Número 3951

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NÚMERO 3951

MONTEVIDEO, MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
8ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES ANÍBAL PEREYRA (Presidente) Y EDGARDO RODRÍGUEZ (2do. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS SEÑORES PROSECRETARIOS TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTÍN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA QUINTO PERÍODO EXTRAORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Martes 10 de febrero de 2015

Texto de la citación

Montevideo, 9 de febrero de 2015.

LA CÁM ARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana martes 10, a la hora 14 y 30, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento), para informarse de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente – ORDEN DEL DÍA 1º.- Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº 17.947, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº 18.834). (Carp. 3037/015). Rep. 1468 2º.- Minería de gran porte. (Sustitución del literal C) del artículo 24 de la Ley Nº 19.126). (Carp. 3038/015). Rep. 1469 3º.- Biotecnología. (Normas para su promoción). (Carp. 3039/015). Rep. 1470

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ S e c r e t a r i o s NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión. Por aplicación de lo establecido por el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de los asuntos que figuran en la convocatoria.

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 5 5.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………………………. 6 6.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………….. 8

CUESTIONES DE ORDEN 11, 19, 21.- Declaración de gravedad y urgencia ……………………………………………………………………… 16, 42, 54 7, 8, 13, 15.- Integración de la Cámara …………………………………………………………………………………. 8, 15, 23, 29 10, 18.- Intermedio……………………………………………………………………………………………………………………….. 16, 42 7, 13, 15.- Licencias………………………………………………………………………………………………………………….. 8, 23, 29 9, 17.- Solicitud de declaración de gravedad y urgencia ……………………………………………………………….. 16, 40

VARIAS 4.- Interrupción del receso………………………………………………………………………………………………………………… 6

ORDEN DEL DÍA 12, 14, 16.- Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº 17.987, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº 18.834). Antecedentes: Rep. N° 1468, de febrero de 2015. Carp. N° 3037 de 2015. Comisión de Hacienda. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo…………………………………………………………………… 16, 25, 29 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 18 20.- Minería de gran porte. (Sustitución del literal C) del artículo 24 de la Ley Nº 19.126). Antecedentes: Rep. N° 1469, de febrero de 2015. Carp. N° 3038 de 2015. Comisión de Industria, Energía y Minería. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo……………………………………………………………………………… 42 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 43 22.- Biotecnología. (Normas para su promoción). Antecedentes: Rep. N° 1470, de febrero de 2015. Carp. N° 3039 de 2015. Comisión de Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo……………………………………………………………………………… 54 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 57

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Andrés Abt, Gerardo Amarilla, Saúl Aristimuño, José Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Gustavo Borsari Brenna, Cecilia Bottino, Solana Cabrera, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Felipe Carballo (1), Américo Carrasco, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Carlos Coitiño, Carlos Corujo, Hugo Dávila, Belmonte De Souza, Walter De León, Álvaro Delgado, Gustavo Espinosa, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Rodrigo Goñi Reyes, Óscar Groba, Mauricio Guarinoni, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, María Elena Laurnaga, Andrés Lima, José Carlos Mahía (3), Eduardo Márquez, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda, Sergio Mier, Orquídea Minetti, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Luis Núñez, Nicolás Núñez, Raúl Olivera, Ruperto Ortega, Nicolás Ortiz, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Nicolás Pereira, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Pablo Pérez González, Mario Perrachón, Ricardo Planchon, Iván Posada, Roque Ramos, Raúl Renom, Carlos Rodríguez Gálvez, Edgardo Rodríguez, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino, Jorge Schusman, Víctor Semproni, Rubenson Silva, Walter Souto, Martín Tierno, Jaime Mario Trobo, Javier Umpiérrez, Daoiz Uriarte, Carlos Varela Nestier (2), Juan Ángel Vázquez, Pablo Vela, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian, Horacio Yanes, Jorge Zás Fernández y Luis A. Ziminov. Con licencia: Verónica Alonso, Fernando Amado, José Bayardi, Marcelo Bistolfi Zunini, Germán Cardoso, Antonio Chiesa, Javier García, Orlando Lereté, Alma Mallo, Felipe Michelini, Amin Niffouri, Jorge Orrico, Darío Pérez Brito, Ana Lía Piñeyrúa, Jorge Pozzi, Daniel Radío, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Mario Silvera, Daisy Tourné y Walter Verri. Faltan con aviso: José Amy, Daniel Bianchi, Rodolfo Caram, José Carlos Cardoso, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Daniel Mañana, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo y Richard Sander. Sin aviso: Myriam Álvez y José Amaro. Observaciones: (1) A la hora 14:59 comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Saúl Aristimuño.

(2) A la hora 14:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Mauricio Guarinoni. (3) A la hora 14:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Márquez. A la hora 15:05 es aceptada la renuncia a la Banca presentada por el Sr. Representante Nacional Pedro Saravia Fratti.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 313 COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Colonia remite nota relativa a una iniciativa para que los implantes mamarios se proporcionen gratuitamente a mujeres operadas de cáncer de mama y mutiladas por esa enfermedad. C/177/010 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes del señor Representante Víctor Semproni, relacionado con la realización de un Congreso Ordinario por parte de la Federación Ciclista del Uruguay. C/2814/014 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Roque Ramos, referente a la necesidad de instalar refugios peatonales en paradas de ómnibus en diferentes puntos del departamento de Canelones. C/19/010 A sus antecedentes PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Uruguay Brum Canet” la Sala Nº 8 del Edificio Anexo “General José Artigas” . C/3040/015 A la Comisión de Asuntos Internos”.

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3.- Proyectos presentados.
“URUGUAY BRUM CANET. (Designación a la Sala Nº 8 del Edificio Anexo “General José Artigas”). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Desígnese Uruguay Brum Canet a la Sala Nº 8 del Edificio Anexo “General José Artigas” del Palacio Legislativo. Montevideo, 10 de febrero de 2015 ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, CARLOS GAMOU, Representante por Montevideo, CARLOS VARELA NESTIER, Representante por Montevideo, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, BERTA SANSEVERINO, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones., SERGIO MIER., Representante por Treinta y Tres, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, ALEJANDRO SÁNCHEZ, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El 3 de febrero de 2015 se cumplió una década del fallecimiento del Diputado Uruguay Brum Canet. Sus nombres ya marcaron sus prioridades e ideales: “Uruguay” y “Brum” en recuerdo de Baltasar Brum, el dirigente batllista que se inmoló frente a su casa para luchar contra la Dictadura de Terra de 1933. Canet fue un hombre excepcional en toda la dimensión de la expresión. Militar constitucionalista y Seregnista adhirió tempranamente al Frente Amplio (FA) y por ambas condiciones sufrió una muy dura prisión durante la Dictadura. Asimismo Brum Canet fue un relevante Diputado que integró las Comisiones de Defensa, Legislación del Trabajo, Hacienda y Presupuesto en las legislaturas 1995-2000 y 2000-2005. También actuó en las Comisiones Especiales de Estudio de Recursos del artículo a 303 de la Constitución y Especial sobre Intereses Marítimos Fluviales y Antárticos de la República Oriental del Uruguay. Es de destacar que como miembro de la Comisión de Defensa buscó siempre fortalecer el relacionamiento institucional con las Fuerzas Armadas que él integró. Fue nuevamente electo para el período 2005-2010, sin poder asumir el

cargo por fallecer días antes del comienzo de la legislatura. Es imprescindible destacar de su actuación parlamentaria su oposición a la primera licitación para la concesión del Aeropuerto de Carrasco, basada en una exhaustiva investigación sobre los antecedentes internacionales de la Empresa que se haría cargo de la concesión, oposición fundamental para salvar al país de una ruinosa contratación. Es impulsor del proyecto presentado por el Congreso de Intendentes sobre conformación de empresas mixtas por parte de las Intendencias Municipales. A su vez, en octubre del año 2000 en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional, Brum en un vibrante alegato para los anales parlamentarios planteó su oposición acérrima a la venta del paquete accionario ANCEL -área de la estratégica división de telefonía celular de ANTEL-. Dicha intervención le valió una descompensación de salud, el reconocimiento y posterior visita al sanatorio del entonces Presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Fue un legislador que buscó siempre el diálogo con sus pares, ganándose el aprecio y respeto de todos los integrantes de esta casa más allá del partido al que pertenecieran. El 6 de abril de 2005 se le realizó un sentido y merecido homenaje en una Sesión Extraordinaria especialmente citada para tal efecto, en la cual hicieron uso de la palabra legisladores de todos los partidos políticos. Uruguay Brum Canet fue un grande de la política, un grande de las mejores tradiciones democráticas; un grande de la humildad, de la honestidad, del desprendimiento, de la perseverancia, del diálogo y del acuerdo. Un hombre emblemático, paradigmático, uno de esos imprescindibles que luchan toda la vida, de los que hablaba Bertolt Brecht. Nada más justo entonces que designar con su nombre la Sala Nº 8 del Edificio Anexo “General José Artigas” del Palacio Legislativo, donde ejerció su destacada tarea parlamentaria en las Comisiones antes mencionadas. Montevideo, 10 de febrero de 2015 ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, CARLOS GAMOU, Representante por Montevideo, CARLOS VARELA NESTIER, Representante por Montevideo, RAÚL OLIVERA, Representante por Canelones, BERTA SANSEVERINO,

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Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representante por Canelones, SERGIO MIER, Representante por Treinta y Tres, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, ALEJANDRO SÁNCHEZ, Representante por Montevideo”.

Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la necesidad de construir un tercer carril exclusivo para tránsito pesado en tramos de tres kilómetros en la Ruta Nacional Nº 5.

4.- Interrupción del receso.
SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Habiendo número, está abierta la sesión. (Es la hora 14 y 56) ——La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución con respecto a la interrupción del receso, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y el literal C) del artículo 90 del Reglamento. Se va a votar si se levanta el receso. (Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA. Se levanta el receso.

5.- Exposiciones escritas.
——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Carmelo Vidalín solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas: • sobre la necesidad de construir un tercer carril exclusivo para tránsito pesado en tramos de tres kilómetros en la Ruta Nacional Nº 5. C/19/010 relacionada con la necesidad de reactivar el ramal de línea férrea que une a la ciudad de Florida con el kilómetro 329 en el departamento de Durazno. C/19/010 con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la posibilidad de incluir a empresas como “Fundación Ruta 7″ u otras similares para realizar gestión de obras viales. C/19/010”.

•

——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:)

“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin dudas que un plan de obras viales que incluya la readecuación de puentes a la normativa del Mercosur, el mantenimiento permanente de rutas y la construcción de terceros carriles para el tránsito de camiones van a permitir disminuir los accidentes, sobre todo en aquellas rutas que en su trazado tienen lomadas pronunciadas y cuentan con carriles individuales. La construcción del tercer carril en determinados tramos, debe ser una obra pensada para garantizar una mayor seguridad vial a todos quienes circulen por las rutas nacionales, más aún, cuando fluyen con intensidad en un tránsito que tiene a vehículos de gran variedad y de diferentes tamaños, transportando cargas, mercaderías o personas. Camiones, simples o con acoplados, ómnibus, autos, camionetas, motos y maquinaria agrícola, son los protagonistas de la circulación durante las veinticuatro horas en nuestras rutas nacionales. Debido a la gran intensidad y el desarrollo de la agricultura y de la forestación, la imagen de la circulación de camiones de gran porte transportando en caravanas la carga, dificulta el tránsito de los automóviles de menor peso y cilindrada, ya que al transitar los conductores de los camiones de forma conjunta y en hilera, dificulta la óptima y segura circulación en la mayoría de las rutas nacionales que tan solo cuentan con dos carriles, uno para cada sentido direccional. Actualmente, la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera es un corredor muy transitado por los camiones de gran porte transportando cargas que superan las 35 toneladas y que sus dimensiones por unidades superan los 30 metros cada uno. Implica en consecuencia, que al transitar tres, cuatro o incluso cinco camiones con sus acoplados en hilera, conlleva a que es muy riesgoso su adelantamiento por el fluido tránsito y por el mal estado de las banquinas. Atendiendo que actualmente se dificulta la circulación por la mencionada ruta y que es común observar congestionamientos vehiculares, deberían construirse los terceros carriles exclusivos para el tránsito pesado y, de esta manera, no interrumpir el paso de los

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vehículos de menor porte. Asimismo, se evitarían muchos siniestros. En virtud de lo expuesto, solicitamos la construcción en la Ruta Nacional Nº 5 al sur del río Negro, un tercer carril cada 50 kilómetros, en tramos de 3 kilómetros. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 2) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionada con la necesidad de reactivar el ramal de línea férrea que une a la ciudad de Florida con el kilómetro 329 en el departamento de Durazno.

“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Diariamente observamos, a través de la prensa, en cualquiera de las regiones de nuestro territorio, el cúmulo de accidentes o los problemas que se ocasionan en las deterioradas vías de comunicación a causa del exceso vehicular en rutas que no tienen la consistencia para recibir las toneladas de cargas que por ellas transitan diariamente. En la década de los años noventa, el departamento de Durazno y parte del de Florida, se vieron beneficiados por la Ley Forestal, lo cual llevó a un incremento en la plantación de árboles desconocida. Década más tarde, a consecuencia de la llegada de una agricultura masiva, los campos ganaderos se transformaron en agrícolas y forestales. Esas nuevas modalidades de producción han llevado a que con idéntica caminería rural el tránsito vehicular de cargas se ha incrementado exponencialmente. La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) cuenta con un ramal de línea férrea que une la ciudad capital del departamento de Florida con el kilómetro 329 del departamento de Durazno. En ese ramal podemos encontrar las estaciones o paradas como Piedra Alta, Colonia Sánchez, Urioste, Talita, Palermo, Hernandarias, Alejandro Gallinal, Monte Coral, Capilla del Sauce, Tabaré, Sarandí del Yi, Elías Regules, Puntas de Herrera, Chileno, Blanquillo, La Paloma, Cuchilla de Ramírez y el kilómetro 319. Esos centros poblados son sitios con memoria ferroviaria, y todos ellos vivieron una época en la cual la circulación del tren era a diario y se iba y se regresaba por ese medio de transporte. Esa parte del país, a partir del año 1990 aumentó considerablemente su producción

forestal y luego en esta última década la agricultura desembarcó complementando un desarrollo de producción masivo. Las carreteras, los caminos y las rutas departamentales carentes de asfalto y las Rutas Nacionales Nº 6 Joaquín Suárez, Nº 14 Brigadier General Venancio Flores y Nº 19 Coronel Lorenzo Latorre, que se encuentran bastante deterioradas, son las vías de salida de la producción. El tránsito de camiones completos de cargas maderera y granelera por caminos y rutas de tierra y balasto son testigos del deterioro que ocasiona su tránsito durante las veinticuatro horas del día, sin importar las inclemencias del tiempo en días de lluvia. Por eso, es necesario reactivar el ramal de línea férrea que une la ciudad capital del departamento de Florida con el kilómetro 329 del departamento de Durazno, que fue construido con una visión de desarrollo a mediados del siglo XX, para una parte del territorio que queda ausente del trazado ferroviario original. La rehabilitación de ese ramal de línea férrea daría la oportunidad de dar vida a zonas alejadas del desarrollo, descentralizaría y crearía fuentes de trabajo a la región. Además, el transporte de la carga por medio del ferrocarril constituiría una inversión ya que a corto plazo resultaría posible y redituable en virtud de que la carga pesada y que más deteriora las rutas y caminos sería transportada por ese medio. Por lo expuesto, solicitamos se considere para el próximo Presupuesto Nacional la rehabilitación de la línea férrea citada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 3) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la posibilidad de incluir a empresas como “Fundación Ruta 7” u otras similares para realizar gestión de obras viales.

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ganadera continúa en ascenso. Cuando llega el momento de extraer los productos, éstos deben realizarse sin importar si es día feriado o laborable, o si las condiciones de la caminería son aptas para su salida. Se deben transportar en camiones y muchas veces las rutas y la caminería no son las más adecuadas. Por estos motivos las diferentes autoridades nacionales y departamentales han buscado herramientas para lograr restablecer las infraestructuras viales y la caminería del país. Tal vez, por diferentes motivos no se ha podido alcanzar el éxito esperado y los tiempos de la Administración Pública son diferentes al del sector privado. En procura de pensar en el bien general y encontrar soluciones más definitivas y de largo alcance, hemos procurado junto a las autoridades departamentales de Durazno, conseguir una herramienta que pueda canalizar los fondos de privados y los aportes públicos (Intendencia y Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y que, además, pueda realizar la gestión de obras viales. Atendiendo que existe la Fundación Agencia de Desarrollo e Inclusión Social Ruta 7, herramienta de empresa pública que opera dentro del Derecho Privado, creemos que puede ser de mucha utilidad su participación en obras que requieran ser gestionadas con prontitud dentro de un plazo menor. En consecuencia, atendiendo a que dicha Fundación está autorizada a gestionar obras, proyectos, brindar asesoramiento a Intendencias e inversionistas, solicitamos a la Dirección Nacional de Vialidad se tenga en cuenta este tipo de fundaciones como otras similares, en procura de agilizar las obras viales. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”.

7.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1º de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Marcelo Bistolfi Zunini, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Vela. Del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Solana Cabrera de Abásolo. Del señor Representante Fernando Amado, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. Del señor Representante Germán Cardoso, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Schusman. Del señor Representante Carlos Varela Nestier, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Mauricio Guarinoni. Del señor Representante José Carlos Mahía, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. Del señor Representante Orlando D. Lereté Salcedo, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora María del Carmen Suárez. Del señor Representante Felipe Carballo, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño. De la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Abt. Del señor Representante Daniel Radío, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Renom”. ——En discusión.

6.- Inasistencias anteriores.
——Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 9 de febrero de 2015: Con aviso: Verónica Alonso, Gerardo Amarilla, Daniel Bianchi, Rodolfo Caram, Alberto Casas, Álvaro Fernández, Jorge Gandini, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Pablo Iturralde Viñas, Andrés Lima, Alma Mallo, Daniel Mañana, Nicolás Núñez, Miguel Otegui, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo, Ana Lía Piñeyrúa, Richard Sander, Pedro Saravia Fratti y Jorge Schusman. Sin aviso: José Amaro”.

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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta y uno: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 10 del corriente mes y año. Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima, MARCELO BISTOLFI ZUNINI Representante por Salto”. “Salto, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe Cdor. Rodolfo Martínez, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido Legislador del día 10 de febrero de 2015. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, Rodolfo Martínez”. “Salto, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Mtra. Griselda Ocampo, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido Legislador del día 10 de febrero de 2015.

Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, Griselda Ocampo”. “Salto, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Dra. Martha Richard, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido Legislador del día 10 de febrero de 2015. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, Marta Richard”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 115, del Lema Partido Colorado, señor Pablo Vela. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”.

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“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día 10 de febrero se deberá convocar a mi suplente Solana Cabrera. Sin otro particular saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO Representante por Maldonado”. “Montevideo, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Saludo a Usted atentamente, Martín Laventure”. “Montevideo, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Saludo a Usted atentamente, Homero Bonilla”. “Montevideo, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Saludo a Usted atentamente, Jesús Bentancor”.

“Montevideo, 9 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Saludo a Usted atentamente, José Hualde”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancor y José Hualde. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Laventure, Homero Bonilla, Jesús Bentancor y José Hualde. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 21, del Lema Partido Nacional, señora Solana Cabrera de Abásolo. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”.

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“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Don Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día de la fecha. Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima, FERNANDO AMADO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente y al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan

dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales, por el día 10 de febrero del corriente año. Por tal motivo, solicito se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, GERMÁN CARDOSO Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Jorge Schusman. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 10 de febrero, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, CARLOS VARELA NESTIER Representante por Montevideo”.

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“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Jorge Patrone”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Jorge Iribarnegaray”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier, por el día 10 de febrero de 2015.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Mauricio Guarinoni. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 10 de febrero, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, JOSÉ CARLOS MAHÍA Representante por Canelones”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Luis Gallo”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

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Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Juan Ripoll”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente, Gabriela Garrido”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121738, del Lema Partido Frente Amplio, señor Eduardo Márquez. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”.

“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar por motivos personales, licencia el día 10 de febrero del presente año. Sin otro particular, saluda atentamente, ORLANDO LERETÉ Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Orlando Lereté. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Orlando Lereté, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señora María del Carmen Suárez. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015, por motivos personales. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, FELIPE CARBALLO Representante por Montevideo”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales para el día 10 de los corrientes. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, lo saluda cordialmente, ANA LÍA PIÑEYRÚA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del

artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi consideración: Cúmpleme solicitar a Ud tenga a bien, poner a consideración del Cuerpo que Ud. preside, concederme el uso de licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por el día 10 de febrero. Saludo a Ud. atentamente, DANIEL RADÍO Representante por Canelones”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi consideración: Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de febrero de 2015. Saluda a Ud. atentamente, Pablo Sosa”.

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“Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi consideración: Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de febrero de 2015. Saluda a Ud. atentamente, Walter A. Lascano”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi consideración: Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de febrero de 2015. Saluda a Ud. atentamente, Teresita Luzardo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Pablo Sosa, Walter A. Lascano y Teresita Luzardo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Pablo Sosa, Walter A. Lascano y Teresita Luzardo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 909, del Lema Partido Independiente, señor Raúl Renom. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”.

8.- Integración de la Cámara.
——Dese cuenta de una nota presentada a la Mesa por el señor Diputado Saravia Fratti. (Se lee:) “Sr. Presidente de la Cámara de Representantes.- Sr. Aníbal Pereyra.- Presente.- Por intermedio de la misma comunico mi renuncia al cargo de Diputado por asumir en el día de la fecha el cargo de Intendente de Cerro Largo.- Sin otro particular saluda muy atte.- Dr. Pedro Saravia Fratti”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA. SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: aunque parezca obvio, queremos dejar constancia de que la renuncia de nuestro compañero de partido y de sector, Diputado Pedro Saravia, se debe a que en el día de ayer asumió como Intendente de Cerro Largo. El objetivo es llevar adelante una buena gestión; en ese sentido es que está trabajando Pedro Saravia. Le deseamos mucha suerte en el nuevo emprendimiento. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Visto la solicitud de renuncia a la Banca, presentada por el señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Pedro Saravia Fratti, a partir del día 9 de febrero de 2015, se convoca en carácter de titular, a partir del día 10 de febrero de 2015, a la suplente siguiente, señora Myrian Álvez”. ——En discusión.

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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta en setenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La nota de renuncia a su banca presentada por el señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Pedro Saravia Fratti, a partir del día 9 de febrero de 2015. RESULTANDO: I) Que es procedente aceptar la renuncia del señor Representante Pedro Saravia Fratti. II) Que corresponde convocar, al suplente correspondiente siguiente proclamado por la Corte Electoral, de la hoja de votación Nº 2004, por el departamento de Cerro Largo, del Lema Partido Nacional, señora Myrian Álvez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Acéptase a partir del día 9 de febrero de 2015, la renuncia presentada por el señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Pedro Saravia Fratti. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación en carácter de titular, por el departamento de Cerro Largo, a partir del día 10 de febrero de 2015, al suplente correspondiente siguiente proclamado por la Corte Electoral, de la hoja de votación Nro. 2004, por el departamento de Cerro Largo, del Lema Partido Nacional, señora Myrian Álvez. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO”.

10.- Intermedio.
SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Solicito un intermedio de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en setenta y tres: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 15 y 4) ——Continúa la sesión. (Es la hora 15 y 15)

11.- Declaración de gravedad y urgencia.
SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Solicito que se rectifique la votación. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Cincuenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

12.- Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº17.947, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº 18.834).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: “Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº 17.947, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº 18.834)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 1468 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Economía y Finanzas Montevideo, 29 de diciembre de 2014 Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitirle el presente proyecto de ley, por el que se solicita la modificación del artículo 266 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, relativo al tope de la deuda neta del sector público.

9.- Solicitud de declaración de gravedad y urgencia.
De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día. (Se vota) ——Cuarenta y siete en setenta y tres: NEGATIVA.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 266 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011 sustituyó el artículo 4° de la Ley N° 17.947, de 8 de enero de 2006 por el siguiente: “ARTÍCULO 4°.- A partir del 1° de enero de 2011, la deuda pública nacional neta de cada ejercicio anual podrá ser incrementada en hasta un máximo equivalente a U.I 5.500.000.000 (cinco mil quinientos millones de unidades indexadas). Cuando medien situaciones climáticas adversas que determinen que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), deba asumir costos extraordinarios para la generación de energía el tope referido en el inciso anterior podrá ser adicionalmente incrementado en hasta un máximo equivalente al 1.5% (uno con cinco por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB). En ningún caso, a los efectos dispuestos en este artículo, los costos extraordinarios incurridos por UTE, sumados a la variación del Fondo de Estabilización Energética (artículo 773 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010) podrán superar el 1.5% (uno con cinco por ciento) del PIB. El Poder Ejecutivo dará cuenta de lo actuado a la Asamblea General”. El tope de la deuda pública, tal como está definido legalmente, equivale a establecer un límite máximo sobre el déficit del sector público. Esto se explica porque la deuda neta varía anualmente por la suma del resultado fiscal y lo que se denomina “Variación por Otros Flujos Económicos”, variable que recoge fundamentalmente las modificaciones derivadas de diferentes valoraciones de los activos y pasivos que la componen entre el inicio y la finalización del período. En la medida en que la medición de la deuda neta con criterio “tope” abstrae las modificaciones de valuación, la variación de la misma responde exclusivamente al resultado fiscal. La política fiscal y de deuda sustentada por el gobierno ha construido fortalezas en lo que respecta a la sostenibilidad fiscal, permitiendo en los últimos años mayores erogaciones del sector público, en lo que refiere fundamentalmente a la concreción de inversiones y la ejecución de políticas sociales consistentes con el proceso de desarrollo económico. De este modo, la gestión fiscal ha determinado déficit más elevados que los previstos al momento de proyectar la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, los que fueron explicitados en la última Rendición de Cuentas, en tanto la deuda neta del sector público se ubicaba en niveles inferiores a los proyec-

tados, al tiempo que se alcanzaban indicadores que señalan una mayor solidez de la posición financiera del gobierno, en lo que refiere a lograr un mayor plazo promedio de la deuda, un perfil de vencimientos más uniforme, profundización del acceso a mercados financieros, reducción del riesgo por variación de la tasa de interés, entre otros. Asimismo, debe mencionarse la disminución de la vulnerabilidad fiscal frente a shocks que operen en relación al fortalecimiento del dólar en virtud del continuo proceso de reducción de la dolarización de la deuda pública que se ha registrado durante los últimos dos períodos de gobierno. Si bien se observa un cambio en el escenario financiero internacional, con una menor fluidez de capitales hacia los países emergentes, la cautelosa política monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos atenúa la perspectiva de un incremento sustancial de la tasa de interés de esta economía en los próximos años. Adicionalmente, el acceso a los mercados financieros de capital que hoy muestra Uruguay en virtud de sus fundamentos económicos, la adecuada reputación en el cumplimiento de contratos de endeudamiento soberano y la obtención del Grado Inversor, permiten disipar dificultades respecto de la renovación de la deuda. Esta situación se complementa con el elevado stock de reservas internacionales que posee el país y la concertación de préstamos contingentes por un monto de entorno de los U$S 2.000:000.000 (dos mil millones de dólares de los Estados Unidos de América). Debe dejarse constancia, que la reducción del riesgo cambiario de la deuda del gobierno y el incremento de las reservas internacionales del país han tenido una incidencia en el déficit fiscal en un monto estimado en 1,2% del PIB. En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para elevar a U.I. 9.000.000.000 (nueve mil millones de Unidades Indexadas) el monto al que alude el artículo 266 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, MARIO BERGARA. PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 17.947, de fecha 8 de enero de 2006, en la

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redacción dada por el artículo 266 de la Ley N° 18.834, de fecha 4 de noviembre de 2011, por el siguiente: “ARTÍCULO 4°.- A partir del 1° de enero de 2014, la deuda pública nacional neta en cada ejercicio anual podrá ser incrementada en hasta un máximo equivalente a U.l. 9.000.000.000 (nueve mil millones de Unidades Indexadas). Cuando medien situaciones climáticas adversas que determinen que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), deba asumir costos extraordinarios para la generación de energía, el tope referido en el inciso anterior podrá ser adicionalmente incrementado en hasta un máximo equivalente al 1,5% (uno con cinco por ciento) del Producto Bruto Interno (PIB). En ningún caso, a los efectos dispuestos en este artículo, los costos extraordinarios incurridos por UTE, sumados a la variación del Fondo de Estabilización Energética (artículo 773 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010) podrán superar el 1,5% (uno con cinco por ciento) del PIB. El Poder Ejecutivo dará cuenta de lo actuado a la Asamblea General”. Montevideo, 29 de diciembre de 2014 MARIO BERGARA. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 17.947, de fecha 8 de enero de 2006, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley N° 18.834, de fecha 4 de noviembre de 2011, por el siguiente: “ARTÍCULO 4°.- A partir del 1° de enero de 2014, la deuda pública nacional neta en cada ejercicio anual podrá ser incrementada en hasta un máximo equivalente a U.l. 9.000.000.000 (nueve mil millones de Unidades Indexadas). Cuando medien situaciones climáticas adversas que determinen que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), deba asumir costos extraordinarios para la generación de energía, el tope referido en el inciso anterior podrá ser adicionalmente incrementado en hasta un máximo equivalente al 1,5% (uno con cinco por ciento) del Producto Bruto Interno (PIB). En ningún caso, a los efectos dispuestos en este artículo, los costos extraordinarios incurridos por UTE, suma-

dos a la variación del Fondo de Estabilización Energética (artículo 773 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010) podrán superar el 1,5% (uno con cinco por ciento) del PIB. El Poder Ejecutivo dará cuenta de lo actuado a la Asamblea General”. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 3 de febrero de 2015. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: estamos analizando un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y se aprobó en el Senado, luego de ser analizado por la Comisión de Hacienda de esa Cámara. En dicha sesión, tuvimos la posibilidad de participar. Este proyecto modifica los topes de incremento del endeudamiento público, ejercicio tras ejercicio. Esto se hace respetando el criterio de responsabilidad fiscal que ha guiado y guiará la acción del actual gobierno, del anterior y del próximo gobierno. Los montos que se proponen de incremento del endeudamiento neto en cada Ejercicio son consistentes con el programa financiero del gobierno y con las necesidades presupuestales y, obviamente, serán la contracara de la nueva Ley de Presupuesto. Esto ha funcionado desde el año 2006; no era así con anterioridad. Los límites fijados, en este caso en Unidades Indexadas, pese al incremento de los topes, posibilitan que el cociente entre deuda pública y Producto Bruto Interno siga una senda descendiente, al tiempo que confieren una mayor flexibilidad al régimen de tope de deuda, permitiendo recurrir al financiamiento doméstico y externo en momentos en que los mercados presentan las mejores condiciones. Es bueno tener en cuenta las reglas de autorización de la deuda pública por parte de este Parlamento. Al respecto, el numeral 6º del artículo 85 de la Constitución de la República, establece que a la Asamblea General le corresponde: “Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el

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crédito público, […]”. Esto no se hacía antes de 2006, o se hacía en forma parcial, dado que los topes anteriores solo se referían a la emisión de títulos y letras de tesorería. Actualmente, se engloba la deuda pública neta de todos los organismos que tienen que ver con el Estado. Los únicos que se excluyen son los gobiernos departamentales, más allá de su autonomía, porque su deuda también está controlada, de acuerdo con los artículos 225 y 301 de la Constitución. Es decir, al incluir en estos topes los pasivos netos de todos los organismos públicos, inclusive la base monetaria, se tiene lo que podemos llamar una regla fiscal. Lo que representa el incremento de la deuda pública neta es equivalente a lo que representa el resultado fiscal del consolidado del Estado. Por eso es este Parlamento el que autoriza ese endeudamiento a los efectos de contemplar el debido financiamiento de todas las actividades públicas. En la versión anterior a la ley del año 2006 no se establecían límites para la deuda del sector público con organismos internacionales, fueran estos bilaterales o multilaterales; tampoco con el sistema bancario, residente o no residente, o con los proveedores del Estado. Además, eran límites en términos brutos, es decir, sin tener en cuenta la acumulación de activos financieros por parte del sector público. En aquellos años -recordemos que esto se votó en el año 2006 y veníamos de un período en el que hubo un importante incremento de la deuda bruta total del sector público, que superaba los US$ 2.000:000.000-, los topes con respecto a la emisión de títulos y letras de tesorería, que se cumplieron, ascendían a US$ 400:000.000 por año. Ese régimen preveía una importante rigidez, innecesaria en la estrategia de financiamiento del gobierno, que impedía optimizar el manejo de la Deuda Pública Nacional. Por un lado, el establecimiento de topes sobre la emisión de títulos públicos dificultaba los cambios a proyectar en la estructura de deuda, de acuerdo con cada momento en que se encontrara el país. Eso permitió, entre otras cosas, la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que alcanzaba los US$ 2.341:000.000 en 2005; se hizo logrando canjear esa deuda condicionada por deuda soberana con la cual pudimos acudir a los distintos mercados nacionales e internacionales. Por otra parte, la existencia de límites sobre el crecimiento de la deuda bruta, es decir, sin considerar los activos que mantiene el sector público, puede sig-

nificar un obstáculo importante para la colocación de deuda soberana en los momentos más propicios en los mercados financieros internacionales. Dada la alta volatilidad que presentan los mercados de capitales, el gobierno debe aprovechar las ventanas de oportunidad para realizar emisiones internacionales, minimizando los costos de financiamiento y mejorando la estructura de deuda, tanto por monedas como por plazos. La fijación de topes sobre la deuda neta permite adelantar el financiamiento del Ejercicio siguiente, en la medida en que los recursos captados son mantenidos como activos de reserva en el Banco Central. La deuda pública neta es también un concepto relevante a los efectos de evaluar la sustentabilidad de la política fiscal. Si lo que procura evitar el legislador con la normativa de topes de endeudamiento es un comportamiento fiscal irresponsable, este objetivo no se logra estableciendo límites sobre la emisión de la deuda bruta, en la medida en que el gobierno podría financiar la expansión del gasto, reduciendo las reservas internacionales del país. Debemos tener presente que esta regla que estamos utilizando desde el año 2006 la hemos reiterado en 2011. En la Rendición de Cuentas que se votó en noviembre de 2011 se incluyó un artículo que volvía a adecuar desde principio de año -de la misma manera que en 2006- las necesidades presupuestales y la consistencia del programa financiero con la Ley de Presupuesto. Esto es importante porque en la última Rendición de Cuentas el gobierno presentaba una situación de mayor déficit fiscal que el previsto, fundamentado en algunos aspectos que vale la pena destacar, que es el resultado de la contribución de las empresas públicas al Estado, que habían visto reducida su participación. Hay que tener en cuenta que las empresas públicas, por la contabilidad pública, computan sus inversiones como salidas de caja. Acá el déficit fiscal se mide en base a caja, y, por lo tanto, es allí donde ha habido un importante incremento de las inversiones, fundamentalmente de las empresas públicas, en momentos favorables para el país, en primer lugar, por la necesidad de esas inversiones debido al importante ciclo de crecimiento de nuestro país y, en segundo término, porque se aprovecharon circunstancias internacionales favorables como la baja de los costos de financiamiento. Además, en algún caso circunstancial como UTE, la baja de los precios internacionales de los molinos de viento permitió un cambio estructural en la matriz energética al incorporarse esta forma de gene-

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ración de energía mucho más limpia, previsible y soberana en ese sentido. Entonces, el incremento de las inversiones es uno de los factores que se debe considerar y explica el aumento del déficit fiscal. Por otra parte, no debemos olvidar la política seguida conscientemente por la autoridad monetaria de constituir un importante monto de reservas internacionales, que hoy supera los US$ 18.000:000.000, que son un seguro y que en un mundo incierto como el actual es caro. En efecto, más de un punto de los más de tres que tenemos de déficit proviene del costo de los intereses de este importante stock de reservas que, fundamentalmente, aseguran al país y a las próximas Administraciones certezas que no se podrían lograr de otra manera. La constitución de estas reservas, a pesar de su contracara que es el endeudamiento, asegura a nuestra economía menor vulnerabilidad a algún “shock” externo en virtud de que está constituida en forma soberana, mayoritariamente en moneda nacional -60%-, con un perfil de endeudamiento completamente distinto al que tenía el país antes, promediando los quince años de vencimiento de deuda. También corresponde aclarar que esta deuda pública neta ha ido disminuyendo trimestralmente desde el 2010. Quiere decir que si bien el déficit fiscal aumentó, la deuda pública neta -que es la que, en definitiva, marca la sustentabilidad del sistema financiero y fiscalviene disminuyendo en forma trimestral. Esto obedece a que la deuda pública está basada, fundamentalmente, en moneda nacional y reservas internacionales netas -es decir, activos que se restan de la deuda brutaen moneda extranjera. Si solo tuviéramos en cuenta la variación de la cotización del dólar de este año, que pasó de $ 19 a más de $ 24, lograríamos una ganancia muy importante, que no puede ser registrada por la técnica contable pública como un ingreso del Estado. Sin embargo, basta calcular US$ 18.000:000.000, tomando la diferencia entre $ 19 y $ 24,7 para saber cuánto ha sido la ganancia no contabilizada por mantener estas reservas internacionales tan importantes. Todos sabemos que si no se hubieran tomado estas medidas -en su momento, motivo de análisis en esta Cámara y en el Parlamento- la cotización del dólar habría sido muy inferior y hubiéramos perdido competitividad. Esta reducción de la vulnerabilidad está vinculada a ese seguro de cambio y de acceso a los mercados

internacionales. Ganamos certezas y seguridad, también por la valorización del dólar. Por estos motivos, vamos a aceptar esta solicitud del Poder Ejecutivo de aumentar el tope de variación anual del endeudamiento de 5.500:000.000 UI 9.000:000.000 UI para ser consistente con las necesidades fiscales, las previsiones presupuestales y la situación financiera del país. El programa financiero de gobierno implica que es necesario seguir acudiendo al mercado para financiar el déficit. Todos sabemos que todo déficit tiene como contracara un endeudamiento, y por eso decíamos que esto figura como una regla fiscal, aunque no esté escrita. La autorización del Parlamento implica controlar la transparencia del gobierno en el manejo de esta importante variable del déficit fiscal que, si bien es importante y se tratará de reducir –considerando que las causas de su crecimiento no tienen porqué repetirse-, es fácilmente sostenible en un ciclo de crecimiento superior al de la región, como nos consta que tuvimos este año y los anteriores; esto también lo indican las proyecciones para los próximos Ejercicios. Esperamos que el análisis que hace el Poder Ejecutivo y que comparte la bancada de gobierno, pueda respaldarse para cumplir los objetivos país y se autorice, tal como lo prevé el artículo 85 de la Constitución, el aumento del endeudamiento público. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: por razones de forma y de fondo no vamos a acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo para autorizar el aumento del tope de endeudamiento. En cuanto a las razones de forma -que no son menos importantes porque muchas veces se transforman en razones de fondo-, el señor Diputado preopinante refería a su acuerdo con el análisis del Poder Ejecutivo. En realidad, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de este calibre y naturaleza fundamentado en una carilla y media, y lo presenta al final de la Legislatura. Se recurrió varias veces a la suspensión del receso, pero además en esta ocasión se solicitó un intermedio para juntar los votos necesarios y considerar un proyecto de este tipo, que no es menor, porque refiere al monto en el que país se va endeudando.

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El Poder Ejecutivo presentó este proyecto de tal forma que los plazos constriñeron la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas y el equipo económico comparecieran a la Comisión de Hacienda, que es lo que hubiera correspondido. No tuvimos ocasión de recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas y a su equipo para conocer de primera mano esta necesidad y hablar del fondo del asunto. La Cámara tiene que analizar el proyecto con carácter de urgente consideración, en período extraordinario, sin que se haya reunido la Comisión ni posibilidad de escuchar al Poder Ejecutivo. Esta es una de las razones de fondo. No debería discutirse un proyecto de este tipo de esa forma porque tampoco es urgente. En todo caso, lo peor de las formas que se nos remiten es que se trata de una iniciativa fuera de tiempo que pretende regir de modo retroactivo. Y acá hay una violación de forma que hace al fondo. La Constitución de la República establece con claridad que la iniciativa de endeudamiento corresponde al Poder Ejecutivo y que la autorización, mediante ley, con mayoría absoluta en cada Cámara, debe ser otorgada por el Parlamento. El Poder Ejecutivo nos pide esta autorización cuando ya se endeudó. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo se endeudó durante todo el año 2014 sin considerar la autorización que necesita por ley y sin autorización del Parlamento. Concluido todo el Ejercicio 2014 y entrado el segundo mes de 2015, el Poder Ejecutivo nos pide que lo autoricemos a endeudarse con fecha 1º de enero de 2014. Es decir, el Poder Ejecutivo violó la Constitución; la ley fue sobrepasada por la realidad. Nos pide, además, un aumento de tope -que estaba fijado en 5.500:000.000 de unidades indexadas-, más un gatillo para emergencias en el caso energético. Este límite está fijado con relación al PBI, pero sabemos que a esta altura el endeudamiento supera los 10.000:000.000 de UI; por lo menos esta es la cifra que conocemos según los últimos informes del Banco Central que corresponden al tercer trimestre del año pasado. No tenemos el informe del último trimestre de 2014 ni, obviamente, de lo que ha transcurrido de este año. Por lo tanto, aun antes de terminar el 2014, el endeudamiento al que se ha llegado en ese año supera el tope que esta ley -en caso de aprobarse- fija-

ría. Se nos pide aumentarlo de 5.500:000.000 de UI a 9.000:000.00 de UI, pero ya está en 10.000:000.000 de UI. Es decir, se nos pide aumentar el tope en algo así como US$ 500:000.000, pero ya hemos superado los US$ 600:000.000. También aquí hay una cuestión de forma que hace al fondo. Cuando el Poder Ejecutivo entendió que en el año 2014 iba a sobrepasar el tope autorizado por la ley que propuso el propio Poder Ejecutivo -creo que el ajuste de esa ley es del año 2011-, debió remitir al Poder Legislativo una iniciativa para que autorizáramos un aumento de tope, en cumplimiento con lo que establece la Constitución de la República. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque se olvidó, porque no se dio cuenta o porque no quiso incorporar este tema como debate en el año electoral? ¿Será que el año electoral es inoportuno para autorizar al Poder Ejecutivo a endeudarse más de la autorización que tiene o será que el año electoral es, precisamente, el año en que el Poder Ejecutivo se endeuda más por ser electoral? Es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué empezó primero? Lo cierto es que hoy estaríamos autorizando al Poder Ejecutivo contra lo que establece la Constitución de la República a endeudarse a partir del 1º de enero del 2014. ¡Me parece una tomadura de pelo! ¿A qué nos llamaron? ¿Para qué estamos votando una autorización de un año que terminó y se cerró? Esta es una cuestión que, de por sí, inhabilita. Lo político, otra vez, por sobre lo jurídico. Mantener este debate el año pasado hubiera sido políticamente incorrecto, pero constitucional y jurídicamente era lo que correspondía. Con respecto al fondo del tema, esta variable de la macroeconomía, el endeudamiento, no está divorciada de otros aspectos que también se escaparon de las previsiones, así como se escapó la inflación, una vez más, un año más, del rango meta que el propio Poder Ejecutivo había fijado. Se escapó, y por lejos, el déficit fiscal. Cuando en el año 2010 el Ministro Lorenzo compareció ante la Comisión de Hacienda a defender el Presupuesto Quinquenal, el que contiene no solo la normativa sino un plan que se hace con variables y proyecciones, obviamente estudiadas por los técnicos que analizan todos los movimientos previstos, estableció que para el año 2014 el déficit fiscal iba a alcanzar el 0,8% del Producto Bruto Interno. En realidad, el año 2014 cerró con el 3,5% del PBI, apenas

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dos décimas de punto por debajo del porcentaje más alto en el año 2002. Era otro año y era otro Producto, pero si lo medimos en porcentajes con relación al Producto, el año pasado cerró con uno de los déficit más importantes que hemos tenido. Se podrá decir que hay otros elementos que juegan. ¡Sí! Y ahora voy a destacar el elemento que creo es el más importante: llegamos al mayor déficit fiscal en un año de crecimiento económico, que no fue el único, sino que venía arrastrándose de años anteriores, y cuando mejor está el país, más déficit tenemos; algo así como US$ 1.700:000.000 o US$ 1.800:000.000 se gastó de más de lo que ingresó, para decirlo en términos sencillos. Se elaboró un Presupuesto Nacional, se elaboró un presupuesto de gastos desde el Parlamento en todos aquellos sectores que corresponden que el Parlamento fije, pero, en realidad, se escapó una de las variables fundamentales. Este gobierno tiene la herencia de administrar un déficit acumulado que debe estar en los US$ 5.000:000.000 o US$ 6.000:000.000, y que del último año emerge con US$ 1.700:000.000 o US$ 1.800:000.000 por encima de los ingresos. Se intenta justificar por el lado de que han sido, básicamente, las inversiones responsables de las empresas públicas las que han generado este déficit. Parte de este déficit no viene, por supuesto, de una crisis energética, un problema hidráulico ni de una emergencia cambiaria de otra zona del mundo que haya afectado al país, sino de un incremento de los compromisos. El gasto, que se le escapó de las manos al Ministerio de Economía y Finanzas, revela aquello de lo que tantas veces hablamos: que hay dos equipos económicos, porque el encargado de vigilar las inversiones y autorizar a las empresas públicas es la OPP, aquel lugar donde se radicó un equipo con una cabeza bien diferente a la del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cierto es que hoy el país se encuentra con una situación de déficit importante que el gobierno ha intentado ir licuando a través de un ajuste fiscal disimulado que encubrió dentro de las tarifas públicas a partir de una ecuación, que así como a algunos países ha perjudicado, a otros, como el nuestro, que somos importadores netos de petróleo, ha beneficiado. La rebaja del precio del petróleo ha generado un ahorro importante. Si esta rebaja no se traslada al precio final de este producto, no solo afectará al consumidor directo que carga el tanque en la estación de servicio sino a todo aquel que utiliza como fuente de energía y

como uno de sus componentes importantes en la producción en materia de costos los derivados del petróleo refinado por Ancap. Entonces, Ancap se ha transformado en un recaudador interno y disimulado del Ministerio de Economía y Finanzas para enjugar su propio déficit -que aquí se ha manifestado y denunciado más de una vezy que luego de varias discusiones terminó en US$ 170:000.000 -aunque seguramente fue algo más de US$ 200:000.000- para enjugar su propio déficit y ayudar a tapar el agujero del Estado. También se lo hace a través de un aumento de las tarifas de UTE, sobre las que el Ministro de Industria, Energía y Minería había dicho en el Parlamento que iban a bajar un 20%, no solo por efecto de la reducción del precio del petróleo sino por la incorporación de nuevos componentes que van modificando la matriz energética del país y, por lo tanto, permitirían reducir los costos. Es decir, nos quedamos con las dos partes malas: con el mayor gasto en inversión que hizo UTE para rebajar la energía, pero esta aumentó. Esa rebaja de costos, que supuestamente se hacía con el sacrificio de la inversión, no llega al consumidor -familiar, industrial o productiva- y termina arreglándole la caja al Ministro Bergara, que quiere acomodar un poco las cuentas para que el actual señor Vicepresidente de la República pueda encontrar un poquito más acomodadas las cuentas públicas. Claro, el impuesto se nota cuando uno carga el tanque porque tuvo una rebaja por debajo de lo que debería, y lo siente más que si se hubiera incrementado un impuesto directo, que psicológicamente se siente en el bolsillo. Entonces, señor Presidente, acá estamos analizando a destiempo -fuera del tiempo electoral, cuando se duerme la siesta política en el país- un aumento del endeudamiento. Es decir, un aumento de los compromisos que adquiere el Estado y que deberá pagar con sus recursos, que terminan siendo los de los contribuyentes. Además, esto también corresponde y cierra con el mal manejo de algunos aspectos de la economía nacional, que la próxima Administración deberá corregir con ajuste -no habrá otra manera de hacerlo-, ya sea directo, indirecto, camuflado o con mayor visibilidad. Tendrán que hacerlo; es obligatorio. Un país que quiere llegar a los niveles de confiabilidad que se requieren no puede arrastrar un déficit fiscal

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de esta categoría ni seguir aumentando el endeudamiento. Por último, quiero destacar una vez más -lo dije varias veces- que vamos a votar un aumento retroactivo del tope de la deuda que, en los hechos, ya ha aumentado por encima del tope que hoy se pretende aprobar. Gracias, señor Presidente. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: con respecto a la vigencia de la ley que el Poder Ejecutivo envió con fecha 1º de enero de 2014, quiero recordar que está dentro del marco de lo que se hizo; inclusive, la última aprobación efectuada en noviembre de 2011, que se aprobó con vigencia 1º de enero de 2011. Asimismo, en cuanto a la constitucionalidad del tema, quiero señalar que el artículo 5º de la ley vigente dispone que el Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un cien por cien el tope de la deuda fijado dando cuenta de ello a la Asamblea General. En lugar de utilizar este mecanismo, el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto una vez conocidos los resultados trimestrales a setiembre de 2014; como estamos hablando de deuda neta, y de todos los organismos del Estado, hay que recabar la información para saber en qué momento es necesario solicitar un nuevo incremento o utilizar el artículo 5º de la ley. Por lo tanto, desde ese punto de vista, está superada la observación formal de la que estábamos hablando. Ahora me voy a referir a las tarifas. Hoy estuvimos en la Comisión Permanente escuchando las explicaciones brindadas por el señor Ministro a las solicitudes planteadas por legisladores de la oposición para que aclare la rebaja de los combustibles y el aumento de UTE. Sería bueno si pudiéramos remitirnos a las explicaciones dadas por el señor Ministro. Nosotros podemos decir que en el caso de UTE quedó demostrado que sus tarifas han bajado 15% en términos reales en estos cinco años, en particular, en este año móvil también han bajado en términos absolutos, dado que hubo una rebaja de 5,5% a mitad de año; anteriormente se aplicó exoneración de IVA a los cargos fijos, en especial, al de energía eléctrica y telefonía. Si se mira el conjunto de las tarifas públicas, en los dos períodos del gobierno del Frente Amplio, podemos ver

que descendieron, en términos reales, 1,8% en cada uno; es decir, el conjunto de tarifas públicas ponderado por la incidencia que tiene en el Índice de Precios. Se ha hablado de que se han utilizado las tarifas públicas como ajuste fiscal; en todo caso, sería como desajuste fiscal o como lo contrario a un ajuste fiscal, porque han servido para combatir las presiones inflacionarias que podían afectar la recuperación real del salario y de los ingresos de los hogares que en estos dos períodos de gobierno están cerca del 50%. Por lo tanto, el esfuerzo hecho por el Poder Ejecutivo a través de las tarifas, muchas veces fue para auxiliar a los organismos del Estado, por ejemplo, Ancap o UTE, con el fin de no trasladar los incrementos que se producían por la generación o refinación de petróleo durante muchos meses. El Presidente de Ancap explicó bien desde cuándo se dio una mejor situación; no fue a partir de junio sino de octubre-noviembre, cuando la valorización del barril de petróleo, por la cotización del dólar, estuvo por debajo de las previsiones de Ancap. Esto seguirá evolucionando en función de lo que se mantenga en los mercados internacionales, que están previendo que para 2015 el precio del barril estará en el entorno de los US$ 70. Tal como se adelantó en la Comisión Permanente; ANCAP podrá analizar en el próximo trimestre variaciones a proponer al Poder Ejecutivo de mantenerse o producirse una nueva rebaja del precio del barril de petróleo. Gracias, señor Presidente.

13.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativos a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1º de la Ley N° 17.827: De la señora Representante Verónica Alonso, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Belmonte De Souza. De la señora Representante Alma Mallo, por el día 10 de febrero de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Ortiz de Lucía”.

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——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito a Ud. tenga a bien gestionar la licencia correspondiente al día 10 del corriente, por motivos personales. Solicito se convoque a mi suplente (Sistema Preferencial). Sin otro particular saluda a usted muy atentamente, VERÓNICA ALONSO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria del día 10 del corriente y proceder a la convocatoria del correspondiente Suplente (Sistema Preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, Martín Fernández”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria del día 10 del co-

rriente y proceder a la convocatoria del correspondiente Suplente (Sistema Preferencial). Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, Enrique Arezo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Verónica Alonso, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Martín Fernández y Enrique Arezo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33, del Lema Partido Nacional, señor Belmonte De Souza. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ, JORGE SCHUSMAN”. “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día de la fecha del corriente mes y año. Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima, ALMA MALLO Representante por Montevideo”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de febrero de 2015. II) Que el suplente siguiente, señor Álvaro Fernández, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro Representante. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 10 de febrero de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Nicolás Ortiz de Lucía. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ, JORGE SCHUSMAN”.

se puede aumentar la deuda pública sin autorización del Parlamento Nacional, lo que aquí se hizo. Sí; hubo un aumento de la deuda durante todo el 2014 y ahora recién se nos pide apoyar una ley retroactiva. Se quiere enmendar el hecho de que se ha violado la Constitución y, por ende, se nos está pidiendo que seamos cómplices. Si hay una regla fiscal, hay que cumplirla; y si se modifica, debe ser hacia adelante, nunca hacia atrás. No voy a tirar cifras ni números técnicos; todos quienes aquí estamos los conocemos. Yo digo que como legisladores nuestro deber es ser celosos custodios de los gastos que hace el gobierno, la voz de quienes nos votaron y también de quienes no lo hicieron, que merecen el respeto de todos nosotros; a los ciudadanos de nuestro país no los podemos subestimar. Quiero aclarar que no es por capricho que no acompañamos este proyecto; ni se trata de ser oposición por oposición misma. Estamos totalmente convencidos de que varios han sido los factores que han llevado a que hoy estemos tratando este tema. Señor Presidente: no puedo omitir referirme a lo que entendemos como un mal manejo que se le ha dado a las empresas públicas. Para ello basta mencionar algunas de ellas, así como algunos hechos que no han sido ajenos a los uruguayos todos. En cuanto a Ancap, las autoridades han intentado, sin conseguirlo, dibujarle a la ciudadanía las pérdidas que tuvo, de alrededor de US$ 200 millones, aunque el balance que trascendió fue de US$ 169 millones. Hablamos de una Ancap que nos mintió con respecto a las ganancias de ALUR, manipulando contablemente los números, para intentar tapar sus propios baches. La realidad es: ganancias totalmente falsas que se obtuvieron por la manipulación y el maquillaje contable que le dieron sus autoridades. Y hablamos de una Ancap que compró un avión para ir a Bella Unión en US$ 400.000, a lo que debemos sumar el gasto de tripulación, seguro y la reforma de la pista en ALUR, porque ni siquiera tomaron las previsiones de estudiar si era viable o no utilizarla. Se trata de una Ancap que prestó a Pluna US$ 30:000, y si hay algo que podemos tildar de turbio es el manejo que se ha hecho de este caso. Hoy,

14.- Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº 17.947, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº18.834).
Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora Diputada Matiauda. SEÑORA MATIAUDA.- Señor Presidente: lo primero que voy a hacer es adelantar la posición del Partido Colorado, que no va a acompañar esta aspiración del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no va a acompañarla? No podemos acompañar un proyecto de ley que, a nuestro juicio, es inconstitucional. Se nos está pidiendo votar un aumento del tope de la deuda neta del sector público a partir del 1º de enero de 2014, o sea que se pretende aprobar una ley retroactiva a enero de 2014. Nuestra Constitución es muy clara y en el numeral 6º) del artículo 85 se establece claramente que no

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como frutilla de la torta, se nos dice que el gerente de Ancap encargado del tema de Pluna será el nuevo Presidente del Ente durante los próximos cinco años. Hablamos de una Ancap que hoy tendría que rebajar los combustibles, pero no lo hace. El valor del barril de petróleo es prácticamente un 50% menor a la referencia que se tomó de US$ 102, puesto que hoy cuesta US$ 54. ¡Vaya si habría lugar para bajar el precio del combustible! Se trata de una Ancap que debía US$ 390:000.000 antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno y hoy tiene una deuda de US$ 1.900:000.000 Señor Presidente: cada vez que un uruguayo carga combustible está pagando el descontrol con que se ha manejado a esta empresa. Hablemos de Antel. Gasta más de US$ 20:000.000 por año en publicidad. Si sumáramos los gastos en el mismo rubro de sus competidores Claro y Movistar, estaríamos lejos, muy lejos de aproximarnos a esa cifra. Se trata de una Antel que pagó US$ 200.000 a Los Olimareños por una actuación en Atlántida, que en realidad fueron US$ 20.000, parece que se perdió una partecita de ese dinero en el camino. Antel tuvo una pérdida de US$ 267:000.000 solo durante el año pasado. Con esos resultados, no podemos creer que se premie a su Gerente General nombrándolo Presidente para los próximos cinco años. Y sabemos: si su gestión no resulta, aumentamos las tarifas y que siga el baile y el derroche. También podemos hablar de UTE. Antes de las elecciones, el Ministro Kreimerman anunció que antes de diciembre del año pasado íbamos a tener una rebaja del 20% de las tarifas. Hoy tenemos las represas repletas y energía complementaria de menor costo; sin embargo, las tarifas aumentaron y como explicación se dice que el aumento es menor a la inflación. Y podríamos seguir enumerando… Señor Presidente: hace aproximadamente dos años, el Senador Bordaberry junto al Senador Heber presentaron una moción impulsando al Poder Ejecutivo a profundizar el control financiero y las inversiones en las empresas públicas, tal como lo impone la Constitución de la República. Por supuesto, esa moción no tuvo andamiaje. Las mayorías volvieron a aplastar a las minorías. (Murmullos)

——Desde filas de mi Partido se advirtió. Se les dijo: “¡Cuidado con las empresas públicas! ¡Cuidado con el gasto! ¡Sigan con el gasto social y con el aumento salarial pero terminen con esta fiesta política!”. (Murmullos) ——Señor Presidente: solicito que me ampare en el uso de la palabra. (Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Por favor, señores Diputados, hagan silencio. Puede continuar la señora Diputada Matiauda. SEÑORA MATIAUDA.- Gracias, señor Presidente. He sido respetuosa con los oradores anteriores; por lo tanto, exijo lo mismo. Lamentablemente, cuando se tienen mayorías parlamentarias basta con levantar la mano, aunque solo sea por disciplina partidaria y se hace oído sordo a las minorías. Sin embargo, en democracia, las minorías también son elegidas por la ciudadanía y debemos velar por los intereses de los uruguayos todos. Hoy tenemos los resultados: se utilizan los entes públicos para propiciar carreras políticas o, en el mejor de los casos, se gestionan sin responsabilidad, lo que estamos pagando todos los uruguayos. Todos los ciudadanos de este país deberíamos ser beneficiados con la baja de combustibles y de las tarifas de UTE y de OSE, pero no es así. Lamentablemente, los uruguayos creyeron en las promesas de campaña y, de un día para otro, despertamos con tarifazos y más tarifazos, y ahora también se pretende aumentar la deuda externa. Debo decir que se pide votar un aumento de deuda pública informando la cifra a setiembre de 2014, cuando lo correcto sería informar el monto al 31 de diciembre de 2014. Esto último quita seriedad y da para pensar que no han sido claros los manejos de setiembre a diciembre. Desde hace años se está advirtiendo que el déficit real duplica el previsto por el Presupuesto nacional. El déficit que venimos teniendo no es sostenible en el tiempo y estamos en zona de riesgo, pero parecería ser que aún no han notado la luz de alerta encendida. Estamos convencidos de que el aumento de la deuda no es más que un manotón de ahogados para tratar de pagar gastos innecesarios. Señores: debemos re-

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cordar que en el año 2002 el déficit fue de 3,7%. ¡Hoy estamos casi igual que ese año que todos recuerdan como el de la tragedia! En el año 1990 se entregó la Intendencia de Montevideo con un presupuesto de entre US$ 120:000.000 y US$ 150:000.000, con US$ 15:000.000 en caja. ¿Saben qué? Hoy tenemos un presupuesto de entre US$ 400.000.000 y US$ 600.000.000 y una deuda bastante similar. Sin duda, aseguramos que no han sido bien administrados nuestros recursos. Señor Presidente: somos oposición pero, por sobre todas las cosas, somos uruguayos y claro que queremos que nuestra economía crezca, por el bien de todos, así como que no se pierda el crecimiento que tanto le costó al país y a los uruguayos todos. Estamos convencidos de que en medio de este crecimiento se ha perdido el norte y es urgente encontrarlo; de lo contrario estaremos comprometiendo al Uruguay en un futuro próximo. No se nos pide aumentar la deuda por catástrofes climáticas ni factores extraordinarios o imprevistos que así lo justifiquen, sino que se sigue apostando a la variación en unidades indexadas y se lleva el tope de 5.500:000.000 de unidades indexadas a 9.000:000.000 de unidades indexadas retroactivo al 1° de enero de 2014. ¿Dónde está la austeridad en los gastos de la que tanto se ha hablado? Un capítulo aparte son las grandes inversiones de las que tanto nos hablan. Claro que mi Partido, el Partido Colorado, ha estado de acuerdo en invertir en educación, en salud, en seguridad, en promover planes sociales justos, pero no en que se gaste el dinero de todos los uruguayos en fomentar plataformas políticas para algunos, en descarada publicidad previamente a las elecciones y en tapar agujeros provocados por mala gestión en el uso y abuso de los dineros públicos. Cuando se invierte pretendiendo hacerlo en bien de la sociedad, se espera un retorno, una ganancia, pero parece que la inversión hecha en casi todos los rubros es meramente una aventura. Uruguay hoy tiene la deuda más grande de su historia. El Frente Amplio recibió el gobierno con US$ 15.000:000.000 de deuda; hoy, está en US$ 36.000:000.000. ¡Por favor! ¡Estamos hablando solo de diez años, con un país netamente en crecimiento!

Nos preguntamos: ¿qué precauciones adopta este gobierno para afrontar algún momento de crisis en que se deba tomar deudas en el exterior? ¿No deberíamos prepararnos para cuando los vientos, tan favorables en los últimos diez u once años, cambien porque el mundo y la región están cambiando? Creo que sería bueno ponerse un poncho de humildad y comenzar a trabajar en serio para revertir estos números y no estar pidiendo hoy que se vote una ley que, repito, para nosotros es inconstitucional. No estamos de acuerdo en seguir al Poder Ejecutivo en estas locas aventuras; no estamos de acuerdo con hipotecar ni condicionar el futuro de nuestro país. Por esta razón, decimos no a este proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo. Gracias, señor Presidente. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: agradezco que me conceda la palabra; había solicitado una interrupción a la señora Diputada Matiauda, que no me fue concedida. En primer lugar, cuando uno maneja cifras debe hacerlo con cierta seriedad y no decir: “la deuda más grande”. ¿Por qué no manejamos el Producto Bruto Interno más grande? Se habla de US$ 36.000:000.000. ¿Por qué no hablamos también del Producto Bruto Interno más grande de toda la historia del Uruguay? Claro: cuando uno trae un escrito, se pone las antiparras y lee. En segundo término, quiero hablar de publicidad. Se dijo que el Frente Amplio hizo mucha publicidad en la última campaña electoral. De repente hay gente que está enojada. Ahora bien: ¿alguna vez usted vio, estimado amigo -hablo con mi amigo, que está mirándome-, que el Banco de Previsión Social hiciera propaganda? Yo la vi desde 1995 a 2000: vi que se hacía propaganda cuando los partidos tradicionales estaban en el gobierno. Se hacía propaganda del Banco de Previsión Social en momentos en que estaba un tal Gustavo Trelles. El hombre andaba corriendo carreras no sé

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dónde, y se hacía propaganda del Banco de Previsión Social. ¡De repente era muy importante! En aquel momento ni siquiera existían las AFAP y quizás alguno podía venir e invertir en el Banco de Previsión Social. Y acá nadie me va a desmentir y estoy seguro de que nadie va a pedir la palabra para contestar una alusión. En tercer lugar, estamos hablando de la deuda externa. ¿Por qué no manejamos las cifras del gobierno de Jorge Batlle en el año 2002? Lo peor que uno puede hacer, sobre todo cuando se trae algo escrito, es esperar que nadie le vaya a contestar. Y también es verdad aquello de los lloriqueos. ¡Cuidado! La peor crisis política después de 1929 -que fue un poroto- la hizo el gobierno de Jorge Batlle, y acá nadie lloriqueó. Y por algo le fue como le fue. Y nadie vino acá a decir absolutamente nada. Ahora se quejan porque pedimos un poquito más de deuda externa. Pero no vamos a ir a pedir perdón de rodillas a la República Argentina porque los relajamos; vamos a decir que hoy tenemos un Producto Bruto Interno de casi US$ 60.000:000.000, una deuda bruta de US$ 35.000:000.000 y una deuda neta de US$ 15.000:000.000. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Termino, señor Presidente diciendo que tenemos unas reservas que hacen que Uruguay finalmente tenga el “investment grade”, aquello de lo que tanto se daba dique el gobierno colorado, que lo perdió y que volvió a conseguirlo el Gobierno del Frente Amplio. El “investment grade” lo consiguió nuevamente el Gobierno del Frente Amplio. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- El señor Diputado Gamou hizo alusiones, inclusive irónicas, hacia nuestro Partido. Pregunto si reglamentariamente se pueden hacer ese tipo de expresiones. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- En realidad, es en la media hora previa cuando no se pueden hacer alusiones políticas.

(Diálogos.- Campana de orden) Dese lectura al artículo 71 del Reglamento. (Se lee:) “Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos. (Artículos 83, inciso segundo y 153, inciso tercero).- Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente cuando esta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político. (Artículo 105, literal F)”. Creo que, después de la lectura del Reglamento, la situación ha quedado clara. SEÑOR CERSÓSIMO.- El señor Diputado Gamou no había hecho uso de la palabra. Por lo tanto, no podía realizar ninguna aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Fue una alusión a raíz de la intervención de la señora Diputada que hizo uso de la palabra antes que él. O sea que estamos en una etapa de alusiones; todos nos aludimos. Vamos a tratar de evitar esa etapa y seguir con el debate parlamentario. SEÑORA MATIAUDA.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MATIAUDA.- Señor Presidente: simplemente quiero hacer una aclaración al señor Diputado Gamou por la mención que hizo al año 2002, al Gobierno de Jorge Batlle. Quiero invitar al señor Diputado a debatir sobre esas circunstancias teniendo en cuenta las condiciones y la crisis en que estaba el país y cómo quedó en crecimiento, cómo se entregó el país y las arcas a su Gobierno. Lo hacemos en el momento en que usted quiera. Gracias.

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15.- Licencias. Integración del Cuerpo.
SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Orlando Lereté por el día 10 de febrero de 2015 y ante la denegatoria de la suplente convocada, señora María del Carmen Suárez, se convoca al suplente siguiente, señor Américo Carrasco”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 10 de febrero de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle que no acepto la convocatoria de la que he sido objeto, por esta única vez. Sin otro particular, saluda atentamente, María del Carmen Suárez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Visto la licencia oportunamente concedida por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Orlando Lereté, por el día 10 de febrero de 2015. CONSIDERANDO: I) Que el suplente convocado, señora María del Carmen Suárez no acepta por esta única vez la convocatoria de que fuera objeto. II) Que corresponde convocar al suplente correspondiente siguiente, de la hoja de votación Nro. 400, por el departamento de Canelones, del Lema Partido Nacional, al señor Américo Carrasco.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el artículo 3° de la Ley N° 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, a la suplente siguiente señora María del Carmen Suárez. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente, de la hoja de votación Nro. 400, por el departamento de Canelones, del Lema Partido Nacional, al señor Américo Carrasco. Sala de la Comisión, 10 de febrero de 2015. VÍCTOR SEMPRONI, MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ, JORGE SCHUSMAN”.

16.- Deuda neta del sector público. (Modificación del artículo 4º de la Ley Nº 17.947, en la redacción dada por el artículo 266 de la Ley Nº 18.834).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: creo que debemos tratar de ubicar el debate que se genera a raíz de la propuesta del Poder Ejecutivo para incrementar el tope de endeudamiento anual en el contexto adecuado. Lo primero que debemos decir es que estamos en el cierre de esta Legislatura. Desde el punto de vista de los tiempos políticos, nos parece adecuado que quien esté al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, en nombre del Poder Ejecutivo, venga a solicitar al Parlamento, en función de la situación fiscal con que cierra 2014, la autorización que prevé la Constitución de la República para incrementar el tope del endeudamiento. Entonces, hay una razón de oportunidad y de conveniencia desde el momento en que se cierra una Legislatura. En todo caso, los responsables de las finanzas de nuestro país vienen a hacerse cargo de lo que es un dato de la realidad, esto es, un déficit fiscal al 31 de diciembre de 2014 ni más ni menos que de un 3,5% del Producto Interno Bruto.

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Si bien esta situación dista de ser crítica, está claro que emite una señal notoriamente preocupante. Creemos que esto es confirmatorio de lo que dijimos al cabo de este período de gobierno. Todos sabemos que el Gobierno asumió mayores compromisos de gastos de los que debió en función de lo pautado como crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y eso queda de manifiesto al final del período. El déficit fiscal es la consecuencia manifiesta de una política que, al cabo de estos últimos cinco años de gobierno del Frente Amplio -podríamos citar los diez años de gobierno-, fomentó el gasto por encima de lo aconsejable, sin tener en cuenta que el país había crecido de manera excepcional. Esto no habría sucedido si se hubiesen atenido a algo que el Partido Independiente reclamó durante mucho tiempo: la existencia de una regla fiscal. Creo que este pedido del Poder Ejecutivo, si algo deja en claro, es que el Gobierno no estuvo dispuesto a seguir una regla fiscal. En todo caso, las reglas fiscales son lineamientos que en períodos excepcionales de crecimiento del Producto Interno Bruto como los que vivió el país nos permiten generar los ahorros necesarios para enfrentar épocas de vacas flacas, situaciones que se viven cuando se avecinan períodos de crisis. No creo -lo dijimos durante todo este último período y durante la campaña electoral- que haya circunstancias que supongan una situación extrema en las finanzas de nuestro país, pero fustigamos estas señales inadecuadas desde el punto de vista de lo que debe ser la gestión de las empresas públicas. En un contexto de crecimiento, el país debió haber generado ahorro, pero no lo hizo; al cabo de este último período va a cerrar el año fiscal con 3,5% de déficit del Producto Interno Bruto. A los efectos del financiamiento, eso va a implicar un aumento del endeudamiento. Por ello se pide en el ámbito del Poder Legislativo la autorización para atender el financiamiento de este déficit fiscal que, obviamente, implicará más deuda. Si se consideran las reservas internacionales que se generaron durante este tiempo, podrían utilizarse en parte para financiar el déficit. Estas son las alternativas que se presentan en materia de política económica y será algo que deberá decidir el próximo Gobierno, cuando asuma el 1º de marzo. Ciertamente, esto va a estar en la discusión del ámbi-

to parlamentario cuando abordemos, en particular, la ley presupuestal para el próximo período de gobierno. Ahora bien: un dato de la realidad es que el déficit fiscal existe. Desde nuestro punto de vista, el Poder Ejecutivo debe tener todas las herramientas disponibles para poder decidir en términos de política económica. Ya vendrá el momento de considerar la Ley de Presupuesto y de analizar las decisiones que haya tomado el Poder Ejecutivo en torno a este déficit fiscal que, de alguna manera, van a estar contempladas en la propuesta que se haga al Parlamento de la República que asume el próximo 15 de febrero. El déficit fiscal existe y, desde el punto de vista del manejo de las políticas económicas, es atendible la autorización que solicita el Poder Ejecutivo a efectos de incrementar el endeudamiento. Creo que los números -cuando nos remitimos a su análisis- muestran claramente que esta necesidad existe. De hecho, si estimamos el Producto Interno Bruto para 2014, seguramente esté en el entorno de los US$ 57.000:000.000. En consecuencia, tenemos que cada punto del Producto Interno Bruto está en el entorno de los US$ 574:000.000. Si analizamos las cifras brindadas por el Poder Ejecutivo -de acuerdo con el cierre del 31 de diciembre-, los tres puntos y medio de déficit fiscal del Producto equivalen a US$ 2.000:000.000 de endeudamiento adicional. El Poder Ejecutivo está pidiendo una autorización para elevar el tope de endeudamiento anual a U.I. 9.000:000.000, lo que equivale, aproximadamente, a algo menos de US$ 1.100:000.000. El Poder Ejecutivo podría haber utilizado el mecanismo que está previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 17.947, pero nos parece que lo adecuado es el mecanismo de la autorización del Poder Legislativo porque, entre otras cosas, permite que pongamos arriba de la mesa la discusión de este tema, que es el preámbulo de la discusión que vamos a tener que dar en la instancia presupuestal. De hecho, de acuerdo con las señales que aquí se dan, seguramente habrá un compromiso en lo que refiere a la baja del déficit fiscal, porque advertimos que el incremento del tope del endeudamiento que se solicita no contempla la totalidad del déficit fiscal que tiene el Gobierno al cierre del año 2014. Por estas razones, y porque entendemos que en materia de política económica es necesario tener dis-

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ponibles todos los instrumentos, el Partido Independiente va a acompañar este proyecto de ley, poniendo especial énfasis en que estamos en una situación preocupante, y en que aguardamos con especial preocupación la actitud del próximo Poder Ejecutivo, a partir del 1º de marzo, en cuanto a los compromisos que asumirá a los efectos de bajar este déficit fiscal. No resulta sostenible para una economía como la uruguaya, que ha crecido en estos últimos diez años, que al cabo de un segundo período de Gobierno se tenga un déficit fiscal de un 3,5% del Producto Bruto Interno. Pero, en todo caso, eso será parte de la discusión política que daremos en la instancia de la Ley de Presupuesto. Por ahora, nos remitimos a dar al Poder Ejecutivo, a través de la votación de este proyecto de ley, la herramienta que pide. La instancia política de la Ley de Presupuesto será de valoración, para ver, en definitiva, qué compromisos se asumen ante una situación que, repito, es preocupante. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: nosotros queremos hacer un aporte al debate en función de una discusión y de una reflexión que tuvo lugar en la mañana de hoy en la Comisión Permanente, que viene muy a cuento de lo que la Cámara está analizando en la tarde de hoy y que, sin duda, ayuda -o podría ayudar- a arrojar luz sobre las verdaderas razones que están detrás del déficit fiscal que el país enfrenta, en función de lo que ha sido la política de las cuentas públicas del Gobierno, o del Gobierno a la hora de administrar las cuentas públicas. Además, tenemos esta solicitud tardía -diría yo-, y con rasgos verdaderamente preocupantes desde el punto de vista de la constitucionalidad, de la solución que el Gobierno plantea por la vía de solicitar una autorización para un incremento del tope del endeudamiento. En la mañana de hoy, el Ministro Kreimerman compareció con los Directorios de Ancap y de UTE, precisamente para hacer referencia y dar las explicaciones vinculadas con las decisiones de ajustes tarifarios -una rebaja exigua en un caso, y un incremento desproporcionado en el otro- adoptadas en el mes de enero. Como el propio Presidente de la República en su momento reconoció, y el Ministro Kreimerman ex-

plícita o implícitamente terminó de aceptar en la mañana de hoy, está claro que esas decisiones de política tarifaria, relacionadas directamente con la competitividad del país y con el presupuesto de las familias uruguayas, que hacen referencia a la energía eléctrica y a los combustibles, estuvieron teñidas de connotaciones fiscales. Ese es uno de los mecanismos que el Gobierno ha escogido, complementariamente con el de endeudar más al país, a los efectos de compensar el déficit de las cuentas públicas. Yo creo que hay una inconstitucionalidad muy severa en esta solicitud del Gobierno, porque la autorización que prevé el numeral 6º del artículo 85 no es una autorización que pueda otorgarse con efecto retroactivo. El numeral 6º del artículo 85 dice que compete a la Asamblea General autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, pero no dice que eso se pueda hacer hacia atrás. Yo creo que la mejor forma de demostrar que estamos frente a una violación de la Constitución, es plantearnos el escenario inverso. ¿Qué pasaría si frente a esta solicitud no operaran automáticamente las mayorías que ahora van a operar y el Parlamento resolviera no dar esta autorización al Poder Ejecutivo? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cómo quedaría este incremento del endeudamiento que, en los hechos, el Gobierno, sin autorización alguna, ha practicado en función de la autorización de precepto constitucional que establece el numeral 6º del artículo 85? Sería muy grave, y yo creo que configuraría una responsabilidad severa del Presidente de la República y del Ministro de Economía y Finanzas, porque implicaría una violación a la Constitución, que probablemente hoy enmendemos o pasemos por alto, sin dejar de revestir la misma gravedad desde el punto de vista institucional. Está claro que hay un problema en las cuentas públicas que el Gobierno quiere resolver con la deuda, utilizando las tarifas públicas como variable de ajuste. En los hechos, es como una suerte de impuesto encubierto, en la medida en que las decisiones tarifarias del mes de enero notoriamente apuntan a generar una recaudación adicional, más allá de lo que indica la estructura de costos, tanto de la refinación y de la distribución de los combustibles, como de la generación y distribución de la energía eléctrica. El Gobierno ha fallado en las previsiones, y nosotros no queremos convalidar ni legitimar esa solución. El Gobierno anunció o estimó un déficit de 0,8% del

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PBI para el año 2014, que terminó siendo de 3,5%, y eso no fue por ninguna suerte de cataclismo o circunstancia adversa de la naturaleza ni cosa que se le parezca, sino que fue, sin ninguna duda, por una política desacertada desde el punto de vista fiscal en la que el impacto de la gestión, de las inversiones y de los gastos de las empresas públicas, tiene una incidencia absolutamente contundente y real. Quiero anotar otro elemento que también es de naturaleza fiscal. El Gobierno dijo en la campaña electoral que no crearía nuevos impuestos y que no aumentaría las tasas de los ya existentes. SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ABDALA.- Discúlpeme, señor Diputado. Si me da el tiempo, con muchísimo gusto se la concederé, pero estamos bastante acotados. Después podremos intercambiar opiniones a través de la vía de la aclaración. Sin embargo, señor Presidente, cuarenta o cincuenta días después del 30 de noviembre, que es cuando el doctor Vázquez fue electo Presidente de la República, se produjeron estas decisiones vinculadas con las tarifas públicas. En esos días, también se produjo un incremento del Imesi, impuesto que grava, entre otros bienes, a los combustibles derivados del petróleo y, en particular, a las naftas. El ajuste del Imesi -acá tengo el Decreto correspondiente- se estableció muy por encima del rango de la inflación, cuando el Título 11 del Texto Ordenado establece claramente que el Imesi, en el caso de los combustibles, debe ajustarse de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo. El Índice de Precios al Consumo aumentó un 8,26%; sin embargo, el ajuste del Imesi fue superior al 12%. Esto también implica, claramente, un ajuste y un incremento de las tasas de los impuestos, más allá de lo que la propia ley prevé, con el argumento de la existencia de una ley de carácter general y de un “Facúltase” que se dio en algún momento al Poder Ejecutivo en forma totalmente inconstitucional. Obviamente, esto tiene que ver con lo mismo: con el propósito de generar una recaudación tributaria adicional para ayudar a enmendar esta situación. Las inversiones de las empresas públicas y los planes estratégicos -en algunos casos fallidos- que se han impulsado, particularmente en Ancap, y la programación financiera de las inversiones y el flujo de caja que se estableció en determinadas inversiones millonarias de las empresas públicas, en especial en

Antel -seguramente necesarias, pero muy mal programadas desde el punto de vista del flujo financierohan impactado de tal forma en las cuentas públicas que hoy nos enfrentamos a esta realidad que estamos analizando. Tengo en mi poder el resultado consolidado del sector público y lo que aquí surge, con enorme nitidez, es que las inversiones de las empresas públicas impactan en el resultado fiscal en más de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, cuando los resultados primarios de dichas empresas están por debajo de esa cifra aproximadamente en un punto y medio. Esta situación es reciente; no se había visto en el primer Gobierno del Frente Amplio. Tenemos que decirlo con enorme sinceridad, y así lo planteamos en la mañana de hoy. Es bastante reciente el hecho de que las empresas públicas registren un resultado primario menor que el que representan sus inversiones y sus gastos. Durante el quinquenio que gobernó el doctor Vázquez, con el contador Astori al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, la situación estuvo relativamente controlada. Creo que al respecto no es justo hacer mayores reproches. Es en este período de Gobierno, del Presidente Mujica, cuando la situación se descontrola; las empresas públicas determinan como resultado un abultado gasto porque la inversión, desde el punto de vista contable, debe reputarse como gasto en las cuentas públicas, aunque ni remotamente llega a ser cubierto o compensado por los resultados primarios que ellas generan como resultado bruto y como ingreso por su actividad y por el cumplimiento de su giro. Entonces, señor Presidente, esto es un ajuste fiscal. Sé que este es un término que seguramente rechina o golpea en las conciencias de muchos señores legisladores, particularmente de quienes defienden la posición del Gobierno, pero lo de ajuste fiscal no es una cosa que se nos ocurra interpretar a nosotros. Economistas de diversa procedencia y de diverso perfil académico, desde Javier de Haedo hasta Gabriel Oddone, que integraba la “Nueva Agenda Progresista” que coordinó Álvaro García, reconocen hoy que la utilización de las tarifas públicas en esta oportunidad fue a los efectos de producir determinado resultado fiscal. El Presidente de la República, utilizando un eufemismo, pero demostrando una vez más la gran capacidad y el gran oficio que tiene a la hora de mane-

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jar las palabras y de administrar el idioma, habló de prudencia fiscal. Ese fue el término que utilizó. Así le llamemos prudencia, cautela o ajuste, en la medida en que eso tenga connotaciones fiscales resulta notorio que lo que está ocurriendo es que se utilizan las tarifas públicas a los efectos de generar determinada consecuencia de naturaleza fiscal. Alcanza con remitirse a los hechos. Yo pregunto: cuando el petróleo se derrumba, como lo hizo en los últimos meses, a un 60% de su valor original -hablo del precio del petróleo medido en pesos; la ponderación del valor del barril por el tipo de cambio implica una caída cercana al 50%-, pero la rebaja que el Gobierno decreta es en promedio del 5% -no llega a ser 3% en las naftas-, determinando una pérdida de competitividad severa de los precios de nuestros combustibles con relación a los precios de la región y de competitividad de los sectores productivos a la hora de la utilización del combustible como insumo fundamental en su actividad y en su producción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ajuste fiscal. Estamos hablando de utilizar la variable de las tarifas a los efectos de recaudar más allá de los costos para, obviamente, equilibrar las cuentas de Ancap y así equilibrar también las cuentas del Gobierno central. En el caso de UTE, el señor Ministro de Industria, Energía y Minería -como lo reconoció hoy-, en octubre anunció al país una rebaja de 5% de la tarifa eléctrica para enero de 2015 -o sea, ahora-, pero ese anuncio terminó convirtiéndose en una suba del 6,9% promedio, que fue mayor para los hogares, porque alcanzó el 7,2% en el caso de la tarifa residencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué lectura debe hacerse de esa decisión de UTE, que ya era polémica por los niveles enormes de hidraulicidad que ha tenido el país este año y por la situación favorable en cuanto al superávit de su cuenta corriente y con haber bajado -como bajó- el costo de abastecimiento de la demanda? Cuando eso es así y UTE aumenta lo que aumenta, ¿qué es? ¡Es un impuesto encubierto! Entonces, en este caso la decisión deja de vincularse a la política tarifaria, a lo que debe ser la determinación de los precios públicos en función de la cobertura de los costos que resulte necesaria para producir y distribuir los bienes públicos que después la población consume y, a partir de allí, se termina convirtiendo simplemente en un instrumento de recaudación fiscal, de muy dudosa y cuestionable legitimidad, porque la potestad tributaria

es del Parlamento y el Poder Ejecutivo no puede generar recaudaciones de tipo tributario, aunque sean disfrazadas de tarifas por la vía de los ajustes de los precios de las empresas públicas. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Yo me permití intervenir en este debate porque creo que es la realidad que palmariamente quedó establecida en el debate de la mañana de hoy. Me parece que acá hay un problema de legitimidad, porque venimos de una campaña electoral en la que se nos dijo que estas cosas no iban a pasar, pero después pasan; venimos de una política oficial que ha postulado, en aras de la justicia tributaria y de la justicia social, desgravar progresivamente el consumo y apostar como eje del sistema tributario a los impuestos directos, pero después resulta que por la vía de las tarifas sobrecargamos los bienes de consumo -los combustibles, la energía eléctrica-, y en la medida en que incrementemos su costo terminan impactando en todos los demás bienes de consumo. Entonces, hay una evidente contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso preelectoral o el discurso oficial y la política que el Gobierno, en el plano de los hechos, termina por concretar. Por estas razones y en función de que no advertimos aspectos vinculados con la gobernabilidad ni cosa que se le parezca, y también porque entendemos necesario que desde el punto de vista político las cosas queden claras y el Gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, pero sobre todo, por haber desairado al Poder Legislativo al no haber solicitado las autorizaciones correspondientes, conforme lo establece la Constitución, como lo ha anunciado nuestro compañero Diputado Gandini, el Partido Nacional va a votar negativamente este proyecto de ley. SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: voy a referirme a tres aspectos. En primer lugar, afortunadamente tenemos mayoría; menos mal que pensamos primero en el país, luego en el Partido y, después, en las personas. En esto no se trata de un proyecto para una persona, para un partido; se trata de un proyecto para el país.

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En segundo término, el señor Diputado preopinante anda jugando con la semántica sobre impuestos. A mí me encantan los españoles porque no andan jugando con la semántica. En España no juegan con la semántica; en ese país, afortunadamente, no le dicen Imesi; a un impuesto indirecto le dicen impuesto indirecto y a otro le dicen impuesto de lujo. Acá en Uruguay tenemos un impuesto a los sacos de piel, a los autos con una gran cilindrada. Según lo que dice el señor Diputado preopinante, se desprende que pretendería que tuviéramos una tasa única para el Imesi, cosa que no estamos dispuestos a hacer. Seguramente, el próximo Gobierno y los legisladores que estén en la próxima Legislatura seguirán avanzando en una reforma tributaria, y ya no va a existir un Impuesto al Valor Agregado y un Imesi, sino un impuesto, como le dicen en España, al lujo. No es lo mismo un Imesi, en base a lo que dijo el señor Diputado preopinante, sobre un auto de una cilindrada 3.000 a gasoil que sobre otro tipo de automóvil. No es lo mismo el impuesto a la gasolina. No me produce prurito hablar de bajar el precio del combustible. Sin embargo, hay que tener cuidado en no bajar el precio del combustible al que tiene un coche a gasoil que vale US$ 150.000, sino al que trabaja con su auto. De eso se trata justamente el hecho de seguir avanzando, y para hacerlo tenemos que continuar con la reforma fiscal que hizo el Frente Amplio, a la que tan furibundamente se opuso el Partido Nacional, para que pague más el que tiene más, para que pague más el que gana más. El día que podamos rebajar el precio del gasoil, asegurándonos que el beneficio sea para el que trabaja con el vehículo y no para el que se compra un auto de US$ 120.000 simplemente para pagar más barato el gasoil, vamos a pedir un poquito de ayuda. En este viaje estamos todos juntos y no se puede pedir la chancha y los cuatro reales; eso es muy difícil. Es muy fácil hablar después de que tuvimos un éxito monumental. Honestamente, es muy fácil hablar de Imesi porque en Uruguay no existe impuesto de lujo. Gracias, señor Presidente. SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: lo que plantea el señor Diputado Gamou es muy interesante, y por cierto estimula la reflexión y el intercambio. Incluso, mientras le escuchaba desgranar su pensamiento, me vino a la memoria un planteo de muy similar tenor que hizo el PIT-CNT a raíz de las decisiones tarifarias que el Gobierno adoptó recientemente. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Es verdad que el Imesi grava los productos suntuarios, pero también grava el combustible. Además del gasoil, grava las naftas, el queroseno, el aguarrás y los otros solventes, que no son necesariamente artículos de lujo; es más, el queroseno no lo es, porque siempre ha sido el combustible de los pobres, como se dice comúnmente, aunque haya sido sustituido por el supergás, pero no sé por cuánto tiempo pues se ha encarecido tanto que capaz que la gente vuelve a consumir queroseno, siempre que no le sigan subiendo el Imesi. Creo que es interesante el planteo de pensar en la posibilidad de subir la carga tributaria a bienes que eventualmente consumen las clases más acomodadas. Algo de eso dijo el PIT-CNT recientemente a raíz del incremento de la tarifa de UTE y de la exigua o casi nula rebaja de los combustibles que decretó el Gobierno. En una declaración, el PIT-CNT manifestó sorpresa y preocupación por las decisiones tarifarias que adoptó el Gobierno y, además, resolvió -figura en las versiones de prensa de los primeros días de eneropedir una reunión al Presidente electo, el doctor Vázquez, para hablar de estas cosas. El PIT-CNT dice que le quiere preguntar a Vázquez si su política tarifaria se va a sustentar en criterios similares a los que aplicó el actual Gobierno en las decisiones del pasado mes de enero o si va a ir por otro camino. Creo que es muy pertinente la pregunta, porque el nuevo Gobierno irá por muy mal camino si sigue utilizando, como lo hizo este -supongo que con la aceptación tácita o explícita del Gobierno que viene-, las tarifas públicas como instrumento de recaudación. Por ejemplo, Ricardo Cajigas, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y me parece un hombre honesto y confiable, dijo que si el Presidente se propone ir por el mismo camino y utilizar las tarifas como variable de ajuste ellos van a proponer medidas alternativas. Entre ellas, hay algunas como las que sugirió el señor Diputado Gamou en el sentido de subir los impuestos a los artículos de lujo como los tapados de piel. Eso se podría analizar, pero no sé

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qué resultado fiscal puede tener desde el punto de vista del incremento de la recaudación. Claramente, hoy no se fue por ese camino y se gravaron las tarifas que pagan los uruguayos sin distinción de clase social ni de procedencia socioeconómica y que termina agravando el costo del presupuesto familiar de los sectores más humildes que pagan la tarifa eléctrica y de los que compran el queroseno, que seguirá siendo por algún tiempo el combustible de los pobres. Gracias, señor Presidente. SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: considero que las discusiones económicas se deben hacer siempre a partir de la premisa de que nadie tiene una Biblia. Estamos hablando de números y las políticas económicas son siempre políticas sobre vínculos entre variables macroeconómicas. El vínculo perfecto entre variables no existe, lo que sí hay son zonas de vínculos entre variables que permiten desarrollar ciertos objetivos políticos que un Gobierno se plantea. No hay ninguna medida de política económica que sea neutra. No hay ninguna medida de política económica que por sí sola resuelva todo el conjunto de problemas que debe enfrentar una sociedad. Un ejemplo de esto es el déficit fiscal, ya que si se lo baja, se lo lleva a cero o se llega al superávit fiscal, no quiere decir que toda la economía esté andando bien. Uruguay tiene una viejísima historia de déficit fiscal; prácticamente desde que surge como nación tiene déficit fiscal y deuda. Puntualmente, en algún semestre de algún período se logró equilibrio fiscal, pero desde el año 1828 en adelante el país tiene déficit fiscal y deuda. Hasta 1880 lo financió con el alto comercio montevideano. Alrededor de 1860 se fundó el Banco Comercial que era básicamente el banco de los capitales del alto comercio montevideano que le prestaban al Gobierno. En 1880 tomamos el primer préstamo en el exterior, en Londres, y desde entonces hemos estado endeudados siempre. Los déficit que se cubrieron con esas deudas no necesariamente fueron malos. Algunos fueron para construir el puerto de Montevideo o el saneamiento de la ciudad. Es decir que los Estados muchas veces

se endeudan para crecer, invertir, buscar infraestructura o sostener un gasto social que es imprescindible para dar a la población un cierto nivel de vida que sea austeramente respetable. El déficit fiscal que tenemos hoy proviene de la inversión y del gasto social del Estado. El señor Diputado Posada recién me mostró los números, porque yo no estuve en la Comisión de Hacienda y no había visto el documento que envió el Poder Ejecutivo, y advierto que el cierre del 31 de diciembre de las empresas públicas no tiene diferencia con el del año anterior. Por lo tanto, el incremento de déficit no se puede atribuir al gasto de las empresas públicas. Seguramente, se vincula con el incremento del gasto social del Estado, en particular las transferencias que siempre son de las cuentas número uno o dos de todo Presupuesto. En los egresos del Estado están las transferencias. En particular, en Uruguay tenemos las transferencias al Banco de Previsión Social y al Sistema Nacional Integrado de Salud, que como sabemos está en evolución de crecimiento y recibiendo nuevos contingentes muchos de los cuales son deficitarios desde el punto de vista del Fonasa, que deben ser integrados con un aporte particular del Tesoro. Como decía, el endeudamiento vinculado al déficit también tiene una historia riquísima y larguísima en este país, pero hay que medir la deuda con relación a otras variables. Básicamente, las otras variables son la riqueza nacional y las exportaciones porque, en definitiva, el endeudamiento se mide contraponiéndolo al estado patrimonial o a los ingresos, lo que nos da una idea de la situación económica, en el primer caso, y de la situación financiera del Estado en el segundo. Y, francamente, estas dos mediciones, en estos últimos diez años, demuestran que Uruguay viene avanzando porque su deuda con relación a su riqueza y al volumen de exportaciones anuales se está reduciendo. Por lo tanto, no hay alarma, lo que no quiere decir que no tengamos preocupaciones. Claro que las tenemos, pero no hay soluciones mágicas, porque la reducción del déficit fiscal a cero solo se puede hacer sobre la base de reducciones de gasto del Estado, que van a tener inmediatamente una repercusión en el nivel de vida de la población. Entonces, como decía al principio, esto puede dar lugar a discusiones porque ¿cuál es el déficit que podemos sostener con relación al nivel económico que le queremos dar a la pobla-

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ción? ¿Cuál es el mejor equilibrio? Siempre hay discusión sobre esto; siempre podemos discutir si es un poco más de déficit o un poco menos. Lo que no se puede suponer o argumentar es que hay una variable que si logramos llevarla a cero o a números positivos, por sí misma nos permitirá resolver el conjunto de los problemas económicos que tiene planteada una economía porque, reitero, hay muchas variables que están en juego. La realidad, señor Presidente, es que el país sigue creciendo. Este no es un dato menor porque estamos en un mundo donde esto, a lo que nosotros estamos tan acostumbrados y tendemos a tomar como algo normal, no es lo normal. Hace pocos días escuché el informe que hizo el Presidente de Venezuela al Congreso. Informó que el país había bajado dos puntos y medio de PBI, que tenía un 67% de inflación y se alegró de que, en ese contexto, no hubiera aumentado el desempleo. También podríamos detenernos en los números de cierre de Brasil y de Argentina y a ver cómo está la región. Crecer a las tasas que lo estamos haciendo nosotros es algo que debería estar en la primera línea de análisis de cómo está la situación económica del país. Estamos creciendo y lo hacemos sin reducción del gasto social -por eso en parte tenemos déficit- y, además, sin ajuste fiscal. Lo digo porque podríamos hacer todos los artilugios que queramos respecto de las tarifas públicas y los impuestos. La realidad es que un ajuste fiscal es un aumento de los impuestos y en este país no se han aumentado los impuestos. Esa es otra razón por la cual hay déficit fiscal, porque si se aumentan los impuestos, el déficit fiscal se enjuga muy rápido. También se puede enjugar si se disminuyen las transferencias al BPS y al Sistema Nacional Integrado de Salud, pero ahí tendríamos otras consecuencias. Y estamos tomando una decisión de política económica; claro que sí. Queremos seguir financiando un Banco de Previsión Social que paga, crecientemente, mejores jubilaciones y pensiones y queremos seguir financiando un Sistema Nacional Integrado de Salud que sigue incorporando sectores en forma universal. Hay una reducción del endeudamiento en relación al PBI. Por lo tanto, hay una reducción del endeudamiento en relación a la riqueza que genera el país y este es un dato clave vinculado a la reducción del riesgo país y a la información que sobre el país

toman nuestros acreedores a la hora de salir a comprar nuestros títulos de deuda. Hay también un abaratamiento y una mejora general en las condiciones en las que colocamos deuda en los mercados internacionales. Este tampoco es un dato menor. Señor Presidente, en la región estamos viendo los problemas de Argentina para colocar títulos de deuda y nosotros tenemos ofertas que sobrepasan hasta en el doble lo que estamos ofreciendo en papeles; además, contamos con una de las mejores cotizaciones en el mercado de los bonos de toda América Latina. Al mismo tiempo, crecen las reservas del país. Esta es una buena noticia; claro, está vinculada a la anterior. En gran medida, cuando se informa a los posibles acreedores del Uruguay qué riesgos tienen esos bonos que van a ir a comprar en la bolsa, lo que les están diciendo, entre otras cosas, es que este es un país con un volumen de reservas que garantiza al Uruguay con respecto a corridas bancarias y saltos en el tipo de cambio. Eso nos permite financiar el déficit de forma más barata y a mayores plazos. Además, tenemos un problema de inflación infinitamente menor que el de otros países, sin duda, en parte, vinculado a todos estos temas. También hay que decir que la inflación en el Uruguay está vinculada al incremento del tipo de cambio y a los aumentos salariales porque hay más masa de dinero en la calle y, por lo tanto, más demanda. Asimismo, está vinculada al incremento del gasto social del Estado porque eso integra la demanda. Por lo tanto, no es que la decisión de bajar la inflación a ultranza y a cualquier costo no tenga consecuencias. Diría más: pretender crecer a las tasas que lo estamos haciendo, distribuyendo sin inflación, está fuera de lugar en cualquier sistema económico. Por lo tanto, comparto algo que se ha dicho en Sala: no tenemos alarma porque en una situación mundial compleja y bastante crítica a nivel regional, el país está en muy buenas condiciones. El incremento de deuda que se está solicitando está perfectamente relacionado con las demás variables que están en juego y, en definitiva, es absolutamente sensato que se apruebe. Y esa deuda será tomada en las mejores condiciones históricas que ha tenido el país para hacerlo, en esa larga saga que hoy refería y, además, en las mejores condiciones que tiene cualquier país de la región para tomar deuda de los mercados internacionales.

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Por tanto, esto es lo que nos lleva a votar con tranquilidad la extensión del monto de la deuda que nos pide el Poder Ejecutivo. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: a esta altura del debate, quiero expresar que ya los compañeros Alfredo Asti y Gonzalo Mujica han expuesto el tema con total claridad. También el compañero Diputado del Partido Independiente -que va a acompañar este proyecto- ha hecho un análisis que me parece justo y creo que sí, que estamos en la antesala de lo que va a ser la Rendición de Cuentas y el Presupuesto nacional. Por lo tanto, me parecen muy razonables las expresiones que aquí se manejaron. Señor Presidente: estamos ante un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, con total transparencia, como se ha hecho desde hace diez años en todo lo que tiene que ver con los Presupuestos nacionales y las Rendiciones de Cuentas. Esa transparencia supuso un cambio importante en la vida nacional desde que llegó el Frente Amplio. Todos recordamos que antes las Rendiciones de Cuentas venían con un informe del Banco Central -en dos carillas-, y así se debatían y se analizaban. Desde hace diez años esto ha cambiado en forma radical y para bien. Así ha sido entendido y promovido en los debates de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda por parte de la oposición, que ha manifestado que desde que está el Frente Amplio viene una profusa información y una cantidad de detalles técnicos macroeconómicos y de cada uno de los Incisos que permiten, aun a los legisladores que no conocemos el tema, comprender de la mejor manera, a través de algunos asesores, de qué se está hablando. Ese es un cambio importantísimo que se dio hace diez años y vino para quedarse. En este sentido se está tratando el proyecto en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con total transparencia, con el fin de que se apruebe la modificación del artículo 266 de la Ley Nº 18.834. Una vez más, como desde hace diez años, en los Presupuestos del Frente Amplio y en cada Rendición de Cuentas surgen situaciones apocalípticas de una parte de la oposición. Desde hace diez años estamos en esta situación como consecuencia de esos análisis de la oposición, pero resulta que el país crece y se desarrolla, las empresas públicas se fortalecen, crecen

los salarios en todas las ramas de actividad -pública y privada- y también las jubilaciones. Hay una consolidación histórica de las reservas del país y, por tanto, no hay situación apocalíptica alguna, pero este tema hay que tratarlo porque, como bien se dijo aquí, hay un monto importante de reservas en el Uruguay que tienen un costo y, naturalmente, ello afecta el déficit fiscal. También hay importantes inversiones en telecomunicaciones, a través de la fibra óptica y otros recursos, y hay inversiones en UTE. Todos estos son datos de la realidad. No estamos haciendo un análisis teórico de lo que puede venir, sino datos de la realidad. Me refiero, por ejemplo, a la construcción de los parques eólicos, que está a la vista; al pasaje de nuevos colectivos al Fonasa; a una flexibilización de las jubilaciones por la nueva ley -que también contribuyó a este déficit-, a la inversión en la planta desulfurizadora de Ancap y al aumento de las inversiones en educación y salud. En definitiva, es todo lo que ya conocemos. Son datos de la realidad, y por eso hace pocos meses el pueblo uruguayo, al comprender todo esto, dio por cinco años más la conducción del país al Frente Amplio. Nosotros respetamos todas las opiniones y, naturalmente, las de la oposición. Quiero hacer referencia de manera especial a algo que es recurrente en la Comisión de Presupuestos y en las Rendiciones de Cuentas. En ese sentido, hoy de mañana escuché a un señor Diputado preopinante que se atajó y dijo: “Ahora sé que voy a decir esto y me van a decir…”. Pero se trata de datos de la realidad y el señor Diputado preopinante no puede discutir los datos de la realidad, porque si yo tengo aquí una hoja, y todos sabemos que esto es una hoja, y el señor Diputado preopinante o yo queremos interpretar que es un perro, que mueve la cola, que ladra, que hace sus necesidades y que se rasca las pulgas, no podemos hacerlo porque ese es un deseo. La realidad es que sigue siendo una hoja. Entonces, cuando comparamos algunas cosas que han hecho, y pasamos por encima los datos de la realidad, de acuerdo con el currículo del Partido de este legislador -a quien aprecio muchísimo-, “googleando”, vemos que en el año 1990 ellos hicieron un tratamiento de la situación crítica del país que se contradice con las opiniones y los intereses que aquí pretenden demostrar. Seguramente querrán hacerlo con la mayor sensibilidad, ya que hablan de la preocupación por el compromiso con las familias uruguayas. Esto lo comparto porque también forma parte

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de los cambios. Los cambios que hay en el Uruguay hacen que hoy haya compromiso con las necesidades de las familias uruguayas, como también compromiso y atención al movimiento sindical uruguayo y al PIT-CNT. Señor Presidente: fíjese que aquí se habla de la preocupación por algunas declaraciones que hizo el movimiento sindical, que hace bien en defender sus intereses. Entonces, “googleo” sobre el currículo de este sector, que asume el Gobierno en el año 1990, con el fin de ver qué hizo en su historia, porque yo escucho y quiero aprender. Me interesa saber si se preocupó por lo que reclamaba el PIT-CNT. Se hace referencia al compañero Cajigas, a quien conozco desde hace muchos años. Fuimos corredactores de esto que voy a leer ahora, que es consecuencia de que el Gobierno que asumió el 1° de marzo envió -creo que el 7 de marzo- el proyecto que se convertiría en la Ley Nº 16.107 que, entre otras cosas, aumentó la tasa del IVA del 21% al 22%. Eso sí que fue un fiscalazo, porque tenía que ver con los impuestos. Aumentó el Impuesto a las Retribuciones Personales, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la siguiente escala: de 0% a 3,5% a quienes percibían hasta tres salarios mínimos, o sea que a todo lo que caminaba se le aplicaba un impuesto. Y así podemos seguir desarrollando lo que fue la Ley Nº 16.107. El texto que correlatamos con el compañero Cajigas decía: “Los trabajadores nucleados en el PIT-CNT anunciaron lo que, en forma inmediata, y a lo largo de los años sucedió: el recordado fiscalazo contra el pueblo”. Y en un comunicado público -el que corredactamos- se manifestó: “el Gobierno aprobó -junto al Partido Colorado- una ley de Ajuste Fiscal y lleva adelante una política salarial, afirmando que así se contendría la inflación”. Continúa así: “en el mismo sentido ha puesto a consideración del Parlamento Nacional y de sectores políticos diversas iniciativas que refuerzan la política económica social de choque que se pretende seguir adelante”, y que se siguió, con las consecuencias que todos sabemos. Señor Presidente: creo que se hace bien en prestar atención al PIT-CNT, pero también se hace bien en reconocer que hoy hay una historia a raíz de los cambios que ha producido el Frente Amplio, que han sensibilizado a aquellos sectores políticos que estuvieron en el Gobierno hace años y hoy ven la necesidad de que haya un movimiento sindical organizado, que se

preocupe por estos temas pero en su momento, ante ese fiscalazo que, como frutilla de la torta, dejó de lado la citación a los Consejos de Salarios, promoviendo que 1:650.000 trabajadores quedaran fuera de la actividad, lo que trajo como consecuencia marginación, pobreza, etcétera. Queríamos dejar esta constancia porque es recurrente, por parte de uno de los partidos que ya estuvo en el Gobierno, mencionar la sensibilidad con el movimiento sindical y la necesidad de tenerlo en cuenta para el análisis de estos temas. Reitero: estamos totalmente de acuerdo con lo que ya expresaron los compañeros Diputados Asti y Mujica y con la exposición que hizo el compañero Diputado del Partido Independiente en esta sesión. SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GROBA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: respecto a este proyecto de ley que estamos tratando, hemos escuchado hablar de temas de forma y de fondo, referidos a ajustes fiscales y a la gestión de las empresas públicas. Al respecto, tenemos una serie de documentos que están a disposición de todos los señores y señoras legisladores que indican que, directamente, el tema de la empresa pública -a la que quiero referirme muy brevemente- es algo sumamente importante desde el punto de vista de la inversión. Inclusive, en el diario “El Observador”, a través de la Unidad de Análisis Económico, se expresa con claridad que UTE fue la empresa que más invirtió durante el último año, con un gasto -en ese rubro- equivalente a 0,9% del PBI. Se trata del mayor nivel de inversión desde el año 1999. De Antel dice prácticamente lo mismo; fija el porcentaje en un 0,8% y señala que no hay registros previos de esta inversión. Además, se señala que el resto de las empresas públicas mostró niveles de inversión en línea o por debajo de la media histórica; es el caso de OSE, de la ANP, de Ancap, etcétera. Sobre el resultado fiscal dice que desde esas perspectivas las empresas públicas gastaron un 0,4% del PBI por encima de los ingresos que percibieron durante el último año.

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Asimismo, en relación al porcentaje de OSE, de Antel y de Ancap dice algo que quiero compartir con las señoras y los señores legisladores: “Sin embargo, esa perspectiva no considera que las inversiones que realizan las empresas públicas tienen como contrapartida un incremento de los activos en su poder y, por lo tanto, no representan una pérdida para su patrimonio”. Este concepto es muy importante y lo quería compartir. Más adelante dice: “Por eso, si se considera el resultado operativo -la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin considerar inversiones ni el pago de dividendos al Estado en su conjunto- las empresas públicas mantienen un saldo superavitario, aunque levemente menor al que registraban el año pasado”. Se ha dicho aquí que en este momento Uruguay tiene la deuda más alta de toda la historia de nuestro país; claro: se mira los números y no se tiene en cuenta que el PBI aumenta o disminuye anualmente, y con el Gobierno del Frente Amplio ha aumentado. Un título del diario “El País” dice “Deuda neta en el año 2014 alcanzó su menor nivel en 15 años”. Esto es absolutamente categórico. Por otra parte, el economista del Partido Nacional Javier de Haedo también es categórico cuando habla de las pérdidas de Antel en 2014: “Veo a muchos opinando sin mayor conocimiento sobre ‘pérdidas’ de Antel en 2014. Los US$ 276 millones negativos son el ‘resultado de caja'”. Ese déficit fue señalado oportunamente en una extensa nota de dos páginas en el diario “El País” donde recordaba que Antel invirtió una cifra extraordinaria en el tendido de fibra óptica iniciado en 2013, que tuvo un verdadero impacto en la sociedad uruguaya. Además, dijo: “sin contar las inversiones, que en empresas privadas sólo van a ‘pérdidas’ por la amortización anual, Antel ganó US$ 154 millones en 2014”. Así ocurre con cada una de las empresas que podemos analizar en profundidad. Esta es la respuesta a manifestaciones que se hicieron y que nosotros no compartimos. Tenemos aquí los documentos para reafirmar nuestra posición en cuanto a votar en formar favorable este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Ha finalizado el tiempo del señor Diputado Groba. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Schusman.

SEÑOR SCHUSMAN.- Señor Presidente: si observamos la variación que viene adquiriendo el monto de la deuda externa perteneciente al sector público, vemos que en el año 1985 -primero de la democracia, luego de la dictadura- la deuda externa era de US$ 2.911:000.000. Debemos aclarar que tomamos solo el sector público y no el privado. Esos casi tres mil millones de dólares se mantuvieron prácticamente durante todo el período, llegando al término de ese primer mandato de Sanguinetti a US$ 3.648:000.000. Posteriormente, desde 1990 a 1995, la deuda del sector público se mantuvo prácticamente estable, pasando de US$ 3.777:000.000 a US$ 4.125:000.000, lo que significa un incremento de tan solo un 9%. Similar fue lo ocurrido durante la segunda Presidencia de Sanguinetti, cuando la deuda externa pública pasó de US$ 4.626:000.000 a US$ 5.271:000.000, lo que representa un incremento del 13% en todo el período. Luego vino la crisis del año 2002, situación heredada del exterior, que obligó al país a endeudarse como solución para afrontar la corrida bancaria. Entonces, la deuda trepó de US$ 6.092:000.000 a US$ 10.206:000.000, significando un incremento del 67%. Ese dinero fue necesario para estabilizar la economía y poner fin a la corrida bancaria que afectaba al país. Ahora bien, si consideramos los cinco años que van de 2008 a 2013, la deuda externa del sector público pasó de US$ 10.735:000.000 a US$ 22.822:000.000. La deuda externa en el momento de la crisis pasó de US$ 6.000:000.000 a US$ 10.000:000.000, pero sin crisis financiera y en un período de estabilidad económica pasa de US$ 10.735:000.000 a US$ 22.822:000.000, un monto que nunca había conocido la historia de nuestro país. El Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, hizo un análisis muy interesante comparando el valor total de la deuda externa con el Producto Bruto Interno y destacando, -¡como si fuera un logro de este Gobierno frenteamplista!- que la deuda externa correspondía al 50% del Producto Bruto Interno. En el año 1999, el último de la segunda Presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, la deuda externa total en relación con el Producto Bruto Interno también era de 0,5%, es decir que también en aquel momento significaba la mitad del PBI, pero la relación entre deuda externa y Producto Bruto Interno -mal que nos pese a nosotros y al partido de gobierno- no

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fue la mejor durante nuestras gestiones, sino durante el Gobierno del Partido Nacional, cuando fue del 25%. Seguramente, el incremento de la deuda externa pública actual, llegando a valores sin precedentes en la historia del Uruguay, es para tratar de financiar el gasto de un Estado hipertrofiado que incrementa el déficit fiscal a un 3,3% del Producto Bruto Interno. Ese déficit fiscal se explica, entre otras cosas, por el aumento de funcionarios públicos, que pasaron de 231.270 en 2005 a 280.853 en 2014, es decir un incremento de 49.500 funcionarios. Es cierto que los plazos de vencimiento de los pagos de la deuda se han postergado, llegando, inclusive, al año 2050. Si bien esto da más oxígeno a la economía actual, a su vez significa dejar a las nuevas generaciones todo el peso del pago de las deudas adquiridas actualmente. Quiere decir que se aumentó el gasto público financiándolo con endeudamiento externo para satisfacer las necesidades electorales del partido de gobierno, dejando para las nuevas generaciones una enorme deuda progresista. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta en setenta y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR ABDALA.- Solicito que se rectifique la votación. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Cincuenta y dos en setenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR GAMOU.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

17.- Solicitud de declaración de gravedad y urgencia.
Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Delgado, Gandini, Cantero Piali, Cersósimo, Iturralde Viñas y Arocena. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare grave y urgente la consideración del proyecto de ley del Código Penal. (Carp. Nº 486/2010)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Veintiuno en setenta y cuatro: NEGATIVA. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: hemos presentado esta moción para tratar en forma grave y urgente el proyecto de ley del Código Penal, en virtud de los compromisos asumidos hace mucho tiempo en cuanto a aprobarlo en esta Legislatura. Todos sabemos que este proyecto de ley fue creado por una Comisión establecida en el Gobierno de Vázquez, la cual trabajó cinco años, presidida por el doctor Cairoli -ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia-, y elaboró un proyecto de Código Penal que luego fue remitido al Parlamento por el Gobierno del Presidente Mujica. Esta Legislatura trabajó sobre este proyecto en forma constante en la Comisión -en esto tenemos que reconocer la actitud de sus miembros- y, en el mes de diciembre, fue votado por la unanimidad de los sectores y partidos políticos, y fue remitido al plenario de esta Cámara. Cuando llegó al plenario, vimos con desazón que el Partido Frente Amplio no votaba el pro-

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yecto y que este fue derivado nuevamente a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Señor Presidente: yo creo que esta era una gran oportunidad para aprobar una reforma a un Código Penal que, vigente desde 1934, esperó ochenta años para concretarse. Pienso que después de diez años -cinco de la Presidencia del doctor Vázquez y cinco de la de Mujica-, sin duda, el Partido Nacional estaba pronto para votar la reforma de esta norma. Es claro que la materia penal, así como otras, siempre está en evolución y siempre es posible establecer reformas y aportes a dichas normas, pero si no decidimos votarlas de una vez por todas, es muy difícil que se puedan materializar en una norma que modifique y modernice la administración de justicia en nuestro país. Creo que hay que tener coraje cívico para asumir las reformas que nos hemos planteado, y a mí me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: nosotros, como Frente Amplio, tal cual lo dijimos cuando se trató el tema en el plenario, pensamos que este Código Penal necesita modificaciones y aportes que estamos dispuestos a hacer en el próximo período. El tercer inciso del artículo 104 de la Constitución establece: “[…] podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria […]”, y este tema no figura en el orden del día. Pensamos que podemos tener un mejor Código Penal si lo hacemos en el próximo período, que dentro de unos días va a comenzar. Por lo tanto, su consideración no corresponde por lo que establece el artículo 104 de la Constitución: no figura en el orden del día. SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: como decía el señor Diputado Borsari Brenna en su fundamento, el trabajo sobre este Código ha sido largo. El Poder Ejecutivo creó una Comisión notable que trabajó cinco años, integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Magistrados del Uruguay y de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, es decir, por quienes están en condiciones técnicas de elaborar una modificación al Código Penal. La realidad es que esa Comisión no logró unanimidad y tuvo grandes problemas en avanzar en el desarrollo del proyecto, que finalmente se envió para su tratamiento legislativo. El Parlamento, inmediatamente después de tomar conocimiento del proyecto, recibió opiniones discordantes con su contenido de parte de un conjunto de organizaciones sociales y de la propia academia, y una enumeración de las dificultades que tuvieron para elaborar el proyecto alternativo que nos enviaron. La tarea que realizó la Comisión consistió, básicamente, en desglosar los artículos cuestionados e intentar una mejor redacción. Como se ha dicho en Sala, en diciembre del año pasado votamos una versión que nos pareció que resolvía los problemas planteados. Sin embargo, una vez que esa versión fue publicitada, un conjunto muy importante de organizaciones sociales y también de académicos manifestó que las modificaciones no eran suficientes ni daban satisfacción a las preocupaciones que tenían. Por esa razón, el Frente Amplio votó la vuelta a Comisión del proyecto. Seguimos con el mismo compromiso que antes, pero pensamos que el tiempo que requería el conjunto de modificaciones que se nos solicitó realizar excedía el que le podíamos dedicar en el correr de estos últimos treinta días. Creemos que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración es el ámbito natural para seguir trabajando en este proyecto a fin de que, después de ochenta años, podamos tener un Código Penal que haga honor a su precedente y que esté a la altura de lo que el país necesita. Gracias.

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18.- Intermedio.
SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Solicito un intermedio de cinco minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 17 y 38) ——Continúa la sesión. (Es la hora 17 y 50)

aprobó la Ley N° 19.126 de Minería de Gran Porte ante un nuevo escenario global, la creciente sofisticación tecnológica de los actuales sistemas de producción, transporte y servicios a nivel mundial asociados al sector minero y ante la posibilidad de que el país asumiera nuevas inversiones en emprendimientos mineros metálicos de gran porte. El proyecto de ley que se envía a consideración del Poder Legislativo establece una modificación a dicha norma atendiendo a los requerimientos de las evaluaciones de los proyectos mineros metálicos de gran escala. En particular, se dispone la modificación de los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley N° 19.126 para el procedimiento de concesión para explotar, que permita profundizar en un marco de análisis de la evolución de este sector de actividad, el procesamiento de la necesaria información y los estudios técnicos requeridos en los proyectos de minería metálica de gran porte, los cuales deben procesarse con el objetivo de asegurar una actividad minera sustentable en lo económico, social y ambiental. Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, ROBERTO KREIMERMAN. PROYECTO DE LEY

19.- Declaración de gravedad y urgencia.
——De acuerdo con el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en segundo término del orden del día. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

20.- Minería de gran porte. (Sustitución del literal C) del artículo 24 de la Ley Nº 19.126).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Minería de gran porte. (Sustitución del literal C) del artículo 24 de la Ley Nº19.126)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 1469 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Industria, Energía y Minería Montevideo, 2 de febrero de 2015 Señor Presidente de la Asamblea General Cr. Danilo Astori: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto modificativo de la Ley N° 19.126 de Minería de Gran Porte (MGP), de fecha 11 de setiembre de 2013. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La regulación de las actividades mineras a través de diversas normas es de larga data. En 2013 se

Artículo Único.- Sustitúyese el literal C) del artículo 24 (Procedimiento) de la Ley N° 19.126, de 11 de setiembre de 2013, por el siguiente: “C) El plazo para alcanzar dicho acuerdo será de trescientos sesenta días desde la declaración de Minería de Gran Porte. De común acuerdo se podrá extender dicho plazo por hasta trescientos sesenta días adicionales. En caso de no alcanzarse dicho acuerdo o de no otorgarse la concesión para explotar, operará el artículo 38 de la presente ley. En dicha circunstancia, el solicitante de la concesión para explotar tendrá prioridad ante la Administración para presentar un posible interesado, durante los primeros noventa días en que dicha área de Minería de Gran Porte haya entrado en el Registro de Vacancias. En caso de que el solicitante presente un nuevo interesado, se establece un plazo de ciento veinte días no prorrogables para alcanzar un acuerdo”. Montevideo, 2 de febrero de 2015 ROBERTO KREIMERMAN.

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CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Sustitúyese el literal C) del artículo 24 (Procedimiento) de la Ley Nº 19.126, de 11 de setiembre de 2013, por el siguiente: “C) El plazo para alcanzar dicho acuerdo será de trescientos sesenta días desde la declaración de Minería de Gran Porte. De común acuerdo se podrá extender dicho plazo por hasta trescientos sesenta días adicionales. En caso de no alcanzarse dicho acuerdo o de no otorgarse la concesión para explotar, operará el artículo 38 de la presente ley. En dicha circunstancia, el solicitante de la concesión para explotar tendrá prioridad ante la Administración para presentar un posible interesado, durante los primeros noventa días en que dicha área de Minería de Gran Porte haya entrado en el Registro de Vacancias. En caso de que el solicitante presente un nuevo interesado, se establece un plazo de ciento veinte días no prorrogables para alcanzar un acuerdo”. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de febrero de 2015. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: nosotros, desde el Partido Colorado, adelantamos que no vamos a votar este proyecto de ley porque nos genera mucha incertidumbre y consideramos que tiene poca transparencia. De todos modos, antes de empezar a decir por qué nos genera incertidumbre y nos parece poco transparente, quisiera decir que soy una fiel defensora de las inversiones en nuestro país. Además, quisiera recordar que la ley de inversiones, la Ley Nº 16.609, fue creada por el Partido Colorado en el año 1998, y

nosotros creemos que es de una tónica excepcional para los países que utilizan este tipo de iniciativa. Sin embargo, debemos recordar que las inversiones no vienen por generación espontánea, sino de la mano de inversores, y nosotros, el país y el Gobierno de turno, debemos tener cautela y precaución al elegir a los inversores que vienen a instalarse a nuestro país, ya que de lo contrario, en lugar de obtener una ventaja podemos encontrar complicaciones a través de juicios y pérdidas, amén de otras consecuencias gravísimas para la sociedad. Algo así también generará poca credibilidad en la ciudadanía, lo que repercutirá en el Gobierno, aunque lo pagará toda la sociedad. Nosotros, desde la oposición, dijimos -y avisamos- que no nos gustaban los Campiani, y sucedió lo de Pluna; también avisamos lo del caballero de la derecha y de los almuerzos en Lindolfo; asimismo, dijimos que no nos gustaba el inversor del Tren de los Pueblos Libres porque no tenía cartas credenciales. Recuerdo -porque soy de Tacuarembó- que fue algo muy lindo que se decidiera establecer la unión entre Argentina y Uruguay a través de un tren; este tren iba a salir de Pueblo Centenario, cercano a Paso de los Toros, e iba a ir a Buenos Aires, y la inauguración se llevó a cabo en Salto. (Murmullos) ——Por favor, señor Presidente, quisiera que corrigiera un poco a los compañeros Diputados, ya que si no les interesa lo que estamos diciendo pueden charlar en el ambulatorio porque, en realidad, distraen. (Campana de orden) ——Decía, señor Presidente, que lo del Tren de los Pueblos Libres fue muy lindo, porque la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba emocionada ya que se iba a poder unir a Pueblo Centenario -en Tacuarembó- con Buenos Aires por solo $ 600. Se acondicionaron los baños, se arreglaron las infraestructuras y se hicieron discursos maravillosos, pero se realizó un solo viaje, porque para regresar a Buenos Aires había solo cuatro personas, por lo que se contrató un “remise” para trasladarlas ya que salía más barato. Y nunca más se habló del Tren de los Pueblos Libres. Y de Pluna se habló, pero mal. Por lo tanto, cuando hablamos de inversiones para el país también debemos hablar de inversores. Hecha esa acotación, voy a explicar por qué no vamos a votar este proyecto de ley que fue enviado

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por el Poder Ejecutivo como una urgencia, tal como se procede cuando se tiene especial interés en lograr la aprobación de una iniciativa. Por supuesto, nosotros hubiéramos querido que se hicieran las aclaraciones necesarias y que se hubieran aceptado sugerencias de parte de la oposición; ello, sin duda, no nos iba a dar rédito electoral pero, seguramente, iba a dar tranquilidad al país y al Gobierno también. A continuación, señor Presidente, lo invito a recorrer la historia de la instalación de Zamin Ferrous, del señor Agarwal, bajo la forma jurídica de la empresa Aratirí S.A. Estos inversores llegaron hace cinco años, y lo hicieron con una noticia muy importante: iban a realizar una inversión de US$ 1.500:000.000 a US$ 2.000:000.000. ¡Vaya si ello iba a venir bien a todos los uruguayos si las cosas se hacían bien! Pero, como dije, ese proyecto vino de la mano del señor Agarwal, a través de la empresa Aratirí y del grupo Zamin Ferrous, que no nos gusta; lo queremos decir aquí, en este ámbito, en el que no queremos convencer a nadie porque no tenemos mayoría y porque las cosas no van a dar marcha atrás. De todos modos, lo volvemos a decir, tal como lo hicimos en ocasiones anteriores, y el tiempo nos dio la razón. En realidad, no nos gustó porque ese grupo inversor actuó de tal manera que hizo que el Gobierno y, a su vez, nosotros, nos viéramos compelidos a modificar en forma inmediata y urgente cosas muy importantes que ahora están trancadas; esas cosas, hasta ahora, han indicado que nosotros teníamos razón. Adviertan que tuvimos que modificar el Código de Minería porque, si no lo hacíamos, iban a caducar todos los derechos mineros, porque Aratirí había formado sociedades anónimas para evadir el límite de permisos y áreas que establecía el Código vigente en aquel momento. Hablamos de sociedades anónimas que se constituían con las mismas personas, en el mismo domicilio y con los mismos asesores. Eran “sociedades anónimas” -entre comillas-, de dudosa sustentación jurídica. A nosotros eso nos puso nerviosos hace ya cinco años, y dijimos: “No vamos a votar esto porque nos plantean algo con nombre y apellido, y las leyes tienen que ser genéricas”. Con respecto a la inversión, a la par, pedíamos datos acerca de estos inversores que venían al Uru-

guay. Nos encontramos con que tenían relacionamiento con empresas como Bamin, en Brasil -que realmente estaba muy complicada-, y también con un escándalo en el Reino Unido, Mittalgate, que implicaba corrupción y acusaciones. Además, se sabía que no se estaban pagando los sueldos en Santana ni en Pedra Branca, donde la empresa está totalmente tomada por el sindicato, las guardias de seguridad y las empresas tercerizadas; no tienen dinero ni recursos. Esos son los inversores que el Poder Ejecutivo quiere respaldar con este proyecto que nos plantea, que supone una nueva ley para Aratirí. Luego voy a decir por qué afirmo que es para ese grupo. Nuevamente, vamos a darle un traje legislativo a estos inversores, a pesar de todos estos antecedentes que, realmente, dejan mucho que desear. La oposición no va a acompañar este proyecto, pero no por hacer oposición, porque ¡vaya si quisiéramos tener esas inversiones! Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, los inversores no nos dan garantías. La primera ley que tuvimos que modificar, hace cinco años, fue el Código de Minería. Como dije, tuvimos que hacerlo porque caducaban los derechos mineros y, por lo tanto, Aratirí perdería una serie de ventajas. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya habían caducado algunos y la empresa los había perdido, pero con el nuevo Código de Minería los recuperaron. Un año después se nos dijo a los legisladores que había que aprobar la ley de megaminería. O sea que ya habíamos salido de una etapa, habíamos dejado tranquila a la empresa Aratirí, pero se nos exigía que aprobáramos esa ley. ¿Por qué teníamos que aprobarla? Porque necesitaban más beneficios. ¡Más beneficios! Y para que se aprobara esta ley, desde el Gobierno se nos dijo: “Miren que ya no hablamos de una inversión de US$ 1.500:000.000, ¡son US$ 3.000:000.000!”. ¿Y a quién no le tienta que entren plata y trabajo para todos los uruguayos, sin que importe el partido al que voten? Pero empezamos a tener dudas y a advertir que la ley no cumplía con los requisitos y con las normativas necesarias para que fuera aprobada. Lo decimos porque esta iniciativa chocaba y se oponía a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Además, no había un plan de cierre, porque la empresa Aratirí no nos había dejado un plan de cierre, sino un plan de cráteres abiertos y el territorio destruido.

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Entonces, había que aprobar una ley que arreglara la situación. ¿Y saben qué más? Por ley se iban a aprobar beneficios tributarios. Y no eran poca cosa: se iban a votar US$ 1.000:000.000 de exoneraciones tributarias para esta empresa. En aquel momento, todos los uruguayos advertimos que el Gobierno se mostraba proclive a la empresa Aratirí, lo cual no es bueno, no le resultará bien y le va a explotar en las manos como le explotó el caso Pluna y como seguramente también pueden explotar otras inversiones de inversores no creíbles. En definitiva, así fue como modificamos el Código de Minería, así fue como este Parlamento sancionó la ley de megaminería y así fue como exoneramos a una empresa extranjera de tributos por US$ 1.000:000.000. Como usted sabe, señor Presidente -trataré de focalizar mi intervención-, en el artículo 24 de la Ley de Actividad Minera de Gran Porte, que hoy nos convoca, se establecen plazos y sanciones. Durante el verano pasado se intentó firmar el contrato, pero no se pudo porque faltaba la aprobación ambiental que la ley exigía, que era un requisito fundamental. Los plazos del artículo 24 siguieron corriendo. El primero fue de 360 días. ¡Vaya si una empresa solvente, que vino a hablarnos de US$ 3.000:000.000 de inversión y que tenía a todo el Gobierno embarcado en su proyecto tenía que poder resolver su situación e instalarse en 360 días! Pero pasaron los 360 días y se aprobó una prórroga de 90 días más. La votamos y fueron transcurriendo esos 90 días. Ese plazo vencerá el próximo 28 de febrero. Creo que la modificación de este plazo no nos hará bien. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque hay muchos aspectos a cuestionar, en el buen sentido. Nosotros creemos que no se debería votar este proyecto, que habría que dejar que se agotara este plazo para que los permisos volvieran al Registro de Vacancias y también para que pudieran presentarse terceras personas, porque a Aratirí le está yendo muy mal. La prueba está en que nosotros -el Estado- estamos pagando el seguro de desempleo a los trabajadores, porque la empresa no tiene dinero ni siquiera para pagarles. Quiere decir que no le está yendo bien con las finanzas, que no está bien posicionada, pero aún así le damos más plazo para seguir adelante. Insisto: están demostrando que no están a la altura de un inversor solvente, pero aún así vamos a aprobar

una tercera ley a la medida, como un traje, con el nombre y apellido de Aratirí. ¿Qué pasará con esto? Se habla de una prórroga por un año, pero ahora Aratirí dice que no va a concretar un proyecto de megaminería, sino uno que es dieciocho veces más pequeño, pero que igual necesita esos permisos próximos a caducar. A pesar de que el tiempo es poco, quiero insistir en que no estamos pensando en muchas cosas. Pensamos primero en la confidencialidad, en la falta de transparencia. El Ministro de Industria, Energía y Minería tendría que explicarnos por qué de 4.000 fojas que entraron al Juzgado y se declararon confidenciales, cuando intervino la Justicia a los legisladores, que somos quienes tenemos que levantar la mano para aprobar el proyecto, solamente nos dieron a conocer 190 fojas. Nos quedamos sin saber lo que pasaba con 3.810 fojas. No pensamos en el superficiario. ¿Saben el daño que le hacemos al superficiario? Que el inmueble rural le baja a la mitad de precio mientras esté con la posibilidad de ser cedido para la explotación. Además, el Banco de la República no lo toma como garantía. Señor Presidente: el tiempo se me termina pero no quiero dejar de decir que lo que más me llamó la atención fue que el Gobierno hizo campaña por Aratirí y ahora nos dice que no es por Aratirí sino por la minería de gran porte. Resulta que el Presidente Mujica acaba de ser claro cuando confesó que si esto no se vota podemos tener un juicio internacional que afectará al país por US$ 300:000.000, una suma astronómica. Sin embargo, no se nos dijo nada al respecto. ¿Eso estará en esas 3.810 fojas confidenciales a las cuales no pudimos acceder? Esta es la tercera ley con nombre y apellido que vota el Parlamento. Vuelvo a repetir: a mí no me gustan los inversores; me gustan las inversiones y lamento que ahora el señor Puntigliano, que responde al Gobierno del Frente Amplio, nos diga que ya no es prioridad el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous. Creo que si somos honestos no deberíamos votar esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Battistoni.

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SEÑOR BATTISTONI.- Señor Presidente: lo que tenemos delante es un proyecto de ley aprobado por el Senado que simplemente modifica un inciso de la Ley N° 19.126, de 11 de setiembre de 2013, que llamamos de minería de gran porte. Esta ley no surgió porque sí sino porque el mundo de la minería a nivel global se mueve y hay demanda de yacimientos que antiguamente no era rentable explotar, como sucede en nuestro país. En la misma se expresa un acuerdo firmado por todos los partidos debido al empuje que había en la actividad minera. Por supuesto que se hizo una ley general que pretendía llenar los vacíos legales o de normativa respecto a los impactos de este tipo de actividad y en ese momento el proyecto Aratirí era el que estaba sobre la mesa, si bien no era el único. El referido acuerdo se estructuró sobre la definición de minería de gran porte para establecer, precisamente, a qué emprendimiento se le aplicaría la ley y también para considerar aspectos sociales, ambientales y de gobernanza derivados de esa actividad. Aclaro que el Partido Colorado hizo muchos y buenos aportes que fueron recogidos en esa ley. La discusión que se llevó a cabo para llegar al acuerdo que contiene la ley implicó un gran trabajo en asesoramiento técnico. A tal fin los Ministerios implicados destinaron un buen contingente de funcionarios para analizar la experiencia internacional y así adoptar lo más adecuado para nuestro país y para llegar a la mejor ley posible. Asimismo, se llevó a cabo la comparecencia de un gran número de técnicos y de organizaciones sociales y empresariales en la Comisión Especial que se nombró por parte de esta Cámara para el tratamiento del correspondiente proyecto de ley. Lo que sucedió fue que el país se enfrentaba a una nueva actividad productiva, pero por su magnitud era difícil de prever sus consecuencias cuando se aplicaban posibles regulaciones. El objetivo fue regular de forma precisa aspectos cuya inserción en la actual realidad productiva, económica y social podían afectar negativamente los intereses del país. Debemos recordar que en aquel momento uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el “fiftyfifty” en las cuestiones tributarias. Por eso los aspectos tributarios y ambientales tuvieron gran relevancia en la discusión del proyecto de ley.

Estos aspectos fueron especialmente tratados en el Capítulo II “Plan de Cierre de Minas” que no existía en nuestra legislación; ninguna regulación obligaba a presentar un plan de cierre de mina frente a la autoridad; en la ley de minería de gran porte es la primera vez que sucede. El Capítulo III “Del contrato de concesión de explotación” y el Capítulo IV “Régimen Tributario”, a mi entender, son el meollo de la ley, si bien hay otro Capítulo que crea un fondo, lo cual desde el punto de vista de la experiencia para Uruguay será de gran relevancia. En esos capítulos realizamos innovaciones y modificaciones a las normas que regían la actividad minera, o sea, el Código de Minería; es decir que si no votábamos esta ley, el Código seguiría rigiendo para todos aquellos proyectos o emprendimientos que pretendían instalarse en Uruguay y era notoriamente bastante poco bondadoso con los intereses del país. El proyecto de ley que hoy tenemos a consideración nos llega del Senado modificando el literal C) del artículo 24, que corresponde al Capítulo III, titulado: “Del Contrato de Concesión”. En el literal A) del artículo 24 se establece que los titulares de permisos de exploración deberán negociar con la Administración las condiciones especiales de un contrato para explotar la minería de gran porte. El inciso B) del mismo artículo establece que llegado a un acuerdo se firmará un contrato. Esto es algo nuevo en nuestra legislación ya que en el Código de Minería vigente este paso entre exploración y la concesión de la explotación resultaba de un acto administrativo ante la Dinamige. Creo que esto significa un grado más de transparencia al manejar la Administración los intereses del país y es para mí un claro ejemplo de la nueva garantía que brinda la ley de minería de gran porte. En el literal C) del mismo artículo se establece que el plazo para llegar a un acuerdo es de 360 días con una prórroga de 90 días. La modificación a estudio solicita que esta prórroga acordada entre las partes, es decir, entre el Estado y la empresa, tenga un máximo de 360 días adicionales, es decir que pasamos de 90 a 360 días. Asimismo, por los antecedentes mencionados acerca del cuidado con que se elaboró la ley, sabiendo que podría haber correcciones por falta de experiencia del país, por lo adelantado que están los acuerdos y que el contrato de la empresa minera cae dentro de la

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definición de minería de gran porte es que entendemos que esta prórroga debe ser aceptada, como así lo hizo el Senado. Por otra parte, es importante señalar que las inversiones realizadas por Aratirí en la exploración, que terminaron en un proyecto minero rentable, insumieron una buena cantidad de millones de dólares. A eso se refiere el Presidente de la República cuando dice que podemos estar sujetos a juicios. Esto es porque, de alguna manera, cambiamos las reglas de juego en la mitad de la instalación de un emprendimiento. La bancada del Frente Amplio entiende que se están haciendo los máximos esfuerzos para instalar un polo de desarrollo del país especialmente en una zona en la cual es difícil iniciar este tipo de emprendimiento. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BATTISTONI.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: en honor al poco tiempo que tenemos, queremos dejar una breve constancia. Es cierto que el Presidente de la República ha dicho textualmente que Aratirí “[…] tiene derechos adquiridos en Uruguay porque según ellos han invertido más de 300 millones de dólares en la información de la cual el Estado posee 60.000 datos que permiten mapear la riqueza mineral de hierro en toda la región. Pusieron plata en investigación y eso tiene un valor que es propiedad de la empresa. Entonces si nosotros en el marco jurídico no demostramos una voluntad positiva de negociar, nos exponemos a un juicio internacional […]”. Mujica terminaba expresando: “[…] no queremos dar cachones jurídicos […]”. En el Parlamento uruguayo ya se discutió este tema en una reunión de carácter reservado -sin versión taquigráfica- el 5 de setiembre del año 2011, cuando el Senado llamó al Canciller Almagro para saber qué protocolo amparaba a esta empresa o a sus accionistas o inversores. En aquel momento el tema versó acerca de dónde estaba radicada la empresa, si en la isla de Jersey o en Londres.

De lo que no queda la menor duda es que por 270 días, que es lo que se pretende extender el plazo -porque pasaría de 90 a 360 días-, se toma una medida precautoria y al mismo tiempo, a mi juicio, sensata. Uruguay no puede exponerse y no vamos a entrar en las profundidades de este asunto porque se trató en una sesión reservada del Senado en la que se habló largo y tendido, pero quien desee informarse acerca de las consecuencias puede recurrir a las versiones taquigráficas de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores. Solamente diré que podemos pensar en el de la India o en el Tratado de Inversiones que se firmó en el año 1991 y se promulgó en el año 1997; me refiero al Tratado de Protección de Inversiones con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por supuesto que no estamos en una situación de beligerancia ni de conflicto con la empresa. Esta no ha pedido ampararse en ninguna de las salvaguardas que presentan esos protocolos pero, evidentemente, el Poder Ejecutivo se adelanta brindando un plazo para liquidar y finiquitar todo lo que se establece desde el artículo 24 en adelante en cuanto al contrato. A mi criterio no es baladí la precaución que toma el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor Diputado. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Puede continuar el señor Diputado Battistoni. SEÑOR BATTISTONI.- He finalizado, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: ante afirmaciones que se han vertido en Sala y que no se corresponden con la realidad, hay que decir que la ley vigente en materia de minería de gran porte existe, entre otras razones, porque fue precedida de un acuerdo que firmamos todos los partidos políticos con representación parlamentaria en esta Cámara. Lamentablemente, a la hora de la votación de esa ley -que a nuestro juicio constituye una muy buena norma- hubo partidos que, habiendo firmado el acuerdo, no cumplieron con lo que en definitiva correspondía como correlato a la decisión que habían tomado oportunamente en cuanto a participar de ese acuerdo político. Que

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cada uno se haga cargo de sus decisiones; nosotros nos hacemos cargo de las nuestras y acostumbramos a cumplir con lo pactado. Consideramos que la llamada ley de minería de gran porte, que felizmente rige en nuestro país, ha establecido un marco mucho más estricto en materia de estándares ambientales así como de exigencias para la firma de un contrato de explotación y otros aspectos que ya hemos destacado en otra oportunidad como, por ejemplo, la creación del fondo de inversiones, lo que en todo caso introduce una nueva óptica respecto al uso de los recursos finitos de nuestro país, fundamentalmente en lo referente a las obligaciones que asumimos con las futuras generaciones. La prueba de que esta ley no tenía nombre propio y fue hecha en el marco parlamentario -repitofruto del acuerdo político realizado entre todos los partidos, es que hoy se plantea esta situación. Pero si accedemos a la modificación que plantea el Poder Ejecutivo sí estaríamos legislando con nombre y apellido porque el único caso que se negocia es ese. En consecuencia, creo que lo que nos permite la aplicación de la ley es tener las garantías de que, efectivamente, en ese proceso de negociación el Poder Ejecutivo ha representado los mejores intereses de nuestro país. Por otra parte, a esta altura -este es el dato de la realidad que es más fuerte que cualquier otro- los precios de mercado del mineral hierro se han derrumbado. Este es el nuevo dato de la realidad por el cual en la explotación, tal como estaba planteada en su origen, los números no cierran. Por eso se produce esta demora en la negociación. Si nos atenemos a los trascendidos o a las versiones de prensa, podemos decir que se habla de un mini proyecto que no estaría en el marco de la ley de minería de gran porte. En consecuencia, creo que hoy por hoy muchos de los objetivos que estaban planteados cuando se firmó el acuerdo político entre todos los partidos, teniendo en cuenta la realidad del precio internacional del hierro en el mercado, indudablemente han perdido vigencia. Por consiguiente, considero que lo razonable es que nuestro país se atenga al estricto cumplimiento de lo que establece la Ley Nº19.126, en particular el literal C) de su artículo 24. ¿Por qué? Porque es parte de las garantías de la negociación. Lo que sucederá, si cumplimos con la ley vigente, es que se entrará en un

proceso de negociación respecto al valor que tiene lo invertido por la empresa en materia de investigación; en todo caso, esa será otra negociación que el Poder Ejecutivo hará considerando las perspectivas de mediano y largo plazo y las consecuencias de este conocimiento que hoy se tiene -o al cual se puede acceder- del suelo en toda la zona minera de Valentines, que para Uruguay representa un valor futuro realmente importante. Por tanto, eso debiera ser producto de una negociación. Pero a esta altura está claro -y no es consecuencia de algo en particular sino de los precios del mercado- que esa inversión que estaba planteada y sobre la cual se tejieron e hicieron afirmaciones temerarias desde el punto de vista político, a pesar de haber firmado un acuerdo político, hoy no está presente. Esta es la realidad. Por todo esto creo que lo mejor que podemos hacer -en ese sentido va a actuar la bancada del Partido Independiente- es atenernos a cumplir con la ley vigente tal como está planteada. Por lo tanto, no vamos a votar este proyecto que plantea el Poder Ejecutivo porque consideramos que la mejor garantía para el Estado uruguayo está en el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. SEÑOR BATTISTONI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BATTISTONI.- Señor Presidente: quisiera opinar en cuanto a lo manifestado por el señor Diputado Posada, compañero de la Comisión que apoyó fuertemente el proyecto de ley. Creo que hacer especulaciones en este momento en cuanto al precio del hierro, considerando que hay tendencias que sostienen que esa realidad es pasajera y que posiblemente a principios del próximo año vuelva a existir mayor demanda, resulta demasiado terminante. No creo que debamos hacer especulaciones sobre por qué la empresa tiene determinados intereses. Sí debemos ver que, según lo establecido en la ley de minería de gran porte, es muy complejo elaborar ese tipo de contrato, que para nosotros es una garantía de transparencia y de sentido común en cuanto a la preservación de los intereses públicos. Gracias, señor Presidente.

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SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: nosotros no estamos haciendo especulaciones; nos atenemos a la realidad. En todo caso, nos basamos en las proyecciones que hacen las compañías internacionales que intervienen en el mercado y que, en definitiva, participan en la fijación del precio del hierro. Por tanto, pienso que esta es una nueva realidad. La expectativa de una inversión como la que tenía este país ya no está presente hoy. Reitero: si nos atenemos a algunas versiones de prensa, inclusive no estaría dentro de las perspectivas la realización o la contribución a la realización del puerto de aguas profundas; se dice que el mineral extraído se transportaría por tren hacia el puerto de Montevideo. Todos estos cambios no responden a esa realidad; en todo caso, responden a la nueva realidad. Desde ese punto de vista, me parece que el Estado uruguayo se protege a sí mismo cumpliendo con lo que está establecido en la ley. Además, como pasa en estos casos, siempre existe un tiempo de negociación en el que hay instancias de mejor defensa, sobre todo, de las posibilidades de nuestro Estado frente al eventual interés de los inversores. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Amarilla. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: estamos considerando un proyecto de ley por el cual se extiende el plazo establecido en la Ley N° 19.126, “Actividad Minera de Gran Porte”, que fue votada por el Parlamento en esta Legislatura. Esta propuesta de modificación confirma nuestra posición inicial acerca de que este proceso estaba plagado de improvisaciones, que faltaba conocimiento de la realidad minera mundial y, lo más preocupante, que no había garantías ambientales. Es más: creemos que existe subestimación de los aspectos tanto ambientales como de ordenamiento territorial en las definiciones de política minera. Cabe recordar que la sanción de la ley de megaminería no surgió a partir de un acuerdo; algunos Diputados hablan y se olvidan de la mitad de la película.

La sanción de esta ley surgió a partir de una interpelación en el seno de esta Cámara, en la que se cuestionó seriamente todo el proceso que llevaba a cabo el Poder Ejecutivo con el proyecto Aratirí debido a la falta de transparencia y de conocimiento público sobre sus diferentes aspectos. Entonces, esta norma surgió de ese cuestionamiento. Además, el proyecto de ley que se votó no fue el reflejo del acuerdo firmado. Hay una cantidad de elementos que estaban en el acuerdo que no fueron recogidos a texto expreso en el proyecto de ley y contiene temas que nadie sabe cómo surgieron porque no se habían manejado en las discusiones previas en el ámbito del Poder Ejecutivo. En su momento, lo que más nos llamó la atención del proyecto Aratirí fue la promoción y el apoyo que había desde el Poder Ejecutivo a determinada empresa multinacional. A tal punto nos llamó la atención, que en nuestra retina está grabada la imagen del Presidente de esa multinacional haciendo declaraciones siempre en la Torre Ejecutiva, con el logo de Presidencia de la República detrás, como si fuera casi un vocero oficial. Con esta propuesta de prórroga queda plenamente confirmado que la ley de megaminería tuvo nombre, apellido y número de cédula de identidad. Tanto es así que el único proyecto incluido en este marco jurídico es el que estamos discutiendo hoy; este es el único proyecto que se presentó. Es decir que no solamente elaboramos un proyecto para una empresa, sino que ahora caemos casi en la ridiculez de modificar la ley para mejorar o beneficiar la situación de esa empresa. Se han manejado algunos argumentos como el monto de la inversión y el posible juicio. Se dice que la empresa ya invirtió US$ 300:000.000, pero en el documento que presentó ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente señala que invirtió US$ 60:000.000. Claro, nosotros somos más realistas que el rey y desde el Poder Ejecutivo hacemos estas declaraciones. Pienso que estos dichos podrían dar lugar a algún otro juicio, más allá del marco legal que se vote en esta Cámara. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Rodríguez) ——Tenemos informaciones y pruebas con respecto a que toda esta improvisación, este cambio de reglas y

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esta especie de “reality show” que se armó con el proyecto, con declaraciones bastante imprudentes de los jerarcas públicos y manifestaciones totalmente fuera de tono de los empresarios -que se apartan de lo que normalmente hacen cuando analizan y presentan propuestas de inversión-, han hecho mucho daño a las inversiones privadas a nivel general y en el sector minero, serio, en particular. Entendemos que el Gobierno se ha mostrado poco serio en todo el proceso. Esta propuesta de extensión de plazo contribuye a que tengamos esa percepción. Consideramos que la imagen internacional respecto al marco jurídico de nuestro país se ve seriamente afectada ya que nos muestra como un Estado blando y con un marco jurídico especialmente flexible, que puede ser modificado frente a presiones o amenazas. Fíjense que en un mismo período de Gobierno cambiamos tres veces el marco jurídico de la minería, que es una actividad que genera fuertes inversiones, importantes compromisos y, generalmente, es a largo plazo. Algún observador del sector privado nos ha manifestado que considera que el proyecto siempre fue, es y será inviable. Por tanto, esta prórroga y las futuras que se puedan analizar no tendrán ningún efecto práctico. Además, cuando creíamos que nuestra capacidad de asombro estaba colmada surge, como ya se ha dicho en Sala, una nueva versión de Aratirí: la miniversión de Aratirí. Suponemos que la intención es intentar despejar críticas en cuanto a que era un megaproyecto, que era muy grande y muy impactante lo que suponía el distrito minero, el mineroducto, el puerto. Ahora, se achica el proyecto a su vigésima parte para despejar las críticas o el posible impacto en el ambiente y en el territorio. Puede ser esto o que se quiera salir del estatus que tiene hoy como proyecto de megaminería. Puede ser esto o se puede advertir una maniobra para salir del marco de la ley de minería de gran porte y justificar la retención de los títulos mineros de prospección y exploración sin estar atado a obligaciones de plazos y condiciones para hacer las inversiones. De esta manera, se pueden seguir solicitando créditos con esos títulos y especulando en un negocio que no requiere ninguna inversión. Por esta vía, Zamin Ferrous mantiene los derechos de prospección y exploración que posee sobre 120.000 hectáreas

en aquella zona, con lo cual se presiona sobre los precios de los terrenos y, bajo la amenaza de una posible existencia de mineral, se las puede dejar sin explotar durante doce años. Obviamente, comprar a bajo precio las tierras para revenderlas cuando coticen más es una buena forma de obtener una ganancia fácil. Entendemos que, en un aparente marco general, no es correcto legislar para una actividad en virtud de un interés particular y por el mero influjo de una empresa en concreto. Además de no ser correcto legislar para un interés particular, y mucho menos ir acomodando la legislación en el tiempo según las circunstancias y los intereses, como dijo en Sala la señora Diputada Montaner, deberíamos advertir los antecedentes y los cuestionamientos que esta empresa ha recibido a nivel internacional durante todo este proceso. Esta empresa tiene juicios en Londres y cuestionamientos laborales y ambientales en Brasil: planteos internacionales sobre la obtención de permisos de terminales portuarias en Bahía de manera sospechosa; ¡vaya coincidencia! Consideramos que hay sombras sobre estos proyectos y sobre estos inversores que son fundamento para no votar la extensión del plazo que se plantea. Reiteramos, a nuestro entender, que la presentación de este proyecto supone falta de seriedad y atenta contra la seguridad jurídica, aumentando un grado más la improvisación demostrada. Además, creemos que seguimos en déficit con las normas respecto a la relevancia de las exigencias ambientales y del ordenamiento territorial, porque continuamos legislando al impulso del interés particular, tal vez -y sin tal vezafectando a inversores y a empresas serias y responsables que también hay en el sector minero. Como dijimos en el año 2011, no estamos definiendo soberanamente el modelo que la sociedad uruguaya quiere para su territorio en lo relativo a la explotación de los recursos naturales, a la protección del medio ambiente y a las definiciones generales del modelo de desarrollo, sino que estamos asistiendo pasivamente a una política de hechos consumados, diseñada por impulsos particulares de algunos inversores y plasmada por funcionarios complacientes con esos intereses para quienes la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, aparentemente, no representa una prioridad. Muchas gracias.

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SEÑOR PRESIDENTE (Rodríguez).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado. SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley. En este periodo legislativo, que está terminando, hubo varias instancias de legislación en materia minera. Recordemos que, a impulso del Gobierno, se realizaron modificaciones al Código de Minería, algunas de las cuales fueron aceptadas y votadas por consenso -pocas- y otras fueron resistidas, por lo que presentamos alternativas, muchas de las cuales no contaron con el apoyo de la mayoría. Por ejemplo, la propuesta de extensión de los plazos y de las áreas que presentó el Gobierno en la reforma del Código Minero no fue compartida por nosotros. Se anunció que este proyecto sería de US$ 1.500:000.000, después de US$ 2.000:000.000 y, finalmente, de US$ 3.000:000.000. Luego de muchas idas y vueltas, de suscitarse problemas en el ingreso a los predios y con los permisos, y después de la resistencia por parte de varios superficiarios a este proyecto y al accionar de la empresa Zamin Ferrous, particularmente, el Gobierno creó una Comisión multipartidaria para estudiar una legislación de minería de gran porte. Allí se trabajó y se consideró este tema; no voy a dar la discusión sobre la Ley de Minería de Gran Porte, porque ya la dimos en su momento. Entendimos que el proyecto que se presentó en el Parlamento no contemplaba el acuerdo integral que en materia de minería de gran porte habíamos realizado los partidos políticos, al punto de que uno de los temas más importantes, que era aprobar una ley con directrices de ordenamiento territorial para la minería previo a votar una ley de estas características, no se cumplió; esa ley no había venido al Parlamento. Como se recordará, se formó una Comisión Especial en la Cámara de Representantes, que recibió a muchas delegaciones. En el medio de la discusión del proyecto de ley, este fue cambiado, presentándose alternativas que luego fueron desechadas; hubo muchas idas y vueltas. Finalmente, se aprobó la ley, en este caso con el voto contrario de la mayoría del Partido Nacional y de otros. La ley preveía la posibilidad de negociar el establecimiento de un contrato con una cláusula de confidencialidad y determinó un plazo para ello de trescientos sesenta días, con una prórroga de noventa días en

el caso de que no se llegara a un acuerdo. ¿Qué pasó en el medio? El proyecto se estancó. En el verano pasado, se estuvo a punto de firmar un contrato sin la autorización ambiental correspondiente, pero creo que primó la cordura y no se firmó. En el medio de todo eso, en lugar de seguir invirtiendo, la empresa empezó a desestimular sus inversiones, al punto de que este Parlamento votó seguros de desempleo para los trabajadores de Aratirí. Asimismo, se presentó una solicitud, por la vía judicial, para acceder a los términos del contrato y del proyecto que se estaba negociando con el Poder Ejecutivo. Ante la negativa del Poder Ejecutivo y luego de una instancia judicial, el Poder Judicial habilitó el acceso a la información del proyecto, sobre todo a lo que estaba declarado como confidencial. No obstante, según los datos que tenemos, solo se pudo acceder a 190 de los 4.000 folios que tiene el proyecto integralmente. ¿Cuáles son los efectos de este proyecto de ley? Obviamente, extender el plazo tiene efectos prácticos y jurídicos muy importantes para un proyecto específico y para una empresa. En primer lugar, se extienden por 360 días más los derechos mineros sobre los padrones a la empresa Zamin Ferrous. En segundo término, se extiende la confidencialidad del proyecto, por ese mismo lapso. Todo esto fue presentado de forma muy precipitada y con muchas incertidumbres, a tal punto que no vino ningún jerarca del Poder Ejecutivo a explicar por qué se pedía una extensión del plazo para negociar un contrato. Es más: se citó a la Comisión de Industria, Energía y Minería pocas horas antes de que este proyecto fuera tratado en el Senado. Simplemente, se ingresó el proyecto al día siguiente de que el dueño de la empresa mencionada estuviera reunido con el Presidente de la República y con varios Ministros, modificando -según dice la prensa- el proyecto original. Al día siguiente de esa reunión, apareció un proyecto de ley extendiendo el plazo por 360 días más y determinando la garantía a la empresa de preservar los derechos mineros sobre los padrones y la confidencialidad de los datos. Este proyecto fue aprobado en el Senado e ingresó ayer en la Cámara de Representantes, a la que tampoco vino nadie a explicar cuál era su objetivo; simplemente, se presentó hoy como un asunto declarado grave y urgente al finalizar este mandato y restando pocos días para que venza el plazo final de la prórroga de 90 días establecido por el artículo 24 de la Ley de Minería de Gran Porte.

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Más allá de las posiciones que cada uno tenga sobre la ley, sobre el tema de fondo, sobre la minería de gran porte, sobre la minería en general o sobre el tipo de extracción, creemos que lo que hace esta forma de proceder, sobre el filo de la raya, cambiando el proyecto, extendiendo por un año más los derechos de una empresa, con nombre y apellido, para seguir negociando un contrato, es generar más incertidumbre jurídica. Consideramos que el Gobierno debería dejar, tal como está previsto, que todos estos datos y esos derechos pasaran al Registro de Vacancia, y negociar otra parte: la información, su acceso y su transferencia -también fue mencionado en su momento, cuando se discutió esta ley-, porque es un activo importantísimo para que Uruguay lo tenga en el futuro. Debemos contar de una vez por todas con un proyecto en serio y empezar a negociar y a discutir en serio, tomando decisiones importantes que tengan respaldo, solvencia, prestigio y, sobre todo, que cuenten con las garantías del caso, no solamente ambientales, sino también relativas al agregado de valor nacional que hoy no está previsto en este proyecto. Por ese motivo, señor Presidente, vamos a votar en contra de este proyecto de ley, de esta prórroga que se establece con nombre y apellido. Estos proyectos de ley, de los que nos enteramos por la prensa, irreversiblemente, condicionan al Uruguay en el futuro. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Rodríguez).- Tiene la palabra el señor Diputado Otegui. SEÑOR OTEGUI.- Señor Presidente: como ya dijeron los compañeros del Partido Nacional, no vamos a acompañar este proyecto de ley. Nuestro Partido participó de la Comisión Multipartidaria en todo el proceso. Suscribimos un acuerdo, y luego, cuando se trató en el plenario, expusimos la posición del Partido y nuestra posición personal como representantes del Partido en esa Comisión. No se trata de que no se haya cumplido con la palabra empeñada, sino de que el documento que fue presentado a consideración del plenario no recogía exactamente lo que habíamos discutido. Pese a que ya se aclaró lo suficiente durante el tratamiento del tema, quería hacer este comentario, porque la situación fue mencionada por un señor Diputado preopinante.

En el momento de la defensa o la presentación del informe en minoría del Partido Nacional -que fundamentaba nuestra posición contraria al proyecto-, decíamos que, si bien abarca toda la minería de gran porte, esta iniciativa había salido, no con nombre y apellido, pero por lo menos, con iniciales. Hoy, el Poder Ejecutivo está planteando la extensión de un año para la suscripción de un contrato que, de acuerdo con las informaciones que brindó a la prensa el Presidente de la República, podría implicar una complicación para el Estado uruguayo. Si hay alguna complicación para el Estado uruguayo es porque hubo algún compromiso previo que nosotros no conocemos y entendemos que el plazo establecido por la ley debe ser cumplido. Por lo tanto, como dijeron los otros compañeros del Partido que se expresaron anteriormente, vamos a votar en forma negativa. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Rodríguez).- Tiene la palabra el señor Diputado Iturralde Viñas. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: entendemos que, de aprobarse este proyecto de la forma como ha trascendido -al menos hasta el momento, porque no conocemos los detalles-, sería contrario al artículo 47 de la Constitución de la República y se inferiría un daño grave al medio ambiente, tal cual lo señaló en reiteradas oportunidades el Fiscal Viana, quien comenzaría a trabajar con las acciones jurídicas pertinentes. Además, consideramos que no es legítimo lo que previó el proyecto cuando el Estado le entregó a Aratirí más de 20.000 hectáreas para explotar. Como decía el doctor Juan Andrés Ramírez, aquí está la renta bruta más importante del país de los próximos veinte o treinta años, y esto encajaría muy claramente en la inconstitucionalidad prevista dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, no compartimos la decisión del Poder Ejecutivo, porque firma un contrato sin que previamente se pronuncie la Dirección Nacional de Medio Ambiente, concediendo su autorización. Esto, necesariamente, requiere una audiencia o consulta pública y, por lo tanto, dicho contrato es absolutamente inconveniente y, eventualmente, ilegal. Aclaramos que sería ilegal, porque al desconocerse el contenido del contrato no estaríamos dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 23 y siguientes. Por tanto, reite-

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ro, debería expedirse previamente la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Por otra parte, siendo el desarrollo sostenible uno de los objetivos invocados en la minería de gran porte, no tiene sentido que el Estado se obligue frente a un concesionario concediéndole en exclusividad la prestación de uno de sus bienes más valiosos antes de conocer las directivas y las restricciones de la explotación minera que establecerá la Dinama. Todos estos son los elementos que debería conocer el Estado para dar la autorización. En este caso, concedente y concesionario deberían conocer a fondo el proyecto. La firma del contrato sin contar con la autorización es una presión indebida sobre los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que recién podrán hacerla cuando sepamos que el Estado ha asumido determinadas obligaciones. Nos preguntamos cuál es el apuro para firmar, al finalizar un período electoral, un contrato que concede a un privado la explotación de un enorme yacimiento. El Gobierno intenta cerrar un negocio al final de un mandato con concesiones absolutamente inexplicables -o por lo menos, desconocidas para gran parte de nosotros-, sin haber llamado a una licitación para conocer las otras eventuales ofertas competitivas que podrían existir y sin conocer muchos de los aspectos vinculados al negocio. Tampoco se nos ha dicho por parte del Poder Ejecutivo si este contrato será sometido al control de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, lo que debería suceder debido a que es un bien de dominio del Estado y que a cambio se establece un canon; para nosotros, esto sí es importante. El contrato de explotación minera puede establecer beneficios fiscales a favor del concesionario, por ejemplo, la obligación de realizar obras de infraestructura —no sabemos si el Estado se ha comprometido a hacerlo, la provisión de servicios o, eventualmente, el mantenimiento de determinadas condiciones tributarias o exenciones tributarias por un plazo que puede llegar a diez años. Por consiguiente, nosotros reclamamos la participación del Tribunal de Cuentas. Finalmente, para colmo de males, el Gobierno se excusa de dar los detalles porque el contrato sería reservado y se estaría estudiando su difusión. Si bien se prevé la confidencialidad, en ningún caso creemos que esto pueda ser trasladado a los aspectos medula-

res de un contrato de concesión pública, y mucho menos que no llegue al Parlamento de la República. La información puede configurar un secreto industrial o comercial, pero los aspectos económicos del contrato, las obligaciones y las cláusulas fiscales que van a ser asumidas por el Estado no podrían ser de carácter confidencial para el Parlamento. El Gobierno ha venido negociando en forma reservada con una institución privada y nosotros queremos conocer las razones por las cuales la licitación se le concede a una empresa que no sabemos cuál es. No sabemos por qué no se aplica el derecho a la licitación, por qué no se llama a licitación para explotar el bien de mayor valor nacional, según ha trascendido en los últimos tiempos cuando se ha cuantificado. El derecho de contrato de licitación exige una contratación por licitación y aquí se viola la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos prevista en el artículo 8º de la Constitución. Se digita el contrato directamente hacia Aratirí; sabemos que hay un sujeto que ha sido seleccionado, pero no qué se le da ni cuál es el pedido. ¿Habrá obra pública? ¿Habrá exoneración gratuita? ¿Se exonerarán más tributos? ¿Se construirá un puerto de aguas profundas para quien tenga esta concesión? Nos gustaría saberlo. En esta negociación confidencial, una organización no gubernamental solicitó información por vía judicial y ganó el caso, pero luego se le respondió con una cantidad de cláusulas vagas que no le han permitido acceder a dicha información. ¿Se cumple, o no, con las normas y las decisiones de la Justicia? Se amplían los plazos en un tiempo en que la tecnología avanza y es más fácil acceder a información acerca de los yacimientos en menor tiempo. Hace ya bastante más de cincuenta años que el Estado tiene conocimiento de ellos; por consiguiente, no los ha venido a descubrir Aratirí. Dado que el Gobierno de la República analiza entregar a empresas extranjeras la explotación minera, he dejado para el final algunas opiniones. Cito textualmente: “El imperialismo extiende sus tentáculos sobre esa riqueza y no faltan, por cierto, los cipayos que se han aplicado a la tarea de facilitar la entrega. Pero el hierro es nuestro y es a los obreros a quienes concitamos para defenderlo”. Esto fue escrito en abril del año 1962 por Vivian Trías. Decía también, en el semanario El Sol: “Y lo sabemos cuando el birlibirloque de los traficantes extranjeros y de los políticos cipayos está preparando su entrega a los monopolios

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internacionales. Ese hierro es nuestro, de la nación y no debe servir al enriquecimiento de los cortacupones de Nueva York […]”. Con solo escuchar la palabra “birlibirloque” podemos imaginar qué significa. De todas formas, he recurrido al diccionario etimológico, de la página “etimologias.dechile.net”, donde se señala que es una expresión onomatopéyica. Su significado es: “Palabra que se utiliza en la locución ‘por arte de birlibirloque’, que significa ‘sin que se sepa de qué forma ha sucedido una cosa’ o ‘de manera mágica'”. A nuestro juicio, la única solución correcta es llamar a licitación internacional para que el Estado uruguayo, a través de la competencia de oferentes, pueda encontrar el mejor proyecto, el mejor precio, el mejor canon, las mejores condiciones de industrialización y de valor agregado, el mejor tiempo o ritmo de extracción, o aun, la mejor forma de encontrar un socio privado para una empresa pública estatal, si se entendiera que ello es lo mejor. Muchas gracias. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Pereyra) SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta en setenta: AFIRMATIVA. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que hemos votado en contra este proyecto de ley, fundamentalmente por los argumentos que hizo en Sala la señora Diputada Montaner, que suscribimos íntegramente. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- En discusión particular. Léase el artículo único del proyecto de ley. (Se lee) ——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y seis: AFIRMATIVA. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR ASTI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y seis: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

21.- Declaración de gravedad y urgencia.
De acuerdo con el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer término del orden del día. (Se vota) ——Sesenta y cuatro por la Afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

22.- Biotecnología. (Normas para su promoción).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: “Biotecnología. (Normas para su promoción)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 1470 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Industria, Energía y Minería Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Montevideo, 30 de abril de 2014 Señor Presidente de la Asamblea General Cr. Danilo Astori: El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo la exposición de motivos y el proyecto de ley

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que se adjuntan, referentes al nuevo marco normativo para la promoción de la Biotecnología. Saludan al señor Presidente con la mayor consideración. JOSÉ MUJICA, ROBERTO KREIMERMAN, MARIO BERGARA, RICARDO EHRLICH, MARÍA SUSANA MUÑIZ, ENZO BENECH, FRANCISCO BELTRAME. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley tiene por objeto promover la investigación, innovación, el desarrollo, la producción, la transferencia de tecnología y la aplicación de la Biotecnología en todo el territorio nacional, con los alcances y las limitaciones establecidos en ésta y en las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten por las autoridades competentes, y conforme a las convenciones internacionales que la República celebre. La finalidad que se persigue es incrementar la competitividad y el desarrollo económico así como el bienestar de la población, de conformidad con los principios generales del derecho, garantizando la prevalencia del interés nacional y el bien común, y todas otras acciones que no contravengan el orden público; en armonía con la salud humana, la conservación de la diversidad biológica y la preservación del medio ambiente. ROBERTO KREIMERMAN, MARIO BERGARA, RICARDO EHRLICH, MARÍA SUSANA MUÑIZ, ENZO BENECH, FRANCISCO BELTRAME. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º. Definiciones.- A los efectos de la presente ley se entiende por: Biotecnología “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”. Nuevo emprendimiento “Creación de nueva empresa o unidad de negocio de empresa ya existente en el territorio nacional, en el marco de la industria biotecnológica, para desarrollar actividades económicas de forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”.

Artículo 2º. Declaratoria de interés nacional.- Declárase de interés nacional el desarrollo de la Biotecnología y sus aplicaciones como factores fundamentales para la innovación tecnológica, la competitividad, el desarrollo económico sostenible y el bienestar de la población. Artículo 3º. Objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto promover la investigación, innovación, el desarrollo, la producción, la transferencia de tecnología y la aplicación de la Biotecnología en todo el territorio nacional, con los alcances y las limitaciones establecidos en ésta y en las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten por las autoridades competentes, y conforme a las convenciones internacionales que la República celebre. Artículo 4º. Finalidad de la ley.- La finalidad de la presente ley es incrementar la competitividad y el desarrollo económico así como el bienestar de la población, de conformidad con los principios generales del derecho, garantizando la prevalencia del interés nacional y el bien común, y todas otras acciones que no contravengan el orden público; en armonía con la salud humana, la conservación de la diversidad biológica y la preservación del medio ambiente. Artículo 5º. Actividades comprendidas.- Las actividades comprendidas en el marco de esta ley en consonancia con el objeto de la misma explicitado en el artículo 3º, son las siguientes: a) investigación y desarrollo, b) transferencia tecnológica hacia el sector productivo y valorización; c) nuevos emprendimientos biotecnológicos; producción y comercialización; d) incorporación de la Biotecnología en el proceso productivo; e) sistematización y dinamización de las compras públicas orientadas al desarrollo de la biotecnología mediante el estímulo de la demanda. f) educación, formación, difusión y sensibilización en el área de lo Biotecnológico. g) toda otra actividad relacionada al sector. Artículo 6º. Ámbito de aplicación.- Están comprendidas en los alcances de esta Ley las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, constituidas en el país, que desarrollen en el territorio nacional las actividades previstas en el Artículo 5º de la presente ley.

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Las mismas deberán estar en curso normal de sus obligaciones tributarias, así como de la seguridad social. CAPÍTULO II FONDO DE ESTÍMULO A LA BIOTECNOLOGÍA Artículo 7º. Fondo de Estímulo a la Biotecnología.- Créase, a partir de la promulgación de la presente ley, el “Fondo de Estímulo a la Biotecnología”, cuya titularidad y administración corresponderá a la Autoridad Competente definida en el artículo 8º de la presente ley. El Fondo estará destinado a financiar aportes de capital inicial a nuevos emprendimientos. La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá las formas y condiciones en que se adjudicará el mismo y la posibilidad de reembolsos de los apoyos recibidos. El Fondo creado se financiará con: a) Las partidas asignadas por rentas generales; b) Los fondos generados por los convenios que se celebren con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros; c) Lo recaudado por la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 13 de la presente ley; d) Donaciones, herencias y legados que reciba; e) Los otros ingresos que se le asignen por vía legal o reglamentaria; La forma de administración de dicho fondo será definida por el Poder Ejecutivo, en consulta con el Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) según lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la presente ley. CAPÍTULO III AUTORIDADES COMPETENTES Artículo 8º. Competencia.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en acuerdo, y con el asesoramiento del Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) serán las autoridades competentes. Son sus cometidos la definición y ejecución de las políticas públicas para promover la investigación, la

innovación, el desarrollo, la producción, la transferencia de tecnología y la aplicación de la Biotecnología. Artículo 9º. Consejo Sectorial de Biotecnología.Créase un Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) para la Promoción de la Biotecnología con el fin de contribuir a que Uruguay sea un actor reconocido en el mercado biotecnológico global, que desarrolla, promueve y articula el conocimiento científico y la innovación con sus capacidades educativas, tecnológicas y productivas en la búsqueda sustentable del bienestar, la salud de la población y la conservación del medio ambiente. El Consejo buscará la armonización de las políticas sectoriales dentro del ámbito general de la Biotecnología, a través de la aplicación de la presente ley. La integración del CSB será definida en la reglamentación de la presente ley. Artículo 10. Implementación.- Para cumplir con sus fines, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) dotará al CSB con la infraestructura y los recursos financieros necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. El CSB elaborará un reglamento determinando su régimen de funcionamiento. Artículo 11. Objetivos del CSB.- El Consejo Sectorial de Biotecnología tendrá los siguientes objetivos: i. Proponer a la autoridad competente políticas, planes y estrategias de desarrollo y fortalecimiento del sector biotecnológico y plantear las medidas correctivas necesarias en este sentido; ii. Asesorar a la autoridad competente en materia biotecnológica y articular las propuestas sectoriales, regionales e institucionales de Biotecnología con los planes de desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país; iii. Promover un marco regulatorio que incentive la adopción de la Biotecnología en el país; iv. Procurar la cooperación activa entre los sectores público y privado en la materia; v. Promover actividades de divulgación, sensibilización y educación referentes a la investigación y promoción del desarrollo biotecnológico; vi. Fortalecer la articulación entre la academia y el sector productivo público y privado, generando ámbitos de intercambio de información, y oportunidades para el desarrollo en conjunto de nuevos emprendimientos;

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Artículo 12. Registro Nacional de Emprendimientos Biotecnológicos.- Créase el Registro Nacional de Emprendimientos Biotecnológicos que dependerá del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. El referido registro tendrá por cometidos la inscripción de los emprendimientos biotecnológicos nacionales que desarrollen actividades comprendidas en el artículo 5º, que deseen obtener los beneficios del régimen previsto en la presente ley y sus decretos reglamentarios y modificativos. La forma de inscripción, su contenido, costos y demás elementos necesarios, serán establecidos en la reglamentación de la presente ley. Dicha reglamentación especificará claramente el proceso que deberán seguir las empresas para inscribirse. El no pronunciamiento por la autoridad competente dentro del plazo de 30 días desde su presentación se considerará como aprobación ficta de la inscripción, sin perjuicio de la obligación de pronunciarse por parte de aquella. CAPÍTULO IV INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 13.- El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten, así como de la ejecución en tiempo y forma de los emprendimientos aprobados, dará lugar a la aplicación de las sanciones que a continuación se detallan: a) Amonestaciones; b) Multa de hasta 40000 UI (cuarenta mil unidades indexadas); c) Revocación de los permisos pertinentes; d) Suspensión o inhabilitación, del titular del proyecto y de sus directores o administradores en el caso de personas jurídicas. Las mismas se graduarán según el nivel de incumplimiento y la gravedad del mismo, de acuerdo a lo que se disponga en la reglamentación de la presente ley. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de la suspensión o cese de los beneficios otorgados o de las sumas aportadas, y la correspondiente devolución de los montos equivalentes a dichos beneficios o aportes, debidamente reajustados conforme a la normativa vigente. Artículo 14.- Las sanciones serán aplicadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Los montos obtenidos por la aplicación de sanciones pecuniarias serán destinados al Fondo de Estímulo de la Biotecnología, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la presente ley. CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir del día siguiente a su promulgación. Montevideo, 30 de abril de 2014 ROBERTO KREIMERMAN, MARIO BERGARA, RICARDO EHRLICH, MARÍA SUSANA MUÑIZ, ENZO BENECH, FRANCISCO BELTRAME. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°. (Definiciones).- A los efectos de esta ley se entiende por Biotecnología toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Asimismo, se entiende por Nuevo Emprendimiento la creación de una empresa o una unidad de negocio ya existente en el área de la industria biotecnológica en el territorio nacional destinadas a producir bienes o servicios de forma creativa, metódica, responsable y ética. Artículo 2°. (Declaratoria de interés nacional).Declárase de interés nacional el desarrollo de la Biotecnología y sus aplicaciones como factores fundamentales para la innovación tecnológica, la productividad, la competitividad, el desarrollo sostenible y el bienestar de la población. Artículo 3°. (Objeto de la ley).- El objeto de esta ley es promover la investigación, la transferencia de tecnología y la aplicación y el desarrollo de la Biotecnología a nivel nacional y departamental. Las limitaciones y alcance de las actividades comprendidas se regirán por estas disposiciones y por las normas reglamentarias (en el marco de las obligaciones internacionales que el Estado haya asumido).

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Artículo 4°. (Finalidad de la ley).- La finalidad de esta ley es impulsar el desarrollo económico y sustentable del país. Para ello tenderá a aumentar la productividad y la competitividad en el marco del interés nacional de acuerdo a derecho. Y, asimismo, preservará la diversidad biológica sin afectar la salud de la población y el equilibrio ambiental. Artículo 5°. (Actividades comprendidas).- Se consideran comprendidas en esta ley las siguientes actividades: a) la investigación científica y todo lo relacionado al desarrollo del área de lo biotecnológico. b) la transferencia tecnológica hacia el sector productivo de bienes y de servicios. c) las orientadas a desarrollar nuevos emprendimientos biotecnológicos y a su comercialización. d) la incorporación de la Biotecnología en todo proceso productivo. e) el estímulo de la demanda a través de un sistema de compras públicas que fomente el desarrollo de la Biotecnología. f) la educación a todos los niveles y la difusión de lo biotecnológico en toda la población. g) toda otra actividad relacionada con el sector. Artículo 6°. (Ámbito de aplicación subjetiva).- Las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas que desarrollen a nivel nacional y departamental las actividades mencionadas en el artículo anterior estarán comprendidas por las disposiciones de esta ley. Artículo 7°. (Promoción de Inversiones).- Declárase de interés general la inclusión de las actividades de Biotecnología y sus aplicaciones definidas en el artículo 5º de esta ley en el régimen de promoción y protección de inversiones, establecido en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 y demás normas reglamentarias correspondientes. CAPÍTULO II AUTORIDADES COMPETENTES Artículo 8°.- Créase el Grupo Interministerial de la Industria Biotecnológica, que estará integrado por los Ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Educación y Cultura (MEC), de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que funcionará en la órbita del primero,

con el asesoramiento del Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) con los siguientes cometidos: a) asesorar previa y preceptivamente a los distintos Ministerios en lo relacionado con la aprobación de las normas reglamentarias necesarias para la aplicación de esta ley; b) diseñar y coordinar políticas públicas para promover la investigación, la innovación, el desarrollo, la producción, la transferencia de tecnología y la aplicación de la Biotecnología; c) evaluar las iniciativas presentadas por el CSB y promover la aprobación de los instrumentos normativos necesarios para su aplicación; d) definir los lineamientos estratégicos de trabajo del CSB, así como aprobar su plan de acción anual; e) designar los representantes del Poder Ejecutivo en el CSB. Cuando se trate de disposiciones o iniciativas biotecnológicas aplicables a la salud humana deberá obtenerse previamente el asesoramiento del Colegio Médico del Uruguay que asegure la congruencia de las mismas con el Código de Ética Médica. Artículo 9°.- Créase el Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) con el fin de promover el reconocimiento del país en el mercado biotecnológico global derivado del incremento de la innovación y la promoción del conocimiento científico; y en particular, de su capacidad de articular la educación y el avance tecnológico y productivo en la búsqueda de un desarrollo sustentable. El CSB participará en la armonización de las políticas sectoriales en el ámbito de la biotecnología asesorando al Grupo Interministerial o a la Autoridad de Aplicación, según el caso, en: a) el diseño, desarrollo e implementación de políticas sectoriales, que se resumen en el Plan Estratégico Sectorial, con definición de metas, objetivos estratégicos y herramientas de política correspondientes, así como plan de acción e indicadores que permitan un adecuado seguimiento de los resultados alcanzados; b) la supervisión y evaluación del desarrollo del Plan Estratégico Sectorial, en base a los instrumentos definidos en el literal anterior; c) el ajuste o rediseño del Plan Estratégico Sectorial y la adecuación de las herramientas de política en función de la evolución del sector;

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d) la identificación de las restricciones, imperfecciones del mercado y necesidades del desarrollo productivo que se presentan coyunturalmente y la propuesta de medidas paliativas que permitan sostener los objetivos de mediano y largo plazo. Artículo 10. (Composición).- El Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) funcionará como ámbito de coordinación entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector académico y como ámbito consultivo de asesoramiento del Grupo Interministerial y de la Autoridad de Aplicación, pudiendo proponer con carácter de recomendación las medidas que entienda pertinente adoptar, con el objetivo de lograr los cometidos definidos en el artículo 11 de esta ley. El CSB será coordinado por la Autoridad de Aplicación establecida según el artículo 12 de la presente ley, que asumirá la Dirección Técnica del mismo. La Autoridad de Aplicación convocará, asimismo, a los representantes del sector público, empresarial, trabajadores y academia en acuerdo con el coordinador general y con las instituciones miembros del CSB. Para cumplir con sus fines, el Ministerio de Industria, Energía y Minería dotará al CSB con la infraestructura y los recursos financieros necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. El CSB elaborará un reglamento determinando su régimen de funcionamiento. Artículo 11. (Cometidos del Consejo Sectorial de Biotecnología – CSB).- El Consejo Sectorial de Biotecnología tendrá los siguientes objetivos: a) proponer a la autoridad competente políticas, planes y estrategias de desarrollo y fortalecimiento del sector biotecnológico y plantear las medidas correctivas necesarias en este sentido; b) asesorar a la autoridad competente en materia biotecnológica y articular las propuestas sectoriales, regionales e institucionales de biotecnología con los planes de desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país; c) promover un marco regulatorio que incentive la adopción de la Biotecnología en el país; d) procurar la cooperación activa entre los sectores público y privado en la materia; e) promover actividades de divulgación, sensibilización y educación referentes a la investigación y promoción del desarrollo biotecnológico;

f) fortalecer la articulación entre la academia y el sector productivo público y privado, generando ámbitos de intercambio de información y oportunidades para el desarrollo en conjunto de nuevos emprendimientos. Artículo 12.- Habrá una Autoridad de Aplicación, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo, debiendo reunir condiciones de reconocida idoneidad en materia biotecnológica. Tendrá los siguientes cometidos: a) proponer las normas reglamentarias de la presente ley; b) recabar y administrar la información necesaria para el cumplimiento de los cometidos del Grupo Interministerial y del CSB; c) ejecutar cuanto estos dispongan; d) llevar el Registro Nacional de Emprendimientos Tecnológicos, y e) realizar toda otra tarea que se le encomiende. Artículo 13. (Registro Nacional de Emprendimientos Biotecnológicos).- Créase el Registro Nacional de Emprendimientos Biotecnológicos que dependerá del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. El referido Registro tendrá por cometido la inscripción de los emprendimientos biotecnológicos nacionales que desarrollen actividades comprendidas en el artículo 5º, que deseen obtener los beneficios del régimen previsto en esta ley y sus decretos reglamentarios y modificativos. La forma de inscripción, su contenido, costos y demás elementos necesarios, serán establecidos en la reglamentación de esta ley. Dicha reglamentación especificará claramente el proceso que deberán seguir las empresas para inscribirse. El no pronunciamiento por la autoridad competente dentro del plazo de treinta días desde su presentación se considerará como aprobación ficta de la inscripción, sin perjuicio de la obligación de pronunciarse por parte de aquella. CAPÍTULO III FONDO DE ESTÍMULO A LA BIOTECNOLOGÍA Artículo 14. (Fondo de Estímulo a la Biotecnología).- Créase, a partir de la promulgación de esta ley, el Fondo de Estímulo a la Biotecnología, cuya titularidad y administración corresponderá a la autoridad competente definida en el artículo 8° de esta ley. El

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Fondo estará destinado a financiar aportes de capital inicial a nuevos emprendimientos. La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá las formas y condiciones en que se adjudicará el Fondo y la posibilidad de reembolsos de los apoyos recibidos. El Fondo creado se financiará con: a) las partidas asignadas por rentas generales; b) los fondos generados por los convenios que se celebren con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros; c) lo recaudado por la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 15 de esta ley; d) donaciones, herencias y legados que reciba; e) los otros ingresos que se le asignen por vía legal o reglamentaria. La forma de administración de dicho Fondo será definida por el Poder Ejecutivo, en consulta con el Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB) según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley. CAPÍTULO IV INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 15.- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los beneficios que se otorgan en el marco de lo dispuesto en esta ley, dará lugar a las sanciones que a continuación se detallan: a) amonestación; b) multas de hasta 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas); c) suspensión o revocación del registro creado por el artículo 13 de esta ley. Las sanciones se graduarán de acuerdo con lo que se disponga en la reglamentación. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de la suspensión o cese de los beneficios otorgados o de las sumas aportadas y la correspondiente devolución de los equivalentes a dichos beneficios o aportes, debidamente reajustado conforme a la normativa vigente. Artículo 16.- Los montos obtenidos por la aplicación de sanciones pecuniarias serán destinados al Fondo de Estímulo de la Biotecnología, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta ley.

CAPÍTULO V DISPOSICIÓN FINAL Artículo 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el plazo de ciento ochenta días a partir del día siguiente a su promulgación. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de febrero de 2015. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y cuatro por la Afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: a pesar de que no hemos tenido tiempo de estudiar, de debatir ni de fundar este proyecto de ley que está a consideración de la Cámara -que fue enviado desde el Senado, adonde se le dio reciente aprobación; fue objeto de un largo estudio en esa Cámara, contando con el apoyo de todos los partidos políticos en su elaboración y en su aprobación-, creo que este Cuerpo hace bien en aprobarlo, dado que es de enorme trascendencia. Quizás, más adelante tengamos tiempo de debatir sobre sus contenidos y de profundizar al respecto. Seguramente será muy bien valorado por algunos actores y sectores de la sociedad, tanto a nivel público como privado. Reitero que, a pesar de no haber tenido tiempo para discutir esta iniciativa, es una señal muy importante que este sea el último proyecto de ley aprobado por esta Cámara y por este Parlamento. No por aprobarlo rápidamente deja de ser un proyecto de enorme importancia para el futuro. Cabe destacar, además, que ha sido aprobado por unanimidad. Gracias.

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SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: si bien el tema no fue discutido en una Comisión de esta Cámara, este proyecto proviene de la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología. Aunque fue nuestra la idea original de hacer una ley que se encuadrara dentro del marco regulatorio que promociona la biotecnología, por disposición constitucional este tipo de proyectos deben ser presentados por el Poder Ejecutivo. Este proyecto contó con la unanimidad de la Cámara de Diputados y las modificaciones realizadas a la idea original no hacen a su esencia. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- En discusión particular. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se va a votar en bloque los artículos 1º a 17, inclusive, del proyecto en consideración. (Se vota) ——Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR BATTISTONI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado) No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. (Es la hora 19 y 6)

SR. ANÍBAL PEREYRA PRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo de Taquígrafos

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes