Número 3972

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NÚMERO 3972

MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2015

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
20ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES ALEJANDRO SÁNCHEZ (Presidente) Y CONSTANTE MENDIONDO (2do. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO

XLVIII LEGISLATURA

PRIMER PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Miércoles 17 de junio de 2015

Texto de la citación

Montevideo, 16 de junio de 2015. LA CÁM ARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión

ordinaria, mañana miércoles 17, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

– ORDEN DEL DÍA 1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVIII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- Fondo para el Desarrollo. (Creación). (Carp. 201/015). (Informado). Rep.166 y Anexo I

3º.- Prof. Clemente Estable. (Designación al Liceo Nº 73 del departamento de Montevideo). Rep. 1 y Anexo I (Carp. 30/015). (Informado). VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO Secretarios

Miércoles 17 de junio de 2015

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 5 4 y 6.- Exposiciones escritas …………………………………………………………………………………………………………. 9, 10 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 10 MEDIA HORA PREVIA 7.- Aniversario del natalicio de Francisco de Miranda y situación actual de la República Bolivariana de Venezuela — Exposición del señor Representante Facello ……………………………………………………………………………. 14 8.- Agradecimiento a impulsores de la vocación política y reflexiones sobre situación social en el país, en particular, en el departamento de Maldonado — Exposición de la señora Representante Arrieta ………………………………………………………………………… 15 9.- Trabas para otorgar exoneraciones del pago de peajes en el departamento de Paysandú — Exposición del señor Representante Verri ……………………………………………………………………………….. 16 10.- Preocupación por las consecuencias de un acuerdo entre Google, el Plan Ceibal y la ANEP — Exposición del señor Representante Battistoni …………………………………………………………………………. 17 11.- Avances educativos con el Plan Ceibal — Exposición del señor Representante Malán ……………………………………………………………………………… 19 12.- Precisiones acerca del delito de usurpación — Exposición del señor Representante Casaretto ………………………………………………………………………… 20 CUESTIONES DE ORDEN 13.14.16.17.14.15.Aplazamiento …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Integración de la Cámara……………………………………………………………………………………………………………. 21 Integración de Comisiones…………………………………………………………………………………………………………. 29 Intermedio …………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Licencias …………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Reiteración de pedidos de informes …………………………………………………………………………………………… 28 ORDEN DEL DÍA 18.- Fondo para el Desarrollo. (Creación) Antecedentes: Rep. N° 166, y Anexo I, de junio de 2015. Carp. N° 201 de 2015. Comisión de Hacienda. — En discusión general……………………………………………………………………………………………………………… 30

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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores Representantes: Felipe Algorta, Martín Álvarez, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, Vicente Amicone, Óscar Andrade, Sebastián Andújar, Saúl Aristimuño, José Andrés Arocena, Elisabeth Arrieta, Alfredo Asti, Mario Ayala, Mauricio Bacigalupi, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Guillermo Besozzi, Graciela Bianchi, Cecilia Bottino, Andrés Bozzano, Betiana Britos, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero, Germán Cardoso, Federico Casaretto, Lidia Chaves, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Martín Couto, Paulino Delsa, Walter De León, Óscar de los Santos, Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Ignacio Estrada, Wilson Ezquerra, Guillermo Facello, Nadina Fernández, Sebastián Ferrero, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Luis Gallo Cantera, Jorge Gandini, Pablo González, Rodrigo Goñi Reyes, Gustavo Guerrero, Aldo Lamorte, Nelson Larzábal, Martín Lema, Verónica Machado, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Washington Marzoa, Graciela Matiauda, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Sergio Mier, Edgardo Dionisio Mier Estades, Orquídea Minetti, Susana Montaner, Carlos Moreira, Gonzalo Mujica, Manuela Mutti, Julio Naumov, Juan José Olaizola, Nicolás Olivera, Néstor Otero, Mary Pacheco, Susana Pereyra, Carlos Pérez, Daniel Placeres, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Valentina Rapela, Carlos Reutor, Silvio Ríos Ferreira, Conrado Rodríguez, Gloria Rodríguez, Lucía Rodríguez, Edmundo Roselli, Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Víctor Semproni, Ilda Sironi, Washington Silvera, Heriberto Sosa, Jaime Mario Trobo, Jacqueline Ubal, Javier Umpiérrez, Sebastián Valdomir, Carlos Varela Nestier, Walter Verri, Stella Viel, Nicolás Viera, Tabaré Viera, José Francisco Yurramendi y Antonio Zoulamian. Con licencia: Pablo Abdala, Rubén Bacigalupe, Daniel Bianchi, Felipe Carballo, José Carlos Cardoso, Armando Castaingdebat, Álvaro Dastugue, Mario García, Macarena Gelman, Óscar Groba, Pablo Iturralde Viñas, Omar Lafluf, Andrés Lima, Amin Niffouri, Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Adrián Peña, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez, José Querejeta, Edgardo Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Nelson Rodríguez Servetto, Eduardo José Rubio, Berta Sanseverino, Mercedes Santalla, Martín Tierno y Carmelo Vidalín. Actúa en el Senado: Daniel Peña Fernández.

2.- Asuntos entrados
“Pliego N° 19 INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Hacienda se expide con un informe en mayoría y tres en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo. C/201/015 Se repartió con fecha 16 de junio PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Federico Casaretto solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a ASSE, relacionado con la presunta unificación en una unidad ejecutora, de los Hospitales de Maldonado y de San Carlos. C/246/015 El señor Representante Martín Lema solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, sobre las investigaciones administrativas realizadas durante el año 2015 conforme a los fallecimientos de pacientes en las Colonias Psiquiátricas Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi. C/247/015 Se cursaron con fecha 16 de junio PROYECTOS PRESENTADOS Los señores Representantes Guillermo Besozzi y Pablo Abdala presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican artículos del Código Penal, relativos a la privación de libertad, y al secuestro virtual. C/248/015 El señor Representante Aldo Lamorte presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 22 de la Ley Nº 18.331, de 7 de agosto de 2008, relativo al tratamiento de datos personales destinados a la actividad comercial o crediticia. C/249/015 A la Comisión de Constitución, Legislación General y Administración Códigos,

El señor Representante Luis Alfredo Fratti presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Maestro Julio César Rivero Bentos”, la Escuela Rural Nº 24, ubicada en el paraje “Cruz de Piedra”, departamento de Cerro Largo. C/250/015 A la Comisión de Educación y Cultura”.

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3.- Proyectos presentados
A) “PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SECUESTRO VIRTUAL. (Modificación del Código Penal). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 281 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 281. (Privación de libertad).- El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con 2 (dos) a 9 (nueve) años de penitenciaría. La pena será de 6 (seis) meses de prisión a 5 (cinco) años de penitenciaría, cuando el autor o copartícipe del hecho liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido”. Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 347 bis al Código Penal: “ARTÍCULO 347 bis. (Secuestro virtual).- El que con estratagemas o engaños artificiosos indujera en error a alguna persona generando en la víctima el temor de la privación de libertad propia o de tercera persona, será castigado con una pena de 18 (dieciocho) meses de prisión a 4 (cuatro) años de penitenciaría”. Montevideo, 16 de junio de 2015 GUILLERMO BESOZZI, Representante por Soriano, PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Tenemos que lamentar en nuestro país el avance de modelos delictivos que hasta no hace mucho tiempo ocurrían en otras latitudes. El secuestro real y virtual son delitos que estaban lejos de la realidad uruguaya pero, como hemos escuchado decir a las autoridades del Ministerio del Interior, se preveía que llegaran a nuestro territorio. Lo que antes ocurría en países donde el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas son moneda corriente, como Medellín, Colombia o algunas ciudades de México, en cualquier momento podría pasar en Uruguay. En principio se les seguiría vinculando a ambientes delictivos, luchas de bandas por control de venta de drogas, ajuste de cuentas, etc. Días pasados el Director Nacional de Policía Julio Guarteche expresó que “Sabemos que determinados delitos van a acontecer, lo que es difícil saber es la velocidad a la que se reproducirán y consolidarán,

además de trasladarse a otros sectores sociales no vinculados al delito” (El Observador, 29 de mayo de 2015). Esto ha generado en la sociedad, sin distinción de sectores sociales, alarma pública y, el acontecer de éstos delitos, aumenta realmente la inseguridad en la vida cotidiana de nuestro país. Desde el Parlamento estamos en la obligación de enviar señales claras a los ciudadanos que nos han elegido de que en Uruguay se vela por la seguridad de las personas. No debemos renunciar a cuidar uno de nuestros más preciados bienes, que es la posibilidad de vivir en paz. Nos podrán decir que vivimos en uno de los países más seguros de la región. Pero debemos compararnos con nosotros mismos, aspirar a que podamos salir tranquilos a la calle sin temor de que a uno mismo o a algún familiar lo puedan secuestrar. No es nuestro Uruguay, no somos así, no debemos dejar que ocurran en Uruguay delitos que afecten la libertad de las personas, ni la amenaza de que se secuestre a algún allegado a cambio de dinero. Sin desatender a las causas de las conductas delictivas (pobreza, educación deficiente, desocupación, falta de incentivo al trabajo, etc) debemos ponernos firmes en que las conductas delictivas se castiguen con severidad y con celeridad. Como legisladores nacionales debemos estar atentos no sólo en la evolución de los delitos sino también en actualizar constantemente nuestra legislación para atacar nuevas figuras delictivas desestimulando el aumento del delito. Hoy en Uruguay y sobretodo en las ciudades con mayor densidad de población, la “sensación” de inseguridad es tal que ya no solo se piensa y se tiene miedo de ser víctima de una rapiña, de un hurto o de un copamiento. Empezamos a hablar de secuestro o privación de libertad virtual. Lo rechazamos enfáticamente!!! Esto no debe pasar en mi país!!!! Debido a hechos de pública notoriedad acaecidos en los últimos días la población exige, principalmente de las autoridades del Ministerio del Interior, actuaciones inmediatas y con resultados concretos: mayor presencia policial, mayor prevención, mayor instrucción a sus funcionarios, dotarlos de más herramientas, etc. La gente está preocupada por el aumento de la violencia sobre las personas en la comisión de los delitos, y muy preocupada por su seguridad personal, así como la de sus familias.

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Proponemos la modificación del artículo 281 aumentando la pena del delito de privación de libertad estableciendo un mínimo de penitenciaría -dos añosy un máximo de 9 años. La modificación que proponemos persigue, por medio del aumento de la pena, especialmente de la pena mínima (ya que se establece un mínimo de penitenciaría por lo que no sería excarcelable) desestimular la comisión de este delito que, hoy en día, lamentablemente, vemos que se repite cada vez con mayor frecuencia. Proponemos también la creación de una nueva figura delictiva, secuestro virtual, que si bien hasta el momento se encuadraba en un delito de estafa, entendemos que debe ser tipificada especialmente, dado que el error al que se induce a la víctima tiene que ver con la privación de libertad e integridad física propia o de tercera persona allegada. El secuestro virtual, una nueva modalidad delictiva que se configura cuando una persona comunica a otra el secuestro o privación de libertad, en realidad, esa persona no ha sido privada de libertad sino que está incomunicada por algún motivo: perdió el celular, se encuentra en un lugar donde no hay señal, salió del país y la persona no lo sabe, etc. El delincuente, conociendo esta situación, se aprovecha de ella, generando en la víctima el temor de poner en riesgo la vida, suya propia o de una tercera persona, y así sacar algún provecho para sí o para un tercero. Si bien se trata de un delito de peligro, ya que en principio no causó ningún daño, entendemos que las condiciones en que se encuentra nuestra sociedad, la violencia reinante y hechos recientes, merecen un abordaje especial de este delito. Si bien como dijimos el daño no se concreta ya que no existe una persona privada de libertad, la situación de vulnerabilidad, el perjuicio, la angustia, el dolor, etc. que padece la víctima, la persona que recibe la llamada, la carta, el mail, es de tal gravedad que merece ser tutelada muy especialmente. El mensaje debe ser claro, la integridad y la libertad de las personas es nuestro más preciado bien y lo resguardaremos celosamente. A estos delincuentes les decimos: EN URUGUAY NO. Montevideo, 16 de junio de 2015 GUILLERMO BESOZZI, Representante por Soriano, PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo”.

“TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL O CREDITICIA. (Modificación del artículo 22 de la Ley Nº 18.331). PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Modifícase el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 18.331, de 7 de agosto de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 22.- Datos relativos a la actividad comercial o crediticia.- Queda expresamente autorizado el tratamiento de datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial, incluyendo aquéllos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor o en las circunstancias previstas en la presente ley, con la única excepción del Estado. Para el caso de las personas jurídicas, además de las circunstancias previstas en la presente ley, se permite el tratamiento de toda información autorizada por la normativa vigente”. Artículo 2º.- Modifícase el inciso segundo del artículo 22 de la Ley Nº 18.331, de 7 de agosto de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo podrán estar registrados por un plazo de tres años contados desde su incorporación. En caso que al vencimiento de dicho plazo la obligación permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al responsable de la base de datos, por única vez, su nuevo registro por otros tres años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de treinta días anteriores al vencimiento original. Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier medio, no podrán permanecer registradas, una vez que se haya efectuado la comunicación de la cancelación o extinción”. Montevideo, 16 de junio de 2015 ALDO LAMORTE, Representante por Canelones.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley Nº 18.331, de protección de datos personales y acción de habeas data, significó para el país un importante avance en materia de resguardo y garantía al derecho fundamental consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República, cual es el derecho a la privacidad y en su evolución doctrinal y jurisprudencial el derecho a la protección de datos personales. En efecto, y tal como ha establecido el Dr. Carlos Delpiazzo “frente a las posibilidades tecnológicas de conseguir un “ciudadano de cristal”, aparece la denominada libertad informática definida como “el derecho de disponer de la información personal, de preservar la propia identidad informática o, lo que es lo mismo, de consentir, controlar y rectificar los datos informativos concernientes a la propia personalidad; al derecho de informar y de ser informado se ha agregado el derecho de proteger la libertad de la información como un bien personal, que constituye un nuevo derecho fundamental, que tiene por finalidad el control que a cada uno de nosotros nos corresponde sobre la información que nos concierne 1 personalmente” , esta norma ha venido a facilitar desde el punto de vista subconstitucional un mecanismo ágil y efectivo para la protección pretendida. Sin embargo, en el artículo 22 de la misma y en sede de datos especialmente protegidos, se ha producido a juicio de este Diputado, una incongruencia de máxima importancia. En efecto, en la pretensión de garantía a datos que por su especial naturaleza requieren una mayor protección, se ha determinado ésta en beneficio de empresas particulares en detrimento de las personas, siendo precisamente el Estado quien vulnera los derechos de los ciudadanos en forma por demás improcedente, al entregar la información brindada al mismo para su inclusión en bases de datos particulares que efectúan informes de carácter comercial y crediticio que pueden implicar una exclusión social y económica para éstos. De esta forma el artículo 22 citado reza: “Datos relativos a la actividad comercial o crediticia. Queda expresamente autorizado el tratamiento de datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial, incluyendo aquéllos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de
1 Delpiazzo, Carlos.- “A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso”. Ponencia presentada en las IX Jornadas Académicas del Instituto de Derecho Informático. Montevideo, 2008.

carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor o en las circunstancias previstas en la presente ley. Para el caso de las personas jurídicas, además de las circunstancias previstas en la presente ley, se permite el tratamiento de toda información autorizada por la normativa vigente”. Como se comprende al no excepcionar al Estado de la transmisión de esta información, éste está habilitado a hacerlo, transformándose en un acusador de los ciudadanos y a esto es necesario establecer límites. No se pretende beneficiar ni exonerar a quienes han incumplido con el Estado. Muy por el contrario, lo que se pretende es precisamente colaborar con ellos para que no se vean absolutamente imposibilitados de continuar con su vida social y de esta manera poder -al recomponer su situación- dar cumplimiento a las obligaciones que tuvieren pendientes. En el mismo sentido de lo establecido, el inciso segundo del citado artículo 22 contiene dos previsiones que se contradicen con el espíritu de lo antes señalado, cual es la colaboración con quienes tuvieron inconvenientes económicos en su solución a los efectos de devolverles rápidamente su capacidad contributiva. En efecto, en el texto vigente se establece: “Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo podrán estar registrados por un plazo de cinco años contados desde su incorporación. En caso que al vencimiento de dicho plazo la obligación permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al responsable de la base de datos, por única vez, su nuevo registro por otros cinco años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de treinta días anteriores al vencimiento original. Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier medio, permanecerán registradas, con expresa mención de este hecho, por un plazo máximo de cinco años, no renovable, a contar de la fecha de la cancelación o extinción”. Como se visualiza, no sólo el Estado comunica datos a un privado para que haga de ello su medio de vida, sino que además se le permite mantener el registro por hasta diez años, e incluso habiendo dado cumplimiento a sus obligaciones, igualmente las personas podrán continuar registradas.

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Esto es a todas luces improcedente, dado que se verifica la asociación entre particulares y el Estado para impedir a los ciudadanos la reorganización de su actividad socio-económica, mediante el mantenimiento de un registro perjudicial durante un considerable tiempo de la vida de aquéllos. Por tanto, se propone que el tiempo de registro de las obligaciones incumplidas alcance como máximo los seis años y por otra parte que una vez canceladas las obligaciones, los datos de las personas sean eliminados de las bases de datos a los efectos de dar efectivo cumplimiento al principio de finalidad que determina que una vez cumplido el motivo para el que los datos han sido solicitados o registrados, éstos deberán eliminarse de la base de datos contentiva de los mismos. Finalmente entonces, se concluye que la propuesta, agrega al inciso primero del artículo 22 de la citada ley la excepción del Estado, para el caso de la autorización para la entrega de informes de carácter comercial por las empresas que hacen de ello su actividad profesional; de esta forma no podrán entregarse informes de estas características vinculados con obligaciones incumplidas que procedan de deudas cuyo origen sea una relación con el Estado. Asimismo por la modificación del inciso segundo, se reducen los tiempos de mantenimiento de los datos en las bases de datos y se elimina esta posibilidad una vez canceladas las obligaciones que dieron origen a su registro. Montevideo, 16 de junio de 2015 ALDO LAMORTE, Representante por Canelones”. C) “MAESTRO JULIO CÉSAR RIVERO BENTOS. (Designación de la Escuela Rural Nº 24, del departamento de Cerro Largo). PROYECTO DE LEY Artículo único.- Desígnase con el nombre de “Maestro Julio César Rivero Bentos” a la Escuela Rural Nº 24, ubicada en el paraje “Cruz de Piedra” en el departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Montevideo, 17 de junio de 2015 LUIS ALFREDO FRATTI, Representante por Cerro Largo. Julio César Rivero Bentos, nació el 25 de octubre de 1930, hijo de Juan Isidoro Rivero Segovia y

Griselda Bentos; queda huérfano a la edad de 6 años junto a su hermana Olira, dos años menor. Provenientes de Cuchilla del Ombú del departamento de Tacuarembó, se radican en la ciudad de Melo donde vivieron años de dificultades y carencias importantes que fueron sorteando por el esfuerzo constante, tenacidad y entereza de una madre y un niño que no se arredraron ante la adversidad. Estudió magisterio cuando aún no se había oficializado el “Instituto Normal”, ahora IFD, cuando debían rendir exámenes ante tribunales que se constituían con profesores que viajaban desde Montevideo y eran muy exigentes con los alumnos. Una vez recibido trabajó en escuelas rurales de Cerro Largo en los parajes “Guazunambí”, “Sarandí de Barcelo”, “Mangrullo” y en la Escuela Nº 24 de “Cruz de Piedra”; también trabajó en la ciudad de Melo en las Escuelas Nº 46 de barrio Arpí, Nº 7 del Centro y Nº 6 del barrio Cuchilla de las Flores, escuela a la que fue restituido al término de la dictadura. También integró en su momento el Instituto Normal actuando junto a grandes docentes y profesores como Salvador Puig, Máximo Navarrete, Pablo Fratti, Licho Fuentes, Ena y Martha Crespi, Antonio Antúnez, Sigifredo Viñoles, el ingeniero Juan Jorge Cardani entre otros. Culmina su carrera docente como profesor de la asignatura Agronomía en el Instituto Normal de la ciudad de Melo. Fue un maestro con vocación por la agronomía, vecinos de Cruz de Piedra recuerdan que manejaba el concepto de “Escuela Productiva” y enseñaba técnicas poco conocidas en esa época para reserva de forrajes, desde la selección de la especie, cultivo, cosecha y acondicionamiento. De estas actividades participaban los alumnos junto a sus padres en un verdadero trabajo de “extensión” e “integración” con los vecinos de la comunidad. Junto a su familia, con esfuerzo y trabajo construyó una empresa rural que con el tiempo se orientó definitivamente a la producción lechera. Como productor apostó siempre al asociativismo y con esa concepción fue pionero en la formación de grupos de lecheros en Cerro Largo, gestor y creador del “Campo de Recría” una unidad ubicada en la zona de “Palleros” perteneciente al Instituto Nacional de Colonización. También fue un activo cooperativista en COLEME, Sociedad Agropecuaria, Sociedad Fomento Rural e integrante de la Comisión Nacional de Fomento Rural, además de fundador de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo.

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El maestro Julio Cesar Rivero no podría haber sido éste referente sin su familia, su esposa Rosi y sus tres hijos, María Grisel, Marisa y Wiston que fueron la razón y fundamento de su vida. Es imposible resumir en tan poco espacio la fecunda vida del maestro Rivero, pero tampoco quisiéramos dejar de hacer ésta insuficiente referencia a su persona. Esta designación también es un reconocimiento a la familia en general como elemento sustancial y básico en que se sustenta la sociedad. Designar a la Escuela Nº 24 de la zona de Cruz de Piedra en el departamento de Cerro Largo con el nombre del maestro Julio César Rivero Bentos, hace justicia y mantiene en la memoria a este incansable luchador social. Montevideo, 17 de junio de 2015 LUIS ALFREDO FRATTI, Representante por Cerro Largo”. •

pescadores; de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la DINAGUA, a la DINAMA, al Consejo Regional de Recursos Hidrográficos del Río Uruguay y a OSE; a la Intendencia de Tacuarembó; a la Universidad de la República, con destino a las Facultades de Agronomía y de Ciencias; al INIA; a la Asociación Rural de Paso de los Toros; a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida; a la Asociación de Cultivadores de Arroz; a la Asociación Civil Cultura Ambiental; a la Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros; a la Sociedad de Fomento Rural de San Gregorio de Polanco y al Grupo de Acción Social y Ambientalista de Río Negro, relacionada con la calidad del agua del Río Negro. C/22/015 al Ministerio de Educación y Cultura; con destino al CODICEN de la ANEP, a su Dirección de Infraestructura, al Consejo de Educación Secundaria y a la Comisión Departamental de Educación de Tacuarembó, a la Dirección del Liceo de Achar; a FENAPES; y a MEVIR, acerca de la posibilidad de transferir un terreno propiedad de la referida Institución, a fin de construir un edificio para el Liceo de Achar, departamento de Tacuarembó. C/22/015 a los Ministerios de Economía y Finanzas, con destino a la COMAP; y de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al PIT-CNT, y al SUNCA, referente a la necesidad de actualizar a los trabajadores nacionales en nuevas tareas y tecnologías, a fin de poder ser contratados en lugar de extranjeros. C/22/015

4.- Exposiciones escritas
SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Está abierto el acto. (Es la hora 16 y 14) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “Los señores Representantes Martín Lema y Edgardo Mier solicitan se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, y al Ministerio de Salud Pública, sobre la firma del Decreto que incluye al Parkinson como enfermedad crónica. C/22/015 El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Defensa Nacional, y por su intermedio al Comando General de la Armada y a la Prefectura Nacional Naval y a los Destacamentos sobre el río Negro; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Área Desarrollo Rural; a la Mesa de Desarrollo Departamental de Tacuarembó y a las sub Mesas de Desarrollo Rural de Paso de los Toros y de San Gregorio de Polanco, a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y a sus regiones y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con destino a los •

El señor Representante Guillermo Facello solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Turismo; de Relaciones Exteriores; y a las Intendencias y Juntas Departamentales de Montevideo y Canelones, sobre la posibilidad de instalar el monumento en homenaje a los Próceres de América, a ubicar en Avenida de las Américas. C/22/015 El señor Representante Luis Alfredo Fratti solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Migraciones, relacionada con la necesidad de contar con más personal en el paso de frontera de la ciudad de Río Branco. C/22/015”. ——Se votarán oportunamente.

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5.- Inasistencias anteriores
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 16 de junio de 2015. Sin aviso: Elisabeth Arrieta. Inasistencias a las Comisiones Representantes que Comisiones citadas: Martes 16 de junio LEGISLACIÓN DEL TRABAJO Con aviso: Carmelo Vidalín. PRESUPUESTOS Con aviso: Germán Cardoso. SEGURIDAD SOCIAL Con aviso: Álvaro Dastugue”. no concurrieron a las

6.- Exposiciones escritas
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Treinta en treinta y dos: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición de los señores Representantes Martín Lema y Edgardo Mier a la Presidencia de la República, y al Ministerio de Salud Pública, sobre la firma del Decreto que incluye al Parkinson como enfermedad crónica.

“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública. Hemos recibido la legítima inquietud de la Asociación Uruguaya de Parkinson de ser incluido el Parkinson como enfermedad crónica a los efectos de implementar una baja en el costo de medicamentos y tratamiento. El Ministerio de Salud Pública, con fecha 24 de noviembre del año 2014, en respuesta a la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos y

Defensoría del Pueblo en cuanto a incluir al Parkinson como enfermedad crónica expresó: ‘este Ministerio comparte el criterio de establecer al Parkinson como una enfermedad crónica, como así también el tratamiento medicamentoso de uso prolongado correspondiente, lo que se encuentra pendiente a la firma del señor Presidente de la República en proyecto de decreto’. Al indagar sobre el tema nos encontramos con que el proyecto de decreto nunca fue firmado por el entonces Presidente de la República. Se trata de un proyecto elaborado en el año 2014, aprobado por unanimidad en la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y firmado por la entonces señora Ministra de Salud Pública doctora Susana Muñiz. El Señor Ministro de Salud Pública, oficialmente se aprestaba a anunciarlo en conferencia de prensa de 18 de setiembre del año 2014 y estaba previsto que entrara a regir el 1º de octubre del año 2014. Ese decreto sería muy importante para pacientes sometidos a tratamientos prolongados (crónicos), en cuanto podrán acceder a su medicación con un solo ticket al mes, sin necesidad de repetir la receta con su respectivo médico tratante (los servicios de salud -según surge del decreto proyectadodeberán hacer entrega de medicamentos por un período no inferior a 30 días y no superior a 90 días). Entre otras ventajas, el decreto provocaría que el paciente no deba concurrir reiteradamente a su médico para obtener la receta y luego comprar el medicamento, ya que lo podrá hacer como mínimo una vez por mes evitando la saturación de personas que concurren a consulta médica para repetir medicación. Según se desprende de la web institucional, dicho Ministerio señaló que ese decreto es ‘indispensable para asegurar el uso adecuado de los medicamentos, así como facilitar al usuario la accesibilidad y continuidad del tratamiento prescripto’. Por lo expuesto, solicitamos que se firme el decreto proyectado y se incluya al Parkinson dentro de la lista de enfermedades crónicas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARTÍN LEMA, Representante por Montevideo; y EGARDO MIER, Representante por Treinta y Tres”. 2) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Defensa Nacional, y por su intermedio al Comando General de la Armada y a la Prefectura Nacional Naval y a los Destacamentos sobre el río Negro; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Área Desarrollo Rural; a la Mesa de Desarrollo Departamental de Tacuarembó y a las sub Mesas de Desarrollo Rural de Paso de los Toros y de

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San Gregorio de Polanco, a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y a sus regiones y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con destino a los pescadores; de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la DINAGUA, a la DINAMA, al Consejo Regional de Recursos Hidrográficos del Río Uruguay y a OSE; a la Intendencia de Tacuarembó; a la Universidad de la República, con destino a las Facultades de Agronomía y de Ciencias; al INIA; a la Asociación Rural de Paso de los Toros; a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida; a la Asociación de Cultivadores de Arroz; a la Asociación Civil Cultura Ambiental; a la Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros; a la Sociedad de Fomento Rural de San Gregorio de Polanco y al Grupo de Acción Social y Ambientalista de Río Negro, relacionada con la calidad del agua del Río Negro. “Montevideo, 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, al Comando General de la Armada y a la Prefectura Nacional Naval y a los Destacamentos sobre el río Negro; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Área Desarrollo Rural, a la Mesa de Desarrollo Departamental de Tacuarembó y a las sub mesas de Desarrollo Rural de Paso de los Toros y de San Gregorio de Polanco, a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y a sus regiones y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con destino a los pescadores artesanales de San Gregorio de Polanco; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), al Consejo Regional de Recursos Hidrográficos del Río Uruguay y a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Intendencia de Tacuarembó, con destino a los Municipios de Paso de los Toros y de San Gregorio de Polanco; a la Universidad de la República, con destino a las Facultades de Agronomía y de Ciencias; al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; a la

Asociación Rural de Paso de los Toros; a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida; a la Asociación Cultivadores de Arroz y, por su intermedio, a la Comisión Directiva, a la Gerencia General y a sus oficinas regionales; a la Asociación Civil Cultura Ambiental; a la Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros; a la Sociedad de Fomento Rural de San Gregorio de Polanco, y al Grupo de Acción Social y Ambientalista Río Negro. A fines del mes de mayo pasado, a iniciativa de la sub mesa de Desarrollo Rural de Paso de los Toros, se produjo una importante reunión, con participación de técnicos de la DINAGUA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de diversas organizaciones de la zona, en la que el tema en cuestión fue la calidad del agua del río Negro y sus afluentes. El río Negro es el más importante del interior de nuestro país, con 750 kilómetros de longitud y con una superficie que supera los 70.000 kilómetros cuadrados. Es importante por el volumen de sus aguas y por su enorme cuenca, pero, además, es un río de una gran trascendencia en la vida de miles y miles de personas que desarrollan múltiples acciones vinculadas a él: la extracción de agua para el consumo humano, el consumo animal y para el riego; las represas hidroeléctricas, el turismo, la pesca, la navegación, y demás. En los últimos años el país ha venido tomando consciencia de la necesidad de cuidar la calidad del agua que tenemos. Así es que se han producido leyes (la reforma de la Constitución en su artículo 47 y la Ley N° 18.610, de 2 de octubre de 2009, Política Nacional de Aguas, por mencionar tan sólo un par de avances trascendentes y que no son los únicos) y acciones concretas desde el Estado y desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, esos esfuerzos son incipientes y resultan todavía muy insuficientes para enfrentar la contaminación y el deterioro del agua, que han seguido progresando. La Ley N° 18.610 establece que existen tres cuencas hidrográficas (río Uruguay, laguna Merín y río de la Plata) y que en cada una de ellas existirá un Consejo Regional, integrado por representantes del Estado y por organizaciones sociales. Esa ley impide que con respecto al río Negro se forme un Consejo Regional. No correspondería. Sin embargo, nada impide que sí se forme una comisión de la cuenca del río Negro. Eso, precisamente, fue lo que se estuvo conversando en la reunión de fines de mayo en la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Creemos que se justifica plenamente la existencia de una comisión, con participación del Estado, tanto en su nivel nacional como de los Gobiernos locales y también con la participación de las organizaciones

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sociales que trabajan en el tema, tal cual lo prevé la legislación vigente. Últimamente suenan más los problemas de la cuenca del río Santa Lucía o lo de la laguna del Sauce, porque afectan también a miles y miles de personas. Compartimos plenamente la atención que se les está dando. Pero lo anterior no impide, más bien todo lo contrario, que también pongamos el foco en una cuenca, la del río Negro, que hay investigación y evidencias más que suficientes y que muestran que la misma se ha venido deteriorando. Valoramos el funcionamiento de la Comisión de Cuenca del río Tacuarembó, otro río fundamental, así como todas las comisiones que se han ido instalando. Ahora nos sumamos a la posibilidad de que se instale una que atienda a la problemática de la cuenca del río Negro. Es necesaria la concreción de un plan de manejo de toda la cuenca, con medidas concretas que frenen los factores y los agentes de deterioro del agua de un río de enorme importancia en el país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”. 3) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura; con destino al CODICEN de la ANEP, a su Dirección de Infraestructura, al Consejo de Educación Secundaria y a la Comisión Departamental de Educación de Tacuarembó, a la Dirección del Liceo de Achar; a FENAPES; y a MEVIR, acerca de la posibilidad de transferir un terreno propiedad de la referida Institución, a fin de construir un edificio para el Liceo de Achar, departamento de Tacuarembó.

