Número 3862

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NÚMERO 3862

MONTEVIDEO, MARTES 11 DE JUNIO DE 2013

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
23ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GERMÁN CARDOSO (Presidente) DANIELA PAYSEÉ (1era. Vicepresidenta) Y Cr. ALFREDO ASTI (3er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTÍN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA CUARTO PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 11 de junio de 2013

Texto de la citación

Montevideo, 6 de junio de 2013. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 11, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA –
1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- A diez años de la guerra de Irak. (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de quince minutos). 3º.- Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. (Derogación de los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876). (Carp. 2316/013). (Informado). Rep. 1149 y Anexo I 4º.- Impuesto al Patrimonio. (Ajustes a la tributación del sector agropecuario). (Carp. 2315/013). (Informado). Rep. 1148 y Anexo I 5º.- Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorporen a sus plantillas). (Carp. 2357/013). Rep.1166 6º.- Convenio Internacional del Trabajo Nº 176 sobre Seguridad y Salud en las Minas. (Aprobación). (Carp. 2264/013). (Informado). Rep.1129 y Anexo I 7º.- Pedro Oscar Ambrosoni Apa y Luis Mario Roascio. (Designación a las Escuelas Nos. 23 y 56 del departamento de Salto). (Carp. 1795/012). (Informado). Rep. 954 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ Secretarios

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 5 2, 15, 24.-Asuntos entrados ……………………………………………………………………………………………………… 5, 24, 63 3,16.- Proyectos presentados ………………………………………………………………………………………………………… 7, 25 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 10, 11 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 10 MEDIA HORA PREVIA 7.- Solicitud de que la RAP central y la RAP de Maldonado ajusten la estrategia de trabajo y el ingreso de nuevos funcionarios al Hospital de Aiguá, departamento de Maldonado. — Exposición del señor Representante Pérez Brito ………………………………………………………………………. 14 8.- Conmemoración de los 125 años de la inauguración del primer liceo del país, llamado “Daniel Armand Ugón”, del departamento de Colonia. — Exposición del señor Representante Planchon …………………………………………………………………………. 15 9.- Instancia de negociación entre el sindicato de trabajadores de la Intendencia de Salto y la Comuna departamenta — Exposición del señor Representante Lima ……………………………………………………………………………….. 17 10.- Investigaciones reservada del accidente del avión de la empresa Air Class, ocurrido el 6 de junio de 2012. — Exposición del señor Representante Gloodtdofsky……………………………………………………………………. 17 11.- Seminario internacional convocado por la Mesa Permanente contra la Impunidad, denominado “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado”. — Exposición del señor Representante Puig………………………………………………………………………………… 18 12.- Reclamos de Directores y Subdirectores de liceo por topes en sus remuneraciones. — Exposición del señor Representante Cersósimo……………………………………………………………………….. 19 CUESTIONES DE ORDEN 19.- Alteración del orden del día ……………………………………………………………………………………………………….. 27 13.- Aplazamiento …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 21 y 23.- Integración de la Cámara ……………………………………………………………………………………………….. 34, 63 29.- Levantamiento de la sesión ………………………………………………………………………………………………………… 99 21 y 23.- Licencias……………………………………………………………………………………………………………………….. 34, 63 25.- Urgencias ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 VARIAS 17.- Autorización a los señores Representantes Felipe Michelini e Iván Posada para realizar exposiciones …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 18.- Autorización a la señora Representante Berta Sanseverino para realizar una exposición en la sesión ordinaria del martes 2 de julio. ………………………………………………………………………………………… 27 ORDEN DEL DÍA 14.- A diez años de la guerra de Irak. (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de quince minutos). — Manifestaciones de varios señores Representantes………………………………………………………………….. 20

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20 y 22.-Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorporen a sus plantillas). Antecedentes: Rep. N° 1166, de junio de 2013. Carp. N° 2357 de 2013. Comisión de Legislación del Trabajo. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo………………………………………………………………………… 27, 52 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 29 26.- Miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Se establece la fecha de la elección). Antecedentes: Rep. N° 1169, de junio de 2013. Carp. N° 2363 de 2013. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 64 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 65 27.- Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. (Derogación de los artículos 1° a 12 de la Ley N° 18.876). Antecedentes: Rep. N° 1149, de mayo de 2013, y Anexo I, de junio de 2013. Carp. N° 2316 de 2013. Comisión de Hacienda. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo……………………………………………………………………………… 65 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 66 28.- Impuesto al Patrimonio. (Ajustes a la tributación del sector agropecuario). Antecedentes: Rep. N° 1148, de mayo de 2013, y Anexo I, de junio de 2013. Carp. N° 2315 de 2013. Comisión de Hacienda. — En discusión general……………………………………………………………………………………………………………… 69

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Verónica Alonso, Nelson Alpuy, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi Zunini, Gustavo Borsari Brenna, Heber Bousses, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa, Luis A. Da Roza, Hugo Dávila, Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Olga Ferreira, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Juan C. Hornes, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Lacalle Pou, Andrés Lima, Daniel López Villalba, Noel Maciel, José Carlos Mahía, Alma Mallo, Daniel Mañana, Jodami Martínez, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Mazzoni, Felipe Michelini, Orquídea Minetti, Martha Montaner, Daniel Montiel, Dogomar Morosini, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Fernando Nopitsch, Gonzalo Novales, Raúl Olivera, Jorge Orrico, Yerú Pardiñas, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, María del C. Pereira, Nicolás Pereira, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón, Iván Posada (5), Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Richard Sander, Francisco Sanguinetti, Mercedes Santalla (1), Pedro Saravia, Philippe Sauval, Rubenson Silva (3), Mario Silvera, Juan C. Souza (4), Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian, Horacio Yanes (2), y Jorge Zás Fernández. Con licencia: Andrés Arocena, José Carlos Cardoso, Walter De León, Juan Manuel Garino Gruss, María Elena Laurnaga, Miguel Otegui, Ivonne Passada, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo, Mario Perrachón, Carlos Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino y Víctor Semproni. Faltan con aviso: Alberto Casas, Graciela Matiauda Espino y Alejo Umpiérrez. Observaciones: (1) A la hora 17:25 cesó en sus funciones por reintegro de su Titular el Sr. Representante Mario Perrachón.

(2) A la hora 17:28 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Luis Da Roza. (3) A la hora 17:28 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Noel Maciel. (4) A la hora 17:28 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Nicolás Pereira. (5) A la hora 17:28 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Philippe Sauval.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 229 PROMULGACION DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 27 de mayo de 2013, promulgó la Ley Nº 19.084, por la que se faculta al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder créditos o avales a República Microfinanzas S.A. C/1783/012 Archívese

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por 180 días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa Industrial Maragata (COOPIMA). C/2374/013 A la Comisión de Legislación del Trabajo DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se designa “Dr. Mario Carminatti” el puente sobre el arroyo Yaguareté, ubicado en el Kilómetro 308 de la Ruta Nacional Nº 2 “Grito de Asencio”, departamento de Río Negro. C/2375/013 A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La citada Cámara comunica que, en sesión de 4 de junio de 2013, ha sancionado el proyecto de ley por el que se designa “Guyunusa” el tramo de la Ruta Nacional Nº 24, que une a las Rutas Nacionales Nos. 2 “Grito de Asencio” y 3 “General José Artigas”. C/1304/011 Téngase presente

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INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se derogan desde su vigencia, los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011, relativo al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. C/2316/013 La Comisión de Legislación del Trabajo se expide sobre el proyecto de ley, relativo a la aprobación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 176, sobre Seguridad y Salud en las Minas. C/2264/013 La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designan “Pedro Oscar Ambrosoni Apa” la Escuela Nº 23 del departamento de Salto; y “Luis Mario Roascio” la Escuela Nº 56 del citado departamento. C/1795/012 Se repartieron con fecha 6 de junio COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Durazno remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la situación de inseguridad en el referido departamento, y las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades competentes. C/70/010 A la Comisión de Derechos Humanos

•

del señor Representante Richard Sander, referente al apoyo económico brindado al carnaval. C/2187/013 del señor Representante Juan Manuel Garino, sobre contratos, resoluciones y peticiones que vinculen a la citada Secretaría de Estado con varias empresa privadas C/2212/013

•

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Javier García Duchini, sobre de las causas que provocaron la afectación de la calidad del agua potable y las consecuencias para la salud derivadas de consumo de la misma. C/2195/013 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informes de los señores Representantes Iván Posada y Daniel Radío, relacionado con los datos disponibles sobre la población que padece Trastornos Generales del Desarrollo de tipo autista. C/1419/012 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos: • exposición escrita presentada por el señor Representante Alberto Casas, acerca de la necesidad de agilizar el sistema de pasaje por la balanza de camiones instalada en Ciudad del Plata. C/19/010 pedido de informes del señor Representante Jaime Mario Trobo, relacionado con la suspensión de actividades o el cierre del puerto de Montevideo entre los días 30 de abril y 2 de mayo de 2013. C/2283/013

La Junta Departamental de Soriano remite nota por la que comunica que los firmantes del recurso de apelación contra la resolución ficta negativa del señor Intendente Soriano, relativa a una iniciativa para constituir en Municipio a la localidad de Villa Soriano, pertenecen a Ediles integrantes de dicho Cuerpo. C/2291/013 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Juan Manuel Garino, sobre deudas y relación crediticia entre el Banco de la República Oriental del Uruguay y varias empresas de plaza. C/2208/013 de la señora Representante Graciela Matiauda, relacionado con los controles a las máquinas que se encuentran fuera de la órbita de la Dirección Nacional de Casinos. C/2289/013

•

El Ministerio del Interior contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Alberto Casas, referente a necesidad de modificar el procedimiento de notificaciones relativas al Sistema de Identificación y Registro Animal. C/19/010 La citada Secretaría de Estado contesta nuevamente el pedido de informes del señor Representante Mario Silvera, sobre el número de rapiñas y hurtos a fincas particulares registrados en el departamento de Treinta y Tres, desde el año 2005 a la fecha. C/1779/012 A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Gustavo A. Espinosa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, sobre la existencia de pistas de aterrizaje no declaradas o irregulares en el territorio nacional. C/2364/013

•

El Ministerio de Turismo y Deportes contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Miguel Otegui, acerca de las contrataciones y transferencias de deportistas. C/456/010

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El señor Representante Antonio Chiesa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con un fallecimiento ocurrido en el Hospital de Paso de los Toros. C/2365/013 El señor Representante Juan Ángel Vázquez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Turismo y Deporte, acerca del apoyo brindado a academias de Artes Marciales y Boxeo con convenio suscrito para promover el Programa Knock Out a las Drogas. C/2366/013 El señor Representante Miguel Otegui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, referente al sistema utilizado para el cobro de facturas en el complejo habitacional del Barrio SIAV de la ciudad de Guichón. C/2367/013 El señor Representante Gustavo Rombys solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la Administración de Ferrocarriles del Estado, sobre el número y ubicación de inmuebles propiedad del referido Organismo en el departamento de Paysandú. C/2368/013 El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, relacionado con las medidas a adoptar para asegurar la igualdad en el tratamiento a los ex trabajadores del Banco de Crédito. C/2369/013 El señor Representante Amin Niffouri solicita se curse un pedido de informes solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Aduanas, acerca del cruce de un vehículo oficial de la Intendencia de Canelones a la ciudad argentina de Concordia, sin autorización para salir del país. C/2370/013 Se cursaron con fecha 5 de junio

Nacional, sobre las bajas computadas y vacantes en los cuadros de las Fuerzas Armadas. C/2372/013 Se cursaron con fecha 6 de junio

El señor Representante Miguel Otegui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la situación del Centro Auxiliar de Guichón. C/2373/013 Se cursó con fecha 10 de junio PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Pablo Abdala presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican normas relativas a favorecer el control y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.C/2376/013 A la Comisión Especial con fines legislativos vinculada al Lavado de Activos y Crimen Organizado

3.- Proyectos presentados.
“CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. (Normas). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 193 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente: “ARTÍCULO 193. (Reconocimiento).- Las sociedades debidamente constituidas en el extranjero serán reconocidas de pleno derecho en el país, previa comprobación de su existencia, salvo que se tratare de entidades provenientes de países de baja o nula tributación en la definición dada por el artículo 40 del Título IV del Texto Ordenado 1996, en cuyo caso deberán cumplir primero con las formalidades de los numerales 1), 2) y 3) del inciso tercero. Podrán celebrar actos aislados y estar en juicio.

La señora Representante Verónica Alonso y el señor Representante Gerardo Amarilla solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, referente a la reestructuración de un centro de salud. C/2371/013 El señor Representante José Amy solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa

Si se propusieran el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente, deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Inscribir en el Registro Público y General de Comercio, el contrato social, la resolución de la sociedad de establecer en el país, la indicación de su domicilio, la designación de la o

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las personas que la administrarán o representarán y la determinación del capital que se le asigne cuando corresponda por la ley. 2. Efectuar las publicaciones que la ley exija para las sociedades constituidas en el país, según el tipo. Dar cumplimiento a la declaratoria ante el Registro Nacional de Comercio preceptuada por el artículo 86 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 17.904, de 7 de octubre de 2005, con el alcance y efectos allí establecidos. Asimismo, la inscripción será obligatoria cada vez que se configuren los nombramientos, ceses y revocaciones previstas en el inciso primero de dicho artículo. Iguales requisitos se cumplirán toda vez que se modifique el contrato social.

que refiere el inciso 4) del artículo 74 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, siempre que medie consentimiento escrito e informado del interesado o su representante legal. La información sólo podrá tener como destino la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 17 de la presente ley. Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta información sólo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando ésta entienda que resulta relevante para la causa”. Artículo 4º.- Los escribanos públicos deberán dejar constancia, en certificado adjunto a la minuta de inscripción de todos los actos a los que refiere el apartado III) del artículo 2º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, que han realizado los controles de habitualidad y regularidad a los que alude el artículo 1º de dicha norma, sin manifestar los resultados obtenidos de los mismos a efectos de no violar la reserva establecida en el artículo 3º de dicha norma. Artículo 5º.- Cuando se inscriban los actos a los que refiere el numeral 1) del artículo 17 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la sección inmobiliaria del Registro de la Propiedad Inmueble requerirá que se haya controlado y dejado constancia en el documento público por parte del escribano actuante que se tuvo a la vista una certificación por parte de Contador Público del Valor Justo de los inmuebles Involucrados en la operación al último día hábil

Se cumplirá además, con lo dispuesto en los artículos 11 y 418″. Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 228 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente: “ARTÍCULO 228. (Integración de aportes).- Cada socio deberá integrar como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) de su aporte en dinero en el acto de suscribir el contrato social, obligándose a completarlo en un plazo no mayor de dos años. El Registro Nacional de Personas Jurídicas, sección comercio, controlará las integraciones realizadas conforme al inciso anterior. Para las integraciones en efectivo y en especie, se estará a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 281 y 282 de la presente ley para las sociedades anónimas. Los aportes pactados en especie se deberán integrar totalmente al celebrarse el contrato de sociedad”. Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, por el siguiente: “ARTÍCULO 3º.- Habilítese la solicitud de información por parte de los sujetos y entidades a las que refieren los artículos primero y segundo, y a los solos efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas, de las registraciones patronímicas de los Registros Públicos a las

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del mes anterior al de la misma. El Valor Justo referido será el que corresponda de aplicar las Normas Contables Adecuadas, en los términos que determine la reglamentación, y siempre que el valor real de catastro de los bienes involucrados en la operación supere el equivalente a esta misma fecha a 8.000.000 UI (ocho millones de unidades indexadas). Montevideo, 6 de junio de 2013. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley busca reforzar con mayores herramientas a los organismos encargados de controlar el lavado de activos, en los términos definidos por la Ley Nº 18.494 de “Control y prevención de Lavados de Activos y del financiamiento del Terrorismo”, modificativa de la Ley Nº 17.835. El lavado de activos es una operación complementaria e indisoluble de los delitos que lo anteceden e incluso suceden, cuya gravedad en términos de la afectación a la sociedad resulta tanto indiscutible como de creciente preocupación por parte del Estado. La Ley Nº 17.835 en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 ha demostrado ser insuficiente para cubrir el elenco de situaciones riesgosas o que configuran hipótesis fácticas que promueven, facilitan o viabilizan el lavado de activos. Prueba de ello son las estadísticas que recientemente se han revelado que dan cuenta de la escasez de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de las personas y entidades obligadas frente a operaciones de naturaleza sospechosa. Consideramos que buena parte de ello es debido a la falta de instrumentos con los cuales poder auditar en forma sustantiva las operaciones, con lo cual se dificulta reunir, para dichos obligados, los elementos de convicción suficientes para poder realizar los referidos ROS. En ese sentido, el artículo 1º del proyecto apunta a modificar disposiciones de la Ley Nº 16.060 a fin de evitar que las sociedades extranjeras provenientes de los llamados “paraísos fiscales” puedan ser utilizadas como vehículo para este tipo de ilícitos, aumentando las exigencias para poder funcionar dentro del país y ser reconocidas como tales, al tiempo que se equiparan las mismas a las que ya poseen las entidades de similar naturaleza constituidas en el país. La disposición proyectada remite a la legislación tributaria para determinar cuáles jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales”, respetando el principio de especialidad.

El artículo 2º busca prevenir el uso de sociedades personales a efectos de generar una plataforma jurídica para el lavado de activos. En tanto no existe ningún tipo de contralor en la legislación vigente sobre el origen de los fondos y bienes con los que se realiza la integración de capital contractual inicial para este tipo de entidades, y dado que se han suprimido los topes máximos de capital social que este tipo de entidades pueden detentar, parece lógico y necesario armonizar las disposiciones y sus correspondientes controles ya existentes para las sociedades anónimas. En el artículo 3º el proyecto le confiere el acceso a la base de datos patronímica de los Registros Públicos creadas por ley de presupuesto 2005, a los sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas, con el objetivo de poder llevar adelante la función que le es encomendada por la ley vigente y siempre y cuando cuenten con el consentimiento escrito e informado de los sujetos controlados. Este acceso debe ser reservado y estar sujeto a la confidencialidad que impone el Código Penal, recogido por la Ley Nº 18.331 de “Protección de datos personales y ‘Hábeas Data’” y la propia ley que se modifica. El artículo 4° propone dejar expresa constancia por escrito en los documentos, públicos o privados por parte de los escribanos públicos intervinientes en los actos referidos en el apartado III) del artículo 2º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, que dichos controles fueron efectivamente realizados, como medida de garantía y certeza para todas las partes, sin establecer el resultado de los mismos, que están sujetos a reserva, como se mostró. El artículo 5º incorpora la participación del Contador Público en el proceso de compra-venta, hipoteca y constitución de otro tipo de gravámenes y afectaciones sobre bienes inmuebles referidas por el numeral 1) del artículo 17) de la Ley Nº 16.871, atento a que operaciones con este tipo de bienes son frecuente y notoriamente utilizadas para maniobras de “lavado de activos” y a efectos de, nuevamente, dotar de mayores elementos al escribano público actuante a la hora de justipreciar la razonable concordancia del precio de las operaciones con los bienes inmuebles involucrados. El Contador Público actuante deberá certificar el Valor Razonable del inmueble al último día del mes anterior al de la operación, el cual deberá ser determinado de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas vigentes en nuestro país. Montevideo, 6 de junio de 2013. PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo”.

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4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Está abierto el acto. (Es la hora 16 y 9) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Carlos Corujo solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, sobre la posibilidad de adjudicar a las emisoras que operan en amplitud modulada, canales radioeléctricos para trasmitir sus programaciones en frecuencia modulada a los efectos de ser recepcionadas por teléfonos celulares. C/19/010 El señor Representante Alberto Casas solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Vitivinicultura y a la Dirección General de la Granja; a la Unión de Viticultores de Villa Rodríguez, a la Intendencia y a la Junta Departamental de San José, y a la Asociación Rural de San José, relacionada con la necesidad de brindar asesoramiento técnico a los pequeños productores vitivinícolas, frutícolas y hortícolas del referido departamento. C/19/010 El señor Representante Andrés Lima solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a todas las Intendencias y Juntas Departamentales; al Congreso de Intendentes; a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, a ADEOMS (Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto), y a los medios de comunicación nacionales, acerca del incumplimiento del Decreto que regula el pago de un complemento en los haberes a los funcionarios departamentales que realizan tareas insalubres. C/19/010 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda, y al Banco Hipotecario del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Montevideo, y por su intermedio al Municipio B, a la Comisión de Vecinos del Complejo Habitacional CH 20, y a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, referente a la necesidad de realizar obras para la refacción de la fachada y de estructura en el citado Complejo Habitacional. C/19/010

El señor Representante Rubenson Silva solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, sobre la posibilidad de aumentar los días de atención en la localidad de Vichadero, y la instalación de una oficina en la localidad de Cerro Pelado, departamento de Rivera. C/19/010 El señor Representante Darío Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionada con la donación del edificio sede de la referida Administración en la ciudad de Punta del Este a la Intendencia de Maldonado y al Municipio de Punta del Este. C/19/010”. ——Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a las sesiones realizadas en día 5 de junio de 2013. Sesión especial hora 11:00 Con aviso: Verónica Alonso, Heber Bousses, Graciela Cáceres, Carlos Gamou, Rodrigo Goñi Romero y Susana Pereyra. Sesión ordinaria hora 16:00 Con aviso: Álvaro Delgado Sin aviso: Luis A. Lacalle Pou Inasistencias a las Comisiones. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 5 de junio CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Sin aviso: Antonio Pérez García. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Sin aviso: Verónica Alonso. Jueves 6 de junio ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD Con aviso: Gustavo A. Espinosa; María Elena Laurnaga.

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ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Con aviso: Juan Manuel Garino Gruss”.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante Carlos Corujo a la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, sobre la posibilidad de adjudicar a las emisoras que operan en amplitud modulada, canales radioeléctricos para trasmitir sus programaciones en frecuencia modulada a los efectos de ser recepcionadas por teléfonos celulares.

“Montevideo, 5 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Es nuestro interés transmitir ciertas inquietudes que enfrentan las emisoras de radiodifusión sonora que operan en AM (amplitud modulada), particularmente las que lo hacen en el interior de nuestro país. Los cambios provocados por las nuevas tecnologías han tenido consecuencias importantes respecto al comportamiento de los radio espectadores. Los receptores de frecuencias radiales más difundidos hoy, captan preferentemente las señales de frecuencia modulada, en desmedro de las de amplitud modulada, cuya captación queda prácticamente reducida a los receptores tradicionales. Esto se revela como particularmente importante cuando pensamos, por ejemplo, que la forma en que la mayoría de nosotros escuchamos la radio es a través de dispositivos de telefonía celular, los que recepcionan en su gran mayoría solo las emisoras que operan en frecuencia modulada. Este fenómeno o tendencia ya ha sido percibido en diferentes sectores, evidencia de ello es que algunas de las radioemisoras ya están transmitiendo parte importante de su programación

en frecuencia modulada. Es importante que los espacios de AM del interior se mantengan en el aire, ellos son los que mayormente llegan a las áreas menos pobladas y zonas rurales de nuestro país, cumpliendo una función social importante. Desde el momento que esa función social se realiza también como emprendimiento comercial, la reducción de la audiencia por las causas antes señaladas puede ser fatal para el sector. Un mecanismo para enfrentar dicha problemática podría ser el adjudicar a las emisoras que operan en amplitud modulada canales radioeléctricos que les permitan emitir en ‘espejo’, esto es la misma programación que emiten en AM, en frecuencia modulada, al menos en los lugares donde sea posible realizarlo sin afectar a las emisoras ya instaladas. Ha llegado a nuestro conocimiento de que un proyecto en ese sentido estaría siendo estudiado por el Poder Ejecutivo. Al respecto, nos interesa hacer llegar a ustedes nuestra inquietud en consideración de que por las disposiciones jurídicas vigentes, una medida como la propuesta no podría efectivizarse en este período de Gobierno, por las restricciones legales a la adjudicación de canales radioeléctricos en período electoral, a menos que el mismo se procese en el corto plazo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARLOS CORUJO, Representante por Maldonado”. 2) Exposición del señor Representante Alberto Casas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Vitivinicultura y a la Dirección General de la Granja; a la Unión de Viticultores de Villa Rodríguez, a la Intendencia y a la Junta Departamental de San José, y a la Asociación Rural de San José, relacionada con la necesidad de brindar asesoramiento técnico a los pequeños productores vitivinícolas, frutícolas y hortícolas del referido departamento.

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preocupa, una vez más, la situación por la que están atravesando los pequeños productores vitivinícolas, frutícolas y hortícolas del departamento de San José, por la falta de asesoramiento técnico que tienen los mismos desde hace muchos años. De acuerdo a la información que nos han hecho llegar los productores, sabemos que durante mucho tiempo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca les brindó el asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo, lo que les permitía tener una buena orientación en el trabajo, la que se veía reflejada en mejor producción y rendimiento de las respectivas cosechas. Lamentablemente, hace ya casi 10 años el ingeniero Artola falleció y la DIGEGRA (ex JUNAGRA), nunca más envió un nuevo técnico que se hiciera cargo del asesoramiento. Producto de un esfuerzo económico importante por parte de los productores, lograron durante 2 o 3 años contratar un asesor técnico de forma particular, pero lamentablemente y como consecuencia de la baja rentabilidad y la desaparición de muchos de ellos, fue imposible continuar pagando a un profesional, lo que ha llevado a que hace ya más de 6 años carezcan de asesoramiento. Los productores han presentado distintas solicitudes y propuestas a la DIGEGRA, al INAVI y a la Intendencia de San José, a fin de que en un esfuerzo mancomunado se pueda volver a lograr el ansiado y necesario asesoramiento técnico. Lo que actualmente ocurre con los pequeños productores vitivinícolas, hortícolas y frutícolas no condice con el tan pregonado ‘País Productivo’. Al contrario lo que está pasando llevará a que los mismos se vean obligados a dejar sus tierras, y migrar con sus familias a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, (que no siempre se encuentran), y como consecuencia de ello en nuestra campaña siga bajando la población permanente. Por lo expuesto, es que solicitamos a las autoridades correspondientes, se sirvan estudiar el tema a fin de poder lograr una solución que permita que nuevamente los pequeños productores puedan contar con el asesoramiento técnico de un profesional. Encarecemos a las autoridades, se nos haga llegar la planificación sobre lo planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ALBERTO CASAS, Representante por San José”. 3) Exposición del señor Representante Andrés Lima a la Presidencia de la República; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a todas las Intendencias y Juntas Departa-mentales; al Congreso de Intendentes; a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, a ADEOMS (Asociación de Empleados y Obreros Muni-cipales de Salto), y a los medios de comuni-cación nacionales, acerca del incum-

plimiento del Decreto que regula el pago de un complemento en los haberes a los funcionarios departa-mentales que realizan tareas insalubres. “Montevideo, 10 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a las Juntas Departamentales; a las Intendencias; al Congreso de Intendentes; a la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara; a los medios de comunicación nacionales, y a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS). Nuestro país desde el año 1950 cuenta con legislación relativa a las actividades insalubres, estipulando un tratamiento especial al trabajador que las desarrolla. La Ley Nº 11.577, de 14 de octubre de 1950, considera actividades insalubres a aquellas que, por las condiciones en que se efectúa el trabajo o por los materiales que se manipulan, sean consideradas perjudiciales para la salud. La declaración de insalubridad queda a cargo de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres. Las Intendencias dentro del abanico de actividades que como empresa llevan adelante, en algunas áreas desarrollan tareas de tipo insalubre a las que, en el caso del departamento de Salto, desde el año 1955 se les otorga un tratamiento especial. El Decreto Nº 6631/2012, de 30 de octubre de 2012, aprobado por la Junta Departamental de Salto, al referirse al trabajo en tareas insalubres dispone que ‘los funcionarios departamentales, cualquiera sea la repartición en la cual revisten, cuya tarea implique la manipulación de sustancias potencialmente tóxicas como pinturas, solventes o gases tóxicos provenientes de soldaduras, actividades de bacheo, manipulación de asfalto y pórtland (pre-moldeado), limpieza de cunetas, desagües, cloacas, alcantarillas y demás; que estén en contacto con basura domiciliaria, industrial u hospitalaria; o con residuos orgánicos, cadáveres, animales salvajes o semidomésticos; así como toda otra actividad similar que se disponga por resolución, percibirán un complemento del 16,67% (dieciséis con sesenta y siete por ciento), en sus haberes básicos mensuales’. La disposición referida no ha sido cumplida desde su vigencia por la Intendencia de Salto, por lo que ADEOMS ha venido entablando negociaciones con el ejecutivo departamental, reclamando el pago de esa compensación porcentual establecida normativamente en el decreto de modificación presupuestal del año 2012, reclamo por el que no han obtenido respuesta formal o escrita. En consecuencia, han te-

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nido que solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se convoque a las partes (ADEOMS y a la Intendencia de Salto), a una audiencia en la ciudad de Montevideo, con carácter urgente. En ese sentido es deseable que el próximo martes 11 de junio, a la hora 12 en el referido Ministerio, en la ciudad de Montevideo, pueda subsanar el ejecutivo departamental esa situación de incumplimiento de la normativa vigente en detrimento de sus trabajadores. Sesenta trabajadores de bacheo, ciento veinte de recolección, veinticinco de taller, quince de garage entre otros, se ven afectados en sus ingresos por el no pago de la prima por insalubridad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ANDRÉS LIMA, Representante por Salto”. 4) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda, y al Banco Hipotecario del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Montevideo, y por su intermedio al Municipio B, a la Comisión de Vecinos del Complejo Habitacional CH 20, y a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, referente a la necesidad de realizar obras para la refacción de la fachada y de estructura en el citado Complejo Habitacional.

