de Rendición de Cuentas, habilitando el ingreso de personal ejecutivo, técnico, administrativo y de servicio. En el área de la capacitación de personal penitenciario, se inició el camino de incluir en su currícula la capacitación de derechos humanos a través de diversas instancias de formación. A nivel de salud, el paso más significativo ha sido el convenio con ASSE, Ministerio de Salud Pública, para la atención de las personas recluidas en el COMCAR, iniciándose así el camino para la progresiva incorporación de todos los establecimientos carcelarios del país. Se abrió la guardería “Pájaros pintados”, en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para los hijos de las mujeres privadas de libertad y de las funcionarias penitenciarias. Se abrió la primera casa de medio camino para mujeres -en etapa de máxima confianza- que se encuentran próximas a la liberación, con salidas domiciliarias y laborales autorizadas por el sistema de Justicia. Se realizó un contrato con el Ministerio de Defensa Nacional para la reclusión de militares y policías procesados por delitos de lesa humanidad en la unidad ubicada en la calle Domingo Arena. Se constituyó un grupo de trabajo denominado “Mesa de Mujeres Privadas de Libertad” de carácter interinstitucional, abierto y multisectorial, con el fin de promover un apoyo transversal a la situación de las

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mujeres privadas de libertad y sus hijos como impulso a las reformas que requieren las particularidades de la misma. Se encaminaron proyectos de infraestructura penitenciaria, dando comienzo a obras de ampliación en los establecimientos de COMCAR, Libertad, cárcel Las Rosas de Maldonado, La Tablada, y el Centro N° 2, y de construcción para un nuevo complejo carcelario en el departamento de Rivera, en la frontera con Brasil, y el hogar materno infantil El Molino. El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados se fortaleció con la Ley N° 18.489, permitiendo el otorgamiento de becas de trabajo y asumiendo los costos de los convenios por concepto de aportes patronales al Banco de Previsión Social con recursos transferidos por la Ley N° 18.362. Por otra parte, Uruguay ha ratificado los principales instrumentos internacionales del sistema universal de los derechos humanos, entre ellos la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y el Protocolo Facultativo adicional a dicha Convención. Este último instrumento fue aprobado mediante la Ley N° 17.914, de octubre de 2005. Hay otros reglamentos regulatorios del sistema penitenciario aprobados en dicho Período. El Ministerio del Interior, en la resolución de 14 de marzo de 2007, aprueba el régimen de disciplina y convivencia para las personas privadas de libertad. En la resolución del 13 de junio de 2007 se aprueba el Manual Básico Informativo para personas privadas de libertad, el cual hoy está siendo revisado y mejorado por una Comisión para su pronta distribución entre ellas. En la resolución del 27 de octubre de 2009 se aprueba con carácter provisorio el Instructivo Nacional para el uso de teléfonos celulares o tecnología de similar naturaleza en establecimientos carcelarios. En la resolución 119/8, de la entonces Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, se aprueban los siguientes reglamentos: inspecciones y requisas, uso de medios coercitivos en el ámbito penitenciario, régimen de visitas. Pasamos ahora a dar algunos datos estadísticos. La población privada de libertad al 30 de abril era de alrededor de 9.450 presos y presas; aproximada-

mente, 3.342 penados, 6.108 procesados, 3.878 primarios, 5.572 reincidentes; 637 mujeres, 8.813 hombres. Hacemos saber que a la fecha este número está disminuyendo en razón del proceso de visita anual de cárceles de la Suprema Corte de Justicia, por eso hemos manejado dos cifras: 9.450 y 9.380. De acuerdo al registro del Instituto Técnico Forense, la reincidencia en el primer cuatrimestre de 2012, se sitúa en el 53,3%. Al iniciar el presente período nos encontramos ante un sistema penitenciario que ha sido hiperdiagnosticado, característica muy propia de situaciones complejas, y así lo reflejan los estudios que nos anteceden, tales como el análisis de la realidad carcelaria y recomendaciones para superar sus problemas, producidos por el grupo tripartito de trabajo para el mejoramiento del sistema carcelario en 2002; por el informe de Médicos del Mundo en 2003; por el informe sobre las iniciativas para la reforma integral del sistema penitenciario y la política criminal en el Uruguay emergente de la red de humanización, incluyendo una respuesta por el abuso de drogas y el VIH SIDA en las cárceles, correspondiente al informe de emisión de ONUDD de 2007; por el informe del relator de Naciones Unidas para la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanas y degradantes, y por los informes del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, entre otros. El entonces Presidente electo, don José Mujica, ratificó el compromiso de bregar por soluciones profundas y definitivas para el sistema penitenciario. Desde entonces, se ha puesto énfasis en el trabajo, la educación, el deporte, la cultura y la recreación como los ejes de la reforma penitenciaria en curso, del que daremos cuenta un poco más adelante. Insistimos: el objetivo de la presente Administración está centrado en dignificar las condiciones de reclusión en sintonía con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sin dilación. En veintisiete meses de Gobierno se destacan las siguientes acciones. En primer lugar, un documento de consenso partidario. Destacamos como una de sus líneas prioritarias de atención la situación de seguridad en general y, en particular, las condiciones del sistema penitenciario, en el entendido de que las mismas aún siguen siendo inadecuadas a la condición humana y que el sistema penitenciario debe ser tenido en cuenta de-

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ntro de una estrategia de seguridad como prevención terciaria en el delito. En función de esta prioridad, el Gobierno consideró imperioso realizar un consenso nacional sobre los temas referidos a la seguridad pública. A tales efectos, representantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente constituyeron un ámbito de análisis de las facetas de los temas de seguridad y concordaron en los mejores mecanismos y herramientas para ejecutar los cambios necesarios. El documento refleja un gran esfuerzo colectivo y en él se consolidan importantes logros desde la perspectiva de derechos humanos, siendo la construcción del propio documento el resultado de un proceso democrático y participativo. El documento de consenso ha establecido como una de las estrategias necesarias para el mejoramiento de la seguridad pública y de la situación carcelaria, la inversión del Estado en esta materia. Por ello, uno de los compromisos asumidos en agosto de 2010 y ya consolidado con el Presupuesto Quinquenal, aprobado en diciembre de 2010, fue el aumento de los recursos presupuestales del Ministerio del Interior para que pueda duplicar el presupuesto actual. Bajo esta concepción y teniendo en cuenta las claras debilidades del Estado uruguayo en esta materia, se aprobó la Ley Nº 18.667, de mayo de 2010, destinada a la reducción del hacinamiento. La citada ley, conocida como Ley de Emergencia Carcelaria, transfirió una ingente cantidad de recursos financieros del Estado para el mejoramiento de las condiciones de vida en las cárceles, la culminación de obras pendientes y otros. En la distribución de esos recursos tienen prioridad el aumento de las remuneraciones del personal, la construcción de establecimientos carcelarios, la optimización de los recursos humanos mediante la puesta en práctica del programa de capacitación de largo aliento, el mejoramiento de la calidad de vida del personal policial, atendiendo especialmente a temas como la vivienda, salud, recreación, mejoramiento de la infraestructura edilicia, tecnológica y del equipamiento. En lo referente a la utilización de los fondos otorgados por la Ley de Emergencia Carcelaria, enseguida que asumimos nuestra gestión, debimos atender situaciones de emergencia tales como la instalación eléctrica, a nuevo, de ocho centros carcelarios del interior: Rocha, Lavalleja, Durazno, Maldonado, Canelones, Soriano, Cerro Largo y Colonia. Estos estableci-

mientos tenían una condición muy precaria en ese sentido, con el riesgo que ello conlleva. Además, se adquirieron implementos para el invierno en consonancia con la disposición del retiro de las ranchadas. También se adquirieron elementos de protección y combate contra incendios. Se concretó la ampliación de la cárcel de Las Rosas con la construcción de una cárcel en espejo. Asimismo, se concretó la ampliación de la cárcel de Punta de Rieles; se concretó la ampliación de la cárcel de Rivera, agregando un cuarto piso, ya que este establecimiento estaba diseñado en principio para 312 personas privadas de libertad, quedando finalmente con una capacidad para 422 reclusos. Se acondicionaron 450 plazas en el ex CNR, hoy Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino, lo que implicó una remodelación general y se mejoraron las condiciones de seguridad interna. Por la Ley Nº 18.717 se faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2012 para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral y revisoría en los establecimientos carcelarios a definir. En ese sentido se realizaron obras para la instalación de los perímetros militares en las cárceles de Rivera, Maldonado, Punta de Rieles y Centro Metropolitano Femenino. Más que señalar lo que hicimos con los fondos previstos en la ley de emergencia carcelaria, debemos decir que en el año 2009 el Estado uruguayo invirtió $ 192:278.000, en el año 2010, $ 590:521.000 y en el año 2011, $ 286:803.000. Asimismo, tenemos un plan de inversiones en obras para 2012 que asciende a $ 517:000.000. Se conforma con la construcción de un nuevo celdario intramuros para ciento veinte plazas nuevas; la construcción de un celdario intramuros en Rocha a los efectos de dar una solución definitiva a la chacra; una nueva cárcel departamental en Soriano para ciento ochenta plazas con un celdario intramuros, pabellón de mujeres y celdario extramuros; construcción de un pabellón para mujeres privadas de libertad en el departamento de Tacuarembó; culminación de obras de saneamiento y tejido en la cárcel de Canelones y construcción de nueva revisoría. En el COMCAR se prevé la construcción de un celdario para mil internos, mantenimiento y construcción de un tercer cerco perimetral, salón de visitas -es un penal que se construyó con bloques y sin salón de visitas; las visitas eran en los módulos y eso era difícil; no lo construimos nosotros-, reforma de alojamientos y áreas

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administrativas de la guardia policial, construcción de nueva revisoría, reparación de saneamiento externo y de la laguna de oxidación e instalación de teléfonos públicos en celdarios. Por supuesto, esto va de la mano con la anulación de los teléfonos celulares, así como la revisoría está relacionada con la instalación de cuatro tipos de escáner: los tres que hay en cualquier aeropuerto -de bulto, de arco y de paleta- y uno que detecta cualquier cosa en el cuerpo humano, metal, productos químicos, drogas o lo que sea. En principio, eso se va a instalar en dos o tres cárceles. En el establecimiento de Libertad se prevé la refacción de la instalación eléctrica y la construcción de una subestación civil, la construcción de un tercer cerco perimetral, obras de adecuación de alojamiento de personal penitenciario, adecuación de salones de visita y construcción de una nueva revisoría policial. Esto es parte de la planificación en inversiones para lo que resta del año 2012. En cuanto al retiro de las cárceles de la administración policial, podemos decir que por primera vez en cuarenta y cinco años se establece un plan de este tipo con el objetivo, en su etapa final, de concretar un sistema desconcentrado que definitivamente independice al sistema penitenciario. Para ello se habilitó el Escalafón “S”, creado por el artículo 48 de la Ley N° 15.851, del 14 de diciembre de 1986, generándose mil quinientos cargos civiles cuyo ingreso se encuentra en desarrollo. El citado escalafón tiene funciones claramente establecidas por un decreto aprobado en febrero del presente año, donde se definen los roles a ser cumplidos en el ámbito penitenciario, tanto por el personal policial de seguridad como por el personal penitenciario. Los cargos referidos han sido provistos por estricto concurso de oposición y méritos y los seleccionados deben aprobar el sistema de capacitación previsto como requisito previo a su acceso definitivo al cargo. Los operadores “S”, luego del correspondiente período de selección y capacitación, se encuentran trabajando hoy en los establecimientos femeninos: en Punta de Rieles, 186; en El Molino, 5; en el Módulo 9, 10, y en el CNR -de varones, que está en Cabildo- 10, en la OSLA -Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida-, 2, y en el Centro N° 2, 1. Se trata de un total de trescientos cuarenta y cuatro funcionarios grados I, III y V que conforman el primer grupo de ingreso, de acuerdo con lo previsto en la ley de emergencia.

En el primer llamado se presentaron e ingresaron trescientas ochenta personas, de las cuales doce no se presentaron, nueve renunciaron, tres abandonaron el curso y doce se encuentran en trámite de baja. Quiero aclarar que también el ingreso de funcionarios civiles tiene un proceso. Los primeros ingresaron con una formación para cárceles de muy baja seguridad y los que están ingresando ahora van a tener una formación más estricta y adecuada a la seguridad. Inclusive, el proceso de formación será diferente porque combinará claramente la teoría con el trabajo práctico en los establecimientos. En el departamento de Rivera están ingresando en este momento un total de 99 funcionarios: grado I, 77; grado III, 20, y grado V, 2. Al día de hoy se está concretando el llamado para doscientos noventa nuevos ingresos; doscientos cincuenta para el Escalafón I y cuarenta para el III. A través de su agencia en Uruguay, la cooperación española ha prestado un valioso apoyo en la asistencia técnica demandada por el Estado uruguayo en procura de los mejores modelos de capacitación a ser impartida a los nuevos operadores penitenciarios, tanto en el diseño curricular de los primeros operadores a ser desplegados en el terreno a partir de julio del presente año como en los programas y modalidades desarrollar en el mediano y largo plazo en la capacitación penitenciaria permanente. El programa de capacitación para el ingreso de los mil quinientos funcionarios en el escalafón civil, cuya duración es de noventa días, ha sido denominado Programa de Inducción Teórico Práctico y cuenta con la supervisión y monitoreo de la Escuela de Servicio Penitenciario Federal Argentina en el marco del convenio con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, e incluido en los proyectos de intercambio sur-sur. Es en el marco del mismo convenio que el Ministerio del Interior proyecta la definición de una currícula de formación para la refundación de la Escuela Penitenciaria. Del 14 al 16 de noviembre se contó con la visita del doctor Alejandro Marambio, ex Director del Servicio Federal Penitenciario Argentino, quien mantuvo las primeras reuniones con el comando del Instituto Nacional de Rehabilitación, con la Asesoría del Ministro y el Director del Centro de Formación Penitenciaria Nacional y con el objetivo de realizar una puesta a punto del primer curso de operadores penitenciarios y dialogar sobre las primeras lí-

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neas de intervención para el diseño de capacitación conjunta para funcionarios de Escalafones “L” y “S”; “L” es el escalafón policial y “S” el civil. En esta oportunidad también se recibió la devolución del doctor Marambio en relación con el análisis que realizara del proyecto “Manual de Gestión Penitenciario Nacional”, actualmente a estudio. Estas instancias se continuaron generando y se sigue trabajando en la mejora y enriquecimiento de la currícula de los operadores pertenecientes al Escalafón “S”. En cuanto al combate al hacinamiento, una de las primeras acciones emprendidas por el Ministerio del Interior, y respaldada por la Presidencia de la República, fue el traslado de las mujeres privadas de libertad alojadas en el Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres, en Cabildo. En una primera etapa se cerró un sector que alojaba cien mujeres y tenía riesgo de derrumbe, según informe emitido por el Departamento de Bomberos de Montevideo en 2009. El cierre del sector determinó un realojamiento de las mujeres dentro del establecimiento y la mudanza, de acuerdo con criterios de clasificación, de cien mujeres al Centro Nacional de Rehabilitación, que actualmente alberga la totalidad de mujeres privadas de libertad de la capital y departamentos circundantes, con el fin de garantizar condiciones de dignidad y posibilidad efectiva de programas de reinserción social. En primera instancia, se estudia la posibilidad, una vez refaccionado, de convertir este establecimiento en la primera casa de medio camino para hombres privados de libertad que estén próximos al vencimiento de condena, con salidas transitorias y laborales autorizadas por el señor Juez. El establecimiento disponía de un sector para mujeres privadas de libertad que vivían con sus hijos, por lo que se aceleraron las obras del establecimiento El Molino para inaugurarlo y se trasladaron allí todos los niños con sus madres. Debemos señalar que el establecimiento El Molino fue diseñado pensando en la situación de los niños. A la fecha son 30 mujeres y 30 niños, que reciben atención médico pediátrica, psicológica, de psicomotricidad y se encuentran alojados en habitaciones amplias, luminosas y con baño propio, con sectores de recreo y una infraestructura que minimiza los factores negativos del encierro. A su vez, la alimentación es determinada por un especialista en nutrición.

El Molino se encuentra enclavado en un barrio de la capital, disponiendo de buena locomoción y acceso a centros de salud cercanos. Los niños mantienen asistencia a la guardería Pájaros Pintados, en convenio con el INAU. En el departamento de Canelones, la situación de mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos también revestía gravedad, por lo que en primera instancia fueron inmediatamente redistribuidas en El Molino y en el establecimiento rural de Campanero, en Minas, departamento de Lavalleja, previo consentimiento. Por otra parte, se bajó el hacinamiento trasladando 26 mujeres al Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino, ex CNR. Se dispuso, por Orden de Servicio 1/2012, el cese de nuevos ingresos de mujeres privadas de libertad al establecimiento de Canelones, debiéndose realizar estos en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación. Con estas medidas se mejoran las condiciones en que son alojadas las mujeres privadas de libertad en ese departamento, dado que a las condiciones de hacinamiento se sumaba el importante deterioro edilicio de la cárcel departamental. En el departamento de Rivera se inauguró un nuevo establecimiento penitenciario, con 422 plazas, pudiéndose evacuar en su totalidad a los hombres privados de libertad que se alojaban en las instalaciones de la Jefatura de Policía en condiciones deplorables. De esta manera, el Ministerio del Interior, en sintonía con el plan de retiro gradual de las cárceles de la administración policial ya señalado, efectiviza su avance, retirando las cárceles de los edificios pertenecientes a Jefaturas Departamentales. A la fecha, y con el realojo de reclusos como resultado del motín en el COMCAR, la cárcel de Rivera está ocupada por 380 internos, 130 derivados del COMCAR y aún quedan 42 plazas disponibles. En el sector de la chacra se alojan 30 internos. En junio de 2011 se procedió a habilitar un nuevo módulo en el COMCAR, con capacidad para más de 300 internos, y se procedió al cierre del módulo 3, uno de los que tenía mayores problemas de hacinamiento y deterioro edilicio. La reubicación de los internos en un módulo que cumple con las normas mínimas en materia de alojamiento, permitió contribuir con el proceso de clasificación de toda la población privada de libertad en dicho establecimiento.

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El plan de mejora de las condiciones de reclusión, aplicado en uno de los establecimientos más afectados por el deterioro de sus instalaciones, se inició con el cierre y próxima refacción de uno de sus módulos, para que una vez terminado se transfieran allí internos previamente clasificados, cerrando en forma progresiva para su refacción y puesta en funcionamiento todos los módulos del complejo. Evidentemente, la clausura actual de los módulos 4 y 5, como resultado del motín, aceleró el proceso de realojo. El 28 de diciembre de 2011 se inauguró el módulo 9, mediante la reconstrucción de una instalación utilizada anteriormente para la compañía policial. En su adaptación se contó con la mano de obra de personas privadas de libertad. El aumento en 220 plazas está favoreciendo a la relocalización y selección de personas clasificadas para un régimen de mínima seguridad, a la vez que producirá un alivio en el hacinamiento de otros sectores, generando una instancia más para el cumplimiento de la progresividad. Entonces, destacamos el contraste que hoy ofrece el establecimiento de COMCAR, reflejo claro del cambio e intervención que esta Administración ha dado al establecimiento más complejo del país. A esto se agrega el proyecto de construcción de 1.000 nuevas plazas en el mismo establecimiento, ya iniciado, por contratación directa y en proceso de adjudicación, cuya obra se calcula que culminará en siete meses. Por otra parte, la apertura del establecimiento de Punta Rieles, que cuenta con una capacidad máxima de 758 plazas, hoy tiene 602 plazas ocupadas, donde se prioriza el perfil de personas penadas para su ingreso y su disposición para el trabajo y el estudio. Punta Rieles recompone el sistema en el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos, al habilitar una cárcel de mediana seguridad solo para personas que han recibido su sentencia y que, por lo tanto, revisten la condición de penados. En el establecimiento de Libertad, departamento de San José, el nuevo módulo con capacidad para 310 internos ha sido ocupado, posibilitando, al igual que en el COMCAR, el inicio de la clasificación y reubicación de los internos. Nuevamente, las 310 plazas permiten avanzar en soluciones para el problema del hacinamiento y mejoramiento de las condiciones de reclusión, en tanto las mismas cumplen con los estándares mínimos de derechos humanos.

La habilitación de nuevas plazas y la convicción de gestionar el sistema guiados por el principio de dignidad y respeto de los derechos de las personas privadas de libertad posibilitó el cierre definitivo del sector conocido como Las Latas y la evacuación de casi seiscientos hombres con serios riesgos para su salud física y psíquica. El último semestre de 2011 significó un cambio cualitativo de importancia para un establecimiento que tradicionalmente fue gestionado con exclusivos criterios de seguridad. El inicio de instancias de diálogo con la población privada de libertad, el acuerdo establecido para la realización del llamado plan colmena o de limpieza general del celdario central, la reposición total de colchones y frazadas, el acondicionamiento de la sala de visitas con juegos infantiles, la limpieza a cargo de los internos, la elección de delegados, el acondicionamiento de un nuevo consultorio, el inicio de un estudio psicológico y social de toda la población, y el relevamiento de las personas que no disponen de visitas disminuyeron los niveles de conflictividad en ese establecimiento en forma significativa. Por otra parte el Centro Nº 2, Granja, aumentó el número de plazas en un total de 110 a finales de julio de 2011. Dicho Centro, considerado de mínima seguridad, hoy aloja a 62 personas privadas de libertad. En similar situación se progresó en el departamento de Maldonado, inaugurando un módulo con capacidad para 256 internos, reduciendo el hacinamiento, mejorando las condiciones de vida y dando inicio a un proceso de clasificación y relocalización de la población privada de libertad. Posteriormente -como se anunciara en su momento-, se inició el proceso para la construcción de otro sector para 288 plazas, que fue inaugurado en marzo de 2012, obteniéndose así una resolución definitiva al problema del hacinamiento en el departamento de referencia. A la fecha, de un total de 544 plazas se encuentran ocupadas 515. Recordemos que durante décadas la cárcel de Las Rosas se caracterizó por ser una de las de mayor hacinamiento y conflictividad, y que fue motivo del informe de Manfred Nowak cuando visitó Uruguay en el año 2009. En tanto, en esa misma visita del entonces Relator Manfred Nowak, se ha señala-

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do la necesidad de espacios para el desarrollo de emprendimientos laborales. Hacemos saber que el Departamento de Arquitectura de este Ministerio tiene a estudio el reciclaje de las instalaciones desocupadas, es decir, las de la vieja cárcel, cuya superficie permitirá cumplir holgadamente con la ampliación de requerimientos de estudio, trabajo y recreación. De igual forma se está trabajando en el reciclaje de las plazas liberadas para albergar a las mujeres privadas de libertad allí existentes y mejorar aún más su hábitat de internación. La cárcel de Campanero, en el departamento de Lavalleja, se reconoce como ejemplo de buenas prácticas. La desocupación progresiva de la cárcel inserta en el interior de la Jefatura de Policía -al igual que en el departamento de Rivera-, refleja la firme intención de la actual gestión de progresar en forma acelerada para efectivizar el retiro definitivo del sistema penitenciario de la órbita de la administración policial. La puesta en funcionamiento del establecimiento de Campanero, aún en construcción con mano de obra aportada por los internos trasladados allí, se toma como modelo para la configuración futura del sistema de establecimientos chacra en el resto de los departamentos. La existencia de un sector intramuros y de otro extramuros habilita el desarrollo de un sistema progresivo respetando los niveles de seguridad. El total de plazas es de 120. En el departamento de Rocha se comenzó el traslado progresivo de presos al nuevo establecimiento, quienes han sido estudiados y clasificados en su totalidad. De acuerdo con los perfiles resultantes de la clasificación se trasladó fuera del departamento a un total de 32 personas; en realidad son 38 porque previo a esto se trasladaron 6 a Paysandú. Esas 32 personas fueron trasladadas al COMCAR, a Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres, Durazno y Cerro Largo. En el día de ayer se concretó el traslado de 50, que se agregan a los 14 que ya estaban en el nuevo establecimiento realizando diversos trabajos. El próximo jueves se trasladarán los últimos 14 internos. Hay que aclarar que las personas que fueron trasladadas al COMCAR, a Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres, Durazno y Cerro Largo no reúnen los perfiles como para ir a la chacra, que cuenta con determinado nivel de seguridad estudiado; por eso fue-

ron para otros lugares. Cuando se termine la construcción, se verá. De este modo se han construido 110 nuevas plazas, proyectándose la construcción de otras 60. Dicha ampliación se encuentra en proceso de adjudicación. Con anterioridad, la relocalización de las mujeres privadas de libertad en instalaciones acondicionadas para la convivencia con niños, sitas en callejuela Ascensión, entre 25 de Agosto y Rincón, permitió la separación de las mujeres y dignificó sus condiciones de privación de libertad. Allí se acondicionaron 20 nuevas plazas, siendo ocupadas actualmente 10. Como ya hemos mencionado, el día 12 de setiembre de 2011 concluyó el traslado de las 170 mujeres privadas de libertad que se mantenían en el Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres Cabildo, correspondiente a los sectores de alta seguridad, al Establecimiento del Centro Nacional de Rehabilitación, hoy Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación, que aloja a un total de 380 mujeres con capacidad total de 550 plazas. El Departamento de Arquitectura tiene a estudio la remodelación de un sector del edificio que será destinado a máxima seguridad, aumentando así la capacidad total y mejorando los espacios necesarios para distinguir los niveles de seguridad en el marco de la progresividad. De acuerdo con la reforma penitenciaria que lleva adelante el Ministerio del Interior, el cierre del establecimiento de Cabildo constituye otro mojón en la historia del sistema penitenciario y no deja dudas sobre el rumbo de la actual Administración en cuanto a eliminar el hacinamiento y dignificar las condiciones de reclusión en consonancia con la normativa nacional e internacional vigente en materia de derechos humanos. La clasificación realizada en el nuevo alojamiento de mujeres permite, además, un mejor desarrollo de los programas de rehabilitación, augurando mejores resultados en la prevención terciaria del delito o prevención de la reincidencia como responsabilidad inherente al segmento penitenciario. En la nueva estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación cabe destacar los dos establecimientos en los que se ha instaurado una Subdirección Técnica y una Subdirección de Seguridad; me refiero a los establecimientos femenino y el de Punta de Rieles. Esto

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forma parte de una nueva estrategia para equilibrar y procurar la armonía entre los criterios de seguridad y los de rehabilitación. De esta manera estamos progresando en el camino de cerrar un doloroso capítulo de la historia del Uruguay, en el que la prevalencia del criterio de seguridad sobre los de rehabilitación no solo destruyó el sistema sino que contribuyó -estamos absolutamente convencidos de esto- al aumento de la reincidencia por el peso de esos trágicos cuarenta años de desgobierno. Por otra parte, debemos destacar algunas construcciones en proceso. En Soriano se construirá un edificio que tendrá 160 nuevas plazas para hombres y 20 para mujeres; el comienzo de las obras está previsto para el mes de setiembre del corriente año. En Salto se proyecta una chacra para mujeres con hijos; ya está en proceso la compra de materiales. Este establecimiento se construirá con mano de obra de las personas privadas de libertad; ya se está construyendo. En Tacuarembó se proyecta una chacra para mujeres, de similares características. En cuanto a la mejora del sector de la Revisoría en diversos establecimientos, se destaca que los de Maldonado y Rivera están en proceso de licitación, los del CNR de mujeres, Canelones y Punta de Rieles se encuentran en fase de proyecto, y que ya comenzaron las obras en el del COMCAR. En el predio de cuarenta y una hectáreas ubicado en Villa Constitución, en Salto -antiguo establecimiento de El Espinillar, que fue otorgado en comodato por un período de treinta años por la Corporación Nacional para el Desarrollo-, se está generando la primera unidad de internación para personas privadas de libertad que revistan la condición de penados y les reste un tiempo máximo de cinco años para el cumplimiento de la condena, bajo un régimen de máxima confianza. Estas personas tendrán la posibilidad de vivir con sus familiares. Se trata de catorce viviendas independientes; habrá un área destinada a la salud y otra para la administración. La mano de obra para el acondicionamiento del predio y las correspondientes remodelaciones está a cargo de personas privadas de libertad.

En una primera etapa, en el mes de julio, las instalaciones serán ocupadas en forma progresiva por las familias. Este proyecto cuenta con el apoyo de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública, del Instituto Nacional de Colonización, y de la comunidad. Este es un claro reflejo de las políticas transversales de respuesta desde todos los organismos del Estado, sumando la activa participación y apertura de la comunidad como parte de una nueva visión sobre el delito y el delincuente. Como resultado de la aprobación de la ley de asociación público privada se construirá un complejo penitenciario de dos mil plazas, en que el Estado reservará para sí el control de la seguridad y el tratamiento integral, y el privado asumirá la construcción, el mantenimiento general, la alimentación y los cupos laborales para la capacitación y empleo de las personas privadas de libertad. En síntesis, son notorios los esfuerzos realizados en los últimos años para erradicar el hacinamiento carcelario. Según el presente detalle, hay un total de 3.478 nuevas plazas. Recuerden lo del principio, el salto que hubo, porque entre 1994 y 2004, cuando había casi cuatro mil personas privadas de libertad, no se construyó ni una sola plaza. Entonces, ¡cómo se pueden extrañar de que hayamos heredado hacinamiento! ¡Cómo se pueden extrañar de que no se solucione el hacinamiento de un día para el otro! Este es un proceso que lleva, a quien visite las cárceles, a que encuentre diferencias, que encuentre cárceles en buen estado y cárceles en mal estado. Es más: dentro de la misma cárcel va a encontrar módulos en buen estado y módulos en mal estado ¿Cómo no darse cuenta de eso? ¿Cómo plantearlo como problema cuando es un mérito? ¡Qué diferencia de criterios que tenemos! Nosotros llamamos mérito a lo que otros llaman diferencias de criterio, llamamos responsabilidad a lo que otros denominan culpa, es decir, ser responsables de llevar adelante este proceso. Respecto a las medidas de prevención de incendio se han repartido órdenes depositando en la Dirección Nacional de Bomberos y en los coordinadores del Instituto Nacional de Rehabilitación la responsabilidad del monitoreo permanente de la dotación imprescindible para combatir el fuego, así como de la capacita-

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ción del personal penitenciario policial en el uso de tales recursos. En un informe presentado por el Estado Mayor Policial del Ministerio del Interior en marzo de 2011 se da cuenta de las medidas adoptadas en todo el país. Solo a título ilustrativo señalo que en el Penal de Libertad, en los módulos de acero, hay veinticuatro extintores; en el celdario hay veintisiete extintores, y en el sector barraca hay una motobomba y ocho extintores. En Santiago Vázquez, en los celdarios hay treinta y cinco extintores -lo que representa la duplicación de la dotación existente en marzo de 2010- y dos motobombas operativas. En la unidad carcelaria de mujeres, Cabildo, hay cuatro extintores y una reserva de agua subterránea de diez mil litros. En el Instituto Nacional de Rehabilitación se adquirió y colocó una motobomba y se aumentaron de quince a cuarenta y dos los extintores. En la Cárcel Departamental de Rocha se instalaron dos extintores en zonas estratégicas, ubicados en la garita de seguridad, enfermería, despensa, comandancia y Dirección. Asimismo, se procedió a la adquisición de cizallas destinadas al corte de candados. Por otra parte, la Dirección Nacional de Bomberos ha diseñado un curso de capacitación destinado al personal penitenciario para el combate del fuego u otros siniestros y ha establecido un cronograma de actualización permanente sujeto a la supervisión del Director del establecimiento. En estos cursos se han priorizado las medidas preventivas y de señalización necesarias para la pronta evacuación de los reclusos en caso de necesidad. Ahora me voy a referir a la clasificación. Para llevar a cabo el proceso de descongestionamiento carcelario a medida que se progresa en el aumento de plazas ha sido imprescindible potenciar el funcionamiento del Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Criminología. La meta a corto plazo es la clasificación de todas las personas privadas de libertad en el país. En una primera etapa, además de intervenir en la fase de emergencia en la clasificación, se constituyó una comisión de trabajo en asociación con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que se abocó al estudio y definición de los instrumentos diagnósticos definitivos de clasificación y a establecer los programas de tratamiento a implementar en el área de salud mental. En esta tarea han colaborado expertos internacionales de España, Estados Unidos, Israel y Puerto Rico; está previsto ampliar su participación a través de diversas instan-

cias de intercambio y formación. Sin embargo, a efectos de garantizar el progreso en el área de clasificación en el país y de acuerdo con los lineamientos básicos de las reglas mínimas de Naciones Unidas, con fecha 5 de febrero de 2012, este Ministerio dispuso que a nivel nacional se diera inicio a la separación entre penados y procesados, entre primarios y reincidentes, y de otras subcategorías, de acuerdo con las posibilidades edilicias y a las reformas en marcha en cada departamento. Podemos confirmar que, a la fecha, en Maldonado, Rivera, Unidad de Internación para mujeres de la zona metropolitana, Módulo 9 del COMCAR, Cárcel Central, Departamento de Río Negro, Punta Rieles, Módulo nuevo del Penal de Libertad, Tacuarembó, Canelones, Rocha, Florida, Durazno y Cerro Largo se han realizado los estudios y relocalizaciones correspondientes. Por primera vez en 45 años, en este período de Gobierno, el Uruguay avanza y concreta la clasificación de las personas privadas de libertad. Voy a referirme a otras medidas de combate al hacinamiento. Las 6.108 personas privadas de libertad que poseen la condición de procesadas -lo que equivale al 65% de la población reclusa- dan cuenta del uso excesivo de la prisión preventiva, sumado esto a un proceso penal acusatorio escrito, de duración prolongada, cuyos efectos se miden en el tramo penitenciario. Por lo expuesto, alguno de los aspectos procesales que contribuyen al engrosamiento creciente de la privación de libertad son la detención preventiva como regla, la duración del proceso penal y la carencia de un sistema adecuado de medidas alternativas. El Ministerio del Interior, haciéndose eco de los reclamos de los magistrados penales en el sentido de no contar con garantías de supervisión para la definición de procesamientos sin prisión, por Decreto Nº 180/2010, instituye mecanismos de libertad asistida y crea la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, que en su etapa piloto dio respuesta a seis Juzgados Penales de la capital, en coordinación con la Oficina de Penas Alternativas del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Actualmente, tiene capacidad para atender los veintiún Juzgados Penales de la capital.

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El servicio garantiza el cumplimiento de las medidas dispuestas en la Ley Nº 17.726. Hoy atiende la totalidad de los Juzgados Penales de la capital. A la fecha, ha cubierto la supervisión de libertad asistida de 202 personas. Coadyuva a la reducción del hacinamiento la modificación del régimen de salidas transitorias por la Ley Nº 18.690, que fue acompañada por este Ministerio. Por otra parte, podemos mencionar la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. Como ya se señaló, en la década del noventa se produjo un recrudecimiento de los delitos contra la propiedad, que operó en paralelo con un declive de los niveles de bienestar de amplios sectores de la población uruguaya. En esa oportunidad, el sistema de control penal reaccionó con la creación de nuevas figuras delictivas, y en otros casos, con el agravamiento de las penas. Ello trajo como consecuencia un incremento del número de personas privadas de libertad y, como correlato, una sobresaturación de las plazas, con el consiguiente hacinamiento carcelario. A fines de 2009, una Comisión de expertos presentó al Presidente Vázquez los textos consolidados de ambos Códigos -Penal y Procesal Penal-, a efectos de que fueran sometidos a reforma. Los proyectos en cuestión ingresaron a ámbito parlamentario y se encuentran a estudio. Sin embargo, algunas falencias detectadas han motivado la solicitud de cooperación técnica del Estado para la realización de una consultoría especializada, financiada por el Sistema de Naciones Unidas, a efectos de introducir algunas modificaciones al proyecto. (Murmullos.- Campana de orden) ——El documento inicial de la consultoría se halla terminado y en el informe presentado se señala la necesidad de establecer el delito autónomo de tortura, más allá de la consagración realizada en la ley de implementación nacional del Tribunal Penal Internacional. Esta disposición ha sido avalada en los contactos mantenidos entre el Ministerio del Interior y el especialista contratado. Veamos la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA respecto a la atención efectiva del hacinamiento. “La atención efectiva del hacinamiento requiere además que los Estados adopten políticas y estrategias que incluyan, por ejemplo: (a) las reformas legislativas e institucionales

necesarias para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva, y que realmente se recurra a esta medida de forma excepcional;”. Recordemos que el Uruguay tenía, al mes de marzo, 1.287 personas que habían superado los dos años en calidad de procesadas. Continúa: “b) la observancia de los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva; (c) la promoción del uso de medidas alternativas o sustitutivas de la detención preventiva y de la privación de libertad como pena; (d) el uso de otras figuras propias del proceso de la ejecución de la sentencia, como las libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena por trabajo o estudio; (e) la modernización de los sistemas de administración de justicia de forma tal que se agilicen los procesos penales; y (f) la prevención de las detenciones ilegales o arbitrarias por parte de las fuerzas policiales.- Asimismo, como medida contra el hacinamiento, los Principios y Buenas Prácticas disponen que la ocupación de establecimientos por encima del número de plazas establecido será prohibida por la ley, y que ésta deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Además, que las autoridades judiciales competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación efectiva”. En el marco del combate a la corrupción, a efectos de revertir los focos de corrupción en los centros penales y garantizar la seguridad ante la fuga de los privados de libertad, se aprobó la Ley Nº. 18.771 de diciembre de 2010, disponiendo el encargo transitorio de seguridad perimetral y de control de ingreso a los centros a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Esta disposición legal refleja, asimismo, el compromiso multipartidario que oportunamente acordó el fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria, reconociéndose la actual necesidad básica de protección, tanto para los reclusos como para el personal de policía penitenciaria, visitantes y operadores del sistema judicial penal durante su permanencia en los establecimientos. Para ello, se trabaja en la definición de medidas preventivas de seguridad destinadas a impedir el ingreso a los Centros Penitenciarios de elementos ilegales o no autorizados, tales como drogas, armas, dinero o valores, efectos propicios para fugas o motines, etc. Estas medidas alcanzarán, no

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solo a todo visitante, sino también al personal penitenciario. En ese sentido, en agosto de 2011, se creó una Comisión integrada por técnicos de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional a fin de realizar un proyecto para la reglamentación de tal tarea. Hasta la fecha, los integrantes estuvieron discutiendo aspectos de seguridad que involucran el accionar y la articulación de las dos fuerzas de seguridad. En estos momentos, se ha culminado el proyecto de reglamentación. Se realizó el Primer Censo Penitenciario en un esfuerzo común entre el Ministerio del Interior y la Universidad de la República. Los resultados preliminares del Primer Censo Nacional de Reclusos realizado entre los meses de junio y septiembre de 2010 ha permitido observar: características sociodemográficas, residencia, educación, trabajo y políticas sociales, los antecedentes personales de los reclusos en relación con su delito actual, sus antecedentes penales y los antecedentes familiares, así como aspectos de la vida carcelaria que dan cuenta de las actividades realizadas en el centro de reclusión, el relacionamiento con el personal de guardia y con el resto de los reclusos, los vínculos con el exterior, salud y aprendizajes para la reinserción en la sociedad. El objetivo general del Censo, según lo establecido en el Convenio, fue relevar y explorar los rasgos básicos de la totalidad de los reclusos, conocer las condiciones de su reclusión y determinar las condiciones sociales, culturales y económicas de dicha población. Los objetivos específicos fueron: identificar y estudiar las características personales de los reclusos como composición del hogar, condiciones de salud, educación formal e informal y el mundo del trabajo; identificar la valoración que hacen los reclusos del personal de guardia y de la convivencia con el resto de los reclusos; aportar elementos para una reinserción social y laboral de los reclusos, indagando en sus expectativas y aspiraciones al momento de su salida. Estos insumos dan base para la gestación de instancias institucionales de investigación científica criminológica, imprescindible para el estudio, análisis, recomendaciones y propuestas continuas de mejoramiento del sistema carcelario. Las características sociodemográficas de la población privada de libertad dan cuenta de que se trata de una población dinámica, de enclave urbano, joven,

predominantemente masculina, proveniente de hogares socioeconómicos críticos, con baja escolaridad, con escasa o nula adscripción al empleo formal y con trayectoria de institucionalización previa. Por ley presupuestal Nº 18.719, aprobada en diciembre de 2010, se suprimió la Dirección Nacional de Cárceles y se unificó el sistema penitenciario a través de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. El reciente cambio de autoridades, que venía siendo programado desde el inicio del año -reitero: que venía siendo programado desde el inicio del año; nada tuvieron que ver los motines-, da cuenta del proceso de integración de personal civil, no solo el previsto en el Escalafón “S”, sino a nivel gerencial de toma de decisiones. Hoy, el Instituto Nacional de Rehabilitación se encuentra integrado por el Inspector Mayor Luis Mendoza; el Subdirector de Seguridad, Mayor Orestes Leles Da Silva; el Subdirector del Área Metropolitana, Mayor Fabián Severo; el Subdirector Administrativo y actual Director del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, licenciado Jaime Alejo Saavedra; el Subdirector del Área Interior, maestro Alberto Brusa, y el Subdirector Técnico, sociólogo Gustavo Belarra. El Instituto se estableció bajo el criterio de transitoriedad y hasta la adopción de su forma legal definitiva con la aprobación de su ley orgánica -actualmente a estudio en el Parlamento- como una entidad especializada, dependiente del Ministro del Interior. Su cometido principal es operar de institución rectora de la política penitenciaria nacional bajo tres ejes de actuación definidos: seguridad, tratamiento y gestión. El citado proyecto de ley contempla los principios rectores de su actuación, así como su organización interna. Junto a la conformación del Instituto Nacional de Rehabilitación se da inicio, simultáneamente, a la etapa de reciclaje de todo su personal, destacándose la realización de un curso con apoyo del Proyecto L de Naciones Unidas y Agencias Asociadas, en el que participaron 56 personas de los Escalafones “L”, Policial, y “S”, Civil, y del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que se enfocó en la planificación y gestión de emprendimientos laborales en los centros. Allí se trabajó en forma combinada la articulación de trabajo y capacitación o desarrollo de competencias para la empleabilidad. Al mismo tiempo, se reflexionó sobre la importancia de vincular la experien-

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cia laboral intramuros con la proyección laboral una vez alcanzada la libertad. Como primer paso de la capacitación y la sensibilización en derechos humanos que se proyecta realizar para funcionarios penitenciarios del Escalafón “L”, Policial, con cooperación de la Facultad de Derecho de la UDELAR, fue distribuido un material de apoyo didáctico referente a las normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se aprobó el documento de consulta sobre protección de derechos humanos de personas privadas de libertad, que implica la armonización de los contenidos de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas; de las Reglas de Europa -consideradas como una actualización de las reglas mínimas-; de la Resolución 1/08 de Principios y Buenas Prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la Ley Nº 14.470. Este documento fue aprobado y distribuido mediante la Circular Nº14/2011, de 1º de setiembre de 2011, publicado en boletín, distribuyéndose a todos los centros de internación del país y ordenándose que se permita el acceso a todos los funcionarios penitenciarios. De una extensa lista de instancias de reciclaje, información y capacitación del personal penitenciario realizadas durante 2010 y 2011 -un total de 37-, destacamos la realización de una conferencia internacional sobre la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, tratos inhumanos o degradantes, organizada por SERPAJ y el proyecto Atlas de la Tortura, de la Fundación Ludwig Boltzmann y el Seminario “Derechos Humanos, personas privadas de libertad y gestión de seguridad en el sistema penitenciario uruguayo”, coorganizado con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Estas instancias tienen como característica la posibilidad de contar con expertos del más alto nivel en materia penitenciaria. En el proceso de unificación del sistema penitenciario, hemos aprobado el siguiente cronograma de pasaje de cárceles. Se han definido tres etapas del proceso denominadas: corto plazo, año 2012; mediano plazo, años 2013 y 2014, y largo plazo, 2015. Los parámetros que se tomaron en cuenta para el planteo han sido referentes a la ubicación geográfica de los establecimientos, a la necesidad de nueva infraestruc-

tura y a la inserción del personal penitenciario civil. Pasarían de la Jefatura Departamental al Instituto Nacional de Rehabilitación: en 2012, Canelones, Las Rosas y Rivera; en 2013-2014, Río Negro, Rocha, Cerro Largo, Lavalleja, Soriano, Paysandú, Salto, Artigas, Colonia y la Chacra El Espinillar, de Salto; en 2015, Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno, Flores, Florida y Treinta y Tres. Voy a hacer referencia a la promoción del trabajo como eje del tratamiento de habilitación – rehabilitación. La reducción del ocio y la conveniencia de utilizar el tiempo de privación de libertad para la superación de desbalances de inicio, en el acceso educativo y de formación laboral que tienen las personas privadas de libertad, se ha constituido en uno de los ejes vertebrales de la reforma penitenciaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA observa: “[…] En este sentido, el hecho de que la población carcelaria de un Estado” -caso Brasil, pero aplica para Uruguay- “sea significativamente joven, hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo; toda vez que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante, y que de no ser así dicha población corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal […]”. Esto fue extraído del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la OEA. El Ministerio del Interior, por sí y a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados ha fortalecido las líneas de acción destinadas a fortalecer el establecimiento de emprendimientos productivos en los centros penitenciarios. El PNEL, retoma sus cometidos de atención al Encarcelado, asumiendo los proyectos y programas relativos a trabajo, educación, cultura y recreación. Por tal motivo la Oficina de Registro y Cómputo de Redención de Pena por Trabajo y Estudio se reinstala bajo su dependencia. Hasta la fecha el Ministerio del Interior, en su mayoría a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados ha firmado Convenios con: Sistema Nacional de Emergencia, Administración de Ferrocarriles del Estado, Instituto Nacional de Colonización, Junta Departamental de Montevideo, Plan de Integración Social Habitacional Juntos formado en el ámbito de la Presidencia de la República, Convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social, Convenio con la Universidad de Montevideo, entre otros.

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Con fecha 3 de febrero de 2010 se suscribió un acuerdo marco entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social por el cual ambos Ministerios convienen aunar esfuerzos con el propósito de implementar estrategias comunes para la población carcelaria. Este acuerdo propone la conformación de una Comisión de Trabajo integrada por ambos organismos, que tendrá por finalidad evaluar y proponer mejoras al sistema carcelario nacional. El MIDES se comprometió a realizar siete intervenciones en los centros penitenciarios de Artigas y Maldonado por llamado a licitación pública del Programa Uruguay Integra, modalidad “Propuestas locales”. Paysandú, Maldonado, Rivera, Salto y Treinta y Tres realizan un convenio con el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados con el objetivo de contribuir a la prevención de la reincidencia del delito a través de procesos socioeducativos y de capacitación para la reinserción social. El Patronato implementó un proyecto con una población de cien mujeres privadas de libertad en el Centro Nacional Femenino a través de un abordaje interdisciplinario integral y desde una perspectiva de género, dando respuesta en las dimensiones de sostén psicológico individual, apoyo en la resolución de problemas familiares, información sobre derechos ciudadanos para ellas y sus familias, y capacitación mínima que facilite la inclusión laboral al egreso. Este se lleva adelante con un equipo técnico multidisciplinario, que es el mismo que desarrolló el proyecto primario del CNR masculino entre los años 2009 y 2011, con jóvenes entre dieciocho y veintinueve años, primarios en la comisión de delitos y con el consumo de sustancias como elemento determinante del hecho. El 4 de agosto de 2011 se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Colonización por el que a través de diversos proyectos piloto se impulsarán políticas de estímulo, transferencia de asistencia técnica y toda otra modalidad de cooperación destinada a la inclusión del trabajo de reclusos en actividades rurales. El 4 de octubre, OSE y el Ministerio del Interior firmaron un convenio de experiencia piloto de inserción social y práctica laboral que tiene por finalidad brindar trabajo a las personas privadas de libertad en el marco de los programas que implementa el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. En este sentido, se destacan los siguientes.

El proyecto de OSE en Lavalleja consiste en un convenio entre el Centro Penitenciario Campanero, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y OSE para la limpieza y el desmalezamiento del terreno forestal en el entorno de la represa donde se potabiliza el agua para el departamento. Este es un convenio firmado a tres años, con rotación de la cuadrilla en forma anual y posibilidad para quienes recuperen la libertad de seguir trabajando hasta el vencimiento del contrato. El total de personas beneficiarias es de veinte, en formato de cuadrillas mixtas, y está vigente. El proyecto de OSE en Melo, Cerro Largo, consiste en un convenio entre el centro penitenciario, OSE y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados para reparaciones varias en la red de suministro de agua. Es un convenio firmado a tres años, con rotación de la cuadrilla en forma anual y con la posibilidad para quienes recuperen la libertad de seguir trabajando hasta el vencimiento del contrato. El total de personas beneficiarias es de veinte, en formato de cuadrillas mixtas. Al respecto, están en trámite los permisos judiciales. El proyecto de OSE en Montevideo consiste en un convenio entre OSE y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados para trabajos de reparaciones varias en los diferentes zonales. El total de beneficiarios es de tres personas privadas de libertad; está vigente y está en trámite el ingreso de trece liberados pertenecientes a la bolsa laboral del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y tres personas privadas de libertad del CNR masculino. El 5 de octubre se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y la Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Humano, tendiente a ampliar la huerta existente en el Centro N° 2 y dirigido a desarrollar una huerta jardín de mayores dimensiones que contribuya a incrementar la calidad de vida de la población vinculada a ese centro, apoyando la estrategia de rehabilitación y de reinserción social, la mejora de la salud y la autosuficiencia alimentaria. En setiembre de 2011 se suscribió un convenio entre el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y la empresa Laura Elizabeth González por la que, con la coordinación del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, la empresa referida encomienda la fabricación de 1.000 sillas dobles de madera plega-

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bles a internos del COMCAR y el pintado de 2.500 sillas a internos de Punta de Rieles. En la modalidad de convenios con instituciones públicas y privadas, se ha promovido el trabajo, extramuros, de privados de libertad de buena conducta en labores de alto contenido simbólico e interés colectivo. Así uno de los primeros programas ha sido el trabajo de reclusos, en régimen de convenio con las Intendencias Departamentales y con el Sistema Nacional de Emergencia -Proyecto Doble Solidaridad- para el desmalezado de montes que pueden constituir amenazas de incendio forestales. Los reclusos ocupados reciben una remuneración similar a lo que correspondería a un trabajador privado por el mismo servicio. Esta experiencia reciente, se está desarrollando en los departamentos de Rocha, Canelones y Maldonado, con equipos de cuadrillas mixtos con un alto nivel de aceptación y eficiencia por parte de las personas seleccionadas. A la fecha se encuentra en ejecución la tercera etapa de ese proyecto, pero hay otros proyectos en marcha y en vías de ejecución que merecen ser destacados. Este es el caso del Proyecto Municipio de La Paloma, departamento de Rocha. Se trata de un convenio entre la cárcel departamental y el Municipio local para tareas de construcción y carpintería, que beneficia a un total de once personas. Asimismo, está el Proyecto Olivos, en Pueblo Edén, departamento de Maldonado. Es un convenio entre Finca Babieca y el Patronato para la recolección del fruto de los olivos. Es un emprendimiento zafral a realizarse en cuadrillas mixtas y está vigente. También está el Proyecto Naranjales en el departamento de Salto. Se trata de un convenio entre el Patronato y un empresario privado, el señor Guarino, para la cosecha de naranjas. Es un emprendimiento anual con un total de veinte reclusos beneficiados, con opción a cuarenta, con un formato de cuadrillas mixtas; están en trámite los permisos judiciales. En Durazno y en Cerro Largo hay un convenio para la reparación eléctrica de establecimientos penitenciarios por parte de la empresa privada ganadora de la licitación. El total de beneficiados es de tres personas privadas de libertad en cada establecimiento y se ha cumplido.

En el establecimiento penitenciario Campanero, en el departamento de Lavalleja, se ha firmado un convenio con instituciones de la zona, el LATU, la Intendencia de Lavalleja, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Patronato, y refiere a la capacitación en gestión empresarial, comercial y costos de producción, así como a competencias transversales para microemprendedores, destinada a mujeres privadas de libertad en ese centro de reclusión. El total de beneficiadas es de once mujeres privadas de libertad y esto se ha cumplido. En Juan Soler, departamento de San José, se desarrolla un proyecto con apoyo de la Unión Europea. Serán destinados € 150.000 a panadería, confitería, aulas, biblioteca, sala de informática, taller de carpintería y electricidad, bloquera, criadero de aves y horno de ladrillos e implica a un total de cincuenta personas privadas de libertad. Este convenio está vigente. En el Centro Nº 2, de Libertad, departamento de San José, está el Proyecto Rotarios. Esta propuesta está vigente y fue respaldada con la suma de US$ 320.000 aportada por los rotarios, destinándose a chacras, huertas, invernáculos y talleres de formación, y ocupa a veinte personas. En el mismo Centro se desarrolla un proyecto para la fabricación de ladrillos de campo. El Patronato cedió herramientas e implementos -postes, chapas y motosierras- para la creación de un secadero de ladrillos y corte de leña para el horno. Por su parte, el MIDES aporta un técnico ladrillero, beneficiándose diez personas con este convenio que se encuentra vigente. Del mismo modo, el Centro Penitenciario Punta de Rieles ha sido apoyado por el Patronato con herramientas varias para el desarrollo de emprendimientos de huertas y jardinerías. Asimismo, cabe destacar el Proyecto Rotarios para el Centro Nacional de Rehabilitación Masculino. Se creará un taller de elaboración de productos envasados de conservas, mermeladas y verduras. Este proyecto ocupará a quince personas privadas de libertad. A principios de este período se ejecutó un proyecto con la Junta Departamental de Montevideo que consistió en la organización de tareas de limpieza, y carga y descarga en el depósito de la Junta, ocupando un total de siete personas privadas de libertad. A su vez, en el COMCAR se suscribió un convenio entre el Patronato y un empresario privado para la

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confección de sillas de madera utilizadas en espectáculos públicos. También hay un proyecto conjunto entre la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, una empresa constructora, el INAU y el Patronato que consiste en hacer en tres departamentos -San José, Canelones y Montevideo- un “call center” Comunal Nº 2; una sala de emergencias en el Hospital Maciel de Montevideo; la reparación del hogar Las Brujas, en Canelones; la creación de una sala de emergencia en el hospital público de ese departamento, y la reparación de un hogar en la Ruta Nº 11, en el departamento de San José. La empresa estaría tomando gente de la bolsa laboral del Patronato correspondiente al establecimiento Juan Soler, accediendo a este proyecto un total de veinte personas. Asimismo corresponde mencionar que a partir del ofrecimiento realizado por la empresa FRIPUR, que habilitará doscientas cincuenta plazas laborales para mujeres, se ha dado inicio a las instancias formales del acuerdo y se ha iniciado el proceso de clasificación de las personas que, previa autorización judicial, podrán ocupar dichas plazas. Por otra parte, se han iniciado gestiones con el SUNCA y con la Cámara de la Construcción con el fin de dar comienzo a la capacitación de personas privadas de libertad en los rubros de medio oficial albañil, carpintero, herrero y otros, lo que, una vez obtenido el certificado correspondiente, estarían en condiciones de aplicar para los diversos puestos en las empresas. Señor Presidente: hice mención a una cantidad bastante numerosa de personas privadas de libertad que están trabajando en distintos departamentos, en diversas empresas y con diferentes organismos del Estado. Como es tan repetido el reclamo de la gente de que los reclusos trabajen en vez de estar -no sé si decir descansando o sufriendo- en las celdas, me tomé el tiempo para detallar esto a fin de que se tuviera en cuenta que no es menor la cantidad de personas que están trabajando en este momento y que no es menor la cantidad de gente que seguirá trabajando más adelante. Dado que el trabajo de personas privadas de libertad es un aspecto a ser potenciado, el Estado, mediante la asistencia financiera y técnica que presta el sistema de Naciones Unidas y a través del proyecto L, ha encomendado la realización de una consultoría de

alto nivel con vistas a la adopción de una ley de trabajo de los reclusos. Esta consultoría ha contado con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, en el desarrollo de las líneas de acción destinadas a potenciar el trabajo decente. En el mismo sentido, el Ministerio del Interior ha iniciado los contactos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Banco de Previsión Social y otras entidades involucradas con vistas a establecer una regulación específica del trabajo carcelario. Dicho proyecto de ley está por remitirse al Parlamento. Desde esta concepción, la relación laboral penitenciaria tiene naturaleza especial en tanto está destinada a constituir una fase del tratamiento hacia la plena reinserción social de la persona privada de libertad, generando o desarrollando habilidades o aptitudes que faciliten la obtención de un empleo calificado al egreso. El artículo 13 de ese proyecto incluye un fondo de asistencia a las víctimas. El citado fondo tiene como propósito contribuir a la reparación simbólica de los daños materiales y morales causados a las víctimas o, cuando ello no fuera posible, a los causahabientes de las víctimas, como resultado de la conducta delictiva de la persona privada de libertad. El fondo se integrará con los aportes resultantes de la detracción mensual del porcentaje equivalente a entre un 13% y un 15% de las retribuciones percibidas por todo concepto por las personas privadas de libertad, a raíz de la relación laboral penitenciaria. Luego de cometido el delito y de establecida la pena, el sistema de control penal que se expresa a través del derecho penal se satisface con el cumplimiento de la pena. Sin embargo, es necesario adoptar acciones tendientes a reparar el puente de paz social que el delito quebrantó entre la víctima directa o indirecta y el victimario. La creación de un fondo de asistencia a las víctimas del delito que se nutre de un porcentaje simbólico de la remuneración del privado de libertad constituye una iniciativa que ha sido anunciada y que, a nuestro juicio, representa un ejercicio de justicia reparativa que tendrá fuerte impacto en la responsabilidad social del que ha cometido el delito. Como buenos ejemplos en materia de trabajo pueden mencionarse el Centro de Rehabilitación Campanero, inaugurado en el año 2006. Se trata de un complejo que tiene centro en la actividad de una chacra en la que trabajan hombres, en condiciones de

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baja seguridad, y todas las mujeres recluidas del departamento. El nuevo modelo de gestión penitenciaria que se propone este centro tiene tres componentes. Por un lado, los recursos humanos: los operadores penitenciarios, los docentes y los técnicos deben estar consustanciados y comprometidos con los objetivos del Centro; por otro, instalaciones adecuadas: se cuenta con espacios para la realización de los diversos emprendimientos en los que participan para su construcción y puesta en funcionamiento las personas privadas de libertad; y, por último, un modelo de gestión interdisciplinario. Los hombres y las mujeres realizan tareas de producción y de servicios. Todas las tareas son remuneradas. El establecimiento Piedra de los Indios, Colonia, fue inaugurado en 1974, para albergar a una población mixta de sesenta personas, como cárcel semiabierta, con explotación rural. Desde el año 2003, se desarrollan proyectos productivos. El 90% de los reclusos que realizan actividades de emprendimientos productivos -chacra, invernáculo, mantenimiento de parque, tareas de barrido para la Intendencia- se encuentran alojados fuera de los muros de la cárcel, con medidas mínimas de seguridad y cumplen rigurosamente tanto con sus obligaciones laborales como con las normativas que se les imponen. El 66% de las personas privadas de libertad realizan actividades laborales: fruticultura, kiosco, cámara, biblioteca, bloquera, herrería, pastoreo, tambo, chanchos, fajina, cocina, horno de ladrillo, carpintería, panadería, dulces y conservas. El 17 de agosto de 2011 se llevó a cabo el cierre del Proyecto “Doble solidaridad” en la ciudad de Canelones, realizado en el marco del Plan Nacional de Emergencia para la Prevención de Incendios. Esta iniciativa, fruto del trabajo interdisciplinario de varios organismos, se aplicó con éxito en los departamentos de Maldonado y Rocha, cuyo cierre de programa ocurriera recientemente con una alta expectativa de reinstalación en el corto plazo. El total de personas privadas de libertad que trabajan percibiendo peculio son 976, lo que implica un monto de $ 3:513.600. Las personas que trabajan con asignación de peculio se distribuyen en COMCAR, Centro Nº2 de Libertad, La Tablada, establecimiento

de Libertad, El Molino, Punta de Rieles, CNR Femenino, CNR varones, Rocha y establecimiento Juan Soler. En el total del país se encuentran trabajando, entre comisiones extramuros e intramuros, con o sin peculio, 2.947 personas. En Educación y Cultura, tenemos el Proyecto Arte y Cárceles. El proyecto es una iniciativa del Área Ciudadanía Cultural, a través del Programa de Atención a Poblaciones Vulnerables, para contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las personas privadas de libertad, así como de las instituciones que trabajan en cárceles para generar un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes en materia cultural. El 3 de noviembre de 2011 se realizó el cierre de las actividades realizadas con una muestra de cada uno de los talleres: fotografía, teatro, canto y mural, y se presentó un adelanto del catálogo del taller de fotografía y del libro recopilado por Carlos Rehermann con textos de los reclusos, en el marco del taller literario. Esta actividad contó con el apoyo de “Viví Cultura”, proyecto de cooperación entre el Estado uruguayo y el Sistema de Naciones Unidas, financiado por España a través del “Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio”. En el presente año se inauguraron dos Usinas Culturales, en el módulo 8 del COMCAR, contando con un equipamiento de música y grabación, y otro para la realización de audiovisuales, que supuso una inversión de US$ 80.000 de la cooperación. A su vez, en el marco del Proyecto L, “Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad”, desarrollado con la cooperación de Naciones Unidas, se dio apoyo a distintos emprendimientos. En el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino y en el CNR masculino se obtuvo equipamiento y apoyo técnico para la planificación de las actividades en conjunto con los equipos técnicos ya existentes. Las áreas laborales y educativas son: huerta, invernáculo y jardinería, costura, serigrafía, bloquera, peluquería -en este último caso, se apoyó con la adquisición de parte del equipamiento y se le da seguimiento en base a un convenio firmado con la Junta Nacional de Drogas y la UTU-, artesanía en plata y taller de cerámica. En estos casos se apoyó en equipamiento para que el Ministerio de Educación y Cultura pueda dar sostenibilidad a través del Programa Fábrica de Cultura.

