Número 3966
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NÚMERO 3966
MONTEVIDEO, LUNES 1° DE JUNIO DE 2015
República Oriental del Uruguay
DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE REPRESENTANTES
14ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES Dr. PABLO ABDALA (1er. Vicepresidente) Y CONSTANTE MENDIONDO (2do. Vicepresidente)
ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTÍN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVIII LEGISLATURA
PRIMER PERÍODO ORDINARIO
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
Lunes 1° de junio de 2015
Texto de la citación
Montevideo, 29 de mayo de 2015.
LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud firmada por cincuenta señores Representantes, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, el lunes 1º de junio, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y
considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA –
Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. (Designación de una Comisión Investigadora). (Carp.188/015). (Informes de la Comisión Preinvestigadora). Rep. 161 y Anexo I VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO Secretarios
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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Texto de la solicitud de convocatoria …………………………………………………………………………………………… 4 3.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 4.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 7 5 y 7.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 21, 22 6.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 22 CUESTIONES DE ORDEN 9, 11, 13.- Integración de la Cámara …………………………………………………………………………………….. 95, 132, 159 9, 11, 13.- Licencias…………………………………………………………………………………………………………….. 95, 132, 159 ORDEN DEL DÍA 8, 10, 12, 14.- Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. (Designación de una Comisión Investigadora) Antecedentes: Rep. N° 161, de mayo de 2015, y Anexo I, de mayo de 2015. Carp. N° 188 de 2015. Comisión Preinvestigadora. — Queda aprobado el proyecto de resolución en mayoría ………………………………………………. 29, 115, 134, 160 — Texto el proyecto aprobado…………………………………………………………………………………………………………… 84
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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Herman Alsina, Fernando Amado, Florencia Amado, Gerardo Amarilla, Óscar Andrade, Enrique Antía Behrens, Saúl Aristimuño, José Andrés Arocena, Alfredo Asti, Mario Ayala, Ruben Bacigalupe, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Guillermo Besozzi, Graciela Bianchi, Cecilia Bottino, Alejandro Brause, Betiana Britos, Gabriela Camacho, Gloria Canclini, Felipe Carballo (3), Germán Cardoso, Alba Carvallo (6), Armando Castaingdebat, Camilo Cejas, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Carlos Corujo, Martín Couto (4), Álvaro Dastugue, Walter De León, Óscar de los Santos, Wilson Ezquerra, Guillermo Facello, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Jorge Gandini, Mario García, Pablo González, Rodrigo Goñi Reyes, Elena Grauert, Óscar Groba, Pablo Iturralde Viñas, Omar Lafluf, Elena Lancaster, Nelson Larzábal, Martín Lema, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Washington Marzoa, Graciela Matiauda (5), Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Sergio Mier, Orquídea Minetti, Susana Montaner, Gonzalo Mujica, Manuela Mutti (1), Amin Niffouri, Juan José Olaizola, Nicolás Olivera, Néstor Otero, Mariela Pelegrín, Daniel Peña Fernández, Estela Pereyra, Susana Pereyra, Paula Pérez, Daniel Placeres, Lorena Pombo, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, José Querejeta, Daniel Radio, Valentina Rapela, Carlos Reutor, Silvio Ríos Ferreira, Edgardo Rodríguez, Gloria Rodríguez, Lucía Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Eduardo José Rubio, Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián Sabini (2), Mercedes Santalla, Washington Silvera, Heriberto Sosa, Martín Tierno, Jaime Mario Trobo, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Stella Viel, Tabaré Viera, José Francisco Yurramendi y Antonio Zoulamian. Con licencia: Sebastián Andújar, Daniel Caggiani, José Carlos Cardoso, Luis Gallo Cantera, Macarena Gelman, Andrés Lima, Gustavo Penadés, Adrián Peña, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez, Conrado Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino y Víctor Semproni. Faltan con aviso: Daniel Bianchi, Cecilia Eguiluz, Edgardo Dionisio Mier Estades, Ope Pasquet y Edmundo Roselli. Observaciones: (1) A la hora 17:13 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Alba Carvallo.
(2) A la hora 17:13 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Paula Pérez. (3) A la hora 19:08 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Washington Marzoa. (4) A la hora 20:30 cesó en sus funciones por reintegro de su titular la Sra. Representante Macarena Gelman. (5) A la hora 21:31 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Alejandro Brause. (6) A la hora 21:56 cesó en sus funciones por reintegro de su titular la Sra. Representante Manuela Mutti.
2.- Texto de la solicitud de convocatoria
“Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes PRESENTE Los Representantes que suscriben solicitan, se convoque a sesión extraordinaria de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento del Cuerpo, para el próximo lunes 1º de junio, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. (Designación de una Comisión Investigadora). (Carp. 188/015). (Informado). Rep. 161 y Anexo I Óscar ANDRADE, Saúl ARISTIMUÑO, Alfredo ASTI, Gabriela BARREIRO, Julio BATTISTONI, Cecilia BOTTINO, Daniel CAGGIANI, Felipe CARBALLO, Roberto CHIAZZARO, Gonzalo CIVILA LÓPEZ, Walter DE LEÓN, Óscar DE LOS SANTOS, Alfredo FRATTI, Lilián GALÁN, Luis GALLO CANTERA, Macarena GELMAN, Pablo GONZÁLEZ, Óscar GROBA, Nelson LARZÁBAL, Andrés LIMA, José Carlos MAHÍA, Enzo MALÁN CASTRO, Constante MENDIONDO, Jorge MERONI, Sergio MIER, Orquídea MINETTI, Gonzalo MUJICA, Manuela MUTTI, Daniel, PLACERES, Jorge, POZZI, Aníbal PEREYRA, Susana PEREYRA, Darío PÉREZ, Luis PUIG, José QUEREJETA, Carlos REUTOR, Silvio RÍOS FERREIRA, Edgardo RODRÍGUEZ ÁLVEZ, Carlos RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Federico RUIZ, Sebastián SABINI, Alejandro SÁNCHEZ, Berta
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SANSEVERINO, Mercedes SANTALLA, Víctor SEMPRONI, Washington SILVERA, Martín TIERNO, Javier UMPIÉRREZ, Carlos VARELA NESTIER, Stella VIEL”.
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara a la ciudad de Maldonado “Capital Nacional del Cooperativismo” en el año 2015. C/3034/015 La Comisión Preinvestigadora creada para designar una Comisión Investigadora a efectos de analizar e investigar las actividades realizadas por el FONDES, desde su creación, se expide con un informe en mayoría y uno en minoría. C/188/015 Se repartieron con fecha 29 de mayo COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Paysandú remite nota relacionada con la renuncia al cargo de tercer titular de su lista presentada por una señora Edila. C/7/015 A la Comisión de Asuntos Internos
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Asuntos entrados
“Pliego N° 13
DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: • por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército Nacional a efectos de participar en la competencia anual regional “Fuerzas Comando 2015”, a llevarse a cabo en Poptún, República de Guatemala, en el período comprendido entre el 12 y el 24 de julio de 2015. C/195/015 A la Comisión de Defensa Nacional • por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación con el Ejecutivo de la República de Angola en el campo de las Artes y la Cultura, suscrito en la ciudad de Luanda, el 26 de febrero de 2013. C/196/015 A la Comisión de Asuntos Internacionales
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante Rodrigo Goñi, referente a los planes estratégicos definidos para la administración e inversión de los recursos del FONDES. C/121/015 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos: • pedido de informes de la señora Representante Graciela Bianchi, sobre diversos datos relativos a la creación y funcionamiento de la Escuela Agraria impulsada por el señor ex presidente de la República. C/82/015 exposición escrita presentada por el señor Representante José Andrés Arocena, y el señor Representante Mario García, acerca de la necesidad de ampliar el número de gabinetes higiénicos y el laboratorio de química del Liceo de la localidad de Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja. C/19/010
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La citada Presidencia remite copia de los Oficios de la Suprema Corte de Justicia, relacionados con Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 5º de la Ley Nº 18.756, de 26 de mayo de 2011, sobre el Instituto Nacional de Colonización. C/8/015 A la Comisión de Constitución, Legislación General y Administración INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se aprueba el Acuerdo de Sede con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para el Funcionamiento del Alto Representante General del Mercosur, adoptado en Montevideo, el 14 de agosto de 2013, a través de la Decisión Nº 16/13 del Consejo Mercado Común (CMC). C/2833/014 por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito en Washington DC, el 13 de mayo de 2014. C/3036/015 Códigos,
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El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor ex Representante Richard Sander, referente al número de tomógrafos existentes en el departamento de Rivera, y la ubicación de los mismos. C/2940/014 del señor Representante José Andrés Arocena, sobre situaciones irregulares en el C.T.I. del Hospital de Florida. C/2994/014
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El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos: • el pedido de informes del señor Representante Eduardo Rubio, relacionado con los motivos para la solicitud de ingreso a las negociaciones por el TISA (Trade in Services Agreement). C/142/015 exposición escrita presentada por el señor Representante Herman Alsina, sobre la necesidad de instalar nuevos cajeros automáticos en un espacio ofrecido por el Centro Universitario de la Región Este. C/22/015 A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Eduardo Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre el plan de vigilancia ambiental para la Planta de Botnia-UPM, establecido en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 20 de abril de 2010. C/182/015 Se cursó con fecha 22 de mayo
Transporte y Obras Públicas, con destino a AFE, referente a un llamado público realizado por una empresa privada para proveer varios cargos gerenciales y de jefatura para la sociedad anónima que mantiene AFE con la Corporación Nacional para el Desarrollo. C/187/015 Se cursaron con fecha 26 de mayo
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El señor Representante Sebastián Andújar solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre el “Plan Realizar” y las obras aprobadas para el departamento de Canelones. C/189/015 Se cursó con fecha 27 de mayo
El señor Representante Eduardo Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a OSE, relacionado con el tratamiento de potabilización del agua en la ciudad de Chuy, departamento de Rocha. C/190/015 Se cursó con fecha 28 de mayo
El señor Representante Martín Lema solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referente a una presunta eliminación de órdenes y tickets a usuarios del servicio de salud del Estado. C/183/015 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, respecto a la adquisición de una aeronave para traslados presidenciales. C/184/015 El señor Representante Sebastián Andujar solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referente a la falta de médicos psiquiatras en el Centro Auxiliar “Dr. Mario Pareja” de la ciudad de Las Piedras y cual será la política de asistencia de salud mental en el departamento de Canelones. C/185/015 Se cursaron con fecha 25 de mayo
El señor Representante Adrián Peña solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, acerca de cómo se calcula y en que consiste el subsidio a la cerveza que el gobierno implementa desde el año 2007 a la fecha. C/191/015 El señor Representante Guillermo Facello solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio del Interior, referente a una recomendación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, relativa al ejercicio del derecho al sufragio de determinados ciudadanos. C/192/015 a la Suprema Corte de Justicia, sobre una recomendación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y la interpretación del referido Órgano de Justicia relativa al ejercicio del derecho al sufragio de determinados ciudadanos. C/193/015 a la Corte Electoral, relacionado con una recomendación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, relativa al ejercicio del derecho al sufragio de determinados ciudadanos. C/194/015 Se cursaron con fecha 29 de mayo PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Carmelo Vidalín presenta, con su correspondiente exposición de
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El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a UTE y ANCAP, sobre el fundamento de varias cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre el Estado a través de la empresa Gas Sayago S.A. y una firma privada, para la construcción de una planta regasificadora. C/186/015 El señor Representante Eduardo Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de
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motivos, un proyecto de ley por el que se declara obligatoria la realización de exámenes preventivos cada dos años para detectar enfermedades cardiovasculares. C/197/015 El señor Representante José Carlos Cardoso presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece un marco jurídico para garantizar el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población. C/198/015 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social La Mesa da cuenta que: • con fecha 22 de mayo de 2015, dictó una resolución por la que se reconoce la constitución del sector parlamentario “Aire Fresco”, integrado por la señora Representante Graciela Bianchi, y los señores Representantes Gerardo Amarilla, Sebastián Andujar, Armando Castaingdebat, Martín Lema, Ruben Bacigalupe, Juan José Olaizola, Carmelo Vidalín, José Andrés Arocena, Nelson Rodríguez y Amin Niffouri. C/5/015 con fecha 26 de mayo de 2015, el señor Representante Rodrigo Goñi solicitó que, al amparo del artículo 120 de la Constitución de la República, y de lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, se designe una Comisión Investigadora a efectos de analizar e investigar las actividades realizadas por el FONDES, desde su creación. C/188/015″.
exámenes para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Montevideo, 21 de mayo de 2015 CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley es una contribución a los graves problemas que ocasionan las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Está destinado a contribuir con el mejoramiento de la salud colectiva de los uruguayos y por ende a controlar y disminuir en un período prudencial los números negativos que arrojan las estadísticas sobre la mortalidad causadas por enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es un reconocimiento a la labor que realiza la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, la Sociedad Uruguaya de Cardiología y demás Organismos de la Salud que diariamente enfrentan a estas enfermedades y que luchan por abatirlas. Las enfermedades crónicas, incluidas las cardiopatías, comparten factores de riesgo nocivos que son predisponentes. Su génesis depende de estilos de vida y comportamientos: entre los más importantes cabe señalar el tabaquismo, la mala alimentación, la inactividad física y una serie de factores de estrés emocional en el trabajo, el hogar o la sociedad. En el Uruguay, el marco jurídico de la Ley Nº 16.626, de 22 de noviembre de 1994, establece que se declara de interés nacional todas las actividades que tiendan a controlar los factores de riesgo para la salud cardiovascular, creándose asimismo, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, su integración, atribuciones y cometidos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en Uruguay, coincidiendo con lo que ocurre en la globalidad del planeta. En el concierto médico mundial las enfermedades cardiovasculares han sido consideradas una epidemia, siendo de inicio precoz y una evolución prolongada, la principal razón médica de la disminución de la calidad de vida de las personas. En la Revista Uruguaya de Cardiología, el Dr. Gerard Burdiat Rampa, publicó un artículo sobre la “Rehabilitación Cardiovascular”, en el cual señala que de acuerdo a cifras publicadas por la Organización
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4.- Proyectos presentados
A) “DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. (Se declara obligatoria la realización de exámenes preventivos cada dos años) PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Declárase obligatorio la realización cada dos años de exámenes de forma de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Artículo 2°.- Los hombres trabajadores de la actividad privada y los funcionarios públicos tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse exámenes para prevenir las enfermedades cardiovasculares, hecho que deberán acreditar en forma fehaciente. Artículo 3°.- Los centros de salud que expidan el carné de salud deberán posibilitar la realización de
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Mundial de la Salud, se calcula que en 2008 en el mundo, murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 30 % de todas las muertes registradas en el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la Cardiopatía Coronaria, y 6,2 millones al Accidente Vascular Cerebral. Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por igual a ambos sexos, y más del 80 % se producen en países de ingresos bajos y medios. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas inapropiadas e insanas, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos. En los países del primer mundo la promoción de la salud cardiovascular ocupa un lugar de primordial importancia. La toma de conciencia de la magnitud de este fenómeno llevó a la instrumentación de programas y campañas dirigidas a la población con la finalidad de educar, controlar y tratar los principales factores de riesgo. Según el resultado de una investigación de los Dres. Sergio Curto, Omar Prats y Ricardo Ayestarán, publicado en la Revista Médica del Uruguay, al caracterizar y cuantificar los factores de riesgo se encontraron con las siguientes cifras globales: obesidad y sobrepeso (53 %) y de hipertensión arterial (22 %), tabaquismo (45 %), sedentarismo (28 %) (Femenino, 31 % y Masculino, 26 %), en nuestro país. Asimismo, existe otro trabajo publicado en la Revista Uruguaya de Cardiología realizado por los Dres. Edgardo Sandoya, Carlos Schettini, Manuel Bianchi y Hugo Senra, donde se expresa que la Hipertensión Arterial (HTA) constituye un serio problema de salud pública en nuestro medio, dado que 33 % de la población adulta la padece, y que solamente entre el 12 – 14 % del total de los hipertensos tienen su presión arterial controlada. En suma: se puede decir que este trabajo revela, con validez representativa para la población de nuestro país, los siguientes aspectos en relación con los factores de riesgo cardiovascular: – Muy elevada proporción de fumadores. – Una proporción de hipertensos, cercana a uno de cada cuatro uruguayos (incluso un alto porcentaje sin tratamiento o que no cumplen con él). – Muy alto porcentaje de personas obesas o con sobrepeso.
– El porcentaje de sedentarismo es también relevante, cercano a una de cada tres mujeres y a uno de cada cuatro hombres, no obstante lo cual existiría una intención de realizar actividad física, pero la misma no alcanza los valores de tiempo y frecuencia necesarios. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de una “mortalidad prematura” en la población que no llega a los años señalados de “esperanza de vida”. Si se analiza la mortalidad precoz, o sea, los años de vida potencialmente perdidos por una población determinada, el resultado del cálculo que se agrupa del total de los años que cada fallecido hubiera vivido y que perdió por causa de determinada afección, resultó ser de 34.712 años de vida potencialmente perdidos en Uruguay en el año 2010. De acuerdo a fuente del Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio de Salud Pública la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el Uruguay alcanza al 29,5 % de las defunciones en el año 2010. Dentro de la mortalidad cardiovascular la causa mayor corresponde a las enfermedades cerebrovasculares. Pero, si se analiza el porcentaje de mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares según sexo, se comprueba una tendencia femenina creciente en la última década. Si se observa la Tabla Gráfica (año 2010) de la proporción de muertes por causa cardiovascular en el total de defunciones según departamento encontramos a Río Negro y San José con 36 % y Durazno, Cerro Largo, Salto y Maldonado con 34 %, siendo los más afectados. El control y la prevención de los factores de riesgo y de los hábitos de vida no saludables son esenciales para evitar su crecimiento. En este sentido, los programas de rehabilitación cardíaca juegan un importante rol en el control de estos factores de riesgo y en la prevención de nuevos eventos cardíacos. Según la Organización Mundial de la Salud define a las enfermedades cardiovasculares de acuerdo al siguiente detalle: La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco (miocardio); Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
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Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores; La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. En virtud de lo expuesto y considerando las cifras oficiales de la OMS, indicando a nivel mundial que más de 80 % de las defunciones causadas por las enfermedades cardiovasculares en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medianos, lo cual significa que es necesario desarrollar programas de prevención orientados a reducir la morbimortalidad de causas coronaria y cerebrovascular. Por lo expuesto se debe prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares a través de una acción global e integrada donde se requiera la combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la población y estrategias dirigidas hacia las personas con alto riesgo o que ya padecen estas enfermedades. En atención a lo expresado, es necesaria la prevención de las enfermedades cardiovasculares, declarándose obligatorio cada dos años la realización de análisis y estudios en forma conjunta con el carnet de salud. Montevideo, 21 de mayo de 2015 CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”.
B)
“DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGUIRDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN. (Establecimiento de un marco jurídico) PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional “El Derecho a la Alimentación”, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa. Artículo 2°. (Objetivo de la ley).- Asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada. Artículo 3°.- La finalidad de esta ley es: a.- Declarar como prioridad nacional la política y estrategia del derecho a la alimentación adecuada. b.- Fortalecer la capacidad institucional pública para que el Estado pueda garantizar el derecho a la alimentación de la población. c.- Establecer estrategias para superar la desnutrición, el hambre, y la malnutrición con la finalidad de garantizar la salud de la población. Artículo 4°. (Ámbito de aplicación).Las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación son vinculantes para todos los poderes del Estado y las demás autoridades públicas o gubernamentales, a cualquier nivel (nacional, regional o local). Los titulares del derecho a la alimentación son personas naturales. El Estado promoverá la cooperación internacional y proporcionará la asistencia necesaria para asegurar la realización del derecho a la alimentación en otros países, en caso de encontrarse en condiciones de hacerlo. Artículo 5°.- Principios rectores: a) Participación: El Estado garantizará ámbitos de participación de las personas, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a determinar su propio bienestar y a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación,
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vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan. Dicha participación podrá ser ejercida de manera directa o a través de organizaciones intermediarias que representan intereses específicos. b) Rendición de cuentas: El Estado garantizará que las intervenciones estén basadas en información y métodos objetivos, cuenten con mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en la acción pública, la auditoría social y que tomen en cuenta las necesidades reales de la población. c) Igualdad: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de sus derechos a una alimentación adecuada. d) No discriminación: el Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una alimentación adecuada sin discriminación alguna y protegerá especialmente a los grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada. Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivo de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio de cualquier individuo de su derecho a la alimentación, será considerado un acto ilegal y estará sujeto a sanciones conforme lo dispone la ley. e) Empoderamiento: Las personas deben contar con el conocimiento, las atribuciones, la habilidad, la capacidad y el acceso necesarios para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación de este derecho. El Estado establecerá disposiciones específicas en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y educación en el derecho a la alimentación.
Artículo 6°. (Interpretación de la ley).- La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia ratificados por el Estado, la Constitución y las leyes nacionales. Artículo 7°. (Aplicación de la interpretación más favorable).- Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. CAPÍTULO II DEFINICIONES Artículo 8°.- A los fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: I- Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores. La seguridad componentes: alimentaria tiene cuatro
a) Disponibilidad: La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria). b) Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho), para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive. c) Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.
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d) Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier índole, ni de acontecimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como a la del acceso a la alimentación. II.- La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a una alimentación sana y nutritiva para toda la población. III.- Adecuación: Los alimentos son considerados adecuados en términos de diversas variables, entre las que figuran la inocuidad, la calidad nutricional, la cantidad y la aceptación cultural del alimento. IV.- Vulnerabilidad: conjunto de factores que determinan la propensión a sufrir una inadecuada nutrición o a que el suministro de alimentos se interrumpa al producirse una falla en el sistema de provisión. V.- Grupos de atención prioritaria: incluye bebés, niños, escolares, mujeres embarazadas y lactantes, adulto mayor, desplazados internos, personas con discapacidad, personas que sufren enfermedades crónicas, población que vive en condiciones precarias, grupos en riesgo de marginación social y discriminación y cualquier otro grupo que pueda identificarse periódicamente. VI.- Cantidad mínima de alimentos es la destinada a cubrir las necesidades alimentarias mínimas que permita al individuo vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la desnutrición. Debe establecerse en base a la edad, condición de salud, ocupación del individuo y estado de vulnerabilidad. CAPÍTULO III ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN Artículo 9°. (Derecho a la Alimentación).- El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con
pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados. Artículo 10. (Condiciones para el ejercicio del derecho a la alimentación).- Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le permitan: I. Alimentarse por sus propios medios de lo que le proporciona la tierra u otros recursos naturales y/o acceder a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes. II. Tener la capacidad financiera no sólo para adquirir una cantidad suficiente de alimentos de calidad, sino también para poder satisfacer sus necesidades básicas para la alimentación. III. Garantizar el acceso a alimentos adecuados en casos de acontecimientos imprevisibles o de fuerza mayor. IV. Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada, agua limpia, para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas. Artículo 11.- Disposiciones especiales: I. Los niños y niñas tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad de modo que le permitan crecer y desarrollarse. II. El Estado implementará Programas Alimentación Escolar y Liceal adecuada. de
III. Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el período de embarazo y lactancia. El Estado velará para que pueda ejercer ese derecho. IV. El Estado desarrollará programas para enseñar, promover e incentivar la lactancia materna. V. El Estado asegurará medidas para que las trabajadoras puedan amamantar a los hijos durante los primeros meses de vida. VI. El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y a promover la
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. VII. El Estado atenderá especialmente -con enfoque integral dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionaleslas políticas públicas orientadas a garantizar una alimentación adecuada a la población infantil y adolescente. VII. Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra en situación de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación. Artículo 12.- Las autoridades competentes adoptarán disposiciones reglamentarias para las medidas especiales o presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación para prevenir y compensar prácticas discriminatorias por perjuicios causados en el ejercicio del derecho a la alimentación de grupos o individuos determinados. CAPÍTULO IV SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Artículo 13.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos. Artículo 14.- El Estado garantizará que no se aplicarán las leyes y las normas que puedan tener como consecuencia impedir o vulnerar el ejercicio del derecho humano a la alimentación. Artículo 15.- Se penalizará la privación deliberada de alimentos introduciendo las enmiendas correspondientes al Código Penal si correspondiere. Artículo 16.- El Estado revisará el marco administrativo y legislativo para que sea pertinente con miras a asegurar que las actividades de actores privados dentro de su competencia no infrinjan el derecho a la alimentación de los demás. Artículo 17.- El presupuesto nacional del Estado asignará los recursos necesarios para implementar el derecho fundamental a la alimentación. Artículo 18.- El Estado, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en caso de que disponga de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Artículo 19.- El Estado establecerá sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad
alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), a fin de identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello, así como también sobre la malnutrición. Artículo 20.- Las autoridades públicas competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo. Artículo 21.- El Estado está obligado a proveer a quienes no pueden acceder a una adecuada alimentación, la cantidad mínima de alimentos para dar plena efectividad al derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición. Artículo 22.- Derecho a la información El Estado tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la ley y en normas de aplicación derivadas, apenas hayan entrado en vigencia, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización del derecho a la alimentación. I. A tales efectos empleará las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales (por ejemplo, a través de radios rurales y comunitarias) II. Establecerá un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación. III. Exigirá a las autoridades públicas pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve. Artículo 23.- El Estado incluirá en el plan de estudios de educación primaria y básica y en los programas de educación de adultos, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación y los principios de derechos humanos. CAPÍTULO V DISPOSICIONES SOBRE LA AUTORIDAD NACIONAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Artículo 24.- El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación que cumpla la función de órgano
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central de coordinación para la implementación del derecho en el ámbito nacional. Artículo 25.- La autoridad nacional para el derecho a la alimentación, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones: a) Aplicará los principios de derechos humanos establecidos en la ley y en otros instrumentos jurídicos internacionales a los que haya adherido el país. b) Trabajará estrechamente con los niveles descentralizados de la administración pública y con organizaciones representantes de la sociedad civil y tomará en consideración sus opiniones. Artículo 26. (Atribuciones y funciones).principales funciones y responsabilidades son: Las
propuestas para la introducción de enmiendas a las leyes, los reglamentos o las políticas vigentes, o para formular nuevas leyes, disposiciones reglamentarias o políticas relativas al derecho a la alimentación o uno de sus componentes (accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los alimentos). h) Presentar informes al parlamento sobre el estado de aplicación de la ley marco y del derecho a la alimentación, así como las observaciones finales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales que han evaluado la actividad del país en materia del derecho a la alimentación. i) Promover la cooperación técnica con otros países, ofreciendo orientación y apoyo sobre la realización del Derecho a la Alimentación. Artículo 27. (Composición).- La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial del derecho a la alimentación: Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Vivienda y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería y el Congreso Nacional de Intendentes. Los representantes gubernamentales deberán ser funcionarios del más alto nivel de gobierno con el objeto de asegurar que el derecho a la alimentación reciba la prioridad adecuada. La ley regulará la participación con carácter consultivo de actores no gubernamentales: institutos de investigación y estadísticas, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA DE VIGILANCIA (MONITOREO Y EVALUACIÓN) Artículo 28.- Se creará un sistema de vigilancia integrado que -tomando en consideración el tipo de instituciones existentes, sus atribuciones y capacidades- obligue a las autoridades y entidades pertinentes en todos los niveles a: a) Recopilar datos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional empleando metodologías y procesos de vigilancia que se ajusten a los principios de derechos humanos establecidos por ley. b) Desagregar los datos recopilados por edad, sexo, situación y grupo.
a) Asesorar al gobierno y coordinar las diversas actividades y actores involucrados en las diversas etapas de la realización del derecho a la alimentación en el plano nacional, regional y local. b) Formular, adoptar y revisar las políticas nacionales en materia del derecho a la alimentación para garantizar que aborden adecuadamente las cambiantes necesidades de la población. c) Determinar los indicadores adecuados para medir el progreso en la aplicación de la ley marco y el ejercicio del derecho a la alimentación. Los indicadores establecidos deben ser específicos, comprobables y limitados en el tiempo. d) Reunir la información en materia de la realización del derecho a la alimentación y asegurar de que sea compartida y difundida entre todos los actores pertinentes, en el formato correcto y contenido adecuados para una diversidad de usuarios. e) Presentar sugerencias que permitan armonizar las políticas sectoriales pertinentes para el ejercicio del derecho a la alimentación y recomendaciones para los cambios requeridos en base a los datos obtenidos en el proceso de vigilancia técnica y de los derechos humanos. f) Establecer las prioridades y coordinar la asignación de recursos en conformidad con dichas prioridades. g) Presentar ante el ministerio competente o los órganos del Estado correspondientes
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c) Evaluar el progreso alcanzado en la realización del derecho a la alimentación en el país. d) Establecer o identificar mecanismos de alerta temprana. Artículo 29.- El sistema de vigilancia estará dirigido por un órgano especializado autónomo de Derechos Humanos. Artículo 30.- El Estado garantizará que la institución que asumirá la vigilancia cuente con los recursos humanos y financieros necesarios y la credibilidad suficiente para vigilar y promover efectivamente el derecho a la alimentación de manera autónoma. CAPÍTULO VII DISPOSICIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Artículo 31.- El Estado velará para asegurar que las instituciones pertinentes posibiliten la participación plena y transparente del sector privado y de la sociedad civil, y en particular de representantes de los grupos más afectados. Artículo 32.- Las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema podrán ser tomadas en cuenta en el momento de elaborar las políticas o programas que podrían tener alguna injerencia en el ejercicio del derecho a la alimentación o algunos de sus componentes. Artículo 33.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente el Estado deberá establecer: a) Garantías de que se realizarán consultas para examinar áreas específicas de aplicación de la ley marco. b) La realización de audiencias públicas periódicas en las que el Estado estará obligado a informar sobre los avances alcanzados en la aplicación de la ley y en la realización progresiva del derecho a la alimentación en el país. Artículo 34. (Criterios de selección y representación).- Para garantizar una representación efectiva de los representantes de la sociedad civil, el proceso de selección debe ser participativo, no discriminatorio y transparente. Artículo 35.- Para asegurar una representación justa se tendrá en cuenta: a) La capacidad del grupo de representar a las comunidades pertinentes. b) El tamaño del grupo que representan.
c) Las características geográficas (urbana, rural, etc.). d) Las capacidades técnicas de la organización en el ámbito del derecho a la alimentación. e) La capacidad organizacional del grupo. f) El equilibrio en términos de género. g) El equilibrio en la representación de las comunidades pertinentes y los intereses dentro de la sociedad (agricultores, pescadores, comunidades locales, etc.). CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS Artículo 36. (Recursos administrativos).Las decisiones o medidas administrativas que supongan una infracción de las disposiciones de la ley o su legislación derivada, como la omisión del cumplimiento de una obligación relativa a dichas disposiciones podrán ser impugnadas ante una autoridad administrativa superior. Artículo 37.- La autoridad superior competente debe contar con las atribuciones necesarias para imponer todas las medidas que estime necesarias para reparar dicha violación. Artículo 38.- La legislación o las normas de ejecución establecerán procedimientos administrativos eficaces y las reparaciones correspondientes. Los recursos exclusivamente administrativos deberán ser complementados con el derecho a una revisión judicial ante el tribunal competente. CAPÍTULO IX DISPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Artículo 39.- El Estado a través de los órganos con potestad normativa adecuará, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas relativas al derecho a la alimentación previsto en los tratados internacionales ratificados por el país. Artículo 40.- El gobierno deberá adoptar los mecanismos jurídicos regulatorios necesarios para hacer efectiva la ley marco dentro de un plazo razonable. Montevideo, 1° de junio de 2015 JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano; conforme lo establece su artículo 25: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación. A partir de entonces, el derecho a la alimentación o ciertos aspectos de este derecho- se ha ido incorporando a una serie de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el instrumento internacional que aborda este derecho humano fundamental del modo más exhaustivo, el cual fue ratificado por Uruguay. El Derecho a la Alimentación es jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes de dicho Pacto. El artículo 2º obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto. En última instancia, a cada uno de los Estados Partes del PIDESC le corresponderá determinar la categoría jurídica que otorgará a estas disposiciones, en este caso el derecho a la alimentación, en el contexto del ordenamiento legal del país. El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 que también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de alimentación y exhortó a todos los Estados a ratificar el Pacto. Fue en esa instancia que los Jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Además, se comprometieron “a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre…”. En la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después” se tomó la decisión de crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el fin de elaborar un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Asimismo, es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales, garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades. En función de ello en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las directrices sobre el derecho a la alimentación. Estas directrices recomiendan la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación. Por otra parte, los objetivos del milenio constituyen a la vez que una hoja de ruta, un instrumento para medir nuestra capacidad de generar y/o fortalecer institucionalidad efectiva en el combate de la pobreza y en el alcance de la soberanía alimentaria y nutricional de nuestros pueblos. Pero además, desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha prestado apoyo a los países que desean adoptar un enfoque para la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos. En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad, y la creación de oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida. Habida cuenta de que las causas de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población son complejas y guardan relación directa con la pobreza, al igual que con el desempleo, el ingreso de los hogares, la educación, la salud y la nutrición, y con las pérdidas que experimenta la agricultura provocadas por factores climáticos adversos; pero también -como en el caso de Uruguay- con la transición de los hábitos alimenticios- especialmente entre la población del medio urbano- es necesario adoptar políticas integrales de carácter multisectorial e interdisciplinario. Previamente es necesaria la adopción de un marco jurídico que establezca los principios y las directrices que han de orientar la articulación de esas
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políticas. Por tanto, las iniciativas legislativas constituyen parte fundamental de dicho enfoque y es con este objetivo que diversos países han introducido enmiendas en sus constituciones o han aprobado nuevas leyes marco para dar efectividad al derecho a la alimentación. Sin embargo, aún existe una base limitada de conocimientos y experiencia en este ámbito. El Parlamento Latinoamericano, en su calidad de institución democrática de carácter permanente, representativo de todas las tendencias políticas existentes en los cuerpos legislativos de América Latina y el Caribe, ha contribuido a avanzar en la realización del derecho a la alimentación, respaldando e impulsando la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH) de la FAO. Es en ese marco que ha tenido activa participación en la integración del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre (FPH), con el objetivo de instalar en todos los ámbitos sociales la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria para promover leyes que construyan, con equidad de género y participación social, Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, así como para promover un financiamiento suficiente para concretar las estrategias de la política alimentaria nacional. Uruguay estuvo presente desde el inicio y tuvo una participación activa en la instalación del FHP no sólo a nivel de la región, sino también apoyando la conformación de los capítulos nacionales de dicho frente. También tuvo un rol protagónico en la elaboración de la Ley Marco: Derecho a la Alimentación, Soberanía y Seguridad Alimentaria, aprobada por la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en el año 2012. Respecto a las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales en materia del derecho a la alimentación, ciertamente, la mayoría de las obligaciones que establece este derecho no tienen efecto inmediato. O sea, no pueden aplicarse sin contar con la legislación correspondiente para ello. Ante la necesidad de contar con un marco legal que permita construir una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que a su vez articule los esfuerzos de las instituciones y organizaciones del sector público y privado, potencie su efectividad y propicie la canalización de recursos e inversiones hacia la consolidación de una estructura productiva agroalimentaria nacional sostenible y competitiva, que también facilite la mejora de las
condiciones de vida de la población en general; la adopción de una Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación contribuye a la realización efectiva de este derecho. Al influjo de estas circunstancias, numerosos países de América Latina están sufriendo importantes cambios y reformas en los marcos jurídicos relacionados con el derecho a la alimentación. Estos cambios están siendo impulsados por diferentes actores y demuestran la prioridad que se le está dando en la región a la realización de este derecho en el contexto político. América Latina está a la vanguardia mundial en cuanto al reconocimiento y a la incorporación del Derecho a la Alimentación en los marcos jurídicos y constitucionales nacionales. No hay ninguna otra zona (Norte América, Europa, Asia, África u Oceanía) donde haya tanta “efervescencia” en materia de reforma legal, institucional y de reivindicación de la sociedad civil, incluyendo los tímidos avances en la justiciabilidad. Esta dinámica, muy ligada también a la reivindicación de la soberanía alimentaria en la cual el derecho a la alimentación se integra perfectamente, viene alimentada por una sociedad civil demandante, unos gobiernos y poderes legislativos receptivos y una cooperación internacional colaboradora. El papel de la ley en la aplicación del derecho a la alimentación. Como región nos hemos comprometido a derrotar el hambre y la desnutrición, y aunque hemos avanzado en ese objetivo, aún nos queda mucho por hacer. Cada vez que ponemos sobre la mesa el dato de la indigencia, ahí estamos identificando a quienes no acceden a la alimentación. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta capacidad de producir alimentos, sin embargo 1 de cada 6 seres humanos no come diariamente y la mitad de los que no comen son niños. En América Latina tenemos 49 millones de personas padeciendo hambre. Entonces, este no es un tema de la agricultura, ni de la ciencia, ni de la economía; es un tema de la política y es aquí donde los parlamentos tenemos responsabilidades de aportar instrumentos de protección alimentaria a la población. Desde la realización del I Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizado en Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2010, se afirmó la importancia de que la seguridad alimentaria y nutricional figurara en la agenda política de la región. En ese sentido los parlamentarios estamos llamados a tener un rol protagónico en la elaboración de mandatos jurídicos que favorezcan la realización del
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derecho a la alimentación a través del fortalecimiento y desarrollo de marcos normativos y acuerdos sociales amplios y robustos políticamente. La afirmación de que es inaceptable que el hambre siga extendiéndose por el mundo y que las personas tienen el derecho a no padecer hambre y desnutrición ha sido acogida y reafirmada en muchos instrumentos internacionales y por parte de diversos organismos intergubernamentales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo centró sus esfuerzos en erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria mundial; sin embargo, estas iniciativas no fueron abordadas en el marco de los principios de los derechos humanos. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y su seguimiento han impulsado profundos cambios en esta situación. La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y la FAO han permitido precisar el contenido del derecho a la alimentación. La aplicación más efectiva del derecho ha sido posible en gran medida gracias a las directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (“Directrices sobre el Derecho a la Alimentación”). Uruguay se inscribe en este contexto internacional, y en estos espacios institucionales, el proyecto de ley que proponemos permite sumarnos a los esfuerzos por abatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la mal nutrición. Efectivamente, una ley marco permite dotar de coherencia a las políticas e instituciones públicas orientadas a asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la alimentación. Hoy en día, esforzarse por garantizar que toda persona tenga acceso regular a una alimentación adecuada es considerado no sólo un imperativo moral y una inversión que reporta enormes beneficios económicos, sino también como la realización misma de un derecho humano básico. Frente a todos estos instrumentos, sentimos el desafío de trabajar en la formulación de acciones concretas. El derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976. Al igual que ocurre con todo derecho humano, el principal desafío inherente al derecho a la alimentación es determinar la forma más efectiva de aplicarlo, es decir, de qué manera puede darse efectividad concreta en el plano nacional y cómo proceder para obligar a las autoridades públicas a rendir cuentas de su actuación o del incumplimiento de sus deberes. Asimismo, la naturaleza transversal y compleja del derecho a la alimentación y su interrelación con otros derechos humanos requiere medidas legislativas, aún cuando el PIDESC y otros tratados de derechos humanos pertinentes puedan ser aplicados de manera directa en el ordenamiento jurídico interno. Esto se debe al hecho de que la incorporación del derecho a la alimentación en el sistema jurídico interno a través de medidas legislativas puede ofrecer un alto grado de protección para este derecho humano. Por lo tanto, cualquier persona que considere que se ha cometido alguna violación de su derecho a la alimentación -en términos de su componente de accesibilidad, disponibilidad, estabilidad o adecuación- podrá acogerse a dicha disposición jurídica y presentar un recurso o exigir la debida reparación ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes. Según refiere la Ley Marco “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” aprobada en el 2012 por el Parlatino, “En el plano interno, la estrategia jurídica que se considere adecuada para aplicar el derecho a la alimentación dependerá de la coyuntura del país y el conjunto de políticas, instituciones y marcos jurídicos específicos existentes. En algunos países, las actuales disposiciones constitucionales, junto con la legislación sectorial vigente, podrían ser suficientes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de toda persona dentro de su jurisdicción. En otros países, en tanto, podría ser necesario elaborar una ley marco especial para el derecho a la alimentación antes de incorporarlo a las leyes pertinentes en materia de este derecho. En países en los cuales los tratados de derechos humanos adquieren fuerza de ley automáticamente, el derecho a la alimentación podrá aplicarse directamente en el plano nacional y será de carácter
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obligatorio para las autoridades del Estado y los tribunales nacionales”. No obstante, defender un caso tomando exclusivamente como fundamento el texto del PIDESC ante tribunales que ignoran o tienen poco conocimiento de las leyes internacionales de derechos humanos puede tener resultados muy inciertos. Si bien es indispensable adoptar alguna medida legislativa para aplicar el derecho a la alimentación (y todos los derechos humanos) en el plano nacional, los recursos jurídicos por sí solos no bastan para lograr su plena realización. El ejercicio pleno de un derecho económico y social -aún teniendo el reconocimiento de la constitución o de una ley- no será posible sin un seguimiento eficaz de las políticas y programas aplicados. Por lo tanto, también podría ser necesario utilizar otros medios que engloban una amplia gama de medidas sociales, económicas y políticas. ¿Por qué una ley marco para el derecho a la alimentación? Varios países de la región han comenzado a elaborar leyes en los últimos años con miras a garantizar o promover la plena efectividad del derecho a la alimentación; entre ellos figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, y Venezuela. Otros países también han emprendido iniciativas en materia de la realización del derecho a la alimentación, pero en cambio no han impulsado – hasta el momento – iniciativas legislativas específicas con estos fines. Las disposiciones constitucionales se expresan en términos bastante amplios mientras que una ley marco para el derecho a la alimentación puede profundizar en aspectos más específicos de este derecho y hacerlo efectivo en términos prácticos. El término “ley marco” se refiere a un mecanismo legislativo empleado para abordar cuestiones multisectoriales; la legislación marco establece los principios y obligaciones generales y delega en las normas de ejecución y en las autoridades competentes la función de definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo. Una ley marco para el derecho a la alimentación puede ofrecer una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las obligaciones de las autoridades del Estado y del
sector privado, así como los mecanismos institucionales necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes. Con el presente Proyecto de Ley Marco, pretendemos establecer una ruta de “Agenda de Desarrollo Post-2015”. Este marco servirá de norma de referencia para que se adopten medidas útiles que permitan articular los organismos públicos con competencia en la protección del derecho a la alimentación, con el sector privado y la sociedad civil de manera más precisa, proporcionando no sólo un marco normativo para imponer su cumplimiento, sino también para elaborar y/ o perfeccionar leyes específicas dirigidas a proteger el acceso al derecho a la alimentación de ciertos grupos de la población. Por lo tanto, el lugar que ocupe la ley marco dentro del ordenamiento jurídico interno es esencial para su eventual interpretación y cumplimiento debido a su interrelación con las demás leyes sectoriales que afectan al ejercicio de este derecho. La salud entendida en sentido más amplio, incluida la prevención de las enfermedades crónicas, contribuye a la reducción de la pobreza y por lo tanto al Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre). En los países más pobres del mundo, aunque siguen predominando las enfermedades infecciosas y la malnutrición, están aumentando los factores conocidos de riesgo de enfermedades crónicas. Estos factores de riesgo tienen consecuencias mucho más graves cuando los lactantes y los niños pequeños sufren retrasos del crecimiento y carencias de micronutrientes durante los que deberían ser periodos de crecimiento rápido. La nutrición es un tema preocupante en América Latina y el Caribe, que se expresa en dos tipos fundamentales de problemas asociados a la alimentación: desnutrición crónica y obesidad. De modo que cuando referimos al Derecho a la Alimentación, no sólo se están considerando las situaciones de pobreza, sino también los cambios en los hábitos alimenticios de importantes sectores de la población- sobre todo en el medio urbano- que están padeciendo enfermedades crónicas asociadas a esa transición nutricional. En nuestro país, las enfermedades nutricionales, tanto por déficit como por exceso tienen alta prevalencia en la población. En ambos casos inducen morbilidad y mortalidad. La desnutrición energéticoproteica (DEP) ha tenido un importante incremento en
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los comienzos de la década en curso, como resultado de la grave crisis socio-económica que el país padeció. Aunque dicha población, que se encontraba en situación de alto riesgo de desnutrición, ha venido siendo apoyada con políticas públicas, se hace necesario evaluar el grado de mejoramiento de su estado nutricional y del control de la DEP. Los grupos de mayor riesgo son los niños menores de dos años y las embarazadas. Al mismo tiempo, la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición (cardiovasculares, osteoporosis, diabetes, algunos tipos de cáncer, etc.) son de elevada frecuencia en nuestra población. La obesidad se presenta en todos los grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico, aunque su frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Más de la mitad de las personas adultas y uno de cada cuatro niños y niñas sufren obesidad o sobrepeso en Uruguay. Un estudio del MSP sobre riesgos cardiovasculares en Uruguay, afirma que un 44 % de la población adulta tiene hipertensión, 21 % colesterol alto y 55 % realiza poca actividad física. Estos dos problemas coexisten en la misma comunidad, en la misma familia (madres obesas con niños desnutridos) y aún en el mismo individuo (niños obesos con retraso del crecimiento), lo cual debe tenerse presente al plantear acciones sanitarias de prevención. Los datos disponibles indican que el país presenta aún niveles elevados de desnutrición crónica, bajo peso al nacer, carencia de ciertos nutrientes específicos o micronutrientes como el hierro o el zinc, la desnutrición temprana, la falta de lactancia materna, la introducción inadecuada de la alimentación sólida y otros elementos del entorno que tienen un papel muy importante en el desarrollo de la desnutrición crónica. En Uruguay, a pesar de haberse logrado disminuir la pobreza, los datos disponibles indican que el país aún tiene niveles elevados de desnutrición crónica entre la población infantil. El 24 % de niños menores de seis años viven en familias por debajo de la línea de la pobreza (INE, 2012), entre los niños menores de 24 meses existe un 31,5 % de prevalencia global de anemia y retraso en la talla. Asimismo, considerando el impacto que en el desarrollo del ser humano tiene la nutrición y la salud de las madres durante el embarazo, según el Sistema de Información Perinatal (SIP), el 15 % de las mujeres al inicio de la gestación presenta peso bajo y el 34 % tiene algún grado de sobrepeso u obesidad.
Uruguay se hizo cargo tempranamente de crear instrumentos tendientes a la protección del derecho a la alimentación. La Constitución de la República marca claramente en su artículo 7º la obligación del Estado respecto a los derechos de sus habitantes cuando establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Con el paso del tiempo, y según las coyunturas se fueron aprobando una serie de normas y se fueron creando una serie de instituciones que constituyen un “basamento” y un antecedente muy importante para perfeccionar y profundizar las políticas públicas orientadas a garantizar la efectiva aplicación del derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional. Finalmente dos consideraciones, en primer lugar no sólo es importante que el Estado reconozca a todas las personas como titulares del derecho a la alimentación adecuada, sino también que las personas se consideren a sí mismas como poseedora de ese derecho y sean capaces de actuar en consecuencia. En segundo término, reafirmar que la credibilidad del Estado y la confianza que en él depositan los ciudadanos es la base de todo contrato social y por lo tanto de todo dispositivo de política, de ahí la importancia del rol que cumplen las “instituciones”. Con este proyecto de ley, pretendemos reforzar el legado institucional, sumar al país a los esfuerzos de la región y dar un marco jurídico general para dar coherencia a las políticas públicas multisectoriales que atienden el derecho a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria. PREÁMBULO CONSIDERANDO Que el derecho a la alimentación es un derecho humano universal, el cual significa que todas las personas tienen; por un lado derecho a estar libres de hambre y por otro, tener acceso físico o económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Que en la Declaración de Salvador de Bahía de 2008 se explicitó el respaldo de la totalidad de los 33 países de la región a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, promoviendo “acciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por
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medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y comercialización”. Que en diciembre de 2008 entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que ya está siendo ratificado por diversos Estados de América Latina y el Caribe. Que en la Constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre, llevada a cabo en Ciudad de Panamá el 3 y 4 de Septiembre de 2009, se estableció el compromiso de establecer un Grupo de Trabajo para garantizar continuidad en el trabajo parlamentario contra el hambre. Que, de igual forma, se reconoció en la Asamblea Plenaria del FIPA del 15 de septiembre de 2009 que es necesario para avanzar una política de desarrollo y seguridad alimentaria que sea al mismo tiempo sostenible y equitativa para todos. Que, durante la reunión de parlamentarios previa a la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009, en Roma, se determinó que “nosotros, los miembros de los parlamentos, jugamos un rol clave en encontrar soluciones al problema del hambre (…) y hay muchas cosas que como parlamentarios podemos hacer, como adoptar marcos legales y leyes para proteger el derecho a la alimentación”. Que en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009 los países firmantes afirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y que la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo institucionalice. Que en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano del 3 de diciembre de 2009 se emitió la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos, conocida como la Declaración de Panamá, que estableció que el “derecho al agua es un derecho humano fundamental, inherente a la vida y a la dignidad humanas” y que “todos los latinoamericanos tienen derecho a una alimentación que asegure un sano desarrollo físico y mental” (artículo 7 y 11). Que en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo en Cancún, México, se acordó “Fortalecer
los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025″. Que en Uruguay cerca de 73 % de los pobres son menores de 17 años. Que el país produce alimentos suficientes para alimentar a toda su población y que por tanto el hambre y la desnutrición no se deben a una falta de disponibilidad sino a una inequidad en el acceso a ellos. Que Uruguay presenta problemas de malnutrición por déficit (retraso de crecimiento, anemia y bajo peso) que se concentran en la población infantil y que condiciona el capital humano del país; por otro lado, tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad y de enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, entre otras), vinculadas con un estilo de vida sedentario e inadecuadas prácticas alimentarias. Que Uruguay tiene que mejorar de forma urgente la nutrición de la mujer embarazada y de nuestros niños, considerando que son períodos que constituyen ventanas de oportunidades para mejorar la salud de la población. CONSCIENTES Que la erradicación del hambre y la desnutrición es una meta urgente que demanda el esfuerzo y compromiso de todos los actores de la sociedad. Que la decidida participación de las mujeres en la lucha contra el hambre y la búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, hace necesario impulsar mecanismos para que en los encuentros del Frente Parlamentario contra el Hambre exista una mayor participación de mujeres, con el objetivo de alcanzar la equidad de género. Que Uruguay tiene un enorme desafío en proponer acciones integrales al respecto, mejorando la calidad de los alimentos diseñados por la industria, mejorando la calidad e inocuidad de la alimentación en general, protegiendo a nuestros niños y adolescentes de publicidad engañosa, proponiendo mejores prácticas alimentarias en entornos educativos, facilitando y favoreciendo espacios públicos para la actividad física, informando y comunicando a la población conocimiento en materia alimentaria y nutricional, entre otras múltiples acciones. Que es necesario promover el derecho a la alimentación adecuada, como un derecho de todo
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ciudadano más allá de su nivel socioeconómico. El concepto de derecho a la alimentación adecuada es más amplio que el derecho a alimentarse, y para ello los Gobiernos tienen la responsabilidad de trabajar para mejorar la nutrición de su gente. RECONOCIENDO Que este proyecto contribuye a la estrategia regional de impulsar la sensibilización de los distintos congresos nacionales respecto a la importancia de que se busque la plena incorporación del derecho a la alimentación a las legislaciones vigentes, a fin de establecerlo de forma definitiva entre los marcos institucionales. Que el Estado tiene tres obligaciones: i) respetar el derecho a la alimentación; ii) proteger este derecho y iii) hacerlo efectivo. La obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación engloba otras dos obligaciones secundarias: la obligación de facilitar y la obligación de proveer y que por tanto es necesario contar con un marco jurídico general en materia de seguridad alimentaria que recoja y considere los criterios, principios y parámetros reconocidos en el ámbito internacional y en el marco jurídico regional. Se somete a consideración de la Cámara de Representantes el presente proyecto de ley. Montevideo, 1° de junio de 2015 JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha”.
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en las localidades de Mendoza Chico y Mendoza Grande, departamento de Florida. C/22/015 en la localidad de Chamizo, departamento de Florida. C/22/015 en la localidad de La Cruz, departamento de Florida. C/22/015 en la localidad de Capilla departamento de Florida. del Sauce, C/22/015
en la localidad de 25 de Agosto, departamento de Florida. C/22/015
El señor Representante Amin Niffouri solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a ANCAP y UTE; y de Economía y Finanzas, acerca del cobro de créditos laborales de trabajadores afectados por la rescisión del contrato a una empresa privada para la ejecución de la obra de una planta regasificadora. C/22/015 El señor Representante Carmelo Vidalín solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a Presidencia de la República y por su intermedio al Sistema Nacional de Emergencia; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Instituto Uruguayo de Meteorología; y de Industria, Energía y Minería, con destino a la URSEC y a ANTEL; y a las empresas de telefonía celular Movistar y Claro, referente a la posibilidad de instrumentar a través de mensajes de texto una comunicación certera, instantánea y oficial, respecto a las denominadas “Alertas Rojas” relativas a los efectos climáticos. C/22/015 al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Primaria de Durazno, y al Jardín de Infantes Nº 88 de la localidad La Paloma, departamento de Durazno; y a la Junta Departamental de Durazno, sobre las dificultades locativas existentes en la Escuela Nº 33 de “Isla de La Paloma”, para albergar a todos los alumnos provenientes del Jardín Nº 88 de la citada localidad. C/22/015 al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al BROU, a la Junta Departamental y a la Intendencia de Durazno, con destino al Municipio de Sarandí del Yí, relacionada con la problemática que ocasiona a toda la población de la referida localidad la existencia de un solo cajero automático, solicitando la instalación de un segundo cajero en la sucursal del BROU de la citada ciudad. C/22/015
5.- Exposiciones escritas
SEÑOR PRESIDENTE abierto el acto. (Es la hora 16 y 14) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante José Andrés Arocena solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la necesidad de dotar de iluminación a los accesos y al puente ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 7 entre Nico Pérez y Batlle y Ordóñez, y la posibilidad de construir uno nuevo. C/22/015 a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un Centro de Atención Ciudadana: • (Pablo Abdala).Está •
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al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la construcción de un tercer carril para tránsito pesado en la Ruta Nacional Nº 5, desde la ciudad de Canelones hasta pueblo Centenario, kilómetro 249, a los efectos de dotar de mas seguridad y agilidad al tránsito en el mencionado trayecto. C/22/015
Representantes que Comisiones citadas: Miércoles 27 de mayo
no
concurrieron
a
las
ASUNTOS INTERNACIONALES Con aviso: Daniel Peña Fernández. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO Con aviso: Carmelo Vidalín”.
El señor Representante Carlos Rodríguez solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Defensa Nacional y del Interior, referente a la posibilidad de fraccionar un predio ubicado en la ciudad de Florida para la construcción de viviendas mediante el Plan de Autoconstrucción para personal militar, policial y civil. C/22/015 La señora Representante Gloria Rodríguez solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, y por su intermedio a la Secretaría de Derechos Humanos; a los Ministerios de Educación y Cultura; de Relaciones Exteriores, con destino a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario; y de Salud Pública; a la Cámara de Senadores, con destino a las Comisiones de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Constitución y Legislación; a la Suprema Corte de Justicia; a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; a la Academia Nacional de Medicina; a la Intendencia y a la Junta Departamental de San José, y a los medios de prensa nacionales y departamentales, sobre presuntos hechos ocurridos en las Colonias Psiquiátricas Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi, y la necesidad de disponer la intervención de las mismas. C/22/015″. ——Se votarán oportunamente.
7.- Exposiciones escritas
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la necesidad de dotar de iluminación a los accesos y al puente ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 7 entre Nico Pérez y Batlle y Ordóñez, y la posibilidad de construir uno nuevo.
6.- Inasistencias anteriores
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencia de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 21 de mayo de 2015: Con aviso: Auro Acosta, Enrique Antía Behrens, Daniel Bianchi, Cecilia Eguiluz y Silvio Ríos Ferreira. Sin aviso: Sergio Arbiza. Inasistencias a las Comisiones
“Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nos referimos al puente sobre la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia, entre las localidades de Nico Pérez y de Batlle y Ordóñez, del departamento de Florida. Estimamos necesario, debido al aumento del tránsito de camiones que circulan por la ruta mencionada, iluminar el puente sobre las vías férreas entre dichas localidades, así como los accesos a dicho puente, ya que el mismo se ubica en una curva. Sin duda alguna, la calidad de construcción ha permitido que ese puente permanezca activo a pesar de los más de 100 años que tiene y que la carga que debe soportar es sensiblemente mayor para la que fue diseñado. Consideramos que se debería realizar un estudio de factibilidad para construir un segundo puente al costado de éste, aprovechando los terraplenes de roca que servirían para un cimiento fuerte. Saludamos al señor presidente muy
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atentamente. JOSÉ ANDRÉS Representante por Florida”. 2)
AROCENA,
Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en las localidades de Mendoza Chico y Mendoza Grande, departamento de Florida.
“Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República. Según nos hemos informado, los Centros de Atención Ciudadana se instalan en las localidades del interior del país donde hay dificultades para acceder a trámites y a servicios que brinda el Estado. Los centros poblados de Mendoza y de Mendoza Chico, en el departamento de Florida, que cuentan con aproximadamente 1.600 habitantes, carecen totalmente de ese tipo de servicio, no teniendo local de pagos básicos, tampoco cajero automático, ni oficina donde consultar por trámites. Por lo expuesto, solicitamos que se instale un Centro de Atención Ciudadana en las citadas localidades a los efectos de cubrir una necesidad importante de quienes viven y/o trabajan en esa zona del departamento. Es intención de esta exposición escrita colaborar en un proceso de expansión y de crecimiento, acercando a los habitantes los servicios esenciales que debemos tener todos, en igualdad de condiciones, en nuestro país. Saludamos al señor presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 3) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en la localidad de Chamizo, departamento de Florida.
brinda el Estado. Pueblo Chamizo, en el departamento de Florida, que cuenta con aproximadamente 540 habitantes, carece totalmente de ese tipo de servicio, no teniendo local de pagos básicos, tampoco cajero automático, ni oficina donde consultar por trámites. Por lo expuesto, solicitamos que se instale un Centro de Atención Ciudadana en la citada localidad a los efectos de cubrir una necesidad importante de quienes viven y/o trabajan en esa zona del departamento. Es intención de esta exposición escrita colaborar en un proceso de expansión y de crecimiento, acercando a los habitantes los servicios esenciales que debemos tener todos, en igualdad de condiciones, en nuestro país. Saludamos al señor presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 4) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en la localidad de La Cruz, departamento de Florida.
“Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República. Según nos hemos informado, los Centros de Atención Ciudadana se instalan en las localidades del interior del país donde hay dificultades para acceder a trámites y a servicios que
“Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República. Según nos hemos informado, los Centros de Atención Ciudadana se instalan en las localidades del interior del país donde hay dificultades para acceder a trámites y a servicios que brinda el Estado. Pueblo La Cruz, en el departamento de Florida, que cuenta con aproximadamente 800 habitantes, carece totalmente de ese tipo de servicio, no teniendo local de pagos básicos, tampoco cajero automático, ni oficina donde consultar por trámites. Por lo expuesto, solicitamos que se instale un Centro de Atención Ciudadana en la citada localidad a los efectos de cubrir una necesidad importante de quienes viven y/o trabajan en esa zona del departamento. Es intención de esta exposición escrita colaborar en un proceso de expansión y de crecimiento, acercando a los habitantes los servicios esenciales que debemos tener todos, en igualdad de condiciones, en nuestro país. Saludamos al señor presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 5) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un
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Centro de Atención Ciudadana en la localidad de Capilla del Sauce, departamento de Florida. “Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República. Según nos hemos informado, los Centros de Atención Ciudadana se instalan en las localidades del interior del país donde hay dificultades para acceder a trámites y a servicios que brinda el Estado. Villa Capilla del Sauce, en el departamento de Florida, que cuenta con aproximadamente 900 habitantes, carece totalmente de ese tipo de servicio, no teniendo local de pagos básicos, tampoco cajero automático, ni oficina donde consultar por trámites. Por lo expuesto, solicitamos que se instale un Centro de Atención Ciudadana en la citada localidad a los efectos de cubrir una necesidad importante de quienes viven y/o trabajan en esa zona del departamento. Es intención de esta exposición escrita colaborar en un proceso de expansión y de crecimiento, acercando a los habitantes los servicios esenciales que debemos tener todos, en igualdad de condiciones, en nuestro país. Saludamos al señor presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 6) Exposición del señor Representante José Andrés Arocena a la Presidencia de la República, relacionada con la instalación de un Centro de Atención Ciudadana en la localidad de 25 de Agosto, departamento de Florida.
efectos de cubrir una necesidad importante de quienes viven y/o trabajan en esa zona del departamento. Es intención de esta exposición escrita colaborar en un proceso de expansión y de crecimiento, acercando a los habitantes los servicios esenciales que debemos tener todos, en igualdad de condiciones, en nuestro país. Saludamos al señor presidente muy atentamente. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida”. 7) Exposición del señor Representante Amin Niffouri a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a ANCAP y UTE; y de Economía y Finanzas, acerca del cobro de créditos laborales de trabajadores afectados por la rescisión del contrato a una empresa privada para la ejecución de la obra de una planta regasificadora.
“Montevideo, 22 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República. Según nos hemos informado, los Centros de Atención Ciudadana se instalan en las localidades del interior del país donde hay dificultades para acceder a trámites y a servicios que brinda el Estado. Villa 25 de Agosto, en el departamento de Florida, que cuenta con aproximadamente 1.900 habitantes, carece totalmente de ese tipo de servicio, no teniendo local de pagos básicos, tampoco cajero automático, ni oficina donde consultar por trámites. Por lo expuesto, solicitamos que se instale un Centro de Atención Ciudadana en la citada localidad a los
“Montevideo, 25 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE); y al Ministerio de Economía y Finanzas. El Gobierno no puede estar omiso ante la grave situación generada respecto a la regasificadora. En estos últimos días el consorcio Gas Natural Licuado del Sur (GNLS) ha manifestado su disposición a asumir las deudas laborales de algunos de los trabajadores afectados por la salida de la constructora OAS S.A. de la obra de la regasificadora. A nuestro juicio no pueden, ni deben, quedar fuera de una solución de esa naturaleza, las deudas generadas con las empresas contratadas oportunamente por OAS S.A. ni la difícil situación que atraviesan los trabajadores de las mismas. Las referidas empresas uruguayas son pequeñas y medianas, con décadas de trabajo en el país, a las que se les exige estar al día con todos los aportes y los tributos correspondientes y que invirtieron en la especialización y la formación de personal para esas tareas (mano de obra altamente especializada), por lo que esa difícil situación les ha comprometido su futuro económico e incluso, en algunos casos, amenaza el cierre de las mismas. Es sabido que el consorcio GNLS, al rescindirle el contrato a la constructora OAS S.A., ejecutó y cobró la garantía
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del orden de US$ 126.000.000. Entendemos que es de justicia que esas empresas subcontratadas cobren el trabajo que han realizado hasta la fecha. No se concibe que el hilo se corte por el lado más fino, por el de los trabajadores y las pequeñas y las medianas empresas uruguayas. Si el consorcio multinacional GNLS (integrado por GDF Suez y Marubeni) ha cobrado una suma tan significativa como garantía, no puede dejar de cumplir los compromisos de pago con quienes han realizado el trabajo hasta la fecha, máxime cuando ya anteriormente ha asumido deudas de OAS S.A. frente a las mismas. El cierre o la afectación económica de esas empresas uruguayas, no sólo puede perjudicar a sus titulares y familias, sino también a centenares de trabajadores, ya que las mismas son generadoras de fuentes de trabajo desde hace décadas en el país. El Gobierno no es ajeno a esa situación, ya que es quien llamó oportunamente a licitación y negoció las condiciones para la ejecución de esa importante obra. Ante el especial momento que está atravesando la industria nacional, con el cierre de varias empresas y el envío de trabajadores al seguro de paro, y la necesidad de pronta concreción de esa obra, entendemos que el mismo debe actuar de manera urgente para salvaguardar los intereses de los trabajadores y las empresas uruguayas. A nuestro juicio, en el caso de que la obra continúe (cosa que entendemos debe suceder), tanto los trabajadores directos como las empresas subcontratadas, deben tener la preferencia para seguir en la misma, sin perjuicio de que se les abone, en forma urgente, lo adeudado hasta la fecha. Saludamos al señor presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”. 8) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín a Presidencia de la República y por su intermedio al Sistema Nacional de Emergencia; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Instituto Uruguayo de Meteorología; y de Industria, Energía y Minería, con destino a la URSEC y a ANTEL; y a las empresas de telefonía celular Movistar y Claro, referente a la posibilidad de instrumentar a través de mensajes de texto una comunicación certera, instantánea y oficial, respecto a las denominadas “Alertas Rojas” relativas a los efectos climáticos.
“Montevideo, 26 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes,
Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y, por su intermedio, al Sistema Nacional de Emergencia; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC); al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), y a las empresas de telefonía celular Movistar y Claro. La presencia en los últimos años de fenómenos climáticos no comunes que han transcurrido en el Uruguay, comienza a ser una materia de estudio para los profesionales de la meteorología pero también para la población en su conjunto -urbana y rural- que observa con atención y preocupación la reiteración de los mismos en forma periódica. El INUMET tiene el deber de suministrar el servicio meteorológico al público nacional, satisfaciendo las necesidades de información oficial del tiempo y el clima y para promover el desarrollo de la ciencia y la técnica meteorológica a nivel nacional. Además, sus actividades están orientadas hacia la protección de la vida humana y los bienes, la prevención de los desastres naturales y la protección del medio ambiente. Una alerta meteorológica se emite cuando el servicio meteorológico, recibe información que indica alta probabilidad de fuertes tormentas, de lluvia intensa en reducido período, de granizo, de fuertes vientos y de temperaturas extremas. Por lo tanto, la presencia de una advertencia producida y conocida con la anterioridad necesaria, conduce a una mejor prevención tanto de la comunidad como de los individuos. En nuestro país existen, además de la institución oficial, meteorólogos privados que brindan información, por diferentes medios de comunicación, a la población. Además, las informaciones de estaciones de meteorología de países vecinos son retransmitidas por los medios uruguayos, resultando a veces los informes contradictorios. Por lo tanto, es fundamental que la comunicación sea certera, oficial, instantánea y en cualquier horario en todo el país al producirse una alerta roja a los efectos de que la población tenga conocimiento de los adversos fenómenos que se avecinan y pueda prevenirse. Esas comunicaciones se pueden realizar a través de los teléfonos celulares resultando un canal apropiado y óptimo
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para que toda la población -sin interesar el lugar donde se encuentre ni el horario- pueda acceder a la información, de forma gratuita, universal e instantánea. En consecuencia, proponemos que se instrumente que el INUMET y el Sistema Nacional de Emergencia, al comprobar la existencia de fenómenos climáticos denominados de alerta roja, los comuniquen de forma rápida, veraz, oficial y precisa a la población a través de mensajes de texto enviados por las distintas empresas de telefonía celular a clientes y usuarios. Saludamos al señor presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 9) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CODICEN de la ANEP, para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Primaria de Durazno, y al Jardín de Infantes Nº 88 de la localidad La Paloma, departamento de Durazno; y a la Junta Departamental de Durazno, sobre las dificultades locativas existentes en la Escuela Nº 33 de “Isla de La Paloma”, para albergar a todos los alumnos provenientes del Jardín Nº 88 de la citada localidad.
“Montevideo, 26 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Durazno, al Jardín Nº 88 de La Paloma y a la Junta Departamental de Durazno. Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso, que la etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para su desarrollo. La necesidad de contar con jardines de infantes específicos para la educación de niños que tengan entre tres y cinco años, basados en desarrollar las capacidades infantiles, resaltando la individualidad de cada niño, teniendo en cuenta sus intereses y su creatividad, son de los objetivos que ha tenido nuestra educación laica y universal en el Uruguay. A raíz que en la localidad de La Paloma, departamento de Durazno, se carecía de un centro educativo para niños menores a cinco años, se crea el 28 de julio de 1989 el Jardín de Infantes Asistencial Nº 88, con el apoyo de las autoridades del Consejo de
Educación Inicial y Primaria, de la Comisión de Fomento, de los padres y de las autoridades departamentales, con el objetivo de contar con un centro de educación preescolar que resulte clave en la concreción de un proyecto elaborado siguiendo el lineamiento de los educadores. Desde su comienzo el Jardín de Infantes Nº 88 se inicia con una matrícula superior a lo previsible, lo cual significa la necesidad que se tenía de contar con su apertura y albergar a los niños menores de cinco años de la localidad. En la actualidad, el Jardín cuenta en el presente año con una matrícula de 45 niños, cuyas edades oscilan entre los tres y cinco años siendo dirigido por una maestra directora y dos maestras auxiliares. Además, funciona en un local apropiado al fin educacional de ser un centro de educación inicial que mantiene su individualidad. En virtud que se ha dado curso al trámite de traslado del Jardín de Infantes Nº 88 al edificio donde funciona la Escuela Nº 33 de Isla de La Paloma, debe considerarse oportuno saber que este solar no cuenta a la fecha con las instalaciones mínimas necesarias para poder albergar a todos los alumnos de la enseñanza inicial, preescolar y primaria por carecer de salones necesarios, como tampoco cuenta con gabinetes higiénicos apropiados a las edades de preescolares. Por lo expuesto, solicitamos a las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria estudiar si es conveniente la participación en un mismo edificio de niños de edades tan diferentes que oscilan entre los tres y cuatro años junto a niños de edades superiores a diez, once o doce años. Saludamos al señor presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 10) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al BROU, a la Junta Departamental y a la Intendencia de Durazno, con destino al Municipio de Sarandí del Yí, relacionada con la problemática que ocasiona a toda la población de la referida localidad la existencia de un solo cajero automático, solicitando la instalación de un segundo cajero en la sucursal del BROU de la citada ciudad. “Montevideo, 26 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), a la Intendencia de Durazno, con destino al Municipio de Sarandí del Yí y a la Junta Departamental de Durazno. La población, los trabajadores y las empresas de la ciudad de Sarandi del Yí, departamento de Durazno, han tenido que adecuarse a la Ley N° 19.210, de 9 mayo de 2014,
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informalmente denominada de bancarización. Esa norma introdujo cambios importantes, entre otros, respecto a las formas de pago que se pueden utilizar e incluso al cobro de haberes de todos los trabajadores, incluidos los rurales. Asimismo, esa ley limita la posibilidad de utilizar cheques comunes en cualquier transacción relevante, obligando el uso de medios de pago electrónicos a través de los cajeros automáticos. La actividad bancaria en Sarandi del Yí, similar a otras ciudades del interior de nuestro país, tuvo siempre diferentes plazas bancarias, públicas y privadas, cooperativas de ahorro y crédito que captaban y ofrecían sus servicios a la población en general de acuerdo a los rubros comerciales, industriales y rurales. Esa situación a raíz de los sucesos del año 2002 se modificó y actualmente cuenta con una única plaza financiera que es el BROU. Asimismo, al instrumentarse por parte del Banco de Previsión Social los pagos de pasividades, de pensiones y de asignaciones familiares se realizaran a través de locales bancarios y teniendo en cuenta la existencia de una sola plaza bancaria, esa se ha visto notoriamente incrementada. Considerando, asimismo, que de acuerdo a la disposición del BROU los depósitos y transacciones menores a la cifra de $ 160.000 y US$ 8.000, esas operaciones deberán realizarse únicamente a través de cajero automático. Resulta que dicha ciudad cuenta con un solo cajero automático en la sucursal del BROU y otro, en una Red de cobranza privada que funciona durante los días hábiles en el horario de oficina y los sábados hasta el mediodía. Contar con un solo cajero automático ubicado en el exterior del edificio de la sucursal del BROU, aumenta el riesgo para los usuarios, los clientes y de la población en general que opera con el BROU por tener que realizar las operaciones bancarias sin medidas de seguridad y realizando la fila para ingresar al mismo en la vereda desguarnecida de protección. En la legislatura anterior, realizamos gestiones existiendo un compromiso de parte de las autoridades del BROU de instalar un nuevo cajero automático en la sucursal, hecho que hasta la fecha aún no se ha concretado. En virtud de lo expuesto, y por ser muy necesario solicitamos la instalación de un nuevo cajero automático en la sucursal de la localidad de Sarandi del Yí del citado banco. Saludamos al señor presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 11) Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la construcción de un tercer carril para tránsito pesado en la Ruta Nacional Nº 5, desde la ciudad de Canelones hasta pueblo Centenario, kilómetro 249, a los efectos
de dotar de mas seguridad y agilidad al tránsito en el mencionado trayecto. “Montevideo, 26 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Vialidad. Sin dudas que un plan de obras viales que incluya la readecuación de puentes a la normativa del Mercosur, el mantenimiento permanente de rutas y la construcción de terceros carriles para el tránsito de camiones van a permitir disminuir los accidentes, sobre todo en aquellas rutas que en su trazado tienen lomadas pronunciadas y cuentan con carriles individuales. La construcción del tercer carril en determinados tramos, debe ser una obra pensada para garantizar una mayor seguridad vial a todos quienes circulen por las rutas nacionales, más aún, cuando fluyen con intensidad en un tránsito que tiene a vehículos de gran variedad y diferentes tamaños, transportando cargas, mercaderías o personas. Camiones, simples o con acoplados, ómnibus, autos, camionetas, motos, maquinaria agrícola, son los protagonistas de la circulación durante las veinticuatro horas en nuestras rutas nacionales. Debido a la gran intensidad y desarrollo de la agricultura y forestación, la imagen de la circulación de camiones de gran porte transportando en caravanas la carga, dificulta el tránsito de los automóviles de menor peso y cilindrada, ya que al transitar los conductores de los camiones de forma conjunta y en hilera, dificulta la óptima y segura circulación en la mayoría de las rutas nacionales que tan solo cuentan con dos carriles, uno para cada sentido direccional. Actualmente, al ser la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera un corredor muy transitado para los camiones de gran porte transportando cargas que superan las 35 toneladas y que debido a sus dimensiones cada unidad supera los treinta metros de longitud, ante un adelantamiento por parte de otro vehículo, implica que éste deba realizar una maniobra riesgosa debido al intenso tránsito y porque además el estado de las banquinas no se encuentran en buen estado. Atendiendo que actualmente se dificulta la circulación por mencionada ruta y es común observar congestionamientos vehiculares, se debería construir el tercer carril exclusivo para el tránsito pesado, y de esta manera no interrumpir el paso de los vehículos de menor porte y así evitar
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siniestros. Por lo expuesto, solicitamos que en la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, al sur del río Negro, desde la ciudad de Canelones hasta pueblo Centenario (Kilómetro 249) se realice un ensanchamiento y se construya el tercer carril cada 50 kilómetros, en tramos de tres kilómetros, a efectos que el tránsito se realice en forma fluida y segura para quienes circulan por tan importante ruta nacional. Saludamos al señor presidente muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 12) Exposición del señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Defensa Nacional y del Interior, referente a la posibilidad de fraccionar un predio ubicado en la ciudad de Florida para la construcción de viviendas mediante el Plan de Autoconstrucción para personal militar, policial y civil. “Montevideo, 28 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Varios vecinos de la ciudad capital del departamento de Florida tienen dificultades para concretar el acceso a una vivienda propia, siendo la principal causa o impedimento el alto valor de venta, tanto de los lotes con servicios como de las viviendas usadas. Evidentemente hay sectores que tienen más dificultades aún, como ser el personal policial y militar. Así nos lo han planteado el Jefe de Policía de dicha ciudad como el Jefe del Batallón de Infantería Mecanizada N° 15. El Ministerio del Interior cuenta con un predio en la ciudad de Florida, padrón rural N° 4176, con una superficie de 39 hectáreas y media, catalogado por el plan de ordenamiento territorial como zona potencialmente residencial. En la actualidad parte del predio está ocupado por el vertedero municipal y se proyecta la construcción de la nueva cárcel departamental, pero existiría espacio más que suficiente para la construcción de entre 150 y 200 viviendas. Solicitamos a los Ministerios correspondientes estudien la posibilidad de establecer un convenio que permita generar un fraccionamiento en dicho predio, estableciendo entre 150 y 200 lotes con servicios, los que puedan ser adjudicados a personal militar, policial y a civiles, para la construcción de viviendas mediante el plan de autoconstrucción gestionado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente. Saludamos al señor presidente muy atentamente. CARLOS RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Representante por Florida”. 13) Exposición de la señora Representante Gloria Rodríguez a la Presidencia de la República, y por su intermedio a la Secretaría de Derechos Humanos; a los Ministerios de Educación y Cultura; de Relaciones Exteriores, con destino a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario; y de Salud Pública; a la Cámara de Senadores, con destino a las Comisiones de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Constitución y Legislación; a la Suprema Corte de Justicia; a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; a la Academia Nacional de Medicina; a la Intendencia y a la Junta Departamental de San José, y a los medios de prensa nacionales y departamentales, sobre presuntos hechos ocurridos en las Colonias Psiquiátricas Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi, y la necesidad de disponer la intervención de las mismas. “Montevideo, 29 de mayo de 2015.Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y, por su intermedio, a la Secretaría de Derechos Humanos; al Ministerio de Educación y Cultura; al Ministerio de Relaciones Exteriores, con destino a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario; al Ministerio de Salud Pública; a la Cámara de Senadores, con destino a las Comisiones de Educación y Cultura, de Salud Pública, y de Constitución y Legislación; a las Comisiones de Derechos Humanos; de Educación y Cultura, y de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara; a la Suprema Corte de Justicia, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; a la Academia Nacional de Medicina; a la Intendencia de San José; a la Junta Departamental de San José; a los medios de comunicación nacionales y a los medios de comunicación del departamento de San José, en relación a las Colonias Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi y a los hechos que, sin dudas, estos últimos meses son noticia y que vemos con profundo dolor que no hay una respuesta de las autoridades correspondientes. El 25 de marzo del presente año, recibimos la información del fallecimiento de un paciente de la Colonia Doctor
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Bernardo Etchepare a raíz de las mordeduras producidas por perros existentes en dicho centro de salud, lo que motivó nuestra concurrencia al mismo siendo recibidos por el Director Doctor Osvaldo Do Campo. La situación y el estado de la misma no escapan al conocimiento de todos, ese día se estaban realizando algunos traslados de pacientes a otros pabellones en mejores condiciones. Durante ese período hemos realizado un seguimiento y constatamos que no se cumplieron con los plazos establecidos por la Justicia. El lunes 25 de mayo próximo pasado, recibimos una delegación del Movimiento Salud para Todos encabezado por su presidente señor Rubén Bouvier, quienes nos hicieron llegar las siguientes denuncias: 1) Fallecimiento de un paciente en la Colonia Doctor Bernardo Etchepare por no recibir la asistencia correspondiente luego de una golpiza por parte de otros pacientes, la muerte se constata por los funcionarios luego de varias horas después de ocurrido. No se realizó autopsia, acta de defunción: muerte natural. 2) Fallecimiento, día 9 de mayo del corriente, en la Colonia Doctor Santín Carlos Rossi de un paciente con quemaduras en el rostro y en el cuerpo. Certificado por el médico de guardia como muerte natural, lo que es cuestionado por otro médico quien solicita verbalmente se investigue las causas de las quemaduras sin tener respuesta favorable. 3) Tuberculosis en la Colonia Doctor Santín Carlos Rossi con seis fallecimientos y falta de medidas de prevención sanitarias. Esas denuncias fueron presentadas el día viernes 22 de mayo por el Movimiento Salud para Todos ante el Juzgado Letrado de San José. Sumado a lo antes expuesto, el día de hoy recibimos a funcionarios de ambas Colonias quienes nos informaron de las situaciones con las que conviven diariamente y que ponen en riesgo la seguridad tanto de los pacientes como del personal del pabellón. La poca capacidad de reacción de la Dirección ante situaciones difíciles de las Colonias, como la demora de las guardias médicas en llegar por falta de vehículos para trasladarse en el mismo predio. Muertes de pacientes ahogados en el río Santa Lucia que figuran en la planilla como de alta. Se ordenan certificados de fallecimiento por teléfono ignorando las verdaderas causas de las mismas. Los funcionarios nos manifiestan que temen represiones debido a que hay antecedentes con quienes realizaron denuncias u observaciones por la decadencia del servicio. Considerando los hechos narrados nos encontramos ante una situación de emergencia sanitaria y un menoscabo de los
derechos humanos de los pacientes y funcionarios de las Colonias Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi. Por lo expuesto, y ante la gravedad de los hechos y la situación de caos, es que solicitamos al señor Ministro de Salud Pública Doctor Jorge Basso a través de su unidad ejecutora la Administración de los Servicios de Salud del Estado disponga el control e intervención de dichas Colonias. Saludamos al señor presidente muy atentamente. GLORIA RODRÍGUEZ, Representante por Montevideo”.
8.- Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. (Designación de una Comisión Investigadora)
Se pasa a considerar el asunto motivo de la convocatoria: “Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. (Designación de una Comisión Investigadora)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 161 “Montevideo, 26 de mayo de 2015 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: Cúmpleme solicitar a usted tenga a bien disponer, en mérito a las facultades que me confiere el artículo 120 de la Constitución de la República y al amparo de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 10 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995 y los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, la conformación de una Comisión Parlamentaria a efectos de analizar e investigar, las actividades realizadas por el FONDES, desde su creación por el decreto 341/2011 de 27 de setiembre de 2011 hasta la fecha, en mérito a lo siguiente: I PRECISIONES PREVIAS El FONDES (Fondo de Desarrollo) involucra el manejo de fondos públicos. Lo hace en una forma excepcional, en cuanto no cumple con las normas del régimen general de contralor para los casos en que organismos estatales hacen uso de fondos públicos. Esta excepcionalidad justifica que el Poder Legislativo deba asumir una tarea más exigente
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de contralor utilizando todos los mecanismos disponibles, incluida la investigación parlamentaria. En cumplimiento de la función parlamentaria de control (conforme el artículo 118 de la Constitución), hemos realizado pedidos de informes al Ministerio de Industria y Energía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los efectos de conocer sobre lo ocurrido en relación al FONDES. Esos pedidos no han sido respondidos. El artículo 120 de la Constitución establece que “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”. Teniendo presente por un lado, el impostergable cumplimiento de la función de contralor administrativo, que impone investigar hechos que puedan configurar irregularidades o ilícitos. Unido en el presente caso a su relevante trascendencia con fines legislativos, dado el próximo tratamiento de un proyecto sobre el Fondes, con la intención expresa del Poder Ejecutivo de tener su rápida aprobación, es que se solicita la designación de una comisión investigadora parlamentaria de acuerdo conforme a lo dispuesto artículo 120 de la Constitución. II OBJETO Y FINALIDAD DEL PEDIDO DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA: CONTROLAR LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES O ILICITUDES. Y SUMINISTRAR DATOS CON FINES LEGISLATIVOS La presente solicitud se realiza con los siguientes objetivos: Con la finalidad de investigar situaciones que presentan elementos de irregularidad o ilicitud en relación al uso de los recursos del FONDES (Fondo de Desarrollo creado por decreto 341/2011, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Nº 18.716). Con el objetivo adicional de reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el FONDES que el Poder Ejecutivo ha presentado.
III CONSTATACIÓN DE HECHOS QUE CONFIGURAN INDICIOS DE ILICITUD O IRREGULARIDAD EN ASUNTOS QUE REVISTEN SUFICIENTE ENTIDAD INSTITUCIONAL Por diferentes medios hemos tomado conocimiento de un conjunto de hechos relacionados con algunos de los emprendimientos asistidos por el FONDES, de los que puede inferirse razonablemente la configuración de irregularidades o ilicitudes. A continuación destacamos algunas situaciones de las que resultan claros indicios de apartamiento grave del derecho aplicable (en particular de la normativa especial establecida en los artículos 40 y 41 de la Ley Nº 18.716 y del Decreto 341/2011) por parte de la Junta Directiva del Fondes: En primer lugar, la constatación de que al menos 3 de las empresas asistidas por el FONDES han cerrado o suspendido su actividad. Situaciones estas que cuestionan haber cumplido con los requisitos de viabilidad y sustentabilidad exigidos como presupuesto para su financiamiento. En segundo lugar, la constatación adicional de que varios de los emprendimientos asistidos por el FONDES registran resultados negativos y enfrentan graves dificultades para continuar su actividad. Las que han debido ser asistidas en forma complementaria por diversos organismos estatales y hasta por el propio Fondes para poder mantener su actividad. Lo que demuestra serias inconsistencias en sus proyecciones económicas y financieras, de las que cabe presumir que estos proyectos tampoco reunían las condiciones de viabilidad y sustentabilidad. En tercer lugar, el conocimiento respecto de empresas asistidas por el FONDES que presentan una excesiva dependencia comercial y económica con mercados que presentan características de excepcionalidad y vulnerabilidad. Es el caso de empresas que reciben apoyos del gobierno de Venezuela y venden más del 80 % a empresas estatales o paraestatales venezolanas. Lo que demuestra su falta de competitividad y capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado. Situaciones que indican que estos proyectos tampoco presentaban suficientes garantías de viabilidad y sustentabilidad. En cuarto lugar, la comprobación de violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el Fondes, a las normas medioambientales. Han
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quedado probados casos de contaminación a importantes sistemas como la cuenca del río Santa Lucía, lo que demuestra haberse asistido financieramente a empresas que no daban suficientes garantías del cuidado del Medio Ambiente. Todo esto en clara contravención a las exigencias impuestas por la normativa del FONDES, en especial al artículo 4 del Decreto 341/2011. Finalmente, debe señalarse el caso de aportes del FONDES con destino a saldar deudas bancarias de terceros. La asistencia del FONDES a una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de US$ 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por si elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas. IV FUNDAMENTOS SOBRE LA IRREGULARIDADES O ILICITUDES En primer lugar, se verifica un grave ocultamiento de datos en claro incumplimiento a la obligación legal impuesta expresamente por el artículo 41 de la Ley Nº 18.716 y el artículo 9º del Decreto 341/2011. Lo que configura una clara irregularidad e ilicitud. El Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha con la obligación legal de remitir la información detallada respecto a la utilización de los fondos. Tampoco ha respondido los pedidos de informes realizados por varios legisladores al Ministerio de Industria y Energía, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En consecuencia se registra además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad en la Administración Pública establecido por la ley anticorrupción, privando a los ciudadanos del derecho a conocer como se utilizaron los fondos públicos. Lo que constituye una grave reiteración de conductas contrarias a la probidad en la función pública, al negar información y documentación solicitada, contraviniendo expresamente lo establecido por los artículos 7º y 22 de la Ley Nº 17.060. En segundo lugar, se presentan indicios de abuso, exceso y desviación de poder por parte del Poder Ejecutivo en la utilización del FONDES. En este punto debe tenerse presente que el esquema del Fondes implica la utilización de fondos
públicos en beneficio de particulares, razón por la cual las normas que lo regulan contienen disposiciones expresas, con exigencias muy rigurosas y detalladas, acerca de la elegibilidad de los destinos de esos fondos públicos. Como se ha señalado, puede apreciarse varias operaciones realizadas por el FONDES con claros indicios de haberse apartado de las disposiciones expresas para el uso de los fondos. Cabe advertir que el origen de estas desviaciones de poder, resultan de la discrepancia y desajuste entre la finalidad establecida por la Ley del Fondes y el objetivo perseguido explícitamente por el ex presidente Mujica, máximo jerarca desde su creación hasta el pasado 1 de marzo. Manifestado en expresiones públicas en las que declaró su voluntad de usar el FONDES para “mantener las velas prendidas al socialismo”. Agravado con su conocida postura respecto de que “lo político debe prevalecer sobre lo jurídico”. Sometiendo los requerimientos legales de que las empresas sean viables y sustentables a la concepción política. De lo señalado, cabe inferir la intensidad de la influencia para utilizar el fondo en forma indebida, en clara violación del principio constitucional que establece que los recursos públicos están al servicio de la Nación y no de una ideología. La incidencia de dichas directivas en las decisiones de invertir los recursos del fondo conforme a criterios políticos por encima de los requerimientos técnicos, económicos y financieros establecidos por la normativa aplicable, determinó en la práctica, al menos en los proyectos cuestionados, que no se cumpliera con las exigencias establecidas por la Ley Nº 18.716 y el Decreto 341/2011 que limitaban explícitamente el financiamiento a los proyectos productivos viables y sustentables. La ausencia de razonabilidad en la asistencia a los proyectos mencionados, encuentra una explicación en la conducta irregular o ilícita de intermediación política. En tercer lugar, en las situaciones que se formularán oportunamente, no puede descartarse la configuración de actos de corrupción. Si se tiene presente la Ley Nº 17.060 que en su artículo 3° define como corrupción “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para si o para otro, se haya consumado o no daño al Estado”, no es difícil concluir que la aprobación por el FONDES de
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proyectos que no cumplían con los requerimientos legales, configuran casos de uso indebido del poder público para financiar proyectos que directa o indirectamente beneficiaron a particulares. Por lo tanto de corrupción. V OTROS HECHOS CONEXOS RELEVANTES: LOS NEGOCIOS CON VENEZUELA No debería quedar fuera de esta investigación, la fuerte conexión de algunos emprendimientos asistidos por el FONDES con gobiernos y empresas estatales o paraestatales extranjeras. En especial, los vínculos con un país como Venezuela, que de acuerdo al último reporte de la prestigiosa ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, registra los índices más altos de corrupción en el mundo (compartiendo con Yemen y Angola, el puesto 161 entre 174). Es conocida la existencia de varios proyectos asistidos por el FONDES que reciben aportes monetarios del gobierno venezolano. Y no puede soslayarse el hecho de otros emprendimientos que presentan una excesiva dependencia comercial con empresas estatales de ese país, lo que deja sin sustento ni explicación lógica, el desarrollo de dicha actividad empresarial. VI SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN Con el objeto de conocer los hechos que el Poder Ejecutivo se ha negado a informar, que presentan elementos de irregularidad o ilicitud, y con la finalidad de suministrar datos con fines legislativos, se solicita la designación de una comisión investigadora con los siguientes cometidos: 1.- Respecto de las Empresas que hoy están cerradas o con actividad disminuida: investigar si se cumplió con el requerimiento de viabilidad y sustentabilidad, como exigían las normas aplicables. 2.- Respecto de las empresas que fueron sancionadas por clara violación a la normativa medioambiental: investigar las circunstancias en que fueron otorgadas esas asistencias y el grado de contaminación generado al medio ambiente, en particular a la cuenca del Río Santa Lucía. 3.- Investigar los emprendimientos que presentan dependencia comercial y económica con mercados y/o empresas, para determinar la
consistencia o no de los elementos que garantizaban la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos asistidos. En su caso, investigar si existieron conductas fraudulentas en los procesos contractuales (en su objeto, duración y agentes de intermediación) verificando la razonabilidad de los precios, comisiones y las condiciones de pago establecidas. Así como analizar los eventuales incumplimientos del pago de precio y las acciones realizadas para su cobro. 4.- Investigar los procedimientos realizados por el Comité de Supervisión y por la Junta Directiva del Fondes en oportunidad de aprobar los apoyos financieros y del seguimiento o fiscalización a los proyectos efectivamente asistidos: a) si se verificó el cumplimiento de los requisitos de viabilidad y sustentabilidad b) si se verificaron el cumplimiento de la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, adecuada productividad de los factores, desarrollo de productos y mercados que promuevan su sustentabilidad c) si se dio cumplimiento a la normativa legal, laboral, tributaria y el cuidado del Medio Ambiente. 5.- Investigar los negocios de los emprendimientos asistidos por el FONDES con el Gobierno de Venezuela v con empresas estatales de ese país. A fin de investigar si existieron conductas irregulares o ilícitas, en contravención a las normas internas como internacionales. 6.- Investigar si existió algún tipo de apoyo adicional por parte de otros fondos o instituciones, privadas o estatales, nacionales o extranjeros, para sostener -directa o indirectamente- los emprendimientos asistidos por el FONDES. En su caso, investigar los montos, los efectos y las obligaciones emergentes de esos aportes y conexiones. 7.- Investigar los proyectos asistidos por el FONDES y a los que se haya comprometido su apoyo, a fin de constatar si se cumplieron estrictamente con todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.716 y el decreto 341/2011. En caso contrario, en los emprendimientos que presenten elementos de uso indebido o irregular de los recursos del fondo, investigar para conocer las razones que determinaron la asistencia.
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VII EN CONCLUSIÓN, CONSIDERAMOS SE JUSTIFICA DE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR LA ENTIDAD DE LOS HECHOS, LA SERIEDAD DE SU ORIGEN Y LAS RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXPRESADAS 1°.- Por la entidad de las situaciones a investigarse, en las que se aprecia un accionar discrecional ilegítimo por parte del FONDES, en desajuste con la normativa aplicable, de las que cabe inferir un uso irregular o ilícito de los fondos públicos del Estado. 2°.- Por la seriedad de su origen, que resulta entre otros aspectos por la constatación de los hechos mencionados. 3°.- Por la oportunidad y la conveniencia de la investigación, dada la relevancia actual en momentos que se presenta a consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre el FONDES. En consecuencia, con estos objetivos y finalidad, se solicita la designación de una Comisión para investigar todo lo actuado por el FONDES desde su creación hasta a la fecha -qué, por qué, y cómo se hizo uso de los recursos públicos-, a los efectos de dar cumplimiento a la funciones que la Constitución y la ciudadanía han encomendado a este Cuerpo. RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo. Presidencia N° 107 Montevideo, 26 de mayo de 2015 VISTO: La nota presentada por el señor Representante Nacional Rodrigo Goñi, por la que solicita la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde integrar una Comisión Preinvestigadora de tres miembros con el cometido de informar sobre la entidad de la denuncia y la oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión Investigadora solicitada. ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995, y por el
artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes RESUELVE: 1°.- Créase una Comisión Preinvestigadora con el cometido de informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Rodrigo Goñi, y la oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. 2°.- La Comisión Preinvestigadora estará integrada por los Representantes Nacionales Cecilia Bottino, Alfredo Asti y Gerardo Amarilla y dispone de un plazo de 48 horas para expedirse, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698. ALEJANDRO SÁNCHEZ Presidente VIRGINIA ORTIZ Secretaria”. Anexo I al Rep. Nº 161 “Montevideo, 26 de mayo de 2015 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: Cúmpleme solicitar a usted tenga a bien disponer, en mérito a las facultades que me confiere el artículo 120 de la Constitución de la República y al amparo de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 10 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995 y los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, la conformación de una Comisión Parlamentaria a efectos de analizar e investigar, las actividades realizadas por el FONDES, desde su creación por el decreto 341/2011 de 27 de setiembre de 2011 hasta la fecha, en mérito a lo siguiente: I PRECISIONES PREVIAS El FONDES (Fondo de Desarrollo) involucra el manejo de fondos públicos. Lo hace en una forma excepcional, en cuanto no cumple con las normas del régimen general de contralor para los casos en que organismos estatales hacen uso de fondos
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públicos. Esta excepcionalidad justifica que el Poder Legislativo deba asumir una tarea más exigente de contralor utilizando todos los mecanismos disponibles, incluida la investigación parlamentaria. En cumplimiento de la función parlamentaria de control (conforme el artículo 118 de la Constitución), hemos realizado pedidos de informes al Ministerio de Industria y Energía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los efectos de conocer sobre lo ocurrido en relación al FONDES. Esos pedidos no han sido respondidos. El artículo 120 de la Constitución establece que “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”. Teniendo presente por un lado, el impostergable cumplimiento de la función de contralor administrativo, que impone investigar hechos que puedan configurar irregularidades o ilícitos. Unido en el presente caso a su relevante trascendencia con fines legislativos, dado el próximo tratamiento de un proyecto sobre el Fondes, con la intención expresa del Poder Ejecutivo de tener su rápida aprobación, es que se solicita la designación de una comisión investigadora parlamentaria de acuerdo conforme a lo dispuesto artículo 120 de la Constitución. II OBJETO Y FINALIDAD DEL PEDIDO DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA: CONTROLAR LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES O ILICITUDES. Y SUMINISTRAR DATOS CON FINES LEGISLATIVOS La presente solicitud se realiza con los siguientes objetivos: Con la finalidad de investigar situaciones que presentan elementos de irregularidad o ilicitud en relación al uso de los recursos del FONDES (Fondo de Desarrollo creado por decreto 341/2011, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Nº 18.716). Con el objetivo adicional de reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el FONDES que el Poder Ejecutivo ha presentado.
III CONSTATACIÓN DE HECHOS QUE CONFIGURAN INDICIOS DE ILICITUD O IRREGULARIDAD EN ASUNTOS QUE REVISTEN SUFICIENTE ENTIDAD INSTITUCIONAL Por diferentes medios hemos tomado conocimiento de un conjunto de hechos relacionados con algunos de los emprendimientos asistidos por el FONDES, de los que puede inferirse razonablemente la configuración de irregularidades o ilicitudes. A continuación destacamos algunas situaciones de las que resultan claros indicios de apartamiento grave del derecho aplicable (en particular de la normativa especial establecida en los artículos 40 y 41 de la Ley Nº 18.716 y del Decreto 341/2011) por parte de la Junta Directiva del Fondes: En primer lugar, la constatación de que al menos 3 de las empresas asistidas por el FONDES han cerrado o suspendido su actividad. Situaciones estas que cuestionan haber cumplido con los requisitos de viabilidad y sustentabilidad exigidos como presupuesto para su financiamiento. En segundo lugar, la constatación adicional de que varios de los emprendimientos asistidos por el FONDES registran resultados negativos y enfrentan graves dificultades para continuar su actividad. Las que han debido ser asistidas en forma complementaria por diversos organismos estatales y hasta por el propio Fondes para poder mantener su actividad. Lo que demuestra serias inconsistencias en sus proyecciones económicas y financieras, de las que cabe presumir que estos proyectos tampoco reunían las condiciones de viabilidad y sustentabilidad. En tercer lugar, el conocimiento respecto de empresas asistidas por el FONDES que presentan una excesiva dependencia comercial y económica con mercados que presentan características de excepcionalidad y vulnerabilidad. Es el caso de empresas que reciben apoyos del gobierno de Venezuela y venden más del 80 % a empresas estatales o paraestatales venezolanas. Lo que demuestra su falta de competitividad y capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado. Situaciones que indican que estos proyectos tampoco presentaban suficientes garantías de viabilidad y sustentabilidad. En cuarto lugar, la comprobación de violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el Fondes, a las normas medioambientales. Han
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quedado probados casos de contaminación a importantes sistemas como la cuenca del río Santa Lucía, lo que demuestra haberse asistido financieramente a empresas que no daban suficientes garantías del cuidado del Medio Ambiente. Todo esto en clara contravención a las exigencias impuestas por la normativa del FONDES, en especial al artículo 4 del Decreto 341/2011. Finalmente, debe señalarse el caso de aportes del FONDES con destino a saldar deudas bancarias de terceros. La asistencia del FONDES a una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de US$ 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por si elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas. IV FUNDAMENTOS SOBRE LA IRREGULARIDADES O ILICITUDES En primer lugar, se verifica un grave ocultamiento de datos en claro incumplimiento a la obligación legal impuesta expresamente por el artículo 41 de la Ley Nº 18.716 y el artículo 9º del Decreto 341/ 2011. Lo que configura una clara irregularidad e ilicitud. El Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha con la obligación legal de remitir la información detallada respecto a la utilización de los fondos. Tampoco ha respondido los pedidos de informes realizados por varios legisladores al Ministerio de Industria y Energía, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En consecuencia se registra además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad en la Administración Pública establecido por la ley anticorrupción, privando a los ciudadanos del derecho a conocer como se utilizaron los fondos públicos. Lo que constituye una grave reiteración de conductas contrarias a la probidad en la función pública, al negar información y documentación solicitada, contraviniendo expresamente lo establecido por los artículos 7º y 22 de la Ley Nº 17.060. En segundo lugar, se presentan indicios de abuso, exceso y desviación de poder por parte del Poder Ejecutivo en la utilización del FONDES. En este punto debe tenerse presente que el esquema del Fondes implica la utilización de fondos
públicos en beneficio de particulares, razón por la cual las normas que lo regulan contienen disposiciones expresas, con exigencias muy rigurosas y detalladas, acerca de la elegibilidad de los destinos de esos fondos públicos. Como se ha señalado, puede apreciarse varias operaciones realizadas por el FONDES con claros indicios de haberse apartado de las disposiciones expresas para el uso de los fondos. Cabe advertir que el origen de estas desviaciones de poder, resultan de la discrepancia y desajuste entre la finalidad establecida por la Ley del Fondes y el objetivo perseguido explícitamente por el ex presidente Mujica, máximo jerarca desde su creación hasta el pasado 1 de marzo. Manifestado en expresiones públicas en las que declaró su voluntad de usar el FONDES para “mantener las velas prendidas al socialismo”. Agravado con su conocida postura respecto de que “lo político debe prevalecer sobre lo jurídico”. Sometiendo los requerimientos legales de que las empresas sean viables y sustentables a la concepción política. De lo señalado, cabe inferir la intensidad de la influencia para utilizar el fondo en forma indebida, en clara violación del principio constitucional que establece que los recursos públicos están al servicio de la Nación y no de una ideología. La incidencia de dichas directivas en las decisiones de invertir los recursos del fondo conforme a criterios políticos por encima de los requerimientos técnicos, económicos y financieros establecidos por la normativa aplicable, determinó en la práctica, al menos en los proyectos cuestionados, que no se cumpliera con las exigencias establecidas por la Ley Nº 18.716 y el Decreto 341/2011 que limitaban explícitamente el financiamiento a los proyectos productivos viables y sustentables. La ausencia de razonabilidad en la asistencia a los proyectos mencionados, encuentra una explicación en la conducta irregular o ilícita de intermediación política. En tercer lugar, en las situaciones que se formularán oportunamente, no puede descartarse la configuración de actos de corrupción. Si se tiene presente la Ley Nº 17.060 que en su artículo 3° define como corrupción “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para si o para otro, se haya consumado o no daño al Estado”, no es difícil concluir que la aprobación por el FONDES de
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proyectos que no cumplían con los requerimientos legales, configuran casos de uso indebido del poder público para financiar proyectos que directa o indirectamente beneficiaron a particulares. Por lo tanto de corrupción. V OTROS HECHOS CONEXOS RELEVANTES: LOS NEGOCIOS CON VENEZUELA No debería quedar fuera de esta investigación, la fuerte conexión de algunos emprendimientos asistidos por el FONDES con gobiernos y empresas estatales o paraestatales extranjeras. En especial, los vínculos con un país como Venezuela, que de acuerdo al último reporte de la prestigiosa ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, registra los índices más altos de corrupción en el mundo (compartiendo con Yemen y Angola, el puesto 161 entre 174). Es conocida la existencia de varios proyectos asistidos por el FONDES que reciben aportes monetarios del gobierno venezolano. Y no puede soslayarse el hecho de otros emprendimientos que presentan una excesiva dependencia comercial con empresas estatales de ese país, lo que deja sin sustento ni explicación lógica, el desarrollo de dicha actividad empresarial. VI SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN. Con el objeto de conocer los hechos que el Poder Ejecutivo se ha negado a informar, que presentan elementos de irregularidad o ilicitud, y con la finalidad de suministrar datos con fines legislativos, se solicita la designación de una comisión investigadora con los siguientes cometidos: 1.- Respecto de las Empresas que hoy están cerradas o con actividad disminuida: investigar si se cumplió con el requerimiento de viabilidad y sustentabilidad, como exigían las normas aplicables. 2.- Respecto de las empresas que fueron sancionadas por clara violación a la normativa medioambiental: investigar las circunstancias en que fueron otorgadas esas asistencias y el grado de contaminación generado al medio ambiente, en particular a la cuenca del Río Santa Lucía. 3.- Investigar los emprendimientos que presentan dependencia comercial y económica con mercados y/o empresas, para determinar la
consistencia o no de los elementos que garantizaban la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos asistidos. En su caso, investigar si existieron conductas fraudulentas en los procesos contractuales (en su objeto, duración y agentes de intermediación) verificando la razonabilidad de los precios, comisiones y las condiciones de pago establecidas. Así como analizar los eventuales incumplimientos del pago de precio y las acciones realizadas para su cobro. 4.- Investigar los procedimientos realizados por el Comité de Supervisión y por la Junta Directiva del Fondes en oportunidad de aprobar los apoyos financieros y del seguimiento o fiscalización a los proyectos efectivamente asistidos: a) si se verificó el cumplimiento de los requisitos de viabilidad y sustentabilidad b) si se verificaron el cumplimiento de la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, adecuada productividad de los factores, desarrollo de productos y mercados que promuevan su sustentabilidad c) si se dio cumplimiento a la normativa legal, laboral, tributaria y el cuidado del Medio Ambiente. 5.- Investigar los negocios de los emprendimientos asistidos por el FONDES con el Gobierno de Venezuela v con empresas estatales de ese país. A fin de investigar si existieron conductas irregulares o ilícitas, en contravención a las normas internas como internacionales. 6.- Investigar si existió algún tipo de apoyo adicional por parte de otros fondos o instituciones, privadas o estatales, nacionales o extranjeros, para sostener -directa o indirectamente- los emprendimientos asistidos por el FONDES. En su caso, investigar los montos, los efectos y las obligaciones emergentes de esos aportes y conexiones. 7.- Investigar los proyectos asistidos por el FONDES y a los que se haya comprometido su apoyo, a fin de constatar si se cumplieron estrictamente con todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.716 y el decreto 341/2011. En caso contrario, en los emprendimientos que presenten elementos de uso indebido o irregular de los recursos del fondo, investigar para conocer las razones que determinaron la asistencia.
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VII EN CONCLUSIÓN, CONSIDERAMOS SE JUSTIFICA DE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR LA ENTIDAD DE LOS HECHOS, LA SERIEDAD DE SU ORIGEN Y LAS RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXPRESADAS 1°.- Por la entidad de las situaciones a investigarse, en las que se aprecia un accionar discrecional ilegítimo por parte del FONDES, en desajuste con la normativa aplicable, de las que cabe inferir un uso irregular o ilícito de los fondos públicos del Estado. 2°.- Por la seriedad de su origen, que resulta entre otros aspectos por la constatación de los hechos mencionados. 3°.- Por la oportunidad y la conveniencia de la investigación, dada la relevancia actual en momentos que se presenta a consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre el FONDES. En consecuencia, con estos objetivos y finalidad, se solicita la designación de una Comisión para investigar todo lo actuado por el FONDES desde su creación hasta a la fecha -qué, por qué, y cómo se hizo uso de los recursos públicos-, a los efectos de dar cumplimiento a la funciones que la Constitución y la ciudadanía han encomendado a este Cuerpo. RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo. Presidencia N° 107 Montevideo, 26 de mayo de 2015 VISTO: La nota presentada por el señor Representante Nacional Rodrigo Goñi, por la que solicita la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde integrar una Comisión Preinvestigadora de tres miembros con el cometido de informar sobre la entidad de la denuncia y la oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión Investigadora solicitada. ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995, y por el
artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes RESUELVE: 1°.- Créase una Comisión Preinvestigadora con el cometido de informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Rodrigo Goñi, y la oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. 2°.- La Comisión Preinvestigadora estará integrada por los Representantes Nacionales Cecilia Bottino, Alfredo Asti y Gerardo Amarilla y dispone de un plazo de 48 horas para expedirse, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698. ALEJANDRO SÁNCHEZ Presidente VIRGINIA ORTIZ Secretaria Cámara de Representantes Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación XLVIII LEGISLATURA Primer Período ACTA Nº 1 En Montevideo, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo la hora diez y cuarenta minutos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación, a efectos de recibir del mocionante, señor Representante Rodrigo Goñi Reyes, articulación de sus denuncias. (Carpeta 188/2015 – Repartido 161/2015).—————————Moderadora: Señora Representante Cecilia Bottino.Miembros: Señores Representantes Gerardo Amarilla y Alfredo Asti.—————————————–Asesora: Señora Secretaria Redactora de la Cámara de Representantes, Virginia Ortiz, de acuerdo al inciso primero del artículo once de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995.—————————————-Denunciante: Señor Representante Rodrigo Goñi Reyes.————————————————————–Asunto entrado: Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. Designación de una Comisión Preinvestigadora.———————————–
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Actúa en Secretaría: Señora Beatriz Méndez, Secretaria, y el señor Eduardo Sánchez, Prosecretario.—————————————————-Abierto el acto, se constituye la Comisión Preinvestigadora y el señor Representante Alfredo Asti mociona para que la señora Representante Cecilia Bottino actúe como moderadora de la misma.Se vota: dos en tres. Aprobado.—————————–La señora Representante Cecilia Bottino vota por el señor Representante Alfredo Asti.————————–Se analiza y se acuerda pasar a intermedio hasta la hora trece y treinta minutos en que se recibirá al denunciante para que articule las mismas.—————Se retiran de sala los señores legisladores y se le comunicará al señor Representante Rodrigo Goñi Reyes de lo resuelto por la Comisión Preinvestigadora.———————————————–Siendo la hora trece y cuarenta y ocho minutos, se levanta el intermedio y se invita a pasar a sala al señor Representante -denunciante- Rodrigo Goñi Reyes.————————————————————-El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias y, solicitado por la moderadora, agrega material, que se distribuye en sala a los señores miembros de la Comisión Preinvestigadora.————-Resolución: Se acuerda reunirse mañana jueves a la hora diez, para tomar resolución sobre el tema.——–De lo actuado, se toma versión taquigráfica, que consta de quince folios que, debidamente rubricados, pasan a formar parte de la presente Acta.—————Siendo la hora quince y seis minutos, se da por finalizado el acto.————————————————Para constancia se labra la presente Acta, la que una vez aprobada, firman los señores miembros de la Comisión Preinvestigadora y el señor Denunciante.-CECILIA BOTTINO, GERARDO AMARILLA, ALFREDO ASTI RODRIGO GOÑI REYES COMISION PREINVESTIGADORA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FONDES DESDE SU CREACIÓN. (Sesión de 27 de mayo de 2015) SEÑORA SECRETARIA.- Procedería quién va a moderar esta reunión. determinar
SEÑORA MODERADORA (Cecilia Bottino).- De conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 16.698, la Comisión Preinvestigadora tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para informar sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación. Correspondería recibir al diputado denunciante. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Hay dos integrantes de la Comisión, la señora Moderadora y el señor diputado Amarilla, que integran la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que ya está reunida. En ese sentido, no tengo inconveniente en esperar a que termine esa reunión: en ese lapso la Secretaría podrá convocar al diputado denunciante. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Propongo pasar a intermedio hasta la hora 13 y 30. (Apoyados) SEÑORA MODERADORA (Cecilia Bottino).Habiendo acuerdo, se pasa a intermedio hasta la hora 13 y 30. (Es la hora 10 y 48) (Asiste el señor Representante Goñi Reyes) ——Continúa la sesión. (Es la hora 13 y 40) ——De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.698, está presente en Sala la señora Secretaria Redactora, doctora Virginia Ortiz. Corresponde votar su presencia por algún asesoramiento que se pueda requerir por parte de la Comisión. (Se vota) ——Tres por Unanimidad. la afirmativa: AFIRMATIVA.
Cedemos el uso de la palabra al señor diputado Goñi Reyes, a fin de que realice el planteamiento que dio origen a esta Comisión Preinvestigadora. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- En el día de ayer presenté un escrito ante el presidente de la Cámara, conteniendo los fundamentos y los objetivos por los cuales solicité la designación de una Comisión Investigadora. Voy a obviar los fundamentos jurídicos que me habilitan a presentar tal solicitud. Quisiera hacer una precisión previa. Estamos pidiendo la investigación sobre el funcionamiento de un fondo que no está bajo un régimen de contralor general, sino excepcional. Tanto es así que en la
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Propongo a la señora diputada Bottino. SEÑORA SECRETARIA.Si correspondería pasar a la votación. (Se vota) ——Dos en tres: AFIRMATIVA. hay acuerdo,
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propia ley que lo crea, la Nº 18.716, se establece una norma específica que obliga al Poder Ejecutivo y a la junta directiva del Fondes a presentar anualmente un informe detallado sobre el uso de los fondos. Dado que esta información detallada no fue remitida al Poder Legislativo, y considerando que había un proyecto de ley sobre el Fondes, presentado por el Poder Ejecutivo, lo primero que hicimos -en cumplimiento de nuestra función de contralor y también legislativa, como parlamentarios- fue presentar varios pedidos de informes. En especial, cursamos un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, porque había un representante de esa Cartera en la junta directiva del Fondes, y otro a la OPP, pero no fueron respondidos. Importa decir aquí que, más allá de los pedidos de informes formales hechos por las vías correspondientes, en encuentros que tuvimos con jerarcas del Gobierno en la Comisión de Hacienda y en otros actos oficiales, les expresamos -también lo hicimos públicamente- nuestro interés especial en conocer lo que había ocurrido con el funcionamiento del Fondes, porque entendíamos que era contraproducente tratar un nuevo proyecto de ley sobre ese Fondo, sin evaluar el anterior. El sentido común indica -no precisa abundarse en argumentosque cuando uno va a mejorar algo, es conveniente evaluar la experiencia pasada por aquel refrán o dicho popular de que quien no conoce su historia, está condenado a volver a repetir los errores. Sin perjuicio de ello, después de esperar todo lo que pareció oportuno para tener esos informes, conocimos una información a través del diario El País, a la que accedió por la Ley de Acceso a la Información Pública. Ante ello realmente sentí vergüenza como parlamentario -y supongo que también muchos otros legisladores que presentaron los informes-, porque habiendo pedido los datos por las vías correspondientes, iniciando un Período legislativo, no había pedidos de informes atrasados, no existía ninguna razón para que los legisladores tuviéramos que tomar conocimiento a través del diario “El País” de cuántos préstamos se hicieron, por qué montos, etcétera. Una vez que recibimos esa información a partir de ese medio de prensa, constatamos una serie de hechos que nos llamó poderosamente la atención. En particular, empresas que habían cerrado y otras que presentaban dificultades; firmas que tenían dependencias comerciales con mercados y empresas que no resultaban con explicación lógica. Fue así que
después de esperar lo que entendimos que era un tiempo prudencial, y atendiendo a que el Poder Ejecutivo anunciaba su pretensión de que a la brevedad se aprobara este nuevo proyecto de ley sobre el Fondes, decidimos presentar este pedido de Comisión Investigadora, con dos objetivos igualmente importantes. Entiendo que mi trayectoria pública como Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo me permite afirmar que siempre he priorizado el futuro más que el pasado. Aquí me importa el futuro del Fondes más que el pasado. Entonces, como estoy convencido de que si no analizamos el pasado del Fondes haremos un muy mal Fondes del futuro, es que solicitamos la conformación de esta Comisión Investigadora con el doble objetivo o finalidad que establece el artículo 120 de la Constitución de la República. Uno, investigar hechos irregulares o ilícitos a los efectos que corresponda, y dos, dentro de la misma Comisión Investigadora -es también objetivo de este pedidoreunir datos que puedan ayudar a la elaboración de una ley sobre el mismo asunto. Básicamente, justifica este pedido que a algunos ha sorprendido, que está anunciada para la próxima semana -por lo menos, lo leí en un diario y he escuchado información por parte de actores políticos del Gobierno-, para el 2 de junio, la intención de votar el nuevo proyecto del Fondes. Quiero dejar especial constancia que solicité esta Comisión Investigadora con esta doble finalidad, es decir, también para reunir datos para el tratamiento de un nuevo proyecto de ley del Fondes. Al considerar el primer punto, hemos constatado una serie de hechos que entendemos configuran indicios de irregularidades o ilicitudes. Al menos tres empresas -reitero que estamos analizando estos hechos con muy poca información y ninguna proporcionada por el Poder Ejecutivo- que fueron asistidas por el Fondes están cerradas. La Ley Nº 18.716, de creación del Fondes y los cuatro, cinco o seis artículos de su Decreto insisten y reiteran el requerimiento “sine qua non”, la condición imprescindible de que el Fondes solo puede asistir proyectos que sean viables y sustentables. La ley que habilitó la creación del Fondes, en su artículo 40 establece que este Fondo será para asistir proyectos que demuestren ser viables y sustentables. Los artículos 1º, 2º, 4º y otros del Decreto establecen y reafirman la misma condición. Cuando nos encontramos con que al menos estos tres proyectos al poco tiempo de ser asistidos con fondos muy importantes, están cerrados, uno se cuestiona -se invierte la presunción- la sustentabilidad y viabilidad;
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luego, ahondaremos en estos indicios fortalecidos con otros hechos. El segundo hecho que constatamos es que muchos emprendimientos -según propias declaraciones de quienes los dirigen- presentan resultados negativos muy importantes en forma continua, lo que además ha llevado a que solicitaran nuevas asistencias, tanto del Fondes como de otros organismos del Estado, de otros fondos nacionales o extranjeros. Esto también nos lleva a cuestionar la viabilidad y sustentabilidad, condiciones para recibir asistencia. Peor aún es que hay otros requerimientos establecidos en el Decreto del Fondes que nos generan cuestionamientos y dudas. Por ejemplo, la prohibición de que empresas que tuvieran un funcionamiento anterior, excepto cuando necesitaran asistencias excepcionales, fueran asistidas. Me refiero a empresas como Cotrapay -ex Paylana-, Metzen y Sena y otras que han debido ser asistidas complementariamente, lo que reitero, no solo demuestra su difícil viabilidad y sustentabilidad sino además que hubo una contravención muy clara del artículo 27 del Decreto. Como tercer hecho, nos encontramos con empresas que presentan una excesiva dependencia con mercados y diría con empresas estatales o paraestatales de un país que, con todo respeto, presenta características excepcionales. No lo digo yo; el caso de Venezuela figura en los peores lugares en índices de corrupción. Según pudimos conocer en los últimos congresos sobre Juntas Anticorrupción a los que todos los parlamentarios fuimos invitados, se demostraba y expresaba preocupación por los índices gravísimos de corrupción de Venezuela que con Yemen y Angola ocupan el lugar 164 de 171. Sin duda, esto presenta un mercado de características excepcionales y nos parece que debe investigarse. Desde el punto de vista económico, comercial y empresarial, una empresa que vende más del 80 % o el 90 % a una sola empresa y que todavía es estatal, la experiencia indica que tiene muy serias dificultades de competitividad y de adaptarse al mercado internacional, que por supuesto incluye el nacional. El cuarto hecho -gravísimo- es haber comprobado con mucha tristeza que empresas que fueron asistidas por el Fondes violaron gravemente las normas medioambientales. Peor aun: hubo empresas asistidas por el Fondes que desde el primer momento y hasta que cerraron provocaron una contaminación gravísima -dicho, expresado y declarado por la propia Dinama y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente-; una de ellas, la Curtiembre El Águila, contaminó gravemente el río Santa Lucía durante todo el período que existió como cooperativa. Hay informes, resoluciones -por supuesto, están a disposición- en las que figura que una y otra vez, y luego de muchas advertencias e intimaciones, finalmente la Dinama la cerró, pero nada puede reparar el año y medio o más que esa empresa contaminó, siendo asistida por el Fondes. En momentos en que todo el país, encabezado por el propio presidente de la República, parlamentarios, Comisiones parlamentarias -por lo menos la que integro- y después de una interpelación hecha hace pocos días, nos establecimos como prioridad absoluta trabajar y luchar para revertir el deterioro de la cuenca del río Santa Lucía, se comprueba que uno de los principales contaminantes es una industria impulsada y financiada por el Fondes, creo que la gravedad y elocuencia del hecho y del acto exime de mayores argumentos y comentarios. No es la única; en Montevideo hay otra empresa, la Curtiembre Uruven, que también ha sido cerrada por las autoridades medioambientales. Tengo entendido que ese cierre administrativo ha sido incumplido; en este caso, el último fue de la Intendencia de Montevideo, que luego de varias advertencias por contaminación ordenó el cierre. Ha sido una de las tantas empresas que igualmente siguió asistida por el Fondes. El quinto hecho que también tiene apariencia de gran irregularidad e ilicitud es el caso de una asistencia millonaria del Fondes de US$ 6:000.000 -muchísimo dinero- a una empresa que a los pocos meses cerró. Me refiero a la ex imprenta Pressur, que en agosto de 2013 recibió US$ 6:000.000 y que a fines de enero, poquitos meses después, cerró. Además, lo grave de esto -más allá de que de por sí el hecho es gravísimo, porque demuestra una falta de viabilidad y de sustentabilidad- es que se ha comprobado y declarado por todos los actores involucrados que gran parte de ese dinero fue destinado para pagar deudas, en algunos casos para levantar garantías bancarias de su anterior propietario. Nuestra Ley Anticorrupción -ley que por supuesto todos los uruguayos y en especial los parlamentarios tenemos el especial deber de hacer cumplir y de tener presente sus preceptos-, en su artículo 3º la define como todo uso indebido del poder público para beneficio propio o de terceros sin importar si causa daño o no al Estado. Cuando uno ve que hay una apariencia de uso indebido, según las propias declaraciones de los involucrados, que reconocen desprolijidades en el préstamo; cuando uno ve que hay un beneficio muy claro de un tercero
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que levantó garantías bancarias y amortizó su deuda con dineros del Fondes, entendemos que es otro tema que presenta graves irregularidades, ilicitudes en el mejor de los casos. Lo que trasmití hasta ahora son hechos constatados. En cuanto a los fundamentos, quiero empezar por el incumplimiento de varias leyes a la vez, que para mí resulta un ilícito muy grave que afecta al Parlamento y al sistema democrático. Me refiero al ocultamiento de información, un ocultamiento de información que contraviene muchas leyes. Contraviene no solo la Ley N° 18.716 y el decreto de creación del Fondes sino que contraviene nada más y nada menos que tres o cuatro normas importantes de la Ley N° 17.060, llamada Anticorrupción, lo que entiendo es un hecho gravísimo sobre todo cuando estuvimos más de dos meses varios legisladores -no fue este legislador que habla y que denuncia el únicopidiendo informes sobre el Fondes. Creo que fueron cinco o seis legisladores de varios partidos políticos los que pidieron una y otra vez informes que no fueron dados. Este ocultamiento contraviene, reitero, en forma flagrante el principio de transparencia y el principio de publicidad que está establecido y descripto en varias normas de la Ley Anticorrupción. No es solo un deber ético; es un deber jurídico el que es ha incumplido. Por los hechos que se conocen entendemos que ha habido un abuso, una desviación y un exceso de poder por parte de la administración del Fondes. No hemos querido cargar todas las responsabilidades en los integrantes de la Junta Directiva del Fondes. Por eso, y sin otro afán que tratar de ser lo más justos posible, hemos recordado y destacada en el escrito que existió una directiva muy clara del ex presidente de la República en cuanto a que el Fondes debía servir intereses ideológicos. Hay una frase que fue reiteradamente declarada, recogida en muchísimos medios de prensa y conocida públicamente que expresaba que el Fondes -palabras el ex presidente José Mujica- debía servir para mantener prendidas las velas del socialismo. No fue el único. También hubo Ministros que hacían alusión a la misma finalidad que debía tener el Fondes. Recuerdo el caso del ex Ministro Olesker, que planteaba que el Fondes debía impulsar caminos de tránsito hacia el socialismo. Usar fondos públicos para proyectos ideológicos contraviene gravemente la Constitución de la República; contraviene nuestra tradición constitucional y contraviene, especialmente, la propia ley y los decretos del Fondes, que establecían claramente para qué debían usarse sus recursos.
No podemos desconocer -sería una ingenuidad y una tremenda injusticia- la influencia que tienen que haber ejercido en los integrantes de la Junta del Fondes esas directivas dichas una y otra vez por el ex presidente de la República. Eso fue probablemente el origen y -¿por qué no?- lo que determinó que se eligieran para asistir determinados proyectos con una finalidad ideológica o política o político ideológica, por encima de los criterios jurídicos y técnicos establecidos expresamente por la ley. Esto significa un apartamiento muy grave, un uso indebido de los fondos, que en nuestra consideración configura un abuso, desvío o exceso de poder. Hay varios artículos también en el decreto del Fondes que han sido violados por priorizar y utilizar criterios político ideológicos por encima del criterio técnico y jurídico planteado como requisito en el decreto. Se establecía que siempre debía cumplirse con el requisito de viabilidad y sustentabilidad, pero además agregaba otros requerimientos como, por ejemplo, que el proyecto aumentara la productividad de los factores de la empresa, que tuviera especial cuidado por el medio ambiente, que creara nuevos productos, que ganara nuevos mercados, etcétera. Indudablemente, todos esos requerimientos no fueron tenidos en cuenta al priorizar criterios ideológicos que surgen de las propias directivas del ex presidente de la República. No podemos descartar de ninguna manera que se hayan configurado hechos de corrupción, dada la definición que ya expresé y que establece muy claramente la Ley Anticorrupción. Hay eventos, actos, conductas que, por la información que tenemos, configuran claramente actos de corrupción. Esto nos parece de mucha gravedad. Los congresos de lucha contra la corrupción del mundo -los leo porque nunca he tenido la posibilidad de participar en algunosiempre terminan diciendo que aquellas sociedades que toman como normales hechos irregulares terminan ambientando una corrupción generalizada que deteriora el resto de las dimensiones sociales. Por estos argumentos, y no queriendo yo al menos, como legislador, ser cómplice de una resignación ante este tipo de hechos, planteo esta Comisión Investigadora a la que estamos haciendo referencia. Hay otro hecho que nos parece relevante destacar por su conexión, que refiere a los negocios con Venezuela. Entiendo que no podían quedar fuera de esta investigación, básicamente porque hay empresas que tienen esa dependencia comercial
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absolutamente excesiva y desproporcionada con empresas paraestatales venezolanas. No escapa a este legislador, y surge de informaciones dadas por la propia Presidencia de la República, que, en ocasión de reiteradas visitas oficiales del Gobierno uruguayo a Venezuela y también de delegaciones venezolanas que vinieron a Uruguay, se firmaron una serie de acuerdos en los cuales participaban empresas privadas uruguayas, lo que realmente nos llama la atención. Recuerdo y destaco una empresa denominada “Aire Fresco S.A.”, que hacía acuerdos con la empresa paraestatal venezolana Suvinca. Hay otras empresas privadas que firmaron acuerdos con empresas paraestatales en el marco de acuerdos oficiales, lo que también nos llama poderosamente la atención. Tampoco podemos desconocer que el Gobierno venezolano aportó fondos monetarios a empresas asistidas por el Fondes. Un ejemplo es el caso de Uruven -un nombre significativo, que quiere decir Uruguay-Venezuela-, que recibió aportes monetarios del Gobierno venezolano y que de alguna forma también contraviene la normativa del Fondes, que prohibía que las asistencias a algunas empresas que ya venían en actividad se siguieran haciendo en forma permanente, por vía directa o indirecta, como en este caso. Por estas razones, y dado que no contamos con la información oficial que legalmente el Poder Ejecutivo debía haber aportado no solo al Parlamento sino a la ciudadanía en general, sostenemos que es absolutamente imprescindible y necesario investigar si en todos los proyectos asistidos por el Fondes se cumplió efectivamente con el requerimiento de viabilidad y sustentabilidad. Por otra parte, consideramos que es muy importante y un deber legal corroborar y verificar las condiciones y las circunstancias en que el Fondes realizó la asistencia a esas empresas que fueron cerradas por problemas de contaminación medio ambiental grave. Nos parece que sería de enorme utilidad para el futuro del Fondes investigar los emprendimientos que presentan una dependencia comercial con Venezuela y con empresas paraestatales de ese país. ¿Por qué? Porque podríamos estar generando situaciones no sustentables, no sostenibles, creando contratos con empresas paraestatales venezolanas, dependiendo de lo que pase con ese país, con lo que pase con las autoridades de ese organismo paraestatal, y creer que existe una sustentabilidad y una viabilidad
cuando en realidad depende exclusivamente de una empresa, lo que desde el punto de vista empresarial es absolutamente carente de fundamento. Nunca un banco, nunca un particular, nunca nadie puede considerar un proyecto viable si este depende exclusivamente de una empresa, y mucho menos cuando esa empresa es estatal, porque depende de otra cantidad de factores de inestabilidad que inviabilizan cualquier proyecto sustentable. Asimismo, nos gustaría conocer, por primera vez, qué pasó con el Comité de Supervisión que estaba establecido en la ley. No se conoce ninguna acta, ninguna resolución, ninguna acción de lo realizado por el Comité de Supervisión, que estaba integrado nada más y nada menos que por los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, que eran los que tenían la capacidad y el deber legal de establecer -como dice la ley- un portafolio de inversiones, hacer un plan anual, ir evaluando, ir viendo por dónde iba la economía nacional e internacional para ir definiendo la asistencia del Fondes. El fundamento claro de por qué se hizo así me parece que me exime de mayores argumentos. Uno no puede plantearse asistencias a proyectos a muy largo plazo sin conocer lo que va pasando con el mercado internacional. No puedo hacer un plan sin considerar la demanda de los productos del proyecto que teóricamente voy a asistir en el mediano y el largo plazo. No se conoce absolutamente nada de lo que hizo el Comité de Supervisión. Si actuó, nos parece que es un deber legal informarlo y es un derecho del Parlamento conocerlo: si actuó bien, si actuó mal, qué es lo que hay que corregir. Y si no actuó, habrá que comprobar esa omisión y quizá corregir para el futuro que este tipo de instrumentos integrado por los señores Ministros no es viable en la práctica. También habría que investigar si ante cada proyecto asistido se verificó el cumplimiento de las diferentes normativas que el decreto establecía: normativa laboral, normativa medioambiental, normativa de seguridad social. ¿Por qué planteo esto? Porque hay declaraciones de dirigentes de empresas asistidas que se quejaron de que el Gobierno -lo hicieron públicamente en medios de prensa- les daba los fondos y después se desentendía del asunto y no se comprobaba si había cumplimiento de este tipo de normativa y después se
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encontraban con que había que cumplir con deberes que no estaban previstos. Por tanto, nos parece importante ver qué pasó allí, si se cumplió, si no se cumplió, para buscar corregir en el futuro. Ya dije lo de Venezuela. Es un tema muy delicado. Repito, es un tema muy delicado. Hay constancia de aportes de fondos de Venezuela que no se conoce su contrapartida. Hay negociaciones en las que no se conocen sus contratos. Hay intermediarios privados que aparecen en delegaciones oficiales que no sabemos bien qué estaban haciendo, qué rol cumplían. Son todos temas que oscurecen el funcionamiento del Fondes y que entendemos es muy importante clarificarlos para que el nuevo Fondes no tenga esa mancha. No creo en el dicho “¿Qué le hace una mancha más al tigre?”. Yo preferiría que el nuevo tigre del Fondes naciera sin manchas. En otro orden, nos parece importante, sobre todo para verificar el cumplimiento de la ley y del decreto, verificar si los emprendimientos del Fondes recibían otros apoyos porque, de alguna manera, se estarían concretando subsidios indirectos de otros organismos del Estado. Tenemos informaciones, por ejemplo, de que el comienzo o el recomienzo de actividades de Metzen y Sena, la última, la cooperativa, es gracias a un nuevo crédito de organismos estatales. Esa empresa ha sido objeto de innumerables irregularidades, innumerables préstamos mal dados, innumerables préstamos dados fuera de la normativa vigente. Por lo tanto, nos parece que este tipo de empresas tiene que ser tratado con extrema vigilancia para que no vuelvan a suceder hechos que estuvieron, además, siendo tramitados en Juzgados judiciales. A mi me tocó, en el tema Metzen y Sena, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, participar, y muchos actores del Gobierno actual saben cuál fue mi actitud constructiva. Frente a ciertos episodios siempre planteamos aprender de los errores, aprender de aquellos millonarios préstamos dados en los meses electorales, para que no vuelva a suceder. Creemos que nos haría muy bien hacer un análisis de todos los proyectos en la Comisión Investigadora, que tengo confianza -soy optimista- de que se pueda conformar. Estoy convencido de que esa información está. Me cuesta pensar que se hayan dado millones de dólares sin resoluciones del Poder Ejecutivo declarando el interés, como plantea el
decreto. Me cuesta pensar que se hayan entregado millones de dólares sin hacer análisis de los proyectos, porque serían delitos de tal gravedad que prefiero pensar que todos esos informes están y que no se han dado porque quizá no se quiere mostrar los errores que se cometieron. En la otra hipótesis en la que prefiero no pensar es que se quieren seguir cometiendo en el nuevo Fondes. Se reconocen desprolijidades, como han dicho numerosos actores de este Gobierno del Frente Amplio. Se reconoce que ha habido episodios que tienen que corregirse y ajustarse. Si eso no se muestra y no se evalúa y analiza cada uno de los proyectos, para ver los errores que se pudo haber cometido en la aprobación de los mismos, no se van a corregir. Es una gran falacia -ya lo he dicho- pensar que se puede corregir sin evaluar. Otro punto que me parece importante, sobre todo porque se ha reconocido por parte de los directivos de las empresas asistidas, es que no se hizo un seguimiento. Esto me parece gravísimo, porque es un elemento que ya estaba establecido en el decreto. Si no se cumplió habrá que ver por qué no se cumplió, qué pasó y qué se puede corregir para el futuro Fondes. Cuando se asiste un proyecto -he tenido la oportunidad de participar en muchos-, el control y el seguimiento de la asistencia es fundamental. La práctica moderna de las asistencias financieras pone allí, como un punto central, el éxito del proyecto: controlar y hacer el seguimiento de los destinos de los fondos. Tenemos muchísimas declaraciones de dirigentes de esas empresas afirmando rotundamente y en forma contundente que el Estado les daba el dinero y después se desentendía de ello. Estoy hablando, por ejemplo, de un caso de US$ 6:000.000 que aparentemente el Fondes les dio y nunca más les preguntó qué pasaba ni adónde iban. Nos parecen elementos gravísimos, que deben investigarse para poder corregirse. En conclusión, nosotros entendemos que esta solicitud de Comisión Investigadora tiene la suficiente entidad como para llevar a cabo una investigación que nos ayude a todos -no solo a los parlamentarios, sino a la sociedad en su conjunto- a verificar lo que pasó con el Fondes, cómo se usaron los fondos públicos estatales, por qué y para qué se usaron y, en su caso, asumir los errores, determinar responsabilidades, siempre con el objetivo de poder mejorar el nuevo instrumento.
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Asimismo, nos parece que tal como plantea la doctrina y la norma esta solicitud presenta una firme seriedad en su origen. Todo lo que estoy diciendo está documentado en los medios. Precisamente, los medios nos permitieron acceder a la información. Por supuesto, al no tener información directa del Poder Ejecutivo y del Fondes hemos tenido que ir tomando lo que el Fondes se ha visto obligado a dar a los medios de comunicación y las declaraciones públicas que no solo hemos leído, sino que en la mayoría de los casos hemos escuchado las grabaciones para cerciorarnos de que no había errores en los medios escritos. Creo que la oportunidad y conveniencia de la investigación no precisa mayor explicación dado que, en el mejor de los casos, estamos a menos de un mes de la aprobación de un nuevo proyecto sobre el Fondes. Según mi forma de entender, aprobarlo sin analizar qué paso con el viejo Fondes, sería un error imperdonable desde el punto de vista de la técnica legislativa y del diseño de las políticas públicas. Tomando las palabras del contador Astori, actual Ministro de Economía y Finanzas, el nuevo Fondes, lo único que no puede es no aprender de las lecciones de lo que pasó con el Fondes anterior. Como hasta ahora no ha habido ninguna instancia, ninguna información, ningún elemento brindado por el Poder Ejecutivo sobre esas lecciones que el Ministro de Economía y Finanzas dijo que teníamos que aprender, presento la solicitud de esta investigadora. Tengo documentación sobre todos los elementos que he planteado. No he podido ordenarla por la brevedad de los plazos, pero en pocas horas todo lo que tengo sobre cada uno de estos puntos, que creo están todos bien establecidos en esta solicitud, los puedo aportar haciendo la descripción correspondiente. SEÑORA MODERADORA.- Aclaro al señor diputado Goñi Reyes que esta Comisión tiene el breve plazo de cuarenta y ocho horas para expedirse. De manera que para elaborar un informe detallado sería conveniente que la documentación que acredita sus dichos estuviera ya a disposición de esta Comisión. Si no, evidentemente, se nos dificultará muchísimo hacer el informe, en virtud de que usted hace una exposición y agrega que tiene la documentación que acredita sus dichos. Por lo tanto, le solicitamos que a la brevedad, en el correr del día de hoy, esta Comisión pueda acceder a esa documentación. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Frente a esto, quiero hacer dos precisiones.
Muchos de los elementos que he planteado provienen de resoluciones oficiales, que podría enumerar. El Estado ha sido el emisor de muchas de las decisiones que he planteado. Sin duda, es paradójico que en un momento en el cual estoy planteando la investigación de hechos que no conozco fehacientemente, porque el Poder Ejecutivo nos ha negado información, yo pueda aportarla. Estoy denunciando un ocultamiento de información de la que el Poder Ejecutivo dispone. Simplemente, estoy refiriéndome a lo que el Poder Ejecutivo, obligado por la Justicia, ha informado a un medio de prensa. Entonces, estoy solicitando esta investigadora, precisamente, para que el Estado aporte la información. Sería una prueba imposible para esta parte que está pidiendo, precisamente, este instrumento parlamentario para acceder a ella. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Motiva mi intervención, en primer lugar, las expresiones del denunciante, el señor diputado Goñi Reyes, en el sentido de que tenía más documentación y que no había tenido tiempo para presentarla. Sin embargo, fue él quien lanzó este procedimiento que, si bien no se apartó del reglamento, no cumplió con las normas de estilo de plantearlo en una coordinación interpartidaria, como se han solicitado todas las demás preinvestigadoras, dando tiempo para que se diera conocimiento de ella en una sesión de la Cámara. Nos enteramos de nuestra designación no en una sesión de Cámara, sino a través de una nota del presidente de la Cámara, sin tiempo para que esto fuera considerado por todos los partidos políticos, obviamente, no con el ánimo demorar, pero sí de coordinar tiempos a los efectos de ser mucho más eficientes. En segundo término, el señor diputado denunciante comenzó su exposición diciendo que el Poder Ejecutivo había omitido responder sus pedidos de informes. Me gustaría que el señor diputado nos dijera en qué fecha realizó esos pedidos de informes a efectos de corroborar si el Poder Ejecutivo realmente está omiso. En tercer lugar, el señor diputado denunciante habla muy categóricamente de ocultamiento de información. Quisiera preguntarle si es consciente de que los estados contables del Fideicomiso del Fondes están colgados en la página Web de la CND. En su intervención, el señor diputado nos dijo que tuvo directa participación en la Dirección de la CND. Por lo tanto, debe conocer que la administradora del Fondes, Conafisa, interviene en la administración del
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Fideicomiso del Fondes; obviamente, cumpliendo con las disposiciones bancocentralistas se ha solicitado la auditoría correspondiente de la administración del Fideicomiso. Esos balances, inclusive, el del 2014, ya están colgados en la página web de la Corporación. Por último, también hablando en términos de Rendición de Cuentas, en la correspondiente a 2012 y 2013 el Poder Ejecutivo cumplió con la obligación de informar sobre el manejo del Fondes y estamos a poco más de treinta días de recibir la Rendición de Cuentas 2014 sobre este tema, lo que tiene que ver también con la oportunidad de esta investigación. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Más allá de las formalidades del caso, creo que estamos frente a una denuncia planteada en el seno de la Cámara de Representantes, que tiene una fundamentación y una narración muy detallada de hechos y situaciones que ameritarían un análisis en profundidad. Más allá de que el denunciante pueda aportar documentación, nosotros tenemos posibilidad de pedir y reunir información, ya sea que se encuentre en el Parlamento o, si es necesario, solicitarla al Poder Ejecutivo, a efectos de analizar en profundidad la denuncia. Como he dicho, me parece que lo que se plantea es grave; el planteamiento hecho en esta Comisión por el señor diputado Goñi Reyes es serio. Además, existen fundamentos que ameritarían un análisis profundo acerca de la procedencia de una Comisión Investigadora, no solo a efectos de arrojar luz y transparencia sobre los hechos cuestionados. Por lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, los cuestionamientos no solo han sido hechos por actores políticos de la oposición, sino también por parte de entidades sindicales y medios de prensa, algunos de ellos muy afines al Gobierno. Me parece que todo ello justifica que demos paso a la investigación. En las horas que nos quedan por delante deberíamos ver si podemos reunir más información sobre este tema y determinar la procedencia de la Comisión Investigadora, no solo a efectos de ver si ha habido irregularidades o actos ilícitos y determinar responsabilidades, sino también -como se plantea en la ley que establece la creación de las Comisiones Investigadoras- para reunir información a fines de legislar sobre esa materia. Además, como expresó el diputado denunciante, estamos en vísperas de analizar y estudiar un proyecto de ley sobre este tema, y sería pertinente ver en qué casos no se ha podido cumplir con los objetivos -obviamente compartibles- de la creación de un fondo de desarrollo para que la ley que se apruebe pueda
contener las garantías y herramientas jurídicas necesarias para evitar nuevos errores. SEÑORA MODERADORA.- Quiero dejar constancia que fue el propio diputado denunciante quien dijo expresamente que tenía documentación para aportar, y le hemos solicitado lo realizara a la brevedad. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Voy a aportar tres pruebas. Primero, voy a mencionar un expediente que, por supuesto, no lo tengo, que se encuentra en el Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno; es el Expediente 2/49948 de 2013. Es un Expediente que está en el Juzgado de Crimen organizado por el tema ex imprenta Pressur. Allí van a aparecer los asuntos a los que he hecho referencia en esta instancia. La segunda prueba que voy a aportar son las resoluciones que demuestran la gravísima contaminación a la cuenca del Santa Lucía, en forma reiterada, por la empresa asistida por el Fondes, de Curtiembre “El Águila”. Si tenemos que ir al Juzgado del Crimen Organizado, vamos y hablamos con el señor Juez o señora Jueza y conseguimos el expediente, con mucho gusto, y así aportamos todos los elementos que podamos. La tercera prueba son las resoluciones de la propia Intendencia de Montevideo sobre el cierre de la cooperativa Uruven. Voy a hacer otra denuncia aquí: la Intendencia no está controlando suficientemente porque esa empresa sigue funcionando, con contaminación del medioambiente de la ciudad de Montevideo, asistida por el Fondes. Supongo que todo lo demás lo tiene el Fondes, la Junta Directiva del Fondes o el Comité de supervisión, algunos de los Ministros que integran ese Comité. Reitero: se trata de información que se ha ocultado en forma violatoria de la normativa vigente. Yo no estoy pidiendo solo los montos que se prestaron e invirtieron. Estoy pidiendo lo más importante, en virtud de lo cual se hizo la asistencia. Estoy denunciando el apartamiento legal, gravísimo para asistir proyectos en contravención a los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos por las normas. Eso se llama abuso, exceso y desvío de poder, un uso indebido de fondos públicos. Habrá que ver; en algunos casos creo que está claro que beneficiaron a terceros, en los demás habrá que analizarlos caso por caso para ver a quiénes beneficiaron. Que hubo beneficiarios particulares, los hubo. Y también hubo uso indebido; el día que el
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Fondes muestre los procesos por los cuales dio asistencia, lamentablemente, también nos vamos a encontrar con varios episodios de corrupción. Estas son las pruebas que tengo. Las demás las tiene el Poder Ejecutivo. (Se hace entrega de la documentación) ——Me cuesta contestar sobre los pedidos de informes. Primero porque no es presupuesto, para presentar una investigadora, cuando se presentan este tipo de hechos. La investigadora que solicité tiene dos objetivos. Una sobre situaciones irregulares o ilícitas. Para esa no hay que hacer pedidos de informes previamente. Con los pedidos de informes tratamos de ahorrar todo esto. Si mal no recuerdo, el pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el responsable ante el Parlamento -la OPP no es responsable-, fue hecho el 7 de marzo. Creo que desde el 7 de marzo hasta el día de hoy, 27 de mayo, ha transcurrido un tiempo más que razonable. No sé si pude contestar al señor diputado Asti. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Estamos simplemente pedimos información. discutiendo;
como la que podamos hurgar nosotros por nuestra cuenta, y tanto a nivel legislativo como tal vez en otra órbita. Yo, particularmente -y según lo que planteaba el diputado-, tendría necesidad de que pudiéramos solicitar información por lo menos ante la OPP y, sobre todo -por lo último que se planteó en la denuncia- ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ver si podemos diligenciar la solicitud con determinada premura para poder tener la información tal vez en la jornada del día de hoy. Este es un pedido que hago sobre algunos puntos que manifestó el diputado y que me parece que serían importantes, en todo caso, para poder develar de alguna manera la profundidad de la denuncia, por lo que deberíamos tener esa información en la Comisión. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Creo que la solicitud del diputado Amarilla correspondería en caso de que se votara la Investigadora; esa es la misión de la Investigadora. Es claro cuáles son los fundamentos de una Comisión Preinvestigadora que, además, tiene cuarenta y ocho horas para expedirse sobre la seriedad de las denuncias, sobre la oportunidad y sobre la pertinencia de las mismas. Los pedidos de informes se podrán cursar a través de los mecanismos que tiene cada legislador, o una vez aprobada por la Cámara la Comisión investigadora -si es que resulta aprobada- entonces sí, se citará y se buscará la información correspondiente. No creo que esta sea la etapa. Acá la correspondencia de quién debe presentar la documentación es del miembro denunciante, no de los integrantes de la Comisión. Lo que tiene el miembro denunciante es lo que vamos a analizar. Eso es lo que dice el Reglamento de Cámara y la ley que regula las Comisiones Preinvestigadoras. Después tendremos tiempo -si la Cámara así lo resuelve- de profundizar en todos los aspectos que el señor Legislador denunciante ha manifestado. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que ceñir a sus denuncias para ver si tienen esas características que el reglamento pide, a fin de que cada uno de los integrantes de esta Comisión Preinvestigadora tome una posición. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Me permitiría discrepar con el diputado Asti y, en todo caso, volvería a plantear la necesidad de tener más información. En cuanto a algunos de los temas planteados, además, el miembro informante de alguna forma argumentó la necesidad de acceder a esa información, por lo que creo que debemos tratar de pedirla desde aquí a los efectos de poder contar con ella si es posible para redactar los informes. La Comisión, en todo caso, podrá resolverlo por mayoría,
SEÑORA MODERADORA.- Agradecemos al señor diputado Goñi Reyes por su comparecencia ante esta Comisión. (Se retira de Sala el señor diputado Goñi Reyes) SEÑOR ASTI (Alfredo).- Quiero dejar constancia de que realicé esa pregunta sobre el pedido de informes porque hay uno ingresado a la Cámara el 13 de abril de 2015 y, de acuerdo con los plazos previstos por la ley, vence el 17 de junio de 2015. No tenía el pedido de informes hecho al Ministerio de Industria, Energía y Minería dado que -de acuerdo con el decreto-, el organismo que coordina todo lo relativo al Fondes con la Junta Directiva es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Me refería a ese informe, y todavía está dentro del plazo, ya que faltan más de veinte días para su vencimiento. Sabemos que está en proceso la emisión del informe. Seguramente, llegará antes del vencimiento del plazo, de acuerdo con lo solicitado por el legislador denunciante, en este caso, el mismo que solicitó el informe. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- No sé cómo va a ser nuestro régimen de trabajo en estas horas pero, seguramente, será muy intenso. Evidentemente, estamos ante una denuncia que nos va a obligar a profundizar en esta información, tanto la que ha presentado el diputado denunciante
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pero me parece que sería pertinente pedir esa información para, por lo menos, adelantar camino. SEÑORA MODERADORA.- El artículo 118 del Reglamento es claro en cuanto a cuál es el objeto de la Comisión Preinvestigadora. Nos tuvimos que constituir “de inmediato a efecto de recibir del mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de sus denuncias, bajo su firma.- Si la Comisión Preinvestigadora le solicita ampliación de sus manifestaciones, lo hará verbalmente, labrándose acta que firmarán con él los miembros de la Comisión”. Y el cometido es claro: “informar sobre la entidad de la denuncia y oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión, ya sea con fines legislativos o de investigación”. En esta sesión el diputado Goñi Reyes realizó la articulación de la presentación, que es textual, de la Carpeta Nº 188 de 2015. Manifestó tener la documentación que acreditaba sus dichos y a solicitud de esta moderadora, que le requirió la documentación -que dijo era frondosa y que solo necesitaba tiempo para presentarla-, dejó acreditado únicamente la referencia a un expediente judicial y a resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Intendencia de Montevideo. Esas son las referencias que avalan la denuncia de sus dichos. Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que realizó el diputado Asti en cuanto a lo que esta Comisión Preinvestigadora tiene que analizar y lo que el Reglamento claramente determina, con la documentación aportada por el denunciante, quien tuvo la oportunidad correspondiente de ampliar sus dichos, sus denuncias, y aportar la documentación correspondiente, que es lo que esta Comisión tiene en estos momentos. Por lo tanto, nos abocaremos a analizar esa documentación y a realizar el informe correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas que contamos para ello, teniendo presente también lo dispuesto pertinentemente en el Reglamento que establece que “Si la Comisión Preinvestigadora formare criterio adverso a la investigación, llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que ratifique sus denuncias o las retire.- En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara”. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Simplemente establezcamos el régimen de trabajo que nos vamos a dar. En primer lugar, correspondería ponernos de acuerdo porque puede haber alguna interpretación tanto de la
ley como del Reglamento con respecto al plazo que tenemos para emitir el informe. Me refiero a distintas circunstancias que se han dado y conocemos quienes hemos analizado el proceder de otras Comisiones Preinvestigadoras. Algunas toman el plazo a partir de la notificación de sus miembros -esa es una interpretación que cabe del Reglamento y de la ley-; otras a partir de la constitución y otras a partir de finalizada la exposición del miembro denunciante. En mi caso creo que a las 19 o 20 horas del día de ayer fui notificado de la integración de esta Comisión Preinvestigadora. La otra instancia es la de esta mañana a la hora 10 y 30, cuando nos constituimos como tal, y la última es la de la hora 14 y 45 o 14 y 50, cuando terminó de exponer el denunciante. Simplemente dejo esto planteado; no tengo una opinión formada, pero teniendo en cuenta la urgencia que el propio denunciante tuvo en el día de ayer con el presidente de la Cámara, frente al cual no admitió ninguna dilación para oficializar la solicitud a partir de la cual -según el Reglamento- comienzan a correr los plazos, creo que deberíamos tener esa misma celeridad y tomar el menor plazo posible para la realización del informe. (Diálogos) SEÑORA MODERADORA.- Estoy de acuerdo con lo expuesto por el diputado Asti en cuanto a la necesidad de proceder diligente y rápidamente en el informe de esta Comisión Preinvestigadora, en cuyo caso las cuarenta y ocho horas se considerarían a partir de que fuimos comunicados por parte de la Presidencia de la Cámara en el día de ayer, 26 de mayo, aproximadamente a la hora 21. (Diálogos) SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Quiero hacer una consulta. ¿De las expresiones del diputado Asti surge que se le solicitó al denunciante postergar o dilatar la presentación o me equivoqué al escuchar las apreciaciones? SEÑOR ASTI (Alfredo).- Los antecedentes -es difícil encontrar la palabra- siempre han señalado que la solicitud de una Comisión Preinvestigadora se presenta en una multipartidaria y se da tiempo, precisamente de esa forma, a que sea presentada en una sesión de Cámara, y es en la propia sesión de Cámara que el presidente designa a los miembros de la Comisión Preinvestigadora. Eso no fue así. No tenemos, obviamente, sesiones de Cámara hasta el 2 de junio; por lo tanto, los plazos rigieron a partir de la
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presentación de la solicitud al presidente, que fue ayer en la tarde, cuando no había previsto ninguna coordinación multipartidaria, cuando no había sesión, lo que obligó a esta forma poco usual, o inusual, de designación de los miembros. No sé exactamente cómo hizo el presidente, pero el Reglamento le dice que, en consulta con los partidos políticos, asegure, en la integración, la mayor representación posible. Pero dada la circunstancia de que no fue planteada en una instancia multipartidaria, el presidente tuvo que actuar de acuerdo al Reglamento e, inmediatamente, integrar la Comisión. Quizás algún otro partido hubiera solicitado también participar de esta Comisión. No hubo oportunidad de saberlo porque la solicitud no se presentó en el ámbito en el que suele hacerse. Me ha tocado estar en algunas de las coordinaciones en las cuales algún partido de la oposición tuvo interés en plantear la instalación de una Comisión Preinvestigadora. Está en todo su derecho reglamentario y se presenta, de común acuerdo, en la primera sesión y es en esa instancia en que el presidente da a conocer quiénes son los miembros de la Comisión Preinvestigadora. A eso me refería. No hace al fondo de la cuestión. Simplemente es una cuestión de forma, pero demuestra el apuro
del señor miembro denunciante de tener, a la brevedad posible, un resultado de su solicitud. Quizás en otro caso hubiera pedido el máximo plazo posible. En este caso, dada la conducta del denunciante, vamos a tomar el menor plazo posible para satisfacer su interés en que esto se dilucide rápidamente y no esperar a la sesión del 2 de junio, cuando podría haberse oficializado esta investigación. De paso digo, porque de alguna manera se mencionó, y me sentí aludido como presidente de la Comisión de Hacienda, que el 2 de junio no se va a tratar el proyecto Fondes, porque así se dijo en la Comisión de Hacienda por quien habla, y el Partido Nacional lo sabe porque tiene miembros que lo representan en ese ámbito. SEÑORA MODERADORA (Bottino).- Les propongo un intermedio hasta mañana. (Diálogos) —Se levanta la sesión. Se convoca para mañana a las diez de la mañana la nueva reunión de la Comisión. (Es la hora 15 y 6)
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Cámara de Representantes Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación XLVIII LEGISLATURA Primer Período ACTA Nº 2 En Montevideo, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo la hora diez, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. Carpeta 188/2015 – Repartido 161/2015).–Moderadora: Señora Representante Cecilia Bottino.Miembros: Señores Representantes Gerardo Amarilla y Alfredo Asti.—————————————–Denunciante: Señor Representante Rodrigo Goñi Reyes.————————————————————-Actúa en Secretaría: Señora Beatriz Méndez, Secretaria, y el señor Eduardo Sánchez, Prosecretario.—————————————————Abierto el acto, pide la palabra el señor Representante Alfredo Asti, quien solicita rectificar una afirmación realizada en la reunión anterior con respecto a que los Estados Contables del Fideicomiso del FONDES están colgados en la página web de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), debiendo decir que dichos Estados Contables estaban en poder de la CND, el resto de las consideraciones sobre este punto se mantienen.——La señora Moderadora expresa que dicha rectificación figurará en la versión taquigráfica del día de la fecha.——————————————————-Se pone a consideración el Acta Nº 1 de la reunión del día veintisiete de mayo del corriente.—————–Se vota: tres en tres. Aprobado.—————————-Se comienza el análisis de las denuncias presentadas y se evalúa tal como lo expresa el Reglamento de la Cámara de Representantes, en el tercer inciso del artículo 118 “… deberá expedirse y su cometido se concretará a informar sobre entidad de la denuncia y oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión, ya sea con fines legislativos o de investigación”.—————————————————-Luego del debate de los miembros de la Comisión Preinvestigadora, se pone a votación, si se da lugar o no a una Comisión Investigadora: Uno en tres. Negativo.———————————————————–
Por el resultado de la votación surgen dos informes, uno en mayoría y otro en minoría.————————–Se designan miembros informantes por la mayoría, a la señora Representante Cecilia Bottino y al señor Representante Gerardo Amarilla por la minoría.——–De acuerdo al artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, se solicita el ingreso a sala del señor Representante Rodrigo Goñi Reyes para informarle el fallo de la Comisión Preinvestigadora.———————————————–El mismo se pronuncia en la ratificación de las denuncias y solicita realizar una aclaración en referencia al Acta Nº 1, del cual es firmante.————Expresa que en la versión taquigráfica del día de ayer -que es parte del Acta Nº 1-, en la página once, donde dice: “Allí van aparecer los montos a los que he hecho referencia en esta instancia”, pero creí haber dicho “Allí van a aparecer los asuntos a que he hecho referencia en esta instancia”.———————–De lo actuado, se toma versión taquigráfica, que consta de trece folios que, debidamente rubricados, pasan a formar parte de la presente Acta.—————Siendo la hora once y veintiún minutos, se da por finalizado el acto.————————————————Para constancia se labra la presente Acta, la que aprobada, firman los señores miembros de la Comisión Preinvestigadora.———————————-GERARDO AMARILLA, ALFREDO ASTI, CECILIA BOTTINO COMISIÓN PREINVESTIGADORA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FONDES DESDE SU CREACIÓN (Sesión del día 28 de mayo de 2015) SEÑORA MODERADORA (Cecilia Habiendo número, está abierta la sesión. (Es la hora 10) SEÑOR ASTI (Alfredo).- Quiero dejar una constancia. En la sesión de ayer, en mi última intervención, dirigiéndome al señor diputado Rodrigo Goñi, expresé, con respecto al ocultamiento de información, que los estados contables del fideicomiso estaban colgados en la página web de la CND. Esto no es correcto; no están colgados en la página web de la CND, aunque sí la CND los tiene y, por tanto, también sus Directores. No están colgados por restricciones que existen para el tipo de fideicomiso de que se trata; no por ser un fideicomiso Bottino).-
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del Fondes sino por ser una administración de fondos de terceros; no están colgados en la página web. Sí están a disposición de los miembros del Directorio de la CND. En realidad, están en manos del Directorio de Conafisa, cuyos integrantes son los mismos que los de la CND. Esa es la aclaración. De modo que habría que corregir esto en la versión taquigráfica para que no figure que están colgados en la página web de la CND. Con decir que los balances están en la CND, alcanza. SEÑORA MODERADORA.- En la versión taquigráfica figurará la aclaración y la verdadera situación de la documentación a la que refiere el señor diputado Alfredo Asti. Corresponde tomar conocimiento del acta Nº 1, del 27 de mayo de 2015, a los efectos de su aprobación. SEÑOR AMARILLA objeciones. (Gerardo).No tengo
En ese sentido, más allá de la entidad de la denuncia y de la seriedad de su origen, hacemos hincapié en la oportunidad y la procedencia. Si bien las denuncias fueron presentadas como de gran entidad y de gran seriedad, creemos que no es oportuno, entre otras cosas, porque no han vencido los plazos para poder salvar esas presuntas informaciones de las que no se disponían. Hay plazos que están corriendo, a los efectos de que quienes deben realmente contestar las interrogantes lo puedan hacer. Además, hay información disponible para ahondar en este tema, tanto en la Rendición de Cuentas de 2012 y de 2013, como en la de 2014 que llegará el 30 de junio de 2015. Asimismo, los balances, debidamente auditados, están en poder de un organismo público, con participación multipartidaria, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Todos los partidos políticos, a través de los representantes que tienen en su Directorio, pueden acceder a ellos. El tema de la oportunidad vale mucho. En el día de ayer hicimos alguna referencia en tal sentido, porque se eligió una temporalidad para presentar esta denuncia, que creo conspiró contra los objetivos de entidad y de seriedad, teniendo en cuenta el apresuramiento en el comienzo del trabajo de esta Comisión. Así fue manifestado por el propio denunciante; fue su exclusiva voluntad la que motivó este trámite tan urgente. Con estas bases, dejo planteada mi posición, a fin de llegar a un informe en común. Eso sería lo ideal. Luego le comunicaríamos al señor diputado denunciante cuál es nuestra posición. SEÑOR AMARILLA.- Lamento la posición que acaba de manifestar el señor diputado Asti, reconociendo que es una denuncia de entidad y de seriedad. Además, yo le agregaría que es de magnitud. Por eso, lamento que solamente por un tema de oportunidad plantee que no votará la conformación de la Comisión Investigadora. Quizás, podríamos llegar a una transacción: podríamos fijar un plazo, de unas semanas o de algunos meses, a fin de conformar la Comisión Investigadora. Estamos hablando de un asunto que fue planteado ante la opinión pública; la información fue reclamada a través de los mecanismos legales pertinentes, es decir, pedidos de informes, y otorgada a un medio de prensa, teniendo en cuenta que la ley
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Tengo una pequeña corrección. Cuando se establece: “El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias, aportando el material que se distribuye en sala”, creo que debería decir: “El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias y, solicitado por la moderadora, agrega material, que se distribuye en sala a los señores miembros (…)”. (Diálogos) ——En cuanto al tema de fondo, oídas las exposiciones del señor diputado denunciante, habiendo intercambiado con él algunas aclaraciones, o pretendidas aclaraciones, y habiendo él aportado el material complementario que solicitara la Comisión, a través de la señora Moderadora, para tener prontos en el día de hoy los informes, se han agotado las instancias de esta Comisión, en función de lo que establece el Reglamento y la ley que da marco a las actuaciones de las Comisiones Preinvestigadoras. Por consiguiente, podemos expresar la visión que tenemos acerca del cumplimiento de nuestra misión, tal como lo establecen el Reglamento y la ley, que es dictaminar sobre las denuncias presentadas por el miembro denunciante. El artículo 10 de la Ley Nº 16.698 establece que la Comisión Preinvestigadora: “(…) informará sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación”. De modo que nosotros solo nos podemos remitir a lo que establece la ley y a lo que reglamenta el artículo 120 de la Constitución de la República.
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permite a los medios tener determinada documentación y publicarla. Por tanto, flaco favor le haríamos a la transparencia si tapáramos este tema con diarios y esperáramos a que pasara el tiempo. Yo creo que hay indicios de irregularidades o ilicitudes graves en el tema que fueron planteadas, y que no fueron descubiertos ante la Comisión. Básicamente, lo que hizo el señor diputado Goñi fue presentar un trabajo de investigación, de recopilación de la información que salió a la opinión pública. No creo que haya destapado algo tan importante. Evidentemente, lo que recopiló y presentó, nos está mostrando que hay, por lo menos, tres empresas asistidas por el Fondes que cerraron. Eso todos lo sabemos; nadie lo va a negar. Fueron asistidas por el Fondes, no hace tanto tiempo, con cuantiosas sumas de dinero, y se ha procedido a su cierre. Eso está develando un funcionamiento por lo menos incorrecto, porque la ley y el decreto establecen que se trata de emprendimientos viables y sustentables. Pero hay una serie de condiciones -en distintos artículos- que no se han cumplido, porque no hay viabilidad y sustentabilidad en una empresa a la que se asiste económicamente con cuantiosas sumas de dinero y a los pocos meses cierra. Evidentemente, allí no hubo la comprobación de esa viabilidad y sustentabilidad a que refiere la ley. Además de las empresas que han cerrado, hay otras que están tecleando. Sabemos que hay empresas que están con dificultades para proseguir, que también fueron asistidas con cuantiosas sumas de dinero. Nos preocupa el dinero de todos los uruguayos que fue puesto ahí y también, por qué no, el destino de los trabajadores, ya que hay centenares de familias involucradas. Hay una gran frustración en la gente a la que se asistió económicamente y se le dio la esperanza de que la cosa podía desarrollarse, pero en definitiva se la perjudicó porque no se le dieron todos los elementos ni se le exigieron los requisitos para que el dinero que se le otorgó pudiera dar frutos y garantizar una estabilidad laboral Los fondos involucrados son de gran cuantía ya que se habla de aproximadamente US$ 50:000.000, que es una cifra importante y es dinero de todos los uruguayos. Por otra parte, se ha dañado el medio ambiente y esto no es menor. Hay una empresa que fue clausurada por la Intendencia de Montevideo y otra que fue clausurada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, esta última porque volcaba sustancias químicas altamente contaminantes a la principal cuenca de la que se saca el agua que bebe
el 70 % de los habitantes de nuestro país, que es la del río Santa Lucía. Es decir que es un asunto grave. Cabe acotar que el cuidado del medio ambiente está entre los requisitos fundamentales del decreto de creación del Fondes, que establece cumplir con la normativa ambiental y que las empresas deben tener sustentabilidad ambiental. Asimismo, hay denuncias con relación a la ética pública. El diputado aportó el número de un expediente que está en el Juzgado del crimen organizado, que recoge una denuncia concreta vinculada a una firma que aparentemente habría recibido fondos importantes -se habla de US$ 6:000.000- que no habrían ido a parar al funcionamiento de la empresa, sino a pagar cuentas del ex empresario para salvar sus garantías que, luego, habría dado lugar al emprendimiento. De esta manera, se resolvió una cuestión particular de un tercero, pero a los seis meses la empresa cerró. Es decir que habría elementos de seria sospecha de desvío de fondos y corrupción. La seriedad del origen de la denuncia fue reconocida por el diputado, pero como es un tema controvertido no vamos a profundizar en los argumentos. Hay seriedad en el origen de la denuncia, su fundamentación y argumentación. En cuanto a la oportunidad, volvemos a lo que dijimos al principio. En definitiva, el tema ha tomado estado público y no por nosotros. Todos sabemos que ha habido un enfrentamiento entre sectores del Gobierno sobre el manejo del Fondes, hubo cuestionamientos a nivel sindical y, de alguna manera, reclamos de los actores políticos aparentemente beneficiados con su manejo. Hoy salió una noticia en el diario “El País” sobre reclamos del actual Gobierno al saliente acerca del caos que se encontró en algunas oficinas públicas. O sea que no es un tema que la oposición haya puesto sobre la mesa, sino que ha salido a la opinión pública a través del Gobierno, de los sindicatos y de los medios de prensa. En ese sentido, como parlamentarios responsables debemos tomar una actitud. Con la mayor franqueza y con el mejor espíritu constructivo digo que si nos negamos a tomar la decisión de habilitar una Comisión Investigadora que maneje el tema en el ámbito parlamentario con seriedad, responsabilidad, reserva, moderación y prudencia, dejamos abierto el camino para que se siga haciendo un “striptease” público y un show mediático que puede llegar a los mismos puertos a
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los que llegaron otras denuncias en el pasado reciente. Entiendo que la fuerza política que está en el Gobierno podría resultar afectada y tendrá sus temores, pero me parece que no se va a poder tapar el sol con la mano. Tal vez el peor camino sea negar la posibilidad de formar una Comisión Investigadora, porque vamos a seguir reclamando no solo por los temas de fondo, sino por los de forma, que es un flanco débil para cualquier Gobierno. No tuve la oportunidad de ocupar un cargo de responsabilidad en un Gobierno de mi partido, pero me he planteado muchas veces que de haberlo estado una de las cosas que hubiera hecho es abrir la posibilidad de investigar. Siendo Gobierno esta es la mejor manera de proceder. Hay una frase que se usa en la frontera que dice: “Quien no debe, no teme”, y un proverbio que dice: “El que anda en la integridad, camina confiado”. Por lo tanto, si no hay nada que esconder ni cosas graves, por qué no abrimos la investigación y la hacemos en un ámbito en el que garantizamos moderación, reserva, seriedad y prudencia a la hora de hacer anuncios públicos. De otra manera, evitamos la posibilidad de investigar con los mecanismos que establece la Constitución y las investigaciones, supuestos y sospechas seguirán siendo un tema de “striptease” público a través de los medios de prensa. Me parece que el camino que eligió el señor diputado Asti no es el mejor. Tal vez sería mejor tomar el camino del medio en el sentido de darnos un plazo para ver si podemos hacer el informe en conjunto. Podemos establecer un plazo de semanas para esperar la información del Poder Ejecutivo y con mayores elementos de juicio podemos tomar la decisión de la oportunidad de crear la Comisión Investigadora. SEÑOR ASTI (Alfredo).- El señor diputado preopinante me atribuyó el hecho de reconocer la entidad y seriedad de su origen. Yo dije que sin entrar a considerarlas había otros dos elementos que no se cumplían y tenemos que ver los cuatro elementos. Además, expuse por qué la oportunidad y la procedencia no se daban en este caso. Por otra parte, el show mediático ya se está dando con las declaraciones del diputado Goñi en la prensa. Me referí en su momento al trámite que el diputado Goñi, que es el denunciante, le quiso dar apresuradamente, incluso para su partido, a este tema.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Voy a hacer una aclaración que no es menor y que obvié en el transcurso del planteo. Estamos al borde de comenzar el tratamiento del proyecto de ley del Fondes y la otra parte que está establecida en la ley es crear Comisiones Investigadoras, que fue planteado desde el inicio como uno de los fundamentos. Tal vez sería bueno profundizar en lo que se hizo y en lo que se hizo mal, no tanto con un afán sancionatorio sino preventivo, en función de lo que vaya a ser la nueva legislación sobre el Fondes. Cómo vamos a saber qué garantías tenemos que pedir, de qué manera podemos controlar, fiscalizar, acompañar, asesorar y evitar que los recursos que se invierten terminen en procesos que no tengan éxito, si no podemos estudiar a fondo el pasado reciente y los fracasos. Sería muy constructivo para el Parlamento abocarse a la redacción de un nuevo proyecto de ley sobre el Fondes, ya que el texto que está en carpeta no es el definitivo y sabemos que hay idas y venidas con respecto a él. ¿Por qué no nos centramos en profundizar las causas de los errores del pasado para evitar errores en el futuro? Me parece que es una cuestión de lógica, y que tiene que ver con la oportunidad, porque estoy seguro -el señor diputado Asti lo dijo ayer, y lo aludo porque, en definitiva, no hay muchos oradores que puedan intervenir en el debate- de que la discusión del Fondes no va a empezar el 2 de junio en la Comisión de Hacienda, pero empezará, días más, días menos, semanas más, semanas menos, a mitad de este año y, en definitiva, creo que sería bueno tener develado esta serie de fracasos del sistema vigente para poder redactar de mejor manera el sistema futuro. SEÑORA MODERADORA (Bottino).- Hago mía la fundamentación del señor diputado Asti ya que entendemos que la entidad de la denuncia no amerita la conformación de una Comisión Investigadora, así como tampoco la oportunidad y procedencia, ya sea con fines legislativos o de investigación. Asimismo, llamo a responsabilidad al diputado denunciante, quien presentó una denuncia, luego concurrió a esta Comisión en donde se le solicitó que ampliara sus manifestaciones y, tal como surge de la versión taquigráfica de sus propias palabras, en la exposición que realizó en esta Comisión el día de ayer se limitó a narrar nuevamente el contenido de la denuncia presentada, sin ampliarla. Además, manifestó que tenía documentación sobre todos los elementos planteados y que no había podido ordenarla por la brevedad de los plazos. Y expresamente dijo: “[…] en pocas horas todo lo que tengo sobre cada uno de los puntos, que creo que están todos bien establecidos
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en esta solicitud, los puedo aportar haciendo la descripción correspondiente”. Entonces, esta moderadora le manifestó que acreditara sus dichos y que los pusiera a disposición de esta Comisión. Frente a tal solicitud el señor diputado Goñi se limitó a aportar tres pruebas. Una de ellas es un expediente del Juzgado del Crimen Organizado, que es un presumario que se está desarrollando en la Justicia Penal y nosotros, evidentemente, estaremos a su resultancia. Se trata de un expediente que se encuentra en el Poder Judicial, que se estará tramitando y seguirá su curso, independientemente de las cuestiones que se puedan tratar a nivel parlamentario. Posteriormente, aportó dos resoluciones ministeriales y una de la Intendencia de Montevideo, únicas pruebas que permiten a esta Comisión expresarse sobre la entidad de los dichos del denunciante. Por lo tanto, puedo manifestar con tranquilidad que el señor diputado Goñi no acreditó sus dichos a pesar de que -tal como dijo frente a nosotros- contaba con documentación que avalaba los elementos planteados, la que era extensa pero no había podido ordenar; y aunque se le dio la posibilidad de hacerlo y de ponerla a disposición de esta Comisión, no lo hizo, conducta atribuible únicamente al denunciante. Con respecto a la posibilidad de que la Comisión se constituya con fines legislativos, entiendo que al estar siendo analizado en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que refiere al Fondes, todas las cuestiones vertidas por el denunciante pueden trasladarse a dicha Comisión, que es donde se está dando la discusión parlamentaria de un proyecto de ley relativo a este Fondo y que aún no ha finalizado. Por lo tanto, es inoportuno solicitar la creación de una Comisión Investigadora con fines legislativos cuando el proyecto de ley, reitero, se está discutiendo en la Comisión de Hacienda; además, el diputado denunciante tiene todas las potestades para concurrir a dicha asesora, solicitar su convocatoria y participar de la discusión. Inclusive, el Poder Ejecutivo ha comparecido, así como también lo han hecho distintas delegaciones Por lo tanto, estando abierta la discusión parlamentaria de ese proyecto de ley entiendo que no es oportuno ni procedente hacer lugar a la creación de una Comisión Investigadora con fines legislativos. Asimismo, entiendo que los dichos manifestados en la denuncia contienen cuestiones que el señor diputado Goñi podría haber relevado a través de los
pedidos de informes que realizó y que aún no fueron contestados ya que el Poder Ejecutivo todavía tiene plazo para hacerlo. Eso habla, una vez más, de que el diputado denunciante no agotó las herramientas parlamentarias con las que cuenta que, inclusive, podrían haber arrojado resultados a fin de avalar sus dichos pero no logró, siquiera sumariamente, aportar datos a esta Comisión. La gravedad de la denuncia requiere sí o sí para habilitar, inclusive, el tratamiento por parte de una Comisión Preinvestigadora, que los indicios y los dichos estén sustentados con documentación que los avale. En realidad, esta Comisión Preinvestigadora no tiene los elementos para ello, más que los que surgen de dos resoluciones administrativas. Entonces, en virtud de lo que disponen el Reglamento y la ley en cuanto a los cometidos de una Comisión Preinvestigadora, entiendo que no se han dado los elementos para que esta Comisión informe favorablemente con respecto a la necesidad de formar una Comisión Investigadora. Por otra parte, el señor diputado preopinante hizo referencia al show mediático, y creemos que eso forma parte de la responsabilidad o irresponsabilidad de quien lo está instrumentando. En ese sentido, como integrantes de esta Comisión, hemos sido cautelosos con los informes que brindamos a la prensa y, en mi calidad de abogada, puedo decir que he sido muy cauta aun en cuanto a prejuzgar. En realidad, me parece una gran irresponsabilidad manifestar que en caso de no hacerse lugar a una Comisión Investigadora, el camino a adoptar será el del show mediático. Sin duda, me parece que están dados los instrumentos para que la oposición y el denunciante continúen analizando la entidad de las denuncias. Por otra parte, la posición del Poder Ejecutivo aún no se ha manejado en este ámbito parlamentario, y creo que cualquiera de los legisladores tiene las herramientas necesarias para continuar trabajando en un proyecto de ley, cuya discusión aún no se ha cerrado. Además, el Poder Ejecutivo todavía no ha respondido los pedidos de informes elevados por el señor diputado Goñi. Por lo tanto, y haciendo mías las palabras del señor diputado Asti, adelanto mi postura negativa con respecto a la creación de una Comisión Investigadora. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Quiero hacer una aclaración.
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En ningún momento dije que nosotros íbamos a asumir la condición de actores en un show mediático, pero ello se va a dar naturalmente si hay una negativa a investigar este tema en el ámbito parlamentario. Por otra parte, ni la ley ni el Reglamento exigen que se aporten todas las pruebas; si se tuvieran quizás no sería este el ámbito donde presentarlas; no habría cosas que investigar. En realidad, si se tuvieran todas las pruebas el trámite tendría que ser otro; lo que tenemos son indicios, elementos, expedientes administrativos que son parte de las pruebas y hechos conocidos, como el cierre de empresas, que no hay que probar. Se trata de elementos de investigación que surgen de documentación que fue hecha pública y que, aparentemente, no generaron una respuesta de los acusados. O sea que creo que hay elementos suficientes, que fueron presentados por el diputado Goñi y que están en su denuncia. Ahora, que poco más se agregó en la Comisión, bueno, en ningún lado dice que solo con lo incluido en la denuncia no se puede conformar la Comisión; en realidad, creo que hay elementos suficientes que justifican su creación. Creo que el señor diputado Goñi Reyes ha presentado elementos suficientes en su denuncia; poco más se ha agregado en la Comisión. Ahora, no se dice que solamente con lo que figura en la denuncia no se pueda formar una Comisión Investigadora. Considero que hay elementos suficientes en la denuncia que justifican su creación. Quiero dejar bien claro lo relativo al show mediático, porque no deseo que se malinterpreten mis palabras ni se diga que como no nos dan lugar aquí elegimos el show mediático. Ese show se va a dar naturalmente. Nosotros vamos a seguir exigiendo respuestas al Poder Ejecutivo, que probablemente las seguirá negando o las entregará quién sabe cuándo y de qué manera. Y la prensa se hará eco de ello. No sé qué otras instancias se podrán dar; en definitiva, hay muchas vías legislativas e institucionales para seguir con este asunto. No obstante, lo de show mediático es una elección que favorece la decisión de no crear la Comisión Investigadora. Esa es una apreciación personal; es una lectura que me puedo permitir de los hechos que se van a dar al negarnos la posibilidad de investigar, según el resorte que tiene esta Cámara. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Después de hacer el resumen previo basándome en la oportunidad y en la procedencia de la denuncia, quiero hacer algún aporte más sobre el fondo de la cuestión.
Si repasamos la intervención del señor diputado Goñi Reyes del día de ayer, advertimos que uno de sus dos ejes principales era el relativo a los negocios con Venezuela, a la alta exposición al riesgo que se tiene por la situación que está atravesando ese país. Esto puede ser cierto, pero involucra a todas las empresas que comercian con Venezuela, que no son exclusivamente las que apoya el Fondes. Inclusive, algunas de las empresas apoyadas por el Fondes tienen un mejor cumplimiento derivado de su comercio con Venezuela. Reiteramos que, debido a que nos tenemos que ceñir exclusivamente a las denuncias realizadas aquí, no podemos entrar en generalidades que no fueron aportadas por el denunciante. En lo que concierne a Venezuela, el denunciante dice que hay un alto riesgo. Es cierto, pero todos sabemos -no necesitamos acudir a otras fuentes más allá de las que conocemos- que, en los últimos tiempos, Venezuela se ha convertido en un destino muy importante para una cantidad de sectores exportadores, empresas privadas o cooperativas -como Conaprole-, que basan gran parte de su producción en las ventas a Venezuela. En particular, Funsa, una empresa asistida por el Fondes, tiene una relación comercial con Venezuela y está absolutamente al día con el mencionado fondo. El otro argumento que se sostiene refiere a que algunas de las empresas asistidas por el Fondes cerraron. Si observamos los objetivos del Fondes, advertimos que no se creó para asistir a empresas florecientes, aunque sí a empresas sustentables y viables económicamente, que obviamente acudían al Fondes porque no podían acceder a otro tipo de financiamiento. Es más, es probable que en el universo que atiende el Fondes, de acuerdo con las condiciones que prevén la ley y el Decreto N° 341 original del Fondes, haya muchas empresas con problemas. En el artículo 27 del mencionado decreto se establece: “El Fondes no apoyará en ninguna de sus formas, a empresas ya existentes que por sus problemas de gestión, de mercado, de competencia, de costos, de productos u otros factores que hayan podido afectar su rentabilidad o estabilidad, lo requieran. Una consideración especial se podrá hacer, dependiendo del resultado del análisis, con aquellas empresas que conjugan capital, gestión, dirección y trabajo en el mismo núcleo de personas, siempre que se considere que los apoyos sean debido a circunstancias especiales y que no serán apoyos permanentes en el tiempo”. Con esto se está refiriendo a las empresas gestionadas por los trabajadores.
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En el artículo 3º del Decreto N° 341 -vinculo esto con determinadas apreciaciones que se hicieron en el sentido de que hubo desvío de poder, porque se siguió lo que el ex presidente Mujica dijo en cuanto a la velita del socialismo; alguien podrá considerar que esto es así, pero debe tenerse en cuenta lo que se expresa en este artículo- se establece: “Entre los cometidos del Fondes se priorizará el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular en los casos de autogestión, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, con especial atención a la reinversión de las utilidades con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad”. O sea que si alguien asocia esto al socialismo está en todo su derecho de interpretación, pero desde el punto de vista normativo esta es una de las priorizaciones que el decreto establece en función de lo que la ley le encomendó. Esas eran las dos grandes líneas de la denuncia que se presentó, obviamente sin aportar mayores detalles al respecto. Como es público -como dije, no podemos buscar otras fuentes-, hoy el Fondes, como entidad financiera, tiene baja morosidad, quizá producto de la forma en la que se accede al financiamiento -lo debemos reconocer-, que es de largo plazo y con períodos de gracia. La morosidad del Fondes no es un problema central. Se expuso otra línea de argumental con relación a la mala gestión que se ha realizado; obviamente, habrá que seguir esto atentamente. Por algo este Poder Ejecutivo está haciendo un análisis con la bancada de Gobierno y con las entidades sociales, tanto de trabajadores como de empresarios -para el caso de las pequeñas y medianas empresas-, a efectos de plantear una modalidad distinta de trabajo. De paso, agrego que el aspecto medioambiental se está poniendo en un lugar muy destacado. Prácticamente la única documentación que presentó el señor diputado Goñi Reyes apuntaba en ese sentido y refería a las sanciones impuestas a dos empresas asistidas por el Fondes. No vamos a referirnos a cómo se solucionaron estos problemas -ya se solucionaron- ni a cómo se propició que se asistiera a una de estas empresas por parte de un Gobierno Departamental interesado en su funcionamiento a efectos de evitar su cierre ni a cómo se implementaron medidas para superar estos problemas ambientales. Se expresó que hubo clausura pero no se dijo cuál fue el relato posterior,
cuando perfectamente podría haberse ampliado al respecto. Eso no alcanza para dar la entidad y la seriedad correspondiente a este tema. Reitero que basé mi primera posición en la oportunidad y la procedencia, expresando que no entraba en lo relativo a la entidad y la seriedad; ahora sí estoy entrando en esos aspectos, dados los reclamos que hizo el señor diputado Amarilla. Como dije al principio, fundo mi negativa a otorgar mi apoyo a la creación de la Comisión Investigadora en la oportunidad y la procedencia, pero entendiendo también que faltaron pruebas fehacientes o indicios de la entidad y la seriedad de las denuncias. Todo esto nos lleva a concluir que tanto en el trámite parlamentario del proyecto de ley que se está elaborando -ya se ha anunciado en una conferencia de prensa- como también en la Comisión de Hacienda -a la que concurre el Poder Ejecutivo a expresar cuáles serán las pautas que va a tener el nuevo proyecto de ley y en la que se pueden modificar algunas características de la iniciativa presentada- hay espacios para seguir trabajando en el trámite esencialmente legislativo, sin necesidad de distorsionarlo con una Comisión Investigadora, que tiene un plazo de ciento ochenta días, ni de esperar a que esa Comisión se expida; mientras tanto, seguirán rigiendo únicamente los dos artículos de la Ley N° 18.716 que hacen referencia al Fondes -los artículos 40 y 41- y su decreto reglamentario. Ahora tenemos un cuerpo normativo y se va a especificar por ley las responsabilidades, los objetivos y su administración. Creo que una Comisión Investigadora no va a ayudar en el trámite legislativo. El hecho de distraer al Parlamento con una Comisión Investigadora cuando está tratando un proyecto de ley solo entorpece la tarea legislativa. Por integrar y presidir la Comisión que analiza el proyecto de ley debo decir que, en una actitud de amplitud, la fuerza política que integramos -mayoría en la Comisión-, presentó un borrador para que los demás integrantes de los diferentes partidos políticos pudieran conocer previamente los acuerdos a los que se había llegado con el Poder Ejecutivo. Todos sabemos que fue de estilo en muchos períodos legislativos llegar al día de la votación y que la bancada de gobierno -que tenía asegurada los votos en la Comisión y en la Cámara- presentara aditivos y sustitutivos, cambiando los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo,
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pusimos todo a disposición de las demás bancadas para que pudieran discutir el tema y realizar aportes. Por supuesto que no se aprovechó la presencia del Poder Ejecutivo para hacer algunas preguntas. Sin embargo, se prefirió el camino de la Comisión Preinvestigadora y se respetaron los tiempos -esto tiene mucho que ver con la oportunidad- para que el denunciante pudiera realizar sus denuncias. Se dijo recientemente que el Poder Ejecutivo no quería informar sobre el tema y que se lo había comunicado a la prensa, a través de la ley de acceso a la información. Debo decir que hubo cuatro pedidos de informes por parte del denunciante. Uno de ellos fue contestado rápidamente. En esa respuesta se decía que el destino de las consultas debía ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -de acuerdo con el Decreto Nº 341- y no el Ministerio de Economía y Finanzas. Un pedido de informes similar se dirigió al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con plazo de vencimiento para obtener la información el 22 de mayo, es decir en los mismos días en que el señor diputado Goñi Reyes realizaba la solicitud; no sabemos si ya llegó. En caso de que no haya llegado, el Reglamento establece la posibilidad de reiterar el pedido de informes. Por lo tanto, podría haber un tiempo adicional votado por la Cámara para conocer la respuesta. El último pedido de informes, que está en curso, vence el 17 de junio -nos informamos en la Cámara- y es el que fue dirigido a la OPP. Nos consta que ese será respondido a la brevedad por una razón muy sencilla: porque parte del informe ya fue elaborado para contestar la solicitud. Por último -lo dijimos ayer y lo decimos hoy-, en la denuncia formulada por el señor diputado denunciante se dijo que había incumplimientos por parte del Poder Ejecutivo por no haber incluido información en las Rendiciones de Cuentas. Al respecto, debo decir que se incluyó en las Rendiciones de Cuentas de 2012 y de 2013, y que se va a incluir en la de 2014; el plazo de esta última vence el 30 de junio. Por lo tanto, reiteramos la falta de oportunidad de la denuncia, uno de los elementos que esta Comisión Preinvestigadora debe analizar por mandato legal; debe analizarse la procedencia y falta de oportunidad de la denuncia. Tenemos objeciones con respecto a la entidad y seriedad de la denuncia, pero fundamentamos nuestra oposición en la oportunidad y procedencia. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Como oposición, creo que no debemos agradecer el hecho de que los
temas y los proyectos sean abiertos en la Comisión; eso es una práctica de la democracia y del funcionamiento normal de los Poderes del Estado. Obviamente, el partido político que tiene mayoría en ambas Cámaras puede gobernar por “decretazo”, sin dar posibilidad al debate, pero me parece que no sería la mejor forma de respetar la institucionalidad del país. Reitero: no creo que tengamos que agradecer por ello ni que abrir los proyectos sea un acto de generosidad. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Por supuesto que no quiero que nos agradezcan; solo pido que no nos critiquen porque lo hicimos. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Agradezco al señor diputado Asti que en su exposición nos otorgue nuevos argumentos en cuanto a la necesidad de conformar la Comisión Investigadora. Me parece bien que se reconozca que hay algunos temas que todavía están en proceso y que son preocupantes, como lo sucedido con Venezuela. El señor diputado Asti, que es contador, acaba de salir de Sala. Yo soy abogado, pero supongo que ellos analizan los mercados, la colocación de la mercadería y la proyección de ventas de una empresa para evaluar la sustentabilidad de un proyecto. Sabemos que los proyectos fueron financiados con fondos públicos. Antes de haber invertido el dinero de todos los uruguayos debería haberse advertido que esos proyectos tenían cierta debilidad en cuanto al mercado donde se iba a colocar la mayor parte de su producción. Por lo tanto, creo que procede la creación de una Comisión Investigadora y lamento que no hayamos encontrado el camino para analizar este tema con mayor profundidad en el seno del Parlamento. SEÑOR ASTI (Alfredo).- No estuve en toda la exposición que hizo el señor diputado Amarilla, pero sí cuando se refirió a Venezuela, cuando dijo que yo considero que la situación de Venezuela es grave desde el punto de vista económico. Es lógico; todos sabemos cuánto ha impactado el precio del petróleo. Pero lo que quise decir es que a Venezuela le venden empresas capitalistas, que tienen la forma de cooperativas tan especiales como Conaprole; le venden empresas autogestionadas, alguna de ellas está asistida por el Fondes. Todas ellas decidieron venderle alimentos u otros elementos a Venezuela, y han hecho de ello una línea importante en sus actividades. No amerita encontrar que es cuestionable la actitud del Fondes de apoyar a empresas que le venden a Venezuela, cuando
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tenemos cantidad de empresas de otro origen, que también le venden y que nunca podrían pasar por la puerta del Fondes, por lo menos con la estructura que tiene actualmente. No amerita que se estudie que alguna de las empresas asistidas por el Fondes le vende a Venezuela, porque también tendríamos que analizar cómo se financian las demás empresas que le venden a Venezuela. Podríamos remontarnos a cómo financió y cuánto mandó a pérdida el Banco República en épocas anteriores en proyectos absolutamente inviables, algunos de los cuales con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se habla genéricamente de que hay un riesgo de exposición a Venezuela. Sí, ese riesgo lo tienen Uruguay y varios países del mundo que le venden a Venezuela; eso no amerita investigar por qué se apoyó financieramente a empresas que están en el Fondes cuando el problema es, en realidad, Venezuela y su crisis a partir de la baja notoria del petróleo y lo que ello implica para el cumplimiento de sus obligaciones. Reitero: no podemos generalizar eso a todos los casos. Funsa, una de las empresas asistidas por el Fondes que le vende a Venezuela, está absolutamente al día con sus compromisos con el propio Fondes. SEÑORA MODERADORA.- Corresponde poner a consideración el Acta N° 1, de 27 de mayo de 2015, a los efectos de su aprobación. (Se vota) ——Tres por Unanimidad. la afirmativa: AFIRMATIVA.
——Asimismo, se hace entrega al señor diputado Goñi Reyes de la versión taquigráfica de la sesión del día de ayer. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Voy a dejar la misma constancia que dejé cuando comenzó la sesión, porque en ese momento no estaba presente el señor diputado Goñi Reyes. En mi exposición de ayer manifesté que los estados contables del fideicomiso del Fondes estaban colgados en la página web de la CND y me rectifiqué: no están colgados en la página web, sí están a disposición en la CND y, por lo tanto, de su Directorio. El error fue decir que estaban en la página, por eso rectifico que no lo están. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Agradezco la aclaración del señor diputado porque yo los había buscado. Cuando me retiré de Sala fui a buscarlos nuevamente, y no los encontré. Había hecho todos los esfuerzos y creí haber hecho toda la diligencia para conocer la información que estaba pidiendo por todos los medios posibles, pero no la había encontrado. Me sorprendió cuando el señor diputado hizo ese planteo. Me alegra la rectificación y me alegra que no hayan estado esos elementos a disposición sin mi conocimiento mientras yo los estaba pidiendo. SEÑORA MODERADORA.- De conformidad con el Reglamento, corresponde hacerle saber al señor diputado denunciante que esta Comisión acaba de formar criterio adverso a la investigación. Corresponde que el señor diputado ratifique la denuncia o la retire. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- La ratifico en todos sus términos. Todas las afirmaciones que hice las hice con los medios de que disponía, con la convicción que mi razonamiento me permitía. Aquellos elementos probatorios de mi denuncia que no aporté fue simplemente porque la razón del pedido de la Investigadora era contar con esos elementos que entiendo deberían ser de público acceso. Ratifico en todos sus términos la gravedad de las denuncias planteadas al pedir esta Comisión Investigadora. SEÑORA MODERADORA.- Al ratificar el señor diputado Goñi Reyes la denuncia, se elevarán los informes correspondientes al plenario para su tratamiento en la primera sesión extraordinaria que se convoque. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Quiero saber si existe posibilidad de corregir la versión taquigráfica. SEÑORA MODERADORA.- Ya fue aprobada. (Diálogos)
En consideración la creación de la Comisión Investigadora solicitada por el diputado denunciante. (Se vota) ——Uno en tres: NEGATIVA. (Diálogos) SEÑORA MODERADORA.- He resultado electa como miembro informante del informe en mayoría, y el señor diputado Amarilla ha sido designado como miembro informante del informe en minoría (Ingresa a Sala el señor diputado Goñi Reyes) SEÑORA MODERADORA.- Recibimos al denunciante, señor diputado Goñi Reyes, a quien le exhibimos el Acta N° 1 de la reunión del día de ayer, a los efectos de que la lea. Fue aprobada y requiere de su firma. (Así se procede)
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SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Tengo que hacer una única corrección en el primer párrafo de la página 11 de la versión taquigráfica de la sesión de ayer, donde dice: “Allí van a aparecer los montos a los que he hecho referencia en esta instancia”, pero creí haber dicho “Allí van a aparecer los asuntos a que he hecho referencia en esta instancia”. SEÑORA MODERADORA.- Se toma nota. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Ha sido un verdadero privilegio y placer compartir este trabajo. Muchas gracias. SEÑORA MODERADORA.- Se presentarán los informes en mayoría y minoría al plenario, para que decida este asunto. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. (Es la hora 11 y 21) Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación INFORME EN MAYORÍA Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez: Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión Preinvestigadora creada por Resolución de esa Presidencia N° 107, de fecha 26 de mayo del corriente, se dirigen a Ud. a efectos de elevar el informe que se les cometiera por el numeral 1° de aquélla, esto es, “informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Rodrigo Goñi, y la oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación”. Marco normativo vigente Las comisiones parlamentarias de investigación se regulan por lo establecido en el artículo 120 de la Constitución, la Ley Nº 16.698 (con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.758) y lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Representantes aprobado el 11 de diciembre de 1991 y modificado el 4 de noviembre de 1998, el 4 de octubre de 2011 y el 18 de junio de 2014. El artículo 120 de la Constitución dispone que “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”.
La Ley Nº 16.698 establece en el artículo 6° que “Las Comisiones de investigación asesoran al órgano a que pertenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación sólo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”. El artículo 10 de la ley mencionada, determina que la designación de una Comisión de Investigación debe ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora compuesta de tres miembros, la que debe ser designada por el presidente del Cuerpo, tratando que, en lo posible estén representados todos los partidos políticos. Por su parte el artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Representantes, también establece que las comisiones parlamentarias comprendidas en el artículo 120 de la Constitución, serán designadas previo informe de una Comisión Preinvestigadora. El procedimiento de actuación de las comisiones preinvestigadoras se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley N° 16.698 y en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes. En primer término se establece que una vez que el presidente de la Cámara nombre a la comisión, ésta se establecerá de inmediato, y recibirá al legislador denunciante, a los efectos de que exponga la fundamentación de su pedido de investigación y articule la denuncia que le da mérito a su pedido (artículo 10 – Ley Nº 16.698 y artículo 118, inciso primero, del Reglamento de la Cámara de Representantes). La Comisión puede solicitarle verbalmente al legislador denunciante, que amplíe sus manifestaciones (artículo 118, inciso segundo del Reglamento de la Cámara de Representantes). Por último, la Comisión Preinvestigadora, deberá informar en un plazo de cuarenta y ocho horas, sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación (artículo 10, Ley N° 16.698). El reglamento establece además que el informe o los informes, en caso de que exista más de uno, deberán entregarse al presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión extraordinaria que se realice. Debe destacarse que para el caso de que la Comisión Preinvestigadora, resolviera en forma adversa a la investigación, llamará al legislador
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mocionante para comunicárselo, el que deberá ratificar o retirar la denuncia. En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara. Sobre la denuncia 1- Con fecha 26 de mayo de 2015 el Representante Nacional Rodrigo Goñi Reyes presentó una nota ante la Presidencia de la Cámara de Representantes en la que solicita la constitución de una Comisión Investigadora Parlamentaria sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación por Decreto N° 341/2011 de 27 de setiembre de 2011 (de acuerdo al artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010) hasta la fecha. 2- Objeto de la Comisión Investigadora solicitada. El Representante Nacional requirente solicita la conformación de tal comisión a los efectos de: a) investigar situaciones que a su juicio presentan elementos de irregularidad o ilicitud en relación al uso de los recursos del FONDES; b) reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el FONDES que el Poder Ejecutivo ha presentado. 3- La precitada solicitud da cuenta de hechos que -a juicio del peticionante- configurarían indicios de ilicitud o irregularidades en asuntos que revestirían suficiente entidad institucional en relación a los resultados de algunos emprendimientos asistidos por el FONDES. Conclusiones Esta Comisión Preinvestigadora ha cumplido con todas las etapas previstas en la normativa aplicable, presentando ahora en tiempo y forma el informe respectivo, con las conclusiones que se exponen a continuación: – En relación con la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Nacional Rodrigo Goñi, esta Comisión entiende que la misma no cumple con los requisitos legales respecto de la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación (artículo 10, Ley N° 16.698). – En cuanto a la entidad de la denuncia, se señalan en ella una serie de situaciones que habrían ocurrido, pero sin referir a casos concretos en los cuales pueda individualizarse una eventual ilicitud o irregularidad ocurrida o sus eventuales responsables. – Con relación a la seriedad del origen de la denuncia, el denunciante, no en su comparecencia
sino en sesión de esta Comisión, más allá de referir a que se enteró de los hechos que invoca mediante un medio de prensa, planteó que lo que decía “estaba documentado en los medios”, sin agregar soporte probatorio al respecto. En dicha instancia al ser requerido al efecto, aportó como soporte de su denuncia: la mención de un expediente que se estaría tramitando ante el Juzgado Letrado en lo Penal de Crimen Organizado de 2º Turno, al que esta Comisión no tuvo acceso; resoluciones del MVOTMA relativas a estándares ambientales a adoptar por empresas a operar en la cuenca del Río Santa Lucía, que no refieren a ninguna empresa en particular, y una resolución de la Intendencia de Montevideo, relativa a la clausura de procesos productivos que generen efluentes por parte de una empresa cooperativa financiada por el FONDES. – Por consiguiente, en cuanto a la oportunidad y procedencia de la investigación, la referencia a un expediente judicial cuyo contenido se desconoce, la existencia de disposiciones medioambientales por parte del MVOTMA para la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, así como la sanción de un gobierno departamental a una cooperativa, no permiten, a juicio de los suscritos, vincular dichos hechos con irregularidades o ilicitudes en el marco de funcionamiento del FONDES. Las consideraciones que hace el denunciante con relación a la significación de estos hechos, no resultan acreditadas por elementos probatorios agregados en estos obrados. – Tampoco se encuentra mérito para la conformación de una Comisión para suministrar datos con fines legislativos, en tanto la solicitud carece de oportunidad y procedencia, al encontrarse a estudio del Parlamento un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre la institucionalidad del FONDES. Tal es la instancia pertinente de discusión y análisis del tema, donde la Comisión que lo tiene a estudio reunirá la información al respecto y recibirá todas las aclaraciones, comentarios y sugerencias para adoptar una mejor decisión sobre el proyecto. – Por otra parte, el legislador peticionante invoca haber solicitado información al Poder Ejecutivo sobre el particular y que ésta se le habría negado, cuando para ello la ley establece plazos y procedimientos (Ley N° 17.673, de 21 de julio de 2003) que aún no se han cumplido. Por lo expuesto, esta Comisión Preinvestigadora no encuentra mérito suficiente para la formación de la
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Comisión Investigadora solicitada, por no cumplirse con los requisitos legales al respecto. Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2015 CECILIA BOTTINO, Miembro Informante, ALFREDO ASTI. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo único.Desapruébase, en esta oportunidad, la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el Fondo para el Desarrollo (FONDES) desde su creación. Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2015 CECILIA BOTTINO, Miembro Informante, ALFREDO ASTI. Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación INFORME EN MINORÍA Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez: Por este intermedio remitimos a usted el informe en minoría de la Comisión Preinvestigadora sobre las Actividades realizadas por el Fondes desde su Creación, a los efectos de aconsejar a la Cámara la conformación de una Comisión Investigadora en mérito a las siguientes consideraciones y fundamentos: El Representante Nacional Rodrigo Goñi, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República, la Ley N° 16.698 de 2 de mayo de 1995 y los artículos 117, 118 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta ante usted la solicitud de designación de una Comisión Investigadora que denuncia sobre las Actividades realizadas por el Fondes desde su Creación. Instalada la Comisión y recibida la ampliación verbal así como la aportación de documentación acreditante por parte del diputado denunciante, nos abocamos al análisis de la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación tal como lo refiere la ley referida y los artículos respectivos del Reglamento. En cuanto a la ENTIDAD DE LAS SITUACIONES A INVESTIGARSE, debemos señalar que: Se han denunciado un conjunto de hechos de público conocimiento relacionados con algunos de los
emprendimientos asistidos por el FONDES, de los que puede inferirse razonablemente la configuración de irregularidades o ilicitudes. A continuación destacamos algunas situaciones de las que resultan claros indicios de apartamiento grave del derecho aplicable (en particular de la normativa especial establecida en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 18.716 y del Decreto 341/2011) por parte de la Junta Directiva del Fondes: En primer lugar, la constatación de que al menos tres de las empresas asistidas por el FONDES han cerrado o suspendido su actividad. Es el caso de COEP (la imprenta PRESSUR), CURTIEMBRE EL ÁGUILA Y CURTIEMBRE URUVEN. Situaciones estas que cuestionan haber cumplido con los requisitos de viabilidad y sustentabilidad exigidos como presupuesto para su financiamiento, tanto en la ley como en el decreto. En segundo lugar, la constatación adicional de que varios de los emprendimientos asistidos por el FONDES registran resultados negativos y enfrentan graves dificultades para continuar su actividad. Es el caso entre otros de COTRAPAY (ex Paylana), CTC (ex Metzen y Sena), TEXTIL PUERTO SAUCE (ex Agolán). Emprendimientos que han debido ser asistidos en forma complementaria e ilegítima (en contravención del artículo 27 del Decreto 341/2011) por diversos organismos estatales y hasta por el propio Fondes para poder mantener su actividad. Lo que demuestra serias inconsistencias en sus proyecciones económicas y financieras, de las que cabe presumir que estos proyectos tampoco reunían las condiciones de viabilidad y sustentatibilidad. En tercer lugar, la constatación respecto de empresas asistidas por el FONDES que presentan una excesiva dependencia comercial y económica con mercados que presentan características de excepcionalidad y vulnerabilidad. Es el caso de empresas que reciben apoyos del gobierno de Venezuela y venden más del 80 % a empresas estatales o paraestatales venezolanas. Lo que demuestra su falta de competitividad y capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado. Entre éstas pueden señalarse las empresas FUNSACOOP y URUTRANSFOR. Situaciones que indican que estos proyectos tampoco presentaban suficientes garantías de viabilidad y sustentabilidad. En cuarto lugar, la comprobación de violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el
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Fondes, a las normas medioambientales. Han quedado probados casos de contaminación a importantes sistemas como la cuenca del río Santa Lucía, lo que demuestra haberse asistido financieramente a empresas como CURTIEMBRE EL ÁGUILA que no daban suficientes garantías del cuidado del medio ambiente. Cabe destacar además el caso de URUVEN que fue sancionada y suspendida su actividad por la Intendencia de Montevideo. Todo esto en clara contravención a las exigencias impuestas por la normativa del FONDES, en especial al artículo 4° del Decreto 341/2011. Se destaca además que el diputado denunciante entregó copias en la Comisión de las resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la que se procede a la clausura de operaciones de la Curtiembre el Águila así como de la Resolución 59/15/6300 de la Intendencia de Montevideo por la que dispone la clausura de la Cooperativa URUVEN. Finalmente, debe señalarse el caso de aportes del FONDES millonarios con destino a saldar deudas bancarias de terceros. La asistencia del FONDES a una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de US$ 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por si elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas. En relación a la CUANTÍA DE LOS FONDOS involucrados en toda la operación del FONDES, directamente vinculados también a la entidad de la denuncia, debemos señalar que ha involucrado el manejo de fondos públicos en una suma cuyo monto total de las inversiones cuestionadas ascendería a la suma de US$ 50.000.000. Esa disposición de fondos la ha hecho en una forma excepcional, en cuanto no cumple con las normas del régimen general de contralor para los casos en que organismos estatales hacen uso de fondos públicos. Esta excepcionalidad justifica que el Poder Legislativo deba asumir una tarea más exigente de contralor utilizando todos los mecanismos disponibles, incluida la investigación parlamentaria. También tiene que ver con la ENTIDAD, la particularidad que algunos de los proyectos, tenemos la certeza y prueba de que han incurrido en daños graves al medio ambiente, según ya lo consignamos y de acuerdo a la documentación aportada por el propio denunciante.
Estos daños ambientales, alguno de los cuáles fueron consecuencia del cierre de las empresas configuran una flagrante violación -además de la normativa ambiental- de los artículos 3° y 4° del Decreto 341/011 además del artículo 40 de la Ley N° 18.716. Queda por saber las verdaderas y finales consecuencias de esos daños además de la eventualidad de problemas existentes con otras de las empresas asistidas por el FONDES. No resulta de menor importancia las eventuales violaciones a las normas de ética pública y fundamentalmente a la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998. Según se denuncia la Junta Directiva del FONDES ha incumplido varias de las disposiciones de la Ley N° 17.060 (llamada ley anticorrupción) que impone una serie de obligaciones a los funcionarios públicos, contemplando entre otros aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses. Incumplimiento del FONDES del deber jurídico de Transparencia establecido en el artículo 22 de la Ley N° 17.060, que lo obligaba a desarrollar las tareas de inversión de los fondos teniendo en cuenta el derecho de todos los integrantes de la sociedad a conocerla y a recibir información de ella. En estos 3 años de funcionamiento, el FONDES no ha permitido ver con claridad el actuar de la Administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de los funcionarios. En el caso del FONDES se registra un grave ocultamiento de datos en claro quebrantamiento a las normas de la ley anticorrupción, agravada por el incumplimiento la obligación legal impuesta expresamente por el artículo 41 de la Ley N° 18.716 y el artículo 9º del Decreto 341/ 2011. Lo que configura una clara irregularidad e ilicitud. Según nos consta, el Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha con la obligación legal de remitir la información detallada respecto a la utilización de los fondos. Tampoco ha respondido los pedidos de informes realizados por varios legisladores al Ministerio de Industria y Energía, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En consecuencia se registra además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad en la Administración Pública establecido por la ley anticorrupción, privando a los ciudadanos del derecho a conocer como se utilizaron los fondos públicos y
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dificultando el conveniente control social. Lo que constituye a una grave reiteración de conductas contrarias a la probidad en la función pública, al negar información y documentación solicitada, contraviniendo expresamente lo establecido por los artículos 7° y 22 de la Ley N° 17.060. Cabe considerar además que el Comité de Supervisión y la Dirección del FONDES violentaron gravemente la obligación legal de emplear racionalmente y en la forma adecuada los fondos públicos administrados. Esto surge de que además de desplegar su acción fuera de la juridicidad, resulta evidente que los medios empleados por el FONDES, no lograron conseguir los fines establecidos por la ley, dado que la gran mayoría de los emprendimientos no incrementaron la productividad de los factores de la empresa, ni desarrollaron una actividad sustentable, incluso algunos cerraron como se ha dicho anteriormente. Como se ha señalado, puede apreciarse varias operaciones realizadas por el FONDES con claros indicios de haberse apartado de las disposiciones expresas para el uso de los fondos. Como se advirtió en el escrito de solicitud de la investigadora, el origen de estas desviaciones de poder, resultan de la discrepancia y desajuste entre la finalidad establecida por la ley del Fondes y el objetivo perseguido explícitamente por el ex presidente Mujica de usar el FONDES para “mantener las velas prendidas al socialismo”. Lo que se tradujo en una fuerte e intensa influencia para utilizar el fondo en forma indebida, en clara violación del principio constitucional que establece que los recursos públicos están al servicio de la Nación y no de una ideología. La incidencia de dichas directivas en las decisiones de invertir los recursos del fondo conforme a criterios políticos por encima de los requerimientos técnicos, económicos y financieros establecidos por la normativa aplicable, determinó en la práctica, que no se cumpliera con las exigencias establecidas por la Ley N° 18.716 y el Decreto 341/2011 que limitaban explícitamente el financiamiento a los proyectos productivos viables y sustentables, e imponían otros requerimientos técnicos que garantizaran el cumplimiento de los requisitos de viabilidad y sustentabilidad. Según también se informa por el denunciante, tanto los proyectos que hoy están cerrados como COEP, CURTIEMBRE EL ÁGUILA, CURTIEMBRE URUVEN, como los proyectos que presentan serias
dificultades para continuar su actividad como CTC, COTRAPAY, TEXTIL PUERTO SAUCE entre otras, y finalmente las empresas que están dependiendo de las compras de empresas estatales venezolanas, todas ellas presentan elementos de no haber cumplido con los requisitos legales para recibir asistencia financiera del FONDES. Irregularidades o ilícitos resultantes del incumplimiento del seguimiento y fiscalización de los emprendimientos asistidos. Al respecto se destacan declaraciones del Director de COEP donde refiere que “allí faltó una mayor fiscalización del FONDES que se limitó a entregar el dinero. El FONDES debiera estar mucho más vinculado a la fiscalización”. También hay incumplimiento de la exigencia normativa de aplicar las mejores prácticas de gestión empresarial, promover adecuada productividad de los factores, e impulsar el desarrollo de productos y mercados que promuevan su sustentabilidad. Resulta difícil encontrar en los casos cuestionados, se haya cumplido debidamente con dichos requerimientos legales. También se presumen serias irregularidades y violación a la ley en cuanto ni hubo una verificación del cumplimiento a la normativa legal, laboral, tributaria y el cuidado del medio ambiente, tal como lo exige la ley y el Decreto. La ausencia de razonabilidad en la asistencia a los proyectos mencionados, encuentra una explicación en la conducta irregular o ilícita de intermediación política denunciada por actores involucrados a través de declaraciones en diversos medios de comunicación. Se han constatado situaciones que presentan elementos de corrupción. Si se tiene presente la Ley N° 17.060 que en su artículo 3° define como corrupción “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no daño al Estado”, no es difícil concluir que la aprobación por el FONDES de proyectos que no cumplían con los requerimientos legales, configuran casos de uso indebido del poder público para financiar proyectos que directa o indirectamente beneficiaron a particulares. Por lo tanto de corrupción. Hay trascendencia y magnitud de apartamientos legales que configuran claros indicios de desvíos, abuso y exceso de poder por parte del Fondes en situaciones denunciadas donde se habrían utilizado fondos públicos en beneficio de particulares.
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En este punto debe tenerse presente que el Fondes utilizó de fondos públicos en beneficio de particulares, razón por la cual las normas que lo regulaban contenían disposiciones expresas, con exigencias muy rigurosas y detalladas, acerca de la elegibilidad de los destinos de esos fondos públicos. La asistencia del FONDES a la Cooperativa COEP (imprenta Pressur) una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de US$ 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por sí elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas. Un caso ilustrativo de intermediación política y de apartamiento de las normas, que benefició a un particular. Consideramos entonces que fehacientemente se acreditó la SERIEDAD de su origen de la denuncia presentada que resulta entre otros aspectos por la constatación de los hechos mencionados y la participación directa de diversos organismos estatales en la emisión de documentos mencionados. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar la investigación realizada por los periodistas Rodrigo Abelenda y Marcos Rey aparecida en el Semanario Brecha del 13 de marzo de 2015 y donde se destaca que “desde el gobierno hay quienes dicen, si bien en voz baja, que llegó el momento de acabar con la discrecionalidad con la que se otorgaron préstamos en el pasado. O frenar el lobby político por izquierda para que el Estado apoye emprendimientos inviables, dado el lugar que ocupan en la cadena productiva o las señales de agotamiento que se advertirían si se mirara el largo plazo y el contexto mundial, como en el caso de la industria textil”. Más adelante, el mismo artículo agrega: “La forma jurídica con la que nació el Fondo, a partir de un decreto de setiembre del 2011, no era la ideal, coincidieron ex jerarcas del gobierno anterior, pero era la forma más rápida para apagar una serie de incendios con los que se había comprometido políticamente tras el cierre de varias fábricas”. Finalmente el hecho de que alguno de los casos se encuentran en la órbita de un Juzgado de Crimen Organizado, de acuerdo a los datos aportados por el denunciante (expediente IUE 2-49948/2013) acredita suficientemente la seriedad del origen de las mismas. Con respecto a la OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA, debemos señalar que dada la relevancia actual en momentos que se presenta en consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre el FONDES, considerando la entidad de los
hechos involucrados y atendiendo a lo establecido por el artículo 120 de la Constitución que establece que “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”, queda acreditada la oportunidad y conveniencia de la designación de una comisión parlamentaria. Teniendo presente por un lado, el impostergable cumplimiento de la función de contralor administrativo, que impone investigar hechos que puedan configurar irregularidades o ilícitos. Unido en el presente caso a su relevante trascendencia con fines legislativos, dado el próximo tratamiento de un proyecto sobre el Fondes, con la intención expresa del Poder Ejecutivo de tener su rápida aprobación, es que se aconseja a la Cámara la designación de una Comisión Investigadora parlamentaria de acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución. Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2015 GERARDO AMARILLA, Informante. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo único.Formar una Comisión Investigadora a los efectos de analizar las actividades realizadas por el Fondo para el Desarrollo (FONDES) desde su creación. Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2015 GERARDO AMARILLA, Informante”. Léase el proyecto. (Se lee) SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ASTI (Alfredo).-Señor presidente: antes de comenzar la sesión, teniendo en cuenta la importancia del tema que nos convoca en el día de hoy y en conocimiento de que ha llegado a la Cámara el informe solicitado por el diputado denunciante a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, creemos conveniente que sea repartido entre los señores legisladores para que todos dispongamos de la misma información; por supuesto, si el señor diputado Goñi Reyes está de acuerdo. Miembro Miembro
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SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: con mucho gusto, autorizo que se entregue a todos los legisladores. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- En función de esta aceptación, se procederá a distribuir la información solicitada entre todos los legisladores. ——En discusión el proyecto a que se ha dado lectura. Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, señora diputada Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).-Señor presidente: hablaremos primero de la denuncia a partir de la que, por resolución Nº 107 de la Presidencia de esta Cámara, de 26 de mayo de este año, se dispuso la creación de una Comisión preinvestigadora. Esta Comisión debía informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el señor representante Goñi Reyes y la oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el Fondes desde su creación. En función de eso, analizaremos el marco normativo vigente. Las comisiones parlamentarias de investigación se regulan por lo establecido en el artículo 120 de la Constitución, la Ley Nº 16.698 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.758 y lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Representantes, aprobado el 11 de diciembre de 1991 y modificado el 4 de noviembre de 1998, el 4 de octubre de 2011 y el 18 de junio de 2014. Cabe señalar que el artículo 120 de la Constitución de la República dispone que: “Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”. En el artículo 6º de la Ley Nº 16.698 se establece: “Las Comisiones de investigación asesoran al órgano que pertenecen, tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”.
De conformidad con la referida ley y con lo que establece el Reglamento de la Cámara de Representantes, nos constituimos inmediatamente como Comisión Preinvestigadora y recibimos al mocionante, cuya exposición se relacionó de forma directa con la nota que presentó a la Presidencia de la Cámara de Representantes. Solicitó y se le concedió plazo para que presentara la prueba -que dijo poseer en forma abundante- y nos expedimos en el plazo de cuarenta y ocho horas, elevando a este pleno dos informes. Lo que teníamos que evaluar como Comisión Preinvestigadora era: la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación. Ahora, analizaremos los tipos de Comisiones previstas constitucional y legalmente. La designación de una Comisión parlamentaria de investigación -como ya manifestamos- solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Además, resulta oportuno destacar que, de acuerdo con lo que establece el artículo 120 de la Constitución, las Cámaras podrán nombrar, además de Comisiones parlamentarias de investigación, Comisiones para suministrar datos con fines legislativos. Por lo tanto, deben distinguirse las Comisiones a las que corresponde investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares de aquellas que son nombradas para reunir información con el fin de legislar, pero no se presume la existencia de ilicitudes o de irregularidades. El artículo 7º de la Ley Nº 16.698 establece que estas últimas asesoran al órgano al que pertenecen en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación y que su designación procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Solo en el caso de que en la investigación realizada surgiere la comprobación de irregularidades o ilicitudes, también pueden asesorar a la Cámara, en el ejercicio de sus poderes jurídicos de control administrativo. El profesor José Korzeniak en su obra “Las Comisiones Parlamentarias de Investigación y sus Facultades”, página 16, expresa citando a Justino Jiménez de Aréchaga: “Nuestra Constitución, así como la doctrina, admite la posible existencia de dos tipos de Comisiones Parlamentarias (fuera de las permanentes y especiales), distinguiéndolos perfectamente:
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1) las comisiones con fin de legislación, 2) las comisiones con fines de investigación. Ello resulta con toda claridad del tenor literal del artículo 120, que se ilumina aun más por el estudio de sus antecedentes. Las primeras son comisiones designadas para suministrar a la Cámara datos necesarios para el mejor desempeño de la función de legislar. Y agrega luego que las segundas, en cambio, son constituidas para inquirir, para investigar, para pesquisar. Los dos grandes campos de los cometidos parlamentarios -legislar y controlar-, determinarían, respectivamente, la procedencia de las comisiones para suministrar datos con fines legislativos o de las comisiones de investigación”. Más adelante, el doctor Korzeniak expresa que cuando las situaciones que deban averiguarse “[…] se presuman lícitas pero necesitadas de una legislación correctora, procederá el nombramiento de una comisión para suministrar datos con fines legislativos. En cambio cuando se sospechan ilicitudes o irregularidades, será pertinente la designación de una comisión de investigación”. La ya citada Ley Nº 16.698, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº o16.758, ha sido la que reglamentó las facultades de cada uno de los tipos de comisiones parlamentarias previstos en la Constitución, a saber: las Comisiones Permanentes, las Comisiones Especiales, las Comisiones de Investigación y las Comisiones para suministrar datos con fines legislativos, regulando los cometidos que a cada tipo de Comisión corresponde. En el artículo 8º de la ley se dispone que tanto las Comisiones de Investigación como las que suministran datos con fines legislativos tendrán los poderes jurídicos que la propia ley determina. Por lo tanto, visto el marco normativo que rige el contenido y los poderes jurídicos que tenía la Comisión Preinvestigadora, analizaremos ahora el contenido de la denuncia presentada. El 26 de mayo de 2015, el representante nacional Rodrigo Goñi Reyes presentó una nota ante la Presidencia de la Cámara de Representantes en la que solicita la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el Fondes desde su creación por el Decreto Nº 341 de 27 de setiembre de 2011 -de acuerdo con lo que establece el artículo
40 de la Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010hasta la fecha. El representante nacional requirió conformar esa Comisión a los efectos de investigar situaciones que, a su juicio, presentan elementos de irregularidad o ilicitud con relación al uso de los recursos del Fondes y reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el Fondes presentado por el Poder Ejecutivo. La precitada solicitud da cuenta de hechos que, a juicio del peticionante, configurarían indicios de ilicitud o irregularidades en asuntos que revestirían suficiente entidad institucional en relación con los resultados de algunos emprendimientos asistidos por el Fondes. En cuanto al análisis de la referida denuncia, vamos a pronunciarnos acerca de la carencia de la oportunidad y de la improcedencia de la investigación. Para ello, analizaremos el alcance y la facultad que tienen los pedidos de informes, mecanismo de control previsto por el artículo 118 de la Constitución de la República. El pedido de informes, de acuerdo con la referida disposición constitucional, consta de un objeto determinado y de un procedimiento respectivo, al cual deben ajustarse los señores legisladores. En este sentido, Justino Jiménez de Aréchaga enseña que el pedido de informes no es un poder ilimitado, como no lo es ninguno de los que la Constitución atribuye a los distintos centros de autoridad. Repitamos una vez más que el ejercicio de todo poder derivado de la Constitución está sometido a tres órdenes de limitaciones fundamentales: primero, ningún órgano público puede ejercer poder público fuera del límite de las competencias asignadas por la Constitución; segundo, ningún órgano público puede ejercer poder público sin ajustarse a las formalidades que para el ejercicio de sus competencias están previstas por la Constitución; y tercero, ningún órgano público puede ejercer poder público sino en vista de los fines para los cuales esa atribución de poder ha sido hecha por la Constitución. En consecuencia, Jiménez de Aréchaga señala expresamente los tres límites de todo mecanismo de control, razonamiento efectuado en su obra respecto de lo que se plantea en este caso sobre pedidos de informes y formación de Comisiones: ejercicio dentro de las competencias constitucionales, cumpliendo las
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formalidades establecidas por esta y conforme a los fines para los cuales se atribuyó dicho poder. A este respecto, Jiménez de Aréchaga agrega que es este tercer límite el que nos interesa poner de relieve en relación a la facultad concedida por el artículo 106, que es el actual artículo 118. El poder de solicitar datos e informes se confiere a fin de que el Parlamento pueda llenar sus cometidos. Por tanto, será legítimo el ejercicio de tal facultad solamente en cuanto él esté determinado por la necesidad de que el Parlamento llene sus cometidos. ¿Cuáles son estos? Son dos, fundamentalmente: legislar en las materias para las cuales la Constitución confiere al Parlamento el poder de legislar, y no en otras; y ejercer contralor sobre la Administración. En consecuencia, el pedido de datos e informes deberá estar siempre motivado, o bien por la necesidad de conocer hechos o circunstancias que condicionen el trabajo legislativo, o por el cumplimiento del deber de contralorear la actividad de la Administración. De ahí que no sea ilimitada esa facultad. He tomado estas citas de la página 288, del Tomo II, del libro “La Constitución Nacional”, de Jiménez de Aréchaga; Cámara de Senadores, Montevideo de 2002. En el caso que nos ocupa, el señor representante Goñi Reyes ha hecho uso del mecanismo del pedido de informes a diversas autoridades del Poder Ejecutivo, solicitando información sobre el funcionamiento del Fondes. Sin embargo, no ha cumplido con los preceptos constitucionales y legales que regulan su procedimiento, afirmando en forma apresurada que el Poder Ejecutivo le estaría negando información. Conforme al precepto constitucional citado, los pedidos de informes efectuados por el señor representante Goñi Reyes fueron cursados por escrito por el presidente de la Cámara de Representantes, quien debe trasmitirlo de inmediato al organismo que corresponda. Así se hizo, tal como surge de los oficios de que tomó conocimiento la Comisión Preinvestigadora, conforme al siguiente detalle: Oficio Nº 147, enviado el día 9 de marzo de 2015 al Ministerio de Economía y Finanzas y contestado el día 7 de abril de 2015; Oficio Nº 150, enviado el día 11 de marzo de 2015 al Ministerio de Industria, Energía y Minería, habiendo vencido el plazo inicial para su respuesta el día 22 de mayo de 2015; Oficio Nº 940, enviado el día
10 de abril de 2015 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo recibido por esta el 13 de abril de 2015 y con plazo para contestarlo hasta el 17 de junio de 2015, lo que acaba de hacer y así informó el señor diputado Asti, cuyo agregado solicitó -repito: tenía plazo para contestar este pedido de informes hasta el 17 de junio de 2015-; el Oficio Nº 1270, enviado el 8 de mayo de 2015 al Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo plazo para contestar hasta el 14 de julio de 2015. Véase, entonces, analizando lo ocurrido con los cuatro pedidos de informes que el señor representante Goñi Reyes cursó, vinculado con el Fondes, la situación es la siguiente: uno de ellos fue contestado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 7 de abril de 2015; el cursado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tenía plazo hasta el 17 de junio, y lo acaba de contestar, y el segundo pedido de informes cursado al Ministerio de Economía y Finanzas también se encuentra en plazo, hasta el 14 de julio. En definitiva, de los cuatro pedidos de informes cursados por el señor representante Goñi Reyes relativos al Fondes, de los que esta Comisión Preinvestigadora tiene conocimiento, el único que no fue contestado aún fue el que se remitiera el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El señor representante Goñi Reyes, para fundamentar su denuncia y su petición de crear una Comisión Investigadora, llegó a afirmar que no le contestaron sus pedidos de informes. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que establecen la Constitución y las leyes para estos casos? El artículo 118 de la Constitución establece que si el órgano al que se han solicitado informes no los facilitare dentro del plazo que fijará la ley, “[…] el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva”. Con relación a los plazos, la Ley Nº 17.673 los ha establecido, fijando un plazo inicial de cuarenta y cinco días hábiles y un plazo adicional de treinta días hábiles más, si el organismo requerido lo solicitare, dada la complejidad del pedido. No nos consta, con relación al único informe que hasta ahora no ha sido contestado, que el Ministerio de Industria, Energía y Minería haya pedido un plazo adicional para hacerlo. Todo ello sin perjuicio de que en esta instancia no se ha entrado a evaluar si el tema se encuentra o no en la órbita de dicha Secretaría de Estado y, por tanto, si
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esta se encuentra en condiciones de evacuar la lista de preguntas enviada. Como ya se ha dicho, lo que debería haber hecho el señor representante Goñi Reyes frente a este único caso -dado que los demás pedidos se encuentran en plazo o ya fueron contestados- es lo que establecen la Constitución y la ley: solicitarlos por intermedio de la Cámara de Representantes y estarse a lo que esta resuelva al respecto. Puede advertirse, entonces, que el denunciante afirma que el Poder Ejecutivo le ha negado información cuando, en realidad, sus pedidos de informes han sido contestados a través del Oficio Nº 147, aún se encuentran en plazo los Oficios Nos. 940 y 1270 -uno de los cuales acaba de ser informado- o no se ha seguido el procedimiento para obtener respuesta, previsto en la Constitución y la ley, Oficio Nº 150. En definitiva, y conforme a los requerimientos de oportunidad y procedencia exigidos por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698 para la formación de Comisiones Investigadoras, no se encuentra en la inexactamente alegada falta de respuesta a pedidos de informes motivo alguno que justifique la creación de una Comisión Investigadora parlamentaria. En cuanto al análisis de estos requisitos, corresponde precisar que el legislador denunciante argumenta en su solicitud, ante el envío al Parlamento de un proyecto de ley que regularía legislativamente la existencia del Fondes, lo siguiente: “considerando que había un proyecto de ley sobre el Fondes, presentado por el Poder Ejecutivo, lo primero que hicimos -en cumplimiento de nuestra función de contralor y también legislativa, como parlamentariosfue presentar varios pedidos de informes”. Esta circunstancia, a juicio de este informante, no constituye mérito para la creación de una Comisión Investigadora, como ya se explicó en forma exhaustiva, ni para la formación de una Comisión con fines legislativos. En efecto, cuando se está desarrollando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes -en cuya integración tiene amplia representación el partido al que pertenece el legislador denunciante- el tratamiento legislativo de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es este el ámbito de planteamiento de todas las inquietudes que el legislador indica como necesarias
para su actividad parlamentaria. Esta Comisión se encuentra tratando el referido proyecto desde marzo de este año. Inclusive, el 20 de mayo próximo pasado recibió a los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que informaran sobre el tema. Al parecer, el señor representante denunciante confunde ambas características, por cuanto señala que solicita la “designación de una Comisión Investigadora por la entidad de los hechos, la seriedad de su origen y las razones de oportunidad y conveniencia expresadas”; véase la página 6 de su solicitud, numeral 7), destacado en mayúscula, en negrita y subrayado. No obstante, en el numeral 2) de su solicitud señala que, además de la finalidad de investigación que persigue su solicitud, intenta conseguir el “objetivo adicional de reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el Fondes que el Poder Ejecutivo ha presentado”. Conforme a la normativa legal aplicable, la cuestión resulta clara: una Comisión Investigadora procede cuando se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes, artículo 6 de la Ley Nº 16.998, y una comisión para suministrar datos con fines legislativos procede cuando de las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Lógicamente, al dar regulación diferencial a las dos categorías mencionadas, la ley referida parte del presupuesto lógico de que una comisión de investigación resulta ontológicamente diferente a una comisión para suministrar datos con fines legislativos. Adicionalmente y por expreso imperio legal, su designación atiende a supuestos diferenciales, así como tienen diversos cometidos. De manera que, conforme a la normativa legal aplicable, el señalamiento de unas o varias ilicitudes descarta la posibilidad de conformar una comisión para suministrar datos con fines legislativos, como es el caso de la presentación realizada por el señor representante denunciante. Asimismo, el señor representante Goñi Reyes refiere que la oportunidad y conveniencia de la investigación está “dada por la relevancia actual en momentos que se presenta a consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre el Fondes”. La consideración del Parlamento de un proyecto de ley
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sobre el Fondes, precisamente, impone una consideración en el sentido contrario a lo solicitado por el solicitante. En efecto, el 5 de marzo del corriente año, el Poder Ejecutivo envió oportunamente a este Poder Legislativo un proyecto de ley de institucionalidad legal del Fondo para el Desarrollo que se encuentra sometido a análisis de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, en la cual el Partido Nacional, que integra el señor representante denunciante, tiene como miembros a su Vicepresidente, señor representante nacional Jorge Gandini, y a dos legisladores más: señores representantes nacionales Gustavo Penadés y Nelson Rodríguez Servetto. Como es de conocimiento del señor representante denunciante, así como de los representantes nacionales integrantes de la Comisión, la convocatoria a Comisión de diversos actores económicos, sociales e institucionales relacionados con los proyectos a estudio, suele realizarse en forma frecuente, invariable y repetida en aras del perfeccionamiento en la materia legislativa. Por lo tanto, la existencia de un proyecto de ley sobre la materia, sometido a estudio de esta Cámara, redunda, precisamente, en una consideración contraria a la solicitud incoada. Nada impide que el suministro de datos con fines legislativos se obtenga por la vía mencionada, pudiendo concurrir, inclusive, el propio señor representante denunciante a dicha Comisión, puesto que cuenta con potestades al respecto. De manera que la vía oportuna y conducente para el fin mencionado debió ser, sin duda, la citación de las personas y organizaciones pertinentes a la Comisión de Hacienda de esta Cámara, no habiendo alegado el señor representante denunciante óbice alguno -ni intento de ejercicio de tal facultad- a tal circunstancia. En definitiva, el sustento que el señor representante denunciante milita, dada la oportunidad y conveniencia de su solicitud, precisamente, obra en contra de la conclusión que sugiere. Si existe un proyecto de ley sometido a estudio de esta Cámara es, por excelencia, en el marco de su discusión que podrán reunirse cuantos datos legislativos sean necesarios y conducentes para su mejor análisis. Sin perjuicio de lo que venimos expresando, realizaremos otras consideraciones de la denuncia. Con relación a la vinculación comercial que el denunciante aduce de ciertas empresas con el
mercado venezolano, nada de ilicitud o irregularidad puede advertirse. La organización económica de una empresa es materia ajena a la regulación, por lo cual este hecho no puede ser objeto de conocimiento de esta Comisión, ni de objeción legal de índole alguna, salvo que se señale o advierta algún tipo de ilicitud o de irregularidad concreta en esta vinculación, que el señor representante denunciante no menciona. Con respecto a la alegada comprobación de violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el Fondes a las normas medioambientales, el señor representante denunciante fue requerido de mayor información por parte de esta Comisión. Señaló que se refería a la curtiembre “El Águila”, y que hay información, informes, resoluciones -que por supuesto están a disposición-, en las que esto figura una y otra vez, luego de muchas advertencias e intimaciones. Sin embargo, solo agregó resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relativas a requisitos ambientales para el funcionamiento o establecimiento de tambos o instalaciones de engorde de bovinos a corral con destino a faena en la cuenca del río Santa Lucía, pero que nada dicen respecto a la curtiembre señalada. Asimismo, refiere al caso de la curtiembre Uruvén, agregando copia de una resolución de la Intendencia de Montevideo a través de la cual se resuelven clausurar todos los procesos productivos que generan efluentes residuales de la citada empresa. Sobre el punto cabe señalar que todo emprendimiento que desarrolla una actividad comercial o industrial está sometido a variados controles de diversos organismos estatales: DGI, BPS, dependencias de gobiernos departamentales, Bomberos, eventualmente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, etcétera. Estas organizaciones fiscalizan el cumplimiento de cada uno de los requisitos bajo su control; son precisamente estos los diversos organismos que fiscalizan su cumplimiento, no el Fondes. El Fondes no tiene responsabilidad ni injerencia alguna en el eventual incumplimiento de alguna de la profusa normativa que regula el funcionamiento comercial o industrial. Y mal entonces podría ser responsabilizado por ello; mal podría el Fondes, como institucionalidad, dar garantía mediante el solo
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otorgamiento del apoyo de fiel cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico por parte del beneficiario. En estricta técnica jurídica, nada tiene que ver una multa que por incumplimiento pueda aplicar un organismo estatal, con el apoyo económico que previamente pueda haber sido concedido al supuesto infractor por el Fondes. Basta advertir que si cualquier incumplimiento de cualquier normativa determinara la ilicitud de la concesión de un préstamo o apoyo económico, pocos préstamos quedarían concedidos en condiciones de licitud. En primer lugar, contrariamente a lo sostenido por el señor representante nacional Goñi Reyes, debe tenerse presente que de la prueba aportada por el peticionante no surgen elementos de convicción suficientes que le permitan a esta Comisión Preinvestigadora concluir que efectivamente existió un accionar discrecional ilegítimo de las autoridades encargadas de gestionar el Fondes. Por los mismos motivos, prima facie, tampoco es posible advertir un desajuste entre la dirección y gestión del Fondes y la normativa de nuestro ordenamiento jurídico aplicable en la materia, por lo que no es dable sostener -tal como hace el peticionante, pero sin respaldo probatorio- que de ello puede inferirse un uso irregular o ilícito de los fondos públicos del Estado. En segundo término, tampoco es posible concluir que el origen de la solicitud de constituir una Comisión investigadora sea serio, ya que los hechos mencionados por el señor representante nacional no han sido comprobados, sino que son meras suposiciones, presunciones y conjeturas realizadas por el peticionante a partir de trascendidos y versiones de prensa. No respetó el principio de gradualidad de los mecanismos de control parlamentario. En algunos casos, ni siquiera esperó los plazos constitucionales y legales vigentes y, en otros, ni siquiera los puso en marcha. En tercer lugar, debe tenerse presente que la designación de una Comisión investigadora con fines legislativos no resulta oportuna ni procedente puesto que el nuevo proyecto de ley relativo al Fondes ingresó al Parlamento el 9 de marzo de 2015, encontrándose a la fecha a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
Asimismo, en la etapa del proceso de elaboración de las leyes en que los legisladores están legitimados para solicitar información, se podía invitar a las autoridades o a los distintos actores sociales involucrados en el tema, así como a técnicos en la materia para que comparezcan a las Comisiones, a fin de evacuar consultas, dar información y asesorar sobre los distintos aspectos del proyecto de ley a estudio. En ese sentido, y a modo de ejemplo, cabe señalar que recientemente, con fecha 20 de mayo de 2015, comparecieron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes una delegación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, una delegación del PIT-CNT, representantes de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas de los Trabajadores -Anert- y de Funsacoop-Anert, con el objetivo de tratar el referido proyecto de ley. En efecto, dicho proyecto se encuentra en pleno proceso de discusión siguiendo los carriles constitucionalmente previstos para la elaboración y aprobación de las leyes, siendo ese el ámbito propicio para participar de la discusión parlamentaria y contribuir al debate. Finalmente, tal como ya se expresó y se reitera por su trascendencia, no puede soslayarse que están en trámite pedidos de informe relativos al Fondes presentados por el señor Rodríguez Goñi, que aún se encuentran en plazo de ser respondidos. Por lo tanto, ningún asidero tiene su afirmación de que existe ocultamiento de datos por parte del Poder Ejecutivo como base para solicitar la conformación de una Comisión Investigadora. Por lo expuesto, se concluye que las situaciones denunciadas y los hechos narrados por el peticionante no revisten la suficiente entidad y seriedad que justifiquen la designación de una Comisión parlamentaria de investigación ni para suministrar datos con fines legislativos, puesto que no se cumplen los requisitos de oportunidad y procedencia legalmente estipulados. En ese sentido, debe tenerse presente -tal como establece el artículo 6º de la Ley N° 16.698- que la designación de Comisiones parlamentarias de investigación solo es procedente cuando se haya denunciado con fundamento la existencia de
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irregularidades o ilicitudes, extremo que en este caso no se configura por las razones señaladas. Es cuanto debo informar. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GANDINI (Jorge).-Señor presidente: a lo largo de su intervención, la señora diputada preopinante mencionó mi nombre y el de algunos compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda en la que estamos considerando un nuevo proyecto de ley para el Fondes, vinculándolo a una suerte de contradicción entre el tratamiento del proyecto de ley para darle un formato legal -ya que hasta ahora se rige por decreto- y la investigación del pasado. Quiero decir que son dos cosas bien diferentes y que una no puede mezclarse con la otra. No hay que confundir el instrumento con quien lo usa; el auto con el chofer; la herramienta en sí misma puede ser buena, pero puede ser mal utilizada. Tengo una predisposición -lo dije en la Comisióna votar la ley que regulará el Fondes con este nuevo marco. Mantengo diferencias con el actual texto que nos han remitido y algunas con el borrador que circula en la Comisión, que es producto de un acuerdo extraparlamentario entre la bancada del Frente Amplio, el Gobierno y algunos actores sociales. No obstante, pienso que el Fondes es un instrumento que el país necesita, pero como todo, si se usa mal sus efectos pueden ser los no buscados. De ahí surgen las responsabilidades, que pueden ser políticas o penales. Por eso la ley establece claramente las causales por las que un funcionario público se aparta de sus obligaciones: ineptitud, omisión o delito. Es decir, por no saber, por no querer o por hacerlo fuera del marco legal se puede estar violando la norma, más allá de lo que dice. Por eso creo que hay que distinguir con claridad el uso que se ha hecho de fondos públicos destinados al desarrollo -el pasado-, como si fuera una especie de banco de fomento, ya que esa fue la intención, pero no se cumplió y se desvió por otras motivaciones que saldrán a la luz en este debate, del instrumento en sí; y, a mi juicio, una cosa no puede estropear la
otra. Sigo creyendo que el país necesita un banco de semillas, un banco de fomento, capitales y garantías para algunos sectores de la economía social, para las cooperativas, para pequeños emprendimientos y aun para las empresas que siendo viables, sustentables y cumpliendo con proyectos, tengan la posibilidad de autogestionarse para salir adelante, mantener el empleo y la generación de riqueza. Creo en eso. Si el proyecto se enmarca en eso y quienes a posteriori usen la ley la cumplen, voy a acompañarlo con mi voto, pero nada tiene que ver con mi visión crítica y la de mi partido en relación con los usos que se hicieron en el pasado con la velita prendida al socialismo. Gracias, señor presidente. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).-Señor presidente: es evidente que no fui escuchada claramente cuando hice referencia y me detuve a analizar los dos tipos de Comisiones previstos constitucional y legalmente, que fueron solicitados por el señor diputado denunciante. Me referí en forma expresa a que si corresponde investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares, es menester la conformación de una Comisión Investigadora. Además, se distinguen las Comisiones que se nombran para reunir información sobre asuntos y cuestiones a fin de legislar, cuando no se presume la existencia de ilicitudes o irregularidades. En ese sentido, cité ampliamente al profesor José Korzeniak quien, a su vez, cita a Justino Jiménez de Aréchaga. Son contradictorios los dos tipos de comisiones solicitadas. Si se presumen ilicitudes o irregularidades, corresponde un tipo de Comisión, y si es para legislar, corresponde otro tipo. A esto me referí cuando expresamente diferencié los dos tipos de Comisiones y expliqué por qué en un caso no corresponde una y en el otro caso no corresponde la otra. Para ninguna de las dos Comisiones solicitadas en la denuncia existen fundamentos de oportunidad y conveniencia, pero además una se contrapone a la otra. Gracias, señor presidente.
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9.- Licencias Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Aníbal Pereyra, por el día 1 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Herman Alsina. Del señor Representante Adrián Peña, por el período comprendido entre los días 1° y 17 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Néstor Otero. De la señora Representante Stella Viel, por el día 9 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Da Rosa. Del señor Representante Andrés Lima, por el día 1° de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Florencia Amado. Del señor Representante Andrés Lima, por los días 2 y 3 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Paulino Delsa. Del señor Representante Víctor Semproni, por el día 1° de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Mariela Pelegrín. Del señor Representante Darío Pérez, por el día 1° de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Corujo Núñez. De la señora Representante Manuela Mutti, por el día 1° de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Alba Carvallo Sena. Del señor Representante José Carlos Cardoso, por el día 1° de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Del señor Representante Alberto Perdomo Gamarra, por el período comprendido entre los días 1° y 3 de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Betiana Britos.
Del señor Representante Conrado Rodríguez, por el día 1° de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Elena Grauert. Del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, por el día 1° de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Camacho. Del señor Representante Sebastián Sabini, por el día 1° de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Paula Pérez Lacues. De la señora Representante Macarena Gelman, por el día 1° de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Couto. Del señor Representante Saúl Aristimuño, por el día 2 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Washington Umpierre. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante José Carlos Cardoso, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de junio de 2015, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, convocándose a la suplente siguiente, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Del señor Representante Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de junio de 2015, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, convocándose a la suplente siguiente, señora Bettiana Díaz Rey. De la señora Representante Berta Sanseverino, por los días 2 y 3 de junio de 2015, para participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América., convocándose a la suplente siguiente, señora Lucía Rodríguez.
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Licencia en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Daniel Caggiani, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica., convocándose a partir del día 1° de junio de 2015 al suplente siguiente, señor Camilo Cejas. Del señor Representante Gustavo Penadés, por el período comprendido entre los días 1° y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica, convocándose al suplente siguiente, señor Antonio Zoulamian. Del señor Representante Luis Gallo Cantera, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica, convocándose a partir del día 1° de junio de 2015 a la suplente siguiente, señora Lorena Pombo. Del señor Representante José Carlos Cardoso, por el período comprendido entre los días 8 y 11 de junio de 2015, a los efectos de participar del Plenario de Directivas de Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose a la suplente siguiente, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Visto la solicitud de licencia oportunamente concedida por motivos personales al señor Representante Amin Niffouri, por los días 16 y 17 de junio de 2015, ante la denegatoria por esta única vez de los suplentes convocados, y habiendo agotado la nómina de suplentes, ofíciese a la Corte Electoral a sus efectos”. ——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y dos: Afirmativa. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.
(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 27 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por motivos personales solicito al Cuerpo que usted preside licencia el día 1° de junio de 2015. Sin otro particular saluda atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”. “Montevideo, 27 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado como suplente de ese Cuerpo. Comunico a usted, que por única vez no acepto la convocatoria para el día 1° de junio de 2015. Sin otro particular saluda atentamente, Darcy de los Santos”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente señora Darcy Amaury de los Santos Severgnini. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, por el día 1 de junio de 2015.
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2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Darcy Amaury de los Santos Severgnini. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Herman Alsina. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, y al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme licencia, por motivos personales, del 1° al 17 de junio del corriente año. Por tal motivo, solicito se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo a Usted, muy atentamente, ADRIÁN PEÑA Representante Nacional”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Adrián Peña. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1° y 17 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Adrián Peña, por el período comprendido entre los días 1° y 17 de junio de 2015.
2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Néstor Otero. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 25 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia por el día 9 de junio de 2015, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente, STELLA VIEL Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Canelones, Stella Viel. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 9 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Canelones, Stella Viel, por el día 9 de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 711, del Lema Partido Frente Amplio, señor Gustavo Da Rosa. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
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“Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por este medio y por motivos de índole personal, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia, por el día 1° de junio de 2015. Sin otro particular saluda atentamente, ANDRÉS LIMA Representante por Salto”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca. Sin otro particular, saluda atentamente, Catalina Correa Almeida”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Catalina Correa. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima, por el día 1° de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Catalina Correa.
3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 888711, del Lema Partido Frente Amplio, señora Florencia Amado. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por este medio y por motivos de índole personal, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia, por los días 2 y 3 de junio de 2015. Sin otro particular saluda atentamente, ANDRÉS LIMA Representante por Salto”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca. Sin otro particular, saluda atentamente, Catalina Correa Almeida”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular doctor Andrés Lima, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca. Sin otro particular, saluda atentamente, Florencia Amado”.
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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 2 y 3 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto las suplentes siguientes señoras Catalina Correa y Florencia Amado. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Andrés Lima, por los días 2 y 3 de junio de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por las suplentes siguientes señoras Catalina Correa y Florencia Amado. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 888711, del Lema Partido Frente Amplio, señor Paulino Delsa. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 1° de junio de 2015, por motivos personales. Sin otro particular, saluda atentamente, VÍCTOR SEMPRONI Representante por Montevideo”.
“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Semproni. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Semproni, por el día 1° de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6009, del Lema Partido Frente Amplio, señor Mariela Pelegrín. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 1° de junio, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente, DARÍO PÉREZ BRITO Representante por Maldonado”. “Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez De mi mayor consideración: Declino por esta única vez a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes en oportunidad de la solicitud de licencia del Dr. Darío Pérez. Atentamente, Fernando Franco”.
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“Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Declino por esta única vez a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes en oportunidad de la solicitud de licencia del Dr. Darío Pérez. Atentamente, Marianela De León”. “Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Declino por esta única vez a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes en oportunidad de la solicitud de licencia del Dr. Darío Pérez. Atentamente, Delfino Piñeiro”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Fernando Franco, Marianela De León y Delfino Piñeiro. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez, por el día 1° de junio de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Fernando Franco, Marianela De León y Delfino Piñeiro. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de
Votación Nº 1813, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Corujo Núñez. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el día de la fecha, por motivo personales. Sin más, lo saluda atentamente, MANUELA MUTTI Representante por Salto”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor representante. Sin otro particular, le saluda atentamente, Mijail Pastorino”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor representante. Sin otro particular, le saluda atentamente, Nicolás Urrutia”. “Montevideo, 21 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he
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sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor representante. Sin otro particular, le saluda atentamente, María Cristina González”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor representante. Sin otro particular, le saluda atentamente, Nelly Rodríguez”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor representante. Sin otro particular, le saluda atentamente, Fernando Irabuena”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Salto, Manuela Mutti. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Mijail Pastorino Rodríguez, Nicolás Urrutia Gaucher, María Cristina González, Nelly Rodríguez Galvalisi y Fernando Irabuena Giambassi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Salto, Manuela Mutti, por el día 1° de junio de 2015.
2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Mijail Pastorino Rodríguez, Nicolás Urrutia Gaucher, María Cristina González, Nelly Rodríguez Galvalisi y Fernando Irabuena Giambassi. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Alba Carvallo Sena. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente y al amparo del Inc. 3° de la Ley N° 17.827, (motivos personales) solicito licencia por el día de la fecha. Atentamente, JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante por Rocha”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted, que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara para suplir al diputado José Carlos Cardoso. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Alejandro Umpiérrez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del
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artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, por el día 1 de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito a usted licencia por los días 1°, 2 y 3 de junio de 2015, por motivos personales, citando en mi lugar a la suplente respectiva, señora Betiana Britos. Sin otro particular lo saludo muy atentamente. ALBERTO PERDOMO Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo Gamarra. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1° y 3 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.
La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo Gamarra, por el período comprendido entre los días 1° y 3 de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2014, del Lema Partido Nacional, señora Betiana Britos. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 29 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 1° de junio. Sin otro particular saludo atentamente, CONRADO RODRÍGUEZ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Conrado Rodríguez. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 1 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Conrado Rodríguez, por el día 1° de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la
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suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15, del Lema Partido Colorado, señora Elena Grauert. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitar licencia por motivos personales pora el día 1° de junio, debiéndose convocar a mi suplente la señora Gabriela Camacho. Sin otro particular saludo atentamente, NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO Representante por Maldonado”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico a usted que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Sin otro particular saludo atentamente, Federico Casaretto”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico a usted que por esta única vez no podré concurrir a la presente citación. Sin otro particular saludo atentamente, Luis Borsari”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015.
II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Federico Casaretto y Luis Borsari. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez Servetto, por el día 1° de junio de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Federico Casaretto y Luis Borsari. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 23, del Lema Partido Nacional, señora Gabriela Camacho. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted, solicitando me conceda licencia por motivos personales según lo establecido en la Ley Nº 17.827, por el día 1° de junio del corriente. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, SEBASTIÁN SABINI Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Sebastián Sabini. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de
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1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Sebastián Sabini, por el día 1 de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Paula Pérez Lacues. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito licencia por motivos personales por el día 1° de junio de 2015. Asimismo, solicito se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, saluda atentamente, MACARENA GELMAN Representante por Montevideo”. “Montevideo, 1 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente. Alejandro Zavala”. “Montevideo, 1 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente, comunico mi renuncia por esta
única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente. Romina Napiloti”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Macarena Gelman. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Alejandro Zavala y Romina Napiloti. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Macarena Gelman, por el día 1° de junio de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Alejandro Zavala y Romina Napiloti. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 329, del Lema Partido Frente Amplio, señor Martín Couto. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo, se sirva concederme el uso de
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licencia por el día 2 de junio de 2015, por motivos personales y se convoque al suplente respectivo. Sin más, lo saluda atentamente, SAÚL ARISTIMUÑO Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rivera, Saúl Aristimuño. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 2 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Rivera, Saúl Aristimuño, por el día 2 de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 711100177, del Lema Partido Frente Amplio, señor Washington Umpierre. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Con motivo de haber sido convocado a participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, que se realizará en la ciudad de Bogotá – Colombia Panamá, durante los días 4 y 5 de junio del presente año, solicito licencia – conforme a lo establecido en el Literal D de la Ley N° 17.827 – del 2 al 7 de junio de 2015. Saluda a usted atentamente, JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante por Rocha”.
“Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted, que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara para suplir al diputado José Carlos Cardoso. Sin otro particular, le saluda atentamente, Alejandro Umpiérrez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 7 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, por el período comprendido entre los días 2 y 7 de junio de 2015, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez.
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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido por la Ley N° 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el 3 de junio y el 6 de junio, para cumplir obligaciones notorias inherentes a mi tarea, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Adjunto a la presente, envío copia de la convocatoria recibida. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, GONZALO MUJICA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gonzalo Mujica, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 6 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política al señor Representante por el departamento de
Montevideo, Gonzalo Mujica, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de junio de 2015, a efectos de participar del IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados de Desarrollo, para los países miembros del BID, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Bettiana Díaz Rey. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por los días 2 y 3 de junio de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal D), que establece la causal “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política, dentro o fuera del país”. El motivo es participar de la 73° reunión del Comité Ejecutivo Parlamentario para la Acción Global (PGA). El objetivo es examinar la eficacia del trabajo de la PGA y aprobar un plan de acción para cada programa en el marco del Plan estratégico de la organización. Dicha actividad se realiza en la ciudad de Nueva York, EEUU. Se adjunta invitación. Sin otro particular, le saluda atentamente, BERTA SANSEVERINO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: A través de la presente comunico a usted, que por esta única vez, no acepto la convocatoria.
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Sin otro particular, saluda al señor presidente muy atentamente, Claudia Hugo Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, para participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 2 y 3 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, por los días 2 y 3 de junio de 2015, para participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Claudia Hugo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Lucía Rodríguez. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17827 Art. 1°.- de conformidad con el inciso segundo del
Art. 116 de la Constitución de la República, inciso C, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el período comprendido entre el 31 de Mayo y el 7 de Junio de 2015. El motivo de la solicitud es mi participación en la Octava Sesión Plenaria y reuniones de Comisiones Permanentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat), las cuales tendrán lugar en la ciudad de Bruselas, cuya convocatoria se adjunta a esta nota. Saluda atentamente, DANIEL CAGGIANI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a partir del día 1 de junio y hasta el día 7 de junio de 2015, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Camilo Cejas. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
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“Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar licencia a partir del día 1° de junio hasta el 7 de junio del corriente año. Motiva la misma, el haber sido convocado para asistir a la 8° Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en Bélgica, que se realizará en la ciudad de Bruselas en esa fecha. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, GUSTAVO PENADÉS Representante por Montevideo”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En consideración a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular Gustavo Penadés, comunico a Usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca. Sin más, saludo atentamente, Gustavo Borsari Brenna”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1 y 7 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Gustavo Borsari Brenna. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.
La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés, por el período comprendido entre los días 1° y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Gustavo Borsari Brenna. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Antonio Zoulamian. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio del corriente, para viajar al exterior en misión oficial, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Se adjunta invitación. Saluda atentamente, LUIS E. GALLO CANTERA Representante por Canelones”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Luis Enrique Gallo, comunico mi renuncia por esta única vez según artículo 90 de la Constitución de la
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República, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al Sr. presidente muy atentamente, Rodrigo Amengual”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Gallo Cantera, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Rodrigo Amengual. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Gallo Cantera, por el período comprendido entre los días 31 de mayo y 7 de junio de 2015, para participar de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Rodrigo Amengual. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a partir del día 1 de junio, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Lorena Pombo. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
“Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Con motivo de haber sido convocado a participar del Plenario de Directivas de Comisiones, que se realizará en Panamá – República de Panamá, el día 9 de junio de 2015, solicito licencia – conforme a lo establecido en el Literal C de la Ley 17.827 – del 8 al 11 de junio de 2015. Saluda a usted atentamente, JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante por Rocha”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted, que por esta única vez desisto a la convocatoria de la Cámara para suplir al diputado José Carlos Cardoso, del 8 al 11 de junio de 2015. Atentamente, Alejandro Umpiérrez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, a los efectos de participar del Plenario de Directivas de Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 11 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.
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La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, por el período comprendido entre los días 8 y 11 de junio de 2015, a los efectos de participar del Plenario de Directivas de Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá. 2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Alejo Umpiérrez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señora Gloria Cristina Canclini Otton. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Corte Electoral Montevideo, 28 de mayo de 2015. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DON ALEJANDRO SÁNCHEZ 2439/15 272/18 Señor presidente: VISTO: La licencia solicitada por los días 16 y 17 de junio del corriente año, por el señor Representante electo por la hoja de votación Nº 400, del lema Partido Nacional, del departamento de Canelones, señor Amin Niffouri y el haber manifestado su voluntad de no aceptar por esta vez, los suplentes proclamados, señor Juan Alfonso Lereté Torres, señora Rosa Imoda, señor Adrián González, señora María del Carmen Suárez, señor José Luis Núñez y señora Elena Lancaster. RESULTANDO I: que a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes incluida en la hoja de votación Nº 400 del lema Partido Nacional, del departamento de Canelones, ordenada de acuerdo al sistema preferencial de suplentes, en la elección realizada el 26 de octubre de 2014, se le adjudicó un cargo, habiendo sido proclamados por el departamento de Canelones, el candidato titular N° 1 señor Amin Niffouri y sus suplentes Juan Alfonso Lereté Torres, señora Rosa Imoda, señor Adrián González y titular N° 2 señor Sebastián Andújar y sus
suplentes señora María del Carmen Suárez, señor José Luis Núñez y señora Elena Lancaster. CONSIDERANDO: que la hipótesis de “agotamiento de lista” prevista en el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, debe entenderse no con el sentido restrictivo que implicaría admitir que se refiere a los casos de ausencia definitiva de los titulares y los suplentes correspondientes, sino con sentido amplio atendiendo a la intención del legislador y coordinando mediante una integración lógica de dicho texto, con normas posteriores (artículo 116, inciso 2º de la Constitución, Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945), dado que lo que se procura es que una lista no quede sin la debida y necesaria representación por ausencia de los titulares y suplentes correspondientes. La Corte Electoral RESUELVE: 1. Proclámase Representante Nacional por el departamento de Canelones, a la tercera candidata de la lista contenida en la hoja de votación Nº 400 del lema Partido Nacional, señora Silvia de Borba y sus suplentes señor Fernando Perdomo, señora Lourdes Rapalín y señora Gletel Ferrari. 2. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por los días 16 y 17 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 18.218, de 16 de diciembre de 2007 y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en su artículo 1º, por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. Saludo a usted muy atentamente, JOSÉ AROCENA Presidente MARTINA CAMPOS Secretaria Letrada”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto para los días 16 y 17 de junio. Sin otro particular, saluda atte. Silvia de Borba”.
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“Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez Presente Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto para los días 16 y 17 de junio. Sin otro particular, saluda atentamente, Fernando Perdomo”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto para los días 16 y 17 de junio. Sin otro particular, saluda atentamente, Lourdes Rapalin”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto para los días 16 y 17 de junio. Sin otro particular, saluda atentamente, Gletel Ferrari”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia oportunamente concedida por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Amin Niffouri, por los días 16 y 17 de junio de 2015. CONSIDERANDO: I) Que habiendo agotado la nómina de suplentes respectiva se ofició a la Corte Electoral a esos efectos. II) Que la Corte Electoral ha proclamado Representante Nacional por el departamento de Canelones a la tercera candidata de la lista contenida en hoja de votación Nº 400 del lema Partido Nacional, señora Silvia de Borba y sus suplentes, señor
Fernando Perdomo, señora Lourdes Rapalin y señora Gletel Ferrari. III) Que los señores Silvia de Borba, Fernando Perdomo, Lourdes Rapalin y Gletel Ferrari no aceptan por esta única vez la convocatoria de que han sido objeto. IV) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes Silvia De Borba, Fernando Perdomo, Lourdes Rapalin y Gletel Ferrari. 2) Ofíciese a la Corte Electoral. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. ——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Daniel Radío, por el día 3 de junio de 2015, para participar en la reunión de control de políticas de alcohol, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Renom”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y nueve en setenta y dos: AFIRMATIVA. En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.
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(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a mi investidura (para participar en la reunión de control de las políticas de alcohol, junto al presidente de la República doctor Tabaré Vázquez); al amparo de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827 literal D, de 14 de setiembre de 2004, por el día 3 de junio de 2015. Saludo a usted atentamente. DANIEL RADÍO Representante por Canelones”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: Cúmpleme comunicarle a usted, mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día miércoles 3 de junio de 2015. Saluda a usted atentamente, Carlos Castaldi”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: Cúmpleme comunicarle a usted, mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día miércoles 3 de junio de 2015. Saluda a usted atentamente, Tatiana Ferrari”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío, para participar en la reunión de control de políticas de alcohol.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 3 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Carlos Castaldi y Tatiana Ferrari. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío, por el día 3 de junio de 2015, para participar en la reunión de control de políticas de alcohol. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Carlos Castaldi y Tatiana Ferrari. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 909, del Lema Partido Independiente, señor Raúl Renom. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. ——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “Visto la licencia oportunamente concedida en virtud de obligaciones notorias, al señor Representante Alejandro Sánchez, por el período comprendido entre los días 30 de mayo y 5 de junio de 2015, y ante la denegatoria del suplente convocado, se convoca a partir del 1° de junio de 2015, a la suplente siguiente, señora Estela Pereyra. Visto la licencia oportunamente concedida por motivos personales, al señor Representante Ruben Bacigalupe, por el período comprendido entre los días 2 y 3 de junio de 2015, y habiéndose oficiado a la Corte Electoral, se
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convoca por el mencionado lapso, al suplente siguiente, señor Sergio Valverde”. ——En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota:) ——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Diego Reyes”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Lucía Echeverry. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Laura Prieto”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Visto la licencia oportunamente concedida en virtud de obligaciones notorias, al señor
Representante por el departamento de Montevideo, Alejandro Sánchez por el período comprendido entre los días 30 de mayo y 5 de junio de 2015. CONSIDERANDO: I) Que el suplente convocado, señor Diego Reyes ha desistido por esta única vez de la convocatoria de que ha sido objeto. II) Que el señor Camilo Cejas es convocado para ejercer la suplencia de otro señor Representante. III) Que los suplentes siguientes señores Lucía Etcheverry y Laura Prieto, no aceptan por esta única vez la convocatoria. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: I) Acéptase la denegatoria convocado, señor Diego Reyes. del suplente
II) Acéptanse las denegatorias por esta única vez de las señoras Lucía Etcheverry y Laura Prieto. III) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a partir del 1º de junio hasta el 5 de junio de 2015, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señora Estela Pereyra. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Corte Electoral Montevideo, 28 de mayo de 2015. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DON ALEJANDRO SÁNCHEZ 2438/15 272/17 Señor presidente: VISTO: La licencia solicitada por los días 2 y 3 de junio del corriente año, por el señor Representante electo por la hoja de votación Nº 404, del lema Partido Nacional, del departamento de San José, señor Ruben Bacigalupe y el haber manifestado su voluntad de no aceptar por esta vez, los suplentes proclamados, señor Sebastián Ferrero y señora Mercedes Antía.
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RESULTANDO I: que a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes incluida en la hoja de votación Nº 404 del lema Partido Nacional, del departamento de San José, ordenada de acuerdo al sistema preferencial de suplentes, en la elección realizada el 26 de octubre de 2014, se le adjudicó un cargo, habiendo sido proclamados por el departamento de San José, el candidato titular señor Ruben Bacigalupe y sus suplentes señor Sebastián Ferrero, señora Mercedes Antía y señor Ricardo Lecouna. RESULTANDO II: Que el señor Ricardo Lecouna falleció el 19 de enero de 2015, según partida de defunción adjunta. CONSIDERANDO: que la hipótesis de “agotamiento de lista” prevista en el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, debe entenderse no con el sentido restrictivo que implicaría admitir que se refiere a los casos de ausencia definitiva de los titulares y los suplentes correspondientes, sino con sentido amplio atendiendo a la intención del legislador y coordinando mediante una integración lógica de dicho texto, con normas posteriores (artículo 116, inciso 2º de la Constitución, Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945), dado que lo que se procura es que una lista no quede sin la debida y necesaria representación por ausencia de los titulares y suplentes correspondientes. La Corte Electoral RESUELVE: 3. Proclámase Representante Nacional por el departamento de San José, a la quinta candidata de la lista contenida en la hoja de votación Nº 404 del lema Partido Nacional, señora Lilián Sánchez y sus suplentes señor Sergio Valverde, señor Edinson Peraza y señor José Luis Hernández. 4. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por los días 2 y 3 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 18.218, de 16 de diciembre de 2007 y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en su artículo 1º, por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. Saludo a usted muy atentamente JOSÉ AROCENA Presidente MARTINA CAMPOS Secretaria Letrada”.
“Montevideo, 28 de mayo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Comunico que no acepto por esta única vez la convocatoria que he sido objeto para integrar la Cámara de Representantes. Sin otro particular, saluda atte. Lilián Sánchez”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de San José, Ruben Bacigalupe, por los días 2 y 3 de junio de 2015. CONSIDERANDO: I) Que habiendo agotado la nómina de suplentes respectiva, se ofició a la Corte Electoral a esos efectos. II) Que la Corte Electoral ha proclamado Representante Nacional por el departamento de San José a la quinta candidata de la lista contenida en la hoja de votación Nº 404 del lema Partido Nacional, señora Lilián Sánchez y sus suplentes señores Sergio Valverde, Edinson Peraza y José Luis Hernández. III) Que la señora Lilián Sánchez no acepta por esta única vez la convocatoria de que ha sido objeto. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Lilián Sánchez. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor Sergio Valverde. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
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10.- Actividades realizadas FONDES desde su (Designación de una Investigadora)
por el creación. Comisión
——Continuando con el asunto motivo de la convocatoria, tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Amarilla. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).-Señor presidente: tal como usted dijo, en esta instancia tenemos que justificar la propuesta que realizamos a la Comisión Preinvestigadora -que hoy hacemos extensiva a la Cámara- de crear una Comisión Investigadora a raíz de la denuncia del señor diputado Goñi Reyes. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República, por la Ley N° 16.698, de 2 de mayo de 1995, y por los artículos 117 y 118 y concordantes del Reglamento de este Cuerpo, el señor diputado Goñi Reyes presentó ante la Presidencia del Cuerpo una solicitud para designar una Comisión Investigadora que analizara las denuncias sobre las actividades relacionadas por el Fondes, desde su creación. Entonces, luego de instalada la Comisión Preinvestigadora, de recibida la ampliación verbal y los documentos aportados por el señor diputado Goñi Reyes, nos abocamos a analizar la entidad de la denuncia -tal como establecen la ley y la reglamentación-, considerando su seriedad y la oportunidad y procedencia de la creación de una Comisión Investigadora, así como el fundamento del denunciante al momento de realizar la solicitud. Al analizar la entidad de las situaciones a investigar advertimos que se denunciaron ante este Cuerpo un conjunto de hechos -muchos de los cuales ya eran de público conocimiento- relativos a algunos emprendimientos asistidos por el Fondes -que fue creado por decreto del Poder Ejecutivo-, de los que se puede inferir, razonablemente, la configuración de irregularidades o ilicitudes. En realidad, hay claros indicios de que la directiva del Fondes, en algunos casos importantes, se apartó gravemente del derecho, en particular de la normativa especial establecida en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 18.716 -Carta Orgánica del Banco República- y del Decreto N° 341, de 2011. En primer lugar, se constató que al menos tres del total de empresas asistidas por el Fondes cerraron
o suspendieron su actividad; decimos que por lo menos son tres porque se cuenta con alguna información que indicaría que podrían ser cinco las empresas que fueron asistidas y que ya cerraron. Estamos hablando de empresas que fueron asistidas por aproximadamente US$ 7.621.000 y, si se constatara que hubiera alguna más, la suma asignada por el Fondes a empresas que hoy ya están cerradas podría superar los US$ 8.000.000. Estas situaciones cuestionan claramente que se haya cumplido con los requisitos que establecen la ley y la reglamentación, que indican que el Fondes, para otorgar financiamiento, debe exigir que las empresas sean viables y sustentables. En segundo término, se constató que varios emprendimientos asistidos por el Fondes registran resultados negativos y enfrentan graves dificultades para continuar su actividad. Además, esos emprendimientos debieron ser asistidos en forma complementaria, es decir de manera ilegítima, contraviniendo lo que establece el artículo 27 del Decreto N° 341/2011. Fueron asistidos por diversos organismos estatales y hasta por el propio Fondes para mantener su actividad, lo que demuestra serias inconsistencias en las proyecciones económicas y financieras, por lo que cabe presumir que esos proyectos tampoco reunían las condiciones de viabilidad y sustentabilidad exigidas. En tercer lugar, se constató que empresas asistidas por el Fondes presentaban una excesiva dependencia comercial y económica con mercados que, a su vez, tenían características de excepcionalidad y de vulnerabilidad. Ese es el caso de empresas que reciben apoyo del Gobierno de Venezuela, por ejemplo, y venden más del 80 % de su producción a empresas estatales o paraestatales venezolanas. Esto demuestra, más allá de la subjetividad de la elección del mercado, una clara falta de competitividad y de capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, ya que dependen casi exclusivamente de un solo mercado para su funcionamiento. En cuarto término, se comprobaron violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el Fondes a las normas medioambientales. Han quedado probados casos de contaminación a importantes sistemas, como el de la cuenca del río Santa Lucía. Son situaciones que han ameritado la intervención de
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la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la Intendencia de Montevideo, que hasta debieron detener las actividades de determinadas empresas. Al respecto, el señor diputado denunciante aportó pruebas a la Comisión Preinvestigadora; en algunos casos, entregó copia de documentación -por ejemplo, de resoluciones- y, en otros, hizo referencia a hechos que son de público y notorio conocimiento, ya que los medios de prensa informaron que dos empresas, una de Montevideo y otra de Florida, lamentablemente -lo sentimos así: lamentablemente-, no han podido continuar con sus puertas abiertas, tal vez por no haber sido asesoradas y asistidas adecuadamente. La cuestión es que, además de haber dejado a una cantidad de familias en la calle, quedaron daños ambientales como consecuencia de sus malas prácticas. Algunos de los daños ambientales que provocaron el cierre de las empresas se produjeron en flagrante violación, no solo de la normativa ambiental sino de los artículos 3º y 4º del Decreto N° 341/2011 y del artículo 40 de la Ley N° 18.716. Queda por saber cuáles serán las verdaderas consecuencias de estos daños ambientales, además de los que puedan producir otras empresas que todavía están funcionando. Finalmente, se debe señalar que el Fondes ha destinado aportes millonarios al pago de cuentas bancarias de algunos empresarios. El Fondes asistió a una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de US$ 6.000.000 para pagar cuentas en la banca privada, beneficiando a terceros, y así liberar alguna garantía, con el agravante de que, además de pagar las cuentas y de levantar las garantías, la empresa cerró al poco tiempo de ser asistida. La cuantía de los fondos involucrados en toda la operativa del Fondes -tema no menor- es importante por dos razones, una de las cuales es el monto. Debe tenerse en cuenta que se han destinado cifras que pueden ir de US$ 50.000.000 a US$ 70.000.000 a diferentes emprendimientos. Además, esa disposición de fondos se hace de forma excepcional, por cuanto no cumple con las normas del régimen general de contralor que se aplica a los casos en que los organismos estatales hacen uso de los fondos públicos. Esta excepcionalidad justifica que el Poder Legislativo deba asumir una tarea más exigente de contralor, utilizando todos los mecanismos disponibles, incluida la investigación parlamentaria,
como ha planteado aquí el señor diputado Goñi Reyes. No resultan de menor importancia las eventuales violaciones a las normas de ética pública y, fundamentalmente, a la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998. El Fondes ha incumplido su deber jurídico de transparencia, establecido en el artículo 22 de la Ley N° 17.060, que lo obliga a desarrollar las tareas de inversión de los fondos, teniendo en cuenta el derecho de todos los integrantes de la sociedad a conocerlas y a recibir información al respecto. En estos tres años de funcionamiento, el Fondes no ha permitido ver con claridad el actuar de la Administración en la disposición y en el uso de los fondos públicos ni en el obrar de sus funcionarios. Tampoco se han respondido los pedidos de informes realizados por varios legisladores, tanto al Ministerio de Industria, Energía y Minería como a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se podrá decir que hay un problema de fechas, que algunos todavía están en plazo de ser respondidos, pero ha habido gran secretismo; no solo se ha negado esa información al Parlamento sino a la sociedad y a los medios de comunicación, que han tenido que iniciar acciones judiciales para hacerse de alguna información de la que luego nos enteramos por la prensa. Además, se registra una clara violación del principio de transparencia y de publicidad en la Administración pública, establecido por la ley anticorrupción, privando a los ciudadanos del derecho a conocer cómo se utilizaron los fondos públicos y dificultando el conveniente control social. Esto constituye una grave reiteración de conductas contrarias a la probidad en la función pública, pues se niega información y documentación solicitada, contraviniendo expresamente lo establecido por los artículos 7º y 22 de la Ley N° 17.060. Asimismo, cabe considerar que el Comité de Supervisión y la Dirección del Fondes violentaron gravemente la obligación legal de emplear racionalmente y en forma adecuada los fondos públicos administrados. Esto surge de que, además de desplegar su acción fuera de la juridicidad, resulta evidente que los medios empleados por el Fondes no lograron conseguir los fines establecidos por la ley, dado que la gran mayoría de los emprendimientos no incrementó su productividad ni desarrolló una
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actividad sustentable e, inclusive -lamentablemente-, algunos tuvieron que cerrar sus puertas. También se produjo un incumplimiento de la exigencia normativa de aplicar las mejores prácticas de gestión empresarial, promover una adecuada productividad de los factores e impulsar el desarrollo de productos y de mercados que fomenten su sustentabilidad. Resulta difícil encontrar en los casos cuestionados que se haya cumplido debidamente con dichos requerimientos legales. Además se presume que se cometieron serias irregularidades y violaciones a la ley, por cuanto no hubo una verificación del cumplimiento de la normativa legal, laboral y tributaria, ni de la relativa al cuidado del medio ambiente, a pesar de que lo exigen la ley y los decretos. Esa ausencia de razonabilidad en la asistencia a los proyectos mencionados encuentra una explicación en la conducta irregular o ilícita de intermediación política denunciada a través de declaraciones en diversos medios de comunicación por actores involucrados. Se han constatado situaciones que presentan elementos de corrupción. Si se tiene presente que el artículo 3° de la Ley N° 17.060 define como corrupción “[…] el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado”, no es difícil concluir que la aprobación por el Fondes de proyectos que no cumplían con los requerimientos legales configuran casos de uso indebido del poder público para financiar proyectos que, directa o indirectamente, beneficiaron a particulares. Por lo tanto, no nos tiembla la voz al decir que se han producido actos de corrupción. La trascendencia y la magnitud de los apartamientos legales en situaciones denunciadas en las que se habrían utilizado fondos públicos en beneficio de particulares configuran claros indicios de desvíos, abuso y exceso de poder por parte del Fondes. En este punto debe tenerse presente que el Fondes utilizó fondos públicos en beneficio de particulares, y que las normas que lo regulan contienen disposiciones expresas, con exigencias muy rigurosas y detalladas, acerca de la elegibilidad de los destinos de esos fondos públicos.
Entonces, consideramos que fehacientemente se acreditó la seriedad del origen de la denuncia presentada que, entre otros aspectos, resulta de la constatación de los hechos mencionados y de la participación directa de diversos organismos estatales en la emisión de los documentos mencionados. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar algunas investigaciones periodísticas -que ya son públicas- realizadas por los periodistas Rodrigo Abelenda y Marcos Rey, aparecidas en el semanario “Brecha” del 13 de marzo de 2015, donde se destaca lo siguiente. A texto expreso, se señala: “[…] desde el gobierno hay quienes dicen, si bien en voz baja, que llegó el momento de acabar con la discrecionalidad con la que se otorgaron préstamos en el pasado. O frenar el lobby político por izquierda para que el Estado apoye emprendimientos inviables […]”. Más adelante, agrega: “La forma jurídica con la que nació el Fondo, a partir de un decreto de setiembre del 2011, no era la ideal, coincidieron exjerarcas del gobierno anterior, pero era la forma más rápida para apagar una serie de incendios con los que se había comprometido políticamente tras el cierre de varias fábricas”. Finalmente, el hecho de que algunos casos se encuentren en la órbita de un Juzgado de Crimen Organizado -de acuerdo con los datos aportados por el denunciante en el seno de la Comisión, con el número de expediente-, amerita que haya elementos más que suficientes para probar la seriedad de la denuncia y, por lo tanto, la conformación de una Comisión Investigadora. Con respecto a la oportunidad y la conveniencia, debemos señalar que dada la relevancia actual que implica que en el Parlamento se trate un proyecto de ley sobre el Fondes y teniendo en cuenta la entidad de los hechos involucrados -atendiendo a lo que establece el artículo 120 de la Constitución-, nos parece más que oportuno comenzar el análisis para profundizar en el estudio de lo que se hizo mal para no cometer los mismos errores en el marco jurídico que estamos a punto de considerar. Si, por un lado, tenemos presente el impostergable cumplimiento de la función de contralor administrativo -algo que impone investigar hechos que puedan configurar irregularidades o ilícitos- y, por otro, sabemos que estamos próximos a tratar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
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sobre el Fondes, este momento es más que justificado para comenzar a estudiar y a investigar los errores que cometimos como Gobierno, como Estado y como sociedad. Se trata de una buena herramienta que, lamentablemente, se utilizó mal. En cuanto al tema de la oportunidad y del momento adecuado hay muchas posiciones; puede haber tantas como miembros tiene esta Cámara acerca de cuál es el momento ideal para comenzar a investigar. Pero nosotros nos preguntamos qué vamos a esperar para investigar con profundidad, con seriedad y con responsabilidad en el seno de este Parlamento, en la institucionalidad que establece la Constitución. ¿Vamos a esperar que cierren más fábricas y que se frustren esperanzas y sueños de trabajadores, de familias y de comunidades enteras por un mal manejo de la herramienta? ¿Cuántos meses vamos a esperar para que vengan las respuestas de los pedidos de informes, como sucedió en el período pasado, porque algunos no vinieron durante los cinco años? ¿Vamos a esperar que vengan más investigaciones y noticias en la prensa? ¿Vamos a esperar a votar el proyecto y ver después los errores y las fallas que tenga su implementación para darnos cuenta de que era el momento de investigar y de saber a ciencia cierta en qué fallamos antes de comenzar a dar un nuevo marco jurídico y de otorgar nuevos proyectos? ¿Cuándo va a ser el momento ideal? ¿Cuando haya un momento político muy propicio, con las suspicacias o el reclamo y las tensiones que se pueden dar en la propia fuerza de Gobierno? ¿O cuando avance la investigación judicial -sabemos que existe- que eventualmente pueda existir? ¿Cuál será el momento ideal para comenzar a investigar? ¿Después de que tener la notitia criminis, como decimos los abogados, es decir, cuando ya disponemos de la información de que hay hechos ilegales? ¿Qué vamos a esperar? Creemos que ante la noticia seria, fundamentada, con suficientes indicios y con hechos de la realidad que nos demuestran ilicitudes e irregularidades -como si fuera poco, además, están cerrando empresas- debemos, sin dilatorias ni especulaciones, abrir paso a una investigación seria, responsable, profunda, con la institucionalidad del Poder Legislativo. Como dijimos en la Comisión Preinvestigadora, no queremos generar un striptease público; eso se genera solo con las noticias de lo que pasa en la vida real.
Si resolvemos la creación de la Comisión Investigadora cumplimos, en primer lugar, con el mandato constitucional y, además, con la esencia y la naturaleza misma del Parlamento. La función de primer orden es el contralor de lo que se hace en el Poder Ejecutivo y con los fondos públicos. Asimismo, estamos cumpliendo con normas internacionales sobre corrupción y con las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Hablo del funcionamiento de los Poderes públicos en materia de acciones para investigar la corrupción y de políticas y prácticas necesarias para prevenirla. Estamos cumpliendo con un reclamo del seno de la sociedad, que quiere y merece saber dónde han ido esos dineros públicos. Si pensamos en el futuro -seguramente aprobemos una nueva ley sobre el Fondes-, nos merecemos saber e investigar en qué anduvimos mal, en qué nos equivocamos, de manera de no cometer nuevamente los mismos errores. Termino aconsejando que la Cámara considere el informe en minoría y que se apreste a crear una Comisión Investigadora. Como dice un proverbio: “El que anda en integridad ningún temor tiene”. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Asti. SEÑOR ASTI (Alfredo).-Señor presidente: como es notorio, también me tocó integrar esa Comisión Preinvestigadora, cuyo informe central -que hago míolo hizo en extenso nuestra compañera, la señora diputada Bottino. Además, lo encaró fundamentalmente desde el punto de vista legal, dada su profesión. También voy a insistir sobre algunos puntos al respecto, pero más desde el punto de vista político. Como bien decía nuestra compañera diputada Bottino, no podemos apartarnos de lo que establece la ley ni el Reglamento de la Cámara cuando se considera lo que prevé el artículo 120 de la Constitución con respecto a la conformación de las Comisiones Investigadoras, precedidas de una Comisión Preinvestigadora. ¿Cuál es el papel de la Comisión Preinvestigadora que me tocó integrar? Evaluar la entidad, la seriedad del origen, la oportunidad y la procedencia de autorizar o no la
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formación de una Comisión Investigadora. Por lo tanto, no tiene por qué estar en juego -como se pretende- el ocultamiento o el temor de que se investigue. Tenemos que cumplir con lo que establecen la Constitución, la ley y el Reglamento de esta Cámara. El debate podrá luego profundizar sobre otros temas, pero la Comisión Preinvestigadora tenía que ceñirse estrictamente a las facultades que le da el Reglamento y a la denuncia del diputado denunciante. Entonces, en un principio voy a hacer hincapié en si era oportuno y procedente el pedido de crear una Comisión Investigadora. No puedo evitar hacer mención al trámite que se dio a este pedido porque, aunque parezca algo de trámite y de costumbres parlamentarias, hace al fondo del asunto. El día martes 26, el señor diputado denunciante, en conjunto con uno de los coordinadores del Partido Nacional, se apersona al presidente de la Cámara y le solicita la conformación de una Comisión Investigadora, presentándole la nota correspondiente. Lo habitual en estos casos es que se anuncie con tiempo -aclaramos que no está establecido, pero es lo habitual y se ha hecho en otras oportunidades en que se ha solicitado la creación de comisiones investigadoras- a la coordinación multipartidaria para que todos los partidos conozcan el tema. Inclusive, se ofreció al señor diputado denunciante convocar a la coordinación multipartidaria para el día siguiente a fin de dar a conocer la constitución de la Comisión Preinvestigadora en la primera sesión ordinaria del mes, que es la que tendrá lugar en el día de mañana. Ante esto, el diputado denunciante contestó que no, que él quería que comenzara en ese momento el procedimiento que prevé que en cuarenta y ocho horas debe estar terminado el papel de la Comisión Preinvestigadora y, por lo tanto, evacuar la denuncia y los informes en ese plazo. A nosotros nos llegó la comunicación de que éramos miembros a la hora 20 o 21 del día martes. Cuando pudimos coordinar, convocamos a la Comisión; los otros dos integrantes se encontraban en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y quedamos en que, una vez que finalizara esa sesión, citaríamos al señor diputado denunciante, lo que se hizo a la hora 13 o 13 y 30. El diputado denunciante expuso lo mismo que había presentado por escrito en la nota que entregó al presidente de la Cámara, que obviamente conocíamos los integrantes de la Comisión Preinvestigadora. Consultado acerca de si
tenía alguna documentación adicional, tal como prevé el Reglamento -los miembros de la Comisión pueden pedir verbalmente al denunciante información adicional-, dijo que sí, pero que no tuvo tiempo de presentarla. ¿Por qué hago referencia a este trámite que parece demasiado largo? Porque quien insistió en que comenzara el plazo a partir del martes 26 a la hora 20 fue el denunciante, para luego decir que tenía más información pero que no le había dado el tiempo de procesarla. Por eso me refería a la oportunidad y a la procedencia. La moderadora, que hizo las veces de presidenta de la Comisión, recibió del denunciante tres documentos. Uno era solamente el número de expediente de una denuncia que realizaron trabajadores de una de las empresas asistidas por el Fondes a las autoridades de la empresa anterior. Como se encuentra en presumario, no podemos saber más que su número de expediente. Eso está en un Juzgado de Crimen Organizado y es allí donde debe dilucidarse qué problemas legales pudo haber tenido esa empresa y si eso se vincula o no con el Fondes. El segundo documento que presentó era una serie de resoluciones y decretos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con respecto a seguridades y procedimientos que deben instaurar empresas que vierten sobre determinados cursos de agua, pero no relacionados directamente con la actividad central del Fondes. El tercer elemento que aportó es una resolución de la Intendencia de Montevideo clausurando una empresa asistida por el Fondes. En su presentación, el diputado denunciante hace fundamental hincapié -esto tiene que ver también con la oportunidad y procedencia del pedidoen que el Poder Ejecutivo omitió cumplir con la obligación legal de informar. Al respecto, tenemos que recordar que el artículo 41 de la Ley Nº 18716 de 2010 -Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay, Modificación-, que creó el Fondes, establece: “El Poder Ejecutivo remitirá en cada Rendición de Cuentas información detallada respecto a la utilización de los fondos”. En el informe económico financiero de las Rendiciones de Cuentas de 2012 y 2013, el Poder Ejecutivo remitió información de los ingresos y egresos que había tenido el Fondes y en el Tomo II de las Rendiciones de Cuentas de 2012 y 2013 la OPP expuso indicadores
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cualitativos. Este año estamos esperando, pero hay plazo hasta el 30 de junio, a que el Poder Ejecutivo presente la Rendición de Cuentas que cerraría este período del Fondes. Por otra parte, el señor diputado denunciante se agraviaba por la falta de respuesta de los informes. Ya la compañera diputada Bottino se ha expresado por cada uno de ellos y su destino. Asimismo, me acaban de entregar el que correspondía a los informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con lo que establece el propio Decreto Nº 341 que tan mencionado ha sido en esta oportunidad. El diputado denunciante también argumentó en algún momento que el apuro por comenzar el proceso de creación de una comisión investigadora se debía a que había escuchado que el 2 de junio se votaría en Cámara el proyecto del nuevo Fondes. Quienes estuvieron en la Comisión de Hacienda -aunque creo que también se ha aclarado en este plenario-, inclusive los colegas del Partido Nacional, saben que se había informado en dicha Comisión que no se iba a votar, entre otras cosas, porque no hay un proyecto definitivo. Se anunció que iba a venir un proyecto del Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, era imposible que se votara el 2 de junio. Entonces, el Poder Ejecutivo cumplió con remitir informaciones en las Rendiciones de Cuentas y cumplió ahora -estaba en plazo antes de que se presentara la solicitud- con los informes solicitados por el diputado denunciante. El proyecto a estudio -como decía muy bien la señora diputada Bottino, otra de las instancias que a veces confunde el diputado denunciante es la posibilidad de aportar elementos para la acción legislativa- está en trámite en la Comisión de Hacienda. Ahora, en la Comisión Preinvestigadora hemos considerado claramente que no se dan los requisitos de oportunidad y procedencia por el poco material aportado, debido a la falta de tiempo que el propio denunciante alega, para poder profundizar. Entonces, esto se debe aunar a que sí hay información, ya que en la Comisión establecimos que los balances del fideicomiso constituido por el Fondes, de acuerdo con la resolución presidencial que corresponde -que definió como fiduciaria, por lo tanto depositaria, de todos los fondos a Conafín Afisa, que es la administradora de fondos de la Corporación Nacional para el Desarrollo y tiene su mismo
directorio, y es la que presenta sus estados contables-, estaban en la página web y que en las notas respectivas -que son auditados por una firma auditora independiente y conocida- estaba el resumen de los resultados de dicho fideicomiso. En un momento, en la Comisión llegamos a decir que estaban los balances del Fondes: nos rectificamos, no es así; pero allí se puede ver los resultados -dicho sea de paso, no hay grandes pérdidas del Fondes, ni nada que se le parezca- tanto de 2012, como de 2013 y de 2014. El balance -ahora sí, del fideicomiso total, no el resumen que figura en la página web- aparece ahora en la respuesta al diputado Goñi Reyes, que fuera solicitada en la Cámara. Por lo tanto, ahora tenemos elementos que han sido manejados -como acabamos de decir- por un fiduciario de forma profesional y auditados por una empresa de reconocida solvencia en la materia. O sea que lo del ocultamiento queda desvirtuado, porque se han cumplido todos los pasos necesarios para asentar legalmente -ya que nos referimos a la ley- todo lo que corresponde al funcionamiento de este fideicomiso, de acuerdo con la normativa que regula esta figura legal. Tiene su administrador, su fiduciario y ese fondo está debidamente auditado, con informe sin observaciones, como hemos explicado. Los otros grandes aspectos que tocó el diputado denunciante, y que forman parte del informe en minoría, hablan de la eventualidad de que se haya violado la ley por no atenerse directamente a lo que esta establece. Al respecto, reiteramos que el artículo 40 de la modificación de la Carta Orgánica del Banco de la República establece que se “[…] podrá requerir contribuciones adicionales de hasta un 30 % (treinta por ciento) de sus utilidades […] con destino a la creación de fondos, con el objetivo de apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo”. Como ya se dijo, esa institucionalización del Fondes se hizo a través del Decreto N° 341, recientemente modificado por el Decreto N° 100. Pero el Decreto N° 341, el original -esto importa que lo reiteremos porque después, cuando se trate de ver qué es lo que se ha hecho con el Fondes, tendremos que remitirnos a la normativa vigente, que es la ley que leímos y el decreto reglamentario-, en su artículo 1º prevé lo siguiente: “Créase el Fondo para el
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Desarrollo […] previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716 […] para apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo, en particular aquellos vinculados a sectores estratégicos y a modelos de autogestión”. Y en el artículo 3º desarrolla lo que acá ha sido obviamente un leitmotiv de cuestionamientos a este funcionamiento del Fondes, que es que se haya priorizado “[…] el apoyo a los emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular en los casos de autogestión, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, con especial atención a la reinversión de las utilidades con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad”. Esto es importante, porque en sala se insinuó que encendimos alguna velita al socialismo; por lo menos lo mencionó el miembro informante en minoría. Podemos tener cualquier opinión respecto a si eso conduce al socialismo; lo que sí sabemos es que se prioriza los emprendimientos económicos con participación de los trabajadores. Algunos podrán entender que esto es un camino al socialismo; otros podrán considerar que es un camino al nacionalismo, porque todas estas empresas son de capital nacional; otros podrán pensar que es un camino al emprendedurismo, porque hay que ser emprendedor para arriesgar el trabajo en forma colectiva. No podemos entrar con esos prejuicios ideológicos de que por haber asistido a los trabajadores se esté violentando normas legales, porque precisamente las normas legales, en este caso el decreto reglamentario -y lo será, porque así lo hemos visto en los proyectos que remitieran tanto el Poder Ejecutivo anterior como el actual-, establecen la prioridad fundamental para los emprendimientos de los trabajadores. También habrá otras formas de trabajo del Fondes, pero por lo menos hay una partición que prioriza ese aspecto. Asimismo, se presentó otro gran conjunto de cuestionamientos que tienen que ver con que algunas de estas empresas están vinculadas fuertemente a negocios con Venezuela. Debemos recordar que en 2012 y en 2013 muchas empresas del país dedicaron su producción a exportar a Venezuela por las condiciones favorables que ello tenía. Era una Venezuela que, entre otras cosas, tenía una maquinita
de dólares que se llamaba barril de petróleo, que en ese momento -bastante lo sufrimos- estaba entre US$ 120 y US$ 140. Todos sabemos lo que pasó en estos últimos meses. Por eso, reiteramos que hay que ver exactamente cuándo se otorgaron los préstamos, cuándo se consideraron viables y sustentables los proyectos y cuándo el riesgo-Venezuela, no solamente para las empresas asistidas por el Fondes, sino para todas las empresas uruguayas que le venden a ese país, se constituyó en un riesgo mayor. Y no digo que esto suceda solamente en Uruguay: están en la misma situación todas las empresas de la región y del mundo que le venden a Venezuela. Y ya que hablamos de este país -seguramente otros compañeros abundarán en ello porque a mí no me alcanzará el tiempo-, cabe mencionar el caso de Funsa -le vende a Venezuela-, que recibió asistencia del Fondes y que, gracias a que le ha cedido las cobranzas de exportación, está cumpliendo estrictamente y se encuentra al día con el pago del apoyo recibido. Otro tema en el que se hizo hincapié está vinculado con el cuidado medioambiental. Obviamente, en el Decreto N° 341 en forma colateral se hace referencia al cuidado del medio ambiente en los artículos 4º y 29, al igual que a otros temas, como la normativa legal, laboral, tributaria, etcétera. O sea, velar por el medio ambiente no es un cometido que dé el Decreto N° 341 al Fondes. Por supuesto que se establece que deberá cumplir con todas las normas legales, entre las que figuran las relativas al medio ambiente. Pero no podemos decir, como se ha llegado a manifestar en la Comisión y en la prensa, en un efecto de show mediático, que el Fondes prácticamente está contaminando el río Santa Lucía. También se ha puesto en duda la manera como se ha manejado la aprobación de las solicitudes de apoyo. Ha sido siempre a través de estudios técnicos que pasan a la Junta Directiva y que luego esta eleva si la solicitud supera las 200.000 UI -que en este momento son $ 600.000-, ya que necesitan declaración de interés por parte del presidente de la República, que en este caso siempre actuó con el ministro de Industria, Energía y Minería. Por lo tanto, decir que se ha violentado, que ha sido discrecional el otorgamiento de las apoyaturas del Fondes es, por lo menos, temerario si no hay pruebas que lo acrediten. Y por ahora, las
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resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no son prueba de que se haya sido muy discrecional. Se puede argumentar muchas cosas, pero lo que necesitamos para conformar una Comisión Preinvestigadora son hechos concretos, fundamentos concretos, algo objetivo: sobre eso debe expedirse. Quizás hoy en el debate aparezca alguna otra cosa que no hubo tiempo de preparar por el apuro muy significativo para que el 26 de mayo empezaran a correr los plazos, sin esperar a que se tuviera toda la documentación pronta. Seguramente, se podrá argumentar en la discusión y podremos saber el motivo de ese apuro, porque el 2 de junio -lo vamos a ver mañana– no se aprobará ningún proyecto sobre la institucionalización del Fondes que enviara el Poder Ejecutivo. Entonces, seguramente hay alguna consideración particular -no quiero atribuir a lo sectorial- que motivó una participación activa en la prensa en estos días, esta forma de comunicación con la opinión pública a través de la presencia permanente en la prensa diciendo que el Frente Amplio se negaba a investigar los hechos denunciados. Nosotros aclaramos que lo que resolvimos los miembros del Frente Amplio en la Comisión Preinvestigadora se basó en las denuncias presentadas. Si estaban mal presentadas, no es problema del Frente Amplio que decidiera no dar lugar a la Comisión Investigadora. Esperamos volver a tener la oportunidad de participar ante aspectos más detallados que eventualmente surjan en esta sesión que, con seguridad, será enriquecedora desde diversos puntos de vista. No obstante, quiero resaltar que la Junta de Dirección del Fondes siempre actuó en función de lo que establece el propio decreto reglamentario y con los debidos asesoramientos, que podrán resultar exitosos o no. Obviamente, no acuden al Fondes empresas con posibilidades de tener otra fuente de financiamiento. Acá se hacía referencia al artículo 27 del Decreto Nº 341 -se ve que no se leyó en su integridad- que establece que el Fondes no podrá apoyar a empresas ya existentes, pero en su segunda frase dice: “Una consideración especial se podrá hacer, dependiendo del resultado del análisis, con aquellas empresas que
conjugan capital, gestión, dirección y trabajo en el mismo núcleo de personas, siempre que se considere que los apoyos sean debido a circunstancias especiales y que no serán apoyos permanentes en el tiempo”. Obviamente, de acuerdo con el marco de este decreto, el artículo 27 se está refiriendo a aquellos emprendimientos autogestionados por los trabajadores o de economía social. Y el propio artículo 27 dice que hay una consideración especial para estos casos porque, seguramente, no tienen la misma posibilidad de acceso al financiamiento que otros emprendimientos que también, a veces, resultan fracasados. Yo no creo que un emprendimiento, al iniciarse, pretenda no ser viable y sustentable; lo que pasa es que luego hay hechos supervinientes que pueden cambiar esa condición. No quiero mezclar los temas, pero simplemente voy a hacer una referencia: en el nuevo proyecto de institucionalización, tanto en el que enviara el Poder Ejecutivo anterior como el actual -que se está tratando ahora en la Comisión de Hacienda-, se pretende que estos aspectos figuren en la propia ley, de manera de dar las máximas garantías a todos: a aquellos que solicitan el apoyo, a los emprendimientos, y a quienes aportamos el financiamiento a través de las utilidades que se destinen del Banco de la República, en este caso, todos los uruguayos. Por estas consideraciones, señor presidente -hemos acompañado y firmado el informe-, no hay condiciones para que el Parlamento se lance a una misión de investigar hechos que no están determinados y que no tienen entidad y seriedad en su origen. Algunos, simplemente, se basan en publicaciones de órganos de prensa o en resoluciones ministeriales que no hacen relación a las empresas vinculadas con el Fondes. Estábamos hojeando el informe, consultando la cantidad de empresas a las que se ha otorgado asistencia. Y el informe dice que veintiocho proyectos han resultado asistidos por el Fondes, tanto en el financiamiento como en la asistencia técnica -que son los dos únicos fondos que hoy están vigentes-, y detalla cuál ha sido el monto aprobado y desembolsado, cuál ha sido la morosidad del Fondes, que es muy baja -un 6 %- teniendo en cuenta las características de los proyectos financiados. Y sí: el propio informe reconoce que hay algunas empresas con incumplimientos y empresas que han sido refinanciadas. Pero allí también se puede ver el
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resultado patrimonial del Fondes y despejar dudas con respecto a la real situación que tiene el fideicomiso del Fondo para el Desarrollo. Como dije, esto figura en el informe que se le enviara al diputado Goñi Reyes el viernes, con el balance auditado de 2014: podría haberse agregado también el de 2012 y 2013, pero si se quiere ver el resultado, está disponible en la página web de la CND. En cuanto a las empresas vinculadas, están los balances de Conafín Afisa, y en sus notas contables hay un resumen de estos balances de 2012 y 2013. Esperamos con absoluta tranquilidad que en la Rendición de Cuentas de 2014, cuyo plazo vence el 30 de junio, el Poder Ejecutivo, como hizo en 2012 y en 2013, amplíe la información con respecto al manejo de estos fondos por parte del Fondes. Eso es todo; gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el diputado Goñi Reyes. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: agradezco las lecciones de carácter jurídico y parlamentario del informe en mayoría: las recibo con mucha apertura. Ahora bien, personalmente me voy a permitir dar una lección que, como no es mía, me animo a trasmitir. Y es la lección que todas las juntas y todos los congresos anticorrupción del mundo han dado a los países que integran, por ejemplo, Transparencia Internacional. Hace pocos días se realizó un importante congreso con juntas anticorrupción, con ministros de Gobierno, que concluía diciendo que en los temas de corrupción hay una sola cosa que los gobiernos no pueden hacer: considerar como normales hechos que son irregulares y mucho más considerar normales hechos ilícitos o con visos de corrupción. Y me atrevo a decir, señor presidente, que, lamentablemente, esta lección no se ha aprendido según lo que se manifiesta en el informe en mayoría, en el que se ha considerado como normales hechos gravísimos, como hemos señalado en la Comisión Preinvestigadora y volveremos a repetir en este plenario. Con respecto a las formas, como dicen en mi pueblo, “El muerto se asusta del degollado”. El que ha incumplido todas las formas, en especial con relación al funcionamiento del Fondes, ha sido el propio Gobierno, y también ha incumplido todas las normas, como decía el señor diputado Amarilla. No creo que
haya habido ningún organismo del Estado que haya hecho trizas y violado la ley anticorrupción -que rige desde hace unos cuantos años en el Uruguay- como lo hizo el Fondes. El apartamiento legal ha sido casi unánime; el uso indebido de los fondos se ha dado en casi todos los procedimientos que conocemos. Permítaseme expresar que es una verdad a medias -que es la peor de las mentiras- decir que el Gobierno ha informado sobre el Fondes. Veo lo que informaban las Rendiciones de Cuentas y me da vergüenza leerlo; ni siquiera lo voy a hacer. Es como mostrar un dedo y ocultar todo el cuerpo. No mostraban ningún número. Lo que dice la ley es que debían informar detalladamente sobre todos los proyectos asistidos por el Fondes, y ahí lo único que hay son unos números locos que no aportan nada. No me voy a referir al informe de la OPP que recibí el viernes a última hora -es una falta de respeto- porque no solo es incompleto, no responde a la mayoría de nuestras preguntas, sino que además -es lo peor- contiene falsedades. La mayoría de los aspectos que he podido aportar surgen de un libro publicado por la Presidencia de la República. No voy a cometer la falta de respeto de decir que las declaraciones y los contenidos de este libro son mentira, pero tiene razón esta publicación de la Presidencia de la República o la tiene el informe de la OPP. Uno de los dos miente. Voy a explicar por qué digo esto. En cuanto a las formas, recibo con apertura y agradezco las lecciones de los doctores Korzeniak y Jiménez de Aréchaga, que también las conozco, pero no acepto la interpretación rígida y parcial que se ha hecho en sala. El artículo 120 de la Constitución habilita -en un mismo artículo- a nombrar Comisiones parlamentarias para investigar hechos irregulares o para suministrar datos con fines legislativos. Por economía procesal -paradójicamente de eso estamos hablando en el día de hoy- y del buen uso de los recursos -¡vaya si será importante el recurso tiempo de este Parlamento!-, conociendo la interpretación del profesor Korzeniak, con total honestidad y frontalidad dije que pedía la creación de esta Comisión Investigadora por hechos irregulares. Se ha mentido públicamente diciendo que no he señalado los hechos irregulares e ilícitos, pero pido a los señores diputados que lean la denuncia que he presentado para que
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vean allí están. Si después el tiempo me alcanza, podría leerlos; las páginas 11 y 12 contienen todos los señalamientos de casos concretos que hemos formulado en la Comisión Preinvestigadora. Lamentablemente, lo que no se ha entendido -quizás sea porque a algunas cabecitas les cuesta pensar en clave positiva y constructiva- es que lo que queríamos era que el nuevo Fondes funcionara bien. ¡Lo dijimos hasta el cansancio! Y lo seguimos queriendo. Como decía el señor diputado Gandini, el Partido Nacional quiere que el Fondes funcione bien, pero lamentablemente ha funcionado mal. Aunque algunos no lo quieran ver, se ha montado una gran operación para tapar todo lo que pasó en el Fondes anterior, diciendo que por arte de magia, con una nueva ley alcanzaría. Hasta ahora no hemos tenido ese proyecto porque se ha cambiado cuarenta veces; la última iniciativa que consideramos en la Comisión de Hacienda dice “proyecto” pero hasta ahora nadie ha asumido la paternidad; el señor ministro Murro, teóricamente el único autorizado por el Gobierno para hablar del Fondes, ha desconocido la paternidad del proyecto que tenemos a estudio. Lo que no se ha entendido es que el Fondes no se va a corregir, de ninguna manera, si no se evalúa lo que pasó con el Fondes anterior. Esto sería de una ingenuidad tan infantil, que no pretendo calificarla ni atribuírsela a nadie. Tampoco puedo decir que sea con mala intención, sino que quizás sea parte del juego político tirar una bomba de humo con la nueva ley del Fondes, como si esta fuera a arreglar todas las desprolijidades que los propios actores del Gobierno comentaron en más de una declaración pública respecto a que había que ajustar lo que había sucedido en el Fondes anterior. Esas desprolijidades, irregularidades y hasta actos de corrupción que hubo en el Fondes anterior no se van a arreglar -eso es un gran engañopintando una nueva ley. La única forma de corregir estas cosas es con su evaluación. Una y mil veces dijimos personalmente a muchos legisladores que nos ayudaran a corregir lo que pasó antes, porque solo asumiendo las responsabilidades y los errores vamos a poder hacer una mejor ley. En una forma que realmente me cuesta entender, caprichosa, se ha negado esa información, que aún no tenemos.
Los proyectos de viabilidad que queremos ver no están. ¿Por qué queremos ver los proyectos de viabilidad? Por una sencilla razón: queremos ver si el Fondes realmente pudo cumplir con lo que decía la reglamentación, que no era otra cosa que apoyar proyectos viables o sustentables, o si la intermediación y los lobbies políticos quebraron el brazo de la ley, como se dice en voz baja por todos los pasillos y el propio Gobierno ha afirmado. Tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó, qué estuvo mal. ¿Fue el texto de la ley o su uso? ¿Por qué se usó mal? ¿Ha sido porque simplemente hubo intención de beneficiar a terceros con dolo -que sería corrupción, fraude- o porque quienes administraban el Fondes, la Junta de Dirección, no pudieron aguantar las presiones políticas? Esto lo dijimos en la Comisión de Hacienda cuando concurrió el equipo económico. Todo eso es la clave. Quien no lo entienda, no sabe qué es un fondo de desarrollo, y lo digo con todo respeto. Los fondos de desarrollo no tienen que ver con el texto, sino con la forma como se aplican. Ha quedado claro que en la enorme mayoría de los proyectos lo que decía su texto quedó adentro de un cajón. ¿Por qué? Me basta con nombrar un caso. De pronto los señores legisladores del Frente Amplio me dicen que se montó una operación de financiamiento de la friolera de US$ 6.000.000 -esto es más del 10 % de todo lo que tenía el Fondes- para beneficiar al exdueño que quería liberar una garantía bancaria de US$ 3.000.000 con el Banco Santander; indudablemente el Fondes prestó ese dinero, pero lo primero que hizo fue pagar al banco para liberar la garantía de ese particular, desentendiéndose de lo que pasaba con los otros US$ 3.000.000. Esto no lo digo yo, sino el señor Enrique Gaucher, hombre de confianza del expresidente Mujica, asesor del Frente Amplio y uno de los principales dirigentes del MPP en Colonia. En ese libro que publicó la Presidencia de la República afirmó que la mitad del préstamo del Fondes, es decir US$ 3.000.000, fue para pagar una cuenta bancaria del exdueño, y que los otros US$ 3.000.000, lamentablemente, no se utilizaron para lo que se tenía que utilizar. Allí faltó fiscalización del Fondes, que se limitó a entregar el dinero. Ante esto, uno se pregunta si tiene razón esta publicación de la Presidencia -hay que hacer fe, porque se puede cuestionarlas pero sin dudar de su autenticidad- o si tiene razón el informe presentado
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por la OPP a última hora del viernes, en el que dice que se controlaban y aseguraba el destino de cada uno de los desembolsos. ¡Alguien miente y es gravísimo! ¡Son documentos públicos! Ahora bien, díganme los señores legisladores -y que diga la ciudadanía- si el caso de los US$ 6.000.000 que beneficiaron a una sola persona, a un señor que vive en el extranjero y a quien no le falta dinero, a quien le liberaron la garantía bancaria, a quien le sacaron una hipoteca y se amortizó o canceló su deuda por una suma millonaria en dólares -tal era la prioridad del Fondes cuando entregó ese financiamiento. se desinteresó de lo que pasaría después y a los tres o cuatro meses la empresa estaba cerrada-, no se encuadra perfectamente en el artículo sobre corrupción que leyó el señor diputado Amarilla. La Junta de Transparencia y Ética Pública define corrupción como el uso indebido de fondos públicos para beneficiar a un tercero, haya o no daño para el Estado. Si este caso no configura, por lo menos, un hecho para investigar me pregunto qué seriedad, que surge de los propios libros de la Presidencia de la República, se está pidiendo para crear una Comisión Investigadora. Después hay otros temas gravísimos. ¡Que los señores diputados me digan que el Fondes es responsable directamente de asistir a una empresa en condiciones en las que no debía haberlo hecho! En horas de la mañana de hoy dimos la cara y hablamos con integrantes de la curtiembre El Águila, a quienes agradezco la oportunidad de conversar. A ese emprendimiento, el Fondes le daba asistencia para hacer las instalaciones a fin de cuidar el río Santa Lucía o no se la daba. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice el decreto. El famoso Decreto N° 341, que hoy quieren demonizar y que parte del Gobierno quiere modernizar, no estaba tan mal. Tenía las cosas bien plantadas, pues entre otras decía que solamente podrá darse asistencia a un emprendimiento viable y sustentable. Creo que todos sabemos lo que significa sustentable, es decir que el emprendimiento, de ninguna manera, puede dañar el río -mucho menos dañarlo gravemente-, único proveedor de agua potable para más de la mitad de los uruguayos. Esto es lo establecía el decreto.
Cuando hablamos de las famosas velitas prendidas al socialismo no lo hacemos por un tema ideológico. ¡No, señor! La corrupción no tiene ideología; la corrupción es mala si es de un comunista o de un liberal; la corrupción le hace un daño terrible al sistema democrático en cualquier caso, y no tiene ninguna justificación. ¿Por qué le adjudicamos alguna responsabilidad al expresidente de la República? Porque tanto dijo que el Fondes debía servir de tránsito al socialismo que quizás -así lo planteamos- la directiva del Fondes dijo: “Buenos, le hacemos caso al presidente y no importan tanto los requerimientos técnicos del decreto”… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).finalizado su tiempo, señor diputado. SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).-Señor Presidente… SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA diputado. RODRÍGUEZ (Gloria).Sí, señor Ha
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: la gran pregunta que hay que contestar, que es lo que queríamos investigar -con eso le haríamos muy bien al Fondes viejo, al Fondes nuevo, a los emprendimientos viejos y a los emprendimientos que se van a asistir-, es qué fue lo que pasó, cuál fue la causa determinante para que el Fondo de todos los uruguayos, de tantos millones de dólares, no se utilizara como establece la ley. A veces muchos desprecian las leyes. Cuando una y otra vez se dice: “Lo político tiene que estar por encima de lo jurídico” lleva a que muchas veces estos fondos se utilicen -como creo que se usaronpriorizando lo político sobre lo jurídico. Lo que muchos no saben es que lo jurídico por algo está. No todos los legisladores somos tontos; tampoco lo son todos quienes elaboraron el decreto. Cuando se establecen determinados requerimientos técnicos es porque la experiencia, la lógica y los fundamentos de la ciencia
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empresarial indican que, si no hay viabilidad ni sustentabilidad, lo peor que se puede hacer es asistir ese proyecto. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar -acá muchos se llenan la boca diciendo que están ayudando-, lo que están haciendo es usando, y hay una diferencia enorme entre apoyar un emprendimiento y usar a un conjunto de personas haciéndoles creer que esa iniciativa va a prosperar. Y más aun, la OPP en su informe dice que muchas veces reformuló proyectos que venían mal. Entonces, yo digo que la cosa es más grave porque muchos de los proyectos que la OPP reformuló, hoy están cerrados. ¿Por qué le erraron tan feo? Eso es lo que me parece que este Parlamento tiene que saber en forma constructiva. ¡No queremos mandar preso a nadie! ¡Nunca lo hemos hecho! Todos los que conocen a este legislador desde que ocupaba otros cargos saben que siempre fue constructivo. Nunca revisó para atrás. La única razón de revisar lo que pasó con el Fondes es para no cometer los mismos errores porque, como dice el viejo dicho popular, “Quien no conoce ni evalúa su historia está condenado a cometer los mismos errores”. Ahora bien, no se ha entendido nuestra buena voluntad; no se ha entendido nuestra visión constructiva. Lamentablemente, lo único que se está viendo ahora es si tuvo la forma, o no; si era conveniente, o no. Yo digo que sí. Voy a solicitar a la Mesa que corrobore si la semana anterior a la que pedimos la creación de la Comisión Investigadora se hizo un comunicado de prensa -quizá verbalmente- en el sentido de que el 2 de junio se votaba el proyecto de ley del Fondes. Esto se publicó en los portales de varios medios de prensa, excepto que lo hayan inventado, aunque cuando pregunté me dijeron que había sido la Mesa de Presidencia. Esa información nos llevó a pedir, con urgencia, la creación de la Comisión Investigadora. Nunca fuimos necios; nunca fuimos apresurados. Venimos pidiendo informes desde hace mucho tiempo, pero nunca llegaron. Los informes que tendrían que haber llegado en las Rendiciones de Cuentas nunca llegaron. Que ningún diputado me diga -no lo voy a nombrar- que era esto lo que necesitaba el Parlamento para poder evaluar al Fondes. Eso fue lo que nos llevó a pedir la Comisión Investigadora. No hay ninguna otra razón. ¿Por qué?
Porque debemos investigar qué fue lo que llevó al grave apartamiento en los casos mencionados y al uso indebido, en muchas oportunidades, con clarísimo beneficio de terceros. Esto tiene seriedad, entidad, oportunidad y conveniencia; son las razones que estamos trasmitiendo. De ninguna manera voy a aceptar que se insinúe que hemos violado la Constitución. No hay ningún artículo, ningún mandato de la Constitución -de lo contrario, me encantaría que me lo dijeran; soy abogado pero se ve que esa me la comí- que obligue a esperar algún episodio previo antes de solicitar una Comisión Investigadora. La Comisión Investigadora se pide cuando el legislador entiende que hay hechos irregulares e ilícitos a investigar, y nada me impedía… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar la señora diputada Gloria Rodríguez. SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).-Señor Presidente… SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑORA diputado. RODRÍGUEZ (Gloria).Sí, señor
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado Goñi Reyes. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: decía que estamos convencidos, que lo constatamos y manifestamos -me cuesta pedir a todos los legisladores que lo lean- que es falso que no se hayan señalado todos los casos en los que entendemos hubo uso indebido de fondos. La gran pregunta, las lecciones que lamentablemente nos quedarán sin aprender si no se vota la creación de la Comisión Investigadora, es para qué sirve el Fondes. ¿Para qué sirve? ¿Para generar riqueza o para despilfarrar recursos? Como le decíamos al equipo económico, ¿cómo haremos para afrontar y enfrentar de forma correcta y adecuada las presiones políticas? No nos hagamos los distraídos. Un emprendimiento que está desesperado presiona, y es lógico que lo haga. Lo que hay que analizar es si el dinero se usó mal porque no se aguantaron las presiones o, simplemente, porque los estudios de
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factibilidad, de viabilidad y de sustentabilidad fueron erróneos. Y si fueron erróneos, tendremos que decir que quienes los hicieron nunca más podrán trabajar para el Estado y hacerle perder tanto patrimonio. Hoy hablé con algunos cooperativistas de emprendimientos asistidos por el Fondes. La clave, el principio básico del Fondo de Desarrollo, es que la asistencia tiene que ser integral; lo peor que se puede hacer -está en la base de cualquier fondo de desarrollo y lo sabe cualquiera que tenga un manejo mínimo de finanzas- es dejarla por la mitad. De ninguna manera le echo la culpa a los cooperativistas de la curtiembre El Águila. ¡De ninguna manera! ¡Ellos tienen todo el derecho de querer trabajar en las condiciones que puedan y que se les permita para obtener el sustento y para dar de comer a su familia! ¡Tienen todo el derecho! Por eso dimos la cara. Sin embargo, el Estado no tiene derecho a que, por desconocimiento, falta de idoneidad, incapacidad o negligencia -me ahorro otros calificativos- se deje la asistencia por la mitad. Al menos debió darse para lo más importante, que era cuidar el medio ambiente. Que nadie en este Parlamento me diga que se puede permitir que un emprendimiento sustentado, asistido y financiado por el Estado tenga los niveles de cromo que el director de la Dinama, una y otra vez, se resistió a aceptar. A pesar de todas presiones que tuvo, advirtió reiteradamente al Fondes que no permitiera que funcionara de esa manera. Si se hubiera aprobado un proyecto de ley que está a estudio de la Cámara y que establece un delito para los funcionarios públicos que cometen omisiones graves al medio ambiente, varios estarían hoy procesados. Espero que en los próximos días podamos analizar este tipo de cosas. Para eso se solicitó la Comisión Investigadora. No podemos quitar entidad a estos asuntos, como ligeramente se hace -lo digo con respeto- con otro capítulo que hemos denominado “Los negocios oscuros con Venezuela”. ¿Por qué? Porque si todos los negocios con Venezuela son lícitos, adecuados, viables y competitivos -aunque esas empresas podrían exportar a treinta lugares, pero lo hacen hacia ese país momentánea y circunstancialmente-, ¿quién se vería beneficiado, sino los emprendimientos que hoy dependen casi en forma exclusiva del mercado venezolano? ¿Por qué vamos a tener una actitud tan perjudicial y negativa como
mantenerlos bajo sospecha? No soy yo quien los tiene bajo sospecha; tengo sobre el asunto más de doscientos cincuenta artículos que se publicaron en los últimos cuatro meses. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).finalizado su tiempo, señor diputado. Puede Rodríguez. continuar la señora diputada Ha
Gloria
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una nueva interrupción? SEÑORA diputado. RODRÍGUEZ (Gloria).Sí, señor
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: voy a ampliar un poco más sobre este caso, que entendemos es de corrupción, y cuya entidad y origen justificarían la oportunidad y la conveniencia de una Comisión Investigadora. En 2004, un empresario uruguayo radicado en México hizo una inversión en una imprenta en Nueva Helvecia, Colonia. Ese emprendimiento anduvo bien un tiempo, pero después -por diversas razones que no quiero mencionar porque me van a decir que lo hago por una cuestión ideológica- los resultados económicos de la empresa no fueron buenos, comenzaron las pérdidas y el exdueño decidió no continuar. En el libro de la Presidencia que ya mencioné se señala que se decidió, a espaldas de los trabajadores pero con conocimiento de las principales autoridades del Gobierno, crear una cooperativa con nueve trabajadores para gestionar y recibir un préstamo del Fondes. Las investigaciones periodísticas de un semanario -no lo digo yo, por lo que tiene más credibilidad- señalan que esa empresa recibió la asistencia del Fondes, y que fue a través de contactos con un sector del Frente Amplio -más precisamente el MPP- y con el PIT-CNT que se logró gestionar y aprobar ese crédito. Me encantaría que me explicaran lo que la lógica no me permite entender: cómo se propuso un préstamo de US$ 6.000.000 -¡cuánto harían el Estado y la sociedad uruguaya con esa suma!- para, primero que nada, pagar una deuda bancaria al señor Nelson Uribe, exdueño de la empresa. Lo primero que se hizo fue pagar esa deuda bancaria. Ustedes podrán pensar -como yo- que eso
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era parte de una inversión, que ese dinero iba a levantar una garantía bancaria que beneficiaba a un particular, pero era parte de un emprendimiento mayor en el que esa persona iba a colaborar, y que los flujos de fondos permitirían mantener la empresa. Pero cuando tenemos la prueba fehaciente de que el Fondes se desentendió y se resignó a no hacer el seguimiento advertimos que la Junta de Dirección del Fondes tenía claro que ese préstamo tenía una prioridad y hasta una única finalidad: beneficiar a ese tercero, levantar esa garantía y, después, que pasara lo que fuera. Esto es grave. El cierre de la empresa no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad. De lo contrario, que este Parlamento habilite una Comisión Investigadora y se den explicaciones. De esta forma llegamos a lo que ocurre cuando los fondos públicos se manejan en un pleno ocultamiento. Se podrá decir lo que se quiera, pero este legislador no sabe cuáles fueron los proyectos aprobados, y si alguien los conoce me encantaría que los enumerara, no solo por su nombre sino señalando en virtud de qué se financiaron, con cuánto y para qué, y cómo iban a ser viables y sustentables. Con todo respeto, no comparto la interpretación del señor diputado Asti del artículo 27. Según mi modesta manera de ver, como abogado, no se establece lo que el señor diputado señala. El artículo 27 prohíbe asistencia a empresas existentes, excepto que se demuestre que, pese a una historia negativa, una empresa presenta un elemento o un factor que permite cambiar la situación. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Ha finalizado el tiempo de que disponía la señora diputada Gloria Rodríguez. Tiene la palabra la señora diputada Elena Lancaster. SEÑORA LANCASTER (Elena).- Señor Presidente… SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA LANCASTER (Elena).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Lancaster).interrumpir el señor diputado. Puede
legisladores que elaboraron el informe en mayoría no repararon en lo que figura en las páginas 11 y 12, donde se señala que este legislador entendió que para todos estos emprendimientos se había dado una asistencia irregular. Continúo con lo que estaba expresando en cuanto a los emprendimientos que ya existían y a los cuales la normativa les exige que demuestren cuál es el factor de cambio que va a hacer que la historia se modifique. Por ejemplo, en el caso de la imprenta Pressur -de la cooperativa COEP-, es claro que no se presentó ningún cambio. Mantuvo la misma gerencia, el mismo mercado, los mismos trabajadores, las mismas máquinas; más aun: el propio director de esa cooperativa dijo: “Hemos perdido el mejor director comercial”. Por lo tanto, todo hacía pensar que lo que no había funcionado para atrás tampoco iba a funcionar para adelante. Eso explica -reitero por última vez- por qué el Fondes se desentendió del préstamo millonario: porque ya sabía que esos US$ 6.000.000 de ninguna manera iban permitir que ese emprendimiento continuara, sino que el único beneficio sería levantar la garantía hipotecaria del señor Nelson Uribe. No voy a pedir a los señores diputados que acepten mi advertencia -que tiene poco valor- en cuanto a que si no abrimos la investigación vamos a dejar bajo sospecha todos los emprendimientos a los que ha asistido el Fondes, que involucran una cantidad de trabajadores que se han desempeñado en buena ley, se han esforzado y no tienen ninguna culpa de las aberraciones que ha hecho el Fondes. Realmente ese es un daño irreparable que este Parlamento va a ocasionar a todos los trabajadores de los emprendimientos anteriores. Más aun: honestamente debo advertir que no hacer lugar a la Comisión Investigadora nos asegura que el nuevo Fondes volverá a cometer los mismos errores. En ese caso ya no estaremos encubriendo sino siendo cómplices de todos los actos irregulares e ilícitos que, sin ninguna duda, cometerá el nuevo Fondes por no corregir lo que deberíamos. Y lo que es peor, también estaremos condenando a todos los trabajadores, a todos los emprendedores y a todos los pequeños y medianos empresarios que vayan a ser asistidos por el Fondes a quedar bajo sospecha y a que se tenga la suspicacia de que solamente recibieron ese préstamo por amiguismo político.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: creo que estos actos han sido suficientemente señalados. Quizá por el apuro, los señores
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No pediré que se tome en cuenta mi advertencia, pero sí me atrevo a solicitar que se escuche la de nada más y nada menos que nuestro padre José Artigas, que decía -lo recuerdo en esta sesión y, lamentablemente, lo deberé recordar muchas otras veces- que es muy veleidosa la probidad de los hombres; solo el freno de la Constitución y la ley puede afirmarla. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar la señora diputada Elena Lancaster. SEÑORA LANCASTER (Elena).- No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente. SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ (Carlos).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Gálvez. SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ (Carlos).-Señor presidente: en realidad podría decir que pedí la palabra para hacer una aclaración y para contestar una alusión y una alevosía, debido al reiterado pedido del señor diputado Goñi Reyes en cuanto a que se le dé información. Nosotros queremos informarle claramente cuál fue el proceso que llevó adelante la cooperativa curtiembre El Águila, de Florida, para la obtención del préstamo del Fondes, que tiene varios componentes y una larga historia. Como en el día de hoy el señor diputado Goñi Reyes estuvo reunido con los trabajadores de la curtiembre debe saber que fue cerrada más de una vez; que los trabajadores están a cargo de ella desde principios del año 2012; que a finales de la década del noventa esa curtiembre debía al Banco de la República aproximadamente US$ 11.000.000; que primero por gestiones del entonces intendente Amaro -del Partido Colorado- y luego del intendente Arocena -del Partido Nacional- esa curtiembre fue vendida a un tal señor Wolkowicz. Debía US$ 11.000.000, pero fue vendida en US$ 2.000.000, que nunca se terminaron de pagar al Banco de la República. Por lo tanto, al día de hoy sigue siendo propiedad del Banco de la
República, lo que fue descubierto hace muy poco. Este señor Wolkowicz gestionó la curtiembre utilizando dos sociedades anónimas: Almenil y Telmor; luego se la alquiló a la sociedad anónima Kladil y después a Kindale. Estas empresas se fueron fundiendo una tras otra, generando nuevas deudas. La última, Kindale, quedó debiendo a los trabajadores un monto importante. Las existencias de esta sociedad anónima fueron rematadas y los créditos laborales que no cobraron los trabajadores integran el patrimonio de la cooperativa. Esta curtiembre presentó un proyecto integral al Fondes que implicaba comprar la planta y dejar de contaminar el río Santa Lucía, contaminación que se viene dando desde hace muchísimos años y es conocida por todos los floridenses. Quizás un aspecto bueno para los trabajadores es ser conscientes de que la contaminación del río Santa Lucía no podía seguir produciéndose, por lo que estaban dispuestos -así lo hicieron saber a través del proyecto- a invertir recursos para mejorar todo el sistema de tratamiento de efluentes. Se asegura que la curtiembre El Águila -tal como afirmó el señor diputado Goñi Reyes y es una de sus razones para solicitar la conformación de esta Comisión Investigadora- está cerrada y contaminó gravemente el río Santa Lucía. Es una de las tres empresas supuestamente cerradas. Los trabajadores le habrán informado que podría decirse que se está en una etapa de transición, ya que se está tramitando ante la Dinama el levantamiento de las observaciones y gestionando los préstamos. Por lo tanto, cuando se dice que cerró, quien no conoce los pormenores puede inferir que esta empresa gestionada por los trabajadores fue ineficiente, que generó deudas -al igual que sucedió anteriormente, cuando la gestionaban los capitalistas-, y que le debe a todo el mundo. Sin embargo, la curtiembre cooperativa El Águila de Florida no tiene deudas, tiene los mercados abiertos y está a punto de resolver los trámites frente a la Dinama -por suerte-, luego de un proceso largo, para que se hagan todos los controles que se deben hacer. Por lo tanto, el Fondes no presta dinero porque tenga ganas sino porque hay un proyecto que lo sustenta y argumenta. La curtiembre El Águila es querida y odiada por los floridenses; quizás odiada por las cuestiones medioambientales históricas y porque empresa tras
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empresa dejaba a los trabajadores en el camino. Pero también es muy querida; tanto que el exintendente Enciso -del mismo partido que el señor diputado denunciante, hoy senador de la República- hace pocos días solicitó al Fondes que rápidamente volcara los fondos para que de nuevo pudiera volver a la operativa. Quiere decir que si existió corrupción -como se ha afirmado- uno puede inferir que también son corruptos los trabajadores que recibieron los préstamos y quienes solicitan que se gestionen. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Me parece que son afirmaciones muy graves para sustentar un pedido de investigación que, como dijo la señora diputada Bottino, debe estar fundado en pruebas y no simplemente en que se dice algo y, como se dice en voz alta, fuerte y agitando los brazos, tiene que ser una verdad; es una verdad si está documentada. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).finalizado su tiempo, señor diputado. Ha
en el informe que se elevó a este pleno, se abundó acerca de esas potestades de las que no nos podemos apartar. El artículo 6º es claro; el denunciante debe fundamentar la existencia de irregularidades o ilicitudes. El denunciante las señaló, pero no pudo ni siquiera, sumariamente, acreditarlas. Puede utilizar términos grandilocuentes, pero también puede no sustentarlos, como en este caso. Puede hablar de irregularidades, ilicitudes y corrupción, pero ni siquiera manejó indicios que sustentaran esos términos. No se pretende enseñar, pero sí esclarecer los procedimientos legales a los que todos quienes integramos esta Cámara nos debemos ajustar. La ley es clara con los cometidos -reitero- de una Comisión Investigadora. Sin embargo, cuando el denunciante concurrió a la Comisión Preinvestigadora expresó: “Tengo documentación sobre todos los elementos que he planteado”. Y pido particular atención a estos términos. “No he podido ordenarla por la brevedad de los plazos, pero en pocas horas todo lo que tengo sobre cada uno de estos puntos, que creo están todos bien establecidos en esta solicitud, los puedo aportar haciendo la descripción correspondiente”. Se le dio plazo, señor presidente. Esta moderadora dio al denunciante todo el correr de la tarde del miércoles para que aportara a la Comisión Preinvestigadora la frondosa documentación a la que hacía referencia, pero me dijo que no lo hacía porque no le habían dado los plazos para ordenarla, nada más. Sin embargo, ni siquiera esos plazos agotó el denunciante. Únicamente mencionó un expediente presumarial al cual, por supuesto, no podemos acceder, y tampoco nos corresponde, ya que se está tramitando en la órbita del Poder Judicial. Hizo referencia a una resolución genérica del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; no hizo referencia a ninguna en particular. Y luego sí agregó una resolución de la Intendencia Municipal de Montevideo sobre el cierre de la Cooperativa Uruvén. Esta fue la única prueba que esta Comisión Preinvestigadora tiene de parte del denunciante. ¿Saben qué dijo también? “Supongo que todo lo demás lo tiene el Fondes, la Junta Directiva del Fondes o el Comité de supervisión, algunos de los ministros que integran ese Comité. Reitero: se trata de información que se ha ocultado en forma violatoria
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- La Mesa aclara que están anotados para contestar alusiones la señora diputada Bottino, el señor diputado Asti y el señor diputado Goñi Reyes. Se exhorta a los legisladores aludidos que, en la medida de lo posible, redondeen esta instancia porque hay una larguísima lista de oradores y si llevamos el debate por la vía de las alusiones y las aclaraciones -que, por supuesto, son entendibles- vamos a generar un debate paralelo, postergando el derecho de quienes están anotados para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la señora diputada Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).-Señor presidente: quiero advertir desde ya que mis aclaraciones van a estar referidas a mi rol de informante e integrante de la Comisión Preinvestigadora. A ello me voy a referir, porque estoy segura de que mis compañeros van a participar activamente en el debate posterior. Quisiera decir al señor diputado preopinante que puedo tener una cabeza muy positiva, pero lo que no puedo hacer es apartarme de las normas, y las normas legales y constitucionales son muy claras acerca de las potestades de una Comisión Preinvestigadora. Creo que en el análisis que se hizo
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de la normativa vigente”. Y, ¿cómo se puede hablar de ocultamiento de información, cuando ha quedado acreditado que de cuatro pedidos de informes, tres fueron contestados? De ellos, uno estaba dentro de los plazos y acaba de ser contestado. Además, quiero decir que el pedido de informes del 8 de abril de 2015 dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -sobre el que nos extenderemos, de ser necesario- contiene nada más y nada menos que trece puntos que debía contestar dicho organismo, lo que acaba de hacer en esta oportunidad. Refería a la evaluación de los resultados obtenidos en cuanto al funcionamiento del Fondes. El diputado denunciante ni siquiera esperó la respuesta a dicho pedido, que podría haberle aclarado a él e ilustrarnos a nosotros sobre el tema. Apresuramiento, ligereza, todo eso está presente en la denuncia. Si estuviéramos hablando en términos laborales, y en caso de un conflicto, diría que optó por la ocupación, no por la progresividad. Gracias, señor presidente. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ASTI (Alfredo).-Señor presidente: algunas de las aclaraciones que pensaba realizar ya fueron hechas por la compañera diputada Bottino respecto, nuevamente, a los términos en que se expidió la Comisión Preinvestigadora. De todos modos, no puedo aceptar algunas de las acusaciones de violación a la ley anticorrupción que se han hecho, no solo al Poder Ejecutivo, sino a todos los que, aparentemente, somos cómplices por no aceptar el pedido de investigación que hizo, a nuestro entender, en forma insuficiente y apresurada, el señor diputado denunciante. De ninguna manera vamos a aceptar que se acuse a este Parlamento, a estos legisladores del Frente Amplio, hipotecando, inclusive, el futuro del Fondes en su nueva institucionalización. Debo mencionar que la Junta de Dirección del Fondes, en los casos en que hubo excepciones, lo hizo siempre basada en fundamentos de informes técnicos y, tal como establece el Decreto Nº 341 -nadie
mencionó que fuera un mal decreto-, en todos los casos resolvió por unanimidad. A esos efectos, si el denunciante hubiera esperado, tal vez habría hecho bien el pedido de informes porque, inclusive, contiene errores en los números de artículos que menciona. Confunde, por ejemplo, el artículo 10º con el artículo 11 -no es culpa nuestra si el miembro denunciante los confunde-; entonces, no se le pudo contestar sobre el artículo 10º, porque preguntó sobre el artículo 11 y así se le contestó. Sobre el artículo 10º, acerca del cual quería tener una respuesta, aclaramos que siempre se hizo con informes técnicos y a esos efectos se encuentran en las carpetas todos los antecedentes de los documentos correspondientes. Destaco que a los efectos de que las resoluciones tuvieran en cuenta la debilidad que presentaba inicialmente la formulación de los proyectos, estos fueron reformulados a requerimiento de la unidad técnica. En esas nuevas formulaciones se aprobaron créditos con informes técnicos que intentaban fortalecerlos y mitigar los riesgos, haciendo cambios en las condiciones y plazos, y solicitando otras garantías. Como todavía me quedan unos minutos, quisiera comentarles que recién recibí un mensaje de personas que están escuchando la trasmisión de esta sesión y que me hablan del caso de la empresa Uruvén. Al respecto, dicen que fue clausurada por la Intendencia Municipal de Montevideo. Nos aclaran que esto se debió a que se rompieron bombas de agua que provocaron olor durante unos días. Fue clausurada; luego se levantaron las observaciones y se habilitó de nuevo. ¿Por qué se hizo esto? Porque se construyó una planta a nuevo con el sistema de efluentes, que hoy es el mejor en plaza. Asesora a esta empresa el estudio del ingeniero Pittamiglio, hoy considerado el mejor del país en tratamiento de aguas. La mayor parte de la inversión que se hizo fue, precisamente, para lograr esta planta de tratamiento. Estas son las cosas que se omite decir cuando se pone en duda la capacidad de los trabajadores para realizar un proyecto sustentable también desde el punto de vista del medio ambiente. Muchas gracias. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para contestar una alusión.
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SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: me cuesta contestar cosas que yo no dije en ningún momento. Empiezo por la última aclaración: llevo veinticinco o treinta años de trabajo en cooperativas -no sé cuántos tienen otros legisladores- y sé muy bien lo que es comenzar un emprendimiento y las dificultades que ello implica. También creo haber aprendido que el futuro, la viabilidad y la sustentabilidad del emprendimiento no tienen que ver con la forma societaria, sino con su capacidad empresarial. En segundo término, quiero aclarar que no acusé de corrupto -quizás sea un acto fallido del diputado que lo dijo- a ningún trabajador -la versión taquigráfica lo dirá-; todo lo contrario. Lo que sostengo es que los trabajadores asistidos y las cooperativas no tienen culpa alguna del mal funcionamiento del Fondes, sino quienes lo usaron y lo dirigieron. En tercer lugar, tenemos una discrepancia con el informe en mayoría sobre qué es lo que debe probarse para que se cree la Comisión Investigadora. Hay un principio de derecho bastante milenario que dice que los hechos notorios no necesitan ser probados y, excepto que los diputados que elaboraron el informe en mayoría no hubieran estado los últimos tres años en el país, todos los días han salido en los diarios los elementos que fui aportando; por lo tanto, son hechos notorios que no necesitaban prueba. Además, según el profesor Korzeniak -que se ha mencionado en este plenario-, en la Comisión Preinvestigadora no hay que probar nada; simplemente hay que dar fundamentos, y creo que los fundamentos sobre los hechos irregulares e ilícitos están en el informe y en las versiones taquigráficas correspondientes. Muchas gracias, señor presidente.
(Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Felipe Carballo, por los días 1° y 2 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Washington Marzoa. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante Berta Sanseverino, por el día 1º de junio de 2015, a los efectos de participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, convocándose a la suplente siguiente, señora Lucía Rodríguez”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y nueve en sesenta y tres:
Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por los días 1° y 2 de junio de 2015, por motivos personales. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, FELIPE CARBALLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo.
11.- Licencias Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
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CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 1° y 2 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por los días 1 y 2 de junio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 711, del Lema Partido Frente Amplio, señor Washington Marzoa. Sala de la Comisión, 1 de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por el día 1° de junio de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal D), que establece la causal “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política, dentro o fuera del país”. El motivo es participar de la 73° reunión del Comité Ejecutivo Parlamentario para la Acción Global (PGA). El objetivo es examinar la eficacia del trabajo de la PGA y aprobar un plan de acción para cada programa en el marco del Plan estratégico de la organización. Dicha actividad se realiza en la ciudad de Nueva York, EEUU. Se adjunta invitación. Sin otro particular, le saluda atentamente, BERTA SANSEVERINO Representante por Montevideo”.
“Montevideo, 1 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez Presente. De mi mayor consideración: A través de la presente comunico a usted, que por esta única vez, no acepto la convocatoria. Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente Claudia Hugo Representante por Montevideo” “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, a los efectos de participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1° de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Claudia Hugo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Berta Sanseverino, por el día 1° de junio de 2015, a los efectos de participar de la 73a. reunión del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Claudia Hugo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de
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Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Lucía Rodríguez. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
Fondes ordenaba. Pero, señor presidente, como se señala en el informe presentado en esta Cámara, no se aportaron los detalles. Nos parece fundamental hacer un recuento muy breve de los casos mencionados en la Comisión Preinvestigadora. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que existe una auditoría con fecha 31 de diciembre de 2014. Las auditorías son parte de la operativa normal del control del fideicomiso establecido; es decir, siempre se realizan auditorías sobre lo actuado por Conafín Afisa, y nos extraña que no se haya mencionado su existencia por el diputado que solicita la Preinvestigadora, ya que como parte del Directorio de la CND debería estar obligatoriamente al tanto. En los estados contables auditados es posible constatar un resultado neto positivo de más de US$ 4.500.000, superando los resultados de 2013 que, por cierto, también fueron positivos. Entonces, señor presidente, vamos a centrarnos en lo referido a la constatación de los hechos que, en opinión del legislador, configuran indicios de irregularidad o ilicitud. En primer lugar, en todos los proyectos se siguieron los pasos requeridos por el decreto que dio conformación al Fondes, el Decreto N° 341 de 2011, según lo previsto por el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de diciembre de 2010. En el mencionado decreto reglamentario se fija como objetivo dar asistencia y soporte financiero a proyectos productivos viables y sustentables, priorizando el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular a modelos autogestionarios, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, dando especial atención a la reinversión de las utilidades. La Junta de Dirección resolvía con informes de la unidad técnica y, si era favorable, se enviaba la resolución y el informe a Conafín Afisa. Hubo un emprendimiento -ya mencionado-, la cooperativa El Águila, que fue sancionado por violación a la normativa medioambiental. Dicho emprendimiento estaba siendo asistido por el Fondes para un estudio de impacto medioambiental y un proyecto de inversión que se presentó en la Dinama.
12.- Actividades realizadas FONDES desde su (Designación de una Investigadora)
por el creación. Comisión
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora diputada Lilián Galán. SEÑORA GALÁN (Lilián).-Señor presidente: queremos comenzar remarcando lo ya señalado por la diputada Bottino en cuanto al marco legal que habilita y justifica la convocatoria a Comisiones parlamentarias de investigación. Citamos por ello el artículo 120 de la Constitución de la República, cuando dispone que las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos. En un Estado de derecho como el nuestro, existen estos mecanismos para asegurar la total transparencia en los procedimientos y las garantías suficientes para la ciudadanía en cuanto al uso de los bienes públicos; precisamente, porque existen estos mecanismos, nos parece que se debe hacer uso justificado ya que el abuso podría conducirnos a una deslegitimación de los mismos. En las conclusiones del informe de la Preinvestigadora presentado por la diputada Bottino en esta Cámara en cuanto a la entidad de la denuncia, se señala una serie de situaciones que habrían ocurrido, pero sin referir a casos concretos en los cuales pueda individualizarse una eventual ilicitud -o irregularidad- ocurrida o sus posibles responsables. Nos resulta extraño que quien solicita la conformación de una Comisión Investigadora no presente los casos detallados, precisamente, porque fue miembro del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y debería estar al tanto del funcionamiento del Fondes, ya que fue a través de Conafín Afisa (Corporación Nacional Administradora de Fondos de Inversión S.A.), actuando como fiduciario financiero de la CND, que se administraron los fondos, y en este caso con una participación activa, ejecutando los pagos que la Junta Directiva del
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El Fondes estaba en conocimiento de las objeciones de la Dinama y esta de que el Fondes apoyaba con fondos el estudio medioambiental. Los protocolos obligaban a la Dinama a sancionar, a pesar de los esfuerzos realizados por la cooperativa. Otros emprendimientos fueron apoyados para estudios medioambientales, de los cuales uno, Uruvén, ya está trabajando con las autorizaciones correspondientes. Hay tres empresas que tenían dependencia comercial de uno o dos clientes. A una de ellas el Fondes le financió una licitación con una Intendencia; es el caso de Profuncoop luminarias. El financiamiento fue contra cesión de cobro. Esta cooperativa pagó la totalidad de la deuda aun antes del período acordado. Otras dos empresas, Funsa y Urutransfor, solicitaron financiación de contratos con empresas venezolanas, presentando como garantía la cesión de un porcentaje de lo cobrado por las exportaciones. Una de ellas, Urutransfor, al 28 febrero de este año aún no había comenzado a realizar los desembolsos, y la otra estaba exportando y cobrando con la retención correspondiente para el pago de la deuda con el Fondes. Respecto a estas dos empresas que tenían contratos comerciales con Venezuela existe documentación de las exportaciones que respalda el flujo de bienes. Nada es secreto ni turbio, sino que la documentación existe; cumple con las normas legales del Estado uruguayo. La Unidad Técnica del Fondes mantenía contacto con Inacoop, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el Banco de la República, con la CND, así como con otros organismos del Estado para coordinar apoyos a los diferentes emprendimientos. Queremos dejar bien claro, señor presidente, que con respecto a la aprobación de los proyectos y a la firma del contrato de préstamo entre Conafín Afisa y la empresa beneficiaria, el Fondes no enviaba los fondos a la cuenta de los emprendimientos. Los desembolsos se realizaban a medida que se llevaban a cabo los gastos, y el procedimiento era girar a las cuentas de los proveedores, tanto nacionales como internacionales -en caso de compra de materia prima o bienes de capital en el exterior-, con lo cual la mayor parte de los fondos no pasaban por el emprendimiento. Eso da absoluta certeza de que los
fondos eran aplicados a los fines solicitados por cada emprendimiento. Quizá sea redundante mencionar esto, ya que todos los miembros del Directorio de la CND estaban al tanto de dichos procedimientos. Por último, señor presidente, nos parece no menor analizar el esfuerzo económico que significa sostener el Fondes, tal cual fue concebido en el período pasado de Gobierno, como una herramienta que apoya emprendimientos autogestionados. El objetivo es simplemente demostrar lo marginal que resulta en relación con otras variables que entendemos comparables, dado que un discurso que viene desde la oposición tiende a representar al Fondes como una acción de despilfarro del Gobierno del Frente Amplio. Como ya hemos señalado, por el artículo 40 de la Ley Nº 18.716 se determina un máximo de las utilidades netas anuales del Banco de la República Oriental del Uruguay -luego de impuestos e interesesque pueden ser requeridas por el Poder Ejecutivo con destino al apoyo de emprendimientos autogestionados. Asimismo, el BROU debe destinar como máximo el 50 % de las utilidades -después de impuestos e intereses- como transferencias a Rentas Generales, siempre y cuando la responsabilidad patrimonial neta del banco supere en más del 30 % el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay. A diciembre de 2012, el Resultado BROU fue de US$ 199.420.224, de los cuales aportó a Rentas Generales un 48 % y al Fondes un 20 %, teniendo utilidades -después de las transferencias mencionadas- por un 32 %. En el año 2013, fue de US$ 290.358.564 y aportó a Rentas Generales un 47 %, mientras que no hubo aportes al Fondes -porque no fueron solicitados-, y las utilidades -después de las transferencias mencionadas- fueron de 53 %. Entonces, puede concluirse que el BROU continúa teniendo utilidades suficientes para emprender nuevas líneas de negocio, aún después de hacer aportes a Rentas Generales y al Fondes. Sin querer cansarlos con números y porcentajes, nos parece que es aún más ilustrativo si se compara los aportes al Fondes con los créditos concedidos,
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discriminados por sector económico. Se excluyen del análisis los créditos concedidos a las familias y al Estado porque entendemos que estamos comparando el crédito otorgado por el BROU a empresas privadas con el apoyo a una política destinada a emprendimientos autogestionados. Por lo tanto, vemos que en 2012 la industria manufacturera representó el 58 % de los créditos concedidos por el BROU, mientras que en 2013 fueron el 38 %. El sector agropecuario representó el 21 % y el 31 %, respectivamente, de los créditos concedidos; transporte, almacenamiento y comunicaciones, 5 % y 6 % respectivamente; servicios financieros, 4 % en ambos años; construcción, 3 % en ambos años; comercio, 2 % en 2012 y 5 % 2013; restaurantes y hoteles 1 % y 2 %, respectivamente y otros servicios 2 % en ambos años. ¿Cuánto representó el aporte realizado al Fondes si lo consideramos como un importe más entre los créditos concedidos? Hubiera representado un 1 % en 2012 y, suponiendo que se pidiera en 2013, un 20 % -igual porcentaje que el de 2012-, hubiera sido un 2 %. Más aun: vale aclarar que los datos de transferencias al Fondes no se corresponden con créditos otorgados. Por lo tanto, los datos aportados sobredimensionan los apoyos efectivamente realizados a emprendimientos autogestionados. Hechas estas salvedades, creemos que los datos aportados -además de vistos solo en parcos términos financieros- sirven para contrarrestar la visión de despilfarro que pretende darse de la implementación de esta política. Queremos señalar la importancia estratégica que tiene para la fuerza política que integro el apoyo a esta forma de economía en la que los trabajadores son dueños de los medios de producción y de las decisiones sobre su desarrollo. Es, desde nuestro humilde punto de vista, una forma de ir generando una nueva cultura de trabajo y de convivencia, que no solo apunta al desarrollo material de la sociedad, sino al desarrollo humano medido integralmente. Deseamos citar a uno de los teóricos con que cuenta América Latina sobre desarrollo de la autogestión. El autor chileno Luis Razeto señala que las formas de producción autogestionada permiten la construcción de un mercado democrático caracterizado por una nueva relación estructural entre
economía, política y cultura, en la cual la solidaridad es un valor preponderante. Dice que los emprendimientos autogestionados poseen la fortaleza de conformarse con la participación activa y consciente de los actores colectivos que los integran. De este modo sus éxitos económicos son el resultado de una fórmula que combina un alto grado de solidaridad interna y una forma de identidad comunitaria y territorial. Si bien el Fondes nace como una forma de inclusión para aquellos que la crisis capitalista dejó fuera del mercado -marginados de toda forma de organización social como el trabajo, ya sea a través de la formación de empresas recuperadas, o cooperativas sociales nacidas al amparo de las políticas públicas-, es necesario decir que la política implementada apunta mucho más alto, no se queda sólo en rescatar puestos de trabajo, que ya es importante, por cierto. Apunta a crear células de una nueva forma de organización social, en las que los hombres y las mujeres no sean alienados de su propio trabajo. Por último, si el Parlamento es el ámbito donde deben representarse todos los puntos de vista existentes en la sociedad, creemos imprescindible señalar los éxitos que generó el Fondes, éxitos que se traducen en producción nacional, en exportación, en más puestos de trabajo y, fundamentalmente, en trabajadores que día a día hacen un esfuerzo consciente y creativo para sostener y desarrollar los emprendimientos que les pertenecen. Queremos hablar del Molino Santa Rosa, de Envidrio, de Funsacoop, de Urutransfor, de CTC Empalme Olmos, la diaria y tantos otros. El Molino Santa Rosa no solo representa los setenta puestos de trabajo directos que el propio emprendimiento insume, sino que logró recuperar el área de plantación de trigo en Canelones y aumentar el rendimiento por hectárea a través de un convenio firmado con la Intendencia de Canelones, que ha llevado los rendimientos por hectárea de 1.500 kilos a 5.000 kilos. También recuperaron la plantación de chícharo -una leguminosa utilizada para hacer harina de fainámediante un proyecto de recuperación de germoplasma local. Esto es ni más ni menos que la utilización de tecnología de punta aplicada a la
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producción. Me interesa muy especialmente resaltarlo, porque el desarrollo de tecnología endógena es un ingrediente fundamental para conseguir desarrollo económico con soberanía. Habría mucho más para agregar, si nos detuviéramos a relatar lo que ha representado para el desarrollo del país apoyar emprendimientos gestionados por sus trabajadores. Asimismo, podemos mencionar los datos que surgen del Informe Económico Financiero de la Rendición de Cuentas 2013. En este informe es posible constatar que el Fondes superó la meta de gestión acordada con el Poder Ejecutivo, aumentando el número de emprendimientos evaluados y apoyados en cada ejercicio. Eso habla también de la eficiencia de la gestión representada en esta política pública. ¿No son acaso ejemplos de los efectos positivos de esta política implementada por el anterior Gobierno del Frente Amplio? Por favor, a aquellos legisladores que quieran efectivamente realizar una evaluación objetiva y exhaustiva del Fondes, les pedimos que visiten todos los emprendimientos, que hablen con sus trabajadores, que se enteren del número de puestos de trabajo que implican y de los derrames positivos que han hecho en su entorno. Me animo a suponer que la conclusión a la que arribarían, entonces, es que resulta necesario crear espacios de trabajo a nivel parlamentario que entiendan esta nueva realidad surgida en nuestro país, de la potencialidad que implica y, luego, tal vez, estemos en condiciones de aportar soluciones legislativas que promuevan la economía autogestionada, sus valores y principios en beneficio de una sociedad más integrada y justa. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Groba. SEÑOR GROBA (Óscar).-Señor presidente… SEÑOR ASTI interrupción? (Alfredo).¿Me permite una
SEÑOR ASTI (Alfredo).-Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque, como decía, en esto hay gran parte de show mediático y se mostraba un libro editado por Presidencia de la República como documento oficial. Este libro “Autogestión, un rumbo de todos”, fue escrito por dos autores: José López Mercao y Hernán Bello. En el libro se establece que se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 3.0 Unported. No es un libro de la Presidencia de la República; no puede citarse como un documento público. Hay expresiones de los autores del libro, aunque sí fue auspiciado por la Presidencia de la República, como ha hecho con una cantidad de otras publicaciones. También hay un prólogo del ex presidente Mujica, pero el contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no de Presidencia de la República. Por lo tanto, sin show mediático: ninguna contradicción con lo que estuvimos diciendo. Gracias, señor diputado Groba. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Groba SEÑOR GROBA (Óscar).-Señor presidente: antes que nada, quiero saludar, felicitar y dar la importancia que tiene a la gesta patriótica de trabajadoras y trabajadores que, ante la pérdida de una unidad productiva importante para el país, sea en el lugar del territorio que sea, se han hecho cargo -inclusive poniendo parte de su salario diario, trabajando más horas- de deudas que no eran suyas, de empresas que quebraban sin que quebraran los empresarios. Estos centenares de trabajadores, a lo largo de todo el país, en más de veintiocho emprendimientos autogestionados, con su fuerza, con su empuje, con su voluntad de trabajo, con la camiseta de Uruguay puesta, se hacen cargo de esas unidades productivas para poder mantener una política de desarrollo que es muy necesaria en este país que está cambiando desde hace diez años. Esos trabajadores son pioneros de una ley que va a votar este Parlamento, seguramente no solo con los votos del Frente Amplio sino también del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, que cambiará la cultura histórica del Uruguay en cuanto a la propiedad de los medios de producción. Estamos en los umbrales de promover por ley una asistencia a trabajadores con emprendimientos productivos que realizan ese
SEÑOR GROBA (Óscar).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado.
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sacrificio que dije recién, con el objetivo de defender no solo su unidad productiva y su fuente de trabajo sino, además, el desarrollo nacional en las más distintas áreas del país. Tal vez en forma apresurada -puedo abrir un espacio de duda, como todos en esta sala saben que lo hago-, en forma equivocada -quiero creer que se equivocó-, el diputado denunciante dijo que si había emprendimientos que fracasaban, las sombras de sospecha también iban a caer sobre los trabajadores. Eso fue lo que manifestó y lo que yo entendí. Espero, señor presidente, que haya sido un error, fruto de la fogosidad de querer demostrar algo que hizo mal, que arrancó mal y no sabe cómo dar marcha atrás, porque ahora está jugado. Promueve una preinvestigadora que el propio Reglamento me impide votar. Yo tengo que respetarlo; acá tenemos un Reglamento que nos rige a todos. ¿Qué voy a hacer, señor presidente? Ojalá pudiera hacer una moña, pero no puedo, porque en el artículo 118 -mis compañeros que estuvieron en esa Comisión lo explicaron con meridiana claridaddice que la Comisión Preinvestigadora se constituirá de inmediato, a efectos de recibir del mocionante la exposición correspondiente con la articulación de su denuncia bajo su firma. No hizo nada, no demostró nada, no firmó nada ni denunció nada concreto respecto de los temas que están planteados. También dice el artículo 118 que la Comisión Preinvestigadora le puede solicitar ampliación de sus manifestaciones, lo que hará verbalmente, labrándose acta que firmará con los miembros de la Comisión. Tampoco hizo esto, señor presidente. Estos son aspectos fundamentales a tener en cuenta para votar después una Comisión Investigadora. Me parece una total falta de respecto hacia el Parlamento que se diga que a través de los medios de comunicación, de los diarios, de la prensa yo dije tal cosa. Cita una Comisión Preinvestigadora en relación, además, con un tema vinculado con emprendimientos de características sociales y económicas que son históricas en nuestro país, para no presentar ninguna prueba y después desfilar por la prensa y los medios de comunicación diciendo que hay irregularidades, que le parece que hay tal cosa y tal otra, sin poder justificar absolutamente nada donde tiene que justificarlo. Y hoy volvió el legislador denunciante a no probar absolutamente nada. Con esto no quiero lesionar al histórico Partido Nacional ni a ningún partido de la oposición, porque
muchos de los que ocupamos estas bancas ingresamos por primera vez al Parlamento y, ¿vio, señor presidente?, una fotito, una cámara, una declaración son cosas interesantes. En los últimos días hemos visto cómo por este tema se ha desfilado por todos los medios de comunicación diciendo cosas que después no se pueden probar. Se equivocó, señor presidente, porque manifestó que tenía documentación frondosa y concreta que acreditaba sus dichos y no probó nada en la Comisión. Se equivocó cuando dijo que pidió informes al Poder Ejecutivo y este no le respondió, porque todavía están los plazos pendientes para que le dé la información que requirió. Se equivocó, señor presidente. Se equivocó y va a quedar delante de la población y de los actuales trabajadores de las empresas autogestionadas y de los que vienen como un intento, no de los partidos representados en este Parlamento, sino particular del diputado denunciante, porque va a haber un proyecto que permitirá a los trabajadores generar autogestión en una empresa recuperada. Algunos representantes pueden pensar cómo les vamos a dar un préstamo a los trabajadores, si eso va contra la cultura histórica del Uruguay. Sin embargo, el país está cambiando. Hace diez años que el Uruguay está cambiando, no solo porque está el Frente Amplio en el Gobierno sino porque, en forma constructiva, con los distintos partidos con representación parlamentaria hemos promovido estos cambios. Algunos los ha encarado el Frente Amplio solo; otros, con la participación de los legisladores de todos los partidos, que han ayudado a que estos cambios se fueran realizando. Por eso, quiero dejar expresamente delineado que hay un legislador que se equivocó en las formas, se equivocó en los tiempos y también dejó traslucir un temita de clase. Discúlpeme, señor presidente, que hable de estas cosas, pero dejó traslucir algún tema de clase al decir que también estarán bajo sospecha los trabajadores si los emprendimientos fracasan; al decir ¡qué error!, ¡qué horror! que haya una velita prendida de socialismo o tener convenios, contactos comerciales con Venezuela. Me imagino la impotencia que debe sentir este legislador cuando estas cosas están encima de la mesa y son datos de la realidad. ¡Con Venezuela! Préstamos para los trabajadores autogestionados -lo que es insólito-, velita de socialismo y, además, contactos comerciales con Venezuela. ¡Por favor!, ¡es insoportable!
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(Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).-Señor diputado: lo interrumpo a los efectos de aclarar algo muy concreto. En este ámbito, naturalmente, rige la más amplia libertad de expresión; como es obvio, es un ámbito político donde se hacen alusiones políticas, pero también es verdad que el Reglamento obliga incluso a la Presidencia a llamar la atención a los legisladores cuando incurren, en forma repetida y sostenida, en personalismos y en afirmaciones que, aun en el ejercicio de la más amplia libertad, pueden resultar hirientes. Lo dice expresamente el Reglamento. Yo le pediría que nos ayudara. No lo estoy llamando al orden sino, simplemente, de manera preventiva, estoy recordando esta circunstancia porque usted viene hablando en términos que apuntan a personalizar determinados comportamientos. SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¿Me permite, señor presidente? SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).-Señora diputada: la anoto para hacer una aclaración, porque sigue en uso de la palabra el diputado Groba y la Mesa lo ha interrumpido con el mejor de los espíritus a los efectos de hacer esta aclaración. (Interrupción de la señora representante Susana Pereyra) ——Señora diputada: usted no puede interrumpir, salvo que le pida una interrupción al señor diputado Groba, que es quien está en uso de la palabra. Le agradezco mucho, señor diputado, y puede continuar. SEÑOR GROBA (Óscar).-Señor presidente: me enfrió el partido. Iba bárbaro. Descuénteme unos minutos. SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GROBA (Óscar).- Sí, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir la señora diputada. SEÑORA PEREYRA (Susana).presidente. Gracias, señor
Con gran asombro, estamos viendo cómo el señor presidente llama la atención al diputado que está haciendo uso de la palabra, en pleno desarrollo de su exposición, cortando su intervención. Sin embargo, creemos que el señor diputado Goñi Reyes dijo cosas gravísimas y alusivas y el señor presidente no le dio la importancia que está dando en este caso. Entonces, como coordinadora de la bancada del Frente Amplio, quiero llamarle la atención… SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- ¿Me permite, señora diputada? La sesión la conduzco yo. Usted no puede llamar la atención a la Mesa; puede cuestionarla. Si lo hace, la Mesa pondrá el criterio a consideración del plenario y este resolverá. Si la Mesa resulta cuestionada, este presidente, simplemente, bajará la escalera correspondiente y se incorporará a su banca, y quien deba sucederlo, de acuerdo con el orden establecido en las Vicepresidencias, conducirá el debate. Hice la aclaración al señor diputado Groba no por las alusiones personales, que a lo largo de este debate se han hecho y muchas, sino porque él ha incurrido en una práctica sostenida y constante de alusiones personales que, a juicio de la Mesa, pueden derivar en una situación inconveniente. Repito: no lo llamé al orden; simplemente, le hice una aclaración preventiva. Si la señora diputada considera que la Mesa está aplicando inadecuadamente el Reglamento, entonces cuestione a la Mesa y lo ponemos a votación. SEÑORA PEREYRA (Susana).- Considero que está actuando con desigualdad. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Entonces, ¿formalmente, está cuestionando a la Mesa? SEÑORA PEREYRA (Susana).- No; no estoy cuestionando a la Mesa. Estoy diciendo que, a juicio de nuestra bancada, en este momento ha sido injusto. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Como no ha habido un cuestionamiento formal a la Mesa, puede continuar el señor diputado Groba, que espero haya entendido el sentido de nuestra interrupción. SEÑOR GROBA (Óscar).- Gracias. Siempre estamos aprendiendo, como el señor presidente puede apreciar. Sería bueno que la
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sugerencia también fuera para quien ha mencionado al MPP y al expresidente de la República y también ha dicho que bajo la sombra de la duda puede haber trabajadores en estos emprendimientos. De todas maneras, yo soy constructivo. La única intención que tengo es no incorporar a todo el Partido Nacional -para decirlo concretamente, con la franqueza que el señor presidente sabe que tengo- en algo que nació mal y fue equivocado. SEÑOR PUIG interrupción? (Luis).¿Me permite una
SEÑOR GROBA (Óscar).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR PUIG (Luis).-Señor presidente: si uno analiza el desarrollo del debate sobre este tema -por supuesto, desde mi modesto punto de vista-, advierte que la demonización del Fondes está planteada concretamente por uno de los aspectos del Decreto Nº 341. ¿A qué refiere ese aspecto? Plantea que uno de los canales de asistencia está dado hacia aquellas empresas autogestionadas por los trabajadores; empresas autogestionadas debido a la ineficiencia empresarial; empresas autogestionadas porque el capital no invirtió lo que debía o las patronales generaron mecanismos que impidieron que los trabajadores aseguraran su fuente de trabajo. Tal vez, en un futuro no muy lejano tengamos que plantearnos, entre otras cosas, una ley que prevea un fondo de garantía por insolvencia patronal para que cuando los trabajadores se vean privados de desarrollar su actividad y queden pendientes créditos laborales puedan acceder a ellos. Acá, prácticamente, se ha dado a entender que ha habido un despilfarro de dinero. Yo creo que, por el contrario, lo que se intentó fue asegurar el desarrollo de unidades productivas con una conducción de trabajadores, en forma democrática. Creo que eso es muy saludable para el país en los tiempos que corren. Anteriormente, contábamos en cientos de millones de dólares la asistencia a bancos fundidos. Hoy, se sigue una línea de aplicación con respecto a la cual, seguramente, cuando discutamos la ley del Fondes vamos a expresar de qué manera hay un compromiso del Frente Amplio.
Se hicieron muchas afirmaciones; se citaron supuestos libros de Presidencia; en el informe en minoría hay referencias al expresidente de la República diciendo que lo político debe estar por encima de lo jurídico; se ha levantado la voz, se ha engolado la voz con ese tema. Y yo me pregunto si esto será una autocrítica de quienes lo dicen porque, en realidad, si en este país se practicó poner lo político sobre lo jurídico fue cuando se votó esa nefasta ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que establecía que el Poder Ejecutivo debía decir al Poder Judicial cuándo se podía juzgar y cuándo no. Como se repite permanentemente que esta es una característica de los gobiernos frenteamplistas, yo me planteo si eso ha sido una autocrítica con respecto a esa nefasta ley que sufrimos los uruguayos. Creo que se han hecho afirmaciones muy graves; se han hecho afirmaciones de corrupción y se ha señalado a organizaciones políticas. Cuando se dice que no se detallaron los casos porque en la prensa hay abundante documentación, en realidad no se está cumpliendo con una premisa mínima para plantearse seriamente una Comisión Investigadora. Gracias, señor diputado Groba. presidente; gracias, señor
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Groba, a quien le resta menos de un minuto de su tiempo. Si no es suficiente, la Mesa le permitirá, como a todos los legisladores, redondear su pensamiento. SEÑOR GROBA (Óscar).- Gracias, señor presidente. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Quiero terminar diciendo que ni la Comisión Preinvestigadora, que ya brindó sus informes en mayoría y en minoría, ni este Cuerpo pueden basarse en relatos o declaraciones de prensa para promover una Comisión Investigadora. He aprendido, con el señor presidente y con otros legisladores de su partido y de otros partidos, que podemos equivocarnos. Por supuesto que podemos equivocarnos. Tal vez yo lo he hecho muchas veces, y si lo hice pido disculpas, pero sería bueno que en este caso se viera que hubo un flagrante error por promover una Comisión Investigadora de la forma en que se hizo, por no
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haber presentado las pruebas en la Comisión Preinvestigadora, por haber dicho que se fijaran en la prensa porque ahí estaban las pruebas, por no cumplir con el Reglamento. Adelanto que en estas condiciones es imposible que demos el aval a algo tan importante como el proyecto que están promoviendo los trabajadores. Aquí se pone la lupa sobre tres emprendimientos en veintiocho; si nosotros tuviéramos que poner la lupa en lo que ha hecho el Banco de la República con empresarios en la historia de este país, con seguridad, ahí sí, tendríamos los temas verdaderamente encima de la mesa, como deben estar planteados. Con seguridad, no faltará oportunidad para hacerlo. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra la señora diputada Montaner. SEÑORA MONTANER (Susana).-Señor presidente: he escuchado atentamente lo que han manifestado los integrantes de la Comisión Preinvestigadora; he escuchado los argumentos de un lado y del otro. En un país democrático por excelencia, como el nuestro, cada vez que en los últimos años se ha planteado la creación de una Comisión Investigadora, lo he vivido con mucha inquietud; más allá de los argumentos esgrimidos por las partes cuando se han planteado dificultades o cuestionamientos -que tanto daño pueden hacer a la credibilidad de los manejos de los intereses públicos de los ciudadanos-, qué saludable sería que se pusiera vidrio al Estado y que todos los que quisieran enterarse de cómo han sido las cosas o de cómo ha actuado el Ejecutivo -¿por qué no?tuvieran la posibilidad, empezando por este Parlamento, de estar bien informados. Yo no le temo a una Comisión Investigadora, venga del lado que venga. No le temo a las Comisiones Investigadoras; creo que son muy saludables en la medida en que puedan arrojar claridad a ese ciudadano que cada cinco años deposita la confianza en un Poder Ejecutivo, en un gobierno electo y en nosotros, los parlamentarios. ¡Vaya si los parlamentarios tenemos responsabilidad! ¡Claro que sí! Hemos sido votados y somos representantes del pueblo no solamente para venir a discutir determinados temas, sino para realizar los debidos contralores que sí pide el ciudadano. Cuando salgamos de este recinto, democrático por excelencia, la ciudadanía se va a preguntar cuáles fueron los resultados de este debate, si arrojó la luz
necesaria y por qué se niega la creación de una Comisión Investigadora, como se establece en la Constitución de la República. No estoy argumentando a favor de una parte ni de otra. Simplemente quiero apostar a la claridad meridiana que debe tener la gestión del Estado y al debido contralor, al que no debemos temer los legisladores, máxime cuando estamos seguros -como he escuchado decir a varios compañeros que han hecho uso de la palabra- de que se ha obrado correctamente. No le temamos a las Investigadoras; creo que son muy saludables. Veo con mucha preocupación e inquietud que, reiteradamente, se ha solicitado la creación de Comisiones Investigadoras a lo largo de los diez años de gobierno de esta fuerza política. Voy a nombrar algunos casos. Por ejemplo, la vinculada con el exlegislador Nicolini. En esa oportunidad, la oposición quiso investigar el uso por el exsenador de un carné de ASSE para operarse. También estuvo el caso relacionado con Venezuela, cuando se quiso investigar la llegada de un cargamento con quince mil municiones sin destino claro. Esa situación fue objeto de polémicas y la oposición quiso investigar. En otra oportunidad, se quiso investigar la gestión de Bengoa, exdirector de Casinos. La oposición también quiso investigar lo que sucedía con Pluna -caso muy nombrado-; qué saludable y qué buen mensaje hubiéramos dado los parlamentarios a la ciudadanía si se hubiera aceptado la creación de esa Comisión Investigadora. También se quiso investigar la compra de 16 lanchas por parte de la Armada a los hermanos Trocki, pero este Parlamento tampoco pudo hacerlo. En el año 2011, el senador Luis Alberto Heber pretendió indagar presuntas irregularidades con las empresas de limpieza de ASSE. Hoy, algo de eso es indagado por la Justicia. El acceso a las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata también fue objeto de polémica, y el Frente Amplio no quiso indagar. Tampoco pudimos indagar a nivel parlamentario la responsabilidad de las pérdidas de Pluna. En el año 2013, la oposición, a través del senador Alfredo Solari, quiso investigar a ASSE, pero nuevamente se le negó esa posibilidad. Ahora el Frente Amplio está resolviendo no habilitar la creación de una Comisión Investigadora del Fondes. ¡Qué mal le hace al Parlamento! Algunos de los casos que he mencionado -Pluna o Bengoa-,
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han sido investigados por la Justicia y hubo resultados muy lamentables. Yo no digo que en este caso los resultados sean lamentables. No estoy juzgando la actuación del Fondes, sino la actuación de nuestros parlamentarios. No temamos abrir las puertas a nuestra ciudadanía para que sepa cómo se está actuando. Después, vendrá la Justicia a tirarnos de la oreja y, a través de dictámenes, llevar adelante procesamientos, porque nosotros desde el Parlamento -representando a esos ciudadanos que cada cinco años nos votan con ilusión-, debido a una mayoría accidental arrojada por los resultados electorales, nos vemos impedidos de investigar. Reitero que no estoy prejuzgando la forma en que se actuó en el Fondes. Simplemente digo que no debemos temer a actuar de manera abierta, para que la ciudadanía y el pueblo juzguen claramente y lleguemos a los resultados que una Comisión Investigadora pueda obtener. Por mi condición de demócrata y republicana, me resisto a negar la creación de Comisiones Investigadoras. Muchos de los casos que he mencionado han terminado en la Justicia. Cuando los casos terminan en la Justicia, los parlamentarios pasamos vergüenza, porque pudimos haber detectado las situaciones prontamente y dar señales. En muchos casos, las dimos, pero no se oyeron, y la mayoría circunstancial que constituye este Parlamento nos ha negado una y otra vez la posibilidad de investigar. Quiero que el ciudadano tenga la cristalinidad necesaria y vuelva a confiar en el sistema político. Estoy cansada de los adjetivos que recibimos los políticos por parte de muchos ciudadanos descreídos del sistema. No demos lugar a ese tipo de actuaciones; abramos las puertas. De una vez por todas, demos lugar a las Comisiones Investigadoras; no esperemos que sea el Poder Judicial el que nos señalé los errores que se han cometido, mientras nosotros -reitero-, cegados por una mayoría circunstancial, quedamos afuera del verdadero contralor parlamentario que debemos ejercer. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR VIERA interrupción? SEÑORA diputado. (Tabaré).¿Me permite Sí, una señor
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR VIERA (Tabaré).-Señor haremos nuestra intervención por interrupción para abreviar tiempos. presidente: vía de la
Comparto absolutamente lo expresado por nuestra compañera de bancada. Esa será la posición del Partido Colorado. Quiero empezar diciendo que aprobamos los objetivos que debe tener un fondo como el Fondes. Compartimos lo positivo que pueden ser las experiencias de autogestión. Además, cuando es la solución para evitar la pérdida de fuentes de trabajo y el desempleo, con más razón estamos de acuerdo. Por lo tanto, de ninguna manera debe entenderse nuestra posición como que estamos en contra de los trabajadores, a quienes, precisamente, debemos preservar. Digo esto porque una herramienta como el Fondes, es decir, un fondo crediticio, puede ser de gran utilidad o la tabla de salvación para los trabajadores. Pero si no se la utiliza bien, puede ser una herramienta de perdición y la experiencia terminar -como lamentablemente ha sucedido- peor que si se la hubiera negado. No siempre un proyecto es viable; no siempre entregar a los trabajadores una empresa o un medio de producción es su salvación. Como en cualquier situación, cuando una herramienta es mal usada, puede representar el fin de una buena idea e, inclusive, el fin de vidas productivas. En el planteo del diputado denunciante hay una serie de elementos que nos llaman a la reflexión y nos llevan a la duda legítima y seria. Ante esta duda, qué mejor que investigar en una Comisión en la que estén representados todos los partidos políticos y, en definitiva, toda la sociedad, que es la que aporta los fondos. Debemos velar tanto por los trabajadores como por quienes con esfuerzo -también son trabajadores- aportan los fondos a través de impuestos, para que tengan la información publicada y puedan saber qué sucede. Además, lo digo con la autoridad moral de quien, siendo oficialista, votó la creación de varias Comisiones Investigadoras en el año 1985 y también en otros momentos. No entiendo por qué no posibilitar, no hacer viable una investigación. Eso es lo que llama a la sospecha de la sociedad, y a diario escuchamos: “¿Qué se quiere esconder? ¿Qué es lo que no se quiere aclarar?”
MONTANER
(Susana).-
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Yo le otorgo un crédito al oficialismo en cuanto a que está todo bien. Pues, saquémoslo todo a luz; votemos generosamente para que se sepa. Si hay dudas -acá se configuran dudas, por cuanto el Poder Ejecutivo no ha cumplido con lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº 18.716 en cuanto al informe que debe dar-, pues entonces, no cercenemos nosotros, el propio Parlamento, nuestras potestades y no desistamos de nuestra obligación de investigar. De lo contrario -como bien ha dicho la señora diputada Susana Montaner- caeremos en esa judicialización de la política que tanto daño le hace al sistema y a la democracia. Creo que saber si los proyectos fueron aprobados con el debido celo, con la debida evaluación de la viabilidad, es un deber de todo buen bancario. Así comenzaron… (Suena timbre indicador de tiempo) ——¿Me permite otra interrupción, señora diputada? SEÑORA diputado. MONTANER (Susana).Sí, señor
Fondes están cumpliendo con eso, que además se establece en la reglamentación. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la creación de la Comisión Investigadora -aunque ya sabemos cuál será el resultado de la votación-, porque reclamamos transparencia y cristalinidad, que es lo que da estabilidad a cualquier democracia y garantías a todos. Negar eso utilizando una mayoría absoluta, que siempre es circunstancial, le hace daño al país, a las instituciones y al propio partido de Gobierno. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar la señora diputada Susana Montaner. SEÑORA MONTANER (Susana).- He finalizado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Posada. SEÑOR POSADA (Iván).-Señor presidente: la bancada del Partido Independiente va a respaldar el informe en minoría que propone la creación de una Comisión Investigadora para revisar lo actuado por el Fondo de Desarrollo. En primer lugar, lo hace en mérito a que, en materia de gestión pública, el principio a seguir debe ser el de la transparencia, pero lamentablemente, en todo el tema del Fondo para el Desarrollo existe una opacidad que, de alguna manera, ha sido generada por el propio Poder Ejecutivo. El artículo 40 de la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central posibilita al Poder Ejecutivo a crear fondos -en plural- para el financiamento de proyectos productivos viables y sustentables que, a su juicio, resultaren de interés. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en lugar de remitir un proyecto de ley al Parlamento que estableciera claramente los cometidos de este Fondo para el Desarrollo, eligió la vía del decreto. Es decir que este Fondo no tenía otro sustento legal que las propias disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo, a través de sus potestades. Recién sobre el fin del mandato del Poder Ejecutivo anterior se remitió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se procuraba establecer un marco jurídico al Fondo para el Desarrollo. Por lo tanto, lamentablemente, el principio que ha regulado dicho Fondo ha sido el de la opacidad, y
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado Tabaré Viera. SEÑOR VIERA (Tabaré).- Recuerdo que en el año 1985, cuando volvimos a la democracia, se crearon algunas Comisiones Especiales, y una Comisión Investigadora, en la que participé, acerca de las causas y circunstancias del gran endeudamiento interno que existía en ese momento en el país. Claramente, llegamos a la conclusión de que el gran responsable de ese endeudamiento interno que vivían las empresas, los trabajadores y los uruguayos todos fue el mal proceder de los gerentes en la década del ochenta, cuando volaban los petrodólares en los bancos latinoamericanos. Este fue uno de los factores que causó del surgimiento de las dictaduras militares en Latinoamérica; sin duda, hubo una relación de las dictaduras con el sector financiero. Los gerentes, prácticamente, llamaban a la gente para darle créditos. Creo que los créditos deben darse responsablemente y que ayudar a los trabajadores no es solo otorgarles un préstamo, sino confirmar que su proyecto sea viable. Eso es lo que hay que saber y es bueno que la sociedad sepa si quienes administran el
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lo lamentamos, porque consideramos que allí está el germen, la semilla para la creación de un banco de desarrollo. Me parece que es el paso necesario que debe darse para fomentar actividades que muchas veces son de interés nacional y que, lamentablemente, terminan no encontrando respuestas dentro de las leyes del mercado, pero tienen otro tipo de sustento social o ambiental que un Estado que apunte a un desarrollo sostenible necesariamente debe considerar. Por los motivos que hemos señalado, en función de las denuncias que se han efectuado y de las sospechas en cuanto al otorgamiento y manejo discrecional de los fondos -que, repito, hasta el presente, solo son regulados por un decreto del Poder Ejecutivo-, el Partido Independiente va a acompañar con su voto la creación de esta Comisión Investigadora. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Olivera. SEÑOR OLIVERA (Nicolás).-Señor presidente: en primer lugar, quiero aprovechar esta instancia para saludar a todos los trabajadores de la industria láctea, porque hoy es su día y porque este sector está pasando por una difícil situación. Con este reconocimiento, adelanto parte de mi pensamiento sobre la creación de una Comisión Investigadora. Tal vez, esta buena herramienta que es el Fondes pueda ser bien utilizada por este sector en el futuro. Entiendo que hay dos preguntas para hacernos. Quizás, en el contexto del debate, alguien, con picardía, nos pueda preguntar: ¿El Fondes sí, o el Fondes no? Y nosotros responderemos enérgicamente: el Fondes sí, porque entendemos que es una buena herramienta. La otra pregunta, que fuimos convocados a responder hoy, es: ¿Investigar sí, o investigar no? Nosotros contestamos que investigar sí. La cristalinidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos deben dar las mayores garantías. Más allá de lo que se pueda decir sobre los pasos y sobre la oportunidad, en esto nunca se va a pecar de exceso; lo que abunda no daña. Por otro lado, creo que al momento de investigar, hace muchos años, más precisamente diez, el Parlamento perdió la llave
de ese cofre tan preciado que son las investigaciones parlamentarias; alguien se la ha tragado y, hasta el momento, no aparece. Reitero: se va a discutir acerca de si hay que investigar. No hablaremos sobre la pertinencia de una buena herramienta, como el Fondes, que ha dado respuesta y soluciones a decenas, centenas, un par de miles, no de personas, sino de familias. Por eso, no cuestionamos la herramienta. Inclusive, quedan varias decenas de millones de dólares para distribuir y, por lo que tenemos entendido, la fila de proyectos va creciendo, sobre todo, aquellos que son autogestionados por sus trabajadores. Seguramente, los responsables del gobierno están a la espera de la creación del nuevo instrumento legal que está a consideración del Parlamento. Decíamos que es una buena herramienta, como hay otras, pero cuando los recursos públicos se manejan mal, esto socava. Un diputado que nos precedió en el uso de la palabra dijo que cuando se ponen en juego la cristalinidad o la transparencia del manejo de los recursos públicos, muchas veces, también está en juego la buena salud, el prestigio de nuestra democracia. Por ejemplo, un aval bancario también es una buena herramienta para dar garantía a distintos emprendimientos. Sin embargo, todos sabemos que, recientemente, su mal uso hizo que termináramos sumergidos en la peor crisis de corrupción de que Uruguay tiene memoria. Este es un tema de transparencia, señor presidente. No podemos ningunear una herramienta que está en el Reglamento. En ningún lado dice si hay que pedir los informes primero o después de solicitar la instalación de una Comisión Investigadora. Nosotros también pensamos que no hay que judicializar la política, acudiendo a los estrados judiciales para obtener información o, a veces, para denunciar lo que no se ha podido en esta Casa. Inclusive, la información de que se dispone proviene de un órgano de prensa que tuvo que solicitarla en el marco de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Esa poca información que hay provoca desconcierto, no solo en quienes integramos los partidos de oposición, sino en quienes pertenecen al partido de Gobierno. El Poder Ejecutivo ha decidido cambiar la normativa en lo que refiere al uso de esta buena
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herramienta que es el Fondes porque ha encontrado ciertas falencias en su manejo, y esa falta de información hace imperiosa la investigación. Como ha sido puesto de manifiesto en la denuncia y en el informe en minoría, estamos ante un sistema que gestiona fondos públicos. El régimen general establece, siguiendo la posición del Tribunal de Cuentas, que para determinar qué fondos deben considerarse públicos se atiende a su origen y destino, entendiendo que están constituidos por el dinero o valores realizables que provienen del Estado o se perciben como consecuencia del poder coactivo de este, como es el caso de los tributos percibidos directamente por el ente no estatal, que están destinados al cumplimiento de servicios públicos o a actividades de interés público. Esto figura en la ordenanza 59 del Tribunal de Cuentas. En este caso, se trata de fondos públicos por su origen, porque son utilidades del Banco de la República y por el interés público de su destino. Conforme establece el artículo 40 de la ley y su decreto reglamentario, en este caso, los fondos recaen en emprendimientos asistidos según el criterio discrecional del Poder Ejecutivo. Este aspecto determina que sea de aplicación todo el bloque normativo que regula la utilización de los recursos públicos, procurando, en todos los casos, su adecuada administración y control; una buena administración financiera, según el artículo 149 del Tocaf y el artículo 23 del Decreto N° 30 de 2003, sobre normas de conducta. El artículo 41 de la Ley Nº 18.716 establece que el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas de la utilización de esos recursos, información detallada que debe ser incorporada a las rendiciones de cuentas. Sin duda, de confirmarse las apreciaciones realizadas por el diputado Asti en la Comisión, esta información está incorporada en las leyes de rendición de cuentas de los ejercicios 2012 y 2013, seguramente, dentro de las planillas, pero sin dar cumplimiento al instituto en sí. El Poder Ejecutivo debió informar al Poder Legislativo en forma detallada, minuciosa, pormenorizada y circunstanciada de la versión, utilización o gestión de los fondos. Esas rendiciones de cuentas que se dan por claras no son claras, señor presidente, pero no solo para nosotros, sino para los propios actores del Gobierno. Empezando por el contador Álvaro García,
director de Planeamiento y Presupuesto, que no las tiene o no las tuvo claras al momento de concurrir a la Comisión de Hacienda, según lo que vamos a manifestar más adelante. Esta declaración debió hacerse en forma documentada, siendo responsables tanto quienes administran como quienes los perciben, según el artículo 132 del Tocaf. En cuanto al control, ha quedado en evidencia que este no se cumplió. Tanto es así, que los cambios que se propone introducir al Fondes parten de este dato de la realidad, que por ser evidente no requiere pruebas. La falta de información ha sido un tema recurrente, aspecto que fue confirmado en diferentes instancias cumplidas ante el Cuerpo. El legislador denunciante señala que los pedidos de informes no han sido contestados. El director de la OPP, al concurrir a la Comisión de Hacienda de esta Cámara el 25 de marzo de 2015 señala respecto del Fondes: “No hay una evaluación ni puede haberla, a 24 días de asumir el Gobierno”. “En cuanto a la evaluación, estamos analizando la información existente”. “[…] habrá una auditoría a la administración de este fondo, que se realizará a través de Conafín Afisa […]” “[…] una vez que contemos con los números exactos acerca de la utilización de los fondos, serán proporcionados […]” Me pregunto, señor presidente, cómo el director de la OPP y el Poder Ejecutivo pueden promover cambios por decreto y a través del proyecto de ley, si desconocen la realidad de fondo. Se ha dicho que en las rendiciones de cuentas de 2012 y 2013 estaba pormenorizada la información, pero resulta que quien es una autoridad en materia de información financiera del Estado, como el director de Planeamiento y Presupuesto, no la tenía; o la tenía y le era realmente insuficiente. Estamos hablando de que el director de la OPP dijo que había que encomendar, iniciar o que estaban a la espera de una auditoría. Después, como en todo, hay dos o tres versiones. Hay versiones de prensa que dicen que ellos no van a pedir auditoría o que no era su espíritu hacerlo, pero lo cierto es que disponemos de la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Hacienda del 25 de marzo y tengo subrayado en amarillo lo que dijo el contador García: que iban a
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pedir una auditoría, que los números no los tenían claros y que cuando los tuvieran los iban a informar. El desconcierto es tal que, en la propia Comisión, uno de sus miembros afirmó que la información relativa a los estados contables del fideicomiso del Fondes estaba colgada en la página web de la Corporación Nacional para el Desarrollo, como debería hacerse con el manejo de los recursos públicos: con transparencia. Eso duró un día. Al otro día, pidió la palabra para rectificar y dijo que esa información no lucía en la página web. Y no se han dado a difusión, incumpliendo el artículo 177 del Tocaf, señor presidente. Se deja constancia de que no están colgados, pero la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Acceso a la Información Pública determinan que dicha información es pública y, por ende, debe estar disponible. Y en la tercera versión mejorada de este intríngulis -un día la información estaba en la página web, al otro día no- se dice que hoy está en la pagina web. Entre 2011 y 2014 se otorgaron subsidios: créditos por US$ 70.000.000, aproximadamente, a veintiocho proyectos. Algunos de ellos no fueron viables, pero… SEÑOR ASTI interrupción? (Alfredo).¿Me permite una
-ojalá se habilitara la información de la Comisión Preinvestigadora para tener algún otro tipo de dato-, en abril de 2014 dispuso el cierre total, utilizando dicho subsidio para capital de trabajo. Así surge lo mencionado por parte del diputado denunciante acerca de que poco más que se le hizo un favor a un banco extranjero, porque de esos US$ 6.000.000, US$ 3.000.000 fueron a parar a un banco extranjero. De manera que no quiero ser cómplice de hacer favores a un capital que, primero, no es uruguayo y, segundo, es netamente especulativo, porque lo que se ha hecho es pagar puntualmente deudas a un banco, repito, que no devuelve las utilidades a través de estos proyectos, como el Banco de la República, sino que se las lleva para su país de origen. Más allá de las disposiciones relativas a la Ley N° 17.060, sobre anticorrupción, eventualmente cabría responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en forma documentada, que exprese en forma detallada, minuciosa, pormenorizada y circunstanciada de la versión, utilización y gestión de los fondos, según el artículo 137 del Tocaf, en lo que hace a la responsabilidad administrativa financiero contable. La responsabilidad administrativa en materia financiero contable alcanza a todos los funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado. Alcanza, además, a los jerarcas y empleados de las entidades o personas públicas no estatales que utilicen indebidamente fondos públicos o administren incorrectamente bienes del Estado en lo pertinente. También alcanza a los funcionarios de control que hubiesen intervenido en el acto ilegal o irregular o no se hubieran opuesto al mismo, así como a las entidades o personas no estatales y sus directores o empleados que utilizaran indebidamente fondos públicos o administraran incorrectamente bienes del Estado. La responsabilidad administrativa se genera por el apartamiento de las normas aplicables, de los objetivos y metas previstas y el alejamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración, en todos los casos en lo relativo al manejo de dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes estatales. Es claro que de los antecedentes surgen indicios evidentes de irregularidades que, ante la ausencia de información y documentación, requieren de un proceso de investigación, y eso es lo que hoy estamos reclamando. No estamos acusando a nadie.
SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Prefiero continuar, señor presidente. Hay casos que nos llaman la atención. Yo creo que este tema no es ni muy muy ni tan tan. Entiendo que hay cosas que se han puesto a consideración de la Comisión Preinvestigadora. Con un mínimo de esfuerzo puede arrojarse luz sobre el tema pero, en lo personal, hay uno que realmente nos llama la atención. En esa época yo era aficionado a escuchar algunas sesiones del Senado, donde se hablaba machaconamente del escándalo de Pluna. Me parece que los argumentos que se manejan en sala para desestimar la Comisión Investigadora son muy parecidos a los que se manejaban por aquel entonces para ningunear aquella denuncia, ¡que vaya si costó, señor presidente! Fueron años de denuncia y, lamentablemente, esta Casa no se dio -no digo el lujo- la obligación, el deber de investigar aquello. El caso que más me llama la atención es el de la eximprenta Pressur, que recibió US$ 6.000.000 en agosto de 2013 y, por la información que tenemos
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Solamente queremos arrojar luz sobre temas que llaman poderosamente la atención y que, hasta el momento, no han sido develados. La información llegó a través de un medio de prensa que recurrió al mecanismo del acceso a la información pública, aspecto que permite concluir que, para el futuro, los señores legisladores deberán utilizar dicha herramienta para acceder a la información, perdiendo operatividad en los procedimientos de control que posee este Parlamento. En este caso particular, debemos recordar que denunciar supone dar noticia sobre un hecho irregular. Por ende, cuando se analiza la viabilidad y se conforma la Comisión Preinvestigadora se deben cumplir condiciones que hacen a la entidad, seriedad en su origen y procedencia de la investigación. La explicitación y acreditación requeridas por la mayoría de la Comisión pierden de vista la finalidad de la Comisión Investigadora, que es desarrollar diversas actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre las situaciones sospechadas de ilegitimidad. Varios actores de relevancia política, oficialistas y de la oposición, han mencionado la necesidad de dotar a la herramienta de certeza, límites y controles. Siendo confirmada, no es necesario auditar el funcionamiento del Fondo, verificando el ajuste a la normativa en su gestión. No debemos olvidar que para que la asistencia resulte operativa se requiere que el emprendimiento sea innovador y sostenible económica y financieramente. Volvemos a hacer una aclaración, señor presidente: Fondes, sí. Y cuente con este legislador para aprobar esta muy buena herramienta que, seguramente, votaremos dentro de muy poco tiempo. Cuando se dice que los proyectos deben ser viables, sostenibles, sustentables, creo que se está diciendo que las fuentes de trabajo deben ser viables y sostenibles. ¿Para qué poner US$ 6.000.000 en agosto en un emprendimiento que cierra en abril del año siguiente? Y advierta lo que le voy a decir, señor presidente: creo que, por encima del monto del salario y de cualquier otra pauta, lo principal es la estabilidad laboral de los trabajadores. A eso apuntamos cuando hablamos de la viabilidad de este tipo de emprendimientos.
También quiero decir que seguramente estemos a la orden para acompañar a los trabajadores, si hay que pedir más plata al Fondes, a fin de que sigan perviviendo esas fuentes de trabajo. En nuestro departamento tenemos un emprendimiento que está siendo financiado -la ex Paylana- y es autogestionado por los trabajadores. ¿Y sabe una cosa, señor presidente? Puntualmente, si mañana eso no da ganancia y la sociedad uruguaya tiene que poner un peso más para que se mantengan esas más de doscientas fuentes de trabajo, yo acompaño. Hay que ver cómo durante muchos años, en el Uruguay se financió cada actividad en que, a veces, la plata se la llevaban unos pocos. En definitiva, si los balances dan un poco en rojo y es necesario dar una manito o un empujón más, ahí vamos a estar. Por eso no cuestionamos la herramienta. Tampoco cuestionamos los balances, si dan un poquito más o un poquito menos. Evidentemente, el Estado tiene que estar empujando y apoyando técnicamente para que esos proyectos sean autosustentables. De cualquier manera, con lo que hoy me quedo es con que hay una situación que no cierra. Y todavía no ha llegado un mensaje de texto para que podamos obtener la información fresca que esperamos. Además, hasta ahora nadie ha podido explicar -sería bueno que hoy se dilucidara, porque para eso hubo una Comisión Preinvestigadora- qué pasa con esos US$ 6.000.000 que el denunciante están esgrimiendo fueron a parar la mitad a un banco y la otra mitad a un proyecto que no tuvo ni siquiera un año de vida. Creo que se ha negado la instancia de crear esta Comisión Investigadora apelando a un solo aspecto. Incluso lo dijo el señor diputado Asti -me voy a permitir nombrarlo- en la Comisión. Él no habló de la seriedad, de la gravedad, sino de la oportunidad de la denuncia. Expresó: “En ese sentido, más allá de la entidad de la denuncia y de la seriedad de su origen, hacemos hincapié en la oportunidad y la procedencia.Si bien las denuncias fueron presentadas como de gran entidad y de gran seriedad, creemos que no es oportuno […]”. Yo creo, señor presidente, que la oportunidad la hace uno; la oportunidad la hace la situación. Entiendo que no hay momentos para investigar. El momento para investigar es siempre; a cada minuto. Cada minuto que pasa es un minuto que perdemos para desarrollar esta labor tan noble que, aparentemente, en el Parlamento se nos viene
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cercenando de a poquito, al no habilitar este tipo de mecanismos. Nuestra intervención de hoy, señor presidente, estuvo dirigida a dejar en claro nuestra posición y la de nuestro sector, en el sentido de que estamos contestes con la herramienta Fondes. Fondes, sí. Es una gran herramienta que permite reflotar emprendimientos, pero nos quedan dudas. Esta situación nos arroja dudas sobre algunos episodios y creemos que le hará bien al Parlamento investigar. Considero que nadie va a salir manchado si está todo en orden, y para eso estamos acá: para legislar y para controlar. Antes de conceder la interrupción al señor diputado Asti, se la quiero dar al señor diputado Lafluf Hebeich, quien me la solicitó previamente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. Al orador le restan cuatro minutos. SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).-Señor presidente: voy a ser breve, ya que no dispongo de mucho tiempo. Antes que nada, en mis veinticinco años de trabajo cooperativo lamento que no haya habido una institución como el Fondes; lo digo honestamente. Cuando teníamos que pedir créditos al Banco de la República, después de mucho trajinar y de poner las plantas de silos como garantía, se nos otorgaba algún préstamo para poder trabajar. Por lo tanto, soy ferviente defensor de la institución. Por otra parte, vamos a poner las cosas en claro: errores en el sistema financiero de otorgamiento de créditos y de créditos para desarrollo, en el Uruguay, ha habido siempre. Siempre el Banco de la República ha otorgado créditos a empresas que no han funcionado. Wilson Ferreira Aldunate no creó la Corporación Nacional para el Desarrollo para lo que fue en su primer momento, cuando caía empresa tras empresa y después se levantaban. Entonces, esto no es patrimonio de nadie; ni del Fondes ni del Banco de la República ni de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de este tema desde la hora 16 y a la hora 16 y 30 ya se sabía que no se iba a votar la Comisión Investigadora. Se me podrá decir: “Venís mal enseñado por la tarea ejecutiva de la Intendencia; acá se viene a
parlamentar”. Y yo estoy de acuerdo y quiero aportar en ese sentido. Lo que sucede es que no puedo irme contento de esta sesión, por lo siguiente. La bancada del Frente Amplio podrá decir: “Nosotros no vamos a votar la Comisión Investigadora porque es inoportuna, porque los datos que aportó el denunciante no contemplan los aspectos que creemos deben darse para crear una Comisión Investigadora; los datos no son concluyentes”. En eso pueden tener razón. Lo que no puede suceder es que, frente a las denuncias presentadas -sean ciertas, inciertas o sin fundamentos-, nos vayamos de esta sesión sin la duda. Nos tenemos que ir de aquí diciéndole a la población que, por lo menos, nos quedó una duda y que vamos a seguir trabajando y aportando datos, y cuando se vayan agregando más cosas, quizás instalemos algo parecido a una Comisión Investigadora. Pero lo que no podemos hacer es irnos, después de seis horas de sesión, como si nada hubiese pasado, dando la impresión de que se rechaza la Comisión Investigadora porque no hay mérito. Eso no puede ser. El Cuerpo tiene que dar la señal de que está dispuesto a seguir trabajando y a investigar. Si hay algo mal hecho, hay que investigar, porque es la única forma que tenemos de aparecer frente a la opinión pública con credibilidad. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Gracias, señor diputado Olivera. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Ha concluido el tiempo de que disponía el señor diputado Olivera. SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ASTI.-Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible porque voy a hacer una aclaración y a contestar una alusión. Antes que nada, respecto de las declaraciones que hizo el director de Planeamiento y Presupuesto en la Comisión de Hacienda en cuanto a que se iba a pedir una auditoría, quiero decir lo siguiente. Vamos a utilizar bien los términos: todos los movimientos del fideicomiso del Fondes tienen auditoría por ley. Eso está en el balance firmado. Lo dijimos hoy y está en poder de todos los integrantes de este Parlamento porque pedimos que el informe que se remitió al
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diputado denunciante fuera distribuido. Allí están los estados contables al 31 de diciembre de 2014, con la auditoría correspondiente firmada el 30 de abril de 2015. El 25 de marzo, el señor director de Planeamiento y Presupuesto no podía tener los resultados porque el informe de auditoría -que no tiene que pedir porque se hace habitualmente; se hizo en 2012, en 2013 y en 2014- no estaba pronto. Ahora está en poder de todos nosotros. El 30 de abril de 2015 el Fondes arroja una ganancia. Lo digo expresamente porque parece que hemos tirado US$ 50.000.000 o US$ 60.000.000 por la ventana. Quiero hacer una segunda aclaración sobre una intervención que hice en la Comisión Preinvestigadora. En un momento dije que los estados contables del fideicomiso del Fondes estaban colgados en la web y al día siguiente me rectifiqué. Sí, es cierto; por los breves tiempos que teníamos, simplemente pedí a mi secretaría que buscara en internet Conafín Afisa y el fideicomiso del Fondes. Me dijeron que aparecen. Lo que aparece -y lo dije hoy en mi primera intervencióndentro del balance de Conafín Afisa es un resumen de los estados contables que administra, y entre ellos, en la nota 12.5 -si no me equivoco, pues lo estoy diciendo de memoria- está el fideicomiso del Fondes. Quiere decir que, si bien no está colgado todo el informe con su auditoría correspondiente, sí aparece en las notas de Conafín Afisa. También dijimos -se recordaba en sala- que estaba en poder de los directores de la CND, porque son los mismos que de Conafín Afisa. Lamen-tablemente, el señor diputado Goñi Reyes no terminó el mandato en la CND en 2013, por lo que no pudo ver ese informe; debe haber visto el informe de 2012. Por último, se me aludió con respecto a que en la Comisión Preinvestigadora centré mi informe en si era procedente o no la investigación, pero se leyó fundamentalmente una parte. Lástima que no se leyó el resto donde, por ejemplo, digo que el señor diputado preopinante me atribuyó el reconocimiento de la entidad y seriedad de su origen. Dije exactamente lo contrario. Dije que, sin entrar a considerarlo, había otros dos elementos. Luego, en las páginas 55 a 57, o sea en casi tres páginas, hago una intervención con respecto al fondo de la cuestión y repaso las presuntas denuncias del señor diputado
Goñi Reyes. No voy a darles lectura porque no tenemos tiempo. Son dos páginas y media hablando del tema de Venezuela, del artículo 27 al que hoy hacíamos referencia, de los artículos 1º y 3º del Decreto Ley Nº 341. Quiere decir que entramos al fondo del tema y, por lo tanto, no eludimos la cuestión y nos manifestamos en el sentido de que no hay condiciones necesarias para votar una Comisión Investigadora. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Óscar Andrade Lallana. SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).-Señor presidente: mi primera convicción es que no vamos a dar la derecha a nadie en cuanto a transparencia. Soy oriundo de Villa Felicidad, un pueblo chico. Cada vez que allí hubo campañas electorales, se abrían clubes como si fueran hongos. Y en el bar 1º de Julio, donde nos juntábamos a truquear, apenas se abría un club la consulta que hacíamos era cuál era el motivo. En algunos casos era conseguir el teléfono; en otros, jubilarse. Conozco casos de vecinos que en las elecciones conseguían la jubilación a pesar de no haber aportado al BPS ni un día de su vida. En otros casos pedían unas chapas y unos viajes de balasto, un préstamo, un cargo público para un familiar, el hijo, el cuñado, el hijo del cuñado, el amigo del cuñado, el primo, el sobrino o el novio de la hija. Esa circunstancia no se daba solo en Villa Felicidad, en mi pueblo chico, sino a lo largo y ancho del país. Después, uno se iba enterando de que no sucedían hechos de estas características solamente cuando había elecciones, sino que inundaban la actividad pública formas clientelares. Hubo que esperar mucho para que llegara el ingreso por concurso y mayor cristalinidad en el manejo de la información del Estado. No daría la sesión para informar acerca de normativas que se han incorporado en el último período y que atienden este problema, que era congénito. Es más; en las tertulias del bar 1º de Julio llegábamos a decir: “No se coloca una columna en el este del país sin que falten bolsas de portland al lado de la columna que se coloca”. En fin; esta es una batalla por la transparencia de la que debemos hacernos cargo, como una batalla profunda de la sociedad. Es una batalla en que nos van a encontrar del lado de la transparencia y la información.
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Yo no voy a decir que hay un circo porque un circo tiene payasos y trapecistas. Además, a un circo uno va a divertirse. Y el manejo de este tema en nada se parece a una cosa que divierte. Se han paseado por todos los medios de comunicación diciendo durante semanas: “corrupción”, “irregularidades”, “sospecha”, “miren que”, “lobby”, “se maneja”, lo que implica una forma de hacer política distinta de aquella en la que uno cree. (Ocupa la Presidencia el señor representante Constante Mendiondo) ——Y se sigue generalizando en la corrupción, colocando esa idea en las redes. Una forma y un camino que se eligió para debatir el tema es este. Un viejo compañero, que era herrero, me decía: “Te tiran una bolsa de basura arriba y después te podés limpiar, pero algo de olor queda”. ¿Se hace sin responsabilidad política? Yo creo que un manejo de tal irresponsabilidad no se hace sin responsabilidad política Si fundáramos el club de amigos del Fondes, parece que todos somos amigos del Fondes. Parece que todos somos fervientes partidarios del Fondes, de la autogestión y de los préstamos. ¿Y por qué demoró tanto el Fondes? ¿Por qué hubo que llegar al Gobierno del Frente Amplio para que se establecieran espacios financieros que atendieran la economía social? Está cantado que el Uruguay no nació en 2005 y menos en 2010, cuando se votó la modificación de la Carta Orgánica del Banco de la República en la Cámara de Representantes, y no con los votos de todos. Hoy todos somos partidarios fervientes del Fondes. Parece que el Fondes es la luz que ilumina los caminos y le decimos a la barra: “Mire, barra, acá todos somos hinchas fanáticos del Fondo para el Desarrollo para las empresas autogestionadas”. Yo creo que hay un concepto central, que es la defensa del trabajo, que se maltrata. Hay legisladores que estuvieron diciendo: “Hay empresas, como Cerámicas Olmos, que tienen dificultades”. Sin embargo, podrían decir: “Es la misma empresa que está abierta desde julio de 2013, que aportó más de US$ 4.000.000 al BPS, al Banco de Seguros del Estado, a la DGI, a UTE, a Antel y a OSE, es decir, al Estado. ¡Qué bueno que es ese emprendimiento!”, claro, con dificultades. Estaría bueno que los legisladores que hablaban así de ese emprendimiento cooperativo, el autogestionario más grande del país,
se hubiesen pegado una vuelta, aunque fuera una vez, después de la peripecia que tuvieron esos compañeros durante tres años para poder reabrir la unidad productiva. También hubiese sido bueno que se preguntaran alguna vez qué pasaba con la empresa antes y cuánto se tragó antes de que fuera autogestionada. Parece que la lupa grande y fina está solo en la empresa autogestionada. Supongo que no existe la misma preocupación, por ejemplo, para saber qué pasa cuando se otorga una exoneración impositiva a una empresa en el marco de la ley de inversiones o para una zona franca. En ese caso no está el mismo cuidado y la preocupación para ver si el último detalle de la norma se cumple o no; no se está en lo más fino, en la sutileza, en el milímetro del cuidado, pero si es autogestionada, sí. Si se trata de una cooperativa debemos hacer todos los controles de punta a punta, desde los ambientales hasta los laborales, de acá y de allá. Todos recibimos la denuncia con sorpresa por la forma, porque primero se conoció por la prensa, sin coordinar con nadie y, después, sin presentar nada contundente. Se presentó como la gran noticia lo de Pressur y todo el mundo lo sabe desde hace un año y pico; está en la Justicia. Se presentó como la gran novedad que se aporta a este debate: la novedad de las novedades. No parece serio que nos manejemos así en la discusión política. Las grandes acusaciones fueron que se exportó a Venezuela US$ 449.000.000 en 2013 y US$ 413.000.000 en 2014. Si el que exporta es sospechoso, la primera empresa debería ser Conaprole. ¿Cuánto exportan a Venezuela las empresas autogestionadas? Alrededor del 3 %. ¿No preocupa el 97 % restante de las exportaciones? Parecería que existe una cosa perversa, un demonio rojo que convoca al socialismo, mala palabra para algunos, pero otros, sin vergüenza, defendemos esa perspectiva histórica sin que se nos caiga nada. Una de las grandes acusaciones en esta discusión ha sido: “Se exporta a Venezuela: ¡qué peligro!”. Miremos la exportación de lácteos, de quesos, y también de carne, ya que el 4,5 % de las exportaciones en 2013 y en 2014 fueron para Venezuela. Ese no puede ser un aspecto central. También se dice que Fondes sí, pero se acusa de que cerraron tres de los treinta emprendimientos.
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Entonces, parecería ser que hay que prestar a una empresa autogestionada si genera la garantía absoluta de que nunca cerrará. Si esto fuera así, no se le podría prestar a nadie. Si la condición para prestar a una empresa es que jure que en ninguna hipótesis, en ninguna circunstancia histórica tendrá dificultades, no habría préstamos para nadie. Entonces, no pueden ser motivo de sospecha algunos de los emprendimientos que tenían las dificultades que tenían y por las cuales generamos el Fondes; porque, entre otras cosas, generamos el Fondes por esos emprendimientos de economía social. Quiero recordar qué se decía con respecto a este proyecto en esta Cámara y en el Senado, donde se aprobó por unanimidad. No pasó lo mismo en diputados, unos días después. El segundo argumento, que parece muy pesado, es que alguna empresa cierra. Si es así, tendríamos que echar abajo la ley de inversiones o poner bajo sospecha a quienes determinan o definen si un emprendimiento entra o no en el marco de la ley de inversiones porque termina cerrando. No parece sensato esgrimir esta segunda gran bandera que se ha presentado como una acusación. Por otra parte, al parecer el Fondes no rechaza proyectos. Sin embargo, se han rechazado decenas, pero la impresión que se da es que uno llega al Fondes, golpea y, se traiga lo que se traiga, se recibe apoyo. Hemos participado juntos en la Comisión de Legislación del Trabajo en cuanto a proyectos que no han tenido el aval del Fondes porque se declaró que no eran viables. Entonces, se da esta impresión, por ignorancia -porque quizá no se conozca el Fondes- o con mala intención de parte de quienes conocen que hay criterios que provocaron que decenas de proyectos que han pedido el apoyo al Fondo han sido rechazados. Algunos casos nos generaron mucho dolor, porque es lo primero que tiene que doler: que haya gente que esté sin changa. Pero si hay proyectos que son inviables, se les ha dicho: “No, no camina”. Ahora: se pide certeza total -no olvidemos que somos un país pequeño, periférico, con una economía extremadamente globalizada, en el que los intereses de los grupos económicos son cada vez más duros y pesados- y se exige al Fondes que tenga los mecanismos de control para el cumplimiento pleno de cada normativa. ¡Eso es imposible! A ver: parece que
se quisiera mecanismos para garantizar desde el Fondes el cumplimiento pleno de cada normativa en todo minuto y segundo en materia de salud laboral, medioambiental, etcétera. Todos acá sabemos que eso no es posible para el Fondes ni para el Banco de la República. Se toman grandes líneas generales y, después, colocar la discusión en términos de que el Fondes es el principal contaminante del río Santa Lucía solo se puede entender a partir de una comprensión profundamente errónea de esta discusión. Hace poco, Lula estuvo en Uruguay y nos decía que, en general, hay una tendencia a creer que las inversiones sociales, que potencian el trabajo, la salud y la educación, son gastos, pero cuando se otorgan exoneraciones tributarias -¡a veces necesarias!- a grandes emprendimientos económicos, son inversiones. La empresa Mac, fabricante de transformadores, cerró en 2000, pero después los trabajadores formaron una cooperativa. Los trabajadores se presentaron a una licitación en UTE y la perdieron con una empresa española por US$ 3.000. Es decir, lo más probable era que UTE cobrara más de luz, pero nunca se reparó en la pérdida de puestos de trabajo. Si habremos tenido en su momento una mirada muy poco comprometida con el trabajo, con los trabajadores, por más que ahora los saludemos y digamos “¡Viva los trabajadores”! Ahora, eso sí, como exportan a Venezuela es un problema. No lo son Conaprole, Claldy ni las grandes empresas. El problema es la empresa autogestionada que exporta a Venezuela. ¡Y eso provoca sospechas de delito! Si hablamos de rankings, Uruguay está muy bien ubicado en términos de transparencia, ya que según la misma información del denunciante está colocado… Pero, bueno, el que se precipita, se precipita, y creo que no hace bien a la cultura política que debemos tener en esta Cámara la forma en que se instaló este tema. Se instaló de la peor forma posible, generando sospechas de todo el mundo. Y con el debate ocurrió lo mismo. Hay cosas que podemos aceptar y otras que no, pero no vamos a aceptar que se llegue al límite de decir que quienes no voten van a ser cómplices de corrupción. ¡Aflojemos el pingo al insulto! Venimos con todo respeto a defender ideas. Entiendo que está bien que alguien me diga: “Yo por este camino, no” o “Polemicemos sobre la gestión”. Es
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excelente que se polemice sobre la gestión. En ese sentido, saludo lo que dijo el señor diputado Lafluf Hebeich cuando afirmó que se trata de problemas históricos -si los hay, habrá que discutirlo- porque, en todo caso, estamos buscando construir, en términos jurídicos, herramientas que sean un impulso para el desarrollo económico del Uruguay, sembrando una banca de desarrollo no solo para la economía autogestionaria, para los emprendimientos cooperativos, sino para las pequeñas y medianas empresas, que tienen pocos lugares a los que recurrir porque la banca internacional termina prestando a quien no precisa, ya que funcionan en forma inversamente proporcional a las necesidades de desarrollo del país. Tampoco nos podemos timbear las condiciones financieras porque los trabajadores, no los banqueros, atravesamos lo que atravesamos, cuando se timbearon la regulación del sistema financiero. Voy a acompañar el planteo de la compañera diputada Bottino y del diputado Asti, en primer lugar por su seriedad. Creo que hubo un planteo serio y uno que no lo fue, entre otras cosas porque lo que se buscó fue más, mucho más exposición mediática que debate fraterno entre legisladores que, en todo caso, tenemos que dar más señales de consenso. En segundo término, no voy a votar la creación de esta Comisión Investigadora porque estoy seguro de que el Frente Amplio es garantía de información y de transparencia. No la vamos a votar porque es un instrumento desproporcionado en virtud de la información que se colocó sobre la mesa. Cebar un mate frío está mal, pero no por eso voy a agarrar a puñaladas a quien lo cebó. La creación de una Comisión Investigadora no parece una medida proporcionada que, además, de la forma en que se presentó nos expuso a todos. Parte de la acusación es al lobby sindical; al parecer, trabajadores organizados para pelear una reapertura es negativo porque sí, pero poco se habla del lobby empresarial, de los banqueros. Estos lobbies no molestan y no son negativos, y vaya si existieron, y existen. No vamos a votar el pedido de instalación de esta Comisión Investigadora porque no hay mérito ni información que agregue algo, pero además porque se planteó de una forma que flaco favor le hace a la mejor tradición política del Uruguay.
Seguramente algunos resuman poniendo de un lado de la franja a los defensores de la integridad y, del otro, a los cómplices de las irregularidades. Una mayoría modificó la Carta Orgánica del Banco de la República y estableció la posibilidad jurídica del Fondes. Ser mayoría es una construcción democrática. No creo que la mayoría sea un accidente; un accidente es un tropezón y nadie tropezó con una urna. Hablamos de una mayoría política que expresó su voluntad política, y eso se volvió a plebiscitar hace poco. A propósito de transparencia, habrá que seguir construyendo. El Frente Amplio es socio para construir en términos de transparencia, cristalinidad e información, pero sobre todo en perspectivas de trabajo. Sobre mi mesa tengo dos tazas: una está hecha por los compañeros -es de máxima calidad-, pero la que usamos en la Cámara está fabricada en Argentina. Quizás en algún momento haya en el Palacio Legislativo tazas producidas por trabajadores que batallaron tanto para construir una perspectiva de trabajo digno. SEÑOR PLACERES (Daniel).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR PLACERES (Daniel).-Señor presidente: el señor diputado Andrade Lallana ponía la lógica en el término exacto de la discusión que hay que dar. Recién escuchaba al señor diputado Lafluf Hebeich. Me acuerdo cuando me encontré con él en Fray Bentos por el tema del corned beef. Había un centenar de mujeres detrás de un trabajo, pero no tenían salida. Me invitó a tomar un café. Fue en la Intendencia y no en un boliche; lo aclaro para que mañana no digan que fuimos con el diputado Lafluf Hebeich a tomar a un boliche. Lo cuento para que veamos lo que es el sentido nacionalista; no del Partido Nacional, sino nacionalista como defensa del pueblo nacional que precisa trabajo. En esa no le damos la derecha a nadie: nosotros somos profundamente nacionalistas y patriotas en cuanto a defender las fuentes de trabajo de los orientales y de las orientalas.
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Como decía, fuimos con el ahora diputado Lafluf Hebeich a tomar un café y sacamos adelante una idea que no era de autogestión; la autogestión era lo primero que podíamos ensayar, pero luego surgió una empresa privada que se hizo cargo. Pero si el exintendente no hubiese tenido esa idea y nosotros no la hubiésemos apoyado, esas mujeres que estaban trabajando ahí se nos caían. Así es todo en la autogestión. De la crisis del noventa Uruguay salió con acuerdos políticos. Yo vengo de la crisis del noventa, cuando a las once y cuarto de la mañana nos cerraron la fábrica. Todos los trabajadores y las trabajadoras que están acá vienen de esas situaciones; no vienen del país de las maravillas, sino de una demanda porque la visión de mercado se cayó, y el juego es para unos pocos, no para unos tantos. Nuestro país está buscando un rumbo de distribución de riqueza; no sé si a eso se le llama socialismo, no sé si son las velitas del socialismo, pero peleamos por la socialización del capital que está hiperconcentrado, no solo en Uruguay, sino en el planeta. Y así el mundo no va, porque se está matando a la gallina de los huevos de oro, que son el mercado y los que consumen. Mi análisis busca poner en relieve lo que decía el compañero diputado Andrade Lallana. Fondes versus no Fondes. ¿Qué representaría para este país? Citando la teoría de Darwin diré que, en un plano evolutivo, en 2005 hubo que recuperar empresas. En 2005 no se hablaba ni de autogestión; era la recuperación exacta de empleo para cantidad de uruguayos y de uruguayas que necesitaban trabajar. Yo vengo de una generación no tan vieja, que en 2000 hacía cola en Carlos María Ramírez y Yáñez Pinzón con las bandejitas que nos daba el Estado, porque nos juntábamos a inventar cosas para comer. (Ocupa la Presidencia el señor representante Pablo Abdala) ——Entonces, cuando en 2005 asume el Frente Amplio, larga una política de recuperación de empresas. Ahí nacen algunas; otras ya habían nacido. Yo estoy contento y orgulloso de haber hablado con el intendente de Tacuarembó, pariente del compañero diputado Ezquerra Alonso. ¿Saben por qué? Porque una noche, a las dos de la mañana estábamos
resolviendo cómo mantener el laburo de la gente de Caorsi. Decíamos: “El intendente es el papa: la Junta Departamental puede votar que la Intendencia conceda el bien con una garantía para que la gente siga trabajando”. Estuvimos toda la noche explicando y hablando con él. Luego encomendó a la Junta Departamental de Tacuarembó que votara y él accedió a ceder aquel bien mueble. Ese bien, Molinos Caorsi, es de la Intendencia de Tacuarembó, que lo cedió en comodato a los trabajadores. Fue un gesto de alguien que no piensa igual que yo, y que no tiene por qué hacerlo. No debe pensar igual que yo, porque si acá todos pensáramos igual, ¿cuál sería el rumbo claro? No nos pelearíamos; ni vendríamos, porque al Parlamento venimos a parlamentar, pero está el problema de la acción: cómo transformar la palabra en acción. Este tema no tiene que ver con las velitas del socialismo. Para nosotros el Fondes es un tema de identidad ideológica. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Andrade Lallana. SEÑOR ANDRADE Presidente… LALLANA (Óscar).-Señor
SEÑOR PLACERES (Daniel).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR PLACERES (Daniel).- El Fondes, estimados diputados y estimadas diputadas, es el resultado de la aplicación de una política pública. No es una situación de mercado. Les digo a todos los que sueñan que el mercado manda, que en la política del año 2000 no mandó; se nos esfumó. Entonces, una inversión estatal minimiza o anula el efecto de la falla y corrige eventuales problemas que se puedan producir en la sociedad. En este caso, las empresas beneficiarias del Fondes no son atendidas por el sistema financiero tradicional, lo que implica una falla del mercado que algunos aman. Pero creo que están equivocados: a ese mercado hay que ponerle gente. El mercado solo, no vive, no sobrevive. El mercado no tiene respuestas
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para este tipo de empresas. Por lo tanto, el Estado genera las políticas públicas correspondientes. Lo importante en materia de políticas públicas es el concepto de adicionalidad. Aquí todos han utilizado palabras difíciles; hasta escuché hablar de ocultismo; yo hablo de adicionalidad. La Academia define adicionalidades como el diferencial que surge de analizar la situación política versus la situación sin política. Hay que resaltar esto porque muchos creen que sin políticas uno puede conducir el Estado. Quizás lo quieran conducir con empresas de comunicación o agencias de publicidad, pero nosotros, todos, debemos seguir reivindicando que el Estado se maneje con políticas, no sin políticas. En sus operaciones, el Fondes involucró a tres mil trabajadores en forma directa; no tendré en cuenta a los que involucró en forma indirecta. Considerando además que el seguro de paro por trabajador es en promedio de US$ 700 por mes, si en cuatro años, que es el tiempo que lleva operando el Fondes, estos tres mil trabajadores hubiesen recibido seguro de paro, la erogación mensual del Estado habría sido de US$ 2.100.000. Si eso se multiplica por cuarenta y ocho, nos da un resultado cercano a los US$ 100.000.000. Hasta con esa visión estratégica, de adicionalidad, el Fondes ha tenido certeza. Vale consignar que no solamente cuenta lo que el Estado no gastó por los eventuales seguros de paro: las empresas en cuestión han realizado aportes a la seguridad social y, en algunos casos, no solo hubo aporte obrero, sino también patronal. No sé si los diputados y las diputadas saben que la autogestión es un marco en el que no está en discusión la forma jurídica. La forma jurídica es la que nos permite caminar en esta sociedad que hoy sigue siendo capitalista. También han aportado lo relativo al Impuesto al Valor Agregado, no solamente por la producción, sino también por el consumo. Todos los trabajadores de las empresas asistidas por el Fondes tienen salarios superiores a lo que sería un ingreso promedio de seguro de paro. Por lo tanto, consumen más, aportan más, pagan más IVA. Existen casos en los que pagan IRPF. Por esta vía existe un aporte al Estado, que de encontrarse estos trabajadores en el seguro de paro no recibiría. En consecuencia, estimados diputados y estimadas diputadas, así como existe la intención de
analizar el alcance y los beneficios del Fondes, es necesario incorporar una dimensión de carácter adicional. ¿Cuánto habría costado el no Fondes? ¿Cuánto? Uno se tendría que hacer esa pregunta y ahí nos empezaríamos a sincerar y decir realmente que el Parlamento está buscando un rumbo de encuentro. Me congratulo de que hoy estén acá varios de mis compañeros. ¿Saben qué? ¡Yo no vengo al Parlamento de un zapallo o de una sandía! Vengo de un movimiento de autogestión. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Ha culminado el tiempo de que dispone, señor diputado. Puede continuar el señor diputado Andrade Lallana. SEÑOR ANDRADE Presidente… LALLANA (Óscar).-Señor
SEÑOR PLACERES (Daniel).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR PLACERES (Daniel).-Señor presidente: como decía, me congratulo de que estén presentes todos mis compañeros y todas mis compañeras de ruta. Además, ¡me congratulo con este Parlamento! Yo no soy de demonizar al patrón y al obrero. Han querido demonizar la autogestión, que va solo con los trabajadores, ¡y eso es mentira! ¡Es mentira! La autogestión, en la medida en que crece, tiene relación con la microempresa, con la empresa nacional. Vayan y vean atrás del Cerro la fábrica que se está haciendo. ¡Vayan! ¡Salgan! ¡Accionen! No nos quedemos solamente en este espacio. Este es nuestro espacio de debate, pero tenemos que tener un espacio de acción; hay que visualizar cuál es. Muchos piensan que nosotros hemos estado conduciendo el taller del Negro Pocho, que arregla bicicletas. ¡Es mentira! Acá, detrás de todo esto, hay una identidad ideológica y molesta, porque las empresas empezaron a ser grandes y están en manos de trabajadores que se organizan en forma colectiva. ¡Y no estoy en contra del buen empresario! ¡Que siga siendo buen empresario! Pero tenemos que estar en contra de aquellos que durante décadas han estrangulado a ese
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Banco de la República, que por suerte es nuestro y existe. El Fondes, en todo caso, viene a constituir una ruta al apoyo social que varios de los uruguayos y las uruguayas encuentran en el crédito social del Banco de la República. ¡El Fondes no viene del Espíritu Santo! Hoy están presentes muchos productores de pollos a façon -y no por un tema de lobby- que me plantearon una reunión para conversar sobre el mercado venezolano. Quisiera comenzar diciendo que no tomemos por iluso el planteo de que Venezuela es la autogestión. Yo hice el siguiente análisis. En cinco años, Conaprole facturó US$ 510.000.000 con Venezuela; ¡es riesgoso el mercado venezolano! En cinco años, Calcar facturó US$ 197.000.000; Pili, US$ 173.000.000; Ecolat -que hoy está cerrada, pero no por el mercado venezolano-, US$ 115.000.000. Pero les voy a dar otra noticia, para que vean lo riesgoso que es el mercado venezolano: JBS, que es la segunda empresa de alimentación a nivel mundial, se instaló en Venezuela. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Ha culminado el tiempo de que disponía el señor diputado Placeres y también el del señor diputado Andrade Lallana. Tiene la palabra el señor diputado Olaizola. SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).-Señor presidente: hemos escuchado con atención todas las opiniones vertidas hasta el momento en sala respecto a la gestión del Fondo para el Desarrollo durante estos años. Hemos escuchado con atención la diversidad de argumentos que se han planteado, de todo tipo, a favor y en contra del régimen en general y de algunas situaciones en particular que ha abarcado. Hubiéramos preferido que esta sesión, que todos sabemos cómo va a terminar, culminara con la formación de la Comisión Investigadora. ¿Por qué decimos esto? Porque nos parece que la Comisión Preinvestigadora, como se ha dicho varias veces en el correr de esta tarde y de esta noche, está para sentar las bases de la Comisión Investigadora. A nuestro juicio, las pruebas se aportan en el ámbito de la Comisión Investigadora y no de la Preinvestigadora. Es una lástima que esa instancia legislativa no llegue a crearse. Creemos que lo ideal sería crear un ámbito
adecuado para hablar sobre lo que estamos debatiendo en sala. Podría hacerse con más tranquilidad, con más elementos, analizando los casos en concreto, con otros tiempos y sin tantas pasiones. También se ha hablado de los instrumentos de apoyo a las empresas en dificultades. Hace muchos años vivimos aquella feliz iniciativa que tuvo Wilson Ferreira Aldunate, cuando propuso la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Después, esa Corporación recogió algo del planteo original de Wilson, pero tomó otros caminos, con los cuales no siempre estuvimos de acuerdo. Sin embargo, estaba claro que la inspiración de Wilson Ferreira Aldunate para crear esa institución fue el apoyo a empresas y emprendimientos en problemas. En aquel momento, Wilson lo planteó muy sólidamente, tal como era su actitud. Uruguay necesitaba una institución que apoyara a empresas en problemas y a emprendimientos productivos que lo necesitaran. El Estado no tenía un organismo de esas características, que tanto se necesitaba para afrontar ese tipo de situaciones. De modo que creemos que hay antecedentes en la materia, y por eso saludamos los nuevos instrumentos jurídicos que puedan surgir para atender este tipo de situaciones. Nos parece que esta Comisión Investigadora, que no va a salir, constituiría un buen ámbito para que se trataran algunos casos que dejan dudas. Hace unos días estaba analizando el caso de la eximprenta Pressur, de Nueva Helvecia, que es una cooperativa de nueve integrantes, a la que se apoyó con US$ 6.000.000. El exdueño agarró la mitad -US$ 3.000.000- y liberó una garantía hipotecaria con un banco. Me pregunto si ese es el cometido del Fondes; yo creo que no. Y pienso que sería bastante generalizada la opinión de que no es ese el cometido. Por ese motivo, sería saludable que esta noche en sala votáramos que se creara esa Comisión, que pudiera trabajar con tiempo y llegar a conclusiones. Seguramente, habría distintas posiciones, pero hubiera aportado a todos los integrantes de este Cuerpo una visión más amplia, con más fundamento, y en otra instancia parlamentaria de la Cámara hubiéramos tenido la posibilidad de tratar las distintas visiones que surgieran de esa Comisión.
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Ese es nuestro deseo; no va a cuajar, pero queríamos dejar sentada nuestra posición con respecto al tema. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO (Eduardo).-Señor presidente: en términos generales, nosotros podemos decir que estamos a favor de la instalación de Comisiones Investigadoras que se soliciten con fundamento. Creo que eso le hace mucho bien al país, a la credibilidad política, porque se transparenta la actuación de las instituciones públicas en el manejo de los fondos que entre todos aportamos. Pero en este caso tenemos algunas diferencias sustanciales, no tanto con la forma -que también puede haber tenido algunas insuficiencias-, sino con las razones y los fundamentos que sustentan este pedido de constitución de la Comisión. Asimismo, mantenemos diferencias de fondo con algunos aspectos que se han planteado en defensa de la otra posición. En particular, hay dos elementos centrales que no nos hacen acompañar este pedido. Uno de ellos es que prácticamente de la mayor parte de la argumentación se desprende que se trata de medir el resultado de empresas gestionadas y recuperadas con una lógica salvajemente capitalista, y eso no funciona así. Además, se toma como elemento negativo que en nuestros planteos se trasunte la ideología, pero eso no es malo, al contrario, es muy bueno y lo malo es ocultarlo. Cada planteo que aquí se hace tiene un fundamento ideológico acerca de cómo concebimos el mundo, las relaciones entre los hombres y cómo se para cada uno en el lugar de la sociedad en que le toca estar. Sí, nosotros hacemos un planteo desde el punto de vista ideológico. Tan ideológico es que así como se mide con la lupa el resultado de las empresas que gestionan los trabajadores, de ninguna manera se cuestiona un subsidio a la cerveza millonario en dólares. Además, cuando hace unos día se discutió el tema del IRPF, quedé yo solo cuestionando el salvaje subsidio a la inversión extranjera a través de la ley de inversiones que permite todo; y ¡vaya si genera un subsidio de US$ 10.000.000.000 a las empresas multinacionales!, como dijo el exministro Lorenzo. Por lo tanto, nos parece que el pedido está mal encaminado. Hay algunos aspectos que nos generan
dudas y, como dijo el diputado Lafluf Hebeich, capaz que en otra instancia, con un planteo hecho de otra manera y con un tema más concreto, se pueda avanzar en cuanto a crear comisiones investigadoras, porque la transparencia no está bendecida. El ejemplo más cercano es el de Pluna, entre tantos otros. La transparencia no ha sido patrimonio de quien hoy gobierna. Hace unos días, cuando discutíamos el IRPF escuché que como el Frente Amplio había ganado de vuelta una elección, parece que eso implica decir amén a todo lo que venga y nada se puede cuestionar, discutir ni poner en tela de juicio. Si fuera así, la vieja izquierda tendría que haberse sumado al Partido Colorado, que gobernó durante 90 años el país; sin embargo, porfiadamente aquella izquierda mantuvo en alto sus banderas y siguió peleando por un proyecto distinto. El otro aspecto que nos hace alejar de esta iniciativa, es que parte central de la argumentación estuvo vinculada a que había negocios con Venezuela. En sala se ha abundado en ese tema. Es más, hasta defendiendo la no instalación de la Comisión Investigadora se habló de la volatilidad del mercado venezolano. ¿Qué podemos destacar de Venezuela con respecto a Uruguay? Su generosidad, su solidaridad y su criterio enteramente latinoamericanista. Yo me pregunto, ¿es malo que Venezuela le compre toda la producción a alguna cooperativa? En todo caso lo que es malo es que el gobierno uruguayo, en un plan de promoción, de protección y desarrollo a las empresas gestionadas, no genere el mercado necesario en el país mismo. ¿O no se precisan cubiertas en Uruguay? Obviamente, el cuestionamiento a la venta a Venezuela tiene un fundamento ideológico, no nos asustamos y no rehuimos el debate. No obstante, lejos de parecernos mal, más bien que nos acerca al mundo en el que queremos vivir, a la América Latina que queremos construir. Asimismo, vamos a hacer una referencia desde otro ángulo. Hoy se cumplen tres años de la desaparición física del compañero Helios Sarthou, abogado de indiscutible nivel y, sobre todo, militante, que integró el Parlamento como diputado y senador. Fue un gran luchador por la transparencia, la honestidad y por hacer de la política una herramienta inseparable de la ética. Hoy temprano presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la transparencia, con la voluntad de investigar y conocer
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la verdad, que propone la anulación de la ley de impunidad, homenajeando al compañero Helios Sarthou, que fue un paladín de la lucha por la verdad, la justicia y la transparencia. En definitiva, no vamos a acompañar el planteo que hizo el Partido Nacional, a través del diputado Rodrigo Goñi Reyes, para instalar una Comisión investigadora con estos fundamentos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado José Querejeta. SEÑOR QUEREJETA (José).-Señor presidente: hago mías las palabras de los diputados Bottino y Asti, que hicieron un informe muy contundente. El planteo del diputado denunciante no fue serio. Simplemente construyó un relato para los medios de prensa en base a cuatro puntos que no tienen ninguna ilicitud ni irregularidad. Los compañeros lo dejaron todo plasmado en el informe, al igual que los demás compañeros diputados que hicieron uso de la palabra. Celebro que ahora sean todos amigos del Fondes, como dijo el diputado Andrade Lallana. Eso me parece bárbaro. También hago mías las palabras del diputado Lafluf Hebeich cuando dijo que ojalá hace veinticinco años hubiera habido un Fondes. Eso lo sabemos muy bien quienes venimos del mundo cooperativo, ya que tuvimos que lidiar con no poder ingresar al sistema financiero porque nos pedían garantías que no teníamos, pues los movimientos cooperativos solo cuentan con su fuerza de trabajo. No es casualidad que el Fondes haya venido con un gobierno del Frente Amplio. Es cierto lo que se dice del espíritu que movió a Wilson Ferreira a crear la CND, pero no quiero ir para atrás y analizar qué hizo ese organismo. Hemos hecho referencia a empresas grandes o recuperadas. Suponemos que la coyuntura de recuperar empresas va a pasar, pero el mundo de la economía social y solidaria es mucho más amplio que eso. Este debate es el preámbulo a la discusión del proyecto de ley del Fondes y celebro que aparentemente será aprobado, ya que todos estamos a favor de él. Tendremos aportes y correcciones para hacer, pero aparentemente será aprobado y desde ya lo celebramos.
Lo que hay en el fondo de la discusión es que, cuando los emprendimientos autogestionados o de la economía social empiezan a tomar posición en el mercado, está en juego la distribución de la riqueza de otra manera, y este es un punto medular. Por eso no se creó antes el Fondes. Voy a dar un ejemplo concreto con datos. Hace un rato pregunté al señor diputado Andrade Lallana cuánto de las empresas constructoras va al bolsillo de los trabajadores. En ese sentido, tuvimos una experiencia con la Intendencia de Paysandú -el intendente era Bentos- y con ingenieros de OSE. En aquel momento, con el Mides de Paysandú armamos una cooperativa social —era compleja— para hacer obras de saneamiento cash. Nadie la quería, pero la cooperativa tuvo un resultado espectacular; los ingenieros de OSE y la gente de Paysandú quedaron locos de la vida. En ese caso, el 80 % va al bolsillo de los trabajadores, y estoy hablando de una cooperativa social que gana el laudo. Nosotros armamos un sistema distinto, más práctico y más rápido. En realidad, hacíamos las obras para los vecinos de más rápidamente, ya que se trataba de una contratación directa. Y eso trajo una consecuencia: las empresas privadas que hacían obras de saneamiento empezaron a bajar los precios que cobraban a OSE porque en el mercado había ingresado una cooperativa social, una empresa autogestionada en la que no existía la plusvalía. Esa es la discusión que tiene encerrada el Fondes: la distribución de la riqueza. También hay otro tema relacionado con los fracasos de estos emprendimientos. En Uruguay, todos fuimos formados para ser asalariados o estudiantes universitarios, pero no emprendedores. El emprendedurismo se aprendía a golpes, en la calle, o lo llevaba adelante alguno que era un poco más osado. Y ese es un tema cultural que hay que empezar a revertir. Como dije al principio, creo que el planteo del denunciante no fue serio, pero celebro que ahora todos seamos amigos del Fondes. SEÑORA SANTALLA (Mercedes).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR QUEREJETA (José).- Sí, señora diputada.
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SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir la señora diputada. SEÑORA SANTALLA (Mercedes).- Señor presidente: llegamos a una instancia más en la que se busca poner al Fondes sobre la mesa como foco mediático, como símbolo de insustentabilidad e incompetencia, y hasta se insinúan supuestos delictivos. Nosotros decimos que no es así. Somos claros: el Fondes es una herramienta social, cultural y económica que llegó para quedarse, y como tal la vamos a defender, porque estamos convencidos de ello. El Fondes es una herramienta que genera cultura, la cultura de la autogestión, la de trabajar con y para el colectivo. De esa forma, todos los trabajadores de un proyecto autogestionado son propietarios y controladores de la fuente laboral y la unidad productiva. Asimismo, el Fondes es una herramienta social que genera soberanía en la decisión de la masa de trabajadores como actores sociales y comunitarios. Además, otorga independencia y pensamiento, unido al de sus pares en la búsqueda de una justicia social verdadera. El Fondes también es una herramienta económica de autodeterminación que otorga garantías a los trabajadores y los potencia como actores económicos de un país que cada vez más piensa en la redistribución de la riqueza. Por eso los cometidos del Fondes están claros: “Dar asistencia y soporte financiero a proyectos productivos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo, en particular aquellos que por el tipo de producto o actividad aporten a la comunidad y, fundamentalmente, los que incrementen la productividad de los factores de la empresa promoviendo la concreción de los lineamientos estratégicos definidos por el Gabinete de Desarrollo Productivo”. En esta sesión se habló de un emprendimiento autogestionado por los trabajadores que se llevó a cabo en Colonia, y quiero hacer mención a ese tema como legisladora de ese departamento. Se trata de la empresa Pressur, que desde 2011 se encuentra bajo gestión de sus trabajadores. Desde la oposición se dijo que los US$ 6.000.000 que el Fondes transfirió a Pressur fueron para pagar cuentas del antiguo dueño, cuestión que, en todo caso, es una verdad a medias. Sí existieron problemas por los que se debió cubrir
boletas adeudadas por la anterior gestión, pero no es cierto que los recursos obtenidos se hayan agotado en este concepto ni mucho menos, lo que revela claramente, quizás, el más complejo de los desafíos, que es el de controlar, y no solo el uso del dinero sino el destino final de los fondos. Sobre este punto quisiera hacer otra consideración. En el plenario se habló de la mala gestión que se ha realizado y, en ese sentido, quiero decir que es lógico que en un proceso complejo no todo sea color de rosa. Sin duda, reconocemos problemas de funcionamiento, lo que seguimos atentamente. La bancada legislativa que integro, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, está trabajando y analizando la forma que se dará a la nueva ley del Fondes en cuanto a la modalidad de trabajo. En ese sentido, quiero decir que luego de la etapa a la que hice mención, relativa a las formas administrativas de los cooperativistas, la actual gestión de los trabajadores de la empresa mencionada debió enfrentar problemas mayores relativos a la gestión de la empresa y a los mercados a los que le vendía la mercadería. Además, la barrera comercial con la vecina República Argentina también hizo mella ante la situación de cierre, aunque no fue determinante. En esta sala se hizo referencia a un expediente del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado. En realidad, se trata de un presumario en desarrollo que está en la Justicia Penal, y nosotros, como legisladores, no tenemos competencia en esa área. Por lo tanto, debemos esperar para conocer su resultado. Como dije, se trata de un expediente judicial en trámite, que es un proceso independiente a los asuntos parlamentarios y, por tanto, no corresponde que emitamos opinión al respecto. Asimismo, debo decir que no hay algún tipo de irresponsabilidad atado a la transferencia de la empresa, ya que el Banco de la República cuenta con las garantías necesarias para cobrarse el total del monto del préstamo, debido a que tiene los títulos de los bienes inmobiliarios del anterior propietario de la empresa. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Querejeta.
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SEÑORA SANTALLA (Mercedes).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR QUEREJETA (José).- Sí, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede interrumpir la señora diputada. SEÑORA SANTALLA (Mercedes).- Actualmente, el Banco de la República dispuso un embargo y se apronta a rematar los campos y las propiedades del anterior propietario de la firma, así como la unidad productiva constituida en la maquinaria de Pressur. Todo ello se hará con el único objetivo de proceder al cobro de lo adeudado. También debo decir que los cooperativistas se encuentran trabajando incesantemente para acordar con el BROU una fórmula que les permita seguir trabajando, conquistando nuevos mercados y produciendo como al principio. A eso se debe nuestro respaldo total y absoluto a la gestión de los obreros en quienes, sin cegarse ante la realidad adversa, primaron las ganas y la necesidad de salir adelante. Por ese motivo, siempre hemos estado con ellos. No hay que olvidar que esos casi cien trabajadores -no nueve, como se ha dicho en esta sala- no atraviesan esta situación porque quieren sino porque la realidad los golpeó duro. Aun así, el mensaje de la autogestión cala hondo en nuestro pensamiento. Preferimos continuar por ese camino, rumbo al socialismo de la mano de la masa obrera organizada y no volver al pasado bajo recetas neoliberales que estigmatizan y sancionan el actuar colectivo. Por esa razón, señor presidente, los fantasmas que se levantan hoy solo tienen un cometido: tirar por el suelo la utilización de una herramienta formidable para el desarrollo de nuestras sociedades. También se escuchan voces que se hacen las enfurecidas porque, circunstancialmente, un proyecto enmarcado en el Uruguay Productivo se encuentra con problemas en su desarrollo, problemas gestados por el andar de una idea que toma como base a los trabajadores organizados en empresas autogestionarias. Esas voces son las mismas que callaban cuando a fines de la década del noventa y principios del año 2000 se beneficiaba en forma sistemática a connotados empresarios, que se acostumbraron a sobrevivir artificialmente gracias a las prebendas del Banco de
la República. Una casta de empresarios ricos con empresas fundidas, sociedades enfermas y trabajadores en la calle fue lo que generó la política crediticia en aquellos años. Los colonienses lo recordamos bien; el apellido Soloducho todavía resuena en nuestros oídos, como las cientos de voces de desempleados de la vieja Sudamtex. Hoy queremos que esta forma de ver y de cambiar la realidad se afiance para que juntos podamos seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Pensamos que distraer la actividad parlamentaria con la creación de una Comisión Investigadora cuando se está en pleno tratamiento de un proyecto de ley sobre el Fondes entorpece el proceso. Por eso, no daremos nuestro voto para que se cree esa Comisión Investigadora Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Querejeta. SEÑOR QUEREJETA (José).- He concluido, señor presidente.
13.- Licencias Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley N° 17.827: De la señora Representante Graciela Matiauda, por el día 1° de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro Brause.” ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:)
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“Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, GRACIELA MATIAUDA Representante por Canelones”. “Montevideo, 1° de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe, Luis Pintado, le informo que por ésta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside por el día 1° del corriente mes y año. Luis Pintado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Canelones, Graciela Matiauda. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Luis Eduardo Pintado Sabini. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Canelones, Graciela Matiauda, por el día 1 de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Luis Eduardo Pintado Sabini.
3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Alejandro Brause. Sala de la Comisión, 1° de junio de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”.
14.- Actividades realizadas FONDES desde su (Designación de una Investigadora)
por el creación. Comisión
——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).-Señor presidente: por más que uno quiera, a esta altura del día resulta difícil centrarse en el tema que nos ha convocado, que es si corresponde o no constituir una Comisión Investigadora. Quisiera evitar hacer referencias, pero no me gusta cuando se imputan, en forma general, defensas a empresarios ni ataques a trabajadores, o viceversa, o cuando se discute si se persigue un fin mediático. Lo relativo a la vela del socialismo fue dicho por el expresidente de la República, actual senador Mujica. Estoy de acuerdo con que hay contenidos ideológicos, a los que me voy a referir previamente, porque después me centraré en lo relativo a la Comisión Investigadora. Nos desparramamos demasiado. Nadie venía hoy a discutir aquí si somos amigos o enemigos del Fondes. Ya se dijo todo. Yo no hablo para las barras, no hablo para las masas; lo que pretendo es construir ciudadanía. Toda mi vida traté de ayudar a construir ciudadanía, y la construcción de ciudadanía no se hace con las masas sino con seres pensantes. Con respecto a la vela del socialismo, no tengo más remedio que hacer una referencia ideológica: el socialismo utópico ya lo pasamos; se están comiendo el socialismo científico. El problema es que hay que conciliar, que fue en lo que fracasó la
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justicia social -si alguien quiere seguir en esa línea, bien; yo no-, con el lugar que ocupa la justicia social frente a la libertad y a la democracia. En el desarrollo de la humanidad, en la historia de la humanidad -si a nadie le cayó un ladrillo del muro de Berlín en la cabeza y todavía puede razonar-, en realidad primero están la libertad, la democracia y la República, y la justicia social está en el mismo nivel, pero no por encima. Leí todos esos discursos y los defendí, pero sesenta años después me doy cuenta de que quienes eran los emprendedores y quienes administraban las empresas del Estado y defendían todo lo que se defendía -saben a qué me refiero: casi a la mitad del mundo; en el caso de América Latina, a Cuba-, se hicieron dueños de esas empresas. Entonces, vuelvo a decir algo -no sé si ya lo manifesté en sala- que expreso, con total honestidad, cuando los medios de comunicación me preguntan por qué los setenta y seis hombres más ricos del mundo son rusos, o por qué las grandes mafias están en Rusia. Porque se discurseó demasiado, se hizo demasiado por los obreros -todos estamos de acuerdo-, pero se dejaron de lado la libertad, la democracia, la cristalinidad y los controles. Y quien osaba levantar una voz en contra, si se salvaba, pasaba algunos años en Siberia. Cuando estudio la historia reconozco que Stalin fue un gran colaborador para detener a Hitler, pero también fue uno de los más grandes genocidas. En consecuencia, vamos a defender lo que nosotros sabemos tener: un sistema de Estado social de derecho en el que a través de la movilidad social todos podemos, con esfuerzo y sacrificio, llegar a los niveles que tuvo Uruguay siempre. Fuimos muy modestos y lo seguimos siendo. (Murmullos) ——Acá se cometió un error muy grave, de fondo. Tuve la gran satisfacción de ser alumna del doctor Korzeniak antes de la dictadura -a él lo echaron, no como sucedió con otros, que llegaron a Grado 4 y Grado 5 durante la dictadura; a él no lo dejaron pasar de Grado 2- y tengo un libro autografiado de él, hecho a mimeógrafo. Ahora traje otro, porque está más claro. Además, Joselo -como le decimos sus exalumnos y sus compañeros de bancada de otras épocas-, al que siempre recurríamos… (Interrupciones)
——Voy a verdad es instancias. sola, como
pedir a la Mesa que solicite respeto; la que es increíble pedir respeto en estas Pero no se preocupe, porque me cuido digo siempre.
SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Pedimos a la Cámara que guarde silencio y preste el debido respeto y atención a quien está haciendo uso de la palabra. Puede continuar la señora diputada Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Gracias, señor presidente. Me estoy refiriendo a uno de los grandes constitucionalistas, que era abogado y no empresario, a quien contrataron de otros países de América Latina para redactar sus Constituciones. Diría que una de las causas de su vida jurídica fue el tema de las comisiones investigadoras parlamentarias. No sé si es sabido, pero el doctor Korzeniak se recibió en el año 1958, en esas épocas en las que la Universidad de la República no estaba en el lugar 632, como está hoy, en cuanto a la calidad de los saberes -era de las universidades que se destacaban en el mundo; desde Europa y Latinoamérica venían a estudiar aquí-, y se necesitaba hacer una tesis para recibirse. La tesis de Joselo -perdóneseme que lo llame así, pero es la forma en la que me refiero a él- fue sobre las comisiones investigadoras parlamentarias. Ese es el origen del libro, que se hizo a mimeógrafo, porque él era muy generoso y nunca ganaba un peso con los libros que se hacían con sus apuntes. Todos los estudiantes estudiábamos de sus libros, porque era el profesor de Derecho Constitucional de primer año, sobre todo de los que hacíamos notariado. En este libro -lo recomiendo a todos los que crean que en el Uruguay solo los empresarios hicieron derecho-, Jiménez de Aréchaga, hijo de otro de los grandes Jiménez de Aréchaga, le dedicó una carta en el año 1978, reconociendo sus valores y solidarizándose con él, porque fue destituido por la dictadura. O sea que Jiménez de Aréchaga tampoco estuvo de acuerdo con la dictadura. En consecuencia, en función de que conozco el derrotero de Joselo, porque he trabajado con él en el Parlamento, quiero centrarme en lo que es una comisión investigadora, ya que ese era el tema a tratar.
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La consagración en una norma de lo que siempre fue su construcción doctrinaria -porque no había ley-, la Ley N° 16.698, del año 1995, fue una de las rabietas que José Luis Korzeniak se agarró, porque era muy telegráfica. Joselo daba mucho más contenido a las comisiones investigadoras. Como sabemos todos los que somos abogados, cuando el texto de la ley no es claro hay que ir al espíritu y -ni qué hablar- a las doctrinas más recibidas. Y la única doctrina más recibida que hay sobre las comisiones investigadoras es la construcción doctrinaria de José Luis Korzeniak. Él decía -no los voy a aburrir leyendo; había marcado un texto para hacerlo pero nos desviamos en muchas otras cosasque lo único que tenía que analizar la Comisión Preinvestigadora era -lo digo en forma textual- la sospecha o presunción. Solamente eso. En ningún momento José Luis Korzeniak dice que en la Comisión Preinvestigadora hay que agregar pruebas, por una razón muy sencilla: las pruebas deben ser obtenidas por la Comisión Investigadora, con todo el poder del ciudadano que tiene poder legislativo. Tal era la posición del doctor Korzeniak -lean todo el libro-, que él hace referencia, inclusive, a los poderes difusos. Él era partidario de poner en una ley que los particulares tenían que venir de las narices; eso lo decía en confianza y no lo escribía así. La ley debía determinar que si el Parlamento decidía que particulares tenían que venir como testigos, debían hacerlo. Por supuesto, así tenían que hacerlo todas las autoridades públicas y, sobre todo, centradas en el Poder Legislativo. Él tenía un límite: el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que se regula con sus propias normas; pero da todo el control al Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacemos para que venga gente a traernos datos? Hay mucha gente que se anima a ir a una Comisión Investigadora -que, inclusive, puede ser declarada reservada- y que no se anima ir a la Justicia Penal. Hay muchos funcionarios públicos que, sentaditos en el Parlamento -y haciendo los secretarios rapidito los informes; si lo habré hecho varias veces, que ni los leen y te los firman con tal de cumplir-, no contestan lo que se les pregunta o buscan eufemismos para no contestar la realidad. De lo contrario, tengo que llegar a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene cada vez menos valor. No me refiero solo a la opinión pública porque, obviamente, no estamos bien considerados; me refiero a nosotros
mismos. Somos soberanía.
los
únicos
depositarios
de
la
Si quieren, podemos hablar de mayorías, aunque no voy a decir si son circunstanciales o no. Sin embargo, quien les habla tiene sobre sus espaldas, por la Lista 404, a nivel nacional, 485.000 votos, y en Montevideo, 70.000 votos. Por lo tanto, a algunos representamos. También podría decir que la mayoría absoluta actual de la fuerza de Gobierno son 2.400 votos. ¡Ni se me ocurre! Me di cuenta el otro día porque lo dijo Bottinelli. Basta que sea un solo voto para que sea legítima. Yo voy a defender hasta la última gota de mi sangre el derecho a que las mayorías gobiernen, pero también voy a defender hasta la última gota de mi sangre que las minorías podamos decir lo que sentimos y basarnos en las normas. Para el doctor Korzeniak y para la ley -aunque a él no le gustaba nada- solamente hay que tener en cuenta las irregularidades o ilicitudes y no presentar prueba. Voy a dar un ejemplo, aunque no me gusta ir para atrás, pero enseño Historia. En 1990 -ya que siempre van a la misma década-, a pedido del Frente Amplio, se votó -fuerza política que estaba en el Parlamento y a la que yo pertenecía- la Comisión Investigadora por la desaparición de Elena Quinteros, y empezó la investigación con el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. No quiero hacer referencia a ningún partido político al que haya pertenecido. No quiero que se sienta aludido el Partido Colorado porque ya sabemos que en la dictadura estuvimos los que estábamos en contra y los que estaban a favor que, en general, ya sabemos quiénes fueron. El doctor Juan Carlos Blanco fue preso en 1998. Fue el primero de toda la saga de los que fueron presos después. ¡Qué artículo 4º ni artículo 4º de la ley de caducidad! Se empezó con la Comisión Investigadora que se votó. Sinceramente, debo decir que no vi nunca lo que estuvo pasando durante estos diez años durante los que, por norma, no se votan Comisiones Investigadoras. ¡Debería ser al contrario! Por norma, tendrían que votarse las Comisiones Investigadoras. Eso era lo que se hacía. Si no había nada que ocultar, no había problemas. Reitero: el doctor Juan Carlos Blanco cayó preso en 1998.
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Voy a hablar de una persona que nadie recuerda en este país: la escribana y abogada Rosario Flores, funcionaria de la Cancillería. No sé a quién vota, pero fue compañera mía de la Facultad. Nunca pregunté a mis compañeros y amigos qué votaban sino qué hacían. En plena dictadura -tuvo que trabajar, como muchos de nosotros-, ella puso en su protocolo el famoso documento que permitió la condena del doctor Juan Carlos Blanco. Con puño y letra, era “Opción A: entregar a la mujer”, “Opción B: no entregar a la mujer”; esto refería a Elena Quinteros. Actualmente, la doctora Rosario Flores está en las Naciones Unidas de embajadora y siempre le rindo homenaje porque ¡había que animarse en la dictadura a hacer eso! Lo que ponemos los escribanos en el protocolo queda para siempre y pasa por la Suprema Corte de Justicia. La doctora Rosario Flores trajo ese documento a la Comisión Investigadora, y me consta. En consecuencia, en este caso sobran elementos para que la Preinvestigadora decida la conformación de una Comisión Investigadora. El primero que llamó la atención de que se estaban haciendo las cosas mal con la plata del Fondes -no somos estúpidos- fue el nuevo Poder Ejecutivo. ¿O yo vi mal cuando el señor presidente de la República, el señor ministro de Economía y Finanzas y el señor director de Planeamiento y Presupuesto fueron corriendo a la sede central del PIT-CNT porque se querían morir por todas las cosas que encontraron? Lo dijeron ellos. Lo último que voy a decir es que, hasta la semana pasada, el señor presidente de la República dijo que estaba realmente sorprendido por el desajuste institucional -creo que soy casi textual- que encontró en el Estado. Por lo tanto, sobraban elementos para que la Comisión Preinvestigadora decidiera la conformación de una Comisión Investigadora. Quedará en la triste historia de los últimos años del Parlamento uruguayo que no se quiere investigar por color político. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).-Señor presidente: quiero comenzar la primera parte de mi intervención afirmando que hay algunas preguntas que se hicieron y que no se respondieron. ¿Por qué motivo se activó un mecanismo formal de
conformación de una Comisión Preinvestigadora sin haberse coordinado con los partidos políticos, como es de estilo, y con una operación de prensa montada? ¿Cómo se procedió a desencadenar ese proceso si ni siquiera se contaba con tiempo para sustanciar en las 48 horas de establecida legalmente la Comisión Preinvestigadora los fundamentos que se aducía tener? ¿Cómo es que en el planteo del señor diputado denunciante hay un desplazamiento casi imperceptible pero evidente -en esta sesión- desde la hipótesis de hechos irregulares o de manejos inadecuados hacia aseveraciones sobre corrupción? Eso se hizo reiteradamente, según lo que surge de la versión taquigráfica de la Comisión Preinvestigadora y de lo que escuchamos en sala. ¿Por qué se dice que no se esperan los plazos establecidos para contestar los pedidos de informes que el propio señor legislador solicitó? ¿Cómo se puede hablar a la ligera de falta de información institucional respecto al Fondes cuando la OPP respondió, en los plazos establecidos, los pedidos de informes del señor diputado Goñi Reyes y del señor senador Bordaberry, y también la solicitud de acceso a la información pública del diario El País? En definitiva, estas preguntas -que no fueron respondidas en sala- son las que me llevan a votar con convicción el proyecto de resolución que surge del informe en mayoría, elaborado por la compañera diputada Bottino y el compañero diputado Asti. Quiero decir algunas cosas más que tienen que ver con el debate que se dio en sala durante esta jornada. Algunos señores diputados dijeron aquí que defienden el concepto y la instrumentación del Fondo para el Desarrollo. Pero se omitió de forma sistemática la referencia al balance social de los proyectos. Se omitió la referencia a los más de mil quinientos puestos de trabajo generados, a los procesos de desarrollo local y a la integración de cadenas productivas que posibilitó este fondo. Es decir, se ha omitido de forma sistemática todo lo relacionado con la esencia misma de las finalidades de este proyecto. Si estamos debatiendo una pretendida investigación sobre el uso de un fondo que se sostiene, que es bueno y necesario, y se omite de forma recurrente y sistemática la alusión a todas sus finalidades y a todas sus bondades, es porque no se lo quiere demasiado. Estoy convencido -en esta sesión
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más aún— de que hay una operación políticomediática destinada a desacreditar una herramienta de desarrollo productivo y social… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE Discúlpeme, señor diputado. (Pablo Abdala).-
Solicitamos a la Cámara que guarde silencio y escuche con respeto al orador. El señor diputado Civila López está cerrando la lista de oradores, pero merece el mismo respeto que quienes hablaron con anterioridad. Por lo tanto, pido esa consideración. Puede continuar, señor diputado. SEÑOR CIVILA LÓPEZ gracias, señor presidente. (Gonzalo).Muchas
Si miramos los números de los años anteriores advertimos que son parecidos y podemos presumir que los datos posteriores también lo son. Eso, que es producto de políticas que han implementado gobiernos anteriores y también el nuestro, y que en más de un caso han sido aprobadas por el Parlamento, no se propone como objeto de investigación de ninguna Comisión ni está bajo la lupa de la discusión de todos los días de los diputados de la oposición. Y se trata de mucho más dinero del que se ha destinado al Fondes. Si nosotros con el Fondes le prendimos una velita al socialismo, con esos $ 25.000.000.000 por año, ¿le prendemos un reflector al capitalismo? ¡Realmente es impresionante! Lo hacemos porque utilizamos distintos tipos de instrumentos en el entendido de que nos permiten generar trabajo y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente; todos esos instrumentos merecen ser evaluados, y no solamente algunos. Merecen ser evaluados en una discusión seria y no pretendiendo deslegitimarlos a partir de supuestas denuncias de corrupción, de malversación de fondos o de mal uso, porque no tienen un fundamento que se pueda sustanciar en una prueba concreta. Si fuera por los montos de dinero, uno esperaría a que primero se titulara y se pidieran informes sobre todas esas otras cosas antes que del Fondes. La operación mediático-política de la que hablo se puede comprobar; implicó por parte de algunos un debate constructivo sobre la evaluación, el mejoramiento y la institucionalización de una herramienta como el Fondes para instalar la idea de que se trata de algo oscuro, espurio, discrecional, propio de esos amigos que parece que tenemos los frenteamplistas que no saben gestionar ni llevar adelante un emprendimiento productivo; en definitiva, para algunos, esos son los trabajadores de nuestro país. Nadie se remonta a lo que el capital fundió; nadie se pregunta cuáles son las condiciones de las que parten los trabajadores que intentan inventar algo nuevo o con el apoyo del Estado dar viabilidad a algunos emprendimientos en un mercado muy hostil. La operación político-mediática es evidente si uno mira los titulares de los diarios. El 26 de marzo, El País titulaba que Vázquez auditará el Fondes de Mujica y el uso de US$ 50.000.000. Esa
Decía que estoy convencido de que hay una operación político-mediática destinada a desacreditar una herramienta de desarrollo productivo y social frente al conjunto de nuestro pueblo, porque aquí hay un presupuesto no asumido ni explícito de que financiar este tipo de proyectos es tirar la plata por el caño. Lo digo porque no he escuchado a dirigentes que han hablado con insistencia sobre este tema, referirse a las empresas de capital fundidas luego de que el Estado le hubiera dado cuantiosos apoyos ni a las condiciones de las que han partido varios de estos emprendimientos. Me refiero a empresas fundidas por capitalistas, no por sus trabajadores. Esa deslegitimación selectiva no tiene que ver con montos de dinero. No es que acá se ponga bajo la lupa lo que representa mucho dinero público y se omita lo que representa poco gasto o poco dinero público. Estuve revisando información de la DGI sobre la estimación del gasto tributario en Uruguay entre los años 2010 y 2012. Esos datos nos dicen que la estimación de ese gasto, la renuncia fiscal que hace el Estado para promover proyectos productivos, por ejemplo en el año 2012, es de alrededor de $ 10.000.000.000 por razones de exoneración de IRAE, zonas francas y la ley de promoción de inversiones; por exoneraciones al IRPF al capital, categoría 1, es de casi $ 5.000.000.000; por exoneraciones al patrimonio, $ 10.000.000.000. Esto totaliza, aproximadamente, $ 25.000.000.000, o sea, alrededor de US$ 1.000.000.000.
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contraposición entre Fondes-Vázquez y FondesMujica que algunos mencionamos ridiculiza y caricaturiza una discusión que está dando nuestro Gobierno para mejorar e institucionalizar una política pública. La instalación de una supuesta polarización interna fue el origen de esta operación mediática. Y esa polarización, así montada, estuvo fogoneada por algunos actores políticos de la oposición y por los medios de prensa dominantes en el país. No es que Vázquez fuera a auditar el Fondes-Mujica, es que hay una auditoría prevista porque eso es lo que corresponde al mecanismo del fiduciario existente para manejar los dineros de este fondo. Repito: no es que Vázquez fuera a auditar el Fondes de Mujica; esa caricaturización que hicieron los medios, que no responde a la realidad, era parte de la operación que hoy tiene un componente en esta discusión. Otro de los títulos era que el Gobierno admitió que el organismo dejará de financiar empresas fundidas. ¿Quién se planteó alguna vez financiar una empresa fundida de antemano? En todo caso estábamos financiando un emprendimiento que buscaba reflotar algo que se había fundido, no financiando empresas fundidas. Eso no quiere decir que se tenga la garantía de que una empresa no se va a fundir en el futuro, porque esa garantía, como ya se dijo, no la puede dar nadie en el mercado capitalista. Ese mismo día, El Observador titulaba que el MPP prometía dar batalla en el Parlamento por nuevo Fondes. De nuevo aparece la instalación de una polarización interna, de un Fondes contra otro Fondes. Y esa misma polarización es a la que ahora hacen referencia algunos diputados de la oposición. ¿De dónde surgió todo esto? ¿Acaso los títulos de los diarios El País y El Observador los escribió alguno de los compañeros de la bancada del Frente Amplio o el Poder Ejecutivo? Yo digo que se busca deslegitimar una política heterodoxa, diferente, que intenta demostrar que hay otra forma posible de producir y de vivir. Ahora Venezuela es un mercado prohibido; ahora Venezuela es un mercado que deberíamos omitir si tuviéramos la racionalidad económica adecuada. Venezuela no está en el mapa de los países a los que se les puede vender algo, pero eso se aplica solamente a las empresas que han sido apoyadas por el Fondes, a todas las demás no, como bien se ha aclarado en sala.
También se nos dice que ni el expresidente Mujica ni nosotros podemos afirmar que cuando llevamos adelante una política pública aspiramos a perseguir un objetivo de transformación social, pero nosotros venimos a decir que sí aspiramos a transformar la sociedad. Si a alguno no le gusta que usemos el término socialismo, lo vamos a seguir usando igual porque creemos en esa visión del mundo y de la vida; creemos en la socialización de la economía y también en la socialización del poder. Que no se confunda: no le tememos a las Comisiones Investigadoras, sino que le tememos al mal uso de las herramientas parlamentarias, a los que pretenden que se instale una Comisión Investigadora sin tener un solo fundamento que se pueda sustanciar en cuanto a por qué se está proponiendo. Este es el fondo del debate de esta sesión.
Boaventura de Sousa Santos, en un libro que se titula “Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista”, dice que la función de las prácticas y el pensamiento emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible a través de la experimentación y de la reflexión acerca de alternativas que representen formas de sociedades más justas. A este concepto que plantea Boaventura de Sousa Santos yo agrego que la función del pensamiento conservador es deslegitimar esas alternativas. ¿Tildándolas de qué? Tildándolas de ideológicas -parece que la ideología es una mala palabra- y que nadie más tiene ideología; parece que los únicos que tenemos ideología somos los que sustentamos una visión de izquierda, de transformación social, que esas alternativas son discrecionales, para los amigos. Eso nos dicen quienes defienden un modo de producción en el que unos poquitos dominan y controlan todo, y los otros muchos viven de su trabajo. Lo nuestro es discrecional, y se trata de convencer a la mayoría de que esas alternativas no sirven. No hay nada más discrecional, más irracional, más destructivo desde el punto de vista productivo y social que el mercado capitalista. Y eso se investiga poco. Según cierto pensamiento político y social, hay que dejarlo jugar, hay que dejar que funcione solo. ¿Haciendo qué? Socializando pérdidas y privatizando ganancias, como siempre se ha sostenido en la práctica desde ese tipo de visión del mundo y de la vida.
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¡Claro! ¡Cómo los que hablan a través de estas operaciones políticas y mediáticas no van a decir esto! ¿Quiénes son los que hablan a través de esos títulos de El País y El Observador? Los sectores que quieren que los instrumentos de política pública estén al servicio de reproducir una estructura y una cultura en la cual solo sea posible una economía y una sociedad en las que ellos definan quién tiene empleo y quién no; quién vive y quién muere; quién acumula y quién vende su fuerza de trabajo para vivir. Además, el que vende su fuerza de trabajo para vivir, obviamente, deberá disciplinarse mirándose en el espejo de los que dominan y aspirar a ser como ellos porque también nos dicen que se puede, que cualquiera laburando se hace rico y que ese es el ideal de vida buena. Y eso nosotros también lo queremos discutir en este Parlamento, porque esto sí es profundamente ideológico, y permítaseme decirlo en colectivo, sin ninguna autorreferencia, porque no necesito ninguna autorreferencia a mi peripecia de vida ni a nada; en colectivo no pensamos a partir de una falsa dicotomía entre libertad y justicia social, porque no hay libertad sin justicia social ni justicia social sin libertad. Nosotros no somos presos de un trauma histórico. Aprendimos cosas de la implosión del denominado socialismo real, pero no apelamos a esa historia para resignarnos; vivimos en este capitalismo que condena al hambre a ochocientos millones de personas todos los años y no creemos que la historia se haya terminado ahí. No podemos creerlo. No nos permitimos creerlo. Y nosotros, tan socialistas como Joselo Korzeniak -que es socialista y que suscribiría cada una de estas palabras, no porque las diga yo sino porque es parte de una visión colectiva de la vida y del mundo-, exigidos por la realidad y por la necesidad de construir un futuro que nos permita vivir a todos y a todas, decimos que los trabajadores se pueden asociar para producir, que no es el capital el que crea el trabajo, sino que es el trabajo extraído el que conforma el capital. Nosotros decimos que hay trabajo sin capitalismo y que hay mucha más vida cuanto más trabajo sin capitalismo haya. Y que seguiremos impulsando, con convicción y responsabilidad, el desarrollo de iniciativas que prefiguren otro modo de construcción productiva y social, de iniciativas que, en definitiva, demuestren que esa alternativa es posible por más que se las
mire con lupa y se intente desacreditarlas, que es lo que se va a seguir haciendo. Eso es política con ideología, sí señor presidente, es política con ideología, pero antes que ideología es amor profundo a la humanidad. Nosotros amamos a la humanidad, la amamos en su globalidad, no a unos en contra de las mayorías. Esa nuestra visión de construcción social que también venimos a reivindicar en esta Cámara. SEÑOR BATTISTONI (Julio).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Sí, señor diputado. VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Pido la palabra para una aclaración! SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- La Mesa va a conceder, con posterioridad a que culmine el término del orador, las aclaraciones que sean solicitadas. En este momento, el diputado Civila López ha concedido una interrupción al diputado Battistoni que la Mesa reglamentariamente tiene la obligación de conceder. Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR BATTISTONI (Julio).-Señor presidente: seré breve, porque el diputado Civila López ha sido bastante sólido en los argumentos. Quiero empezar hablando de algo que se mencionó en el plenario: la justicia social. Como Frente Amplio estamos seguros de que la justicia social está basada en las oportunidades de trabajo para todo el mundo: crear, generar puestos de trabajo, tan sencillo como eso. Y en esto se basan el republicanismo y la democracia, que tratados como palabras escritas con mayúscula son grandes abstracciones, pero cuando comenzamos a ver modelos de democracia empieza a haber grandes diferencias. Como mencionó el diputado Civila López, en el escenario mediático político que se ha montado, los medios de comunicación juegan un rol muy importante, y nadie en esta Cámara es ingenuo con relación a que hay un vínculo político con los medios de comunicación. Yo estoy en la posición de la bancada del Frente Amplio respecto a no llevar adelante la Comisión Investigadora por la forma. Si hubiera sido por la forma, hasta me hubiese sentido un
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poco tentado por alguno de los argumentos que se expresaron en sala, como el relativo a la necesidad de evaluar para construir. Pero la forma en que se hizo, con un protagonismo bastante exacerbado, me hace ser reticente. Aun me hace más reticente a aceptar el pedido de crear una Comisión Investigadora el que se haya dado desde el inicio un marco adjetival en el cual no faltó la corrupción, la no transparencia, a pesar de que había una gran cantidad de informes enviados al Poder Ejecutivo que fueron respondidos. Es decir, realmente hay montado un escenario. Asimismo, me asombra que se ponga la lupa en una situación como esta, cuando se están destinando recursos públicos para apoyar emprendimientos obreros, de los trabajadores, lo cual implica una revolución cultural -como dijo muy bien la diputada Santalla- en el sentido de que estamos posibilitando la autogestión como una forma de crear unidades productivas para un nuevo país, en el cual el Frente Amplio también está trabajando para crear una matriz productiva sostenible, porque parece que tampoco asimilamos que podemos salir del modelo agroexportador. Entonces, es muy importante esa notoria desigualdad con que se pone la lupa cuando los recursos públicos son para apoyar emprendimientos obreros. Es clarísimo que hay una base ideológica; para el Frente Amplio es fundamental transitar estas experiencias, como se han transitado a nivel mundial grandes transformaciones sociales en base a hipótesis de cómo ordenar la sociedad, que si bien muchas veces fracasaron rotundamente, no quiere decir que los valores iniciales no sean atendibles. Yo quiero citar un ejemplo de desigualdad en cuanto a dónde se pone la lupa. Hace dos años votamos la Ley N° 18.846, sobre subsidio a la industria de la vestimenta. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo ha funcionado? Estoy de acuerdo, porque voté la ley. En ese subsidio estaban vinculados obreros y empresarios y, entre otras cosas, se hacía una gran regularización de la mano de obra no formal, concretamente, los talleres domiciliarios. Pero esto, que representó US$ 97.000.000, parecería que no merece análisis. Simplemente, señalaré otra vez que el Fondes es una herramienta de desarrollo, una herramienta
nueva para el país, y que en otros lugares, por ejemplo, el País Vasco, ha dado resultado. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Puede continuar el señor diputado Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- He concluido, señor presidente. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Este no es mi criterio, porque no terminamos más con las alusiones, ya que siempre nos sentimos aludidos, pero hay cosas que no me gustan a nivel personal por cómo actúo a nivel colectivo, y creo que de una buena vez hay que ponerlas sobre la mesa. Los buenos no están de un lado y los malos del otro. Eso quedó claro y la historia también lo demostró. Hay gente que piensa muy parecido respecto de muchas cosas, pero hay personas que somos más prolijas que otras y queremos que el republicanismo y la democracia no sean palabras grandilocuentes sino que efectivamente se ejerciten. No pensamos que las ideologías hayan muerto, para nada. Con la poca capacidad que tenemos, estamos desesperadamente buscando, leyendo cómo salir de este lío en el que estamos después que se cayó todo lo que se cayó. Esto lo he dicho varias veces. No es la primera vez que lo manifiesto, pero no me gusta que se diga que solamente la izquierda quiere a los pobres. Y los demás, ¿qué somos? ¿Somos la derecha? Porque si yo aplico el criterio originario de la Revolución Francesa, que es cuando surge este concepto, la derecha defiende el statu quo y la izquierda quiere los cambios. Entonces, me parece que estamos ante una muy complicada situación del sistema capitalista -ya lo he dicho varias veces; inclusive esto ha sido motivo de cierta chanza del diputado Mujica por mis opiniones a veces parecidas a las del diputado Rubio-, pero no creemos que las ideologías estén muertas. Ahora bien: les está saliendo mal lo de la solidaridad y lo de la equidad. ¡Les está saliendo mal! Cada vez que salen a la luz cifras oficiales…
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(Murmullos.- Interrupciones.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).-Señora diputada: por favor, diríjase a la Mesa así podremos terminar esta discusión como la hemos iniciado. Puede continuar la señora diputada Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Les está saliendo mal, señor presidente, porque cada vez que salen a luz las cifras oficiales advertimos que hay una tremenda concentración de la riqueza, y ni que hablar de la tierra, sobre todo en manos extranjeras en este proceso. Otro ejemplo: el 52 % de la población gana menos de $ 10.000 u $ 11.000; o sea que decimos que es una ventaja que la mayoría no paga IRPF… (Interrupciones.- Respuesta de la oradora) SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- ¡Por favor, no dialoguen señores diputados! Si alguien quiere responder a la señora diputada, puede anotarse para hacer una aclaración. Puede continuar la señora diputada Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¡Claro! ¡Si más de 600.000 trabajadores ganan menos de $ 28.000! Y hay una cosa que les está saliendo aun peor, que es por donde sí puede estar la solución en este mundo complicado en que vivimos, y es la enorme inequidad que hay en la educación. Lo dije y lo repetiré: en estos últimos años, el nuestro es el país de América Latina que ha profundizado la inequidad en el acceso a la educación pública de calidad. En consecuencia, ahí sí matamos a la gallina de los huevos de oro, que es la forma más democrática de movilidad social. Nada más, señor presidente. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PUIG (Luis).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- En la medida en que los señores diputados lo entiendan conveniente, la Mesa les exhorta a que, en lo posible, evitemos las alusiones personales, así podemos cumplir con lo que seguramente es el ánimo de la
Cámara, en el sentido de pasar a votar después de esta sesión de tantas horas de duración. Tiene la palabra el señor diputado Goñi Reyes. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).-Señor presidente: voy a contestar al señor diputado que se hacía algunas preguntas que para él no tenían respuesta. En primer lugar, quien quiere algo -lo ha demostrado la historia-: corrige cuando cree que las cosas están mal. Se ha demostrado que el buenismo -los que creen que ser bueno es no corregir, es callarse, permitir cualquier cosa- no funciona, y que termina en caos y en desastre. Y siempre los caos y los desastres -la historia también lo demuestra- los sufren los más pobres. Nadie sufre más los caos y los desórdenes que los más pobres. En segundo término, yo me enteré de todos estos episodios, que me llamaron la atención, por el semanario Brecha, al que no sé si también hay que denigrar; no sé si hay que matar al mensajero, porque se decía que estas cosas solamente aparecían en los diarios El País y El Observador. Confieso que la primera denuncia sobre las intermediaciones políticas del Fondes -creo que se puede averiguar e investigarla hizo el semanario Brecha; ya la leí y, por lo tanto, no la voy a repetir. En tercer lugar, naturalmente cada uno actúa de acuerdo con la experiencia que ha tenido en la vida. A mí me tocó recuperar muchas empresas, con varios cientos de trabajadores gritando. Nunca recuperé una empresa, y vi morir muchas por no gritar a tiempo. Es lo que prefiero y he asumido la responsabilidad sin ningún achique, y de ninguna manera me he sentido achicado en sala frente a las acusaciones de show mediático. Ante las denuncias de semanarios como Brecha -asistido por el Fondes-, tal como le decía ayer al periódico la diaria –perdone, señor presidente, que haga la autorreferencia-, sugerí a la Corporación Nacional para el Desarrollo que este formara una cooperativa, porque estaba fundido, y así se presentó. Yo dije: ¿por qué no se arma una cooperativa y así se puede diseñar un esquema? Anoche le recordaba esto al periodista de la diaria; debe estar en las actas de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y como tengo claras las cosas que he hecho y lo que trabajé para la reglamentación del fideicomiso del Fondes -que
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también debe estar en actas y muchos deben conocer dentro del propio Fondo-, lo que he hecho en estos tiempos, y por lo que muchos me han acusado de show mediático, es gritar. ¿Y saben por qué he gritado? Porque sigo sin que me hayan hecho llegar los informes que he pedido insistentemente, aun hoy. Todo lo que se dice que se ha informado no es relevante. La famosa auditoría que recibí el viernes en la tarde es sobre estados contables del Fondes y, además de ser información incompleta, creo que tiene errores importantes. No informan sobre lo que hemos pedido y lo que es relevante, que es ver todo el procedimiento de aprobación de préstamos, y no porque mi intención sea que no den préstamos, que se den menos préstamos o montos menores, sino que los préstamos y las asistencias que se hagan a través del Fondes se realicen correctamente. Hace treinta años que trabajo y sé que una asistencia mal dada implica frustración, pérdida de dinero y pérdida de energía. A mí no me cabe ninguna de las acusaciones en cuanto a que no queremos el Fondes. Creo que todo el Partido Nacional hoy se ha expresado a favor de esta herramienta. Lo que hemos querido con este pedido de Comisión Investigadora es que esa herramienta funcione bien, y para hacerlo le digo al señor diputado Civila López que necesariamente hay que corregir. Cuando no se corrige, es aseguro que se volverán a cometer los mismos errores. Y hoy, lamentablemente, hemos perdido la gran oportunidad de corregir los errores del Fondes -pido disculpas si he ofendido con el concepto de complicidad; no lo dije con el sentido penal, sino simbólico- y hemos perdido la oportunidad de hacernos responsables -cambio el término- de todos los errores que con seguridad va a cometer el Fondes si no se corrige lo que hemos planteado en esta Comisión Preinvestigadora. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado Puig para una aclaración. SEÑOR PUIG (Luis).-Señor presidente: a esta altura, uno no sabe muy bien cómo terminamos invocando a Stalin, al socialismo real y demás. Lo que sí queda claro es que la apuesta al Fondes que ha hecho el Frente Amplio, que hacen los
trabajadores adhesiones.
organizados, va despertando más
Yo creo que si uno analiza los diferentes fundamentos que se dieron en la tarde y en la noche de hoy en referencia a lo que representa el Fondes, tal vez tenga más adhesión que la que hubo cuando logramos votar en esta Cámara, no precisamente por unanimidad, el desarrollo de esta propuesta que nos parece muy importante. Pero yo pedí la palabra para una aclaración que no refiere al tema central. Como entiendo que es algo muy importante para los uruguayos, quiero advertir que se hizo una afirmación errónea en esta Cámara: se dijo que en 1998 se produjo el procesamiento del primer terrorista de Estado en este país. Eso no es cierto. El señor Juan Carlos Blanco tuvo cuatro años más de impunidad: fue procesado en octubre de 2002, como consecuencia de la acción de alguien que no se mencionó en esta sesión. Me refiero al recurso de amparo que Tota Quinteros presentó ante la Justicia contra el Ministerio de Defensa Nacional, que ocultaba la verdad. Digo esto porque no puede decirse que ese procesamiento fue consecuencia de la actuación de una comisión investigadora. Se retiró del archivo la causa penal a partir de una acción jurídica planteada por Tota Quinteros. Me parece que este Parlamento debería ser muy preciso y prolijo cuando se refiere a estos temas. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Si no se hace uso de la palabra, corresponde pasar a votar. Léase el proyecto de resolución presentado por la señora diputada Cecilia Bottino y el señor diputado Alfredo Asti en el informe en mayoría. (Se lee) ——Léase el proyecto de resolución presentado por el señor diputado Gerardo Amarilla en el informe en minoría. (Se lee) ——De acuerdo con el artículo 64 del Reglamento, se va a votar en primer lugar el proyecto de resolución del informe en mayoría. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y uno en ochenta y cuatro:
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Este proyecto de resolución es incompatible con el que figura en minoría, por lo cual no corresponde votarlo. (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)
——No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. (Es la hora 22 y 22)
Dr. PABLO ABDALA 1er. VICEPRESIDENTE
Sr. Juan Spinoglio Secretario Relator
Dra. Virginia Ortiz Secretaria Redactora
Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía
Dep. Legal N° 322.569/01
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