“Montevideo, 10 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV); a la Intendencia de Montevideo y, por su intermedio, al Municipio B; a la Junta Departamental de Montevideo; a la Comisión de Vecinos del Complejo Habitacional CH20 del departamento de Montevideo, y a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara. El Complejo Habitacional CH20 ubicado en la rambla República Argentina y la calle Zelmar Michelini, en la ciudad de Montevideo, es un edificio construido en la década del 70. En él viven cerca de cien familias quienes en la actualidad manifiestan tener varios problemas cuya resolución ha demorado por años, como consecuencia de que la administración pública con responsabilidades en su solución no actúa diligentemente. El complejo, característico de esa zona, tiene un aspecto exterior descuidado y las reparaciones,

tanto interiores como exteriores, para su mantenimiento no se realizan en su totalidad. Eso es consecuencia del incumplimiento por parte de la autoridad de sus obligaciones como titular, y la carencia de títulos de propiedad de los habitantes, muchos de los cuales han satisfecho la totalidad de los pagos comprometidos oportunamente y no tienen otro documento que el reconocimiento de promitentes compradores con saldo de precio satisfecho. Esta situación genera una clara incertidumbre para determinar las responsabilidades y asumir las obligaciones. Esta construcción es de la época del ex Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), está construido en terrenos propiedad del Estado, en su oportunidad administrados por la Comisión Financiera de la Rambla Sur. Su gestión estuvo a cargo por muchos años por el BHU y en la actualidad en el ámbito de la ANV. Durante décadas no se ha resuelto la situación dominial para los titulares, muchos de los cuales ocupan los apartamentos desde su construcción y han satisfecho su deuda, mientras tanto no se les otorgan los títulos de propiedad. La situación de ese complejo habitacional requiere la mayor atención de las autoridades de la vivienda, tanto del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como rector de la política de vivienda y de la ANV quien gestiona su cartera. Es necesario que sea designado un equipo interdisciplinario con capacidad de decisión que se haga cargo de la atención a los problemas que existen y su gestión para resolver los problemas que se constatan. El propósito de los vecinos del complejo es realizar los esfuerzos necesarios para mejorar sus unidades, que exista un mecanismo para poner en marcha las reparaciones que las fachadas y la estructura pudieran requerir, y naturalmente que se vea la posibilidad de una salida rápida y definitiva a los problemas de titulación. La Intendencia de Montevideo percibe de los usuarios de las viviendas una suma importante por concepto de Contribución Inmobiliaria, también abonan el Impuesto de Enseñanza Primaria y otras contribuciones y tasas departamentales. Sin embargo esos tributos que deben ser abonados por los propietarios, en este caso es abonado por los usuarios, poseedores, promitentes compradores, en fin cualquier calidad menos la de propietarios. Los vecinos cumplen con sus obligaciones y como contrapartida no ven satisfechas sus legítimas demandas. Sería razonable que el Gobierno Departamental que, según nos han dicho, permanentemente reclama por el mal aspecto de la construcción ubicada en la rambla de Montevideo, se ocupe también de participar y contribuir para resolver la situación de ese problema. Bien podría destinarse el monto de la Contribución

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que se abona a un fondo para las reparaciones exteriores del complejo, lo que redundaría en beneficio para los habitantes y para la ciudad en general. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo”. 5) El señor Representante Rubenson Silva solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, sobre la posibilidad de aumentar los días de atención en la localidad de Vichadero, y la instalación de una oficina en la localidad de Cerro Pelado, departamento de Rivera.

te a la Intendencia de Maldonado y al Municipio de Punta del Este. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP). Mantener el edificio de ANCAP como patrimonio e ícono histórico cultural y arquitectónico de la ciudad de Punta del Este y del departamento de Maldonado, es aspiración de los vecinos de dicho Municipio, anhelo por el que vienen luchando desde hace tres0 años. Ha llegado a nuestro conocimiento que se encuentra a estudio de la Junta Departamental de Maldonado una propuesta de ANCAP al respecto. De acuerdo a la misma, se solicita el fraccionamiento de la propiedad en dos, el predio en que está ubicado el edificio en cuestión, sería otorgado en comodato a la Intendencia de Maldonado y para el predio restante se solicita habilitar la vía de excepción para construir en altura incrementando así el valor del mismo, el que sería luego comercializado por ANCAP. De acuerdo a lo planteado, el ente no perdería en esa transacción sino que ganaría. Frente a esa propuesta y teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos de tener la propiedad del edificio mencionado, considerado patrimonio histórico, solicitamos al Directorio se realice la donación mencionada a la Intendencia de Maldonado y al Municipio de Punta del Este, en lugar del comodato propuesto. Agradecemos se estudie la propuesta señalada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS). En nuestro carácter de legislador por el departamento de Rivera, hemos estado en contacto con numerosos vecinos de villa Vichadero (ubicada a 135 kilómetros de la ciudad capital del departamento de Rivera) y adyacencias, quienes nos han planteado algunas dificultades en la atención que brinda el BPS en dicha localidad, en donde la institución atiende dos días por semana. También hemos mantenido reuniones con vecinos de la localidad de Cerro Pelado, ubicada a 75 kilómetros de la ciudad de Rivera, quienes también solicitan la instalación de una oficina del BPS en dicha localidad, para que funcione, aunque sea, una vez a la semana, la que atendería también a vecinos de los poblados de La Puente, Cerrillada, Amarillo, Capón Alto, Villa Indart y varios pueblos cercanos, abarcando alrededor de 2.000 personas. Por lo expuesto, solicitamos a las autoridades del BPS que estudien la posibilidad de aumentar un día más la atención en villa Vichadero, y como prioridad la atención una vez a la semana en Cerro Pelado, en donde la Sociedad de Fomento de esa zona dispone de un local confortable con agua, luz, teléfono, y baños cómodos, en donde se podría realizar la atención. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RUBENSON SILVA, Repre-sentante por Rivera”. 6) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionada con la donación del edificio sede de la referida Administración en la ciudad de Punta del Es-

MEDIA HORA PEVIA 7.- Solicitud de que la RAP central y la RAP de Maldonado ajusten la estrategia de trabajo y el ingreso de nuevos funcionarios al Hospital de Aiguá, departamento de Maldonado.
——Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Brito. SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señor Presidente: me voy a referir al Hospital de Aiguá. En el mes de mayo de 2013 cayó la licitación de la empresa Brillan, que limpia el Hospital y contaba

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con cuatro funcionarios. Luego se realizó un nuevo llamado, pero las empresas que se presentaron tenían un presupuesto demasiado elevado para el centro, por lo que se declaró desierta o inconveniente. A todo esto, en este mes se generaron dos vacantes en el Hospital, y se ha decidido ocuparlas con dos de las cuatro personas que trabajaban en la empresa, a los efectos de que realicen las tareas de auxiliares de servicio. La situación es que la División Concursos de ASSE, no permite que las funcionarias que ya trabajaban en este centro se presenten a cumplir sus tareas porque no cuentan con el título de Auxiliares de Servicio, que no se les pidió hace cinco años cuando ingresaron por medio de una empresa contratada. Las tres funcionarias de limpieza y una de cocina han hecho cursos de capacitación, de idoneidad en el servicio, dictados por la licenciada administradora del Centro, Luz Peralta. Cabe señalar que la Dirección del Hospital y el público en general están muy conformes con la tarea de dichas funcionarias; sin embargo, su situación de incertidumbre genera mucha preocupación. Debido a una gestión de la Directora del Centro, las funcionarias han sido inscriptas en la escuela privada Cecas para realizar el curso de Auxiliar de Servicio y obtener el título en seis meses. La Dirección de Cecas ha concedido dos becas para distribuir entre las cuatro funcionarias, ya que hay costos de pasajes que ellas no pueden cubrir. Se han tomado decisiones en RAP Maldonado, iniciando el llamado de Auxiliar de Servicio y se han apresurado los tiempos ya que, como siempre, se presentarán personas de otros lugares, dejando a cuatro familias de Aiguá sin ingreso salarial que, si bien es menguado, es seguro en una zona con escasez de trabajo. Solicitamos a RAP central, a RAP Maldonado y a ASSE que se permitan ajustar la estrategia de trabajo y el ingreso de nuevos funcionarios al Hospital de Aiguá, con independencia de criterios, por ser verdaderos conocedores de la situación. Para los funcionarios que residen en otro lugar y deben viajar existen serias dificultades para hacerlo y problemas de horario debido a la escasez de transporte colectivo; teniendo en cuenta experiencias pasa-

das, estas no fueron buenas. Para quien es de otro lugar es difícil instalarse en la ciudad solo por una menguada remuneración que, sin embargo, es vital para quienes viven allí, máxime cuando algunas son jefas de familia y el mercado de trabajo es escaso. En otro orden de cosas, también es necesaria una nueva ambulancia, porque las existentes son vetustas y sufren frecuentes rupturas y desperfectos. Cada parada en el taller representa entre $ 30.000 y $ 50.000 de promedio, que debe pagar el centro de su presupuesto. Asimismo, cuentan con solo dos choferes, por lo cual quedan doce horas descubiertas. En ese caso se depende de otros centros, algunos distantes hasta 90 kilómetros; en otros, el tiempo de espera depende de la existencia de móviles y choferes disponibles lo que, en determinadas situaciones, puede poner en riesgo la vida de los pacientes. La ubicación geográfica de Aiguá, tan lejos de todo, hace ineludible contar con estos recursos humanos y logísticos. Esperando que cada día nos acerquemos a la tan ansiada descentralización, solicitamos que se tomen en cuenta los criterios, en este caso, de la Dirección del Hospital de Aiguá, que con responsabilidad y sensibilidad social y humana quiere flexibilizar algunos criterios de ingreso para respetar el trabajo de funcionarias que ya cuentan con la experiencia práctica, y por la que ya son reconocidas. Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Dirección de ASSE, al Ministerio de Salud Pública y a la RAP central y a la de Maldonado. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESDIENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

8.- Conmemoración de los 125 años de la inauguración del primer liceo del país, llamado “Daniel Armand Ugón”, del departamento de Colonia.
Tiene la palabra el señor Diputado Planchon. SEÑOR PLANCHON.- Señor Presidente: en el día de hoy vamos a referirnos a un tema muy importante pa-

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ra el departamento de Colonia y creo que para el país todo: se están cumpliendo 125 años de la inauguración del primer liceo del país -que fue privado, no público-, el Liceo “Daniel Armand Ugón”. Abrió sus puertas el 11 de junio de 1888. Fue fundado por pastores, pero era un liceo laico -así como lo digo: era un liceo laico- y mixto, características que lo distinguían notablemente en el área educativa de Uruguay. Por entonces se llamaba Liceo Evangélico Valdense, porque respondía a una serie de acciones llevadas adelante por la Iglesia Evangélica Valdense. Con el paso del tiempo estas acciones de la Iglesia del departamento de Colonia cumplieron otros papeles muy importantes, fundamentalmente a través de la instalación del Hogar de Ancianos de Colonia Valdense y de la tarea desarrollada con personas con capacidades diferentes en el Hogar Sarandí. Su inauguración se debió a firmes convicciones religiosas que llevaban a considerar el esfuerzo y el estudio como medios esenciales para la construcción de la sociedad y para la lucha por la dignidad del ser humano. Bajo el concurso del pastor Daniel Armand Ugón y la decidida participación del pastor Tomás Wood se luchó con espíritu incansable para crear un establecimiento de educación en el que los jóvenes más estudiosos y adelantados de la colonia pudieran adquirir conocimientos sólidos que les permitieran cursar estudios superiores. (Murmullos) ——En el transcurso de la historia, al Liceo “Daniel Armand Ugón”, de Colonia Valdense, que es un ejemplo para todo el país. Concurrieron alumnos de muchas ciudades de Colonia, como Rosario, Nueva Helvecia y Juan Lacaze, y también de otros departamentos, particularmente de San José, y de localidades vecinas, como Ecilda Paullier. Jóvenes de esos departamentos desfilaban por este liceo que, indudablemente, no solo fue pionero, sino que se desarrolló de forma importante. En 1930 se inauguró el local donde funciona actualmente. En 1948 comenzó a funcionar el Hogar Estudiantil como internado para niñas. En 1951 inauguró el bachillerato, lo que constituía una novedad absoluta en el interior de nuestra República. En 1954 empezaron a funcionar los cursos politécnicos nocturnos. Pido que se me escuche, señor Presidente, y que se me ampare en el uso de la palabra.

(Murmullos.- Campana de orden) ——En un país donde muchas veces se habla de esfuerzo y sacrificio, la Colonia Valdense es un ejemplo en ese sentido. (Murmullos.- Campana de orden) ——Le pido por favor, señor Presidente, que me ampare en el uso de la palabra. Como decía, en 1954 empezaron a funcionar los cursos politécnicos nocturnos y comenzaron a dar clases los alumnos egresados del IPA. ¡Si habrá sido importante en aquel momento este liceo, ejemplo para Uruguay! Reitero que durante toda su historia el Liceo “Daniel Armand Ugón” ha sido ejemplo para nuestro departamento de Colonia y para Uruguay, y seguirá siéndolo, porque todos estamos comprometidos no solo a que siga funcionando, sino a que lo haga con el nivel educativo que hoy en día está brindando. La creación del Liceo “Daniel Armand Ugón”, como la de todas las instituciones de Colonia Valdense, obedece a la llegada, hace ya más de ciento cincuenta años, de los primeros colonos que poblaron Colonia La Paz, Colonia Valdense y Colonia Piamontesa. Esos colonos, que primero habían estado por Florida, llegaron de los valles valdenses, perseguidos por la intolerancia religiosa. Estos pobladores llegaron a Uruguay buscando la tierra soñada, la paz. Poblaron nuestro departamento y nuestro país, y forjaron esta gran nación que tenemos. Personalmente, soy tataranieto del primer piamontés que pisó estas tierras; con mucho esfuerzo y mucho sacrificio pudo salir adelante. Por eso, para nosotros hoy es un orgullo rendir este homenaje a la Colonia Valdense y a su Liceo “Daniel Armand Ugón”. Solicito que la versión taquigráfica de las palabras que pronuncié para conmemorar los 125 años de la creación de este liceo pase a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Secundaria, a la Intendencia de Colonia, a la oficina que esta tiene en Colonia Valdense, a la Iglesia Evangélica Valdense y a la Dirección del Liceo “Daniel Armand Ugón”. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado.

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(Se vota) ——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

9.- Instancia de negociación entre el sindicato de trabajadores de la Intendencia de Salto y la Comuna departamental.
Tiene la palabra el señor Diputado Lima. SEÑOR LIMA.- Señor Presidente: aprovechando la media hora previa, quiero referirme al hecho de que en el día de hoy, en horas del mediodía, en oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Montevideo, se generó una instancia entre el sindicato de trabajadores de la Intendencia de Salto y la propia Comuna departamental a raíz del incumplimiento del Decreto N° 6.631, de fecha 30 de octubre de 2012, de la Junta Departamental. En ese decreto, entre las diversas disposiciones de esa modificación presupuestal, se establece el pago de una prima por insalubridad a aproximadamente doscientos cincuenta trabajadores de la Intendencia, quienes desarrollan tareas calificadas como insalubres. Por disposición de la Ley N° 11.577, el Banco de Seguros del Estado es el que debe calificar que una tarea es insalubre y, como tal, recibe un tratamiento especial que consiste en un complemento, un plus, una compensación o una prima por encima del salario del trabajador. En este caso, en el Decreto esa compensación se establecía en un 16% del salario básico. Han transcurrido ya ocho meses desde la aprobación de ese Decreto en la Junta Departamental de Salto y no se ha cumplido. Esto involucra a trabajadores del bacheo, de recolección, del garaje, del taller y a algunos que desarrollan su actividad en el interior del departamento. Frente ese incumplimiento, el sindicato convocó a una instancia de conciliación y de mediación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se realizó en horas del mediodía de esta jornada. Se trata de apelar a que ese incumplimiento se pueda solucionar y que, en definitiva, estos trabajadores de la Intendencia de Salto tengan el mismo derecho que cualquier otro a recibir la totalidad de su remuneración, debido a que realizan tareas insalubres. En esta instancia quiero mencionar que, permanentemente, a lo largo de los últimos ocho meses, el

sindicato de los trabajadores de la Intendencia de Salto ha realizado planteos con el objetivo de lograr el pago de esa prima por insalubridad. Frente al incumplimiento, frente al silencio, frente al hecho de no recibir respuesta formal ni por escrito, se llegó a la instancia del día de hoy, en oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la capital del país, a fin de superar este inconveniente que, reitero, afecta a más de doscientos cincuenta trabajadores a quienes -hay que tener en cuenta a sus familiaseste ingreso les permite cubrir sus necesidades básicas esenciales. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, a la Intendencia y Junta Departamental de Salto. SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y ocho en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

10.- Investigaciones reservadas del accidente del avión de la empresa Air Class, ocurrido el 6 de junio de 2012.
Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: este 6 de junio se cumplió un año del trágico accidente del avión de la empresa Air Class, que se desplomara en el Río de la Plata costando la vida a sus dos tripulantes: Walter Rigo, un piloto excepcional, con experiencia en grandes compañías que había pilotado durante muchísimos años naves de gran porte, y Martín Riva, su joven copiloto, un querido maragato que hoy es recordado en San José y que, seguramente, lo será por mucho tiempo. Cuando ocurrió este episodio, señalamos que no éramos en absoluto investigadores de accidentes y que nuestro papel como legisladores era cuidar, vigilar y controlar, desde nuestra oposición, el fiel cumplimiento de la Constitución y la ley. Así lo dijimos en presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, señor Eleuterio Fernández Huidobro, quien tuvo la perspicacia de sugerirnos otro rumbo. Hay muchas cosas al margen del accidente acerca de las que se está llevando a cabo una investigación reservada, que rápi-

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damente debemos poner en conocimiento de esta Cámara como, por ejemplo, que esa noche, cuando se perdió el contacto con la nave, el mecanismo de búsqueda, rescate y salvamento demoró dos horas en salir. Esto está registrado en la torre de control. Además, el radar principal del aeropuerto está apagado; funcionan con un radar secundario. Y está apagado porque, supuestamente, recibe información distorsionada debido a la construcción de un edificio cercano. Se han hecho afirmaciones que son erróneas, equivocadas, falsas. De todas las formas posibles hubo participación de implicados en la investigación, en la habilitación y en la inspección. Hay inspectores que viajan a Las Vegas. ¡Inspectores que viajan a Las Vegas! Después de habilitar, investigar e inspeccionar, los mismos juegan de un lado y del otro del mostrador; es gente de las empresas que otorga habilitaciones y que también tiene que ver con lo sucedido. Hemos visto alrededor de todo este episodio -al igual que sucede con otras compañías- que en el departamento de Canelones, en Ciudad de la Costa, hay talleres que arreglan, reparan clandestinamente repuestos y partes de aviones, lo cual está absolutamente prohibido y constituye la comisión de un delito. Por aquí finalizo con mis palabras, porque he seguido el consejo del señor Ministro de Defensa Nacional y he abordado este tema. Lamentablemente, no hemos podido contar a la Cámara dónde están los doce metros de avión y la carga que faltan, pero tendremos oportunidad de decirlo en algún momento. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando General de la Fuerza Aérea. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

11.- Seminario internacional convocado por la Mesa Permanente contra la Impunidad, denominado “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado”.
Tiene la palabra el señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: en la noche de ayer se realizó en Montevideo, concretamente en el Paraninfo de la Universidad, un seminario internacional convocado por la Mesa Permanente contra la Impunidad -organización defensora de los derechos humanos-, denominado “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado”. El Paraninfo desbordaba de jóvenes y de personas mayores. El panel estaba integrado por personas que realmente honran los derechos humanos: el Rector Rodrigo Arocena -quien lo presidió-, el abogado chileno Roberto Garretón y el Juez Baltasar Garzón. En la apertura del seminario, el Rector Arocena desarrolló los conceptos del claustro sobre el compromiso ineludible de Uruguay de llevar adelante los convenios internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito. También se refirió a la posición que es ineludible, inexcusable, del Estado uruguayo de hacer honor a los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, en particular, al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Gelman y de otras graves violaciones a los derechos humanos. Desarrolló una posición clara y de la unanimidad de la dirección de la Universidad de la República. Seguidamente, el doctor Garretón habló de las experiencias a nivel internacional de las dictaduras cívico militares. En particular, se refirió a la responsabilidad de los actores civiles de la dictadura, quienes después de que los pueblos se sacudieron de encima las dictaduras luchando -con un alto costo en vidas, en desaparecidos, en violaciones de los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población-, son apadrinados para desempeñar otras tareas en democracia. El Juez Baltazar Garzón analizó la posición de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Dijo que es inadmisible el argumento de que se antepone el ordenamiento interno porque Uruguay no reconoce los convenios internacionales. Como dijo el doctor Gar-

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zón, en 1945 nuestro país fue signatario en Londres del Estatuto de Núremberg, donde se plantearon con absoluta responsabilidad los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de que la comunidad internacional actuara sobre ellos. Por lo tanto, reclamó que Uruguay cumpliera con sus convenios. Señaló que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que no hay ninguna fundamentación que permita afirmar lo contrario. Sin duda, estas conclusiones se suman a las del seminario internacional que hace pocos días realizó en Francia -en el edificio del Senado- la organización “Dónde están”, que llegó a idénticas conclusiones. Por lo tanto, es obvio decir que la posición de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, negando la aplicación de la justicia a la que Uruguay está comprometido con la comunidad internacional, es insostenible. Inclusive, dentro de fronteras, jueces y fiscales reivindican con absoluta dignidad la necesidad de seguir adelante con los juzgamientos como una razón indispensable para avanzar en un futuro democrático. Este seminario realmente fue un acierto de la Mesa Permanente contra la Impunidad y, sin duda, formará parte de las reflexiones que a nivel nacional e internacional se seguirán haciendo en defensa de la verdad y de la justicia. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Mesa Permanente contra la Impunidad, al PIT-CNT, a la organización Hijos, a Crysol, a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y al Frente Amplio. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Subdirectores de los liceos de Montevideo y del interior del país. Desde hace un buen tiempo estas personas enfrentan una situación de injusticia e irracionalidad salarial, que ha generado desmotivación y desincentivo para el crecimiento en la escala jerárquica, pues si bien la carga horaria y la responsabilidad son mayores, la remuneración es menor. Esto ha generado y sigue generando reclamos y medidas de lucha de este sector para que se atienda su problemática Incomprensiblemente, esta situación se plantea en el contexto actual del país, en el que necesitamos más y mejor educación, mejores docentes y jerarcas de los institutos que asuman responsabilidades, obtengan resultados de gestión y enfrenten infinidad de dificultades. Los Directores y Subdirectores de liceo pueden ascender hasta el Grado 7, pero en lo que respecta a la remuneración están topeados en el Grado 4 docente. En consecuencia, los que tienen más que el Grado 4 cobran según los grados inferiores. Además, mientras los docentes trabajan horas de cuarenta y cinco minutos, los Directores y Subdirectores trabajan horas de sesenta minutos. Es decir que trabajan más pero cobran menos. Es justo que docentes de aula, adscriptos y preparadores tengan el salario del grado que ostentan, pero no es justo que Directores y Subdirectores de liceo perciban la remuneración hasta el Grado 4, aun cuando hayan alcanzando un grado superior Voy a poner un ejemplo que ilustra esta inequidad: mientras un Subdirector Grado 7 de un liceo de tercera categoría, que tiene setecientos alumnos y trabaja cuarenta horas semanales de sesenta minutos, percibe $ 24.000, un docente Grado 7, que trabaja veinticuatro horas de cuarenta y cinco minutos gana $ 27.600 por mes, sin importar la categoría del liceo. El Consejo de Educación Secundaria es el único que no ha solucionado esta arbitraria e inconveniente situación, porque el de Primaria y el Técnico Profesional, ya lo han hecho. En momentos en que se han volcado importantes recursos para la educación, es inexplicable que no se haya subsanado esta inequidad que, además, ha

12.- Reclamos de Directores y Subidrectores de liceo por topes en sus remuneraciones.
Tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: me voy a referir a un tema que se relaciona con los Directores y

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hecho perder el atractivo para ascender en la escala jerárquica docente; a pesar de que la carga horaria y la responsabilidad son mayores el salario es menor, lo que ha hecho crecer el descontento entre los docentes de la educación pública. Esperamos una justa solución y reparación de esta distorsión salarial docente que deberá encontrarse en la próxima Rendición de Cuentas. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicen, a la Anep, al Consejo de Educación Secundaria, a los liceos de todo el país, a las Comisiones de ambas Cámaras y de las Juntas Departamentales que tienen que ver con la educación y la legislación del trabajo, y a la prensa. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Payssé) ——Ha finalizado la media hora previa.

guerra de Irak. (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de quince minutos)”. Tiene la palabra el señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: antes de comenzar la exposición “A diez años de la guerra de Irak” que me autorizó la Cámara, deseo agradecer a todos los colegas por su consentimiento, en particular, a la bancada del Frente Amplio. Hace diez años y unos pocos meses, el 20 de marzo de 2003, se inició el bombardeo a la ciudad de Bagdad, capital de Irak, Estado de unos treinta millones de personas y de un territorio de aproximadamente cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, ubicado en la zona mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates, con fronteras con Irán, Turquía, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Kuwait. El primer acto bélico de la llamada “Operación Libertad de Irak” fue, precisamente, ese bombardeo. Las acciones eran comandadas por la coalición de Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña, el Reino de España y otros países. El 1º de mayo de ese mismo año, el señor Bush, en nombre del Gobierno estadounidense, declaró que la misión se había cumplido. El Presidente Obama, años después, en 2011, retiró oficialmente las tropas de su país; al hacer público este anuncio reconocía la muerte de cuatro mil quinientos soldados y de unos treinta y dos mil heridos, en una “campaña” de casi nueve años. Unas cien mil víctimas, civiles iraquíes son el saldo en vidas humanas, según estimaciones prudentes, y quince mil, como mínimo, las que están directamente vinculadas con la operación “Libertad de Irak”. Son hechos concretos y pasados, que tienen efectiva repercusión en el presente. Vivimos en un mundo global donde la revolución tecnológica de las comunicaciones y de los transportes ha hecho al planeta más pequeño y cercano. Al mismo tiempo, el cúmulo de información e imágenes de todos los rincones del mundo nos hace perder la referencia para diferenciar lo importante y trascendente de aquello que no tiene importancia. Nos hace, muchas veces, olvidar hechos sustanciales que han impactado a la humanidad entera, tan solo por la sucesión de otros, de igual o mayor gravedad, proceso, en fin, que banaliza la violencia y el valor de la dignidad humana.

13.- Aplazamiento.
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las correspondientes listas de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: “Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)”. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Payssé) ——Ha finalizado la media hora previa.

14.- A diez años de la guerra de Irak. (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de quince minutos).
Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “A diez años de la

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Cuando sucedieron aquellos tristes y lamentables hechos, sostuvimos que la guerra iniciada sin motivo convincente, contraria a las resoluciones de Naciones Unidas, era ilegal, por vulnerar el derecho internacional, inmoral, por basarse en falsas premisas, e injusta, por no reconocer la situación del pueblo de Irak. Hoy esto, más que una opinión, es una certeza. Paradoja de la historia: la “Operación Libertad”, basada en la afirmación de la existencia de armas de destrucción masiva en ese país, fue una mera invención de propaganda para justificar la intervención. Lamentablemente, diez años después, más allá del juicio que tengamos sobre esos sucesos, la situación es trágica y el pueblo iraquí está en peores condiciones, en comparación con las que se encontraba una década antes. La región tampoco es más segura, sino todo lo contrario. Además, el mundo observó cómo se debilitaba su principal herramienta institucional para asegurar la paz entre los pueblos, que desde 1945 es la Organización de Naciones Unidas, pues se intentó, por la vía de los hechos, consagrar el concepto de “legítima defensa preventiva”. El Gobierno estadounidense de entonces hizo, de una noción puramente defensiva, un concepto totalmente opuesto: el de la agresión, vaciando de contenido el derecho internacional que declara ilícito el recurso de la fuerza contra otro Estado, salvo en caso de legítima defensa o en consonancia con las resoluciones de la ONU. En 2004, Kofi Annan, quien seguía ejerciendo el cargo de Secretario General de la ONU, declaró públicamente que esta guerra era contraria a los derechos humanos y al derecho internacional, y -cito textualmente- “Desde nuestro punto de vista y del de la Carta de la ONU fue ilegal”. Como dijo el Senador Albert Gore “lo que esta doctrina hace es destruir el objetivo de un mundo en el que los Estados se consideran sujetos a la ley, particularmente en la materia de normas para el uso de la violencia contra otros”, mientras que Hans Blix -jefe de la Comisión de Control, Verificación e Inspección de las Naciones Unidas- manifestó: “Estados Unidos dañó todo el sistema de Naciones Unidas al invadir Irak sin autorización del Consejo de Seguridad”. Hoy el caos coexiste, además, en el propio sistema estatal iraquí. Miles de ciudadanos iraquíes están

detenidos sin juicio previo o cumplen penas injustas. La tortura es una práctica habitual y extendida en el Estado iraquí. Irak es el país con más ejecuciones de personas por año en el mundo; se ahorcó a unas ciento veintinueve personas en 2012, según datos recogidos por Amnistía Internacional. La violencia política contra el pueblo iraquí es inhumana. Sarah Leah Whitson, Directora para Medio Oriente de Human Rights Watch, aseguró en marzo del presente año: “El sistema político y judicial de Irak padece actualmente la doble problemática de ser abusivo y, a su vez, no poner freno a las arbitrariedades cometidas por terceros en un contexto de seguridad cada vez más tenso e inestable”. El contexto es de inestabilidad política y social, en un medio tremendamente violento e impune, donde el abuso y las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente. Existe una cultura de impunidad activa y pasiva fuertemente instalada, tanto en la sociedad como en los poderes políticos, en el sistema judicial, en las actuaciones de las tropas extranjeras y en los grupos armados iraquíes, una cultura de transgresión de los derechos y libertades que se trasladó desde las tropas estadounidenses. En palabras de la Directora Whitson: “El gobierno de Estados Unidos de la época, impuso un patrón desde su primer momento, al permitir que se cometieran abusos sin que los responsables rindieran cuentas y, como era esperable, ha optado por no actuar ante los abusos iraquíes”. Debo vincular esta afirmación a la tesis del Profesor Paul Chevigny de la New York University, quien sostiene que uno de los efectos de los atentados de las torres gemelas en Nueva York fue debilitar el propio sistema de garantías individuales -Guantánamo incluido-, que continúa hasta el presente. Se dirá que esos hechos hoy ya no tienen importancia, pues en la actualidad la situación es otra y, además, han pasado otras crisis internacionales, como la de Libia o la de Siria. Soy de los que cree que hay que aprender desde la experiencia, no para identificar quién tenía razón o qué política era posible seguir en Uruguay para modificar el curso de acción de tan graves hechos -recuerdo que se interpeló al Ministro interino de la época-, sino para aprender de los hechos y, en circunstancias similares, proceder como corresponde, más aún cuando nuestro país aspira a ocupar

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un lugar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2016. La paz es un valor fundamental. La utilización del recurso de la guerra debe ser una circunstancia excepcional y en el marco de la plena vigencia del derecho internacional, imperfecto, sin duda, pero mejor que el vacío normativo que solo favorece a los más poderosos. Como decía el “ius” publicista español Pastor Ridruejo, quien sostenga que la existencia de la Organización de Naciones Unidas es inoperante debe plantear cuál es la alternativa. Yo creo que tiene razón: no hay alternativa posible más que la Organización de Naciones Unidas. La acción en defensa y promoción de la paz debe ser asumida como un aporte sustantivo de la región que, sin desconocer las dificultades que nuestros pueblos y Estados padecen en sus sociedades -la inequitativa distribución del ingreso, la violencia ciudadana, nuestro legado de terrorismo de Estado, entre otros-, apuestan a la resolución pacífica de los conflictos, a la plena vigencia de los derechos humanos, al principio de no intervención, al principio de autodeterminación de los pueblos, al principio de defensa de la integridad territorial de los Estados, en fin, al efectivo cumplimiento del derecho internacional. Nuestra región, y como parte de ella nuestro país contribuye, entre otros instrumentos, con la adhesión a la Corte Internacional de Justicia, con el compromiso de la desnuclearización de la región, con la prohibición y destrucción de armas químicas, con el apoyo sin cortapisas a la Corte Penal Internacional, con la declaración de zona de paz del Atlántico Sur, con la cooperación de reglamentación de armas ligeras y pequeñas en el marco de la OEA, y aspiro que con la ratificación -a la brevedad- del Tratado sobre Comercio de Armas recientemente aprobado en la Organización de Naciones Unidas. Todos estos hechos hacen que evoquemos lo que fue, en definitiva, un claro cuestionamiento a la institucionalidad instalada a partir de 1945 en materia de respeto a las Naciones Unidas y sus resoluciones, de respeto al derecho internacional por la principal potencia militar, financiera y política de nuestro planeta. Evocamos todos esos hechos en la Cámara porque pensamos que, a diez años del inicio de esas hostilidades, como dijimos, ilegales, injustas e inmorales, no

pueden pasar desapercibidos, que la virtualidad en el mundo de las comunicaciones en que estamos no puede hacernos olvidar una clara violación de los medios de convivencia que la humanidad se ha dado. En definitiva, estamos convencidos de que, como dice la Constitución de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura —Unesco—, las verdaderas razones de la guerra y, por ende, las verdaderas razones de la paz se encuentran en la mente de los hombres. Por lo tanto, estamos convencidos de que esta Cámara hizo bien en habilitar esta exposición, para tener presente que, una vez más, tenemos que decir que queremos un mundo en paz. Naturalmente, hablamos de una paz basada en la dignidad del ser humano, con derecho a vivir en condiciones espirituales y materiales en las que pueda realizarse plenamente, sin miedos ni impunidades que violenten su conciencia. Creemos, señora Presidenta, que ese anhelo de paz, ese anhelo de convivencia pacífica refleja la sensibilidad de todos los uruguayos para condenar la guerra y promover la paz. Muchas gracias. VARIOS bien! SEÑORES REPRESENTANTES.¡Muy

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señora Presidenta: antes que nada, quiero agradecer al Diputado Michelini por haber pospuesto esta intervención que iba a realizar el mes pasado y, a solicitud nuestra, hacerla en esta sesión. Quiero saludarlo también por haber traído este tema a Sala; parece que es muy importante que, a diez años de este hecho bélico mundial, nos detengamos un instante a analizarlo. Quizás haya quienes piensen que, debido a la ayuda que la Administración Bush dio en su momento a nuestro país, por ser agradecidos, debemos negar los conflictos internacionales que esa misma Administración generó. Agradecer sí debemos, pero no mirar para el costado y negar los apartamientos al Estado de derecho y al derecho internacional. Se va por mal camino cuando, en aras de obtener un bien o un servicio a cambio, se mira para el costado o hasta se llega a desconocer y fundamentar en contra de la realidad. Eso no es ser agradecido; eso es servilismo.

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(Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Voy a pedir silencio y que las reuniones se realicen en el Ambulatorio. Puede continuar el señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Gracias, señora Presidenta. Como decía, no se debe desconocer por ser agradecido; de lo contrario, uno se transforma en servil. Si hay quienes practican el servilismo, ¡allá ellos! Así que, desde esta banca, no me haré el distraído ni miraré para el costado sino que, por el contrario, marcaré todas aquellas cuestiones asociadas a la guerra de Irak que me parezcan oportunas. Sin duda que la mejor vía para la resolución de los conflictos internacionales es la jurídica, es el derecho internacional. A fines del siglo XVIII, Immanuel Kant propone en “Sobre La Paz Perpetua” una estructuración mundial tal que evite, precisamente, las acciones violentas entre un Estado y otro. En los primeros años del siglo XX, específicamente en 1907, José Batlle y Ordóñez presenta su proyecto para la Sociedad de las Naciones. Pocos años después será Wodrow Wilson, Presidente de Estados Unidos de América, quien tomará como objetivo la creación de ese organismo supranacional que verá la luz en 1919, en el propio Tratado de Versalles. Tan ineficaz como el Tratado de Versalles, esta Sociedad de las Naciones no cumplió sus objetivos y a mediados de la década del cuarenta desapareció. En 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas. El siglo XXI comenzó históricamente, a mi entender, con la caída de las torres gemelas, el ataque al Pentágono, y el impacto de un avión que tenía como blanco el Capitolio, en los Estados Unidos de América el 11 de setiembre de 2001. Con seguridad, todos los que vimos esas imágenes y comprendimos lo que estaba pasando no olvidaremos nunca el momento en el que nos enteramos de esa trágica noticia. No adhiero a la teoría de Samuel Huntington de “choque de civilizaciones”. La civilización musulmana, a la que se quiso -y se quiere- endilgar la responsabilidad de ese acto terrorista, no tiene nada que ver con ello. Los terroristas que cometieron esa tragedia son grupos extremistas minoritarios dentro de una gran civilización, milenaria y exquisita culturalmente para la humanidad, que no merece ser comparada con esos

sujetos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, todos occidentales, si nos responsabilizaran de los actos bélicos de los decisores estadounidenses o europeos? Tampoco los métodos que utilizaron esos terroristas eran del todo novedosos. Muamar el Gadafi fue acusado de derribar aviones antes de 2001, por ejemplo. Al analizar estos hechos debemos tener presente cómo fue la elección del año 2000 en Estados Unidos de América. No debemos olvidar que el proceso eleccionario previo a los atentados tuvo como desenlace que la proclamación del Presidente la hiciera la Corte Suprema de Justicia, por las dudas que arrojó el resultado electoral. Así fue elegido Presidente George W. Bush El candidato demócrata -por entonces Vicepresidente-, Al Gore, escribió un libro que se llama “El ataque contra la razón”, que sugiero leer a todos aquellos que quieran acercarse a estos temas, particularmente al estudio de la Administración Bush. Gore demuestra, en forma documentada, el capricho de Bush por relacionar a Saddam Hussein con los atentados del 11 de setiembre y sancionar. A pesar de que Irak se negaba a las inspecciones de la ONU para saber si tenía armas de destrucción masiva, tampoco había certeza de que las tuviera, tal como se afirmó; y se hizo de ello el principal argumento para la invasión que hoy estamos recordando. Además, la misma falta del gobierno de Hussein al negar esas inspecciones la cometió el de Bush al desoír la resolución de la ONU e invadir Irak. Como dije, señora Presidenta, a quienes les interese este tema, les sugiero que lean el libro de Gore; yo voy a leer solamente una parte, en la que se hace referencia a documentos importantes elaborados luego del atentando del 11 de setiembre. Dice así: “Como resultado del informe de la Comisión del 11-S,” -que se creó en Estados Unidos de América para investigar los hechos- “ahora sabemos que, pocas horas después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, el Secretario Rumsfeld se afanaba en buscar la manera de relacionar a Sadam Hussein con el atentado. Disponemos del testimonio jurado del director de la unidad antiterrorista de la Casa Blanca, Richard Clarke, que el día después del atentado, el 12 de setiembre, afirmó que el presidente quería relacionar los atentados con Sadam. Además, Clarke dijo lo siguien-

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te en el programa de noticias 60 Minutes: ‘El presidente me llevó a toda prisa a un cuarto con un par de personas más, cerró la puerta y me dijo: ‘Quiero que descubra si Irak ha hecho esto’ […]. Yo le dije: ‘Señor presidente, eso ya lo hemos hecho. Hemos estado trabajando en este asunto. Lo hemos observado con una mente abierta. Señor presidente, no hay relación alguna’. Él se volvió hacia mí y me dijo: ‘Irak. Sadam. Descubra si existe un vínculo’ […] Nos reunimos todos los expertos del FBI y de la CIA. Todos estuvieron de acuerdo con nuestro informe, y lo enviamos al presidente; el asesor o subdirector de seguridad nacional lo rechazó. ‘Respuesta equivocada. Pruebe de nuevo’ […]. Y no creo que él, el presidente, lea informes cuya respuesta no le guste'”. Por otra parte, Carlos Fuentes escribió varios artículos en esos momentos, que fueron publicados en diarios de Estados Unidos de América y, posteriormente, recopilados en el libro titulado “Contra Bush”. Estos artículos también arrojan una serie de hechos bastante clarificadores que, mirados diez años después, nos dan un panorama bastante interesante. Este autor hace referencia a lo que ocurrió en Estados Unidos de América debido a las medidas adoptadas por el atentado del 11 de setiembre; me refiero, concretamente, a las libertades públicas. Sin duda, no me dará el tiempo para leer acerca de todo lo que ocurrió internamente en Estados Unidos de América, pero quiero citar una de las medidas adoptadas -que figura en este libro-, que me parece sustancial, sobre la abrogación del principio de que todo individuo es inocente hasta que se pruebe que es culpable, a favor del principio de presunción de culpabilidad y, en consecuencia, la responsabilidad de la prueba a cargo del acusado. Sin duda, estamos hablando de la reversión del Estado de derecho. Por otro lado, a veces se escucha decir, como una justificación política para lo que se hace, que tan mal no estará tal o cual decisión, porque la gente vuelve a elegir a ese candidato o a ese partido. En ese sentido, debo decir que en las elecciones que se llevaron a cabo en 2004, Bush ganó con cuatro millones de votos de diferencia. Entonces, creo que a la luz de los hechos -como los que fueron mencionados por el señor Diputado Michelini-, debemos darnos cuenta de que esas justificaciones no son convenientes. Sin duda, hay muchos aspectos a señalar como, por ejemplo, la invasión a Afganistán; la ignominiosa

cárcel de Guantánamo, donde hasta hoy todavía no rige ni se respeta el derecho internacional; o la desproporción de la reacción y el apartamiento de las normas internacionales. No debemos desconocer la existencia de la red terrorista Al Qaeda -¡claro que no!-; recordar la guerra de Irak es necesario para reiterar que no se debe aplicar la ley del Talión y que debe primar el derecho. También es rechazar que el fin justifica los medios y que lo político está por encima de lo jurídico. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino, señora Presidenta. Creo que en el futuro, mucho más los países chicos como el nuestro, debemos reivindicar a las Naciones Unidas, lo jurídico y la ley, por encima de la ley del más fuerte. Por último, quiero recordar algo que dijo nuestro prócer: “Es muy veleidosa la probidad de los hombres; solo el freno de la Constitución puede afirmarla”. Solo me resta decir que Estados Unidos de América, que muchas veces fue un ejemplo muy positivo -lo fue para nuestro prócer, quien se inspiró en ese país- también tiene sombras en su historia, como la guerra de Irak. Muchas gracias.

15.- Asuntos entrados fuera de hora.
Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Arregui y Mazzoni. (Se lee:) “Mocionamos para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “El señor Representante Pablo Mazzoni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifican varios artículos del Estatuto del Funcionario de la Cámara de Representantes. C/2377/013 A la Comisión de Asuntos Internos”

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16.- Proyectos presentados.
“ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. (Modificación). PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo Único.- Modifícanse el literal F) del artículo 6º, los artículos 8º, 9º, 10 y 11 y el tercer inciso del artículo 19 del Estatuto del Funcionario de la Cámara de Representantes, los que quedarán redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO 6°.”F) Haber aprobado, según corresponda, los concursos exigidos por este Estatuto Y sus reglamentos”. “ARTÍCULO 8°.- El ingreso a todos los escalafones se efectuará mediante llamado a concurso abierto, salvo lo dispuesto por el artículo 19. El llamado se realizará por publicaciones en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en las páginas web de la Cámara de Representantes y del Parlamento”. “ARTÍCULO 9º.- La reglamentación fijará las normas que regirán los concursos a que refiere el artículo anterior, así como los requisitos necesarios y los procedimientos de selección y evaluación para participar en los mismos”. “ARTÍCULO 10.- Los funcionarios que ingresen a la Cámara de Representantes serán designados provisionalmente, pudiendo ser separados del cargo por resolución fundada, dentro del plazo de seis meses contados desde la toma de su posesión, en las condiciones del numeral 15 del artículo 106 del Reglamento de la Cámara”. “ARTÍCULO 11.- La toma de posesión del cargo deberá realizarse dentro del plazo de noventa días contados desde la notificación de la respectiva designación. Los funcionarios designados percibirán sus haberes desde que registren su asistencia”. ARTÍCULO 19.”De no presentarse o no aprobar ningún funcionario de acuerdo con lo establecido precedentemente, se hará llamado a concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8º”. Montevideo, 11 de junio de 2013. PABLO MAZZONI, Representante por Lavalleja.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Cámara de Representantes ha dispuesto por el artículo 19 de su resolución de 31 de julio de 2012 la autorización para proceder al llenado de determinadas vacantes. El Capítulo III del Estatuto del Funcionario de la Cámara establece normas que regulan el procedimiento para el ingreso para desempeñar funciones en la Secretaría de ésta. En aplicación de la autorización para llenar las vacantes, la Administración por primera vez proveerá cargos mediante concurso en los que podrán participar todos los ciudadanos que reúnan los requisitos pertinentes. Para utilizar correctamente las disposiciones del referido cuerpo estatutario en el respectivo proceso de selección de funcionarios, es preciso modificar varios de sus artículos. Es así que para que el proceso contemple la realización de pruebas de aptitud y la evaluación de méritos académicos y de antecedentes laborales que se estimen pertinentes para cada escalafón, es necesario modificar los artículos 6º, 8º y 9º. La actual redacción del literal F) del artículo 62 refiere a concurso de oposición y en atención a lo que se expresará en relación a los artículo 8º y 9º, se estima pertinente la eliminación de la referencia “de oposición”. Asimismo debe preverse que para el caso de que la cantidad de postulantes sea mayor a la de los cargos a proveer, se permita la aplicación de un sistema objetivo y transparente de selección que determine quiénes podrán realizar las pruebas de aptitud y es así que la modificación presentada para el artículo 9º daría solución a tal requerimiento procedimental. Por su parte el artículo 10 establece que los funcionarios serán designados provisionalmente y determina el plazo de seis meses para la separación del cargo cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 15 del artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Representantes. En tal sentido debería disponerse desde cuándo se computa el mencionado plazo. El artículo 11 no establece plazo alguno para la toma de posesión de los cargos por lo que se propone modificarlo a efectos de permitir su cómputo en forma inequívoca.

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Literal F) del artículo 6º. El artículo 6º establece los requisitos que deben cumplir los funcionarios que ingresen a cumplir funciones en la Secretaría de la Cámara de Representantes y, tal como se manifestó precedentemente, se entiende necesario eliminar la expresión “de oposición” referida a los concursos a efectos de permitir la ponderación de los aspectos que la reglamentación entienda pertinentes, en concordancia con los artículos 8º y 9º del mencionado cuerpo normativo. Artículo 8º. La actual redacción del artículo 8º prevé que el ingreso a todos los escalafones se efectuará mediante llamado a concurso de oposición abierto a toda la ciudadanía” y que “el llamado se hará por el Diario Oficial y la prensa de difusión nacional”. Con la redacción actual de “concurso de oposición” se contempla únicamente la inclusión de las pruebas de aptitud en el proceso de selección y no de la evaluación de los méritos académicos y de los antecedentes laborales. De tal modo, el concepto de “concurso” es más amplio que el de “concurso de oposición” porque permite incluir en la reglamentación otros componentes y habilita a evaluar méritos académicos y antecedentes laborales. La referencia “abierto a toda la ciudadanía” podría implicar que la reglamentación esté inhibida de exigir el cumplimiento de ciertos requisitos excluyentes que se reputan fundamentales para quienes sean designados a prestar determinadas funciones (edad, capacitación, antecedentes laborales, etc.). En relación a la modalidad de publicidad del llamado se entiende necesario mantener la exigencia de publicaciones en el Diario Oficial y en medios de prensa de difusión nacional, pero estableciendo que al menos deberán efectuarse en dos de éstos. Se estima pertinente, asimismo, agregar que las publicaciones deban realizarse también en las páginas web de la Cámara de Representantes y del Parlamento. Artículo 9º. Es procedente modificar el artículo 9º en su referencia a “concursos de oposición” por los motivos expresados precedentemente y se propone hacer referencia a “procedimientos de selección y evaluación” con el objeto de que, en los casos en que haya una cantidad significativa de inscriptos, la Administración pueda disponer de mecanismos objetivos para la determinación de quiénes podrán participar de las pruebas de aptitud y, realizadas éstas, pueda proceder a la ponderación de los méritos académicos y antecedentes laborales. Existen antecedentes relativos a la inscripción de miles de ciudadanos para la

provisión de vacantes y la realidad hace imposible que todos puedan participar de las pruebas de aptitud por lo que debe habilitarse la fijación de un procedimiento objetivo para superar tal inconveniente. Artículo 10. Se propone establecer expresamente desde cuándo se debe computar el plazo de seis meses para la separación del cargo de funcionarios que fueron designados y que, por faltas graves, se solicite su destitución en consonancia con lo establecido por el numeral 15 del artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Representantes. En tal sentido se entiende pertinente que el referido plazo debe contarse desde la toma de posesión del cargo. Artículo 11. En relación al artículo 11 se propone establecer un plazo para la toma de posesión del cargo ya que en su redacción actual no se dispone. Se entiende necesario que la norma determine el espacio temporal para que el ciudadano designado tome su posesión y se propone que el plazo se compute desde su asistencia al cumplimiento de las correspondientes funciones. Tercer inciso del artículo 19. En el Capítulo V del citado estatuto se establecen disposiciones relativas a la carrera funcional, dotando a los funcionarios de garantías para el desarrollo de la misma. En tal sentido, el artículo 19 dispone que los funcionarios que ingresen a los cuadros presupuestales de la Administración deberán hacerlo por los cargos inferiores. Asimismo prevé la realización de concursos de oposición para que los funcionarios que integran la plantilla accedan a prestar funciones en un escalafón distinto al que pertenecían, salvo en el que corresponde al Cuerpo Técnico de Taquigrafía que siempre debe realizarse mediante un llamado a un concurso abierto a la ciudadanía. Para el caso de que a los concursos internos no se presentare o no aprobare ningún funcionario se dispone, en el tercer inciso del artículo 19, la realización de un concurso abierto de oposición de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º cuya modificación también se propone por este proyecto de resolución. Es así que se entiende pertinente eliminar la referencia “abierto de oposición” establecida en el mencionado inciso en mérito a las razones precedentemente expuestas. las modificaciones propuestas mejoran el procedimiento de selección de funcionarios y permiten dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la autorización conferida por la resolución del Cuerpo de 31 de julio de 2012, sin menoscabo de los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades que

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son fundamentales en la política vigente de acceso a cargos públicos de la Cámara de Representantes. Montevideo, 11 de junio de 2013. PABLO MAZZONI, Representante por Lavalleja”.

19.- Alteración del orden del día.
Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Arregui, Bernini, Caram, Verri y Radío. (Se lee:) “Mocionamos para que el asunto que figura en quinto término del orden del día: ‘Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorpore a sus plantillas)’ pase a ser tercero”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

17.- Autorización a los señores Representantes Felipe Michelini e Iván Posada para realizar exposiciones en la sesión ordinaria del martes 18 de junio.
Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Arregui, Verri y Abdala. (Se lee:) “Mocionamos para se autorice a los señores Diputados Felipe Michelini e Iván Posada a realizar exposiciones en la sesión ordinaria del martes 18 de junio en homenaje a Enrique Martínez Moreno por el término de veinte minutos cada uno”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

20.- Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorporen a sus plantillas).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorporen a sus plantillas)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1166 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Economía y Finanzas Montevideo, 15 de abril de 2013. Señor Presidente de la Asamblea General Cr. Danilo Astori: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo, a fin de remitir para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se autoriza la contratación por parte de la Banca Oficial de hasta 150 (ciento cincuenta) funcionarios provenientes del Banco Bandes Uruguay S.A.

18.- Autorización a la señora Representante Berta Sanseverino para realizar una exposición en la sesión ordinaria del martes 2 de julio.
Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Arregui, Verri y Abdala. (Se lee:) “Mocionamos para que se autorice a la señora Diputada Berta Sanseverino a realizar una exposición sobre: ‘Conferencia Regional de Cepal, a realizarse en Montevideo’ en la sesión ordinaria del martes 2 de julio por el término de quince minutos”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Recientemente, se suscribió un acuerdo tripartito entre los Bancos oficiales (República, Central y de Seguros), el Banco Bandes del Uruguay S.A. y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (A.E.B.U.). El motivo de dicho acuerdo es que el Banco Bandes del Uruguay S.A. ha tomado la decisión de reorientar su negocio en el territorio nacional, esperando focalizar sus operaciones en otro segmento de mercado. Como consecuencia de ello una parte importante de su red física, logística y recursos humanos le resultan excedentarios. Se advierte también que el Banco de la República Oriental del Uruguay está interesado en hacerse cargo de esos negocios porque ello le permitiría entre otros, tener presencia física en algunas localidades del interior del país donde no está presente, captar nuevos negocios y clientes, reformar sus oficinas ya instaladas en otros lugares y consolidar cada día más su liderazgo en plaza. Asimismo dentro de este acuerdo no debe dejar de visualizarse su plan de expansión, así como el creciente número de negocios existentes con la República Bolivariana de Venezuela. Extremos estos que lo llevan a comenzar a considerar instalarse en forma concreta o a través de un corresponsal en dicha nación, así como tonificar la realización de negocios con dicha nación a través de la sucursal existente en Nueva York. Se explora asimismo entre ambos bloques negociadores la posibilidad de extender cooperación en diferentes materias entre los pactantes. El Banco República posee interés en hacerse cargo de estos recursos humanos, en la medida que se trata de trabajadores en su mayoría de larga trayectoria en el sector bancario y cuya incorporación al B.R.O.U. evitará prácticamente el proceso de capacitación. Para hacerse cargo de estas operaciones el Banco de la República Oriental del Uruguay recibirá nueve sucursales del Banco Bandes Uruguay S.A., así como ciento cuarenta y cinco trabajadores que se desempeñan en diferentes dependencias de la institución. Como es sabido el ingreso de personal a un Ente Autónomo debe realizarse de conformidad a los procedimientos indicados en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por lo cual para evitar esta dilación y lograr una inmediata respuesta a la operativa bancaria se propone exonerar a los entes autónomos involucrados del mencionado requisito.

Del acuerdo han participado también los Bancos Central y de Seguros del Estado en la medida que para el hipotético caso de que el Banco República no tenga la necesidad de absorber la totalidad de los ciento cuarenta y cinco trabajadores, esta mano de obra especializada pueda ser absorbida por el sector banca oficial. Se estima, que mediante este proyecto se establece un marco legal adecuado para cerrar el acuerdo definitivo dentro de un marco legal apropiado, quedando siempre abierta la posibilidad de que los trabajadores involucrados puedan optar por el no pasaje a la banca oficial y el cobro de la totalidad de sus indemnizaciones. Saludamos a este Cuerpo con la más alta estima y consideración. JOSÉ MUJICA, EDUARDO BRENTA, FERNANDO LORENZO. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no deberán configurar causal jubilatoria antes del 31 de diciembre de 2014. Artículo 2º.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados. Artículo 3º.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y modificativa. Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales eliminatorias a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución. Artículo 4º.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013. Montevideo, 15 de abril de 2013. EDUARDO BRENTA, FERNANDO LORENZO.

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CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Se autoriza al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado para que en conjunto, ingresen un total de 150 (ciento cincuenta) empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. Los empleados que podrán ser considerados para ingresar de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, deberán haber figurado en la plantilla del Banco Bandes Uruguay S.A. al 31 de marzo de 2013 y no haber configurado causal jubilatoria a la fecha de la promulgación de la presente ley. Artículo 2º.- Quienes ingresen en virtud de lo previsto en la presente ley, tendrán la condición de funcionarios públicos presupuestados. Artículo 3º.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y modificativas.

Sin perjuicio de ello, las tres Instituciones quedan habilitadas para realizar a los empleados a ingresar evaluaciones psicolaborales a fin de determinar su ajuste a los perfiles requeridos por cada Institución. Artículo 4º.- Los ingresos que se produzcan al amparo de la presente ley deberán efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2013. Se faculta a las tres Instituciones a ajustar la estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos. Tales ajustes deberán contar con la previa aprobación e informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 21 de mayo de 2013. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”.

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——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑOR TIERNO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TIERNO.- Señora Presidenta: la Comisión de Legislación del Trabajo remitió este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, por medio del cual autoriza a la banca oficial a contratar hasta ciento cincuenta funcionarios del Banco Bandes Uruguay S.A. Este proyecto fue aprobado en el Senado por la unanimidad de los veinticuatro Senadores presentes. Recientemente, se suscribió un acuerdo tripartito entre los Bancos oficiales República, Central y de Seguros, el Banco Bandes Uruguay S.A. y la Asociación de Bancarios del Uruguay, Aebu. El motivo de ese acuerdo es que el Banco Bandes Uruguay S.A. tomó la decisión de reorientar sus negocios en el territorio nacional y, por consiguiente, una parte de su red física, logística y de recursos humanos es excedentaria. Este acuerdo entre el Poder Ejecutivo, el Banco de la República y el Bandes, del que participa también el sindicato bancario, complementa las necesidades de ambas instituciones y mantiene 146 puestos de trabajo, 70 de ellos en el interior de nuestro país. El Banco de la República, por este acuerdo, tiene la posibilidad de hacer negocios en ocho sucursales, incluyendo lugares en los que hoy no tiene presencia como, por ejemplo, la localidad de Progreso, en el departamento de Canelones. En otras sucursales, esto le permitirá mejorar la calidad de la atención a la población, extender sus negocios, captar nuevos clientes y consolidar su liderazgo en plaza. Este acuerdo se da en el marco de un fuerte incremento de las relaciones comerciales con Venezuela, que en este momento es el tercer socio comercial del Uruguay, después de China y Brasil. Como contrapartida de este acuerdo, el Banco de la República podrá operar en Venezuela. Cabe señalar que nuestro Banco posee interés en captar los recursos humanos por su experiencia en el trato con el público, algo que evitaría el proceso de capacitación. Además, habría una pronta adaptación al nuevo trabajo, ya que son funcionarios con experiencia en la actividad financiera, de tecnología y de

relaciones laborales. Todos ingresarían con un nivel escalafonario y salarial de Auxiliar de nivel 2 del Banco de la República. Es bueno destacar que el personal ya realizó el test psicolaboral y las entrevistas laborales, según el requerimiento de ingreso propio del Banco. Eso, de todos modos, no interfiere con el cupo de entrada de personal joven que, en la actualidad, tiene una lista de prelación vigente, continuando con la renovación generacional del Banco de la República. Por otra parte, debo aclarar que de este acuerdo también participan los Bancos Central y de Seguros del Estado, por el hipotético caso de que el Banco de la República no tenga la necesidad de absorber la totalidad de los ciento cuarenta y seis trabajadores. Con este proyecto de ley se logra la entrada en vigencia de un acuerdo de importancia estratégica en el complemento de las relaciones comerciales entre ambas instituciones y el mantenimiento de los puestos de trabajo de calidad para las familias uruguayas involucradas. Históricamente, hay que reconocer el aporte de Venezuela, a raíz de las dificultades emergentes de la crisis de 2002 y la situación de Cofac, y el esfuerzo que hacen los trabajadores pues tendrán determinadas pérdidas de carácter salarial. De todas maneras, el hecho de acceder a un puesto de trabajo con estas características, nos parece realmente importante. Se estima que mediante este proyecto se establece un marco legal adecuado para cerrar el acuerdo definitivo, quedando siempre abierta la posibilidad de que los trabajadores involucrados puedan optar por no pasar a la banca oficial y el cobro de la totalidad de sus indemnizaciones. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Asesora recomienda la aprobación de este proyecto de ley remitido por el Senado. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: desde nuestra bancada vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, pero con algunas observaciones respecto a la gestión del Banco Bandes.

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Cuando tomamos conocimiento público de la situación y de esta reestructura, allá por fines de febrero y principios de marzo, declaramos nuestra preocupación porque esto representaba -ni más ni menosuna asistencia económica que pagaría toda la sociedad uruguaya por la mala gestión del Banco Bandes; eso dio como resultado que se ajustara su plantilla de trabajadores a los efectos del cierre del balance correspondiente. En su momento, nos reunimos con los funcionarios del Bandes y con representantes de Aebu, y recibimos información de algunos aspectos. Por ejemplo, se nos dijo que esta plantilla de personal tiene un costo mensual de algo más de un millón de dólares y que representa una solución -complementando al Banco de la República-, porque la realidad de esta reestructura y adecuación de funcionamiento del Bandes implica, entre otras cosas, la reducción de nueve sucursales del Banco, dos en Montevideo y siete en el interior, con la consiguiente reducción de los servicios financieros en las localidades donde se va a llevar a cabo esta reforma. Planteamos este tema en nuestra bancada buscando algo que ha sido tradición en nuestro Partido, es decir, la preservación de las fuentes de trabajo uruguayas. En su momento se resolvió acompañar una solución que representara garantizar las fuentes de trabajo para estos bancarios -en este caso-, que cuentan con una capacitación y experiencia particulares. Por lo tanto, en nuestro concepto, este proyecto de ley tiene dos aspectos. Por un lado, se trata de una asistencia económica para el Bandes, que abonará toda la sociedad uruguaya. Además, cabe señalar que el Bandes hizo negocios y operaciones utópicas, en muchos casos ajenas a un rigor técnico, pero sobre todo guiadas por una concepción ideológica y política que nada tiene que ver con el negocio financiero. Por otro lado, hay que resaltar el aspecto de la preservación de las fuentes de trabajo uruguayas, y en este sentido el Partido Colorado da su total apoyo. Apoyamos decididamente mantener estos recursos humanos, compuestos por trabajadores del sector financiero, de vital importancia para el aparato productivo del país, capacitados y con experiencia que, en definitiva, serán bien útiles para nuestras instituciones públicas. Sin embargo, hacemos una severa observa-

ción a la operativa de la institución venezolana -lo acabamos de mencionar-, que no se manejó con rigor técnico y que no ha sido debidamente controlada por las autoridades que tienen esa obligación. Las pérdidas por estos errores, por estas aventuras en negocios realizados por el Bandes -según nuestra información- rondan los ciento veinte millones de dólares netos. Esto es algo que debemos ajustar, observar y controlar adecuadamente a los efectos de no tener zozobras ni inconvenientes que puedan generarse con este tipo de administración. En definitiva, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley porque para nosotros siempre fue fundamental procurar la preservación de las fuentes de trabajo.

21.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) Se aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Horacio Yanes, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Da Roza. De la señora Representante Verónica Alonso, por los días 13 y 14 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Belmonte De Souza. De la señora Representante Verónica Alonso, por los días 19 y 20 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Belmonte De Souza. De la señora Representante Verónica Alonso, por el día 21 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Belmonte De Souza. De la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por los días 18 y 26 de junio y 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30 y 31 de julio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Abt. Del señor Representante Daniel Peña Fernández, por los días 11 y 12 de Junio de 2013, con-

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vocándose al suplente siguiente, señor Dogomar Morosini. Del señor Representante Iván Posada, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Philippe Sauval. Del señor Representante José Andrés Arocena, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco Sanguinetti. Del señor Representante Juan Manuel Garino Gruss, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. Del señor Representante Guzmán Pedreira, por el día 12 de junio de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Olga Silva. De la señora Representante María Elena Laurnaga, por el período comprendido entre los días 11 y 27 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Fernando Nopitsch. Del señor Representante Alejandro Sánchez, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Bousses. Del señor Representante Felipe Carballo, por el período comprendido entre los días 19 al 21 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño. Del señor Representante Rubenson Silva, por los días 11 y 12 de junio de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Noel Maciel. Del señor Representante Walter De León, por los días 11 y 12 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Juan Carlos Hornes. Del señor Representante Edgardo Rodríguez, por el día 11 de junio de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Olga Ferreira. Del señor Representante Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 24 de junio y 5 de julio de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Alda Álvarez.

Del señor Representante Juan C. Souza, por el día 11 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Juan C. Souza, por el día 13 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Daniel Radío, por el día 12 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Martelletti. En virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del la señora Representante Berta Sanseverino, por el día 11 de junio de 2013, a fin de asistir al Seminario “Derecho a la Alimentación Saludable en Uruguay”, organizada por la División Salud de la Intendencia de Montevideo, a celebrarse en la Sala Dorada, del Palacio Municipal, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Zás Fernández. Del señor Representante Gerardo Amarilla, por el período comprendido entre los días 26 y 28 de Junio de 2013, para participar del Foro Internacional “El Suelo, base del desarrollo”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, convocándose al suplente siguiente, señor Roberto Araújo. Del señor Representante Juan C. Souza, por el día 12 de junio de 2013, a fin de asistir a la inauguración de la segunda planta biodiesel de ALUR y al Taller sobre Prevención de Violencia, que tendrá lugar el día 12 de los corrientes a la hora 18 en el Centro Cívico “Salvador Allende”, sito en Ruta 8 Km 23,800, Barros Blancos, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. En misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Roque Arregui, por el período comprendido entre los días 17 al 21 de junio de 2013, a los efectos de participar a la XVIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, a celebrarse en la ciudad de Medellín, República de Colombia, convo-

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cándose a la suplente siguiente, señora Beatriz Cuadrado”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda licencia el día 11 de junio del presente año, por motivos personales. Saluda a usted cordialmente, HORACIO YANES Representante por Canelones”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Sr. Horacio Yanes. Saluda a usted cordialmente. Nora Rodríguez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Nora Rodríguez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes, por el día 11 de junio de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Nora Rodríguez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Luis Da Roza. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente a los días 13 y 14 de junio por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente. VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Martín Fernández”.

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“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Enrique Arezo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 14 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Belmonte De Souza. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente a los días 19 y 20 de junio por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente. VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Martín Fernández”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Enrique Arezo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 20 de junio de 2013.

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II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el período comprendido entre los días 19 y 20 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Belmonte De Souza. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito a usted tenga a bien gestionar la licencia correspondiente al día 21 de junio por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (sistema preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente. VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la

convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Martín Fernández”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, hago saber al señor Presidente, que por esta única vez, no acepto la convocatoria de que he sido objeto, en mi calidad de suplente de la señora Representante Verónica Alonso. Sin otro particular saludo atentamente. Enrique Arezo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el día 21 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-

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ción Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Belmonte De Souza. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted licencia para los días 18 y 26 de los corrientes y para los días 2, 3, 9, 10, 11, 16,17, 23, 24, 25, 30 y 31 de julio por motivos personales. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. ANA LÍA PIÑEYRÚA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 18 y 26 de junio y 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30 y 31 de julio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, por los días 18 y 26 de junio y 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30 y 31 de julio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ Representante por Canelones”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, Auro Acosta”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, Raúl Detomasi”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, Mario Pérez”.

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Martes 11 de junio de 2013

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, Mary Vega”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria realizada por los días 11 y 12 del corriente. Saludo atentamente, Fernando Navarrine”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Auro Acosta, Raúl Detomasi, Mario Pérez, Mary Vega y Fernando Navarrine. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores

Auro Acosta, Raúl Detomasi, Mario Pérez, Mary Vega y Fernando Navarrine. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004505, del Lema Partido Nacional, señor Dogomar Morosini. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Cúmpleme solicitar a usted, tenga a bien, poner a consideración del Cuerpo que usted preside, concederme el uso de licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618 del 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por la Ley Nº 17.827 del 14 de setiembre de 2004, por el día 11 de junio. Saludo a usted atentamente, IVÁN POSADA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada, por el día 11 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-

Martes 11 de junio de 2013

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ción Nº 909, del Lema Partido Independiente, señor Philippe Sauval. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva autorizar licencia por motivos personales para el día 11 del corriente, procediéndose a la convocatoria del correspondiente suplente. Sin otro particular, saluda atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”. Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda atentamente, Nelson Pérez Cortelezzi”. Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda atentamente, Germán Lapasta”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Nelson Pérez Cortelezzi y Germán Lapasta. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 11 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Nelson Pérez Cortelezzi y Germán Lapasta. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Francisco Sanguinetti. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 11 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, JUAN MANUEL GARINO GRUSS Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013.

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Martes 11 de junio de 2013

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino, por el día 11 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales el día 12 de junio de 2013. Saluda atentamente, GUZMÁN PEDREIRA Representante por Flores”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe, Martín Pedreira, de acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, lo saluda atentamente, Martín Pedreira”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Martín Pedreira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira, por el día 12 de junio de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Martín Pedreira. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 60977321, del Lema Partido Frente Amplio, señora Olga Silva. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe solicita a usted tenga a bien autorizar el uso de licencia por motivos personales, según inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, desde el día 11 al 27 de junio inclusive. Se solicita por lo tanto, se convoque al suplente correspondiente, Fernando Nopitsch. Saluda atentamente, MARÍA ELENA LAURNAGA Representante por Montevideo”.

Martes 11 de junio de 2013

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“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe, Carmen Millán C.I. 1.357.732-3, en calidad de suplente de la Sra. Representante Nacional, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada –solo por esta vez- de asumir el cargo, para el cual fui convocada por ese Cuerpo. Sin más, saluda atentamente. Carmen Millán”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 27 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Carmen Millán. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga, por el período comprendido entre los días 11 y 27 de junio de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Carmen Millán. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Fernando Nopitsch. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por la presente me comunico con usted para solicitarle me conceda licencia por motivos personales, el día 11 de junio de 2013. Sin otro particular, saluda atentamente, ALEJANDRO SÁNCHEZ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Alejandro Sánchez. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Alejandro Sánchez, por el día 11 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Heber Bousses. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por los días 19, 20 y 21 de junio, por motivos personales. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, FELIPE CARBALLO Representante por Montevideo”.

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Martes 11 de junio de 2013

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 21 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el período comprendido entre los días 19 y 21 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito a usted licencia los días 11 y 12 de junio de 2013 (dos días) por razones particulares. Pido se convoque suplente. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, RUBENSON SILVA Representante por Rivera”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que renuncio por única vez a la convocatoria de la Cámara de Diputados. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Rita Sanguinetti”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente Señor Presidente: Quien suscribe, Antonio Cleofa Cabrera Pereira, Credencial Cívica HAA 15360, por la presente, hago llegar a Usted mi renuncia definitiva como tercer suplente del primer titular a la Cámara de Representantes por la hoja de votación N° 90 del Socialismo, integrante del Partido Frente Amplio, electo y proclamado por el departamento de Rivera de acuerdo a los resultados de la elección nacional del 25 de octubre de 2009. Hago constar que la misma obedece a razones estrictamente personales. Saluda a Usted muy atentamente Antonio Cleofa Cabrera Pereira”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que renuncio por única vez a la convocatoria de la Cámara de Diputados. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Washington Umpiérrez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rivera, Rubenson Silva. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Rita Sanguinetti y Washington Umpierre, y que el señor Antonio Cabrera renunció en forma definitiva a ser convocado por el Cuerpo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta.

Martes 11 de junio de 2013

CÁMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rivera, Rubenson Silva, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señora Rita Sanguinetti y señor Washington Umpierre. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señora Noel Maciel. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, Marcos Sarazola”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de San José, Walter De León. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Pablo Cortés y Marcos Sarazola. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de San José, Walter De León, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Pablo Cortés y Marcos Sarazola. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señor Juan Carlos Hornes. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, y conforme al inciso 3 del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales los días 11 y 12 del mes de junio de 2013. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, WALTER DE LEÓN Representante por San José”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, Pablo Cortés”.

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Martes 11 de junio de 2013

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día martes 11 del corriente. Sin más, lo saluda atentamente, EDGARDO RODRÍGUEZ Representante por Tacuarembó”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia del diputado titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, le saluda atentamente, Wilson Malceñido”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia del Diputado titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, le saluda atentamente, José Carlos Taddeo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Wilson Malceñido y José Taddeo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618,

de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez, por el día 11 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Wilson Malceñido y José Taddeo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Olga Ferreira. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales en el período comprendido entre el 24/06/2013 y el 05/07/2013. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, GONZALO MUJICA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Alma Chiodi”.

Martes 11 de junio de 2013

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“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Raquel Barreiro”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 de junio y 5 de julio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señoras Alma Chiodi y Raquel Barreiro. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 24 de junio y 5 de julio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señoras Alma Chiodi y Raquel Barreiro. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Alda Álvarez. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 11 del corriente mes, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el día 11 de junio de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 13 del corriente mes, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta.

La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el día 13 de junio de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Cúmpleme solicitar a usted tenga a bien poner a consideración del Cuerpo que usted preside, concederme el uso de licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, del 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por la Ley Nº 17.827, del 14 de setiembre de 2004, por el día 12 de junio de 2013. Saludo a usted atentamente. DANIEL RADÍO Representante por Canelones”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes el día 12 de junio de 2013. Sin más, lo saluda atentamente, Elena Gambardella”.

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“Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara el día 12 de junio de 2013. Sin más, lo saluda atentamente, Pablo Sosa”. Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara el día 12 de junio de 2013. Sin más, lo saluda atentamente, Walter Lascano”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara el día 12 de junio de 2013. Sin más, lo saluda atentamente, Teresita Luzardo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara el día 12 de junio de 2013. Sin más, lo saluda atentamente, Raúl Renom”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Elena Gambardella, Pablo Sosa, Walter Lascano, Teresita Luzardo y Raúl Edgard Renom. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío, por el día 12 de junio de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Elena Gambardella, Pablo Sosa, Walter Lascano, Teresita Luzardo y Raúl Edgard Renom. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 909, del Lema Partido Independiente, señor Eduardo Martelletti. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por el día 11 de junio y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal D), que establece la causal “obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país”. Motiva la solicitud mi asistencia al Seminario “Derecho a la Alimentación Saludable en Uruguay” organizada por la División Salud de la Intendencia de

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Montevideo, en el marco de las jornadas sobre Alimentación Saludable. Se adjunta invitación. Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente, BERTA SANSEVERINO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Jorge Patrone”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Robert Alonso”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Seminario “Derecho a la Alimentación Saludable en Uruguay”, organizado por la División Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Robert Alonso. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo 1° de esta.

La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, por el día 11 de junio de 2013, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Seminario “Derecho a la Alimentación Saludable en Uruguay”, organizado por la División Salud de la Intendencia de Montevideo. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Robert Alonso. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Jorge Zás Fernández. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted a los efectos de ponerle en conocimiento de la invitación que he recibido por parte de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung para participar en el Foro Internacional “El suelo, base de desarrollo” desde el día 26 al 28 de junio en la ciudad de Buenos Aires. A tales efectos voy a solicitar que se me autorice la licencia de acuerdo a lo establecido en el literal D) de la Ley Nº 17.827 del 20 de setiembre de 2004, entre los días 26 y 28 de junio de 2013. Sin otro particular, saluda al señor Presidente con mi mayor consideración, GERARDO AMARILLA Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar del Foro Internacional “El Suelo, base del desarrollo”, organizado por

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la Fundación Konrad Adenauer, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 28 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior, al señor Representante por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar del Foro Internacional “El Suelo, base del desarrollo”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 26 y 28 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15, del Lema Partido Nacional, señor Roberto Araújo. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 12 del corriente mes. Sin más, le saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”.

Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir a la inauguración de la segunda planta biodiesel de ALUR y al Taller sobre Prevención de Violencia, que tendrá lugar el día 12 de los corrientes a la hora 18 en el Centro Cívico “Salvador Allende”, sito en Ruta 8 Km 23,800, Barros Blancos. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de junio de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza, por el día 12 de junio de 2013, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir a la inauguración de la segunda planta biodiesel de ALUR y al Taller sobre Prevención de Violencia, que tendrá lugar el día 12 de los corrientes a la hora 18 en el Centro Cívico “Salvador Allende”, sito en Ruta 8 Km 23,800, Barros Blancos. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al su-

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plente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Solicito se me conceda licencia por misión oficial desde el 17 al 21 de junio de 2013, a los efectos de participar en el marco del XIV Encuentro Internacional de Virtual Educa de la XVIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano a realizarse en Medellín, Colombia, convocándose a la suplente respectiva, Beatriz Cuadrado. Saluda a usted muy atentamente, ROQUE ARREGUI Representante por Soriano”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, para participar a la XVIII Reunión de la Comisión de Educa-ción, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, a celebrarse en la ciudad de Medellín, República de Colombia. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 21 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 17 y 21 de junio de 2013, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, para participar a la XVIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Lati-

noamericano, a celebrarse en la ciudad de Medellín, República de Colombia. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado período, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 218990, del Lema Partido Frente Amplio, señora Beatriz Cuadrado. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

22.- Empleados del Banco Bandes Uruguay S.A. (Se autoriza a los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado para que los incorporen a sus plantillas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. Ese fue el temperamento que asumimos con el Diputado Vidalín en la Comisión de Legislación del Trabajo, en la que ambos representamos al Partido Nacional. En su oportunidad, anunciamos en la Comisión que, sin perjuicio de nuestro voto afirmativo, en Sala íbamos a hacer una serie de consideraciones y a dejar algunas constancias con relación a lo que nosotros consideramos un proyecto de ley que, seguramente se fundamenta en razones de carácter social comprensibles y atendibles, pero cuya aprobación -se trata de una decisión difícil-, sin embargo, implica cometer algunas discriminaciones que, me parece, no podemos soslayar, mirando para el costado, en aras de reflexionar sobre el asunto que estamos analizando con total detenimiento y objetividad. Estamos frente a un proyecto de ley que resuelve la designación y presupuestación de ciento cincuenta nuevos empleados públicos, que habrán de ingresar a la Administración Pública, en este caso a la banca pública, sin concurso y que, además, lo harán en función de una necesidad que se ha planteado, pero en condiciones de funcionarios presupuestados. No es esta la suerte -tenemos que señalarlo, en aras de decir las cosas tal cual son, con total objetividad- que han corrido, en general, los trabajadores en el Uruguay; ni los públicos ni los privados. No es la suerte que han

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corrido o que corren habitualmente los trabajadores públicos porque no hay ley, con relación a ninguna unidad productiva del sector económico que sea, que disponga la incorporación o el salvataje de esos compatriotas o de esos trabajadores que, eventualmente, se encuentren en una situación de esas características en términos de incorporarlos al Estado a través de una ley y en forma de funcionarios presupuestados. No hay antecedentes; no es lo habitual. No hay antecedentes y representa una discriminación hacia la propia interna del sector bancario. Hay múltiples antecedentes de la historia reciente sobre los últimos acontecimientos que se han vivido en el sistema financiero que claramente demuestran -algunos de ellos están vigentes- que otros trabajadores en situaciones similares no han merecido idéntica suerte. Después de la crisis de 2002, los trabajadores del Banco de Crédito que paulatinamente fueron recuperando la fuente de trabajo -incorporándose al sistema bancario público y, en particular en el Banco de la República-, lo hicieron a partir de una gradualidad notoria, con la condición, además, de que se presentaran a llamados a concurso a los cuales podía comparecer cualquier ciudadano de la República que tuviera la aspiración de ingresar a la banca a partir de ese llamado. Y recién en los últimos tiempos, eso fue parte de la plataforma del conflicto de Aebu en 2010 y esos trabajadores lograron definitivamente su presupuestación. Esta es una situación distinta de aquella respecto de la cual hoy estamos encaminándonos a legislar. Hay funcionarios del Banco de la República -esa es otra discriminación que, a nuestro juicio, aparece involucrada en esta decisión- que también están esperando ser presupuestados, que prestan funciones en él desde hace muchos años y que hasta ahora no han logrado ese resultado, condición o estatuto que, sin duda, todo funcionario público quiere tener para sí porque es el que sin ninguna duda le pone a resguardo de cualquier eventualidad o alternativa y, sin ninguna duda, representa la máxima expresión de la estabilidad laboral. El sector de las tecnologías de la información del Banco de la República exhibe el ejemplo de algunas decenas de funcionarios que vienen reclamando a la institución y a su Directorio su presupuestación. Este tema se debatió en el Senado, oportunidad en la que actuábamos ocupando transitoriamente una banca. Nosotros planteamos esto y desde la bancada

del Partido de Gobierno se nos respondió que era real, que efectivamente era así, que había funcionarios en el Banco de la República esperando ser presupuestados desde hace mucho tiempo y que la noticia era que a ellos se les realizaría un contrato de función pública, que es la etapa previa a la presupuestación definitiva de los funcionarios de ese banco. Yo me alegro mucho, pero me parece que en aras de demostrar, de comparar o de establecer la asimetría entre una solución y la otra, es claro que estamos frente a situaciones que no son iguales. El Banco de la República ha incorporado recientemente ciento cincuenta trabajadores a su plantilla a partir de un llamado público que se hizo en 2012; esa es otra discriminación vigente en esta discusión. Fueron ciento cincuenta los que ingresaron, pero quedó una lista de prelación en la que hay cientos de funcionarios o de aspirantes a funcionarios que se presentaron, de los cuales cincuenta quedaron a la cabeza -si se puede decir así-, en condiciones de ser incorporados en cualquier momento, porque rindieron satisfactoriamente la prueba de aptitud e, inclusive, desde el punto de vista de las condiciones necesarias a los efectos de calificar y de ser incorporados a la plantilla estaban y están prontos para ingresar. Por supuesto que la situación jurídica no representa para ellos un derecho subjetivo, tal vez ni siquiera un interés legítimo, pero sí una expectativa. ¡Claro que sí! Se presentaron a un llamado al que comparecieron cientos de ciudadanos, de trabajadores que aspiraban ingresar al Banco de la República. Ciento cincuenta entraron y, reitero, cincuenta quedaron en una situación de expectativa, y en la puerta para poder entrar. Parecería claro que esa expectativa, a partir de la decisión que va a tomar la Cámara de Representantes, para esos cincuenta compatriotas evidentemente se habrá de esfumar, por la sencilla razón de que el Banco recurrirá a la cartera de los ciento cincuenta trabajadores del Bandes. Seguramente, con el voto de muchos de nosotros -con el nuestro en particular- la Cámara hoy va a determinar su incorporación a la plantilla del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco de Seguros del Estado y, eventualmente, del Banco Central. Cuando hago estos razonamientos no estoy siendo nada complaciente con quienes son los directamente involucrados e interesados, pero tengo que hablar siendo coherente con mi forma de pensar y de acuerdo con lo que dicta mi conciencia. Estos trabaja-

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dores tampoco van a recorrer el procedimiento o el camino que cualquier otro trabajador recorre habitualmente cuando va a ingresar al Estado. El proyecto de ley que vamos a votar exceptúa totalmente la intervención de la Oficina Nacional del Servicio Civil y como es obvio elimina el requisito del concurso, que es legal y está establecido ya en la Ley Nº 16.127, y después reiterado por las sucesivas normas que se han venido aprobando, entre ellas, la del Estatuto del Funcionario Público, que tiene media sanción, que aprobamos en la Cámara de Diputados recientemente, y que está a consideración del Senado. Estos trabajadores están en una situación indeseable, y por supuesto que no es culpa de ellos, y con seguridad nosotros, entre todos, vamos a intentar solucionar. Pero, una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa. Esos trabajadores, ni siquiera en los hechos tendrán que rendir prueba de aptitud porque, si bien hay una disposición del proyecto de ley que estamos analizando, que faculta a los organismos públicos involucrados, es decir a los bancos públicos involucrados a realizar evaluaciones psicolaborales, eso es solo una facultad, que ni siquiera es de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, se quitó la condición de que esas pruebas fueran eliminatorias, tal como propuso el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Senado modificó esa condición, simplemente estableciendo, reitero, lo que en los hechos termina siendo un formulismo: que estos trabajadores aspirantes a ingresar a la banca pública van a tener que rendir una prueba de aptitud teórica. Otra cosa, que por cierto resulta curiosa, y diría llamativa desde el punto de la gestión pública, es que el Estado para nada interviene en la selección de los trabajadores del Bandes que se van a incorporar a la banca pública. Nosotros vamos a incorporar, prácticamente, la mitad de la planilla del Bandes, que es la mitad que el Bandes nos indica que incorporemos. Eso es lo que este proyecto de ley está consagrando. Seguramente tengo motivos más que sobrados para, por lo menos, confiar en que estos trabajadores son buenos, responsables, serios, profesionales. ¡Claro que sí! No tengo motivos para pensar lo contrario, y por tanto, ni me lo planteo. De los trescientos o trescientos y tantos funcionarios que componen la

plantilla del Bandes, los que van a venir son los que nos dijo el Bandes. Y ese es un dato de la realidad. Eventualmente, se podría haber pensado en una solución en la que el Estado uruguayo, o la banca pública hubiera podido tener alguna injerencia por lo menos en seleccionar, en definir, o en ver en función de los perfiles de cada trabajador qué es lo que resultaba más o menos conveniente, desde el punto de vista de las necesidades de personal de los bancos públicos del Uruguay. Además, estamos hablando del banco más ineficiente de todos los bancos que actúan en plaza. Creo que es bueno que eso también se tenga presente. Tengo en mi poder las mediciones que al respecto hace el Banco de la República, y esto tampoco es responsabilidad de los trabajadores. ¡Qué quede claro! Los trabajadores no son culpables de nada. En todo caso, seguramente son víctimas de una situación, pero analicemos la situación tal cual es, con objetividad y no dejándonos llevar por la pasión. De acuerdo con la medición que mes a mes hace el Banco de la República, el Bandes es el banco más ineficiente de los que actúan en plaza. La eficiencia de la banca privada es de 85%. Esta medición indica que cuanto mayor es el porcentaje, mayor es el grado o el nivel de ineficiencia. El Banco de la República, que es el más eficiente, alcanza un guarismo de 60%. Y el Bandes llega al 140%, que es lo que marca la mayor ineficiencia de todos los bancos e instituciones que están ranqueadas en esta medición que regularmente realiza el Banco de la República. Por otra parte, en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo se llegó a un acuerdo -no voy a reprochar nada a mis compañeros de la Comisión en este sentido- en el que se manifestó la buena voluntad del Partido Nacional para avanzar en el tratamiento del tema y resolverlo en la Comisión, prácticamente sin mayor discusión. Pero no tuvimos oportunidad de escuchar al Directorio del Banco de la República. Sí lo escuchó el Senado y no quedó bien fundamentado que para el Banco fuera indispensable incorporar esta cantidad de funcionarios. El Banco de la República tiene un tope de funcionarios, acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en la actualidad se ubica en los 4.223 funcionarios. Ese es el tope máximo que la OPP considera como necesario, conveniente a los efectos de que el Banco pueda cumplir su función. Y el núme-

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ro de funcionarios, en los hechos y en la realidad de las cosas que se está trabajando en el Banco, está muy cerca de ese tope máximo. Por lo tanto, parece difícil, salvo a partir de una ampliación del tope por imperio de las circunstancias o por la necesidad de resolver esta situación, y no demasiado fundamentada la necesidad de que efectivamente estos funcionarios se vayan a incorporar. Voy a redondear porque se está terminando el tiempo de que dispongo. Como corolario de todas estas consideraciones quiero decir que estamos frente a una de esas decisiones que uno preferiría no tener que adoptar, pero por supuesto que cada vez que votemos en la Cámara no puede pretenderse que lo hagamos con comodidad y satisfechos. Desde luego que hay que tomar decisiones difíciles, y esta sin duda lo es. Hay que intentar poner el punto de equilibrio en el lugar que sirva o satisfaga de la mejor manera al interés general. A partir de todas las consideraciones que están en un platillo de la balanza y en el otro, sin ninguna duda, el interés social y las razones sociales de peso que hay con relación a ciento cincuenta familias que podían quedarse sin su sustento -solo por esa razón, sin perjuicio de otras que se puedan mencionar- es que vamos a votar a favor. Pero no pasamos por alto ni soslayamos que a este respecto se cometen varias discriminaciones. En general están los olvidados de siempre, que no tienen voz en el Parlamento, y me parece bueno que reivindiquemos el interés de aquellos grupos, segmentos o sectores de la población que han quedado fuera de esta contemplación legal, y probablemente por esta solución legal vean frustrada su expectativa de ingresar a la banca pública por lo menos en el corto o en el mediano plazo. Hechas estas consideraciones, más allá de las enormes dudas que el tema representa para nosotros, pero en el entendido de que hay un interés social a contemplar nosotros estamos dispuestos a dar nuestro voto en esa dirección, es decir que reafirmamos nuestro voto afirmativo. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa quiere hacer notar que en la primera barra, en el marco del Programa Visita tu Parlamento, se encuentran alum-

nos de la Escuela Nº 43 Izcuá, de la Escuela Nº 16 de Pueblo Garzón y de la Escuela Nº 18 “Los Cerrillos” del departamento de Maldonado, a quienes saludamos. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Radío. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: queremos dejar constancia de que votaremos por la afirmativa, solo en el entendido de que se trata de una medida absolutamente excepcional. Es un ajuste que pretende corregir lo que entendemos es aún un coletazo de la crisis económica y financiera que nuestro país padeció hace ya más de diez años. En diciembre de 2002, y como una de las formas de respuesta a la crisis que nuestro país ensayó de manera bastante exitosa, dada la gravedad de la situación que vivíamos por aquel entonces, se estableció un nivel de exigencias para las instituciones financieras, que aquellas notoriamente menos poderosas y más golpeadas por la crisis tuvieron dificultades para cumplir. Tal es el caso de Cofac, que luego fuera sucedida por el Bandes. La situación que hoy tenemos, notoriamente, es un coletazo de aquellas tempestades y de las medidas que implementáramos y que nos permitieran salir adelante en conjunto y contra los pronósticos que parecían más probables. Así es, entonces, que en nombre del Partido Independiente queremos dejar constancia de que votaremos afirmativamente esta determinación que nos convoca en el día de hoy, a sabiendas de que es una medida que promueve un trato desigual entre trabajadores que han debido enfrentarse a situaciones análogas y, al mismo tiempo, colabora para solucionar la situación de los trabajadores que se ven afectados en esta oportunidad. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Berois. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: coincido con todo lo dicho por nuestro compañero, el señor Diputado Abdala, sobre este proyecto de ley. Lo vamos a acompañar, pero me parece importante dejar una constancia, porque acá se ha dicho, y con razón, que esto es una perla más del collar de las ineficiencias que se dieron en la administración de la ex Cofac.

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Se equivocó el ex Presidente Vázquez cuando dijo que Venezuela y el Bandes vinieron a Uruguay a salvar una situación; realmente, el Bandes vino a hacer un negocio. Esto es parte de la reestructura de un negocio que no salió; ahora se está reestructurando y las consecuencias tenemos que pagarlas los uruguayos. Está bien, nosotros vamos a votar a favor, pero los que pusieron el dinero para un salvataje, para que no hubiera una situación como la que vivimos en el año 2002, fueron los tres mil exahorristas capitalizados de Cofac, quienes todavía están esperando una solución. Había ahorristas que no superaban los quince mil dólares; ahorristas que creyeron en el país, jubilados y pensionistas. No se trataba de grandes capitales, simplemente, pequeños ahorristas que siguen esperando la solución que hoy está en la Comisión de Hacienda. Esto es de rápida solución. Hay ciento cuarenta empleados que tendrán una rápida solución del coletazo de aquella situación. Pero es bueno que el Parlamento nacional también tome conciencia de que hay tres mil ahorristas que apostaron al ahorro nacional. No estamos hablando de grandes ahorristas; estamos hablando de personas que creyeron en el país, que apostaron a él, y a quienes no les hemos dado una solución. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Trobo. SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: voy a pedir prestada la totalidad de los argumentos que ha expresado el señor Diputado Abdala para fundar mi voto en contra del proyecto. Obviamente, me hago cargo de la sensibilidad que supone atender la situación del personal que puede perder su empleo, pero creo que estamos en este Cuerpo para analizar los temas y resolverlos en función del interés general y no del interés particular. Se están atendiendo dos situaciones con cargo al Estado, a fondos públicos, con cargo al presupuesto que financian todos los uruguayos con sus impuestos. Una es la de una entidad financiera que es inviable en los términos en que está desarrollando su actividad. Tenemos que entender que si existe un procedimiento, una mecánica establecida en la legislación sobre las entidades financieras en el Uruguay -que fue el resultado de la solución a la grave crisis que vivió el país

en el año 2002-, sean del origen o de la categoría que fueren, se les debe aplicar; no puede haber excepciones de ningún tipo. Con esta medida se está infiriendo un gravísimo daño a la regulación del sistema financiero en Uruguay; se está diciendo que existe regulación para el sistema financiero, pero no para algunas entidades financieras. Señora Presidenta: no voy a incluir la argumentación de carácter político que existe detrás de algunos de los componentes de este proyecto, porque sería introducirnos en un debate lateral que no hace a la cuestión, pero sí quiero decir que son inaceptables los argumentos de carácter político que tienen que ver con la forma en la que esta entidad financiera se introdujo en el Uruguay en el año 2005 para justificar una medida gravosa para la vigencia de los mecanismos de regulación del sistema financiero en el Uruguay. Se habla mucho de la incapacidad de control que tenía el Banco Central del Uruguay del sistema financiero antes de la crisis de 2002. Se expresa un elogio, a veces hasta desmedido, de la actuación que, con posterioridad a la crisis de 2002, se realizó para crear un sistema de regulación del sistema financiero que nos permitiera advertir y resolver los peligros con tiempo. Inclusive, existe un fondo que permite que los ahorristas de los bancos sean resarcidos en caso de que alguna entidad financiera esté en situación de riesgo. Lo que no podemos admitir es que se proponga una solución de estas características solo por el hecho de poner un sentimiento, que reputamos justificado por la situación de ciento cincuenta personas o familias, para deconstruir lo que se había logrado con tanto esfuerzo en el pasado y durante tanto tiempo. Esta no es la primera vez que empleados bancarios del sector privado pasan al sector público; ya se ha dicho. Pero en otras ocasiones, solamente pasaron al sector público los empleados bancarios que estaban sindicalizados; debemos recordarlo cada tanto, porque es una muestra de falta de ecuanimidad en las soluciones de estas características, como no lo es, en este caso, que el Estado pueda conocer -como bien decía el señor Diputado Abdala- las características del personal del que esta entidad financiera se va a desprender y que va a pasar al Estado. Además de inferir un

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grave daño a las leyes de regulación del sistema financiero, en este caso y para esta circunstancia, se está exceptuando a estos trabajadores de cumplir con las normas de ingreso a la función pública vigentes desde 1990 y que no han sido derogadas hasta hoy. Este cúmulo de situaciones, señora Presidenta, es lo que hace poco transparente esta solución que es concertada, política, negociada y arreglada por una central sindical, de acuerdo con los accionistas del Banco, que van a superar el trance de capitalizar y de hacer viable la institución, de presentar un nuevo plan de negocios y, si no, cerrarla, como corresponde si no puede funcionar. No se les pide que pasen este proceso y estos pasos. Se dice: “Primero, si usted va a ser sustentable con ciento cincuenta empleados menos, yo me hago cargo de esos empleados”. Además, esa entidad financiera que se saca de encima un problema de gestión, no tiene ni que pagar el despido de esos empleados, que es lo que cualquier empresa privada tiene que hacer, ya sea con uno o ciento cincuenta trabajadores. Si pasa por una crisis y debe achicar su plantilla, debe justificar el despido y pagar a los trabajadores despedidos. Me hago cargo de que este discurso no es muy simpático, porque cuando estos temas se tratan, en general hay una lógica política que indica el discurso adecuado a las circunstancias o al criterio de resolver los problemas haciéndose cargo de las soluciones sin mirar a la cara a quienes realmente deben financiarlas, que en este caso son los contribuyentes. Pero yo creo que es una muy mala solución, que perfora las reglas de juego del sistema financiero que paulatinamente han ido dando garantías a los uruguayos en general. Es una norma, una decisión que perfora la igualdad de los empresarios frente a la imperiosa necesidad de reestructurar sus empresas, porque a esta no se le exige que pague los despidos. Además, es una norma injusta porque establece una transacción entre un privado y un público sin tener en cuenta las garantías que ofrece la ley para el ingreso al sector público. Seguimos haciendo que jóvenes que aspiran, dentro de las edades lógicamente establecidas y mediante un concurso de oposición, a ingresar a una entidad como el Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado o el Banco Central, se vean superados por la circunstancia de hecho de resolverle un

problema a una entidad financiera privada, extranjera, que puede reestructurar su actividad en el Uruguay sin un peso de costo. Por eso, señora Presidenta, no vamos a votar este proyecto, no lo vamos a acompañar; nos parece altamente inconveniente ante las circunstancias y, además, tiene un profundo y negativo efecto sobre las condiciones en las cuales se debe operar en el sistema financiero en el Uruguay. Muchas gracias. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: como dijimos en nuestra intervención inicial, vamos a votar a favor por una razón que consideramos poderosa desde nuestra perspectiva personal: la circunstancia de que hay ciento cincuenta trabajadores que tienen un riesgo inminente de perder su fuente de trabajo. Por cierto, lo hacemos con todas las salvedades que formulamos en nuestra exposición inicial, que nos llevan, repito, a votar con sobriedad, pero obviamente, a partir de una decisión que consideramos no es fácil de adoptar. Queremos incorporar otro aspecto o agregar un antecedente a lo que ya mencionamos, que tiene que ver con una situación colateral a esta que hoy estamos resolviendo. El señor Diputado Trobo recordaba, y con acierto, las secuelas que en materia laboral y desde el punto de vista de las fuentes de trabajo aún se arrastran desde la crisis de 2002, entre ellas, el caso de unos cincuenta trabajadores pertenecientes a los Bancos La Caja Obrera, de Crédito, Comercial, que desde ese entonces están esperando una solución de naturaleza similar a esta que hoy rápidamente vamos a adoptar para los ciento cincuenta trabajadores del Bandes. No se dio en aquella instancia y a lo largo del último decenio por la razón que se mencionaba, porque esos trabajadores no estaban en la nómina que Aebu presentó al Estado y al Gobierno de la época a los efectos de avanzar en la solución laboral para ellos y sus familias. ¿Por qué? Porque no estaban sindicalizados. Desde la perspectiva sindical, se podrá considerar que Aebu estaba en su derecho a hacer lo que

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hizo, pero lo que no parece sensato desde la perspectiva del Estado y del interés general es que hagamos una diferencia desde el punto de vista del derecho al trabajo por las circunstancias de que unos trabajadores están sindicalizados y los otros no. Decimos esto porque, entre otras cosas, seguramente los derechos sindicales son de ejercicio colectivo, pero son derechos individuales, son de cada uno de los trabajadores, a sindicalizarse o no, a hacer uso de las libertades sindicales o no, a hacer huelga o no hacerla. El ejercicio es colectivo, pero el derecho es personal, y el Estado no puede estar haciendo esos distingos o esas diferencias, en sus actos legislativos porque, a nuestro juicio, asume una cuota de responsabilidad importante ante esos cincuenta compatriotas que esperan desde entonces una solución que hasta este momento no ha llegado. En el Senado se planteó este tema cuando se analizó este proyecto de ley. El Partido Nacional presentó un aditivo para que en esta misma instancia legislativa el asunto quedara resuelto. Si bien hubo receptividad de la bancada de Gobierno, como esto ya estaba acordado y empaquetado se prefirió no votar, aunque después sí se dieron los votos para que el tema pasara a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Creo que es bueno que el plenario de la Cámara de Diputados tenga constancia de este antecedente porque, en definitiva, es una forma de establecer con claridad que este es un asunto pendiente, que tiene estado parlamentario en el Senado y seguramente también en la de Diputados desde este momento, a partir del planteamiento que nosotros estamos formulando. Sin duda, es una inequidad que se arrastra y que, a nuestro juicio, deberá ser solucionada más temprano que tarde. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR VIDALÍN.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señora Presidenta: nosotros vamos a votar con gusto este proyecto de ley. Ya hemos trabajado con los compañeros empleados del Bandes en ocasiones anteriores, cuando hubo una reestructura, y nuevamente en esta oportunidad. Se trata de ciento cincuenta trabajadores uru-

guayos entre los cuales se encuentran algunos ciudadanos de mi departamento. En lo personal, por encima de los errores que pueda tener este proyecto o de las acciones que puedan haber llevado a esta situación, primero, me siento uruguayo y duraznense y me ubico en el lugar de estos trabajadores que no son responsables de la situación que están viviendo. Además, con gusto acompaño la inquietud del compañero Abdala. En alguna ocasión nos hemos reunido con los compañeros que no han sido asimilados aún, pero hoy se trata de la situación de ciento cincuenta mujeres y hombres de nuestro país, se comparta o no comparta la actitud del Bandes. Hay situaciones que no entiendo. No entiendo cómo se cierran determinadas sucursales importantes, que dejan sin trabajo a mucha gente nuestra. Por lo tanto, así como hemos tratado de agilizar el tratamiento de este proyecto en el seno de la Comisión, hoy, con gusto, vamos a levantar la mano para que se apruebe. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión particular. Léase el artículo 1º. SEÑOR TIERNO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TIERNO.- Señora Presidenta: solicito que se suprima la lectura y que se voten los artículos en bloque. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa quiere saber si el señor Diputado Puig quiere fundar el voto ahora o lo hará después. SEÑOR PUIG.- Lo haré después, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Hay varios señores Representantes que desean fundar el voto. En la Mesa me indican que pueden hacerlo ahora.

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Tiene la palabra el señor Diputado Puig para fundar el voto. SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: habíamos pedido que la lista empezara a correr después de votar. ¿O tenemos que fundar el voto ahora? SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Señor Diputado: hay legisladores que quieren fundamentar su voto ahora. Por lo tanto, a pedido de los señores legisladores, vamos a empezar ahora con la lista de oradores que quieren fundar el voto. Tiene la palabra el señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: discúlpeme, pero hay varios colegas que quieren fundar el voto. Nosotros no tenemos inconveniente en empezar a hacerlo una vez que concluya la votación particular. El señor Diputado Tierno acaba de mocionar para que se suprima la lectura y se vote en bloque. Una vez que culminemos de votar, pido ser el primero en fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar la moción formulada por el señor Diputado Tierno y luego daremos la palabra para fundar el voto. (Se vota) ——Sesenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión los artículos 1º a 4º, inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar los artículos 1º a 4º, inclusive. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero pedir disculpas a los colegas por haberles puesto una mordaza, porque la verdad es que este tema estaba lindo para debatir. Nosotros optamos por lo sumario de la votación, ya que estaban los votos, y en función de que luego vamos a tratar el Impuesto al Patrimonio que, evidentemente, va a generar mucho debate. Agradezco que se haya puesto primero este tema, porque de lo contrario no íbamos a poder votarlo.

Vaya si la historia del sistema financiero ha sido la historia de las crisis, señora Presidenta. La primera ley para absorber personal bancario fue votada en el año 1965 con la crisis del Banco Transatlántico del Uruguay; miles de trabajadores fueron absorbidos por el sistema bancario privado y oficial. O sea que ¡vaya si en este país habrá antecedentes en la materia! En el año 1982 -durante la peor crisis de la década del ochenta- se llegó a comprar bancos por un dólar. En la década del noventa ocurrieron sendas crisis que representaron no solo la pérdida de fuentes de trabajo sino otros males para el país. Respecto a la crisis de 2002, no me voy a extender. Sí quiero señalar que el 2 de marzo de 2005, al otro día de haber asumido el doctor Tabaré Vázquez como Presidente de la República del primer Gobierno de izquierda en la historia del país, estalla la bomba de Cofac. Podría haber caído el 28 de febrero; por algo esperaron hasta el 2 de marzo. Y lo que se encontró en ese momento fue una salida que implicaba la venta del banco al Bandes. Es un banco que, independientemente de lo que podamos decir respecto a la capacidad de gestión -podemos tener hasta una visión crítica-, puso desde el año 2006 hasta ahora, por pérdidas reiteradas, para capitalizar y cumplir la normativa del Banco Central, US$ 122:000.000. ¡Si en este país los bancos que quebraron en 2002 hubiesen puesto US$ 122:000.000, otro hubiera sido el cantar! Así que, cuidadito; despacito por las piedras. Prefiero estas crisis y no las que generaron un millón y medio de pobres en Uruguay. Por lo tanto, basta de gre gre; si vamos a votar, decimos “Gregorio”; yo lo voy a votar con mucho gusto porque, en definitiva, como decía, es preferible tener un sistema sólido y saneado como el que tenemos, producto de las reglamentaciones que fueron llevadas adelante a partir de 2005, y no antes, y encontrarnos con que hoy el país está en calma y no hay crisis. El sistema financiero está sólido y recuperando las fuentes de trabajo de ciento cuarenta y seis trabajadores. Respecto a los cincuenta trabajadores que se dice fueron discriminados, debo manifestar que no es así, señora Presidenta. De esos cincuenta trabajadores algunos están afiliados a Aebu, pero optaron por pedir dinero para retirarse y no esperaron correr la suerte de los tres mil trabajadores que quedaron en la calle de un día para el otro. Gracias a la lucha del

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gremio, a la negociación colectiva y a la voluntad política de distintos Gobiernos, hoy podemos decir que no hay destituidos en el gremio bancario. Gracias, señora Presidenta. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: hemos votado convencidos este proyecto de ley. Se intentó cuestionar esta iniciativa hasta el punto de que algunos decían que lo iban a votar y otros que no. En primer lugar, hay que decir que los trabajadores que se incorporarán al Banco de la República ya realizaron el test psicolaboral que este exige. En la mayoría de los casos, van a entrar cobrando menos ingresos. Hay que decir que hace dos meses que están en seguro de paro, cobrando entre el 50 % y el 60 % del promedio de los últimos seis meses. Nosotros decimos que lo hemos votado convencidos; convencidos, además, de que de los derechos de los trabajadores bancarios bien se ocupa Aebu. Y ahora se pretende decir que hay discriminación a favor de los sindicalizados en este país… ¡Qué tiempos aquellos en que por ser sindicalista se los despedía y desde el Estado se hacían operaciones para descabezar direcciones sindicales! Estamos convencidos de que este proyecto es absolutamente necesario y lamentamos profundamente que en Sala se utilice la palabra “salvataje”. Salvataje fue lo que se le hizo a los banqueros durante años: a los Peirano y a otros que le ponían rueditas a los bancos y dejaban más de un millón de pobres en este país. No es la situación que se va a generar con este proyecto de ley. Ojalá algunas instituciones bancarias, algunos dueños de bancos de este país que se la llevaron a paladas, hubieran aportado a la estabilidad del sistema financiero más de US$ 120:000.000. Por tanto, señora Presidenta, votamos este proyecto de ley plenamente convencidos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Olivera.

SEÑOR OLIVERA.- Señora Presidenta: sin lugar a dudas que toda la bancada del Frente Amplio vota muy convencida este proyecto. Pero más allá de todos los argumentos esgrimidos por los compañeros Diputados respecto a lo que ha sido la historia de los bancos en Uruguay, nosotros estamos convencidos de que es una buena inversión. Es una buena inversión absorber al personal; además, hay otros aspectos que tienen que ver con el patrimonio y con el desarrollo y la presencia de las instituciones financieras. Acá se mencionaba lo que había sucedido en la localidad de Progreso y efectivamente es así. Con el cierre del Bandes, no hay ninguna institución financiera para una localidad en desarrollo, con muchos emprendimientos rurales, y las instituciones financieras son fundamentales para esos procesos productivos. Seguramente, habrá ahí una sucursal del Banco de la República y otros aspectos que hacen al desarrollo productivo; además, la presencia de las instituciones financieras conlleva la absorción de carteras y clientes. Esta absorción de los trabajadores es fundamental para el desarrollo; por lo que es de estricta justicia hacerlo mediante este proyecto de ley. Creo que es un gran proyecto porque representa una gran inversión para la sociedad uruguaya. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Gamou. SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: he votado afirmativamente este proyecto porque, entre otras cosas, no tengo la costumbre de poner cara de “yo no fui”. Ahora resulta que estaba todo bárbaro y, como bien dijo un compañero de bancada, esto es una bomba de tiempo que explotó el día en que asumimos. Resulta que en este país, cuando la crisis de 2002, apareció un Embajador que decía: “Ya llegaron los mil quinientos millones de dolores”. Pero se le devolvieron al otro día. Entonces, en cuanto a este tema no hay nada poco transparente. Había que agarrar viaje en 2005 para hacerse cargo de Cofac. Y ¿quién lo hizo? Lo hizo el Gobierno de Chávez. ¡Claro que esto es política! No fue una decisión económica que tomó el Bandes venezolano, que quería hacer una gran inversión en Uruguay. Fue una decisión política y de ayuda. Y me parece de bien nacido ser agradecido.

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Respecto a lo que se señala de la poca transparencia, ¿de qué poca transparencia estamos hablando? Estamos en el Parlamento. Por otro lado, se pregunta: “¿Quién representa a los ahorristas en este Parlamento?”. Yo lo digo: “Miren, durante muchos años los empresarios y los banqueros estaban muy bien representados en este Parlamento”. Por suerte hoy los trabajadores de la banca, de la industria o del agro están bien representados en este Parlamento. Por lo tanto, voto con mucho gusto este proyecto de ley. Por último, el día que quieran hacer una discusión parlamentaria sobre la crisis de la banca, vamos a hacerla, y vamos a hablar del Banco Transatlántico, vamos a hablar de La Caja Obrera y también del Pan de Azúcar, y de eso yo pongo cara de “yo no fui”. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra la señora Diputada Susana Pereyra. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señora Presidenta: seré muy breve, porque mis compañeros han sido muy concretos y han dado mucha información. Si me retrotraigo en el tiempo, advierto que -como dicen mis compañeros- el primer Gobierno de nuestro Frente Amplio recibió una Cofac que explotó pocos días después de asumir. Además, reafirmando todo lo que se dijo aquí y lo que se aportó con relación al Bandes y a los más de US$ 120:000.000, quiero recalcar que durante este Gobierno los trabajadores entran a los bancos o son transferidos de la banca privada a la banca pública por ley -se vota en el Parlamento, donde todos estamos representados- y no por medio de una tarjetita, como se hacía antes, o de una hermana, de una madre, de hijos o de vecinos, cuando se entraba por los costados. Ahora se entra por ley. ¡Eso es lo que tenemos que saber! Y no hay que rasgarse las vestiduras, cuando todos sabemos los muertos que hay en el ropero. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: creo que, lamentablemente, la Cámara está dando un espectáculo triste, porque estamos llevando adelante un debate por la vía del fundamento de voto. Realmente, eso es desvirtuar el funcionamiento del plenario, porque no se pueden hacer alusiones ni contestarlas. Cuando se discutió en general el proyecto, di mis argumentos y nadie me los rebatió. Me habría gustado que algún Diputado de la bancada del Partido de Gobierno me hubiera interrumpido y se hubiera anotado para hacer uso de la palabra y realizar sus consideraciones; quizás, con ello, habríamos ido enriqueciendo el debate. Ahora, esto de empezar a gritar cuando se fundamenta el voto, cuando no se gritó -ni siquiera se habló- en ocasión del análisis del proyecto en la discusión general, que es lo que corresponde -creo que deberíamos repasar el Reglamento de vez en cuando-, me parece que no hace bien al plenario; lo digo honestamente. Voy a votar a favor de este proyecto por las razones que expresé cuando correspondía que lo hiciera, y las expresé reflexivamente, sin levantar la voz, sin envalentonarme. Creo que no vale esto de callar y envalentonarse después, cuando el otro no puede contestar. A eso estamos asistiendo. Digo esto porque, francamente, deberíamos reflexionar sobre estas cosas, si es que pretendemos, entre todos -es un deber que tenemos-, ayudar al mayor prestigio de la Cámara de Representantes que integramos. Nosotros votamos a favor de este proyecto de ley, porque contiene una razón social muy poderosa; eso nos lleva a votar con absoluta certeza y seguridad. Y lo hacemos con las salvedades que hemos mencionado, porque tenemos derecho a hacerlas, y por los argumentos que se nos antoja, porque como legisladores autónomos que somos -obviamente, respondemos y obedecemos solo a nuestra bancada-, fundamentamos nuestro voto y nuestra posición por las razones que entendemos necesarias y convenientes. Si a los demás no les gustan, que las contesten o que digan las suyas en ocasión del fundamento de voto, si con ello satisfacen sus inquietudes. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: simplemente, quiero dejar la constancia de que hemos votado afir-

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mativamente, partiendo de la base de lo que se establece en la clara exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley, que se funda en los acuerdos que se hicieron entre el banco privado, los bancos públicos y la Asociación de Bancarios del Uruguay. No vale la pena traer al Cuerpo las consecuencias que tuvimos que vivir los uruguayos en otras ocasiones, con otros Gobiernos, y el costo que hemos tenido. Como dijo una compañera, esto se hace aquí, a la luz de un trámite parlamentario, con la debida intervención del Senado y de la Cámara de Representantes, donde los legisladores pudieron informarse de todo el trámite; allí se dieron las razones suficientes como para poder acompañar con tranquilidad un acuerdo de estas características, que creemos va en beneficio de todos los uruguayos. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Berois. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: votamos a favor de este proyecto, pero es bueno dejar algunas constancias. En cuanto a quiénes pusieron el dinero –ya lo dije-, fueron los ahorristas; ellos apostaron por el país. Nadie más puso ese dinero. Luego fue devuelto y resultó parte de un negocio. También es bueno reconocer, en estas discusiones laterales, que no son positivas -como dijo el señor Diputado Abdala, me hubiera gustado seguir con este debate-, que las administraciones de Cofac no fueron buenas –tal como se admitió en Sala-, pero hay que decir que muchos directivos que estaban en esas malas administraciones, cuyas consecuencias se vieron en marzo, hoy ocupan cargos de confianza, designados por este Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: también voy a fundar el voto afirmativo de la forma que se me antoja, como ha dicho otro colega, pero a diferencia de él, lo haré con alegría. (Interrupción del señor Representante Abdala) ——Creo que este ha sido un buen debate, que demuestra en forma clara dos identidades de país totalmente diferentes, en primer lugar, por lo que se ex-

presa en el excelente informe del Diputado Tierno; en segundo término, por las excelentes exposiciones que hicieron los compañeros que han fundado el voto y, en tercer lugar, porque en el primer párrafo de la exposición de motivos se establece, con claridad: “Recientemente, se suscribió un acuerdo tripartito […]” lo que, para mí, es una alegría, porque tuvimos un período, producto de las diferentes Administraciones, en el que esta expresión no existía. Por eso, hablo de diferentes identidades. Voto el proyecto con alegría, por esos motivos. Además, en la exposición de motivos se dice que el Banco de la República tiene interés en hacerse cargo de estos recursos humanos, en la medida en que se trata de trabajadores. En este sentido, también tenemos identidades diferentes. Este Gobierno y, en particular, este proyecto promueven esa identidad diferente. No me enojo con los compañeros de los partidos de la oposición que votan en contra de este proyecto, pero sé que muchos lo acompañan porque consideran que es un avance en la negociación tripartita y que, de esta manera, se resolverá esta situación, que fue producto de una crisis. En este país, el sistema financiero fue destruido; en este país, el sistema financiero generaba total desconfianza a nivel nacional, regional e internacional, pero esa situación ha cambiado totalmente. Señora Presidenta: voy a argumentar de la forma que se me antoja, pero con alegría, afirmando que tenemos identidades distintas y que vemos la realidad de diferente forma. Y fundamentalmente, voto con alegría, porque no estamos aquí promoviendo la defensa de la familia Peirano, sino la de los trabajadores. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR AMY.- Solicito que se rectifique la votación. Quiero votar el proyecto, pero fui a atender un problema netamente personal, por lo que no pude hacerlo. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

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Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR ARREGUI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado) (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Amin Niffouri. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de junio de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E:

23.- Licencias. Integración de la Cámara
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “Por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Amin Niffouri, por el día 12 de junio de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Núñez”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 11 de junio de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por motivos personales el día 12 de junio y se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, lo saluda atentamente, AMIN NIFFOURI Representante por Canelones”.

1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Amin Niffouri, por el día 12 de junio de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor José Luis Núñez. Sala de la Comisión, 11 de junio de 2013. LUIS LACALLE POU, PABLO MAZZONI, NELSON ALPUY”.

24.- Asuntos entrados fuera de hora.
——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Arregui. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se extiende hasta por un plazo de ciento ochenta días el seguro por desempleo de

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los ex trabajadores de la empresa Metzen y Sena S.A. C/2378/013. A la Comsión de Legislación del Trabajo”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Como es de conocimiento de los miembros de la Asamblea General, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se encuentra dirigida por un Directorio compuesto por siete profesionales amparados por la Entidad Previsional, cinco de ellos elegidos por los afiliados y dos designados por el Poder Ejecutivo. A su vez, cuenta con una Comisión Asesora y de Contralor integrada por dos representantes de cada una de las profesiones amparadas por la Caja, elegidos en forma simultánea con los miembros del Directorio. En ambos casos los mandatos duran cuatro años (artículos 16 y 28 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004). En cuanto refiere a la oportunidad de realización de la elección de los representantes de los afiliados activos y de los pasivos en el Directorio, así como de los representantes de cada una de las profesiones incluidas en la Caja, que deben ser electos por los afiliados activos y pasivos para integrar la Comisión Asesora y de Contralor, la ley citada dispone su realización en la primera quincena del mes de junio del año que corresponda, en la fecha que determinará la Corte Electoral. Recientemente, la Corte Electoral ha comunicado al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que, por razones de pública notoriedad, resolvió prorrogar la elección de autoridades de la Caja para el próximo miércoles 31 de julio. Una situación similar ocurrió en la elección pasada, circunstancia que determinó la necesidad de una solución legal, contenida en la Ley Nº 18.518, de 13 de julio de 2009. En consideración a ello y a efectos de no distorsionar de manera significativa el cumplimiento de los plazos que derivan de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, se entiende oportuno y conveniente habilitar mediante una norma legal específica -cuya aprobación se propone-, la postergación de la elección de autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como la prórroga del mandato de las actuales autoridades y la consecuente abreviación del siguiente, manteniéndose en lo demás, la regulación vigente en materia de condiciones y requisitos para ser elector o elegible. Saludamos a ese alto Cuerpo con la más alta estima y consideración. DANILO ASTORI, Vicepresidente de la República, en ejercicio de la Presidencia,

25.- Urgencias.
——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Abdala, Arregui y Verri. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto relativo a: ‘Miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Se establece la fecha de la elección)’. (Carp. Nº 2363/2013)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

26.- Miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Se establece la fecha de la elección).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Se establece la fecha de la elección)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1169 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 30 de mayo de 2013. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo, a fin de remitir para su consideración un proyecto de ley por el que se establece que la elección de miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se realizará el 31 de julio de 2013.

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EDUARDO BRENTA, EDUARDO BONOMI, LUIS PORTO, ALEJANDRO ANTONELLI, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, PABLO GENTA, EDGARDO ORTUÑO, MARÍA SUSANA MUÑIZ, ENZO BENECH, ANTONIO CARÁMBULA, RAQUEL LEJTREGER, DANIEL OLESKER PROYECTO DE LEY Artículo Único.- La elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (artículos 14, 16 y 27 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004), se realizará el 31 de julio de 2013. La Corte Electoral proclamará los miembros electos dentro de los treinta días siguientes a la mencionada fecha, quienes tomarán posesión de sus cargos el 1º de octubre de 2013, en cuya oportunidad cesará el mandato de los miembros salientes. El mandato de los miembros elegidos y de los que designe el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio y la Comisión que resulte de la elección referida precedentemente, se extenderá hasta el año 2017, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004. Montevideo, 30 de mayo de 2013. EDUARDO BRENTA, EDUARDO BONOMI, LUIS PORTO, ALEJANDRO ANTONELLI, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, PABLO GENTA, EDGARDO ORTUÑO, MARÍA SUSANA MUÑIZ, ENZO BENECH, ANTONIO CARÁMBULA, RAQUEL LEJTREGER, DANIEL OLESKER”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA. En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee)

——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR ARREGUI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al remitido por el Poder Ejecutivo)

27.- Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. (Derogación de los artículos 1° a 12 de la Ley N° 18.876).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer lugar del orden del día y que pasó a ser cuarto: “Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. (Derogación de los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1149 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 12 de marzo de 2013. Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General el proyecto de ley adjunto, a través del cual se deroga el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011, regulan el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. La reciente Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 17/2013, ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de dicha ley, cuyos efectos jurídicos vinculan exclusivamente a la parte actora en cada caso.

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Por razones de buena administración tributaria, se considera conveniente la derogación de la norma cuestionada, procediéndose a la devolución de las sumas pagadas por los propietarios de inmuebles rurales por concepto del referido impuesto. En lo que refiere a los montos que hubiesen sido recaudados, se propone mantener el destino asignado a los Gobiernos Departamentales. Saludan al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, FERNANDO LORENZO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, PABLO GENTA, ROBERTO KREIMERMAN, NELSON LOUSTAUNAU, MARÍA SUSANA MUÑIZ, TABARÉ AGUERRE, LILIÁM KECHICHIÁN, FRANCISCO BELTRAME, DANIEL OLESKER. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Deróganse desde su vigencia, los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876 de 29 de diciembre de 2011 (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales – ICIR). Artículo 2º.- Las sumas que se hubiesen recaudado por concepto del impuesto que se deroga, serán destinadas a los Gobiernos Departamentales, con el objeto de financiar los gastos e inversiones derivados de la construcción y mantenimiento de la caminería rural departamental y el acceso a los establecimientos comerciales e industriales. A tal efecto se transferirán a un fondo que constituirá un patrimonio de afectación independiente, cuya administración será ejercida por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República. Artículo 3º.- A efectos del reintegro de los montos abonados por concepto del impuesto que se deroga, la Dirección General Impositiva emitirá certificados de crédito, que podrán ser empleados por su titular para compensar obligaciones tributarias propias ante dicha oficina recaudadora, en las condiciones que establezca la reglamentación. Montevideo, 12 de marzo de 2013 EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, FERNANDO LORENZO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, PABLO GENTA, ROBERTO KREIMERMAN, NELSON LOUS-

TAUNAU, MARÍA SUSANA MUÑIZ, TABARÉ AGUERRE, LILIÁM KECHICHIÁN, FRANCISCO BELTRAME, DANIEL OLESKER. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Deróganse desde su vigencia, los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011 (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales – ICIR). Artículo 2º.- A efectos del reintegro de los montos abonados por concepto del impuesto que se deroga, la Dirección General Impositiva emitirá certificados de crédito, que podrán ser empleados por su titular para compensar obligaciones tributarias propias ante dicha oficina recaudadora, en las condiciones que establezca la reglamentación. Artículo 3º.- Las sumas que se hayan recaudado a la fecha de derogación de los artículos 1º a 12 de la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011, serán destinadas a los Gobiernos Departamentales, con el objeto de financiar los gastos e inversiones derivados de la construcción y mantenimiento de la caminería rural departamental y el acceso a los establecimientos comerciales e industriales. A tal efecto se transferirán a un fondo que constituirá un patrimonio de afectación independiente, cuya administración será ejercida por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de mayo de 2013. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. Anexo I al Rep. N° 1149 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Hacienda INFORME Señores Representantes: Vuestra Comisión asesora, luego de analizar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que fuera

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aprobada por la Cámara de Senadores, contando con opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, votó por unanimidad de miembros presentes el proyecto de ley, en cumplimiento de la reciente Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 17/2013, que ha declarado por mayoría la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011, que creaban el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y determinaban a los sujetos pasivos del impuesto, y propone al Cuerpo su aprobación. Si bien el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia se limita a los artículos 1º y 2º de la referida ley, la fundamentación de la mayoría de sus miembros se basa en el diseño como impuesto departamental del tributo (consagrado en los artículos 10 y 11) que según ellos contraviene lo dispuesto en los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República. Pese a que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, los efectos jurídicos vinculan exclusivamente a la parte actora en cada caso, por razones de buena administración, en virtud de la equidad tributaria e igualdad frente a la ley consagrada en la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, el Senado de la República y esta Comisión asesora, han aceptado y promueven la derogación de toda la Sección I (artículos 1º a 12) de la mencionada Ley Nº 18.876, referente a ese impuesto, quedando vigente la Sección II, referente a la aplicación del IRAE e IRPF en enajenación de inmuebles rurales. Además de la derogación de esos artículos que consagraban la creación del ICIR, este nuevo proyecto busca extinguir todas las obligaciones tributarias emergentes de la vigencia de aquel impuesto y prevé el reintegro, a través de Certificados de Créditos, de todas las sumas ya abonadas por concepto del impuesto que se deroga. Por otra parte, atendiendo a uno de los objetivos de creación del impuesto, se asegura que todas las sumas recaudadas por el impuesto derogado sean destinadas a los Gobiernos Departamentales, con el objeto de financiar los gastos e inversiones destinados a caminería rural, transfiriendo los montos a un patrimonio de afectación especial cuya administración estará a cargo de la Comisión Sectorial instituida por el artículo 230 de la Constitución de la República. El Poder Ejecutivo, asimismo, ha remitido conjuntamente con este proyecto derogatorio del ICIR, la reimplantación del Impuesto al Patrimonio y la creación de una sobretasa para los grandes productores agropecuarios (proyecto que también fue aprobado por la

Cámara de Senadores y que la Cámara de Representantes tratará oportunamente), que viene a sustituir a este impuesto que estamos derogando y declarado inconstitucional por su diseño tributario, manteniendo similares objetivos pero con diseño de tributo nacional, como fuera sugerido por la propia Suprema Corte de Justicia. Por todo lo expuesto esta Comisión asesora recomienda la rápida aprobación del proyecto de ley, para permitir al Poder Ejecutivo actuar en consecuencia respecto de la extinción de las obligaciones tributarias generadas por el impuesto derogado y la correspondiente compensación de los montos ya abonados por el mismo. Sala de la Comisión, 22 de mayo de 2013. ALFREDO ASTI, Miembro Informante, GUSTAVO BERNINI, JOSÉ CARLOS CARDOSO, JORGE GANDINI, GONZALO MUJICA, LOURDES ONTANEDA, SUSANA PEREYRA, PHILIPPE SAUVAL”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: trataré de ser muy breve. El proyecto que tenemos a consideración, que viene a derogar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, tiene origen en el Poder Ejecutivo y ya fue aprobado en el Senado y en la Comisión de Hacienda de la Cámara por unanimidad. Esta derogación se establece en virtud de lo dispuesto por la Sentencia Nº 17/2013 de la Suprema Corte de Justicia, que declaró por mayoría la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.876. Si bien el fallo es de inconstitucionalidad -se limita a los artículos 1º y 2º de esta ley-, la fundamentación de la mayoría de sus miembros se basa en que el diseño implementado como impuesto departamental del tributo consagrado en los artículos 10 y 11 de la referida norma contraviene lo dispuesto en los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República.

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Pese a que, como todos sabemos, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional los efectos jurídicos solamente alcanzan a quienes accionaron contra la norma, por razones de buena administración, de equidad tributaria y de igualdad frente a la ley consagradas en la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, el Senado y esta Comisión asesora aceptaron y promovieron la derogación de toda la Sección I, artículos 1º a 12 de la mencionada ley referente al impuesto, y se mantiene vigente la Sección II, relativa a la aplicación del IRAE y del IRPF en enajenación de inmuebles rurales. Con estos tres artículos, además de la derogación del impuesto, se busca extinguir todas las obligaciones tributarias que este generó o puede generar, de forma tal que se devuelvan los importes que hayan abonado quienes pagaron, a través de certificados de crédito, desde la vigencia del impuesto. En el artículo 3º, en atención al objetivo de la creación del impuesto, que era asegurar que las sumas recaudadas fueran destinadas a la caminería rural y a los Gobiernos Departamentales, se mantiene esa definición de que todo lo cobrado hasta el momento de su derogación sea transferido a un patrimonio de afectación especial, cuya administración estará a cargo de la Comisión Sectorial que crea el artículo 230 de la Constitución. Todos sabemos que en forma conjunta con este proyecto se ha enviado otra iniciativa -que trataremos inmediatamente después de esta-, en la que figura un impuesto que viene a sustituir la recaudación que preveía el que se deroga. Por lo tanto, la Comisión, por unanimidad, aconseja al pleno aprobar este impuesto y comunicarlo inmediatamente al Poder Ejecutivo. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión particular. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: mociono para que se suprima la lectura y se voten en bloque los tres artículos del proyecto. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar la moción del señor Diputado Asti. (Se vota) ——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA. En discusión los artículos 1º al 3º, inclusive. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR ASTI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR SANDER.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: sin lugar a dudas, el Gobierno ha tomado una decisión acertada para todos aquellos productores que no tendrán problemas para entablar un juicio de inconstitucionalidad y creemos que es una buena medida que se haya generalizado la derogación de este impuesto a través de este proyecto de ley. Queremos dejar sentado nuestro punto de vista. Para ser justos y tratar a todos de igual manera, los certificados de crédito que va a emitir la Dirección General Impositiva deberían ser endosados, con el fin de contemplar la situación de algunos productores que ya no están más en actividad, que no van a pagar más el impuesto y, por lo tanto, no podrían recuperar el dinero pagado. De esta manera, dejamos constancia de nuestro voto afirmativo y el planteo de que esos certificados puedan ser endosables.

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Gracias, señora Presidenta. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

28.- Impuesto al Patrimonio. (Ajustes a la tributación del sector agropecuario).
Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día y que pasó a ser quinto: “Impuesto al Patrimonio. (Ajustes a la tributación del sector agropecuario)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1148 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 4 de abril de 2013 Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General el proyecto de ley a través del cual se realizan ajustes a la tributación del sector agropecuario. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Durante los últimos años el Producto Bruto Interno agropecuario, medido en términos reales creció aceleradamente, aumentaron las inversiones sectoriales, los niveles de productividad y las exportaciones agropecuarias de una forma muy significativa. Como producto de esta dinámica el volumen de materias primas agropecuarias transportadas en el territorio nacional creció también significativamente. Por ello se requiere el desarrollo de una infraestructura vial moderna bajo la amenaza que ello se constituya, a corto plazo, en una traba importante al desarrollo sectorial y por los efectos multiplicadores impacten negativamente en la dinámica económica global. La solución a estos problemas de infraestructura vial nacional y departamental, que amenazan convertirse en un cuello de botella de creciente importancia en el corto plazo y que exigen recursos crecientes, debería financiarse, al menos en parte, en base a recursos generados por el sector agropecuario. Asimismo, debe tomarse en consideración que la tributación vigente en el sector agropecuario presenta ciertas asimetrías con relación a la tributación del resto de los sectores productivos. En particular, el sector goza de una exoneración del Impuesto al Patrimonio de los activos afectados a explotaciones agropecuarias. Con la eliminación de esta exoneración, se podrá reflejar fiscalmente la valoración que han tenido en los últimos años

los diferentes activos que componen el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. En particular la tierra, factor productivo claramente diferente a los restantes por ser de oferta fija, razón por la cual se valoriza como recurso escaso y se beneficia -capitaliza- por la realización de obras de infraestructura y por la calidad institucional del país. Para lograr los objetivos planteados se propone la eliminación de la exoneración del Impuesto al Patrimonio, aplicable solamente a los sujetos que tienen una mayor dimensión económica relativa. Para los sujetos cuyos activos, afectados directa o indirectamente a explotaciones agropecuarias, superan el valor de UI 12.000.000 (Unidades Indexadas doce millones) se restablece la imposición sobre el patrimonio. Con la finalidad de simplificar la ponderación, el proyecto de ley dispone que el sujeto valúe los inmuebles rurales por el Valor Real fijado por la Dirección Nacional de Catastro, y luego le adicione un ficto del orden del 40% (cuarenta por ciento) por concepto de bienes muebles y semovientes. La tasa del impuesto que se postula con carácter general es del 1,5% (uno con cincuenta por ciento). Sin embargo, para dotar al impuesto de progresividad, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reducir en hasta un 50% (cincuenta por ciento) la tasa referida, para los sujetos cuyos activos afectados a explotaciones agropecuarias no superen las UI 30.000.000 (Unidades Indexadas treinta millones). En la línea de dotar al impuesto de un cierto grado de progresividad, el proyecto dispone la creación de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio que gravará a aquellos sujetos cuyos activos afectados a explotaciones agropecuarias superen las UI 30.000.000 (Unidades Indexadas treinta millones), que recaerá sobre la totalidad del patrimonio fiscal correspondiente. Dicha tasa se incrementa según los activos referidos superen las escalas que se disponen. En particular, en lo que refiere a las sociedades anónimas con acciones al portador y entidades del exterior salvo que sean personas físicas, se establece una sobretasa menor que se aplicaría exclusivamente a aquellas cuyos activos afectados a explotaciones agropecuarias sean superiores a UI 12.000.000 (Unidades Indexadas doce millones) y menores a UI 30.000.000 (Unidades Indexadas treinta millones). Estas sociedades anónimas a la fecha de remisión del presente, no se encuentran exoneradas del Impuesto al Patrimonio.

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Con el propósito de centrar la carga del impuesto sobre las concentraciones en unidades patrimoniales, se define el concepto de Unidad Económico Administrativa. Este concepto tendría un alcance que se limita solamente al posicionamiento frente a la exoneración del Impuesto al Patrimonio, y a la determinación del nivel de la Sobretasa del Impuesto al Patrimonio, según los activos que respondan a un interés común, independientemente de la forma jurídica que se adopte. Con el producido del impuesto que se restablece, el Poder Ejecutivo podrá financiar por el equivalente a la recaudación obtenida, las erogaciones que se establecen en el artículo 17 del proyecto adjunto. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, FERNANDO LORENZO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, ROBERTO KREIMERMAN, EDUARDO BRENTA, MARÍA SUSANA MUÑIZ, TABARÉ AGUERRE, LILIÁM KECHICHIÁN, FRANCISCO BELTRAME, DANIEL OLESKER. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Derógase el artículo 16 de la Ley N° 17.345, de 31 de mayo de 2001 y el artículo 50 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006. Artículo 2º.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 38.- El patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias estará exento siempre que el valor de los correspondientes activos no supere las Ul 12.000.000 (doce millones de unidades indexadas). A tales efectos, se considerará exclusivamente la suma de: A) El valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro de los bienes inmuebles rurales propiedad del contribuyente. B) El valor de los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, valuados por el 40% (cuarenta por ciento) del valor real de los inmuebles rurales fijado por la Dirección General de Catastro. Este valor deberá ser computado tanto por los propietarios de los referidos bienes inmuebles, reali-

cen o no la explotación, como por quienes realicen la explotación y no sean propietarios. Los antedichos valores deberán calcularse de la forma precedentemente establecida incluso si el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias por parte del contribuyente está integrado por bienes exentos, excluidos o no computables, de cualquier origen y naturaleza. Los contribuyentes deberán realizar individualmente el cálculo dispuesto sobre el total de los referidos activos. Sin perjuicio de ello, cuando se verifique la existencia de una unidad económico administrativa se considerará, a los efectos de la exoneración, la suma de los activos referidos, afectados a la misma, de todas las entidades que la integran. En caso que la antedicha suma supere el valor establecido en el inciso primero, la parte del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias e integrado a la unidad económico administrativa, no se considerará exenta por parte del contribuyente”. Artículo 3º- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado el siguiente artículo: “ARTÍCULO 38 bis.- Las exoneraciones del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo afectados a explotaciones agropecuarias dispuestas por la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, se aplicarán aun en el caso que los mismos se valúen en forma ficta conforme a lo dispuesto por el literal F) del artículo 9° del presente Título. En tal caso, los bienes de activo fijo exentos se deducirán del referido monto ficto, aplicando las normas de valuación del IRAE. En ningún caso el monto así determinado podrá ser negativo”. Artículo 4º.- Sustitúyese el literal B) del inciso primero del artículo 1° del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “B) Quienes estén mencionados en el artículo 3° del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por la presente ley, con excepción de: 1. Los incluidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 de este Texto Ordenado, salvo que se encuentren comprendidos en el literal A) del artículo 3° del mismo Título. 2. Los comprendidos en el literal H) del artículo 9° del Título 4 de este Texto Ordenado. Estarán comprendidos en este literal las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivi-

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sas no incluidas en el inciso anterior que posean patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, por el referido patrimonio”. Artículo 5º.- Sustitúyese el literal C) del inciso primero del artículo 1° del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “C) Quienes están comprendidos en el inciso final del artículo 5° del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por la presente ley. Interprétase que, quienes tributen IRAE en ejercicio de la opción prevista en el inciso primero del artículo referido, podrán asimismo optar por tributar este impuesto en calidad de contribuyentes, en lo que refiere al patrimonio afectado a obtener las rentas incluidas en el literal C) de dicho artículo. En caso de ejercer la opción, deberá liquidarse este impuesto por el mismo lapso que se liquide el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas”. Artículo 6º.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del literal F) del artículo 9° del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “F) Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria por un porcentaje del valor fiscal total del inmueble asiento de la misma, fijado de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del literal A) de este artículo. Dicho porcentaje, que regirá para cada ejercicio, será fijado por el Poder Ejecutivo entre un máximo del 80% (ochenta por ciento) y un mínimo del 40% (cuarenta por ciento), quien podrá establecer porcentajes diferenciales para los distintos tipos de explotación”. Artículo 7º.- Sustitúyese el inciso primero del literal G) del artículo 9° del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “G) En concepto de valor equivalente del ajuar y muebles de la casa-habitación, se incluirá en el activo el 10% (diez por ciento) del monto de todos los bienes, deducido el pasivo admitido. A estos efectos no se computarán los bienes inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias. El pasivo admitido será el obtenido con carácter previo a la absorción referida en el último inciso del artículo 13”. Artículo 8º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por los siguientes: “El valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, a excepción de los que sirven de asiento a explotaciones industriales o comerciales realiza-das di-

rectamente por sus propietarios, se computará por el mayor entre el valor real y el determinado conforme a las normas aplicables para la liquidación del IRAE, vigente al cierre del ejercicio. El valor de los bienes inmuebles rurales se computará: a) en el caso de las entidades comprendidas el artículo 52 del presente Título, por el mayor valor entre el determinado de acuerdo al inciso primero del literal A) del artículo 9 de este Título y el determinado de conformidad con las normas aplicables para la liquidación del lRAE; b) para las restantes entidades, el mismo se determinará conforme al inciso primero del literal A) del artículo 9 citado”. Artículo 9º.- Sustitúyese el último inciso del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “Las entidades que a continuación se detallan aplicarán las normas de valuación dispuestas por los artículos 9º y 13: i) Las personas físicas, los núcleos familiares, las sucesiones indivisas y las entidades incluidas en el literal b) del inciso tercero del presente artículo, así como las sociedades personales comprendidas en el literal a) del mismo inciso, por el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. No obstante, en el caso que dichas entidades liquiden el IRAE en base al régimen de contabilidad suficiente, podrán optar por aplicar las normas de valuación establecidas para dicho impuesto, salvo en lo relativo a los bienes inmuebles rurales, los cuales se valuarán en todos los casos conforme al inciso tercero del presente artículo. ii) Las entidades que no hagan uso de la opción prevista en el literal C) del artículo 1º”. Artículo 10.- Sustitúyese el literal D) del artículo 45 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente. “D) El patrimonio de los sujetos incluidos en el literal B) del artículo 1º, excepto los referidos en el literal anterior, y el de los restantes contribuyentes…………………………………1,5%. El Poder Ejecutivo podrá reducir hasta en un 50% (cincuenta por ciento) la tasa aplicable al patrimonio afectado a explotaciones agrope-cuarias,

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en aquellos casos en que el monto de los activos afectados, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 38, no supere los UI 30.000.000 (treinta millones de unidades indexadas)”. Artículo 11.- Agrégase al artículo 48 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso: “Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar, para los contribuyentes comprendidos en el literal B) que posean activos afectados a explotaciones agropecuarias en la definición del artículo 38, pagos a cuenta del impuesto y de la sobretasa, sin la limitación establecida en el artículo 21 del Título 1 de este Texto Ordenado. La no observancia del referido límite, sólo podrá aplicarse en el primer ejercicio que cierre desde el 30 de junio de 2013”. Artículo 12.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 52. Entidades con capital al portador y entidades no residentes.- La exención dispuesta en el artículo 38 y el abatimiento establecido en el artículo 47, no regirán para aquellas entidades que cumplan con alguna de las siguientes hipótesis: A) Sean entidades residentes y tengan el total del patrimonio representado por títulos al portador. B) Sean entidades no residentes, salvo cuando se trate de personas físicas. Si el capital al portador no constituyera la totalidad del patrimonio, lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará en la misma proporción que la que exista entre el capital nominativo y el total del capital integrado, considerados al cierre del ejercicio económico. Cuando las participaciones patrimoniales sean nominativas, pero los titulares de las mismas no sean personas físicas, la referida participación nominativa se considerará al portador a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a las participaciones patrimoniales al portador que coticen en Bolsa, el mismo tratamiento, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, que a las participaciones patrimoniales nominativas propiedad de personas físicas”. Artículo 13.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

“ARTÍCULO 53. Unidad económico administrativa.- Las entidades titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias conforman una unidad económico administrativa cuando responden a un interés común relativo a dichas actividades, independientemente de las formas jurídicas adoptadas. Se entenderá a estos efectos que responden a un interés común, cuando entre los titulares exista una vinculación tal que ocurra alguna de las siguientes situaciones: A) que exista control de unos titulares sobre otros que implique la respuesta a un mismo centro de decisión, o que existan entre ellos vínculos tales que denoten una unidad en el centro de decisión o que estén bajo el control común de las mismas entidades; B) que se ejerza influencia significativa por parte de unos titulares sobre otros, o estén bajo la influencia significativa común de las mismas entidades. Existirá influencia significativa cuando se posea la capacidad para formar la voluntad del conjunto o prevalecer en las decisiones de una o varias entidades. Asimismo conformarán una unidad económico administrativa las sociedades civiles y condominios no contribuyentes de este impuesto, que sean titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias. Lo mismo sucederá en caso que cada uno de los cónyuges sea titular de activos afectados a explotaciones agropecuarias. Lo dispuesto en este artículo se aplicará exclusivamente a los efectos de los artículos 38 y 54”. Artículo 14.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 54. Sobretasa del Impuesto al Patrimonio.- Créase una sobretasa del Impuesto al Patrimonio que recaerá sobre la totalidad del patrimonio afectado a explotaciones agrope-cuarias. La alícuota única aplicable sobre el total del patrimonio, será la que corresponda a la categoría indicada en el cuadro que sigue, según sea el monto de los activos afectados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38:

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Valor de los activos afectados en unidades indexadas Categoría A B C D De más de Hasta Alícuota

determinado de acuerdo al inciso primero del literal A) del artículo 9º del presente Título”. Artículo 15.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 55. Fecha de cómputo.- En caso que el contribuyente posea más de una fecha de determinación para su patrimonio agropecuario o que se verifique la existencia de una unidad económico administrativa al 30 de junio de cada año, los cálculos dispuestos por los artículos 38 y 54 se realizarán a dicha fecha. La situación de esa forma determinada, será aplicable para las liquidaciones correspondientes, que acaezcan desde ese mismo momento y hasta la próxima fecha de cómputo”. Artículo 16.- Las referencias al Texto Ordenado 1996 efectuadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas legales que le dan origen. Artículo 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar por el equivalente a la recaudación obtenida por la aplicación de los artículos precedentes, las siguientes erogaciones: 1. El equivalente al 10% (diez por ciento) de la recaudación total se destinará al financiamiento de proyectos educativos de la Universidad Tecnológica creada por la Ley N° 19.043, de 28 de diciembre de 2012, que deberán ser incluidos en las sucesivas instancias presupuestales. 2. El restante 90% (noventa por ciento) se destinará: a. El primer ejercicio de vigencia de la presente ley para el financiamiento de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo la adquisición de maquinaria vial por parte de los Gobiernos Departamentales en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización, a cuyos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas habilitará, a propuesta de dicha Comisión, el crédito presupuestal correspondiente en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002 “Presidencia de la República”.

12.000.000 30.000.000 60.000.000 150.000.000

30.000.000 60.000.000 150.000.000

0,70% 1,00% 1,30% 1,50%

A efectos de la inclusión en la Categoría A se requerirá, además, que se trate de entidades incluidas en el artículo 52. Los contribuyentes deberán realizar individualmente el cálculo dispuesto sobre el total de sus activos a efectos de determinar la alícuota aplicable. Sin perjuicio de ello, cuando se verifique la existencia de una unidad económico administrativa se considerará, a los efectos de la categorización para la sobretasa, la suma de los activos referidos, afectados a la unidad económico administrativa, de todas las entidades que la integran. La sobretasa así determinada se aplicará a la parte del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias e integrado a la unidad económico administrativa por el contribuyente, siempre que supere la alícuota individualmente determinada. Las entidades residentes incluidas en la Categoría A del presente artículo aplicarán la alícuota sobre la parte del patrimonio que surja de la relación entre el capital al portador y el total del capital integrado, considerados al cierre del ejercicio económico. Cuando las participaciones patrimoniales sean nominativas, pero los titulares de las mismas no sean personas físicas, la referida participación nominativa se considerará al portador a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso. Las normas aplicables al Impuesto al Patrimonio que dispongan que los activos afectados a la explotación agropecuaria se encuentran exentos, excluidos o que son no computables, no serán de aplicación a la sobretasa que se crea por el presente artículo. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el valor de los inmuebles rurales, de los bosques comprendidos en la Ley Forestal y de los montes citrícolas, podrá computarse por el valor

b. El segundo y tercer ejercicio de vigencia de la presente ley tendrá por destino: i) en un 50% (cincuenta por ciento) al financiamiento de los proyectos indicados

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en el literal a) precedente, a cuyos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas habilitará, a propuesta de la Comisión Sectorial de Descentralización, el crédito presupuestal correspondiente en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002 “Presidencia de la República”. ii) el restante 50% (cincuenta por ciento) a financiar proyectos de mantenimiento y mejora de la red vial secundaria y terciaria, a cuyos efectos se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a ampliar el tope de ejecución de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. c. A partir del cuarto ejercicio tendrá como destino Rentas Generales. El equivalente a las sumas que se hubiesen recaudado por concepto del impuesto creado por la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011 (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales-ICIR) y que hubieran sido destinadas a los Gobiernos Departamentales, será deducido del monto referido en el numeral 2, literal a) del inciso anterior del presente artículo, y será vertido a Rentas Generales. De las habilitaciones de crédito presupuestales y los levantamientos de tope realizados se dará cuenta a la Asamblea General. Artículo 18.- Los créditos no comprometidos al 30 de noviembre de cada año habilitados al amparo del numeral 2 del artículo precedente, que correspondan a proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización a esa fecha, podrán ser transferidos al ejercicio siguiente en tanto se difiera su ejecución por razones fundadas, con un máximo de hasta un 20% (veinte por ciento) del total del crédito de apertura del ejercicio y con igual destino que en el ejercicio anterior. Montevideo, 4 de abril de 2013 EDUARDO BONOMI, LUIS ALMAGRO, FERNANDO LORENZO, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, RICARDO EHRLICH, ENRIQUE PINTADO, ROBERTO KREIMERMAN, EDUARDO BRENTA, MARÍA SUSANA MUÑIZ, TABARÉ AGUERRE, LILIÁM KECHICHIÁN, FRANCISCO BELTRAME, DANIEL OLESKER.

CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Deróganse el artículo 16 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001 y el artículo 50 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006. Artículo 2º.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 38.- El patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias estará exento siempre que el valor de los correspondientes activos no supere las UI 12.000.000 (doce millones de unidades indexadas). A tales efectos, se considerará exclusivamente la suma de: A) El valor de los inmuebles rurales propiedad del contribuyente, determinados de conformidad con lo establecido por el inciso tercero del literal A) del artículo 9º de este Título. B) El valor de los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, valuados por el 40% (cuarenta por ciento) del valor de los inmuebles rurales determinados de conformidad con lo establecido por el inciso tercero del literal A) del artículo 9º de este Título. Este valor deberá ser computado tanto por los propietarios de los referidos bienes inmuebles, realicen o no explotación, como por quienes realicen la explotación y no sean propietarios. Los antedichos valores deberán calcularse de la forma precedentemente establecida incluso si el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias por parte del contribuyente está integrado por bienes exentos, excluidos o no computables, de cualquier origen y naturaleza. Los contribuyentes deberán realizar individualmente el cálculo dispuesto sobre el total de los referidos activos. Sin perjuicio de ello, cuando se verifique la existencia de una unidad económico administrativa se considerará, a los efectos de la exoneración, la suma de los activos referidos, afectados a la misma, de todas las entidades que la integran. En caso que la antedicha suma supere el valor establecido en el inciso primero, la parte del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias e integrado a la unidad económico admi-

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nistrativa, no se considerará exenta por parte del contribuyente”. Artículo 3º.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 38 bis.- Las exoneraciones del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo afectados a explotaciones agropecuarias dispuestas por la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, se aplicarán aun en el caso que los mismos se valúen en forma ficta conforme a lo dispuesto por el literal F) del artículo 9º de este Título. En tal caso, los bienes de activo fijo exentos se deducirán del referido monto ficto, aplicando las normas de valuación del IRAE. En ningún caso el monto así determinado podrá ser negativo”. Artículo 4º.- Sustitúyese el literal B) del artículo 1º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “B) Quienes estén mencionados en el artículo 3º del Título 4 del Texto Ordenado 1996, con excepción de: 1) Los incluidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 de este Texto Ordenado, salvo que se encuentren comprendidos en el literal A) del artículo 3º del mismo Título. 2) Los comprendidos en el literal H) del artículo 9º del Título 4 de este Texto Ordenado. Estarán comprendidos en este literal, como sujetos pasivos, las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas que posean patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, por el referido patrimonio”. Artículo 5º.- Sustitúyese el literal C) del inciso primero del artículo 1º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “C) Quienes están comprendidos en el inciso final del artículo 5º del Título 4 del Texto Ordenado 1996. Interprétase que, quienes tributen IRAE en ejercicio de la opción prevista en el inciso primero del artículo referido, podrán asimismo optar por tributar este impuesto en calidad de contribuyentes, en lo que refiere al patrimonio afectado a obtener las rentas incluidas en el literal C) de dicho artículo. En caso de ejercer la opción, deberá liquidarse este impuesto por el mismo lapso que se liquide el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas”.

Artículo 6º.- Sustitúyese el inciso tercero del literal A) del artículo 9º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “Los bienes inmuebles rurales, se valuarán por el valor real aplicable para el año 2012, el que se reajustará anualmente a partir del mismo según el Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura publicado por el Instituto Nacional de Estadística. A tales efectos, dichos valores se ajustarán al 31 de diciembre de cada año en función del mencionado índice anualizado al 30 de noviembre inmediato anterior. Los inmuebles rurales que no tuvieran valor real para el año 2012, se valuarán por el valor real que les fije la Dirección Nacional de Catastro. Para los ejercicios posteriores, se aplicará dicho valor reajustado, en la forma prevista precedentemente”. Artículo 7º.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del literal F) del artículo 9º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “F) Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, con un porcentaje del valor fiscal total del inmueble asiento de la misma del 80% (ochenta por ciento)”. Artículo 8º.- Incorpórase al Título 14 del Texto Ordenado 1996 el siguiente artículo: “ARTÍCULO 9º bis.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en un 50% (cincuenta por ciento), el valor determinado en el inciso primero del literal F) del artículo 9º de este Título, que regirá para cada ejercicio, pudiendo establecer también, porcentajes diferenciales para los distintos tipos de explotación”. Artículo 9º.- Sustitúyese el inciso primero del literal G) del artículo 9º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “G) En concepto de valor equivalente del ajuar y muebles de la casa-habitación, se incluirá en el activo el 10% (diez por ciento) del monto de todos los bienes, deducido el pasivo admitido. A estos efectos no se computarán los bienes inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias. El pasivo admitido será el obtenido con carácter previo a la absorción referida en el último inciso del artículo 13 de este Título”. Artículo 10.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por los siguientes:

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“El valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, a excepción de los que sirven de asiento a explotaciones industriales o comerciales realizadas directamente por sus propietarios, se computará por el mayor entre el valor real y el determinado conforme a las normas aplicables para la liquidación del IRAE, vigente al cierre del ejercicio”. “El valor de los bienes inmuebles rurales se computará: a) en el caso de las entidades comprendidas en el artículo 52 de este Título, por el mayor valor entre el determinado de acuerdo al inciso tercero del literal A) del artículo 9º de este Título y el determinado de conformidad con las normas aplicables para la liquidación del IRAE; b) para las restantes entidades, el mismo se determinará conforme al inciso tercero del literal A) del artículo 9º citado”. Artículo 11.- Sustitúyese el último inciso del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “Las entidades que a continuación se detallan aplicarán las normas de valuación dispuestas por los artículos 9º y 13 de este Título: i) Las personas físicas, los núcleos familiares, las sucesiones indivisas y las entidades incluidas en el literal b) del inciso tercero del presente artículo, así como las sociedades personales comprendidas en el literal a) del mismo inciso, por el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. No obstante, en el caso que dichas entidades liquiden el IRAE en base al régimen de contabilidad suficiente, podrán optar por aplicar las normas de valuación establecidas para dicho impuesto, salvo en lo relativo a los bienes inmuebles rurales, los cuales se valuarán en todos los casos conforme al inciso tercero del presente artículo. ii) Las entidades que no hagan uso de la opción prevista en el literal C) del artículo 1º de este Título”. Artículo 12.- Sustitúyese el literal D) del artículo 45 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: “D) El patrimonio de los sujetos incluidos en el literal B) del artículo 1º de este Título, excepto los

referidos en el literal anterior, y el de los restantes contribuyentes………………………………… 1,5%”. Artículo 13.- Agrégase al artículo 46 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso: “En el caso del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, la antedicha facultad podrá ejercerse siempre que el monto de los activos afectados, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos segundo y tercero del artículo 38 del presente Título, no supere las UI 30.000.000 (treinta millones de unidades indexadas)”. Artículo 14.- Agrégase al artículo 48 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso: “Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar, para los contribuyentes comprendidos en el literal B) del artículo 1º de este Título que posean activos afectados a explotaciones agropecuarias en la definición del artículo 38 de este Título, pagos a cuenta del impuesto y de la sobretasa, sin la limitación establecida en el artículo 21 del Título 1 de este Texto Ordenado. La no observancia del referido límite, solo podrá aplicarse en el primer ejercicio que cierre desde el 30 de junio de 2013”. Artículo 15.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 52. Entidades con capital al portador y entidades no residentes.- La exención dispuesta en el artículo 38 y el abatimiento establecido en el artículo 47 de este Título, no regirán para aquellas entidades que cumplan con alguna de las siguientes hipótesis: A) Sean entidades residentes y tengan el total del patrimonio representado por títulos al portador. B) Sean entidades no residentes, salvo cuando se trate de personas físicas. Si el capital al portador no constituyera la totalidad del patrimonio, lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará en la misma proporción que la que exista entre el capital nominativo y el total del capital integrado, considerados al cierre del ejercicio económico. Cuando las participaciones patrimoniales sean nominativas, pero los titulares de las mismas no sean personas físicas, la referida participación nominativa se considerará al portador a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

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Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a las participaciones patrimoniales al portador que coticen en Bolsa, el mismo tratamiento, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, que a las participaciones patrimoniales nominativas propiedad de personas físicas”. Artículo 16.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 53. Unidad económico administrativa.- Las entidades titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias conforman una unidad económico administrativa cuando responden a un interés común relativo a dichas actividades, evidenciando la existencia de una unidad empresarial subyacente, independien-temente de las formas jurídicas adoptadas. Se entenderá a estos efectos que responden a un interés común, cuando entre los titulares exista una vinculación tal que ocurra alguna de las siguientes situaciones: A) que exista control de unos titulares sobre otros que implique la respuesta a un mismo centro de decisión, o que existan entre ellos vínculos tales que denoten una unidad en el centro de decisión o que estén bajo el control común de las mismas entidades; B) que se ejerza influencia significativa por parte de unos titulares sobre otros, o estén bajo la influencia significativa común de las mismas entidades. Existirá influencia significativa cuando se posea la capacidad para formar la voluntad del conjunto o prevalecer en las decisiones de explotación de una o varias entidades. Asimismo conformarán una unidad económico administrativa las sociedades civiles y condominios no contribuyentes de este impuesto, que sean titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias. Lo mismo sucederá en caso que cada uno de los cónyuges sea titular de activos afectados a explotaciones agropecuarias. No se consideran incluidas en lo dispuesto en el presente artículo las cooperativas agrarias comprendidas en la Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008, ni las Sociedades de Fomento Rural incluidas en la Ley Nº 14.330, de 19 de diciembre de 1974, ni las entidades que las integran por los activos directamente afectados a las mismas.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará exclusivamente a los efectos de los artículos 38 y 54 de este Título”. Artículo 17.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 54. Sobretasa del Impuesto al Patrimonio.- Créase una sobretasa del Impuesto al Patrimonio que recaerá sobre la totalidad del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. La alícuota única aplicable sobre el total del patrimonio, será la que corresponda a la categoría indicada en el cuadro que sigue, según sea el monto de los activos afectados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de este Título: Valor de los activos afectados en unidades indexadas Categoría A B C D De más de 12.000.000 30.000.000 60.000.000 150.000.000 Hasta 30.000.000 60.000.000 150.000.000 Alícuota 0,70% 1,00% 1,30% 1,50%

A efectos de la inclusión en la Categoría A se requerirá, además, que se trate de entidades incluidas en el artículo 52 de este Título. Los contribuyentes deberán realizar individualmente el cálculo dispuesto sobre el total de sus activos a efectos de determinar la alícuota aplicable. Sin perjuicio de ello, cuando se verifique la existencia de una unidad económico administrativa se considerará, a los efectos de la categorización para la sobretasa, la suma de los activos referidos, afectados a la unidad económico administrativa, de todas las entidades que la integran. La sobretasa así determinada se aplicará a la parte del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias e integrado a la unidad económico administrativa por el contribuyente, siempre que supere la alícuota individualmente determinada. Las entidades residentes incluidas en la Categoría A del presente artículo aplicarán la alícuota sobre la parte del patrimonio que surja de la relación entre el capital al portador y el total del capital integrado, considerados al cierre del ejercicio económico. Cuando las participaciones patrimoniales sean nominativas, pero los titulares de las mismas

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no sean personas físicas, la referida participación nominativa se considerará al portador a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso. Las normas aplicables al Impuesto al Patrimonio que dispongan que los activos afectados a la explotación agropecuaria se encuentran exentos, excluidos o que son no computables, no serán de aplicación a la sobretasa que se crea por el presente artículo. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el valor de los inmuebles rurales, de los bosques comprendidos en la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, modificativas y concordantes (Ley Forestal) y de los montes citrícolas, podrá computarse por el valor determinado de acuerdo al inciso tercero del literal A) del artículo 9º de este Título”. Artículo 18.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo: “ARTÍCULO 55. Fecha de cómputo.- En caso que el contribuyente posea más de una fecha de determinación para su patrimonio agropecuario o que se verifique la existencia de una unidad económico administrativa al 30 de junio de cada año, los cálculos dispuestos por los artículos 38 y 54 de este Título, se realizarán a dicha fecha. La situación de esa forma determinada, será aplicable para las liquidaciones correspondientes, que acaezcan desde ese mismo momento y hasta la próxima fecha de cómputo”. Artículo 19.- Las referencias al Texto Ordenado 1996 efectuadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas legales que le dan origen. Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar por el equivalente a la recaudación obtenida por la aplicación de los artículos precedentes, las siguientes erogaciones: 1. El equivalente al 10% (diez por ciento) de la recaudación total se destinará al financiamiento de proyectos educativos de la Universidad Tecnológica creada por la Ley Nº 19.043, de 28 de diciembre de 2012, que deberán ser incluidos en las sucesivas instancias presupuestales. 2. El restante 90% (noventa por ciento) se destinará: a. El primer ejercicio de vigencia de la presente ley para el financiamiento de proyectos de rehabilitación y mantenimiento

de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo la adquisición de maquinaria vial por parte de los Gobiernos Departamentales en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización, a cuyos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas habilitará, a propuesta de dicha Comisión, el crédito presupuestal correspondiente en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002 “Presidencia de la República”. b. El segundo y tercer ejercicio de vigencia de la presente ley tendrá por destino: i) en un 50% (cincuenta por ciento) al financiamiento de los proyectos indicados en el literal a. precedente, a cuyos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas habilitará, a propuesta de la Comisión Sectorial de Descentralización, el crédito presupuestal correspondiente en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002 “Presidencia de la República”; ii) el restante 50% (cincuenta por ciento) a financiar proyectos de mantenimiento y mejora de la red vial secundaria y terciaria, a cuyos efectos se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a ampliar el tope de ejecución de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. c. A partir del cuarto ejercicio tendrá como destino Rentas Generales. El equivalente a las sumas que se hubiesen recaudado por concepto del impuesto creado por la Ley Nº 18.876, de 29 de diciembre de 2011 (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales – ICIR) y que hubieran sido destinadas a los Gobiernos Departamentales, será deducido del monto referido en el numeral 2, literal a. del inciso anterior del presente artículo, y será vertido a Rentas Generales. De las habilitaciones de créditos presupuestales y los levantamientos de tope realizados se dará cuenta a la Asamblea General. Artículo 21.- Los créditos no comprometidos al 30 de noviembre de cada año habilitados al amparo del numeral 2 del artículo precedente, que correspondan a proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización a esa fecha, podrán ser transferidos al ejercicio siguiente en tanto se difiera su ejecución por razones fundadas, con un máximo de hasta un 20% (veinte por ciento) del total del crédito de

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apertura del ejercicio y con igual destino que en el ejercicio anterior. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de mayo de 2013. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. Anexo I al Rep. N° 1148 “Comisión de Hacienda INFORME EN MAYORÍA Señores Representantes: La declaración de inconstitucionalidad del ICIR decretada por cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia sumergió al país en un grave problema de desfinanciación del mantenimiento de su red de caminería rural. En efecto, en el momento en que la Suprema Corte de Justicia declaró dicha inconstitucionalidad, todas las Intendencias del país habían comenzado a realizar obras y compras de maquinaria financiadas por la recaudación del ICIR, que quedaron de un día para el otro sin sustento presupuestal. La decisión impuesta por la Suprema Corte de Justicia obligaba por lo tanto al Gobierno Nacional por un lado, al acatamiento determinado por la Constitución de la República pero, por otro, a la búsqueda inmediata de soluciones al problema generado por dicha institución. El presente proyecto de ley reimplanta el Impuesto al Patrimonio para las explotaciones rurales derogado por la Ley Nº 17.345 de 31 de mayo de 2001, derogación que había sido confirmada por la Ley de Reforma Tributaria Nº 18.083 de 27 de diciembre de 2006. Por el artículo 2º del presente proyecto, se define a los sujetos pasivos de la obligación dejando exoneradas a las explotaciones agropecuarias de menor valor. Se establece la obligación tributaria para aquellos casos en los cuales la suma del valor real del inmueble según Catastro, más el 40% de dicho valor, sea superior a los 12 millones de UI. El artículo 3º tiene por finalidad deducir las exoneraciones dispuestas en la Ley de Inversiones Nº 16.906 de 7 de enero de 1998. En el artículo 4º se equipara a las personas físicas propietarias de inmuebles que no los explotan, a aquellas personas físicas, núcleos familiares o aso-

ciaciones indivisas que sí realizan explotación agropecuaria, quedando todos en la tasa lineal del 1,5%. Por el artículo 5º se introduce una corrección técnica que incorpora a los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio a las condiciones generales del Texto Ordenado de 1996. Por el artículo 6º se crea una norma especial de valuación de los inmuebles rurales que toma como base el valor real de Catastro del año 2012, y establece su reajuste por el Índice de Precios de Ganadería, Agricultura, Caza y Silvicultura que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. El artículo 7º introduce un ajuste en la determinación del valor ficto de los bienes muebles y semovientes, aplicable a personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, por el cual se toma el 80% de dicho valor. El motivo de esta reducción del valor ficto es salvaguardar los valores imponibles de la extraordinaria suba del Índice de Precios Mayoristas Agropecuarios producida desde el año 1994 hasta la fecha. Por el artículo 8º se faculta al Poder Ejecutivo a una reducción adicional de hasta un 50% del valor ficto mencionado, y además a establecer porcentajes diferenciales para distintos tipos de explotación rural. El artículo 9º excluye los bienes inmuebles rurales del cálculo ficto del ajuar y muebles de la casa habitación del contribuyente. Por el artículo 10 se establece la regla de valuación de los inmuebles rurales creándose dos categorías, una para las sociedades anónimas con acciones al portador, sociedades cuyos socios o accionistas no son personas físicas, y entidades residentes en el exterior. Para ellos se toma el mayor valor entre el de Catastro y el determinado para tributar IRAE. Para la otra categoría, se computa por el valor real ordinario de 2012 reajustado como se estableció en el artículo 6º. Por el artículo 11 se extienden las normas de valuación de las personas físicas a tres tipos de entidades jurídicas: las sociedades personales cuyos socios sean personas físicas, las sociedades anónimas nominativas cuyos accionistas sean personas físicas, y las sociedades personales cuyos socios no sean personas físicas. A partir de la aprobación de la presente ley, esos tres tipos de sociedades, así como las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, cuando liquiden IRAE en régimen de contabilidad suficiente, podrán optar por aplicar las normas de valuación del IRAE si los beneficia. Cuando se

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ejerza dicha opción no podrán ser valuados los inmuebles rurales, para los cuales aplica la regla establecida en el artículo 10. El artículo 12 establece la tasa aplicable por el Impuesto al Patrimonio en 1,5% tal como ya rige para el resto de las actividades empresariales. El artículo 13 faculta al Poder Ejecutivo a reducir esa tasa hasta en un 50% en caso de explotaciones que no superen los 30 millones de UI de valuación. El artículo 14 permite requerir pagos a cuenta de este impuesto. El artículo 15 es una armonización de la presente ley con lo ya establecido en el Texto Ordenado de 1996. Por el artículo 16 se crea el concepto de Unidad Económico Administrativa referido a unidades empresariales que por diferentes razones pudieran haber sido fraccionadas en cuanto a su propiedad, pero que siguen siendo administradas como una unidad empresarial y de capital. En caso de establecerse una Unidad Económico Administrativa, los propietarios integrantes de la misma, quedan obligados por el Impuesto al Patrimonio en relación a su participación. Dicho artículo excluye explícitamente a las cooperativas agrarias y a las sociedades de fomento rural de la figura que se crea. En el artículo 17 se crea la sobretasa del Impuesto al Patrimonio. Se establecen cuatro franjas: – de 12 a 30 millones de UI, cuya sobretasa es del 0,70%; – de 30 a 60 millones de UI, con sobretasa del 1%; – de 60 a 150 millones de UI, con sobretasa del 1,3%; y – por encima de 150 millones de UI, con sobretasa de 1,5%. Se establece además, para la primera franja, la condición de ser entidades residentes y que tengan el total del patrimonio representado por títulos al portador, o ser entidades no residentes, con lo cual se excluye a la mayoría de las explotaciones rurales existentes en el país. Este artículo prevé además que para la aplicación de las sobretasas no se toman en cuenta las exoneraciones a los bosques forestales, a los montes citrícolas y otras de carácter general. El artículo 18 determina el cierre de ejercicio para los 30 de junio de cada año.

El artículo 19 permite introducir las modificaciones de la presente ley en el Texto Ordenado de 1996. Con el artículo 20 se determina la afectación de los recursos obtenidos por el impuesto que se crea. En todos los casos, el 10% de los recursos obtenidos por recaudación los recibirá la Universidad Tecnológica. Para el 90% restante se establecen tres etapas: – para el primer ejercicio, va todo a caminería rural; – en el segundo y tercer ejercicio, la mitad de este 90% va a caminería rural, y – la otra mitad va a Red Vial Secundaria y Terciaria dependiente del MTOP. En el cuarto ejercicio, se destina a Rentas Generales. Finalmente, por el artículo 21 se permite transferir al ejercicio siguiente hasta el 20% de los créditos no ejecutados de la parte de recaudación afectada a caminería departamental. En atención a las razones expuestas, y a la solidez también expuesta del instrumento legal que se pone a consideración de la Cámara, recomendamos a ésta la aprobación del proyecto de ley. Sala de la Comisión, 29 de mayo de 2013. GONZALO MUJICA, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, JULIO FIORDELMONDO, LOURDES ONTANEDA, SUSANA PEREYRA, ALEJANDRO SÁNCHEZ. Comisión de Hacienda INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: El presente informe tiene por objeto recomendar a la Cámara de Representantes el voto negativo al proyecto de ley sobre Impuesto al Patrimonio, por el cual se realizan ajustes a la tributación del sector agropecuario. El mismo ha generado la expectativa de que con su creación se van a solucionar los problemas de infraestructura vial del país, estamos muy lejos de hacerlo. Lógicamente, el Gobierno necesita recursos para encarar las obras viales, pero lo recaudado por este impuesto es insuficiente, en realidad estamos ante una iniciativa que pasa más por una discusión ideológica que de recaudación tributaria. Del análisis del referido proyecto y luego de escuchar las intervenciones de los actores implicados en la norma que se propone, quienes comparecieron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Represen-

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tantes, surge nuestra opinión contraria a la aprobación de este proyecto. 1. Una primera línea del análisis que vamos a realizar, es destacar la intención netamente política que hay detrás de este impuesto. En ocasión de discutirse en este mismo ámbito la Reforma Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas de entonces, habló del “enfoque dinámico de responsabilidad fiscal”. Esto significaba, según expresaran sus autoridades, que si la recaudación se incrementaba, el Gobierno se comprometía a mantener la presión fiscal a valores constantes y continuar eliminando impuestos. Notoriamente la capacidad recaudatoria aumentó en lo que va de las dos últimas Administraciones de Gobierno. Los ingresos del Gobierno Central casi se duplicaron en el período de aplicación de la reforma tributaria, como lo indica el siguiente cuadro:
INGRESOS 2006 Gobierno Central $102 $115 $130 $145 $167 $190 $207 2007 2008 2009 2010 2011 2012

firmado por el propio Ministro, cuando manifestó en la Comisión de Hacienda: “En cuanto a la afirmación de renta afectada, debo decir que concuerdo con lo que defendimos aquí en muchas oportunidades […] las reglas de afectación siempre tienen una explicación política y un impacto negativo en la administración presupuestal. Esto es así; siempre tiene naturaleza política, ya que al realizar una afectación se resuelve un problema de asignación en una doble vía: en la obtención del recurso y en su destino. Sin embargo, a la administración presupuestal le plantea compartimentos estancos, muy difíciles de administrar y de otorgarle lógica; esa es mi opinión […] En realidad, las prácticas de afectación específica resuelven un problema político, en este caso queríamos resolverlo… “. 2. Abordaremos ahora una segunda línea de análisis, a partir de preguntarnos si este impuesto genera una recaudación muy importante. No; no genera una recaudación importante, el impuesto es ineficaz porque no resuelve los serios problemas de infraestructura vial que tiene el país. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este impuesto? Se dice que en parte es para atender la caminería rural. Notoriamente es insuficiente para alcanzar ese objetivo. El total de la red departamental son 50.000 kilómetros aproximadamente. Ahora bien, esa caminería que tiene un alto nivel de deterioro, cuya reparación, construcción y mantenimiento supone costos muy altos, aproximadamente U$S 100.000 por kilómetro. De acuerdo a lo que se espera destinar por año, daría para 600 km anuales, con lo cual nos llevaría 83 años solucionar el problema. Se podrá decir, como lo hizo el Ministro, que U$S 60:000.000 pueden ser significativos comparados con lo que se está gastando actualmente, pero evidentemente no son significativos respecto al impacto sobre la caminería. Este enfoque no es acertado, porque no se trata de ponderar cuánto se está invirtiendo en este momento y cuánto se va a invertir al amparo de los recursos generados por esta norma. Lo que deberíamos analizar es qué prioridad le dio el Gobierno a la caminería en el Presupuesto Nacional: es allí donde se plasman los objetivos y pautas del Poder Ejecutivo; entonces aquí hay decisiones de naturaleza política respecto a cómo se distribuyen los recursos. Y en esa distribución, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una de “las Cenicientas” en el Presupuesto Nacional, afirmación hecha por el propio Gobierno.

Nota: Los valores son en millones de pesos constantes del año 2012. Corresponde a ingresos de la DGI, Comercio Exterior y otros.

Este proyecto de ley va en sentido contrario al compromiso manifestado en aquel momento y por consiguiente el sector agropecuario va a recibir un aumento de la presión tributaria. Si bien el Gobierno dice que no afecta a todo el sector, aún afectando a una franja de éste se está generando un efecto negativo con impacto en otros agentes económicos y aunque este incremento -que seguramente el Gobierno lo explique a partir de que estamos ante una época de bonanza- consolida una presión fiscal definitiva sobre el sector. Por tanto, queremos dejar claro que el Gobierno no sólo incumplió “con su compromiso original”, sino que está agregando un impuesto más. Asimismo advertimos un cambio de criterio, ya que cuando se discutió la Reforma Tributaria, uno de los conceptos que más se trabajó fue el de la eliminación de lo que se denomina “rentas afectadas”, pero en este proyecto, según lo establece el artículo 17, este es un impuesto de esas características, porque indica el destino de la recaudación. Entonces ¿Por qué se incorpora un impuesto con “renta afectada”? ¿Por una cuestión de carácter político? ¿A qué obedece este cambio de criterio? Sin duda a razones de naturaleza política. Esto fue con-

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Téngase en cuenta que el crédito presupuestal para obras de vialidad es de unos U$S 300 millones anuales, pero por el artículo 490 de la Ley de Presupuesto, el Gobierno “topeó” ese monto en U$S 200 millones anuales, es decir que recortó el fondo para obras de vialidad en un 34% y además le puso tope para la inversión en la red vial departamental (U$S 17 millones) y en la caminería rural (U$S 7,5 millones). Con respecto a inversión en infraestructura vial, podemos afirmar que no fue una prioridad en las dos últimas Administraciones de Gobierno. Así lo constatamos si analizamos la evolución de la ejecución de inversión en infraestructura vial:

3. Otra cuestión que nos plantea este impuesto es el impacto que puede tener sobre la tenencia de la tierra. El Ministro manifestó que no tendrá gran capacidad distorsiva para establecer cambios en las formas de tenencia de la tierra, y en todo caso lo hará muy marginalmente. No compartimos esta apreciación. En primer lugar porque si lo que se persigue es atacar la concentración de la tierra, tarde se acordó el Gobierno de este objetivo, cuando según los resultados del censo agropecuario, en los últimos diez años se ha dado en nuestro país el mayor proceso de concentración y extranjerización de la tierra de su historia. El proyecto de ley prevé gravar determinada franja de productores, el problema es que hay muchos de ellos que participan de sociedades de dos mil hectáreas, pero individualmente cada uno de ellos tiene una porción muy menor, algunos doscientas hectáreas y no dos mil. Por lo tanto, este impuesto conduce inevitablemente a procesos de mayor concentración de la tierra, porque va a afectar fuertemente a las familias de productores que se han agrupado para producir en forma más eficiente y competitiva. El propio Gobierno impulsó la asociación para tener escala y producir mejor. Paradójicamente, aparece este impuesto que contradice esos lineamientos y penaliza a los productores que se agrupan. Si un productor rural, que entra en la calificación, por cuestiones ajenas a él ve caer su renta ¿tiene que pagar el Impuesto al Patrimonio? Sí, tiene que pagarlo. ¿Y cómo lo paga? Desprendiéndose del patrimonio, o sea, el Estado termina penalizando a alguien que tiene que sentir al Estado como un socio, no como un enemigo. En consecuencia, cuando la capacidad económica de estos productores no les permita enfrentar este impuesto, van a vender sus campos; el que saldrá favorecido es quien pretenda especular con esas tierras en el mercado internacional o quienes tienen cien mil o doscientas mil hectáreas. Por lo tanto este impuesto no va a impedir la concentración de la tierra, al contrario, la estará favoreciendo. Además es un error tomar como parámetro la extensión de la unidad productiva. Veamos, el productor rural que tiene su predio en medio del basalto, sobre la piedra, no está ganando en la misma medida que aquél que tiene un campo de menor extensión en el litoral. Porque los campos en el litoral, a veces en cien hectáreas, producen muchísimo más de lo que puede hacerlo un productor que tiene sus campos sobre la piedra o el basalto. El campo de ciertas zonas, de

Inversión 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ejecución MTOP $ 2.334 $ 2.425 $ 2.577 $ 2.695 $ 3.691 $ 4.006 $ 4.555 $ 4.151 Ejecución Total $6.439 $6.156 $7.641 $10.212 $15.425 $15.576 $17.126 $18.519 Porcentaje MTOP/Total 36.25% 39.39% 33.73% 26.39% 23.93% 25.72% 26.60% 22.41% Nota: los valores son en millones de pesos corrientes. Fuente: Informe Económico Financiero de la Exposición de motivos de la Rendición de Cuentas 2011.

Si comparamos el porcentaje en vialidad del primer año de Gobierno del Frente Amplio (2005) hasta el último año que se rindió cuentas (2011) la proporción de inversión en infraestructura vial respecto a la inversión total presupuestal, el porcentaje disminuyó de casi un 40% a un 22%. Es decir cayó casi a la mitad. Y en lo que va de la actual Administración, parece que la cuestión de la vialidad tampoco está en las prioridades del Gobierno y no acompaña el aumento de la producción nacional. Es más, desde que se trató el presupuesto quinquenal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no presentó un Plan Rector de Obras. Es la primera vez que ocurre este hecho en el Parlamento Nacional. La infraestructura vial se enmarca en las decisiones políticas, así se pone en evidencia el lugar de rezago que tiene el tema vial en las prioridades del Gobierno.

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acuerdo a la capacidad productiva del suelo, necesariamente debe tener más extensión para recibir niveles de rentabilidad aceptables; por tanto no podemos ir a la tenencia de extensión porque es un error, claramente gravar la extensión no resulta una decisión justa, ni ayuda a la redistribución de la riqueza. Este proyecto tiene un “agujero”, porque grava a quien produce, pero puede haber propietarios cuyos terrenos no superen las dos mil hectáreas; tienen mil hectáreas, por ejemplo, y el campo no produce porque al propietario no le interesa trabajarlo, y a su vez, no paga patrimonio, estamos notoriamente ante una especulación inmobiliaria. Sin embargo este impuesto no alcanza esas situaciones. El Estado no debe castigar al que tiene la propiedad por el solo hecho de tenerla, porque el valor de la tierra no se concreta hasta que se realiza. En principio, es muy difícil decir que una persona tiene mayor capacidad contributiva en función de un valor que todavía no realizó. Lo que se debe tener en cuenta es si produce o no produce, porque es allí donde genera la renta. Por eso afirmamos que este proyecto de ley tiene un marcado sesgo ideológico, porque se termina castigando no a aquel que gana más, a aquel que tiene capacidad contributiva, sino al que a veces tiene más campo pero quizás tenga menos capacidad contributiva. La propiedad de la tierra, en estos tiempos es un debate que en el mundo está ampliamente superado, lamentablemente no ocurre así en el Uruguay. Este es un debate del Gobierno, que nos tiene a todos rehenes de diferencias ideológicas internas del Frente Amplio. Desde la perspectiva económica y práctica, la idea que debe prevalecer es la de gravar de acuerdo con lo que se produce, cosa que ya lo hace el Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE). 4.- En nuestro análisis, también estamos mirando cómo impacta este impuesto en la economía en su conjunto y no sólo en el sector agropecuario. Estudios realizados por la Universidad de la República muestran que por cada dólar que se mueve en el sector agropecuario, se mueven seis en la siguiente cadena. Con esto queremos significar que si se aumenta la presión impositiva sobre el sector agropecuario, se estará frenando el efecto multiplicador de cada dólar que mueve el agro. Téngase presente que según datos del Plan Agropecuario, tomando una serie de varios años, se constata que el producto bruto por hectárea es de U$S 106 de ingre-

sos, de los cuales se van en insumos U$S 70; quiere decir que si se afectan los U$S 36 que quedan, parte de ellos irán para Rentas Generales, en lugar de volver a la cadena productiva en forma de inversión en praderas, fertilizantes, genética y procesos tecnológicos. Este impuesto llega en un momento en que el propio Gobierno reconoció el enlentecimiento de la economía, y debe tenerse en cuenta que este sector no es homogéneo, hay agentes que ven reducidos sus márgenes de ganancia por los costos en dólares, cada vez más altos, de los insumos que utilizan. De esta manera se está cambiando la normativa vigente, agregando un freno a las decisiones futuras de las empresas agropecuarias y de los inversores. En caso de aprobarse este impuesto, notoriamente se encarecería la producción, pues se agregaría un costo fijo, que afectaría negativamente la rentabilidad, con lo cual perjudicaría aún más la competitividad del sector. Se ha sostenido que el sector agropecuario no paga Impuesto al Patrimonio y que otros sectores sí. Sin embargo no nos llamemos a engaño, porque en casos como el sector industrial, las maquinarias están exentas de este impuesto; sin embargo se pretende gravar la tierra que es el factor de producción, que por otra parte no está totalmente exenta ya que tributa contribución inmobiliaria. 5. También debemos señalar que este proyecto deja prácticamente abierto al Poder Ejecutivo la potestad de evaluación de los campos a través del valor de Catastro. Es decir, mediante una resolución administrativa puede subir el valor real de los inmuebles y, de ese modo, estaría aumentando el impuesto. Como se señaló en el debate en la Cámara de Senadores, “en el régimen constitucional vigente rige el principio de legalidad, el cual tiene una mención expresa en la Constitución -en el numeral 4) del artículo 85- a la materia tributaria. De acuerdo a este régimen, sólo el Poder Legislativo es quien puede establecer los tributos, sin que prevea que se pueda delegar esa facultad al Poder Ejecutivo. De modo que el Parlamento no puede delegar las atribuciones que le otorga la Constitución, ya que ninguna norma lo habilita a hacerlo. En caso de que delegue sus funciones, hace más de lo que la Constitución le permite, y con ello altera el sistema previsto de separación de Poderes”. Por otra parte, este tributo es una limitación a la propiedad, razón de más para que sea el Parla-

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mento, que en el marco de las garantías constitucionales, a través de la ley establezca esa limitación. Como decía el prestigioso Dr. Valdés Costa “todo aquello relativo a la estructura, existencia y cuantía de la obligación tributaria debe ser regulado exclusivamente por la ley”. En consecuencia, aprobando este proyecto se podría estar vulnerando el principio de legalidad. 6. Otra cuestión que aparece poco precisa es la referida a la Unidad Económico Administrativa. Al respecto, la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, señaló que encuentra un grave cuestionamiento respecto de la introducción en el Impuesto al Patrimonio de un concepto abstracto, impreciso y confuso como es la unidad económico administrativa, que determina el alcance de la exoneración y, por ende, el alcance mismo del hecho generador del Impuesto al Patrimonio. Entre otros, esto figura en los artículos 2º y 13 del proyecto de ley. En opinión de los especialistas una definición tan endeble, como la de la unidad económico administrativa, va a generar múltiples dudas aún en los contribuyentes de insospechada buena fe. No habrá certeza alguna hasta que el Fisco diga si dos sujetos deben tributar como una unidad económica administrativa, o no. Y ello podrá pasar luego de muchos años de estar tributando por separado con la mejor intención. Es claro que la norma cuestionada se origina en el reconocimiento de que la fijación de un techo cuantitativo a la exoneración va a funcionar como un incentivo a la división artificial de la titularidad de la tierra. Según la opinión referida, para combatir esas situaciones de elusión o evasión tributaria, la Administración Tributaria cuenta con un arma letal, como lo es el artículo 6º del Código Tributario que en su inciso segundo consagra: “Las formas jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete”;-a la Administración- “éste deberá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos”. En este caso, los hechos a constatar apuntan a quién es el verdadero propietario de la tierra a pesar de las formas adoptadas. A esto se suma que para poder correr el velo de las formas, en nuestro país el fisco cuenta con un número importantísimo de poderes algunos los consideramos excesivos- que se han venido incrementando peligrosamente en los últimos años. Por lo tanto, eso hace posible llegar a la realidad de acuerdo con la legislación actual. En múltiples ocasiones el fisco uruguayo ha invocado, con éxito, la existencia de conjuntos económicos para gravar si-

tuaciones que de otra forma hubieran quedado fuera del tributo. En todos los casos en que ha tenido éxito, la Administración aplicó el principio de realidad, contenido en el artículo 6º del Código Tributario, a situaciones concretas. Esta es la prueba de que el sistema actual funciona y de que no es necesario introducir conceptos económicos abstractos en la definición del hecho generador del impuesto. Estamos, por ende, ante una delegación inconstitucional de funciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, que viola el principio de reserva absoluta de ley y que también ataca los principios de seguridad y certeza jurídica. Conclusiones Notoriamente estamos ante un verdadero “apagón de infraestructura vial” que pone límites a la capacidad de transportar el aumento de la producción y por tanto al desarrollo del país. Se produce más, de forma más eficiente merced al esfuerzo del sector agropecuario por mejorar la productividad por hectárea, pero a la hora de sacar la producción, la red vial no soporta la presión a la que se ve sometida. El Gobierno, que hasta el momento poco se ocupó del tema, pretende con este proyecto resolver ese problema, pero se queda corto, porque la relación entre lo que se calcula que se va a recaudar y los recursos que se requieren muestran la ineficacia de este instrumento. En todo caso, la recaudación de las dos últimas Administraciones hubiera permitido desarrollar una verdadera política de Estado en materia de logística vial. Sin embargo esta no fue una materia priorizada por el Gobierno. Como lo afirmó el Ministro de Economía y Finanzas, por medio de este proyecto de ley se buscó resolver un problema político. El “principio de la capacidad contributiva”, se basa en el supuesto de que el que tiene más, contribuye más. El tema está en cómo se grava la capacidad contributiva. La reforma tributaria que propuso el Frente Amplio en el año 2007 fue por el lado de gravar la renta y de decir que el Impuesto al Patrimonio se iba a eliminar. No estamos dispuestos a avalar este cambio de criterio. Este proyecto no sólo es un mal instrumento, sino que también lleva implícita una delegación de potestades del Poder Legislativo en el Ejecutivo que no estamos dispuestos a autorizar. Por las razones expuestas, aconsejamos no aprobar este proyecto de ley.

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Sala de la Comisión, 29 de mayo de 2013. JOSÉ CARLOS CARDOSO, Miembro Informante, JORGE GANDINI, ANA LÍA PIÑEYRÚA, RICHARD SANDER, JORGE GUEKDJIAN, de acuerdo al segundo inciso del artículo 132 del, reglamento de la Cámara de Representantes. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley por el que se realizan ajustes a la tributación del sector agropecuario (Impuesto al Patrimonio). Sala de la Comisión, 29 de mayo de 2013. JOSÉ CARLOS CARDOSO, Miembro Informante, JORGE GANDINI, ANA LÍA PIÑEYRÚA, RICHARD SANDER. Comisión de Hacienda INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: Hemos analizado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores con modificaciones, referido a la reimplantación del impuesto al Patrimonio a las explotaciones agropecuarias. Este impuesto fue derogado para esta actividad con vigencia 1º de enero del año 2001 y no fue recreado con la reforma tributaria del año 2007. Reforma que en su momento fue calificada de estructural y que contempló muchas definiciones importantes y reglas instrumentales que hoy, pocos años después, no se mantienen. Si bien la exposición de motivos no lo menciona, parece claro que este impuesto viene a llenar el hueco dejado por aquel otro, declarado inconstitucional, de Concentración de Inmuebles Rurales. Con una variante: ya no se invoca la concentración del factor tierra como elemento predeterminante sino que fundamentalmente se hace referencia a ciertas asimetrías en la tributación del sector agropecuario con relación a otros sectores productivos, y muy especialmente la imperiosa necesidad de mejorar la infraestructura vial, cuyo estado actual hace crecer la amenaza, al cortísimo plazo, de resultar en una traba importante para el desarrollo de un sector clave para la economía del país. Durante los últimos diez años el sector agropecuario experimentó un proceso de reforma y crecimiento espectaculares, salvo estos últimos años donde se percibe un freno en los principales valores que miden

su economía. La propiedad de la tierra se ha concentrado y se ha extranjerizado, hemos importado una reforma tecnológica en muchos sectores (especialmente el agrícola y el forestal) creando nuevas escalas y cambiando radicalmente la gestión de una parte sustancial de la actividad agropecuaria. Estas importaciones -de inversiones, de tecnología, de una forma más eficiente de producción y distribución- redundaron en negocios con enorme ventaja para el país. Basta recorrerlo y basta tener un poco de memoria para comprobar el cambio radicalmente positivo en muchos pueblos y ciudades del interior. Y sin embargo, a pesar de este enorme crecimiento, el campo uruguayo todavía está fuertemente subutilizado: se cultivan 1,5 millones de hectáreas de un total de 4 millones, y menos de un millón de árboles de un potencial de 3 millones. El espacio para crecer en un factor de producción que es finito sigue siendo enorme, y además deseable y plausible, siempre y cuando se mantengan las reglas de juego y la política de fomento de inversiones no sólo se mantenga sino que se continúe estimulando con nuevos instrumentos. Los beneficios para el país, para las cadenas productivas que tienen su origen en este sector y para los miles de personas que en ella trabajan han potenciado significativamente un sector gravitante en el área de los servicios, sector que hace no demasiado tiempo carecía de relevancia: la logística y sus actividades conexas. La logística hoy tiene una incidencia enorme en las cuentas del país y en la calidad de vida de su gente. Y más la tendrá en la medida que el país sepa brindar a tiempo las respuestas necesarias en actualización y modernización de su arcaica infraestructura vial y sus históricas debilidades en la utilización de sus puertos litoraleños, y otros complementos imprescindibles. El factor determinante a mantener en los niveles tan altos como históricos de los últimos años, como todos sabemos, es la inversión. En nuestra opinión, reimplantar un impuesto como el del Patrimonio, que en definitiva no recaudará fondos realmente determinantes para recuperar lo necesario, sí puede afectar la inversión en el mediano y largo plazo en negocios vinculados a la agropecuaria. En cualquier caso, no resulta clara la ganancia para el país de esta decisión. Si la concentración de la tierra ha dejado de ser un problema en la consideración de este proyecto, en términos comparativos seguramente no lo sea, la economía uruguaya, relativamente pequeña, está bastante nutrida de oligopolios por donde observemos. Ni este gobierno ni los anteriores parecen haber puesto mucho énfasis en combatir los oligopolios, por lo que el factor concentración, que en el caso agrope-

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cuario tiene sus características positivas como vimos en el párrafo anterior, sobre todo en la creación de escalas más eficientes, tiene también los negativos que son en el caso uruguayo más virtuales que reales. Pero además esta concentración es el resultado de un tejido social y económico muy débil, que no estuvo en condiciones de oponer resistencias al crecimiento de la escala. Los resultados medidos en términos de productividad, más trabajo, mejores remuneraciones, más pymes, mayor bienestar, están todos a la vista y contradicen los elementos negativos de la concentración. Es un hecho que la infraestructura vial departamental está muy deteriorada, digamos afectada fuertemente por este crecimiento de la producción agropecuaria y por los factores laterales coadyuvantes, como la ausencia de un ferrocarril, a vía de ejemplo. Pero la solución que se propone no resulta el instrumento apropiado para enfrentar estos desafíos. Como hemos dicho en otras oportunidades donde este tema se ha planteado, el Partido Independiente es favorable a implantar una tasa que esté en razonable equivalencia con la afectación y desgaste de las vías departamentales. Los impactos que tienen los camiones sobre los caminos no son iguales, se trate de camiones cargados con ganado, con madera, o cargado con soja. Se podría establecer una tasa que tuviese en cuenta el peso de los camiones y sus impactos. Este recorrido tributario hay que recorrerlo de todas maneras, hay Gobiernos Departamentales que están cobrando tasas abusivas que es necesario eliminar por inconstitucionales. Sería por tanto una oportunidad para ordenar estas tasas en todo el país, tasas que no pagarían los transportistas, obviamente, sino los usuarios del transporte, los clientes. Para nosotros sería lo justo, razonable y equitativo. También nos parece obvio que cuando se usa un camino departamental ya se ha invertido una suma importante por cada hectárea de cultivos, por cada hectárea forestada, se han pagado salarios, impuestos nacionales, departamentales, impuestos directos sobre combustibles, BPS, patentes e infinidad de otros ingresos derivados de la mayor presencia de actividad social y económica en el campo. Son los ingresos de la logística. Por lo tanto, nos parece insostenible argumentar que no hay plata para los caminos vecinales, o que solo hay para echar una capita de piedra que desaparece con las primeras lluvias. Seguramente lo que ocurre es que el dinero recaudado se usa para otros fines, relegando a segundos y terceros planos la defensa del país productivo en los hechos y políticas concretas.

En resumen: entendemos que este impuesto quita incentivos a la inversión, es un impuesto que ya fue enjuiciado en la reforma tributaria del 2007 y hasta se había anunciado su muerte. Es un impuesto que no depende de las ganancias y va a golpear en años buenos y malos, en una actividad con rentabilidad histórica baja, Sus fines no parecen corresponder con la envergadura del problema que se pretende encarar, resultando en una pequeña ayuda que no cambia positivamente la realidad que se pretende. Este proyecto en consideración resulta, en conclusión, claramente inconveniente para el país y por tanto el Partido Independiente no lo acompañará. Sala de la Comisión, 29 de mayo de 2013. PHILIPPE SAUVAL, Miembro Informante. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley por el que se realizan ajustes a la tributación del sector agropecuario (Impuesto al Patrimonio). Sala de la Comisión, 29 de mayo de 2013. PHILIPPE SAUVAL, Miembro Informante”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑORA PIÑEYRÚA.- ¿Me permite, señora Presidenta, para una cuestión previa? SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra la señora Diputada. Señora Presidenta: en función de lo que dispone el artículo 104, literal m) del Reglamento, quiero dejar constancia de que integro una sucesión indivisa que es titular de padrones rurales. Si bien no estuvo comprendida por el Icir, ignoro si lo estará por las disposiciones del proyecto de ley que está a consideración. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se toma nota, señora Diputada. Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Mujica. SEÑOR MUJICA.- Señora Presidenta: como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional varios de los artículos de lo que llamábamos Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales,

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en particular a los que creaban ese Impuesto. A partir de ese momento se generó en el país una situación complicada porque, naturalmente, el Gobierno Central y los Gobiernos Departamentales avanzaron en los proyectos de utilización de los recursos que iba a generar aquel impuesto. Por otra parte, más allá del instrumento, la voluntad política de este Gobierno de desalentar los procesos de concentración de la tierra se mantiene incólume. Se ha discutido acerca del nuevo proyecto con los mismos argumentos que en el anterior y, en particular, se concentra la discusión en los efectos que la nueva contribución tendrá en la producción agropecuaria, en la forma de tenencia de la tierra y en sus valores, y también en el modo de utilizar los recursos, en su monto, en la comparación con las necesidades del país, etcétera. El proyecto que ponemos hoy a discusión de la Cámara reinstala el Impuesto al Patrimonio para los inmuebles rurales y establece que serán sujetos de él aquellas propiedades, establecimientos o estructuras empresariales agropecuarias con un valor catastral superior a los doce millones de Unidades Indexadas. Establece la alícuota en 1,5, que es similar a la existente para otros sectores de la producción y, además, determina un sistema de alícuota agregada que es progresivo, de acuerdo con el monto de la unidad agropecuaria de que se trate; naturalmente, siempre vinculado a los valores patrimoniales. Entonces, de acuerdo con esos valores, establece cuatro categorías para aplicar la sobretasa, que comienzan con un valor patrimonial de treinta millones de unidades indexadas, de ahí hacia arriba, y llega, en la última zona de contribuyentes, hasta la duplicación de la tasa inicial. Por el lado de la afectación de los recursos, este proyecto dispone que el 10 % de lo recaudado contribuya a la formación de la Universidad Tecnológica de reciente creación, y que el otro 90 % esté afectado a caminería rural en tres tramos temporales: en un primer ejercicio, dedicado totalmente a caminería rural; en un segundo ejercicio, mitad a caminería rural y mitad a otros proyectos viales que atiende el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que no son de incumbencia estricta de las Intendencias, y finalmente, en coincidencia con el año del siguiente Presupuesto Nacional quinquenal, a Rentas Generales.

Como decía, la discusión política de un impuesto siempre se ocupa de los efectos que este tendrá y, como se trata de un impuesto al sector agropecuario, la referencia inmediata es la discusión que mantuvimos sobre el Icir. Y, ¡vaya si sobre el Icir se hicieron premoniciones y se dijeron cosas que iban a pasar, todas terribles! La única cosa terrible que pasó con el Icir fue que lo tuvimos que derogarlo porque se lo declaró inconstitucional por una decisión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia, pero nada de lo que se dijo que iba a producir el Icir en el campo ocurrió en realidad. Se dijo que el Icir iba a hacer bajar el precio de la tierra, que iba a desalentar la incorporación de tecnología. Se dijo que el Icir iba a castigar a los propietarios rurales más pobres, a los criadores en basalto, y se anunciaron catástrofes de toda índole. En realidad, en su corta vida, el Icir permitió que las Intendencias del interior alentaran el mayor proyecto de intervención en caminería rural que recuerda el país. A través del fideicomiso se establece la inyección de dinero en ese rubro particular que, reitero, iba a ser el mayor de la historia del país, en el plazo más corto. Lamentablemente, ya no contamos con ese instrumento. Pero, como dije al principio, la voluntad de nuestro Gobierno de intervenir en este proceso, guiado por la economía de concentración de la tierra, se mantiene incólume; y este proyecto ataca, ya no a la propiedad del factor tierra, sino a su uso concentrado. De los cuarenta y cinco mil productores rurales que se registran en el país, se calcula que unos mil cuatrocientos van a pagar este impuesto. Hablamos de mil cuatrocientos unidades productivas, que son particularmente las más ricas de toda la agropecuaria. Acabo de decir que el impuesto y su primera alícuota se imponen a partir de los 30:000.000 de unidades indexadas de valor patrimonial, calculados sobre el valor catastral. Quiere decir que empiezan a pagar la sobrecuota unidades agropecuarias que tienen valores de mercado en el entorno de los treinta millones de dólares; de ahí hacia arriba. Me refiero a valores de mercado, porque recordemos que los valores catastrales están subvaluados con respecto al mercado. De modo que estas mil cuatrocientas explotaciones agropecuarias en las cuales ahora hay propieta-

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rios de tierra y también tenedores de tierra, que quedaban excluidos del anterior impuesto por su estructura y que ahora son incorporados, sin duda, son las mil cuatrocientas unidades productivas agropecuarias de mayor valor en el país. Por lo tanto, este impuesto ataca, desalienta y castiga tributariamente el uso concentrado del factor tierra. Por él pagarán todos los que iban a pagar Icir y, además, todos los que utilizan un factor de producción en forma concentrada y, por lo tanto, excluyente, como la tierra. Además, este impuesto se va a destinar a atender las necesidades de los sectores más necesitados de la población rural actual, porque la caminería rural profunda es la que cumple con los mayores valores sociales dentro de toda la estructura de caminería. No se trata solo de la que permite la salida de la producción; es la que permite que la gente se establezca en su lugar de vida; es la que permite el servicio básico, esencial; es la que permite el transporte de la población. Y esto no lo estoy diciendo yo. Es lo que dijo el Congreso de Intendentes cuando vino a la Comisión y se refirió a esta caminería en particular. Este fue el valor que se le asignó, en primer lugar. El Intendente Lafluf dijo claramente que por más que antes de cada elección le digamos a esa población que se quede en el campo, si no le ponemos caminería no se queda, porque no hay servicio que le llegue. Nosotros compartimos ese punto de vista y pensamos que es buena cosa porque también tiene que ver con el carácter redistributivo de este impuesto que se cobre a las explotaciones rurales más ricas para invertir en un tipo de caminería que afecta particularmente la vida de los sectores más pobres de la población rural. Por lo tanto, el objetivo redistributivo, de mayor justicia social que buscaba aquel Icir, también va a ser logrado por este Impuesto al Patrimonio. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Asti) ——De modo que este impuesto es una expresión más del compromiso de nuestra fuerza política con la democratización del uso y del acceso a un factor de producción absolutamente peculiar como la tierra, en el entendido de que ese acceso es el sustento de otros tipos de democratizaciones de la vida de nuestra población. Este impuesto no resuelve los problemas de concentración. Este impuesto impone el uso concentrado. Y cuando se critica el impuesto

porque impone el uso concentrado o porque el monto de lo que va a recaudar no resuelve todos los problemas, no se dice que este es el primer esfuerzo real que se está haciendo en muchos años para revertir esta situación. En la discusión anterior se nos planteó la pregunta de por qué gravábamos la propiedad y no la tenencia cuando esta última muchas veces es el factor más importante en los procesos productivos y el que genera más rentabilidad. Ahora se está gravando eso particularmente: se grava la propiedad y la tenencia, y específicamente la propiedad y la tenencia concentradas. También se nos ha preguntado por qué no tocamos el Irae de la producción agropecuaria. Bueno: si alguien quiere tocarlo, discutámoslo, porque a la producción agropecuaria que más valor genera también podríamos tocarle el Irae. Son razones de oportunidad que nos hacen comenzar por este impuesto para ser más equitativos en nuestro sistema tributario. Este es un proceso que arranca con la reforma tributaria que se votó en el anterior Gobierno del Frente Amplio y que se va haciendo progresivamente coherente y más equitativo a medida que el país avanza y salimos de las crisis. Este impuesto -hay que decirlo- fue retirado del sector agropecuario en medio de la crisis, para ayudar a un sector agropecuario que no tiene nada que ver con el que existe hoy, y no había ninguna razón de fondo para que no se reimplantara cuando otros sectores, como el industrial, sí lo tienen. También se ha dicho que el sector industrial tiene exoneraciones sobre los bienes muebles de equipamiento industrial. Es cierto. Pero hay que decir que el sector agropecuario puede descontar el IVA compras de su Irae, lo que no suele comentarse a la hora de discutir las cargas tributarias de unos y otros sectores productivos. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Payssé) ——De modo que a cuenta de mayor discusión -que seguramente tendremos- y para hacer el inicio lo más corto posible, presentamos a la Cámara un proyecto de reimplantación del Impuesto al Patrimonio a las explotaciones agropecuarias que va a

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volver contribuyente al sector de punta de nuestra producción, el que más riqueza ha generado y acumulado en su patrimonio. Además, va a destinar esos recursos a la educación y a la caminería rural profunda. Por lo tanto, por las razones expuestas vamos a solicitar a la Cámara su aprobación. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Sander, quien también integra la Comisión de Hacienda, y dispone de treinta minutos. SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: conjuntamente con el Partido Nacional hemos acompañado un informe en minoría que recomienda a la Cámara no votar este proyecto de ley relativo al Impuesto al Patrimonio, por el cual se realizan ajustes a la tributación agropecuaria. Esta iniciativa ha generado expectativas -sobre todo en el interior del país-, pensando que con su recaudación se van a solucionar todos los problemas de los casi cincuenta mil kilómetros de caminería rural que hay en el país, y por qué no hablar también de los nueve mil kilómetros de carreteras. Este impuesto -al igual que el Icir- también ha cambiado su objetivo, su afectación. En un principio, absolutamente todo el Icir iba a las Intendencias -a un fideicomiso- y estas se lo repartirían. Este nuevo Impuesto al Patrimonio tiene una afectación claramente diferente. El primer año se destinará un 10 % de su recaudación a la Utec -lo que nos parece muy bien- y un 90 % a las Intendencias, pero el segundo año se destinará un 10 % a la Utec, un 45 % a las Intendencias y un 45 % al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; en el tercer año el destino será exactamente igual, y a partir del cuarto año -es decir, 2016- este impuesto pasará a Rentas Generales. Y claramente hay un cambio en el tema de la afectación: luego de un tiempo, queda afectado a Rentas Generales. En una primera línea de análisis intentaremos demostrar que este impuesto tiene una intención netamente política. En ocasión de la comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas a la Comisión de Hacienda, habló del enfoque dinámico de responsabilidad fiscal. Según expresaron las autoridades, ello significa que si la recaudación se incrementaba, el

Gobierno se comprometía a mantener la presión fiscal a valores constantes y a continuar eliminando impuestos. Sin embargo, fue claramente demostrado -podría citar el boletín estadístico de la DGI, que tenemos en nuestro poder, pero vamos a usar los números que también fueron proporcionados por dicho organismo, sobre la recaudación del Gobierno Central a valores constantes, para que no haya ninguna diferencia- que la recaudación, en el año 2006, fue de $ 102.000:000.000 y, en el año 2012, de $ 207.000:000.000. Quiere decir que, a valores constantes, la recaudación entre 2006 y 2012 aumentó más del 100 %. Entonces, este proyecto va en sentido contrario al compromiso hecho en aquel momento y, por consiguiente, el sector agropecuario tendrá un aumento en la presión tributaria. Si bien el Gobierno dice que no va a afectar a todo el sector, afectará a una franja y se generará un efecto negativo, con impacto en otros agentes económicos y en toda la cadena productiva, porque no nos olvidemos de que por cada dólar que produce el campo -esto figura en un estudio de la Universidad de la República-, en los subsiguientes escalones de la cadena productiva se generan de cinco a seis dólares más de producción. Entonces, cualquier efecto que se coloque a ese dólar en materia impositiva provocará un efecto en cadena. Por lo tanto, el Gobierno incumplió con el compromiso original, porque a pesar de que aumentó la recaudación, agrega un impuesto que va a aumentar la presión fiscal. Otro tema en el que también se trabajó fue en el de la renta afectada, que recién mencionábamos. Está afectada la renta para los años primero, segundo y tercero; a este respecto también hay un cambio de criterio. El Ministro de Economía y Finanzas se expresó en ese sentido en la Comisión y lo voy a leer. Dijo lo siguiente: “En cuanto a la renta afectada, debo decir que concuerdo con lo que defendimos aquí en muchas oportunidades […] Las reglas de afectación siempre tienen una explicación política y un impacto negativo en la administración presupuestal. Esto es así; siempre tienen naturaleza política, ya que al realizar una afectación se resuelve un problema de asignación en una doble vía: en la obtención del recurso y en su destino. Sin embargo, a la administración presupuestal le plantea comparti-mentos estancos, muy difíciles de administrar y de otorgarle lógica; esa es mi opinión. […]

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En realidad, las prácticas de afectación específica resuelven un problema político -en este caso, queríamos resolverlo- […]”. Dicho esto por el Ministro, está claramente demostrado que es un impuesto político y, por sobre todo, que no se sabe bien cuánto se va a recaudar. Según consta en la versión taquigráfica, el Ministro dijo que estimaba que recaudaría alrededor de sesenta millones de dólares, como iba a recaudar el Icir. Pues bien: yo creo que va a ser mucho más y, en algunos casos, hasta el doble de lo se recaudaría por el Icir -que definía bien entre US$ 8 y US$ 16 por hectárea-, ya que ahora habrá casos que rondarán los US$ 28 la hectárea, y ¡vaya si esa suma puede llegar a comprometer algunos negocios y provocar la salida de algunos productores rurales! En una segunda línea de análisis, nos preguntamos si este impuesto genera una muy importante recaudación. Nosotros creemos que no; que la recaudación es mínima. Inclusive, diría que es un impuesto ineficaz, porque no va a resolver ninguno de los serios problemas de infraestructura vial que tiene el país. Esto se lo dijimos al Ministro en ocasión de discutirse el Presupuesto Nacional; lo dijimos en esta Casa; lo dijimos en la última Rendición de Cuentas, en el año 2012, y a ese respecto quiero dejar una constancia. Según se establece en la página 216 del mensaje del Poder Ejecutivo, la variación real que ha tenido entre 2004 y 2011, a valores constantes, el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas -que es el Inciso 10-, ha sido de un incremento del 16 %, cuando recién demostramos que la recaudación aumentó más del 100 % a valores constantes. O sea que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no fue uno de los objetivos. Y si leemos el mensaje de 2010 del Poder Ejecutivo, es evidente que no fue uno de los objetivos principales de su política económica; al mirar la última columna, variación real entre el año 2010 y 2011 -que es la comparación entre el Presupuesto del Presidente Mujica y el del expresidente Vázquez-, nos llevamos una sorpresa: ese incremento fue negativo en un 11 %. Quiere decir que en la página 216 del mensaje del Poder Ejecutivo se demuestra claramente que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuvo aún menos importancia en el Presupuesto del segundo período de Gobierno del Frente Amplio que en el del primero. Los números están acá, no mienten; son la verdad.

Entonces, si hacemos números y tomamos como parámetro que un kilómetro de caminería rural puede tener un costo del entorno de los cien mil dólares -aunque haya diferencias según de qué se trate, si el camino es más ancho o más angosto, pero vamos a suponer que cuesta cien mil dólares-, con los sesenta millones de dólares que se espera recaudar, podríamos hacer seiscientos kilómetros por año de caminería rural, de lo alrededor de cincuenta mil que hay. O sea que estamos hablando de muy poca cantidad de kilómetros. Eso sería para el primer año. Para el segundo año, las empresas van a tener poco más de veinte millones de dólares, porque van a tener el 45 %; para el tercer año, también tendrán poco más de veinte millones de dólares y, para 2016, las Intendencias tendrán que negociar o renegociar con el próximo Gobierno para saber si de esa plata que va para Rentas Generales se podrá afectar algo a la caminería rural. Estas son las cosas que no están bien. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un presupuesto que ronda los veinte millones de dólares, de los cuales se pueden ejecutar diecisiete millones de dólares en la red vial -dinero que maneja dicho Ministerio, pero que es de las Intendencias; como así se manejaba por muchos gobiernos anteriores, se mantuvo de esa manera- y siete millones quinientos mil dólares en caminería forestal, que sí se hizo -es bueno decirlo- en el Gobierno del Frente Amplio. Si miramos el cuadro que tenemos en la tercera página de nuestro informe, advertiremos que la inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con relación a la inversión total del Presupuesto Nacional ha disminuido, pasando de ser un 36,25 %, en 2004, a nada más que un 22,41 %, en 2011. De esta manera, queda demostrado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no ha sido lo que se pretendía. Cuando concurrió el Ministro le dijimos que, lamentablemente, le había tocado el peor presupuesto de la historia y él nos dijo que todo esto se salvaría con las PPP, los Proyectos de Participación Público Privada. Lamentablemente, estamos ya en la mitad de 2013, en diciembre será el final del cuarto año de gobierno del Presidente Mujica y por lo menos yo no conozco que ninguna de las PPP esté en ejecución. Se habla de las Rutas Nos, 21 y 24 y de una cárcel, pero por ahora no se han visto las licitaciones; no están las PPP. Entonces, lo que iba a salvar al Ministro de

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Transporte y Obras Públicas lamentablemente no está. Esa es la realidad. Cuando el Ministro estuvo en marzo en Comisión, le preguntamos -nos contestó el economista Bergarapor qué no se había aplicado un impuesto a los capitales especulativos, que en el año 2011 se llevaron entre 0,4 % y el 0,5 % del PBI; estos capitales que vienen a llevarse los intereses del Banco Central y del Gobierno nacional se llevaron alegremente entre US$ 200:000.000 y US$ 250:000.000 y, en el año 2012, más de US$ 500:000.000, más del 1 % del PBI. O sea que podríamos haber establecido un impuesto. A veces, decimos que seguimos al Brasil; entonces, le hubiéramos copiado el IOF, el Impuesto sobre Operaciones Financieras que es de un 6 %. Lamentablemente tarde, el Gobierno va a aplicar un encaje de 50 % a los bonos del Gobierno y va a aumentar los del 40 % que tiene el Banco Central. Cuando lo planteamos al señor Ministro en el mes de marzo, el Presidente del Banco Central, contador Bergara, nos dijo que había sido un encaje de 40 % a los fondos que entran al Banco Central, pero se olvidó de contarnos que no existía el mismo encaje para los bonos que emite el Gobierno Central. Entonces, el inversor especulativo, que no es ningún tonto, en lugar de comprar bonos al Banco Central va a comprar los bonos del Gobierno, porque no tienen ninguna restricción, y se va a llevar la tasa del 9,25 % en dólares, ahora quizás un poco menos porque el dólar subió casi un 10 %. En definitiva, esa es la realidad. Podríamos haber cobrado un impuesto, y entonces tendríamos dinero para hacer mucha caminería. Otra cosa que hemos manejado, y lo comentó el Presidente en algún momento, es el uso de las reservas. Hasta hace pocos días, teníamos US$ 14.000:000.000 de reserva. Hoy estaba leyendo que pasamos los US$ 15.000:000.000; de libre disponibilidad, aquella que es deuda externa, debemos andar entre US$ 6.000:000.000 y US$ 7.000:000.000. Si estamos en el apagón logístico que mencionó el Presidente Mujica, y de verdad lo estamos, podríamos haber echado mano de esas reservas y haber invertido en logística; de esa forma, hubiéramos mejorado la infraestructura, dado mucho trabajo a un montón de gente y el país podría tener mejores costos en el transporte y podría haber invertido en el ferrocarril, del que tanto se habla y al que tanto se critica pero que, en definitiva, sigue igual o peor que cuando se lo recibió.

Hay que decir estas cosas porque, en definitiva, se gasta mucha plata. Hace unos días leí que Antel va a gastar este año US$ 140:000.000 en fibra óptica. Pero la colocación de la fibra óptica en los hogares está muy lenta. Esos US$ 140:000.000 constituyen prácticamente el 70 % del presupuesto que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer obras en puertos, carreteras, puentes, alcantarillas, puertos náuticos, en fin, todas las cosas que tiene que hacer este Ministerio. A veces, cuando hablamos de una ley que va a solucionar los problemas, evidentemente tenemos que mirar el contexto. En este contexto, sin ninguna duda, la prioridad no fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni la logística, por más que se hable del apagón logístico. De estos pobres US$ 60:000.000, US$ 50:000.000 van a ir a las Intendencias por un año y después un poco menos en 2015, y en 2016 este impuesto va a estar totalmente afectado, 100 % al Gobierno Nacional. Quiero recordar algo que decía el contador Juan Antonio Pérez Pérez, que fue mi profesor de Tributaria allá por 1988 en la Facultad de Ciencias Económicas, y ahora debe tener alrededor de treinta años en la Cátedra de Tributaria. En un resumen que hizo, Pérez Pérez decía: “Todo tributo es un instrumento: el fundamental es recaudar para financiar el Estado, pero hay otras finalidades: promover o estimular ciertas conductas, redistribuir ingresos, recomponer equilibrios de los mercados. Para juzgar si un tributo es bueno hay que tener claro cuáles son sus objetivos. Confieso que no he llegado a discernir cuál era el objetivo del ICIR y de estos que lo sustituyen.- ¿Recaudar? Se estima que representará menos del 1 % de la recaudación de DGI. Es ínfimo.- ¿Financiar la caminería rural?” -ya lo dijimos; si con US$ 100.000 hacemos un kilómetro, con US$ 60:000.000 vamos a hacer 600 kilómetros- “[…] Prácticamente nada.- ¿Reflejar fiscalmente la valorización de la tierra? (Exposición de motivos) Ya se grava la ganancia por venta por el IRAE, IRPF o IRNR. ¿Desincentivar la concentración de la tierra? Debería discutirse primero por qué este objetivo es deseable. Los países lo hacen cuando el tamaño de las empresas provoca distorsiones en el mejor uso de los recursos económicos. ¿Es así en el caso del agro? ¿O es que la concentración aumenta la eficiencia? ¿Hay una razón política? Debería explicitarse y discutirse más ampliamente.- Nuestra

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opinión: si se trata de recaudar, no es bueno modificar el Sistema Tributario por tan poco; es mejor aumentar otro impuesto (el Impuesto a la Renta).Si el objetivo es la caminería rural, un gravamen que mida quiénes la usan más intensivamente: un precio (peaje) o un tributo basado en el volumen o peso transportado.- Si se llega a que es deseable desincentivar la concentración es mejor que sea a través de la regulación y no alterar el Sistema, menos aún con un tributo que ha sido descalificado por la gran mayoría de los países del mundo como lo es el IP”. También quería referirme a lo que dijo otro profesor, el contador Diego Bonomi, que es licenciado en Administración y ha sido profesor de Técnica y Legislación Tributaria en la Universidad de la República por más de veinte años. En su resumen ejecutivo, dice el contador Bonomi: 1- Este impuesto “deroga la exoneración que tienen la mayoría de las empresas agropecuarias (no todas) respecto al impuesto.- 2- No está claro cuál es el objetivo”. Dice lo mismo que el profesor Pérez Pérez. Continúa: “¿Qué se busca? ¿Desincentivar la concentración de la tierra? ¿Financiar la caminería rural? ¿Castigar al productor que tiene escala? ¿Solidaridad?- 3- Si estuviese claro el objetivo se podría analizar cuál es la herramienta técnica más conveniente.- 4- Se opta por el IP, impuesto en desuso a nivel mundial y aquí en la Reforma Tributaria de 2007” -lo que mencionábamos al principio- “se comenzó gradualmente su reducción pues se iba” en el camino contrario.- 5- Hoy el IP podría ser un impuesto testigo, que permita controlar rentas, que sea general, con mínimos no imponibles” -que este impuesto no tiene- “y tasas muy bajas.- 6- La industria lo paga pero con muchas exoneraciones en la inversión industrial.- 7- Este proyecto grava no solo la tierra, grava a todo el aparato productivo: rodeos de cría, maquinaria, etc.- 8- Ya no solo grava concentración de tierra, quien no tenga una sola hectárea igual puede llegar a pagar.- 9- Crea un concepto de Unidad Económica Administrativa que pretende que paguen quienes en forma individual no llegarían al límite y que además puedan tener que pagar la sobretasa. Atenta contra las empresas familiares que buscan trabajar unidas por temas de escala”. Sigue diciendo el contador Bonomi: “Crea una sobretasa permanente, desconociendo en su aplicación exoneraciones de activos vigentes. Da discriminación al Poder Ejecutivo para fijar el valor de los

muebles y semovientes y tasas del impuesto. Es un costo fijo más de la explotación que incide de manera muy distinta en un establecimiento criador que en un agrícola. Independientemente que no se discuta si debe pagar el agro más o no, esta no es la herramienta adecuada. Es un impuesto inconveniente. Cambia las reglas de juego. Su recaudación es mínima comparada con el total de recaudación impositiva. No es un impuesto justo. No tiene mínimo imponible. Discrimina entre sectores y es una carga fija. Castiga a la máquina de producir. Significa delegación en el Poder Ejecutivo”. Y termina su informe en el punto 14 diciendo: “Si se quisiese atacar la concentración de tierra no se va a lograr con impuestos. Quedó claro con el ICIR. Debería pensarse en regulaciones específicas. Si se quiere recaudar más debería pensarse en Impuestos a la Renta y no al Patrimonio. Si se quiere financiar por tres años parte de la caminería rural hay otras vías que son mucho más eficientes”. Y podríamos seguir nombrando otros técnicos que han hablado del tema. Me quiero detener en algo que dijo el actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en mayo de 2013, en Durazno. El señor Ministro Tabaré Aguerre criticó las ideas de poner más impuestos y dijo: “[…] “el problema del Uruguay no es recaudar más, sino gastar mejor”. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aguerre. Decía él en Durazno, cuando se inauguró la primera zafra de cultivos de verano, en pleno debate del Icir: “Lo digo con toda la libertad porque yo no vengo de una carrera política, ahora un país que crece tiene que recaudar y el mundo no se acaba porque se recauden US$ 60 millones o US$ 70 millones para arreglar una caminería que todos necesitan. Por estos días parece que el mundo se acaba por un tema impositivo”. También decía Aguerre: “Hay algunos que siempre ven al agro como el sector que tiene que pagar más impuestos.- Cuando miro los números, la presión tributaria del sector agropecuario es apenas inferior a la que tiene el sector industrial y es más baja que la presión tributaria de la región”. Quería recordarles lo que decía en el mes de marzo de 2013 el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que no compareció a la Comisión; vino el Subsecretario Benech en su lugar.

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Otro tema en cuestión que tenemos en el informe es el impacto que tiene sobre la tierra. El señor Ministro decía que no tenía gran capacidad distorsiva para establecer cambios en la forma de tenencia de la tierra y, en todo caso, lo hará en forma muy marginal. Cuando uno ve el censo agropecuario de estos últimos diez años se observa que nuestro país ha pasado por el mayor proceso de concentración de tierras. Y todavía lo demuestra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un informe que hizo la semana pasada. En este mostraba un mapita que empezaba en Artigas y bajaba por el litoral llegando hasta Colonia, Flores y San José. O sea que en los últimos diez o doce años se ha dado el mayor proceso de concentración de tierras y prácticamente se ha vendido el 43 % de las tierras nacionales y, en algunos casos, de las mejores tierras nacionales. De alguna manera, el proyecto prevé gravar también determinada franja de productores y el problema es que muchos de ellos participan en sociedades, en grupos de trabajo de 2.000 hectáreas pero, individualmente, cada uno de ellos puede tener 200, 300 o 500 hectáreas. Entonces, nosotros pensamos que este impuesto conduce inevitablemente a procesos de mayor concentración de tierras, porque va a afectar de manera muy fuerte a la familia de productores que se han agrupado para producir en forma más eficiente y competitiva. El propio Gobierno impulsó eso y hoy este proyecto de ley va en contra de esa línea de acción que es de asociarse, de mejorar, de producir mejor, de producir en conjunto. Y, bueno, este impuesto va a afectar eso. Además, creemos que es un error tomar como parámetro de medición la extensión de la unidad productiva. Por ejemplo, un productor que está en el basalto no es igual que uno que está, de repente, en una tierra en Soriano; los índices Coneat son absolutamente diferentes y tener 1.200 o 1.300 hectáreas, es verdad, hoy pueden valer en el mercado, pero ¿qué queremos? ¿Que las venda y que se salga del negocio? Digo esto porque, por ejemplo, en Rivera hasta hace un par de años había doce mil personas viviendo en el interior profundo. El último censo, señora Presidenta, nos dio 7.600 personas viviendo en el interior de Rivera. ¿Y queremos seguir sacándole

gente al campo? Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y haciendo algunas cosas buenas como, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Colonización compre campos para asentar gente en ellos. Eso sí; en eso estoy de acuerdo y creo que es una buena política de Gobierno, porque no solo hay que criticar; también hay que decir las cosas que están bien. Creemos que sería una buena política profundizar ese trabajo y en vez de perder casi cinco mil personas, que se fueron del campo a la ciudad o a otras partes del Uruguay, dejar esa gente trabajando ahí para que produzca. Además, el Gobierno no estaría invirtiendo en cosas improductivas: seguiría comprando tierras, teniendo colonos y apuntando a un país productivo de calidad. Cuando concurrió el Subsecretario Benech también hablamos de que este Gobierno no tiene un plan en materia de obras y planteamos la posibilidad de un punto que se analizó en algún momento, que es el de manejar la caminería rural, pero con rutas de salida, con rutas que podamos usar y no romper así todos los caminos rurales, como pasa hoy en día en que los camioneros van buscando el camino más corto para llegar a las rutas principales y van estragando todo el entorno, sobre todo cuando llueve mucho. Vaya que ese es un problema que deberíamos tomar entre todos y hacer una política e intentar marcar cuáles son esas rutas, en vez de estar cada año pasando dos o tres veces en esos caminos, poniendo más recarga, con más camiones, con más motoniveladoras, con más cilindros. Es decir, intentar de a poquito, como se hizo en Rivera, en Paso Ataques, con la empresa Fymnsa, la empresa privada, el Gobierno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Rivera trabajaron conjuntamente en una zona de un par de kilómetros y están terminando de colocar la carpeta asfáltica. Y esa gente de campaña va a tener una ruta de verdad, la producción va a salir mucho más prolija para ese productor forestal que va a invertir, para los vecinos más chicos, productores pequeños de la zona de Paso Ataques y para todos los vecinos. Digamos que usando algunos de los elementos que tenemos en la normativa vigente como el Estado, Nacional y Departamental, junto a las empresas que sí le ponen el hombro al país se podría lograr que este tipo de cosas avancen y se puedan hacer. Creo que ese es el camino; como dijimos hace un rato, el camino no es gravar más, el camino es trabajar más, usar mejor el dinero.

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Tenemos el mayor presupuesto de la historia, más de US$ 13.000:000.000 y solo a logística le dimos US$ 200:000.000 y lo mostramos en la página 216: 11 % menos en valores constantes que el último presupuesto del doctor Vázquez. Creo que sobran palabras para decir que lamentablemente el Ministro Pintado no ha tenido las herramientas con que debería haber contado para sustentar el país productivo, este país que crece y que va a seguir creciendo, por suerte, porque la madera todavía está en fase inicial de producción. ¡Y si habrá que hacer cosas! Me va quedando muy poco tiempo, pero creo que hemos mostrado prácticamente todo y vamos a ir al resumen. Como conclusión decimos que notoriamente estamos ante un verdadero apagón de infraestructura vial que pone límites a la capacidad de transportar el aumento de la producción y, por lo tanto, el desarrollo del país. Se produce más y de forma más eficiente merced al esfuerzo del sector agropecuario por mejorar la productividad por hectárea, pero a la hora de sacar la producción la red vial no soporta la presión a la que se ve sometida. El Gobierno, que hasta el momento poco se ocupó del tema, pretende con este proyecto resolver ese problema, pero se queda, no diría corto, sino cortísimo, porque la relación entre lo que se calcula que se va a recaudar y los recursos que se requieren demuestran la ineficiencia. Se ha dicho por parte de algunos técnicos que precisaríamos en el entorno de US$ 1.800:000.000 para disimular el apagón logístico. Vuelvo a repetir: tenemos US$ 15.000:000.000 de reservas, de los cuales podemos disponer de seis o siete mil en forma libre porque pagamos mil y pico de millones de dólares de intereses, además de lo que le pagamos al capital especulativo. En todo caso, la recaudación de las dos últimas Administraciones hubiera permitido desarrollar una verdadera política de Estado en materia de logística vial. Sin embargo, esa no fue una materia priorizada por el Gobierno, como explicó el señor Ministro de Economía y Finanzas: por medio de este proyecto de ley se buscó salir de un problema. Hay que mencionar que el principio de capacidad distributiva se basa en el supuesto de que aquel que tiene más paga más, y yo estoy dispuesto a discutir eso, pero cuando empiece un Gobierno, no cambian-

do las reglas de juego a los inversores, como nos está pasando en Rivera, donde se votó una Ley de Minería. Aunque yo estoy a favor de la minería de gran porte, voté en contra, porque dije que iba a afectar al inversor de mi departamento y hoy estamos pagando los costos. Posiblemente se esté perdiendo la única inversión de verdad que había en minería en todo el país, en la localidad de Minas de Corrales. Por eso, cuando se trata de un país chico, tiene que respetar las reglas del juego. En el próximo período de Gobierno estamos dispuestos a discutir cualquier impuesto, pero empecemos a cobrar impuestos a los que vienen de afuera a llevarse nuestros intereses y no dejan ni un solo peso en inversión y ni un solo puesto de trabajo. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Sauval. SEÑOR SAUVAL.- Señora Presidenta: hemos analizado este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado con modificaciones, referido a la reimplantación del impuesto al patrimonio a las explotaciones agropecuarias. Este impuesto fue derogado con vigencia 1º de enero de 2001 y no fue reimplantado con la Reforma Tributaria a partir de julio de 2007, reforma que en su momento fue calificada de estructural, importante, de esas que se hacen cada decenas de años, y que contempló muchas definiciones muy importantes y reglas instrumentales que hoy, muy pocos años después, no se mantienen, como veremos más adelante. Si bien la exposición de motivos no lo menciona, parece claro que este impuesto viene a llenar el hueco dejado por el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, pero con una variante: ya no se invoca la concentración del factor tierra como un elemento predeterminante, sino que fundamental-mente se hace referencia a ciertas asimetrías en la tributación del sector agropecuario con relación a otros sectores, y muy en especial a la imperiosa necesidad -como se ha dicho- de mejorar la infraestructura vial, cuyo estado actual hace crecer la amenaza a muy corto plazo -como todos sabemos- de ser una traba importantísima para el desarrollo de un sector clave de la economía del país. Hay que decir que durante los últimos diez años el sector agropecuario experimentó un proce-

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so de reforma y de crecimiento espectaculares, salvo estos últimos años en que se percibe cierto freno en los principales valores que miden su economía. La propiedad de la tierra se ha concentrado y extranjerizado. Hemos importado una reforma tecnológica en muchos sectores, especialmente en el agrícola y en el forestal, creando nuevas escalas y cambiando en forma radical la gestión de una parte sustancial de la actividad agropecuaria. Estas importaciones de inversiones, de tecnología, de una forma más eficiente de producción y de distribución, redundaron en negocios con una enorme ventaja para el país; basta recorrerlo y tener un poco de memoria para comprobar el cambio radicalmente positivo de muchísimos pueblos y ciudades del interior. Sin embargo, a pesar de este enorme crecimiento -para que nos ubiquemos en la escala nacional-, el campo uruguayo todavía está muy subutilizado: se cultivan un millón y medio de hectáreas de un total de cuatro millones, y menos de un millón de árboles de un potencial de tres millones. El espacio para crecer, en un factor de producción que es finito, sigue siendo enorme y, además, deseable y plausible, siempre y cuando no solo se mantengan las reglas de juego y la política de fomento de inversiones, sino que se continúe estimulando con nuevos instrumentos. Los beneficios para el país, las cadenas productivas que tienen su origen en este sector, y las miles de personas que en ellas trabajan, han potenciado significativamente un sector gravitante en el área de los servicios, sector que hace no demasiado tiempo carecía de relevancia; me refiero a la logística y sus actividades conexas. La logística hoy tiene una incidencia enorme en las cuentas del país y en la calidad de vida de su gente, con el retraso que hay en las inversiones en infraestructura, y más la tendrá en la medida en que el país sepa dar a tiempo las respuestas necesarias en actualización y modernización de esta arcaica infraestructura vial y sus históricas debilidades en la utilización de sus puertos litoraleños y otros complementos imprescindibles. Más bien ya es tarde. Como todos sabemos, el factor determinante a mantener en los niveles tan altos como históricos de los últimos años es la inversión. En nuestra opinión, reimplantar un impuesto como el del patrimonio que, en definitiva, no recaudará fondos real-

mente determinantes para recuperar lo necesario, sí puede afectar la inversión en el mediano y largo plazo en negocios vinculados a la agropecuaria. En cualquier caso, con esta decisión no resulta clara la ganancia para el país. Recordemos por un instante la versión taquigráfica de la interpelación que se le realizara al entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, sobre la reforma tributaria, en el año 2006. En esa oportunidad, con relación a la inversión y a los equilibrios -tema al que le dieron importancia relevante, porque la tiene-, en la argumentación a favor del proyecto, el señor Ministro decía: “El equilibrio I es el que existe entre equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva, esto es, entre los objetivos del proyecto […] ¿qué es la equidad? La entendemos todos como la justicia, como el acceso igualitario a oportunidades en la vida que tienen los diferentes integrantes de una sociedad. Entonces, uno podría pensar: ‘¿Por qué no castigamos mucho más a los ricos y les damos más beneficios a los pobres?’. Yo daría esta respuesta, si ustedes me permiten: porque los ricos son los que invierten y crean trabajo para los pobres. Y hoy si inclinamos mucho la balanza en el terreno de la equidad, mucho me temo que la creación de oportunidades de trabajo para los pobres, que es lo que más necesitan, mucho más que una reforma tributaria, se va a perjudicar”. Clarito el concepto, que además compartimos. Pero hoy, tan pocos años después, el Gobierno hace lo contrario: cambia el criterio. ¡Está bien!, es otro Gobierno, pero el actual Ministro de Economía y Finanzas, economista Lorenzo, en ese momento estaba sentado al lado del contador Astori. Si la concentración de la tierra ha dejado de ser un problema en la consideración de este proyecto -en términos comparativos con seguridad no lo sea- la economía uruguaya, relativamente pequeña, por donde observemos está bastante nutrida de oligopolios. Por todos lados hay oligopolios en la economía uruguaya. Ni este Gobierno ni los anteriores parecen haber puesto mucho énfasis en combatirlo, por lo que el factor concentración en el caso agropecuario tiene sus características positivas, como vimos recientemente, sobre todo en la creación de escalas más eficientes. También tiene los elementos negativos que son, en el caso uruguayo, más virtuales que reales. Además, esta concentración es el resultado de un tejido

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social y económico muy débil, que no estuvo en condiciones de oponer resistencias al crecimiento de esta escala. Los resultados medidos en términos de productividad -más trabajo, mejores remuneraciones, más Pymes, mayor bienestar- están todos a la vista y contradicen los elementos negativos de la concentración. Y por supuesto que en todos estos elementos de mejora están las leyes laborales que el Gobierno aprobó en este período, y no sé si en el anterior, lo que reconocemos. Es un hecho que la infraestructura vial departamental está muy deteriorada, digamos que afectada fuertemente por este crecimiento de la producción agropecuaria y por los factores laterales coadyuvantes como la ausencia del ferrocarril, por ejemplo. La solución que se propone no resulta el instrumento apropiado para enfrentar estos desafíos. Como hemos dicho en muchas oportunidades en las que este tema se ha planteado… (Murmullos) SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Discúlpeme, señor Diputado. Hay un murmullo bastante intenso en la Sala. Solicito a los señores legisladores que permitan al orador expresarse. Puede continuar el señor Diputado Sauval. SEÑOR SAUVAL.- Gracias, señora Presidenta. Como hemos dicho en otras oportunidades en las que este tema se ha planteado, el Partido Independiente está a favor de implantar una tasa que esté en razonable equivalencia con la afectación y desgaste de las vías departamentales. Los impactos de los camiones sobre los caminos no son iguales. Se trata de camiones cargados con ganado, con madera o con soja. Se podría establecer una tasa que tuviese en cuenta el peso de los camiones y sus impactos. Este recorrido tributario hay que hacerlo, de todas maneras. Hay gobiernos departamentales que están cobrando tasas abusivas que es necesario eliminar por inconstitucionales. Sería, por tanto, una oportunidad para ordenar estas tasas en todo el país, tasas que obviamente no pagarían los transportistas sino los usuarios del transporte, los clientes. Para nosotros sería lo justo, razonable y equitativo. También nos parece obvio que cuando se usa un camino departamental es porque ya se ha invertido una suma importante por cada hectárea de cultivo,

por cada hectárea forestada, y se han pago salarios, impuestos nacionales y departamentales, impuestos directos sobre combustibles, BPS, patentes, e infinidad de otros ingresos derivados de la mayor presencia de actividad social y económica en el campo. Son los ingresos de la logística. Por lo tanto, nos parece insostenible argumentar que no hay plata para los caminos vecinales, o que solo la hay para echar una capita de tierra que desaparece con las primeras lluvias. Seguramente lo que ocurre es que el dinero recaudado se usa para otros fines, relegando a segundos y terceros planes la defensa del país productivo en los hechos y en las políticas concretas. La verdad es que se ha recaudado mucho dinero. La reforma tributaria estimaba una menor presión fiscal, del orden de veinte millones de dólares, tal como surge de la versión taquigráfica. La verdad es que no fue así, en parte porque la rebaja de dos puntos del IVA, que estaba en el texto, nunca se produjo, como todos sabemos. No se cumplió ni hubo tal rebaja en la presión tributaria. Al contrario: si miramos la recaudación de la DGI -que no es la presión tributaria, sino la recaudación de la DGIadvertiremos que desde la reforma tributaria para ahora ha aumentado en pesos constantes -hicimos el cálculo de 2007- en casi un 40 %. Reitero que es en pesos constantes. O sea que plata hubo y plata hay. Lo que sucede es que no se adjudica bien el gasto o se dicen discursos relacionados al fomento de la inversión productiva y a determinadas políticas fiscales, pero luego se hace lo contrario: en vez de invertir lo necesario en infraestructura, la plata se va para otros programas no prioritarios. Es una constatación. Ante la evidente subvención que reciben las empresas transportistas, al no pagar ni por asomo el costo de reparación de los caminos que desgastan, ahora se necesita sacar de donde sea. Continuaba diciendo el señor Ministro en aquella interpelación: “[…] vamos a seguir eliminando impuestos y reduciendo impuestos que nos parecen inconvenientes para el país”. Concretamente relacionado con el Impuesto al Patrimonio manifestaba algo que compartíamos totalmente: “[…] se mantiene el régimen para empresas y se reduce gradualmente para personas; el objetivo” -en realidad de toda la reforma- “es medir la capacidad contributiva a través de la renta y no a través del patri-

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monio”. O sea que son muchos cambios de criterio en poco tiempo. Cambios en la dirección opuesta a una gestión seria de los instrumentos, confiable, con reglas claras para los inversores que, en definitiva, son los que generan el trabajo y el crecimiento de la gente. En resumen, entendemos que este impuesto quita incentivos a la inversión. Es un impuesto que ya fue enjuiciado en la reforma tributaria del 2007. Y si bien la situación ha cambiado -que es lo que se va a manifestar-, lo ha hecho para mejor, y ¡cómo! Hasta se había anunciado su muerte. Es un impuesto que no depende de las ganancias y que va a golpear en años buenos y malos, en una actividad con rentabilidad histórica baja, más allá de la valorización de los activos. Los impuestos no se pagan con la valorización de los activos, sino con la renta. Sus fines no parecen corresponder con la envergadura del problema que se pretende instalar, como ya se ha dicho, resultando una pequeña ayuda que no cambia positivamente la realidad que se pretende. En conclusión este proyecto resulta claramente inconveniente para el país. Por lo tanto, el Partido Independiente no lo va a acompañar. SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SAUVAL.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: el señor Diputado preopinante hizo referencia a la situación en la que nos encontrábamos en 2006, cuando estudiábamos la implementación del nuevo sistema tributario. Es cierto que en aquel momento no estaba previsto reimplantar el Impuesto al Patrimonio sobre el sector agropecuario. También es cierto que en ese momento tampoco se podía esperar la enorme valorización que ha tenido el sector agropecuario; valorización de la tierra, valorización de la producción, valorización de los arrendamientos. En los últimos años los arrendamientos multiplicaron su valor por cinco y el valor de la tierra se multiplicó por nueve. Cuando se hablaba de los objetivos del sistema tributario, entre ellos la equidad, la eficiencia y el estímulo a la inversión, se hacía referencia a la equidad horizontal y vertical. En este caso, entendemos que la

reimplantación del Impuesto al Patrimonio para el agro es un problema de equidad horizontal. Hay otros sectores empresariales que pagan la alícuota del 1,5 % sobre su patrimonio. En oportunidad de discutirse el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, en nombre de nuestro sector, que acompañó el impuesto, dejamos la constancia de que hubiéramos preferido otra formulación. En la formulación que hubiéramos querido estaba la reimplantación del Impuesto al Patrimonio combinado con otra serie de medidas, como la modificación del Imeba. O sea que no es nuevo apoyar la reimplantación del Impuesto al Patrimonio para los grandes productores del sector rural. Cuando hablamos de productores nos referimos a los poseedores de tierra o a los grandes arrendatarios que explotan esas tierras. Se daban algunas cifras de lo que se recauda, pero hay que decir que es el resultado de que el país vive un período excepcional de crecimiento de su Producto Bruto Interno, de su actividad. En los cincuenta años anteriores a 2005 vivimos un estancamiento. En los últimos ocho años hemos pasado de un crecimiento de poco más de un 1 % promedio anual, a un promedio del 6 %. Ahora decimos que hay un enlentecimiento del crecimiento de la economía -como lo demuestran no solo las cifras oficiales sino también los organismos internacionales- porque estamos creciendo un 4%. Sin embargo, otros hablan de un enfriamiento de la economía. Esa recaudación de la que se habló estaba basada en que el nivel de actividad del país creció más de lo esperable. También se hizo referencia a lo que le ha tocado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este Presupuesto. Son cifras reales, de aproximadamente US$ 200:000.000 anuales; US$ 100:000.000 corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad, US$ 25:000.000 a caminería rural y forestal, y US$ 105:000.000 a la Corporación Vial. Con ellos se han reconstruido totalmente 224 kilómetros de carretera, han tenido un mantenimiento mayor 2.900 kilómetros de rutas primarias y secundarias, y se han construido 17 puentes. Puede parecer poca cosa, pero hemos aprendido que con voluntad política se puede utilizar lo que se tiene disponible.

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Gracias señor Diputado, gracias señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede continuar el señor Diputado Sauval. SEÑOR SAUVAL.- He finalizado, señora Presidenta. SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MUJICA.- Señora Presidenta: mi aclaración refiere a los contenidos de los informes en minoría. Ya habíamos anticipado estos contenidos; decíamos que contra este impuesto se esgrimen argumentos de todo tipo y color. Lo más curioso es que se esgrimen argumentos contradictorios entre sí: se dice que el impuesto no sirve para nada, porque lo que recauda es ínfimo, pero va a producir reacciones catastróficas en el agro. No se entiende cómo un impuesto que no recauda nada puede producir consecuencias brutales. Entonces, o recauda algo importante o ¿de qué estamos hablando? Se dice que el Impuesto al Patrimonio al agro es contradictorio con la reforma tributaria, según lo que manifestara en aquel momento el Ministro, compañero Astori. Toda la reforma tributaria se discutió, particularmente, en torno a actividades no agropecuarias, por la simple razón de que en aquel momento la agropecuaria todavía se estaba recuperando de la mayor crisis de la que teníamos recuerdo. Cuando estábamos discutiendo la reforma tributaria estaba el problema del endeudamiento con el Banco de la República. No se habló en gran medida del sector agropecuario; se mantuvieron las exoneraciones que existían. El Impuesto al Patrimonio del que habló fundamentalmente el compañero Astori refería a las personas físicas. La imposición al patrimonio de las empresas agropecuarias tiene que ver con la característica peculiar de la empresa agropecuaria, que es distinta a cualquier otro tipo de actividad económica, porque utiliza un factor de producción que es inextensible. Por lo tanto, cuando se concentra su uso, su tenencia, sea por vía de la propiedad o de la explotación, excluye el acceso de otros jugadores. De manera que perfectamente, y con toda coherencia, un medio de pro-

ducción que es peculiar por su propia naturaleza puede tener una tributación peculiar. Por otra parte, también se nos pregunta por qué la afectación cesa. El otro impuesto estaba afectado de por vida; este impuesto está afectado en cuatro etapas, la última de las cuales va a Rentas Generales. El Ministro de Economía y Finanzas fue muy claro cuando compareció ante la Comisión en cuanto a que no hay elementos para calcular con exactitud la recaudación. ¿Cómo vamos a afectar un monto que no sabemos cuál es? ¿Cómo lo vamos a afectar a caminería rural de por vida, si no sabemos exactamente cuál es el monto de lo recaudado? El miembro informante -que es un profesionalacaba de decir que, según sus cálculos, va a recaudar mucho más de lo que el Ministro estimaba. Entonces, ¿da igual afectarlo a caminería rural profunda si el impuesto recauda cincuenta, setenta o ciento veinte millones? En la misma lógica que el Ministro dijo que desde el punto de vista de la administración tributaria la afectación es una complejidad que él, como administrador de los tributos, no desea, no nos parece razonable afectar un monto que todavía no sabemos cuál va a ser. Y tampoco nos parece responsable para con el próximo Gobierno que, con las cartas a la vista, tendrá que elaborar un nuevo Presupuesto quinquenal y que seguramente no se va a desentender de los acuerdos con el Congreso de Intendentes ni de la afectación que hasta el momento tenga la caminería rural profunda. No es responsable ni razonable que lo hagamos nosotros de antemano. Se está acabando mi tiempo. Se han mencionado otros aspectos sobre los que abundaré en otras intervenciones. Simplemente, quiero terminar haciendo referencia a algo que se señaló al comienzo: la intención política de este impuesto; esto estuvo de manifiesto en muchas intervenciones, inclusive, periodísticas. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Y yo digo: si la intención del impuesto es política, la intención de oponerse a él, ¿qué es? ¿No es política, también? Se nos dice que el impuesto tiene elementos ideológicos. Y estar en contra de este impuesto, ¿no los tiene? También vamos a discutir eso. Gracias, señora Presidenta.

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29.- Levantamiento de la sesión.
SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ARREGUI.- Señora Presidenta: ante el clamor popular, solicitamos que se levante la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a votar. (Se vota) ——Treinta y siete en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 19 y 50)

Sr. GERMÁN CARDOSO PRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora Arq. Julio Míguez

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Director del Cuerpo de Taquígrafos

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