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Los emprendimientos apoyados por el Proyecto L de Naciones Unidas en otros centros penitenciarios son: instalación y equipamiento de sala procesadora de alimentos en El Molino -se le da seguimiento a través del PNEL, en convenio con el LATU-; sala de informática al servicio del desarrollo de habilidades transversales a educación y trabajo en El Molino y Punta de Rieles; peluquería en El Molino -igual modalidad que en el CNR; equipamiento para montar la cuadrilla de mantenimiento edilicio multioficios -albañilería, electricidad y sanitaria-, en Punta de Rieles; invernáculo, huerta y jardinería, en Punta de Rieles; apoyo a la instalación de la panadería, en Punta de Rieles. Con fecha 15 de noviembre de 2011, se concretó la inauguración de la fábrica de cerámica y de joyería artesanal en el CNR, con base en el convenio marco signado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y Cultura. La Fábrica de Cultura inaugurada brinda técnicas básicas de orfebrería y cerámica, así como también herramientas de diseño para un posterior desarrollo en forma individual o colectiva de este arte. El total de personas que estudian, que se educan, en el sistema penitenciario es de 2.052. Esto es tan solo una muestra del camino iniciado para dotar de contenido a la privación de libertad, cumpliendo con el objetivo de la rehabilitación y ampliando las posibilidades de que las personas privadas de libertad, en calidad de penados, rediman pena. En cuanto a la mejora del servicio de salud a personas privadas de libertad, a través del Servicio de Asistencia en Salud del Estado del Ministerio de Salud Pública se ha mejorado el sistema de prestación de salud en los centros carcelarios, a cargo de profesionales y enfermeros. Al servicio del COMCAR asumido por ASSE en el período anterior se han sumado: El Molino, el Centro Nacional de Rehabilitación, el establecimiento de Punta de Rieles y el establecimiento de Libertad, en el marco del plan progresivo de cobertura total a nivel del país. Los establecimientos restantes de la zona metropolitana son atendidos por el Servicio Médico Penitenciario y, en el interior del país, por los médicos dependientes de las Jefaturas de Policía departamentales, en coordinación con los hospitales públicos. Las enfermerías han sido dotadas de elementos básicos

necesarios para la atención primaria en salud y se ha reforzado la asignación de recursos humanos de naturaleza técnica para ser afectados al tratamiento de los privados de libertad. En el marco del proyecto de cooperación con la Unión Europea -cuyo lanzamiento fuera realizado en el mes de noviembre- está previsto adecuar la infraestructura existente para establecer un hospital penitenciario de referencia que permita intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos en espacios destinados exclusivamente a reclusos. El citado centro contaría con espacios de atención a las personas con patologías psiquiátricas severas. Por otra parte, de acuerdo con el proyecto financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, de Ronda 10, denominado “Hacia la inclusión social y el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/SIDA de las poblaciones más vulnerables en Uruguay”, se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, y el Ministerio de Salud Pública, con el fin de lograr los objetivos generales de tal proyecto, cuyas metas son: “1) Lograr el acceso universal de HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y trans a la prevención, diagnóstico y tratamiento no solamente de VIH-SIDA, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual.- 2) Fortalecer estos grupos y sus asociaciones.- 3) Lograr la plena inclusión social de estos grupos, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía.- 4) Consolidar un sistema nacional de registro en este tema”. En el marco de la Ley Nº 18.426 de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva y en cumplimiento de esta, se inició, a fines del año 2011, la entrega de preservativos a las personas privadas de libertad en todo el país, suministrados por el Ministerio de Salud Pública. En noviembre de 2011, se suscribió un convenio con la Junta Nacional de Drogas que posibilitó la transferencia de $ 4:472.600 con el fin de financiar las obras de refacción de los centros de internación y salas de emergencia, así como el local donde se ubicará el dispositivo de información, consulta y asesoramiento en las ciudades de Montevideo, Canelones y San José. Las personas privadas de libertad se encuentran privadas de su derecho a la libertad ambulatoria, pero

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no pierden su derecho a disfrutar, en igualdad de condiciones con el resto de la población libre, de los más altos niveles de atención a la salud pública. Este derecho implica la atención de emergencia, quirúrgica, hospitalaria, el suministro de medicamentos, salud mental y todas las acciones de prevención posibles para evitar que se contraigan nuevas enfermedades o se agraven las condiciones en relación a las enfermedades prevalentes. En tal sentido es que esta Administración continuará trabajando. Estamos trabajando en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que recomienda abordar el acceso a la salud en los centros de privación de libertad desde la base, como una cuestión de salud pública. Para ello, se sugiere coordinar esfuerzos que promuevan las relaciones entre los distintos Ministerios involucrados en la salud de las personas privadas de libertad. En materia de VIH-SIDA e ITS -infecciones de transmisión sexual-, consideramos que una de las mejores medidas a tomar para evitar su expansión es el estímulo al empoderamiento de la información necesaria para evitar el contagio. La implementación de mecanismos para atender situaciones de accidentes de exposición, así como el reforzamiento de las acciones tendientes a generar en la persona privada de libertad una conciencia de su afección que facilite un seguimiento del tratamiento en libertad, son algunos de los tantos aspectos de salud sobre los que se proyecta trabajar. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA insta a los Estados a adoptar las medidas legislativas, institucionales y de otra índole que sean necesarias para prevenir y eliminar los patrones discriminatorios contra las personas con VIH-SIDA privadas de libertad. Por su parte, para la revisión de documentos, prácticas y manuales con perspectiva de derechos humanos se creó una Comisión multisectorial para el estudio y rediseño de la Guía Básica Informativa para personas privadas de libertad, aprobada en junio de 2007, diseñada para ser entregada a las personas que ingresan al sistema penitenciario, a fin de proporcionarles una orientación respecto a los derechos y obligaciones que surgen de la privación de libertad en un marco de derechos humanos. Dicha Comisión se integró por representantes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, el Servicio de Paz y Justi-

cia, la Mesa Multidisciplinaria Representativa de Mujeres Privadas de Libertad, la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Asesoría del Ministro del Interior en materia penitenciaria A la fecha, su contenido se encuentra consolidado y se está en proceso de diseño gráfico para ser prontamente editada y entregada, tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de libertad. Se propició la creación de la Comisión para el diseño de un Manual de Gestión Penitenciaria, a fin de contar con un cuerpo de normas que regulen la convivencia, cumpliendo y manteniendo condiciones de seguridad para las personas privadas de libertad, así como para los funcionarios que cumplen funciones como operadores penitenciarios, la que concluyó su trabajo. En el diseño del Manual se buscó compatibilizar los criterios de seguridad y resguardo de las instalaciones del Estado dentro del estricto respeto de los derechos humanos de las personas. El Manual recoge normas de fuente legal y reglamentaria vigentes, y adopta nuevas disposiciones adecuadas a las transformaciones institucionales y operativas, introducidas con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y los derechos reglamentarios correspondientes al Escalafón “S”. Se ha dicho que recibimos varios cuestionamientos a nivel internacional. Entonces, voy a hablar de la cooperación internacional. En relación a proyectos con apoyo de la cooperación internacional, desde inicios de 2010 se ha desarrollado un esfuerzo para apoyar los procesos de fortalecimiento de las políticas penitenciarias, armonizando las propuestas de cooperación internacional. Las iniciativas cuentan, en su mayoría, con el Ministerio del Interior como principal organismo ejecutor en su calidad de rector de estas políticas, permitiendo involucrar a otros actores gubernamentales y de la sociedad civil como coejecutores. Esta modalidad busca ampliar los apoyos, competencias y responsabilidades mediante el trabajo conjunto entre los organismos del Gobierno en áreas específicas como educación, salud, formación laboral y otros. Se pueden destacar nueve proyectos en ejecución: el Proyecto L 1 -ya finalizado-, apoyado por el PNUD y agencias asociadas, denominado “Proyecto Conjunto ‘Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad'”. Este contribuye al lo-

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gro de productos y efectos acordados entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay en el Programa Conjunto 2007-2010, “Construyendo capacidades para el desarrollo”, cuyo producto 4.7 se propone fortalecer “Areas estratégicas claves de la acción del Gobierno Nacional en materia de seguridad y derechos humanos”. El objetivo del Proyecto Conjunto es colaborar en los procesos de reforma y mejoramiento de las instituciones para personas privadas de libertad, de manera de aumentar las posibilidades de plena reinserción. En su primera fase se propuso alcanzar tres efectos: “Efecto 1: Apoyo a los procesos de reforma de las instituciones para personas privadas de libertad y fortalecimiento del Sistema Penitenciario, promoviendo el diálogo para una estrategia de medio y largo plazo.Efecto 2: Apoyo a la ejecución y ampliación de las medidas sustitutivas a la privación de libertad (fortalecimiento de OSLA, Oficinas de Seguimiento de Libertad Asistida, Patronato e INACRI).- Efecto 3: Mejora de las condiciones generales de reclusión mediante el apoyo al desarrollo de proyectos piloto en las áreas de salud, droga, educación y trabajo. La primera fase fue ejecutada en el período julio de 2010 a noviembre de 2011. Allí se realizaron múltiples estudios, intervenciones piloto e instancias de capacitación para apoyar la reforma penitenciaria que viene implementándose desde el Ministerio del Interior y a través del Instituto Nacional de Rehabilitación”. Voy a referirme a la segunda fase del Proyecto L. Con la continuación de las actividades de la segunda fase de esta iniciativa, se espera seguir siendo un espacio de referencia para los actores institucionales tanto del sector público como de la sociedad civil, involucrados en la conformación de un nuevo modelo penitenciario. Una reforma penitenciaria de envergadura como la que actualmente se pretende, necesita focalizar todos los esfuerzos de la intervención pública en la rehabilitación de las personas privadas de libertad y requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Eso implica tanto la acumulación de actores institucionales comprometidos públicos y de la sociedad civil como la necesaria acumulación técnica para su implementación. Es por este motivo que en esta fase del proyecto se apoya la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad. Se espera seguir siendo un catalizador para el diseño técnico, el diálogo interinstitu-

cional e interdisciplinario y para la formación de los nuevos operadores y técnicos penitenciarios que llevarán adelante las pautas de la reforma. En tal sentido, se propone asistir al Instituto Nacional de Rehabilitación en el diseño sustantivo de su nueva institucionalidad. Incluye revisar su estructura con la inclusión de una nueva estructura de género, la articulación de la cooperación internacional y el diseño de una estructura de monitoreo y de evaluación; llevar adelante diálogos, intercambios y talleres sobre los temas sustantivos de la reforma penitenciaria y del nuevo rol del Instituto Nacional de Rehabilitación; impulsar cambios legales requeridos para la reforma del sistema penitenciario, con especial énfasis en lo que refiere al Código Penal, al Código Procesal Penal y un proyecto de ley que instaure un nuevo marco para el trabajo de las personas privadas de libertad; colaborar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Instituto Nacional de Rehabilitación para encuadrar el trabajo de rehabilitación en un marco de aplicación de los derechos humanos, que se impulsará a través de actividades de formación de formadores y personal penitenciario en las áreas de derechos humanos, género y gestión laboral y cooperación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Como resultado de la visita que realicé al Estado de la Florida de Estados Unidos, respondiendo a la invitación cursada por el Departamento de Estado, con el fin de conocer el funcionamiento del sistema penitenciario de ese país, se concretó un acuerdo de cooperación que permitió generar instancias de capacitación para el sistema penitenciario con expertos de ese país. Fue así que la primera misión de Estados Unidos en nuestro país acaba de concluir, previéndose la concreción de instancias de información y capacitación para el personal penitenciario en todo lo relativo a protocolos de seguridad interna y clasificación. En 2011 se concretó una consultoría con la Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas a través del especialista, señor James Shaw, con el fin de brindar asesoramiento en materia de gerenciamiento de unidades de máxima seguridad y crimen organizado, que dio lugar al seminario recientemente mencionado. En cuanto a las medidas a desarrollar con apoyo de la cooperación internacional para la concreción de una reforma integral, es sumamente importante el aporte previsto de la Unión Europea mediante el pro-

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grama Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal y a la Mejora de las Condiciones de Vida y de Reinserción Socioeconómica de las Personas Privadas de Libertad, cuyo lanzamiento fuera realizado el 15 de noviembre de 2011; actualmente ha habido avances muy significativos. (Murmullos.- Campana de orden) ——Luego de un estudio previo, los expertos coincidieron en que la respuesta al problema de la reclusión en Uruguay debe pasar primero por una reducción importante del grado de hacinamiento carcelario. En este sentido, y sumado a los esfuerzos nacionales, la intervención de la Comisión Europea se inició en el marco de la convocatoria de subvenciones del IEDH 2008-2009. Tres proyectos de ONG nacionales en el ámbito de humanización del sistema carcelario fueron financiados por un monto total de 415.338 euros. Asimismo, en el marco del programa EUROSOCIAL, en su vertiente EUROSOCIAL Educación, se ha desarrollado como tema prioritario la educación en prisiones en América Latina. Luego del informe realizado por el profesor Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas, y del estudio de la situación del sistema carcelario uruguayo, se arribó a la conclusión de la necesidad de que las distintas agencias internacionales que apoyarían la reforma avancen en forma coordinada, por lo que la intervención de Naciones Unidas y AECID se considera como preparatoria de la asistencia a realizar por la Unión Europea, cuyo objetivo global es “Contribuir a la mejora de la cohesión social en Uruguay a través de la consecución de un sistema de justicia penal eficiente y respetuoso con la protección de los Derechos Humanos”. El objetivo especifico de la asistencia de la Unión Europea consiste en el apoyo a la reforma integral de la política de Justicia Penal, con especial hincapié en la implementación de una nueva legislación en el ámbito penal y el refuerzo de la instrumentación de penas alternativas, así como el reforzamiento del funcionamiento institucional del sistema carcelario, con especial atención a la capacitación del personal desde una perspectiva de derechos humanos. Se prevé que la intervención abarque las siguientes áreas: apoyo a la reforma del sistema penal, capacitación del personal judicial en los Códigos Penal y Procesal Penal reformados, capacitación del personal

judicial vinculado al sistema de justicia penal juvenil y apoyo a la instalación del nuevo sistema de Justicia Penal y a la modernización informática del sistema de Justicia Penal. El área de reforma administrativa y fortalecimiento de las capacidades del sistema de reclusión consiste en el apoyo a la creación de la Escuela Nacional de Formación Penitenciaria, apoyo al diseño y organización administrativa carcelaria, reforma normativa vinculada a la administración y gestión de centros de reclusión y apoyo al sistema de libertad asistida y vigilada. (Murmullos.- Campana de orden) ——El área de salud comprende la confección del protocolo de intervención en los centros de reclusión relativo a una intervención integral en salud, de atención primaria, secundaria y terciaria, apoyo en aspectos administrativos y adquisición e instalación de equipamientos, prevención y sensibilización en materia de salud en los centros de reclusión, capacitación de los recursos humanos vinculados al área de salud en centros de reclusión y tratamiento de adicciones en centros de encierro. El área de educación y formación para el empleo en centros de reclusión consiste en el diseño e implementación de la estrategia nacional de educación en cárceles y la capacitación de personal vinculado a la formación en centros de reclusión y, dentro de este eje, mencionamos por ejemplo la futura instalación de una industria de la vestimenta en dos establecimientos, que permitirá la confección de uniformes, ropa para las personas privadas de libertad, ropa de cama y otras que se suministrarán a nivel nacional. En el área de promoción de la inserción laboral de las personas egresadas del sistema penitenciario se procederá al diseño e implementación de un sistema de reinserción sociolaboral para personas privadas de libertad, capacitación del personal vinculado al sistema de reinserción sociolaboral, promoción de la reinserción laboral de las personas egresadas del sistema y sensibilización y promoción de la reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad. Quiero referirme al fortalecimiento institucional del Servicio Penitenciario del Uruguay. Con el apoyo de la cooperación española, se viene desarrollando un proyecto cuyo objetivo estratégi-

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co es contribuir al desarrollo de un servicio penitenciario con perspectiva de derechos humanos. El proyecto contribuirá al desarrollo de un sistema de carrera penitenciaria aplicable al Escalafón “S” ya mencionado. Con apoyo de la Unión Europea y teniendo como ejecutores a SERPAJ y al Observatorio del Sistema Judicial de la fundación Justicia y Derecho, se lleva a cabo el proyecto hacia una política de Estado en privación de libertad, cuyo objetivo es impulsar participativamente, mediante un conjunto de acciones integradas, la creación de una política de Estado para el sistema carcelario, respetuosa de los derechos humanos y acorde con la normativa internacional. Se destaca asimismo, en el marco de la cooperación internacional, el desarrollo de una iniciativa destinada a habilitar plazas laborales y de educación para personas privadas de libertad de la unidad penitenciaria Juan Soler, ejecutada por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados de ese departamento o con apoyo de la Unión Europea, desde marzo del presente año y el proyecto de capacitación en portugués instrumental para funcionarios del sistema penitenciario, en ejecución de un convenio con la Embajada de Brasil. De esta manera, estaremos cumpliendo con la normativa internacional que recomienda avanzar en la consideración y el tratamiento de presos en el extranjero, aplicando en este caso la enseñanza del portugués debido al número de personas privadas de libertad del país limítrofe. Se estiman en un total de US$ 7:900.914 los fondos de cooperación internacional destinados al mejoramiento del sistema carcelario uruguayo. Por otra parte, se han desarrollado múltiples eventos académicos enfocados al mejoramiento del sistema y a las capacidades de los funcionarios penitenciarios, así como visitas de intercambio a nivel internacional que nos nutren de experiencias en materia de buenas prácticas. Dije esto en cuanto a la cooperación internacional. Ahora me voy a referir a la opinión de los organismos internacionales con relación a los mecanismos de control. Venimos trabajando en la misma línea del Período anterior. Se ha mantenido totalmente abierta, colaborando con las distintas instituciones nacionales e internacionales, a las que compete la fiscalización del sistema penitenciario en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En el

mes de junio de 2011, Uruguay recibió la visita oficial del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, quien concurrió el día 15, como parte de su agenda y aclarando que era la primera vez que lo hacía en su vida, al centro de rehabilitación Punta de Rieles. Durante su discurso, destacó su beneplácito con el proceso de reforma carcelaria que ha emprendido nuestro país. Luego, a la vuelta de su viaje, reiteró ese beneplácito en una carta enviada al Ministerio. Entre el 4 y el 8 de julio de 2011, recibimos la visita del Relator sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien expresó su beneplácito por los esfuerzos que se han venido desarrollando en el sistema carcelario uruguayo, augurando un gran desafío para la actual Administración. En ese sentido, destaca como positivo el reconocimiento institucional por parte del Estado de la grave crisis penitenciaria que enfrenta el país, así como la manifestación expresa del Gobierno de considerar la situación del sistema penitenciario como una de sus prioridades principales. En este sentido, la Relatoría reconoce la apertura y la transparencia mostrada por las autoridades con las que se entrevistó durante la visita, quienes reconocieron e informaron acerca de los principales desafíos que enfrenta la gestión penitenciaria en Uruguay. Además, toma nota de la voluntad política del Estado de encontrar una política criminal que trascienda la Administración del Gobierno de turno y se oriente a promover políticas integrales frente al delito y a la reinserción social de los contraventores del orden jurídico penal. Finalmente, corresponde destacar que durante las actividades de esta misión el equipo de la Relatoría recibió un alto nivel de compromiso y profesionalismo por parte de varios funcionarios de la gestión penitenciaria. Con posterioridad a esta visita, fuimos citados a una Audiencia Pública -N° 144 período de sesionesante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de IELSUR, en la que dimos amplias respuestas a las recomendaciones del Relator, evidenciándose los avances concretados a solo siete meses de la misma, los que fueron claramente reconocidos en dicha instancia En ocasión de la visita a nuestro país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos

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Humanos, señora Kyung-Wha Kang, los días 24, 25 y 26 de octubre de 2011, se concretó la concurrencia al establecimiento El Molino el día 24 de noviembre. De esta visita participaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Coordinadora Residente en Montevideo, expresando su beneplácito por las características y funcionamiento de dicho establecimiento. En el informe de evaluación realizado por el equipo del proyecto Atlas de la Tortura de la Fundación Ludwig Boltzmann con respecto a las recomendaciones formuladas por el Relator Especial en 2009, se destacan diferentes e importantes medidas que han sido desarrolladas en dirección a los desafíos identificados en la lucha contra la tortura y los malos tratos. Lo más importante es el considerable incremento de los recursos financieros destinados al mejoramiento de las condiciones de detención, así como la clausura de algunas de las instalaciones más inhumanas como Las Latas en el Penal de Libertad y el módulo 3 en el COMCAR. Con respecto a la recomendación de crear un cuerpo de guardias de prisión bien entrenado y dotado de recursos que sustituya a los Oficiales de Policía, el Gobierno uruguayo ha emprendido varias medidas para abordar los cambios estructurales necesarios. En este sentido, el Ministerio del Interior tiene como objetivo la transferencia, tan pronto como sea posible, de la responsabilidad directa de las cárceles de su competencia así como la organización como un servicio descentralizado, con el personal adecuado para el trato con el recluso. En este contexto de reconocimiento de la reforma en marcha es que el Uruguay ha sido seleccionado por la fundación como uno de los cuatro países para dar seguimiento a las recomendaciones del ex Relator de la ONU. Además, hemos cursado invitación al nuevo Relator de Naciones Unidas, señor Juan Méndez, en el marco de la política de transparencia sobre la reforma penitenciaria, quien tiene prevista su visita el próximo mes de diciembre del corriente año. El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Amérigo Incalcaterra, quien nos ha visitado en múltiples oportunidades, en sus declaraciones a la cadena CNN sobre la situación de los sistemas penitenciarios en la región destaca el proceso del Uruguay. A continuación, proyectaremos un video al respecto.

(Así se procede) ——A pesar de lo extenso de la exposición, esto es un breve resumen de las acciones que el Ministerio ha emprendido, proyectado a corto, mediano y largo plazo, a fin de superar la crisis humanitaria en la que se encontraba sumido el sistema penitenciario, augurando así una progresiva y verdadera reforma del sistema. El Poder Ejecutivo ha señalado en todas las instancias internas -y reitera hoy en esta Sala-, que se está llevando adelante un proceso de reforma penitenciaria. Por ello, se enfatiza que no estamos frente a un rediseño organizacional de corto plazo, sino a un verdadero escenario de transformación en valores, principios y acciones en los que se debe sustentar el sistema de control social. Privilegiar el encierro, el aislamiento y el ocio han determinado un consabido fracaso, y sobre ello arrojan luz las cifras de criminalidad y de reincidencia. El modelo aplicado por administraciones pasadas se ha traducido de suyo en una afectación estructural a los derechos de las personas privadas de libertad, que se inicia con el retaceo de la plena vigencia de la función cautelar de la detención preventiva, prosiguiendo en el internamiento en centros sobrepoblados, con características de hacinamiento y con resultados que impactan negativamente sobre la función del Estado en tanto garante de la vida, seguridad e integridad física de las personas privadas de libertad. Queremos ser enfáticos en resaltar que esta reforma no se detendrá por resolución del conjunto del Gobierno y que cumpliremos con el compromiso de transformación estructural del sistema penitenciario, que es sin duda de largo aliento, y la próxima Administración podrá seguir desarrollándolo sobre las sólidas bases que hoy estamos construyendo y, sobre todo, continuar con el problema del hacinamiento superado y con una nueva institucionalidad de carácter civil, enfocada en el respeto de los derechos humanos. Al decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primer paso de política integral diseñada por el Estado para el cumplimiento de los fines de la pena debe dirigirse a hacer frente a las deficiencias estructurales. Me han hecho unas cuantas preguntas. No podía responderlas si no las enmarcaba en lo que ha sido la evolución del sistema. Muchas de esas preguntas fue-

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ron respondidas. Por ejemplo, la primera, sobre cómo sucedió el episodio del 20 de abril en el establecimiento de Libertad, cuando Brasil Sastre fue retirado de su celda. Se preguntó por el protocolo. En primer lugar, se designa personal a cargo, se pasa revista, se esposa al preso, se le pone grilletes y se lo acompaña con policías, teniendo en cuenta su peligrosidad También se preguntó si se cumplió al pie de la letra con esto. No, no se cumplió al pie de la letra, porque Brasil Sastre usaba muletas, estaba herido a raíz de un intento anterior de fuga, por lo que no se lo podía esposar y ponerle grilletes; no podía caminar. Evidentemente, existió un descuido; no se cumplió. En cuanto a la pregunta de si es pública y notoria la existencia de armas en el sistema carcelario, situación que conozco desde que asumí la Cartera, y qué ha hecho el Ministerio al respecto, lo he planteado reiteradas veces a lo largo de mi exposición: no hubo un motín por una sola causa, sino por múltiples causas, y una de ellas fue la corrupción. Hemos hecho muchas cosas, pero no las terminamos; es obvio que no terminamos. ¿Qué nos planteamos? La tecnología que está a punto de instalarse y la Revisoría, estableciendo contradicción de intereses; pensamos que cuando se pueda cumplir con esos elementos, no digo que vamos a solucionar el problema, sino que vamos a estar más cerca de solucionarlo. Se pregunta si en el episodio del 20 de abril hubo una situación de descontrol de los funcionarios policiales que estuvo fuera de lo que era la idea de maniobra y la intención del mando y si como resultado de esto hubo heridos. Sí; es así. En cuanto a si se informó al Ministro, quiero decir que sí se lo informó. ¿Y qué fue lo que se hizo? Inmediatamente al descontrol los funcionarios encargados lograron dominar la situación pero no en forma permanente. Y, ¿qué se hizo? Se hicieron sumarios, que es la forma de investigación que llevará a las medidas que haya que tomar. Se expresó que se puede entender el estado de ánimo del personal, pero ello no justifica el apartamiento de las reglas mínimas que indican cada uno de los pasos que se dan en el sistema penitenciario. En estos casos, cuando la autoridad no logra controlar la actuación del personal, ¿qué medidas toma el Ministro respecto al mando y al personal? En primer lugar, el mando logró controlar la situación, y

el Ministro toma las medidas que dije antes, precedida la investigación. Hay tres preguntas que van atadas, sobre quién tomó la determinación de la suspensión de las visitas en el penal de Libertad, en el COMCAR y el CNR femenino. En los tres casos los policías propusieron trabajar en duelo y sin visita. En los casos de Libertad y del COMCAR la decisión la tomó el Ministerio. Ante la propuesta planteada, se entendió que era correcta, pero no solo por las razones por las que se proponía suspender la visita, es decir, por el duelo, sino por el estado de ánimo existente tanto en los presos de Libertad como en los policías y nos parecía conveniente no correr riesgos. Entonces, planteamos la conveniencia de suspender la visita en Libertad. Lo mismo se plantea en COMCAR, pero ahí nosotros lo entendemos a medias. Comprendemos que los estados de ánimo pueden provocar problemas, pero que no se debe dejar sin paquete. Creímos que había que suspender la visita pero mantener el paquete. En el CNR femenino no fue una medida del Ministerio sino sindical, tomada contra la opinión de los mandos, contra la opinión de todos los que participamos en el hecho y generó parte de los aspectos multicausales de los problemas que vinieron después. Se plantea si hay un acuerdo entre el Ministerio y el sindicato policial para regular el impacto de las medidas sindicales. No es que haya un acuerdo, lo que sucede es que la OIT -Organización Internacional del Trabajo- entiende en general que las relaciones laborales descansan sobre tres institutos: la libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva. Con respecto a los sindicatos policiales en la OIT hay una discusión. En un primer momento había mayoría de acuerdo con que no pudieran existir los sindicatos; eso ya no es así. Ahora, la gran mayoría acepta los sindicatos policiales, pero entiende que los institutos sobre los que se tienen que levantar son dos y no tres: la libertad sindical y la negociación colectiva, pero sin derecho de huelga. Nosotros sostuvimos esta posición cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nos caía algún conflicto con el sindicato policial. Cuando asumimos el Ministerio del Interior y hablamos con los sindicatos policiales establecimos que la organización sindical debe levantarse sobre la negociación colectiva y la libertad sindical pero no sobre el derecho de huelga. Por otra parte, la OIT tiene esto claramente establecido, no con respecto a los sindicatos policiales en particular, sino sobre

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aquellas actividades en que hay que dejar una guardia o que no se pueden dejar de desarrollar. No pueden hacer huelga. Nosotros esto lo hemos planteado y ha sido aceptado. Entendemos que cuando se impidió la visita en el CNR femenino hubo un uso de la huelga que no corresponde; por eso, como se decía, hay sumarios; no hay sanciones. Un sumario puede o no terminar en sanciones, depende de lo que suceda. A continuación, hay una pregunta que creo está equivocada en cuanto al motín del 25 de abril. Voy a intentar contestar lo que entiendo se quiere preguntar y pido que si me equivoco me lo digan. Se apunta a plantear que el motín se produjo porque los presos no sabían que sí iban a tener visita. Uno o dos días antes hubo una reunión de las autoridades de las cárceles y se estableció la suspensión de las visitas para el sábado, fundamentalmente en Libertad y en COMCAR. En la mañana del 24 de abril, el Comisionado Parlamentario me manifestó su preocupación respecto a que no se hiciera la visita, fundamentalmente, en COMCAR. Hubo declaraciones del Comisionado Parlamentario esa mañana sobre lo que me planteó y que yo no le respondí; no dije que iba a haber ni que no iba a haber visita, sino que hablaría con quienes habían tomado la decisión y esa preocupación fue manifestada a la prensa. Luego hubo una negociación entre el responsable del área metropolitana y los presos del COMCAR, y el Inspector Pereira Cuadra comunicó que iba a haber visita módulo por módulo. Se pregunta si hubo comunicado oficial. No, se comunicó a quienes tendrían la visita sobre la hora 8, y acá entra en juego el aspecto que subrayamos como multicausal, que es el elemento corrupción, y no solo hablamos de que el reportaje al Comisionado se haya emitido en la televisión durante la mañana. Insisto con que no es responsabilidad del Comisionado Parlamentario; él dio esa entrevista con la respuesta que yo le había dado a la hora 11 de la mañana, que fue modificada entre las 7 y las 8 de la noche, pero no fue lo que se emitió de mañana, porque eso ya había salido. Lo que generó un problema mayor fue que algunos policías dijeron que a pesar de lo que había dicho el Director de Cárceles, no iban a tener visitas; pero no lo dijeron en buenos términos, sino en muy malos términos, insultantes, y fue a eso a lo que hicieron caso, más allá de que también fuera emitido en la televisión.

Después se formulan varias preguntas, que no voy a contestar, porque ya lo hice. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de intervenir o no, con la participación de la Jueza Merialdo. Eso ya lo respondí y no voy a contestar más de lo que ya dije, porque ya dije bastante. No llego a entender qué se quiere preguntar con lo que dije en el programa “En Perspectiva”; supongo que se quiere preguntar cómo habiendo dos Oficiales diferentes, en dos operativos distintos -el de COMCAR y el de CNR Femenino-, entendieron lo mismo de lo que les planteó la doctora Merialdo, es decir, que no intervinieran. La respuesta a la segunda parte de la pregunta fue en el marco de una conferencia de prensa. Ya expliqué cómo era la situación: la Jueza no puede ordenar a la Policía; tiene mando, pero cuando la Policía informa de algo, el Juez o la Jueza responde y esa respuesta es una indicación. La respuesta de la Jueza fue: “No intervengan; agoten el protocolo; llamen al Comisionado”. También dije que si llegaba a pasar algo en la intervención, quien juzgaría al policía al mando del operativo sería la Jueza que le dijo: “No intervenga”. Conversamos al respecto y cuando dije en la conferencia de prensa que de ahí en adelante la información a la Jueza sería paralela a la intervención y no como consulta, me referí exactamente a eso, es decir, que de ahí en adelante se intervendría y se informaría de que se estaba interviniendo. Recuerdo que algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia interpretaron que eso era lo correcto; que esa interpretación era la correcta. Eso fue lo que dije. Se pregunta, además, si existe un compendio de reglas mínimas; ya lo respondimos, y consta al principio de nuestro informe cuando describimos dicho compendio. Una de las preguntas se refiere a que yo tenía dualidad de criterios, que en un caso no intervenía porque había una investigación en curso y en otro caso intervenía, a pesar de que hubiera una investigación pendiente. En el caso de la intervención cuando hubo investigación en curso, se trataba de una investigación judicial y nosotros, paralelamente, hacíamos una investigación administrativa. Yo decía que mientras hubiera una investigación judicial en curso era difícil que pudiera informar sobre la investigación administrativa. El otro caso se trató de una sanción sin haberse agotado el sumario correspondiente y cuando

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se agotó la intervención judicial el policía fue procesado por lo mismo que nosotros lo separamos del cargo, porque se trataba de un caso grave y teníamos todos los elementos, tantos que, sin haber comunicado al Juez o a la Jueza, igual lo procesó con prisión. Por eso entendíamos que las razones para proceder así eran muy claras. De todas formas, no tengo claro si este es el espíritu de la pregunta, aunque parecería que sí. También se formula una pregunta que ya he respondido largamente a la prensa; inclusive, hablé con un legislador quien sintió que podía ser el aludido por el Inspector Pereira Cuadra. Las declaraciones fueron hechas, obviamente, sin mi conocimiento. A raíz de esas declaraciones, mandé unas preguntas al Inspector, que decían: “En relación a las declaraciones efectuadas por usted en distintos medios de prensa sobre la participación de narcotraficantes y actores políticos en el reciente motín acaecido en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, sírvase indicar al pie del presente para el día lunes 30 a las 10 horas: 1) Qué información posee al respecto y los medios de prueba que sustentan dichas afirmaciones. 2) En caso positivo, diga si existe una investigación judicial al respecto o si se dio cuenta a la Justicia posteriormente a lo mencionado a la pregunta arriba expuesta”. Se me responde fundamentalmente lo que tenía que ver con el político. Dice así: “También el recluso menciona que un político, que identifica como Senador, oficiaría como intermediario en una supuesta entrega de armas que haría un preso con la intención de ser trasladado a otro establecimiento. En dicha conversación el recluso no identifica plenamente al supuesto político”, y sigue. Esto no quiere decir nada; esta afirmación no quiere decir nada. Ya dije a la prensa que, en el período pasado, presos -creo que también del COMCAR- eligieron a un Senador, al entonces Senador Vaillant, a quien dijeron que entregarían un arma, y él avisó a la señora Ministra del Interior; recogió el arma, pero no tenía nada que ver con la intención del preso ni con los hechos acaecidos en el COMCAR, porque esto estaba vinculado con la intención de un preso de cambiar un arma por la gestión de un traslado. Eso no tenía nada que ver, y nosotros inmediatamente lo dijimos a la prensa: esto no tiene ninguna relación con la participación de un político en los motines, fuera quien fuera. Que los presos traten de entregar un arma, dos armas, veneno o lo que sea a cambio de un traslado,

es un hecho que se ha dado muchas veces, y que no indica para nada la voluntad del legislador, sea quien sea, de siquiera pedir el traslado. Entonces, esto, para mí, no es nada. Ya se lo dije a la prensa, y no hubo nada. Además, esos días coincidían con el cambio previsto, el que se efectuó sin destino posterior. La siguiente pregunta tiene que ver con la compra de contenedores en el caso de Rocha, para ir resolviendo el hacinamiento, y dice que se sabe que se optó por arrendarlos. Esto es así a medias; son dos situaciones diferentes. Una era una situación de emergencia y transitoria en la propia cárcel de Rocha, donde se colocaron afuera, y otra, dar un estatus más definitivo en la chacra; en ese caso, sí se compran. De todas maneras, voy a solicitar autorización para que el Director General de Secretaría haga la aclaración más firme. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el doctor Charles Carrera. SEÑOR CARRERA.- Señor Presidente: nosotros tenemos un número importante de contenedores arrendados en lo que tiene que ver con las guardias perimetrales militares. Cuando se votó la ley que dice que los militares se harían cargo de la custodia perimetral de las cárceles y de las revisorías, teníamos cuatro cárceles en plena construcción, que fueron recibidas el año pasado y que se ocuparon. Ellas son: la de Rivera, la de Maldonado, la de Punta de Rieles y el CNR femenino. En ese caso, arrendamos hasta que los militares nos presentaran la obra definitiva de lo que querían, cosa que hicieron en marzo de este año, y ahora se va a optar por hacer algo más definitivo. En el caso de la cárcel de Rocha, de los once contenedores que están allí tenemos cinco en propiedad, que fueron adquiridos en agosto y setiembre de 2010 y, después, se arrendaron otros seis, que llegaron en noviembre del año pasado. En cuanto al costo, podemos decir que por los que fueron adquiridos se pagaron $ 330.000, y por los arrendados unos $ 10.000. En el caso de los otros contenedores que se adquirieron -que, quizás, el señor Diputado vio en las visitas al COMCAR-, van a ser utilizados para reemplazar los contenedores alquilados en Rocha y para desalojar el módulo 2 de la cárcel de Canelones. En este

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establecimiento, el módulo se divide en cuatro edificios y se tiene que desalojar totalmente para hacer la obra de saneamiento, que es la que estaría faltando para completar. En cuanto al otro tema, los procedimientos fueron diferentes. Con relación a los contenedores arrendados, hoy podemos decir que en el correr de este año se hizo una licitación con opción a compra y que, si bien se presentaron tres empresas, no hubo oferentes para la venta, por lo que hoy están todos en un proceso de licitación. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señor Presidente: la siguiente pregunta tiene que ver con la disciplina dentro de las cárceles. Creo que eso, de alguna manera, lo he contestado a lo largo de mi intervención. También lo relativo a la atención médica. La pregunta dice: “en caso de que así no fuere, ¿a qué razones lo atribuye?”. Bueno, yo creo que fue así. De todas maneras, tenemos que reiterar lo que hemos dicho desde el comienzo: estamos en un proceso, ese proceso no es parejo, no arranca por igual y hay situaciones diferentes, que se pueden haber seguido produciendo. Pero no creo -sobre todo en lo relativo a la atención médica- que ese problema esté presente. En la última pregunta -después, hay un anexo de preguntas- se plantea si existe algún mecanismo de control externo a los centros de reclusión que haga el monitoreo del cumplimiento de esta norma. Creo que esto lo destacamos en el desarrollo de la exposición: fue la creación del Comisionado Parlamentario, encargado de monitorear no solo lo que tiene que ver con el cumplimiento de estas normas, sino de todas las normas de funcionamiento de cárceles. La persona externa al sistema carcelario, que no responde al sistema carcelario, sino a este Parlamento, y que tiene la obligación de monitorear lo que sucede en las cárceles es el Comisionado Parlamentario. Cuando se dio la discusión acerca de si yo había responsabilizado al Comisionado Parlamentario -no fue así, pero la prensa lo presentó de ese modo y yo lo desmentí por todos los medios posibles-, hubo un integrante de este Parlamento que decía que el Comisionado tiene que constituirse en los ojos y oídos del

Parlamento en las cárceles. Entonces, es el que tiene que controlar el cumplimiento de las normas. Luego, hay una serie de preguntas sobre la cárcel de Rocha. Creo que algunas de estas preguntas, sobre todo la primera, fueron respondidas en el informe, cuando aclaramos cuáles habían sido las medidas tomadas para prevenir incendios, junto con la Dirección Nacional de Bomberos. Dijimos que íbamos a dar lectura a algunas a título informativo y, precisamente, leímos lo que se hizo en Rocha desde ese momento. Hay una pregunta que no llego a entender bien. El viernes no se retiró a todos los reclusos de la Cárcel Departamental de Rocha; se retiró a algunos, trasladándolos a otros departamentos. Hoy fueron trasladados 50 y el jueves, luego de que se corrija un problema con la torre de alta tensión -como señaló el señor Diputado interpelante-, recién después, se trasladará al resto, que son 14. Todo el proceso se llevó adelante mediante licitaciones públicas. La construcción que está pendiente fue hecha mediante licitación pública Luego se plantea que pedimos dos investigaciones. Esto es más complicado, pero vamos a hacer un esfuerzo para responder. Hay una investigación administrativa que es nuestra y ya está concluida. Lo que no terminó es la investigación judicial. Algunos hechos deben ser aclarados por esa vía; la nuestra tiene limitaciones. Voy a leer algo que tiene que ver con esto. Dice así: “En cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía en materia de protección de los derechos humanos, el Ministerio tomó, sin dilación, las medidas encaminadas a investigar los hechos ocurridos iniciando la investigación administrativa y remitiendo lo actuado a la Justicia para que esta pueda trabajar en la aclaración de los hechos y determinar la eventual existencia de responsabilidades en cada caso.- En tal sentido, inmediatamente de ocurridos los hechos, dispuso la separación de la función del jefe de guardia de seguridad de la Cárcel, como medida preventiva y con el fin de facilitar el avance de las investigaciones dispuestas. Se dictó resolución por el Jefe de Policía Departamental de Rocha disponiendo el traslado de los funcionarios policiales que eventualmente podían considerarse incursos en faltas administrativas, en particular, el relevo del Director y Subdirector de la

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Cárcel, Sub Comisario Ricardo González y Ayudante Mario Correa Sosa, a cargo de la cárcel en el momento del incendio.- La investigación administrativa fue dispuesta el día 9 de julio de 2010, y encomendada a la Dirección de Asuntos Internos.- La investigación referida culminó en el mes de marzo de 2011 y sus conclusiones señalaron la conveniencia y oportunidad de instruir un sumario administrativo al Inspector Mayor, Selson Sosa, Sub Jefe Departamental de Policía de Rocha, por la responsabilidad directa en la supervisión del Centro penitenciario y el monitoreo de la gestión de los mandos a su cargo, en ejercicio de la Dirección y Subdirección del Centro Carcelario. Lo que se realizó en base a resolución de fecha 5/4/11. Dicho sumario fue clausurado por resolución ministerial de fecha 21/12/11 sin aplicarse correctivos disciplinarios al sumariado, dado que los hechos se habían producido por ‘hecho de la víctima’, quienes hicieron caso omiso a la exhortación de las autoridades del establecimiento respecto de la formación de ranchadas y el encendido de calefactores caseros y de alta potencia. Asimismo se constató que el sumariado hacía solo una semana que ocupaba el cargo de Coordinador Ejecutivo (desde el 1/7/11) dado que el anterior Coordinador había pasado a situación de retiro en esa fecha y por ende responsable del sistema carcelario departamental.- Actualmente quien desempeña el cargo de Director del Establecimiento de Rocha es el Comisario Raúl Silvera Larosa.- El expediente judicial, continúa tramitándose, hallándose en etapa de presumario, radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Rocha de 1º Turno, bajo la ficha 339-155/2010, a cargo de la titular, Dra. Marcela López. Hasta el presente, la justicia competente no ha deducido responsabilidad penal a ninguna persona”. Acá hay que aclarar que la potestad de un Ministerio en una investigación administrativa o sumario llega hasta quienes están en actividad; no puede actuar con quienes están retirados Por lo tanto, lo que ahora está presente es lo que se pueda resolver en el trámite judicial. Esto con respecto a las preguntas formuladas sobre lo ocurrido en Rocha. La exposición ha sido larga, pero nosotros no podíamos responder seriamente a lo que se dijo si no hacíamos un planteo extenso que diera cuenta y analizara lo que se está haciendo.

Hasta aquí nuestra intervención, señor Presidente. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: todo indica que la sesión va camino a concluir y, seguramente, el Partido Colorado no podrá exponer su posición. Para fundamentar esta intervención es determinante explicar algunas de las alusiones que el Ministro hizo cuando se refirió a episodios de gobiernos pasados, de gobiernos colorados. Quiero señalar y que quede absolutamente claro algo que fue omitido: los motines al retorno de la democracia se dieron porque los presos, en ese entonces llamados presos comunes o presos sociales, reclamaban el mismo tratamiento que habían recibido los presos políticos a través de la Ley de Amnistía. Lo que reclamaban era: “Si yo he cometido tal delito, por qué razón yo me quedo preso y este señor que cometió exactamente el mismo delito, sale en libertad”. Creo que esa omisión fue injusta, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: la Mesa entiende que está totalmente fuera de tema. (Interrupciones) ——Lo voy a amparar en el uso de la palabra, pero le ruego que se ciña al tema de hoy. (Interrupción del señor Representante Gloodtdofsky) ——Antes de levantar la voz, continúe con su exposición, señor Diputado. Luego la Mesa analizará sus palabras y determinará si son ajustadas o no. Lo exhorto a que se encuadre dentro del tema motivo de la convocatoria de la reunión de hoy. Nada más que eso. Rogaría que cuando el Presidente, que trata de ser muy tolerante, dice algo, no respondan tan fuertemente, porque trato de ser justo, y es muy difícil. Entonces, pediría por favor que no se gritara tanto, porque así no vamos a ningún lado. Puede continuar, señor Diputado; usted tiene derecho a hablar y yo tengo el deber de tratar de adver-

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tirle. Después de que usted hable, revisaremos la versión taquigráfica. Es nada más que eso. Puede proseguir el señor Diputado Gloodtdofsky. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: conozco su don de gentes y también la delicadeza con la que dirige las sesiones, pero permítame insistir en que yo no soy el que está fuera de tema, porque lo único que hago es referirme a las palabras del señor Ministro. Voy a concluir -porque tampoco quiero abusarhaciendo mención a algunos aspectos señalados respecto de la forma en que han estado organizados los institutos penales, carcelarios. ¡En este país lo que se hace es premiar el fracaso! Como fue señalado aquí por el señor Diputado interpelante, el señor Caballero, de Jefe de Policía de Rocha pasó a ser Director del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¡Y ahora resulta que después de un motín en el que se destrozan dos módulos, el Director de la cárcel pasa a ser Subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación! ¡Aquí, a cada uno al que le rompen una cárcel, a cada uno al que se le amotinan los reclusos, lo premian! ¡Si le prenden fuego una cárcel, lo premian! Francamente, señor Presidente, creo que esto es parte del desconcierto que reina dentro de los institutos carcelarios. Culmino diciendo que se cumplen 185 años del Gobierno de Joaquín Suárez, que creó las dos primeras cárceles de este país. ¿Sabe una cosa, señor Presidente? Si yo hubiera hablado como el Ministro, hoy no sería yo el que estaría acá: sería Joaquín Suárez que seguiría hablando. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. (Interrupciones) ——Perdone, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: hemos escuchado durante seis horas al Ministro del Interior, en el mismo estilo… (Interrupciones.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Perdón, señor Diputado. Yo pensé que usted iba a hablar de otro tema. (Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso) ——Le voy a explicar la situación y usted procederá como le parezca. Usted tiene la palabra concedida porque yo se la di, pero el error fue mío, así que el Diputado verá si me ayuda o no. Hay dos bancadas que quieren plantear un intermedio. A la vez, tengo que votar licencias y dar cuenta de la integración de Comisiones. Si usted sigue hablando, no puedo hacerlo. De manera que le pido su buena voluntad para que me deje hacer este trámite y, cuando levantemos el intermedio, por supuesto que va a tener la palabra, como corresponde. ¿Está bien así? Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Está bien. Le voy a facilitar las cosas, señor Presidente: voy a seguir hablando. El Ministro del Interior habló durante seis horas; es un estilo que ya le conocimos en el mes de enero, cuando fue convocado por el tema de los homicidios. En aquel momento tampoco conformó con sus explicaciones. Están desmentidos todos sus dichos del mes de enero, cuando estuvo en el Parlamento e hizo una intervención tan larga como la de hoy. Para nosotros, esta es una divisoria de aguas. Esto está terminado. No nos entendemos con el Ministro. No nos entendemos en materia de seguridad. No nos entendemos en las explicaciones. No conforma ninguna de las explicaciones que me da. Además, podría ir relatando caso a caso algunas cosas que ha dicho y no comparto. No las comparto en su criterio y, además, algunas ni siquiera son ciertas. Vuelve a repetir cosas que ni siquiera son ciertas. Me da un protocolo de incendios para Rocha, pero la cárcel nueva del departamento ni siquiera tiene agua. Los bomberos no tienen motobomba; tuvieron que traerla de La Paloma. ¿Cuál es el protocolo? Si hablamos de las realidades explicitadas, cada una de ellas tiene un desmentido, señor Presidente.

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Para nosotros, esto está liquidado. No existe un diálogo político posible. Nosotros censuramos la gestión del Ministro Bonomi en materia de seguridad. No nos ha dado explicaciones entre el vínculo del sistema carcelario y el delito. Por lo tanto, que las cosas queden absolutamente claras. Hay una moción presentada a las seis de la tarde que plantea la censura del Ministro. Eso es lo que el Partido Nacional propone hacer: culminar este diálogo de sordos que establecemos con el Ministro del Interior cada vez que comparece, terminar con estas largas explicaciones en las que parece que lee una guía telefónica, y vamos a decir lo que el Partido Nacional entiende sobre la seguridad en la moción de censura que acabamos de presentar a la Mesa. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 147 de la Constitución de la República, “Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los Ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno. […]”. Y si la Asamblea General tiene la voluntad política de hacerlo, ¡pues entonces vamos a elecciones anticipadas y juzguemos ante la opinión pública la gestión de este Gobierno en materia de seguridad! ¿El Frente Amplio está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a provocar, en una sesión de la Asamblea General, la disolución de las Cámaras y una elección anticipada? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Como resultado de la interpelación al señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, constatamos la absoluta falta de respuestas en seguridad pública y administración del sistema carcelario. Se constata la falsedad del contenido de declaraciones públicas del señor Ministro durante la crisis del mes de abril, que quitan confianza en su persona para la gestión en su alta investidura. Se confirma la falta absoluta de capacidad para conducir el Ministerio del Interior, ante la mayor crisis de seguridad que ha conocido el Uruguay. Por tanto, de acuerdo con el artículo 147 de la Constitución de la República, presentamos la siguiente moción de censura: “Como consecuencia de la ineficacia de la gestión de administración y de gobierno, en el sistema carcelario y, teniendo en cuenta, la sensibilidad que se identifica en la ciudadanía de todo el País en graves carencias en seguridad pública, los le-

gisladores firmantes proponemos la censura de los actos de administración y de gobierno del señor Ministro del Interior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 147 de la Constitución de la República”. Gracias, señor Presidente.

16.- Integración de Comisiones.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta de la integración de Comisiones. (Interrupción de la señora Representante Pereyra.- Interrupciones) ——Perdón, señores Diputados. El Presidente sabe lo que tiene que hacer. Léase. (Se lee:) “La Comisión Especial de Drogas y Adiciones con fines legislativos estará integrada por las señoras Representantes Verónica Alonso, Martha Montaner, Daisy Tourné y Berta Sanseverino y los señores Representantes Gerardo Amarilla, Pablo Iturralde, Richard Sander, Julio Bango, Juan Carlos Souza, Sebastián Sabini, Luis Puig, Felipe Michelini y Daniel Radío”.

17.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Esteban Pérez, por el día 5 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Alpuy. En misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Rodrigo Goñi Romero, para asistir a la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse

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en la ciudad de Montevideo, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor César Edgar Panizza. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores del señor Representante Jorge Gandini, por el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio de 2012, se convoca a la suplente siguiente, señora Irene Caballero. Por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante Alma Mallo Calviño, por los días 5 y 6 de junio de 2012, convocándose a los suplentes siguientes, señores Nicolás Ortiz, por el día 5 de junio de 2012 y Álvaro Fernández por el día 6 de junio de 2012. Del señor Representante Pablo Abdala, por el día 5 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Guekdjian. Del señor Representante Andrés Arocena, por el día 5 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Pérez Cortelezzi. Del señor Representante Luis Puig, por los días 6 y 7 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Coitiño. Del señor Representante Gonzalo Mujica, por el día 6 de junio de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Alda Álvarez. Del señor Representante Julio Bango, por los días 6 y 7 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Fernando Isabella. Del señor Representante Víctor Semproni, por los días 5 y 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco Sánchez. Del señor Representante Hugo Dávila, por el día 13 de junio de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Elsa Hernández. Del señor Representante Juan C. Souza, por los días 5, 6 y 7 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores del señor Representante Germán Cardoso, por el día 6 de junio de 2012, se convoca al suplente siguiente señor Marco Correa.

En misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Jorge Orrico, para asistir al Foro denominado: “El Rol de los Parlamentarios en Materia de Derechos Humanos”, organizado por el Congreso de la República de Perú y la Representación Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, a realizarse en la ciudad de Lima, República de Perú, por el período comprendido entre los días 7 y 9 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Zás”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por el día de hoy, por realización de estudio médico. Adjunto certificado. Saluda atentamente, ESTEBAN PÉREZ Representante por Canelones”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Antonio Vadell”. “Montevideo, 5 de junio de 2012.

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Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Javier Rodríguez”. Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Fernando Andrade”. Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Juan Carlos Ferrero”. Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Daniel Vallejo”. Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la

Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Gustavo Moratorio”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, del señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2012 y adjunta certificado médico. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Antonio Vadell, Javier Rodríguez, Fernando Andrade, Juan Carlos Ferrero, Daniel Vallejo y Gustavo Moratorio. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal A) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 5 de junio de 2012, al señor Representante por el departamento de Canelones, Esteban Pérez. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Antonio Vadell, Javier Rodríguez, Fernando Andrade, Juan Carlos Ferrero, Daniel Vallejo y Gustavo Moratorio. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nelson Alpuy. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la

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Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia los días 6 y 7 del presente mes, a los efectos de participar en la Reunión de la Comisión que integro del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en la ciudad de Montevideo. Atentamente. RODRIGO GOÑI ROMERO Representante por Salto”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo que usted preside y de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el Representante Nacional Cdor. Rodrigo Goñi. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Gustavo Coronel”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero, para asistir a la Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Montevideo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Gustavo Coronel. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012, al señor Representante por el departamento

de Salto, Rodrigo Goñi Romero, para asistir a la Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Montevideo. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Gustavo Coronel. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor César Edgard Panizza. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En virtud de la convocatoria de la que he sido objeto para integrar la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio de 2012, solicito se convoque a mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida. JORGE GANDINI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Dr. Jorge Gandini, se incorporará a la Cámara de Senadores, por el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y a la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945. La Cámara de Representantes, RESUELVE: Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio de 2012, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012.

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GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por los días 5 y 6 del corriente mes y año. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, ALMA MALLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 5 y 6 de junio de 2012. II) Que el suplente siguiente, señor Álvaro Fernández integra la Cámara por el día 5 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por los días 5 y 6 de junio de 2012. 2 )Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados lapsos, a los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señores Nicolás Ortiz, por el día 5 de junio de 2012 y Álvaro Fernández, por el día 6 de junio de 2012. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

“Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Solicito licencia el día 5 de junio por motivos personales. Pido, asimismo, que se convoque a mi suplente respectivo. Atentamente, PABLO ABDALA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Abdala. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Abdala, por el día 5 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Guekdjian. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva autorizar licencia por motivos personales para el día de la fecha, procediéndose a la convocatoria del correspondiente suplente. Sin otro particular, saluda atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 5 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Nelson Pérez Cortelezzi. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, me conceda licencia por motivos personales el día 6 de junio de 2012, asumiendo en mi lugar el respectivo suplente, señor Carlos Coitiño. Le saluda muy cordialmente, LUIS PUIG Representante por Montevideo”. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, me conceda licencia por motivos personales el día 7

de junio de 2012, asumiendo en mi lugar el respectivo suplente, señor Carlos Coitiño. Le saluda muy cordialmente, LUIS PUIG Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Puig. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 6 y 7 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Puig, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Coitiño. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 29 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge Orrico Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales, por el día 06/06/2012. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, GONZALO MUJICA Representante por Montevideo”.

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“Montevideo, 29 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Raquel Barreiro”. “Montevideo, 29 de mayo de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Alma Chiodi”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto las suplentes siguientes señoras Raquel Barreiro y Alma Chiodi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica, por el día 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por las suplentes siguientes señoras Raquel Barreiro y Alma Chiodi.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Alda Álvarez. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales los días 6 y 7 de junio de 2012Saluda atentamente, JULIO BANGO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Daniel Espósito, C.I. 1.282.687-0, en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente Daniel Espósito”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Julio Bango. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Daniel Espósito. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de se-

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tiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Julio Bango, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de junio de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Daniel Espósito. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Fernando Isabella. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por los días martes 5 y miércoles 6 de junio de 2012, por motivos personales. Sin más, lo saluda atentamente, VÍCTOR SEMPRONI Representante por Canelones”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración. Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, lo saluda atentamente, Nelson Alpuy”.

“Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración. Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, lo saluda atentamente, Nancy García”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración. Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, lo saluda atentamente, Milton Perdomo”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Rosina Lema”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Nelson Alpuy, Nancy García, Milton Perdomo y Rosina Lema.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Nelson Alpuy, Nancy García, Milton Perdomo y Rosina Lema. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Francisco Sánchez. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente nota deseo comunicar que en atención a razones de orden estrictamente personal y de acuerdo al inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por el día 13 de junio del corriente año y que se realice la convocatoria a la suplente respectiva, Elsa Hernández. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, HUGO DÁVILA Representante por Artigas”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Artigas, Hugo Dávila. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de

24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Artigas, Hugo Dávila, por el día 13 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señora Elsa Hernández. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para los días 5, 6 y 7 del corriente, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza.

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CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 7 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el período comprendido entre los días 5 y 7 de junio de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que aceptaré la convocatoria de la que he sido objeto, para asumir como suplente del Senador Pedro Bordaberry, el día 6 de junio del corriente año. Por tal motivo, solicito se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, lo saludo atentamente, GERMÁN CARDOSO Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, se incorporará a la Cámara de Senadores el día 6 de junio de 2012.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y a la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945. La Cámara de Representantes, RESUELVE: Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el departamento de Maldonado, por el día 6 de junio de 2012, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Marco Correa. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor 1er. Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Dr. Daniel Bianchi Presente. De mi mayor consideración. Por la presente solicito a la Cámara que usted preside, licencia por los días 7 al 9 del corriente mes, por haber sido invitado por el Congreso de la República de Perú y la Representación Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, a llevarse a cabo el 8 de junio en la ciudad de Lima, Perú, como surge de la invitación que se adjunta, convocándose al suplente correspondiente. Saluda a usted atentamente, JORGE ORRICO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico, para asistir al Foro denominado: “El Rol de los Parlamentarios en Materia de Derechos Humanos”, organizado por el Congreso de la República de Perú y la Representación Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América Latina, a desarrollarse en la ciudad de Lima, República de Perú. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 7 y 9 de junio de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su

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artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 7 y 9 de junio de 2012, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Dr. Jorge Orrico, para asistir al Foro denominado: “El Rol de los Parlamentarios en Materia de Derechos Humanos”, organizado por el Congreso de la República de Perú y la Representación Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América Latina, a desarrollarse en la ciudad de Lima, República de Perú. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Dr. Jorge Zás Fernández. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

Por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Fernando Amado, por el día 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Ortiz. De la señora Representante Susana Pereyra, por el día 6 de junio de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Bousses”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 6 de junio del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, FERNANDO AMADO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2012. II) Que el suplente siguiente, señor Álvaro Fernández integra la Cámara por el día de la fecha. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta.

18.- Intermedio.
SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite, señor Presidente? Mociono para que la Cámara pase a intermedio por el término de media hora. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en noventa: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 19 y 46) ——Continúa la sesión. (Es la hora 19 y 53)

19.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 6 de junio de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Nicolás Ortiz. Sala de la Comisión, 5 de junio de 201 GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 6 del mes en curso, por motivos personales. Saluda atentamente, SUSANA PEREYRA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 5 de junio de 201 2. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Lauro Meléndez”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Represen-

tante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Ricardo Muttoni”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Carlos Barceló”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Julio Baráibar”. “Montevideo, 5 de junio de 201 2. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Daniel Montiel”. “Montevideo, 5 de junio de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Jorge Orrico Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Represen-

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tante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente José Fernández”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Susana Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de junio de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Lauro Meléndez, Ricardo Muttoni, Carlos Barceló, Julio Baráibar, Daniel Montiel y José Fernández. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1º de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Susana Pereyra, por el día 6 de junio de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Lauro Meléndez, Ricardo Muttoni, Carlos Barceló, Julio Baráibar, Daniel Montiel y José Fernández. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Heber Bousses. Sala de la Comisión, 5 de junio de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

Fernández, Delgado, Otegui Griego, Gandini, Borsari Brenna, Mario García, Planchón, Silvera Araújo, Iturralde Viñas, Novales, Vidalín, Lacalle Pou, Casas, Olmos y Caram. (Se lee:) “Como resultado de la interpelación al Sr. Ministro del Interior Eduardo Bonomi constatamos la absoluta falta de respuestas en seguridad pública y administración del sistema carcelario.- Se constata la falsedad del contenido de declaraciones públicas del Sr. Ministro durante la crisis de mes de Abril, que quitan confianza en su persona para la gestión en su alta investidura.- Se confirma la falta absoluta de capacidad para conducir el Ministerio del Interior, ante la mayor crisis de seguridad que ha conocido el Uruguay.- Los legisladores firmantes mocionamos, de acuerdo con el art. 147 de la Constitución de la República.- Moción de Censura.- Como consecuencia de la ineficacia de la gestión administración y de gobierno, en el sistema carcelario y, teniendo en cuenta, la sensibilidad que se identifica en la ciudadanía de todo el País en graves carencias en seguridad pública, los Legisladores firmantes proponemos la Censura de los actos de Administración y de gobierno del Sr. Ministro del Interior, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 147 de la Constitución de la República”. ——El segundo inciso del artículo 147 de la Constitución de la República establece: “Cuando se presenten mociones en tal sentido,” -se refiere a mociones de censura- “la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada, con un término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre su curso”. En consecuencia, oportunamente se comunicará cuándo será la sesión -que no podrá ser antes del jueves- para tratar esta solicitud de censura presentada por los señores Diputados del Partido Nacional. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Para evitar equívocos aclaro que los Diputados dispondrán de quince minutos para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: ahora tenemos la posibilidad de desarrollar, en estos esca-

20.- Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. Dese cuenta de una moción de censura presentada por la señora Diputada Alonso y los señores Diputados José Carlos Cardoso, Goñi Romero, Saravia, Amarilla, Javier García, Trobo, Arocena Argul, Peña

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sos quince minutos, algunas de nuestras inquietudes con respecto al sistema carcelario. Estamos hablando de una crisis que se desata, particularmente, a partir del asesinato de un policía de cárceles, ejecutado de un balazo en la cabeza por un recluso. Esto aconteció en la mañana del 20 de abril. Quien falleció fue el guardia Oseas Pintos, nativo de Rivera, y quien lo asesinó -que a la postre, también cayó- fue el recluso Eduardo Brasil, en el Penal de Libertad. Este recluso extrajo de sus ropas una pistola 9 milímetros. ¡Una pistola 9 milímetros dentro del Penal! Si usted me apura, diría que a partir del motín se encontró de todo; se encontraron unas cuantas armas. Es cierto que se encontraron granadas. Yo vi una granada de fragmentación, que no había explotado. También había una granada de gas, de la guardia. ¿Cómo llegó? No lo sé, pero era de la guardia la que estaba allí dentro. Nadie sabe cómo ingresó esa pistola al Penal. El 24 de diciembre de 2010 votamos una ley que autorizaba la instalación de escáneres en las cárceles a efectos de mejorar la revisación de los familiares y trabajar con mucha más eficacia. A este Ministerio se le han dado recursos como a ningún otro Ministerio en este país. El Ministerio del Interior, que cuenta con verdaderas fortunas, no pudo gestionar la compra y la instalación de los escáneres -autorización votada el 24 de diciembre de 2010-, a efectos de evitar lo que tristemente aconteció: la muerte de un muchacho de 27 años. Él no tendría que haber vivido lo que vivió y haber muerto como murió simplemente porque, entre otras cosas, no hubo protocolos, tal como señalaba el señor Diputado interpelante. Dijimos y señalamos que en esa gestión hay un funcionamiento muy curioso. A Alcides Caballero, Jefe de Policía de Rocha, se le prende fuego la cárcel y fallecen quemados doce reclusos, pero hete aquí que el hombre asume como Director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ya no solo dirige la cárcel de Rocha, sino otras cárceles mucho más importantes. Y resulta que quien ocupaba la Dirección de la cárcel de Santiago Vázquez es relevado luego del motín -tengo acá la Resolución- y termina siendo Subdirector del Instituto de Rehabilitación, y el Director del Penal de Libertad pasa a ser Director del Instituto

¡Hay que andar torcido! ¡Debe ser muy embromada la falta de personal en ese Ministerio! La verdad es que si después de todas las cosas que pasan, todos terminan ascendidos, evidentemente, ahí tenemos que mejorar la cosa. Lo cierto es que nunca en la historia hubo tantas armas de fuego adentro del Penal. El motín se desató por una suerte de teléfono descompuesto. Aquí quiero ser franco, llano y sin involucrar directamente a la persona, al señor Pereira Cuadra. Creo que cuando comunicó la suspensión de las visitas en los módulos reveló una absoluta falta de capacidad. En cualquier institución vertical como la Policía o el Ejército, la falta de capacidad para llevar adelante tan solo la comunicación de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar y cómo lo estaba resolviendo la autoridad, lisa y llanamente, lo deja afuera de la posibilidad de continuar al frente de institutos o establecimientos carcelarios en los que los errores siempre se pagan con vidas, o si no, los pagan los uruguayos con los millones de dólares que vamos a tener que gastar en una cárcel cuya construcción será prontamente adjudicada a una empresa, que es la única que propuso no reconstruir, sino la construcción de una cárcel de poco más de mil plazas en siete meses. Qué llamativo, ¿no? ¿A nadie más se le ocurrió presentar una oferta? Creo que sí, que hay una empresa que se ha presentado y que tiene las mismas posibilidades de hacer lo que propone esta otra. Sinceramente, me gustaría saber en un concurso de precios cuál de las dos empresas construye más rápido y la hace mejor, y cuál de las dos propuestas le cuesta menos dinero a los uruguayos. Eso es, en definitiva, la transparencia de la que estamos hablando y que reclamamos. Luego de la destrucción de los Módulos 4 y 5, los patios del Módulo 8 pasaron a albergar mil doscientos noventa y cuatro reclusos. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo y unas cuantas cosas para señalar a vuelo de pájaro, que voy a ir leyendo para ir más rápido. Cabe señalar que a través de la Ley de Emergencia Carcelaria habilitamos al Poder Ejecutivo a adoptar medidas jurídicas, administrativas y financieras con el objetivo de empezar a revertir la situación imperante. ¡Está peor! ¡Está todo peor! Asimismo, en el aspecto económico se autorizó al Poder Ejecutivo a recurrir a las fuentes de financiamiento necesarias hasta el monto de $ 292:000.000.

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Para que se entienda un poco qué es la gestión, puedo decir que todos pagamos cuentas en nuestras casas y más o menos alguna idea nos podemos hacer porque una cárcel no es nada tan especial. Les puedo decir que la cárcel de Santiago Vázquez paga lo mismo de luz que de agua. ¿Alguien puede creer que paguemos lo mismo de luz que de agua? Hay que tener en cuenta que de electricidad se gasta una verdadera fortuna porque se hacen calentadores con ladrillos y total, como los paga el pueblo, el Gobierno, el Ministerio o quien sea, los reclusos los dejan. ¡No hay caños! ¡El agua se cae! ¡No hay caños! ¡El agua está saliendo permanentemente sin parar! Pagamos tanto de agua como de corriente eléctrica. A título informativo quiero señalar que por concepto de energía eléctrica pagamos $ 32:000.000 y $ 31:000.000 de agua, y no olvidemos lo que se paga por los servicios de agua potable, el trabajo realizado por la Dirección Nacional y las erogaciones por atender los gastos de alojamiento. Hay que ver a dónde va el 80% de lo que hemos puesto para que los uruguayos terminemos con este flagelo de establecimientos penitenciarios, que lo único que hacen es recibir condenas de todo el mundo y determinar que Uruguay hoy aparezca como un violador sistemático de los derechos humanos. ¿De quiénes? De los reclusos. ¿De quiénes más? De los familiares. Sí, pero ¿de quiénes más? De los funcionarios. Vuelo rápido sobre las cosas pero cómo me gustaría extenderme para decir, por ejemplo, que cuando a los funcionarios se les pregunta si su trabajo interfiere con su vida familiar, el 86% dice que sí. Reitero que el 86% de los funcionarios afirma que su trabajo en la cárcel interfiere con su vida familiar. Cuando se les pregunta si se notan ansiosos e irritables, el 73% dice que sí. Al consultarlos sobre si han tenido reacciones violentas en su núcleo familiar, el 43% dice que sí. Consultados sobre si presentan dificultades para dormir, el 62% dice que sí. Interrogados sobre si se despiertan de noche, el 59% dice que sí, y el 30% responde afirmativamente cuando se le consulta si utilizan medicación. En definitiva, no tenemos otra cosa más que un enorme grupo de funcionarios a los que hemos abandonado a la buena de Dios. Entonces, las cosas van como van y terminan como terminan. No soy yo, este Diputado batllista por Montevideo, quien también señala algunas conductas del Mi-

nisterio del Interior: por si fuera poco haber olvidado la situación que vive el funcionariado, quienes lo representan son de alguna forma, señalados, raleados, perseguidos. Persecución sindical le llaman. Aquí hay varios que saben de eso. ¿No es cierto, señor Diputado Groba? Fíjense que se ha iniciado un sumario -a mi juicio se equivocaron- a quienes representando a los funcionarios policiales concurrieron a la cárcel de mujeres, al Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. Se dice que identificándose como representantes sindicales originaron, entre las mujeres privadas de libertad, un grave desorden interno que derivó en daños materiales. Este sumario se hizo contra dos representantes sindicales que, aun equivocando la forma, estaban planteando una medida de duelo ante el asesinato de un compañero de trabajo, y eso se lo respetamos a los taximetristas, a los conductores de ómnibus, a todos los gremios, porque es una reacción natural de solidaridad. Y esto no lo dice este Diputado batllista por Montevideo; lo dice también hoy el PIT-CNT. Por lo tanto, también contamos con la aprobación -a mi juicio, incuestionable para el partido de Gobierno- de la central obrera, lo que tampoco es poca cosa. Quiero cerrar diciendo dos cosas. Hoy es el Día del Medio Ambiente y quiero exhortar a las autoridades del Ministerio en este sentido. No solamente vemos el COMCAR de frente; no solamente vemos los alambrados; detrás, están las plantas de tratamiento de aguas. Esas plantas de tratamiento de aguas, que son muy grandes, conectan directamente con el humedal del río San Lucía, un área protegida, una zona riquísima en su biodiversidad. ¡Esas plantas de agua no existen! Son gigantescos toneles de aguas servidas que contaminan sistemáticamente el río Santa Lucía y -repito- una de las áreas protegidas más ricas e importantes que tiene el sur del país: el humedal del Santa Lucía. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Como el señor Presidente me indica que redondee y ya tuvimos bastante, simplemente quiero dejar como consigna, lamentando no tener tiempo, que hay cuatrocientos niños desaparecidos en este país. Hemos llorado y lamentado niños desaparecidos en otras circunstancias -merecidamente llorados-, y ahora, hay cuatrocientos niños desaparecidos porque no se cumple con la ley. Están presentes la asesora Fulco

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y el Comisario Inspector Hermida, quienes han señalado -consta en la versión taquigráfica- que hay cuatrocientos niños desaparecidos en este país, y se reconoce que no tienen la menor idea de dónde están. Gracias. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: es una lástima que tengamos que hablar solo para una parte de las bancadas de este recinto. Nos sorprende que la bancada del Partido Nacional no se encuentre presente. Nosotros interpretamos esto como una verdadera falta de respeto de esa bancada; no entendemos por qué le parece poco importante o intrascendente lo que el Partido Colorado, el Frente Amplio o el Partido Independiente tengan para decir respecto a este tema que estamos analizando y que ellos mismos pusieron sobre la mesa. Verdaderamente entiendo que es una falta de respeto de parte de la bancada del Partido Nacional. Hemos escuchado atentamente al señor Ministro; no es la primera vez que lo hacemos. Resulta que estamos llenos de planes, de proyectos y de convenios con instituciones nacionales y con apoyo internacional. Resulta que tenemos eventos académicos, culturales e intercambio. Resulta que tenemos documentos aprobados que garantizan el respeto a los derechos humanos de los reclusos, porque si no los garantizan, no sé para qué están. Resulta que tenemos metas y objetivos de excelencia. Resulta que tenemos un abordaje conceptual adecuado; resulta que tenemos un rumbo planificado absolutamente compartible, pero, además, resulta que tenemos como cuatro horas de relato de cómo los presos trabajan a cara de perro en este país, y resulta que también tenemos unas diapositivas que nos muestran unos verdes cultivos que parecen tomadas en el Parque del Recuerdo Entonces, donde yo fui no eran las cárceles de nuestro país. Esos lugares donde la vida se desarrolla como una tortura perpetua, con reclusión y hacinamiento, con indignas condiciones de sobrevida, con las condiciones edilicias y sanitarias más precarias que nos podamos imaginar, esa cosa que es lo más parecido al noveno círculo del infierno, no son las cárceles de nuestro país. O no son, o me llevaron engañado, o yo llegué después de la hora, cuando la carroza se

había transformado en calabaza, porque no tiene nada que ver lo que yo vi con lo que el señor Ministro nos ha contado. Desafortunadamente, la realidad es otra. En el otoño de 2012 hemos vivido el peor momento en la historia de las cárceles de nuestro país. Más allá de todo el relato y de todas las cosas que pasaron antes, en el otoño de 2012 hemos vivido el peor momento de las cárceles de nuestro país; hemos asistido a una catarata de eventos terribles que no hacen más que desnudar, que poner en evidencia, una vez más, el extremo deterioro, el desgobierno, la situación de caos que impera en nuestras cárceles, una situación que no por evidente deja de impactarnos ni de impresionarnos negativamente. No es una situación nueva -en esto estamos de acuerdo-, como bien ha señalado el señor Ministro. Por eso no nos gusta hablar de la crisis del sistema: primero, porque no hay sistema y, segundo, porque lo que define una crisis es su carácter de transitoriedad; una crisis es, por definición, un momento; lo que tenemos en nuestras cárceles es una falla estructural que no es ajena a los problemas estructurales que tenemos en otros ámbitos de la vida nacional, como todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. En nuestras cárceles radica uno de los nudos centrales que si no logramos resolver, no mejoraremos. Se trata de una situación que no es nueva -estamos absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ministro-, pero que se ha agravado hasta límites intolerables: libre circulación de drogas, libre circulación de celulares, libre circulación de armas, insólitos códigos internos de funcionamiento, según los cuales se admite implícitamente la existencia de armas dentro de las cárceles, y que se entiende que fueron violados solo porque en esta oportunidad se le disparó a un policía, porque, en realidad, ya pasaron más de diez años desde que tuvimos la primera víctima por arma de fuego dentro de las cárceles, y luego hubo otra, y otra, y nadie se escandalizaba. Hace poco tiempo vimos cómo mataron al “Rambo”, persiguiéndolo con un arma por los establecimientos carcelarios, y ahí no se vulneraba ningún código interno de funcionamiento. Esto se da en un contexto de crisis de autoridad porque la institución policial está corrompida; crisis de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios, con desencuentros y discusiones entre el personal y las autoridades carce-

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larias, y entre las propias autoridades carcelarias, en medio de los motines. Y también hay traidores que proporcionan armas de fuego a los reclusos. Precisamente, uno de estos traidores termina siendo, en definitiva, cómplice del asesinato del guardia herido de muerte Esto tiene que ver con la crisis de autoridad. Si se encontraron nueve armas de fuego entre los módulos 4 y 5, ¿cuántas más armas hay? No sabemos, pero estamos seguros de que en la cárcel hay un arsenal en poder de las mafias internas que funcionan allí. A todo esto, no fue un condimento intrascendente que la máxima autoridad carcelaria para el área metropolitana sugiriera el involucramiento de dirigentes políticos en los motines. Eso hizo mucho daño. El señor Coordinador denunció, en medio de los motines, la existencia de una guerra contra el Gobierno, la existencia de pruebas, de mensajes de texto y de números de teléfono que estaban en su poder; propagó sospechas a la marchanta; durante varios días, aportó titulares a los medios de comunicación y generó un daño irreparable: la siembra de dudas cosecha el descrédito de todos. Y lo peor es que en lugar de pararle inmediatamente el carro, en lugar de interrumpir y descalificar el exabrupto del señor Coordinador del Área Metropolitana, se le condecoró con la orden del viejo comisario sabueso. Más tarde, todas las afirmaciones que había hecho tuvieron que ser desmentidas por el propio señor Ministro del Interior. Esta es la estrategia penosa que desde hace un tiempo venimos viendo, de escurrir el bulto, de conseguir culpables. Todo siempre tiene que estar condimentado con piruetas y malabares discursivos para tratar de eludir y traspasar las responsabilidades. Cualquiera que esté dentro del campo visual y que sea ajeno al Gobierno es sospechoso, como, por ejemplo, la prensa, que siempre tiene la culpa de algo. Yo no digo que no haya empresas periodísticas en este país que tengan mucho poder e influencia, máxime, a la luz de lo que fueron los últimos cambios en el Gabinete Ministerial. Por supuesto que hay empresas periodísticas que tienen mucho poder e influencia, pero a la prensa no se la puede cargar con todo aquello que el Gobierno no tenga la capacidad de resolver oportunamente.

Después de todo lo que ha pasado, después de que el Parlamento votó todos los recursos y todas las herramientas legales que solicitaran el señor Ministro y la Administración, ¿se desactivó la bomba? No; seguimos teniendo luces rojas. Ahora, Canelones, peligrosamente, se acerca, asintóticamente, a un desborde que estuvo a punto de acontecer. En Rivera hay una situación que sí es nueva y que se genera a partir del traslado de más de cien reclusos que protestan contra ese traslado que, por supuesto, implica desarraigo, alejamiento de los familiares, no recibir el paquete con alimentos -o vaya a saber con qué- y el deterioro de un establecimiento recién construido. Entonces, hay que pensar las soluciones antes de que aparezcan las nuevas crisis. Después se dirá que la situación no es nueva, lo cual es tan verdad como que se agrava día tras día y las cosas no se reencauzan. La pérdida de autoridad, la ruptura de la cadena de mandos tampoco es nueva, pero también se ha agravado. Y se ha agravado, por ejemplo, desde la entrada en escena de los sindicatos policiales. No es posible admitir que a causa de medidas gremiales se incurra en determinaciones sancionatorias a los reclusos, lo cual, a esta altura de los acontecimientos, parece estar claro que fue el disparador de los amotinamientos que nos conmocionaron y nos mantuvieron en vilo los últimos días de abril; sindicatos policiales no tendrían que existir. Lo digo con absoluta responsabilidad: los sindicatos policiales no tendrían que existir por cuestiones meramente pragmáticas, porque los militares y los policías de este país son quienes se encargan del monopolio de la violencia permitida. Son quienes tienen las armas que después terminan apareciendo en manos de los que no deberían tenerlas. Pero además, no deberían existir porque son inconstitucionales, porque el numeral 4º) del artículo 77 de la Constitución de la República dice a texto expreso que no pueden ejecutar ningún acto público o privado de carácter político. Y no dice “política partidaria”, dice “acto de carácter político”. ¿Alguien piensa en este recinto que los sindicatos de este o de cualquier país, no ejecutan actos políticos, en el sentido amplio del término, y, a veces, también en el sentido restringido? En serio: ¿alguien cree en eso? ¡Por favor! Lo que ocurre es que los sindicatos policiales son como una botella de humo: es fácil destaparla; lo complicado es reenvasar. Vamos a

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tener que trabajar juntos todos nosotros, cuando nos convenzamos de ello, para desandar el error histórico que fue poner en marcha esto. El sistema carcelario uruguayo no cumple con su principal fin, la rehabilitación; por el contrario, dessocializa, y es a la vez un lugar donde se producen y reproducen una infinidad de violaciones a los derechos humanos, de las que todos somos corresponsables. Estamos permanentemente violando el artículo 26 de la Constitución de la República. En nuestro país, la República Oriental del Uruguay, hoy, 5 de junio de 2012, estamos violando los derechos humanos, aunque nadie se rasgue las vestiduras, aunque nadie marche por la vigencia de los derechos humanos de los parias. Sin duda que es necesaria una reforma en profundidad de la institución policial que la saque del rol casi exclusivamente de gestión administrativa del delito que hoy cumple, que aumente su presencia, que refuerce el rol preventivo y que la depure de los elementos espurios que hoy la contaminan. Hay que sacudir a la institución policial para depurarla de los corruptos y de los traidores a fin de contribuir a recuperar la confianza perdida de la población. Hace bien el señor Ministro en utilizar a los sectores más sanos de la institución, la Guardia Metropolitana, los coraceros, aquellos sectores donde la verticalidad no está cuestionada. Pero yo pregunto: ¿está bien o está mal sacar a las cárceles de la órbita de competencia de la Policía? ¡Está perfecto! Al fin tenemos un proyecto, pero hay que señalar que desde hace muchos años esto era poco menos que una promesa incumplida. ¿Está bien o está mal bloquear los celulares de los reclusos? ¡Por supuesto que está bien! ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tuvimos que esperar que pasara lo que pasó? ¿Está bien o está mal el uso de los escáner? ¡Está bien! ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tuvimos que esperar que pasara lo que pasó? ¿Está bien o está mal la revisación y la vigilancia de las entradas de los establecimientos carcelarios por parte de efectivos militares? ¡Está bien! ¿Pero por qué ahora, si es ley desde hace muchos meses? ¿Por qué creemos que podemos sentirnos por encima de lo que la ley manda y esperar hasta cuando a nosotros nos parezca conveniente para cumplirla? ¿Está bien o está mal el cambio en la política de recursos humanos, el ingreso de operadores carcelarios en lugar de los viejos guardacárceles? ¡Por supuesto que está bien! Pero si tenemos presupuesto para mil quinientos desde hace

muchos meses, ¿por qué recién ingresaron menos de quinientos y fueron desparramados en todo el sistema, diluyéndose su efecto y siendo fagocitados por el sistema establecido? ¡Da mucho fastidio! Da mucho fastidio escuchar y, a veces, hasta sintonizar con el discurso y el abordaje conceptual que se emite desde el Gobierno y desde las autoridades en general. Yo muchas veces lo comparto, pero no es bueno escucharlo demasiadas veces y nunca poder contrastarlo con la realidad que invariablemente transita por otros andariveles, absolutamente diferentes. Nosotros estamos totalmente convencidos de la intención positiva del señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi. Pero, obviamente, este convencimiento no se hace extensivo a otras cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo, a gestos como el que hoy se hizo en esta Casa al no permitir la convocatoria del señor Comisionado Parlamentario: un gesto en el que, otra vez, la mayoría enyesada hace alarde de su capacidad de votar cualquier cosa. Esto va a ser mucho más obvio el día en que la mayoría, envalentonada, decida derogar la ley de gravedad, porque los objetos, porfiados, van a seguir cayéndose. Además, sembramos un muy mal precedente, porque con los mismos argumentos, los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos nunca más podrán ser convocados a este recinto. Es en verdad un episodio muy triste el que pasó hoy acá. Claro, también se puede recurrir a los prestidigitadores del discurso para convocar a cualquiera, porque acá las cosas valen para un lado y después para el otro: “Como te digo una cosa, te digo la otra”, y parece que no solo es el Presidente el que dice eso. Reitero: nosotros estamos absolutamente convencidos de la intención positiva del señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, porque además coincidimos, en parte, con cierta perspectiva que él tiene. A algunas autoridades del Gobierno les cayó la ficha; se dieron cuenta de que no pueden seguir atribuyendo todo a la sensación térmica, que no se pueden seguir negando los problemas, y que como evidencia de la gestión del Gobierno Departamental de Montevideo, el pretexto de la herencia maldita va perdiendo vigencia, va caducando con el tiempo. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la intención positiva del señor Ministro del Interior,

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don Eduardo Bonomi. Pero todos nosotros, y primero el señor Ministro del Interior, nos tenemos que poner las pilas. ¡Hay que sacudir la modorra, entre otras cosas, porque los presos no miran el calendario electoral de las distintas fuerzas políticas a la hora de planificar conflictos o motines! ¡Hay que gestionar; hacer lo que hace falta! Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la tarea de fondo para comenzar a controlar el crimen en nuestro país es trabajar en serio en la prevención y en la rehabilitación, que supone una tarea de mediano a largo plazo para empezar a obtener resultados. Pero esto también es parte de un plan de política criminal entendida en su acepción más amplia, que debe abarcar aspectos de las políticas penales y de las políticas sociales, que tendrán que ser menos asistencialistas que aquellas a las que nos hemos acostumbrado últimamente, y que deberán tener una dimensión promocional mucho más vigorosa; pero eso, ya es otra historia. Muchas gracias, señor Presidente. (Apoyados) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente… SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MICHELINI.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (ORRICO).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: simplemente, quisiera aclarar que en la intervención inicial de esta sesión, cuando nos referimos al significado político que hubiera tomado la presencia del señor Garcé en una interpelación a un Ministro de Gobierno, en ningún momento pusimos en duda ni la idoneidad técnica, ni la neutralidad, ni la honradez personal del doctor Garcé, a quien mucho apreciamos. Queríamos dejar esta constancia en la versión taquigráfica. Agradezco al señor Diputado Michelini por concederme la interrupción. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: ya está finalizando la sesión y me parece que lo primero es lo primero. La situación que se generó a partir del hecho desgraciado del 20 de abril, cuando se asesinó al policía ejecutivo Pintos, antes que nada, nos genera rechazo y repudio, así como sentido de dolor y solidaridad con la víctima y sus familiares. Me parece que ese es el primer punto que es sustancial señalar. Al mismo tiempo, también es preciso mencionar el nivel de angustia y dolor de las familias de las personas que están recluidas, privadas de su libertad ambulatoria, en procesos penales o con condenas, porque, en definitiva, se trata del sector que más sufre. La segunda cuestión, señor Presidente, también es una expresión de sentimiento, en el sentido de que la sesión de hoy nos da mucha pena, mucho dolor. No creemos que el Parlamento tenga que ser objeto de una maniobra política irresponsable donde se cita a un Ministro y, antes de que haya finalizado, ya se está convocando a una sesión de censura. ¡La bancada del Frente Amplio no solo viene aquí a hablar de las buenas intenciones del señor Ministro Bonomi, sino también a respaldarlo, hoy y después, en la sesión relativa a la moción de censura! Está claro que aquí no hay ninguna falta de autoridad ni una crisis de autoridad. Aquí hay una autoridad que está mandando en el país, que ejerce con claridad y con firmeza las competencias y los cometidos constitucional y legalmente establecidos. ¿Qué nos depara esta interpelación? Después de todo lo que se expresó, se dice al pasar: “La acción de la represión fue muy correcta”. Pero ¡caramba! ¡Hubo una acción de represión, de sometimiento de un motín de decenas de reclusos y, al pasar, se dice que fue una acción correcta! ¡Y resulta que el Ministerio del Interior nada tiene que ver! En definitiva, se pone la atención en cuestiones accesorias. La situación de los penales, actualmente, ¿está controlada o no? ¡Hoy está controlada, señor Presidente! Por lo tanto, podemos discutir esto con cierta perspectiva. Se trata de un aspecto institucional que tiene que quedar claro e inequívocamente establecido. Acá se ha hablado de la democracia y del papel del Parlamento. Debemos tener en cuenta que se trata de un Ministro del Interior que ha venido a la Comisión Permanente, a esta Cámara, en régimen de Comisión General, o a una interpelación, que ha ido a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, que ha dispuesto horas y horas acá,

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tanto él como sus asesores. Entonces ¿no es un Ministro que tiene deferencia con el Parlamento? ¿Se lo toma en jauja, o a las risas? ¡No, señor! ¡Se lo toma con seriedad! Por lo tanto, este Ministro, respaldado por esta bancada, presta al Parlamento la atención debida y que corresponde al sistema institucional democrático que rige en nuestro país. Por otra parte, quiero aclarar lo de las mayorías de yeso y eso de que tomamos las cosas a la marchanta. Si ha habido una institución que vaya si esta bancada luchó durante años para que se instaurara y que respeta es la del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Se lo respeta no solo cuando se lo convoca a las Comisiones, tratándolo con deferencia y permitiéndole que brinde todos los informes, sino porque, en silencio, todos los parlamentarios trabajamos con él, le brindamos datos y, en definitiva, lo ayudamos a cumplir con su función. El hecho puntual de que en una interpelación -ante una solicitud que no tiene precedentes en la historia parlamentaria- no se le permita ingresar a Sala para hacer un careo con el señor Ministro del Interior, no quiere decir en absoluto que no estemos respaldando a esa institución, que hemos considerado como un elemento fundamental para el mejoramiento de las instituciones democráticas. SEÑORA MONTANER.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado? SEÑOR MICHELINI.- Lamentablemente, tengo poquísimo tiempo, por lo que no voy a conceder interrupciones. Pido disculpas. Hay que tener claro que el señor Ministro ha sido muy concreto en cuanto al fin que debe perseguir el sistema carcelario: la rehabilitación. Se dice que durante cuarenta años el sistema carcelario no ha servido a ese fin; bueno, ¡chocolate por la noticia! No lo ha servido con Administraciones blancas, con Administraciones coloradas, y ni qué hablar en ese triste período instaurado en el país por gente que ni vale la pena nombrar. En definitiva, decimos que la Ley Nº 17.897, que estableció la emergencia del sistema carcelario, fue en la línea de exponer claramente el problema que teníamos con el sistema carcelario, ratificado, además, por el programa del Frente Amplio, fuerza que por segunda vez consecutiva -guste o no guste a muchosgobierna el país. En materia de seguridad, nosotros pusimos este asunto arriba de la mesa. Que hay dificultades endémicas…

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se solicita que se retire a esa señora de la barra. (Así se procede) ——Puede continuar el señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: decía que sí hay dificultades endémicas en la sociedad uruguaya, como la modificación del Código del Proceso Penal, pero eso no es de hoy. Esta Cámara aprobó una ley para una reforma parcial del Código, pero después suspendió su aplicación y la derogó, porque no hubo posibilidades reales de establecerlas. Hoy tenemos un texto a estudio, un proyecto. Sin duda; es así. Pero es parte del problema que hace a los derechos humanos, que nosotros defendemos independientemente del momento histórico del país. Creemos que el sistema penitenciario tiene una condición endémica de violación de los derechos humanos y, en la medida de nuestras posibilidades, estamos trabajando para su superación. Evidentemente, las condiciones de hacinamiento han profundizado elementos que hacen a la precariedad del sistema carcelario. El Comisionado Parlamentario decía que tenía noticias de que desde 2000 ya había armas y elementos utilizados como tales dentro del sistema carcelario. El señor Ministro dice que esto se remonta al período inmediato a la reapertura democrática. Pero en un marco de hacinamiento, en el que esta población carcelaria tiene una vinculación con la droga mucho más fuerte, y con la incorporación de nuevas tecnologías, como los celulares, todo eso se reproduce como caldo de cultivo y se vuelve muy difícil de trabajar. Nosotros insistimos en que la línea de acción es trabajar sobre los acuerdos interpartidarios que logramos concretar arduamente en agosto de 2010. ¡Esa es la hoja de ruta, ese es el nivel de trabajo que tenemos que lograr! Si no hay un apoyo para la construcción -que no se logra buscando fácilmente los flashes de los medios de comunicación ni anunciando interpelaciones para que después no haya ninguna sustancia-, no podremos resolver nada. Estamos convencidos de que cuando bajen los ánimos, todos vamos a recuperar un espacio de diálogo a efectos de poder aplicar ese acuerdo interpartidario. No quiero dejar de referirme al aspecto puntual y concreto, ya que tanto se habla del Comisionado Par-

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lamentario. En la Comisión específica de la Asamblea General el Comisionado Parlamentario dijo que no había ninguna noticia, ninguna información, ninguna pista de que eventualmente pudiera pasar lo que pasó. Eso está en la versión taquigráfica. Además, dijo que si él hubiese sabido que ese sujeto tenía un arma de fuego habría hecho todo lo posible para que efectivamente se actuara, porque estaba convencido de que tenía problemas, situación que podía generar un elemento de alta conflictividad dado que las características de ese recluso así lo indicaban. Aquí se nos vino a adjetivar la acción del señor Ministro en este tema puntual; se ha dicho de todo y no se ha probado nada. Se ha señalado que es ambivalente, mal administrador, mal dirigente, poco profesional, que busca los conflictos afuera, pero no se ha probado nada. ¡Y en cuanto a la libertad de prensa, desafío a cualquiera -de cualquier partido- a discutir sobre ella en el Uruguay! Porque el Gobierno del Frente Amplio -el anterior y este- tiene legislación modelo en la materia, reconocida por los organismos internacionales. ¡Y no tenemos ni un solo antecedente de haber cerrado diarios, revistas u otros medios de comunicación! Por lo tanto, para hablar de libertad de prensa hay que tener autoridad moral y política. Entonces, digo que todos esos epítetos y adjetivos de ninguna manera pueden soslayar que en la instancia concreta el motín fue superado, que se está administrando correctamente la poscrisis y que, en definitiva, no hay conflicto ninguno o crisis de autoridad en el funcionamiento del sistema carcelario Acá se ha afirmado que el Ministro incurrió en falsedad. El Ministro ha sido delicado al decir que piensa que el miembro interpelante actuó con error. ¡Qué delicadeza la del Ministro! ¡Porque se lo acusó de falsedad! ¡De ninguna manera se puede decir que hubo falsedad! ¡El Ministro actuó por los informes de los subordinados! Si los subordinados le mintieron al Ministro, se verá en la Justicia y serán procesados por falso testimonio. Con respecto a lo que está en el marco de un expediente interpuesto ante la Jueza Merialdo -se nos leyó, supuestamente, una copia de una actuación administrativa dentro del Poder Judicial-, bueno, considero que hay que leerlo en su plenitud. No alcanza con leer la frasecita que nos conviene. Yo no conozco

ese expediente. Ahora, ¿los Magistrados de este país no son objeto de errores? ¿No pueden meter la pata y después eventualmente acomodarla? ¿Son impolutos? ¡No! Creo que, lamentablemente, hay ejemplos -que, naturalmente, a todos nos entristecen-, que demuestran que la sociedad uruguaya ha podido procesar conductas erráticas. Me parece que basar la falsedad de un Ministro en la lectura parcial de un expediente es una grosería política que simplemente busca justificar lo que no se pudo probar. Agradezco a mi bancada que me haya dado la posibilidad de hacer esta alocución final en un debate que va a seguir cuando la Cámara se reúna nuevamente, a los efectos de analizar la moción de censura, que, reitero, es un acto de gravísima irresponsabilidad política de parte de quienes la propusieron. Muchas gracias. (¡Muy bien!) SEÑOR VERRI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VERRI.- Señor Presidente: estamos llegando al final de la sesión y, según lo acordado, ya no hay oradores anotados para hacer uso de la palabra, razón por la cual no vamos a entrar en el fondo del tema. Sin embargo, queremos dejar una constancia política, porque es importante hacerlo. Por cierto, no compartimos lo dicho por el señor Ministro. Discrepamos con todas y cada una de las cosas que se han hecho y que se están haciendo en materia de seguridad y del sistema carcelario. Pero -repito- no vamos a señalar nuestras discrepancias en el día de hoy; lo vamos a hacer en la próxima sesión, cuando se trate la moción de censura que ha presentado el Partido Nacional. Sí queremos dejar una constancia: rechazamos la actitud del Partido Nacional al haberse retirado de Sala. Nos parece que no es democrático pedir los votos para una interpelación y después, cuando se está en pleno proceso, retirarse de la Sala y no tener la valentía de escuchar lo que opinan los otros partidos. Creo que nosotros hemos actuado de buena fe. Cuando otorgamos el voto fue porque creímos que el tema valía la pena. No importa si no nos dejan hablar, aunque nosotros teníamos mucho para decir y hoy no pudimos hacerlo. Tal vez lo podamos decir en la próxima

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sesión. Pero lo que importa es que cuando dimos nuestro voto lo hicimos convencidos de que la interpelación correspondía, porque vale la pena discutir en este ámbito sobre la seguridad y el sistema carcelario. No nos parece bueno para la democracia que nos abandonen, que se vayan de Sala y nos dejen a algunos sin la oportunidad de hablar, por lo menos, y que nos escuchen. Creo que este es el respeto mínimo que debemos tener en este Parlamento para manejarnos cuando encaramos algo. Queríamos que quedara esta constancia claramente establecida. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señor Presidente: esta vez voy a ser breve, pero hay cosas que no quiero dejar pasar. No quiero pasar por alto la injusticia cometida con el Mayor Leles Da Silva y con el Mayor Severo. Si en el COMCAR no hubo una masacre fue por cómo se dirigió el Mayor Leles Da Silva, a pesar de los problemas que tuvo. Lo mismo digo con respecto al Mayor Severo, en Libertad. Acá se dijo que los que fracasaron fueron ascendidos; ese es un profundo error. Nosotros leímos largamente cómo se había salido de los motines en otras instancias, con muertos y heridos -y no uno o dos, sino varios-, con presos quemados con cigarrillos, orinados, golpeados, con los huesos quebrados. Nada de eso pasó. Eso se logró por la conducción de los dos Mayores. Es una tremenda injusticia lo que se dijo. Respecto a las empresas que pueden hacer las obras, generalmente pasa -hasta en los clubes deportivos- que cuando se hace una licitación se le pone un plazo, y después que se presentan las propuestas, se abren para ver a quién se elige. Las que se presentaron e hicieron propuestas son las que se tomaron en cuenta. Si después aparecieron otras empresas, lo hicieron fuera de fecha. El Inspector Pereira Cuadra no comunicó que se suspendían las visitas; por el contrario, comunicó que se hacían las visitas y los reclusos quedaron absolutamente conformes. Después que él se retiró, los corruptos dijeron que no las iba a haber para provocar algo parecido a lo que pasó.

Tampoco es cierto que todos los organismos internacionales nos condenan. Al contrario: en este momento la mayor parte de los organismos internacionales nos están dando para adelante. Proyectamos un video, nada menos que el del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que dijo que los dos únicos países que tenían buena nota con respecto a las cárceles eran Chile y Uruguay. Y esa posición de Naciones Unidas es respaldada por otros organismos. Entonces, yo no puedo dejar pasar que después de haber explicado eso, que después de haber proyectado un video -proyectaron un video de Subrayado; nosotros proyectamos el de la CNN-, se diga lo contrario. No hay 1.200 presos en los patios; hay 378. Los patios hoy, mañana o pasado van a estar techados. Entonces, no van a ser patios; van a ser barracas. Eso yo no lo puedo pasar por alto. Cuando uno habla extensamente corre el riesgo de que se pierda lo que se dice -es culpa mía-, pero traté de explicar que en las cárceles hay enormes diferencias. Dos de ellas, COMCAR y Canelones, son lamentables, más allá de que en COMCAR hay diferencias internas y hay una parte lamentable y otra no. Pero no es de extrañar que el Diputado interpelante haya visto avances y cárceles buenas; no es de extrañar. Tampoco es de extrañar que otro Diputado que habló haya visto las partes lamentables; no es de extrañar. Pero para comprender el problema es fundamental entender que hay procesos de destrucción y procesos de construcción; lo digo creyendo que lo van a interpretar correctamente, que van a hacer el esfuerzo por interpretarlo. Durante muchos años vimos cómo se fueron destruyendo sistemáticamente las cárceles uruguayas. El ex Ministro Stirling decía -lo leí- que luego de haber gastado millones de dólares en la construcción había que empezar una reconstrucción porque rompieron esa misma cárcel en el curso de un año y medio o dos; esos son procesos de destrucción. Y la destrucción del COMCAR, que se inició en 1990, cuatro años después de construido, forma parte de un proceso de deconstrucción. Nosotros estamos en un proceso de construcción. En el proceso de construcción, que no es un acto de una vez para siempre, sino que es un proceso, se van a encontrar problemas y soluciones. Entonces, no es de extrañar que suceda eso. Con respecto a los recursos que nos votaron, quiero tranquilizar diciendo que en 2011, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones, se ejecutó el 98%

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previsto para 2011. El promedio del Ministerio del Interior durante años fue 48% de ejecución. Nosotros ejecutamos 98%. Ahora vamos en el camino. Me referí a inversiones, ya que ejecutamos menos del presupuesto destinado a sueldos, porque algunas vacantes no se llenaron, y las que no se llenan, no gastan, aunque a veces gastaban. Se ejecutaba un porcentaje importante del presupuesto de sueldos cuando había gente que no trabajaba. En este momento eso no sucede; si hay menos gente trabajando, hay menos gasto salarial. Pero sí fue claro que llegamos al 98% de inversiones. Todas estas compras, estas inversiones que se decía estaban bien, no son sencillas. La adquisición de los escáner no es sencilla. Hay que pasar por un proceso de compra, que todos conocen, pero es complicado. Hay cosas que uno va al lugar donde las venden y las compra. Los escáner se pagan y después se hacen. Entonces, lleva un tiempo recibirlos. En cuanto a los celulares no voy a dar muchos detalles, pero quiero decir que implicó una discusión, que no solo la tuvimos internamente, sino también a nivel de los organismos internacionales, y de países a los que fuimos para que nos asesoraran. Nos dijeron que había dos teorías al respecto. Una de ellas era anularlos y la otra no. La decisión se toma a partir de un momento en que no aumentan los celulares. Yo leí lo que decían los Ministros que pasaba en 1986, en 1990, no lo que yo decía que pasaba. El que creó la Comisión investigadora para ver cómo habían entrado las armas a Punta Carretas fue el entonces Ministro Marchesano. Y si creó la Comisión fue porque las armas ya las habían usado, no era para ver si estaban; era para saber cómo habían entrado, pero también cómo habían entrado celulares, ya en aquella época. El problema es que ahora con los celulares se comete todo tipo de delitos. Antes se cometían uno o dos tipos de delitos, ahora se cobra peaje a los familiares de los presos; hay secuestros a familiares de presos, y un montón de delitos. Entonces, ahí se hace obligatorio anularlos, pero es como el escáner: no es tan sencillo. Pero este año van a estar anulados. La revisoría militar supone un acuerdo. No implica que el Ministro del Interior dé las órdenes al Ministerio de Defensa Nacional y este las cumpla. No se trata de un acuerdo sencillo; es complicado. A veces se plantean cosas que nosotros no compartimos, y eso lleva

un proceso de discusión, y son los militares los que van a usar los escáner. Ahora está arreglado. Los operadores penitenciarios no fueron diseminados en el país; la inmensa mayoría quedó en un solo centro, Punta de Rieles. Hubo épocas en las que cuando faltaban guardias penitenciarias, mandaban un ómnibus a Rivera, contrataban a ciudadanos que no eran policías, que vestían como tales, vestían uniformes, que no tenían ningún tipo de capacitación y se los llevaba a trabajar en cárceles; lo que se producía después esa desastroso. Formar operadores penitenciarios lleva un tiempo. Además, no se puede hacer entrar 1.500 personas y formarlas como operadores penitenciarios. Hay que hacerlo en un número manejable por quienes operan como instructores. Entraron cuatrocientos y después se anotó una cantidad muy importante en Maldonado, que equiparaba esto, y cuando se debían tomar los cursos en diciembre, a comienzos de la temporada, renunciaron todos. Quedaron alrededor de treinta, porque preferían hacer la temporada en Punta del Este y no estudiar como operadores. Entonces, no es todo sencillo; hay dificultades. Sacar las cárceles de la órbita de la Policía está recontra resuelto. Es de lo más difícil. En 1999 se descubrieron armas de fuego en la cárcel de Salto. Este no es un problema sencillo y se viene repitiendo. Pero a veces -este es el problemauno puede explicar un proceso de años y se lo quieren tirar abajo insistiendo en un tema temporal durante dos meses, y le dan y le dan, sacándolo de contexto. Y es lo que se está haciendo. Nosotros tratamos de explicar un proceso. Por último, hay un tema que aquí lo hemos tratado muy lateralmente, hablando del Código del Proceso Penal. Por supuesto, no hablamos de los contenidos. Ya que esto tiene que ver con la seguridad, quiero señalar que en uno de los proyectos planteados está propuesto eliminar las faltas, y los Tribunales de Faltas están eliminados hace años. Entonces, lo que se quitaría si se eliminaran las faltas en el Código sería el dique de contención entre la vida normal y la delincuencia. Esto no hace a la interpelación, pero acá se va a discutir y cuando se haga, se va a sacar el dique de contención entre los que pueden permanecer en libertad y los que entren a la cárcel por haber delinquido en este proceso. Eso lo advierto, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando.

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Termino lamentando la incapacidad del miembro interpelante de llevar a cabo una interpelación con contenido, con discusión y tratando de profundizar en los temas planteados. Lo lamento, pero así son las cosas. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Passada, Payssé, Laurnaga, Pereyra, Sanseverino, Cáceres y los señores Diputados Mujica, Bayardi, Puig, Groba, Pereyra, Mahía, Souza, Asti, Pedreira, Vega Llanes, Vivian, Rombys, Yanes, Toledo, Ibarra, Dávila, Battistoni, Pardiñas, Michelini, Martínez Huelmo, Darío Pérez, Pablo Pérez, Varela Nestier, Fernández, Fiordelmondo, Sánchez, Rodríguez, Sabini, Tierno, Perrachón, Pozzi, Orrico y Mazzoni. (Se lee:) “Ante el llamado a Sala del Sr. Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la Cámara de Diputados expresa: oídas las explicaciones del Sr. Ministro del Interior respecto a la situación del Sistema Carcelario manifiesta su respaldo a la Reforma del Sistema Penitenciario en curso, expuesta en la oportunidad.- A su vez entiende como plenamente satisfactorias las explicaciones brindadas con respecto a la situación de los motines suscitados a fines del mes de abril”. ——En discusión. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: solicitamos que se divida la votación, es decir, que se vote punto por punto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no existe inconveniente, así se hará. Dese cuenta de la primera parte de la moción. (Se lee:) “Ante el llamado a Sala del Sr. Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la Cámara de Diputados expresa: oídas las explicaciones del Sr. Ministro del Interior respecto a la situación del sistema carcelario manifiesta su respaldo a la Reforma del Sistema Penitenciario en curso, expuesta en la oportunidad”.

——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en sesenta y siete: AFIRMATIVA. Dese cuenta de la segunda parte de la moción. (Se lee:) “A su vez, se entienden como plenamente satisfactorias las explicaciones brindadas con respecto a la situación de los motines suscitados a fines del mes de abril”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en sesenta y siete: AFIRMATIVA. SEÑOR SANDER.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SANDER.- Señor Presidente: he votado negativamente porque, dado que los compañeros del Partido Nacional abandonaron el plenario, lamentablemente, quedamos a un paso de poder hablar y no pude formular las preguntas que tenía para el señor Ministro. Lo escuché atentamente durante las cinco horas que habló; dijo algunas cosas interesantes, algunas de las cuales sabíamos y otras no. Cuando uno se prepara para estas instancias espera que todos los que hemos realizado planteos podamos expresarlos en la Cámara. Me voy de vuelta para casa con mis preguntas sin respuesta. Por ello he votado negativamente esta moción. Gracias, señor Presidente SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: dicen que como a la historia le gusta mirarse al espejo, las situaciones se repiten. En julio se cumplirán dos años de un llamado al Ministro en régimen de Comisión General en que quedamos el Ministro, su elenco asesor y el Partido Colorado, porque el Partido Nacional se retiró de Sala.

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CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 5 de junio de 2012

Esta interpelación entró mal y entró mal también porque los Diputados del Gobierno, del Frente Amplio, cercenaron el derecho a escuchar al Comisionado Parlamentario. Siguió mal cuando la bancada del Partido Nacional se retiró. El Partido Colorado quiere dejar constancia de las diferencias, de estos hechos. Quiero decirle al Ministro -que tiene una gran ilustración- que como comprenderá, según la lógica pedagógica y las técnicas de aprendizaje de Vaz Ferreira, no pude seguir sus manifestaciones como hubiera deseado porque es imposible que alguien asimile información de manera ininterrumpida durante seis horas y media. Me hubiera gustado mucho más haber tenido instancias de preguntas y respuestas ya que me hubiera ido con un insumo condensado y con una mejor opinión de la situación. Creo que jugaron mal el Partido Nacional y el oficialismo y no lo digo por ser negativa sino argumentando. Tengo quince preguntas que no voy a formular y me voy con la misma impotencia con que vine en anteriores oportunidades a muchas otras interpelaciones o llamados a Sala de autoridades del Gobierno en que las preguntas -a pesar de contar con asesores- no fueron respondidas en Sala. En otras ocasiones las hemos entregado en mano con la esperanza de que las contestaran y no lo hicieron. No ha sucedido en

este caso, sino cuando concurrieron los Ministros Olesker y Ehrlich. En una interpelación se deben dar respuestas a las preguntas cuando el legislador las formula al jerarca de la Cartera, en este mismo recinto, ya que para eso fue convocado. Sinceramente, me voy con una sensación de impotencia por el procedimiento de las interpelaciones en este Parlamento democrático. Creo que los sectores están tomando algún tipo de revancha entre ellos haciendo perder al instituto de la interpelación el real valor y haciendo que los legisladores perdamos el derecho que tenemos a informarnos. SEÑOR POSADA.- ¡Apoyado! SEÑORA MONTANER.- Reitero que me retiro con todas las preguntas que traje; reitero que el Partido Colorado permaneció en Sala como lo hizo hace dos años cuando se fue el Partido Nacional; y reitero que la mitad de la exposición del señor Ministro no la pude comprender porque, como dije anteriormente, según señalaba Vaz Ferreira, la concentración y asimilación del aprendizaje tiene un tiempo determinado; fueron demasiadas horas de exposiciones como para que yo pudiera salir satisfecha de esta interpelación. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se levanta la sesión. (Es la hora 21 y 5)

Dr. JORGE ORRICO PRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Sr. Héctor Luis González Director del Cuerpo de Taquígrafos
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