“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a la Dirección Sectorial de Infraestructura, al Consejo de Educación Secundaria, a la Comisión Departamental de Educación de Tacuarembó y al Liceo Rural Achar; a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR Doctor Alberto Gallinal Heber), y a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Achar es una localidad del departamento de Tacuarembó, donde desde 2011 funciona un liceo que brinda formación a 132 estudiantes de ciclo básico y dos años de bachillerato. Concurren a él

estudiantes de una amplia región del departamento, que se trasladan diariamente en ómnibus. La matrícula ha ido en aumento y poco a poco se ha ido consolidando como una institución referente en la zona. Dicho liceo funciona en un local alquilado. La presente intervención tiene por objetivo, solicitar a las autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y del Consejo de Educación Secundaria que puedan acordar con MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber la transferencia de un terreno, propiedad de esta última institución, a efectos de que en él, se pueda construir el edificio para el liceo. Precisamente MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber ha construido, en los últimos años, un núcleo de viviendas en la zona y dispone de un espacio de terreno adecuado para construir el liceo. Por lo que hemos dialogado con las autoridades de dicha Comisión, nos quedó clara la disposición de la Institución en el sentido de transferir (donar) el espacio de terreno a las autoridades de la educación con el objetivo de que allí se construya un nuevo edificio para el liceo. Por otra parte, la dirección y la comunidad educativa del liceo también se han movilizado en ese sentido, haciendo trámites (Exp. 3-15333/12) y gestiones ante el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Sería muy oportuno concretar la transferencia del terreno. Ello va a implicar la interacción entre dicho Consejo y MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber a efectos de seleccionar el lugar, hacer los planos correspondientes y finalmente, la documentación de rigor. Dejamos planteado ese asunto, con la esperanza de que pronto se concrete lo solicitado y que ello constituya un paso más en la consolidación de la enseñanza media en el interior del departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”. 4) Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez a los Ministerios de Economía y Finanzas, con destino a la COMAP; y de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al PIT-CNT, y al SUNCA, referente a la necesidad de actualizar a los trabajadores nacionales en nuevas tareas y tecnologías, a fin de poder ser contratados en lugar de extranjeros.

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exposición escrita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE); al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), y al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). La Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, (Ley de Promoción de Inversiones) y los decretos y resoluciones que la reglamentan han facilitado la instalación de inversiones en nuestro país. Como se sabe, la política pública que regula éste tipo de inversiones brinda determinadas exoneraciones tributarias a cambio de que las empresas cumplan con determinados requisitos. Por ejemplo, tienen mayores beneficios si se instalan en el interior del país y también si generan puestos de trabajo de calidad. Estos son aspectos que valoramos positivamente y los números muestran un incremento muy importante en las inversiones amparadas por éste régimen, generando más movimiento económico, más trabajo para los proveedores locales y para los trabajadores. En el centro del país se está construyendo un parque eólico, como parte de la política de cambio en la matriz energética y productiva. Como dijimos anteriormente, resulta muy positiva la dinámica que se genera. Aún teniendo en cuenta lo anterior, queremos hacer referencia a un aspecto que quizá se pueda seguir mejorando. Nos referimos, concretamente, a la importante presencia de trabajadores extranjeros que desempeñan tareas en el emprendimiento mencionado de los cuales 250 son trabajadores extranjeros y 50 son nacionales. No tenemos del todo claro, cuales son las razones para tal situación. Sospechamos que se puede argumentar en el sentido de la especialización que podrían tener los extranjeros frente a una posible falta de especialización en la mano de obra nacional. Quienes conocen de cerca el mundo laboral que describimos, cuentan que a determinadas tareas, prácticamente no se deja ingresar al trabajador uruguayo. Si esto ocurriera, evidentemente que se dificulta y se aleja más aún la posibilidad de que los trabajadores uruguayos puedan acceder a más oportunidades. Puede ser o no. Lo concreto que deseamos plantear es que deberíamos, como país, profundizar en que la mayor parte del trabajo sea hecho por trabajadores uruguayos. Tenemos al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para el Sector Privado (INEFOP) y otras instituciones (Consejo de Educación Técnico-Profesional, la Universidad Tecnológica, y

otros) que podrían aportar mucho en la dirección de actualizar a los trabajadores en nuevas tareas y nuevas tecnologías. Al mismo tiempo deseamos dejar planteado, también otro asunto, quizá más preocupante: trabajadores extranjeros sin estar registrados (como corresponde a la legislación nacional) ante el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, y demás, y luego, ha tenido que intervenir la propia organización de trabajadores, el SUNCA procurando que a esos trabajadores extranjeros se les respeten sus derechos. No podemos tener ninguna animosidad con respecto a los trabajadores extranjeros, pues también los trabajadores uruguayos han trabajado y trabajan en otros países y, por otra parte, son trabajadores por encima de las fronteras políticas. De todas formas parece razonable seguir incrementando las posibilidades de trabajo para los uruguayos, y más si tenemos en cuenta que a las empresas se les otorgan beneficios tributarios. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”. 5) Exposición del señor Representante Guillermo Facello a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Turismo; de Relaciones Exteriores; y a las Intendencias y Juntas Departamentales de Montevideo y Canelones, sobre la posibilidad de instalar el monumento en homenaje a los Próceres de América, a ubicar en Avenida de las Américas.

“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Turismo y Deporte; de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Canelones; a la Junta Departamental de Canelones; a la Intendencia de Montevideo, y a la Junta Departamental de Montevideo. Hemos leído en la prensa que los Intendentes electos de Montevideo y de Canelones coordinarán acciones conjuntamente, en pos de mejorar aquéllos puntos que son límite o son compartidos por ambos departamentos. En ese sentido, y teniendo la historia a la vista de las desinteligencias diplomáticas, que en su trazado hubo, y en la ausencia de ilustres personalidades que se les negó en su momento la representatividad,

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queremos solicitar a los Ministerios precitados, así como a las Intendencias y a las Juntas que dispongan el arreglo de la avenida de las Américas. En dicha Avenida, como idea del Club de Leones, se instalaron pilares y bustos para homenajear a los próceres de América. Se demoró más de veinte años en concretar el proyecto, al cual nunca se le instaló luz apropiada. Varias veces los bustos fueron robados, los pilares graffiteados, las placas de identificación rotas o quitadas. Las estructuras han servido de nido a diversos ejemplares del reino animal, desde arañas a pájaros. Por lo cual el mantenimiento nunca se hizo, salvo los esfuerzos del Club de Leones. Es el ingreso a la capital del país por excelencia, de quien viene del Aeropuerto Internacional de Carrasco General Cesáreo L. Berisso. Es como una tarjeta de presentación, hoy rotosa y en pésimo estado. Apelando a la sensibilidad de las autoridades responsables del área, es que solicitamos se repare ‘el homenaje a los Próceres de América’, que en algún momento existió sobre la Avenida de las Américas y se puedan también incorporar aquellos prohombres que por situaciones coyunturales no fueron incluidos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUILLERMO FACELLO, Representante por Montevideo”. 6) Exposición del señor Representante Luis Alfredo Fratti al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Migraciones, relacionada con la necesidad de contar con más personal en el paso de frontera de la ciudad de Río Branco.

MEDIA HORA PREVIA 7.- Aniversario del natalicio de Francisco de Miranda y situación actual de la República Bolivariana de Venezuela
——Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Facello. SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Señor presidente: el 29 de marzo se cumplieron 265 años del natalicio de don Francisco de Miranda. En su peripecia de vida a favor de la libertad y la verdad, al declararse formalmente la independencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811, fue designado como el primer presidente de la República. Es muy difícil resumir una vida en escasos cinco minutos, máxime una como la de Francisco de Miranda. Nunca se logra saber qué es lo que determina a alguien a dar el primer paso en un sendero. Es posible que De Miranda haya estado inspirado por la prohibición que hicieran a su padre en 1769, que consistió en no poder usar uniforme y bastón de capitán de una compañía de voluntarios que él mismo había creado y ayudado a financiar por ser comerciante, actividad que en la época no era la adecuada para portar uniforme y que, además, estaba reservada a las clases altas; por sus numerosos viajes y la coincidencia en la línea de tiempo con otros seres ilustres con sus mismos ideales; por hablar con fluidez inglés, francés y alemán; por la persecución que padeció por la inquisición, que casi lo lleva a la guillotina por el delito de tener y leer libros prohibidos, como los de Rousseau, Voltaire o Diderot; por conocer al chileno O’Higgins, quien le contara la historia del cacique araucano Lautaro, que defendió y reconquistó las tierras del conquistador Valdivia aun a costa de su propia vida; por su iniciación masónica; por ser nombrado héroe de la Revolución Francesa y mariscal de Francia; por estar su nombre grabado en el Arco de Triunfo, o por pelear en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América. Lo que sí podemos afirmar son sus sueños y sus logros. Francisco de Miranda soñó con un gran país llamado Colombeia, independiente, hispanoparlante, que se extendería desde el río Misisipi hasta Tierra del Fuego. Creó varias logias que, bajo los ideales masónicos, reunían a los que serían los libertadores o

“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Migración. Solicitamos a la Dirección Nacional de Migración que tenga la previsión de disponer un número adecuado de funcionarios en el paso de frontera de la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, para realizar los trámites migratorios de los ciudadanos uruguayos y extranjeros que utilizan esa frontera en vísperas de vacaciones y de feriados largos, tanto en nuestro país como en la República Federativa del Brasil, lo que provoca aglomeración de turistas y de vehículos y el malestar de los mismos por la demora. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALFREDO FRATTI, Representante por Cerro Largo”.

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próceres de América; me refiero a la Gran Reunión Americana o a las logias Lautaro, cuya sede primaria estaba en Cádiz, España. Casi todos los autores coinciden en que Francisco de Miranda, en sus reuniones, solicitaba un juramento especial que establecía “el repudio a todos los tiranos y las tiranías”. Señor presidente: en el día de ayer, esta Cámara votó por unanimidad una expresión de solidaridad con el pueblo venezolano. Como se explicó en sala, su texto fue fruto de un acuerdo político, para lograr que fuera aprobada por la unanimidad de todo el pleno. Me parece muy atinado lo que se logró, pero debo manifestar, al revisar la vida de Francisco de Miranda, que cuando miro hoy a Venezuela, también demando -como hacía él- repudio a los tiranos y a las tiranías. Siento vergüenza de que existan presos políticos en un país que se dice democrático; de que un gobierno se autodenomine de izquierda y repudie la visita de Felipe González a través de publicidad oficial; de que no se atienda a los presos que están en huelga de hambre. Y me avergüenza también que un organismo como la Organización de los Estados Americanos, presidida ahora por un uruguayo, ante las demandas de expresidentes de todas las banderas, simplemente se calle y no haga nada. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cámara de Senadores y a la prensa nacional. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Treinta y ocho en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

representación de Maldonado. Ayer, 16 de junio, fui convocada a ocupar esta banca, en una fecha de gran significación para nosotros porque recordamos el regreso a Uruguay de Wilson Ferreira en 1984, luego de su exilio. Esa fecha nos recuerda su incansable lucha por la libertad y por la recuperación de la democracia. Wilson fue quien despertó en mí la vocación política y quien me enseñó que no debe ser otra cosa que vocación de servicio, vocación de trabajo, para lograr soluciones a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. Por él muchos de nosotros estamos hoy en el Parlamento. No podía comenzar mi actividad legislativa sin tributarle mi más sentido homenaje. Wilson vive en la memoria del pueblo uruguayo y fue y seguirá siendo mi guía. Corresponde también el agradecimiento a muchos más. A nuestros compañeros de militancia, porque sin su esfuerzo y venciendo cada día las adversidades -estando a mi lado con dedicación y cariño-, esto no hubiera sido posible. Agradezco a mi líder y amigo, Enrique Antía, quien me diera su respaldo político y me permitiera compartir la labor junto a él, brindándome su confianza para ocupar este cargo; Coqui: recibe mi más profundo agradecimiento y mi compromiso de trabajar junto a ti con toda la fuerza por el mejor futuro de Maldonado. Saludo a todos los compañeros del Partido Nacional, con quienes comparto jornadas y luchas. También saludo a mi familia porque supo comprender mi vocación; sin su apoyo, nada hubiera sido posible. Mucho hay por hacer. Terminó el bullicioso tiempo político de las campañas electorales y comenzó el tiempo de trabajar; ahora hay que dar soluciones y cumplir con lo prometido. Quiero compartir algunas reflexiones. No cabe duda alguna de que el estado de bienestar de principios del siglo XX hizo de Uruguay un país singular en América Latina en materia de educación, salud, protección laboral y jubilaciones; hablo de un país equiparable con los más progresistas del mundo. Sin embargo, en la actualidad, en el siglo XXI, para muchos investigadores, la mayor amenaza de este estado de bienestar no es que no se compartan sus valores, sino que los ciudadanos perdieron confianza en quienes deben gestionarlo desde el ámbito político. Los programas que

8.- Agradecimiento a impulsores de la vocación política y reflexiones sobre situación social en el país, en particular, en el departamento de Maldonado
Tiene la palabra la señora diputada Elisabeth Arrieta. SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: es un honor para mí formar parte de este Cuerpo en

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componen un estado de bienestar pueden organizarse en forma universal, es decir, brindando servicios a todos; me refiero a programas dirigidos a colectivos específicos donde el Estado exige determinados requisitos y criterios. Un sistema universal proporciona servicios de calidad y reduce la pobreza, pero exige también importantes esfuerzos; en primer lugar, el esfuerzo económico, porque conlleva una presión fiscal superior a la de los sistemas de programas de bienestar que solo atienden a los sectores más vulnerables. Sin embargo, en estos últimos años, con la reforma tributaria muchos compatriotas se sienten confundidos respecto al mensaje público estatal con relación a las políticas sociales que, se supone, culminarían siendo progresivamente universales. Se nos promete que el sistema de cuidados con el tiempo será universal, es decir, para todos, como se nos ha prometido que los CAIF, de atención a la primera infancia, y las escuelas de tiempo completo serán para todos. Sin embargo, los CAIF que se han creado no cubren más del 30 % de la primera infancia y las escuelas de tiempo completo no atienden a más del 20 % de la población escolar, y no hay señales de que esto vaya a cambiar durante el quinquenio. El caso más representativo es el de las asignaciones familiares, una política social histórica en el país. Como todos sabemos, actualmente coexisten distintos tipos de asignaciones que castigan a las asignaciones tradicionales; el nuevo sistema de asignación familiar paga montos más altos a los hogares incluidos en el Plan de Equidad del Mides que los que recibe la clase trabajadora formal, lo que genera una inequidad irritante. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——En el departamento de Maldonado tenemos una importante problemática, que tiene que ver con el acceso a la vivienda de interés social y con la regularización de asentamientos. Esta será una de las primeras etapas a encarar al más alto nivel desde el Gobierno departamental que encabezará el intendente Antía Behrens. De tener éxito esta convocatoria que hacemos a todos los partidos políticos para construir una nueva visión de futuro, estaremos golpeando juntos las puertas de ministerios y organismos nacionales a fin de obtener los recursos necesarios para llevar adelante estos programas. Estoy convencida de que…

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Tiene que redondear, señora diputada. Ha finalizado su tiempo. SEÑORA ARRIETA presidente. (Elisabeth).Sí, señor

Decía que estoy convencida de que el éxito de estos programas depende no solo de la integración y de la inclusión social de muchos vecinos y vecinas de Maldonado sino, en gran medida, del desarrollo económico del departamento, lo que significará la generación de divisas y riqueza que luego se distribuirán a todo el país. Agradeciendo al pueblo de Maldonado que con su confianza y con su voto nos ha traído hasta este sitial, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor presidente de la República, a los señores ministros, a la Cámara de Senadores, al intendente electo, Enrique Antía Behrens, a las direcciones de los partidos políticos a nivel nacional y departamental, y a la prensa nacional y especialmente a la de Maldonado. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta AFIRMATIVA. y siete en cuarenta y ocho:

9.- Trabas para otorgar exoneraciones del pago de peajes en el departamento de Paysandú
Tiene la palabra el señor diputado Walter Verri. SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: queremos referirnos a algo que ocurre en el departamento de Paysandú pero que seguramente también esté sucediendo en otros puntos del país. La Corporación Vial del Uruguay tiene la concesión del mantenimiento de gran parte del kilometraje de las rutas del país a cambio de la administración de trece estaciones de peaje. Una de ellas está antes de cruzar el río Queguay, yendo hacia el norte, en el departamento de Paysandú. Las leyes vigentes habilitan a los ciudadanos de Paysandú a exonerar el pago del peaje justificando el domicilio o la explotación agropecuaria en un radio de 20

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kilómetros. Asimismo, después de varias peleas en otras Administraciones, se agregaron exoneraciones para los residentes en la ciudad de Paysandú y en la hoy ciudad de Quebracho, por una cuestión de cercanía y de que el peaje del río Queguay divide literalmente al departamento en dos, no siendo posible franquearlo por otro lugar que no sea por la Ruta Nº 3. Dicho esto, ¿cuál es el problema que tienen los vecinos de esta zona? La Corporación Vial del Uruguay ha tercerizado la explotación de la estación de peaje a Consorcio Cruz del Sur, y lo único que ha logrado es poner permanentemente trabas a los vecinos del departamento para que no puedan exonerar el peaje. Les exigen lo que se les viene exigiendo desde siempre, pero les buscan hasta una coma que esté mal en un título de propiedad o un número que esté diferente, para molestarlos y desestimularlos del anhelo de conseguir la exoneración del peaje. Tanto es así que muchas veces terminan gastando en certificados notariales más de lo que exonerarían por los peajes en dos años, que es lo que dura el pase. Para que tengan una idea, si en el recibo de UTE, las barritas que marcan el consumo mensual comparativo figuran muy por debajo porque la persona no estuvo en su casa, estuvo enferma y se quedó en la ciudad o simplemente ahorró energía, para ellos es una justificación de que no vive en el campo o en la casa y le piden un certificado notarial que lo justifique. Son excesos que generan contratiempos a los vecinos y que les permiten cobrar por lo menos un mes más de peajes. Tienen catorce días para expedirse sobre si habilitan la exoneración. A los catorce días la rechazan y después empiezan a pedir un trámite más, otro trámite más y así sucesivamente, lo que seguramente lleva otros diez días. Si uno saca la cuenta, en lugar de recibir veinticuatro meses de exoneración terminan en diecinueve. Asimismo, lo que pagaron de más no se les devuelve. Si bien parece un perjuicio menor, en lo que es la estructura del país es mucho para muchos productores y vecinos que por necesidades diversas pasan todos los días por ese puente, máxime cuando el río Queguay divide el departamento en dos, y la única forma de atravesarlo es pasando por la estación de peaje.

Creo que esto merece una explicación de parte de las autoridades correspondientes. Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Corporación Vial del Uruguay y a los medios de comunicación de mi departamento. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cincuenta: AFIRMATIVA.

10.- Preocupación por las consecuencias de un acuerdo entre Google, el Plan Ceibal y la ANEP
Tiene la palabra el señor diputado Julio Battistoni. SEÑOR BATTISTONI (Julio).- Señor presidente: quiero comentar que en junio se hizo pública una declaración de docentes, investigadores, profesionales de la educación y la tecnología en la cual manifiestan su preocupación por una noticia que salió ampliamente en los medios de comunicación, acerca de un acuerdo entre Google, la empresa de comunicación de Internet, el Plan Ceibal y la ANEP. En esa carta se plantean una serie de interrogantes acerca de cuáles fueron las razones pedagógicas y tecnológicas que sustentan el acuerdo, sus alcances y los resguardos respecto a la privacidad de los datos personales de alumnos y docentes de la educación pública uruguaya. Además de estas interrogantes que los señores diputados podrán ver en los medios de comunicación en los que aparece esta misiva, plantearé otros aspectos de análisis relativos a la preocupación que ha salido a la sociedad civil. En diciembre de 2013, Uruguay aprobó la Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado. Esta norma está basada en los principios relativos a evitar la dependencia tecnológica de grandes empresas en las áreas del Estado, a la necesidad de generar competencia y conocimiento nacional en el desarrollo del software, al fomento de la producción tecnológica y al resguardo de la soberanía para determinar las políticas públicas a seguir por los distintos organismos del Estado,

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tomando en consideración la fundamental importancia de que en la educación se utilicen herramientas libres que puedan ser analizadas por los estudiantes, y que no generen dependencia a productos empresariales en la etapa de desarrollo de los estudiantes. El artículo 3º de la mencionada ley considera de interés general, y llama a promover el uso de software libre en el sistema educativo. Esta ley constituyó un enorme paso hacia delante para la soberanía tecnológica, para proteger la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. En 2014, el Gobierno dio un nuevo paso con el Decreto Nº 92/014, a fin de proteger la seguridad de las comunicaciones, obligando a la Administración Central a alojar sus datos en territorio nacional, bajo jurisdicción uruguaya. Esto se añade a la enorme inversión pública realizada en los últimos años a través de Antel, en lo que tiene que ver con el tendido de fibra óptica, con la instalación de los data center en territorio nacional y con el nacimiento de vera box, una casilla de correo de gran capacidad, con posibilidad de alojar datos en una nube ubicada en territorio nacional. En suma, en los últimos años, el Estado uruguayo ha dado señales claras de avanzar hacia mayor soberanía en el ámbito de las comunicaciones digitales. Y hoy, organismos de alto nivel técnico como Antel, están en perfectas condiciones para entregar casillas de correo, alojamiento de datos y utilización de aplicaciones en territorio nacional, todo creado con trabajo propio y, fundamentalmente, bajo jurisdicción nacional. El acuerdo entre la ANEP, el Plan Ceibal y Google se aleja del espíritu de estas normas y de la dirección política trazada. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a corto y largo plazo de este acuerdo? A corto plazo, se pone en riesgo los datos de los estudiantes y docentes, ya que se los pondría en manos de una empresa como Google, que ha sido acusada y hallada culpable por violar la privacidad de sus usuarios. A largo plazo, se ha comprobado que colabora activamente con el espionaje ilegal que realiza el Gobierno de Estados Unidos de América. El acceso a los datos alojados en territorio de Estados Unidos de América está sujeto, por ejemplo a la Patriot Act o sea, a la legislación de esa nación.

Asimismo, el uso mercantil de los datos personales, un nuevo mercado extremadamente lucrativo de las grandes empresas de servicio en las nubes y redes sociales, hace difícil compatibilizar los principios rectores que deben regir la educación pública, con los servicios prestados por una multinacional. Finalmente, el impulso en forma institucional del uso del producto incorporado desde la edad en que los alumnos forman los usos y costumbres a nivel tecnológico y social tienen graves implicancias a largo plazo a nivel de dependencia y fidelización a una marca. Es parte de una visión derrotista creer que Uruguay no puede desarrollar aplicaciones educativas propias o adoptar aplicaciones de software libre para las necesidades educativas de la población. Estamos hablando de un país que logró defender sus telecomunicaciones como ningún otro en América Latina, tener la mejor infraestructura de telefonía e Internet de la región y que fue pionero en la implementación de la política de una computadora por niño. Es un país que se comprometió con el desarrollo nacional de aplicaciones educativas y con una nutrida comunidad de desarrolladores locales, que hace muy pocos años decidió que sus ceibalitas no estuvieran atadas al software privativo de Microsoft. Habiendo alcanzado Uruguay todos estos logros extraordinarios, hoy nos dicen tácitamente que no es capaz de dar un servicio de nube propio, y que no puede ofrecer aplicaciones educativas a sus docentes y estudiantes sin la tutela de Google. En definitiva, compartimos la preocupación por el acuerdo entre la ANEP, Google y Ceibal. Creemos que Uruguay tiene la capacidad y la responsabilidad de proporcionar telecomunicaciones y aplicación educativa soberana en su sistema educativo. Esta ha sido su política, y las leyes aprobadas en los últimos años apuntan a reforzar los principios de libertad, soberanía, independencia y seguridad, tanto para los ciudadanos como para las entidades estatales. Por el bien de todos, la ANEP y el Plan Ceibal deben acoplarse a esta línea política. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Presidencia de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a Antel, al

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Plan Ceibal y a la Administración Nacional de Educación Pública. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

recibimos un enorme caudal de información, que está a disposición de cada uno de los legisladores, y que echa por tierra cualquiera de las afirmaciones anteriores manifestadas por algunos de ellos, que no se han enterado de que estamos en el siglo XXI, y que la educación uruguaya está invirtiendo como nunca antes para estar a la altura de las circunstancias pedagógicas y tecnológicas del mundo de hoy. Con respecto a que el Plan Ceibal es causa de deterioro y de idiotez, diremos que este Plan trabaja con videos, juegos educativos, biblioteca digital y más de treinta mil contenidos que pueden ser descargados desde cualquier red con conectividad inalámbrica a Internet, que quedan almacenados sin necesidad de estar conectados. Cabe destacar que los contenidos del Plan se acuerdan con las autoridades de la educación. Por ejemplo, la lista de libros de estudio es fijada por cada Consejo, y la de lectura, la Comisión Pro Lee de la ANEP. También existen plataformas adaptativas de matemáticas, un instrumento de trabajo personalizado que viene creciendo aceleradamente, y que se adapta a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Asimismo, los laboratorios de tecnología digital potencian el trabajo colaborativo, el aprendizaje en base a proyectos, la creatividad, el pensamiento lógico y el trabajo interdisciplinario. Se pueden trabajar proyectos basados en robótica, sensores, audiovisuales, impresoras 3D. Este instrumento está en desarrollo, pero señala una línea de acción revolucionaria para la educación. Ni qué hablar del aprendizaje en inglés: en 2014, 78.000 alumnos estudiaron inglés, de los cuales 50.000 lo hicieron a través de videoconferencias y de profesor remoto, con el compromiso del docente de aula. Se prevé universalizar esto para los grupos de cuarto a sexto de primaria; está en crecimiento y transformación. La plataforma educativa Crea es una herramienta potente, didácticamente hablando, que permite al docente una diversidad de intervenciones, siempre como instrumento que favorece los aprendizajes de los alumnos, permite el trabajo en redes, en grupos colaborativos, etcétera. Queda claro, entonces, que lejos de deteriorar, el Plan Ceibal acelera, motiva el aprendizaje de niños y jóvenes, favoreciendo el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo con otros y la colaboración, entre diversas posibilidades.

11.- Avances educativos con el Plan Ceibal
Tiene la palabra el señor diputado Enzo Malán. SEÑOR MALÁN (Enzo).- Señor presidente: la semana pasada, conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara, fuimos a visitar las instalaciones del Plan Ceibal. Sin duda, todos los legisladores de los tres partidos representados en esa Comisión fuimos gratamente recibidos y sorprendidos por los avances que este plan ha tenido desde sus inicios, en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Lo cierto es que esta visita se vio motivada por diversas afirmaciones que, al ser manifestadas con grandilocuencia, parapetadas a veces con títulos diversos y trayectorias varias defendiendo la democracia, parece que son verdad. Y uno puede entender estas frases en la desesperación de una campaña política electoral, pero ahora no podemos seguir con la misma cantinela, diciendo lo que nos parece sin fundamento alguno. Me refiero a algunas afirmaciones que escuchamos en la comisión. Se dijo que con el Plan Ceibal estábamos generando idiotas informáticos; que el Plan Ceibal es una de las herramientas fundamentales para el control de la cabeza de nuestros jóvenes y para el deterioro del nivel de la educación. Cabe aclarar que los contenidos de este Plan no son definidos por las autoridades del Codicén; eso se escuchó en esa Comisión. También se escuchó que es mentira que el Tribunal de Cuentas tenga competencias en el Plan Ceibal y, por último, que es un agujero negro en cuanto a los manejos de los dineros públicos. Eso se decía en la Comisión, entre otras afirmaciones, quizás más graves, porque afectan la honorabilidad de las personas. Por ese motivo, ante mi solicitud, concurrimos preocupados a las instalaciones del Plan Ceibal, donde

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En cuanto a los controles y a los agujeros negros en que caen los recursos de todos, cabe reseñar que el Plan Ceibal es persona de derecho público no estatal, creada por la Ley Nº 18.640 y sus modificaciones. Se rige por el derecho privado y está sometida al control del Estado central. Se comunica con el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, siendo sus fuentes de ingreso las asignaciones presupuestales determinadas por ley y sometidas al control estatal del Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación, auditores externos, cuatro programas ejecutados con fondos del BID y un sistema de control interno integrado a los procesos con fuerte posicionamiento en función de la auditoría interna. Queda claro, entonces, que el agujero negro por lo menos tiene posibilidades de ser controlado. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Otro aspecto interesante es el acceso a las computadoras de los quintiles más empobrecidos de este país: en 2006, era del 9 %, hoy es del 94 %; sin el Plan Ceibal estos sectores serían analfabetos digitales. En 2006, el quintil más alto, el más rico, tenía el 90 % del acceso. El Plan Ceibal contribuyó notablemente para lograr esta igualdad de oportunidades educativas, culturales y sociales que en 2006 eran privilegio solo de algunos. Queda mucho más por decir y por analizar sobre la visita que tuvimos a las instalaciones del Plan Ceibal. Para finalizar, señor presidente, a los legisladores nos resta trabajar juntos desde los partidos políticos y con los funcionarios de la educación, ya que no hay ninguna transformación sustentable sin ellos. Vamos a pensar la educación a largo plazo como política de Estado. Mientras sigamos jugando en la cancha chica, desprestigiando lo que está bien hecho porque no viene desde mi partido o desde mi sector, estaremos por lo menos frenando el despegue del Uruguay que todas y todos queremos. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén, al Plan Ceibal y a los medios de prensa de Soriano y de Montevideo. Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y siete en cincuenta y ocho:

Antes de finalizar con la media hora previa, la Mesa desea saludar a las escuelas públicas Nos. 76 de Totoral del Sauce, Canelones; 137, de Cruz de los Caminos, Canelones, y 35 de La Pedrera, que nos acompañan desde la barra.

12.- Precisiones usurpación

acerca del

delito de

Tiene la palabra el señor diputado Federico Casaretto. SEÑOR CASARETTO (Federico).Señor presidente: en el año 2005, en la ciudad de Punta del Este se suscitó la ocupación ilegal de una propiedad. Pasaron muchos días y había un vacío legal, porque el delito de usurpación -en ese momento, definido en un artículo del Código Penal- no preveía el desalojo de estos ocupantes si, por ejemplo, el titular del bien no hacía la denuncia, y no se configuraba delito si no había rotura o invasión total de la propiedad. Ello motivó que dos años después el Parlamento nacional, por unanimidad -lo votaron todos los partidos políticos-, redactara una modificación al Código Penal, a través de lo que hoy es la Ley Nº 18.116, por la cual cualquier ciudadano puede hacer la denuncia ante la constatación de este delito: puede configurarse el delito simplemente ante la ocupación parcial de un bien y, además, si se constata en los departamentos de la zona balnearia, constituye una agravante. Los cinco diputados por Maldonado de ese momento -Nelson Rodríguez Servetto, Pablo Pérez, Darío Pérez, Germán Cardoso y quien hablapresentamos una denuncia penal en conjunto, y el tema fue solucionado. Pero no escapa a la consideración de todos que el departamento de Maldonado permanentemente atrae gente de todo el país y del exterior. Las condiciones económicas, las mejores perspectivas de trabajo y de inversión hacen que Maldonado sea un polo de atención de mucha gente que busca trabajo, que tiene esperanzas y expectativas que muchas veces son parte de una ilusión, porque a menudo no se encuentra el objetivo perseguido. Por eso en los últimos diez años han

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llegado a Maldonado más de veinticinco mil personas; y por eso en Maldonado han seguido creciendo los asentamientos ilegales. En el último tiempo -diría que en los últimos sesenta días- se constataron dieciocho o veinte casos de personas que han usurpado terrenos. Eso motivó que en las últimas horas nos reuniéramos con el nuevo jefe de policía de Maldonado, Erode Ruiz, que está aplicando la ley como corresponde, y nos ha trasmitido que tiene concordancia con los jueces letrados del departamento. Por tanto, esta ley se ha aplicado en forma correcta y se ha ido desalojando insistentemente a quienes han ocupado terrenos en los últimos tiempos. De manera que en nuestro departamento no advertimos dificultades, que sí se presentan en el resto del país, porque no todos los jueces en Uruguay tienen el mismo criterio a la hora de aplicar esta ley. En la Costa de Oro insistentemente han surgido problemas y la medida que se tome por parte de la fuerza pública y del Poder Judicial, depende del juzgado en el cual cae la situación. También se nos ha trasmitido que dada la redacción de dos incisos que se suceden en esta ley -el que dice que constituye una circunstancia agravante el hecho de que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias, y el que determina que el delito debe ser perseguible de oficio o a instancia de parte-, algunos jueces en el interior del país sostienen que esto se persigue de oficio si está en zona balnearia, cuando se trata de dos conceptos totalmente distintos. La persecución de oficio o por denuncia de parte es para el delito en todo el país, y si se verifica en las zonas balnearias, constituye una agravante porque, evidentemente, se pone en tela de juicio y en riesgo la propia atracción de inversiones y la elección del departamento como destino turístico. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Suprema Corte de Justicia, a la Jefatura de Policía de Maldonado, al ministerio público y fiscal y al fiscal de Corte, a fin de recabar su opinión en el sentido de si a la hora de aplicación de esta ley existen distintos conceptos por confusiones en el texto, porque creo que se trata de un instrumento imprescindible para el departamento de Maldonado. Hay consideraciones que es preciso hacer: no todos los ocupantes son iguales; no todas las familias

son iguales, pero si no existe una señal de que la fuerza pública actúa de acuerdo con la ley, Maldonado va a seguir siendo un llamador: “Vení para este departamento y metete en cualquier terreno que aquí no pasa nada”. Creemos que señales como las que se dieron en los últimos días, donde actuaron en el mismo sentido la fuerza pública y el Poder Judicial, dando el mensaje de que no se puede hacer cualquier cosa y que hay que cumplir la ley, son un freno importante para los que recorren el camino de la ilegalidad y de la usurpación. SEÑOR PRESIDENTE (Alejando Sánchez).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y siete en cincuenta y ocho:

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Aplazamiento
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer lugar del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el Primer Período de la XLVIII Legislatura.

14.- Licencias Integración de la Cámara
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativa a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 17.827: Del señor Representante Carmelo Vidalín, por el día 17 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Felipe Algorta. Del señor Representante Guillermo Facello, por los días 7, 8, 14 y 15 de julio de 2015,

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convocándose al suplente Fitzgerald Cantero.

siguiente,

señor

De la señora Representante Macarena Gelman, por el día 17 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Couto. Del señor Representante Edgardo Rodríguez Álvez, por el día 17 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Guerrero Palermo. Del señor Representante Pablo D. Abdala, por el día 17 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente, señor Marcelo Bacigalupi. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante Mercedes Santalla, por el día 17 de junio de 2015, a los efectos de participar de la inauguración del Centro MEC Nº 126 en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Viera. Del señor Representante Daniel Caggiani, por el día 23 de junio de 2015, a los efectos de participar en la reunión de la Bancada Progresista del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, convocándose al suplente siguiente, señor Camilo Cejas. Licencia en misión oficial, literal C) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Juan José Olaizola, por el día 22 de junio de 2015, a los efectos de asistir a la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Arizti Brusa. Del señor Representante Daniel Caggiani, por el día 22 de junio de 2015, a los efectos de asistir a la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, convocándose al suplente siguiente, señor Camilo Cejas. Visto la licencia por oportunamente concedida tante Mario García, por los junio del corriente, y motivos personales al señor Represendías 16, 21 y 30 de atendiendo a lo

originalmente solicitado por el señor Representante, corresponde incorporar a dicha licencia el período comprendido entre los días 17 y 20 de junio de 2015, convocándose a la suplente siguiente, señora Verónica Machado”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito a usted, tramite ante la Cámara que preside, licencia en mi cargo de Representante Nacional, por el día 17 de junio de 2015, por motivos personales, amparado en el artículo 1° de la Ley N° 10.618 en la redacción dada por la Ley N° 17.827. Sin más, saluda atentamente y solicitando se convoque a mi suplente respectivo, CARMELO VIDALÍN Representante por Durazno”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del Representante Nacional por Durazno, lic. Carmelo Vidalín, le hago llegar a usted por intermedio de la presente mi decisión de no aceptar por esta única vez la convocatoria de la que fui objeto. Saluda atentamente, Benjamín Irazábal”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Durazno, Carmelo Vidalín.

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CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Benjamín Eduardo Irazábal Calleri. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Durazno, Carmelo Vidalín, por el día 17 de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Benjamín Eduardo Irazábal Calleri. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor Felipe Algorta. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Al amparo de la establecido por la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 7, 8, 14 y 15 de julio del año en curso. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, GUILLERMO FACELLO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Guillermo Facello. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 7, 8, 14 y 15 de julio de 2015.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Guillermo Facello, por los días 7, 8, 14 y 15 de julio de 2015. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Fitzgerald Cantero Piali. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, solicito licencia por motivos personales por el día 17 de junio de 2015. Asimismo, solicito se convoque al suplente correspondiente. Sin otro particular, saluda atentamente, MACARENA GELMAN Representante por Montevideo”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Alejandro Zavala”.

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“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Romina Napiloti”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Macarena Gelman. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Alejandro Zavala y Romina Napiloti. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Macarena Gelman, por el día 17 de junio de 2015. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Alejandro Zavala y Romina Napiloti. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 329, del Lema Partido Frente Amplio, señor Martín Couto. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”.

“Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.465, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por el día 17 de junio del corriente, por motivos personales. Sin otro particular, lo saluda atentamente, EDGARDO RODRÍGUEZ Representante por Tacuarembó”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de ola licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, saluda atentamente, Zulimar Ferreira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente señora Zulimar Ferreira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez, por el día 17 de junio de 2015.

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2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Zulimar Ferreira. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Gustavo Guerrero Palermo. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, por motivos personales, solicito licencia en el día de la fecha y asimismo pido se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, PABLO ABDALA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que por esta única vez, desisto ante la convocatoria de la Cámara de Representantes de la que fuera objeto por el día de la fecha. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, Jorge Guekdjian”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de junio de 2015. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Jorge Guekdjian. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de

1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala, por el día 17 de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Jorge Guekdjian. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2014, del Lema Partido Nacional, señor Marcelo Bacigalupi. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de esta nota remito a usted, la presente solicitud de licencia para participar de la inauguración del Centro MEC N° 126 en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia, por el día de la fecha, solicitando además que en virtud de lo expresado se convoque a mi suplente respetivo, señor Nicolás Viera. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, MERCEDES SANTALLA Representante por Colonia”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, de la señora Representante por el departamento de Colonia, Mercedes Santalla, a los efectos de participar de la inauguración del Centro MEC N° 126 en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de junio de 2015. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso

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segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política a la señora Representante por el departamento de Colonia, Mercedes Santalla, por el 17 de junio de 2015, a los efectos de participar de la inauguración del Centro MEC N° 126 en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 606 del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Viera. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Me dirijo a usted para solicitar me conceda licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a mi función política, de acuerdo a lo establecido en el literal D, del artículo 1º de la Ley Nº 17.827; con motivo de asistir al encuentro de la Bancada Progresista del Parlasur, como representante de Uruguay. El mismo se realizará el día 23 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se adjunta invitación. Sin otro particular, saluda atentamente, DANIEL CAGGIANI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, a los efectos de participar en la reunión de la Bancada Progresista del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 23 de junio de 2015.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, por el día 23 de junio de 2015, a los efectos de participar en la reunión de la Bancada Progresista del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Camilo Cejas. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 17 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por misión oficial, según el literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827 -con convocatoria de suplente correspondiente- para asistir a la Comisión Directiva del PARLASUR a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires el día lunes 22 de junio de 2015. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, JUAN JOSÉ OLAIZOLA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Olaizola, a los efectos de asistir a la reunión de Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 22 de junio de 2015.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Olaizola, por el día 22 de junio de 2015, a los efectos de asistir a la reunión de Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor Mario Arizti Brusa. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Me dirijo a usted para solicitar me conceda licencia por Misión Oficial, de acuerdo a lo establecido en el literal C), del artículo 1º de la Ley Nº 17.827; con motivo de concurrir a la Mesa Directiva del PARLASUR en mi calidad de Vicepresidente de la misma; a realizarse el 22 de junio de 2015 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se adjunta invitación. Sin otro particular, le saluda atentamente, DANIEL CAGGIANI Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, a los efectos de concurrir a la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 22 de junio de 2015.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Caggiani, por el día 22 de junio de 2015, a los efectos de concurrir a la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Camilo Cejas. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”. “Montevideo, 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por intermedio solicito se me conceda licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 21 de junio y el día 30 de junio de 2015, convocándose al suplente siguiente. Sin otro particular, MARIO GARCÍA Representante por Lavalleja”. “Martes 16 de junio de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted, que no acepto por esta vez, la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes, como suplente del Diputado Dr. Mario García. Sin otro particular saluda a usted muy atentamente. Gastón Elola”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Mario García. CONSIDERANDO: I) Que el señor Representante solicitó licencia por el período comprendido entre los días 16 y 21 de junio y por el día 30 de junio de 2015. II) Que se le otorgó licencia por los días 16, 21 y 30 de junio de 2015. III) Que corresponde realizar la rectificación del trámite, incluyendo en la licencia solicitada, los días 17 al 20 de junio de 2015. IV) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Gastón Elola. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, atendiendo a lo originalmente solicitado, por el señor Representante por el departamento de Lavalleja, Mario García, por el período comprendido entre los días 17 y 20 de junio de 2015. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Gastón Elola. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 5158, del Lema Partido Nacional, señora Verónica Machado. Sala de la Comisión, 17 de junio de 2015. ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA, MARY PACHECO MARTIRENA”.

“Mocionamos para que se consideren los pedidos de informes cuya reiteración la Cámara solicita”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA. Léanse los pedidos de informes oportunamente cursados. (Se leen:) 1) “Montevideo, 4 de marzo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Respecto a la Ruta Nacional Nº 30 Brigadier General Eugenio Garzón, informar: 1) Si el Ministerio ha recibido planteos de reparación de la mencionada ruta nacional. 2) Cuándo y qué empresa realizó la última reparación del tramo Buena UniónMasoller. Qué empresa realiza el mantenimiento del referido tramo. 3) Qué planes tiene el Gobierno para el acondicionamiento completo de la mencionada ruta nacional en el tramo que va desde la ciudad capital del departamento de Artigas hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, como en el que une a esa capital departamental con la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas. Respecto de la Ruta Nacional Nº 4 Andrés Artigas, indicar: 4) Qué planes tiene el Gobierno para el acondicionamiento completo de esa ruta nacional, en el tramo que va desde la ciudad de Artigas hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 31 Coronel Gorgonio Aguiar. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARIO AYALA, Representante por Artigas”. 2) “Montevideo, 4 de marzo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. En la ciudad capital del departamento de Artigas, el domingo 15 de febrero del año en curso, ocurrió un accidente que a la postre costó la vida de tres personas. Al respecto, solicitamos que se nos informe: 1) Qué autoridad coordinó el traslado de las víctimas para su asistencia en Montevideo. 2) Por qué se optó por el traslado terrestre. 3) Si en algún momento se requirió traslado

15.- Reiteración de pedidos de informes
Dese cuenta de una moción de orden, presentada por la señora diputada Susana Pereyra y los señores diputados Jorge Gandini, Jaime Mario Trobo y Germán Cardoso. (Se lee:)

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aéreo. Si el requerimiento fue dirigido a la Fuerza Aérea o a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Cuál fue la respuesta de la Fuerza Aérea. Cuál fue la respuesta de la UNASEV. 4) En qué marco legal y con qué coberturas de apoyo y seguros, se trasladan pacientes transitando por territorio brasileño. 5) Qué medio de comunicación poseen las ambulancias para comunicarse con su base, cuando transitan territorio brasileño. 6) Qué cobertura de salud tenían las víctimas del referido accidente. 7) Por qué no fueron todas las víctimas del accidente asistidas en el único Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) existente en la ciudad de Artigas. 8) Si ese Ministerio ha recibido algún pedido de instalación de CTI en el Hospital de Artigas. En caso afirmativo, quiénes y cuándo lo han solicitado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARIO AYALA, Representante por Artigas”. 3) “Montevideo, 4 de marzo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional. En la ciudad capital del departamento de Artigas, el domingo 15 de febrero del año en curso, ocurrió un accidente que a la postre costó la vida de tres personas. Al respecto, solicitamos que se nos informe: 1) Si en algún momento se requirió para las víctimas, traslado aéreo hacia Montevideo. 2) Quién, en qué fecha y a qué hora lo solicitó. 3) Cuál fue la respuesta de la Fuerza Aérea. 4) Qué aeronave estaba disponible para tal misión. Cuál es su capacidad de transporte y qué recursos personales e instrumentales médicos posee. Cuál era el tiempo estimado de llegada a la ciudad de Artigas y de retorno hasta Montevideo. A qué hora estaba en condiciones de partir. 5) Quién y en qué momento dejó sin efecto la solicitud de traslado aéreo. 6) Cuáles son las condiciones de operatividad del Aeropuerto de Artigas. 7) Desde cuándo el mismo no cuenta con balizamiento. Qué instrumentos necesita para operar en la noche. Si alguna institución ofreció dotarlo del balizamiento. En caso afirmativo, cuál fue la respuesta. 8) Si se mantiene su rango de aeropuerto internacional. En caso negativo, cuándo dejó de serlo. 9) Si su acondicionamiento está dentro de las prioridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. 10) Para cuándo se prevé su capacidad operativa plena en las veinticuatro horas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARIO AYALA, Representante por Artigas”. 4) “Montevideo, 4 de marzo de 2015. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez.

Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio del Interior. En la ciudad capital del departamento de Artigas, el domingo 15 de febrero del año en curso, ocurrió un accidente que a la postre costó la vida de tres personas y en el que actuó personal de la Dirección Nacional de Bomberos. Al respecto solicitamos que se nos informe: 1) Cuál fue el tiempo de respuesta. 2) Qué recursos se aplicaron. 3) Si la dotación que actuó, contó con todos los recursos materiales necesarios para combatir eficientemente el incendio y prestar socorro a las víctimas. 4) Cuál fue el personal disponible para atender la referida emergencia y si a su juicio fue suficiente. 5) Cuántas autobombas dispone el cuartelillo de la ciudad de Artigas. Cuál es su estado de operatividad. 6) Si la dotación del cuartelillo de Artigas es suficiente para atender los requerimientos de la comunidad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARIO AYALA, Representante por Artigas”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si la Cámara hace suyos los pedidos de informes a que se dio lectura (Se vota) ——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

16.- Integración de comisiones
Dese cuenta de la integración de comisiones. (Se lee:) “La señora Representante Susana Pereyra sustituirá al señor Representante Luis Puig como miembro de la Comisión Especial sobre adicciones”.

17.- Intermedio
SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Tiene la palabra el señor diputado. Sánchez).-

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: tal como se anunció y se acordó en la reunión de coordinación de bancada del día de ayer, solicito que la Cámara pase a intermedio hasta la hora 17 y 30. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar.

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(Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 16 y 59) ——Continúa la sesión. (Es la hora 17 y 36)

emprendimientos autogestionarios. Por su parte, el FONDES ANDE tiene como cometido específico fundamental el de promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. c) En el caso del FONDES INACOOP, las competencias relativas a la administración de la partición serán ejercidas por un órgano del Instituto, creado a estos efectos, denominado Junta Directiva del FONDES INACOOP. Esta Junta contará con un delegado representante del sector cooperativo, según propuesta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), y un delegado representante de los trabajadores, según propuesta del PIT-CNT en acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT). d) En el caso del FONDES ANDE, las competencias relativas a la administración de la partición serán ejercidas por el Directorio de la ANDE, previéndose asimismo que para las competencias relacionadas con la elaboración de reglamentos operativos, planes y programas anuales, y la resolución sobre solicitudes específicas de apoyo, se requerirá la opinión preceptiva y favorable de una comisión que contará con un delegado representante de las micro y pequeñas empresas, según propuesta de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE). e) Se habilita a las instituciones administradoras a suscribir convenios con otras instituciones a los efectos de implementar planes y programas de la partición correspondiente, siempre que estos cumplan con todos los requisitos previstos en la ley y se establezcan los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas. f) Se incrementan los límites máximos a los montos de los apoyos, con una consideración especial al caso de los préstamos, tanto en términos de número de operaciones como de monto máximo por período de cinco años. Asimismo, el cómputo de estos límites debe contemplar al total de los emprendimientos o proyectos de un mismo grupo económico. g) Se prevé que las contribuciones al FONDES en el marco del artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, representarán al menos el 15 % de las utilidades netas del Banco de la República Oriental del Uruguay

18.- Fondo para el Desarrollo. (Creación)
——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Fondo para el Desarrollo. (Creación)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 166 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 1º de junio de 2015 Señor Presidente de la Asamblea General Licenciado Raúl Sendic: El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de presentar el proyecto de ley de Institucionalidad Legal del Fondo para el Desarrollo, que sustituye al proyecto de ley sobre esta misma materia que fuera presentado con fecha 5 de marzo de 2015. Se indican a continuación las principales modificaciones que este proyecto de ley introduce al proyecto que se sustituye, cuya exposición de motivos mantiene plena validez: a) Se prevé que el Fondo para el Desarrollo (FONDES) tendrá dos particiones: una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y otra administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE). La primera partición se denomina FONDES INACOOP y la segunda FONDES ANDE. b) El FONDES INACOOP tiene como cometido específico fundamental el de promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas de la Economía Social y Solidaria, en particular, las empresas cooperativas reguladas por la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008 y los emprendimientos productivos con la participación de los trabajadores en la dirección y el capital de la empresa, especialmente, los

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(BROU) después de debitar los impuestos, siempre que existan proyectos productivos viables y sustentables que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, en línea con lo previsto en el artículo referido, se clarifica que estas contribuciones serán adicionales a las previstas en el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 18.716 y que se preservará la responsabilidad patrimonial neta del BROU prevista en el inciso segundo de este artículo. h) Se establece que a cada una de las particiones le corresponderá el 50 % de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716. i) Se prevé expresamente que el FONDES creado por la ley sustituirá de pleno derecho al Fondo para el Desarrollo creado por el Decreto 341/011 de 27 de setiembre de 2011 y sus modificativos. En definitiva, las modificaciones propuestas apuntan a: i) establecer con jerarquía legal diversos aspectos del funcionamiento del FONDES que en el proyecto de ley que se sustituye quedaban sujetos a la reglamentación, incluyendo la creación de particiones y la definición de sus instituciones administradoras; ii) consolidar la participación social en la administración del FONDES; iii) profundizar en la promoción de una gestión eficiente de los recursos, así como en la efectividad de los apoyos otorgados; y iv) asegurar la disponibilidad de un mínimo de recursos para cada uno de los objetivos fundamentales que persigue el instrumento. El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración, TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI, RODOLFO NIN NOVOA, DANILO ASTORI, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, MARÍA JULIA MUÑOZ, VÍCTOR ROSSI, CAROLINA COSSE, ERNESTO MURRO, ENZO BENECH, LILIAM KECHICHIAN, ENEIDA DE LEÓN, MARINA ARISMENDI. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Créase el Fondo para el Desarrollo, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, constituidos a partir de las

contribuciones adicionales del Banco de la República Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, con la finalidad de dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables, alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. A efectos de la presente ley se lo denominará “el FONDES” y en su actuación se podrá identificar con dicha sigla. Artículo 2º.- El FONDES tendrá dos particiones: una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y la otra administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE). Cada una de las instituciones administradoras instrumentará a partir de los patrimonios de afectación respectivos los medios humanos y materiales para el funcionamiento de la partición respectiva. Cada partición se organizará en fondos o sub fondos, de acuerdo con los objetivos específicos perseguidos, conforme a lo que disponga la institución administradora. La gestión fiduciaria de estos fondos o sub fondos será realizada por fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, a quien mediante el o los contratos de fideicomiso correspondientes se trasmitirá la propiedad financiera de los recursos del FONDES. El fiduciario será seleccionado de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). Cada una de las particiones se denominará genéricamente como FONDES seguido del nombre de la institución que realice su administración. Artículo 3º.- Adicionalmente a los cometidos principales específicos de cada una de las particiones, previstos en los artículos 13 y 17, el FONDES tendrá los siguientes cometidos principales: A) Promover y apoyar la profesionalizaron, la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, el incremento de la productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos apoyados. B) Promover y apoyar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, especialmente las vinculadas a la capacitación y motivación del personal.

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C) Promover la participación del sistema financiero en la financiación de los proyectos elegibles de modo de maximizar la utilización de los instrumentos disponibles a estos efectos. D) Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos apoyados con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. Artículo 4º.- A los efectos de recibir el apoyo del FONDES, en cualquiera de sus modalidades, los proyectos o emprendimientos deberán aportar toda la información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) Ser sostenibles económica y financieramente. B) Ser innovadores en sus productos, mercados, proceso tecno-productivo y/o modelo de gestión. C) Ser capaces de realizar un aporte a la comunidad en términos de creación de empleo, mejora de la calidad de vida y/o contribución al equilibrio territorial (descentralización). D) Promover contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. E) Ser ambientalmente sustentables. F) Estar alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. Artículo 5º.- Los apoyos del FONDES podrán otorgarse mediante los siguientes instrumentos: A) Préstamos, garantías y bonificación de tasa de interés en préstamos otorgados por el sistema financiero. B) Capital semilla y capital de riesgo. C) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de la asistencia técnica necesaria para completar los planes o estudios de viabilidad y desarrollo de un proyecto, y la evaluación técnica del mismo. D) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de planes de capacitación o mejora de gestión y procesos de certificación. E) Otros que el Poder Ejecutivo determine. Artículo 6º.- Las empresas que reciban apoyo del FONDES deberán comprometerse a la reinversión de utilidades, y a no tomar préstamos u otorgar garantías

sin autorización de la institución administradora de la partición respectiva, mientras no se haya producido el reintegro total de los apoyos reembolsables recibidos o se encuentren vigentes las garantías, cualquiera sea su naturaleza. Artículo 7º.- La totalidad de los nuevos apoyos a conceder al total de los emprendimientos o proyectos de un mismo grupo económico, no podrá superar en ningún caso el 10 % (diez por ciento) de los activos administrados en el año corriente por la partición correspondiente. En el caso de otorgamiento de préstamos, se podrán otorgar hasta dos préstamos a un mismo proyecto o empresa, en un período de cinco años, y el monto total prestado no podrá superar el 15 % del valor promedio anual de los activos administrados en la partición correspondiente, en los últimos cinco años. Artículo 8º.- A cada institución responsable de la administración de una partición del FONDES prevista en el artículo 2°, le competerá respecto de la misma: A) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo, para su aprobación, los reglamentos operativos y los planes y programas anuales del FONDES. B) Aplicar los reglamentos e implementar los planes y programas anuales del FONDES aprobados por el Poder Ejecutivo. C) Adoptar resolución acerca de las solicitudes específicas de apoyo presentadas al FONDES. El apoyo otorgado a cada proyecto deberá ser específicamente cuantificado y explicitado en la respectiva resolución del órgano responsable de la administración del FONDES. D) Impartir las instrucciones pertinentes al o los agentes fiduciarios que corresponda. E) Realizar el seguimiento de los proyectos asistidos por el FONDES y aplicar las sanciones en caso de incumplimientos. F) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo, o cuando este lo solicite, acerca de los proyectos apoyados, sus características y modalidades, así como toda otra circunstancia relativa a la ejecución de las actividades del FONDES, incluida la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. G) Realizar toda otra acción necesaria para la administración del FONDES.

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Artículo 9º.- Las instituciones administradoras podrán suscribir convenios con otras instituciones a los efectos de implementar planes y programas aprobados por el Poder Ejecutivo de una determinada partición del FONDES. Estos convenios deberán establecer el monto del sub fondo cuya administración se delegará, así como los mecanismos de información y rendición de cuentas que deberán cumplirse ante la institución administradora de la partición. Artículo 10.- Constituirán recursos y fuentes de financiamiento del FONDES: A) Las contribuciones dispuestas por el Poder Ejecutivo en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. B) El producido de la gestión del FONDES. C) Las herencias, legados y donaciones que acepte. D) Las asignaciones que se otorguen en las leyes presupuestales. E) Los aportes o cualquier tipo de financiamiento que provengan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como todos aquellos aportes o financiamiento que provengan de cooperación interinstitucional nacional e internacional. F) La totalidad de las asignaciones dispuestas hasta la entrada en vigencia de la presente ley para el Fondo para el Desarrollo, creado por Decreto N° 341/011, de 27 de setiembre de 2011. G) Todo otro recurso que le sea atribuido. Las contribuciones previstas en el literal A) representarán al menos el 15 % de las utilidades netas anuales del Banco de la República Oriental del Uruguay después de debitar los impuestos, siempre que existan proyectos productivos viables y sustentables que cumplan con los requisitos para acceder a los apoyos del FONDES y requieran de dicho mínimo. Estas contribuciones sólo podrán realizarse cuando la responsabilidad patrimonial neta del Banco de la República Oriental del Uruguay supere en más del 30 % (treinta por ciento) el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay, después de considerar las contribuciones previstas en el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010.

CAPÍTULO II DEL FONDES INACOOP Artículo 11.- Agrégase al artículo 187 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, el siguiente literal: “N) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010”. Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 193 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente: “Artículo 193. (Estructura e integración).- Los órganos del Instituto Nacional del Cooperativismo serán el Directorio, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Consultivo del Cooperativismo y la Junta Directiva del FONDES INACOOP”. Artículo 13.- El FONDES INACOOP tendrá como cometidos principales, adicionales a los establecidos en el artículo 3, los siguientes: A) Promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas de la economía social y solidaria, y en particular, las previstas en los siguientes literales. B) Promover y apoyar el desarrollo de las empresas cooperativas reguladas por la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008. C) Promover y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos productivos con la participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de la empresa, en particular, los emprendimientos autogestionarios. Se entiende por emprendimiento autogestionario aquel en el que la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas, o en el que los trabajadores participan mayoritariamente en la dirección y el capital de la empresa. Artículo 14.- Respecto de la administración del FONDES INACOOP, las competencias previstas en el artículo 8° serán ejercidas por la Junta Directiva del FONDES INACOOP integrada por: A) Los tres delegados del Poder Ejecutivo que integran el Directorio del INACOOP.

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B) Un delegado representante del sector cooperativo designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). C) Un delegado representante de los trabajadores designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por el PITCNT en acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT). La duración del mandato de los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores será de dos años, pudiendo ser reelectos por dos períodos más. Estos delegados podrán ser sustituidos a iniciativa de la entidad proponente, con expresión de la causa que motiva la medida. Cada integrante de la Junta Directiva tendrá su correspondiente alterno que será designado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo designará de oficio los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores cuando no se hubiera formalizado la propuesta correspondiente dentro del plazo de treinta días desde su requerimiento. Se aplicará a los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores en la Junta Directiva, el mismo régimen de compensaciones previsto para los delegados del sector cooperativo en el Directorio del INACOOP. Las resoluciones de la Junta Directiva serán adoptadas por mayoría de votos. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados. Artículo 15.Al FONDES INACOOP le corresponderá el 50 % (cincuenta por ciento) de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, y en la presente ley. CAPÍTULO III DEL FONDES ANDE Artículo 16.- Agrégase al artículo 4 de la Ley N° 18.602, de 21 de setiembre de 2009, el siguiente literal: “L) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno o

varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N 18.716, de 24 de diciembre de 2010″. Artículo 17.- El FONDES ANDE tendrá como cometido principal, adicional a los establecidos en el artículo 3, el de promover y apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo los procesos de internacionalización, el desarrollo como proveedores de emprendimientos de mayor tamaño y la asociación colaborativa en la ejecución de proyectos de interés conjunto, así como los programas orientados a emprendimientos con fuerte componente innovador. Artículo 18.- Respecto de la administración del FONDES ANDE, las competencias previstas en el artículo 8 serán ejercidas por el Directorio de la ANDE. En relación con los literales A) y C) del artículo 8 se requerirá la opinión preceptiva y favorable de una comisión integrada por los directores de la ANDE y un delegado representante de las micro y pequeñas empresas, designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE). Artículo 19.- Al FONDES ANDE le corresponderá el 50 % (cincuenta por ciento) de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, y en la presente ley. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 20.- Los porcentajes previstos en los artículos 10, 15 y 19 serán de aplicación para las contribuciones del Banco de la República Oriental del Uruguay en virtud del artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2015 y posteriores. Las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2013, corresponderán en su totalidad al FONDES INACOOP. Artículo 21.- El FONDES estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales actuales y futuros, excepto las contribuciones a la seguridad social. Artículo 22.- Los bienes del FONDES son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su

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origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 2) del artículo 110 de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008. Artículo 23.- El FONDES sustituirá, de pleno derecho, al Fondo para el Desarrollo, creado por el Decreto N° 341/011, de 27 de setiembre de 2011, y modificado por el Decreto N° 100/015, de 23 de marzo de 2015, en todos los actos, contratos, o relaciones jurídicas en general, que se hayan dictado, celebrado o entablado, en el marco del fideicomiso previsto por dichas normas. Los referidos actos o relaciones jurídicas, así como aquéllos o aquéllas que resultan un antecedente o complemento necesario a estos, conservarán plena validez y vigencia. Montevideo, 1º de junio de 2015 TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI, RODOLFO NIN NOVOA, DANILO ASTORI, ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, MARÍA JULIA MUÑOZ, VÍCTOR ROSSI, CAROLINA COSSE, ERNESTO MURRO, ENZO BENECH, LILIAM KECHICHIAN, ENEIDA DE LEÓN, MARINA ARISMENDI”. Anexo I al Rep. Nº 166 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Hacienda INFORME EN MAYORÍA Señores Representantes: Vuestra Comisión de Hacienda aprobó el presente proyecto de ley, mediante el cual se legisla acerca de una política pública que dio inicio en el anterior período de gobierno a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 341/011, del 27 de septiembre de 2011, y sus modificativos. La Comisión de Hacienda recibió para su estudio a múltiples integrantes del Poder Ejecutivo, así como delegaciones de distintas organizaciones sociales. Por parte del Poder Ejecutivo, se hicieron presentes el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como distintas autoridades y asesores de las antes mencionadas instituciones. Del mismo modo, esta Comisión recibió delegaciones de CUDECOOP, FUCVAM, PIT CNT, del Instituto Cuesta Duarte y de la ANERT (Asociación de Empresas Recuperadas por los Trabajadores).

El articulado se presenta en cuatro grandes Capítulos, los que se describen sucintamente a continuación: En el Capítulo primero se define la creación del Fondo de Desarrollo (en adelante FONDES), y la subdivisión del mismo con destino a las dos instituciones que se designan como administradoras: INACOOP y ANDE. Se encuentra también en este primer Capítulo aquellos objetivos de carácter general que cumplirá la gestión del FONDES, los requisitos que deberán verificar los proyectos para que resulten elegibles, las fuentes de financiamiento, los instrumentos que podrán utilizar cada una de las instituciones administradoras en el marco de fines específicos de su competencia respectiva. Se establecen límites para el otorgamiento de apoyos o préstamos a cada proyecto, de forma de restringir el riesgo que podrán asumir las Instituciones administradoras. Por último, se define un mínimo de un 15 % a requerir por parte del Poder Ejecutivo de las utilidades del Banco de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 18.716. Los siguientes dos Capítulos definen para cada una de las Instituciones administradoras, quienes serán internamente los órganos responsables de las decisiones respecto a la administración de la partición del FONDES que se le asigna, así como el porcentaje que corresponde a cada una de ellas. Asimismo, se encuentra en los Capítulos II y III del presente proyecto de ley la definición de los actores económicos que constituyen el foco de atención de esta política pública, para cada una de las Instituciones designadas. El último Capitulo refiere a las Disposiciones Finales en las cuales se dispone el destino de las utilidades del BROU del año 2013, a la vez que se establece que las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir respecto a la aplicación de las utilidades del BROU a partir del ejercicio 2015. Asimismo, se exonera al FONDES de todo tributo a excepción de las leyes sociales y se declara la inembargabilidad de sus bienes. En suma, el presente proyecto de ley apunta a: Establecer con jerarquía legal los objetivos, instrumentos y requisitos para el funcionamiento del FONDES.

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Se define la participación de representantes sociales en la administración y gestión del mismo. Se profundiza en aspectos que hacen a la eficiencia y control de los dineros públicos. Se asegura un mínimo de recursos con destino a esta política pública de promoción de los emprendimientos cooperativos, autogestionarios y de la pequeña y mediana empresa, al servicio del desarrollo del país, a la vez que se protege la sustentabilidad del Banco de la República Oriental del Uruguay. Creemos que esta descripción enumera los aspectos relevantes del proyecto de ley que se propone. Por lo expuesto, vuestra Comisión Asesora sugiere a la Cámara la aprobación del adjunto proyecto de ley. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 LILIAN GALÁN, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, GONZALO CIVILA, GONZALO MUJICA, JAVIER UMPIÉRREZ, STELLA VIEL. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Créase el Fondo para el Desarrollo, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, constituidos a partir de las contribuciones adicionales del Banco de la República Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, con la finalidad de dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables, alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. A efectos de la presente ley se lo denominará “FONDES” y en su actuación se podrá identificar con dicha sigla. Artículo 2º.- El FONDES tendrá dos particiones: una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y la otra administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Cada una de las instituciones administradoras instrumentará a partir de los patrimonios de afectación respectivos los medios humanos y materiales para el funcionamiento de la partición respectiva.

Cada partición se organizará en fondos o sub fondos, de acuerdo con los objetivos específicos perseguidos, conforme a lo que disponga la institución administradora. La gestión fiduciaria de estos fondos o sub fondos será realizada por fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, a quien mediante el o los contratos de fideicomiso correspondientes se trasmitirá la propiedad financiera de los recursos del FONDES. El fiduciario será seleccionado de acuerdo con lo previsto en el numeral 1) del literal C) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). Cada una de las particiones se denominará genéricamente como FONDES seguido del nombre de la institución que realice su administración. Artículo 3º.- Adicionalmente a los cometidos específicos de cada órgano encargado de la administración de las dos particiones definidas en la presente ley y especificados por la misma, se definen los siguientes cometidos generales: A) Promover y apoyar la profesionalizaron, la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, el incremento de la productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos apoyados. B) Promover y apoyar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, especialmente las vinculadas a la capacitación y motivación del personal. C) Promover la participación del sistema financiero en la financiación de los proyectos elegibles de modo de maximizar la utilización de los instrumentos disponibles a estos efectos. D) Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos apoyados con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. Artículo 4º.- A los efectos de recibir el apoyo del FONDES, en cualquiera de sus modalidades, los proyectos o emprendimientos deberán aportar toda la información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) Ser sostenibles económica y financieramente. B) Ser innovadores en sus productos, mercados, proceso tecno-productivo y/o modelo de gestión.

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C) Ser capaces de realizar un aporte a la comunidad en términos de creación de empleo, mejora de la calidad de vida y/o contribución al equilibrio territorial (descentralización). D) Promover contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. E) Ser ambientalmente sustentables. F) Estar alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. Artículo 5º.- Los apoyos del FONDES podrán otorgarse mediante los siguientes instrumentos: A) Préstamos, garantías y bonificación de tasa de interés en préstamos otorgados por el sistema financiero. B) Capital semilla y capital de riesgo. C) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de la asistencia técnica necesaria para completar los planes o estudios de viabilidad y desarrollo de un proyecto, y la evaluación técnica del mismo. D) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de planes de capacitación o mejora de gestión y procesos de certificación. E) Otros que el Poder Ejecutivo determine. Artículo 6º.- Las empresas que reciban apoyo del FONDES deberán comprometerse a la reinversión de utilidades, y a no tomar préstamos u otorgar garantías sin autorización de la institución administradora de la partición respectiva, mientras no se haya producido el reintegro total de los apoyos reembolsables recibidos o se encuentren vigentes las garantías, cualquiera sea su naturaleza. Artículo 7º.- La totalidad de los nuevos apoyos a conceder al total de los emprendimientos o proyectos de un mismo grupo económico, no podrá superar en ningún caso el 10 % (diez por ciento) de los activos administrados en el año corriente por la partición correspondiente. En el caso de otorgamiento de préstamos, se podrán otorgar hasta dos préstamos a un mismo proyecto o empresa, en un período de cinco años, y el monto total prestado no podrá superar el 15 % (quince por ciento) del valor promedio anual de los activos administrados en la partición correspondiente, en los últimos cinco años.

Artículo 8º.- A cada institución responsable de la administración de una partición del FONDES prevista en el artículo 2° de la presente ley, le competerá respecto de la misma: A) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo, para su aprobación, los reglamentos operativos y los planes y programas anuales del FONDES. B) Aplicar los reglamentos e implementar los planes y programas anuales del FONDES aprobados por el Poder Ejecutivo. C) Adoptar resolución acerca de las solicitudes específicas de apoyo presentadas al FONDES. El apoyo otorgado a cada proyecto deberá ser específicamente cuantificado y explicitado en la respectiva resolución del órgano responsable de la administración del FONDES. D) Impartir las instrucciones pertinentes al o los agentes fiduciarios que corresponda. E) Realizar el seguimiento de los proyectos asistidos por el FONDES y aplicar las sanciones en caso de incumplimientos. F) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo, o cuando este lo solicite, acerca de los proyectos apoyados, sus características y modalidades, así como toda otra circunstancia relativa a la ejecución de las actividades del FONDES, incluida la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. G) Realizar toda otra acción necesaria para la administración del FONDES. Artículo 9º.- Las instituciones administradoras podrán suscribir convenios con otras instituciones a los efectos de implementar planes y programas aprobados por el Poder Ejecutivo de una determinada partición del FONDES. Estos convenios deberán establecer el monto del sub fondo cuya administración se delegará, así como los mecanismos de información y rendición de cuentas que deberán cumplirse ante la institución administradora de la partición. Artículo 10.- Constituirán recursos y fuentes de financiamiento del FONDES: A) Las contribuciones dispuestas por el Poder Ejecutivo en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010.

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B) El producido de la gestión del FONDES. C) Las herencias, legados y donaciones que acepte. D) Las asignaciones que se otorguen en las leyes presupuestales. E) Los aportes o cualquier tipo de financiamiento que provengan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como todos aquellos aportes o financiamiento que provengan de cooperación interinstitucional nacional e internacional. F) La totalidad de las asignaciones dispuestas hasta la entrada en vigencia de la presente ley para el Fondo para el Desarrollo, creado por Decreto N° 341/011, de 27 de setiembre de 2011. G) Todo otro recurso que le sea atribuido. Las contribuciones previstas en el literal A) representarán al menos el 15 % de las utilidades netas anuales del Banco de la República Oriental del Uruguay después de debitar los impuestos, siempre que existan proyectos productivos viables y sustentables que cumplan con los requisitos para acceder a los apoyos del FONDES y requieran de dicho mínimo. Estas contribuciones sólo podrán realizarse cuando la responsabilidad patrimonial neta del Banco de la República Oriental del Uruguay supere en más del 30 % (treinta por ciento) el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay, después de considerar las contribuciones previstas en el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. CAPÍTULO II DEL FONDES INACOOP Artículo 11.- Agrégase al artículo 187 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, el siguiente literal: “N) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010”. Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 193 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente: “ARTÍCULO 193. (Estructura e integración).- Los órganos del Instituto Nacional del Cooperativismo serán el Directorio, la Dirección Ejecutiva, el

Consejo Consultivo del Cooperativismo y la Junta Directiva del FONDES INACOOP”. Artículo 13.- La Junta Directiva del FONDES INACOOP tendrá como cometidos principales, adicionales a los establecidos en el artículo 3º de la presente ley, los siguientes: A) Promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas de la economía social y solidaria, y en particular, las previstas en los siguientes literales. B) Promover y apoyar el desarrollo de las empresas cooperativas reguladas por la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008. C) Promover y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos productivos con la participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de la empresa, en particular, los emprendimientos autogestionarios. Se entiende por emprendimiento autogestionario aquel en el que la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas, o en el que los trabajadores participan mayoritariamente en la dirección y el capital de la empresa. Artículo 14.- Respecto de la administración del FONDES INACOOP, las competencias previstas en el artículo 8° de la presente ley serán ejercidas por la Junta Directiva del FONDES INACOOP integrada por: A) Los tres delegados del Poder Ejecutivo que integran el Directorio del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP). B) Un delegado representante del sector cooperativo designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). C) Un delegado representante de los trabajadores designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por el PITCNT en acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT). La duración del mandato de los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores será de dos años, pudiendo ser reelectos por dos períodos más. Estos delegados podrán ser sustituidos a iniciativa de la entidad proponente, con expresión de la causa que motiva la medida.

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Cada integrante de la Junta Directiva tendrá su correspondiente alterno que será designado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo designará de oficio los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores cuando no se hubiera formalizado la propuesta correspondiente dentro del plazo de treinta días desde su requerimiento. Se aplicará a los delegados del sector cooperativo y de los trabajadores en la Junta Directiva, el mismo régimen de compensaciones previsto para los delegados del sector cooperativo en el Directorio del INACOOP. Las resoluciones de la Junta Directiva serán adoptadas por mayoría de votos. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados. Artículo 15.Al FONDES INACOOP le corresponderá el 50 % (cincuenta por ciento) de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, y en la presente ley. CAPÍTULO III DEL FONDES ANDE Artículo 16.- Agrégase al artículo 4º de la Ley N° 18.602, de 21 de setiembre de 2009, el siguiente literal: “L) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010”. Artículo 17.- El FONDES ANDE tendrá como cometido principal, adicional a los establecidos en el artículo 3º de la presente ley, el de promover y apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo los procesos de internacionalización, el desarrollo como proveedores de emprendimientos de mayor tamaño y la asociación colaborativa en la ejecución de proyectos de interés conjunto, así como los programas orientados a emprendimientos con fuerte componente innovador. Artículo 18.- Respecto de la administración del FONDES ANDE, las competencias previstas en el ar-

tículo 8º de la presente ley serán ejercidas por el Directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). En relación con los literales A) y C) del artículo 8º de la presente ley se requerirá la opinión preceptiva y favorable de una comisión integrada por los directores de la ANDE y un delegado representante de las micro y pequeñas empresas, designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE). Artículo 19.- Al FONDES ANDE le corresponderá el 50 % (cincuenta por ciento) de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, y en la presente ley. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 20.- Los porcentajes previstos en los artículos 10, 15 y 19 de la presente ley serán de aplicación para las contribuciones del Banco de la República Oriental del Uruguay en virtud del artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2015 y posteriores. Las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2013, corresponderán en su totalidad al FONDES INACOOP. Artículo 21.- El FONDES estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales actuales y futuros, excepto las contribuciones a la seguridad social. Artículo 22.- Los bienes del FONDES son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 2) del artículo 110 de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008. Artículo 23.- El FONDES sustituirá, de pleno derecho, al Fondo para el Desarrollo, creado por el Decreto N° 341/011, de 27 de setiembre de 2011, y modificado por el Decreto N° 100/015, de 23 de marzo de 2015, en todos los actos, contratos, o relaciones jurídicas en general, que se hayan dictado, celebrado o entablado, en el marco del fideicomiso previsto por dichas normas. Los referidos actos o relaciones jurídicas, así como aquéllos o aquéllas que

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resultan un antecedente o complemento necesario a estos, conservarán plena validez y vigencia. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 LILIAN GALÁN, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, GONZALO CIVILA, GONZALO MUJICA, JAVIER UMPIÉRREZ, STELLA VIEL. Comisión de Hacienda INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: El Partido Nacional comparte plenamente el objetivo de crear un Fondo de Desarrollo. Esto es un Fondo con recursos públicos que tenga como finalidad desarrollar una mayor y mejor empresarialidad. Son suficientes las evidencias en todo el mundo de los enormes beneficios que generan las empresas a toda la sociedad. Ya nadie duda que la empresa y los emprendimientos son los actores más relevantes de la economía en cualquier país. Por lo que resulta de interés general apoyar la creación y el fortalecimiento de los mismos. Pero no de cualquier manera sino conforme a los límites que nos impone la Constitución y los conocimientos comprobados de las ciencias y técnicas modernas. Nos encontramos entonces ante la tarea de crear un fondo de desarrollo que realmente sirva para crear más y mejores empresas, sean de la naturaleza que fuere, en el entendido que esto contribuirá al crecimiento económico, a la generación de puestos de trabajo, innovaciones, la regeneración de tejidos productivos regionales, la generación y derrame de conocimiento, y la canalización de las energías creativas de la sociedad. Para lograr tal final, de acuerdo a todos los aprendizajes y evidencias tanto nacionales como internacionales, un Fondo de Desarrollo tiene que cumplir con tres reglas básicas: 1º) ser transparente en el uso de los fondos y tener un control riguroso de la administración de los mismos por parte del parlamento y de la sociedad en su conjunto. 2º) contar con un diseño que le permita seleccionar los mejores proyectos a fin de concentrar en ellos los mayores esfuerzo económicos e institucionales, y de esa manera obtener eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Incluyendo el perfeccionamiento de un sistema que aborde en forma integral todas las áreas del emprendimiento facilitando la colaboración y armonización de todas

las acciones e instituciones que participan del ecosistema empresarial y emprendedor. 3º) evaluar las experiencias similares anteriores para aprender de las mismas, y desarrollar un proceso de mejora continua. Lamentablemente este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no reúne ninguna de las tres condiciones básicas para crear un Fondo de Desarrollo moderno y eficaz que pueda cumplir con la finalidad expresada de promover una mayor y mejor empresarialidad. En primer lugar porque no establece mecanismos transparentes para adjudicar los apoyos del fondo. A modo de ejemplo no se prevén procedimientos abiertos y/o competitivos. Tampoco se establecen controles parlamentarios rigurosos como lo recomienda la legislación internacional. Más aun cuando estamos ante recursos públicos que excepcionan el régimen general de contralor constitucional. En segundo lugar el diseño legislativo propuesto es confuso, y presenta importantes vacíos que generan dificultades de interpretación y de aplicación. En tal sentido no queda claro cuáles son las normas del régimen anterior que se mantienen vigentes. Las dudas interpretativas, también han quedado al descubierto cuando, preguntados importantes jerarcas del gobierno en oportunidad de su comparecencia a la Comisión de Hacienda, respondieron en forma contradictoria a cuestiones relevantes. A lo que cabe agregar los términos de la discusión desarrollada en oportunidad de la visita de las autoridades de Inacoop, en la que volvieron a surgir dudas relevantes de parte de quien, nada más ni nada menos serán los encargados de aplicarla. Asimismo, debe destacarse que el texto a consideración reproduce varios defectos del régimen anterior. Lo que se agrava con la incorporación de incentivos perversos en relación a flexibilizar la evaluación en el cumplimiento de los requisitos para recibir asistencia del Fondes (artículo 10 in fine). En tercer lugar, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la bancada del Partido Nacional para propiciar una evaluación del funcionamiento del Fondes anterior, requisito indispensable para prevenir errores cometidos y mejorar las fallas del instrumento legal, la bancada de gobierno lo ha impedido en todas sus formas. En este sentido cabe destacar que, aun ante la denuncia de hechos irregulares e ilícitos en el

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uso de los recursos del Fondes por parte de integrantes de este cuerpo, igualmente se negó la posibilidad de investigar lo ocurrido. Por lo que hoy no sabemos qué fue lo que pasó, ni por qué pasó lo que pasó, en situaciones que evidenciaron un rotundo fracaso en algunas de las inversiones realizadas por el Fondes. La negativa a evaluar el funcionamiento anterior del Fondes nos impide saber por qué pasó lo que pasó: estaba mal diseñado el instrumento o fue mal usado. Todo lo cual nos impide corregir las fallas que hubieren podido ocurrir. Sin perjuicio de todo lo expresado, demostrando una actitud constructiva y la disposición a contribuir en el mejoramiento del instrumento legal que se propone, el Partido Nacional ha planteado en la oportunidad correspondiente, un conjunto de propuestas sustitutivas y aditivas. Con la finalidad de crear un fondo que sirva al desarrollo y no un instrumento que termine haciendo un mal uso de los recursos públicos y peor aun perjudicando a todo el ecosistema emprendedor. Por un lado se ha propuesto la incorporación del criterio legal que imponga el deber a las instituciones administradoras de seleccionar y priorizar los mejores proyectos que sean presentados al Fondes. Por otro lado se ha propuesto la incorporación de mecanismos de transparencia en la elegibilidad de los proyectos. Y finalmente se ha propuesto incorporar una serie de disposiciones recomendadas internacionalmente, como por ejemplo el involucramiento de los beneficiarios a través de la constitución de garantías personales. En consecuencia, a pesar de compartir la utilidad de la creación de un fondo de desarrollo, consideramos que el diseño propuesto en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo no reúne las condiciones necesarias, ni los medio adecuados para alcanzar la finalidad que todo verdadero fondo de desarrollo debe cumplir. Tampoco establece los controles imprescindibles para otorgar garantías a la sociedad uruguaya de que se hará un buen uso de los recursos del Fondes, que no debería ser otro que aplicar los mismos en los mejores proyectos para una mayor y mejor empresarialidad. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 JORGE GANDINI, Miembro Informante, FEDERICO CASARETTO, GUSTAVO PENADÉS.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo único.- En atención a los fundamentos expuesto en el informe en minoría, se rechaza el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la creación del Fondo para el Desarrollo. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 JORGE GANDINI, Miembro Informante, FEDERICO CASARETTO, GUSTAVO PENADÉS. Comisión de Hacienda INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: El presente proyecto de ley procura dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables, económica y financieramente, innovadores, creadores de empleo y de mejora de la calidad de vida. Si bien la instrumentación del proyecto puede considerarse que no es la más adecuada y sea en parte sobreabundante porque en las instituciones del país existen organismos que pueden cumplir ese mismo rol de fomento, no es menos cierto que los objetivos perseguidos son en general compartibles, en especial, tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas, y de empresas que, cumpliendo con las mismas condiciones, puedan llegar a gestionarse por sus propios trabajadores. Sin embargo no puede soslayarse que los recursos que se destinan, tanto por su origen, como por su destino, son fondos públicos y ello obliga a tomar las medidas y precauciones debidas para con el manejo de la hacienda pública, que tanto la Constitución de la República, como las leyes, han impuesto para la gestión y administración de los mismos y que el propio deber de transparencia impondría aun en ausencia de normativa específica. En ese sentido se propone que el proyecto de ley contemple las garantías mínimas que se deben cumplir para la trasferencia, gestión y administración de fondos públicos y la responsabilidad consecuente en caso de una indebida gestión o administración, y que se prevén, en nuestra legislación, desde hace decenas de años, aun cuando esos fondos – insistimos en que son públicos por su origen o por su destino- sean gestionados por personas públicas no estatales o por organizaciones privadas. A ese fin se propone un aditivo al artículo 2° del proyecto. En forma coherente con ese cuidado del debido cuidado y transparencia para el manejo de los fondos

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públicos, no se comparte el artículo 23° del proyecto porque sin las debidas garantías previas de la rendición de cuentas de la gestión y administración del Fondes creado por el Decreto por el Decreto N° 341/011, de 27 de setiembre de 2011, y modificado por el Decreto N° 100/015, de 23 de marzo de 2015, se prevé que la nueva institución sustituya de pleno derecho a la preexistente, que además carecía de la debida legitimidad legal y constitucional. Es obvio que el Poder Legislativo no solo puede sino que debe desaplicar un acto reglamentario, que por ilegal e inconstitucional, resulta ilegítimo y por tanto no puede admitirse que la ley atribuya a una entidad que crea, la vocación de sustituir de pleno derecho a otra -hasta declarando la plena validez de todo lo actuado- en un envoltorio cuyo contenido no se conoce, blanqueando así todo un pasado incierto, del que, por confusión, se perderán todos los indicios, de lo que eventualmente pudiera ser motivo de responsabilidades. La admisión de ambos aspectos, que tienen un mismo hilo conductor, son a nuestro juicio determinantes para acompañar el proyecto que se adjunta. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 CONRADO RODRÍGUEZ, Informante. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Créase el Fondo para el Desarrollo, como uno o varios patrimonios de afectación independiente, constituidos a partir de las contribuciones adicionales del Banco de la República Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, con la finalidad de dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables, alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. A efectos de la presente ley se lo denominará “el FONDES” y en su actuación se podrá identificar con dicha sigla. Artículo 2º.- El FONDES tendrá dos particiones: una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y la otra administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE). Miembro

Cada una de las instituciones administradoras instrumentará a partir de los patrimonios de afectación respectivos los medios humanos y materiales para el funcionamiento de la partición respectiva. A los efectos de lo dispuesto por los artículos 53 y199 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, 552 y 572 de la Ley N° 15.903, 10 de noviembre de 1987 y demás disposiciones legales modificativas y concordantes, los referidos patrimonios de afectación se consideran fondos públicos respecto a la responsabilidad por el manejo, utilización, gestión y administración, así como a las a las exigencias a cumplir para la actuación del Tribunal de Cuentas, el que dictaminará e informará a la Asamblea General en la forma y con los alcances previstos en el literal C del artículo 211 de la Constitución de la República y en las disposiciones legales referidas y otras que sean de aplicación. Cada partición se organizará en fondos o sub fondos, de acuerdo con los objetivos específicos perseguidos, conforme a lo que disponga la institución administradora. La gestión fiduciaria de estos fondos o sub fondos será realizada por fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, a quien mediante el o los contratos de fideicomiso correspondientes se trasmitirá la propiedad financiera de los recursos del FONDES. El fiduciario será seleccionado de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). Cada una de las particiones se denominará genéricamente como FONDES seguido del nombre de la institución que realice su administración. Artículo 3º.- Adicionalmente a los cometidos principales específicos de cada una de las particiones, previstos en los artículos 13 y 17, el FONDES tendrá los siguientes cometidos principales: A) Promover y apoyar la profesionalizaron, la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, el incremento de la productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos apoyados. B) Promover y apoyar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, especialmente las vinculadas a la capacitación y motivación del personal. C) Promover la participación del sistema financiero en la financiación de los proyectos elegibles de

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modo de maximizar la utilización de los instrumentos disponibles a estos efectos. D) Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos apoyados con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. Artículo 4º.- A los efectos de recibir el apoyo del FONDES, en cualquiera de sus modalidades, los proyectos o emprendimientos deberán aportar toda la información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) Ser sostenibles económica y financieramente. B) Ser innovadores en sus productos, mercados, proceso tecno-productivo y/o modelo de gestión. C) Ser capaces de realizar un aporte a la comunidad en términos de creación de empleo, mejora de la calidad de vida y/o contribución al equilibrio territorial (descentralización). D) Promover contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. E) Ser ambientalmente sustentables. F) Estar alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. Artículo 5º.- Los apoyos del FONDES podrán otorgarse mediante los siguientes instrumentos: A) Préstamos, garantías y bonificación de tasa de interés en préstamos otorgados por el sistema financiero. B) Capital semilla y capital de riesgo. C) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de la asistencia técnica necesaria para completar los planes o estudios de viabilidad y desarrollo de un proyecto, y la evaluación técnica del mismo. D) Aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial de planes de capacitación o mejora de gestión y procesos de certificación. E) Otros que el Poder Ejecutivo determine. Artículo 6º.- Las empresas que reciban apoyo del FONDES deberán comprometerse a la reinversión de utilidades, y a no tomar préstamos u otorgar garantías sin autorización de la institución administradora de la

partición respectiva, mientras no se haya producido el reintegro total de los apoyos reembolsables recibidos o se encuentren vigentes las garantías, cualquiera sea su naturaleza. Artículo 7º.- La totalidad de los nuevos apoyos a conceder al total de los emprendimientos o proyectos de un mismo grupo económico, no podrá superar en ningún caso el 10 % (diez por ciento) de los activos administrados en el año corriente por la partición correspondiente. En el caso de otorgamiento de préstamos, se podrán otorgar hasta dos préstamos a un mismo proyecto o empresa, en un período de cinco años, y el monto total prestado no podrá superar el 15 % del valor promedio anual de los activos administrados en la partición correspondiente, en los últimos cinco años. Artículo 8º.- A cada institución responsable de la administración de una partición del FONDES prevista en el artículo 2°, le competerá respecto de la misma: A) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo, para su aprobación, los reglamentos operativos y los planes y programas anuales del FONDES. B) Aplicar los reglamentos e implementar los planes y programas anuales del FONDES aprobados por el Poder Ejecutivo. C) Adoptar resolución acerca de las solicitudes específicas de apoyo presentadas al FONDES. El apoyo otorgado a cada proyecto deberá ser específicamente cuantificado y explicitado en la respectiva resolución del órgano responsable de la administración del FONDES. D) Impartir las instrucciones pertinentes al o los agentes fiduciarios que corresponda. E) Realizar el seguimiento de los proyectos asistidos por el FONDES y aplicar las sanciones en caso de incumplimientos. F) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo, o cuando este lo solicite, acerca de los proyectos apoyados, sus características y modalidades, así como toda otra circunstancia relativa a la ejecución de las actividades del FONDES, incluida la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. G) Realizar toda otra acción necesaria para la administración del FONDES.

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varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010”. Artículo 17.- El FONDES ANDE tendrá como cometido principal, adicional a los establecidos en el artículo 3, el de promover y apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo los procesos de internacionalización, el desarrollo como proveedores de emprendimientos de mayor tamaño y la asociación colaborativa en la ejecución de proyectos de interés conjunto, así como los programas orientados a emprendimientos con fuerte componente innovador. Artículo 18.- Respecto de la administración del FONDES ANDE, las competencias previstas en el artículo 8 serán ejercidas por el Directorio de la ANDE. En relación con los literales A) y C) del artículo 8 se requerirá la opinión preceptiva y favorable de una comisión integrada por los directores de la ANDE y un delegado representante de las micro y pequeñas empresas, designado por el Poder Ejecutivo de una nómina de tres personas propuesta por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE). Artículo 19.- Al FONDES ANDE le corresponderá el 50 % (cincuenta por ciento) de las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N 18.716, de 24 de diciembre de 2010, y en la presente ley. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 20.- Los porcentajes previstos en los artículos 10, 15 y 19 serán de aplicación para las contribuciones del Banco de la República Oriental del Uruguay en virtud del artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2015 y posteriores. Las contribuciones que se dispongan con destino al FONDES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 2013, corresponderán en su totalidad al FONDES INACOOP. Artículo 21.- El FONDES estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales actuales y futuros, excepto las contribuciones a la seguridad social. Artículo 22.- Los bienes del FONDES son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su

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origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 2) del artículo 110 de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 CONRADO RODRÍGUEZ, Informante. Comisión de Hacienda INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: Hemos analizado los proyectos a estudio de la Comisión en relación a la institucionalización del Fondo de Desarrollo. En efecto, si bien el artículo 40 de la Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010, facultaba al Poder Ejecutivo a requerir contribuciones adicionales de hasta un 30 % (treinta por ciento) de las utilidades netas anuales (después de impuestos) del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), con destino a la creación de fondos, recién en el presente período de gobierno se propone darle un marco jurídico legal a los citados fondos. De hecho, el Poder Ejecutivo, amparado en que la citada norma lo facultaba expresamente para que la reglamentación estableciera la forma de funcionamiento de esos fondos (en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas), crea por la vía del Decreto 341/011, de 27 de septiembre de 2011 y sus modificativos (Decretos Nº 117/013 de 12 de abril de 2013 y N° 45/014 de 24 de febrero de 2014), el Fondo de Desarrollo (FONDES). Asimismo, el artículo 41 de la Ley Nº 18.716, imponía al Poder Ejecutivo la obligación de remitir “en cada Rendición de Cuentas información detallada respecto a la utilización de los fondos”. A este respecto, los informes remitidos por el Poder Ejecutivo carecen de la información necesaria que permita al Poder Legislativo evaluar la utilización de los recursos públicos aplicados gestión del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la creación y el funcionamiento del FONDES se han realizado en un marco de discrecionalidad y falta de transparencia, favorecidos por la ausencia de un marco legal que lo regule. Por tales razones, el mensaje del Poder Ejecutivo del pasado 5 de marzo del presente año, promoviendo la institucionalización del FONDES constituye un avance sustancial en la formalización de un instrumento de gestión que sea la génesis de un banco de desarrollo. En tal sentido, compartimos lo expresado en el mensaje citado: “El FONDES, por tanto, pretende consolidarse en este proyecto con el Miembro

objetivo de promover y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos productivos con la participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de la empresa, en particular, los emprendimientos autogestionarios, manteniendo los requisitos relativos a la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos apoyados, a su carácter innovador y a la promoción de contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, incorporando además, en línea con lo dispuesto en relación a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el objetivo de promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con independencia de la modalidad de propiedad del capital, y con énfasis en la asociación colaborativa en proyectos de interés conjunto, la internacionalización y el desarrollo como proveedores de empresas de mayor tamaño.” En particular, expresamos nuestra coincidencia con la nueva concepción que se pretendía establecer para el FONDES: “Con el objeto de lograr una focalización que redunde en una mejor efectividad en relación con los objetivos perseguidos, se prevé que el Poder Ejecutivo pueda, en este nuevo marco legal, asignar la administración de partes del FONDES a diferentes instituciones. Mediante estas asignaciones, se produce la institucionalización del Fondo, al incluir, adicionalmente a las responsabilidades que al administrador fiduciario le corresponde en virtud del marco legal vigente, los mecanismos de contralor propios de los Directorios de las instituciones administradoras. Adicionalmente, como consecuencia de esta modalidad de administración distribuida, se podrán establecer reglamentos operativos específicos de acuerdo con los cometidos y planes y los conocimientos y especialización de cada una de las instituciones, permitiendo la multiplicación de la efectividad del instrumento y manteniendo la comunicación con el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.” Esta nueva concepción del FONDES se correspondía con la creación del Sistema Nacional de Competitividad “con la finalidad de promover la mejora de la competitividad sistémica y la transformación productiva de acuerdo con los objetivos de la estrategia de desarrollo económico productivo, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial”. En suma, el

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proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo concebía al FONDES como un conjunto de particiones, que sirviera de soporte financiero al desarrollo del Sistema Nacional de Competitividad promovido en otro proyecto de ley, actualmente a estudio de la Comisión de Hacienda. En clara correspondencia con la idea de múltiples particiones, el artículo 4° , inciso 2°, del proyecto propuesto topeaba los apoyos financieros a conceder a una mismo proyecto o empresa, en un 3 % (tres por ciento) de los apoyos disponibles para el año corriente en cada partición del FONDES. Sin embargo, después de diversos cuestionamientos surgidos desde sectores políticos integrantes de la propia coalición de gobierno y desde la propia central de trabajadores PIT-CNT, el Poder Ejecutivo envía un nuevo proyecto de ley que sustituye sustancialmente su proyecto anterior, creando únicamente dos particiones del FONDES, una gestionada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y otra por la ANDE. El INACOOP que fue creado para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional del cooperativismo, pasa a tener además los cometidos inherentes como institución administradora de una de las dos particiones en que se divide el FONDES. Por otra parte, la ANDE también carece al presente de una estructura administrativa adecuada capaz de gestionar una partición del FONDES. En nuestra opinión el primer proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones que le hemos introducido, se adecua mejor a la idea de que el FONDES sea ciertamente, el germen de un Banco de Desarrollo. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 IVÁN POSADA, Miembro Informante. PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Créase el Fondo para el Desarrollo (FONDES), como uno o varios patrimonios de afectación independiente, constituidos a partir de las contribuciones adicionales del Banco de la República Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010, con la finalidad de dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables, alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. Cada una de las particiones que se determinen se denominará genéricamente como FONDES, seguido por el nombre que identifique a la institución que realice su administración. El Poder

Ejecutivo reglamentará su funcionamiento y determinará la creación de particiones así como las instituciones habilitadas para dar instrucciones a quien se desempeñe como agente fiduciario en relación con la administración y actividades del FONDES, de acuerdo con los objetivos y directrices estratégicos establecidos. Cométese al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de la gestión de cada una de las particiones del FONDES, así como la aprobación de los reglamentos operativos que servirán de guía a la institución administradora de las particiones del FONDES. En cada Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo informará en forma circunstanciada y detallada lo actuado por cada partición del FONDES y por la institución responsable de su administración, los proyectos seleccionados en cada caso, su grado de cumplimiento y la evaluación de los resultados obtenidos de cada proyecto, en atención a los cometidos establecidos en el artículo siguiente. Artículo 2°.- El FONDES tendrá los siguientes cometidos principales: A) Promover y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos productivos con la participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de la empresa, en particular, los emprendimientos autogestionarios. Se entiende por emprendimiento autogestionario aquel en el que la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo son aportados por el mismo núcleo de personas, o en el que los trabajadores participan mayoritariamente en la dirección y el capital de la empresa. B) Promover y apoyar la asociación colaborativa entre micro, pequeñas y medianas empresas en la ejecución de proyectos de interés conjunto, así como sus procesos de internacionalización y su desarrollo como proveedores de emprendimientos de mayor tamaño. C) Promover y apoyar la profesionalización, la aplicación de las mejores prácticas de gestión empresarial, el incremento de la productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos asistidos, así corno las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, especialmente las vinculadas a la capacitación y motivación del personal.

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D) Promover la participación del sistema financiero en la financiación de los proyectos elegibles de modo de maximizar la utilización de los instrumentos disponibles a estos efectos. E) Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos asistidos con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. Artículo 3°.- A los efectos de recibir el apoyo del FONDES, en cualquiera de sus modalidades, los proyectos o emprendimientos deberán aportar toda la información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos de admisibilidad: A) Ser sostenibles económica y financieramente. B) Ser innovadores en sus productos, mercados, proceso tecno-productivo y/o modelo de gestión. C) Ser capaces de realizar un aporte a la comunidad en términos de creación de empleo, mejora de la calidad de vida y/o contribución a la descentralización económica del territorio. D) Promover contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. E) Ser ambientalmente sustentables. F) Estar alineados con los objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo. Artículo 4°.- La concesión de los apoyos del FONDES podrá realizarse mediante: A) El otorgamiento de préstamos, garantías y bonificación de tasa de interés en préstamos otorgados por el sistema financiero, B) Aportes no reembolsables dirigidos a atender total o parcialmente los costos de asistencia técnica necesaria para completar los planes o estudios de viabilidad, desarrollo y evaluación técnica del proyecto. C) Aportes no reembolsables orientados a financiar total o parcialmente la ejecución de planes específicos de capacitación o mejoras de la gestión. Sin perjuicio que el Poder Ejecutivo establezca los límites de riesgo referidos a los apoyos a conceder a un mismo proyecto o a una misma empresa o emprendimiento, en ningún caso éstos podrán ser superiores al 3 % (tres por ciento) de los apoyos

disponibles para el año corriente, en cada partición del FONDES. Las empresas que reciban apoyo del FONDES deberán comprometerse a la reinversión de utilidades, y a no tomar préstamos u otorgar garantías sin autorización, mientras no se haya producido el reintegro total de los apoyos reembolsables recibidos o se encuentren vigentes las garantías, cualquiera sea su naturaleza. Artículo 5°.- La institución responsable de la administración de las particiones del FONDES previstas en el artículo 1°, le competerá respecto de tales particiones: A) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo, para su aprobación, los planes y programas anuales del FONDES. B) Aplicar los reglamentos e implementar los planes y programas anuales del FONDES aprobados por el Poder Ejecutivo. C) Adoptar resolución acerca de las solicitudes específicas de apoyo presentadas al FONDES. El apoyo otorgado a cada proyecto deberá ser específicamente cuantificado y explicitado en la respectiva resolución del órgano responsable de la dirección de la institución. D) Impartir las instrucciones pertinentes al o los agentes fiduciarios que corresponda. E) Realizar el seguimiento de los proyectos asistidos por el FONDES y aplicar las sanciones en caso de incumplimientos. F) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo, o cuando éste lo solicite, acerca de los proyectos apoyados, sus características y modalidades, así como toda otra circunstancia relativa a la ejecución de las actividades del FONDES, incluida la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. G) Realizar toda otra acción necesaria para la administración del FONDES. La institución responsable de la administración del FONDES se comunicarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, sin perjuicio de otras formas de contralor que sean les sean requeridas por el Tribunal de Cuentas de la República.

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Artículo 6°.- Constituirán recursos y fuentes de financiamiento del FONDES: A) Las contribuciones dispuestas por el Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de diciembre de 2010. B) El producido de la gestión del FONDES. C) Las herencias, legados y donaciones que acepte. D) Las asignaciones que se otorguen en las leyes presupuestales. E) Los aportes o cualquier tipo de financiamiento que provengan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como todos aquellos aportes o financiamiento que provengan de cooperación interinstitucional nacional e internacional. F) La totalidad de las asignaciones dispuestas hasta la entrada en vigencia de la presente ley para el Fondo para el Desarrollo, creado por Decreto N° 341/2011, de 27 de setiembre de 2011. G) Todo otro recurso que le sea atribuido. Artículo 7°.- El FONDES estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales actuales y futuros, excepto las contribuciones a la seguridad social. Artículo 8°.- Los bienes del FONDES son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 2) del artículo 110 de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008. Sala de la Comisión, 16 de junio de 2015 IVÁN POSADA, Miembro Informante”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, señora diputada Lilián Galán. SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: queremos señalar que es nuestra responsabilidad exponer el informe en mayoría que se presentó en la Comisión de Hacienda de esta Cámara respecto al proyecto de ley que institucionaliza el Fondo para el Desarrollo. Existen tres informes más que serán

presentados en su oportunidad por los legisladores responsables de hacerlo Queremos destacar que el trabajo en la mencionada Comisión permitió un debate franco, no exento de dificultades, que hizo posible que hoy llegáramos a esta instancia. También deseamos dejar constancia de que en el día de ayer, en el seno de la Comisión, los partidos de la oposición introdujeron aditivos, pero al ser este un proyecto con iniciativa del Poder Ejecutivo se consideró oportuno informar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que dichos aditivos se pusieran a consideración de este Cuerpo. Deseamos comenzar el informe que nos compete subrayando un hecho no menor: analizar el esfuerzo económico que representa sostener el Fondes tal cual fue concebido en el período pasado de gobierno, como una herramienta para apoyar emprendimientos autogestionados. Conceptualmente, existen dos vertientes de opinión con respecto al marco y al objetivo que puede perseguir una política de este tipo. Por un lado, están aquellos que piensan que es una forma de inclusión para aquella parte de la sociedad que las crisis capitalistas van dejando fuera del mercado, marginada de toda forma de organización social, como es también el trabajo. Por otra parte, está la otra vertiente de opinión que apuesta a construir un nuevo paradigma civilizatorio en el cual prevalezcan los valores de solidaridad, igualdad, y gestión humana y participativa. En el período de gobierno pasado el Fondes claramente apuntó a iniciar un rumbo asociado a la segunda vertiente interpretativa. Desde el año 2005 por parte del Estado se han desarrollado diferentes instrumentos de política pública orientadas a la promoción de la autogestión, por ejemplo, la ley general de cooperativas y la creación del Inacoop; las políticas promovidas desde la creación del Mides en lo que hace a las cooperativas sociales y los programas de opción productiva e iniciativas locales; la creación de la unidad de empresas recuperadas dentro del ministerio de Trabajo y Seguridad Social; las convocatorias específicas del ministerio de Industria, Energía y Minería a cooperativas de trabajo enmarcadas en el

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fondo de funcionamiento, fortalecimiento e implementación de políticas de especialización productiva, y la creación y puesta en funcionamiento del Fondes, con sus líneas de apoyo a la inversión, asistencia técnica y fondos de garantías. En este sentido, nos encontramos con diferentes tipologías de políticas públicas orientadas a este sector, transitando por enfoques de políticas asociadas al mundo del trabajo, así como a lo que hace al desarrollo industrial local, pasando por iniciativas de orden asistencial. El Fondo para el Desarrollo, Fondes, fue creado por el Decreto Nº 341, de 2011, reglamentando el artículo 40 de la Ley Nº 18.716, en el cual se determina que un máximo de las utilidades netas anuales del Banco de la República Oriental del Uruguay -luego de los impuestos e intereses- podrán ser requeridas por el Poder Ejecutivo con destino al apoyo de emprendimientos autogestionados. Asimismo, el Banco de la República Oriental del Uruguay debe destinar, como máximo, el 50 % de las utilidades -después de impuestos e intereses- como transferencias a Rentas Generales, siempre y cuando la responsabilidad patrimonial neta del Banco supere en más del 30 % el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay. Si se me permite una digresión, simplemente quiero clarificar lo que esto ha representado para el Banco de la República en términos meramente económicos y, por ende, para el país. En diciembre del año 2012, el resultado BROU fue de US$ 199.420.224, aproximadamente, de los cuales aportó 48 % a Rentas Generales y 20 % al Fondes, teniendo utilidades de 32 % después de las transferencias mencionadas. En el año 2013 el resultado fue de US$ 290.358.564, aportando 47 % a Rentas Generales y sin aportes al Fondes, y con 53 % de utilidades después de las transferencias mencionadas. Entonces, puede concluirse que el BROU continúa teniendo utilidades suficientes para emprender nuevas líneas de negocios, aun después de hacer aportes a Rentas Generales y al Fondes. No quiero cansar a los señores diputados con números y porcentajes, pero nos parece que esto es aún más ilustrativo si se comparan los aportes al

Fondes respecto a los créditos concedidos, discriminados por sector económico. Se excluyen del análisis los créditos otorgados a las familias y al Estado porque entendemos que estamos comparando el crédito otorgado por el BROU a empresas privadas versus el apoyo a una política destinada a emprendimientos autogestionados. Por lo tanto, advertimos que en el año 2012 la industria manufacturera representó el 58 % de los créditos concedidos por el BROU, mientras que en 2013 fue el 38 %. El sector agropecuario representó el 21 % y 31 %, respectivamente, de los créditos concedidos. El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones representó el 5 % y 6 %, respectivamente. El sector servicios financieros representó 4 % en ambos años. En la construcción fue de 3 % ambos años. En el sector comercio los porcentajes fueron de 2 % en 2012 y de 5 % en el año 2013. El área de restaurantes y hoteles representó 1 % y 2 %, respectivamente, y en lo relativo a otros servicios fue de 2 % ambos años. ¿Cuánto significó el aporte realizado al Fondes si lo consideráramos como un importe más dentro de los créditos concedidos? Hubiera significado un 1 % en 2012 y, suponiendo que se pidiera en el 2013 un 20 % -igual porcentaje que en 2012-, sería un 2 %. Más aún: vale aclarar que los datos de transferencias al Fondes no se corresponden con créditos otorgados. Por lo tanto, los datos aportados sobredimensionan los apoyos efectivamente realizados a emprendimientos autogestionados. Hechas estas salvedades, creemos que los datos aportados, vistos solo en parcos términos financieros, sirven para contrarrestar la visión de despilfarro que pretende darse sobre la implementación de esta política.

raconto de los apoyos Haciendo un efectivamente otorgados por el Fondes en estos años advertimos que se presentaron 52 proyectos, de los cuales 58 % corresponden al sector industria, 19 % al transporte, 12 % al agro, y el restante 12 % a los servicios. Se aprobaron 28 proyectos.
Los recursos totales de que el Fondes disponía ascendían a la cifra de US$ 122.601.919, de los cuales solo se utilizaron US$ 70.286.367, representando una ejecución de 58 % de lo disponible. Esto tira por la borda la supuesta existencia de criterios discre-

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cionales que operaban para el otorgamiento de los fondos. Asimismo, 20 de los 28 proyectos aprobados fueron por montos menores a US$ 1.000.000. Es decir que el 72 % de los emprendimientos no superó dicha cifra. 13 proyectos de los 28 no solicitaron fondos para inversión, representando este monto un 46 % del total solicitado para dichos rubros. Esto quiere decir que lo hicieron para capital de trabajo y asistencia técnica, representando así un 54 % de los fondos otorgados destinados a la compra de maquinaria, mejoras en las instalaciones, compra de inmuebles, etcétera. 9 de los 28 proyectos no realizaron solicitudes de apoyo para asistencia técnica, por lo que el 67 % de los emprendimientos invirtió en este punto. Este, en particular, es un dato sensible porque a partir del diagnóstico acerca de las restricciones culturales y económicas de incorporar capacidades de gestión, mejoras de producción -etcétera-, los trabajadores recurrieron a la asistencia técnica como una forma de superar dichas trabas. Y 10 de los 28 emprendimientos no solicitaron fondos para capital de trabajo, realizando pedidos para inversiones y asistencia técnica. Esto representa el 36 % del total. Acerca de este punto cabe destacar que dentro del capital de trabajo se encuentran todos los ítems que una unidad productiva necesita para funcionar en el corto plazo, es decir, materias primas, salarios, energía, logística, etcétera. Señor presidente: queremos detenernos en clarificar el concepto de autogestión para fijar el perímetro de acción al cual están referidas estas políticas públicas en especial. Partimos por concebir a la actividad económica como el conjunto de actividades vinculadas a la producción de lo necesario para vivir, y la distribución, consumo y reparto de esta producción. Nos parece importante destacar el carácter social de las actividades económicas, ya que son realizadas por una comunidad. Las relaciones económicas, como cualquier tipo de relación establecida entre personas, son relaciones sociales y, precisamente, son las relaciones sociales que se establecen en torno a las actividades económicas las que determinan la estructura económica de la sociedad.

Con respecto al concepto de autogestión, nos interesa mencionar su carácter multidimensional: social, económico, político y técnico, porque de esta forma podemos pensarlo más allá de una modalidad de gestión. Mirada desde este enfoque la autogestión es el resultado de un proceso capaz de engendrar acciones y resultados que afecten tanto a las personas como al grupo que depende de ella. Sus éxitos económicos son el resultado de una fórmula que combina un alto grado de solidaridad interna y una forma de identidad comunitaria y territorial. Desde el punto de vista económico responde a relaciones sociales de producción que se definen por las prácticas que enfatizan el factor trabajo en detrimento del capital. Jabi Salcedo, que es parte de una iniciativa nacida en el País Vasco, NER (Nuevo Estilo de Relaciones), explicita que hay que cambiar la cultura de las organizaciones y erradicar la palabra “empresa”, ya que en el imaginario colectivo se concibe como el sitio en el que se producen los bienes y servicios, y las personas no aparecen. En la autogestión se trata, precisamente, de que el centro sean las personas como sujetos creadores del trabajo. Por lo tanto, propone emplear el concepto de organización que da idea de colectivo dinámico, que incluye a los trabajadores y un proyecto como equipo de gente creado con un fin común, el bien común colectivo. Se entiende, entonces, como experiencia de trabajadores y trabajadoras que mediante la autogestión laboral crean o sostienen su trabajo. Son formas de producción colectivas que implican disputas en el modelo que hace a las formas de propiedad, la organización del trabajo y la toma de decisiones. Asimismo, son comprendidas en esta definición organizaciones que producen bienes o servicios destinados a su comercialización y cuyo sentido final es la reproducción de la vida de las personas involucradas, así como la de sus familias. En ese sentido, su abordaje requiere tener presente que en las últimas décadas se produjeron significativas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. Una de las tendencias más notorias en la economía capitalista a nivel mundial ha sido la búsqueda de un diferencial de participación en el mercado a través del desarrollo intensivo de capacidades de innovación. Desde esa perspectiva, las

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organizaciones de los trabajadores enfrentan los desafíos de un ambiente socioeconómico caracterizado por fuertes presiones competitivas del que emergen nuevas exigencias en materia de innovación tecnológica de productos, procesos, conocimiento y organización. El desarrollo tecnológico no es lineal. No existen las fronteras tecnológicas universales. No es lo mismo la frontera tecnológica de la autogestión que la frontera tecnológica de una transnacional. Pensar en otro escenario es imaginar uno en el cual innovación e inclusión vayan de la mano. Desde la experiencia en los centros de incubadoras de empresas, tanto latinoamericanos como en nuestro país, se sostiene que es posible generar otro tipo de tecnología que origine y distribuya beneficios, que cree trabajo asociado y horizontal, aprendizajes colectivos y saberes, y que proponga un control socializado de su ritmo y orientación de avance. Los emprendimientos autogestionados tienden a interactuar más entre sí, a compartir más conocimiento, y si en la raíz de la innovación está el conocimiento compartido, el mejor candidato para generar innovación no es una empresa capitalista estándar sino un emprendimiento de la economía autogestionaria. Unido al concepto de viabilidad tecnológica se puede sostener que las personas tienen mayor grado de libertad en estos emprendimientos y, por lo tanto, son creativas, y al ser creativas, innovan. La experiencia compartida lleva implícita una innovación permanente. Los conceptos de innovación y eficiencia, al ser colectivos y compartidos, se trasmiten hacia el futuro y tienen viabilidad en el largo plazo. Precisamente, las estrategias basadas en la innovación tecnológica podrían constituirse en una posibilidad para los emprendimientos autogestionados en la perspectiva de mejorar su posicionamiento de mercado frente a las empresas capitalistas. Sin embargo, dichos emprendimientos enfrentan otras dificultades vinculadas con la falta crónica de capital para inversión y el alto costo de implementación de muchos procesos innovadores. De ahí la necesidad de generar políticas públicas que creen el ambiente para su desarrollo. Sin duda, el Fondes lo es, pero también nos queda avanzar en la legislación referida a las

compras estatales, que son un factor de desarrollo fundamental para la industria nacional. Vamos a introducir ahora en términos conceptuales las razones que llevan a esta fuerza política a desarrollar una línea específica de acción desde el Fondes con destino a las Mipymes. Vale la pena aclarar -aunque resulte obvio- que el apoyo a las Mipymes está dentro del documento de las Bases Programáticas del Frente Amplio para este período de gobierno. Por lo tanto, como punto inicial podemos decir que mediante la sanción de este proyecto de ley esta fuerza política materializa uno de sus postulados de campaña. De acuerdo con los datos que proporciona el ministerio de Industria, Energía y Minería, en Uruguay hay más de cien mil micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 65 % de empleo en nuestro país. Este dato alcanza para ilustrar un aspecto sustantivo a tomar en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia de aprobar esta norma. Las micro, pequeñas y medianas empresas son una formidable fuente de empleo. Sin duda que cuando a ellas les va bien, hay un evidente derrame positivo en toda la sociedad. Por cierto, esta política tampoco está dirigida a grandes capitalistas que concentran capital, que las más de las veces terminan remitiendo parte de sus utilidades fuera del territorio nacional. Del total de las Mipymes, el 84 % son microempresas, es decir, que tienen hasta cuatro personas trabajando en relación de dependencia; un 13 % son pequeñas empresas que emplean entre cinco y diecinueve trabajadores y trabajadoras. Más datos que nos pueden ayudar a dar cuenta de la realidad del sector pueden extraerse de una encuesta realizada en el año 2012 a solicitud de la Dinapyme, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que arroja la siguiente información. La encuesta relevó a 2.029 mipymes, representativas de las 136.691 existentes en nuestro país, y reveló que el 53 % de ellas están radicadas en la capital. Los servicios son la rama más numerosa, 53 %, seguida por el comercio, 37 %, y las industrias, 10 %. La mayoría son de nacimiento reciente: el 64 % comenzaron sus actividades después del año 2000.

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El 58 % de los directores de estas empresas son hombres; no obstante, la participación de las mujeres en estos cargos aumentó de forma importante desde 2008 a 2012: pasó del entorno del 30 % al 40 %. Atención a esto: una vez más la mirada de género transversaliza todas las áreas de análisis de política, la mayor presencia femenina como emprendedoras y en cargos de dirección es una excelente noticia, pero las políticas sociales deberán tener en cuenta si este fenómeno no requiere apoyo especial para que sea sustentable. También se notó una evolución en cuanto al rango etario de los empresarios, que eran más jóvenes en 2012 que en la medición anterior, cuatro años atrás: solo el 11 % eran mayores de sesenta años. Además, se verifica un alto nivel educativo: el 83 % cuenta con educación secundaria o superior. La mayoría de las Mipymes venden al mercado interno. El principal destino de las ventas para las microempresas es el barrio, 48 %, y el resto del país para las medianas, 45 %. En general, las Mipymes no perciben enfrentar dificultades para acceder al financiamiento: solo el 17 % de los empresarios declararon tenerlas. No obstante, el 47 % no contaba con ningún producto financiero. Aquí anotamos un interesante punto para profundizar en función del proyecto de ley que estamos tratando; se deberá investigar si realmente el financiamiento del sector está siendo funcional al nivel de desarrollo y expansión que esperamos tenga. Por otra parte, se verifica que la asociación es una práctica muy poco difundida en este sector: solo el 13 % de las microempresas y el 23 % de las medianas la han puesto en práctica. Otro punto por demás relevante es que consideramos que la asociación de Mipymes es un elemento clave para mejorar su competitividad, tanto en el mercado interno -por ejemplo, para participar de compras públicas- como para que desarrollen capacidad exportadora. La capacitación entre las Mipymes aumentó del 35 % al 40 % en los cuatro años entre las encuestas realizadas. En contrapartida, las experiencias de innovación descendieron desde la última encuesta: entonces, las efectuaban el 60 % de los empresarios; hoy el guarismo descendió al 46 %. ¡Vaya si será un

desafío para Uruguay revertir esta tendencia y hacerla sustentable! No quiero seguir extendiéndome, ya que estos datos alcanzan para ilustrar a qué colectivo de empresas nos estamos refiriendo, y cuáles son sus principales fortalezas y puntos de atención. A continuación, quisiera leer textualmente algunos de los objetivos programáticos y políticas específicas que forman parte del documento de las Bases Programáticas para el Tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio, respecto a las Mipymes. Objetivos: “Promover que las Mypimes tengan una actividad productiva permanente y sostenible, dispongan de recursos físicos y una calificada gestión humana acordes a los requerimientos de desarrollo del país y que operen bajo la figura de personas físicas o jurídicas formalizadas, en actividades industriales, comerciales de servicios o artesanales.- Promover el crecimiento numérico y de calidad, en estructura, servicios, formalización, etc. de las Mipymes”. Entre las políticas específicas propuestas por el Frente Amplio en su programa y votadas por la mayoría de la ciudadanía, selecciono aquellas a las que entendemos se estará dando cumplimiento a partir de la aprobación del proyecto de ley que estamos presentando: “En el marco de un banco de fomento o de entidades promotoras de Mipymes, se incluirá dentro de los préstamos el costo de gestores que ayuden in situ a mejorar la eficiencia.- Extender lo propuesto en el punto anterior, en forma proporcional y decreciente según el tamaño, a las pequeñas empresas, para que mantengan estímulos acordes a su nivel de desarrollo y en atención a su inserción en cadenas estratégicas de creación de valor.- Desarrollar acciones de formación, capacitación y desarrollo empresarial para apoyar a las Mipymes, desde ámbitos públicos, universitarios y de organismos especializados.- Estimular la creación de líneas de crédito acordes al tamaño y desarrollo de las Mipymes”. Estamos seguros de que aquellos ciudadanos que sean designados por el Poder Ejecutivo para cumplir con la tarea de dirigir la Agencia Nacional de Desarrollo, que será el brazo ejecutor de las políticas del Fondes destinado a las Mipymes, tendrán el más absoluto celo en cumplir la letra y el espíritu de estos objetivos y políticas que quedaron estampados en el Programa del Frente Amplio.

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Por último, voy a hacer una breve descripción del proyecto de ley que hoy estamos tratando. Esta iniciativa tuvo dos presentaciones por el Poder Ejecutivo. Creemos que el proyecto ingresado en junio contiene mejoras que coadyuvan a darle gobernabilidad, incorporando la participación de actores sociales. Además, se agregan artículos que aseguran la continuidad en el tiempo de esta política, fijando un mínimo de apoyo, a la vez que se establecen máximos porcentuales sobre los activos existentes en el Fondo, de modo de acotar los riesgos inherentes a la actividad. Consideramos que estos avances en la redacción hablan de la flexibilidad y capacidad de diálogo de la fuerza política que represento, ya que se incorporan elementos que fueron aportados por los diversos actores sociales convocados a la Comisión de Hacienda, conservando en lo medular el planteo que originalmente enviara el Poder Ejecutivo en marzo de este año. Esta fuerza política tiene claro que la construcción de las políticas públicas puede y debe contar con el concurso de las organizaciones sociales; creemos que es una forma, entre tantas otras, de ir superando un modelo de democracia representativa restringida y avanzar hacia un modelo que abra puertas a la participación, al contrapeso de la sociedad organizada, para que sea una democracia cada vez más transparente y soberana. Nosotros, desde el Gobierno, cumplimos con nuestra responsabilidad, abriendo estas puertas. Las organizaciones sociales serán las garantes de hacer el mejor uso posible de estos espacios abiertos a la ciudadanía, en beneficio de ella. No concebimos las políticas públicas como normas que emanan como letra fría, destinadas a perpetuarse en el tiempo; al contrario, creemos que las normas reflejan un estado de avance del conocimiento y de los consensos políticos, en permanente evolución hacia formas cada vez mejores de cumplir con los objetivos que, como nación, nos trazamos cada cinco años, cuando elegimos las autoridades para cada período. Esperamos que la práctica en la ejecución de la normativa que hoy se apruebe nos vuelva en resultados y propuestas de mejora que retroalimenten la labor de este Parlamento.

Los otros dos puntos de relevancia que diferencian el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en junio tienen que ver, por un lado, con dar mayor certeza de que se dispondrá de los fondos para la realización de estas políticas, asegurando un mínimo y elevando el porcentaje máximo a otorgar por proyecto que resulte elegible. De este modo, con el primer concepto al que hacíamos referencia, se establece que el Poder Ejecutivo requerirá, como mínimo, de un 15 % de las utilidades del BROU, salvaguardando que se cumpla con que la responsabilidad patrimonial neta del BROU supere en más del 30 % el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central. De este modo, creemos que se hace un adecuado balance entre las expectativas de apoyo a esta política y la sustentabilidad del Banco República. El segundo de los aspectos que mencionábamos refiere a la existencia de porcentajes máximos para los apoyos a otorgar a los proyectos o emprendimientos elegibles, medidos en el año corriente y en el quinquenio respectivamente. Con esto se trata de evitar la concentración del riesgo de los fondos disponibles y seguramente dará opción a multiplicar los apoyos a otorgar. A efectos de dar un pantallazo general de los contenidos del articulado propuesto, a continuación voy a realizar un repaso sucinto de los cuatro capítulos que comprende el presente proyecto de ley. En el Capítulo I se define la creación del Fondo para el Desarrollo -en adelante Fondes-, y su subdivisión con respecto a las dos instituciones que se designan como administradoras: Inacoop y ANDE. También se establecen los objetivos de carácter general que cumplirá la gestión del Fondes, los requisitos que deberán verificar los proyectos para que resulten elegibles, las fuentes de financiamiento y los instrumentos que podrá utilizar cada una de las instituciones administradoras en el marco de los fines específicos de su competencia respectiva. Asimismo, se establecen límites para el otorgamiento de apoyos o préstamos a cada proyecto, de forma de restringir el riesgo que podrán asumir las instituciones administradoras. Por último, se define un mínimo de 15 % a requerir por parte del Poder Ejecutivo de las utilidades del Banco de la República Oriental del Uruguay, de

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acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 18.716. Los siguientes dos capítulos definen, para cada una de las instituciones administradoras, cuáles serán internamente los órganos responsables de las decisiones respecto a la administración de la partición del Fondes que se le asigna, así como el porcentaje que corresponde a cada una de ellas. Asimismo, en los Capítulos II y III del presente proyecto de ley se encuentra la definición de los actores económicos que constituyen el foco de atención de esta política pública, para cada una de las instituciones designadas. El último capítulo refiere a las disposiciones finales en las cuales se fija el destino de las utilidades del BROU del año 2013, a la vez que se establece que dichas disposiciones comenzarán a regir respecto a la aplicación de las utilidades del BROU a partir del ejercicio 2015. Asimismo, se exonera al Fondes de todo tributo, a excepción de las leyes sociales, y se declara la inembargabilidad de sus bienes. En suma, el presente proyecto de ley apunta a establecer con jerarquía legal los objetivos, instrumentos y requisitos para el funcionamiento del Fondes. Se define la participación de representantes sociales en su administración y gestión. Se profundiza en aspectos que hacen a la eficiencia y al control de los dineros públicos. Se asegura un mínimo de recursos con destino a esta política pública de promoción de los emprendimientos cooperativos, autogestionarios y de la pequeña y mediana empresa al servicio del desarrollo del país, a la vez que se protege la sustentabilidad del Banco de la República. Finalmente, porque creemos en la democracia participativa, pensamos que todas las leyes son expresión de un momento histórico, de una coyuntura y, por lo tanto, de una correlación de fuerzas que determinan su concreción. Este proyecto no escapa a esta condición y, por ende, está abierta la puerta para que desde las organizaciones de trabajadores, desde la autogestión, desde el movimiento cooperativo y las organizaciones del campo popular se lo pueda ir perfeccionando. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Jorge Gandini. SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: a modo de introducción, quiero decir que me ha tocado ser el miembro informante de mi Partido; por lo tanto, trataré de reflejar el pensamiento que al respecto tenemos sobre este proyecto de ley, y también lo matizaré con el pensamiento de mi sector, que hace algunos énfasis en la materia, e incluso con algunas consideraciones personales de las que me voy a hacer responsable. Señor presidente, considero que el país necesita institutos como el Fondes. Personalmente, creo en ellos. El país tiene políticas de promoción y crediticias dentro de los marcos formales de nuestro sistema financiero que, para que funcionen bien, son rígidos y suelen promover proyectos que tienen respaldo. Sin embargo, aquel que quiere iniciar un emprendimiento empresarial, un emprendimiento cooperativo, no encuentra en el sistema financiero el respaldo que necesita para empezarlo, porque no tiene las garantías, porque no tiene el recorrido comercial o empresarial, porque no tiene el respaldo. Entonces, ese punto de inicio se hace muy difícil. Estos fondos, que son políticas públicas destinadas a promover y atender esos sectores, con costos para la sociedad, son necesarios. El Estado tiene varias políticas públicas en esa materia, algunas con subsidios declarados. Por ejemplo, las políticas de vivienda tienen algunas ventanillas a las que la familia puede acudir si tiene determinado nivel salarial y de credibilidad en el sistema financiero y, a través de ellas, acceder a un préstamo para una vivienda. También hay quienes pueden ir a otras instituciones públicas que de modo directo subsidian la vivienda. Esas son políticas públicas, expresas, para atender sectores de la sociedad que no pueden quedar al margen. Es una definición del contrato del Estado con la sociedad que está consagrado en la ley, y yo creo en eso. Pienso que el sistema financiero está hecho para prestarle a aquel que tiene condiciones de pagar y, sobre todo, a aquel que está en condiciones de acceder. Entonces, si no creamos este tipo de fondos, no podemos generar sistemas inclusivos al mundo del

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trabajo para aquellos que no han puesto todavía el pie en el estribo. Estos fondos son para trabajadores y también para todos aquellos que, en una cultura muy uruguaya, intentan mecanismos de autoempleo para salir adelante, con su esfuerzo y su creatividad, generando su propio lugar de empleo a través de una cooperativa, de una pequeña empresa, de una microempresa o de un proyecto autogestionado, como se le ha dado en llamar ahora. Aclaro que, en realidad, este término no define nada desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, porque un proyecto autogestionado puede ser una cooperativa o una sociedad anónima; lo que lo define es el dueño del trabajo y del capital. Cuando los dueños son los trabajadores, hablamos de proyectos autogestionados, pero la forma puede ser cualquiera. Insisto: está bien que estos fondos existan. Es lógico y está en la naturaleza de las cosas que estos fondos presten con un grado de riesgo mucho mayor al del sistema bancario, precisamente porque no tienen las mismas garantías que el sistema financiero. ¡Claro que se asumen mayores riesgos para el cobro del préstamo!, porque lo que hace un fondo de estos es prestar; habrá algún fondo capital semilla -que es muy importante- y algún fondo técnico de asesoramiento para el inicio, pero lo básico es el préstamo. El fondo se retroalimenta, no solo de la fuente -en este caso, el Banco de la República-, sino del retorno de los préstamos que hizo tiempos anteriores. Como solución teórica es buena. Por eso, desde el inicio quisimos votar este Fondes, pensando en el instrumento y en el Fondes que venía, pero todo se manejó de un modo que dejó muchas dudas y aspectos oscuros. Se manejó mal. De hecho, un decreto que en muchos aspectos no estaba mal -el de 2011, del Gobierno del presidente Mujica-, no se aplicó. Se le pasó por el costado, se saltearon una cantidad de aspectos formales que eran requisitos imprescindibles para que los interesados pudieran acceder a esos apoyos. Uno tiende a pensar que podríamos hacer la siguiente división: Fondes, primera época, y Fondes, época dos, y empezar con un nuevo Fondo para el Desarrollo. Cabe señalar que tuvimos la actitud más constructiva posible para que pudiera ser así.

El 5 de marzo, el señor presidente de la República, apenas había asumido, le presentó al Parlamento nueve proyectos de ley, entre ellos, este. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratarlo porque -perdonen que haga la referencia personal- fui yo quien planteó en ese ámbito -aquí está su presidente y lo recordará- que el primer tema a abordar fuera este, el del Fondes. Quiero hacer la historia porque de ella también se desprenden las consecuencias. La Comisión estuvo de acuerdo y convocó inmediatamente al Ministerio de Economía y Finanzas y a la OPP. Pero fuimos sorprendidos con que el día antes para el que estaba prevista la comparecencia de las autoridades públicas, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto. Y sorprendidos fuimos todos: oposición y bancada de Gobierno. Nos despertamos una mañana con la novedad de que el decreto que había regulado desde 2011 había sido cambiado por otro, que modificaba su filosofía y, además, establecía lo que el proyecto de ley que el 5 de marzo había ingresado al Parlamento decía también. Este proyecto era un tiro por elevación del Poder Ejecutivo -esta es una interpretación personal- al Parlamento y me parece que fue dirigido más a la bancada de gobierno, diciéndoles: “Mando un proyecto de ley, pero si no lo aprueban, miren que el Fondes funciona igual”. Y funciona igual al proyecto de ley. En él se creaban diversos fondos; lo que todos ustedes saben. Ese proyecto de ley se comenzó a discutir en comisión y empezaron a participar delegaciones del sector público y privado que estaban interesadas en el tema. Hablábamos sobre un proyecto de ley hasta que la comisión dejó de tratarlo, al punto tal que, aun teniendo mucha tarea, no se reunió más. Hubo una o dos sesiones que se suspendieron porque había una negociación extraparlamentaria, por cierto, legítima. Pero el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo entró en tensión con su propia bancada. Vamos a leer las cosas como fueron; acá todos sabemos cómo fueron. Hubo uno o dos sectores muy importantes de la bancada del partido de Gobierno que no hicieron acuerdo con el texto enviado por el Poder Ejecutivo y, por supuesto, ahora tampoco están de acuerdo con el decreto que rige el Fondes. No hicieron acuerdo, y esos votos eran necesarios. Por lo tanto, comenzó una negociación extraparlamentaria en la que participó, por un lado, el Gobierno y, por otro, la bancada del Frente Amplio -esto fue público y se

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podía leer en la prensa-, así como algunos actores interesados en el tema, como el PIT-CNT y algún sector cooperativo. Mientras eso sucedía, nosotros balconeábamos, mirábamos, no teníamos participación. Tanto es así, que un día vino el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión para tratar el tema y nos empezó a hablar de un proyecto de ley que no conocíamos; lo conocía él, pero nosotros no. Empezó a exponer sobre un acuerdo político que estaba en la órbita interna del partido de Gobierno, pero no del Parlamento. No había tenido iniciativa parlamentaria; por consiguiente los parlamentarios de la oposición no lo conocíamos. A tal punto fue así -quiero ser lo más exacto posible-, que el señor diputado Gonzalo Mujica entendió la situación de la oposición y propuso distribuir en esa sesión un borrador que, aun siendo objeto de discusión, recogía las bases principales sobre las que se iba a construir el nuevo proyecto de ley. Y se distribuyó. Cuando nuevamente el señor ministro tomó la palabra para hablar de ese tema dijo en forma explícita: “El Poder Ejecutivo no se hace cargo de ningún borrador que circule aquí”. Por lo tanto, la comisión siguió hablando con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero no sabíamos bien de qué hablábamos: si era del borrador que conocía el ministro, si era otro o si el ministro estaba pensando en una cosa diferente a la que nosotros empezábamos a leer allí. Esa historia avanza hasta que el Poder Ejecutivo envía un nuevo proyecto de ley que, obviamente, recoge ese acuerdo político, y que ingresa hace diez días a la comisión. Tuvimos una reunión extraerdinaria -en forma paralela veníamos considerando el impuesto de Primaria- un martes a mediodía, en la que recibimos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP. Luego de eso, la bancada del Frente Amplio se dispuso a votar, y nosotros le solicitamos que vinieran Inacoop y ANDE, condición imprescindible para votar. Estaban citados, pero no vinieron. Como sabíamos que ANDE nunca había sido integrada, solicitamos que en su lugar concurriera la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tampoco vino. Esa asistencia tan esperada se concretó -también en una sesión extraordinaria de la Comisión- ayer a mediodía, cuando compareció Inacoop para opinar

sobre el asunto. Debo recordar a la Cámara que Inacoop es un instituto que nace en la historia reciente: con la Ley de Cooperativismo, una ley que fue muy estudiada. El Instituto Nacional del Cooperativismo tiene representantes del Poder Ejecutivo y de representantes propuestos por el sistema cooperativo, designados por el Poder Ejecutivo. Este instituto está pensado y diseñado para promover y desarrollar el sistema cooperativo como estrategia de promoción de la economía social con políticas y recursos públicos. Está bastante consolidado; recientemente han cambiado sus autoridades, pero como institución funciona hace ya unos años. El Inacoop manifestó a la comisión su dificultad para asumir la nueva tarea. ¿Por qué? Porque está concebido como un instituto con las funciones que relataba y no como un banco de desarrollo, administrador de la mitad de un fondo, que tiene que analizar las condiciones objetivas que puede tener el solicitante de un crédito para poder pagarlo, así como la viabilidad y sustentabilidad del proyecto, tal como exige la ley. Según se nos dijo, el propio organismo, a través de sus directores, va a tener que crear y administrar una estructura, porque el fideicomiso es financiero, no de administración; por lo tanto, la administración le cae entera al Inacoop. Se dijo que van a tener que contratar a una consultora privada para que los ayude a diseñar el modelo de gestión de este nuevo desafío. Y sobre la mesa quedaron planteadas una cantidad de dudas obvias para unos gestores que aún no saben exactamente lo que van a tener que hacer aunque, por supuesto, es un desafío que aceptan tomar. Saben que tendrán que redimensionar la institución en sus tareas y funciones, además de tener que ocupar mucho de su tiempo útil a pensar, no en cooperativas, sino en atender a todos aquellos que demandan una oferta menor que la demanda. Es mucho mayor la cantidad de personas que en este país quieren acudir a créditos blandos con pocas exigencias, asumiendo mayores riesgos que la cantidad de dinero existente para atenderlos. Entonces, tendrán que seleccionar, escuchar, oír, aguantar, bancar las presiones legítimas y obvias que van a venir, no solo de los adquirentes, sino también de integrantes del sistema político, que van a llamar por teléfono para pedir que por favor se atienda a tal persona porque es de su pueblo, de su barrio, que lo conoce, que es compañero del sindicato, o ¡vaya a

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saber de qué otra cosa!, para que de la torta chica haya un pedazo para ese grupo de trabajadores que con todo derecho quiere llevar adelante un proyecto. Ello va a ocupar mucho tiempo a esa institución: quedó claro en la comisión y no fue negado por integrantes de Inacoop. Los representantes de esta institución también dijeron -este es otro punto importante- que ellos no quieren hacerse cargo de lo que viene de antes; quieren empezar de cero y aspiran a analizar, no solo los cambios que la institución debe hacer, sino los proyectos nuevos. Quieren ser fundacionales y creativos del Fondes Inacoop, que es la partición que les toca del Fondes, pero -reitero- no quieren hacerse cargo de lo anterior. Les preguntamos quién se haría cargo y nos dijeron que no sabían, porque el proyecto de ley original que envió el Poder Ejecutivo y el texto del decreto vigente establecen que el Inacoop se hace cargo de buena parte de los líos que vienen de antes. Algunos son proyectos en marcha que tienen que cobrar; muchos son clavos remachados y otros están en juicio tras juicio, conflicto tras conflicto, y el administrador de esa herencia de malos manejos y de fracasos en algunas áreas tendrá que absorber. El Inacoop dijo que no se quiere hacer cargo de eso. Esa reunión terminó, y fue reconocida por todos como muy positiva y enriquecedora para quienes tenemos que legislar. Esperábamos a la Agencia Nacional de Desarrollo; teníamos una especie de confianza en que seríamos sorprendidos con algo que pudiera superar las leyes de la física: que viniera alguien que no existe, porque ANDE no existe. La Agencia Nacional de Desarrollo fue creada en el último tiempo del anterior gobierno de Tabaré Vázquez, con la resistencia del MPP. Esto puedo decirlo sin temor porque en aquel tiempo fue notorio. Tan notorio fue, que esa ley fue deliberadamente incumplida por el Gobierno de Mujica. Él, como presidente de la República, tenía que cumplir con una ley aprobada por el Parlamento, pero no la puso en marcha. La ley establece que, entre tanto, del ANDE se hace cargo la Corporación Nacional para el Desarrollo, que asumió la tarea sin ponerla en marcha. La Agencia Nacional de Desarrollo no funciona, no tiene autoridades, como no las tuvo en estos seis años. No tiene estructura y tiene tareas que no son

las de administrar un fondo de desarrollo; tiene tareas enormemente relevantes en una estrategia de desarrollo nacional del país y en un sistema de desarrollo. Tiene funciones realmente importantes y para eso fue creada. ¡Pues no se puso en marcha! Han pasado ciento siete días del gobierno del presidente Vázquez. Ha llenado los cargos de prácticamente todos los espacios institucionales, con venia o sin venia, pero no ha nombrado las autoridades de ANDE; sigue siendo un papel en un cajón. No vino la delegación de ANDE a comisión y tampoco la de la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Por qué no los nombra? Seguramente porque aquel conflicto sigue vigente -esto ya es especulación-; seguramente porque no es pacífico el camino para resolver quién se hará cargo de esa Agencia Nacional de Desarrollo, menos ahora que tiene plata para administrar un fideicomiso que tendrá a su cargo parte de la tarea del Fondes. Pero lo cierto es que no se ha nombrado. Entonces, comprenderán los legisladores presentes en sala que hay quienes tenemos la voluntad de que exista un Fondes época dos, un nuevo Fondes, de que quede para atrás lo que pasó y que se puedan corregir en el camino futuro los errores que se cometieron, de modo de tener un fondo que sirva para que trabajadores que no encuentran un camino de empleo -pero que tienen una estrategia individual, familiar o colectiva, nacida en una cooperativa o en una estructura sindical-, puedan dar curso a esos emprendimientos. Quienes lo queremos votar porque creemos en eso, la verdad es que nos sentimos violentados en nuestra función de legisladores. Yo estoy en el Parlamento para hacer leyes y a mí no me pueden pedir que haga una ley en una semana -porque el proyecto entró a la comisión el martes de la semana pasada-, sin escuchar a quien tiene que administrar la mitad de este recurso, y no lo podemos escuchar porque no existe. No sabemos cómo piensa hacerlo porque no tiene estructura, ni siquiera cabeza. ¿Cómo nos pueden pedir que demos millones de dólares a una organización que está en blanco en el organigrama y sobre la que todavía no se pusieron de acuerdo con quién la va a integrar? Y no pongo sobre la mesa ni siquiera un aspecto que es muy relevante: desde que nació el Inacoop, en la Administración anterior del doctor Vázquez, entre los tres integrantes

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nombrados por el Poder Ejecutivo había uno de la oposición; ahora no lo hay. ¿Sabíamos nosotros, los que aún queríamos votar a favor, que le estábamos dando la mitad del Fondes a un instituto al que este gobierno le negó representación a la oposición? Esto es más grave aún si consideramos el pasado del Fondes. O sea, nos quitaron la posibilidad, no solo de coadministrar, sino de estar cerca de cómo se administran esos fondos públicos. Pero aun así, dejando constancia de eso, íbamos para adelante. Y cuando digo íbamos para adelante no me refiero a este legislador, sino a mi bancada, a mi sector, que tenía posición tomada. Esto puede generar que hoy algún compañero se anime a votar, con toda la visión crítica que puede tener de arriesgarse a un texto como este. Pero otros entendemos que no es serio votar una ley que va a administrar fondos públicos; vamos a decirlo como es: va a administrar fondos de los trabajadores. ¿De dónde sale el dinero que es parte de las ganancias del Banco de la República? Esta institución tiene su mejor cartera de clientes entre los empleados públicos y los jubilados; de ahí sale buena parte de su ganancia. Esas ganancias que podrían ir a cualquier otro destino, se las damos a un fondo de riesgo para que dé capital semilla, para que preste, para que empuje la economía social. ¡Pero hagámoslo bien! No se nos puede pedir que se lo demos con los ojos cerrados, sin que los administradores de la mitad del Fondes hayan pasado por la comisión, menos aún si no existen. ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿Y quién va a administrar lo que quedó para atrás? ¿Quién se hará cargo? Inacoop dijo que no quiere porque no puede, y le damos para adelante igual. En la sesión de la Comisión de ayer presentamos diez aditivos; se votaron en contra con el argumento de que no los pudieron leer. Yo entiendo el argumento. Si un proyecto de esta naturaleza y de este tamaño sale a las corridas, es obvio que no los pudieron leer; lo prudente habría sido tomarnos unos días más. Algunos de los aditivos que presentamos recogen observaciones que hizo la delegación de Inacoop; no nacieron solamente de la inspiración legislativa de la oposición. Estos tienen tanto arraigo en el sentido común que, sin conocer los aditivos, la delegación de Inacoop y su presidente, el excolega Gustavo Bernini, se refirieron a ellos. Este instituto está funcionando

con presidente, pero no ha podido asumir porque todavía no se han elegido los delegados del cooperativismo; está funcionando con los que estaban antes. Yo le dije a Bernini que el día que asuma lo voy a acompañar porque creo en esos instrumentos, trabajamos en eso. Pero todavía ni siquiera ha habido un acto público de asunción de Inacoop. Aun así estábamos para darle para adelante. Se necesitan dos patas, si no tiene una, se cae. El Fondes viene mal parido de antes; por lo tanto, ¿qué necesidad de apurar el caballo en la recta final para sacarlo mal? ¿Dónde está el apuro? Me podrán decir que el apuro es por todos los que vienen de atrás, por los que están esperando y gestionándose, pero esta ley no resuelve eso. Algunos legisladores interpretan que la ley no deroga el decreto, o que lo deroga en parte, y que ese tema lo resuelve el decreto. Pero si lo resuelve el decreto, está resuelto desde que el Poder Ejecutivo emitió ese decreto. Por lo tanto, si esa interpretación es correcta y con la ley queda el decreto para resolver lo de atrás, entonces, el decreto está vigente. Y si nos demoramos tres semanas más, lo que resuelva el decreto será el modo en que se gestiona lo que viene de atrás. Yo no entiendo el apuro. La verdad es que lo que menos entiendo es por qué la bancada del Frente Amplio no quiere hacer más grande el respaldo de un instrumento de esta naturaleza. Si el asunto es cortar grueso y decir: “nosotros estamos de este lado y la oposición del otro”, es muy menor. Yo no quiero imputar ese cargo a la bancada del partido de gobierno; debe haber otras razones. Nosotros hemos presentado una moción, y la mesa la leerá cuando sea oportuno, para que el proyecto vuelva a comisión. Queremos discutir los aditivos que propusimos y recibir a alguna autoridad pública que se haga cargo de la otra mitad del Fondes. Ojalá el Poder Ejecutivo se pusiera las pilas y eligiera a las autoridades de ANDE. Si todo esto es tan importante y nosotros estamos tan apurados, el presidente de la República debería estarlo igual que nosotros y designar esas autoridades. Ni siquiera pedimos que esté presente la oposición, aunque sería importante que estuviera. Pero si la decisión es que no esté -así nos lo han comunicado-, pues que lo resuelvan ya. Entonces, los recibimos y les pregón-

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tamos cómo van a armar ese organismo para hacer lo que tienen que hacer, que es su función original y, encima, hacerse cargo de todo lo que le mandamos sin preguntarle si lo quieren. Esas son las razones fundamentales que queríamos plantear. Podríamos entrar a la consideración del articulado haciendo observaciones y aportes que apuntan de modo constructivo a mejorarlo para que tenga más controles, no solo del Parlamento, sino técnicos y soluciones que son tomadas del primer decreto de 2011 -llamémoslo de Mujica- porque, más allá de que no se hayan cumplido, están bien concebidos desde lo técnico y desde lo teórico. Queremos que se elabore un proyecto de ley, no que se empuje una ley a cualquier costo, y tenemos la aspiración de escuchar a alguno de los que se tienen que hacer cargo. Como decía, hay aspectos del articulado que queremos mejorar, pero voy a dejar que otros diputados de mi partido que han trabajado en este tema -particularmente el diputado Goñi Reyes que, además, tiene trayectoria y experiencia en la gestión de aspectos similares- puedan ilustrar mejor a la Cámara para no reiterarnos y usar más tiempo del necesario. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Puede interrumpir el señor diputado. Sánchez).-

después de muchos años de exilio, su primer plan, programa o proyecto que planteó al gobierno electo fue la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que no es otra cosa que un fondo de desarrollo. No sería bueno que en la tarde de hoy nos dedicáramos a analizar quién está a favor de las cooperativas, porque adelanto que el Partido Nacional, desde hace muchísimo tiempo, ha estado a favor de las cooperativas y de los cooperativistas, siendo uno de los principales promotores de este movimiento. Tampoco sería bueno discutir de autogestión porque el Partido Nacional ha demostrado y avalado, desde hace muchísimo tiempo, que le importa, y mucho, promover la autogestión. No obstante, sí tenemos que tratar de centrarnos -lo digo respetuosamente- en el para qué y en el cómo. Hace treinta años que venimos sosteniendo y apoyando al fondo de desarrollo con acciones concretas; ahora, lo que estamos objetando hoy -se expresa en el informe en minoría- es el cómo y el para qué. ¿Por qué? Porque estamos usando nada más y nada menos que fondos públicos -como dijo el señor diputado Gandini-, que no nos pertenecen. Uno utiliza sus fondos para lo que se le antoja, pero los fondos públicos solo se pueden usar de acuerdo con lo que determina la Constitución, y esta es muy clara en el sentido de que los recursos públicos solo deben utilizarse para el interés general. Lo que tenemos que analizar hoy es cómo hacemos para que los recursos del Fondes o de cualquier otro fondo de desarrollo con fondos públicos se utilicen para el bien general. En la actualidad, en el 99 % del mundo, los fondos de desarrollo tienen como finalidad promover la empresarialidad, palabra que quizás a muchos cueste decir. Un fondo de desarrollo tiene como finalidad generar más y mejores empresas, más y mejores emprendimientos. Lo que corresponde ver -por lo menos, es lo que hace el 99,9 % del mundo con los fondos de desarrollo- es cómo logramos seleccionar los mejores proyectos que la sociedad uruguaya tiene para que haya más y mejores emprendimientos y más y mejores empresas. Creemos que hay temas que para el Partido Nacional están laudados; por supuesto, no tenemos problemas en discutirlos, pero como hemos

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).Señor presidente: sin perjuicio de que posteriormente nos abocaremos a ampliar la argumentación sobre los defectos que vemos en este proyecto, quería, al comenzar la sesión, intentar ahorrar discusiones que no van a conducir a nada o, por lo menos, no hacia donde el Partido Nacional desea. En primer lugar, para el Partido Nacional no está en discusión la conveniencia y la utilidad del Fondes. La trayectoria del Partido Nacional, sobre todo en la última etapa, nos exime de explicar que los fondos de desarrollo nos preocupan, porque los hemos priorizado y ejecutado. Por si algún legislador no lo sabe, hace treinta años se creó el primer fondo de desarrollo en el Uruguay, y lo hizo nada más y nada menos que Wilson Ferreira Aldunate. Su primer acto

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presentado una serie de aditivos y de propuestas con el fin de mejorar el proyecto, nos gustaría centrarnos en precisar, afinar y ajustar -como era intención hacerlo en este proyecto de ley, según dijo el Gobierno- la finalidad prioritaria en la que se van a usar estos fondos y en cómo se van a usar. Digo esto blemente… porque, además, hoy, lamenta-

(Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite otra interrupción, señor diputado Gandini? SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Puede interrumpir el señor diputado. Sánchez).-

Posteriormente, cuando nos toque hacer uso de la palabra, hablaremos de las objeciones que hemos encontrado a esta iniciativa. Este proyecto de ley nos sigue pareciendo oscuro, muy confuso y dañino para la economía social, aun bajo el pretexto de querer ayudar, porque nadie podrá decir que los fracasos estrepitosos de algunas inversiones del Fondes no hicieron muchísimo daño a la economía social. Creemos que es un proyecto voluntarista, inadecuado y, sobre todo, muy poco transparente. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Puede continuar el señor diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- He concluido, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Conrado Rodríguez. SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).Señor presidente: en el día de hoy se pone a consideración este proyecto de ley, que fue elevado por la Comisión de Hacienda al plenario de esta Cámara, con una mayoría constituida por el oficialismo. En primer lugar, me gustaría dejar constancia de que las consideraciones que efectuaré hoy en Sala las haré estrictamente a título personal, como miembro de la Comisión de Hacienda; de ninguna manera las haré en nombre ni en representación de mi bancada parlamentaria. Hecha esta precisión, explicaremos las razones por las que no votamos en Comisión el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y sugeriremos al Cuerpo que tampoco lo vote. Antes, quiero decir que, a nuestro juicio, el espíritu de este proyecto es correcto; sin duda, nos sentimos consustanciados con la posibilidad cierta de que los trabajadores y el movimiento cooperativo tengan la posibilidad de encontrar en un sistema diferente al habitual, al clásico de otorgamiento de créditos, préstamos para que los emprendimientos sean viables. Personalmente estamos de acuerdo con su espíritu, pero advertimos dificultades para aplicar su articulado. El 5 de marzo del corriente, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto al Parlamento que intentaba dar institucionalidad legal al Fondes, creado por el Decreto N° 341/11, en aplicación del artículo 40 de la

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Lamentablemente, hoy no contamos con uno de los requisitos básicos que cualquier fondo de desarrollo, cuando se va a crear -o a recrear, como en este caso-, debe tener: la evaluación de lo que pasó con el régimen anterior. Todos los principios básicos de los fondos de desarrollo indican y recomiendan que se evalúe y observe qué pasó con el funcionamiento del fondo o del sistema similar anterior para aprender las lecciones. En nuestro caso, después de que el ministro Astori dijo que se pretendía que con relación a este nuevo fondo se consideraran las lecciones aprendidas, nos sentimos muy decepcionados luego de tres meses de intentar conseguir una evaluación de este fondo; hoy, por primera vez -después de pedirlo durante tres meses-, escuchamos un informe, que por supuesto es muy preliminar, pero pretende ser una evaluación de lo que pasó con el fondo anterior. Por lo tanto, convoco a que nos centremos en la discusión de cómo vamos a lograr que los recursos públicos puedan generar una mayor y mejor empresarialidad, una mayor y mejor empresa, que podrá tener una modalidad autogestionaria, cooperativa o de microempresa. Lo importante es que este fondo pueda elegir -como se hace con todos los fondos del mundo-, con justicia, los mejores proyectos, por una razón de sentido común: si vamos a usar los recursos públicos, seleccionemos los mejores proyectos, porque van a ser los que mejor resultado darán a la sociedad en su conjunto.

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Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010. Este decreto -y, obviamente, la remisión a esta leypermitía la creación de fondos con utilidades netas del Banco de la República, con el objetivo de apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables que pudieran resultar de interés a juicio del Poder Ejecutivo, como se explicitaba. El Fondes, creado en 2011 por el Gobierno del Presidente Mujica, tuvo el fin de disponer de recursos para apoyar algunos emprendimientos productivos que, en principio, implicaban nuevas formas de gestión alternativas a las empresas de capital privado del sistema capitalista, esto es, el cooperativismo y las empresas autogestionadas por los trabajadores. La utilización de los recursos del Banco de la República para este tipo de asistencia generó una gran discusión en su momento, en el sentido de si las ganancias de la institución debían involucrarse con este tipo de iniciativas. La propuesta del Fondes rompía con la idea, generalmente aceptada, de fondo de fomento, en la medida en que se recomienda que las instituciones que realicen los préstamos estén especializadas en la evaluación de proyectos y que exista una razonable contraposición de intereses. Estas dos exigencias siempre las cumplió, bien o mal, el Banco de la República, que es el tradicional banco público de fomento de nuestro país. También cumplió tradicionalmente esta función la Corporación Nacional para el Desarrollo, que fue un centro de apoyo para empresas con problemas financieros, que actualmente se ha concentrado más en las Pymes. Finalmente, en diciembre de 2010, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco de la República fue aprobado en el Senado, por supuesto, después de una acalorada discusión; cabe destacar que parte de su articulado no fue apoyado por la oposición. En un comienzo, el Fondes -allá por 2011- se dividió en cuatro fideicomisos: un fondo de asistencia técnica no reembolsable, una garantía de crédito e instrumentos de mercado de valores, un fondo de financiamiento y otro de capital semilla y capital de riesgo. Según versiones de prensa, el Fondes apoyó veintiocho empresas, por un monto aproximado de US$ 70.200.000. La mayor parte fue destinado al

capital trabajo -esto es, pago de salarios de los trabajadores- y para inversión propiamente dicha no alcanzó a US$ 30.000.000. El diario El País señalaba que US$ 55.000.000 fueron otorgados a siete empresas autogestionadas, que ocupan aproximadamente a mil obreros. Pressur no resultó un buen negocio; Metzen y Sena perdió US$ 2.000.000 por año y Alas Uruguay, Paylana y Agolán están realmente en una situación muy complicada. Es particular el caso de Funsa y Urutransfor que en 2014 destinaron más del 95 % de su producción al mercado venezolano que, como todos sabemos, no está pasando por un buen momento y es de difícil cobro. A partir de estas experiencias, el nuevo Gobierno decidió dar al Fondes una institucionalidad diferente. Es así que el 5 de marzo de este año se remitió un proyecto de ley en ese sentido. Mientras se discutía en la Comisión de Hacienda -como dijo muy bien el señor diputado Gandini-, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que, a grandes rasgos, copiaba el texto del proyecto remitido a la Comisión, con la finalidad de dar otra institucionalidad al Fondes y que, de alguna manera, se siguieran esas directivas, sin esperar a que lo aprobara el Parlamento, que naturalmente podía llevar algún tiempo e, inclusive, mejorar la redacción. Pero bueno, no se estuvo dispuesto a esperar. El nuevo decreto modificaba el aprobado originalmente en 2011 para poner a funcionar cuanto antes la nueva dirección del organismo, modificando diecisiete artículos y derogando siete del decreto aprobado en 2011. El corazón del nuevo decreto tenía que ver con quién decidía el destino del dinero. Para ello, se establecía que su nueva administración pasaría a manos del Instituto Nacional de Cooperativismo, suprimiendo la Junta Directiva del Fondes, creada por la Administración Mujica. Asimismo, se cambiaba el tope de dinero a que podrían aspirar los proyectos. Cada iniciativa podía recibir no más del 3 % del total de dinero administrado por la partición del fondo que le correspondía y las particiones serían determinadas, precisamente, por sus administradores. Ahora se propone promover la asociación entre micro, pequeñas y medianas empresas, así como su internacionalización y su desarrollo como proveedores de emprendimientos de mayor tamaño. Asimismo, se

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exigía que los impulsores de los proyectos debían aportar toda la información que fuera necesaria, para demostrar que eran sostenibles económicamente, innovadores, ambientalmente sustentables y alineados con las directrices estratégicas del Poder Ejecutivo y que promovieran contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los traba-jadores. El énfasis de ese nuevo decreto se ponía en promover la asociación entre micro, pequeñas y medianas empresas. Así fue que se aprobó el decreto el 23 de marzo del corriente año. Posteriormente, el 1º de junio, se remitió otro proyecto. Antes -como bien dijo el señor diputado preopinante- cuando compareció a la Comisión el ministro de Trabajo y Seguridad Social, nos enteramos de que se estaba discutiendo otro proyecto, porque empezó a hablar de otra iniciativa, que la oposición desconocía. En ese momento, con buen tino -como se dijo muy bien-, el señor diputado Gonzalo Mujica expresó que sería muy bueno que la oposición conociera el borrador. A partir de ese momento —el 1º junio, reitero— se formalizó un nuevo proyecto y, según sus propios considerandos, las principales modificaciones son que el Fondo para el Desarrollo tendría dos particiones: una administrada por Inacoop y otra por ANDE. La primera partición -que se denomina Fondes Inacoop- tiene como cometido específico promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas de la economía social y solidaria, en particular, las empresas cooperativas reguladas por la Ley Nº 18.407 y los emprendimientos productivos, con la participación de los trabajadores en la dirección y el capital de empresa, especialmente los emprendimientos autogestionarios. El Fondes ANDE tiene como cometido específico fundamental promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso del Fondes Inacoop, las competencias relativas a la administración de la partición serán ejercidas por un órgano del Instituto creado a esos efectos, denominado Junta Directiva del Fondes Inacoop. En el caso del Fondes ANDE, las competencias relativas a la administración de la partición serán ejercidas por un directorio de la ANDE.

Asimismo, en este proyecto de ley se habilita a las instituciones administradoras a suscribir convenios con otras instituciones a efectos de implementar planes y programas de la partición correspondiente, siempre que estos cumplan con los requisitos previstos en la ley y se establezcan los mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas. Se incrementan los límites máximos de los montos de los apoyos -recuérdese que habíamos hablado del límite del 3 % de cada partición, que ahora se incrementa-, con una consideración especial en el caso de los préstamos, tanto en el número de operaciones, como en el monto máximo en el período de cinco años. Asimismo, el cómputo de esos límites debe contemplar el total de los emprendimientos o proyectos de un mismo grupo económico. Se prevé que las contribuciones del Fondes, en el marco del artículo 40 de la Ley Nº 18.716, de 2010, representarán al menos el 15 % de las utilidades del Banco de la República, después de debitar los impuestos, siempre que existan proyectos productivos viables y sustentables que cumplan con los requisitos establecidos. En línea con el artículo referido, se clarifica que estas contribuciones serán adicionales a las previstas en el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 18.716 y que se preservará la responsabilidad patrimonial neta del Banco de la República, prevista en el inciso segundo de este artículo. Asimismo, se establece que a cada una de las particiones le corresponderá el 50 % de las contribuciones que se dispongan con destino al Fondes, en virtud del artículo 40 de la Ley Nº 18.716. Se prevé expresamente que el Fondes, creado por ley, sustituirá de pleno derecho al Fondo para el Desarrollo creado por un decreto del año 2011 y sus modificativos. La presente iniciativa procura, en su espíritu, dar apoyo a proyectos productivos viables y sustentables económica y financieramente, innovadores, creadores de empleo, que mejoren la calidad de vida. Si bien puede considerarse que la instrumentación del proyecto no es la más adecuada y resulta en parte sobreabundante porque en las instituciones del país existen organismos que pueden cumplir con ese mismo rol de fomento, no es menos cierto que los objetivos perseguidos son en general compartibles, en especial tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas y de empresas que, cumpliendo con las

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mismas condiciones, pueden llegar a gestionarse por sus trabajadores porque encuentran una fuente de financiamiento a sus emprendimientos de la que antes carecían. Sin embargo, no puede soslayarse que los recursos que se vuelcan, tanto por su origen como por su destino, son fondos públicos. Y eso obliga a tomar las medidas y las precauciones debidas para con el manejo de la hacienda pública que tanto la Constitución de la República como las leyes han impuesto para su gestión y administración, y que el deber de transparencia impone aun en ausencia de normativa específica. En lo personal, propusimos que el proyecto de ley contemplara las garantías mínimas que se deben cumplir para la transferencia, gestión y administración de fondos públicos y la responsabilidad consecuente en caso de una indebida gestión o administración, que se prevén en nuestra legislación desde hace decenas de años, aun cuando esos fondos -insistimos en que son públicos por su origen o por su destino- sean gestionados por personas públicas no estatales o por organizaciones privadas. Lamentablemente, a nuestro juicio, este proyecto no cumple con esos requerimientos. En Comisión propusimos un aditivo al artículo 2º del proyecto, a efectos de plasmar a texto expreso que los referidos patrimonios de afectación se consideren fondos públicos respecto a la actuación que debe tener el Tribunal de Cuentas, informando así a la Asamblea General la forma y los alcances previstos en el literal C) del artículo 211 de la Constitución de la República. Esto -reitero- no figura a texto expreso en el proyecto. Nos parece de esencia otorgar a la sociedad entera todas las garantías en cuanto a que sus dineros serán gastados dentro de las previsiones legales, en cumplimiento de los requisitos planteados en la ley de que los emprendimientos deben ser sostenibles económica y financieramente. En forma coherente con este principio del debido cuidado y transparencia para el manejo de los fondos públicos, no compartimos el artículo 23 del proyecto de ley que se pone a consideración de este Cuerpo, porque sin las debidas garantías previas, sin la rendición de cuentas de la gestión administrativa del Fondes -creado por un decreto de 2011 y modificado

por un decreto de 2015- se prevé que la nueva institución sustituya de pleno derecho la preexistente que, además, carece de la debida legitimidad legal y constitucional. A nuestro juicio, es obvio que el Poder Legislativo no solo puede sino que debe desaplicar un acto reglamentario que, por ilegal e inconstitucional, resulta ilegítimo. Por tanto, no puede admitirse que la ley atribuya a una entidad que crea, la vocación de sustituir de pleno derecho a otra, inclusive declarando de plena validez todo lo actuado, en un envoltorio cuyo contenido no se conoce, blanqueando todo un pasado incierto del que, por confusión, se perderán todos los indicios de lo que pudiera ser motivo de alguna responsabilidad. La admisión de ambos aspectos, que tienen un hilo conductor, resulta a nuestro juicio determinante para no acompañar el proyecto que está a consideración. Por un lado, presentamos un aditivo al artículo 2º y, por otro, solicitamos que se suprima el artículo 23. Reiteramos que los objetivos perseguidos son compartibles, en especial tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas que, cumpliendo con las mismas condiciones, puedan gestionarse por sus propios trabajadores. No acompañamos el articulado que se nos propone por la falta de los debidos contralores que merece la utilización del dinero de la gente. Como dijimos en Comisión, ante la falta de esos controles necesarios que, a nuestro juicio, deberían estar plasmados a texto expreso por la utilización de fondos públicos del Fondes y por responsabilidad, no podemos votar el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo y puesto a consideración de esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: compartimos la idea de que Uruguay camine hacia la creación de una banca de desarrollo. La idea de la creación del Fondes nace de una forma inapropiada, en el medio de la discusión de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco de la República, no como fruto de una reflexión fundada, sino como un artículo que se agrega; los artículos 40 y 41 de la ley que, en definitiva, estableció las modificaciones a dicha Carta

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Orgánica. Esto dio origen a que, por decreto -dejando de lado la vía legislativa, en una situación a nuestro juicio absolutamente inconveniente-, se creara un Fondo para el Desarrollo, un fondo que ha funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde la injerencia en su gestión estuvo supeditada fundamentalmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las obligaciones que se establecen en el artículo 41 en cuanto a remitir en cada rendición de cuentas un informe detallado de lo actuado por el Poder Ejecutivo, en realidad, terminaron por ser un informe parcial, en el cual no se daba cuenta de su actuación. La experiencia latinoamericana en materia de bancos de desarrollo, que comienza en la década del cincuenta y que tiene un nuevo impulso en la década del noventa, está marcada por algunos éxitos; lamentablemente, pocos. En ese sentido, hay que destacar los bancos de desarrollo de Brasil y de Chile, en medio de una serie de fracasos que hubo cuando se asumió este tipo de experiencias. A nuestro juicio, la necesidad de una banca de desarrollo se justifica muy especialmente por la existencia de fallas en el mercado y porque el sistema de intermediación financiera -¿qué es un sistema de intermediación?: alguien deposita en un banco para que este intermedie prestando esos recursos; por tanto, los bancos, en los hechos son administradores de depósitos a los cuales transforman en préstamos para otros emprendimientos-, por su propia lógica y por su propia realidad de mercado, responde a un análisis desde el punto de los riesgos que no se compadece con las necesidades de recursos o financiamiento que tienen, en particular, los micro, los pequeños y hasta los medianos emprendimientos. Esa realidad genera, en consecuencia, una falla en el mercado, porque si realizamos un estudio acerca de la importancia de esas micro y pequeñas empresas en el Uruguay -hago hincapié en este aspecto porque me parece sustancial: no importa la modalidad de gestión sino, en definitiva, la tarea que realicen y la relevancia de esos emprendimientos productivos en el desarrollo de nuestro país- podemos constatar que hay sectores de la economía que no encuentran dentro del sistema de intermediación financiera una posibilidad de acceder para cubrir las distintas necesidades que a veces se les plantean. Por eso nos pareció adecuada -en ese sentido, la saludamos- la iniciativa del Gobierno actual en cuanto

a dar el primer paso, el sustancial, de institucionalizar el Fondo para el Desarrollo para que tuviera un marco legal, porque, hasta ahora, funciona por la vía del decreto. Desde su aprobación, en el año 2010, han pasado más de cuatro años y no hubo -salvo sobre el final del período- intención de institucionalizarlo. Por ese motivo, consideramos importante y destacable esta decisión del Poder Ejecutivo. Pero la verdad es que, según la valoración que desde el Partido Independiente hacemos del Fondo para el Desarrollo como un germen hacia una banca de desarrollo, el proyecto que originalmente nos había sido entregado por el doctor Tabaré Vázquez, en una reunión convocada a esos efectos con representantes de los distintos partidos de oposición, nos parecía y nos sigue pareciendo un camino más adecuado que el de este que, en definitiva, será aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Qué planteaba aquel proyecto? Claramente establecía que el Fondo para el Desarrollo pasaba a ser una especie de soporte financiero de otra idea planteada por el Poder Ejecutivo en la misma fecha: el Sistema Nacional de Competitividad. A nuestro juicio, la idea de que el Fondes fuera el soporte financiero de un Sistema Nacional de Competitividad se compadece mucho más con la concepción de que sea verdaderamente un germen para una banca de desarrollo. ¡Cuidado! porque el término “competitividad” a veces parece una palabra extraña o a la que se asigna una connotación de carácter neoliberal en lo económico. Sin embargo, cuando se habla de competitividad -por lo menos como la entendemos nosotros y también el proyecto que envía el Poder Ejecutivo- se está haciendo referencia a fortalecer las capacidades de competencia de esas micro y pequeñas empresas, que cumplen un rol sustancial en el desarrollo económico del país, pero con diversas dificultades en materia de asistencia técnica, de capacitación o de acceso al crédito a la hora de desarrollarse y consolidarse y, sobre todo, de tener expectativas ciertas de que sus productos puedan ingresar a mercados del exterior o, -como planteaba el presidente de Inacoop, exdiputado Gustavo Berninide acceder a algo bastante más elemental, como la posibilidad de ser proveedoras del Estado. Esas son las realidades de aquel proyecto, que quedó desestimado, producto de un acuerdo posterior entre la central sindical, otros representantes sociales y, por supuesto, el Gobierno. El proyecto que surgió a

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partir de esa negociación, en lugar de ir de la mano con el Sistema Nacional de Competitividad nos plantea la creación de dos particiones. Hago esta aclaración porque me parece muy importante. La idea del proyecto original del Poder Ejecutivo fechado el 5 de marzo se refería a varias particiones. En realidad, lo que estaba detrás era el criterio de que las distintas agencias que conformaban el Sistema Nacional de Competitividad de alguna manera tuvieran injerencia como particiones y que hubiese -a nuestro juicio, este era uno de los aspectos fundamentales- una entidad, un fiduciario responsable de la administración; uno o varios. (Ocupa la Presidencia el señor representante Constante Mendiondo) ——Este es un aspecto central respecto a un proyecto u otro. ¿Por qué? Porque si queremos pensar en crear el germen de una banca de desarrollo, necesariamente debemos generar especialización desde el punto de vista de la gestión, del otorgamiento de los préstamos, de las bonificaciones en las tasas de interés, de todo lo que se establece en ese proyecto. Y era importante comenzar a generar una profesionalización de esa gestión. Sin embargo, dicha profesionalización quedó por el camino y, directamente, en ese nuevo proyecto, fruto del acuerdo con los actores sociales, se apunta a la creación de dos particiones: el Fondes Inacoop y el Fondes ANDE. Está claro que para que el Inacoop pueda convertirse en administrador de un Fondo para el Desarrollo tiene que ocurrir una transformación sustancial en lo que refiere a generar una infraestructura básica para gestionar varios millones de dólares que le van a ingresar para su administración; lo mismo deberá suceder en la ANDE. Sin embargo, en los hechos, hay -en principioduplicación de una gestión que, en todo caso, debió ser una sola, porque si se quiere fomentar una banca de desarrollo es necesario generar ese aprendizaje y la profesionalización de la gestión como elemento sustancial. Anteriormente hice mención a la experiencia latinoamericana en materia de banca de desarrollo y creo que sería bueno, por lo menos, destacar algunos aspectos que de alguna manera se identifican como los que propiciaron el fracaso en algunos países;

reitero que exceptuamos lo que ha pasado en Chile y en Brasil. Uno de estos aspectos sería la insuficiente o inexistente evaluación de desempeño. Señor presidente: si usted hace una lectura del proyecto a consideración, ese también era un problema que tenía el proyecto original del Poder Ejecutivo: no está planteada en ningún lado la evaluación de desempeño. Es decir, Inacoop va a hacer su gestión, también la va a hacer ANDE, pero no está planteada la evaluación de desempeño y de resultados, es decir, cómo se otorgaron esos préstamos y qué resultados se obtuvieron a partir de ese proyecto. ¡Eso no existe en la propuesta del Poder Ejecutivo! Si se revisa la propuesta que hemos hecho en nombre del Partido Independiente, se verá que en el artículo 1º planteamos la creación de una unidad especializada en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas para que, precisamente, se haga una evaluación y un seguimiento de los resultados de las distintas gestiones, porque estamos hablando de recursos públicos que pertenecen a todos los uruguayos. Necesariamente, la gestión de esos recursos públicos tiene que ser hecha sobre la base de la transparencia y la profesionalización. Otros aspectos que se plantean refieren a la falta de claridad de sus objetivos -reitero, estos eran los aspectos que se identificaban como causas del fracaso de algunas experiencias en materia de bancas de desarrollo en Latinoamérica-, a la adopción de criterios de selección inadecuados, a la falta de consideración del costo de oportunidad de los recursos mal utilizados, a la mala administración de los riesgos, a la falta de administración de pericia y a una actitud paternalista, es decir, al hecho de la intervención directa del propio sistema político en el otorgamiento de los préstamos. Felizmente, en Latinoamérica hay una experiencia de la cual podríamos aprender si en verdad el objetivo fuera ir hacia una banca de desarrollo. Lamentablemente, creo que el proyecto que hoy va a ser aprobado en mayoría no recorre ese camino; por lo tanto, repite los mismos errores que en el pasado se cometieron en otros sitios de Latinoamérica cuando se utilizaron fondos destinados, precisamente, a financiar o a cubrir esta falla de mercado, esta competencia imperfecta. Somos de los que creemos que es importante la participación de un

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Estado que sea realmente transparente en la gestión de esos recursos públicos, de un Estado que intervenga para que, en definitiva, haya criterios profesionales a la hora de asignar créditos a estas instituciones para que, en definitiva, se consolide el desarrollo de los micro y pequeños emprendimientos. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor presidente: en esta sesión no estamos tratando un proyecto más. Estoy convencido de que estamos institucionalizando por la vía de la ley un instrumento heterodoxo de política pública con una enorme potencialidad para aportar a una construcción económico social alternativa, de profunda calidad democrática y útil para la transformación productiva del Uruguay. Más adelante voy a explicar por qué creo esto. Este no es un proyecto más: ha sido intensamente discutido, tanto en la interna de la fuerza de Gobierno como con fuerzas sociales y políticas ajenas. Hemos sido parte de esa discusión porque, claramente, nos interesa discutir en profundidad sobre instrumentos que consideramos tan relevantes para cambiar la vida del país. En el curso de estos meses de debate han aparecido una serie de argumentos, de planteos, que han sido muy manejados por la gran prensa y por algunos actores de la oposición que hoy vuelven a aparecer a través de las intervenciones que escuchábamos hace unos momentos y que van a fundar el voto negativo de buena parte de los integrantes de este Cuerpo. Uno de esos argumentos es el de que nosotros no evaluamos lo que hacemos, que en definitiva, traemos a consideración de la Cámara un proyecto que no ha tenido un proceso adecuado de construcción porque no hay una evaluación suficiente de lo que ya se ha hecho. Ese argumento fue el que también motivó el planteo de una comisión investigadora por parte de un legislador del Partido Nacional. Lo mismo que dijimos ese día queremos expresar hoy: entendemos que hay una serie de mecanismos parlamentarios y otros no parlamentarios para hacer esa evaluación y esos controles, mecanismos que

están previstos en el orden legal vigente y que se están aplicando a cabalidad. Se trata de mecanismos como las auditorías sobre los fideicomisos, del tipo de datos que se ofrecen en las rendiciones de cuentas -tal como estaba planteado en el decreto que creó el Fondes-, pedidos de informes o, eventualmente, convocatorias a las autoridades correspondientes para hacer evaluaciones. Inclusive, se trajo a esta Cámara un planteo de constituir una comisión investigadora sin siquiera esperar a que llegara el resultado de un pedido de informes que todavía estaba en plazo. De la misma forma, hoy se aduce que están a la vista los elementos para fundar un voto negativo, aunque en realidad estoy convencido de que ese voto negativo tiene como origen la objeción que han hecho algunos legisladores de la oposición de forma recurrente. Nos decían -también lo han deslizado algunos diputados- que nuestro posicionamiento respecto de este proyecto es ideológico, como si fuera algo malo. Pero antes de considerar si es o no malo, si es o no evitable, en el campo de lo ideológico hay una relación entre principios e intereses; ese campo tiene que ver con lo que valoramos y no valoramos como bueno o deseable, es el campo que tiene que ver con lo que legitimamos y deslegitimamos en una sociedad. Claramente, tenemos posiciones ideológicas tomadas, la nuestra es una fuerza con determinadas definiciones. Ponemos el foco de atención en lo ideológico. En la sesión en la que discutimos sobre la constitución de la comisión investigadora, planteaba que el Estado uruguayo tiene un enorme gasto tributario -también se le denomina renuncia fiscal- por concepto de apoyo a grandes proyectos productivos, a empresas capitalistas tradicionales. Para estos proyectos se destina mucha plata, muchísima más plata que la que se ha destinado al Fondes. Estamos hablando de aproximadamente un millón de dólares por año. Pero no se ha puesto el mismo foco en aquello que en esto. Y eso tiene que ver con una cuestión ideológica. Nos interesa la transparencia en todos los planos y esferas, pero estoy convencido de que cuando hay un uso recurrente al fantasma de la falta de transparencia de determinados instrumentos que tienen que ver con ciertas finalidades y orientación de políticas, hay algo más; hay un planteo de fondo respecto de lo que se quiere legitimar y deslegitimar,

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y en esta sesión se ha intentado deslegitimar esta herramienta, sobre todo en lo que tiene que ver con el apoyo a los proyectos de economía social, de cooperativismo, de autogestión. Eso es producto de una concepción. Por ejemplo, en sala se habló de empresarialidad, concepto que tiene un trasfondo ideológico muy fuerte, pero ese no es el concepto que inspira nuestra visión o idea de lo que debe ser el Fondes de apoyo al cooperativismo, a la autogestión o a la economía social. Entonces, esa es una diferencia relevante que probablemente está incidiendo y mucho en el posicionamiento de algunos legisladores de la oposición. Como decía al principio de la exposición, por varias razones creemos que se trata de un instrumento con un enorme potencial transformativo. En las pequeñas y medianas empresas de este país -destinatarias de este proyecto- se encuentra el tejido empresarial con mayor capacidad de innovación, como se ha dicho en el plenario, que se inserta mejor en cadenas de valor nacionales y regionales, que agrega más valor, que incorpora más tecnología, y eso para nosotros es importante. Además, creemos que tiene un enorme potencial transformativo en lo que respecta a las formas de propiedad y de gestión de los emprendimientos productivos que promueve, y esto tiene que ver con lo que más me interesa destacar: lo que va a hacer el Fondes Inacoop. Aquí se ha dicho que no importa tanto si se trata de emprendimientos cooperativos y autogestionarios o de pequeñas y medianas empresas, pero para nosotros sí importa. Por eso, en el proyecto hay dos capítulos distintos, por eso nos hemos esmerado en crear las herramientas para garantizar una cuota parte de los fondos para promover proyectos de carácter cooperativo y autogestionario. Ese tipo de emprendimientos para nosotros tiene un valor en sí, independientemente del tamaño de las unidades productivas o del valor que también tiene en la transformación productiva el tejido de las pymes, que es distinto porque refiere a una forma diferente de vivir y de producir. Creemos que los trabajadores, asociados con otros trabajadores pueden producir sin necesidad de un capitalista. Además, se demostró que se puede hacer. Entendemos que eso, para la transformación productiva y social del país tiene un valor, además del valor que se podrá decir ideológico, desde el punto de

vista de un proyecto estratégico de transformación social que cambie las relaciones productivas, que cambie las relaciones sociales, transformándolas hacia una mayor democracia. Para nosotros, la calidad de la democracia también se mide por los niveles de democracia económica que existen en una sociedad; la democracia económica tiene que ver con que no sean únicamente los poseedores quienes definan el rumbo de los procesos productivos, distributivos, los distintos procesos económicos y sociales que existen en determinada formación social. Para nosotros este proyecto tiene un valor específico distinto y por eso hemos hecho tanto énfasis en esta discusión. Entonces, como forma de reivindicar esto, lo que también deberíamos hacer es desagraviar a muchos trabajadores que han hecho un enorme esfuerzo para sacar adelante proyectos que han partido, en muchos casos, de realidades anteriores dramáticas, no por los trabajadores, sino por capitalistas irresponsables que muchas veces han fundido empresas, pero no se han fundido ellos. Esos trabajadores, que han puesto su esfuerzo, su cooperación, su trabajo cotidiano para levantar estos emprendimientos, han caído en la sospecha y de un planteo permanente de deslegitimación de esta herramienta. Esos trabajadores hoy también serán desagraviados porque seguramente este proyecto se va a votar con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Se adelantó que algún otro legislador tal vez también lo vote por la afirmativa -¡ojalá!-, pero para nosotros esto es como la crónica de una muerte anunciada. En el seno del Frente Amplio discutimos este proyecto. ¡Claro que sí! ¡Claro que tuvimos diferencias! Y no tenemos problema en decirlo. ¡También las ha tenido la oposición y algunos legisladores marcaron perfiles bastante distintos! Nosotros tenemos diferencias porque somos una fuerza democrática, porque somos una fuerza plural, porque tenemos distintas visiones sobre muchas cosas. Sin embargo, con esas diferencias hemos podido conducir a este país durante diez años y lo seguiremos haciendo. Y aun con esas diferencias llegamos a la conclusión de que este proyecto merece ser votado. Esta potencialidad de construcción alternativa tiene que ser validada por este Parlamento. Digo que es como una crónica de una muerte -o de una vida- anunciada porque sabíamos

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que nos íbamos a poner de acuerdo. Sabíamos que el Frente Amplio iba a votar este proyecto de ley y que algunos que prometieron votarlo, no lo van a hacer, porque expresamos intereses y visiones muy diferentes del mundo. Pero estas cuestiones no pueden encubrirse planteando que aquí hay falta de transparencia, que se demoró un poco más o un poco menos el informe que se pidió o que se bochó la formación de la comisión investigadora. Señor presidente: en sala se ha hecho referencia a la forma que discutimos este tema en el seno de la Comisión de Hacienda. Y sí, se desarrollaron discusiones que podrían haberse dado de mejor forma y en eso tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad. Sin embargo, fue la bancada del Frente Amplio la que ofreció a la oposición tomar conocimiento de un borrador en el que se estaba trabajando -ni siquiera era un proyecto de ley concluido- para que se supiera qué estábamos discutiendo. Fuimos nosotros los que hicimos una conferencia de prensa para anunciar los contenidos de unos acuerdos internos a los que habíamos llegado. Cuando la oposición planteó que necesitaba la comparecencia del Inacoop para poder votar este proyecto, también fuimos nosotros los que acordamos postergar la votación en aras de que el proyecto tuviera un respaldo más amplio. Nosotros hicimos eso. Se habla de mecanismos parlamentarios. Sin embargo, en medio de esta discusión, por la vía del planteamiento formal de un legislador se instaló una propuesta de comisión investigadora salteándose todas las normas de estilo y de funcionamiento del Parlamento nacional vinculas a la coordinación de los partidos políticos. Nosotros hemos propiciado una discusión parlamentaria adecuada, si bien también hemos cometido errores, porque no somos perfectos. Siempre tuvimos la voluntad de ir para adelante con esto; hay otros que nunca la tuvieron. No lo digo en tono agraviante, porque no está mal no querer promover este tipo de instrumento. No es que esté mal o esté bien; es una concepción. Es la concepción que gobernó al país durante muchísimo tiempo; es una concepción a la que nunca se le ocurrió generar una herramienta de este tipo; es la misma concepción que hoy nos dice que no la va a votar. Está bien que dicha concepción se exprese porque eso también hace al debate democrático. Digamos las cosas como son

porque eso también mejora la calidad del debate con la sociedad; lo mejora de modo que aquellos que creen que esa visión es la mejor, la apoyan, y los que creen que esta otra visión que nosotros sustentamos es la mejor, apoyan esta otra, con conciencia clara de lo que están haciendo. Creo que hoy estamos exponiendo una contradicción propia del debate democrático que corresponde tengamos y que, en definitiva, el resultado será el que tenía que ser. Nosotros hicimos esfuerzos. La oposición entiende que también los hizo y no le vamos a hacer la ofensa de decirle que no. Teníamos la convicción de que esto iba a terminar así. Se nos ha acusado más de una vez de tener brazos de yeso. Cuando discutimos entre nosotros para mejorar los proyectos de ley, se nos dice que hacemos algo que no hay que hacer, que no está bueno. Con respecto a lo de brazos de yeso, no sé, pero sí sé que cabezas de yeso en el Frente Amplio no hay. Sí hay mucha discusión fermental, mucha discusión de ideas. Por suerte, este proyecto es mucho mejor porque muchos participamos en el debate. También participó la oposición en esta discusión y eligió una forma de hacerlo. Al inicio de esta sesión, un señor legislador decía que este proyecto es voluntarista, inadecuado, muy poco transparente. Si esa es la caracterización del proyecto, está claro que no iba a cambiar porque ANDE fuera a la Comisión de Hacienda. Si yo pienso que un proyecto es voluntarista, inadecuado y poco transparente, no lo voy a votar aunque lo esté discutiendo durante seis meses o un año y vengan todos los administradores y eventuales administradores del futuro. También quiero decir que relatar las anécdotas referentes a las relaciones internas dentro del Poder Ejecutivo o hacer la valoración respecto de cómo es tal o cual administrador no me parece una buena forma de discutir una concepción o un instrumento de política pública, porque los administradores pasan y las políticas públicas quedan o deberían quedar. Me parece importante que las autoridades del Inacoop hayan venido a la Comisión de Hacienda. Ahora bien: así como la oposición ha dicho que necesitaba que Inacoop compareciera para, eventualmente, votar

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este proyecto, y ahora dice que habría necesitado que también compareciera ANDE para votarlo, nosotros decimos que no necesitábamos que vinieran autoridades de Inacoop ni de ANDE para votar, porque Inacoop y ANDE van a administrar una política pública que ha sido diseñada por nuestro Poder Ejecutivo previa discusión del Frente Amplio al respecto, que tiene cierta orientación, que tiene determinados parámetros, y los que vienen son ejecutores, que lo pueden hacer mejor, peor o más o menos. La discusión sobre la gestión es una y la discusión sobre la concepción y la orientación de la política pública es otra. Si no, supongo que no se podría votar ningún proyecto de ley sobre algo que después tuviera que ser gestionado por alguien a quien determinada fuerza política no le tiene suficiente confianza política. Claramente, los integrantes del Frente Amplio que van a estar al frente de esas agencias no son personas de confianza política de la oposición. Eso también es claro. Pero esa no es la esencia de la discusión. Con franqueza, creo que tampoco es bueno que terminemos discutiendo cosas tan importantes como si fueran una novela sobre diferencias en el seno del Gobierno para eludir los posicionamientos políticos claros y contundentes que cada uno de nosotros tiene el deber de traer a estos ámbitos de deliberación, de discusión, de decisión, para que la sociedad también discuta con profundidad. Podemos equivocarnos; nos equivocamos en muchas cosas, pero hay algo que nunca vamos a hacer como fuerza de izquierda: no vamos a ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Eso no nos cabe. Nosotros no expusimos a los trabajadores vinculados a estas construcciones, a estos emprendimientos, a una sospecha de ser prácticamente cómplices de un manejo corrupto de fondos públicos. No los expusimos ni los expondríamos por una concepción, por una visión del mundo, por los intereses que expresamos. Reitero: no estamos dispuestos a ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Creemos que, en realidad, en los débiles del sistema, en esos que no tienen acceso al capital -porque con este sistema acceden al capital los que tienen capital; humildemente, eso es lo que se trata de paliar con este proyecto- hay una gran fortaleza.

Vivian Trías, un referente histórico del Partido Socialista -para mí un referente ideológico fundamental-, decía que las grandes transformaciones sociales ocurren más que por la debilidad de los fuertes, por la fortaleza de los débiles. También decía que los débiles no son minorías audaces y heroicas; son los explotados y humillados, desposeídos de su pan, de su dignidad y de su patria. Nosotros hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra perspectiva de política pública en los sectores sociales a los que pertenecemos. Para nosotros, eso parte aguas. SEÑORA BARREIRO (Gabriela).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).Puede interrumpir la señora diputada. SEÑORA BARREIRO (Gabriela).Señor presidente: reivindico todo el trabajo realizado por la Comisión, en especial, por mis compañeros de bancada que han discutido y se han tomado esto con responsabilidad, como corresponde. Solo quería agregar que, sin duda, esta herramienta creada en 2011 a través de un decreto era una necesidad que los uruguayos teníamos y que se encontraba en el debe. Yo no lo viví desde esta casa, sino desde otro lugar. Este decreto realmente ayudó a muchos trabajadores que no tenían otra solución ni otra posibilidad de acceder a préstamos; se vio reflejado en la economía social, en el cooperativismo. Muchos trabajadores autogestionados lograron, a través de este decreto, insertarse en un medio laboral, reivindicando la economía social. A veces, la oposición habla de Fondes uno y de Fondes dos. Quiero remarcar que no hay Fondes uno ni Fondes dos; hay Fondes, y no fue tan nefasto el Fondes uno cuando hay ejemplos de empresas en las que los trabajadores gestionaron bien. Podría mencionar más de un caso al respecto. Uno de los diputados preopinantes habló de Funsa. A mí me gustaría reivindicar el trabajo de Funsa y el de muchos emprendimientos en todo el país que han sido exitosos. Digo esto, porque viví el tema de Funsa con mucho dolor en la barriada Villa Española. La mayoría de los obreros eran de la zona;

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la fábrica terminó siendo un galpón abandonado y el Estado no les dio respuesta En épocas nefastas, en nuestro país se bajaba la persiana y no había soluciones. Creo que los trabajadores han demostrado que pueden gestionar, que lo pueden hacer bien y hay muestras de ello. Pienso que hoy estamos dando un marco normativo que hacía falta. Creo que el Frente Amplio está cumpliendo con su programa al derivar los fondos también a las pequeñas y medianas empresas y esto también es parte de la memoria colectiva de todos los uruguayos, cuando vemos con alegría que los trabajadores, con capacitación, con empeño, pueden lograr éxito en su gestión. Estamos hablando del único Fondes. SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).Puede continuar el señor diputado. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- He finalizado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).Tiene la palabra el señor diputado Casaretto. SEÑOR CASARETTO (Federico).- No íbamos a hacer consideraciones políticas, sino a referirnos directamente al proyecto, pero lo manifestado por el diputado preopinante nos obliga a hacer algunas reflexiones. Un nuevo tema que trata el Parlamento en que aparecen ellos y nosotros, en el que se vuelve a hacer una división entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, izquierda y derecha, buenos y malos. Quiero recordar que en el Uruguay, que se fundó hace 185 años, el cooperativismo no empezó con el Frente Amplio. Las pequeñas y medianas empresas no empezaron con el Frente Amplio, así como tampoco los emprendimientos productivos y sociales y las experiencias de fomento. Este es un instrumento más de los que ha tenido la historia del país. Muchos fueron exitosos, muchos, no tanto. Hay una actitud de soberbia política que quiero denunciar. En cuanto a este tema se sabía todo: se sabía quiénes votaban y quiénes no. Prácticamente, se dio a la oposición la limosna de permitirle conocer un borrador que se discutía en la interna de un partido. Fue una decisión política. Pero no la dieron a conocer hace dos años. Como bien dijo el diputado Gandini, este proyecto, que es fundamental -volvemos a reivindicar el instrumento, que creemos es valioso-,

vino a marcha camión; dos o tres sesiones de Comisión, inclusive, alguna extraordinaria. Parece que se nos ha hecho un favor. Yo creo que lo que no se entiende es la labor parlamentaria. Al partido de gobierno, con mayorías absolutas desde hace mucho tiempo, le cuesta aceptar el funcionamiento parlamentario. Hay gobierno y hay oposición. Por supuesto que quien marca el ritmo es quien tiene la mayoría, pero eso no significa que cada vez que vengamos a discutir un proyecto se nos enrostre que se nos permitió tal cosa y no tal otra. Ese es el funcionamiento parlamentario. En el Uruguay histórico, las leyes venían al Parlamento, se discutían en una Cámara y luego en la otra; se aceptaban opiniones de todos los sectores políticos. Por supuesto que las mayorías eran las que resolvían, pero no se legislaba así. Hace pocas horas, se pretendió tratar en la misma Comisión de Hacienda un proyecto que ni siquiera había entrado a la Cámara y se decía: “Hay que tratarlo, porque ya vino con grandes mayorías”. ¡No! La Cámara de Diputados es una Cámara y el Senado es otra y existen infinidad de ejemplos en la historia parlamentaria en los que se cambian las mayorías e, inclusive, los equilibrios internos partidarios. Este Parlamento, y esta misma Sala histórica, vio caer ministros porque integrantes del partido de gobierno dieron vuelta su voto. Eso sucedía cuando no había manos de yeso ni conciencia de yeso. No son buenas las manos de yeso ni las conciencias de yeso. Hay un gran complejo persecutorio respecto a las ideologías. El diputado Gandini ha hecho una excelente exposición de los motivos por los cuales el Partido Nacional no va a votar el proyecto. Aunque no se quiera creer -estoy cometiendo una infidencia interna-, algunas bancas de nuestro Partido estaban dispuestas a acompañarlo hasta que vimos el procedimiento que se siguió en las últimas horas. Existe un complejo persecutorio, porque en esta sesión se ha dicho exactamente cuáles son las razones y, sin embargo, se insiste con la persecución de conciencia de que debe haber algo, de los ricos y los pobres, de los empresarios y los trabajadores, de los de un lado y de los del otro. Se interpreta lo que no se dijo en sala. Se intentó contestar algunos de los argumentos del Partido Nacional, pero de otros, se

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interpretó lo que el Partido Nacional no dijo ni va a decir; porque al Partido Nacional, en la historia de este país, nadie le va a venir a enseñar en materia de apoyo a políticas sociales y a trabajadores. Aplaudimos los logros de los últimos 10 años, pero el país empezó hace 185 años. Muy pocas veces nos tocó ser gobierno; muy pocas. Muchas fuimos oposición; muchísimas, y desde la oposición construimos cuando existía un Parlamento en el que se escuchaba y verdaderamente se debatían las cosas; el Parlamento no se ejercía desde una mesa política, desde un comité del Frente Amplio. Eso hay que decirlo. Aquí se dice que no se va a ser fuerte con los débiles ni débil con los fuertes. Solo esperemos unos días, cuando venga el próximo proyecto que acaba de aprobar la Comisión de Hacienda para ver que se extiende el cobro del impuesto de primaria a productores de trescientas hectáreas, pero no se cobra a los terratenientes que hoy explotan la actividad forestal. Vamos a ver si no se es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Entonces, señor presidente, es imposible acompañar este proyecto. Compartimos el fundamento de fondo, pero estamos creando dos bancos. Hay un banco cuyo Directorio no existe, y no es responsabilidad de la oposición; no es persecución ideológica; no se trata de blancos y colorados, ni de empresarios y trabajadores. Es que le vamos a dar recursos a un organismo que no existe en la formalidad. Queremos buscar al responsable y no está. Hace años que se lo debería haber designado y no se lo ha hecho, lo que constituye una desprolijidad. Es una falta de respeto al Parlamento venir a pedir que se dé millones de dólares a una institución que no tiene una cabeza visible. Eso hay que decirlo. Pueden votar lo que quieran; tienen la mayoría; ya saben que lo van a votar. Pero esto es real y el país debe saberlo. Estamos entregando fondos que, como ya se dijo en sala, son del Banco de la República, fundamentalmente, conformados por los intereses que generan los préstamos de los jubilados y de los trabajadores -a quienes corresponde dar explicaciones- a una institución que no tiene cabeza, que no tiene formalidad. Además, se lo vamos a dar a otra institución. Ayer estuvo en la Comisión de Hacienda el apreciado exdiputado Bernini y fue muy

claro: no tiene la capacidad ni el aparato necesarios para encargarse de todo. Como dijo el diputado Gandini, ayer en la Comisión se habló de contratar consultoras para que les digan cómo llevar adelante esto. Si además agregamos lo que ocurrió en esta Cámara hace pocos días -tendrán razón unos o tendremos razón otros-, cuando no se permitió que una comisión parlamentaria investigara ejemplos de mal funcionamiento de este mismo instrumento, pónganse en nuestro lugar. Sería una irresponsabilidad votar esto. No contamos con los elementos o las tranquilidades que tiene la bancada de gobierno. Aquí se dijo: “Vamos a votar”, “Estamos tranquilos”, “No necesitamos más controles”, “Los controles están”. ¡Claro! El 100 % de Inacoop está integrado -en el tema político- por una sola fuerza; no hay control de la oposición. Todos sabemos que la jurisprudencia internacional exige controles parlamentarios para este tipo de institutos, y a través de esta iniciativa no se están dando. Nosotros, como oposición, los necesitamos. Yo no iba a hacer consideraciones políticas pero esta última intervención me motivó a ello. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CASARETTO diputado. (Federico).Sí, señor

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Puede interrumpir el señor diputado.

Sánchez).-

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).Señor presidente: cuando hago afirmaciones no me gusta dar argumentos de hecho. Bastante tenemos con discursos e instrumentos virtuales. El Fondes, como está planteado, es un fondo virtual. Cuando se presentó el proyecto, escuché decir al señor ministro de Economía y Finanzas -nada más y nada menos- que se iba a aprender las lecciones; ninguna se aprendió. El señor director de la OPP dijo: “No más atadito con alambre”. Si esto no está atadito con alambre, me pregunto qué puede estarlo. Voy a comentar un hecho que me parece nos puede ayudar a entender todo. La idea es que nos vayamos persuadiendo de qué es lo mejor, sobre todo porque los temas ideológicos nos pueden separar. Sin

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embargo, hay algo con lo que todos los señores diputados debemos cumplir: la Constitución. Bastante daño se hizo en este país cuando las ideologías sobrepasaron los límites de la Constitución. Bastante tuvimos que sufrir todos los uruguayos cuando se creyó que las ideologías estaban por encima de la Constitución y de la ley. Creo que no es necesario abundar sobre qué pasa cuando lo político está por encima de lo jurídico. En febrero de 2013, según declaraciones de los propios interesados en los juzgados, se llegó a concretar la fase final de una de las inversiones más importantes que hizo el Fondes. En ese momento, participó la directiva del Fondes -hombres de confianza absoluta del expresidente Mujica-, algunos cooperativistas, el PIT-CNT y el exdueño de la empresa que se estaba negociando. Todos saben que el Fondes contó con todo el respaldo del expresidente de la República. Ojalá estuviese presente en este Cuerpo para decir lo mismo que expresó hace unos días: “No echen las culpas a nadie; échenmelas a mí”. Entonces, con la anuencia de todos los actores que mencioné, se decidió invertir la friolera de US$ 6.000.000. Para mí, eso es una friolera -entre otras cosas- porque, como bien se dijo en sala -sobre todo los señores diputados del Partido Nacional-, se juntan gracias a los altos intereses que pagan los jubilados y los trabajadores por concepto de los préstamos sociales. Estos US$ 6.000.000, extrañamente, eran aceptados por todas las partes involucradas para adelantar pagos a dos bancos de plaza. Es decir, ese dinero no era para amortizar deudas vencidas de la empresa sino para adelantar pagos al banco, con la exclusiva intención de levantar garantías bancarias del exdueño de la empresa. Según las declaraciones del empresario, promovió la formación de una cooperativa de la cual estuvieron de acuerdo todos los directivos del Fondes -con la anuencia del expresidente de la República- y los integrantes del PIT-CNT. Pocos meses después -no más de cinco-, esos US$ 6.000.000 se habían esfumado. Cada uno sabrá lo que hace, pero mi deber como legislador es preguntar de todas las formas posibles -hoy lo vuelvo a hacer; ojalá que algún señor diputado pueda explicármelo- qué pasó con los US$ 6.000.000 de todos los uruguayos, en especial de los más débiles

que algunos se llenan la boca por defender. ¿Qué pasó con esos US$ 6.000.000 que se esfumaron y que nadie pudo explicar a dónde fueron? (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Ha finalizado su tiempo, señor diputado. Puede continuar el señor diputado Casaretto. SEÑOR CASARETTO presidente:… (Federico).Señor

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR CASARETTO diputado. (Federico).Sí, señor

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Puede interrumpir el señor diputado.

Sánchez).-

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).Señor presidente: me refiero a esos hechos cuando digo que estamos ante un Fondes -una señora diputada decía que era el mismo Fondes- absolutamente oscuro porque nadie me pudo explicar qué pasó con esos US$ 6.000.000 de hace unos pocos meses. Nadie lo hizo; por eso digo que es oscuro. Por eso digo que se mantiene y se reproduce esa oscuridad, porque los mismos instrumentos normativos que tenía el Fondes original aparecen ahora. Es más: una unidad técnica muy especializada que tenía el gobierno -supongo que buen dinero costó siempre a los más débiles- no supo explicar qué pasó con los US$ 6.000.000 que en cuatro o cinco meses se esfumaron. Como dije anteriormente, no solo se esfumaron US$ 6.000.000 -para mí es muchísima plata; no sé para otros señores diputados, sobre todo, si pertenecen a la sociedad uruguaya en su conjunto y, en especial, a los más débiles- sino que se perdió otra cantidad de cosas. En el caso que estoy mencionando, no solo se perdieron US$ 6.000.000: se perdieron recursos humanos, se perdieron relaciones humanas -pude comprobar que hubo denuncias, renuncias, conflictos y peleas de todo tipo- y se perdió algo, que me parece sumamente hipócrita y virtual. A mí me cuesta reconocer la buena intención. La economía social se defiende con hechos; no se defiende con palabras. Lo que pasó en Pressur provocó un daño enorme a la economía social y a las cooperativas. Hay decenas de miles de cooperativistas en el Uruguay -tuve el privilegio de trabajar con varios

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miles durante muchísimos años de mi vida- que no merecían, por negociados como estos, terminar enchastrados. No soy yo el que enchastra: es el Fondes, es la oscuridad y son los que dirigían el Fondes. Fueron los que dirigían ese gobierno los que enchastraron a los cooperativistas. No es este señor diputado. Este señor legislador quiere volver a rescatar la dignidad que el Partido Nacional y que quien habla reconocen a los cooperativistas. Entonces, hasta que no se expliquen determinadas cosas, tengo todo el derecho y el deber como legislador de dar garantías para que esto no vuelva a ocurrir. No hay ningún instrumento en este nuevo Fondes -ninguno- que mejore la falta de controles que llevaron a ese tipo de negociados y a ese tipo de fracasos rotundos. Por supuesto que eso hace daño a los involucrados y a la sociedad en su conjunto. Esto hace un tremendo daño a una cantidad enorme de trabajadores y de emprendedores uruguayos que quieren acceder a un crédito y que no pueden. Lo que queremos los señores diputados que pretendemos corregir este instrumento es que se pueda experimentar que los préstamos del Fondes son justos. Hemos incluido en los aditivos y sustitutivos que presentamos a la Cámara una cantidad de modificaciones porque no somos de pico sino de proponer concretamente -si se votan, van a estar esas mejoras- una cantidad de disposiciones que permitan claridad -que no la hay; ya vemos que no la hay- y selección de los mejores proyectos. Eso es justicia. No sé en qué ideología se puede catalogar si es justo -o no- que sean apoyados los mejores proyectos. Cuando hablo de los mejores proyectos no me refiero a los que tengan mayor tecnología ni a los más capaces intelectualmente; me refiero a los que tienen más méritos y capacidades para servir a la sociedad donde sea. Hay emprendimientos inclusivos que conozco muy bien porque trabajo e integro muchos de ellos; hay emprendimientos asociativos y también los hay dinámicos. Propuse una disposición concreta, que no plantea el proyecto, para seleccionar a los mejores… (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Ha finalizado su tiempo, señor diputado. Puede continuar el señor diputado Casaretto.

SEÑOR CASARETTO presidente…

(Federico).-

Señor

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR CASARETTO diputado. (Federico).Sí, señor

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Puede interrumpir el señor diputado.

Sánchez).-

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).Señor presidente: estamos proponiendo mejorar esa cantidad de defectos que en el pasado reciente han llevado a rotundos fracasos. Como decía el señor ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, ¡ojalá el nuevo Fondes no tenga que cargar con ellos! No escapa a esta Cámara ni a ninguno de estos legisladores, especialmente al leer las noticias de estos días, que también hay préstamos millonarios -uno de ellos de US$ 15.000.000-, lo que sigue demostrando que será muy difícil que algún día pueda explicarse cuál era la viabilidad y sustentabilidad de un proyecto. Hubo otro proyecto del Fondes, al que parece que no se le ha dado importancia -yo se la he dado-, que facilitó el daño irreparable, gravísimo, imperdonable que se ha hacho al río Santa Lucía. En momentos en que todo el Gobierno se llena la boca con esto y todos los uruguayos decimos que queremos mejorar la cuenca del Santa Lucía, el Fondes, incumpliendo una normativa expresa, durante un año y medio financió un proyecto que vertía cromo en sus aguas, que la mitad de los uruguayos luego bebemos. Entonces, no estoy utilizando los términos “oscuro”, “dañino” ni la expresión “falta de transparencia” porque a mí se me ocurre. Traigo casos concretos. He pedido durante tres meses que me los expliquen. Ojalá me los hubieran explicado. ¡Cuánto trabajo nos hubieran ahorrado… SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).Disculpe, señor diputado. El señor diputado Verri me está solicitando presentar una moción de orden urgente. Tiene la palabra el señor diputado Verri.

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SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: solicito que se vote la prórroga de la sesión. SEÑOR TROBO palabra. CABRERA (Jaime).Pido la

de acuerdo con lo que establece el Reglamento, la sesión ya debió haber finalizado. SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Lo que dice el señor diputado Trobo Cabrera es cierto. Como la prórroga no se solicitó antes, y ya es la hora 20 y 9, se levanta la sesión. (Es la hora 20 y 9)

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Tiene la palabra el señor diputado.

Sánchez).-

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime).- Señor presidente: lamentablemente, la Cámara no está en condiciones de votar la prórroga de la sesión porque,

SR. ALEJANDRO SÁNCHEZ PRESIDENTE

Sr. Juan Spinoglio Secretario Relator

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Redactora

Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes