Número 3897

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NÚMERO 3897

MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
58ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GERMÁN CARDOSO (Presidente) Y DANIELA PAYSSÉ (1era. Vicepresidenta)

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTIN FERÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA CUARTO PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Miércoles 6 de noviembre de 2013

Texto de la citación

Montevideo, 5 de noviembre de 2013. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 6, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA 1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- Señor Enrique Rodríguez Fabregat. (Homenaje). (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de treinta minutos). 3º.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo). (Carp. 1996/012). (Informado). Rep. 1044 y Anexo I 4º.- Carlos Gaspar Lupano. (Designación a la Plaza de Deportes de Tomás Gomensoro, departaRep. 747 y Anexo I mento de Artigas). (Carp. 1273/011). (Informado). 5º.- Ciudad de Tranqueras. (Se declara feriado no laborable el día 22 de julio de 2014, con motivo de celebrarse el centenario de su designación como pueblo). (Carp. 2450/013). (Informado). Rep. 1200 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO Secretario

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Prosecretario

Miércoles 6 de noviembre de 2013

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2 y 15.- Asuntos entrados ……………………………………………………………………………………………………………… 4, 29 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 5 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 11, 12 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 12 MEDIA HORA PREVIA 7.- Carencia de agua potable en el barrio Venancio Repetto, localidad de Canelón Chico, departamento de Canelones. — Exposición de la señora Representante Matiauda …………………………………………………………………….. 16 8.- Requerimiento de que se adopten medidas para prevenir violencia en el deporte. — Exposición del señor Representante Amy………………………………………………………………………………… 16 9.- Necesidad de continuar avanzando en materia de seguridad vial. — Exposición del señor Representante Yanes……………………………………………………………………………… 17 10.- Obras realizadas en el departamento de Artigas, en coordinación entre Ministerios y la Intendencia. — Exposición del señor Representante Dávila ……………………………………………………………………………… 19 11.- Repaso de los nueve años del Gobierno del Frente Amplio. — Exposición del señor Representante Asti …………………………………………………………………………………. 20 12.- Proyecto de país de crecimiento y reparto aplicado por el Gobierno del Frente Amplio desde 2004. — Exposición del señor Representante Groba ……………………………………………………………………………… 21 CUESTIONES DE ORDEN 13.- Aplazamiento …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 16, 18, 24, 26.- Integración de la Cámara ………………………………………………………………………….. 30, 61, 88, 105 22.- Intermedio …………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 16, 18, 24, 26.- Licencias………………………………………………………………………………………………….. 30, 61, 88, 105 20.- Prórroga del término de la sesión ………………………………………………………………………………………………. 71 ORDEN DEL DÍA 14.- Señor Enrique Rodríguez Fabregat. (Homenaje). (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de treinta minutos). — Manifestaciones de varios señores Representantes………………………………………………………………….. 22 17, 19, 21, 23, 25, 27.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo). Antecedentes: Rep. N° 1044, de noviembre de 2012, y Anexo I, de octubre de 2013. Carp. N° 1996 de 2012. Comisión de Legislación del Trabajo. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………….. 35, 68, 71, 75, 89, 106 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………… 111

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Andrés Abt, Verónica Alonso, Nelson Alpuy, Fernando Amado, José Amy, Óscar Andrade, Roberto Araújo, Roque Arregui, Saúl Aristimuño, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi Zunini, Gustavo Borsari Brenna, Heber Bousses, Solana Cabrera, Daniel Caggiani, Rodolfo Caram (3), Walter Campanella, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Pablo Centurión, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa, Luis Da Roza, Hugo Dávila, Álvaro Delgado, Pablo Díaz, Martín Elgue, Gustavo Espinosa, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García (6), Mario García, Juan Manuel Garino Gruss (4), Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Juan C. Hornes, Luis Lacalle Pou (5), María Elena Laurnaga, Sandra Lazo, Orlando Lereté, Andrés Lima, Arturo López, José Carlos Mahía (1), Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda, Felipe Michelini, Orquídea Minetti, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Luis Núñez, Milo Ojeda, Raúl Olivera, Lourdes Ontaneda, Jorge Orrico, Nicolás Ortiz, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo, Nicolás Pereira, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Mario Perrachón, Ricardo Planchón, Enrique Prieto, Luis Puig, Daniel Radío, Roque Ramos, Carlos Rodríguez Gálvez, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Richard Sander, Berta Sanseverino, Philippe Sauval, Olga Silva, Rubenson Silva, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian y Horacio Yanes (2). Con licencia: Gerardo Amarilla, José Andrés Arocena, Graciela Cáceres, Fitzgerald Cantero Piali, Felipe Carballo, Walter De León, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Alma Mallo, Amin Niffouri, Guzmán Pedreira, Aníbal Pereyra, Pablo Pérez González, Ana Lía Piñeyrúa, Iván Posada, Jorge Pozzi, Nelson Rodríguez Servetto, Alejandro Sánchez, Pedro Saravia Fratti, Víctor Semproni, Mario Silvera y Jaime Mario Trobo. Faltan sin aviso: Sebastián Da Silva y Marcelo Díaz. Observaciones: (1) A la hora 17:56 comenzó licencia, y a la hora 17:57 en virtud de permanecer en Sala la deja sin efecto.

(2) A la hora 17:56 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Luis Da Roza. (3) A la hora 19:38 comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Marcelo Díaz. (4) A la hora 19:38 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Milo Ojeda. (5) A la hora 19:38 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Orlando Lereté. (6) A la hora 19:38 comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Sebastián Da Silva.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 263 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 24 de octubre de 2013, promulgó la Ley Nº 19.150, por la que se designa “Profesor Ulises Anzuela Turienzo” la plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia. C/1257/011 Archívese COMUNICACIONES GENERALES La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes del señor Representante Nicolás Pereira, sobre el número de infracciones cometidas por adolescentes sometidas a instancia judicial durante el período 1º de agosto de 2011 al 31 de julio de 2013. C/2489/013 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, sobre la publicación de la revista “Reporte de Sustentabilidad 2012”. C/2518/013 PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Miguel Otegui solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado; y de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, sobre la falta de personal médico y de enfermería en el pabellón de psiquiatría del Hospital Escuela del Litoral “Galán y Rocha” de Paysandú. C/2615/013 Se cursa con fecha de hoy

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PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas relativas al derecho comercial marítimo. C/2616/013 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración”.

1.4.- No será necesario dar aviso de la pérdida o daño, respecto de los cuales se haya realizado un examen mediante inspección conjunta de las partes. 1.5.- Los operadores de transporte, armadores, propietarios de buque, consignatarios de la mercadería, aseguradores, Clubes de Protección e Indemnización, freight forwarders, agentes de carga y cualquier interesado, podrán requerir una inspección de la mercadería citando a los demás interesados a efectos de determinar la existencia y estado de la mercadería. 1.6- La fecha y hora de la revisación deberá notificarse a los interesados con una antelación razonable para permitir su concurrencia a la misma y salvaguardar la eficacia de la inspección. De lo comprobado en la revisación se levantará acta en la que cada uno de los participantes tendrá derecho a dejar estampadas sus discrepancias si las hubiere. 1.7- El que recibiere una citación para realizar una inspección conjunta y considere que existen otros interesados a quienes pueda afectar la medida o que otra persona o empresa, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en el caso, deberá darle aviso en forma circunstanciada de la fecha y hora de la inspección, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondan por su omisión. Artículo 2º. Peritos navales, comisarios de averías, surveyors e inspectores.2.1.- Sin perjuicio de la actuación de peritos judiciales, las partes en un juicio podrán agregar a la causa peritajes privados. También las partes podrán agregar opiniones de expertos, de reconocida idoneidad, sobre aspectos técnicos de su especialidad. El perito de parte o los expertos, en su caso, podrán ser citados a declarar en el juicio de oficio, o a petición de cualquiera de las partes, para requerirle aclaraciones o ampliaciones sobre el informe producido. 2.2.- La opinión de los peritos privados o expertos será evaluada por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 2.3.- Podrá ser admitido el peritaje privado producido por un perito que actúe en el extranjero. En caso que las actuaciones de dicho perito extranjero se hayan cumplido en jurisdicción nacional, se admitirá la presentación del peritaje, siempre que haya actuado asistido por un perito inscrip-

3.- Proyectos presentados.
“DERECHO COMERCIAL MARÍTIMO. (Normas). PROYECTO DE LEY Artículo 1º. Inspección de la carga.1.1.- El recibo de las mercaderías por parte del consignatario, sin observaciones, hace presumir que el transportador las ha entregado tal como aparecen descriptas en el conocimiento de embarque. 1.2.- No procederá esta presunción en los siguientes casos: A) Si el transportador ha entregado las mercancías en forma directa al consignatario y se trate de faltantes o daños aparentes: cuando éste haya observado los recibos de intercambio y establecido salvedades en los mismos en el momento de recibir la mercadería. B) Si el transportador no ha entregado las mercancías en forma directa al consignatario y se trate de faltantes o daños aparentes: cuando éste haya dado al transportador aviso escrito de la pérdida o daños, especificando la naturaleza de éstos a más tardar el primer día hábil siguiente al de la fecha en que las mercancías hayan sido puestas en su poder. C) En ambos casos: cuando la perdida o el daño de que se trate no fueran aparentes y se haya dado aviso por escrito al transportador de la pérdida o daño, especificando la naturaleza de éstos, a más tardar en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que las mercancías fueron puestas en poder del consignatario. 1.3.- En caso de transportes sucesivos el aviso al último integrante de la cadena, hará caer la presunción contra todos los transportadores u operadores incluidos en la misma.

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to en el Registro Único de Peritos de la Suprema Corte de Justicia y/o en el Registro de Peritos Navales a cargo de la Prefectura Nacional Naval y/o en la Cámara de Surveyors del Uruguay. Artículo 3º. Prescripción.3.1- Los reclamos por incumplimiento del contrato de transporte marítimo, o por daños o faltantes a la carga, prescribirán a los dos años de la fecha en que la carga fue entregada o debió ser entregada si se trata de faltantes. 3.2- La acción de repetición del transportador o del buque contra el cargador, contra operadores subcontratados o contra terceros podrá ser ejercida aún después de vencido este plazo, dentro de los seis meses de haber sido notificada la demanda que motiva el reclamo o de haber efectuado judicial o extrajudicialmente el pago. El cargador, los operadores subcontratados o los terceros referidos podrán ser citados en garantía en el juicio principal. 3.3- Todo otro reclamo de derecho marítimo o derivado de la navegación o servicios auxiliares de la misma, prescribirá también a los dos años a partir de que la obligación sea exigible. En los siguientes casos dicho plazo de prescripción correrá: A) En las acciones emergentes del abordaje, a partir de la fecha del hecho. B) En las acciones derivadas de la asistencia y salvamento, a partir de la fecha en que la operación haya concluido. C) En las acciones derivadas del contrato de remolque, a partir de la fecha en que se realizó o debió realizarse la operación. D) En las acciones derivadas del hallazgo o rescate de restos náufragos, a partir de la fecha en que fueron hallados o rescatados los restos o efectos náufragos. E) En las acciones derivadas de la avería gruesa o común, a partir de la fecha de conclusión de la descarga en el puerto en que terminó la expedición o la aventura que motivó la contribución. Cuando se haya firmado un compromiso de avería, el plazo de prescripción se interrumpirá desde la fecha de la firma, hasta que se notifique la Liquidación de Avería emitida por el Liquidador designado al efecto.

3.4- En las acciones derivadas del contrato de seguro marítimo el plazo de prescripción de dos años correrá a partir de las siguientes fechas: A) La acción para el cobro de la prima, a partir de la fecha de su exigibilidad. B) Las acciones de avería o las derivadas del seguro de casco, a partir de la fecha del accidente o hecho generador de la obligación. Si el buque se hubiera perdido, y no fuera determinable una fecha concreta del siniestro, a partir de la fecha en que el buque debió llegar a puerto. C) las acciones derivadas de la contribución a la avería común, salario de asistencia o de salvamento o responsabilidad por abordaje, a partir de la fecha en que el asegurado haya pagado. D) Si el asegurado hubiera hecho un reclamo concreto al asegurador, el plazo de prescripción se interrumpirá hasta que éste conteste en forma si acepta o rechaza el reclamo. 3.5- La acción de repetición del asegurador contra los responsables del siniestro, cuando es demandado por el asegurado, podrá ser ejercida aún después de vencidos estos plazos, en el término y los plazos establecidos por el inciso 3.2 de este artículo. 3.6- Todas las prescripciones a que refiere el presente artículo son extintivas. Artículo 4º.- Normas sobre fianza y contracautela en las medidas cautelares 4.1) Se considerará fianza suficiente tanto para el embargo o arresto de un buque, como para su levantamiento, la otorgada por una compañía de seguros autorizada a operar en el país o por un Club de Protección e Indemnización (P&I Club) que sea miembro del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización, sin perjuicio de otras garantías que el tribunal estimare suficientes o que sean acordadas por las partes y comunicadas en conjunto al Juzgado competente. 4.2) La fianza otorgada por un Club de Protección e indemnización deberá contener una admisión expresa de la jurisdicción de los tribunales nacionales para la ejecución de la misma y la constitución de domicilio en el país por parte del otorgante.

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4.3) En estos casos, la sentencia que admita la sustitución de la medida cautelar de embargo o arresto, será inapelable. 4.4) La Suprema Corte de Justicia informará periódicamente a los tribunales: a) La lista de Compañía de Seguros autorizadas a operar en el país, elaborada según información que requerirá al Banco Central del Uruguay por intermedio de la Superintendencia respectiva. b) La lista de Clubes de Protección e Indemnización que miembros del Grupo de Clubes de Protección e Indemnización, la cuál se elaborará previa consulta de la Autoridad Marítima y las organizaciones no gubernamentales más representativas en la materia. Artículo 5º. Remate Judicial de Buques.5.1) Cuando se proceda a la venta en remate judicial de un buque de bandera nacional y no fuera posible obtener los títulos de propiedad, la Escribanía de Marina expedirá todos los testimonios o certificados necesarios para sustituir la documentación faltante. 5.2) Para matricular en Uruguay un buque de bandera extranjera que haya sido adquirido en venta judicial en la República, no será necesario presentar el Certificado de Cese de Bandera, ni la titulación anterior. El buque adquirido en remate judicial podrá solicitar la bandera uruguaya cumpliendo con las demás obligaciones legales y reglamentarias vigentes. 5.3) Para matricular en Uruguay un buque de bandera extranjera que haya sido adquirido en venta judicial en país extranjero que no sea el de su matrícula, tampoco será necesario presentar el Certificado de Cese de Bandera, ni la titulación anterior. En este caso se exigirá el documento expedido por la autoridad del país donde se realizó dicha venta, en el cual conste que el traspaso de la propiedad de la nave se ajusta a las leyes y usos vigentes en ese lugar. 5.4) El juez competente en el remate judicial levantará de oficio todos los embargos existentes en el momento de la escritura. Quien adquiere un buque en remate judicial, lo recibe libre de toda deuda, gravamen o embargo, incluso las deudas por derechos de puerto o estadía. Los acreedores por créditos reales, privilegiados o comunes contra el buque deberán perseguir el saldo del remate conforme las normas generales sobre orden de prelación de los embargos y prioridad de los privilegios o derechos reales.

Artículo 6º. Abandono Liberatorio.Sustitúyese el artículo 1050 del Código de Comercio por el siguiente: “ARTÍCULO 1050.1.-La responsabilidad a que se refieren los dos artículos anteriores, podrá limitarse mediante el abandono del valor del buque con más todas sus pertenencias, y más los fletes y pasajes percibidos o que deban percibirse en el viaje a que se refieren los hechos del capitán y los créditos a su favor que hayan nacido durante el mismo”. “ARTÍCULO 1050.2.- El abandono deberá hacerse mediante presentación judicial y en el mismo acto deberá depositarse a la orden del tribunal un valor igual al del buque antes del accidente más los créditos indicados en el inciso anterior”. “ARTÍCULO 1050.3.- Si el propietario o alguno de los partícipes han hecho asegurar su interés en el buque o en el flete, su acción contra el asegurador no se entenderá comprendida en el abandono. Tampoco estarán comprendidos en el abandono los créditos contra terceros por los hechos que generaron el daño o naufragio de la nave”. “ARTÍCULO 1050.4.- Si ya existieran demandas contra el buque, la petición deberá presentarse ante el tribunal en el que haya sido incoada la demanda más antigua. El tribunal competente tendrá fuero de atracción sobre todas las demandas derivadas del viaje y buque respecto al cual se practique el abandono.” “ARTÍCULO 1050.5.- El peticionante acompañar a la solicitud judicial: deberá

A) Una tasación del valor del buque antes del accidente o hecho generador del reclamo, realizada por un perito inscripto en el Registro de Peritos Navales de la Prefectura Nacional Naval. B) Una lista de los deudores por fletes, pasajes, seguros u otros conceptos mencionados en el inciso primero, con sus domicilios, y los contratos de fletamento o seguro en el que se funda la deuda. C) Una lista de los acreedores conocidos o potenciales, incluyendo en la misma todos consignatarios de carga y de sus seguros, si fueran conocidos, con sus domicilios”. “ARTÍCULO 1050.6.- La presente limitación de responsabilidad no se aplicará a los buques comprendidos en la Ley Nº 16.820, de 23 de abril de

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1997, relativa a la ratificación de convenios internacionales sobre indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos”. Artículo 7º. Normas de Derecho Internacional Privado.7.1.- Cuando no exista tratado vinculante que regule la ley aplicable y la jurisdicción competente en materia de derecho marítimo, éstas se determinarán conforme a las normas del Tratado de Derecho de la Navegación Comercial Internacional de Montevideo de 1940. 7.2.- Estas normas regirán el abordaje, la asistencia y salvamento, las averías particulares y gruesas, el contrato de ajuste, el fletamento de buques, el transporte de mercaderías y personas, los seguros marítimos, la hipoteca naval y todo otro tema de derecho marítimo internacional. 7.3.- (Prórroga post-litem) Cualquiera sea la jurisdicción competente de acuerdo a las reglas anteriores, después de ocurrido el hecho litigioso, las partes podrán acordar que el litigio sea sometido a otra jurisdicción, sea en sede judicial o arbitral. Artículo 8º. Derogaciones.Deróganse los artículos 1040, 1041, 1042, 1256 y 1257 del Código de Comercio. Montevideo, 5 de noviembre de 2013 GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, PABLO DÍAZ ANGÜILLA, Representante por Montevideo, SANDRA LAZO, Representante por Rocha, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se presenta fue elaborado por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, con la participación de todos los sectores de la actividad marítima y portuaria y en el entendido de que resulta imprescindible para modernizar algunos aspectos del Código de Comercio, en materia de derecho comercial marítimo. Los señores Representantes Nacionales firmantes, integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, lo presentan a fin de darle

estado parlamentario y sin que ello implique posicionamiento sobre el fondo. Este proyecto de ley, redactado con la colaboración de distinguidos expertos en la materia marítima, tiene por objetivo dar solución a media docena de problemas puntuales, que con las actuales normas se vuelven a veces engorrosos y complicados de resolver. Es de destacar que la redacción propuesta cuenta con el más amplio consenso de los operadores del derecho marítimo. Los problemas que se buscan resolver son: las normas sobre inspección de cargas, actuación de los peritos en materia marítima, prescripción, embargo de buques, abandono liberatorio y normas de derecho internacional privado marítimo. 1. Inspección de la carga. Este es uno de temas que mayores polémicas ha planteado en la doctrina y la jurisprudencia nacional. Los artículos 1256 y 1257 del Código de Comercio establecen la obligatoriedad de una inspección judicial de la carga dentro de las 24 o 48 horas de descargada. Ello es imposible de lograr en la práctica y los tribunales han sostenido su derogación tácita por la legislación posterior. No obstante, el tema provoca constantes litigios y un alargamiento innecesario de los juicios. Si los artículos 1256 y 1257 del Código de Comercio son imposibles de aplicar y están derogados tácitamente conviene hacer expresa esta derogación y establecer en forma clara cuál es el régimen vigente. El proyecto intenta regular dos puntos que parecen esenciales: A) regula el efecto de observaciones en los recibos y régimen de protestas obligatorias en forma de adaptarlo a la reglas de la Convención de Bruselas de 1924 sobre Conocimientos de Embarque que son de uso universal: B) intenta establecer la práctica de la inspección conjunta de las mercaderías observadas que también es de uso universal pero no se realiza en nuestro medio. 2. Peritos navales y comisarios de averías. El proyecto de ley intenta solucionar, en este punto, dificultades procesales provocadas por la posición de algunos jueces que se niegan a aceptar la actuación de peritos privados en materia marítima.

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La necesidad de verificación privada del estado de las cargas y de las eventuales averías o faltantes producidas durante el transporte, ha obligado en la práctica marítima a la existencia de instituciones especializadas e investigadores profesionales que se dedican a la tarea de controlar y comprobar estos extremos. Todo el sistema de transporte de mercaderías está rodeado de la actuación de peritos profesionales y empresas de peritajes. Existen sociedades internacionales de control que actúan en todos los puertos del mundo, controlando el estado, peso y calidad de las cargas. Tanto los aseguradores de carga como los aseguradores de responsabilidad de los buques utilizan estos servicios habitualmente. Además, los propietarios de la carga y los armadores también suelen requerir su dictamen ya que es probable que necesiten de ellos si del siniestro deriva un litigio con su propio asegurador en caso que éste decidiera considerarlo no cubierto por la póliza. Se trata -repetimos- de una institución consagrada por una práctica universal y cuya actividad no puede desconocerse. 3. Prescripción. El plazo para iniciar la acción por daños a la carga en nuestro derecho deriva del artículo 1022 del Código de Comercio que establece una prescripción de un año. No obstante, la doctrina y jurisprudencia han establecido que en nuestro derecho existen prescripciones extintivas y prescripciones presuntivas. La jurisprudencia nacional es terminante al establecer que las prescripciones de los artículos 1022 y 1023 son presuntivas, es decir, se fundan en una presunción de pago y esto provoca que no funcionen en la práctica. El resultado de esta jurisprudencia ha sido que el plazo de prescripción (extintivo) de los reclamos marítimos es el general de los créditos personales (veinte años) lo que resulta a todas luces exagerado. El proyecto establece un plazo general y único de dos años, lo que es considerado razonable por todos los especialistas en el tema. Y se aprovecha la oportunidad para establecer además los plazos de prescripción de otros reclamos de derecho marítimo (acciones por asistencia y salvamento, por abordajes, por remolque, etc.) que no están regulados en nuestro derecho y que se estima conveniente unificar en dos años.

4. Fianza y contracautela en los arrestos de buques. El otorgamiento de garantías para levantar un embargo es un procedimiento costoso en términos de tiempo y dinero, y a su vez el interés del acreedor no es que el buque no se vaya si no obtener algo que efectivamente pueda cobrar. A efectos de evitar los inconvenientes antedichos para ambas partes -acreedor y deudor-, existe un mecanismo de uso frecuente en una gran cantidad de países con tradición y experiencia marítimas, que es la aceptación de las Cartas de Garantía emitidas por los Clubes de P&I, especialmente de aquellos que integran el llamado Grupo Internacional. Las Cartas de Garantía son una herramienta solvente, rápida y eficiente para garantizar cualquier tipo de reclamo. Su solvencia está dada por el respaldo económico-financiero de los Clubes de P&I del Grupo Internacional, que son permanentemente evaluados y certificados por consultoras internacionales de calificación de riesgo. La fianza de los Clubes de P&I pertenecientes al Grupo Internacional ha sido considerada suficiente por la Armada Nacional para garantir las consecuencias de incidentes de contaminación (que pueden ascender a muchos millones de dólares). Y esa posición ha sido recogida en la Ley Nº 19.012, de diciembre de 2012 que acepta la fianza de un “club de protección e indemnización, en tanto éste sea miembro de la Asociación Internacional de Clubes de Protección e Indemnización” (artículo 12). Por lo tanto no existe motivo para no aceptarlos como garantía suficiente para levantar embargos derivados de daños a la carga o incidentes de la navegación que siempre son por montos muy inferiores a los de un caso de contaminación. 5. Remate judicial de buques. El proyecto de ley de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo no contenía normas sobre el tema. No obstante, durante la discusión en Comisión del proyecto de ley sobre embargo de buques, el Director del Registro de Naves de la Prefectura Nacional Naval -escribano Guillermo Bonifacino- planteó la necesidad de regular determinados aspectos del remate judicial de buques y del cese de bandera de los buques rematados. Esta propuesta dio lugar a un intercambio entre la AUDM y la dirección del Registro de Naves, y a que se hiciera llegar a la Comisión un texto de consenso sobre el tema remates judiciales.

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Si bien esta norma no fue incluida porque excedía el tema de los embargos, igual se tomó uno sólo de los incisos del borrador propuesto y se lo incorporó a la nueva ley (el que se refiere al remate judicial de buques de bandera extranjera y la imposibilidad de obtener sus títulos de propiedad). Parece imprescindible aprobar ahora el resto de las normas propuestas por el director del Registro de Naves, escribano. Guillermo Bonifacino, de común acuerdo con la AUDM, en relación a los problemas que plantean los remates judiciales de buques. Repetimos que el texto que se incluyó en la ley de embargos de buques soluciona uno sólo de los problemas existentes (el de la imposibilidad de obtener los títulos de propiedad del buque rematado cuando es de bandera extranjera). Pero otros problemas graves siguen vigentes y en general obstaculizan de tal manera el remate del buque que el mismo puede llegar a permanecer meses o años en el puerto con los consiguientes perjuicios a la ANP, al erario público, a los acreedores defraudados y al interés general. El texto propuesto soluciona tres problemas: a) Permite también el remate de buques de bandera nacional cuando los títulos son imposibles de conseguir. b) Permite la matrícula en Uruguay de los buques adquiridos en remate público sin necesidad de obtener el cese de bandera en el país de origen. c) Soluciona en forma expresa el tema de las deudas y embargos adicionales que existieran sobre el buque rematado, disponiendo que el juez los levantará de oficio y que esos acreedores tendrán derecho a perseguir el saldo en dinero del remate, pero no al buque. Respecto a esto último, la superposición de embargos o la pretensión de perseguir al buque rematado por los acreedores del anterior propietario, hace que los remates fracasen por falta de interesados: Si el buque no se puede comprar en remate libre de deudas, nadie va a querer pagar por el mismo. El texto propuesto dispone que el buque adquirido en remate judicial queda libre de gravámenes y deudas. Los mismos deben perseguir los fondos obtenidos en el remate según su orden de prelación de los embargos y sus privilegios. Esta es la solución general de todo remate público y conviene explicitarla en el caso de los buques para dilucidar dudas sobre el tema que ha hecho imposible el remate de algunos bu-

ques abandonados por sus propietarios en el puerto de Montevideo. 6.- Derogación del abandono liberatorio del buque y sustitución por un régimen de depósito en garantía El artículo 1050 del Código de Comercio prevé el instituto del “abandono liberatorio” por el cual el armador puede limitar su responsabilidad dejando el buque en el estado en que se encuentre a disposición de los acreedores. El origen de este instituto se remonta a la Edad Media y se basa en la idea de que era justo que el armador pudiera separar su “patrimonio de tierra” respecto a los créditos y riesgos que implicaba la aventura marítima y la inversión realizada en el buque y su armado. Esto pudo ser admisible en la época de la navegación a vela y sólo en la medida que se abandonara un buque en condiciones aceptables. Pero el abandono liberatorio, tal cuál está previsto en el Código, implica que el armador puede eludir toda responsabilidad por la vía de abandonar a los acreedores los restos de chatarra sin valor luego de un accidente. Incluso se ha dado el caso del abandono de un buque hundido en el fondo del mar, quedando el armador libre de toda responsabilidad. En el proyecto se prevé la sustitución del régimen obsoleto del Código de Comercio por el llamado “sistema inglés” que rige en casi todo el mundo (incluso fue adoptado por Argentina en su Ley de Navegación de 1973). En el nuevo sistema el propietario del buque puede limitar su responsabilidad a una suma de dinero que debe depositar a la orden de un tribunal que tendrá fuero de atracción en todas las demandas que reciba. La suma de dinero se fija por tasación del valor del buque antes del accidente (y no del buque ya siniestrado y posiblemente hundido). Repetimos que este sistema es de uso universal en la actualidad y se impone su adopción en el derecho marítimo nacional. 7. Normas de Derecho Internacional Privado. No existen normas específicas de derecho internacional privado marítimo en el Apéndice del Código Civil. El reciente proyecto de reforma del Derecho Internacional Privado de fuente nacional, también excluye en forma expresa al transporte marítimo y carece de normas sobre las instituciones especialísimas del derecho marítimo en general. El proyecto resuelve este problema por la vía de remitirse a las normas de DIPR existentes en el Tra-

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tado de Derecho de la Navegación Comercial Internacional de Montevideo de 1940. El mismo se encuentra vigente entre Uruguay, Argentina y Paraguay y da soluciones adecuadas y de pacífica aceptación en la materia (que incluye temas tales como asistencia y salvamento, abordajes, avería gruesa, contrato de ajuste, etc.). Dado que existe un texto de derecho positivo que regula en forma uniforme en la región a todo nuestro transporte por agua en el ámbito fluvial (es aplicable a la navegación internacional en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Río de la Plata), lo más conveniente parece remitirse al mismo para el resto de las relaciones que surgen de la navegación en el ámbito marítimo. 8. Conclusiones. Se trata de un proyecto que soluciona los problemas planteados por la obsolescencia de algunas normas del Código de Comercio y da seguridad a los operadores marítimos. Es un proyecto viable, moderno y que tiene el consenso de los diversos sectores involucrados. Montevideo, 5 de noviembre de 2013 GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, PABLO DÍAZ ANGÜILLA, Representante por Montevideo, SANDRA LAZO, Representante por Rocha, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo”.

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a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social, a todas las Intendencias y Juntas Departamentales; a los Directorios de todos los Partidos Políticos y a las Comisiones de Población y Desarrollo de ambas Cámaras, referente a la necesidad de implementar políticas de prevención, rehabilitación y contención familiar. C/19/010

El señor Representante Rodrigo Goñi Romero solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la presunta creación de un Centro Cardiovascular en el Hospital Militar, y la necesidad de brindar acceso a alta tecnología a la población ubicada en la zona norte del país. C/19/010 El señor Representante Yerú Pardiñas solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Formación en Educación y al Instituto de Formación Docente “Dr. Emilio Oribe” de la ciudad de Melo; a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Cerro Largo; a la Asociación Magisterial de Cerro Largo; a la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con destino a FUTU de Cerro Largo, y a la Junta Departamental de citado departamento, acerca de las actividades culturales y académicas llevadas a cabo por el referido Instituto. C/19/010 a la Presidencia de la República, y por su intermedio al Plan Nacional de Integración Socio Habitacional Juntos; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, con destino a la Oficina Territorial del departamento de Cerro Largo, y a la Junta Departamental del citado departamento, referente a la entrega de viviendas a familias de la ciudad de Melo. C/19/010

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4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Está abierto el acto. (Es la hora 16 y 21) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Ricardo Planchon solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, y a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes, sobre la presunta reapertura de un Hogar para albergar a jóvenes infractores en la ciudad de Colonia Valdense. C/19/010

El señor Representante Enrique Prieto solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Escuelas de Cerro Largo, y por su intermedio a las Escuelas Nos. 26, 97 y 127; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Cerro Largo, y por su intermedio al Municipio de Río Branco, sobre la necesidad de construir garitas frente a las referidas Escuelas. C/19/010”. Se votarán oportunamente.

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5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 5 de noviembre de 2013. Sin aviso: Roberto Araújo y Miguel Otegui. Inasistencias a las Comisiones. Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas. Martes 5 de noviembre CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Sin aviso: José Bayardi”.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante Ricardo Planchon a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia, y a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes, sobre la presunta reapertura de un Hogar para albergar a jóvenes infractores en la ciudad de Colonia Valdense.

padre y madre. En la localidad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, hace muchos años fue creado un hogar para niños pequeños menores de doce años de edad, huérfanos, para brindarles la oportunidad de crecer e insertarse en la sociedad en el futuro. Dicho hogar fue creado con donaciones efectuadas en colectas por los vecinos. El mismo, fue cerrado ya hace un tiempo debido a un incendio intencional en una situación bastante confusa y complicada, que alteró los ánimos de la sociedad de Colonia Valdense. Esa localidad, en la que tenemos nuestras raíces está compuesta y damos fe, por gente de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Ese hogar que fue cedido por la sociedad de Valdense al INAU e insiste en reabrir sus puertas, pero apuntando nuevamente a albergar a jóvenes infractores a la Ley Penal, que tengan entre 12 y 18 años. Eso atenta contra la finalidad de su origen y el espíritu de quienes donaron y forjaron el mismo. El Estado quiere volver a ejecutar una política errónea, equivocada. La sociedad de Colonia Valdense considera que de instalar nuevamente un hogar para jóvenes infractores a la Ley Penal, se perdería la tranquilidad del lugar y se impediría poder conseguir el verdadero fin y objetivo central, que es el ayudar a niños huérfanos a crecer y desarrollarse en una sociedad modelo como la de Colonia Valdense. Por lo expuesto, solicitamos una urgente solución al tema planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHON, Representante por Colonia”. 2) Exposición del señor Representante Ricardo Planchon a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social, a todas las Intendencias y Juntas Departamentales; a los Directorios de todos los Partidos Políticos y a las Comisiones de Población y Desarrollo de ambas Cámaras, referente a la necesidad de implementar políticas de prevención, rehabilitación y contención familiar.

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Representante Nacional, planteamos una problemática de suma importancia para nuestra sociedad. Nuestro planteo es urgente y hace referencia al lamentable hecho ocurrido la semana pasada en la ciudad capital del departamento de Maldonado, donde dos niños de 11 y 14 años de edad terminaron con la vida de otro niño de 11 años. Hecho que lleva a reflexionar a toda la sociedad uruguaya, y cuando decimos, toda la sociedad uruguaya, nos referimos a todos los ciudadanos en sí, al Estado y al Gobierno nacional, a recapacitar si como Estado y como sociedad, tenemos realmente las políticas acertadas o estamos en la dirección correcta hacia políticas de desarrollo social y familia. Hace ya un tiempo, hicimos propuestas y aportes, para que el Ministerio de Desarrollo Social pasara a ser Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ese cambio no solo se refería a un cambio estético en su denominación, sino a un cambio sustancial de políticas sociales y de contención por parte del Estado a la sociedad uruguaya. Algunas reflexiones que se deben hacer en relación a esos temas son, a nuestro criterio, la política errática que hemos tenido en políticas sociales. No contamos con una política de prevención y rehabilitación de adicciones, de contención familiar donde la violencia en nuestra sociedad está instalada y donde todos debemos tener un compromiso mayor desde el Gobierno, la oposición, organizaciones sociales y todos los sectores de una sociedad, la que, indudablemente está enferma y debemos hacer un cambio para que las políticas sociales se conviertan en políticas de Estado que puedan ser mantenidas, dirigidas y trabajadas en un proyecto a 30 años, por encima de los cambios de dirección política de Gobierno. Proponemos un Ministerio de Desarrollo Social y Familia que atienda la emergencia económica cuando la situación así lo amerite pero fundamentalmente la emergencia social del día a día donde hay niños y niñas que ven a su padre golpeando a su madre, a sus padres consumiendo drogas delante de ellos mismos, que sus padres reciben ayuda económica del Estado sin realizar ningún trabajo a cambio, que madres obligan a sus hijas a prostituirse. Indudablemente esto ha fallado, el Estado puede darle dinero a la gente pero eso no mejora ni la calidad de vida ni el crecimiento personal de esas familias. Por lo expuesto, proponemos que el Ministerio de Desarrollo Social tenga una real descentralización con centros de atención a familias en cada uno de los departamentos del interior y se creen programas y planes que realmente cambien la situación actual. Creemos que ese es un tema sustancial, el Gobierno nacional debe convocar a los mejores técnicos, sin importar la afiliación política, para trabajar en proyectos sociales

ue tengan a la familia como centro de lo importante de una sociedad. Asimismo, propusimos que los Directores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay sean elegidos cada 8 años y que no sean representantes de los partidos políticos, hay que despolitizar la gestión social y en especial la vinculada a la minoridad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO PLANCHON, Representante por Colonia”. 3) Exposición del señor Representante Rodrigo Goñi Romero al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la presunta creación de un Centro Cardiovascular en el Hospital Militar, y la necesidad de brindar acceso a alta tecnología a la población ubicada en la zona norte del país.

“Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. El 5 de noviembre de 2013, hemos recibido en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara, al Presidente de la Asociación de Institutos de Medicina Altamente Especializada, doctor Gustavo Varela, para tratar la creación, habilitación y cobertura financiera por el Poder Ejecutivo y la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, de un IMAE Cardiológico en el Hospital Militar. La posición expresada es bien clara y contundente: no es necesario un nuevo Centro Cardiovascular en Uruguay y, además, es inconveniente su creación. Los fundamentos están dados por las mismas razones de siempre, en tanto se sostiene que la cobertura existente nos equipara con los países más desarrollados y que esto, además, permite un número de procedimientos suficiente en cada institución de manera de obtener un buen entrenamiento de los equipos que los llevan adelante. Eso coincide, además, con lo que sostenía hace 10 años, el actual asesor en la materia del Ministro de Defensa Nacional, doctor Mauricio Cassinelli, cuando sostenía que ‘no es deseable que haya muchos centros ni es deseable que haya uno solo. Nuestra población alcanza para que existan, dos o tres instituciones fuertes con alto número de procedimientos, por institución y por cirujano’. Lo cierto es que, más allá del promedio y de los resultados, existe una clara discriminación, que perjudica a quienes viven en lugares alejados de Montevideo, cuanto más lejos, peores resultados, tanto en intervenciones, como en supervivencia, como en calidad de vida. Se discrimina con absoluta injusticia al norte del país. De

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manera que si no es posible, como sostienen los titulares de los IMAE, instalar nuevos centros cardiológicos, entonces se impone una reestructura geográfica que asegure que todos los ciudadanos vivamos en igualdad de condiciones, bajo la premisa de que no puede haber ciudadanos de segunda. Por una vía o por otra, ese Ministerio debe permitir el acceso a la tecnología en tiempo, que es a lo que hoy todo el norte del país no accede. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto”. 4) Exposición del señor Representante Yerú Pardiñas al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Formación en Educación y al Instituto de Formación Docente “Dr. Emilio Oribe” de la ciudad de Melo; a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Cerro Largo; a la Asociación Magisterial de Cerro Largo; a la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con destino a FUTU de Cerro Largo, y a la Junta Departamental de citado departamento, acerca de las actividades culturales y académicas llevadas a cabo por el referido Instituto.

“Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Formación en Educación, y al Instituto de Formación Docente ‘Dr. Emilio Oribe’ de la ciudad de Melo; a la Junta Departamental de Cerro Largo; a la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Cerro Largo; a la Asociación Magisterial de Cerro Largo, y a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay, con destino a la AFUTU Cerro Largo. En el año 1913 se iniciaron las primeras experiencias de formación de recursos humanos para el desempeño de la tarea docente en nuestro departamento. Por esa razón el Instituto de Formación Docente ‘Dr. Emilio Oribe’ de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, realizó durante este año una serie de actividades culturales y académicas para realzar logros, avances, experiencias exitosas y de las otras durante 100 años de actividad formativa y de educación. El Instituto lleva el nombre del poeta y filósofo nacido en la ciudad de Melo, quien fuera Decano en dos períodos de la Facultad de

Humanidades y Ciencias, cuyo sucesor luego del primer período fue nada menos que Carlos Vaz Ferreira y posterior al segundo el profesor Rodolfo Tálice, personalidades referentes para la educación y la academia de nuestro país. El acto final de este proceso de conmemoración se realizó el pasado jueves 17 de octubre, contó con la presentación del libro ‘En medio de la pánica llanura, Emilio Oribe’ por parte de uno de sus autores el profesor Marcos Hernández que destaca la actividad literaria de Oribe; una breve reseña histórica de la formación docente en Cerro Largo por parte del licenciado Tomás Sansón quien con gran claridad e información calificada, detalló la evolución en períodos críticos de ese proceso. Dejo para el final destacar la participación del querido maestro y profesor del Instituto Normal (hoy ya hace unos cuantos años jubilado) Pablo Emir Fratti, quien con su característico humor y capacidad de comunicar pintó con detalles ricas experiencias como las ‘Misiones socio pedagógicas’ y el establecimiento formal del Instituto Normal en la ciudad de Melo. Al final el acto fue aún más armonioso, Fernando Silva (piano eléctrico) y el doctor Gómez Mazzula (violín) brindaron música de calidad para los allí presentes. Nos encontramos hoy a 100 años del inicio de esta experiencia con un Instituto remodelado, con una sede nueva inaugurada hace poco más de un año atrás, con capacidad de albergar estudiantes de profesorado y de magisterio en forma digna, agradable y confortable. Instalaciones con salones y medios audiovisuales modernos, con laboratorios para el desarrollo de las ciencias; pero también con un proyecto académico ambicioso y de corte universitario, pues las tareas de investigación y extensión han comenzado a tener un consecuente desarrollo. Nos alegramos mucho de haber participado de esa conmemoración y felicitamos al profesor Humberto Martínez, Director del Instituto, por la iniciativa de conmemorar ese rico proceso educativo realizado en el departamento de Cerro Largo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. YERÚ PARDIÑAS, Representante por Cerro Largo”. 5) Exposición del señor Representante Yerú Pardiñas a la Presidencia de la República, y por su intermedio al Plan Nacional de Integración Socio Habitacional Juntos; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, con destino a la Oficina Territorial del departamento de Cerro Largo, y a la Junta Departamental del citado departamento, referente a la entrega de viviendas a familias de la ciudad de Melo.

“Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán

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Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y, por su intermedio, al Plan Nacional de Integración Socio Habilitacional Juntos; al Ministerio de Desarrollo Social, con destino a la Oficina Territorial del departamento de Cerro Largo; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Junta Departamental de Cerro Largo. Cerro Largo se ha incorporado al Plan Juntos. Esa iniciativa que propusiera y propiciara con decisión política firme el señor Presidente de la República, que se inició básicamente en la capital del país, poco a poco fue avanzando en el interior. Vimos y visitamos experiencias y realizaciones en la ciudad capital del departamento de Artigas, también en el departamento de Salto y ahora pudimos participar de la entrega de soluciones habitacionales en nuestra ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. El Plan Juntos en nuestro departamento funciona en coordinación con la Mesa Interinstitucional de Cerro Largo que lidera la Dirección Territorial del Ministerio de Desarrollo Social. En un proceso participativo, profesional, de relevamiento de necesidades socio-habitacionales se identificó a cinco familias de una populosa zona barrial; esas familias que viven con limitaciones pero con gran espíritu de superación de las condiciones de hábitat asumieron con responsabilidad y compromiso su participación en el programa. La tarea contó con la integración de varios voluntarios del Plan, animadores y promotores sociales que forjaron el espíritu solidario en las soluciones de vivienda para esas cinco familias carenciadas. Así se realizó la dirección de obras, el Plan Juntos aportó los materiales, los vecinos y los beneficiarios trabajaron duramente y el pasado 18 de octubre recibieron las obras finalizadas. Un acto sencillo, muy cálido, emotivo, realizado en la sede de la Obra Socio-educativa Salesiana Picapiedras fue el marco para celebrar esa entrega de viviendas. Tuvo una importante cobertura de prensa local, la alegría de los vecinos y vecinas era desbordante, lamentablemente no estaba presente el Gobierno local, las autoridades de la Intendencia que estuvieron tan ausentes de las obras, también lo estuvieron en el acto de inauguración. Allí se anunció que el Plan continuará trabajando en el departamento, ya se están relevando situaciones a atender en la ciudad de Río Branco y en villa Isidoro Noblía, ambas localidades fronterizas con la República Federativa del Brasil. El Plan Juntos no es sólo atención a la vivienda, la mejora del hábitat incluye numerosos aspectos de trabajo social y promoción socio-educativa para la convivencia que segura-

mente tendrá enormes beneficios para las poblaciones donde se interviene. No es una solución mágica, ni universal, pero es sí un emprendimiento solidario y de construcción de ciudadanía que debemos considerar. Felicitamos a los responsables de la tarea, a quienes se han visto beneficiados por participar en el programa y auguramos futuros éxitos en nuevos emprendimientos que seguramente atenderán la demanda que existe en el departamento de Cerro Largo y en otros territorios. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. YERÚ PARDIÑAS, Representante por Cerro Largo”. 6) Exposición del señor Representante Enrique Prieto a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Escuelas de Cerro Largo, y por su intermedio a las Escuelas Nos. 26, 97 y 127; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Cerro Largo, y por su intermedio al Municipio de Río Branco, sobre la necesidad de construir garitas frente a las referidas Escuelas.

“Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Cerro Largo y a las Escuelas Rurales Nº 26 de Cañada de los Santos, Nº 97 de Laguna Merín y Nº 127 Arrozal Rosales; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Cerro Largo y, por su intermedio, al Municipio de Río Branco, y a la Junta Departamental de Cerro Largo. Recientemente nos hemos contactado con padres, docentes y vecinos de la 3a. Sección del departamento de Cerro Largo (Río Branco) y entre otros temas, ha surgido claramente la necesidad de la construcción de garitas o resguardos frente a tres escuelas, fundamentalmente para niños y vecinos de varios parajes. Entre ellos mencionamos a la Escuela Rural Nº 26 de Cañada de Santos, ubicada en el kilómetro 392 de la Ruta Nacional Nº 18 Ricardo Ferrés; a la Escuela Rural Nº 97, situada sobre dicha ruta nacional, a un kilómetro del balneario Lago Merín y a la Escuela Rural Nº 127 de Arrozal Rosales ubicada en el kilómetro 71,5 de la

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Ruta Nacional Nº 26 Brigadier General Leandro Gómez. Frente a esas escuelas no existe ningún tipo de resguardo, por lo que los niños (que incluso en algunos casos a diario recorren para poder estudiar distancias que superan los 40 kilómetros) deben sufrir muchas veces los duros extremos del clima, lo que les genera importantes trastornos, a ellos y a miembros de sus familias, docentes y vecinos en general. Parte de la solución para la mayoría de estos niños (que mayoritariamente llegan y se van en ómnibus) pasa por la construcción de garitas que permitan el resguardo correspondiente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENRIQUE PRIETO, Representante por Cerro Largo”.

Los vecinos han realizado distintas gestiones en OSE a fin de que se realice dicha conexión. Lamentablemente, el presupuesto que les pasó OSE es de $ 110.000 más la tasa de conexión para cada servicio. Para algunos, este monto no representa mucho, pero para estos vecinos es demasiado oneroso, imposible de alcanzar, dado que quienes habitan en esta zona son personas humildes, de trabajo, con recursos sumamente limitados. No podemos dejar de pensar que estamos a un mes del verano; todos sabemos que el agua es un bien esencial en la vida de cualquier ser humano. Los vecinos piden una reconsideración del presupuesto de OSE y se comprometen a abonar la tasa de conexión, como todos los ciudadanos. Dado que la obra a realizar es de muy pequeña magnitud, consideran que por solo 200 metros de caño, se podría encontrar alguna solución y bajar ese costo, que para ellos es sumamente elevado. Estos vecinos manifiestan -me lo imagino- que su situación es acuciante. Teniendo en cuenta que el agua es indispensable, pensamos que se debería recurrir a la sensibilidad de las autoridades de OSE y en forma urgente encontrar una solución al problema planteado. La oficina de OSE que atiende esta población es la de Las Piedras. No puedo ser insensible, y más que preocuparme por este tema, me ocupo. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a las autoridades de OSE en lo nacional y en la ciudad de Las Piedras. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

MEDIA HORA PREVIA 7.- Carencia de agua potable en el barrio Venancio Repetto, localidad de Canelón Chico, departamento de Canelones.
——Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra la señora Diputada Matiauda. SEÑORA MATIAUDA.- Señor Presidente: en el día de hoy voy a hacer referencia a un problema que aqueja a vecinos del barrio Venancio Repetto, ubicado en la Ruta Nacional Nº 32, kilómetro 35,5 de Canelón Chico. Estos vecinos tienen el enorme problema de no contar con agua potable. Preocupados, solicitan que se tenga a bien encontrar una solución al problema que les aqueja. Por la Ruta Nacional Nº 32 pasa una línea de OSE, que se construyó para alimentar una villa, llamada Antonio Porcal, que está ubicada en los kilómetros 36 y 37 de dicha Ruta. Allí se hicieron dos perforaciones de pozos de agua semisurgente, pero resultó que el agua no era potable. Estos vecinos manifiestan que dicho problema se solucionaría con un troncal que está a 200 metros de una calle vecinal de Venancio Repetto, que es donde residen estas diez familias que no cuentan con agua potable. ¡Estamos hablando de agua potable! Uno puede imaginarse lo que significa no contar con este vital elemento, y esto sucede a tan solo 35 kilómetros de la capital del país.

8.- Requerimiento de que se adopten medidas para prevenir violencia en el deporte.
Tiene la palabra el señor Diputado Amy. SEÑOR AMY.- Señor Presidente: en las últimas horas nuestro departamento se ha visto nuevamente afectado por incidentes de violencia en el deporte. En esta oportunidad sucedió en el fútbol, pero también otras disciplinas deportivas se vieron implicadas en incidentes de este tipo. En general fueron protagonizados por personas que evidentemente no van a ver un es-

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pectáculo deportivo, sino que pretenden ser los protagonistas, y no los deportistas, a través de la violencia. En las últimas horas hubo un procesamiento por incidentes ocurridos en los encuentros de fútbol del fin de semana. Lo mismo sucedió en el fútbol sala y en el básquetbol. Somos de los que creemos que el deporte no solamente es salud, sino también educación, cultura, integración, socialización y recreación. Quienes así lo entendemos -por suerte, en Uruguay, la mayoríaqueremos dar batalla para que los espectáculos y la actividad deportiva no pierdan atractivo. En ese sentido, y por creer que el ámbito del dopaje y su entorno tienen un aliciente importante en la violencia, en 2010 presentamos un proyecto con el objetivo de adecuar la normativa de Uruguay al código WADA -normas internacionales de antidoping-; entendemos que existen las denominadas “drogas sociales”, cuyo consumo no recibe sanción ni las sanciones guardan relación con el mismo nivel que en otros países. Lejos de ser un comportamiento que se desestimule, en muchos casos se afirma, constituyéndose un hábito, proveyendo de los elementos necesarios; además, este comportamiento se ha vuelto contagioso. Por ello, el 6 de marzo presentamos un proyecto que introduce disposiciones complementarias a la Ley Nº 17.951, a efectos de que tenga un mayor alcance práctico para las situaciones de violencia deportiva que se viven a diario. En ese proyecto introducíamos un mecanismo que, a mi entender, es muy importante: las comisiones honorarias contra la violencia en el deporte, que estarían integradas por delegados de las Direcciones de Deporte de la Comisión Nacional de Educación Física, de la Jefatura de Policía y de cada una de las ligas que participen, ya sea fútbol, básquetbol, ciclismo o cualquier actividad deportiva. El objetivo es encontrar un ámbito que tenga el suficiente respaldo de las hinchadas a la hora de abortar cualquier incidente o que haya un interlocutor válido a esos efectos. El 23 de setiembre de este año presentamos otro proyecto, cuyo objetivo es crear el Sistema Nacional Integrado de Deportes del Uruguay, Sinidu. La idea es promover y gestionar un sistema deportivo nacional, tratando de compatibilizar las distintas acciones que en diferentes áreas del deporte se están llevando a cabo, con una mejor articulación, organización y coordinación.

Somos de los que creemos que el deporte puede hacer mucho en el combate a las drogas y dar a los jóvenes hábitos saludables: valores, ideal de equipo, respeto al entrenador, y sobre todo, sentimiento de pertenencia a una causa común. Pese al esfuerzo que hemos hecho durante esta Legislatura al presentar estos proyectos, ninguno de ellos ha sido tratado aún en la Comisión Especial para el Deporte. Mi objetivo es sensibilizar a los integrantes de esa Comisión. Sabemos que tienen mucha actividad y que hay muchos expedientes, pero a mi entender, algunas cosas se deben priorizar en la medida en que se vayan dando los acontecimientos y las necesidades estén apremiando. Entiendo que es tiempo de parar la violencia en el deporte en el interior, que es mucho más habitual de lo que todos pensamos. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de comunicación de mi departamento, a las Comisiones de Deporte de las Juntas Departamentales del país, al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Deporte y Turismo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Treinta y ocho en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

9.- Necesidad de continuar avanzando en materia de seguridad vial.
——Tiene la palabra el señor Diputado Yanes. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: hace algunos días se celebró la Semana de la Seguridad Vial en nuestro país. Quiero volver a este tema que me interesa desde hace mucho tiempo y que entiendo debemos tener presente continuamente. Cuando el actual Alcalde, Omar Rodríguez, y un amigo, Fernando Justo -que hoy ya no nos acompaña en esta vida- nos plantearon la necesidad de tener una ley de seguridad vial, empezamos a trabajar y contamos inmediatamente con el apoyo del compañero, ex Ministro, Víctor Rossi. Hoy tenemos una Ley de Seguridad Vial que es producto de ese trabajo original de Omar, de Fernando, de la doctora Lencina y de otros compañeros y amigos.

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Durante la Semana de la Seguridad Vial estuvimos recorriendo algunos lugares del país y participando en distintas actividades que se realizaron. Como se dice habitualmente, se nos puso la piel de gallina al escuchar a gente de todos los rincones del país hablando de seguridad vial, planteando problemas y proponiendo soluciones. Una de las pocas cosas que se lleva un político de esta actividad es haber plantado una semilla y ver que de ella crece una planta. Hemos visto a algunas personas hablar en público sobre seguridad vial cuando hace años en esta Cámara de Representantes, y también en reuniones internas, no solo se reían, sino que entendían que eran inviables algunas de las que ya hoy son comunes. Además de este homenaje a la Unasev, a sus fundadores, al ex Ministro Rossi y a estos amigos que han trabajado para llegar a esta realidad, quiero recordar que la Ley de Seguridad Vial tiene muy poquitos años, y ha cambiado muchas cosas, más allá de que algunos exigen a la Unasev y a la seguridad vial cosas que la vida todavía no está pronta para darnos. Hace algunos días, en la red social Facebook apareció una amiga invitando a que se rezara y a que le mandaran buena onda a una persona con nombre femenino; después me enteré de que se trataba de una adolescente. Cuando le pregunté por mensaje interno a quién se refería, me respondió que se trataba de una adolescente de quince años, sobrina de su hermana, que hacía una semana estaba en el CTI. A las 48 horas, veo la foto de otra persona internada en un CTI, toda vendada. Cuando pregunto quién es y qué edad tiene, me responden que es un chico de 13 años, que también estaba en coma desde hacía algunos días en un CTI. Hace poco más de quince días celebramos la Semana de la Seguridad Vial; sin embargo, nos encontramos con imágenes y datos que para algunos pueden ser comunes, pero que a mí me impactaron: 15 y 13 años, familias llorando y sufriendo por la posibilidad de que los jovencitos mueran o sufran secuelas graves. ¡Pensar que hay actores políticos que todavía siguen haciendo demagogia al fomentar el no uso del casco, sugiriendo aflojar las medidas de represión cuando se violan de las normas de tránsito! ¡Este Parlamento no puede admitir que haya quienes se burlen de la Ley de Seguridad Vial, que pongan en tela de juicio el respaldo técnico y científico de las

medidas previstas en esta ley, en las reglamentaciones y en las recomendaciones de la Unasev! Esto es inadmisible; tenemos que hacer causa común detrás de esto. En la puerta del Palacio Legislativo está el Sunca esperando la votación de una ley que muchos de nosotros anhelamos desde hace tiempo y que con mucho gusto vamos a acompañar. Quiero hacer referencia al trabajo del Sunca y de la Unasev, entre otros sectores que han propuesto cambios en nuestra sociedad. Los trabajadores del Sunca, quienes para moverse entre las distintas obras generalmente tienen que hacer muchos kilómetros, han optado por usar moto para trasladarse. Los dirigentes del Sunca y los trabajadores de la construcción se dieron cuenta de que ahí también tenían un tema de defensa de la vida. Por tanto, como cierre del homenaje a los amigos que hicieron posible que hoy haya una ley de seguridad vial, así como avances en esta materia, en homenaje a todos los Directores de Tránsito de las Intendencias del interior y Alcaldes de todo el país que están trabajando en el tema, por las familias que están llorando y sufriendo por sus seres queridos que están internados y también en homenaje a los trabajadores del Sunca, que no solo pelean por el respeto a la vida y por cuidar su vida en un andamio o en su obra sino cuando salen de su casa hacia el trabajo y del trabajo a su casa, hoy queríamos reflexionar y pedir a todos los actores políticos que cuidemos lo que decimos públicamente, que defendamos la ley de seguridad vial y que, de alguna forma, no ablandemos, no disminuyamos las exigencias que hoy existen para sacar la libreta de conducir, así como lo que refiere a los mecanismos de seguridad y otros elementos que protegen la vida. Termino diciendo que en ese mismo Facebook a que hice referencia han circulado fotos de personas que se trasladan en moto con cuatro niños. Yo quiero saber si alguno de nosotros cree que es más importante cuidar el voto de ese señor o de esa señora que lleva a los cuatro niños en esas condiciones, que pararlos, multarlos y quitarles la moto. La verdad es que un papá o una mamá que viaja en una moto con cuatro niños, poquito quiere a sus hijos y poquito, si nos callamos la boca, queremos nosotros a nuestra propia gente.

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Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a la Unasev, al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y a las direcciones de los partidos políticos representados en este Parlamento. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

hecho de que empiezan a recuperar la cultura del trabajo. Frente a este barrio se encuentra otro llamado Las Piedras, también conformado por gente humilde y trabajadora, donde se está llevando a cabo una obra de saneamiento de casi cuatro kilómetros de extensión. Junto a la antigua estación de AFE y en predios cedidos por este organismo se están construyendo, a través del Plan Juntos, 34 viviendas, donde también trabajan los vecinos del barrio El Farolito para tener su nueva casa. De esta forma, están recuperando, reitero, la cultura del trabajo que se había perdido como consecuencia de años de marginación. En una zona de la planta urbana se está ejecutando una obra de acondicionamiento que incluye dotar de saneamiento y cordones cuneta a nueve manzanas ubicadas entre las calles Aparicio Saravia, Montevideo, Lavalleja y Treinta y Tres, llevando soluciones a cerca de doscientas familias. Además, en el barrio Extensión Sur se están construyendo 44 viviendas para familias que no tenían casa, también con la participación del PIAI. En los próximos días, estas familias se incorporarán a trabajar en la finalización de las viviendas. Se está construyendo también una escuela pública reclamada por los habitantes de este barrio desde 1995. En esa fecha, ellos mismos realizaron un censo que determinaba que doscientos niños en edad escolar, recorrían muchas cuadras para asistir a la escuela más próxima. También quisiera hacer mención a la iluminación en los barrios Nuevo Coronado y La Tablada, tan solicitada por los vecinos desde hace muchos años. Hoy este tramo, de más de un kilómetro, se ha concluido. En todo esto hubo trabajos coordinados de organismos nacionales como la Intendencia de Artigas y el Municipio de Bella Unión. Además, se ha contado con la participación de los vecinos, los mismos que por años fueron postergados y marginados. Esto reafirma que nuestra gente está cambiando y que ya no están para la cultura del “que me den” sino que cuando se le brinda oportunidades, asume responsabilidades y va recuperando valores perdidos. Esto es señal de que estamos avanzando, pero aún nos falta mucho para cumplir con nuestras metas. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia y Junta Departa-

10.- Obras realizadas en el departamento de Artigas, en coordinación entre Ministerios y la Intendencia.
Tiene la palabra el señor Diputado Dávila. SEÑOR DÁVILA.- Señor Presidente: en este ámbito nosotros representamos al departamento de Artigas, que encabeza los índices de desocupación y también de necesidades básicas insatisfechas de su gente. Si nos guiamos por las cifras y los datos de que se dispone, nos quedaría la sensación de que el Gobierno nacional y el departamental no han hecho mucho en Artigas en estos últimos años, cosa que no es así. En estos escasos minutos intentaremos resumir el trabajo realizado en coordinación con distintos organismos y Ministerios de nuestro Gobierno nacional, junto con la Intendencia de Artigas y el Municipio de Bella Unión. En esta oportunidad, por razones de tiempo, solo nos referiremos a obras realizadas y en ejecución en Bella Unión. En nuestra ciudad hay un barrio llamado Las Láminas, conformado por familias de escasos recursos, de la época en que empezó la política de destrucción y el desmantelamiento de la industria azucarera y que fuera conocido a nivel nacional como uno de los lugares de mayor pobreza y desnutrición infantil. Recientemente, allí ha concluido una obra de saneamiento que, según algunos, en otros tiempos era imposible de realizar. Con la presencia del PIAI hoy se están construyendo más de ciento ochenta viviendas, en las que los mismos vecinos trabajan para hacer sus futuras casas, donde hombres, mujeres y familias han aprendido a hacer hormigón y levantar paredes, lo que para nosotros es muy importante; me refiero al

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mental de Artigas, al Municipio de Bella Unión y a la prensa departamental. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y cinco en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

ble hasta su fallecimiento, exactamente cuatro meses antes de ese 31 de octubre que hoy recordamos. Se fue antes, sin ver los festejos de esa noche, pero dejando el camino allanado para el primer gobierno de izquierda, reuniéndose pocos días antes con Vázquez y Astori, en lo que fuera su último acto de gran estratega, dejando sentadas las bases de la necesaria articulación entre política y economía. También había dejado en claro, unos meses antes en el Paraninfo de la Universidad, en lo que fue su última aparición pública, el dilema de la posible oposición entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades y cómo, esta última, debe primar en un gobernante. El Frente Amplio llega al gobierno nacional luego de romper definitivamente el bipartidismo histórico en nuestro país, con un permanente crecimiento de apoyo popular elección tras elección. Durante la larga y trágica noche de la dictadura cívico militar, fueron vanos los intentos de destruirlo porque se encontraron con la resistencia popular y con un Seregni, que desde la cárcel, llamaba a votar en blanco en las elecciones internas de los partidos políticos en 1982. Con el Frente Amplio proscripto, se obtuvieron ochenta mil votos que mantuvieron encendida la llama de la esperanza. Recuperada la democracia del sistema político tradicional que tenía el poder en ese momento, trató de impedirse el inevitable triunfo popular. Pero ante aquellos resultados de representaciones parlamentarias crecientes registrados en 1984 y en 1989, y pese a una importante y transitoria decisión, el Frente Amplio ganó el Gobierno Departamental de Montevideo, encabezado por quien después sería el primer Presidente de izquierda del país, el compañero Tabaré Vázquez. Este crecimiento electoral y acumulación de fuerzas progresistas se reiteraría en las elecciones siguientes, en 1994 y en 1999 -ya con la reforma constitucional aprobada en 1996-, cuando pese a ser la minoría mayor, con el 40% de legisladores, el Frente Amplio pierde el balotaje con el candidato de los partidos tradicionales: Jorge Batlle, primera experiencia importante de acuerdo electoral entre estos dos partidos. Sin embargo, esa misma reforma enterró la acumulación por sublemas en Diputados, estableció la candidatura única por partido y separó las elecciones departamentales de las nacionales.

11.- Repaso de los nueve años del Gobierno del Frente Amplio.
Tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: la semana pasada se cumplieron nueve años de la histórica, aunque predecible noche del 31 de octubre de 2004, cuando por primera vez en la historia de nuestro país una fuerza de izquierda llega al Gobierno nacional. El Frente Amplio era una fuerza política con poco más de tres décadas de vida en ese momento, pero que nació como organización política de acción permanente, basada previamente en acuerdos programáticos y políticos antes que plantearse temas electorales. En aquel 1971, tan cercano en términos históricos de vida de un país pero tan lejano en términos de los cambios producidos, se unieron como coalición y movimiento las principales fuerzas progresistas de este país, en una inédita experiencia de unidad en la diversidad, teniendo como antecedente la unidad del movimiento obrero con la fundación de la CNT. Los partidos de la izquierda tradicional, otras experiencias unitarias previas batllistas, nacionalistas, demócratacristianos, grupos anarquistas independientes, concretaron una unidad sin exclusiones que recogía las amplias coincidencias de políticos, obreros y estudiantes que se encontraban en los años previos de lucha contra el autoritarismo y la represión popular que se había encaramado en el Gobierno nacional, por lo menos desde 1967. La sola presentación en salones de esta Casa el 5 de febrero y el impresionante acto de masas el 26 de marzo de 1971 en la explanada de la Intendencia, hicieron ver la fuerza con que nacía nuestro Frente Amplio, encabezado por el inolvidable General Líber Seregni, conductor indiscutido durante veinticinco años de esta fuerza política y luego referente ineludi-

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Con este nuevo escenario de confluencia progresista y los tremendos efectos de la crisis económico financiera y fundamentalmente social, que ya se anunciaba desde comienzos de 1999, se llega al 28 de octubre de 2004 cuando, en un acto de cierre de la campaña electoral cuya envergadura nunca antes había alcanzado ningún partido político, el Frente Amplio reúne quinientas mil almas en la avenida Libertador, presagiando el resultado final de esas elecciones. Es impensable, en estos pocos minutos, hacer un recuento de los cambios y logros producidos -ni la profundización de ellos- en esos primeros cinco años de Gobierno de izquierda. Luego, en 2009 se repitió el triunfo del nuevo Gobierno de todas las fuerzas progresistas definitivamente bajo el lema y organización política del Frente Amplio. Terminamos el breve recuerdo de estos nueve años, en momentos en que se pretende comparar nuestra experiencia de unidad en la diversidad con otras sumatorias electorales, reiterando que ello fue posible porque desde el nacimiento de nuestra fuerza política el objetivo nunca fue meramente electoral, sino que se constituyó y amplió sucesivamente basado en la premisa de la acción política permanente, con una unidad programática, política y organizativa como coalición y movimiento, con autoridades y bases comunes, con valores e ideales de la izquierda en defensa de las grandes mayorías postergadas y de los sectores más vulnerables del país. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Presidencia de la República, a la Mesa Política del Frente Amplio y a la prensa nacional. Gracias. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- ¿Perdón, señor Diputado? SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, en la media hora previa no se pueden atribuir intenciones. El señor Diputado ha realizado apreciaciones sobre el Partido Nacional y el Partido Colorado que no son de recibo en la media hora previa. Por lo tanto, solicito que se suprima la versión taquigráfica de las expresiones del señor Diputado Asti, en virtud de haber violado el Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a revisar la versión taquigráfica. La Mesa no debió haberle cedido el uso de la palabra en la media hora previa; no entendió la inquietud del señor Diputado. Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

12.- Proyecto de país de crecimiento y reparto aplicado por el Gobierno del Frente Amplio desde 2004.
Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: nosotros también vamos a evocar el hecho histórico para nuestra nación acerca de lo ocurrido en octubre de 2004, cuando por primera vez en la historia de nuestro país, la fuerza de izquierda, la fuerza progresista asume el Gobierno. Hace nueve años que esta fuerza política conduce los destinos del país. Es una fuerza política que tomó al país -y no quiero atribuir intenciones políticas a nadie, no quiero molestar a nadie por lo que pasó antes de 2004, pero son datos de la realidad y tengo que mencionarlos-… SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Disculpe señor Diputado. Como algunos Diputados aún siguen haciendo señas de desaprobación, la Mesa quiere aclarar que en la media hora previa no se pueden hacer alusiones personales, pero no estaríamos en esta Sala si no pudiéramos hacer alusiones políticas. Puede continuar el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: quiero saber si puedo seguir con mi exposición o tengo que modificarla; igualmente puedo hacerlo. En todo caso, debería suprimirse la intervención del señor Diputado del Partido Nacional, ya que no debió habérsele cedido la palabra. Pero es mejor que quede registrada la intervención del señor Diputado porque estamos a favor de la democracia y todos tenemos derecho a opinar. Decía que el Gobierno del Frente Amplio recibió al país con una crisis histórica y con un proyecto ante-

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rior de país de crecimiento y acumulación, y no de crecimiento y reparto. Hace nueve años, el Frente Amplio cambió aquel concepto por el de crecimiento y reparto. Recibimos al país -son datos de la realidad y espero no molestar a nadie- casi con un 20% de desocupación. Hoy, después de nueve años, la desocupación se sitúa en el 6,1%. Además, recibimos un Uruguay con una industria fundida, con un cementerio de fábricas. Hoy, la industria crece y también participa de la reconstrucción de Uruguay. Hay inversiones llegadas a nuestro país, producto de la recuperación de la confianza de la plaza financiera que también el Frente Amplio promovió hace nueve años. Señor Presidente: cuando expresamos “crecimiento y reparto”, queremos decir que a los veinte días de haber asumido el Frente Amplio, se promovieron instrumentos de distribución para obtener ese crecimiento. No alcanza con que el país crezca si no hay voluntad política de crear instrumentos de distribución como promovió el Frente Amplio, reitero, veinte días después de haber asumido. Uno de esos instrumentos -el tiempo no da para referirme a todos- es el que se puso a prueba durante estos nueve años; hoy, por ejemplo, un millón seiscientos mil trabajadores de la actividad privada están incluidos en los Consejos de Salarios para mejorar sus condiciones de vida y sus salarios. En este proyecto de país y en esos Consejos de Salarios, por primera vez en la historia del Uruguay se incluyó a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores rurales. ¿Se fundieron por eso las empresas privadas, el comercio, los establecimientos rurales? No. Producto también de las políticas del Frente Amplio todos esos sectores crecieron. El Frente Amplio democratizó la sociedad, permitió que participara, incluyendo a los trabajadores de la actividad privada, a los trabajadores rurales, a las trabajadoras domésticas, en la concentración en los Consejos de Salarios. Para eso también el Frente Amplio logró proponer y promover el fuero sindical. Finalizando, señor Presidente, quiero hacer referencia a la cantidad de proyectos democratizables de participación que hubo en Uruguay y a leyes obreras, como la que seguramente votaremos en el día de hoy, sobre la responsabilidad empresarial, como conclusión

de estos nuevos años del Frente Amplio. Se trata de un proyecto disuasivo para anular la negligencia empresarial vinculada a los accidentes laborales. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Mesa Política del Frente Amplio, al Frente Amplio y al PIT-CNT. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. Ha finalizado la media hora previa.

13.- Aplazamiento.
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las correspondientes listas de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura.

14.- Señor Enrique Rodríguez Fabregat. (Homenaje). (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de treinta minutos).
Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Señor Enrique Rodríguez Fabregat. (Homenaje). (Exposición del señor Representante Felipe Michelini por el término de treinta minutos)”. Tiene la palabra el señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: permítaseme agradecer a la bancada del Frente Amplio por haber habilitado ante este Cuerpo el homenaje a Enrique Rodríguez Fabregat y, naturalmente, también al conjunto de los colegas. Este homenaje se hace a 118 años del nacimiento de Enrique Rodríguez Fabregat y a 37 años de su fallecimiento, cuando tenía 81 años; a 80 años de lo que fue un hecho clave en la historia y en las peripecias de la persona que estamos homenajeando: la dictadura de Terra, con el asesinato de Julio César Grauert y la entrega de Baltasar Brum; a 40 años de

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la dictadura militar, devenida en terrorismo de Estado, del año 1973. Es en ese contexto que quiero mencionar lo multifacético del profesor Enrique Rodríguez Fabregat, la riqueza de la trayectoria de su vida. Si cualquiera de nosotros hubiese logrado en un porcentaje mínimo alguna de las responsabilidades, de los honores, de las tareas asignadas a él por la República, se sentiría honrado y satisfecho. Enrique Rodríguez Fabregat fue maestro y profesor en nuestro país, tanto de Secundaria como de la Escuela Industrial y de la Universidad de la República, pero también con una proyección internacional, en Brasil, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos de América, especialmente, en la Universidad de Columbia. Además, fue periodista de prensa radial y televisiva, y en sus últimos años, en su exilio en Buenos Aires, fue corresponsal de “Prensa Latina”. Fue investigador, escritor y ensayista. Su obra, “El hombre que no quiso ser rey”, fue premiada en nuestro país. Escribió “Pasión y Crónica del Amazonas”, “Abraham Lincoln, el Emancipador”, “El Cantar del Mio Cid”, y una obra de cabecera que marca de alguna manera su vivencia fundamental: “Batlle y Ordóñez, El Reformador”. Fue político; Diputado Departamental o, como se lo denomina ahora, Edil; fue Representante nacional por cuatro Períodos; fue Senador, Ministro, miembro del Consejo Nacional de Gobierno y Embajador de la República Oriental del Uruguay durante prácticamente catorce años ante la Organización de Naciones Unidas, y también ante Austria y México. Como Embajador, tuvo un papel relevante en la creación del Estado de Israel. Tejió, como buen político, como un actor clave en la acción política, lo que fue después la Resolución Nº 181, de Naciones Unidas, del 29 de noviembre de 1947, que permitió la creación del Estado de Israel. Advierta, señor Presidente, que nuestro actual Embajador, el doctor José Luis Cancela, al fundamentar la posición uruguaya sobre el tema Palestina, lo citó textualmente, y sus palabras tienen tanto valor hoy como hace décadas. Decía Rodríguez Fabregat en ese discurso memorable ante la Organización de Naciones Unidas: “Ambos pueblos están maduros para la independencia. No estamos aquí para dar lecciones de organización a dos pueblos en su infancia, dos pueblos

cuyos destinos están comenzando. El esfuerzo judío en Palestina es, en muchos aspectos, ejemplar. Y la habilidad de los árabes de forjar su propio destino a través de su trabajo, su iniciativa y su coraje es demostrado no solo por sus logros personales, sino también por su pasado glorioso. Aquellos de nosotros que estamos votando esta Resolución no estamos votando en contra de ninguno de estos dos pueblos, de ninguno de estos dos sectores de la realidad social en Palestina. Estamos votando a favor de ambos, de su progreso, de su desarrollo cívico, del avance dentro de la comunidad de naciones”. Además, Rodríguez Fabregat fue un impulsor de la justicia social. Hay que releer sus palabras, ya como Diputado, en los momentos previos al golpe de Estado, con relación al trabajo de los migrantes, a dar derechos a estas personas que venían de una situación de tragedia en el continente europeo e intentaban encontrar un espacio en estas tierras para forjar un futuro de paz y prosperidad. Fue un avanzado en la idea de los derechos del niño. En 1927 -¡en 1927, señor Presidente!- escribió la “Tabla de los Derechos del Niño”. Sólo leeré los últimos dos párrafos, que van en la lógica de la protección de la infancia. ¡Qué importante, en estos tiempos en que muchas veces se intenta criminalizar y denostar a la infancia y a la juventud! Esta Tabla fue presentada en junio de 1927, en ocasión de la inauguración del Instituto Interamericano del Niño, una iniciativa continental que auguraba lo que después sería la iniciativa universal del Fondo de Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia. Decía Rodríguez Fabregat en el punto 9: “Derecho a la alegría. Reconocimiento sin retaceos de este derecho, en la vida familiar sin angustia económica, en la escuela activa en el seno de la naturaleza, en la educación sin artificios, en la mesa con pan, en el hogar con lumbre. Derecho al aire y la luz, a la tierra en que se siembra, al fuego que calienta y al agua que purifica. Derecho a ser niño para ser hombre, a formar con cuerpo sano y alma limpia los obreros de la libertad, los arquitectos de la conciencia del mundo”. En el punto 10 finalizaba diciendo: “La suma de estos derechos del niño forma el derecho integral: derecho a la vida. De su reconocimiento y su observancia depende la grandeza de los pueblos. En la salud, la alegría, la formación sin trabas de los niños para la cultura, para el trabajo, para la libertad y la coopera-

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ción reposan los valores del destino del hombre en una etapa nueva de la historia”. Esta trayectoria polifacética de docente, periodista, investigador, escritor, político, diplomático y emprendedor sería suficiente para rendir homenaje a este hombre que falleció en noviembre de 1976, sin honores de ningún tipo, porque la dictadura y el régimen de la época se los negaron. Era un hombre que se merecía los honores, pero los liberticidas no reparaban en absoluto en las contribuciones a la patria. Increíblemente, hasta bien avanzado el período democrático, los servicios de inteligencia seguían reportando y mantenían la carpeta abierta de don Enrique Rodríguez Fabregat. Me permitirá la Cámara dar a esto un toque un poco más amplio y no simplemente hacer un inventario escritural de los aportes de este ciudadano con mayúscula, de este maragato, de este montevideano, de este oriental por definición pero ciudadano del mundo, que fue producto del Batllismo y, paradójicamente, también protagonista de sus lides. Nació en 1895, se educó y creció en ese Uruguay que debatía profundamente las innovaciones de un país que cambiaba, que se enfrentaba a una transformación muy profunda en sus aspectos institucionales, laborales, sociales y del papel del Estado. En esa acción, desempeñó un activismo radical en defensa de sus ideas, junto con el liderazgo de Batlle y Ordoñez y en su especial y particular interpretación junto con Julio César Grauert y el grupo que lideró -tómese nota de su nombre, señor Presidente-: Acción Revolucionaria Batllista de Izquierda. En esa acción de protagonismo lo sorprendió el golpe de Estado de Terra, que instaló la dictadura en el país y que, como bien él expresaba, no era simplemente un problema de libertades y de constituciones, sino que era una acción reaccionaria de intentar retrasar el reloj de la historia en los avances sociales. Ese personaje, con esa brillantez intelectual y esas capacidades, también fue testigo y protagonista de lo que en Uruguay se esbozaba y se miraba, el avance del fascismo en la República española y en Italia, y del nazismo en Europa. Claramente, Rodríguez Fabregat no dudó y supo de qué lado estaban sus solidaridades y qué papel debía cumplir el país en la materia.

Asimismo, desde esa perspectiva de Batllismo radical y de hombre de Estado, colaboró, primero, con Tomás Berreta, y después, con Luis Batlle, en la inserción internacional del país, del Uruguay de puertas abiertas, promoviendo la paz, la resolución pacífica de los conflictos, la plena vigencia de los derechos humanos, con un Estado uruguayo que impulsara la paz como forma de conducción de las grandes y pequeñas potencias. También fue testigo y protagonista de la decadencia política en el país, del conflicto social y de la lucha distributiva. En ese sentido, no dudó dónde estaban sus lealtades y fue fundador del Frente Amplio, en la tradición de Grauert y de Zavala Muñiz, representada en su momento por la doctora Alba Roballo. Allí lo sorprendió la dictadura del año 1973, y otra vez al exilio. Era un hombre mayor, de más de setenta años y ¡vaya si en la década del setenta podía ser considerado un adulto mayor, como se dice ahora! Esta intervención no trata de atribuir responsabilidades ni de identificar a quién le correspondía estar en dónde, pero sí quiero señalar que este hombre, con todos los oropeles, méritos, distinciones y prestigios, podría haber hecho una sola guiñada al régimen militar para tener un lugar confortable donde vivir con su familia y sus nietos. Sin embargo, prefirió el camino de la dignidad y de la dificultad. Permítaseme invocar un breve párrafo del pensamiento de Enrique Rodríguez Fabregat en el libro “Batlle y Ordóñez, El Reformador”, una obra monumental. Finalizando el libro, expone su pensamiento y dice: “El que cree que domina porque tiene todas las fuerzas del Poder en las manos solo para mandar, no tiene desde que lo piensa ni una sombra de dominación sobre un centímetro de nada. Esto no lo comprendió el gobernante de 1933”. Y yo agrego que no lo comprendieron los dictadores del setenta y tres en adelante. Continúa diciendo: “Se gobierna, no para que los pueblos retrocedan, sino para que los pueblos avancen. No para que las repúblicas declinen, sino para que prosperen. No para defraudar su anhelo de justicia, sino para consagrarle valores. No para mandar oprimiendo, sino para libertar trabajando. No para acallar la angustia multitudinaria, sino para ofrecerle los anchos cauces del derecho social por tantos siglos maltratado”. En definitiva, ese era el pensamiento de Rodríguez Fabregat.

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En estos momentos de aguas apacibles en la vida política, de aguas calmas, de cierta tranquilidad en que el debate de la acción política se da en la palabra y en la acción cívica, en el marco de una sociedad democrática que exige y vela por el cumplimiento de los derechos y de las institucionalidades, creo que este mensaje de Rodríguez Fabregat, respaldado por su conducta inquebrantable, es para quienes se incorporan a la lucha política en el sentido de que no vale todo, que no alcanza con buscar los mejores fines, sino que también importan los medios, que la acción política no es una suma de carguitos o cargazos para autorreferenciarse en el logro personal, sino que la acción política tiene sentido si en definitiva sirve para ese republicanismo radical que practicaba Rodríguez Fabregat, de servir a la gente y a su pueblo. Además, la creencia de que el statu quo beneficia a los más débiles es profundamente equivocada; el statu quo siempre beneficia a los más poderosos. Para finalizar, quiero decir que este hombre fue distinguido por la Junta Departamental y el Gobierno Departamental, que designaron con su nombre la plazoleta en la avenida Francisco Navarro, cerca del Estadio Centenario, en la que hay una piedra que resume una frase oportuna y pertinente del pensamiento de este intelectual de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestra República. Además -ahora mirando al señor Diputado Orrico, me hizo recordar-, la iniciativa emprendedora de Rodríguez Fabregat logró la Casa de las Artes, el antecedente inmediato de la Comedia Nacional. Era un hombre que encontraba un elemento liberador no solamente en la acción política y en el pensamiento sino también en la acción de la cultura. En esa plazoleta, en ese monolito, está la frase de Enrique Rodríguez Fabregat que dice: “Somos nuestra memoria”. Por lo tanto, creo que esta Cámara ha hecho muy bien en darse un espacio -naturalmente, con la humildad de las palabras que he trasmitido- ante esta inmensidad de obra política e intelectual, de que somos nuestra memoria y tenemos que recordar. Hace pocos días, en el Museo de la Memoria, organizado por este, la Asociación amigas y amigos del Museo de la Memoria y la Fundación Zelmar Michelini, se le tributaba homenaje a Julio César Grauert con integrantes de todos los partidos del espectro político nacional.

En ese sentido, nos parece clave, si el país tiene que honrar de alguna forma a aquellos que dieron todo por la democracia y la libertad, encontrar los caminos a fin de lograr los grandes consensos nacionales para que no nos vuelva a pasar nunca más lo que nos sucedió en los años 1933 y 1973. Voy a contar una anécdota del tiempo en que yo era un chiquilín y fui a un acto de un comité barrial del Frente Amplio, en el Buceo, en el año 1971. Había muy pocas personas. Y allí con entusiasmo, devoción y el espíritu alto, estaba Rodríguez Fabregat haciendo uso de la palabra. Aquel que había sido actor y protagonista de la creación del Estado de Israel, que había desempeñado los cargos más importantes, no renunciaba a tener una audiencia de un país que ya había cambiado, que naturalmente no era el de las luchas políticas de Batlle y Ordóñez; ya la mujer votaba, ya había derechos y había una escuela pública que se había afianzado; ya había sindicatos y, más allá de la crisis política que vivía el país, había cosas perdurables en la República que, en definitiva, este hombre de setenta años estaba reflejando en un pasado del que era más testigo que protagonista. Pero estaba en el diálogo. Entonces, yo creo que esto también honra a todos los políticos del país que no renuncian a ese diálogo directo con la ciudadanía y están en contacto permanente, a los efectos de expresar cada uno su verdad y su palabra para hacer de esto una democracia viva y no simplemente una democracia de ritual. Termino, señor Presidente, lo que ha sido un homenaje sincero, con palabras del propio Rodríguez Fabregat, a quien honramos su memoria. En las últimas páginas de esa obra maravillosa denominada “Batlle y Ordónez, el reformador”, que dedicaba a los que luchan y mueren en el frente universal de la democracia, homenajeaba a quien había sido su inspirador, a quien había sido su mentor, a quien le había dado el espíritu de la lucha hasta último momento: a don José Batlle y Ordóñez. En su discurso póstumo -porque él lo hizo en su calidad de Ministro de Instrucción Pública-, terminaba Rodríguez Fabregat, honrando la memoria de quien se fue, diciéndole: “Hombre de América fue. Y obrero y mensajero del pensamiento nuevo. Y su esencia y su pasión integran la ronda universal del progreso humano”. Enrique Rodríguez Fabregat: estás como hombre de América, como obrero y mensajero del pensamiento nuevo y tu esencia y pasión integran la ronda uni-

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versal del progreso humano, en la memoria de nuestro pueblo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional vamos a adherir al justo homenaje propuesto por el señor Diputado Michelini a esta Cámara. El profesor Enrique Rodríguez Fabregat vivió desde 1895 hasta 1976; nació en la ciudad de San José de Mayo. Fue maestro, profesor, escritor, conferencista, Diputado, Senador, Ministro de Estado, Embajador y delegado de la República Oriental del Uruguay con el rango de Embajador Plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas. Por estas pocas cosas que hemos señalado, fue un hombre sin duda polifacético. Fue, además, profesor de la Universidad Nacional de Río de Janeiro; de la Universidad de San Andrés, de Bolivia; de la Universidad de Quito, Ecuador; de la Universidad de Illinois; del Mills College, de Oakland y de la Universidad de Columbia, Nueva York. Además, redactó la Tabla Universal de los Derechos del Niño, que luego fuera parte fundamental para la creación de Unicef. Fue también, entre otras cosas, Premio Nacional de Literatura. Escribió “El hombre que no quiso ser rey”, “El Camino de la Primavera”, “Pasión y Crónicas del Amazonas”, “Batlle y Ordóñez, el reformador”, estudios sobre “El cantar del Mio Cid”, “Abraham Lincoln, el emancipador”. Todo esto en una rápida pincelada fue el profesor Enrique Rodríguez Fabregat. Asimismo, estuvo en estas bancas, en las bancas del Senado y representando al Uruguay en los máximos organismos internacionales y en los Gabinetes de varios Gobiernos. También es bueno decir que fue un hombre de fino humor. No lo conocimos pero, según nos han contado -entre otras anécdotas, en charlas que tengo con el doctor Gonzalo Aguirre y que he tenido con el profesor Pivel Devoto-, en 1955 el Uruguay tenía que votar en las Naciones Unidas una resolución concerniente al Canal de Suez o a la guerra de Argelia y el Embajador Rodríguez Fabregat una y otra vez solicitaba a la Cancillería, encabezada por don Óscar Secco Ellauri, instrucciones al Gobierno. Y una y otra vez el

Canciller no le respondía. Llegó el momento de la votación y Rodríguez Fabregat, naturalmente con la personalidad que todos le reconocían y le reconocemos, votó en un determinado sentido. Así fue que el Gobierno de la época, a través del Canciller Secco Ellauri, le pidió que explicara por qué había votado en tal sentido. Por toda respuesta, el Embajador Rodríguez Fabregat manda una nota diciendo: “Voté según las Instrucciones del Año XIII”; y algo así como “déjense de jorobar”. Ese también era el profesor Rodríguez Fabregat. Sin duda, además de todo esto, la historia le tenía reservado un lugar de privilegio, que coronó lo que Uruguay venía de hacer durante un largo proceso de apoyo a la creación de un nuevo Estado en Palestina, para que el pueblo judío pudiera asentarse en esos territorios. Es bueno recordar que la actuación final del Embajador Rodríguez Fabregat ante la ONU fue precedida por hechos importantes, como el respaldo de Alberto Guani, en 1920, a la Declaración Balfour, que establecía el derecho de los judíos a crear su hogar nacional en Palestina o la intervención, en 1945, en ocasión de la aprobación de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, por parte del representante de Uruguay, don Héctor Payssé Reyes, respaldando nuevamente las intenciones judías de tener un Estado propio. Quiero señalar que la posición uruguaya fue una verdadera expresión de política exterior de Estado. Se gestó en 1920, siguió en 1944, fue reafirmada en 1945 y definitivamente impulsada en los años 1947 y 1948 con el voto del representante de Uruguay en la ONU para la creación del Estado judío en las tierras de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, bajo la Presidencia del Embajador brasileño Oswaldo Aranha, se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de dos Estados en la tierra de Palestina. Era a la sazón el profesor Rodríguez Fabregat el delegado plenipotenciario del Uruguay ante las Naciones Unidas. Por Resolución 181 de dicho organismo internacional, con treinta y tres votos a favor, trece votos en contra y once abstenciones -entre ellas la de Inglaterra, Argentina y Brasil, lo que marcaba que nuestro país debía tener mucha personalidad para acompañar la votación-, se creó en la tierra palestina un nuevo Estado. Entre esos treinta y tres votos a favor estaba el de

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Uruguay. Es más, nuestro país lideró la propuesta, no solo la votó. La lideró conjuntamente con Estados Unidos de América, con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y con Guatemala. No fue solamente una intervención adjetiva. Por esta razón, en mayo de 1948, al año siguiente, los cuatro Estados que acabo de nombrar fueron los cuatro primeros en reconocer al Estado de Israel como tal. A pesar de que el señor Diputado Michelini ya leyó este párrafo, no resisto la tentación de repetir las palabras de Rodríguez Fabregat en ocasión de la fundación de su voto a la Resolución 181 de las Naciones Unidas, Decía, con su voz grave: “Ambos pueblos están maduros para la independencia. No estamos aquí” -o sea, en las Naciones Unidas- “para dar lecciones de organización a dos pueblos en su infancia, dos pueblos cuyos destinos están comenzando. El esfuerzo judío en Palestina es, en muchos aspectos, ejemplar. Y la habilidad de los árabes de forjar su propio destino a través de su trabajo, su iniciativa y su coraje es demostrado no solo por sus logros personales sino también por su pasado glorioso. Aquellos de nosotros que estamos votando esta Resolución no estamos votando en contra de ninguno de estos dos pueblos, de ninguno de estos dos sectores de la realidad social en Palestina. Estamos votando a favor de ambos, de su progreso, de su desarrollo cívico, del avance dentro de la comunidad de naciones”. Adviértase, señores Diputados, la actualidad que tienen hoy las palabras de Rodríguez Fabregat, cuando los conflictos del Estado de Israel con sus vecinos, por la tierra, todavía no se apagaron. En aquellos años, Rodríguez Fabregat se reunió con uno de los héroes y gobernantes del Estado de Israel, Menájem Beguín, en forma secreta, puesto que Beguín era un guerrillero que luchaba por la liberación y por la constitución del Estado de Israel. Beguín quedó tan impresionado por la figura de Rodríguez Fabregat, que en su libro “La rebelión en Tierra Santa” relata su encuentro con quien definió como un “amigo natural de nuestra causa”. Dice Menájem Beguín: “Fabregat no se rió ni dijo palabra. Me estrechó contra su corazón como ‘un hermano mayor’. Después formamos todos nosotros una especie de círculo de la libertad y nos abrazamos”.

Treinta y cinco años más tarde, Beguín exclamó en el Parlamento de Israel: “Cuánta falta nos hace hoy Rodríguez Fabregat en las Naciones Unidas”. También voy a dar lectura a una parte del discurso de Rodríguez Fabregat que no se ha difundido hoy aquí, respecto de la resolución de la ONU acerca de la creación de los dos Estados en la tierra de palestina. Dijo lo siguiente: “Artiguista […] ‘será para siempre la primera gran conquista moral de las Naciones Unidas. Sin esta solución, quedará vacío de sentido este mismo instante en que trabajamos. El prestigio y la acción de las Naciones Unidas como obra de solidaridad al amparo de la Carta sufren hoy su prueba. El Uruguay está del lado de los que afirman la creación de dos Estados independientes en Palestina, para que se incorporen con su progreso y su civilidad a la comunidad de naciones democráticas del mundo'”. Fíjense, señor Presidente y señores Diputados, lo que dejó estampado este oriental en las actas de aquella sesión histórica: “Artiguista […] ‘será para siempre la primera gran conquista moral de las Naciones Unidas'”. No quería dejar pasar esta sesión sin hacer estas referencias sobre alguien que nunca fue de mi Partido político, sino de otros, pero que fue un gran oriental. Tampoco resisto comentar algo que ha referido el Diputado Michelini. Hace años, la Junta Departamental de San José dio su autorización para colocar un monolito en una plazoleta de San José, en el cual hay una frase que fue mencionada aquí y que reza: “Somos nuestra memoria”. Para finalizar, no resisto decir humildemente qué pienso debería expresar el epitafio que, quizás, algún día a alguien se le ocurra, con estas palabras u otras parecidas, realizar, de aquel hombre, cuyo nombre hoy lleva una calle de la ciudad de Tel Aviv, Estado de Israel: “Hombre sabio y justo/ Ser humano universal/ Sirvió tanto a su patria como a toda la humanidad”. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Garino Gruss. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señor Presidente: como se imaginará, no voy a repetir algunos conceptos, pero creo que es justo decir que a lo largo de toda su vida Rodríguez Fabregat demostró ser una persona de lo más versátil, ya que incursionó en diferentes actividades.

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Fue docente, escritor, conferencista, Diputado -integró este Cuerpo-, Senador, Ministro de Instrucción Pública, Embajador de Uruguay ante México y también delegado, con rango de Embajador, ante la entonces recientemente creada Naciones Unidas. Tuvo una profusa labor periodística. Escribió varios libros, entre otros, “El camino de la Primavera.Elogio a Herrera y Reissig; Los Símbolos; Por la senda fragante”; “El cantar del Mio Cid”, “Parques escolares, proyecto y exposición de motivos”, “Batlle y Ordóñez, el reformador” -uno de mis favoritos-, “El hombre que no quiso ser rey”, “Amado Bueno”, “El Aclamado”, “Pasión y Crónicas del Amazonas”. Su humanismo, su vocación liberal y su sensibilidad ante las injusticias y el dolor humano, siempre lo acompañaron desde sus primeros años como militante político. Aprovechando que estamos en la Cámara de Diputados, sería bueno recordar que en 1932, siendo Diputado, lideró la oposición a un proyecto de ley que consagraba disposiciones restrictivas a la inmigración, precisamente, en una coyuntura en la que, con el advenimiento del nazismo y un mundo en guerra, miles de personas requerían con creciente desesperación que algún país los acogiera, como Uruguay, que siempre fue -es justo decirlo- bueno, benevolente y accesible con los emigrantes. En su calidad de miembro permanente en la Comisión de Naciones Unidas para Palestina, visitó en Europa los campos del Holocausto y viajó a Palestina, donde mantuvo en un lugar secreto una entrevista con una persona que, con el paso de los años, se convertiría en uno de los grandes estadistas de Israel: Menájem Beguín. Vale decir que, seguramente, con ese tipo de visitas y con su humanismo, que siempre lo caracterizó, generó una especial sensibilidad con el pueblo judío. Cuando las Naciones Unidas discutió y aprobó el plan de participación para la creación de dos Estados: Palestina e Israel, Rodríguez Fabregat, siguiendo las instrucciones del Gobierno, que presidía por entonces Luis Batlle Berres, presentó un proyecto integral de participación e hizo algunas reflexiones que, es justo decirlo, me robó el señor Diputado Borsari Brenna. A través de estas reflexiones Rodríguez Fabregat destacaba que las Naciones Unidas estaban a prueba. En efecto, esta era una de las grandes decisiones que debía tomar las Naciones Unidas, ya que -hay que recordar- la Liga de

Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, fracasó con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente enfrentamiento bélico, los exabruptos y los millones de vidas perdidas. En esa instancia estaba Rodríguez Fabregat para encargarse, nada más y nada menos, de una de las decisiones más importantes y emblemáticas, que puso a prueba a las Naciones Unidas recientemente creada. En esta oportunidad, para homenajear y rescatar su pensamiento, voy a leer algunos extractos de sus propias palabras. El primero que quiero compartir es un extracto de su libro “Batlle / Su vida / Su obra”, donde, como tantas veces, Fabregat rescata el pensamiento humanitario de Batlle, y decía: “Su pasión por la justicia, su humana comprensión, su estímulo para toda lucha por el bien común están ahí, continúan ahí, y continuarán especialmente como la guía en el camino hacia las grandes afirmaciones de los derechos del hombre. Y puede afirmarse que ninguna forma democrática del futuro podrá alzar sus lineamientos sino en el encendido justiciero concepto con que Batlle definió nuestros destinos”. Precisamente, Fabregat era un gran batllista y rescataba, cuando podía, la figura de don José Batlle y Ordóñez, y lo hizo en varias obras, no solo en “Batlle, el reformador”, sino también en este capítulo “El Pensamiento Humanitario de Batlle” de “Batlle / Su vida / Su obra”, escrito en 1955, rescatado por la Editorial Acción. En el abordaje primario que uno hace de Rodríguez Fabregat, podríamos recordar una de sus principales acciones, como su desempeño como Embajador en Naciones Unidas, de embajador allá arriba, lejos de lo terrenal, con un acervo cultural excesivo, muy instruido, alejado de los problemas terrenales. Antes de finalizar, quisiera compartir algunas palabras que escribió en el prólogo de un libro titulado “Nuestra Enseñanza Comercial” de Juan Rodríguez López. Allí hablaba de la Escuela Pública y del espíritu reformador diciendo: “[…] no queremos desconocerlo todo y arremeter como parecería en esta ocasión contra todo lo existente. No. Conocemos la Escuela de Comercio y conocemos sus hombres. Sabemos de sus virtudes y de su constante aplicación

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a la labor. Pero lo que buscamos es que lo actual no se quede en eso, no aparezca como verdad revelada lindera con la intangibilidad del mito, no se cierre al ritmo de evolución cuya resultante es el progreso y cuyas manifestaciones inmediatas se traducen por la transformación incesante de los valores en juego. […] Mientras ella” -la escuela pública- “no sea una representación categórica del respeto a los derechos del niño, nuestra Escuela seguirá siendo lo que es, lo que se pretende conservar como en la época de Varela, sin pensar que, grande y pura en aquel tiempo, resulta insuficiente y hasta contradictoria y antihumana en el tiempo actual. Mientras el niño no sea librado a sus propios valores pujantes, nuestra Escuela enseñará a leer, a escribir y a contar, enseñará la geografía de Asia y la historia de Europa, enseñará la superficie del triángulo y la distancia de los planetas, todo lo que se lee, todo lo que se oye, todo lo que se repite; pero no formará el alma, ni la moral, ni la emoción, ni el pensamiento, ni la voluntariosa actividad, ni el temperamento de los millares de niños que año tras año le son confiados con aquel fin ilusorio y lejano”. Creo que con esto se podría decir que Rodríguez Fabregat fue una persona sumamente terrenal, comprometida con los problemas no solo nacionales sino también internacionales, con la escuela pública; en estas palabras también se rescata el pensamiento de un reformador: ni aquel que viene a borrarlo todo y a destruir, ni aquel que pretende que todo quede inmóvil, sino que siempre busca mejorar en el ámbito que le haya tocado desempeñarse. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- tiene la palabra el señor Diputado Sauval. SEÑOR SAUVAL.- Señor Presidente: el Partido Independiente adhiere calurosamente al justo homenaje que se tributa a este gran hombre que tuvo el país. Adherimos al relato que han hecho quienes me precedieron en el uso de la palabra y, especialmente, a la exposición del señor Diputado Michelini porque fue justo en historiar y rememorar la trayectoria de este gran intelectual y hombre de acción a la vez, mezcla que no siempre se da en la vida. Rodríguez Fabregat, durante muchos años -felizmente tuvo una larga vida-, demostró una fuerte coherencia y debió atravesar por tiempos turbulentos

en un siglo que, como sabemos, fue terriblemente violento por momentos y con conflictos muy difíciles de manejar. No vamos a reiterar todo lo que ya se ha dicho. A vía de ejemplo, creo que vale la pena rescatar o poner énfasis en dos cosas. Una de ellas es la sensibilidad enorme del profesor Rodríguez Fabregat aun siendo muy joven, siendo Ministro de Instrucción Pública, con su tabla de los derechos de la niñez, que fue la base de la creación de la Unicef. Eso demuestra la visión de una persona ubicada en su tiempo, de las dificultades de su tiempo, poniendo las prioridades en los débiles, en la acción, además de en la palabra. Otro aspecto a destacar -que ya se ha dicho y reiterado- es su actuación como diplomático. Tuvo una actuación brillante, que enalteció al Uruguay, que lo puso en la cartelera de las naciones. Rodríguez Fabregat aportó una solución que fue parcialmente tomada en el conflicto palestinoisraelí. Lamentablemente, una pata de ese conflicto no lo acompañó, pero sí el Estado de Israel, para quien Rodríguez Fabregat, obviamente, fue uno de sus grandes paladines. Sin embargo, como bien recordaba el señor Diputado Michelini, muy recientemente, nuestro Embajador Cancela -repitiendo un discurso de Rodríguez Fabregatrecordaba la postura tal como fue, y fue la de un hombre de avanzada. Nos hace muy bien la memoria; compartimos fuertemente eso. Nos hace muy bien homenajear a un hombre de esta estatura, a un luchador por el ideal democrático en toda la línea, con coherencia hasta el final. Y nos hace bien recordarlo en su pensamiento y en su acción, quizás mucho más que en calles, plazas y monolitos que pueda haber por ahí. Estas son las cosas que vale la pena recordar. Es muy justo el homenaje. Agradecemos al señor Diputado Michelini y a esta Cámara por habernos dado la oportunidad de expresarnos. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Ha finalizado el homenaje.

15.- Asunto entrado fuera de hora.

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Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Pereyra.

16.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:) (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1º de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Walter Verri, por los días 12 y 13 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Luis A. Ziminov. De la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Abt. Del señor Representante Pablo Abdala, por el día 7 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Guekdjian. Del señor Representante Guzmán Pedreira, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Olga Silva. Del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Ortiz de Lucía. Del señor Representante José Carlos Mahía, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. Del señor Representante Horacio Yanes, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Da Roza. Del señor Representante Hugo Dávila, por el día 12 de noviembre de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Elsa Hernández”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

“Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora”.

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

“DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, que tiene como objetivos asegurar el acceso de la población a los servicios financieros y promover el uso de medios de pago electrónicos. C/2617/013

–

A la Comisión de Hacienda”.

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Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, los días 12 y 13 de noviembre del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, WALTER VERRI Representante por Paysandú”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Walter Verri. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 12 y 13 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Paysandú, Walter Verri, por los días 12 y 13 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Luis A. Ziminov. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”.

“Montevideo, 5 de noviembre 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted licencia para el día 6 de los corrientes, por motivos personales. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. ANA LÍA PIÑEYRÚA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente, por motivos personales, solicito licencia por el día 7 de los corrientes y asimismo pido se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo atentamente, PABLO ABDALA Representante por Montevideo”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala, por el día 7 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Guekdjian. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”.

citada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, lo saluda atentamente, Martín Pedreira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Martín Pedreira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Martín Pedreira. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 60977321, del Lema Partido Frente Amplio, señora Olga Silva. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 6 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, FITZGERALD CANTERO PIALI Representante por Montevideo”.

“Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme licencia motivos personales, por el día 6 de noviembre. Sin más, lo saluda atentamente, GUZMÁN PEDREIRA Representante por Flores”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Martín Pedreira, de acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia soli-

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fitzgerald Cantero Piali. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que el suplente siguiente, señor Álvaro Fernández, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro Representante. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fitzgerald Cantero Piali, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Nicolás Ortiz de Lucía. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha, por motivos personales; solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, JOSÉ CARLOS MAHÍA Representante por Canelones”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Luis Gallo Cantera”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Juan Ripoll”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocada por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. Gabriela Garrido”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del

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artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121738, del Lema Partido Frente Amplio, señor Eduardo Márquez. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda el uso de licencia el días 6 de noviembre, por motivos personales. Saluda a usted cordialmente, HORACIO YANES Representante por Canelones”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Sr. Horacio Yanes. Saluda a usted cordialmente. Nora Rodríguez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente señora Nora Rodríguez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Nora Rodríguez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Luis Da Roza. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente nota, deseo comunicar que en atención a razones de orden estrictamente personal y de acuerdo al inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por el día 12 de noviembre del corriente año y que se realice la convocatoria a la suplente respectiva, Elsa Hernández. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, HUGO DÁVILA Representante por Artigas”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Artigas, Hugo Dávila.

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CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Artigas, Hugo Dávila, por el día 12 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091011, del Lema Partido Frente Amplio, señora Elsa Hernández. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”.

en el régimen de responsabilidad penal previsto en la presente ley, tanto el empleador principal como el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra (Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007 y Nº 18.251, de 6 de enero de 2008). Artículo 3º. (Responsabilidad de las personas jurídicas).- Cuando el empleador fuere una persona jurídica, serán penalmente responsables de acuerdo al artículo primero los administradores, representantes o quienes ejercieren la dirección de la empresa. Artículo 4º. (Modificación artículo 365 del Código Penal).- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral: “18 (Incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo). El empleador que habiendo sido intimado a regularizar aspectos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, no diere cumplimiento a las mismas”. Montevideo, 7 de noviembre de 2012. RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno, LUIS PUIG, Representante por Montevideo, DIONISIO VIVIAN, Representante por Canelones, MARTÍN TIERNO, Representante por Durazno. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

17.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: “Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 1044 “Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración PROYECTO DE LEY Artículo 1º. (Responsabilidad penal del empleador).- Quien, en su calidad de empleador, incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionando la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador será imputable de responsabilidad penal. Serán de aplicación, en cuanto corresponda, los artículos 314, 316, 317, 318 y 321 del Código Penal. Artículo 2º. (Subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra).- Quedan comprendidos

Cada vez que abordamos el tema de los trabajadores lo hacemos teniendo en consideración los múltiples logros alcanzados desde el primero de marzo del 2005 en adelante. Decenas de leyes de protección laboral aprobadas en la legislatura pasada, unas cuantas en ésta, vigencia de consejos de salario y negociación colectiva, ley de libertad sindical, marcan una realidad distinta para los trabajadores. Asumimos que se ha avanzado en múltiples aspectos. Sin embargo, no es posible sustraerse de una realidad que golpea a los trabajadores y sus familias en forma creciente. Existe en el país una crónica roja que no aparece en forma sistemática en los medios de comunicación. Nos referimos a que mueren decenas de trabajadores por año en accidentes de trabajo. A su vez, cientos de trabajadores quedan con secuelas de por vida. Esto se da en el marco de los miles de accidentes laborales que suceden anualmente en nuestro país. La accidentalidad no es producto de la casuística, sino consecuencia de los procesos de organización

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del trabajo en que las patronales tienen poder discrecional. Las comisiones bipartitas de seguridad en el trabajo están lejos de ser una realidad nacional. La represión llevada adelante durante años ha logrado que en gran parte de las empresas de diversas ramas de actividad no estén constituidas o sean inoperantes. Los esfuerzos permanentes del MTSS, a través de la Inspección General del Trabajo, han logrado mejorar en forma sustantiva los cuerpos inspectivos y la recepción de denuncias. Sin duda que abordar la accidentalidad requiere un enfoque integral. No existen recetas mágicas. Es imprescindible abordar la situación tanto desde el punto de vista de encarar una gran campaña nacional de sensibilización sobre el tema, haciendo énfasis en los aspectos culturales, como asimismo en el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. A la vez estamos convencidos de la importancia de avanzar en materia legislativa incorporando en nuestra legislación el presente proyecto de Legislación Laboral Penal, como existen en legislaciones avanzadas a nivel internacional. Ejemplos de esto encontramos en países como España, Italia e Inglaterra. Partimos de la base de que existe una dificultad objetiva a la hora de analizar el tema con la seriedad debida. No existen en el país estadísticas oficiales sobre siniestralidad laboral desde el año 2001. Por tanto, el conocimiento que existe en el país sobre el tema es imperfecto, se basa en informaciones parciales y muchas veces se realizan afirmaciones sin ningún respaldo técnico. Trabajos de técnicos prevencionistas basados en cifras que provienen básicamente del Banco de Seguros y que han sido cruzadas con datos sobre personal ocupado y PBI sirven para analizar la evolución de los accidentes de trabajo en nuestro país. En base a estas consideraciones podemos afirmar que en los últimos años los siniestros atendidos por el BSE han crecido más que el PBI y la cantidad de trabajadores en actividad. Tanto los accidentes como los días de temporaria crecieron en mayor proporción que los niveles de actividad. El presente proyecto que ponemos a consideración del parlamento tiene por objetivo ser un aspecto que contribuya a avanzar desde un punto de vista integral en la superación de la grave situación plantea-

da. Avanzar en una normativa de estas características es un reclamo de larga data del movimiento sindical uruguayo. El presente proyecto “Responsabilidad Penal del Empleador” consta de 4 artículos. El primero refiere a quien en su calidad de empleador incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionando la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador será imputable de responsabilidad penal. El artículo establece que serán de aplicación, en cuanto correspondan, los artículos 314, 316, 317, 318 y 321 del Código Penal. El artículo segundo establece que quedan comprendidos en el régimen de responsabilidad penal previsto en este proyecto de ley tanto el empleador principal como el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra de acuerdo a las Leyes Nos.18.099, de 24 de enero de 2007 y 18.251, de 6 de enero de 2008. El artículo tercero refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas y establece quienes serán penalmente responsables de acuerdo al artículo primero. El artículo cuarto incorpora el numeral 18 al artículo 365 del Código Penal. Incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. “El empleador que habiendo sido intimado a regularizar aspectos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, no diere cumplimiento a las mismas”. Montevideo, 7 de noviembre de 2012. RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno, LUIS PUIG, Representante por Montevideo, DIONISIO VIVIAN, Representante por Canelones, MARTÍN TIERNO, Representante por Durazno”. Anexo I al Rep. N° 1044 “Comisión de Legislación del Trabajo INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley por el que se establece la responsabilidad del empleador cuando incumpliere

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con las normas de seguridad y salud en el trabajo en caso de accidentes. Existe una crónica roja en el país que pasa desapercibida. En Uruguay muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo y cada dos días un trabajador queda con una discapacidad permanente, son más de 50.000 los accidentes anuales de diferente gravedad en las distintas áreas de actividad. La mayor parte de accidentes graves son en el medio rural, donde la fiscalización tiene más dificultades, donde el respeto a los derechos de los trabajadores y las leyes son en muchos casos desconocidos. La prédica y la práctica permanente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), de Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA) de la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), de la Coordinadora de trabajadores del Supergás entre otros gremios, en el marco del PIT-CNT en defensa de la salud y la seguridad en el trabajo, es un componente fundamental en el esfuerzo para cambiar esta realidad. Es necesario que esta crónica se haga visible, que la gente empiece a conocer algo que no ocupa los titulares de los medios de comunicación; ningún canal de televisión pone una cámara, un equipo, frente al Banco de Seguros del Estado para llevar al conocimiento de la población la situación en que queda la familia de un trabajador que muere en un accidente de trabajo. No hay respuestas simples a esta situación, el encare debe ser integral: sensibilizar sobre la gravedad de esta situación, seguir avanzando en fiscalización, reconociendo el camino emprendido desde hace años por la Inspección General del Trabajo, a la vez de impulsar un cambio cultural sobre salud y seguridad en el trabajo. La aprobación de una ley que establezca la responsabilidad penal del empleador que incumpla con los resguardos y seguridad laboral previstos en la ley poniendo en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, debe formar parte de la integridad a la que hacíamos referencia. Comenzamos a trabajar en el tema en el año 2010, en el año 2011 presentamos el primer proyecto de ley. Ese primer proyecto que remitía al Código Penal, fue analizado por todos los actores, se convocó a las Cátedras de Derecho Penal, de Derecho Laboral, a las cámaras empresariales, al movimiento sindical y ahí existieron diferentes planteamientos.

Las cámaras empresariales rechazaron de plano aquel proyecto, así como hoy rechazan éste. Por otra parte, la Cátedra de Derecho Penal, le hizo críticas técnicas al proyecto; la Cátedra de Derecho Laboral planteó la necesidad de buscar alternativas entorno a la legislación comparada, a la legislación que existe en varios países que tipifican el delito de peligro, no esperar a que se produzca la lesión, el accidente, la muerte del trabajador, sino tipificar el delito de peligro para avanzar en los mecanismos de prevención. Ante la falta de propuestas alternativas, porque ni las cámaras, ni la oposición las presentaron, trabajamos dentro de la bancada frenteamplista, con abogados laboralistas y penalistas para desarrollar un proyecto que tuviera en cuenta esa legislación comparada. De esta forma, llegamos a desarrollar un proyecto sobre el delito de peligro, que es lo que está expresado en el primer artículo de este proyecto que tiene tres. El segundo es una modificación a la Ley de Accidentes de Trabajo, que indica que cuando se compruebe el dolo o la culpa grave del empleador, el Inspector General del Trabajo deberá realizar la denuncia penal y al mismo tiempo un tercer aspecto que modifica el Código del Proceso Penal. El objetivo central del proyecto el la protección de la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores aunque las cámaras dijeron que nuestra intención era poblar las cárceles de empresarios, y esto no es así. Este proyecto tipifica el peligro grave y concreto para la vida, la salud o la integridad del trabajador, por ejemplo si a alguien se lo obliga a trabajar en altura sin cinto de seguridad, sin mecanismos de protección, en ese caso se está generando una situación de peligro grave y concreto. El objetivo es generar una conciencia de prevención del delito, nadie puede pensar que en Inglaterra, España o Italia, hay una larga fila de empleadores esperando para ir presos, no. Lo que se ha avanzado es en mecanismos de protección de la vida, de prevención, que van acompañados de otros aspectos como la difusión, concientización sobre el tema, fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y de los diferentes actores en el área de seguridad y salud laboral, y en todo caso la ley de responsabilidad penal es una herramienta dentro de ese conjunto de aspectos. Nosotros creemos que esto implica avanzar en legislación, es poner al Uruguay a la altura de las legislaciones más avanzadas del mundo, y por sobre todas las cosas poder generar mecanismos de preven-

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ción que evite la situación de accidentes graves y la muerte de los trabajadores. Esto nos ha llevado muchísimo tiempo, porque somos concientes que debemos tener en cuenta derechos humanos, el derecho humano fundamental a la vida, a la salud y a la integridad física del trabajador, y que al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que hay otro derecho humano, como el derecho a la libertad, que no puede ser tratado a la ligera. El proyecto que presentamos es avalado por la bancada del Frente Amplio y tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consideraciones sobre el artículo primero: Artículo 1º.- El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con dos meses de prisión a dos años de penitenciaría. Como lo expresa el Dr. Pablo Chargoñia: «La siniestralidad en el trabajo se relaciona con 1 la noción de derechos humanos laborales y con 2 el concepto de trabajo decente . La Constitución de la República y los tratados internacionales de trabajo reconocen tales derechos y obligan a actores públicos y privados a su protección. Traba3 jo decente, dice la OIT, es trabajo seguro . Si el trabajo está bajo la protección de la ley resulta inconcebible que la entrega de energía laboral implique, en términos de probabilidad o de certeza, la muerte o la lesión del trabajador. Encuadrado en la noción de derecho humano, la relación laboral contractual pone de cargo del empleador, en tanto que organizador del trabajo ajeno, la carga, deber u obligación de seguridad. El empleador es un deudor de seguridad
1 Sobre la asociación de los conceptos de trabajo y de derechos humanos ver Marcos Supervielle – Héctor Zapirain – Construyendo el futuro con trabajo decente, OIT- Anep, 2009 2 Memoria del Director General (OIT) Conferencia Internacional del Trabajo del año 1999. El documento titulado “Trabajo Decente” se lee “…la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Este documento se interpreta como la expresión de una perspectiva crítica al embate del neoliberalismo y la globalización y su nefasta incidencia en las relaciones laborales. Citado por Marcos Supervielle – Héctor Zapirain, ob. cit., p. 96. 3 Ver OIT – Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (Safework)

con relación a los empleados que contrata. El contrato de trabajo posee diversas reglas de orden público, exiliadas de la autonomía de la voluntad de los contratantes, entre los que se ubican las normas de protección contra accidentes y enfermedades. Ubicado como derecho inherente a la persona humana, el derecho a la seguridad laboral debe ser garantizado de modo eficaz. Un derecho que se proclama pero que carece de instrumentos adecuados de protección no es más que una ilusión. Entiéndase como “peligro” a la alta probabilidad de un daño. Para evitarlo y garantizar el derecho al trabajo seguro ¿se debe condenar al que lo produce? Si la probabilidad del daño es baja el control penal se debilita como opción. Si, por el contrario, la probabilidad daño es alta, la respuesta represiva aparece como elemento a considerar. El manejo de datos empíricos puede contribuir a dar estas respuestas, particularmente si se manejan períodos prolongados y se advierte la evolución de cifras de muertes y lesiones de trabaja4 dores . Sin embargo, aún la mejor aproximación cuantitativa no puede desplazar el abordaje axiológico, ético o político. Es decir, el nivel de “lo aceptable” dependerá de la empatía hacia los trabajadores y del valor asignado a sus vidas y su salud. Dependerá, en definitiva, de la convicción en la promoción del trabajo decente y de los derechos humanos laborales. En nuestro país la tasa de siniestralidad es alta. Este carácter intolerable de la situación-problema nos lleva a concluir que los controles extrapena5 les actuales no son suficientes . Es decir, la tasa de siniestralidad laboral en Uruguay es alta a pesar de esos controles. Una vez que se admite la insuficiencia de tales controles aún queda otra cuestión ¿es la sanción

4 Según datos extraídos de información del Banco de Seguros del Estado en el año 2010 hubo aproximadamente 50.000 accidentes, 50 trabajadores muertos y 500 incapacitados permanentes. Esto significó 1.400.000 jornadas perdidas. http://blogs.montevideo.com.uy/blogsubcategoria_17986_1_1.html 5 Existe responsabilidad administrativa (art. 412 de la Ley 16.736), responsabilidad civil por accidentes de trabajo (Ley 16.074), responsabilidad civil de administradores y directores (art. 83 de la Ley 16.060).

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penal una alternativa aceptable? ¿No sería mejor adecuar los controles administrativos y la responsabilidad civil? En un principio todas las responsabilidades obedecen a una misma finalidad como es la de reprimir, bajo la amenaza de una sanción, el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad y salud laboral, fomentar la cultura preventiva como alternativa. Pero mientras en la responsabilidad civil está muy presente la naturaleza reparadora, en la administrativa y penal se 6 manifiesta la potestad sancionadora del Estado . Se sostiene que el derecho penal liberal es un derecho mínimo. Que la respuesta criminal debe ser limitada a las situaciones antisociales graves, debiéndose evitar la utilización del juicio penal 7 como sustituto de políticas sociales . No obstante la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados (la vida, la salud y la integridad física) son de una tal magnitud que, aún desde esta pers8 pectiva se justifica su protección penal ». Por otra parte y como expresa el Dr. Marcelo Domínguez, profesor adscripto de Derecho Penal de la Universidad de la República: «Huelga precisar, que el peligro no es un estado a evitar en sí mismo, sino sólo en cuanto medio para evitar la lesión del bien jurídico protegido y la prohibición de acciones peligrosas responde a la necesidad preventiva y de política criminal de adelantar la protección de los bienes jurídicos al momento de la actuación peligrosa. Pero el fin último de la prohibición de tales actuaciones es la evitación de la lesión del bien jurídico protegido, único concepto legitimador posible de cualquier intervención penal: la finalidad del derecho penal es la protección de bienes jurídicos y a ella han

de ir orientados todos los tipos penales, también 9 los de peligro . No obstante las objeciones esgrimidas por la doctrina, los delitos de peligro se encuentran dentro de nuestra legislación desde larga data, ya en el Código Penal vigente desde el año 1934 encontramos tipificados dentro de dicho cuerpo normativo delitos de peligro, más aún en el artículo 20 inserto en la parte general del Código, podemos apreciar una disposición donde se establece el Régimen del dolo y de la culpa en los delitos de peligro. No obstante lo expresado, lo que sí es absolutamente compartible es que si dicha disposición hubiera previsto un tipo penal de peligro abstracto, el mismo seria de dudosa constitucionali10 dad , ya que en esta clase de tipos penales se castiga una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa en “abstracto” en su peligrosidad típica, sin exigir que en el caso concreto se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. Pero dichas objeciones no son de recibo en la especie, en virtud de que en el artículo propuesto, estamos frente a un tipo penal de peligro concreto, que se caracteriza, por requerir el tipo penal la concreta puesta en peligro del bien jurídico, en otras palabras, el peligro concreto es el resultado típico». El artículo tercero del proyecto en consideración, refiere a la figura del denunciante, introduciendo modificaciones al procedimiento penal que se consideran absolutamente necesarias. En efecto, en nuestro derecho positivo, se trata de una figura opaca, de escasa o nula participación en el proceso, limitándose su actuación a la presentación de la denuncia. Los proponentes entendemos que el denunciante debe tener una participación más activa y, sobre todo, tener acceso al presumario para poder controlar el desarrollo de su denuncia. Entendemos que una disposición como la propuesta ayuda a la cristalinidad del proceso penal y a la participación activa de la sociedad civil, lo que, en definitiva, es una necesidad del sistema democrático.

Ignacio Camós Victoria – Emma Benavides Costa en Revista Jurídica de Cataluña, Nº 3, 2004. Con este enfoque se ha cuestionado severamente el proyecto de “Ley de Faltas” (actualmente la Ley 19.120 modificó diversos artículos del Código Penal relativos a las faltas). Así, por ejemplo, se ha dicho que “nuestra sociedad ha llegado a un grado de desarrollo jurídico que no puede permitir que se utilice el Derecho Penal pretendiendo solucionar problemas de “convivencia” o “falta de solidaridad e individualismo”, pues no es esa la función del ius punendi” (Beatriz Scapusio Minvielle en Tribuna del Abogado Nº 183, junio/julio 2013). “Una concepción laica y democrática del Estado y del Derecho Penal puede justificar solamente prohibiciones dirigidas a impedir ofensas a los bienes fundamentales de la persona, entendiendo por ofensa no solo el daño sufrido sin también el peligro corrido”. Luigi Ferrajoli en Derecho Penal Mínimo y Bienes Jurídicos Fundamentales (www.cienciaspenales.org)
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RODRÍGUEZ MONTAÑES, Teresa, Delitos de peligro, Dolo e Imprudencia, Rubinzal-Culzoni Editores, Bs-As, 2004, p.24. 10 FERNÁNDEZ, Gonzalo D, “Los peligros del peligro” Epilogo en Baigún, David, Los delitos de peligro y la prueba del dolo, B de F, Montevideo-Bs-As, 2007, pp. 47-48.

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El darle participación activa al denunciante en el proceso penal, no solamente es muy importante en materia laboral, sino también en otras situaciones como las que refieren a la violencia doméstica. En el derecho comparado (Argentina, España, Perú), la figura del denunciante -en general llamado “querellante”- es considerada parte en el proceso, con todas las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista procesal. En el proyecto que se pone a consideración de la Cámara, ciertamente no se le da al denunciante la calidad de parte, no obstante lo cual se mejora sustancialmente su situación con relación a la legislación actual, en la medida en que se le permite participar y tener acceso al expediente aun en la etapa presumarial. 3.- Al modificarse el artículo 83 del Código de Proceso Penal, se define al denunciante como “toda persona que comunica al Juzgado competente la noticia de hechos que, a su juicio, constituyen delito”. Como surge de la definición propuesta, el denunciante no necesariamente es la presunta víctima, sino cualquier persona, lo que parece absolutamente razonable ya que, como ha enseñado una y otra vez la experiencia de los distintos operadores del derecho, no siempre la presunta víctima está en condiciones de denunciar. En la Comisión de Legislación del Trabajo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expresó a través de su Subsecretario su apoyo al proyecto: «Básicamente, de la lectura que hemos hecho de este proyecto se reflejan algunas de las objeciones que planteaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en anteriores comparecencias ante esta Comisión. El artículo 1º, que refiere a la creación de la figura del delito, recoge claramente los elementos que este debe contener en cuanto a la acción, al tratamiento de la culpabilidad y al tratamiento de la punibilidad. Estos eran los tres aspectos en los que el Ministerio tenía algunos reparos en cuanto a la redacción original y en algún otro proyecto que habíamos visto en su oportunidad. Queda claro entonces que nos encontramos ante un delito, a mi juicio, claramente de peligro, pero no se pena cualquier acción derivada de un accidente de trabajo, sino que se requiere que exista una conducta dolosa o culposa de parte del empleador o quien, en su caso, ejerciere el poder de dirección.

En cuanto al sujeto, nos parece que el perfeccionamiento de distinguir quién es el que ejerce el poder de dirección o en quién se delega ese poder de dirección es necesario y llena de contenido a la figura delictiva por dos motivos. En principio, eso sucede porque en la mayoría de los casos el poder de dirección no termina siendo ejercido por el propio empleador. Pensemos en el volumen de sociedades anónimas que existen y en otro tipo de formas societarias, en las que el empleador propiamente dicho escasamente aparece frente a la figura de los trabajadores. En las áreas donde hay mayores niveles de siniestralidad es, precisamente, donde uno puede ver mayor delegación de poder de dirección. En esos casos, nos parece que la figura está correctamente cerrada. En cuanto al tratamiento de la culpabilidad del delito, insistimos en que consideramos que es adecuado, apropiado -se diferencia netamente del proyecto inicial, o por lo menos el que habíamos manejado como tal-, que se establezca qué clase de conducta tiene que existir para que sea objeto de punición”. Este proyecto como decíamos ha sido rechazado por las cámaras empresariales. La asociación rural ha expresado que no se debe legislar, que en el campo son una gran familia, PERO RESULTA CLARO QUE QUIENES SUFREN LOS ACCIDENTES SON LOS PEONES RURALES NO LOS ESTANCIEROS. Por lo anteriormente expuesto aconsejamos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 LUIS PUIG, Miembro Informante, MARTÍN TIERNO, RAÚL OLIVERA. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión. Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7º.- Las personas amparadas por la presente ley y, en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de

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accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que los que ella les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo o culpa grave por parte del patrono en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecido por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables, por lo tanto, las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior. Si hubiera mediado dolo o culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, éste deberá reparar integralmente el daño causado, en todo cuanto no hubiere sido cubierto por el seguro de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. En este caso además, el Banco excluirá el siniestro y recuperará los gastos generados por la asistencia médica prestada y las sumas de dinero necesarias para atender la totalidad de las indemnizaciones previstas en la presente ley. Constatado el dolo o la culpa grave del empleador en el accidente del trabajo o enfermedad profesional, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado deberán dar cuenta de tal circunstancia al Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, quien deberá bajo su estricta responsabilidad funcional, denunciar ante el Juzgado competente en materia penal, los hechos que configuren un presunto delito contra la vida o la integridad física de los trabajadores, con remisión de testimonio de los antecedentes administrativos disponibles”. Artículo 3º.- Modifícase el artículo 83 del Código del Proceso Penal, Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 83. (Del denunciante).- Es denunciante toda persona que comunica al Juzgado competente la noticia de hechos que, a su juicio, constituyen delito. La denuncia deberá ser presentada por escrito en el que se relatarán los hechos y se agregarán los elementos de prueba de que se disponga, así como la solicitud de su diligenciamiento si correspondiere.

El damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario y podrán proponer el diligenciamiento de pruebas”. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 LUIS PUIG, Miembro Informante, MARTÍN TIERNO, RAÚL OLIVERA. Comisión de Legislación del Trabajo INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: La Comisión de Legislación del Trabajo ha analizado el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empresario (en adelante El Proyecto), y según lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en mi calidad de miembro de la Comisión pongo a consideración el siguiente informe y proyecto de ley. En este sentido analizaremos los alcances del Proyecto a estudio y justificaremos nuestro voto en base a los argumentos esgrimidos. Analizaremos los siguientes aspectos: a) Tratamiento, fundamento político y finalidad del Proyecto. b) Análisis Legal de la norma. c) Conclusiones. a) Tratamiento, Fundamento Político y Finalidad TRATAMIENTO LEGISLATIVO. Este Proyecto ha sido objeto de un correcto tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo, en este sentido se han recibido en diversas oportunidades a los actores involucrados. Asimismo, fue objeto de una profunda discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo, así como ha alcanzado su difusión a través de diversos medios de comunicación. Debemos destacar que gracias al tratamiento en Comisión, el proyecto a consideración difiere sustancialmente del Proyecto original, el cual sancionaba algo inadmisible para un derecho penal liberal como es la responsabilidad penal objetiva. FUNDAMENTO POLÍTICO Y FINALIDAD. Los propulsores de esta iniciativa tienen como fundamento la prevención de accidentes laborales. Coincido tanto con la finalidad como con que este tipo de mecanismo puede coayudar en la prevención. Sin perjuicio de ello, una desmedida ideologización del proyecto ha hecho que no fuera posible llegar a una ley justa y equilibrada.

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En definitiva, nuestro interés es buscar una ley equilibrada, una ley que busque la prevención de los accidentes laborales, accidentes laborales que ocurren por diversas causas, entre ellas la irresponsabilidad de muchos empresarios, pero como sabemos ella no es la única causa. En este sentido, propusimos modificar el sujeto activo de la ley para que sea indeterminado de tal manera que la protección del bien vida e integridad de los trabajadores se proteja siempre sin importar quién la ponga en peligro. Nuestro deber es velar por el interés general utilizando todos nuestros recursos para ello. No concordamos con las expresiones referentes a que estas normas no colaboran con la prevención. Creemos, que los delitos de peligro, si bien deben ser de interpretación y creación absolutamente estricta pueden ser un factor más de prevención, lamentablemente este delito que se propone no cumple con las mínimas garantías que debe tener al momento de crearse figuras delictivas de este carácter y explicaremos por qué. Tampoco coincidimos con aquellos que parece que les interesa más el título del proyecto de ley que su contenido o finalidad. Nosotros propusimos un proyecto sustitutivo muy simple y sencillo con dos modificaciones muy elementales en la redacción, pero muy profundas en las garantías individuales que otorgan. Este proyecto sustitutivo que proponemos sin dudas cumple con la finalidad buscada y otorga garantías suficientes. i. Proponemos dos pequeñas modificaciones en la redacción, de profunda significación: ii. El sujeto activo sea indeterminado, o sea todo aquel que incumpliendo normas ponga en peligro la vida o integridad de un trabajador. Que el tipo penal siempre sea integrado por norma legal y no por reglamentos. Me opongo firme y definitivamente a que el Poder Ejecutivo tenga el poder de determinar que es delito. Con la redacción actual, será el Poder Ejecutivo a través de sus decretos o reglamentos del propio MTSS que establecerán que es delito y que no. Es inaceptable que los ciudadanos deban soportar una carga penal por la integración que realizará el Ejecutivo. PROYECTO PROPUESTO Nuestra propuesta consiste en la modificación del artículo 1º, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- El que estando obligado, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos

en la ley, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con dos meses de prisión a dos años de penitenciaría”. En definitiva, se elimina la referencia al empleador y se elimina la referencia a los reglamentos. b) Análisis Legal de la Norma Estamos frente a una norma penal que no sigue los lineamientos de un derecho penal democrático y liberal. Por el contrario, estamos frente a una norma penal más cercana a las normas penales de estados autoritarios, en los cuales el Poder Ejecutivo tiene injerencia en todos los asuntos. Esta norma conjuga dos de los elementos más peligrosos de una norma penal. En un solo tipo penal se conjugan dos elementos que siempre y en todos los textos referentes al derecho penal se establece que se deben limitar al máximo. Coexiste en un mismo tipo penal un delito de peligro y una norma penal en blanco. Dos elementos que conjugados son muy complejos y producen una absoluta inseguridad jurídica, acompañada por una fuerte potestad discrecional tanto del Poder Ejecutivo como de los jueces que deberán realizar esfuerzos gigantescos para aplicar la norma. Clarifiquemos esta situación. Delito de Peligro. Son aquellos por los cuales una persona comete el delito sin existir daño alguno, sino por simplemente realizar una conducta peligrosa preestablecida. Todos los profesionales de la materia establecen dos elementos respecto a los delitos de peligro; i) estos deben ser muy estrictos y debe tratarse de no legislar en este sentido salvo que el bien jurídico a proteger sea de altísimo interés. ii) Siempre debe comprobarse que el peligro haya sido real y no una mera violación de la norma. El proyecto a estudio cumple con ser un delito de peligro concreto, o sea se debe probar que existió un peligro real y no un mero incumplimiento. Igualmente, este tipo de delito de peligro deja un margen de discrecionalidad muy grande a los jueces, los cuales por voluntad del órgano legislativo debe evaluar si existió o no un delito, o sea si existió o no un peligro real. Seguramente existan casos muy claros que sí, seguramente existan casos muy claros que no, pero seguramente la mayoría de ellos serán de muy difícil interpretación y valoración. Pondré un ejemplo dado en Comisión, un propulsor de este proyecto manifestó que nadie ira preso por no cargar un bomberito, y un profesional invitado rápidamente ar-

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gumento como no cargar un bomberito puede ser interpretado como la puesta en peligro concreto, por tanto se estaría cometiendo un delito. Con esto queremos manifestar, que de por sí los delitos de peligro son muy complejos y su creación deben estar sometida a una rigurosidad que en este caso no existió al ser acompañado por un tipo penal en blanco. Tipo Penal en Blanco. Este delito de peligro hace un “cocktail” inaceptable cuando lo conjugamos con un tipo penal en blanco. El tipo penal en blanco es aquel que al momento de crearse el delito no se conoce cuáles serán las conductas típicas. En este caso los legisladores establecemos que será delito aquel que ponga en peligro concreto, violando las leyes o reglamentos. Esto es inconstitucional ya que únicamente la ley aprobada por el representante del soberano puede determinar cuáles serán las conductas penales y bajo ningún concepto los reglamentos. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero también otros organismos del Estado con competencias en diversas materias, estarán constantemente integrando la norma penal. Quien comete un delito hoy, quizás mañana no lo haga, y así sucesivamente la norma penal irá mutando de manera constante. Esta manera de crear la norma penal genera dos consecuencias: (i) la absoluta inseguridad del habitante que no conocerá la conducta penada por medio de la ley, sino que deberá recurrir a un complejo sistema de reglamentos y (ii) la potestad discrecional del Poder Ejecutivo de modificar una norma penal de manera constante. Sin dudas, estamos frente a una norma penal inconstitucional por violar el principio de legalidad. Por este motivo, proponemos eliminar la palabra reglamentos de la norma, la ley otorga las garantías que el reglamento no lo hace. El parlamento no puede delegar en el Poder Ejecutivo la determinación de que es un delito y que no. En este sentido, el Parlamento deberá aprobar los reglamentos de seguridad más importantes y fundamentales de las diversas áreas, de esta manera se integrará la norma penal con otro norma de rango legal. De manera alguna podemos convalidar que en un tipo penal de peligro que es altamente complejo, se le agregue un tipo penal en blanco integrado por reglamentos. Es inconcebible que el Poder Legislativo le otorgue al Ejecutivo la discrecionalidad de establecer que será y que no será delito, y aún mucho más gravoso cuando estamos frente a un delito de peligro.

Por ello, en esta instancia proponemos que la norma penal sea integrada únicamente con leyes y no con reglamentos. SUJETO ACTIVO. La voluntad del oficialismo es realizar una norma preventiva, entonces porque sólo apuntar al empresario, así se titula la norma y el sujeto activo refiere al empleador o quién en su nombre posea el poder de dirección. Qué sucede con los funcionarios públicos, los profesionales o trabajadores que incurrieran en la conducta típica. En todos estos otros casos ingresaremos en una discusión jurídica si ingresan o no dentro de la descripción del sujeto activo. Si realmente nos interesa la protección de todos los trabajadores, si nos interesa disminuir los accidentes de trabajo, porque hacer una norma restrictiva que únicamente apunta a los empleadores. Obviamente que los empresarios deben estar incluidos, así como todo aquel que ponga en riesgo a un trabajador. Es tan responsable el empresario, como los directivos de diversos sindicatos cuando envían a los trabajadores a las manifestaciones abarrotados en camiones con caja, elemento que todos sabemos esta prohibido, o cuando hay trabajadores que realizan actos que ponen en claro peligro a sus compañeros de trabajo muchas veces hasta en clave de juego. Entonces, si disminuir los accidentes de trabajo es el real objetivo modifiquemos el sujeto activo hacia; “El que estando obligado”. Creemos que podemos tener una herramienta legal que colabore con la disminución de los accidentes de trabajo, ahora es imperioso proceder a realizar las dos modificaciones expresadas. c) Conclusión En definitiva estamos ante un proyecto con una finalidad importante y que acompañamos, pero que lamentablemente se ve afectado por una mirada excesivamente ideologizada, lo cual produce un producto legislativo inconstitucional, de difícil aplicación y que provoca profunda inseguridad jurídica en todos los actores sociales. Si realmente buscamos la finalidad preventiva es posible realizar las modificaciones expresadas en este informe y así lograr los objetivos con una norma mucho más segura y que respete los lineamientos constitucionales a los cuales todos nos debemos. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 FERNANDO AMADO, Miembro Informante. PROYECTO DE LEY

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Artículo Único.- El que estando obligado, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley, de forma que ponga en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con dos meses de prisión a dos años de penitenciaría. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 FERNANDO AMADO, Miembro Informante. Comisión de Legislación del Trabajo INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo en representación del Partido Nacional, recomiendan a la Cámara la aprobación del proyecto de ley que se acompaña, sustitutivo del que presentaran los legisladores del Frente Amplio y que fuera objeto de estudio por la comisión. Este propone consagrar la responsabilidad penal de los empresarios en materia de seguridad laboral, y no se comparte tal como ha sido concebido, por las razones que se dirán. En efecto, partiendo de la fundada preocupación por reducir la accidentalidad en el trabajo y proteger la vida humana y la integridad física de las personas, sin embargo, la referida iniciativa promueve una solución penal genérica que podría ser generadora de injusticias y afectar negativamente las relaciones laborales. La misma consiste, en su aspecto medular, en la creación de un “delito de peligro”, en el que incurrirían todos los empleadores que presuntamente no cumplan con las normas laborales en vigencia. Los penalistas que comparecieron a la comisión rechazaron la modificación normativa sugerida, y sostuvieron que dicho tipo penal se aparta de los principios generales en la materia, contiene conceptos indeterminados y pone en riesgo las garantías personales. Por tales motivos, según se dijo, las doctrinas más recibidas, en la actualidad, recomiendan la erradicación de esa clase de figuras del ordenamiento jurídico. Es evidente que el planteo procura encapsular, en una misma fórmula, toda la diversa complejidad del mercado de trabajo, lo que deviene imposible. No distingue situaciones que son contradictorias y disímiles, e iguala realidades de sectores de actividad y de empresas particulares que son esencialmente diferentes. En otros términos, parece claro que trata de forma igual situaciones desiguales, lo que se traducirá en in-

justicias, pues los empleadores buenos y malos, cumplidores e incumplidores, honestos y deshonestos son puestos en un mismo plano, por más que esa no fuese la original intención. Prueba de cuanto se afirma es que la aplicación de la norma proyectada, así como el proceso que en cada caso concreto se desencadenará, estarán sujetos en sus resultados a consideraciones de carácter subjetivo, tanto de parte del denunciante como de los magistrados actuantes, cualesquiera que los mismos sean. A ello debe agregarse la indefinición sobre las normas legales y reglamentarias aludidas en el artículo primero y, en general, la de los elementos configurativos del delito. ¿Qué se entiende por “peligro grave y concreto”? ¿Quién y con qué criterio lo determina? ¿Cómo hará la jurisprudencia para establecer parámetros de delito que resulten aplicables, con equidad y equivalencia, en empresas de diversa escala, del agro, la industria, el comercio o los servicios? Son interrogantes que surgen con relación a una disciplina, como el derecho penal, que reconoce al principio de tipicidad como uno de sus sustentos principales. Por lo tanto, una propuesta de este tenor puede, aunque no sea la intención, enturbiar las relaciones entre trabajadores y empresarios, porque puede fomentar la desconfianza. A la vez, puede comprometer o, al menos, entorpecer, los avances que en materia de accidentes de trabajo se han venido realizando en los ámbitos bipartitos y tripartitos. Si bien el estado está omiso, dada la inexistencia de estadísticas y registros, algunas ramas han logrado elocuentes mejoras y en otras solo hay suposiciones, en diferentes sentidos. El emblemático sector de la construcción, por ejemplo, ha reducido el número de accidentes, aún cuando emplea el doble de personal con relación a la realidad de diez años atrás. Por cierto, los empleadores que actuando con negligencia o mala intención producen un daño a la salud o a la vida de sus trabajadores, deben ser sometidos a la justicia penal. Quienes suscriben el presente informe entienden que, a esos efectos, no hay un vacío en la legislación, al menos en lo que concierne al derecho sustantivo. Los delitos están debidamente tipificados en el Código Penal el que, además, consagra la comisión por omisión en el artículo tercero. No obstante, es presumible que un número inestimable -pero seguramente apreciable- de situaciones, en las que media la culpa o el dolo del empresario, no lleguen a conocimiento de los tribunales. Tal presunción surgió del análisis efectuado por la comisión, ra-

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zón por la cual los legisladores nacionalistas concluimos en la conveniencia de presentar el proyecto de ley que se acompaña a consideración del cuerpo. El mismo refiere fundamentalmente al procedimiento, y obliga al organismo especializado -la Inspección General del Trabajo, la policía laboral- a formular la correspondiente denuncia cuando existan elementos que acrediten un obrar deshonesto como factible causa de un episodio desgraciado ocurrido en el lugar de trabajo. La fórmula propuesta garantizaría la denuncia de hechos con apariencia delictiva y, a la vez, resguardaría a los empresarios cumplidores de no ser sometidos a riesgos innecesarios. En tal sentido, se evitaría que los mismo fueran responsabilizados, procesados o penados cuando la causa del accidente es fortuita o imputable al mismo trabajador, cuando es este quien actúa con imprudencia, lo que acontece con frecuencia, aún en su propio perjuicio. El derecho penal es la última ratio. Cualquiera sea el impacto que los proyectos, que han sido elevados a la Cámara para su análisis, produzcan en la realidad, es notorio que el mejoramiento general en las condiciones de seguridad e higiene no depende de una norma de carácter penal, sea la misma sustantiva o de procedimiento. El país se debe, aún, una ley marco referida al tema, que aborde los modos de prevención, los procedimientos de control y regule los protocolos de seguridad, entre otros aspectos. Entretanto, es imperativo fortalecer a la Inspección, atento al rol principalísimo que cumple, dotándola de mayores presupuestos, capacitación y recursos humanos. Asimismo, y también en lo inmediato, deben desarrollarse y extenderse las comisiones internas, trabajarse en la educación enfocada a la prevención y multiplicarse la figura del delegado en seguridad e higiene, aprovechando a tales efectos las instancias de negociación colectiva. Todo esto, y no solo aquello, contribuirá a combatir la accidentalidad, a construir un sistema de relaciones laborales armónico y a proteger la integridad, la salud y la vida del trabajador. Por las razones expuestas, y sin perjuicio de las consideraciones formuladas, se recomienda a la Cámara la aprobación del adjunto proyecto de ley. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 PABLO D. ABDALA, Miembro Informante, CARMELO VIDALÍN. PROYECTO DE LEY Artículo Único.- En los casos de accidentes de trabajo de los que resulten la muerte o una lesión

grave o gravísima de uno o más trabajadores, y en los que coincidan elementos de convicción o indicios concurrentes de que el empleador actuó con dolo o culpa grave, la Inspección General del Trabajo pondrá los hechos en conocimiento de la justicia penal. Sala de la Comisión, 22 de octubre de 2013 PABLO ABDALA, Miembro Informante, CARMELO VIDALÍN”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: quiero agradecer a la bancada del Frente Amplio y a los compañeros de bancada en la Comisión de Legislación del Trabajo por depositar en nosotros la confianza para informar un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, es de enorme trascendencia. Decimos que es de enorme trascendencia porque este proyecto de ley aspira a convertirse en una herramienta de vital importancia para la defensa de la vida, la salud y la integridad física del trabajador. No es casual que en el día de hoy, cuando la Cámara de Diputados se encuentra reunida para analizar este proyecto, frente al Palacio Legislativo y a lo largo y ancho del país, los trabajadores se estén concentrando para seguir este debate y analizar de qué manera sus Representantes incorporan las preocupaciones y -por qué no decirlo- las luchas de los trabajadores. ¿Acaso esta circunstancia es distinta a la que se vivió en la historia del país? Analizar la legislación obrera, la legislación de protección que desarrolló nuestro país desde principios del siglo XX, implica tener en cuenta la actitud clara y decidida de los trabajadores organizados. Las leyes de avanzada de principios del siglo XX -varias de ellas sancionadas bajo el gobierno de Batlle y Ordóñez- fueron votadas como una forma de dar pasos en legislación de protección a los trabajadores. Y no es menos cierto que la ley de ocho horas fuera sancionada una vez que varios gremios la habían conseguido con su lucha. El avance de la legislación está directamente ligado a la lucha de los trabajadores; el avance democrático, está ligado a la lucha de los trabajadores. Y este proyecto de ley no es una excepción: forma par-

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te de las reivindicaciones del movimiento sindical; forma parte de sus luchas y de sus movilizaciones; forma parte de la conciencia de los trabajadores organizados en el PIT-CNT, y de las luchas llevadas adelante por sus gremios. A nadie escapa la lucha permanente que ha llevado adelante el Nacional de la Construcción y Anexos -el Sunca-, así como la de los trabajadores nucleados en la Unatra, la de los molineros nucleados en Foemya, y la de la enorme cantidad de gremios que han sido actores fundamentales para avanzar en salud y protección en el trabajo. Hoy, el Parlamento, desde la visión del Frente Amplio, desde la visión colectiva y unánime de esta bancada, debe dar una clara señal de que la vida y la salud de los trabajadores son aspectos fundamentales para el país y su democracia. ¿Por qué este proyecto de ley? ¿Acaso es una visión antojadiza de un grupo de parlamentarios que decidió impulsar este proyecto? No. Este proyecto de ley está directamente vinculado con la necesidad de dar una respuesta integral a una situación instalada en el país. A nadie escapa que a partir de 2005 se sucedió la sanción de leyes de protección a los trabajadores, y que se ha avanzado sistemáticamente en esta legislación. Sin embargo, creemos que en materia de salud y de seguridad en el trabajo queda un largo trecho. ¿Cuál es la realidad que está planteada? La realidad nos dice que en el Uruguay muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo, y que cada dos días un trabajador queda con una discapacidad permanente. Son más de cincuenta mil los accidentes laborales de distinta magnitud y gravedad a lo largo del año. Desde nuestro punto de vista, esto constituye una crónica roja inaceptable. Es imprescindible que los diferentes actores de la sociedad avancen en una respuesta integral. ¿Por qué decimos en una respuesta integral? Porque no creemos en leyes mágicas que resuelven los problemas. Este estado de situación, esta crónica roja, debe ser abordada desde varios aspectos. En primer lugar, hay que dar a conocer esta realidad, sensibilizar acerca de lo que implican las formas de trabajo asociadas con la muerte y no con la vida, que es con la que deben estar asociadas en forma permanente. En definitiva, estoy hablando de una respuesta integral que implique la sensibilización sobre el tema, el conocimiento de la realidad y el planteo de un de-

bate a fin de buscar los caminos para revertirla. Sin duda, venimos de un déficit muy importante, pero esta crónica roja no forma parte de una prédica sistemática de los medios de comunicación. No es habitual que se instale una cámara de televisión de un informativo en la puerta de la emergencia del Banco de Seguros del Estado. No es habitual que se entreviste a la viuda de un trabajador muerto en un accidente de trabajo; no es habitual que se entreviste al hijo de un trabajador que perdió un brazo o una pierna en un accidente que podría haber sido evitado, para saber en qué condiciones queda esa familia. Por tanto, este debate que iniciamos hace tres años cumple con el primer objetivo, que es instalar este tema en el debate. Creemos que es un primer paso por demás saludable. Otra de las medidas que nos parece imprescindible tiene que ver con el cambio cultural de todos los actores del mundo del trabajo, tanto empleadores como trabajadores. Debemos trabajar para incorporar la necesidad del cuidado. La Organización Internacional del Trabajo dice que un trabajo decente es un trabajo seguro. Sin duda, incorporar ese aspecto implica un cambio cultural de todos los actores, también de los trabajadores. Hemos reconocido que tenemos carencias importantes en asumir las normas de seguridad. En las charlas que se realizan para concientizar sobre el tema se está trabajando con los delegados de seguridad para lograr ese cambio cultural. Al mismo tiempo, el Sunca ha venido trabajando a través de convenios con la ANEP. Debemos lograr que las nuevas generaciones de uruguayos incorporen estos aspectos, que los maestros tomen como práctica inculcar a los niños la necesidad de actuar como agentes de promoción de seguridad en su casa. En varias escuelas los niños escriben a sus padres: “Papá, cuidate. Queremos que vuelvas sano del trabajo”. Me parece que ese cambio cultural se logra a través de todos esos mecanismos. Asimismo, en medio de esa integralidad surgió la necesidad de avanzar en cuanto a una ley de responsabilidad penal. En los otros aspectos se viene trabajando con dificultades, pero comenzamos a avanzar. Hay aspectos que están directamente ligados con ese cambio cultural. Por ejemplo, rescato lo que hizo el Sunca cuando miles de trabajadores firmaron para aportar una hora de trabajo cuando muere un compañero en un accidente laboral. Eso es incorporar as-

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pectos imprescindibles de solidaridad. Los trabajadores no piden solidaridad si no la practican; la practican en primera instancia, y esto es muy importante. También es importante que incorporemos a nuestra legislación normas de protección a la vida. Estas normas de protección a la vida tienen que estar vinculadas con la realidad que existe en el país. Vamos a solicitar la proyección de un brevísimo video. La primera parte muestra la entrevista a la señora Daysi Suárez, madre de Maxi López, trabajador de la construcción muerto en un accidente de trabajo. La segunda es una entrevista a un trabajador rural de Salto, Mario Alves y, la tercera, una entrevista de Cristian Rodríguez, integrante de Foemya y trabajador vinculado a la cadena del arroz. Pensamos que identificar la problemática nos va a ayudar a desarrollar una mejor discusión sobre el proyecto que estamos encarando. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Así se procederá. (Se proyecta un video) ——Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Este proyecto se viene discutiendo en la Comisión desde el año 2010, pero existió otro proyecto anterior, presentado en el año 2011. Toda esta temática fue analizada por los distintos actores. Creo que la Comisión de Legislación del Trabajo hizo un ejercicio democrático importante. En tal sentido, se convocó a los catedráticos de Derecho Penal y de Derecho Laboral, a las Cámaras empresariales, al movimiento sindical, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Banco de Seguros del Estado, tratando de avanzar en la comprensión de la enorme dimensión de la problemática que estamos abordando. El primer proyecto presentado motivó críticas de los catedráticos de Derecho Penal y de Derecho Laboral, y fue rechazado unánimemente por las cámaras empresariales -como es rechazado este-, pero permitió abrir un panorama más amplio en cuanto al análisis de dónde debían estar radicadas las medidas jurídicas y los aspectos técnicos para avanzar en una dimensión que contribuyera a crear esta herramienta absolutamente necesaria.

Cuando estábamos analizando el proyecto anterior, en alguna de las comparecencias, por ejemplo del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se nos dijo que no se compartía el proyecto presentado y se nos planteó que había que analizar los enormes avances que existen en el mundo en torno al derecho laboral aplicado a los accidentes de trabajo y al derecho penal, sobre todo en legislaciones que incorporaron hace años el delito de peligro. Como en aquel momento no recibimos ninguna alternativa de las cámaras empresariales -simplemente nos dijeron que era un disparate legislar en este tema- ni propuestas alternativas de otras bancadas, decidimos ponernos a trabajar en la bancada del Frente Amplio, consultando a profesores de Derecho Penal y de Derecho Laboral, quienes nos ilustraron sobre la complejidad del tema. ¿Por qué digo “sobre la complejidad del tema”? Porque, en realidad, hay que analizarlo con extremo cuidado. Estamos en presencia de diferentes derechos humanos: por un lado, el derecho inalienable a la vida, la protección de la vida de los trabajadores, y otro aspecto de los derechos humanos, como el derecho a la libertad. Resumiendo, quiero decir que los integrantes de la Comisión -por lo menos los miembros de la bancada del Frente Amplio- hemos aprendido en este proceso. ¿Qué planteamos? Incorporar a nuestra legislación un proyecto integral, con tres artículos, el primero de los cuales establece lo que se llama delito de peligro; delito de peligro concreto, añadiría. El artículo 1º del proyecto del Frente Amplio dice: “El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”. Me voy a detener un momento en el análisis de este primer artículo del proyecto porque, en realidad, el debate ha sido muy rico, pero, en algunos casos, creemos que la opinión pública ha recibido mensajes confusos. Algunos integrantes de las cámaras empresariales han dicho, al salir de la Comisión, que este proyecto habilita a que un empleador vaya preso por cualquier motivo. Tenemos que decir que eso es falso,

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señor Presidente. En otros casos, dijeron que cualquier incumplimiento de las normas de seguridad y resguardo motivará la acción penal, lo que también es falso. Para motivar la acción penal hay que desconocer las normas de resguardo previstas en la ley y en la reglamentación y, además, poner en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador. Nosotros nos preguntamos: una conducta que ponga en peligro grave y concreto la vida del trabajador, ¿no debe ser tipificada como delito? ¿Puede haber diferentes apreciaciones en torno a esto? Creemos que no. ¿Se puede decir que, en realidad, es un planteo genérico y que confunde entre buenos y malos empleadores? Tampoco. Porque, en realidad, lo que se tipifica concretamente es una conducta que difícilmente desarrollen los buenos empleadores: hay empleadores que cumplen a cabalidad la normativa, y eso hay que decirlo. Ahora, poner en peligro concreto la vida, la salud o la integridad física de un trabajador, ¿no debería ser un delito? Nosotros estamos convencidos de que sí. Pero no alcanza con lo que nosotros pensemos; hemos consultado a diferentes juristas, catedráticos, que nos han hecho planteos. Por ejemplo, el doctor Chargoñia nos dice: “La siniestralidad en el trabajo se relaciona con la noción de derechos humanos laborales y con el concepto de trabajo decente. La Constitución de la República y los tratados internacionales de trabajo reconocen tales derechos y obligan a actores públicos y privados a su protección. Trabajo decente, dice la OIT, es trabajo seguro.- Si el trabajo está bajo la protección de la ley resulta inconcebible que la entrega de energía laboral implique, en términos de probabilidad o de certeza, la muerte o la lesión del trabajador. Encuadrado en la noción de derecho humano, la relación laboral contractual pone a cargo del empleador, en tanto que organizador del trabajo ajeno, la carga, deber u obligación de seguridad. El empleador es un deudor de seguridad con relación a los empleados que contrata. El contrato de trabajo posee diversas reglas de orden público, exiliadas de la autonomía de la voluntad de los contratantes, entre los que se ubican las normas de protección contra accidentes y enfermedades.- Ubicado como un derecho inherente a la persona humana, el derecho a la seguridad laboral debe ser garantizado de modo eficaz. Un derecho que se proclama pero que carece de instrumentos adecuados de protección no es más que una ilusión”.

Analicemos también algunos de los cuestionamientos que se han realizado a esta visión. Por ejemplo, se dice que este proyecto no es equitativo porque, en realidad, solo pone la lupa penal en el empleador. Creo que este planteamiento obedece a un desconocimiento flagrante de que, en la relación de trabajo, quien tiene la discrecionalidad de organizar el trabajo y la potestad disciplinaria es el empleador. Y esto no lo estamos descubriendo hoy: la Ley N° 5.032, de 1914, establece con absoluta claridad la responsabilidad civil del empleador en cuanto a la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad física; también hay aspectos integrados en la Ley N° 16.074, sobre accidentes de trabajo. Dice el doctor Chargoñia: “Entiéndase como ‘peligro’ la alta probabilidad de un daño. Para evitarlo y garantizar el derecho al trabajo seguro ¿se debe condenar al que lo produce?- Si la probabilidad del daño es baja el control penal se debilita como opción. Si, por el contrario, la probabilidad de daño es alta, la respuesta represiva aparece como elemento a considerar. El manejo de datos empíricos puede contribuir a dar estas respuestas, particularmente si se manejan períodos prolongados y se advierte la evolución de cifras de muertes y lesiones de trabajadores”. Según datos extraídos de información del Banco de Seguros del Estado, en el año 2010 hubo aproximadamente cincuenta mil accidentes, cincuenta trabajadores muertos y quinientos incapacitados permanentes. Hay varias discusiones planteadas en torno a este proyecto que expresan concesiones que a veces es bueno analizar con mayor profundidad. Dice Chargoñia: “Se sostiene que el derecho penal liberal es un derecho mínimo. Que la respuesta criminal debe ser limitada a las situaciones antisociales graves, debiéndose evitar la utilización del juicio penal como sustituto de políticas sociales”. Lo compartimos integralmente. “No obstante la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados (la vida, la salud y la integridad física) son de una tal magnitud que, aún desde esa perspectiva se justifica su protección penal”. Veamos qué nos dice el doctor Marcelo Domínguez, profesor adscripto de Derecho Penal de la Universidad de la República, al analizar este proyecto y su artículo 1º: “Huelga precisar, que el peligro no es un estado a evitar en sí mismo, sino sólo en cuanto medio para evitar la lesión del bien jurídico protegido

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y la prohibición de acciones peligrosas responde a la necesidad preventiva y de política criminal de adelantar la protección de los bienes jurídicos al momento de la actuación peligrosa. Pero el fin último de la prohibición de tales actuaciones es la evitación de la lesión del bien jurídico protegido, único concepto legitimador posible de cualquier intervención penal: la finalidad del derecho penal es la protección de bienes jurídicos y a ella han de ir orientados todos los tipos penales, también los de peligro.- No obstante las objeciones esgrimidas por la doctrina, los delitos de peligro se encuentran dentro de nuestra legislación desde hace larga data, ya en el Código Penal vigente desde el año 1934 encontramos tipificados dentro de dicho cuerpo normativo delitos de peligro, más aún en el artículo 20, inserto en la parte general del Código, podemos apreciar una disposición donde se establece el régimen del dolo y de la culpa en los delitos de peligro.- No obstante lo expresado, lo que sí es absolutamente compartible es que si dicha disposición hubiera previsto un tipo penal de peligro abstracto, el mismo sería de dudosa constitucionalidad, ya que en esta clase de tipos penales se castiga una acción ‘típicamente peligrosa’ o peligrosa en ‘abstracto’ en su peligrosidad típica, sin exigir que en el caso concreto se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado.- Pero dichas objeciones no son de recibo en la especie, en virtud de que en el artículo propuesto, estamos frente a un tipo penal de peligro concreto, que se caracteriza, por requerir el tipo penal la concreta puesta en peligro del bien jurídico, en otras palabras, el peligro concreto es el resultado típico”. Aceptamos que hay otras visiones desde el derecho penal. Sin embargo, compartimos la visión de que el delito de peligro, cuando se trata de peligro concreto y lo que plantea es penalizar una acción que precisamente pone en peligro la vida, es absolutamente necesario. En el artículo 2º de este proyecto se realizan modificaciones a la ley sobre accidentes de trabajo para que cuando se constate por parte del empleador el dolo o la culpa grave, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros informarán al Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social, quien bajo su responsabilidad funcional informará a la Justicia Penal. Y en el artículo 3º se desarrolla la figura del denunciante, ampliándola.

Estamos en presencia de un proyecto de carácter integral, de un proyecto cuyo objetivo claro es proteger la vida. Entonces, uno se pregunta en qué están basados diferentes cuestionamientos, por ejemplo, de las Cámaras empresariales; pero si revisamos un poco la historia, podremos advertir que históricamente las cámaras empresariales han rechazado cualquier tipo de legislación de protección a los trabajadores. Rechazaron la ley sobre negociación colectiva, la ley de fuero sindical, las diferentes normas de protección, y nos dieron una visión apocalíptica: se iba a terminar la inversión, se iba a generar una situación de desocupación. Afortunadamente, esas leyes impulsadas por el Frente Amplio brindaron un panorama absolutamente distinto y la calidad de vida de los trabajadores mejoró sustancialmente. Hoy nos dicen que este proyecto de ley es disparatado e innecesario y nosotros estamos convencidos y compartimos lo que sostiene el doctor Héctor Hugo Barbagelata, profesor emérito, referente de derecho laboral en el Uruguay, que dice que es impensable que haya que esperar a que los patrones estén de acuerdo con las leyes de protección laboral para aprobarlas porque, de lo contrario, nunca habríamos avanzado en legislación de protección a los trabajadores. En una de sus varias comparecencias en la Comisión, la Asociación Rural del Uruguay hizo varios planteos. En primer lugar, manifestó su molestia con la campaña del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proponiendo los derechos de los trabajadores rurales, porque dicen que eso genera inquietud en la familia del campo. Nos han dicho más; han manifestado, en realidad, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería difundir los derechos y también las obligaciones de los trabajadores rurales. ¡Señores! De las obligaciones de los trabajadores rurales se vienen encargando ustedes hace muchísimo tiempo y desconociéndoles derechos elementales. También nos dijeron que en el campo son una gran familia y que, en realidad, trabajan todos juntos. Pero, ¡caramba! Tal vez sea casualidad que los que se accidentan sean los peones rurales y no los estancieros, que los que se accidentan son los albañiles, los carpinteros, los herreros y no los empresarios de la construcción. Creemos que avanzar en esta norma es un paso adelante en un mensaje que nos parece debe ser categórico, debe ser sumamente claro. Habrá que anali-

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zar con el tiempo cómo esta norma nos ayudó en el cambio cultural en diferentes aspectos. Nos han dicho: el objetivo es mandar a empresarios presos. Y uno se pregunta: ¿acaso se puede pensar que en países centrales del capitalismo, como España, Francia, Inglaterra, Italia, hay una larga fila de empleadores para ir presos? ¡No! Allí se avanzó en un mensaje que es el que queremos dar. Queremos decir: “Señor, usted tiene a su cargo bienes fundamentales; usted tiene trabajadores a cargo. ¡Protéjalos! ¡Cuídelos!”. Ese es el mensaje que queremos trasmitir; el mensaje que es de carácter integral, no con la ambición de que esta es una norma que va a resolver los problemas. Esta norma es una herramienta fundamental, así como el debate que se viene dando desde hace años. Este debate era imprescindible, insustituible en nuestra sociedad. Comenzar a analizar la realidad del mundo del trabajo también en estos aspectos nos lleva a la necesidad de decir: este proyecto de ley tiende a contribuir, tiende a desarrollar la prevención en el trabajo. La prevención en el trabajo y la cultura asociada a ella: estamos dando hoy un paso fundamental en ese sentido. También se nos ha dicho que esta norma es excesivamente ideologizada. En primer lugar, si lo que se intenta decir es que en esta norma no hay garantías, lo rechazamos absolutamente, porque en esta norma están presentes todas las garantías. Se podrán compartir o no, pero no va a haber respuesta penal por cualquier situación; va a haber respuesta penal cuando exista peligro grave y concreto para la vida, la salud y la integridad física del trabajador. Por lo tanto, acá están todas las garantías. Ahora, si nos dicen que hay un componente ideológico… ¡por supuesto! También lo hubo a principios del siglo pasado para impulsar determinadas leyes y, en realidad, cuando se plantea que hay un componente ideológico lo aceptamos orgullosamente porque hace muchos años que asumimos la ideología de la lucha por los derechos de los trabajadores y por su emancipación, y ese aspecto lo reivindicamos con orgullo. Lo que acá está planteado es un proyecto integral que va a ser una herramienta fundamental para ir revirtiendo esta crónica roja y para, en definitiva, asociar el trabajo no a la muerte sino a la vida. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: estamos asistiendo a una sesión atípica por algunas razones y por algunas circunstancias. En primer lugar, porque a diferencia de lo que es frecuente, la Cámara hoy no está analizando un proyecto de ley que haya llegado con recomendación mayoritaria de alguna de sus Comisiones permanentes, sino que el abordaje de este debate tiene que ver con la consideración y la resolución por parte de la Cámara de tres proyectos de ley referidos a una misma situación, a un mismo tema. Respecto de este, todos tenemos -creo yo; se desprende de las palabras del miembro informante en representación del Frente Amplio- puntos de partida similares, una lectura de la realidad equivalente y, por supuesto, una sensibilidad similar -por no decir idéntica- en lo que tiene que ver con el propósito que, como gente de bien, seguramente todos perseguimos, que es el de procurar la defensa de la vida, al desarrollar políticas y dar respuestas legislativas que apunten a preservar la salud y la integridad física de los trabajadores y de las personas en general. Desde luego -como a esta altura todo el país sabe-, diferimos en la conclusión, en la fórmula jurídica específica, pero ni siquiera en la naturaleza jurídica de la definición sino, seguramente, en el alcance y en la técnica, porque en los tres casos -me atrevo a decirlo y lo corroborará o lo desmentirá el señor Diputado Amado en representación del Partido Colorado- hay una respuesta vinculada con el derecho penal y con la conveniencia -fue un proceso largo y fructífero, como bien dijo el señor Diputado Puig- de que frente a la realidad, los Poderes públicos, en este caso el Poder Legislativo, actuaran y tomaran una decisión de estas características. Creo que, efectivamente, estamos -por lo menos en la Cámara de Diputados- en la culminación de un proceso que ha sido fructífero, en el que todos hemos aprendido -como se ha dicho en el plenario-, en el que todos hemos logrado, a lo largo de estos meses, recabar información valiosa de la realidad en la que estamos inmersos desde los puntos de vista del mercado del trabajo y del problema siempre preocupante de la siniestralidad laboral. Es por eso que conjuntamente con el señor Diputado Vidalín, con quien representamos al Partido Nacional en la Comisión de Legis-

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lación del Trabajo, llegamos a esta sesión en representación de todo el Partido -lo expresarán más adelante el señor Diputado Vidalín y otros integrantes de nuestra bancada parlamentaria- para proponer a la Cámara que apruebe el proyecto de ley que el Partido Nacional impulsa y que hoy somete a la consideración del pleno. La sesión también es atípica por todo lo que la ha rodeado y la rodea. Está claro que se ha generado una enorme expectativa pública con relación a esto -es importante; tampoco vamos a dramatizar ni a exagerar en algún sentido- porque es notorio que el PIT-CNT y el Sunca se han movilizado con mucha intensidad a lo largo de los últimos tiempos y están movilizados en el día de hoy. Creo que eso es bueno y saludable y, en definitiva, confirma que es bueno que de tanto en tanto recordemos que vivimos en un régimen democrático, en el que los derechos individuales están garantidos y donde la libertad de sindicalizarse, de reunirse y de convocarse está plenamente garantizada por la Constitución. Además, me parece bueno que se difunda lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados y con relación a este debate que, por ahora -ojalá que así prosiga-, se está llevando adelante con enorme madurez y con criterio absolutamente civilizatorio. Sin perjuicio de ello quiero hacer una aclaración que me resulta ineludible y tiene que ver con lo que supuestamente ha sido uno de los motivos o de los fundamentos que han llevado a los dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos a difundir y a instalar pantallas en las afueras del Palacio Legislativo y en distintos puntos del territorio de la República, lo que me parece una buena idea y muy saludable. Lo que me preocupó fue que en algún momento algunos de sus principales dirigentes dijeron que ello tenía el propósito de que toda la población estuviera debidamente enterada de qué iba a votar cada legislador. Respecto a esa preocupación quiero manifestar que habrá estado referida a un sector parlamentario y a un partido político que no es el mío. El Partido Nacional jamás ha ocultado sus puntos de vista, ha asumido siempre a la luz pública sus posiciones, ha dado la cara todas las veces que la ha tenido que dar, ha ido de frente, y ha asumido las consecuencias -si las hay- buenas o malas, pues no mide costos políticos a la hora de actuar, porque es su responsabilidad con la sociedad y con la República. De

manera que si el propósito fue garantizar ese resultado, por lo menos con relación al Partido Nacional se hubieran ahorrado la plata, pues no era necesario que asumieran el gasto y el esfuerzo de instalar pantallas para difundir lo que aquí está aconteciendo que, dicho sea de paso, reitero, es muy bueno que se difunda, se propague y se multiplique a lo largo y ancho de la sociedad. Hechas estas aclaraciones previas, está claro que hoy tenemos tres propuestas que, por lo menos, se propone conduzcan a algo, que es el encarcelamiento de los malos empresarios, que es hacer valer las responsabilidades penales que existen en nuestro derecho y en el Código Penal vigente ante quienes hacen las cosas mal. Me parece que ese es un objetivo compartible y que de hecho compartimos, y hacia eso va por lo menos nuestra propuesta y, por supuesto, todas las iniciativas que la Cámara hoy está analizando. A lo largo de este proceso hemos llegado a una conclusión. Desde nuestro punto de vista, en el derecho sustantivo, los delitos relacionados directamente con esta discusión, como el homicidio doloso o culposo, las lesiones personales, tanto las graves como las gravísimas, están tipificados como delitos en el Código Penal y, por supuesto, le son imputables a los malos empleadores que no cumplen con las normas de seguridad laboral. De hecho, hay antecedentes de empresarios o empleadores que han sido procesados cuando han actuado con culpa grave, con mala fe, negligencia o dolo. En ese sentido, desde el punto de vista de las normas materiales, nuestra visión es que nuestro derecho da las respuestas correspondientes. Por otra parte, si lo que se propone es establecer normas que tengan carácter declarativo -es perfectamente legítimo-, que introduzcan algún elemento nuevo o alguna modificación al derecho vigente para persuadir, para intimidar o para alertar que hay consecuencias penales que devendrían de las malas acciones de los empresarios omisos, o que en todo caso quieran hacer daño al no proveer las condiciones de seguridad suficientes, no nos parece mal que nos planteemos esa discusión. En el ámbito de la Comisión, los expertos y penalistas que allí comparecieron -me voy a remitir a lo que figura en las versiones taquigráficas- se opusieron a la propuesta en torno a la cual discutimos -como bien relataba el señor Diputado Puig, en una primera etapa fue el proyecto del Frente Amplio que propone

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consagrar un delito de peligro-, en el entendido de que la doctrina, no solo en nuestro país sino a nivel internacional, claramente está recomendando retroceder en el camino de instaurar delitos de peligro, porque son inconvenientes desde el punto de vista de las garantías personales y de los principios generales del derecho penal. Nosotros coincidimos con ese concepto. Sin embargo, advertimos que con seguridad hay un vacío en la legislación, que fundamentalmente tiene que ver con el eslabón de la denuncia, con la necesidad de que determinados casos que en los hechos han acontecido y no llegaron a la Justicia Penal, lleguen, como hubiera sido deseable. Es en ese punto que la propuesta del Partido Nacional sugiere legislar e innovar, porque entendemos que en ese eslabón es necesario mejorar la eficacia que desde la denuncia resulta indispensable para que haya condiciones más adecuadas a fin de hacer Justicia y mejorar la seguridad laboral. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Payssé) ——Se decía, por ejemplo, que en la construcción todos los años hay setecientos discapacitados nuevos; sin ninguna duda, es una cifra muy alta. Se razonaba y se conjeturaba -es verdad y me parece de pura lógica- que de todos esos casos, pocos o casi ninguno llegaron a conocimiento del Juez. Entonces, está claro que hay algo que está fallando en cuanto a poner en conocimiento de los hechos a la Justicia, cuando efectivamente de ellos se desprende que un empleador ha actuado con mala fe o no ha cumplido con lo que tiene que cumplir y de eso devino un accidente laboral que desembocó en la muerte o en la lesión de un trabajador; sin duda, en ese aspecto hay una carencia en la que notoriamente tenemos que trabajar para solucionar. Y a eso apunta la propuesta que el Partido Nacional presentó en la Comisión y trae hoy a consideración de la Cámara de Diputados. El señor Diputado Puig historiaba las distintas etapas que tuvo este proceso legislativo. Es verdad que empezó con una iniciativa que, según tenemos entendido, recogía un anteproyecto elaborado por el Sunca, que declaraba la responsabilidad penal de los empresarios o de los empleadores que no cumplían y que hacía aplicable lo que todos sabemos es aplicable: las normas del Código Penal, que tipifican los delitos a los que hicimos referencia hace un momento.

Eso generó diferencias en la bancada del Frente Amplio -no estoy cometiendo ninguna infidencia porque todo el país lo sabe-, y el tema se detuvo, diría que en algún sentido se empantanó, se dilató. Todo el país se notificó de que en la bancada del Partido de Gobierno se inició una negociación que después condujo a una fórmula, que es la que finalmente el Frente Amplio elevó a conocimiento de la Cámara. Nosotros no estamos de acuerdo con la fórmula que el Frente Amplio está defendiendo hoy, pero sí tenemos un nivel de coincidencia importante con el proyecto original que elaboró el Sunca y que presentó el Frente Amplio, dando estado parlamentario a la iniciativa del sindicato de la construcción. Ese proyecto de ley lleva la firma del señor Diputado Vidalín, lo que no es casualidad. El propósito de que un legislador del Partido Nacional estampara su firma en esa oportunidad tenía que ver con el afán de dar al tema estado parlamentario, de avenirnos a discutir una fórmula y a procurar un acuerdo que nos representara a todos. Como todos sabemos, concomitantemente, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos realizó una campaña de recolección de firmas. Yo tengo aquí la papeleta. Quiero ser muy sincero porque este es un hecho objetivo y no lo traigo a colación solo para generar confusión, sino para que quede claro que en el Cuerpo cada quien defiende su posición, que es la suya, y no habla en representación de nadie más que de aquellos que son sus mandantes y a quienes representa, en nuestro caso el Partido Nacional y quienes nos votaron en la última elección. Yo firmé esta papeleta; puedo decir dónde la firmé y a requerimiento de quién, que es un dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Allí no se promovía el delito de peligro que ahora la bancada del Frente Amplio respalda. Aquí se promovía una serie de reivindicaciones vinculadas con la seguridad laboral, que yo en buena medida comparto. ¡Por cierto que comparto! Inclusive, creo que esos temas tienen más prioridad, son más urgentes que la respuesta penal que se pretende dar al problema puesto en debate en esta sesión, que se plantea como una respuesta integral, y no lo es. En el plenario se decía bien que en esto no hay fórmulas mágicas. ¡Claro que no las hay!, y mucho menos de naturaleza penal, porque el derecho penal no persuade necesariamente, no previene por sí mismo. Crear delitos, aumentar penas, la inflación penal

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de la que hablan los penalistas, no tiene los efectos mágicos que aquí se invocaban. ¡Claro que no los tiene! Es mucho más importante lo que se haga desde el punto de vista del derecho laboral y de la política administrativa y de la acción de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, que lo que apruebe hoy; yo no digo que no haya margen o que no sea conveniente hacerlo. En todo caso, que quede claro que estamos todos de acuerdo con que debe haber una respuesta de esta naturaleza, pero que diferimos en la fórmula y el alcance. Ahora bien, aquí se ha hablado de una ley de responsabilidad penal, presentada por el Sunca, que es aquella primera versión, que coincide mucho más -objetivamente es así; podemos discutirlo- con el proyecto que el Partido Nacional está defendiendo en esta sesión. Aquella propuesta del Sunca, que el Frente Amplio recogió en su primera versión, establecía o asociaba la responsabilidad penal a la ocurrencia de un evento, de un accidente de trabajo del cual se derivara muerte o lesión, y eso es lo que estamos proponiendo al plenario. No es delito de peligro, sino accidente con consecuencia de muerte o lesión. Se me dirá: “Llegamos tarde cuando hay muerte o lesión”. Lo que pasa es que la respuesta no es solo penal; es integral. ¿Qué vamos a hacer o qué hemos hecho con la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social? Estas son las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Qué vamos a hacer o qué hemos hecho desde el punto de vista de la negociación colectiva en los distintos ámbitos y en las distintas ramas de la actividad? ¿Cuándo el país se va a dar una ley integral en materia de prevención de accidentes de trabajo? En la Comisión todos hemos coincidido en que nos la debemos, que se la debemos al país. Han pasado gobiernos de todos los signos políticos, y ya llevamos nueve años de Gobiernos del Frente Amplio y no hay un proyecto de ley presentado en ese sentido, salvo el que trajeron algunas organizaciones de pequeños empresarios, sobre el que todos coincidimos que contenía buenos aportes, que permitirían avanzar en el camino de esa solución, llegando a una ley en la que todos estuviéramos de acuerdo. ¿Tenemos una Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social lo suficientemente fuerte para prevenir, inspeccionar y fiscalizar y, por lo tanto, para dar una respuesta preventiva antes que la consecuencia penal y antes de la circunstancia desgraciada de la

muerte o de la lesión grave o gravísima? ¡Yo no sé si la tenemos! En estos momentos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social tiene en su plantilla ciento diez inspectores de trabajo que se reparten para atender todo el territorio nacional, tanto en materia de condiciones ambientales como de condiciones generales de trabajo, que son las dos categorías que atienden. Obviamente, hacen lo que pueden. Ahora bien, ¿ha habido una apuesta del Estado para dotar a ese sector de la vida del país de más recursos a fin de que sea más eficiente, más eficaz y llegue más rápido y antes adonde debe llegar? Francamente, tengo la impresión de que no se ha hecho mucho en esa materia, de que no se ha hecho lo suficiente. Tal vez en este aspecto nadie tenga autoridad moral suficiente para decir: “Nosotros lo hicimos y ustedes no”. No estoy diciendo eso. Pero pregunto a los colegas del Frente Amplio si haber incrementado en veinticinco los inspectores de trabajo en nueve años es para estar conformes y tranquilos, como respuesta desde la política laboral, desde el Poder Ejecutivo, para atemperar y, en todo caso, para combatir el fenómeno de la siniestralidad. Sinceramente creo que no. Pienso que es absolutamente insuficiente. El Estado está en falta en cuanto a acometer, a dar respuestas a un tema de esta magnitud y significación. El Estado no es capaz de darnos información. No hay estadísticas fidedignas: la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social no las lleva y el Banco de Seguros del Estado, tampoco. Las cifras con las que nos hemos manejado son de fuente privada. Los empresarios y los trabajadores han hecho mucho más que nosotros. A lo que ahora atinamos es a consagrar un nuevo delito o, en nuestro caso, intentamos que aquellos que hacen las cosas mal vayan presos -es la propuesta que impulsa el Partido Nacional- o se los denuncie penalmente cuando actúan con mala fe. ¿Es eso suficiente? El mismo Estado que viene a imponer un nuevo delito y a condenar -probablemente esté bien que lo haga; no digo que no porque, además, es parte de su poder de imperio y de su potestad estatales el mismo que ni siquiera nos da la información suficiente para saber cuál es la realidad sobre la que estamos actuando, cuál es el contexto en el que nos encontramos y, en definitiva, si estamos frente a un problema de mayor o menor magnitud. Se han construido muchos mitos en torno a esto. El sector de la construcción es emblemático, sin embargo, es el que registra los mayores avances en

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comparación con los distintos rubros de la actividad. La Cámara de la Construcción del Uruguay presentó una serie de datos que no fueron desmentidos ni aclarados por nadie, ni sustituidos por otros, según los cuales la cantidad de muertos ha ido descendiendo. Por supuesto que un muerto es suficiente para interpelar nuestras conciencias y motivarnos a que reaccionemos y hagamos cosas; desde luego que sí. Pero también es verdad que el sector de la construcción, que empleaba a veintisiete mil trabajadores en el año 2005, y el año pasado empleó a sesenta y ocho mil, hoy tiene menos muertos que en 2005, y está bien. ¿Y eso es mérito del Gobierno, del Frente Amplio, de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social? No; es mérito de la negociación colectiva, es mérito de las comisiones internas, es mérito de los delegados, de los técnicos en seguridad que existen en el sector de la construcción. Ayer el Sunca alcanzó un nuevo logro, muy bienvenido, que es parte de la plataforma para la cual pidieron firmas a los ciudadanos, porque ahora los delegados de obra van a tener más facultades y más poderes que antes, y eso está bien. Ese es el camino. Dicho todo esto, uno se pregunta si verdaderamente nos debe dar orgullo, satisfacción y, sobre todo, tranquilidad esta simple respuesta de carácter penal -y lo de “simple” va para cualquiera de las tres fórmulas que hoy la Cámara de Representantes está analizando-, que frente a la enorme complejidad del problema que enfrentamos, obviamente lejos estarán -cualquiera de las soluciones que hoy se adopte-, de ser mágicas, como se mencionaba más temprano en este debate. A nosotros nos parece que el delito de peligro no es lo más conveniente porque es una forma de hacer tabla rasa. Nos parece que iguala o pone en un mismo plano a los buenos y los malos empresarios. No me pongo tremendista, ni vengo con sentido apocalíptico a decir que si esto prospera vamos a tener una fractura en la sociedad. No digo eso. Me parece que quienes en todo caso apelan a esos recursos dialécticos a la hora del debate van por muy mal camino y, obviamente, resultan poco creíbles. Lo que sí digo, señora Presidenta, es que aunque esa no sea la intención -yo no juzgo intenciones; parto del supuesto de que todas las bancadas parlamentarias actuamos con la mejor intención-, poner en un plano de igualdad al empresario que hace las cosas bien y al que las hace

mal, al que cumple y al que no cumple, al grande y al chico, al del comercio, al de la construcción, al rural y al de los servicios, es un camino que considero peligroso y puede conducir a situaciones injustas. Probablemente permita castigar al que se lo merece pero, eventualmente, también puede representar el riesgo de que termine pagando justo por pecador. Que quede claro que todos los penalistas que fueron convocados a la Comisión de Legislación del Trabajo -de los que voy a hablar, porque otras opiniones no tengo y no traje; me limito a esos asesoramientos-, la doctora Cecilia Salom de Fernández y el doctor Germán Aller, Secretario del Instituto Uruguayo de Derecho Penal y Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay, nos dijeron que esta solución es mala y peligrosa porque, además, la fórmula que se propone es indeterminada, está asociada a conceptos que son de interpretación subjetiva. Cuando se dice “peligro grave y concreto” parece concreto, no parece abstracto, pero termina siendo abstracto porque, ¿a juicio de quién es peligro grave y concreto? Del denunciante. ¿Quién es el denunciante? ¿El trabajador? ¡No! Puede ser el vecino de la fábrica de pastas. Puede ser un conocido del ferretero que, por alguna razón, que puede ser muy altruista, como pensar en la salud y en la integridad física del trabajador, capaz que va y denuncia, pero quizás lo hace por otra motivación, porque todos conocemos la condición humana. Entonces, el denunciante va a juzgar el peligro grave de un accidente de trabajo que puede afectar la salud del trabajador y después el Magistrado coincidirá o no con él. Ahora, los conceptos son indeterminados y asociar un tipo penal a la reglamentación, objetivamente se sale de los principios generales del derecho penal porque, como todos sabemos, este se caracteriza por el principio de tipicidad, los elementos configurativos del delito tienen que estar clara e inalterablemente definidos y sin margen en la propia definición penal. Aquí se vincula esto con las normas reglamentarias, pero estas cambian todos los días. Si mañana el Poder Ejecutivo resuelve, por ejemplo -esto es aplicable tanto al sector privado como al público-, que es un requisito de seguridad laboral que los extintores estén vigentes en el sector privado, pero no necesariamente en el público, donde eventualmente pueden estar vencidos por la burocracia y las licitaciones, ¿entonces qué? Hacemos una discriminación. En ese caso el empleador Estado es impune, pero al empleador privado, grande o chico, al

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que eventualmente se le venció el extintor y fue denunciado, fue preso; a ese sí lo condenamos. Este puede ser un razonamiento hecho a grandes trazos o una suerte de caricatura, pero a veces hay que razonar por el absurdo -esperemos que estas cosas no pasen- para darnos cuenta si las soluciones son atinadas o no. Esa es la realidad. Esas son las razones que a nosotros nos llevan a dudar de que una solución como la que promueve el Frente Amplio sea la más adecuada. Se ha invocado el derecho comparado en forma insistente, y es bien interesante. Creo que hay que ver qué pasa en otros países, hay que analizar la legislación comparada para inspirarse y, al mismo tiempo, evaluar la realidad en la que estamos inmersos. Las situaciones de los demás países no son extrapolables. No podemos aplicar en forma textual y a pie juntillas la ley española, que es emblemática en el Uruguay, porque España tiene su propio proceso y, sin duda, hay características del mercado de trabajo que no necesariamente coinciden con las nuestras. Nos tomamos el trabajo de leer la ley española y advertimos que allí no se consagra un delito de peligro como el que se promueve en Uruguay. La ley española es bastante más compleja que una mera ley penal. Es una ley de prevención de accidentes de trabajo muy completa, muy abarcativa de todos los temas que deben estar incluidos en una ley de seguridad en el trabajo, como la que no tenemos en Uruguay y como la que, a nuestro juicio, todavía está pendiente de sanción. En España se aprobó una norma que en su “nomen iuris”, en su definición formal, no es de derecho penal. Es una ley de prevención de riesgos laborales. En ella hay medidas de carácter administrativo, hay medidas sancionatorias de carácter económico, por cierto, de montos muy importantes, y hay una disposición de naturaleza penal que no establece un delito de peligro a la usanza de lo que aquí se promueve, de carácter genérico e irrestricto. No. Es un delito que no es de peligro, que está asociado a una omisión concreta, que es la de proporcionar al trabajador los elementos de seguridad. O sea, no se trata de que cuando alguien presume que en algún lado no hay seguridad, lo denuncia y, si el Juez está de acuerdo, lo pone preso. No. Se tiene que probar que el empleador correspondiente se negó a suministrar los elementos de seguridad, por eso incurrió en responsabilidad penal y por eso es responsabilizable penalmente.

En la ley española también hay responsabilidades penales para los trabajadores, cosa que sería impensable en el Uruguay. ¿A quién se le ocurre que en el Estado uruguayo, con el atraso que hay en materia de prevención, de seguridad e higiene, vayamos a criminalizar a los trabajadores? No se le ocurre a nadie. Esto se planteó en la Comisión. Algunos actores vinieron y hablaron de una suerte de equivalencia entre la tipificación de un delito a una de las partes y la eventual tipificación de un delito para la otra parte de la relación laboral. En España ocurre porque hay una respuesta integral y completa al fenómeno de la siniestralidad y a los problemas que se derivan de la accidentalidad en los lugares de trabajo. Estas son las razones por las cuales asumimos esta actitud en el día de hoy. Por supuesto que nuestro propósito es persuadir a la Cámara de que vote nuestro proyecto. Estamos en un ámbito político, esencialmente democrático, de debate, de acuerdo, de discusión. Nosotros buscamos un acuerdo en el ámbito de la Comisión. Cuando estos debates acontecen, por supuesto corresponde trasmitir a los colegas qué pasó en la Comisión. Pasó lo que dijo el señor Diputado Puig, que esencialmente es correcto y acertado; pasó lo que estoy describiendo, y pasó después de que el Frente Amplio solucionó sus diferencias internas y cambió radicalmente la propuesta -porque entre el proyecto original y este último hay un abismo; reitero que el nuestro es más parecido al del Sunca que el que está promoviendo la bancada del Frente Amplio, con el apoyo del Sunca, no nos vamos a hacer los distraídos-, y de que la Comisión terminó de recibir a las delegaciones y de recabar los asesoramientos que, a juicio de todos los legisladores, eran necesarios para conformarnos una idea; nosotros pedimos un plazo de una semana antes de votar. No quisimos chicanear ni dilatar la definición de este asunto porque las etapas se fueron cumpliendo y nos encaminábamos al momento de tomar una definición, pero pedimos una semana más porque en determinado momento y en muchos aspectos no estábamos demasiado lejos -y por supuesto no lo estamos- en cuanto a los objetivos que todos decimos perseguir y seguramente todos perseguimos. Se nos dijo que no, y lo entiendo. No fue una señal de intolerancia de parte de los compañeros de la Comisión porque nosotros sabemos leer los acontecimientos políticos y nos consta que hubo una negociación muy compleja en el ámbito del Frente Amplio totalmente legítima, que de-

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rivó en un acuerdo que si hubiésemos alterado en algún aspecto habría sido insostenible para quienes hoy lo siguen sosteniendo en esta deliberación. Quisiéramos hacer un comentario más -porque no seríamos honestos con nosotros mismos si no lo hiciéramos- sobre el comportamiento y la conducta que asumió con relación a esto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en particular el señor Ministro Brenta. Francamente, nos resultó bastante decepcionante la conducta del señor Ministro con relación a esta deliberación. Diría que fue bastante renuente a entrar en este debate y a pronunciarse. Estamos hablando de una ley de naturaleza penal que tiene una finalidad, que es modificar positivamente, por parte de quienes la promueven y de quienes promovemos los demás proyectos, la realidad en el mercado de trabajo y la realidad que el país enfrenta en materia de accidentes de trabajo. El Ministro se nos escabulló varias veces. Diría que el Ministro se lavó las manos, para decirlo en términos que todos podamos entender. Cuando se analizaba el anteproyecto del Sunca, al que dieron estado parlamentario los legisladores del Frente Amplio, así como el señor Diputado Vidalín, que también lo firmó, el Ministro estuvo en la Comisión. El Ministro estuvo en la Comisión por otros temas y le preguntamos sobre esto. Nos dijo: “Nosotros no somos penalistas. No nos podemos meter en una discusión de estas características. Lo tiene que resolver el Parlamento”. Francamente, creo que para un jerarca, un funcionario de Gobierno que tiene a su cargo, ni más ni menos, la política laboral, la seguridad en el trabajo y la suerte de los trabajadores, esa es una actitud, una respuesta muy poco comprometida. Me da la impresión de que el señor Ministro extraña poco al Parlamento. Él fue legislador; fue Diputado en durante la Legislatura pasada. En los últimos tiempos, en varios temas que abordó esta Cámara, vinculados directamente con su área de competencia, francamente ha brillado por su ausencia. No vino a informar sobre una buena ley que todos votamos, que incrementó el subsidio por maternidad y la licencia de los padres, que todos acompañamos. Fue una buena iniciativa y una buena solución del Gobierno que votamos, aplaudimos y fundamentamos en la discusión. Tampoco vino, nada menos que cuando se modificó el régimen de las AFAP. Hizo venir al Director Nacional

de Seguridad Social, que es una figura -lo dijimos en el debate con todo respeto-, desde el punto de vista institucional, jerárquica, de segundo o tercer orden en la escala administrativa. Cuando tratamos la norma que acaba de ser definida desde la bancada de Gobierno como fundamental para la seguridad de los trabajadores, primero dijo que no era penalista y en esta última oportunidad no vino y mandó al Subsecretario. Creo que el problema es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -esto tiene que ver con la insuficiencia que se exhibe desde el Estado en esta materia- claramente tiene una posición de debilidad porque en la propia Cartera las condiciones de seguridad laboral son pésimas. Y no lo digo yo, que no soy arquitecto ni funcionario del Ministerio ni estoy en situación de evaluar las condiciones laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni de cualquier otro ámbito, porque tampoco soy técnico prevencionista: lo dijeron los propios Inspectores de Trabajo, la policía laboral. La Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay dijo en el mes de mayo, cuando se mató un trabajador en el Ministerio limpiando vidrios, como todos recordamos, que las condiciones en dicha Secretaría de Estado, que es el Ministerio de la política laboral, de la seguridad e higiene en el trabajo, son deficientes. Reitero: la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay dijo que las condiciones de seguridad son deficientes, y después hizo una serie de consideraciones. No quiero aburrir a la Cámara, pero parece que eso es lo que pasa en el Ministerio. En mayo se mató un trabajador en una situación absolutamente desgraciada y hoy, cuando ya estamos en el mes de noviembre, seis meses después, medio año después, no terminó la investigación. Todavía no se sabe qué es lo que pasó; todavía no se sabe si la empresa a la que pertenecía ese trabajador cumplía o no con los protocolos de seguridad, o si hay alguna razón imputable al Ministerio desde el punto de vista de las condiciones locativas y físicas que puedan haber desencadenado esa tragedia. ¿Por qué no se termina la investigación? ¿Es tan difícil determinar lo que pasó? Se nos dijo que estaban esperando la evacuación de las vistas o alguna pericia de la Policía Técnica. Cuando la semana pasada concurrió el señor Subsecretario, doctor Loustaunau, dijo que la pericia ya había llegado y que nos iban a mandar la información, pero todavía la información no llegó. De todas formas, el Subsecretario Loustaunau vino muy alegremente a decir que este proyecto está muy bien. Claro, está

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muy bien, pero si hubiera estado vigente en el mes de mayo tal vez se habría terminado procesando o la Justicia habría terminado involucrando al Ministro como titular del lugar de trabajo y por lo tanto responsable de las condiciones de seguridad. Objetivamente le hubiera sido aplicable el delito que hoy la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados está promoviendo. Es así. Me parece que en este tema no hay que tener posiciones ambiguas o contradictorias. Si vamos por un camino, asumamos las consecuencias, pero no nos escondamos. En todo caso, el Sunca debería hacer un esfuerzo por difundir la posición de los gobernantes, la del Poder Ejecutivo, y no solo la de los legisladores, como lo está haciendo hoy, hecho que me parece un gran acierto. En algún momento le van a pedir al Ministro Brenta que diga qué piensa de todo esto, qué piensa de verdad, y cómo están las condiciones de seguridad laboral en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Reitero que han sido denunciadas por los Inspectores de Trabajo, que son funcionarios técnicos, ni blancos, ni colorados ni frenteamplistas, o todo eso, pero no en el ejercicio de su función pública porque allí están ejerciendo la policía laboral para controlar y denunciar. ¿Y cuál es la respuesta de la conducción política del país? El delito de peligro. Está muy bien, pero por supuesto creo que así como la caridad bien entendida empieza por casa, la justicia bien entendida, cuando se pretende impartir, desarrollar y actualizar el sistema jurídico para el mejor resultado de la sociedad y el interés colectivo, también empieza por casa, y se predica con el ejemplo, que es lo que me parece que en este caso no ha acontecido. Señora Presidenta: considero que básicamente hemos dicho todo lo que en principio teníamos para decir. Creo que el señor Diputado Puig hizo un planteo serio, responsable, con el que tenemos muchas coincidencias -más allá de la discrepancia en la conclusión o en la fórmula jurídica final- que en algún sentido están señalando el buen clima de trabajo que tuvimos en la Comisión. Quiero reconocer en él a un impulsor muy importante de este tema, de este debate, a su bancada, y a todas las bancadas que estuvimos en sintonía. Sin ninguna duda diría que el señor Diputado Puig fue un fogonero -podríamos decirlo asíde esta discusión, pero nosotros, con el mismo orgullo que él, queremos decir que llegamos a este debate no solo tranquilos sino contentos y muy seguros de lo que hicimos en este último tramo de la discusión y de

lo que representamos históricamente en cuanto a legislación social y laboral del Uruguay. El debate no es de carácter histórico; por supuesto, tenemos que proponernos mejorar mirando para adelante. Creo que con ese talante llegamos todos al plenario. Seguramente haya referencias al pasado porque algunos Diputados son afectos a hacerlas; nosotros tenemos bien presentes algunos datos de la realidad pero los vamos a dejar para después porque no queremos aburrir a la Cámara. De todas formas, el debate histórico nos encuentra fuertes, vigorosos y muy cómodos a la hora de abordarlo si es que a él se nos quiere invitar; por supuesto a él vamos a ir como lo hemos hecho siempre: civilizada, democráticamente y con la tolerancia que en el fondo todos practicamos, más allá de algunos olvidos que en forma circunstancial podamos tener.

El Partido Nacional, repito, comparece a esta sesión de la Cámara en nombre de una tradición muy rica, de un compromiso histórico con los trabajadores del Uruguay y de una realidad política que asocia su nombre a las conquistas sociales y laborales, en el campo del trabajo y de la seguridad social. No queremos herir sensibilidades pero digamos que estas conquistas registran a nuestra colectividad política como uno de los actores centrales en la construcción que entre todos hemos realizado. Eso ocurrió a lo largo de todos los gobiernos que encabezó nuestro Partido en los siglos XIX y XX y sin ninguna duda esa experiencia se vincula a los aportes permanentes que desde la oposición, en los más diversos ámbitos y en particular en esta Casa, realizamos a la legislación social del Uruguay. Nombres de personalidades de nuestro Partido están vinculados con el desarrollo de las leyes jubilatorias, del salario vacacional, del aguinaldo, de la escala móvil jubilatoria y de tantos y tantos institutos de derecho del trabajo y tantas obras sociales que no tienen el nombre de nuestra colectividad política grabado a fuego en exclusividad, sino que por cierto responden, repito, a la construcción que hicimos los partidos políticos, el movimiento obrero y las organizaciones sociales, porque las sociedades son fundamentalmente eso. Tenemos un sentido inclusivo de la construcción colectiva; un sentido que apunta a reconocer que nadie tiene la verdad encerrada en un puño y que todos, en el momento en que las circunstancias históricas lo indican, aportamos y contribuimos al mejoramiento de la sociedad. Yo creo que eso es lo

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que nos ha hecho una sociedad distinta en la región y por qué no en el mundo a través del tiempo. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR PUIG.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: vamos a tratar de ser breves; queremos aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros rechazamos que el artículo 1º cree confusión alguna entre buenos y malos empresarios. En realidad, el artículo 1º establece con absoluta claridad que van a tener responsabilidad penal quienes, además de no adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador. No hay dos lecturas; para el Frente Amplio no hay planteamientos ambiguos. Lo que estamos diciendo, en definitiva, es que la responsabilidad penal debe recaer sobre quienes no solo desconozcan las normas de seguridad y resguardo sino pongan en peligro concreto la vida del trabajador. Nos parece que no hay confusión; se está desarrollando una herramienta fundamental que no puede ser utilizada contra los buenos empresarios, como aquí se planteó. Por otra parte, compartimos totalmente que no toda la legislación de otros países es aplicable; tanto es así que no incorporamos un aspecto de la legislación española que tipifica como delito el ataque a la libertad sindical. Tal vez habría que pensarlo, porque muchas veces se ha atacado y en algunos casos se sigue atacando hoy la libertad de los trabajadores; esto figura en la ley española. Se habla de que el Frente Amplio llega a este proyecto de ley producto de sus diferencias internas. ¡Por favor! El Frente Amplio debatió durante tres años sin que existiera una sola alternativa presentada por la oposición. En realidad, cuando se rechazó el primer proyecto, el Frente Amplio empezó a discutir a fondo alternativas porque catedráticos de Derecho Penal y de Derecho Laboral nos habían convencido de que la primera iniciativa no era adecuada. Entonces, nos pusimos a debatir alternativas, estuvimos tiempo llevándolas a Comisión y resulta que después de tres años, recién hoy aparecen otras propuestas que, desde nuestro punto de vista, no reúnen las condiciones para constituirse en una herramienta válida.

Al mismo tiempo, se pretenden cambiar los ejes de discusión, diciendo que el problema es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que el Ministro se escabulló. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue a dar su posición en las múltiples oportunidades en que la Comisión así lo requirió para analizar el proyecto anterior, sobre el cual, en realidad, tenía una visión distinta. También fue a dar una visión sobre este proyecto, que incluye el delito de peligro y no fue una posición alegremente expresada por el Subsecretario Loustaunau. Fue una opinión fundamentada en cuanto a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respalda integralmente este proyecto y que, una vez sea aprobado por las dos Cámaras, va a ser promulgado. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Poder Ejecutivo respaldan este proyecto. En un momento se dijo que no se ha avanzado en materia de inspección del trabajo. Nosotros creemos que se ha avanzado mucho y aún falta muchísimo. ¡Pero claro que se ha avanzado en cantidad de inspectores, en criterios de trabajo y demás! Se dice que se avanzó en negociación colectiva pero que esto no tiene que ver con el Frente Amplio. ¡Claro que tiene que ver con el Frente Amplio y fundamentalmente con los trabajadores, después de muchos años de discutir la necesidad de negociación colectiva que le fuera negada durante la larga década del noventa! Porque nos quieren llevar a discutir en ese terreno, pero no nos van a sacar de los ejes. Durante mucho tiempo, los trabajadores no pudieron discutir salario ni condiciones de trabajo. Y es un aspecto que limita la democracia el que los trabajadores no puedan discutir Ahora se dice que el avance en la negociación colectiva no tiene que ver con el Frente Amplio ni con los trabajadores. ¿Qué? ¿Es un clavel del aire? No. Reivindicamos nuestra lucha permanente por la negociación colectiva. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: se han mencionado distintos tópicos. Creo que con relación al derecho comparado no hay nada nuevo. Está claro que

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la ley española consagra una solución distinta, que no es la del delito de peligro. Pero como ese punto no se ha contestado, supongo que nuestra opinión por lo menos se aceptó, aunque sea implícita o pacíficamente. Sobre los buenos y los malos empresarios, a veces tenemos la tendencia a creer que cuando alguien discrepa con algo es porque está cuestionando su buena intención. Yo no digo que el Frente Amplio tenga la intención de encarcelar o criminalizar a los buenos empresarios. Estoy diciendo que propone una fórmula que, en todo caso, puede conducir a la circunstancia no deseada por las razones que ya expliqué: los conceptos de la indeterminación que explicaban la señora de Gonzalo Fernández y el doctor Germán Aller, el concepto de peligro concreto que es de interpretación subjetiva, quién lo va a juzgar y en qué momento, y por asociar un delito con una norma de menor jerarquía, como la reglamentación, que es la primera vez que ocurre en la historia del derecho penal en el Uruguay En cuanto a las alternativas, acá está la nuestra. Ahora, si tenemos que pedir permiso o, en todo caso, deben decirnos cuál es el plazo o en qué momento la tenemos que presentar, no lo vamos a aceptar. Además, no tenemos derecho a discrepar, aparentemente debemos aceptar que nos digan en qué momento presentar propuestas alternativas. ¡Lo hicimos ahora porque este debate tiene lugar ahora! Vamos a entendernos: pedimos una semana de negociación y se nos dijo que no. Si vamos a entrar en el terreno de señalar lo que debimos hacer y no hicimos, y en esa competencia gratuita y vana de quién es más solidario con los trabajadores y quién tiene el monopolio de la sensibilidad social, yo voy a decir algo. Ya que estamos debatiendo el tema de la seguridad laboral y de los mecanismos que prevengan la accidentalidad en el trabajo, ¿cuándo se va a votar el proyecto del señor Diputado Novales que cubre, precisamente, los accidentes de trabajo in itínere, los que se producen desde y hacia el lugar de trabajo? ¿Cuándo lo van a votar? Porque si vamos a empezar a jugar a las escondidas o a la mancha, yo también entro en ese juego; pero vamos a decir las cosas como son. Y esto es para los compañeros del Sunca que nos están mirando por televisión: los trabajadores que hoy celebran que se esté aprobando esta norma sepan que desde hace varios años

ya podrían tener la cobertura del accidente in itínere si el Parlamento, donde el Frente Amplio tiene mayoría absoluta, hubiera votado un proyecto del Partido Nacional, que no votó. Mejor dicho: que votó en la Legislatura pasada, pero que el Presidente Vázquez vetó por razones que hasta el día de hoy nadie ha sabido explicar, con el compromiso de que se iba a hacer un nuevo proyecto de ley. Bueno, nosotros lo presentamos; lo volvió a presentar el señor Diputado Novales con el apoyo de todo el Partido Nacional, pero vino el Banco de Seguros del Estado a decir que no, que eso podría complicar los costos de la institución porque resulta que ahora los viejos sindicalistas se ponen economicistas, y entonces vienen con la tesis de que hay que ver los costos y no aumentar el precio de las pólizas, porque podemos perder clientes. Y el Presidente del Banco de Seguros del Estado, que es un exdirigente de AEBU, a quien yo respeto mucho, y que además integra el Partido Socialista, puso reparos y por eso no ha salido la ley que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Entonces, si vamos a entrar en el terreno de ver quién es el campeón en cuanto a reivindicar a los trabajadores desde hace doscientos años hasta ahora, desde Oribe hasta la actualidad, desde Artigas hasta el presente, ¡vamo’ arriba! Pero creo que es un mal camino. Yo di a mi intervención un tono que procuró que debatiéramos civilizadamente y mirando hacia adelante. Si esa no es la idea, cambiemos el disquete y vayamos a lo otro. Ahora: algún día tal vez votemos el proyecto del señor Diputado Novales, porque creo que mejora la protección social de los trabajadores y hace justicia. Además, todos estuvimos de acuerdo, porque los Diputados del Frente Amplio integrantes de la Comisión están reclamando lo mismo, aunque nunca terminamos de aprobarlo. ¿Cuándo lo vamos a aprobar? Ojalá que se diga porque entonces, frente al Sunca, frente a las pantallas de televisión y al país entero, asumimos el compromiso y capaz que traemos el proyecto la semana que viene y lo votamos en el plenario de la Cámara de Diputados. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR GROBA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: como bancada no nos vamos a salir del eje ni del objetivo que tenemos hoy, que es aprobar el proyecto de ley de responsabilidad penal del empresario cuando incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, señora Presidenta, es necesario dejar alguna constancia por todo lo que se dijo en esta Sala. En primer lugar, es preciso resaltar la tarea del anterior Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, así como del actual, en lo que tiene que ver con la protección de la parte más débil, los trabajadores, y la promoción de una cantidad de proyectos de ley; estos son datos de la realidad. En segundo término, no podemos admitir que de la nada aparezcan maestros a decirnos qué deben hacer el Frente Amplio y nuestros Ministros en materia de protección laboral y de relaciones laborales. No podemos admitir eso, señora Presidenta, de cada uno de esos maestros con el currículum que tienen. Claro que se atajan y dicen: “No vamos a discutir lo anterior; vamos a discutir el presente”, pero es necesario que los trabajadores del campo, de la ciudad y la población en general sepan qué hicieron estos maestros cuando fueron Gobierno, aunque ahora están diciendo que ellos siempre aplicaron una política inclusiva en las relaciones laborales. Hoy se alaba mucho, por suerte: tal vez aprendieron y los maestros estén escuchando a los alumnos y se estén dando cuenta de que se hizo mal al liquidar los Consejos de Salarios y la negociación tripartita en la década del noventa, y que se hizo mal al no haber promovido el fuero sindical en esa política inclusiva. ¿Por qué no promovieron el fuero sindical en esa política inclusiva? Y en el tema de los accidentes laborales, señora Presidenta, con todos los proyectos que dicen que hay -llegaron en las últimas veinticuatro horas-, ¿por qué no los promovieron cuando fueron Gobierno y tenían sus propios Ministros? Es claro que estamos hablando de dos proyectos de país totalmente diferentes. Naturalmente, no vamos a pedir a los partidos que ya estuvieron en el Gobierno que acompañen este proyecto, porque sabemos que no lo van a hacer. Pero sí queremos decir que estos maestros que nos dicen cómo hacer para integrar a los trabajadores democráticamente a la discusión de su salario y de sus condiciones de vida, cuando fueron Gobierno no solo no lo hicieron, sino que retrocedieron muchísimo en las relaciones laborales y en la democratización de

una gran parte de la sociedad -la clase obrera, los trabajadores- en la discusión de su salario y de su nivel de vida. Por el contrario, quisieron aplicar la reglamentación sindical; quisieron y aplicaron la flexibilización laboral; quisieron aplicar políticas de shock; pusieron impuestos a los sueldos y a las jubilaciones y aumentaron el IVA. Esa es la política de inclusión de los maestros que hoy nos dicen cómo gobernar y cómo seguir cambiando este país, aunque desde hace nueve años el Frente Amplio lo está haciendo. Señora Presidenta: no voy a mencionar a los dos partidos políticos porque uno de ellos no se ha expresado todavía, pero ojalá que el partido que ya habló se suba a la construcción de un Uruguay democrático, a la construcción de relaciones laborales en las que se proteja a la parte más débil, a la construcción de la democratización y a las posibilidades de que el trabajador tenga cómo discutir, explicando los empresarios que esto no va dirigido contra aquellos que cumplen y, además, admita y no tenga miedo a los nuevos temas que están impulsando el Frente Amplio y los trabajadores. Y cuando se habla del Sunca, ¡que deje que los trabajadores hagan sus propios análisis acerca de sus temas, diseñen sus propias estrategias y las respete! Porque la clase obrera en este país ha aportado mucho y tiene muchísimo para aportar todavía, y en materia de relaciones laborales y de negociación colectiva, ¡vaya si ha impulsado propuestas que, lamentablemente, en otros períodos de gobierno no fueron promovidas! Simplemente queríamos dejar esta constancia porque no podíamos dejar pasar que se haya intentado denostar a los Ministros del Frente Amplio y, naturalmente, a los trabajadores y a su capacidad intelectual para comprender estas cosas. ¡Se terminaron los hábiles declarantes de la política y la historia del Uruguay! Ya no se puede sonreír y decir: “Te vamos a dar esto”, cuando históricamente eso no ha ocurrido. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PARDIÑAS.- Señora Presidenta: nosotros no estamos en este Parlamento para correr carreras, para ver quién puede aprobar más rápido proyectos

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de ley que tienen como objetivo seguir generando normas que regulen la convivencia entre la gente. Desde que se fundó, el Partido Socialista tuvo representación en este Parlamento y siempre estuvo asociado a la defensa del trabajador, de las condiciones en las que se desempeñaba; cotidianamente, este tenía que enfrentar, en forma desigual, el esfuerzo por llevar el sustento a su familia. Por lo tanto, a nosotros no nos duelen prendas por el hecho de que a algún miembro de nuestro Partido con responsabilidad de Gobierno se adjudiquen posturas que han sido muy claras, que fueron expresadas en el seno de las Comisiones parlamentarias y en otros ámbitos en los que se han discutido determinados temas. Esos compañeros no juegan a economicistas sino que asumen el rol de gobernar los destinos de este país porque hay una fuerza política, el Frente Amplio, que está fuertemente integrada por la clase trabajadora y que ha dado a la clase trabajadora la oportunidad de llegar a gobernar el Uruguay. Eso es lo distinto, que algunos compañeros hayan llegado al cargo por mérito propio, por antecedentes que han ido generando ese compromiso de transformar y de generar un país mejor, y es lo que a veces molesta a algunos señores. Y las políticas públicas que se construyen parten de esa perspectiva, sin ningunear a nadie sino, al contrario, queriendo privilegiar a quienes en este país siempre fueron postergados, representando el interés de los demás, el interés general, el interés del esfuerzo colectivo del trabajo. Creo que se muy injusto atribuir intencionalidad al Presidente del Banco de Seguros del Estado, porque es cierto que, en su larga trayectoria de militancia sindical, así como hoy, sigue teniendo las mismas convicciones. ¡Y fue aquel miembro sindical, luchador, que en los momentos en los que había que poner la voluntad, el compromiso y la responsabilidad para trabajar por la organización sindical lo hizo, mientras se reprimía y algunos de quienes lo critican se pavoneaban con los opresores de turno! Este largo camino de construcción de derechos, de defensa de derechos y de ampliación de derechos está muy matrizado en nuestra fuerza política, en nuestro Frente Amplio, y va a seguir así con el apoyo, con la integración y con la participación de la clase trabajadora y, fundamentalmente, del pueblo, porque

también es cierto que el pueblo va más allá de la clase trabajadora. Y en el tema que hoy se discute también están incluidos los fundamentos ideológicos de cómo queremos construir un país, de cómo queremos generar esa inclusión, de cómo realmente logramos que la democracia se profundice e incorpore a los olvidados de siempre. Ese es el camino por el que -reitero- desde que don Emilio Frugoni ingresó a este Parlamento, el Partido Socialista, sus representantes y los representantes del Frente Amplio -cuando constituimos el Frente Amplio- venimos transitando con convicción, sin arriar ninguna bandera y, especialmente, siguiendo con los mismos compromisos y responsabilidades de defender el derecho de los más desposeídos. Muchas gracias, señora Presidenta.

18.- Licencias. Integración de la Cámara.
“La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Marcelo Bistolfi Zunini, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Vela. Del señor Representante Rodolfo Caram, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Marcelo Díaz. Del señor Representante Juan Manuel Garino Gruss, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Milo Ojeda. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante María Elena Laurnaga, por el día 12 de noviembre de 2013, para participar del Primer Encuentro de Trabajo “Los Desafíos de la Gestión”, convocado por el Programa de Cohesión Social y Territorial, Uruguay Integra; a realizarse en la ciudad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó,

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convocándose a la suplente siguiente, señora Rosa Quintana. Licencia en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de noviembre de 2013, para asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, a llevarse a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose a la suplente siguiente, señora Alda Grisel Álvarez. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Luis Lacalle Pou, por el día 6 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando D. Lereté Salcedo. Del señor Representante Mario Perrachón, por los días 7 y 14 de noviembre de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Mercedes Santalla. Licencia en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Alberto Perdomo Gamarra, por el período comprendido entre los días 12 y 15 de noviembre de 2013, para asistir a la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, a llevarse a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel López. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Javier García, por los días 6 y 7 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián Da Silva”. ——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el lapso comprendido entre el 11 y el 26 inclusive (16 días) del corriente. Sin otro particular, saluda a usted con mi más alta consideración y estima, MARCELO BISTOLFI ZUNINI Representante por Salto”. Salto, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe Cdor. Rodolfo Martínez, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido legislador en la fecha que comprende, del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima. Rodolfo Martínez”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe Mtra. Griselda Ocampo, suplenta del Diputado Marcelo Bistolfi, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, durante la li-

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cencia solicitada por el referido Legislador en la fecha que comprende del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima. Griselda Ocampo”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe Dra. Martha Richard, suplenta del Diputado Marcelo Bistolfi, le informa que por esta única vez, no acepta la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido legislador en la fecha que comprende del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima. Martha Richard”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 26 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini, por el período comprendido entre los días 11 y 26 de noviembre de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente co-

rrespondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 115, del Lema Partido Colorado, señor Pablo Vela. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 6 de noviembre. Sin otro particular, lo saluda con la más alta consideración, RODOLFO CARAM Representante por Artigas”. “Artigas, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, en mi condición de primera suplenta del Diputado Rodolfo Caram y ante la licencia solicitada por el mismo, comunico a usted mi decisión de no aceptar la convocatoria, por esta única vez. Sin otro particular, lo saluda con la más alta consideración, Silvia Silveira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Silvia Silveira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E:

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1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Silvia Silveira. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 816, del Lema Partido Nacional, señor Marcelo Díaz. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 6 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, JUAN MANUEL GARINO GRUSS Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino Gruss. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. II) Que los suplentes siguientes, señores Álvaro Fernández y Nicolás Ortiz de Lucía, han sido convocados por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otros Representantes. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino Gruss, por el día 6 de noviembre de 2013.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Milo Ojeda. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia por el día martes 12 de noviembre del corriente año por obligaciones notorias al cargo, según inciso D del artículo 1º, de la Ley Nº 17.827. Por mi actividad parlamentaria y mi trayectoria laboral-personal he sido convocada por el programa de Cohesión Social y Territorial; Uruguay integra; perteneciente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; para participar como ponente en la temática “Las políticas públicas locales de cohesión social y territorial”, como marco de los proyectos y potencialidades; durante el “Primer Encuentro de trabajo: los desafíos de la gestión”. El mencionado evento se llevará a cabo en la localidad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó; lo que imposibilita mi concurrencia al Parlamento. Solicito a usted, convocar al suplente correspondiente; Rosa Quintana. MARÍA ELENA LAURNAGA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Carmen Millán C.I. 1.357.732-3, en calidad de suplente de la Sra. Representante Nacional, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada –solo por esta vez- de asumir el cargo, para el cual fui convocada por ese Cuerpo. Sin más, saluda atentamente. Carmen Millán”.

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“Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Fernando Nopitsch C.I. 1.448.043-0, en calidad de suplente de la Sra. Representante Nacional, comunica a Ud. que se encuentro imposibilitado –solo por esta vez- de asumir el cargo, para el cual fui convocado por ese Cuerpo. Sin más, saluda atentamente. Fernando Nopitsch”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga, para participar del Primer Encuentro de Trabajo “Los Desafíos de la Gestión”, convocado por el Programa de Cohesión Social y Territorial, Uruguay Integra; a realizarse en la ciudad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, los días 12 y 13 de noviembre del corriente. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Carmen Millán y Fernando Nopitsch. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política a la señora Representante por el departamento de Montevideo, María Elena Laurnaga, por el día 12 de noviembre de 2013, para participar del Primer Encuentro de Trabajo “Los Desafíos de la Gestión”, convocado por el Programa de Cohesión Social y Territorial, Uruguay Integra; a realizarse en la ciudad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, los días 12 y 13 de noviembre del corriente.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Carmen Millán y Fernando Nopitsch. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señora Rosa Quintana. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido por el literal C), de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el 18/11/2013 y el 22/11/2013, para asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá entre los días 20 y 22 de noviembre del presente año. Adjunto al presente, envío copia de la convocatoria recibida. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, GONZALO MUJICA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Alma Chiodi”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente.

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De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más saluda atentamente, Raquel Barreiro”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica, para asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, a llevarse a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, durante los días 20 a 22 de noviembre de 2013. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 22 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Alma Chiodi y Raquel Barreiro. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de noviembre de 2013, para asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, a llevarse a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, durante los días 20 a 22 de noviembre de 2013. 2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Alma Chiodi y Raquel Barreiro. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Alda Grisel Álvarez.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar por motivos personales, licencia el día miércoles 6 de noviembre del presente año. Sin otro particular saluda atentamente. LUIS LACALLE POU Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou, por el día 6 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor Orlando D. Lereté Salcedo. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 5 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente.

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De mi mayor consideración: Por intermedio de esta nota remito a usted, la presente solicitud de licencia por motivos personales para los días jueves 7 y 14 del corriente, al tiempo que solicito que se convoque a mi suplenta respectiva Sra. Mercedes Santalla. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, MARIO PERRACHÓN Representante por Colonia”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 7 y 14 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Colonia, Mario Perrachón, por los días 7 y 14 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señora Mercedes Santalla. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por la presente solicito licencia para los días12 al 15 inclusive por motivos de viajar en misión oficial para asistir a la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas a realizarse en Nuevo York, EE.UU. Sin otro particular, le saluda atentamente, ALBERTO PERDOMO

Representante por Canelones”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por este intermedio al haber sido convocado por el día 12 al 15 inclusive, le informo que por esta única vez no aceptaré la convocatoria, por lo que le solicito cite al suplente respectivo. Le ruego convoque a mi suplente respectivo. Cordialmente, Mario Cusano”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo Gamarra, para asistir a la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, a llevarse a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, durante los días 14 y 15 de noviembre de 2013. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 15 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Mauricio Cusano. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo Gamarra, por el período comprendido entre los días 12 y 15 de noviembre de 2013, para asistir a la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, a llevarse a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, durante los días 14 y 15 de noviembre de 2013. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Mauricio Cusano.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2010, del Lema Partido Nacional, señor Daniel López. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por la presente solicito licencia, por motivos personales, por los días 6 y 7 de noviembre del corriente año. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, JAVIER GARCÍA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración. Por la presente, comunico a usted que por ésta vez no acepto la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Juan Curbelo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier García. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 6 y 7 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Juan Curbelo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier García, por los días 6 y 7 de noviembre de 2013. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Juan Curbelo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Sebastián Da Silva. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. LUIS LACALLE POU, JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY”.

19.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señora Presidenta: quiero hacer una aclaración con respecto al proyecto de ley de seguro in itínere, ya que el señor Diputado Abdala adjudicó su autoría a mi persona aunque, en realidad, fue compartida con la colega señora Diputada Passada, quien también lo firmó. No solamente fue cofirmante sino que ese proyecto -originalmente fue presentado y aprobado en el año 2008 y posteriormente vetado por el Presidente Tabaré Vázquez- fue vuelto a presentar en esta Legislatura y se le hicieron algunos agregados y diría que algunas mejoras que fueron, precisamente, de autoría de la señora Diputada Passada. Pero no quiero entrar en este tema. Tengo las versiones taquigráficas en las que se demuestra la posición unánime de los integrantes de la Comisión respectiva: absolutamente todos estuvieron de acuerdo. La verdad es que las declaraciones que tengo delante de mí, fundamentalmente las de las autoridades del Banco de Seguros del Estado, parecen de autoría de un neoliberal más que de un integrante de un gobierno progresista. No quiero entrar en esos detalles

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porque no vienen al caso, pero hubo unanimidad, y esto lo hemos expuesto en cuanta ocasión hemos tenido. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardoso) ——Hemos recibido delegaciones del Sunca. También estuvimos en contacto con las autoridades del Sunca en aquella triste oportunidad en la que murieron cinco obreros en el Kilómetro 30 de la Ruta Nacional N° 1, obreros que eran transportados como ganado en un camión a una obra del Estado, cometiéndose gran cantidad de infracciones desde el punto de vista laboral. Creo que el proyecto de la Diputada Passada y de quien habla está a punto de culminar su camino en la Comisión respectiva; agradezco al señor Diputado Abdala que le haya dado este empujoncito. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Amado. SEÑOR AMADO.- Señor Presidente: “Antes era con taparrabos, con una hojita de parra. Era con tanga. Ahora es en bolas nomás, en pelotas. Es sexo explícito. Es pornografía abierta”. Estoy absolutamente seguro de que el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, de estar aquí, sentando en esta banca y de este lado del mostrador, volvería a repetir estas palabras al ver lo que estamos viviendo hoy con respecto al Diputado y colega Andrade y la relación del Sunca con el Partido Comunista. Aprovecho, además, la oportunidad para saludar especialmente al Senador Lorier, quien nos acompaña y engalana esta sesión con su presencia. No es mi estilo ni el de mi Partido expresarse de esa manera; por eso lo que diremos es ¡qué vertiginoso cambio el del Diputado Andrade!: en menos de veinticuatro horas de líder sindical, de líder del Sunca, a Diputado del Partido Comunista. Pregunto -en una buena-: ¿no es como un poco mucho? ¿No suena a: “Legislo para mí”? Hasta me pregunto si puede votar, y tengo mis dudas, porque cuando hay conjunción de intereses en diversas instancias de este Parlamento -en esta Cámara lo he visto-, los legisladores se han preocupado siempre, muy celosamente, de dejar constancia de que no votan en los casos en los que

están comprendidos. Así está establecido en el Reglamento de esta Cámara en el literal J) del artículo 104, referido a las obligaciones de los Representantes, cuando dice: “A votar, hallándose presente, salvo que se tratara de su persona o de su interés individual”; en el literal K) establece: “A no gestionar ante la Cámara asunto particular alguno, bien sea en el carácter de apoderado, de abogado u otro cualquiera”, y en el literal M): “A declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”. Más allá de esto, francamente creemos que hoy el sindicalismo uruguayo está cometiendo un profundo error. Está haciendo -como se dice en el fútboluna moña de más y eso, lamentablemente, no le hace bien a una central sindical de la que todos deberíamos sentirnos parte, donde la política partidaria no se mezclara con la política sindical, como vemos que se mezcla explícitamente en el día de hoy. También lo vimos en los últimos días con la fractura del sindicato de las empleadas domésticas gracias a una magnífica investigación periodística del programa “No toquen nada”, que dejaba en evidencia esa fractura por fortísimas denuncias de partidización del sindicato por el Partido Comunista. Lamentablemente, como dice nuestro filósofo contemporáneo: “Es lo que hay, valor”. Créaseme que este tipo de situaciones no le hacen ningún favor al sindicalismo uruguayo, que nos debería representar a todos: a blancos, colorados, independientes y frenteamplistas. Dicho esto, señor Presidente, quiero ser claro y decir de dónde venimos para encarar el análisis de este proyecto. Es importante para nosotros recalcar, precisamente, de dónde venimos, es decir, dónde estamos parados en el escenario de las ideas, para que se entienda con claridad nuestra postura. El Partido Colorado se planta en este debate en el siempre cómodo -para los colorados- camino del medio, defendiendo con convicción que nosotros, los representantes del pueblo, no somos defensores de grupos corporativos, sino del interés general. El interés general indica que los trabajadores necesitan esta norma para prevenir los accidentes, pero al mismo tiempo, que hay muchos involucrados, y no solo los empresarios; por ello el alcance de la norma. También el interés general indica que el ciudadano, sea

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quien sea, no puede estar consultando día a día al Poder Ejecutivo para saber si sus acciones son o no delito. Francamente, creo que hay sectores del Frente Amplio que ven este asunto como una confrontación entre grupos, y por eso el título del proyecto, que si bien ha cambiado en las últimas horas, hasta no hace mucho tiempo era “Responsabilidad Penal del Empresario”, con lo cual notoriamente se trata de dividir, de polarizar. Voy a citar a un hombre de mi Partido que, además, ha sido nombrado por muchos de nuestros compañeros legisladores muy a menudo, por suerte. Se trata de un hombre que ha hecho mucha historia, y que dijo que los hombres no pueden dividirse entre los que tienen bienes y los que no los tienen para crear dos especies distintas de seres morales; más racional es distinguirlos por sus ideas y por sus sentimientos de justicia. No llevan por buen camino a los obreros los que los imbuyen en el sentimiento del odio. Este pensamiento es del gran don “Pepe” Batlle, que para nosotros es siempre una cantera inagotable de ideas y, sobre todo, de inspiración. Diría que esta suerte de blanco y negro que se quiere plantear, lamentablemente también lo hemos visto en sectores del Frente Amplio, en los cuales se dice: “Si no apoyás este proyecto estás contra los trabajadores y del lado de los empresarios”. Además de ser absolutamente falso, malintencionado y, diría que muy demagógico, nos lleva a la mala política del eslogan, de la simplificación, de la desinformación, que es mala para la democracia. Desde allí venimos, y desde esa postura ideológica y filosófica es que nos aproximamos a este tema y condenamos a aquellos que solo buscan una batalla ideológica sin sentido, y en tal afán le quitan las garantías a los ciudadanos de este país, de la misma manera que condenamos a aquellos grupos privilegiados, corporativos, que solo quieren mantener el statu quo, sus privilegios, y se muestran insensibles ante esta problemática tan humana. Yendo al tratamiento del asunto en la Comisión de Legislación del Trabajo, como dijeron los colegas que la integran, tanto el señor Diputado Puig como el señor Diputado Abdala, en la coincidencia o en la discrepancia, hay algo que no se puede negar: este pro-

yecto fue objeto de una profunda discusión en la asesora. Lo discutimos profundamente entre los compañeros, y también hemos recibido, en diversas oportunidades, a todos los actores involucrados: cámaras empresariales, sindicatos, etcétera. Pienso que hay que valorar mucho esta profunda discusión que, incluso, alcanzó a los medios de comunicación. En la práctica, el estudio en Comisión y la presencia de distintas delegaciones lograron, al menos, que se eliminara la responsabilidad penal objetiva, aspecto planteado en la versión original del proyecto, que era digno de un derecho penal autoritario. Los propulsores de esta iniciativa tienen como fundamento la prevención de los accidentes laborales y saben -lo he expresado en más de una oportunidadque estoy de acuerdo incluso con utilizar este tipo de mecanismos para concretarla. Ahora bien, siento profunda pena porque, a mi juicio, una desmedida ideologización del proyecto hizo que no fuera posible llegar a una ley justa y equilibrada. Lo que sucede es que algunos de sus propulsores, más que prevenir los accidentes laborales, utilizan este proyecto como una victoria, como una herramienta política frente a las patronales y a los empresarios. Parece que les importa más el título del proyecto para hacer campaña política, que lo que realmente dice. Más adelante vamos a justificar lo que estamos diciendo. Por otra parte, no estoy de acuerdo con lo que señalaron mayoritariamente las cámaras empresariales en cuanto a que este tipo de norma no colabora con la prevención. Por el contrario, creo que puede llegar a ser un buen instrumento de prevención. Nosotros propusimos un proyecto sustitutivo muy simple, con dos modificaciones elementales en la redacción y con profundas consecuencias en las garantías individuales, con toda la intención de que el Frente Amplio las hiciera propias y así poder acompañar esta iniciativa. Sin embargo, parece que el Frente Amplio prefirió hacer el juego a pequeños grupos corporativos, que venden un mensaje político binario, bipolar y de confrontación, en vez de lograr una verdadera herramienta justa y democrática, de defensa de todos los ciudadanos y, en especial, de los trabajadores. Reitero: propusimos dos pequeñas modificaciones de profunda significación. La primera era que el sujeto activo fuera indeterminado, o sea, todo aquel que, incumpliendo normas, pusiera en peligro la inte-

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gridad de una persona, y no solo los empresarios o los empleadores, como luego se estableció. La segunda es que el tipo penal siempre esté integrado por norma legal y no por reglamentos. Me opongo firmemente a que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de determinar qué es delito y qué no. Tal como está proyectada esta norma, será el Poder Ejecutivo, a través de decretos o reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que establecerá qué es delito y qué no. Es absolutamente inaceptable que los ciudadanos deban soportar una carga penal que dispone el Poder Ejecutivo a través de sus reglamentos. Esto es algo elemental y básico de todo derecho constitucional democrático, que esta norma viola flagrantemente. Solo proponemos eliminar el término “empleador” y la referencia a los reglamentos. Nuestra propuesta ha sido repartida con el informe y con los aditivos, que son nada más y nada menos que los otros dos artículos del proyecto del Frente Amplio. Esta iniciativa conjuga dos de los elementos más peligrosos de una norma penal. En un solo tipo penal hay dos elementos que en todos los textos relativos a derecho penal siempre aparece que se deben limitar al máximo. En un mismo tipo penal hay un delito de peligro y una norma penal en blanco. Se trata de dos elementos que, conjugados, son muy complejos y producen una absoluta inseguridad jurídica, acompañada de una fuerte potestad discrecional, tanto del Poder Ejecutivo como de los Jueces, que deberán realizar esfuerzos gigantescos para aplicar la norma. Vamos a tratar de clarificar esta situación. Delitos de peligro son aquellos cometidos por una persona sin que exista daño alguno, simplemente porque realiza una conducta peligrosa. Todos los profesionales de la materia establecen dos elementos con respecto a los delitos de peligro. Por un lado, deben ser muy estrictos y se debe tratar de no legislar en este sentido, salvo que el bien jurídico a proteger sea de altísimo interés, lo que se cumple en este caso. Por otro lado, siempre debe comprobarse que el peligro haya sido real y no una mera violación de la norma. En este caso, estamos frente a un delito de peligro concreto; o sea, se debe probar que existió un peligro real. Igualmente, este tipo de delito de peligro deja un margen de discrecionalidad muy grande a los jueces,

quienes, por voluntad del órgano legislativo, deberán evaluar si existió o no un delito, esto es, si existió o no un peligro real. Probablemente existan casos muy claros en que sí existió, y casos muy claros en que no, pero con seguridad la mayoría de ellos serán de muy difícil interpretación y valoración. Pondré un ejemplo que se utilizó en la Comisión. Un propulsor de este proyecto manifestó que nadie irá preso por no cargar un bomberito. Rápidamente, un invitado, connotado profesional del derecho, explicó cómo no cargar un bomberito puede ser interpretado como una puesta en peligro concreta; por tanto, se estaría cometiendo un delito. (Campana de orden)

20.- Prórroga del término de la sesión.
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Discúlpeme, señor Diputado. Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Susana Pereyra. (Se lee:) “Mociono para que se prorrogue el término de finalización de la sesión”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

21.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
Prosigue la consideración del asunto en debate. Disculpe que lo haya interrumpido, señor Diputado, pero faltaban tres minutos para la hora reglamentaria de término la sesión y debía poner a consideración esta moción. Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Amado. SEÑOR AMADO.- Señor Presidente: con lo manifestado queremos decir que los delitos de peligro son

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muy complejos y su creación debe estar sometida a una rigurosidad que, en este caso, no existió. El delito de peligro sumado al tipo penal en blanco hacen un cóctel inaceptable y fuera de control. El tipo penal en blanco es aquel que, al momento de crearse el delito, no se sabe cuáles serán las conductas delictivas. En este caso, los legisladores establecemos que será delito aquel que ponga en peligro concreto violando las normas o los reglamentos. Esto es inconstitucional; únicamente la ley aprobada por el representante del soberano puede determinar cuáles serán las conductas penales y bajo ningún concepto los reglamentos. Esta norma implica que el Poder Ejecutivo, por decreto, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por reglamento -quién sabe qué otros reglamentos podrán elaborarse- estarán constantemente integrando la norma penal. O sea: quien comete un delito hoy, quizás mañana no lo haga, y así sucesivamente; la norma penal irá mutando de manera constante. Esto tiene dos efectos. El primero es la absoluta inseguridad del habitante, que no tendrá la ley para verificar cuál es la conducta tipificada. El segundo es la potestad discrecional del Poder Ejecutivo de modificar una norma penal de manera constante. Por este motivo propusimos eliminar la palabra “reglamentos” de la norma. La ley otorga las garantías que el reglamento no confiere. El Parlamento no puede delegar en el Poder Ejecutivo la determinación de qué es un delito y qué no. Esto nos parece absolutamente elemental. De manera alguna podemos convalidar que a un tipo penal de peligro -que es altamente complejo y de por sí peligroso para la libertad de los ciudadanos- se agregue un tipo penal en blanco. Es inconcebible que el Poder Legislativo otorgue al Poder Ejecutivo la discrecionalidad de establecer qué será delito y qué no, sobre todo en el caso de un delito de peligro. De aprobarse el proyecto tal como está, estaríamos generando un tipo penal digno de un Estado autoritario. Por ello, en esta instancia vuelvo a proponer -reitero: vuelvo a proponer- que la norma penal sea integrada con leyes y no con reglamentos. Si el Frente Amplio accediera a ello, recomendaría a nuestra bancada votar por la afirmativa. Si la voluntad del oficialismo es realizar una norma preventiva -como muchas veces se ha reiterado-,

la pregunta es por qué solo se ha apuntado al empleador. Inclusive, hasta hace no mucho tiempo la norma se titulaba -como decía hace unos instantes”Ley de Responsabilidad del Empresario”. En este punto es donde siento que se ve la hilacha: al Frente Amplio le importa más dividir a la sociedad y seguir jugando a la confrontación, que poner el foco en proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos. Si nos interesa la protección de todos los trabajadores, si nos interesa disminuir los accidentes de trabajo, ¿por qué hacer una norma restrictiva que únicamente apunta a los empleadores? Es obvio que los empleadores deben estar incluidos, así como todo aquel que ponga en riesgo a un trabajador; es tan culpable el empresario como los dirigentes del Sunca, cuando envían a sus trabajadores a las manifestaciones abarrotando los camiones con caja, cosa que todos sabemos está prohibida, o cuando algunos trabajadores realizan actos que ponen en claro peligro a sus compañeros de trabajo, muchas veces hasta en clave de juego, lamentablemente. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. El Frente Amplio busca hacernos caer en una polarización inútil. Si disminuir los accidentes de trabajo es realmente el objetivo, modifiquemos el sujeto activo, incluyendo a los empleadores y a toda persona que ponga en peligro la vida de un trabajador, sin importar quien sea. Francamente, creemos que se puede tener una herramienta legal que colabore con la disminución de los accidentes de trabajo. Ahora bien, es imperioso proceder a realizar las dos modificaciones que hemos expresado. En conclusión, estamos ante un proyecto con una finalidad loable, que acompañamos -lo hemos manifestado en la Comisión y en todas las instancias en las cuales hemos tenido oportunidad de hacerlo- pero, lamentablemente, se ve afectado por la mirada ideologizada de algunos miembros del oficialismo que prefieren el discurso político y dividir a la sociedad. La redacción actual de la norma genera un texto penal de alta inseguridad jurídica al convivir un tipo de delito, de peligro, con un tipo penal en blanco. Se le está dando al Poder Ejecutivo la potestad de determinar cuál será la conducta penada y cuál no. No sabremos cuándo se estará y cuándo no se estará cometiendo un delito. Se generará un tipo penal que perseguirá a un grupo de la sociedad cuando, en rea-

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lidad, la conducta delictiva puede ser cometida por cualquier ciudadano. Entonces, si se busca prevenir, es necesario que la norma tenga alcance general y no particular. Se busca el alcance particular simplemente para seguir generando odios, aquellos que Batlle y Ordóñez decía que no son buenos compañeros de ruta; revancha y polarización en nuestra sociedad, siendo la finalidad de la norma un asunto secundario. Como dije anteriormente, señor Presidente, hemos propuesto dos simples modificaciones al texto, cuyas consecuencias normativas son de altísima importancia. Creo que es posible cumplir con la finalidad que busca la norma, dando las plenas garantías a todos los habitantes de la República, si ellas se tomaran en cuenta. Gracias. SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ANDRADE.- Señor Presidente: debe entender que no estoy práctico. Voy a hacer una propuesta al Diputado Amado. Me comprometo a ingresar a Cámara nuevamente la semana que viene y a que solo dediquemos el debate de ese día a la relación entre las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas. Hoy estamos tocando un tema de honda preocupación. Habrán notado que tengo como a ocho adelante; calculo que voy a controlar la úlcera y a intentar opinar sobre lo que efectivamente importa, que es la posibilidad de construir herramientas jurídicas para que tengamos menos familias destrozadas. Igualmente, imagino que si el viejo “Pepe” -no el de la chacra de Rincón del Cerro sino Batlle y Ordoñez-, por realismo mágico despertara, ubicando sus relaciones con el forum en la primera década del novecientos y luego escuchara algunos de los pronunciamientos que acá se han hecho acerca del vínculo entre los trabajadores organizados y la participación política, tendríamos que llamar a una emergencia móvil para evitar que la taquicardia no le afectara la salud. Hay que tener en cuenta que históricamente esto siempre fue polémico. Si uno repasa los debates de cuando la democracia sensitiva prohibía el voto a los trabajadores jornaleros, advierte que los sectores

conservadores argumentaban con furia, preguntándose cómo era posible que el trabajador jornalero pudiera votar. Después, en la historia de América Latina, hubo sectores conservadores que lograron impedirlo. La Constitución de Pinochet no me permitiría ingresar al Parlamento porque, luego de treinta mil asesinatos, estableció la prohibición de que un dirigente sindical pudiera siquiera ser candidato y clavó esa estaca en el querido país andino. Si quienes están vinculados no pudieran votar -yo no sé si Amado es trabajador o empresario-, nadie que fuera empresario o trabajador podría hacerlo porque esta es una iniciativa que abarca relaciones entre trabajadores y empresarios. En mi bancada hay un montón de legisladores que son trabajadores; estaríamos perdiendo la votación con esa decisión; calculo que también debe haber empresarios. Entonces, lo que pido es que intentemos levantar la discusión. En la barra hay viudas de compañeros que murieron en accidentes de trabajo e hijos de compañeros que murieron en accidentes de trabajo. Ellos saben quién se preocupó y quién nunca hizo nada; ellos saben. SEÑOR PUIG.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- La Mesa va a aclarar el criterio. Por un lado, cabe señalar que el señor Diputado Amado aludió personalmente al señor Diputado Andrade y la Mesa le ha dado su espacio por tratarse de una alusión personal. Por otro, en lo que tiene que ver con las alusiones políticas, corresponde una por partido. En este caso, la alusión política hecha al Frente Amplio será contestada por el señor Diputado Puig, quien fue el primer legislador que ha solicitado la palabra para tal fin. Tiene la palabra el señor Diputado Puig. (Interrupción del señor Representante Gamou) SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: antes que nada voy a tomar el planteamiento del señor Diputado Andrade, quien propone levantar la mira en esta sesión. En realidad, levantar la mira es analizar el proyecto. El Frente Amplio no va a entrar en la provocación que se plantea, señalando que lo que en realidad se quiere hacer es dividir. El Frente Amplio tiene sobradas credenciales para plantear su contribución a la democra-

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cia en este país. Otros las tendrán, pero nadie puede plantear que el Frente Amplio no las tiene. Reivindicamos plenamente la presencia en esta sesión de dirigentes sindicales, salvo que se piense -sin Constitución de Pinochet mediante- que en el Parlamento uruguayo solo pueden estar empresarios o abogados de empresarios. Creemos que la democracia debería contemplar que quienes se formaron en asambleas obreras puedan participar de estos debates. Siguiendo el planteamiento que hacía el compañero Diputado Andrade, me voy a referir a un aspecto que tiene que ver con esta discusión. A pesar de todos los componentes manejados sobre los objetivos del Frente Amplio y sus intenciones con este proyecto, se plantea que no es aceptable referir una norma penal a aspectos reglamentarios y que los aspectos reglamentarios no se deben incorporar. Pido al señor Diputado preopinante que lea los artículos 18, 221 y 224 del Código Penal, para comenzar. El artículo 18 prevé que el delito calificado como culpable se produce cuando la conducta provoca un hecho debido, entre otros factores, a la violación de leyes o de reglamentos. Ejemplos de figuras delictivas que remite a normas extrapenales es la venta de sustancias genuinas, que se establece en el artículo 221 del Código Penal, así como la violación de las disposiciones sanitarias reglamentarias instituidas por el Ministerio de Salud Pública, que se plantean en el artículo 224 del Código Penal. Por tanto, no se puede decir alegremente que en la medida en que en el proyecto se habla de reglamentaciones, se está violentando la norma penal y la vuelve inconstitucional. En definitiva, ¿de qué se trata esto? De incorporar una serie de aspectos que den contenido a protección para hacerla viable. Nosotros creemos que hay que avanzar en cuanto a una ley de salud general en el trabajo e incorporar muchos de estos aspectos, pero la variación permanente que da la evolución, siempre nos va a plantear la necesidad de realizar modificaciones, de acuerdo con los avances tecnológicos de prevención y demás. Por lo tanto, considero que los planteos no son de recibo. En vez de meterme a contestar agravios, voy a tratar de seguir manejándome con argumentos.

Gracias, Presidente. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para contestar una alusión política. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: confieso que no estaba en mi intención hacer uso de la palabra, pero la notoria confusión que es posible extraer del transcurso del debate ante el uso del nombre y la figura de don José Batlle y Ordóñez y la equiparación con lo que podría ser la voluntad constitucional del Gobierno de Pinochet en Chile, francamente, constituye una alusión que siento merece responderse. Lo que ha hecho el señor Diputado Amado fue plantear una cuestión de forma, y las cuestiones de forma deben responderse. Cuestiones de forma como las que planteó el Diputado Amado merecen responderse y, en este caso, desde el punto de vista de la ética, que es la manera como se hacen las cosas. Y las cosas se hacen de acuerdo con la forma que se establece en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos. ¡Así es como funciona una República! Si hasta el día de ayer, hasta la medianoche de ayer, hasta el momento en que ingresé a esta Sala, hubiera estado defendiendo un interés concreto, sépase que, como legisladores, nuestro deber es defender el interés general. Si yo, hasta ayer, hasta hace una hora, hasta hace un minuto, hasta hace un segundo antes de entrar a esta Sala, hubiera defendido un interés particular, sépase que eso, en la formalidad republicana, constitucional, legal y reglamentaria no corresponde, tal como está claramente establecido. Entonces, antes de hablar del fondo de las cuestiones, se debe responder desde el punto de vista personal y partidario lo que la ética nos indica. Así es como lo sentimos aquellos que defendemos a don José Batlle y Ordóñez y respetamos este Parlamento. Gracias. (Interrupciones) SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: hace poco, se pretendió hacer una observación al Diputado Andrade,

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invocando artículos del Reglamento, pero no se terminó de formalizar. Así como el Presidente tiene el derecho reglamentario de interpretar si hay lugar a las alusiones -lo ha hecho-, pregunto a la Mesa si también entiende que corresponde la observación que se hizo desde el punto de vista reglamentario, porque se ha insistido, a la hora de contestar una alusión, en esta pretendida interpretación. Si la Mesa va a hacer lugar a esa observación, me anotaré para hacer las consideraciones sobre las observaciones que se han pretendido hacer recaer sobre el compañero Diputado Andrade. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado Bayardi: dentro del marco de libertad de expresión que la Mesa da a los señores Representantes, el señor Diputado Amado hizo consideraciones que en ningún momento apuntaron a emplazar a la Mesa a pronunciarse; no lo denunció ni lo dejó sentado. Por lo tanto, al no existir una demanda o denuncia formal, no corresponde que la Mesa se pronuncie. SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en realidad, aquí se expresaron dos Diputados, haciendo observaciones de naturaleza reglamentaria. Hago esta pregunta a la Mesa porque si esta observación subyace, en realidad, se estaría cuestionando algo que -para mí- resultaría incuestio-nable; quiero saberlo para que no se persista en esa interpretación. Por eso, reitero mi pregunta a la Mesa acerca de si comparte la interpretación que se hizo, observando el carácter de Diputado de Óscar Andrade. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado Bayardi: el artículo 104 del Reglamento establece que todo señor Diputado está obligado a declarar si está comprometido con el proyecto en discusión por algún interés particular. No es la Mesa la que debe determinarlo; es una responsabilidad que compete y alcanza al Representante. ¿Está claro? (Interrupciones) SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en la intervención se hizo mención a más de un literal del artículo 104 del Reglamento. Se hizo referencia al literal M) -que es el que el señor Presidente está invocando-, que establece: “A declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”. También se hizo mención a los literales K) y L). Entonces, va más allá del acto individual del Representante; se apunta a una interpretación, que quiero saber si la Mesa comparte, porque lo que no puede estar en cuestión es que uno de nosotros, o todos -con una interpretación extensiva, podríamos ser todos-, estemos implicados en el proyecto en consideración.

22.- Intermedio.
SEÑOR BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente? Solicito un intermedio de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y seis en setenta: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 20 y 18) ——Continúa la sesión. (Es la hora 20 y 32)

23.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Radío. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: en primer lugar, compartimos la sensibilidad respecto al tema que tenemos sobre la mesa y que implica una saludable manifestación de preocupación en cuanto a la seguridad de los trabajadores y el riesgo que asumen en el desempeño de sus funciones. En segundo término, queremos expresar enfáticamente que compartimos los objetivos generales

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propuestos; pensamos que, efectivamente, es necesario avanzar en términos de prevención de los accidentes y de la siniestralidad laboral y en términos de conciencia. Es preciso anticiparnos e ir generando mecanismos de prevención que eviten accidentes graves y tener que lamentarnos por la muerte de trabajadores en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, también expresamos muy enfáticamente que compartimos lo expresado en el informe en minoría del oficialismo, en el sentido de que frente a una situación que pone en evidencia una realidad social, a todas luces, de conflicto, que está en la base y es la determinante de esta cifras tan contundentes que nos hieren y constituyen una verdadera crónica roja -como también expresa el informe del Partido de Gobierno-, debe hacerse un abordaje integral que incluya la sensibilización sobre la gravedad de la situación, que promueva una progresiva transformación cultural en la concepción de la salud y la seguridad laboral y, sobre todo, que avance en términos de fiscalización. Entonces, lo primero que corresponde es revisar el derecho comparado. Efectivamente, tal como se ha manifestado en Sala, existen normas legislativas o penales del mismo tenor que la propuesta o muy similares; sin embargo, no es menos cierto que, definitivamente, el análisis de los resultados de estas experiencias no ofrece su respaldo a iniciativas de este tipo. Los números que arroja la experiencia española, por ejemplo, que ha sido aquí citada, son contundentes en el sentido de que no se ha conseguido el descenso de la preocupante siniestralidad que hay entre los trabajadores. Existen normas, pero toda la evidencia indica que estas no consiguen hacer descender la siniestralidad; uno no debería arremeter con iniciativas legislativas que se apoyan meramente en discursos enfáticos y rimbombantes, como si se tratara de actos partidarios, muy “marketineros”, por cierto, pero que no se hacen cargo de lo que demuestran todas las experiencias similares que puedan haberse verificado. Sin lugar a dudas, un análisis desapasionado muestra -en última instancia, demuestra- que los países con una legislación medianamente parecida no lograron ni se acercaron a abatir los niveles de siniestralidad. Contundentemente, no hay una sola información que logre acreditar lo opuesto. Leyes como

esta no hacen disminuir la siniestralidad; no lo han logrado en ningún lado. Insisto en que es así, porque lo que está en la base es una realidad social de conflicto, y la respuesta inmediata que se nos ocurre a los uruguayos en este y en otros temas -la más primitiva y, consecuentemente, la menos eficaz- es pasar estos conflictos al ámbito del derecho penal para que los resuelva. Ya planteamos este mismo cuadro cuando discutimos el proyecto de regulación del mercado de la marihuana. El derecho penal no es apropiado para resolver los conflictos sociales de base. Lo penal no es una buena solución; servirá para gritar el gol, para agitar la camiseta y hasta para agitar la tribuna, pero no resolverá los problemas de fondo. Además, entendemos inconveniente seguir legislando sobre distintas formas de penalizar, más allá de que reconocemos la importancia fundamental de los bienes jurídicos que se pretende tutelar y de que compartimos la angustia de las familias que han sido damnificadas por este tipo de accidentes. Creemos que son inconvenientes distintas formas de penalizar homicidios, lesiones u otros delitos porque, entonces, ¿para qué hay un Código Penal vigente y otro en ciernes, si vamos a estar permanentemente toqueteando y vulnerando los criterios que se pretenden igualitarios y armónicos cuando se trabaja en la confección de un Código? La superposición de normas es generadora de confusiones y de contradicciones; más allá de los buenos anhelos que puedan inspirar a los legisladores proponentes -de lo que no dudamos-, el retoque permanente de la legislación penal conlleva la pérdida de armonía del sistema penal y conduce, invariablemente, a generar desproporciones de las penalidades que, en última instancia, terminan promoviendo más injusticias que soluciones. A estas consideraciones generales, debemos agregar algunos problemas concretos que plantea la redacción y que van más allá de la filosofía general del proyecto. El adelantamiento de la barrera punitiva sin requerir el daño, es una nota distintiva de los delitos de peligro, y nosotros entendemos que no le hace favor a un derecho penal que se precie de garantista. Tiene que ver con esa lógica penal de la sociedad del riesgo, bien propia de comunidades acorraladas que reclaman

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mayores castigos y que se enrola en una racionalidad que apuesta a criterios más y más punitivistas. Voy a permitirme afirmar, una vez más, que nadie está en condiciones de sostener con fundamento que el aumento de los castigos conduce a disminuir la criminalidad. El proyecto que hoy está a consideración de esta Cámara, lejos de fortalecer las garantías, propone una solución que nos introduce en un escenario jurídico inundado de subjetividad. Se habla de un tipo penal de peligro grave y concreto y no se definen criterios al respecto, con lo cual, en la mayoría de los casos, la interpretación y la valoración de la gravedad, así como cuándo se trata de un peligro concreto, quedará liberada a la discrecionalidad de los magistrados; ellos deberán definir, por ejemplo, si no tener la habilitación de bomberos es un peligro concreto; y en caso de respuesta negativa, deberán explicar para qué la pedimos. Además, otra vez en esta Cámara, un proyecto nos propone una renuncia: la delegación de nuestra facultad legislativa. Eso es lo que representa disponer que el delito se constituya por faltar a la ley o a su reglamentación. Además de vulnerar el principio de jerarquía de la norma jurídica, supone una facultad delegatoria de nuestro rol legislativo, que no nos corresponde. Más allá de algunos ejemplos citados hace un rato en esta Cámara, entendemos que este Poder del Estado no debería renunciar o delegar en reglamentaciones la constitución de una figura delictiva, porque eso sí es un tembladeral jurídico. Ya no solo las conductas, sino ahora también las omisiones penalizables lo serán por determinaciones de otro Poder del Estado, sin el necesario proceso de garantías que el ordenamiento jurídico le exige a la ley en nuestro país. Además, otra vez acertadamente, el informe en minoría del oficialismo dice que los controles extrapenales actuales no son suficientes. ¡Exacto! Entonces, ¿por qué salir a experimentar, a toquetear la legislación penal, generando falta de coordinación y desproporciones, paralelamente a lo que debería ser la discusión del Código Penal, que con relación a la normativa que tendríamos que discutir estas cosas? ¿Por qué no aumentar los controles extrapenales actuales que, como bien dice el informe en minoría del oficialismo, no son suficientes? ¿Por qué no fortalecer más y más la inspección? ¿Por qué no dotarla de

mayores recursos financieros y humanos capacitados convenientemente? ¿Por qué no apostar al abordaje integral que se menciona, en lugar de ceder ante la lógica primitiva que reclama “reprímase”? El derecho penal no es apropiado para resolver los conflictos sociales de base; ni siquiera creemos que pueda tener un rol disuasivo, como se ha manifestado por más de un partido en esta Sala. El discurso disuasivo del derecho penal vende bien en términos de una opinión pública acorralada, pero las evidencias demuestran con total contundencia que el incremento de las penas no es para nada disuasivo de la criminalidad. Alcanza con revisar lo que ha pasado con la legislación penal en nuestro país, donde, a lo largo de las distintas Administraciones -también de los blancos y de los colorados-, la regla ha sido el incremento constante de las penas desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Esto ha ido en paralelo con un irrefrenable incremento de la criminalidad, lo cual desmiente, de manera definitiva, el papel disuasivo de las penalizaciones exacerbadas. Ya que estamos, bajamos la edad de inimputabilidad, y así seguimos aumentando penalizaciones. Pues, no cuenten con este legislador ni con este Partido para esas cosas. Contrario sensu de lo que opina, de lo que expresa la opinión pública mayoritaria, en este y en cualquier otro tema, entendemos que esto es un cambio sustancial que conlleva una marcha atrás en la política penal. Asumiendo que es políticamente inconveniente y, sobre todo, no redituable, y que en las actuales circunstancias del Estado y la opinión pública es inoportuno, queremos afirmar de manera contundente que no hay un fundamento racional y equilibrado que justifique el camino de sobrecriminalización que hace rato hemos asumido y que ahora se pretende hacer extensivo a la problemática de la seguridad laboral. Esta tendencia al aumento de las sanciones penales para dar soluciones a los problemas sociales que se encuentran en la base, que reclama más severidad, más mano dura, más penas, más represión, más años de cárcel, está largamente demostrado que no soluciona nada y que, por el contrario, confunde, entrevera, exacerba el problema y no ofrece ninguna solución. Gracias, señor Presidente.

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SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Andrade. SEÑOR ANDRADE.- Señor Presidente: para nosotros, es simultáneamente un honor y una responsabilidad tomar parte en el tratamiento de este proyecto de ley. Creo que tuvo el enorme mérito de sacar de la oscura clandestinidad un drama social tremendo. Todo el mundo conoce que vengo de una rama de actividad que durante muchos años colocó acciones gremiales para sacar de las páginas policiales los accidentes de trabajo. Es tal la diferencia entre el tratamiento mediático de los accidentes laborales y el de los problemas de seguridad ciudadana, como tan poco equitativo el espacio que se les ofrece en los grandes medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo. El 11 de mayo del año 2012, dos trabajadores murieron en el trabajo. Uno era un pizzero de La Pasiva que murió en medio de una rapiña. Creo que no debe haber nadie, no ya en la Sala, sino en el país, que no se haya conmovido con la circunstancia que atravesó ese trabajador. Esa misma tarde, murió aplastado Carlos Branca, trabajador de la construcción de la empresa Grinor; estaba trabajando con su hijo. Yo estoy convencido de que muy pocos legisladores conocen de este otro hecho, y menos, la opinión pública. El primer mérito que tiene la discusión o el tratamiento parlamentario de la iniciativa sobre accidentes de trabajo -que establece que es delito poner en grave riesgo la vida de un trabajador de manera innecesaria, violando normativa o no otorgando implementos; en definitiva, este es el fondo de la discusiónes que pudimos comunicar que, según datos del Banco de Seguros del Estado, en el año 2007, 46.739 trabajadores sufrieron accidentes; en 2008, 52.207; en 2009, 49.906; en 2010, 51.627; en 2011, 54.555; en 2012, 53.935; en 2007, 650 quedaron discapacitados; en 2008, 649; en 2009, 551; en 2010, 524; en 2011, 516. Para ese período de cinco años, en la industria manufacturera, 63.000 trabajadores sufrieron accidentes de trabajo; 45.000 en servicios comunales y municipales; 39.319 en el agro; 38.229 en la construcción. Hay legisladores que sostienen que no hay estadísticas; lo que tienen que hacer esos legisladores es dirigirse a sus computadoras, entrar a Internet, ingresar al Anuario del INE y buscar los datos sobre ac-

cidentes de trabajo. Les puede llevar cinco minutos conseguir estos datos, los mismos cinco minutos que nos llevó a nosotros. También hay cámaras empresariales que sostienen que no hay estadísticas. ¡Ojo! En este mismo período de cinco años, hubo 234 defunciones confirmadas: 47 muertes por año. También se registraron 578 discapacitados permanentes por año y 51.495 accidentes de trabajo que, además, cada año vienen incrementando los días de admisión temporaria. Estamos hablando de accidentes de trabajo de una mayor gravedad. En el Anuario del INE se puede encontrar que 21.291 trabajadores que están cobrando rentas por discapacidad permanente. Está claro que estos no son los datos de la accidentabilidad en el Uruguay. Los datos de la accidentabilidad en el Uruguay son peores, notoriamente peores. ¿Qué legislador no conoce a algún trabajador que sufre un accidente y por no estar registrado en la seguridad social termina en un hospital público? ¿O a un trabajador forestal que sufre una amputación y a los meses, bajo presión de la empresa, pierde ambos derechos? Uno de ellos el del Banco de Seguros, por haberse atendido en un hospital público bajo presión. ¿Quién no conoce un caso como este? Estos datos no registran buena parte de las enfermedades profesionales. Nosotros hemos naturalizado la barbarie. Tenemos claro que vivimos en un mundo en el que, según la OIT, cada tres segundos muere un trabajador en accidente de trabajo y hay 160 accidentes. Estos son datos que, si pecan, pecan de moderados. La cuestión de la salud laboral es compleja. Rescato como primer mérito de este debate el escuchar cosas sorprendentes. Escuchamos “sincericidios”; hay empresarios que se sinceraron hasta casi suicidar su posición. Sin dar nombres voy a citar textualmente lo que dijo una representación empresarial, que consta en la versión taquigráfica. Expresaron: “A nosotros esta temática nos preocupa por varias razones, entre ellas, porque supone un incremento sustancial en los costos […]”. O sea que se han colocado planteos crudos y duros porque uno no se imagina cómo se calcula el costo de un trabajador al que le amputan un brazo, el de uno a quien se le quiebra la espalda o el de otro que pierde una vista porque no había antiparras.

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Cualquiera que estudie los accidentes de trabajo -no para prepararse ante el debate parlamentario- sabe que la causa principal son las caídas de altura, y una de cada cinco se da en un centro de trabajo donde no existe cinturón de seguridad. Allí no hay debate posible sobre si existió o no voluntad del trabajador para utilizar el implemento. Cada una de estas cifras y estadísticas encierran circunstancias dolorosísimas. Pablo Martín Rodríguez se nos murió hace un par de años en la calle Julio César a dos cuadras de Rivera. Era su primer día de trabajo. Según la iniciativa de algunos legisladores, al ser enviado a picar un muro de contención sin estibar, él debería tener responsabilidad penal. Sé que hay legisladores que no conocen lo que es pasar hambre pero para el que pasó mal, a veces es complicado exigir que estén los puntales para el estibamiento el primer día de trabajo. Es claro que arriesgaba su vida y la de los compañeros que estuvieran con él. Cualquiera que sabe del trabajo de la picada de un muro entiende que primero hay que estibar, después armar el andamio y cortar la grieta. En el primer día de trabajo esto se hace difícil. A mí me tocó ir a verlo cuando estaba enterrado. Y este trabajador dejó dos gurises huérfanos en el Cerro. Estos son los motivos por los que el Frente Amplio -tengo el honor de exponer el informe- está diciendo que colocar a un trabajador en esa condición es delito; que colocar a un trabajador en condiciones de trabajo confinado sin respetar protocolos de seguridad es delito; que colocar en una demolición a trabajadores sin permiso y sin la habilitación municipal y de bomberos es delito; que no se puede trabajar de cualquier manera; que exponer a los trabajadores al cáncer de piel debido a la fumigación, es delito. Increíblemente, si una empresa no aporta el 100 % a la DGI, sino el 99 %, es delito. ¡Increíblemente! Bueno, está bien que sea delito, ¿no? Pero nadie discute que esa circunstancia sea delito. También está el ejemplo del maltrato animal y considerar si es o no delito. Habilitar un andamio podrido, sin memorias descriptivas, sin barandas, sin cintos de seguridad y arriesgar la vida de trabajadores parece que no es delito. Se ha hablado de la legislación comparada, y en las barras está el responsable de salud y seguridad de la Central General de Trabajadores del Perú, quien puede explicar la experiencia de la legislación compa-

rada. Pero, claro, nosotros no votamos la práctica social en una sola instancia. Lo primero que hay que entender es que el problema de la salud laboral es complejo. Increíblemente, algunas de las cámaras empresariales que han desfilado por la Comisión mencionaron que se trata de generar campañas de educación, de sensibilización, de fiscalización. Algunas de esas cámaras empresariales son las mismas que no dejan pasar a los inspectores del Ministerio de las porteras. Se trata de las mismas cámaras que en el Consejo Nacional de Seguridad son incapaces de avanzar medio milímetro en materia de salud y seguridad, de apoyar una campaña preventiva, de mejorar decretos vigentes. No vamos a discursear aquí diciendo que el problema principal es complejo. Es más: estamos convencidos de que solamente una legislación no es capaz de atender esto. Somos los primeros en sostener la necesidad de educar, de sensibilizar la gestión de la salud y la seguridad. Pero, ¡por favor! Hay legisladores que conocen el tema. Hubo cuatro trabajadores muertos en un mes cuando se discutió el Decreto Nº 8995. ¡Cuatro trabajadores muertos en un mes! ¡Un trabajador por semana! ¡Si habrá práctica de compromiso en cuanto a querer ensanchar las condiciones para reivindicar un derecho esencial! Más allá de lo que se discuta acá respecto a si los bomberitos si o los bomberitos no, hay miles de trabajadores que diariamente arriesgan la vida en el trabajo. Ante esa circunstancia es que queremos reaccionar. Todos los accidentes son de responsabilidad empresarial. ¡De ninguna manera! El texto no lo dice. El canto del texto dice que todos los accidentes son de responsabilidad empresarial. A unas cuadras de aquí, en Ceibal y San Martín -donde queda la empresa- se cayó Walter Goró y dejó un botijita huérfano. Hacía meses que los compañeros estaban reclamando un cabo de viga para poder enganchar el arnés de seguridad. Reitero que fue a pocas cuadras de aquí. Ahora, en la barra está la mamá de Maximiliano y por eso pedíamos que se trataran los temas con altura, porque en última instancia es la práctica social la que determina si hay preocupación o no. Es la práctica social concreta, de la construcción de herramientas concretas, de soluciones concretas. Maximiliano no se nos podía haber ido nunca. En una circunstancia de profunda represión —profunda represión, reitero—, en una obra que tenía un sector clausurado y un guin-

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chero improvisado se produjo la caída de ese gurí. Las circunstancias se parecen poco a las de la empleada doméstica que se tropieza, que son los argumentos que después se colocan para la prensa. Esta otra realidad, es muchísimo más cruda y compleja y, además, nos interpela a todos. Según los datos del INE -cualquier legislador a quien le interesen puede disponer de ellos-, en los últimos cinco años, por cada mil trabajadores había 37,8 accidentes en la construcción. Hoy hay 44,9 y con más días de admisión temporaria. Esta realidad es para casi todas las industrias. Lo que este proyecto intenta es diferenciar, y en su primer capítulo refiere a generar condiciones para que se establezca que no da lo mismo arriesgar la vida de un trabajador, que es dependiente, por el hecho de violar la normativa laboral y ponerlo en riesgo grave. El segundo capítulo establece el nexo procesal. Hubo un primer borrador en discusión y a mi me gustaría revisar el archivo porque hoy se dice que ese borrador está muy próximo al proyecto que se presenta. No hubo cosa que no se dijera de ese borrador de hace dos años. Que era inútil; que era una salida que no iba a contribuir de ninguna manera; que ya existían artículos penales; que la solución iba por otro lado. En todo caso, creo que el artículo 2º del proyecto de ley a consideración de la Cámara establece el nexo procesal. Establece el vínculo entre el hecho, el accidente grave o mortal, provocado por negligencia o dolo, y la denuncia penal para que actúe la Justicia. En diez años ha habido aproximadamente siete mil accidentes -no de la construcción- que produjeron discapacidad; son datos globales. Se hizo referencia a que ya había una normativa penal que pudiera tener condiciones determinadas; lo que hace el proyecto es vincular esos hechos que en la Cámara parece no defender nadie, en términos de precarización del trabajo. Nosotros estamos convencidos de que cuando hay un hecho fatal o grave provocado por incumplimiento de la normativa, no se está hablando de un accidente. El trabajador no muere en un accidente; lo matan las condiciones de trabajo. Cuando no se proporciona cinturón de seguridad, cuando no se colocan barandas, cuando no se dan estos elementos, al trabajador lo matan las condiciones de trabajo. Benedetti contaba -con brillantez- que durante una huelga de hambre en Sevilla, un cartel de un

huelguista decía: “A veces confundimos extrema izquierda con lo que es extrema necesidad”. No estamos reivindicando nada disparatado. Estamos diciendo al compañero que apronta el bolso, que le da un beso a su botija y se va a trabajar, que tiene derecho a volver vivo. Nadie tiene derecho a arriesgar su vida, por la violación de la normativa. Eso es lo que está en discusión, no otra cosa. Hay que ser claro: lo que está en discusión es que el empresario no tiene derecho a arriesgar la vida del trabajador de forma grave, por incumplimiento. Los que me conocen saben que insistimos en todos lados en que esta normativa debería obtener consenso. Creo que por lejos yo debo ser la persona a quien más le ha tocado la changa amarga de tener que comunicar a la familia de un trabajador que el padre no vuelve. Amarga. Dura. Y nunca le preguntamos qué votó; si votó a Bordaberry, si votó a Vázquez; nunca le preguntamos. Nunca le preguntamos a la hora de donar una obra solidaria, qué votó; nunca preguntamos. No mezclemos los naipes. Lo que está en discusión es eso: ¿las empresas pueden arriesgar la vida de un trabajador por violar la normativa? ¿Sí o no? Estoy orgulloso de que las manos que se levanten para acompañar esta iniciativa sean las del Frente Amplio, al que tengo derecho a pertenecer. Que se diga: “Miren, ¿saben qué?, no se puede trabajar de cualquier manera; no se puede timbear la vida de un ser humano, no se debe hacerlo por violar las normativas”. Ese es el centro, grave y concreto. Es la verdad. Yo jugaría -cobro quincenas medio flacas- un asado para todos los legisladores que están en esta Sala, si esta normativa aplicada genera alguna de las circunstancias que aquí se han dicho. Conociendo al Poder Judicial y sin querer entrometerme en la división de Poderes, pensar que el Poder Judicial va a juzgar en condiciones en donde no hubo riesgo concreto, ¡por favor, señor Presidente! Si es el mismo Poder Judicial -y decimos que tenemos los artículos 314 y 316 que ya incorporarían la posibilidad penalque en veinte años no ha juzgado a nadie como consecuencia de una discapacidad en el trabajo. A nadie. ¿No tendría que actuar de oficio? ¡Por favor, señor Presidente! Estamos convencidos de que no solamente se necesita la legislación, sino también la acción para consolidar la legislación, porque en última instancia la

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batalla está dada en que cada trabajador o trabajadora de este país entienda que no hay contrato de trabajo que pueda obligarlo a arriesgar la vida. Esa es la batalla última y no se da votando acá; no se da solo votando acá, aunque la ley contribuye. La ley ayuda. Por lo tanto, el año que viene vamos a traer las mismas estadísticas que traemos ahora; y está bueno que hagamos un balance y todos reconozcamos si este instrumento fue o no eficaz. Todos debemos hacer ese balance. ¿Por qué estamos tan convencidos de la necesidad de construir herramientas nuevas? Porque las que tenemos no alcanzan. No solo acá, en toda la cancha en la que se construyen herramientas, partiendo de la educación en las escuelas al incorporar salud laboral. Tenemos tanto atraso que un arquitecto egresa de la facultad sin un módulo obligatorio de salud laboral. ¡Si habrá desprecio por la salud laboral de los trabajadores! Tanto es así que hasta el ganado tiene una caravanita en la oreja por la que sabemos si lo vacunaron, si no lo vacunaron, si estuvo enfermo, qué pastó, qué no pastó. En el caso de un trabajador, aunque vaya a hacer una labor confinada, una vez que ingresa no sabemos ni siquiera si sufre problemas respiratorios. Cuando se lo contrata, no sabemos siquiera si sufre de vértigo. Después podemos espantarnos de las cifras sobre salud laboral. Pero bienvenido el debate porque, entre otras cosas, ha logrado generar condiciones para que todos opinemos acerca de qué se necesita. Hasta tenemos proyectos que han surgido velozmente pero creando la condición de que este es un tema general, que a todos nos debe preocupar. ¡Ojalá el tema hubiese contado con consenso! Pero en referencia a la normativa laboral, ha costado mucho. Yo vengo de un sector que ha peleado siempre los temas de salud laboral. Es más: hace veinte años, saliendo de una huelga dolorosísima, en medio de una puja salarial brutal, inexplicable, en un sector que crecía, lo primero que recompusimos fue la tripartita de seguridad. Hace diez años, en medio de la crisis más dura, cuando las concentraciones no eran como las de ayer delante del Palacio Legislativo, sino que se hacían repartiendo víveres a través de las ollas populares, también hacíamos congresos sobre seguridad. Siempre nos han dolido los temas de la salud y la seguridad. Hay una mochila pesada en la espalda. Cuando ayer le pedíamos a los compañeros una licencia para poder entrar hoy a la Cámara, yo sabía que esta sesión iba a

prestarse para arrastrar el debate por el piso; para intentar que la discusión principal fuera de forma y no la más honda, que es la que creo nos debería comprometer. Es decir, construir herramientas para descender las tasas brutales de accidentabilidad que hay en Uruguay y que pasan inadvertidas. Como decía el señor Diputado Puig, no tenemos un notero en la puerta del Banco de Seguros del Estado, adonde llegan decenas de accidentados todos los días. Los que hemos ido varias veces al Banco de Seguros le preguntamos al compañero que perdió un brazo, por ejemplo, qué piensa, si la empresa lo hizo trabajar en cualquier condición, cómo se va a arreglar la familia. No tenemos a la prensa, no hay música de fondo; pero si llega a faltar un triciclo en un quiosco, sí tenemos. Sobre los temas de salud laboral, no hay información; sobre seguridad e higiene, no la tenemos. Creo que es bueno que se avance en ello. Yo sabía que podía meterme en este lío; que mi ingreso a la Cámara podía prestarse para derivar el tema central que tenemos que discutir: si construimos un Uruguay más humano. Construir un Uruguay que asocie el trabajo a la vida, es construir un Uruguay más humano. Nosotros tenemos dos convicciones. La ley sola no resuelve, lo hemos dicho en todos lados, no va a resolver mágicamente el conjunto de relaciones laborales, económicas, productivas, jurídicas, culturales. Los que no tienen estadísticas porque no han buscado en el Anuario, pueden hacerlo. Desde 2004 a 2009 no dejó de crecer la cantidad de accidentes en Uruguay. En estos dos años de discusión parlamentaria, esta no solo se estancó sino que empezó a descender. No es solo la normativa, es la acción consciente, organizada que se plantea por la necesidad de preservar la vida. En esa línea y con mucho orgullo, con mucha emoción y también con mucho respeto, tratamos estos temas. Me ha tocado encabezar las listas en las tres elecciones sindicales que tuvieron más votos en la historia. Votaron los trabajadores. Para ser dirigente del Sunca no me designó el Partido Comunista, el Frente Amplio ni alguna internacional; fueron los trabajadores. En las elecciones del sindicato en que votaron treinta y seis mil personas, se presentaron listas encabezadas por dirigentes de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. No fue decisión nuestra

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que no obtuvieran ningún lugar en la Dirección; votaron los trabajadores. Tenemos la representatividad que nos dieron los trabajadores, no otros; los mismos que nos autorizaron hoy por unanimidad a tomar licencia para ingresar a la Cámara. Vengo de una rama de actividad en la que su primer Presidente fue negro, comunista y pobre -no soy negro, pero llevo las otras cosas- y en 1967 llegó a ser candidato al colegiado. Estoy seguro que si “El Negro” Agustín estuviera aquí, levantaría la mano conjuntamente con los compañeros de esta fuerza política, lamentando que no hubiera consenso para construir un Uruguay más justo y más seguro. Tenemos todo el derecho del mundo a difundir un proyecto de esta naturaleza. El señor Diputado Amado sabe que hace semanas el sindicato le pidió una reunión al Partido Colorado -no va a dejar que mienta- para analizar si era posible acordar posiciones conjuntas en busca de acercarnos más al consenso. La vida quiso que tuviéramos que pasar por esta dificultad para lograr consenso. Creo que hoy estamos haciendo un enorme aporte en la dirección correcta, un enorme aporte que a la hora de levantar la mano piensa en los miles y miles de trabajadores anónimos que construyen el Uruguay todos los días y merecen condiciones de trabajo más dignas. Creo que es la señal más contundente que el Parlamento está haciendo hoy. ¡Ojalá que este día quede marcado que es necesario construir un Uruguay para todos! Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Vidalín. SEÑOR VIDALÍN.- Señor Presidente: ¡qué diálogo! ¡Qué entretenida y productiva está siendo esta sesión de la Cámara en el tratamiento de este tema! Sea cual sea el resultado, va a ser importante. Fíjense si será importante que en la tapa de la revista de la Presidencia de la República, cuando se hace la propaganda del “Plan Juntos”, de construcción de viviendas, se pueden conocer las infracciones de todo tipo que cometen los obreros, y no sabemos quién es el patrón. Pero seguimos buscando en el interior de la revista de la Presidencia de la República, publicada por el Gobierno nacional y observamos lo mismo: infracciones y más infracciones. ¡Sí será importante este

debate, sea cual sea el resultado!, porque vamos a demostrar voluntad política para llegar a soluciones que permitan a nuestros obreros tener un desempeño digno, preservando su salud, su familia y también su fuente de trabajo, cuidando la maquinaria y los implementos de trabajo. El Partido Nacional ha presentado un proyecto de ley que pretende dar participación a un organismo en el que cree: la policía laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Somos de los que creemos en la responsabilidad y, en lo personal, como laboralistas o estudiantes de relaciones laborales, creo en las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de mi país. Por eso es que pretendíamos que la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social pudiera llevar adelante políticas que determinaran los casos en los que indudablemente se produjeran situaciones que condujeran a que nuestros trabajadores pudieran generar cortes en la tarea, accidentarse, perder su vida. Ese es el espíritu de nuestro proyecto. ¡No hay estadísticas! Lo digo con propiedad porque lo han dicho los profesores y las autoridades del Ministerio. ¡Lo digo en este tono fuerte por los gestos que advierto! Habrá estadísticas a fin de año, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, con gran esfuerzo y compromiso, en los que creemos y apostamos, las presentarán seriamente. Estamos acostumbrados a que así sea porque provienen de las autoridades de nuestro país, en las cuales desde una oposición constructiva, confío y creo. Hoy estamos abocados a discutir la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Desde el primer día, nuestra posición ha sido una sola, sostenida y conocida por los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara. Con ellos he aprendido, crecido y los respeto sobremanera. Todos los días aprendo algo de ellos y, fundamentalmente, del compromiso que tienen con la clase trabajadora y obrera. Fue por eso que firmamos el proyecto original, con el fin de habilitar la discusión de este tema. Como decía mi querido colega Diputado, el doctor Abdala, nuestro proyecto se asemeja mucho al primero de los que se presentaron. Conjuntamente con el señor legislador Abdala redactamos y firmamos un proyecto

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de ley que establece la obligatoriedad de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social de remitir los hechos a la órbita de la Justicia Penal, en caso de que uno o varios trabajadores sufran lesiones graves o gravísimas, o muerte. Reitero que el espíritu del proyecto se basa en que consideramos a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la verdadera policía laboral y quienes, ante la duda, deben ser las que decidan. Es sabido que en el seno de la Comisión previamente se presentó un proyecto de ley que consagra la responsabilidad penal de empleadores que no cumplan con las normas de seguridad en el trabajo. Como muy bien decían los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, en especial, el señor Diputado Abdala, luego de un prolongado estudio del proyecto desde el punto de vista jurídico, laboral y social, discrepamos por el tenor utilizado, pues se pretende hacer valer una responsabilidad a partir del delito de peligro y sobre la base de un conjunto de conceptos indeterminados que podrían vulnerar los principios generales del derecho penal uruguayo. Asimismo, entendemos que no existe un vacío legal, como se aduce; las normas vigentes son suficientes como para penalizar a los malos empleadores cuando actúan con culpa grave o dolo. Creo que todos nosotros sabemos que ha condenado a algunos empresarios por no haber cumplido con la normativa vigente. En el proyecto que presentamos se apuesta a fortalecer y a dotar de mayor eficacia a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, que es el órgano con competencia directa en la materia. En otro orden, pero siempre con el mismo espíritu, creemos que las condiciones de seguridad e higiene laboral de nuestros trabajadores dependen de una política integral adecuada y legitimada en el ámbito tripartito, como corresponde. Soy de los que no oculta valores y reconoce el aporte del Gobierno del Frente Amplio en llevar adelante las negociaciones de las comisiones tripartitas. A ellas apuesto en este diálogo de consenso y de búsqueda de soluciones para estos problemas que preocupan a todos. De la misma manera que preocupan al Partido Frente Amplio, al Partido Colorado, al Partido Independiente, preocupan a los integrantes del Partido Nacional, fundamentalmente porque siempre, siempre, siempre estaremos de parte de los más débiles.

En las últimas décadas Uruguay ha incursionado en mejorar las condiciones de trabajo y en disminuir la accidentalidad en las diferentes ramas productivas y ha hecho un estudio y generado normativas sobre las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Existe en Uruguay legislación vigente que responsabiliza al empleador, por ejemplo, desde el punto de vista laboral. Nos regimos por el Convenio Nº 155 de la OIT, que legisla sobre la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo, que fue ratificado en esta, nuestra Casa, en el año 1988. También nos regimos por el Decreto Nº 291, de 2007, que crea una instancia de cooperación entre trabajadores y empleadores a nivel de empresas. Esta instancia de colaboración puede darse nombrando un delegado de seguridad en representación de los trabajadores o integrando las comisiones de seguridad. Hoy están dadas las facilidades para una cogestión entre empleadores y trabajadores a fin de preservar la seguridad y la salud laboral. Nos regimos, también, por el Convenio Nº 161 de la OIT, que establece los servicios de salud en el trabajo; por el Convenio Nº 184 de la OIT, ratificado por nuestro país en 2004, que contiene disposiciones sobre medidas de prevención y protección, seguridad de la maquinaria y ergonomía, manipulación y transporte de materiales, gestión racional de los productos químicos, manejo de animales y protección contra riesgos biológicos, instalaciones agrícolas, trabajo de menores y de la mujer, trabajo zafral, etcétera; por el Decreto Nº 406, de 1988, que refiere a los empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de todas clases, los que explotan minas y canteras -aprovecho para decir que el día que se votó en esta Sala el proyecto de minería de gran porte, lamentablemente no pude estar presente por razones de salud; lo hubiese acompañado porque soy su defensor-, los operarios en peligro que quedan obligados a tomar medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo, etcétera. Podemos decir que es una verdadera Biblia en materia de preservación de la salud laboral. Nuestra normativa incluye también el Decreto Nº 372, de 1999, que reglamenta la actividad forestal. ¡Vaya si hemos visto mejoras en la actividad forestal! Antes los trabajadores eran propiamente indígenas de siglos pasados. Ahora trabajan con dignidad. Asimismo, el Decreto Nº 89, de 1995, establece cómo se determina la responsabilidad administrativa.

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Entendemos que desde el punto de vista penal la regulación actual es suficiente para identificar accidentes de trabajo. Es decir que no nos encontramos ante un vacío legislativo. Hay normas y delitos tipificados por el derecho penal que regulan las situaciones en las cuales pueda haber responsabilidad penal del empresario. De modo que en un accidente de trabajo, si hubiera culpa o dolo del empleador, serán aplicables las figuras penales del homicidio y de las lesiones. De hecho, como expresáramos, existen antecedentes jurisprudenciales de procesamiento y condena a personas con causas en accidentes de trabajo. El homicidio culpable está previsto en el artículo 314 del Código Penal; las lesiones graves en el artículo 317, y las lesiones gravísimas en el artículo 318 del Código Penal.

de las que no tienen experiencia. Esto lleva a una descalificación global de la fuerza de trabajo. La precarización de las condiciones de trabajo es otro componente que aumenta los factores de riesgo en la construcción. El trabajador precario no solo trabaja desde el punto de vista objetivo en peores condiciones que un trabajador formal, sino que tiene una actitud diferente hacia el trabajo. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Payssé) ——Entonces, colegas, compañeros Diputados, la educación y la sensibilización que hoy, sea cual sea el resultado, estamos llevando adelante son importantes y fundamentales. En muchos casos se valora más la comodidad en el trabajo que la prevención de los riesgos. Sin duda, en esta actitud incide el hecho de que sufrir un accidente es una probabilidad que en algunos casos se puede considerar remota, en tanto las molestias ocasionadas por los elementos de protección son tangibles y presentes. Cuando cambian las condiciones de contratación las mismas actitudes riesgosas adquieren carácter más estratégico. En este sentido, los elementos de protección muchas veces se transforman en un estorbo, en un obstáculo para terminar el trabajo con la rapidez requerida. En este caso —sabemos que es así—, muchas veces el beneficio económico se valora mucho más que la seguridad, generando una situación de riesgo permanente. El doctor y sociólogo Francisco Pucci expresa que la cultura del riesgo aparece asociada a códigos de comportamiento profundamente arraigados en los actores. Uno de estos códigos es la denominada actitud machista, según la cual enfrentar los riesgos sin elementos de protección es valorado de manera positiva entre el grupo de pares. Y ante ello, con muy buen criterio, con el trabajo de los sindicatos, del Estado y de los empleadores se han creado nuevas figuras en el ámbito laboral y se las ha incluido en nuestra normativa, como los técnicos prevencionistas y los delegados obreros de seguridad. El Decreto N° 89 de 1995 establece la obligatoriedad de la contratación de técnicos prevencionistas para todas las empresas de la rama de la construcción. La actividad del técnico prevencionista tiene relevancia central para la elaboración e implementación de acciones preventivas en materia de seguridad. Se

Ingresando al campo sociológico —prácticamente hemos hablado solo de jurisprudencia-, deseo diferenciar lo que es cultura de riesgo y calificación. El sector de la construcción muchas veces ha sido el salvavidas de nuestros obreros, como ha sido Maldonado para un conjunto de uruguayos que muchas veces se ven tentados a irse del país. La incorporación, debido a las crisis, al sector de la construcción de los trabajadores provenientes de otras ramas de la producción, hizo que esta operara durante mucho tiempo como sector de absorción de la mano de obra desocupada y de otras ramas de la actividad. Ello indudablemente implicó una alta y frecuente movilidad y una rápida incorporación de trabajadores jóvenes que no eran portadores de las calificaciones y de la cultura de oficio clásica en la construcción. La cultura de oficio, que caracterizó a las generaciones anteriores de trabajadores de la construcción, está amenazada por el recambio generacional y por la introducción de cambios tecnológicos. A pesar de que el Sunca es el sindicato más avanzado de nuestro país, no ha proporcionado aún una formación previa al ingreso al trabajo. El obrero aprende haciendo, en contacto con sus compañeros de trabajo y a través de lo que le enseña el capataz o el encargado. La creciente parcelación del trabajo en general es un factor que, si bien parece orientado a especializar al trabajador, de hecho tiene el efecto contrario. Debido a la pérdida creciente de los conocimientos de oficio y al aumento de la rotación de trabajadores entre las diferentes ramas de producción, muchos trabajadores son rápidamente incorporados a nuevas tareas que no conocen y acerca

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trata de un especialista formado en la Universidad del Trabajo del Uruguay, con título expedido formalmente luego de haber cursado tres años de carrera. Asimismo, el Decreto N° 53 de 1996 crea la figura del delegado obrero de seguridad, ratificando el Convenio Internacional N° 155, que dispone la creación de comisiones paritarias para el tratamiento de estos temas. El delegado obrero de seguridad es un representante de los trabajadores cuya función es la de controlar y prevenir los riesgos en el lugar de trabajo, denunciando las irregularidades con relación a este tema. Se debe procurar que la actividad del delegado obrero de seguridad y la del técnico prevencionista no se reduzca a un registro burocrático de las fallas percibidas en la empresa sino que su rol imprima tal dinamismo que mejore realmente la prevención de accidentes. Culminando nuestra primera intervención, en función de la situación planteada en este plenario, y de acuerdo con lo expresado, defenderemos el proyecto de ley presentado por el Partido Nacional, ya que contribuye al fortalecimiento de la Dirección General del Trabajo y la Seguridad Social, órgano de competencia directa en la materia, sin incursionar en soluciones que afecten garantías y eventualmente perturben el clima en que deben desarrollarse las relaciones laborales. Además, se vulnera un aspecto que nuestro Código Penal en su artículo 18 aclaró a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en julio de 1995, eliminando las responsabilidades penales objetivas. El inciso final del artículo 1º de dicha ley establece: “En ningún caso podrá castigarse por un resultado antijurídico, distinto o más grave que el querido, que no haya podido ser previsto por el agente”. De manera que queda claro que la responsabilidad estaba enmarcada como un elemento esencial en el valor subjetivo. Es decir que el conocimiento y la previsibilidad o no de la gente respecto a la conducta y el resultado es la consecuencia de ese obrar. Como sugirió el doctor Aller en la Comisión de Legislación del Trabajo, se debería manejar la posibilidad de que, en determinadas circunstancias laborales, sobre las figuras tradicionales del Código haya una suerte de agravatoria o algo por el estilo para las lesiones o los homicidios cometidos en el ámbito laboral. El doctor Aller sostiene que esto también sería discutible, porque no comparte la idea de generar un

espacio penal aparte, una ley para esto dado que, entre otras cosas, en este mismo Cuerpo legislativo está en discusión un nuevo Código Penal. Además, como sugirió el catedrático, es muy importante que se trate de unificar los criterios y se incluya todo en un proyecto de Código desde el punto de vista técnico para no manejar criterios disímiles. Entre otras cosas, el criterio que rige el proyecto presentado por nuestros colegas legisladores del Frente Amplio es disímil del que planteó la Comisión presidida por el doctor Milton Cairoli en el proyecto de Código, que pretendía eliminar responsabilidades objetivas, no agravar las penas y no extender los delitos imprudentes innecesariamente, como creo se hace en este caso. Es verdad que este Código Penal no ha sido aprobado y que está en discusión. No obstante, creo que sería bueno unir todos estos aportes. Nos parece que sería una fórmula práctica y económica para el Poder Legislativo, que evitaría que incurriéramos en aspectos contradictorios. Como dijimos al principio, esta discusión no va a ser vana porque vamos a llegar a las autoridades más altas de nuestro país, demostrándoles que tenemos que ser cuidadosos con la seguridad laboral de nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Olivera. SEÑOR OLIVERA.- Señora Presidenta: me gustaría aclarar una situación que fue mencionada por el miembro informante del Partido Nacional con respecto a la concurrencia del Ministro a la Comisión. En realidad, concurrió el Subsecretario Loustaunau en carácter de Ministro interino, ya que el titular de la Cartera estaba fuera del país. Por lo tanto, tenemos la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no la opinión personal del Subsecretario o una opinión que no coincide con la del Ministerio. Este es uno de los aspectos que quería dejar planteado. Asimismo, quiero remitirme a las opiniones del miembro informante del Partido Nacional con respecto al reconocimiento a la eficiencia y al trabajo llevado adelante por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Nos podemos remitir a algunos datos importantes, que demuestran cómo a partir de 2005 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intensificó su rol e incorporó a su plantilla 33 inspecto-

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res y 7 abogados, y pasó de tener una sola tripartita de seguridad y salud en el trabajo a tener 17. También podemos mencionar algunas acciones muy importantes que demuestran el eficiente trabajo realizado por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Ello se vio reflejado en la clausura de 595 emprendimientos productivos en los que había riesgo de salud y de seguridad. Creemos que este es un proyecto importante, aunque tal vez algo tardío en el tiempo. De todos modos, es algo que ha caracterizado a todas las situaciones que han planteado los trabajadores a lo largo de la historia. Como he dicho en varias oportunidades, no creo que la historia del avance en los derechos laborales haya comenzado con el Gobierno del Frente Amplio, y a los hechos nos vamos a remitir. A comienzos del siglo XX, los trabajadores incorporaron los aspectos sociales a sus reivindicaciones. Luego de una larga lucha, recogidas por el entonces legislador Luis Alberto de Herrera, se plasmó en un proyecto la reducción de la jornada laboral; en su articulado se incluyeron algunas cuestiones que tardaron mucho tiempo en ser reconocidas. Dicho proyecto de ley fue frustrado por la oposición de su propio Partido y por los legisladores del Partido Colorado, que también se oponían. En él se esbozaban grandes instrumentos que fueron plasmados luego de un largo proceso histórico. Ya se hablaba de la indemnización por accidentes de trabajo con depósitos como garantía, en ese entonces en el Banco de la República, que luego diera origen al Banco de Seguros del Estado. Luego de esa frustrada iniciativa, que fue recogida luego de una década de lucha de los trabajadores, en el segundo Gobierno de Pepe Batlle, se plasma la reducción de la jornada laboral. Este es un aspecto sustancial para recordarnos que, prácticamente un siglo después, estamos volviendo a recoger aquello de la salud y de la seguridad laboral en los emprendimientos productivos, planteado en 1905 por don Luis Alberto de Herrera. En ese momento se hacía referencia concreta a las fábricas y talleres. Por lo tanto, no estamos más que haciéndonos eco y recogiendo los clamores populares que piden que se resuelvan situaciones cuya reivindicación se ha solicitado durante un siglo. En momentos en que el país discute y renueva su aparato productivo -hoy está en discusión el tema de

la productividad, que representa el aumento en la intensidad y la calidad del trabajo-, en que hay intenciones de adoptar nuevos métodos tecnológicos y científicos, estamos permanentemente desvelados por la seguridad, la salud y la preservación de la vida como un elemento fundamental de derecho. Todos los años nos preocupamos mucho por los accidentes de tránsito y cada año reeditamos esta discusión e implementamos nuevas medidas de seguridad. En ese caso, no consultamos a quienes se dedican a la venta de automotores, si eso genera costos o no. Sin embargo, ya estamos hablando de que los nuevos vehículos deberán tener “airbags” y una serie de medidas de seguridad adicionales. Este es un debate profundamente ideológico, que no queremos soslayar y una pugna entre capital y trabajo. Hay una pugna entre la preservación de la vida y los costos operativos del trabajo. Creemos que las leyes que se han reclamado en el Código Penal no han dado los resultados necesarios para avanzar en este tema. Por otra parte, como mencionaban algunos Diputados preopinantes del Frente Amplio, el solo hecho de la discusión ha generado un debate sobre la seguridad, y una de las reivindicaciones más importantes que hicieron las cámaras empresariales cuando concurrieron a la Comisión fue la existencia y la puesta en funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud Laboral. No queremos ceñir la discusión de este proyecto exclusivamente a la industria de la construcción. Digo esto porque permanentemente se la está mencionando. Estamos convencidos de que el Sunca ha hecho punta como sector organizado, ya que por su grado de organización puede hacerse escuchar permanentemente frente a cada situación de accidentalidad que se produce y tiene una gran capacidad de movilización. Sin embargo, aquí hay un sector muy silencioso que se intoxica y muere a diario por el uso de pesticidas, herbicidas y una serie de agroquímicos que ni siquiera conocen, ya que no tienen acceso a los envases. Entonces, se intoxican silenciosamente, con consecuencias muy graves para la salud. Quienes tenemos oportunidad de movernos por departamentos con grandes áreas agrícolas vemos las condiciones en que se trabaja en las máquinas. Por ejemplo, es muy difícil ver un tractor con sus dos

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guardabarros, por lo que hay una gran exposición. Es por eso que creemos que este proyecto tiende a preservar la salud y a prevenir la accidentalidad, sobre todo en aquellos sectores con menor organización y más expuestos a situaciones de riesgo y de peligro que las que existen en sectores más organizados que se pueden hacer escuchar. SEÑOR BERNINI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OLIVERA.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: pido disculpas al señor Diputado Olivera, pero estamos con el ánimo de tratar de ser más sumarios y compartir el tiempo. Recién me arrimé al querido compañero Diputado Andrade para preguntarle si se acordaba en qué año había sido una marcha, organizada por el Sunca y acompañada por el PIT-CNT -en esa época yo estaba en AEBU- a Punta del Este, para ver cómo estaban las condiciones de trabajo en las obras. En ese momento se estaba viviendo un “boom” de la construcción. Se hacían edificios ostentosos, de superlujo, de millones de dólares. Parábamos, nos bajábamos, nos metíamos en las obras y veíamos que estaban llenas de obreros extranjeros, sobre todo bolivianos y peruanos, trabajando en negro, que no hacían aportes a la seguridad social; en estas condiciones, poco podían hacer para pelear por sus condiciones de trabajo. Es inevitable acudir a ese momento parar valorar la significación que tiene el que estamos viviendo hoy. Y sí, este es un tema ideológico. ¡Claro que lo es! Y no debemos avergonzarnos por decir que lo es. Yo defiendo un Partido, integro un Partido, una clase que tiene una ideología determinada y que accedió al Gobierno democráticamente, no mintiéndole a la gente. Decíamos: “Vótennos porque vamos por acá”. Y desde el año 2005 tenemos mayoría parlamentaria y estamos en el Poder Ejecutivo. En ese contexto es que estamos discutiendo este tema. No podemos evadir esta discusión de las sesenta y dos leyes laborales votadas del 2005 hasta el presente. Al respecto, voy a hacer algunas referencias: subsidio transitorio por incapacidad parcial, protección a la libertad sindical, reglamentación del trabajo doméstico, modificación y prescripción de los créditos

laborales, protección del trabajador por descentralización empresarial, fondo de cesantía y retiro de la construcción -particularmente del Sunca-, responsabilidad por tercerización empresarial, régimen de reconocimiento de servicio ficto, licencia especial para trabajadores afiliados al BPS, cómputo jubilatorio para trabajadores de la construcción -también para el Sunca-, flexibilización de la causal jubilatoria, modificación del seguro por desocupación, creación del Inefop, reducción del horario para la madre adoptiva, jornada de ocho horas para el trabajador rural, modificación de la licencia por estudio, modificación de la negociación colectiva para funcionarios públicos, régimen de peones prácticos en obras públicas -presenté el proyecto y lo trabajamos con el Sunca-, acoso sexual en el ámbito laboral, marco y régimen de la negociación colectiva, abreviación de juicios laborales, pago de créditos laborales mediante declaración judicial, convenio internacional de protección sindical, aumento del cálculo del subsidio por enfermedad del BPS, descanso mensual del trabajador gastronómico, ley de empleo juvenil, incremento del subsidio y licencia parental para padres y madres. Acabo de hacer referencia a menos de la cuarta parte de las sesenta y dos leyes laborales, y excluyo el seguro de desempleo, que se puede considerar como ley laboral. ¡Sesenta y dos! Quiero saber en qué momento histórico de este país en siete años se votaron sesenta y dos leyes a favor del trabajador para empezar a equilibrar y romper el paradigma que existía antes. Ese paradigma era la desregulación; el mercado también regulaba el mercado de trabajo. ¿O nos olvidamos? ¡Eso era ideología! La mía, también. Yo quiero un Estado activo, regulando y poniéndose del lado de los débiles, con la ecuanimidad y el equilibrio necesarios como para generar en el ámbito de las negociaciones tripartitas, bipartitas o de la negociación colectiva, el mejor marco para avanzar como país y como nación. Eso es ideología. Y no podemos evadirlo; por el contrario, estamos orgullosos de haber votado esto. Y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el marco en el que estamos. ¿O piensan que en el año 2004 el PIT-CNT tenía ciento veinte mil afiliados porque los trabajadores no sentían la necesidad de sindicalizarse? ¿Creen que es casualidad que hoy sean trescientos cincuenta mil los trabajadores nucleados en el PIT-CNT? ¡No es casualidad! Hay un contexto político adecuado y hay una clase trabajado-

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ra que se asocia y lucha para avanzar. No podemos evadir que hoy hay rondas de Consejos de Salarios; que los trabajadores del comercio, de los supermercados, de las tiendas, si antes querían formar un sindicato eran echados como perros, pero que hoy arman su sindicato, pelean por su salario, defienden su dignidad y avanzan. Esa es una cuestión ideológica; ese es el contexto político que este Gobierno y esta bancada han defendido desde el año 2005 en adelante y lo va a seguir haciendo. En ese marco, en ese contexto, estamos tratando este proyecto de ley. No es casualidad; no es la Divina Providencia; no es un accidente. Hoy trabajamos por el empleo de calidad. En una primera etapa, la maroma venía por el lado… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede continuar el señor Diputado Olivera. SEÑOR BERNINI.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR OLIVERA.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado Bernini. SEÑOR BERNINI.- Luego de quince años sin Consejos de Salarios prevalecía el tema salarial por encima de todo. Obviamente, hay sectores que todavía están atrasados en la lucha por el salario, pero ya estamos ingresando en una etapa en la que nuestro movimiento sindical ha asumido que la dignidad no solo pasa por el salario, sino por las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud laboral. ¿Saben cuántos comisiones de seguridad existían antes de 2005 en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social? Existía uno. Hoy tenemos veintitrés. Entonces, ¡por favor! Cuando se habla de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social -sin duda, todavía falta mucho-, ubiquémonos en el contexto en el que estamos y tengamos en cuenta cuál era el punto de partida. Por lo tanto, con ese marco, con esas políticas y con esa base ideológica -lo sigo diciendo orgullosamente, sin vergüenza; que cada uno se ubique con la ideología que tiene-, acompañamos este proyecto de ley. Aquellos que defendían el paradigma de la desre-

gulación, lo hacían porque creían en él. Está bien, que lo sigan defendiendo. No es mi ideología; no es la nuestra. La nuestra pasa por otro lado; pasa por dar protagonismo equilibrado y democrático a sectores de la sociedad que muchas veces tienen intereses contrapuestos. Para algunos, todo pasa por el costo y, para otros, todo pasa por la vida, por la comida de la familia y por volver vivos, enteros y saludables a sus casas, como decía el compañero Andrade. De eso se trata, en eso estamos y por eso vamos a seguir peleando. Gracias, señor Diputado Olivera. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede continuar el señor Diputado Olivera. SEÑOR OLIVERA.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque creo que ya se ha aportado lo suficiente y otros compañeros quieren hacer uso de la palabra. Simplemente, quiero expresar que muchos han augurado resultados espantosos de cada ley obrera que se ha pretendido implementar. Con respecto a la ley relativa a la reducción de la jornada, a las ocho horas de trabajo, parecía que el mundo se iba a venir abajo, que la economía se iba a hacer pedazos, que los empresarios iban a dejar de trabajar. Sin embargo, nada de eso sucedió ni sucederá; lo podemos garantizar. Pero si así fuera, no cambiaríamos la vida de nuestros trabajadores por ninguna inversión o situación económica que pretendiera mejorar nuestro país. Muchas gracias.

24.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1º de la Ley N° 17.827: De la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por el día 7 de noviembre de 2013, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Abt”. ——En discusión.

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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 5 de noviembre 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted licencia para el día 7 de los corrientes, por motivos personales. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente, ANA LÍA PIÑEYRÚA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de noviembre de 2013. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, por el día 7 de noviembre de 2013. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY, ORLANDO LERETÉ”.

25.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Tierno. SEÑOR TIERNO.- Señora Presidenta: trataremos de ser breves. Para empezar, vamos a tratar de aclarar algunos puntos sobre lo mencionado por el colega Diputado y compañero Vidalín con respecto al Plan Juntos. Al respecto, debemos recordar que se trata de un plan de autoconstrucción, es decir, que la gente que se beneficia con la vivienda es la que trabaja. También se cuenta con mano de obra solidaria. No hay ningún empresario detrás de esas construcciones y, hasta ahora, no nos hemos enterado de que a lo ancho y largo del país se haya producido un solo accidente en esas obras. Cada vez que abordamos un tema como este, que involucra a los trabajadores, lo hacemos teniendo en consideración los múltiples logros alcanzados. El compañero Diputado Bernini recién dio cuenta de algunos de ellos. Decenas de leyes de protección laboral aprobadas en la Legislatura pasada y unas cuantas en lo que va de esta marcan una realidad distinta para los trabajadores. Sin embargo, no es posible sustraerse a una realidad que golpea a los trabajadores y a sus familias en forma creciente. Nos referimos a que decenas pierden la vida y cientos quedan con secuelas permanentes en el marco de los miles de accidentes laborales a los que ya se hizo referencia. La accidentalidad no es producto de la casuística, sino consecuencia de los procesos de organización del trabajo en los que las patronales tienen poder discrecional. Los esfuerzos permanentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social –hace un momento se hizo referencia a los avances de esta Inspección-, han logrado mejorar en forma sustantiva los cuerpos inspectivos y la recepción de denuncias. Se debe encarar una gran campaña nacional de sensibilización sobre el tema, haciendo énfasis en el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. To-

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dos los actores que pasaron por la Comisión están de acuerdo con estos temas: las cámaras, los trabajadores, el Gobierno y, por supuesto, los compañeros Representantes de la bancada del Frente Amplio en esta Cámara. Estamos convencidos de la importancia de avanzar en materia legislativa, incorporando a nuestra legislación el presente proyecto. Existen legislaciones avanzadas a nivel internacional, a las que ya se ha hecho referencia. Este proyecto debe contribuir a avanzar desde el punto de vista integral en la superación de la grave situación planteada. El objetivo primordial es nada más y nada menos que proteger la vida, la salud y la integridad física del trabajador. El derecho a la seguridad laboral debe ser garantizado de modo eficaz, como derecho inherente a la persona. Se ha sostenido por delegaciones que nos visitaron en la Comisión que no están de acuerdo con este proyecto, que es preferible cambiar conductas y actitudes de empleadores y de empleados. Es más que necesario que se sigan adoptando comportamientos seguros a nivel laboral, tanto de parte del empleador como del trabajador; en ese sentido, ambos colectivos se han comprometido a seguir avanzando. Sin embargo, esto solo no resuelve el problema porque, ¿qué haremos cuando se violen las normas de seguridad? Como ya ha dicho nuestro compañero, el señor Diputado Puig, en nuestro país la tasa de siniestralidad es alta, lo que nos lleva a concluir que hoy los controles extrapenales no son suficientes. El artículo 412 de la Ley N° 16.736 prevé la responsabilidad administrativa; la Ley N° 16.074, la responsabilidad civil por accidentes de trabajo y el artículo 83 de la Ley N° 16.060, la responsabilidad civil de administradores y directores. A la Comisión llegaron anteproyectos, pero voy a hacer referencia solo al que presentó la Cámara de Transporte del Uruguay que, en líneas generales, expresa proteger la vida e integridad física del trabajador, la integridad del empresario, a la vez que habla de prevenir los accidentes de trabajo, de protocolos de seguridad laboral por rama de actividad, de medidas de contralor, a través de la creación de una comisión de seguridad interna, que esté integrada por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y por el Banco de Seguros del Estado. Por otra parte, este anteproyecto también prevé sanciones adminis-

trativas, faltas menores, eventualmente, hasta llegar a la responsabilidad penal. Todos los compañeros del Frente Amplio que integran la Comisión de Legislación del Trabajo estuvimos de acuerdo con algunos aspectos de este anteproyecto, que no modifica ni resuelve la situación planteada. Estamos convencidos -como han dicho varias cámaras- de que debe haber más prevención, capacitación y organización, y que estamos cambiando de una cultura de negligencia a una cultura de prevención, lo que nos exige adelantarnos al daño. Hay ejemplos de conductas que producen peligro. Por ejemplo, el artículo 209 del Código Penal refiere al delito de estrago y el artículo 212 al delito de peligro en desastre ferroviario. Pretendemos que el sujeto -el empleador o quien ejerza en nombre de la empresa- cumpla con su deber y con las normas de seguridad, y no que solo se le reproche su incumplimiento, restringiendo el alcance de la responsabilidad penal a casos de especial entidad. El empleador conoce con certeza los medios preventivos e incurrirá en responsabilidad cuando omita cumplir las normas. La conducta típica solo podrá ser atribuida al titular del deber de seguridad y salud en el trabajo, es decir, al empleador o a quien ejerza efectivamente la dirección en su nombre; el proyecto excluye a quienes ejerzan poder de control o supervisión en nombre del empleador, como el caso de los delegados de prevención en seguridad. La responsabilidad es de la persona física que posee efectivo poder de dirección y cuya omisión es productora de resultado de peligro. Con este proyecto queda claro, contrariamente a lo que han expresado en la prensa asesores de las cámaras empresariales, que encarcelar empresarios por cualquier causa es una eventualidad imposible. También se ha declarado: “Los patrones podrían ir presos en caso de constatarse que incumplen con las normas de seguridad previstas”, pero no tiene relación con lo que se está analizando. En una situación de peligro concreto -no abstracto- no basta con el incumplimiento de la norma, porque tal incumplimiento deberá producir un peligro concreto.

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El martes 5 de noviembre, “La Diaria” publicó declaraciones del Presidente de la Federación Rural, quien dijo: “[…] este proyecto no soluciona el problema, ya que los accidentes se producen por múltiples factores, entre los que señaló la falta de preparación de la mano de obra o la propia negligencia de los trabajadores”. Cuando se afirma esto, nos damos cuenta de lo urgente que es aprobar este proyecto, porque quienes deben velar por la salud y la seguridad de sus trabajadores, no se responsabilizan, por el contrario, responsabilizan a sus trabajadores. Lamentablemente, estas actitudes también se dan en el interior, mucho más de lo que nos imaginamos. El peón de estancia -hasta hace un momento andaba uno de ellos en la barra- sigue siendo tratado -sobre todo al norte del Río Negro, cuanto más cerca de la frontera con Brasil, peor- como si no tuviera ningún derecho, y si reclama lo que le corresponde lo echan o intentan echarlo, como hizo un empresario dueño de varias estancias y de un par de frigoríficos, uno de ellos instalado en mi departamento. Este trabajador rural se organizó, creó el sindicato de peones rurales, reclamó y tuvo que ser reincorporado a su lugar de trabajo; esto sucede permanentemente. De todas maneras, se vuelve necesario que aclare que muchos estancieros cumplen con las normas de salud y seguridad. Estos días nos hemos reunido con productores y empresarios preocupados por el proyecto que hoy vamos a votar; algunos de ellos son conocidos e, inclusive, compañeros en otras actividades. A todos, convencidos, les expresamos lo mismo. Urge crear un delito de peligro, porque existe un vacío legal o laguna. En este sentido, voy a mencionar al compañero Diputado Groba, quien en cada reunión de la Comisión manifestaba que con lo que hay no alcanza, y que sigue existiendo un vacío legal. Todos estamos de acuerdo con disminuir la siniestralidad en el trabajo en nuestro país, y nadie ha dicho lo contrario, ni las Cámaras, ni los representantes del Poder Ejecutivo ni los trabajadores nucleados en el PIT-CNT. Hay cosas que no entendemos: la mayoría de los empresarios que cumple con las normas, es la que se opone a este proyecto, y con esta actitud están defendiendo a los empresarios que no las cumplen. Así, quienes dotan a los trabajadores de todos los elemen-

tos de seguridad, son los voceros de quienes no cumplen y a quienes no les importan las normas. Para que no haya un trabajador fallecido por semana, para que no haya un trabajador lesionado o con discapacidad permanente cada dos días, para que estos datos -que no son solo números, porque detrás hay personas y familias- no nos sigan avergonzando, vamos a votar este proyecto. Como se ha dicho, no hay fórmulas mágicas, pero solo con la presentación del primer proyecto y con la discusión de este, los empleadores se han preocupado de mejorar la seguridad y las condiciones de salud, sobre todo en aquellas empresas que no cumplen con las normas. Entonces, ¡si será importante aprobar este proyecto! Confiamos en que esta iniciativa contribuirá a atender una circunstancia muy dolorosa. Los obreros que trabajan en circunstancias precarias y ponen en riesgo su vida votan a los cuatro partidos políticos que actualmente tienen representación parlamentaria, pero también a otros partidos que no la tienen, y por eso este problema nos interpela y nos involucra a todos. Motivados por la promoción de los derechos laborales se debe recorrer un camino sin retorno en defensa de la vida y la salud de todos los trabajadores uruguayos. Por último, quiero resaltar el trabajo de todos los integrantes de la Comisión, de los compañeros del Frente Amplio y de la oposición. SEÑOR PERRACHÓN.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR TIERNO.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PERRACHÓN.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero reiterar lo que han dicho los compañeros de bancada e integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo. Estamos legislando con un fin básico y elemental en toda sociedad civilizada: proteger la vida, la salud y la integridad física de sus ciudadanos, en este caso, de los trabajadores, porque lamentablemente en los últimos años las cifras de siniestralidad laboral están verificando que la normativa para que nuestra gente se sienta segura en su tarea es insuficiente, lo que nos obliga a tomar otras medidas.

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En segundo término, también estoy completamente de acuerdo con que las leyes no operan como elementos mágicos y que, además, es necesario abordar esta situación de forma integral, teniendo presente el pilar educativo en la búsqueda de un nivel superior de concientización, a través de campañas de difusión y cursos de capacitación en los lugares de trabajo. Se pretende profundizar en la acción del Estado a través de sus organismos inspectivos. Por supuesto, es imprescindible el fortalecimiento de los sindicatos, especialmente en aquellas ramas de la actividad que hoy se encuentran más debilitados. Se ha reiterado que es en el área productiva donde los trabajadores han sufrido históricamente en sus condiciones de trabajo y de vida. Sin lugar a dudas, esto se dio en el ámbito del trabajo rural, como muy bien han señalado los compañeros legisladores. Hay que remarcar una vez más que la gran mayoría de los accidentes laborales no se producen en la industria de la construcción sino -a todas luces- en el medio rural. Esto podría ser fácilmente comprobable si tuviéramos la estadística de los accidentados que atiende el Banco de Seguros del Estado; puedo asegurar que la gente que viene de tierra adentro es clara mayoría. En este punto corresponde hacer el centro de nuestra intervención. Hay una serie de condiciones que perjudican al trabajador rural frente a otros sectores de la actividad, pues están dispersos para generar asambleas, para organizarse y, por ende, tienen sindicatos débiles para negociar con la patronal, lejos de la institucionalidad y su rol fiscalizador, con la historia de persecución al trabajador y su familia, que muchas veces obliga a abandonar la comarca como única vía para conseguir empleo. Todo se traduce en algo cultural por lo que está socialmente aceptado que la patronal imponga, en buena medida, las condiciones de trabajo y, subsecuentemente, que el reclamo -aunque sea para asegurar la tarea sin riesgo grave para la salud- pueda convertirse en causa de despido o represalias. Estamos seguros de que la cifra de siniestros denunciados en esta área de la actividad está muy por debajo de los que realmente ocurren. Y más allá de que se esté mejorando en varias subramas, como la vinculada a la actividad forestal, todavía hay un gran número de asalariados rurales que no dan a conocer esta clase de problemas.

Por esto validamos completamente la posibilidad de que esta medida funcione como un aspecto disuasivo frente a la realidad imperante. Al igual que los compañeros, nosotros tampoco queremos empresarios presos, pero consideramos que junto al resto de las acciones contenidas dentro de la visión integral de la que hablábamos, deben estar algunos mecanismos que, por las posibilidades de coerción que le son inherentes, puedan contribuir a combatir algunas nociones establecidas en el plano cultural, facilitando la generación de los espacios de reflexión y concientización que necesitamos para derribar estas prácticas. Hace unos días los compañeros del sindicato de la Dinatra, que nuclea a los trabajadores rurales, nos comentaban que un trabajador perdió las piernas por no tener la reja obligatoria para apoyarse dentro del tolvín mientras paleaba granos. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Este, al apurar la caída del material con una pala hacia el conducto ubicado en la base, fue tragado por un mecanismo que funciona bajo el mismo principio que una máquina de picar carne. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Puede continuar el señor Diputado Tierno. SEÑOR TIERNO.- Señora Presidenta… SEÑOR PERRACHÓN.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR TIERNO.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PERRACHÓN.- Señora Presidenta: decía que la patronal compareció ante el Juzgado aduciendo que había sido el obrero quien había desatendido las medidas de seguridad que le habían propuesto. Sin embargo, había orden de quitar la reja protectora. También nos plantearon otros ejemplos igualmente gráficos. Como han señalado otros compañeros, consideramos que este proyecto continúa fortaleciendo la matriz de la legislación laboral y social de avanzada que caracteriza el período que iniciamos en el año 2005, en este caso, apuntando a reducir el porcentaje de riesgo que los trabajadores encaran en sus lugares de trabajo.

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Asimismo, remarcamos que no se trata de penalizar una conducta que implique un riesgo leve o signifique una cuestión menor para la salud del que trabaja, sino que hablamos de una noción de peligro por la ausencia de condiciones de seguridad presentes en la legislación vigente y que compromete la salud física y la vida en el desarrollo de la tarea. Dichas condiciones de precariedad se han visto históricamente multiplicadas en la actividad agropecuaria, donde la debilidad de expresiones de trabajadores organizados -entre otras causas- ha hecho mucho más compleja la defensa exitosa de sus intereses. Aunque hay distintas realidades según la rama de actividad, también en el sector agropecuario se enfrenta un período en el que se están incorporando procesos industriales y sumando elementos tecnológicos; además, se vuelve necesario prestar atención a la productividad y a la capacitación en este período que en general apunta al desarrollo, al clima de trabajo, al pleno respeto de la legalidad laboral vigente, y a la visión comprometida de los trabajadores con un proyecto de país con el que complementarse, pues constituirán aristas inestimables para afrontar con solidez lo que se viene. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede continuar el señor Diputado Tierno. SEÑOR TIERNO.- He finalizado, señora Presidenta. SEÑOR VIDALÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señora Presidenta: con respeto y cariño quiero referirme a mi colega y amigo, a quien valoro y estimo porque la mayoría de las veces actuamos juntos buscando cosas para la gente, él desde el Partido de Gobierno y yo desde la oposición. También conoce mi profunda admiración y respeto por nuestro Presidente Mujica. Quiero citar algo de la revista del Gobierno mencionada, de diciembre de 2011, que dice que el Plan Juntos funciona en la órbita de la Presidencia de la República como una Unidad Ejecutora y que es liderado por una Comisión Directiva integrada por tres miembros: un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, otro

del Ministerio de Desarrollo Social, y otro designado por la propia Presidencia. Quiero señalar este aspecto porque el querido amigo se sintió aludido y, como nos queremos, lo ponemos sobre el tapete. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señora Presidenta: el Partido Nacional viene a la Cámara a defender la promoción de los derechos de los trabajadores. Hemos presentado un proyecto de ley del que nos vamos a ocupar, que protege al trabajador cuando sucede un accidente con lesiones o con resultados de muerte. Su artículo único establece: “En los casos de accidentes de trabajo de los que resulten la muerte o una lesión grave o gravísima de uno o más trabajadores, y en los que coincidan elementos de convicción o indicios concurrentes de que el empleador actuó con dolo o culpa grave, la Inspección General del Trabajo pondrá los hechos en conocimiento de la justicia penal”. Este proyecto de ley, increíblemente, no ha sido comentado, para bien o para mal, por la bancada del Partido de Gobierno. Parecería que mirarse el ombligo es la actitud que ha adoptado la bancada de dicho Partido. Lo digo porque ni para criticar han leído el artículo único de esta iniciativa; sé que hay otro del Partido Colorado que sí se ha leído. El señor Diputado Andrade -que pretende representar o ser dirigente del Sunca- no ha tenido el tino de leer los proyectos de ley que hoy están en juego. ¿O es que los proyectos de otros legisladores no valen, no sirven? “¡Por lo menos critíquenlo! ¡Critíquenlo! SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BORSARI BRENNA.- En seguida, con mucho gusto. De lo contrario, estamos jugando a la del partido único, a la del partido que por sí y ante sí impone sus mayorías, legítimas, pero que ni siquiera discute los proyectos de los demás. Con mucho gusto le concedo la interrupción -a pesar de que tengo poco tiempo, mucho menos del

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que ha dispuesto el señor Diputado Andrade- porque lo aludí. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede interrumpir el señor Diputado Andrade. SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: nosotros no nos referimos al proyecto de ley del Partido Nacional porque la crítica más dura la hizo hace dos años el propio Partido Nacional cuando presentamos un proyecto similar. Fue contundente la crítica, tanto que hizo que retiráramos el proyecto, que era similar, y comenzáramos a trabajar en otro que tuviera un alcance mayor y fuera más efectivo. Gracias, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede continuar el señor Diputado Borsari Brenna. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señora Presidenta: yo decía que tenemos este proyecto de ley, que es tan válido como cualquier otro, que va en defensa de los trabajadores, en defensa de aquellos que a raíz de un accidente tienen lesiones o encuentran la muerte. Este proyecto establece la obligación de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social de denunciar los accidentes a la Justicia Penal. Además, como muy bien ha dicho el señor Diputado Olivera —ahora no se encuentra en Sala, pero quiero reconocer el análisis histórico que hizo hace pocos minutos-, el Partido Nacional no le da la derecha a nadie en cuanto a defender a los trabajadores. El Partido Nacional ha sido precursor de leyes que hoy rigen en nuestro país desde hace muchos años. Por ejemplo, la llamada ley de las ocho horas, propuesta por Herrera, Carlos Roxlo y Quintana en 1905, cuyo Capítulo I especificaba los gremios y actividades… (Murmullos) ——Yo no exijo que alguien me escuche, pero se ve que el representante sindical electoral en esta Sala tiene mucho interés en el tema y en saber lo que nosotros presentamos y los antecedentes que… (Murmullos.- Campana de orden) ——…y los antecedentes que hay en cuanto a legislación laboral del Partido Colorado, del Partido Nacional, de lo que fuera el Partido Socialista, el Partido Comunista. Hay una rica historia a este respecto. No se puede refundar el país cada cinco años. Yo creo que aquellos que tienen delirios de refundación

están profundamente equivocados. Por eso distingo al Diputado Olivera, que hace minutos relató las importantes iniciativas de Luis Alberto de Herrera, de Roxlo, de Quintana y del Batllismo, que fueron conquistas enormes y reales que acontecieron en el país. Por supuesto que fue con la lucha de los trabajadores, pero con el correlato de aquellos legisladores de hace un siglo, en las mismas bancas en las que estamos sentados. Por ejemplo, Herrera, en el Capítulo I del proyecto de ley de ocho horas especificaba los gremios y las actividades comprendidas: minas y canteras, construcción, ferrocarriles, transportes fluviales, tranvías, puentes y caminos, colocación de hilos telegráficos y teléfonos, usinas y todas las oficinas y talleres industriales o fábricas donde se haga uso del trabajo manual. El Capítulo II -de lo que se dio en llamar un minicódigo de trabajo de derecho garantista- establecía el derecho a la indemnización por accidentes de trabajo. El Capítulo III prescribía la formación de un fondo -¡en 1905!- para pagar esas indemnizaciones, que sería depositado en el Banco de la República, y que cuando un Cuerpo Legislativo juzgara oportuno constituiría la base de un Banco de Seguros del Estado. El Capítulo IV establecía la limitación de la jornada laboral; el Capítulo VI reglamentaba el trabajo de niños y mujeres, y el Capítulo VII reglamentaba las normas de higiene que deberían cumplir los talleres y las fábricas. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardoso) ——Digo esto -lo hago buenamente, porque hoy son Gobierno unos, ayer lo fueron otros y mañana serán otros- para aportar a un debate que me parece muy importante, que no debería desarrollarse en forma maniquea. Hemos presentado un proyecto y aspiramos a que hoy se consagre en ley, a pesar de que presumimos que nuestra iniciativa no tendrá las mayorías requeridas… (Murmullos) ——…pero estamos luchando por él. Estamos luchando y dando nuestra visión del tema. A este proyecto de ley debemos agregar las normas que en nuestro país existen, que están vigentes y que no se deben desconocer. No se debe decir: “Desde hoy tendremos un derecho laboral garantista”. ¡No es así! En 1934 todas las fuerzas políticas aproba-

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ron el Código Penal, que estableció prácticamente lo mismo que determina el proyecto de ley del Frente Amplio. Adviertan: en el artículo 310 del Código Penal de 1934 se establece el homicidio; en el artículo 314 se establece el homicidio culpable; los artículos 316, 317, 318 refieren a lesiones personales graves y gravísimas; el artículo 319 refiere a lesiones o muerte ultraintencional. Quiere decir que establece todas las conductas delictivas en las que puede incurrir un constructor o cualquiera que cometa a otro un trabajo. Están allí descriptas todas, o casi todas las conductas. El maestro Cairoli, en sus comentarios sobre el artículo 314 relativo al homicidio culpable dice que es el caso típico de accidentes de tránsito, muertes ocasionadas por impericia o imprudencia en el manejo de un arma, derrumbe de edificios que por negligencia de sus propietarios o constructores no son debidamente apuntalados y causan accidentes fatales. Pone ejemplos, que es lo que estamos tratando. Son delitos que ya están establecidos en nuestro Código Penal desde hace muchísimos años. Yo no voy calificar porque no quiero atribuir intenciones. Estoy seguro de que los legisladores que han fundamentado su posición tienen la buena intención de ir hacia el mejoramiento de las garantías laborales, pero estimo que son sobreabundantes. Además, el delito de peligro, del que tanto se ha hablado, sobre todo en la Comisión por parte de los técnicos que han venido, está establecido en los artículos 13 y 20 del Código Penal. Nuestro Código Penal es muy claro cuando establece la relación de causalidad: “Nadie puede ser castigado por un hecho previsto por la ley como delito si el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito no resulta ser la consecuencia de su acción o de su omisión. No impedir un resultado, que se tiene la obligación de evitar, equivale a producirlo”. ¿Qué quiere decir esto? ¡Es el delito de peligro! Si una persona mandó a hacer algo a otra, y la que lo hizo sufrió un accidente o murió, por el artículo 3º del Código Penal, ¡el comitente va preso! ¡Ya hoy va preso por el delito de peligro! Por lo tanto, coincido con el señor Diputado Olivera en cuanto a su análisis histórico y no refundacional, porque me parece realmente ridículo hacer análisis refundacionales en este país

que tantas garantías ha dado y que todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida -o lo han dicho otros- que fue la Suiza de América, y conste que mi Partido gobernó muy poco. Conste que el Partido Nacional gobernó muy poco, pero sí contribuyó con proyectos, con normas proyectadas que muchos años después se consagraron en ley. No vamos a atribuir ninguna intención, pero fue así. Las leyes que Herrera, Roxlo y Quintana promovieron, diez años después fueron consagradas como tales. También, como decía Artigas en cuanto a lo de los malos europeos y peores americanos, aquí hay malos empresarios y malos dirigentes sindicales -los hay en los dos lados-, pero deberán hacer respetar la seguridad en los lugares de trabajo. Y a quienes no procedan así, habrá que hacerles caer todo el peso de la ley. Me refiero a esos que van, por ejemplo, al quincho de Varela a comer asados, a encontrarse con sus intereses, y luego vienen al Parlamento, a las Comisiones, a pedir que votemos o no votemos algún proyecto de ley. Son los malos empresarios y los malos dirigentes sindicales, que hacen de su actividad una mala práctica. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Redondeo, señor Presidente. El proyecto del Frente Amplio es inconstitucional, porque colide frontalmente con el inciso segundo del artículo 10 de la Constitución de la República. Ramón Real y Gros Espiell dicen que esta disposición fundamental de la Carta prohíbe sancionar a quienes incurren en acciones u omisiones de carácter delictivo. En este caso, el proyecto de ley del Frente Amplio atribuye responsabilidades penales a los comitentes de obras por hechos ajenos a su voluntad, tales como derrumbe, incendio, etcétera, en todos los casos, ya que lo que no distingue la ley, no puede hacerlo el intérprete, según un principio axiomático que todos conocemos salvo, naturalmente, que exista culpa o dolo de parte del constructor o empresario. Por consiguiente, el proyecto de ley del Frente Amplio no distingue entre las condiciones dolosas o culposas, que sí generan responsabilidad penal, y las condiciones no dolosas o no culposas que, obviamente, no pueden generar responsabilidad penal. Esto determinaría la flagrante violación al artículo 10 de la Constitución de la República y la violación de un derecho inherente a la personalidad humana, comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República, que no faculta a

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privar de su libertad a una persona sin ley que habilite dicha privación. SEÑOR PRESIDENTE (Cargoso).- Ha terminado el tiempo de que disponía, señor Diputado. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Ya termino. Con la aprobación de esta ley, el Estado se expone a que sea recurrido por inconstitucional, lo que puede tener gravísimas consecuencias patrimoniales, poniendo en riesgo sus arcas otra vez. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: quería decir al señor Diputado preopinante que no se entregue, que promueva un proyecto de ley que todos entendamos, que tenga en cuenta el vacío legal que existe y que trataremos de resolver con esta iniciativa, pero que insista, que estudie, que promueva los temas y que vea la realidad. Francamente, yo estoy seguro de que el señor Diputado Borsari Brenna está convencido de lo que dice. Lo que sucede es que él está convencido, pero no me convence a mí ni al resto de mi fuerza política. Sé que él no espera hacerlo, pero lo que yo espero es que el Partido Nacional acompañe este proyecto, al igual que el Partido Colorado. Estamos construyendo un país diferente, un país con más derechos para los ciudadanos, y este tema es de larga data. Yo entré a trabajar a la industria metalúrgica cuando tenía quince años, y el tema de los accidentes laborales ya estaba presente en nuestra rama. Sé que los partidos que gobernaron hasta el año 2004 lo tenían presente, pero no encontraron una herramienta adecuada que les permitiera promoverlo. Hay buenas intenciones de los sectores políticos que estuvieron en el Gobierno hasta el año 2004 o principios de 2005, por lo que los invito a que acompañen este proyecto porque, si en el fondo está el análisis de la capacidad persuasiva de este proyecto -creo que ese es un dato de la realidad-, deberían hacerlo. Como dije recién, no espero convencer a los integrantes de los dos partidos que estuvieron en el Gobierno. También quiero mencionar la genial idea de la clase obrera y del Sunca, que hoy está trasmitiendo

en vivo y en directo las manifestaciones de cada uno de los sectores políticos para que los trabajadores, las trabajadoras y los ciudadanos en general -blancos, colorados, frenteamplistas e independientes- vean, tomen el pulso de cómo se discute y sepan cuáles son las diferentes visiones sobre este tema tan delicado. A esta altura de la noche -no solo porque he participado de esta reunión, sino también de las de la Comisión-, quedé mas convencido que nunca de que este es un proyecto genial, que es necesario para la vida del país y que atiende una necesidad del sector más débil. Hablando de la Constitución de la República, esta protege al sector más débil en materia de relaciones laborales, y este proyecto va en consonancia, precisamente, con la Carta. En la Comisión, como en todas las comisiones de la Cámara de Representantes, se recibió a toda la sociedad, pero los empresarios y los partidos que estuvieron en el Gobierno no me pudieron convencer de que este proceso de discusión democrático -que llega para poner atención a esos reclamos y a esas modificaciones- no fue muy valioso. Sí es un proyecto muy valioso. ¿Hay vacío legal o no lo hay? Sí, hay vacío legal. ¿Alcanza o no lo que establece el Código Penal? No, no alcanza lo que establece el Código Penal, porque la crónica roja sigue existiendo, en Montevideo y en el interior; es la mejor demostración de que no alcanza. Por lo tanto, creemos que es necesario abordar ese vacío legal. Se dieron discusiones desde el año 2010 o 2011 y en el último período. ¿Este proyecto cumple una función disuasiva? Sí, cumple una función disuasiva. Este proyecto todavía no fue aprobado, pero cuando en el año 2011 estuvo en el tapete en la Comisión de Legislación del Trabajo y en la prensa, en todo el país comenzaron a florecer las comisiones bipartitas de seguridad, higiene y salud en el área laboral. Por determinados motivos -razones de estudioeste proyecto fue quitado del debate momentáneamente, pero ya habíamos anunciado que no tenía marcha atrás, y hoy contará con los cincuenta votos del Frente Amplio para ser aprobado. Ojalá -la invitación esta hecha- los partidos tradicionales, preocupados por esta situación, también acompañen este pro-

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yecto, pero si no lo hacen igualmente contará con los cincuenta votos del Frente Amplio. En ese proceso de discusión quedó claramente establecido: hay vacío legal y este proyecto cumple una función disuasiva. Además, respecto a si la tipificación de conducta productiva de peligro se está aplicando en otros países, si es como decía el brillante informe del compañero Diputado Puig, o si un día amanecimos un grupo de legisladores y dijimos: “Vamos a presentar tal cosa”, declaro que no; se presenta este proyecto porque fue tomado de la experiencia internacional. Y como dije recién, cumple una función disuasiva en relación a hechos concretos, como el que relaté cuando se empezó su analizar. Señor Presidente, aquí hay por lo menos un empresario que está en la barra, que ha estado y está preocupado por esto. Cuando concurrió a la Comisión, le dijimos que el proyecto de ley sobre responsabilidad penal del empresario estaba dirigido a quien no adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, y que, además, pusiera en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. A ellos está dirigido. No se trata de que un día amanecimos con la bazuca al hombro y dijimos: “Vamos a cazar empresarios”. Nada más lejano de eso; y los señores empresarios que han estado escuchando el debate saben que esa es la orientación de este proyecto, por lo que dije recién respecto al primer párrafo y porque también se trata de adelantarse al daño, dado el vacío legal. En la perspectiva de una sanción penal persuasiva el derecho penal debe evitar llegar tarde, es decir, cuando la muerte o la incapacidad por accidente ya ocurrieron. Ese es el concepto de este proyecto de ley o de lo que se ha estado analizando desde 2010 hasta ahora. Estamos convencidos de que este es el camino y de que este es el proyecto que, precisamente, va dirigido al sector empresarial que mencioné hace un momento. Señor Presidente, hemos hablado de los importantes catedráticos que visitaron la Comisión y que han hecho sus aportes, y también de los empresarios que acabo de mencionar, porque muchos de ellos vinieron con una intención constructiva, que no es a quienes -como dije cuando me referí al artículo 1º- va dirigido este proyecto. Pero también estuvo la Unatra y la dirigente María Flores, que ojalá -como se mencionó, hay una especie de urticaria porque dirigentes sindicales estemos sentados en esta Cámara- pudiera

estar en el plenario y ella misma, con su propia voz, elegida por el pueblo, la ciudadanía y los trabajadores rurales, dijera lo que expresó en la Comisión de Legislación del Trabajo y que ahora voy a repetir. María Flores dijo: “Recibimos el proyecto, lo estudiamos, lo leímos en asamblea y nos pareció muy bien. Escuchamos a través de la radio” -fíjese, señor Presidente”la opinión de la Asociación Rural -que ya estuvo en esta Comisión- y nos enteramos de cómo interpretan un montón de aspectos. Los trabajadores tenemos una visión diferente; tenemos la visión de nuestro día a día en el campo. No se trata” -advierta, señor Presidente, lo que dicen los trabajadores rurales- “de que los patrones no sepan lo que tienen que hacer, sino que hay patrones que realmente no hacen lo que deben”. Por eso este proyecto, en el primer artículo, busca precisamente que esos empresarios, con esta acción persuasiva, de una vez puedan ofrecer al trabajador y a la trabajadora las garantías para ir a trabajar. ¡Esa angustia de ir a trabajar en algunos sectores de la actividad económica de nuestro país, de salir a las seis de la mañana y no saber si regresarán, por las características de su trabajo, debe comenzar a disuadirse! Y eso se hace previniendo el daño y no después de que el daño está hecho, como pasa actualmente. Continúa diciendo María Flores: “Por ejemplo, no tienen un técnico prevencionista dentro del establecimiento rural; no se revisan los tractores en el caso de los tambos; no se revisa la maquinaria, las cadenas, y estamos expuestos a que las vacas pueden patearnos; no hay bomberitos; no hay botiquines a la vista. Esto ha pasado en reiteradas oportunidades.- Nosotros queremos dialogar” -fíjense, se enteran por la radio; ellos quieren dialogar- “pero a veces ni siquiera se nos acepta ese diálogo. Fue público y notorio lo que pasó en la Asociación Rural, cuando no pudimos acceder al Prado. Íbamos con nuestros dos hijos; el mayor tenía que preparar un informe, precisamente, sobre el Prado, para el liceo rural de Goñi, y no se nos permitió entrar”. Entonces, se habla de inculcar la formación y de promover las comisiones bipartitas de seguridad y salud laboral: ¡ojalá que se pueda hacer! Pero con esta realidad y con el vacío legal que hay, es necesario legislar, y en eso estamos los Diputados del Frente Amplio. Gracias.

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SEÑOR UMPIÉRREZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GROBA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señor Presidente: intentaré ser bien concreto y fundamentar mi voto a este proyecto que, sin duda, es primordial. Y es primordial por varios motivos, pero el principal es que estoy convencido de que se va a trabajar mucho más en la prevención y no en la sanción. Eso va a repercutir en el cuidado de la vida, que es en definitiva lo que nos interesa. El 21 de diciembre de 2011, siendo aún Edil en la Junta Departamental de Lavalleja -está asentado en el Acta N° 695 de la Junta Departamental-, manifesté lo siguiente: “Lo otro que quiero plantear es que he visto trabajadores de la Intendencia Departamental que no tienen los implementos de seguridad para trabajar. Días atrás coincidí con otro edil en la plaza principal de Minas cuando desarmaban un escenario que se monta para diferentes actividades, en este caso para Teletón, veíamos cómo un trabajador a una altura considerable, alrededor de 5 metros de altura, manipulaba chapas de zinc” -sentado en una cercha- “pero sin ningún tipo de protección: sin cinturón de seguridad, sin casco, sin guantes, ni tampoco tenían protección los que estaban abajo. Aprovecho también para llamar la atención por los trabajadores que andan cortando pasto con máquinas bastante potentes” y, como dijo hoy temprano el Diputado y sindicalista Andrade, sin lentes protectores. Dije también: “Tenemos que tender a proteger la integridad física de todos los ciudadanos y me parece que hay que tomar cartas en el asunto porque se está jugando con la vida de las personas. Solicito que estas palabras lleguen a la intendente departamental y a las direcciones correspondientes”. Esta exposición hicimos en la Junta Departamental en el año 2011 y creímos conveniente traerla en este momento. Días después, un obrero, realizando trabajos de poda, en calidad de changa, cayó desde un árbol y sufrió quebraduras expuestas en las dos muñecas, manteniendo secuelas al día de hoy. Posteriormente, vecinos me alcanzaron fotos de trabajadores, también de poda que, sin ningún tipo de seguridad, trabajaban con motosierras en las cimas de los

árboles. Eso es delito de peligro y eso es lo que se está planteando hoy: trabajar en la altura sin ningún tipo de protección es delito de peligro. Pretendemos que se avance en proteger la salud y la vida de nuestros trabajadores, sabiendo que no es el único problema que debemos atender, pero sí uno muy importante, que también nos lleva vidas, y -como dijo el compañero Andrade- en desnaturalizar algo que se ha vuelto común; que mueran o se lesionen trabajadores cumpliendo con su tarea. No lo podemos permitir. Esta ley es una herramienta fundamental para bajar los porcentajes de siniestros porque, en realidad -como se dijo hace un rato-, es como en el tránsito: son siniestros que se pueden evitar y no accidentes. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede continuar el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente… SEÑOR BOUSSES.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GROBA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BOUSSES.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que nosotros sí tomamos partido por los trabajadores. En segundo término, quiero saludar a los trabajadores del Sunca, que llevaron esto adelante, no solo en el ámbito de la negociación sino en la calle, movilizados, y también a los trabajadores de la Unatra, que están por aquí. Este proyecto de ley es un gran avance; sin duda, protege un poco más a los trabajadores, pero tenemos que seguir machacando, principalmente en el sector rural, lo que significa romper con el sistema feudal que está metido en las entrañas, en la cultura, en las raíces, donde la clase dominante ha hecho creer que el trabajador no puede perder tiempo en preocuparse por su salud, ni hablar de organizarse en un sindicato. Con todo esto en contra, con décadas de estas prácticas, tenemos que trabajar. Tenemos un largo camino de concientización de que la salud es la única fortuna de los trabajadores. Para eso es imprescindible la difusión, hacer énfasis en que todos los trabajadores de este país conozcan los contenidos del

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proyecto de ley que estamos considerando hoy, principalmente los trabajadores rurales que están en el interior profundo, porque en los de la industria de la construcción, que han sido los que llevaron la bandera de esta conquista, este planteo ya ha hecho carne. Pero esto no ha ocurrido en el sector rural, donde las normas, las costumbres y la cultura son otras, donde se aplica que siempre se hizo así y que, por lo tanto, no hay que cambiar nada, y que para ser trabajadores en el campo hay que ser guapos y, para ello, no hay que temer a lastimarse, ni sentir dolor, ni cansancio. Por supuesto que esta es la cultura impuesta por la oligarquía ganadera del país. Por este motivo, señor Presidente, debemos implementar una gran campaña de difusión masiva de los contenidos de este proyecto de ley para que sea conocido por todos. Principalmente, se debe implementar una campaña de difusión por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como se hizo hace poco tiempo con un “spot” publicitario que decía: “Esto no es paye, es ley”. De esta manera, miles de trabajadores rurales se enteraron de los derechos que habían conquistado, por tener en nuestro país un Gobierno de izquierda que prioriza a los que menos tienen, a los más postergados, a los eternos olvidados de la tierra. Varias de las conquistas que se amasaron en el movimiento social y sindical fueron tomadas de la agenda del Frente Amplio. Solo entre 2005 y 2010 se aprobaron más de veinticinco leyes laborales que cambiaron el relacionamiento y las condiciones de miles de trabajadores del campo y de la ciudad. Solo alcanza con nombrar la ley de libertad sindical, la ley de negociación público privada, la ley de ocho horas de los trabajadores rurales, la ley de las trabajadoras domésticas y la ley de derogación del nefasto artículo 29 de la ley de inversiones que retaceaba los derechos de la seguridad social. Hoy los trabajadores festejan porque hay una bancada sensible a esta realidad, a la seguridad en el trabajo. No dudamos de que debemos seguir en la prevención, pero nosotros desde el Parlamento, haremos un compromiso republicano y estaremos controlando celosamente que la ley se cumpla. Ese será nuestro mayor deber y el debe con la gente. La vida no tiene precio, la vida no se mide en el mundo de los servicios.

Gracias, señor Diputado Groba. SEÑORA SANSEVERINO.- ¡Muy bien! SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede continuar el señor Diputado Groba, a quien le restan doce minutos de su tiempo. SEÑOR GROBA.- No van a ser necesarios, pero voy a redondear. Señor Presidente: estamos frente a una iniciativa del PIT-CNT, de los trabajadores del Sunca acompañados por los de la Untmra -los trabajadores metalúrgicos-, por los trabajadores gastronómicos, por los trabajadores rurales y por el colectivo de trabajadores en general. Ellos lo presentaron y esta bancada del Frente Amplio está orgullosa de transformarlo y de promoverlo como ley porque es una necesidad, por lo que dije hace un momento. Como ha habido alusiones al Frente Amplio indicando que toma iniciativas del movimiento sindical y de los trabajadores, debemos decir -ya que esta sesión se está trasmitiendo- que durante años, doscientos años de nación, los empresarios trajeron propuestas a este Parlamento que fueron votadas en forma mayoritaria. Hoy, mediante la democracia, el pueblo resolvió parar, hacer un cambio y acompasar. Queremos un país productivo, un país de trabajo donde crezcan todos: los empresarios privados, los empresarios del comercio, los empresarios del agro y también que haya relaciones laborales duraderas, permanentes, en las que se respete al trabajador y se proteja su vida. ¿Hay vacío legal? Sí, quedó demostrado que hay un vacío legal. ¿Este proyecto de ley cumple una función disuasiva? Sí, cumple una función disuasiva. ¿La tipificación de conducta productiva de peligro se está aplicando en otros países? Sí, se está aplicando en otros países. Termino diciendo lo siguiente: ¿es necesario legislar? Sí, es necesario legislar y hoy lo va a hacer el Frente Amplio a través de una iniciativa que surge de la clase obrera organizada. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado. SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: vamos a tratar de ser breves y de avanzar rápidamente porque

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varios de los argumentos ya han sido expuestos en Sala. Lo reconocemos: este es un tema muy sensible. Más allá de que no haya estadísticas oficiales -no las hay, pero uno puede recurrir a datos, a estadísticas parciales, que terminan siendo números importantes muchas veces para tomar definiciones o acciones-, detrás de cada accidente hay un nombre, un apellido, hay un rostro, una familia. Por eso, este es un problema particularmente sensible. Obviamente, este tema no se puede ocultar -hay que reconocerlo-, aunque podamos tener diferencias en el instrumento. Creo que todos estamos comprometidos con el objetivo de prevenir y de reducir los accidentes de trabajo. Nuestro país no ha sido indiferente a esta problemática. Contamos con una larga historia de aprobación de normas en materia de protección laboral, entre las que debemos destacar, principalmente, la actividad desarrollada en ámbitos tripartitos con la activa participación de empleadores y de trabajadores. Hay ejemplos concretos de sectores que tienen regulado y planificado un mecanismo de prevención, como la industria de la construcción -nos vamos a referir a ella-, el sector forestal -también nos vamos a referir a él-, así como existen normas jurídicas que establecen en forma obligatoria, en el propio ámbito de la empresa, comisiones de seguridad y de salud laboral. Por lo tanto, hay que reconocer que la actividad que se desarrolla en esos ámbitos, que actúan por lo general por consenso, con la participación de personas que conocen directamente los peligros de la actividad que desarrollan, resulta de fundamental importancia para realizar una propuesta normativa o bien para generar una verdadera educación en prevención. Con respecto al proyecto de ley que estamos tratando, en primer lugar -voy a ser muy breve porque no me da el tiempo para desarrollarlo; algunos compañeros legisladores lo han hecho antes que yo y seguramente con mayor solvencia-, debo decir que a lo largo del debate en Comisión ha tenido una serie de observaciones principalmente jurídicas y de la órbita penal que hoy, por lo menos, tenemos que señalar. En segundo término, se legisló incorporando una nueva orientación a nuestro derecho, creando la figu-

ra penal de peligro, es decir, no se exige el daño concreto; basta con la mera posibilidad de ocurrencia para que la conducta encuadre en el tipo penal que se crea. Expertos en materia penal han señalado que la Academia recomienda erradicar o restringir al máximo los delitos de peligro. Me voy a referir a dos intervenciones. La doctora Salom manifestaba: “[…] desde la cátedra del derecho penal, hay una opinión casi unánime en cuanto a tratar de erradicar del ordenamiento positivo los delitos de peligro y restringir la aplicación de normas penales a aquellos supuestos en que la conducta es una realidad y no solo una puesta en riesgo de un bien jurídico”. Lo mismo dice el doctor Aller, integrante del Instituto de Derecho Penal, señalando que desde la Academia se exhorta a no legislar sobre delitos de peligro. A su vez, señalaba que nuestro propio orden penal contempla las situaciones que hoy se pretenden legislar. En tercer lugar, no podemos desconocer el principio de subsidiaridad penal que este proyecto, obviamente, ignora. En cuarto término, y abordando el texto del proyecto, debo decir que merece observaciones jurídicas. En efecto, en relación al sujeto activo, la norma expresa: “El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa […]”. Se confunde el poder de dirección de la empresa con la efectiva implementación de medidas de seguridad. En sentido, se consagra una responsabilidad objetiva contraria a la normativa penal. En materia penal se es responsable por lo que se hace y no por el lugar que se ocupa. En quinto lugar, la redacción dada al artículo 1º genera una serie de incertidumbres jurídicas, por lo genérico y amplio de su redacción. Finalmente, se prevé un tipo penal cuya conducta no está identificada. Habrá que concurrir en cada caso a normas reglamentarias que dicte la Administración para completar la conducta prevista en la norma penal proyectada, desde el momento en que se expresa: “no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral”. Todos los ciudadanos empleadores, un ama de casa, el dueño de un pequeño comercio, etcétera, deberán tener conocimiento cabal de todas las normas en materia de prevención que existen en nuestro país

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para adoptar los resguardos correspondientes. Se deja librado a la discrecionalidad de la Administración de turno la descripción de la conducta penal. Un cambio de reglamentación por parte de la Administración de turno debe ser conocido en forma inmediata para no caer en delito. En ese sentido, el doctor Aller expresó: “Esto nos lleva a concluir que lo que puede caer en el campo de lo delictivo puede estar mutando en forma excesivamente rápida por disposiciones reglamentarias que pueden haber sido adoptadas con cierta premura, sin un control adecuado de las consecuencias que podría acarrear, porque lo transforma en delito”. Con respecto a la normativa de seguridad laboral, se podrá discutir si es mucha o si es poca, si está actualizada o no lo está, pero hay una gran cantidad. Simplemente, voy a relatar algunas, además de los convenios de la OIT, ratificados por Uruguay. En la faz preventiva destacamos el Decreto 406/88, para todas las industrias y comercios; el Decreto 89/95 para la construcción; el Decreto 83/96 que crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por varios organismos del Estado y todos los actores sociales; el Decreto 372/99 para la actividad forestal; el Decreto 179/01 para riesgos eléctricos en la construcción; el Decreto de 2003 para el trabajo en altura; el Decreto reglamentario Nº 155 del Convenio Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud en el trabajo; el Decreto 291/2007 reglamentario del Convenio Internacional del Trabajo Nº 155. Por este decreto se crean Comisiones tripartitas, presididas por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, que actúa como órgano de alzada a nivel sectorial. Además, destacamos el Decreto 307/2009 para la industria química; el Decreto 321/2009 para la creación de una Comisión Tripartida rural; el Decreto 423/07, referido a las cargas máximas que puede llevar en forma habitual y repetitiva un trabajador; el Decreto 499/07, que tiene que ver con la industria naval. En la faz reparatoria, destacamos la Nº 18.172 y la Ley Nº 18.099 de tercerización. Ley

Como se podrá apreciar, hay normativa; se podrá discutir si es aplicable en su totalidad, si está “aggiornada”, si no lo está. Pero creemos que el instrumento que está hoy a discusión en el proyecto de ley impulsado por la mayoría no es el mejor. Tal vez, habría que avanzar por otras vías, compartiendo el objetivo. Voy a contar brevemente una experiencia personal. Yo estuve muy cerca de la accidentalidad laboral. Es muy duro el día que ocurre un accidente de trabajo y más aún cuando hay un fallecido. Hay mucha tensión y, obviamente, una situación familiar muy desgraciada. Me tocó estar en la accidentalidad, que se puede medir, y también en lo que no se ve, que es la prevención, que no se puede medir. ¡Cuántos accidentes se previenen haciendo determinadas cosas! En los años en que me tocó estar en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, vi funcionarios públicos comprometidos con este tema, y de los otros; vi sindicatos sensibilizados con esta problemática -algunos más que otros- y vi empleadores comprometidos y otros no. También me tocó estar en varias comisiones tripartitas, por lo menos en siete. Voy a mencionar cinco que recuerdo de memoria porque participé muy seguido: una estaba vinculada al trabajo portuario; otra al Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo; otra a la industria química; otra al sector forestal, y otra al sector de la construcción, que quizás fue de la que más aprendí. Decía el señor Diputado Andrade que la comisión tripartita de la construcción funcionó aun en la época de mayor crisis. Eso es verdad. Recuerdo que en aquella época, en el momento más duro de la actividad económica del país, los trabajadores del Sunca estaban comprometidos con este tema. Recuerdo particularmente a un hombre -me tocó hablar en su homenaje-, “El Lobo” Guzmán, participando de la Comisión Tripartita de la Construcción. Recuerdo también a las cámaras empresariales de la construcción, comprometidas con esta temática. Quizás, este sea el sector más maduro en materia de prevención y de trabajo en seguridad y salud en la actividad. También viví lo otro: un sector que se desarrollaba y que no tenía casi normativa, en el que empeza-

En la faz sancionatoria, se destaca la potestad sancionatoria que posee la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social a través del Decreto 186/04, y el código de infracciones y sanciones, que califica a las infracciones en leves, graves y muy graves, y establece sus graduaciones.

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ban a aparecer permanentemente accidentes a diestra y siniestra. Me refiero al sector forestal. No solo establecimos normas de seguridad, sino además, con mucho esfuerzo, una comisión tripartita del sector forestal y generamos, de a poco, primero, las condiciones culturales; luego tratamos de permear en educación, en prevención, en comunicación y en concientización de la normativa y, por último, en la sanción. Primero hay un tiempo de aprendizaje y después uno tiene que ser duro con el incumplimiento. Es más: tratamos de dar garantías a sectores donde había menos, a fin de poder denunciar accidentes de trabajo o situaciones de peligro en el sector de actividad que fuera. Inclusive, establecimos no solo la posibilidad de realizar denuncias sindicales, sino denuncias anónimas, para que el que quería denunciar una situación no tuviera ningún tipo de cortapisa, de forma de generar una inspección con efecto preventivo. Se realizaban clausuras para evitar en algunos casos riesgos de muerte. Asimismo, me tocó colaborar con sectores que se ponían el tema de la seguridad al hombro, que lo sentían como propio y estaban dispuestos a colaborar desde el sector empleador y desde el sindical; y me tocó de los otros. Me tocó también hacer denuncias penales a empleadores que en forma contumaz no cumplían con la normativa laboral y que ponían en riesgo la vida de los trabajadores. Tengo en mi poder, por lo menos, seis denuncias penales, varias en la construcción, algunas en la forestación, aunque obviamente no voy a dar los nombres. El instrumento y la voluntad política estaban. Esta era una posibilidad y, en definitiva, cuando se incumplían normas de seguridad en forma contumaz y había situaciones hasta de indecencia, además de riesgo de muerte del trabajador o violaciones de disposiciones administrativas como la clausura, se podía llegar con voluntad del jerarca de turno a hacer una denuncia penal. Entonces, lo que estamos haciendo con el proyecto que presenta el Partido Nacional, a través de los señores Diputados Vidalín y Abdala, que trabajaron en la Comisión de Legislación del Trabajo, es que cuando en los accidentes haya muerte, lesión grave o gravísima de uno o más trabajadores y haya elementos de convicción o indicios concurrentes de que el empleador actuó con dolo o culpa grave, ya no sea más discrecional hacer la denuncia, sino una obligación de la jerarquía de turno de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social.

Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico. SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero aclarar que en el Frente Amplio no fomentamos el odio sino que, con humildad y mucha constancia, tratamos de fomentar la solidaridad entre todos los hombres, sin distinción de sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia, incluido el papel que le toque al individuo en la relación de trabajo. Esta es una aclaración necesaria a esta altura de la noche. En segundo término, cuando se va a discutir de derecho se debe tener en cuenta que no se puede hacer tomando un artículo aisladamente. Se debe incorporar la norma jurídica a un sistema para que se nutra a sí misma. Es la única manera en que pueden coordinarse normas que fueron aprobadas a fines del siglo XIX con normas del siglo XXI. Por eso se habla de sistema. Y el sistema tiene que funcionar en cualquier cuestión que uno trate de interpretar. Este proyecto de ley tiene un pequeño sistema dado, por un lado, por un delito y, por otro, por dos artículos -de los cuales nadie ha hablado- que tratan de garantizar el cumplimiento de las normas laborales en materia de seguridad. Vamos por partes, decía Jack. Se dice que el delito es una norma penal en blanco porque está sujeta a los vaivenes de la reglamentación, y esto es no entender que hay un sistema en el Código Penal que da categoría a la reglamentación para que defina algunos delitos, y no para algún delito determinado, sino para un número muy importante de delitos. El artículo 18 del Código Penal establece que los delitos se pueden cometer por dolo, culpa o ultraintención; no voy a hablar ahora del dolo eventual ni de otras cuestiones que hay por ahí, porque sería complicar las cosas. Vamos a hablar de la culpa. ¿Cuándo se produce la culpa? La culpa se produce por impericia, negligencia o violación de leyes o reglamentos. ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Cómo se hacen? Si yo voy por una avenida donde se puede circular a 60 kilómetros por hora a una velocidad superior y me llevo a alguien por delante, aunque el otro haya cruzado mal, con seguridad voy a ser procesado. Ahora bien, si la reglamentación…

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(Murmullos) ——Solicito que se me ampare en el uso de la palabra, señor Presidente, porque yo no leo y, en consecuencia tengo que concentrarme. (Campana de orden) ——Gracias, señor Presidente. Si por una simple reglamentación, la autoridad cambia la velocidad máxima de 60 a 75 kilómetros por hora y yo circulo a 70 kilómetros por hora y atropello a alguien que cruzó mal, la culpa es suya. Esa es la reglamentación y a nadie se le ha ocurrido jamás decir que esto es inconstitucional. Y si alguien lo ha sostenido ha tenido muy poco éxito. El primer punto, entonces, es que no hay norma penal en blanco, y las normas reglamentarias pueden perfectamente integrar una conducta. En segundo lugar, se dice que los Jueces tendrían un margen de discrecionalidad muy grande: en algunos casos sería muy claro determinar que existe el peligro concreto al cual se refiere el artículo, pero en otros no. Esto siempre sucede. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica dice que la gente tiene que ser juzgada en un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Podemos estar todos de acuerdo en que si un tipo está diez años procesado y no lo condenan, pasamos de largo la razonabilidad, pero no si hablamos de ocho o diez meses, un año o un año y medio. En ese caso, ¿cuál es el límite de lo razonable? Entonces, con razonabilidad los jueces han aplicado esta disposición que forma parte del derecho uruguayo. Pero no solamente hay que referirse a esas cosas. Cuando se habla de impericia también se está valorando y el juzgador tiene que determinar si ha sido realmente impericia y eso ha causado un resultado dañoso o, en realidad, es un error excusable. Ese es un límite realmente impreciso. De manera que tampoco es válido decir que la característica de concreto la va a interpretar cada uno. Cuando se habla de un delito como el que está previsto en el artículo 1º, se trata de juzgar la idoneidad de la condición creada para producir un resultado dañoso. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a resumir con este ejemplo. Es posible que el techo se me caiga encima. ¡Claro que es posible!; no es probable. Entonces, cuando se pretende sancionar un delito de esta naturaleza, el juzgador debe tener en cuenta la pro-

babilidad de producir un resultado dañoso que tiene la conducta que se está tipificando. Por lo tanto, si viene una inspección y determina que un bomberito está pasado de fecha, eso no configura un delito. ¡No lo es! ¡No pongamos ejemplos que estén fuera de la órbita terrestre! En cambio, si entro a una obra y me encuentro con que los andamios están podridos, los cinturones de seguridad y los arneses no existen, ni siquiera hay cascos para todos y los que hay están en malas condiciones, ¡por supuesto que en ese caso estoy ante una conducta que hay que sancionar! Hay cosas que debemos tener claras. Ustedes saben que soy partidario de un derecho penal mínimo. Siempre lo he sido y he protestado mucho por ello. Me extraña que en un país que se dio el lujo de sancionar el delito del juego de la mosqueta estemos discutiendo esto. Realmente me causa asombro y cierta tristeza que se arme un escándalo bárbaro por una sanción mínima de tres meses de prisión para este tipo de conductas, cuando las sanciones por hurto son de tres a seis años de penitenciaría y las de estafa, de seis meses a cuatro años. Pero, ¡claro!, quienes serán sujetos activos de esta conducta no son los que roban gallinas, sino otro tipo de gente. Yo no quiero un derecho penal de ladrones de gallina y tampoco quiero un derecho penal para proteger a los muertos. Debe ser por convicciones filosóficas: ojalá el más allá exista y nos encontremos todos, pero como no lo tengo muy claro, por las dudas me preocupo mucho del más acá, y en el mas acá quiero que la gente que salga a trabajar vuelva viva. Creo que eso lo queremos todos. ¿Cómo es posible que para aplicar una sanción se necesite un tipo muerto o lesionado de tal gravedad que quede, por ejemplo, con muletas o en silla de ruedas para toda su vida? ¿Cómo es posible? No estoy tipificando un delito de peligro en abstracto, que dé lugar a que ante cualquier incumplimiento de una norma laboral la persona vaya presa. Eso no es así porque todos los principios del derecho laboral están vigentes, como uno que deberíamos tener en cuenta todos, y es que cuando el Juez tiene dudas acerca de si hay peligro, tiene que aplicar el “in dubio pro reo”, que también forma parte del sistema. ¡Obviamente la duda es en favor del acusado! Yo soy de los que dicen que prefieren varios culpables afuera que un inocente adentro. De manera que esto también quiero aplicarlo, pero el sistema

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de protección se perfecciona tremendamente cuando aparece una conducta de este tipo, cuando sancionamos en casos concretos de peligro de la vida, la seguridad o la integridad de la gente, sin importar si falta un elemento o faltan cien; lo que importa es la capacidad de que se produzca el daño, la aptitud que tiene esa falta para que el daño se produzca. Acá no hay inconstitucionalidad alguna, y esto hay que decirlo de una vez por todas. Hay dos artículos clave. El inciso final del artículo 2º establece que, en caso de accidente, los actuantes del Banco de Seguros del Estado deben dar cuenta de los hechos al Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social, quien deberá bajo su estricta responsabilidad funcional, denunciar ante el Juzgado competente en materia penal, los hechos que configuren un presunto delito, con todos los elementos que allí se contengan. ¿Por qué? Porque acá hay un problema de cultura jurídica que es muy importante, y eso también hay que trabajarlo. No somos tontos. Nosotros no pensamos que porque tipifiquemos un delito ello tendrá un efecto disuasivo, y estoy de acuerdo. A principios del siglo XX, los sociólogos estaban alertando acerca de que el efecto disuasivo de la pena era muy relativo. Me gustaría que esta convicción se tuviera en cuenta cuando hablamos de los ladrones de gallinas: parece que en esos casos la tipificación del delito tiene un efecto disuasivo brutal porque permanentemente hay proyectos de ley de señoras legisladoras y señores legisladores pidiendo aumentos de pena o de agravantes. Desde 1995 hasta la fecha esto es tan escandaloso que tienen más pena los delitos contra la propiedad que los delitos contra la vida. Ese es el Código Penal que hoy tenemos. Así que, ¡por favor!, tratemos todos de ser un poco más coherentes. Quiero hacer referencia al artículo 3º que modifica el artículo 83 del Código del Proceso Penal. Este último artículo establece: “El damnificado y el responsable civil no tendrán más intervención ni facultades que las que establecen los artículos precedentes”. Se está refiriendo al proceso penal en la etapa de denuncia. Como ven, la figura del denunciante ni siquiera aparece. Esta es una modificación que no solo atañe al derecho laboral, sino a todos los campos que se quiera. Lo que hacemos es establecer qué es un denunciante y determinar con claridad que el denunciante tiene derecho a examinar el expediente aun en la etapa de presumario. ¿Por qué se

establece esto? Porque según el actual Código del Proceso Penal, si yo hago una denuncia aparece una barrera, que es el secreto del presumario. Yo no puedo intervenir; no puedo saber qué pasó, si interrogaron a mis testigos, si se ha examinado mi prueba… ¡No puedo saber nada! Yo soy partidario de que el denunciante sea parte en el proceso penal. Me parece una reforma imprescindible en el derecho uruguayo, por ejemplo, para un delito de amenaza. Si yo quiero denunciar un delito de amenaza, tengo una pared: después de que denuncié, no sé qué pasó. Si quiero denunciar violencia doméstica, otra vez tengo una pared y no sé qué pasa con esa denuncia que hice. Por lo tanto, creo que esta reforma es imprescindible porque es una garantía para los ciudadanos que el denunciante sea parte en el proceso. Termino con una cita que me parece muy importante. A principios del siglo XX, el reclamo socialista era: “Queremos la sanción legal de la jornada de ocho horas, la responsabilidad de los patronos en los accidentes de trabajo”, y otras reivindicaciones que no vienen al caso. Destaco el reclamo por la responsabilidad de los patronos en los accidentes de trabajo; ¡si tendrá tiempo esta reivindicación! Esto fue recogido con muchísimo entusiasmo por aquel gran ítalo-uruguayo -así aparece en la biografía hecha sobre su persona- que tanto admiro y se llamó don Domingo Arena. Desde mi corazón batllista, que todavía tengo, permítaseme que diga que al votar esto siento que estoy homenajeando a don Domingo como se lo merece. SEÑOR LIMA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR LIMA.- Señor Presidente: la primera conclusión que uno saca de esta iniciativa es que es, sobre todo, protectora: tutela al trabajador de la actividad privada y pública; es una disposición que protege la vida, que defiende la vida, que defiende y protege la salud y la integridad física. La segunda conclusión que proyecto de ley es que no está en particular. Simplemente se empleador que pone en peligro uno saca de este dirigido a alguien responsabiliza al grave y concreto

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algunos de los bienes jurídicos que aquí se han mencionado: la vida, la salud o la integridad física. La tercera conclusión es que en nuestro país y en nuestro derecho la responsabilidad civil del empleador ya existe. Lo que hacemos es agregar la responsabilidad penal que, como mencionaba el señor Diputado preopinante, desde hace mucho tiempo se ha planteado. La cuarta conclusión es que la sanción de este proyecto de ley no significa, como algunos han planteado, la retracción del sector productivo. De hecho, aquí se han mencionado algunas de las 62 leyes laborales que en los últimos nueve años se han sancionado. Lejos de significar una retracción del sistema productivo, hemos vivido uno de los tiempos de bonanza más importantes que conoce la historia de este país. Una quinta conclusión que deja este proyecto y que marca una gran diferencia es: ¿por qué tenemos que esperar a que ocurra un evento dañoso, un siniestro, para responsabilizar al empleador? ¿Por qué no podemos intervenir antes? ¿Por qué tenemos que dejar que ocurra una muerte para responsabilizar? ¿Por qué tenemos que esperar que un trabajador caiga de un andamio desde un tercer o cuarto piso para buscar responsabilidades? ¿Por qué tenemos que esperar que un trabajador de invernáculo muera por envenenamiento? ¿Por qué hay que esperar ese evento dañoso? ¿No podemos intervenir antes? Creo que esta iniciativa plantea la responsabilidad sin tener que esperar que ocurra ese evento dañoso, ese siniestro, naturalmente poniendo algunas condiciones para que no se genere un peligro concreto, grave, que afecte la vida, la salud o la integridad física del trabajador. Por estas razones, como el resto de la bancada del Frente Amplio, estaré votando afirmativamente esta iniciativa. SEÑOR PRESIDENTE (Carodoso).- Puede continuar el señor Diputado Orrico. SEÑOR ORRICO.- He culminado, señor Presidente.

“La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1º de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, por el día 7 de noviembre de 2013, convocándose a la suplente siguiente, señora Solana Cabrera de Abásolo”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día 7 de noviembre de 2013. Sin otro particular, saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO Representante por Maldonado”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Martín Laventure”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente: De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación.

26.-

Licencias. Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:)

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Saluda atentamente, Homero Bonilla”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente. De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, Jesús Bentancour”. “Montevideo, 6 de noviembre de 2013. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Germán Cardoso Presente: De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no puedo concurrir a la presente citación. Saluda atentamente, José Hualde”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de noviembre de 2013. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancor y José Hualde. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto, por el día 7 de noviembre de 2013. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores

Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancor y José Hualde. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 21, del Lema Partido Nacional, señora Solana Cabrera de Abásolo. Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2013. JAVIER UMPIÉRREZ, NELSON ALPUY, ORLANDO LERETÉ”.

27.- Accidentes laborales. (Se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. Si no se hace uso de la palabra, correspondería votar el pase a la discusión particular. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: quisiera consultar a la Mesa con qué criterio se ha definido el proyecto que vamos a poner a consideración del Cuerpo, en el entendido de que han llegado tres proyectos con tres informes. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado: vamos a votar el pase a la discusión particular; no estamos tomando posición por ningún criterio aún. SEÑOR ABDALA.- Pero hay tres proyectos de ley. SEÑOR PRESIDENTE.- Reitero que estamos votando el pase a la discusión particular. Una vez que se apruebe, el Cuerpo deberá resolver cuál es el criterio. En este momento se pone a votación… SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: propongo un intermedio de cinco minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar. (Se vota) ——Treinta y cuatro en ochenta y tres: NEGATIVA. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra una aclaración SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: solo para dejar constancia de la grave descortesía, del desprecio con el que se nos ha tratado cuando solicitamos un intermedio de cinco minutos para coordinar la posición de nuestra bancada. Esto no tiene antecedentes, o mejor dicho, tal vez tenga pero realmente es de una gravedad y de una contundencia esta actitud maleducada de parte de quienes no han habilitado un intermedio de cinco minutos que no tenemos más remedio que dejar constancia de esta situación en estos términos. Acá no hay chicanas ni afán de dilatar nada. ¡Cinco minutos pedimos para definir qué posición adoptaremos con relación a lo que la Cámara está tratando por una razón reglamentaria! Realmente me merecen el mayor de los desprecios y de los repudios los colegas que han adoptado esta actitud y que no han habilitado los cinco minutos que solicitamos de intermedio. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Pido la palabra por una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: nosotros estuvimos toda la noche en Sala trabajando en esto y hubo quienes estuvieron pendientes desde hace muchas horas; ¡si habrá habido tiempo para saber qué se va a votar y qué no se va a votar a esta altura de la noche! Mocionamos para que se ponga a consideración el proyecto de los representantes del Frente Amplio. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- No corresponde aún; lo que corresponde es votar el pase a la discusión particular. Una vez que el Cuerpo la apruebe, corresponderá al propio Cuerpo definir cuál es el criterio de orden de los informes. (Interrupciones) ——Invito al Cuerpo a votar el pase a la discusión particular. Se va a votar. (Se vota) ——Setenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA. SEÑOR CERSÓSIMO.- ¡Que se rectifique la votación! SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar.

(Se vota) ——Setenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión particular. Señores Diputados: han llegado a la Mesa tres informes, los tres en minoría, por lo cual corresponde que el plenario defina cuál será el criterio que se va a tomar como base para la discusión en particular. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: ahora sí, como corresponde, y usted mencionaba con certeza, estamos mocionando para que se ponga a consideración el proyecto firmado por los Diputados del Frente Amplio. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar la solicitud de la señora Diputada Pereyra en cuanto a someter a consideración… SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: yo quisiera saber qué temperamento indica el Reglamento en una situación de estas características porque lo desconozco; es una pregunta absolutamente objetiva. Quiero saber si en una situación como esta, en la que llegan tres proyectos de ley con tres informes diferentes, corresponde que el Cuerpo decida cuál se pone a votación en primer término o si reglamentariamente hay alguna previsión que determina que por el orden de llegada o por el criterio que la Mesa crea conveniente se pone a consideración un proyecto u otro. No estoy afirmando; estoy preguntando y supongo que tengo derecho a hacerlo. Entonces, en función de eso, pido a la Mesa que me aclare la duda que tengo en este momento. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado: el Reglamento no prevé la posibilidad de que lleguen varios informes juntos en minoría. Lo que sí prevé es la cantidad de firmas con que llegan los informes, cuando tienen igualdad de firmas. Entonces, en este caso, corresponde someter a consideración del plenario, porque el Cuerpo es soberano de la decisión en este caso, cuál será el criterio a utilizar. Esa es la in-

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terpretación de la Mesa y por eso está poniendo a consideración en este momento la solicitud de la señora Diputada Pereyra. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: me queda otra duda. En realidad, nosotros no estamos considerando un proyecto de ley sino tres. Son tres proyectos de ley sustantivamente distintos. Entonces, ¿por qué se vota una sola vez el pase a la discusión particular? Se habla de proyectos de ley distintos y se votó el pase a la discusión particular como si se tratara del mismo proyecto. Me parece que no es lo mismo; cuando levantaron la mano para pasar a la votación particular, los Diputados no sabían si estaban votando el proyecto que no quieren. (Interrupciones) SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- La Mesa interpreta que el cuerpo del proyecto es el mismo porque trata sobre la responsabilidad penal. Lo que sí difiere es el articulado, por lo cual hay informes distintos. Entonces, lo que corresponde es que el Cuerpo lo resuelva. La señora Diputada Pereyra, previo a cualquier otro Diputado, ha hecho un planteo concreto. Se va a votar por orden. Si otro legislador hubiera hecho un planteo previo al de la señora Diputada Pereyra, se habría puesto a consideración del plenario. Se va a votar la propuesta de la señora Diputada Pereyra. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: no voy a fundar el voto; simplemente voy a proponer que se ponga a consideración el otro proyecto de ley. Nunca viví una situación como esta; en mis tres períodos de legislador nunca vi que se sometieran a consideración tres proyectos de ley. Si como yo considero, los proyectos no son incompatibles, lo que pro-

cede ahora es que votemos los otros dos, porque no son incompatibles. Por tanto, procedamos a votar cada uno de los tres proyectos; el que tiene mayoría será aprobado, el que no tiene mayoría no lo será, pero corresponde proceder a votarlos. ¿Por qué razón no se pueden votar los otros proyectos si no son incompatibles? (Interrupciones) ——Reitero: lo que corresponde ahora es proceder a votar cada uno de los proyectos. (Murmullos) SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado: acá nadie ha solicitado ninguna rectificación de votación; se ha votado la propuesta de la señora Diputada Pereyra y el Cuerpo se ha expresado afirmativamente por una mayoría que se ha obtenido. Durante toda la noche se ha discutido la generalidad de una temática y existen tres informes sobre el tema de fondo. No es responsabilidad de la Mesa que se hayan elevado al plenario tres informes, todos en minoría: ninguno en mayoría. Por lo tanto, al no estar previsto en el Reglamento -porque no hay empate en ninguno de los informes-, lo que corresponde es someter a consideración del plenario el criterio a utilizar. La señora Diputada Pereyra pidió la palabra y solicitó autorización al pleno para aplicar determinado criterio que logró esa mayoría. Entonces, corresponde considerar el proyecto que tiene la firma de los legisladores del Frente Amplio y es lo que la Mesa va a hacer en este momento. En discusión el artículo 1º del proyecto presentado con la firma de los Diputados del Frente Amplio. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Pido la palabra por una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote en bloque. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

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SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: yo no voy a cuestionar a la Mesa, pero está utilizando una metodología que no es la tradicional y que puede llevar a confusión. Hasta ahora el señor Presidente siempre se ha referido a informes y, en realidad, los informes son la referencia a un proyecto. La Cámara acaba de aprobar un proyecto de ley que tiene un articulado que va regir. Sin embargo, en la versión taquigráfica ha quedado registrado que el Cuerpo aprobó un informe. El articulado no se ha leído, no queda en la versión taquigráfica y hay una fuerte confusión sobre qué se está aprobando. Por lo tanto, yo sugeriría que se fuera más específico para que quedara claro qué fue lo que aprobó esta noche este Cuerpo legislativo. No aprobó informes, sino un proyecto de ley, un articulado en bloque y sin leer: no es de buena técnica, pero así se resolvió. Aprovecho la ocasión para decir que yo sí sé lo que voté y me hago cargo. Voté negativamente el proyecto de ley que se puso en consideración. Hubiera votado por la afirmativa un proyecto que consagra la responsabilidad penal en determinadas ocasiones, redactado y firmado por los legisladores de mi Partido que bien me han representado, los Diputados Abdala y Vidalín. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado Gandini: a usted le asiste razón en cuanto a la terminología empleada. Efectivamente, lo que se están votando son proyectos de ley, pero usted acaba de fundar el voto por el criterio de la supresión de la lectura y votación en bloque del articulado, por lo cual aun no se ha aprobado ningún proyecto de ley. Lo que corresponde ahora es considerar el proyecto que lleva la firma de los legisladores del Frente Amplio, con supresión de la lectura y votación en bloque desde el artículo 1º al artículo 3º. Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto

SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: simplemente quiero decir que yo no le permito a mi colega el Diputado Abdala que me trate de maleducado; en todo caso, podré ser mal aprendido. Si yo le negué su solicitud de intermedio, en todo caso seré mal aprendido, pero maleducado nunca. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Señor Diputado Gamou: reglamentariamente no se pueden hacer alusiones personales en el fundamento de voto, por lo cual la Mesa retirará sus palabras de la versión taquigráfica. (Murmullos) SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: después de las vicisitudes que han pasado nos parece de orden decir lo que hemos hecho. Hemos votado negativamente el proyecto de ley suscrito por legisladores del Frente Amplio. Si se hubiera puesto a consideración, naturalmente habríamos votado el proyecto presentado por legisladores del Partido Nacional. Muchas gracias. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: quiero aprovechar la instancia del fundamento de voto para disculparme con los Diputados del Frente Amplio que oportunamente votaron el intermedio solicitado por el Partido Nacional, cosa que yo no advertí. Con eso demuestran que siguen reconociendo las normas de cortesía parlamentaria que ha desconocido la mayoría de sus compañeros. Muchas gracias. SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Diputado Borsari Brenna, quisiera dejar constancia de que votamos negativamente el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio. Si se hubiera sometido a votación, habríamos acompañado el proyecto de ley que presentaron los legisladores del Partido Nacional. Muchas gracias. SEÑOR PUIG.- Pido la palabra por una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: quisiera solicitar que el proyecto se comunique en el día al Senado. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Cuando culmine el fundamento de voto, con mucho gusto someteremos a votación la moción presentada por el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: voy a solicitar a la Mesa que utilice un criterio coherente con relación al fundamento de voto. Si en el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones políticas, ni las del Diputado Gamou, ni las del Diputado Abdala deberían figurar en la versión taquigráfica. Me parece que si no se pueden hacer desde una parte, tampoco se pueden hacer desde la otra. Las disculpas las vamos a discutir en otra oportunidad. Gracias, señor Presidente. (Diálogos) SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Por favor eviten los diálogos, señores Diputados. Señor Diputado Michelini: lo que no está permitido reglamentariamente durante el fundamento de voto son las alusiones personales. El señor Diputado Abdala no aludió personalmente a nadie: se disculpó con un partido político, lo cual no constituye una alusión personal. (Interrupción del señor Representante Michelini)

SEÑOR AMADO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMADO.- Señor Presidente: simplemente quisiera dejar constancia de que los legisladores del Partido Colorado no acompañamos el proyecto presentado por los Representantes del Frente Amplio y sí hubiésemos votado el que presentó nuestro Partido. Gracias, señor Presidente. SEÑORVIDALÍN.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señor Presidente: me hubiese gustado haber llegado a un acuerdo entre las diferentes bancadas. El espíritu de todos los legisladores era el mismo, aunque los proyectos presentados tenían diferente contenido. Sería deseable -es simplemente una reflexiónque los partidos de la oposición hicieran un esfuerzo mayor para que no se dé la mayoría que acaba de expresarse y, de esa manera, podamos lograr lo que este Parlamento debe ser, es decir, un ámbito de intercambio de opiniones para el bienestar de nuestra gente. Creo que todos pensamos de esa manera. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Corresponde someter a consideración del plenario la moción del señor Diputado Puig en cuanto a que el proyecto se comunique al Senado en el día. Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. La Mesa desea hacer la siguiente puntualización: para tranquilidad del Cuerpo, se revisará la versión taquigráfica de las palabras de todos los señores legisladores, y lo que no corresponda, se retirará. (Texto del proyecto aprobado:)

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“Artículo 1º.- El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión. Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 7º.- Las personas amparadas por la presente ley y, en su caso, sus derechohabientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que los que ella les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo o culpa grave por parte del patrono en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecido por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables, por lo tanto, las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior. Si hubiera mediado dolo o culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, éste deberá reparar integralmente el daño causado, en todo cuanto no hubiere sido cubierto por el seguro de conformidad con las disposiciones de la presente ley. En este caso además, el Banco excluirá el siniestro y recuperará los gastos generados por la asis-

tencia médica prestada y las sumas de dinero necesarias para atender la totalidad de las indemnizaciones previstas en la presente ley. Constatado el dolo o la culpa grave del empleador en el accidente del trabajo o enfermedad profesional, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado deberán dar cuenta de tal circunstancia al Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, quien deberá bajo su estricta responsabilidad funcional, denunciar ante el Juzgado competente en materia penal, los hechos que configuren un presunto delito contra la vida o la integridad física de los trabajadores, con remisión de testimonio de los antecedentes administrativos disponibles’. Artículo 3º.- Modifícase el artículo 83 del Código del Proceso Penal, Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 83. (Del denunciante).- Es denunciante toda persona que comunica al Juzgado competente la noticia de hechos que, a su juicio, constituyen delito. La denuncia deberá ser presentada por escrito en el que se relatarán los hechos y se agregarán los elementos de prueba de que se disponga, así como la solicitud de su diligenciamiento si correspondiere. El damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, y podrán proponer el diligenciamiento de pruebas'”. ——La Cámara ha quedado sin número. Se levanta la sesión. (Es la hora 23 y 52)

Sr. GERMÁN CARDOSO PRESIDENTE

Sr. Tabaré Hackenbruch Legnani Prosecretario

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo de Taquígrafos

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes