Número 4082

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NÚMERO 4082

MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
2ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE Dr. GERARDO AMARILLA (Presidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR FERNANDO RIPOLL Y DOCTOR MARTÍN PÉREZ

XLVIII LEGISLATURA

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Miércoles 28 de diciembre de 2016

Texto de la citación

Montevideo, 28 de diciembre de 2016 LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión

extraordinaria, en carácter de absoluta urgencia, hoy miércoles 28, a la hora 15 y 30, del y a efectos receso literal C) de adoptar resolución del del respecto de de la la

interrupción Constitución

(inciso del

tercero

artículo 104 Reglamento),

artículo 90

para

informarse de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente – ORDEN DEL DÍA 1º.- LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA. (Se prorroga hasta el 1º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Rep. 627 Ley N° 19.210). (Carp. 1727/016) 2º.- TRABAJADORES DE SAPHYRE S.A. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de otorgar un subsidio por desempleo total o parcial). (Carp. 1728/016) Rep. 626 3º.- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. (Se regula su organización y funcionamiento). (Carp. 1572/016). (Informado) Rep. 584 y Anexo I 4º.- CONTINGENTE MILITAR DESPLEGADO EN LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ (MINUSTAH). (Prórroga del plazo de permanencia). (Carp. 1722/016) Rep. 621

VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO S e c r e t a r i o s
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión. Por aplicación de lo establecido por el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de los asuntos que figuran en la convocatoria.

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SUMARIO
Pág. Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 5 Exposiciones escritas………………………………………………………………………………………………………………….. 6 CUESTIONES DE ORDEN 7, 10, 12, 17.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados ……………………………………….. 10, 15, 30, 68 6, 9, 11, 16.- Declaración de gravedad y urgencia ………………………………………………………………. 10, 15, 17, 67 13 y 15.- Integración de la Cámara ……………………………………………………………………………………………….. 48, 66 18.- Intermedio …………………………………………………………………………………………………………………………………. 89 13 y 15.- Licencias……………………………………………………………………………………………………………………….. 48, 66 VARIAS 4.- Interrupción del receso………………………………………………………………………………………………………………… 6 8.- Cuestión política planteada por el señor representante Posada ………………………………………………….. 13 ORDEN DEL DÍA 7.- Ley de Inclusión Financiera. (Se prorroga hasta el 1º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley N° 19.210) Antecedentes: Rep. N° 627, de diciembre de 2016. Carp. N° 1727 de 2016. Comisión de Hacienda. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 10 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 10 10.- Trabajadores de Saphyre S.A. (Se solicita el Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de otorgar un subsidio por desempleo total o parcial) Antecedentes: Rep. N° 626, de diciembre de 2016. Carp. N° 1728 de 2016. Comisión de Legislación del Trabajo. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 15 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 15 12 y 14.- Fiscalía General de la Nación. (Se regula su organización y funcionamiento) Antecedentes: Rep. N° 584, de noviembre de 2016, y Anexo I, de diciembre de 2016. Carp. N° 1572 de 2016. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo………………………………………………………………………… 18, 50 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 30 17 y 19.- Contingente militar desplegado en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah). (Prórroga del plazo de permanencia) Antecedentes: Rep. N° 621, de diciembre de 2016. Carp. N° 1722 de 2016. Comisión de Defensa Nacional. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo………………………………………………………………………… 67, 89 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………….. 68

1.2.3.5.-

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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala (5), Nelson Agüero, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, Rodrigo Amengual, Juan Amorín, Sebastián Andújar, José Andrés Arocena, Elisabeth Arrieta, Alfredo Asti, Rubén Bacigalupe, Marcelo Bacigalupi, Gabriela Barreiro (3), Graciela Bianchi, Betiana Britos, Carlos Cachón, Armando Castaingdebat, Sonia Cayetano, Camilo Cejas, Gonzalo Civila, Carlos Coitiño, Gastón Cossia, Gabriel Courtoisie, Álvaro Dastugue, Walter De León, Darcy de los Santos, Óscar De Los Santos, Paulino Delsa, Carina Díaz, Miguel Estévez, Wilson Ezquerra, Guillermo Facello, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Luis Gallo Cantera (1), Jorge Gandini, Mario García, Macarena Gelman, Adriana González, Pablo González, Óscar Groba, Benjamín Irazábal, Pablo Iturralde Viñas, Nelson Larzábal, Martín Lema (2), José Carlos Mahía (4), Enzo Malán, Eduardo Márquez, Washington Marzoa, Graciela Matiauda, Dari Mendiondo, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Sergio Mier, Egardo Dionisio Mier Estades, Susana Montaner, Wilma Moraes, Gonzalo Mujica, Manuela Mutti, Julio Naumov, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Gerardo Núñez, Juan José Olaizola, Néstor Otero, Ope Pasquet, Mariela Pelegrín, Estela Pereyra, Delfino Piñeiro, Ernesto Pitetta, Iván Posada, Daniel Radío, Valentina Rapela, Nibia Reisch, Carlos Reutor, César Rodríguez, Conrado Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Nelson Rodríguez Servetto, Eduardo José Rubio, Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino, Mercedes Santalla, José Luis Satdjian, Jorge Schusman, Washington Silvera, Heriberto Sosa, Martín Tierno, Jaime Mario Trobo, Washington Umpierre, Javier Umpiérrez, Sebastián Valdomir, Mary Vega, Stella Viel, Tabaré Viera, José Francisco Yurramendi y Antonio Zoulamian. Con licencia: Saúl Aristimuño, Mario Ayala, Julio Battistoni, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Felipe Carballo, Germán Cardoso, Roberto Chiazzaro, Catalina Correa, Rodrigo Goñi Reyes, Omar Lafluf, Orquídea Minetti, Gustavo Penadés, Adrián Peña, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo Gamarra, Susana Pereyra, Darío Pérez, Daniel Placeres, Jorge Pozzi, Luis Puig, José Querejeta, Silvio Ríos Ferreira, Alejo Umpiérrez, Carlos Varela Nestier y Walter Verri. Faltan con aviso: Cecilia Eguiluz, Nicolás Olivera, Gloria Rodríguez y Edmundo Roselli.

Observaciones: (1) A la hora 16:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Rodrigo Amengual. (2) A la hora 16:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. José Luis Satdjian. (3) A la hora 16:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Carlos Cachón. (4) A la hora 16:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Márquez. (5) A la hora 18:17 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Marcelo Bacigalupi.

2.- Asuntos entrados
“Pliego N° 122 COMUNICACIONES GENERALES La Comisión Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre acusa recibo de las siguientes exposiciones escritas: • presentada por el señor Representante Nicolás Olivera, sobre la necesidad de construir un plan de viviendas en el centro poblado de Parada Daymán, departamento de Paysandú. C/22/015 • presentada por el señor Representante Edgardo Rodríguez, relacionada con la falta de servicio de suministro de agua potable para la localidad de Picada de Quirino, departamento de Tacuarembó. C/22/015 La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Martín Lema, acerca del control en los llamados a concurso del Inciso 2 al 15, relativo a los cupos de ingreso de personas con discapacidad. C/1523/016 A sus antecedentes

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo y la exposición realizada por varios señores Ediles, acerca del cierre parcial de la sucursal del BROU de la localidad de Migues. C/13/015 A la Comisión de Hacienda

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las siguientes exposiciones realizadas por señores Ediles: • referente al concurso ganado por alumnos 2º año del Liceo Nº 3, con la temática ‘Tránsito para todos’. C/320/015

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• sobre la posibilidad de exonerar a la Fundación Teletón del pago de tarifas de UTE, OSE, ANTEL y gastos de combustible. C/320/015 Téngase presente COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Desarrollo Social contesta la exposición realizada por la señora Representante Gloria Rodríguez Santo, en sesión de 13 de julio del corriente año, referida a la violación de los derechos de las menores que vivían en el apartamento del edificio de la calle Uruguay donde funcionaba un prostíbulo. S/C A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Gastón Cossia solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre los controles que desarrolla la citada Secretaría de Estado sobre el Hipódromo Nacional de Maroñas, especialmente en la actividad denominada ‘Copa de Oro Raid Libertad’, realizada el pasado 17 de diciembre. C/1730/016 • al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el contralor de la Dirección General de Casinos sobre el sistema de apuestas realizado en la denominada ‘Copa de Oro Raid Libertad’ llevada a cabo el 17 de diciembre de 2016 en el Hipódromo Nacional de Maroñas. C/1731/016 Se cursan con fecha de hoy PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Enzo Malán presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el año 2017 año de la “Valoración de la Reforma Vareliana y de la Proyección de la Educación Pública en Uruguay”, en el marco de la conmemoración de los ciento cuarenta años del inicio dicha reforma, con la aprobación del Decreto-Ley de Educación Común el 23 de setiembre de 1877. C/1732/016 A la Comisión de Educación y Cultura”.

3.- Proyectos presentados
“AÑO DE LA VALORACIÓN DE LA REFORMA VALERIANA Y DE LA PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY. (Se declara el año 2017) PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Declárese el año 2017, año de la ‘Valoración de la reforma vareliana y de la proyección de la educación pública en Uruguay’, en el marco de la conmemoración de los 140 años del inicio de dicha reforma con la aprobación el 23 de setiembre de 1877 del Decreto-Ley de educación común. Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo promoverán en este marco diversas acciones con la más amplia participación de la ciudadanía a los efectos de propiciar la reflexión y el debate sobre la valoración de la reforma vareliana y la educación pública nacional que necesitamos. Montevideo, 28 de diciembre de 2016 ENZO MALÁN, Soriano. Representante por

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La educación pública uruguaya ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra identidad como pueblo. Lo es también para las posibilidades de desarrollo personal y de la sociedad tanto desde lo cultural como desde lo económico o político. Quienes creemos en la lucha por la libertad para la emancipación del ser humano y el surgimiento del hombre nuevo, quienes creemos en construir nuevos valores para una nueva sociedad, vemos en la educación el instrumento ‘sine qua non’ para dicho fin. En el 2017 se cumplen 140 años del DecretoLey de educación que diera inicio en 1877 a la reforma vareliana. Es justo y oportuno dedicar tiempo a la reflexión y a la valoración del aporte que la reforma y el sistema educativo público han venido desarrollando en este país y en sus diversos procesos sociales. Pero es necesario e imprescindible que podamos debatir sobre qué educación queremos, ‘para qué futuro educamos’ (R. Reyes). Es decir, iniciar un proceso de proyección hacia adelante que permita amplios acuerdos sociales, partidarios, sindicales. Tenemos por delante en Uruguay el congreso de educación, el primer plan nacional de educación, la

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universidad de la educación, entre otras iniciativas fundamentales para el desarrollo del país. Este proyecto de ley busca enmarcar estos debates, aportes y proyecciones desde distintos actores y colaborar en encontrar acuerdos que nos permitan pensar el Uruguay del futuro. Desde lo simbólico es una nueva etapa para pensar el Uruguay camino a los 150 años de aquella reforma que también demoró en consolidarse, pero que fue crucial para el país. Montevideo, 28 de diciembre de 2016 ENZO MALÁN, Soriano”. Representante por

Secundaria; de Educación Técnico-Profesional y de Formación Docente, relacionada con la falta de cupos en el sistema educativo. C/22/015 El señor Representante Gastón Cossia solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio a la Dirección General de Servicios Ganaderos y a la Dirección de Sanidad Animal; y de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección de Casinos del Estado; a la Universidad de la República, con destino a la Facultad de Veterinaria; a la Sociedad de Medicina Veterinaria; a la Academia Nacional de Veterinaria; a la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes y de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras, acerca de irregularidades constatadas en la denominada ‘Copa de Oro Raid Libertad’, llevada a cabo el 17 de diciembre de 2016, en la cual fallecieron dos caballos. C/22/015 El señor Representante Juan José Amorín Astigarraga solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha y por su intermedio a los Municipios de Balneario La Paloma, Castillos y Chuy; a la Corporación Rochense de Turismo; al Centro Industrial y Comercial de Rocha y a los medios de comunicación del referido departamento, referente al mal estado de la ruta que une las Rutas Nacionales Nos. 9 y 10. C/22/015″. ——Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición de la señora Representante Nibia Reisch al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANTEL y a la Administración Nacional de Correos, sobre la situación de la población del interior del país respecto del cobro por parte de ANTEL por el envío de facturas impresas a domicilio y la necesidad del cumplimiento del servicio de entrega por parte del correo uruguayo

4.- Interrupción del receso
SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).Habiendo número, está abierta la sesión. (Es la hora 15 y 41) ——La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y en el literal C) del artículo 90 del Reglamento. Se va a votar si se levanta el receso. (Se vota) ——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Se levanta el receso.

5.- Exposiciones escritas
Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “La señora Representante Nibia Reisch solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANTEL y a la Administración Nacional de Correos, sobre la situación de la población del interior del país respecto del cobro por parte de ANTEL por el envío de facturas impresas a domicilio y la necesidad del cumplimiento del servicio de entrega por parte del correo uruguayo. C/22/015 • al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al CODICÉN de la ANEP y a los Consejos de Educación Inicial y Primaria; de Educación

“Montevideo, 28 de diciembre de 2016. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara

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de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y a la Administración Nacional de Correos (ANC). Hace pocos días expresamos nuestro reclamo ante la decisión del Banco de la República Oriental del Uruguay de otorgar préstamos sociales bonificados en plazo y en tasas de interés, para quienes hacían la solicitud vía on line. Argumentamos, en dicha ocasión, que un Banco que se jactaba de llegar a todos los rincones de la República Oriental del Uruguay, desconocía la realidad del interior del país. Hoy reclamamos por algo que no sólo demuestra gestionar con visión centralista, sino que además configura un abuso ya que se cobra por la ineficiencia. Nos referimos a la decisión de ANTEL de cobrar, desde el mes de setiembre, el envío de las facturas impresas remitidas al domicilio del cliente por los servicios telefónicos del mes, a un costo aproximado de un dólar cada una. Para evitarlo, es el cliente quien debe solicitar la cancelación del envío, optando por la recepción electrónica de la factura o su visualización en línea, pudiendo hacer el pago electrónicamente, en locales de la empresa o en redes de cobranza. El argumento para la adopción de la medida fue el uso eficiente de recursos. Qué es lo que discutimos. Justamente la eficiencia. Los vecinos se quejan no por pagar, sino porque las facturas les llegan vencidas o son entregadas en otras direcciones, dependiendo -con suerte- de la buena voluntad de algún vecino para que realmente les lleguen. Conoce el Directorio de ANTEL la realidad del interior del país. Conoce el Directorio de ANTEL la realidad de Artilleros, de Santa Ana, de Boca del Rosario, de Campana, de Colonia Arrúe, de Paraje Minuano, de La Paz C.P., de Chico Torino, de Barker, de Cerro Carmelo, de Colonia Cosmopolita, de Cufré, de Colonia Estrella, de Paso Antolín, de Tres Esquinas, de Colonia Española, de Polanco, de San Roque, de Colonia Española, de Paraje Zunín, de Víboras, de Manantiales o de La Estanzuela, sólo por nombrar algunas zonas rurales del departamento de Colonia. Sin ir más lejos, una persona nos decía hace pocas horas que en su casa en la ciudad de Nueva Helvecia dejaron siete facturas de ANTEL que no sabe de quiénes son y que a ella la llamaron desde la oficina del correo de la localidad para decirle que tenían su factura pero no localizaban su domicilio.

Sabe el directorio de ANTEL cómo está funcionando realmente el servicio de Correos por el cual cobra. Esa es una muestra más de un Estado ineficiente, de Administraciones que no funcionan y de un servicio que es caro y no se brinda adecuadamente. Reclamamos a ANTEL que revalúe la medida y considere que la realidad del departamento de Montevideo, no es la del interior del país. No es, al menos, la del departamento de Colonia, en nombre de cuyos vecinos solicitamos reconsidere el cobro dispuesto que no hace sino dividir al país y alejar cada vez más al vecino del interior, que no cuenta con los avances tecnológicos necesarios. No se administra sentado desde oficinas del departamento de Montevideo cuando se adoptan medidas que afectan a lo largo y ancho del país. Asimismo, reclamamos de la Administración Nacional de Correos que las facturas lleguen a destino y no sean tiradas en la vía pública o dejadas al por mayor en direcciones que no son las de destino, ya que los vecinos terminan pagando por el envío de facturas que ellos mismos reparten. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NIBIA REISCH, Representante por Colonia”. 2) Exposición de la señora Representante Nibia Reisch al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al CODICÉN de la ANEP y a los Consejos de Educación Inicial y Primaria; de Educación Secundaria; de Educación TécnicoProfesional y de Formación Docente, relacionada con la falta de cupos en el sistema educativo

“Montevideo, 28 de diciembre de 2016. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico-Profesional y al Consejo de Formación en Educación. En ocasión de discutirse la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2015, advertimos que el abatimiento de rubros para los organismos de la educación no ayudaría a solucionar la problemática en esa área. La ANEP se vería afectada en la construcción de obras nuevas y en la ampliación de

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locales ya existentes, así como en la dotación de los recursos humanos necesarios para cubrir las nuevas estrategias educativas. En esa ocasión preguntábamos al oficialismo, si podrían las autoridades de la educación satisfacer esas necesidades. La Representante Nacional Susana Montaner destacaba las difíciles situaciones de infraestructura en el departamento de Tacuarembó que hasta el propio Presidente de la República reconoció en el Consejo de Ministros, celebrado en junio de 2016, en la ciudad de San Gregorio de Polanco, en dicho departamento. Son diversos los actores que nos formulan reclamos por la situación edilicia de los centros educativos en todo el territorio nacional que requieren ser atendidos tales como el liceo de Juanicó, de San Gregorio de Polanco, la Escuela Técnica de la Unión, en el departamento de Montevideo y varias escuelas, sólo por mencionar algunos casos. Nos preocupó, en esa ocasión, cómo se haría para atender la ampliación del tiempo de los jóvenes en los centros educativos, así como otras estrategias educativas. Reclamamos seguir el modelo pedagógico de escuelas de tiempo completo iniciado por el señor Germán Rama y que hoy deben ser política de Estado; ampliar las escuelas de tiempo extendido iniciadas en la administración de la maestra Teresita González, ya que no resultan suficientes las actuales y continuar con los liceos de tiempo completo y extendido en Educación Secundaria, propuestas de esa Administración, que por cierto apoyamos. En la era de las tecnologías vemos que el Consejo de Educación Técnico-Profesional no pudo solucionar las largas filas y esperas, familias del interior acampando en la calle, con la dificultad que les implica venir a la ciudad de Montevideo y pasar el fin de semana en la puerta de cada local para lograr un cupo para su hijo. En el departamento de Montevideo la demanda por nuevos bachilleratos se vio incrementada y los cupos no resultaron suficientes. Los datos demuestran que los jóvenes están emigrando de Educación Primaria al Consejo de Educación Técnico-Profesional donde la matricula continúa creciendo, habiendo llegado en el año 2015 a 93.000 alumnos. Por eso, en la actualidad, queremos advertir que la falta de cupos es un problema que nos preocupa aún más. Creamos expectativas en los jóvenes, decimos que desertan del sistema porque éste no contempla sus demandas vocacionales, sus inquietudes educativas y sin embargo cuando éstas existen, como en audiovisuales y deporte, les cerramos las puertas. Dónde irán a parar esos jóvenes hoy rechazados por falta de cupos. Quién se va a ocupar de ellos. No queremos tener que decir, dentro de unos años, ‘se lo

advertimos’, porque será tarde. Un Gobierno que pretende cambiar el ADN de la educación no puede dejar a un solo joven que quiera estudiar, en la calle por falta de cupo en el curso que sea, no importa si es en el área de Deporte, Audiovisual o cualquier otra. No anunciemos nuevas propuestas para el año 2018 como la creación del Bachillerato de Música, si no somos capaces de cumplir. No creemos nuevas expectativas y generemos más frustración. Nos preguntamos: vamos a satisfacer o será otra promesa. Ojalá que no. ‘Educación, educación, educación’ no son palabras; es un compromiso asumido que se debe cumplir. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. NIBIA REISCH, Representante por Colonia”. 3) Exposición del señor Representante Gastón Cossia a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio a la Dirección General de Servicios Ganaderos y a la Dirección de Sanidad Animal; y de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección de Casinos del Estado; a la Universidad de la República, con destino a la Facultad de Veterinaria; a la Sociedad de Medicina Veterinaria; a la Academia Nacional de Veterinaria; a la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes y de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras, acerca de irregularidades constatadas en la denominada “Copa de Oro Raid Libertad”, llevada a cabo el 17 de diciembre de 2016, en la cual fallecieron dos caballos

“Montevideo, 28 de diciembre de 2016. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, a la Dirección General de Servicios Ganaderos y de Sanidad Animal; al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, a la Dirección General de Casinos; a la Universidad de la República, con destino a la Facultad de Veterinaria; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca; a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Especial sobre tenencia responsable y bienestar animal de esta Cámara; a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, y a la Academia Nacional de Veterinaria. Con fecha de 17 de

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diciembre de 2016, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, se desarrolló una competencia hípica denominada ‘Copa de Oro Raid Libertad’, exclusiva para caballos debutantes. En ella se corrió una distancia de 8.500 metros, con trece caballos anotados y doce participantes; dadas las características de la prueba, solamente dos lograron llegar a la meta. En esa competencia existía un premio de $ 300.000 y se corrían apuestas bajo la modalidad de remate de caballos. Según narra el doctor Elbio Pereyra, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, en nota fechada el 26 de diciembre de 2016 y dirigida a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay: ‘Uno de los caballos, durante la carrera sufrió fractura expuesta en uno de sus miembros anteriores, como consecuencia de una caída y debió ser eutanasiado. Los otros nueve no resistieron la exigencia de la prueba y fueron retirados por su jinete o abandonaron la carrera. Uno de ellos, el que llegó en segundo lugar, cayó en la meta, por una descompensación metabólica. Fue asistido, se paró pero murió poco tiempo después de la carrera, en el stud, como consecuencia del excesivo esfuerzo a que fue sometido’. Hemos realizado personalmente la denuncia en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los efectos de aclarar lo sucedido y determinar las responsabilidades por los incumplimientos sospechados. Hípica Rioplatense del Uruguay (HRU), la empresa concesionaria del hipódromo mencionado, en comunicado dirigido a la opinión pública el 21 de diciembre, declara no tener responsabilidad en la organización del evento e indica al Club Social y Democrático de Cerro Chato como el organizador. La competencia realizada no tiene ninguna norma que la ampare, ya que no se adapta al reglamento de carreras del Hipódromo Nacional de Maroñas, tampoco al de la Federación Ecuestre del Uruguay ni al de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre. Nos preocupan las siguientes irregularidades constatadas en relación a la actividad desarrollada en el citado hipódromo: 1) Incumplimiento de la Ley N° 18.471, de 27 de marzo de 2009, y del artículo 23 del Decreto N° 62, de 14 de marzo de 2014, dónde se establece la obligatoriedad de un ‘servicio de contralor de Bienestar Animal’. 2) Incumplimiento de la Ley N° 3.606, de 13 de abril de 1910, y del Decreto N° 226, de 26 de abril de 1978, que establece el ‘contralor sanitario de la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Pesca’. 3) Incumplimiento de la Ley N° 17.006, de 18 de setiembre de 1998, y los

Decretos N° 124, de 1° de marzo de 2003, N° 111, de 24 de marzo de 2004 y la Norma 15/010 que establece las funciones de contralor de esa Dirección, con respecto a los Reglamentos de Carreras y de Apuestas en las actividades a realizarse en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Lo sucedido allí no ha sido aclarado oficialmente hasta la fecha, presupone un cúmulo de situaciones a subsanar que a priori representan irregularidades en los controles oficiales del bienestar animal, la sanidad animal y el control del juego y de las apuestas. Deseamos profundamente que las instituciones del Estado uruguayo aclaren lo ocurrido y garanticen que no volverá a ocurrir. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GASTÓN COSSIA, Representante por Montevideo”. 4) Exposición del señor Representante Juan José Amorín Astigarraga al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha y por su intermedio a los Municipios de Balneario La Paloma, Castillos y Chuy; a la Corporación Rochense de Turismo; al Centro Industrial y Comercial de Rocha y a los medios de comunicación del referido departamento, referente al mal estado de la ruta que une las Rutas Nacionales Nos. 9 y 10

“Montevideo, 28 de diciembre de 2016. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, a los Municipios de Balneario La Paloma, de Castillos y de Chuy; a la Junta Departamental de Rocha; a la Intendencia de Maldonado; a la Junta Departamental de Maldonado; a los medios de comunicación de Rocha; a la Corporación Rochense de Turismo de Rocha y al Centro Comercial e Industrial de Rocha. Ante la inminencia de la temporada turística en nuestro país, y muy especialmente, en el departamento de Rocha, al que representamos en el Parlamento, y en la fecha que podríamos indicar como temporada alta, nos preocupa el mal estado de la ruta que une la Ruta Nacional Nº 9 Coronel Leonardo Olivera con la Ruta Nacional Nº 10 Juan Díaz de Solís y por la cual se accede a una zona de gran trascendencia para los departamentos de Rocha y de Maldonado. Además, no debemos descuidar el mantenimiento de la Ruta

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Nacional Nº 10 desde la Laguna Garzón hasta la Laguna de Rocha, que al ser un pavimento de balasto, se deteriora con facilidad. La Intendencia de Rocha, que tiene a su cargo el camino entre las Rutas Nacionales N° 10 y N° 9, tiene muy descuidado ese tramo, haciéndose intransitable a ritmos normales de velocidad para un camino de tierra (balasto). Debemos considerar, que el mismo es utilizado por una gran afluencia de turistas que especialmente, vienen del departamento vecino de Maldonado, que en esa época se multiplica muchas veces en su número, y productores rurales de la zona, para los cuales el estado del camino es de vital importancia. Consideremos que hay un traslado permanente de viajeros hacia la frontera, el cual hace que esos dos tramos, se tornen en un serio problema de seguridad vial para los mismos. En Maldonado, la Ruta Nacional N° 10, se encuentra en buenas condiciones y con un claro tratamiento diferencial, ya que es de piso asfáltico. Al entrar a Rocha, luego de traspasar el magnífico puente circular, nos encontramos con un cambio profundo, pasamos a la tierra, y luego al tomar el camino que une la Ruta Nacional N° 10 con la N° 9, nos sorprendemos con un tramo, como ya mencionamos, en malísimo estado. Para nuestros departamentos de Rocha y de Maldonado, es muy trascendente el aporte de los ingresos por el turismo, ya que genera divisas que hacen la felicidad de nuestros pobladores. Es trascendente el hecho de darles los mejores elementos para que su estadía sea lo más placentera y segura posible. Y, especialmente para Rocha, ávido de un ingreso turístico de buen nivel, importa y mucho el estado de los caminos que son la puertas para el ingreso de esos capitales. Aparte de acompañar necesariamente los importantísimos emprendimientos generadores de muchas fuentes de trabajo, que se han realizado, se realizan actualmente y otros que se proyectan en esa zona entre lagunas, tan linda de nuestro país. Reclamamos, entonces, para nuestro departamento de Rocha, el arreglo inmediato de dichos tramos de las rutas, y el asfaltado de las mismas, como modo de acercar al turista de un modo seguro y placentero. Lo necesita ese departamento para la felicidad de sus habitantes, para que se sientan como ciudadanos de primera y no diferenciados en el tratamiento de sus rutas. No solicitamos cosas extrañas ni extravagantes, ya que hace algunos años estuvo asfaltado ese camino de entrada a los balnearios de Las Garzas y de El Caracol y se ha dejado deteriorar hasta su estado de decrepitud actual. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN JOSÉ AMORÍN ASTIGARRAGA, Representante por Rocha”.

6.- Declaración de gravedad y urgencia
——De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente y se considera de inmediato el asunto que figura en primer término del orden del día. (Se vota) ——Setenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

7.- Ley de Inclusión Financiera. (Se prorroga hasta el 1º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley N° 19.210)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: “Ley de Inclusión Financiera. (Se prorroga hasta el 1º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley N° 19.210)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 637 “PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 1° de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014. Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia el día 31 de diciembre de 2016. Montevideo, 26 de diciembre de 2016 ALFREDO ASTI, Montevideo. Representante por

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Cámara de Representantes aprobó el pasado 7 de diciembre el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210, en particular en lo que respecta a los medios de pago habilitados para las grandes compras superiores a las 40.000 y 160.000 Unidades Indexadas (vehículos automotores, inmuebles y otras operaciones de similar envergadura), al mismo tiempo que prorroga la entrada en vigencia del 1° de enero al 1° de julio de 2017.

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El trámite que le ha dado el Senado implica que el proyecto se trate recién el próximo 29 de diciembre, y en caso de obtener las mayorías necesarias, se completará así su aprobación parlamentaria. No obstante, al no contar el proyecto con fecha de entrada en vigencia de sus disposiciones, la misma estará determinada por los 10 días posteriores a su publicación, lo que crearía un vacío legal para los primeros días del mes de enero. Para evitar dicho vacío legal, proponemos el presente proyecto de ley que ratifica la prórroga de las disposiciones referidas a este tipo de compras y montos para el 1° de julio de 2017, pero estableciendo que la vigencia de esta disposición, una vez convertida en ley, ya tendrá vigencia a partir del 31 de diciembre de 2016, dando así absoluta certeza jurídica para todas las operaciones que se realicen a partir del 1° de enero de 2017, manteniéndose entonces el régimen anterior a lo dispuesto en la Ley N° 19.210. Montevideo, 26 de diciembre de 2016 ALFREDO ASTI, Montevideo”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Alfredo Asti. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: el día 7 de diciembre -entendemos que con el tiempo suficiente- esta Cámara aprobó el proyecto que modifica la Ley de Inclusión Financiera, Nº 19.210, entre las que se incluía la prórroga de la entrada en vigencia de ciertas normas para operaciones de montos importantes, de 40.000 UI a 160.000 UI, vinculadas a vehículos automotores, a compra de inmuebles y a otras operaciones de similar monto que tienen que ver con aportes de capital a las sociedades comerciales. De acuerdo con el cronograma, el Senado -que tiene a estudio la sanción de este proyecto de leyrecién lo tratará mañana y, de alcanzarse las mayorías que se requieren para su aprobación, se promulgaría recién el 30 de diciembre. Las normas vigentes, tanto del Código Civil como de la Constitución de la República, hacen referencia a la promulgación de la ley, a su publicación y luego a un plazo de diez días para que esta tenga efectiva aplicación. Por ello en los Representante por

primeros días del año 2017 se crearía un vacío sobre este tipo de operaciones. Obviamente, aquellos actores que están interesados en el tema y que tienen que intervenir en negocios de este tipo estaban preocupados porque durante esos días estuviera aprobada la ley, pero no pudiera ser exigida su vigencia. Por lo tanto, lo que hacemos a través de este proyecto de ley es ratificar la prórroga de entrada en vigencia al 1º de julio del año 2017 de los incisos primero y último del artículo 35 y de los artículos 36, 40 y 41, pero a este proyecto le damos vigencia a partir del 31 de diciembre. Su artículo 2º dice: “La presente ley entrará en vigencia el día 31 de diciembre de 2016”. Por lo tanto, de aprobarse este proyecto en la Cámara de Representantes y mañana en el Senado, quedará clara la vigencia de la prórroga hasta el 1º de julio, ya a partir de su promulgación. No creo que en este caso sea necesario hablar de cuáles son los artículos cuya vigencia se modifica pero, como decíamos, son operaciones importantes, de montos iguales o superiores a las 40.000 UI y 160.000 UI, tanto para automotores, inmuebles como para otro tipo de operaciones o negocios jurídicos y aportes a las sociedades comerciales. Este tema fue agregado en la última rendición de cuentas como inciso final del artículo 35. Los artículos 36, 40 y 41 también cambian las exigencias que tenía la ley original y su plazo de vigencia. Con esto damos mayor certeza jurídica a este tipo de operaciones a partir del 1º de enero de 2017, dado que recién van a cambiar con un plazo suficiente al 1º de julio de 2017. Era todo cuanto quería informar a la Cámara de Representantes. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero dejar dos o tres constancias en la versión taquigráfica. En primer lugar, este es un ejemplo más de improvisación, nada más y nada menos que en lo referente a los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014. A pesar de ser una ley del año 2014, no nos alcanzó la modificación de veintiséis artículos. O sea que tanta modernidad no sirvió. Como dijo Bill Gates en la presentación de uno

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de sus softwares: “La tecnología no siempre es avance”, sobre todo cuando intenta sustituir a la inteligencia humana y al Estado de derecho. Esto puede sonar muy duro, pero solo quienes estamos, o estábamos, en la trinchera de los negocios jurídicos sabemos lo que representa, porque no se afectaba solo a algunos negocios sino a todos los negocios jurídicos vinculados al tema; además, los montos son muy bajos -aunque va en progresión por el uso de los mecanismos de bancarización-, pero cubren hasta autos de poco valor. En segundo término, los escribanos públicos somos los únicos -mal que les pese a otros profesionales universitarios; inclusive, a los abogados y a los contadores- depositarios de la fe pública, lo que implica una enorme responsabilidad, porque todo lo que decimos en una escritura o en un acta es verdad por imperio de la ley. En consecuencia, si solamente le erramos a un número de padrón, ello puede ser motivo de que la Suprema Corte de Justicia suspenda nuestra carrera funcional. Entonces, advierto que estas cosas no pueden pasar. Es cierto que la Cámara de Diputados fue más diligente; el Senado no se dio cuenta, pero todos formamos parte del Parlamento. A comienzos de este mes, cuando se modificaron otros artículos de la ley, anuncié que llegaría el 30 de junio -puedo apostarlo- y tendríamos que votar otra prórroga, porque esto es una máquina de no poder cumplir con la norma, en este aspecto. No me refiero al resto de la ley, que ya está claro, porque es una ley de dos años a la que le modificamos veintiséis artículos para adaptarla, y eso que se supone que lo hacen los técnicos que se han formado, inclusive, en universidades privadas, no solamente nacionales sino internacionales. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: no creemos que en cuanto a este tema haya improvisación de la Cámara de Diputados. En todo caso, este Cuerpo, en conocimiento de que el Senado, pasados más de veinte días de la aprobación de este proyecto de ley, que implicaba cambios en el sistema

y, sobre todo, la modificación en los plazos de vigencia de algunos artículos de la ley actual, asume que esta realidad puede generar una situación no deseada, en tanto se estaría creando una ventana donde regiría la ley actual. En consecuencia, se plantea este proyecto de ley tratando de salvar esa situación no deseada, y nosotros vamos a acompañarlo. Realmente, hubiéramos deseado una solución más prolija porque, en definitiva, el Senado se tomó un plazo para analizar esta iniciativa y recién la va aprobar mañana. Habría correspondido que se hubiera aprobado antes y que se le hubiese introducido una modificación estableciendo la vigencia de esta serie de cambios que se hizo a la llamada ley de inclusión financiera. Sin embargo, no fue así. Por lo tanto, este es el camino que tenemos para evitar cualquier tipo de incertidumbre en materia jurídica, y por eso -reitero- vamos a acompañar este proyecto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión particular. Léase el artículo 1º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR ASTI (Alfredo).- ¡Que se comunique de inmediato!

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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al presentado)

Simplemente, queríamos dejar esta constancia a los efectos de salvar la responsabilidad del Partido Independiente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar el carácter preferente de la cuestión política planteada por el señor diputado Iván Posada. (Se vota) ——Doce en ochenta y ocho: NEGATIVA.

8.- Cuestión política planteada por el señor representante Iván Posada
SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: al amparo de lo que dispone el Reglamento en el último inciso del artículo 50, queremos plantear un asunto político a los efectos de dejar expresa constancia de que, a nuestro juicio, corresponde establecer con claridad nuestra responsabilidad y el compromiso que teníamos con respecto a una situación que ha sido de honda preocupación en nuestro país. Me refiero a la violencia en los espectáculos, particularmente en los espectáculos deportivos. Con fecha 15 de diciembre, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia aprobó por unanimidad un proyecto que regula el derecho de admisión y de permanencia, incorporando algún artículo -oportunamente desglosado- que refería a la regulación de las empresas de seguridad, que también tiene que ver con la seguridad en los espectáculos públicos. El compromiso que asumimos en el seno de la mencionada Comisión era que ese proyecto estaría incluido en el orden del día de esta sesión. Lamentablemente, no ha sido así y queremos dejar salvada nuestra responsabilidad al respecto. Entendemos que este tema merece ser considerado como grave y urgente, habida cuenta de las situaciones que se han registrado y de la preocupación que ha demostrado el Poder Ejecutivo aprobando, recientemente, un decreto que incluye una serie de medidas relacionadas directamente con la violencia, en particular en los espectáculos deportivos.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: entiendo que acabamos de votar la consideración de un asunto político. Lo voté negativamente porque no tenía noticia de que este tema fuera a plantearse como asunto político; me enteré unos minutos antes de ser planteado. Hoy lo tratamos en la coordinación y entiendo la importancia que tiene. También quisiera decir que leí en la prensa que en esta sesión trataríamos este tema, pero en las coordinaciones de los días previos los contactos que se hicieron para esta sesión -que es muy especial porque se realiza en el receso- indicaban que los asuntos a tratar eran los que estaban en el orden del día, no otros, entre otras cosas porque temas que no tienen tratamiento en el Senado, que puedan ser tratados hoy, están destinados a quedar en el ámbito parlamentario hasta después de terminado el receso, puesto que la Cámara alta no los ha incorporado ni a su sesión de hoy ni a la de mañana. Por lo tanto, no adelantaríamos mucho. Sin duda, este es un tema importante que merece un debate. No solo me refiero al proyecto de ley sobre derecho de admisión presentado por el señor diputado Posada, que fue acompañado por la Comisión, sino al artículo que se le incorpora, que está vinculado a la responsabilidad del Ministerio del Interior en los espectáculos públicos, que va más allá del derecho de admisión en sí mismo. Reitero que es un asunto que dará para debatir. Este tema pasó por la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, pero a nadie escapa que tiene mucho que ver con la Comisión Especial de Deporte, que seguramente tendrá mucho que decir sobre este proyecto porque sus integrantes se

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especializaron en esta materia que, si bien tiene que ver con la seguridad, hace a la esencia del deporte, particularmente del fútbol, que es donde está instalado este problema. Si en el deporte, en particular en el fútbol, no se hubieran producido los problemas que todos conocemos, hoy no estaríamos considerando un proyecto de ley de derecho de admisión. Los compañeros del Partido Nacional que integran dicha Comisión no tenían conocimiento de que se iba a plantear este tema, y, como entendemos que hay que prepararlo para debatir, no consideramos justo que haya llegado a esta sesión, durante el receso, sin que quienes tienen que formar opinión en las bancadas supieran que hoy se discutiría un proyecto que se analizó en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, que esencialmente está vinculado a la Comisión Especial de Deporte. De hecho, en el Senado este asunto se considera en el ámbito de la Comisión Especial de Deporte. Estas son las razones que nos llevaron a no acompañar la consideración del proyecto, sin desmerecer su importancia, el respaldo que tuvo, ni la necesidad de considerarlo lo antes posible dentro de los tiempos parlamentarios. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Reitero que para nosotros esta no era la sesión indicada ni el procedimiento que hubiéramos esperado para abordar esta temática. Gracias, señor presidente. SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: voy a referirme a esta solicitud de urgencia en los mismos términos que el señor diputado Gandini. Estamos trabajando en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, donde se abordó esta temática. El Partido Nacional tuvo una actuación protagónica porque, cuando hace pocos días se aprobó el proyecto de ley sobre seguridad privada, hicimos hincapié en excluir específicamente del fútbol

la actuación de los agentes privados de seguridad, pues entendemos que el Ministerio del Interior tiene la principal responsabilidad. Comparto totalmente que en el día de esta sesión nos hayamos negado a considerar este tema como urgencia, pues tiene particularidades que queremos analizar a la luz de otras iniciativas que hay en el Parlamento y que tienen que ver con este asunto. Sin perjuicio de eso, es razonable pensar que el responsable de la organización de un evento también tenga responsabilidades sobre quienes asisten, por lo que podría establecer mecanismos de autorización para el ingreso, siempre y cuando se cumpla con las normas legales vigentes. Reitero que vinimos preparados para considerar los temas que oportunamente se acordaron en la coordinación, que son los que figuran en el orden del día. Gracias. SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente: como usted sabe, somos de hablar poco y nos referimos a pocos temas en sala, pero teniendo en cuenta que este asunto nos atrapa, lo hemos seguido y realizamos aportes, vamos a realizar algunos comentarios. En primer lugar, queremos hacer una simple aclaración, ya que para afuera, de acuerdo con los trascendidos de prensa, podría parecer que al Parlamento no le interesó este tema y por ello no estuvo de acuerdo en considerarlo como urgencia. Estamos seguros de que a todos los aquí presentes este temas nos interesa sobremanera. Debemos ser coherentes con lo que hemos hecho. En el correr del año el Partido Nacional presentó un proyecto de ley de un solo artículo, ya que tiene una visión muy particular del derecho de admisión, que ha ido cambiando; tanta importancia le damos que para nosotros es más relevante que el equipamiento de las cámaras, porque esa es la vivencia que hemos recogido cuando salimos del país para preocuparnos por este tema.

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El proyecto fue presentado por el Partido Nacional en la Comisión Especial de Deporte. En determinado momento, sugerimos a sus integrantes retirar dicha iniciativa para que fuera presentada en forma conjunta, entre todos, pues se trataba de un tema que valía la pena discutir. Al final se entendió que no era importante quién lo presentaba sino avanzar en el tema. Todos nos fuimos enriqueciendo en el camino, recogiendo la opinión del Club Atlético Peñarol, del Club Nacional de Football y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y las vivencias del básquetbol. Quizás por haber recibido esa información fuimos cambiando la visión categórica que tenía nuestro proyecto de ley, que señalaba que en los espectáculos deportivos el derecho de admisión debía ser ejercido por el Ministerio del Interior. Si bien seguimos aferrados a esa tesis, no podemos dejar solo a ese Ministerio y quitar responsabilidad a los clubes. Por lo tanto, consideramos que debemos seguir discutiendo este tema y por eso entendimos que no era pertinente aprobar un proyecto en forma rápida, sino recoger todo lo que se ha hecho y seguir recabando opiniones porque, como dije al principio, si logramos elaborar algo interesante que contemple a todas las partes con respecto al derecho de admisión será mucho más importante que la instalación de las cámaras de identificación facial. Por esa razón votamos en forma negativa la solicitud realizada. Gracias, señor presidente.

10.- Trabajadores de Saphyre S.A. (Se solicita el Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de otorgar un subsidio por desempleo total o parcial)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Trabajadores de Saphyre S.A. (Se solicita el Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de otorgar un subsidio por desempleo total o parcial)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 626 “MINUTA DE COMUNICACIÓN La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que establezca, por razones de interés general y por un plazo de hasta un año, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los trabajadores de la firma Saphyre S.A. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del DecretoLey N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008. Montevideo, 22 de diciembre de 2016 CARLOS COITIÑO, Representante por Montevideo, CÉSAR RODRÍGUEZ, Representante por Montevideo, GERARDO NÚÑEZ, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La firma Saphyre S.A. es un aserradero que funciona en el departamento de Tacuarembó. La empresa tiene una importante deuda con sus trabajadores en materia de créditos laborales, aportes a la seguridad social e incumplimientos notorios en materia de salud e higiene en el trabajo. Este estado de cosas generó condiciones para la organización de los trabajadores desde el punto de vista sindical, extremo que se concretó y que determinó en forma automática el despido de todo el personal y posterior cese de las actividades del aserradero en forma continua hasta el presente. Se intentó, a través de la negociación colectiva impulsada por los trabajadores, avanzar en la construcción de mecanismos de solución a la problemática planteada sin resultados de ningún tipo

9.- Declaración de gravedad y urgencia
SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en segundo término del orden del día. (Se vota) ——Ochenta Unanimidad. por la afirmativa: AFIRMATIVA.

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debido a la conducta asumida por el empleador quien abandonó la instancia de negociación. En consecuencia, y a fin de mitigar el impacto que supone el desempleo para estos trabajadores y sus familias, se solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de la firma Saphyre S.A. Montevideo, 22 de diciembre de 2016 CARLOS COITIÑO, Representante por Montevideo, CÉSAR RODRÍGUEZ, Representante por Montevideo, GERARDO NÚÑEZ, Representante por Montevideo”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión. SEÑORA MONTANER (Susana).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor presidente: vamos a votar convencidos este proyecto de ley, ya que en mi departamento, Tacuarembó, recibimos a los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara en el aserradero, donde tuvimos la oportunidad de constatar los hechos denunciados por los trabajadores que hoy están en conflicto y solicitan este subsidio especial por desempleo. (Murmullos) ——Asimismo, pudimos recorrer las instalaciones e intentamos dialogar con el empresario pero, lamentablemente, aún no pudimos mantener una conversación con él. Señor presidente: solicito que me ampare en el uso de la palabra. (Murmullos.- Campana de orden) ——Muchas gracias. Como decía, los integrantes de la Comisión y los diputados del departamento no tuvimos la oportunidad de conversar con el empresario, aunque hablamos con los trabajadores, no solo con quienes están en conflicto sino también con quienes están de

acuerdo con el empresario y se encontraban en la empresa. No solamente me preocupa que hoy se vote esta minuta de comunicación para otorgar un subsidio a dichos trabajadores -debemos tener en cuenta que estamos en fechas muy especiales y que están atravesando una situación lamentable-, sino la falta de fuentes de empleo en Tacuarembó, que yo acostumbro llamar el norte profundo. Por esta razón insistimos y dejamos los teléfonos correspondientes para tratar, de alguna manera, de sacar adelante un conflicto que está en una etapa muy delicada. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a solucionar el problema de estos trabajadores de manera provisoria, pero será muy difícil y complicado devolverles su fuente laboral. Reitero que estamos de acuerdo con votar este proyecto y queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de nuestra gran preocupación por el cierre de fuentes de trabajo -cada vez son más- en el departamento de Tacuarembó. Muchas gracias. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Señor presidente: a través de esta minuta de comunicación solicitamos al Poder Ejecutivo que establezca un subsidio especial para más de veinte trabajadores, que fueron despedidos luego de sindicalizarse para luchar por mejores condiciones de trabajo. Como bien dijo la señora diputada Montaner, quienes tuvimos la oportunidad de visitar el aserradero pudimos constatar las pésimas condiciones de trabajo existentes, que ponen en riesgo la integridad y la vida de las trabajadoras y los trabajadores que allí se desempeñan. Además, si el empleador hubiera hecho los aportes correspondientes de los trabajadores, hoy no estarían solicitando un seguro de paro especial. Entre las irregularidades denunciadas por el sindicato de la madera y por el Sunca figuran los aportes que se debieron haber realizado pero no se efectivizaron; eso fue lo que condujo a esta situación.

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También quiero señalar que esta iniciativa contó con la aprobación de todos los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo -del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio-, pero que por el tiempo en que nos movimos, solo cuenta con la firma de tres señores diputados de los seis que la integran. Simplemente recomiendo al Cuerpo la aprobación de esta solicitud, que es un acto de justicia. Ojalá se pueda culminar este proceso con el establecimiento de un seguro de paro especial para los trabajadores y las trabajadoras del aserradero Saphyre S.A. Muchas gracias, presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda aprobado el proyecto de minuta de comunicación. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al presentado)

negativamente porque sin perjuicio de reconocer lo que es obvio, es decir, que el proyecto refiere a una materia muy importante, estimamos que su tratamiento no es urgente y que la iniciativa se beneficiaría si se postergara su consideración hasta el año que viene, de manera que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración pueda avanzar en su estudio y en la elaboración de fórmulas alternativas para contemplar algunos de los problemas que plantea el articulado, a los que nos referiremos en su oportunidad. Lamentablemente, se insiste con el criterio de que cuando llega cierta altura del año se votan los proyectos como vienen de la otra Cámara, sin dar a este Cuerpo la oportunidad de corregir errores o mejorar las soluciones. Estamos llegando a una situación en la que se acumulan las desventajas, tanto del bicameralismo como del unicameralismo; damos tratamiento a los proyectos de ley en las dos Cámaras, con lo cual dilatamos el proceso legislativo, pero no logramos lo que el bicameralismo permite ganar, es decir, un estudio más profundo y una técnica legislativa más depurada. En definitiva, leyes mejor elaboradas y redactadas. Hacemos todo rápidamente en la segunda Cámara, alargamos el trámite legislativo y nos resignamos a sancionar proyectos de ley que contienen problemas evidentes, tal como señalaremos cuando se abra el debate sobre el fondo del asunto. Muchas gracias. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: hemos votado afirmativamente la habilitación constitucional y reglamentaria necesaria para que este tema se ponga a consideración de la Cámara, en parte porque no tuvimos oportunidad de procesar una decisión diferente con relación al momento indicado para el tratamiento de este asunto, y en parte tal vez llevados por la resignación a la que hizo referencia el señor diputado Pasquet en cuanto a que este proyecto finalmente, y a pesar de los pesares, fue aprobado en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y se elevaron los informes al plenario.

11.- Declaración de gravedad y urgencia
De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer término del orden del día. (Se vota) ——Setenta y ocho en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: los legisladores del Partido Colorado hemos votado

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Queremos dejar constancia de que en esencia compartimos las razones que acaba de explicar el diputado Pasquet. Estamos frente a un proyecto de ley de enorme envergadura y de superlativa importancia institucional, que tiene que ver con la organización del sistema judicial y con uno de los ejes y componentes fundamentales que hacen a la administración de la justicia, que es el Ministerio Público, y por lo tanto, con la organización institucional de quienes en los juicios representan el interés público y a la sociedad: los fiscales. Sin duda, este asunto mereció un tratamiento diferente, más detenido y reflexivo, tal como manifestamos en la Comisión en oportunidad de su estudio, pero fue así. Los legisladores del oficialismo -seguramente surgirá del intercambio que tendremos dentro de algunos instantes- reconocieron que muchas aristas de este proyecto de ley debieron haber sido mejoradas, perfeccionadas o pulidas, y en algún momento insinuaron la posibilidad de que por ese camino transcurriéramos todos. Sin embargo, eso no aconteció por el afán de aprobar una solución sin modificaciones, recogiendo textual e íntegramente los contenidos definidos en el Senado, a pesar de que no hay una urgencia particular por aprobar la iniciativa, entre otras cosas, porque el nuevo modelo que regirá el derecho procesal penal que acaban de aprobar las Cámaras está previsto para el mes de julio de 2017. Por lo tanto, hay tiempo más que suficiente para que a este asunto le demos una respuesta legislativa bastante más acabada y mejor de la que efectivamente tendrá. Gracias, señor presidente.

(ANTECEDENTES:) Rep. N° 584 “PODER EJECUTIVO Montevideo, 16 de mayo de 2016 Señor Presidente de la Asamblea General: La iniciativa que contiene el presente proyecto de ley pretende regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y el estatuto que rige la actuación de los Fiscales, por cuanto el mismo no fue establecido en la Ley N° 19.334 de fecha 14 de agosto de 2015 que creó la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.334, en la actualidad el referido estatuto está determinado por las normas del Decreto-Ley N° 15.365 de fecha 30 de diciembre de 1982 y de la Ley N° 15.750 de fecha 24 de junio de 1985, en lo aplicable. Dichas normas -de antigua data- regulan la actuación del Ministerio Público y Fiscal concebido con una función y rol diametralmente distintos a los que se le atribuyen en la actualidad por el ordenamiento jurídico -especialmente por el Código Procesal Penal aprobado por ley N° 19.293 de fecha 19 de diciembre de 2014-, siendo imperiosa la adecuación normativa que permita cumplir correctamente la misión atribuida al Ministerio Público y Fiscal y determinar el régimen estatutario de los fiscales. En efecto, teniendo presente el rol central que adquiere el Ministerio Público y las funciones que le son asignadas en el nuevo sistema procesal penal; es necesario actualizar las normas de organización y funcionamiento de la Institución con miras al cumplimiento de sus cometidos. En general los países que han realizado reformas procesales penales, implementando sistemas acusatorios -como el establecido en la Ley N° 19.293, cuya vigencia está prevista para el 1° de febrero de 2017han realizado a su vez modificaciones a los correspondientes estatutos legales. Siendo el Ministerio Público una organización desarrollada hasta el presente a semejanza y espejo del Poder Judicial, aunque en esencia son instituciones que cumplen funciones distintas, la Fiscalía General de la Nación necesita una reforma de su organización y funcionamiento que acompase la modernización del sistema procesal penal.

12.- Fiscalía General de la Nación. (Se regula su organización y funcionamiento)
SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: “Fiscalía General de la Nación. (Se regula su organización y funcionamiento)”.

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En ese sentido el proyecto intenta modificar y ajustar aquellos aspectos esenciales de la Institución a una concepción moderna y funcional, incorporando principios ordenados en una ley orgánica que dotan al Ministerio Público de las herramientas necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus nuevos cometidos. En términos generales se definen algunos aspectos básicos, como la misión de la Fiscalía General de la Nación, los principios generales de actuación, el dictado de instrucciones generales, la organización de cargos y funciones, los derechos y deberes de los fiscales en el desempeño de su función y el régimen disciplinario a aplicarse. El proyecto cuenta con 77 artículos organizados en 8 Capítulos, a saber. 1) Misión y ubicación institucional. 2) Principios generales. 3) Cometidos y funcionamiento. 4) Estructura orgánica. 5) Competencias. 6) Régimen estatutario. 7) Régimen disciplinario. 8) Disposiciones varias. En el Capítulo I (artículos 1 a 3) el artículo 1 define la misión de la Fiscalía General de la Nación, se plasma la esencia de la organización, a la que compete el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal. En ese sentido, se establecen los elementos que la configuran: diseñar y ejecutar una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, y de infracciones cometidas por adolescentes, proteger y atender a víctimas y testigos de delitos, a víctimas de violencia doméstica, de violencia de género y generacional, a niños, niñas y adolescentes en situación de derechos amenazados o vulnerados; ejercer el Ministerio Fiscal y la titularidad de la acción pública en materia aduanera. En materia civil se indica que le corresponde ejercer la acción solamente en los casos expresamente previstos por la ley y en representación de la sociedad en asuntos de intereses difusos. El artículo 2, en relación a la posición institucional, se remite a lo previsto por la Ley N° 19.334, de fecha 14 de agosto de 2015. En el Capítulo II (artículos 4 a 14), se establecen los principios básicos que deben orientar a la

Institución y a los fiscales en el ejercicio de sus funciones: – principio de legalidad. – principio de autonomía funcional. – principio de unidad de acción. – principio de independencia técnica. – principio de jerarquía. – principio de celeridad. – principio de responsabilidad. – principio de organización dinámica. – principio de objetividad. – principio de probidad y transparencia. – principio de acceso a la información. Dentro de los mencionados principios cabe destacar -por su trascendencia para el cumplimiento de los nuevos cometidos- el principio de unidad de acción, que determina que el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal es único e indivisible, lo que significa que cuando cada uno de sus integrantes actúa, lo hace en representación de la Fiscalía General de la Nación en su conjunto. Consecuentemente, para su aplicación es imprescindible que el jerarca -en este caso el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación- tenga la potestad de elaborar instrucciones generales de actuación, en tanto son instrumentos que permiten establecer estrategias para aplicar una política pública de investigación y persecución penal, componente principal de la política de seguridad del Estado. Conviene señalar que las instrucciones generales se encuentran reguladas en el Capítulo III (artículo 17) norma que define sus características, destacándose que no pueden referirse a causas particulares y que son de aplicación preceptiva, dejando a salvo el derecho de los fiscales a objetarlas (artículo 18) o a excusarse (artículo 59); respetando de esa forma el principio de legalidad. Debe mencionarse asimismo el principio de independencia técnica, que está establecido en el artículo 7, y que complementa al de unidad de acción, en tanto garantiza a los fiscales el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de ningún jerarca de la Institución ni de autoridad ajena a la misma en su actuación en los casos concretos. Vale la pena hacer referencia al principio de organización dinámica (artículo 11), por cuanto

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implica la aplicación de criterios de flexibilidad y dinamismo en la organización y funcionamiento de la Institución, posibilitando la creación o supresión de unidades especializadas en virtud de las necesidades del servicio, la conformación de equipos de trabajo y administración de recursos humanos; siendo una excelente herramienta de gestión que permitirá a la organización adaptarse a los cambios y necesidades. Se consagran también los principios de probidad, transparencia y acceso a la información, los que permiten hacer transparente la actuación de los fiscales, permitiendo a la sociedad ejercer un control de la misma, exigir el cumplimiento de las funciones que le son asignadas, acceder a la información que se produzca, etc. Con referencia a los demás principios consagrados, su valorización resulta de las propias normas, por lo que se entiende innecesario realizar una referencia más detallada. En el Capítulo III (artículos 15 a 19) se regulan los cometidos y el funcionamiento de la Institución, concretando las acciones que determinan el ejercicio de la misión de la Institución (artículo 15), las formas de intervención (artículo 16), y regulando las ya explicadas instrucciones generales (artículos 17 y 18). El Capítulo IV (artículos 20 a 22) enumera los órganos y los cargos que integran la Fiscalía General de la Nación, previendo asimismo como novedad la existencia de un Consejo Consultivo Asesor, que tendrá la integración y competencia que determine el Fiscal de Corte (artículo 21). Por su parte el Capítulo V (artículos 23 a 45) establece las competencias de los diferentes cargos y unidades que integran la Institución, distinguiendo las competencias administrativas y jurisdiccionales del Fiscal de Corte (artículos 23 y 24), del Fiscal Adjunto de Corte (artículo 25), de las unidades especializadas (artículos 26 y 27), de las distintas fiscalías diferenciadas en razón de la materia, especialización y territorio (artículos 28 a 39 y 42 y 43). Se detallan también las competencias del fiscal inspector, de los fiscales suplentes, adjuntos y adscriptos (artículos 40 y 41, 44 y 45). El Capítulo VI (artículos 46 a 65) específicamente legisla sobre el régimen estatutario de los fiscales, su designación, requisitos para cada categoría, traslados, incompatibilidades, inamovilidad, remuneración, régimen de licencias y cese en el cargo. Debe destacarse la regulación del concurso como única forma de ingreso y ascenso en la carrera

funcional de los fiscales y la consagración de la capacitación como un derecho-deber de los mismos. Este Capítulo regula asimismo los procedimientos de recusación, excusación y abstención de los fiscales y su régimen de subrogación. Los artículos 63 y 65 establecen los deberes funcionales y el sistema de disciplina en el ámbito procesal. TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI, RODOLFO NIN NOVOA, DANILO ASTORI, JORGE MENÉNDEZ, EDITH MORAES, VÍCTOR ROSSI, CAROLINA COSSE, ERNESTO MURRO, JORGE BASSO, TABARÉ AGUERRE, LILIAM KECHICHIAN, ENEIDA DE LEÓN, MARINA ARISMENDI. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I MISIÓN Y UBICACIÓN INSTITUCIONAL Artículo 1°. (Misión).- Diseñar y ejecutar una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, e infracciones cometidas por adolescentes, ejerciendo la acción que legalmente proceda. Proteger y atender a víctimas y testigos de delitos, así corno víctimas de violencia doméstica, violencia de género y violencia generacional, y a niños, niñas y adolescentes en situación de derechos amenazados o vulnerados; y ejercer el Ministerio Fiscal y la titularidad de la acción pública en materia aduanera. Promover y ejercer la acción civil en los casos expresamente previstos por la ley y actuar en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos. Artículo 2°. (Posición institucional).- La Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado creado por Ley N° 19.334, de fecha 14 de agosto de 2015. Se regirá por los principios generales enumerados en el Capítulo II y tendrá la competencia y organización que se determina en los Capítulos III a V de la presente ley. Artículo 3°. (Domicilio procesal).- Cuando la Fiscalía General de la Nación fuese demandada, se tendrá por domicilio, para fijar la competencia del tribunal, el lugar donde tienen asiento sus oficinas centrales, aún cuando en el hecho que da origen al

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juicio hubiera intervenido una oficina o dependencia ubicada en cualquier otro departamento. CAPÍTULO II PRINCIPIOS GENERALES Artículo 4°. (Principio de legalidad).- Los fiscales deberán actuar conforme a lo establecido por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por el país, las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Artículo 5°. (Principio de autonomía funcional).La Fiscalía General de la Nación ejercerá sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, sin perjuicio de las facultades de contralor consagradas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República y de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Artículo 6°. (Principio de unidad de acción. Instrucciones Generales).- El Ministerio Público y Fiscal es único e indivisible y cada uno de sus integrantes en su actuación representa a la Fiscalía General de la Nación en su conjunto. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación elaborará instrucciones generales de actuación de sus integrantes, a efectos de crear y mantener la unidad de acción en el ejercicio de sus funciones. Artículo 7°. (Principio de independencia técnica).Los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones, de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en el caso concreto. Artículo 8°. (Principio de jerarquía).- La Fiscalía General de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; cada superior jerárquico controlará el desempeño de quienes actúan bajo su responsabilidad. Artículo 9°. (Principio de celeridad).- Los fiscales deberán ejercer sus funciones de manera pronta, eficiente y oportuna. Artículo 10. (Principio de responsabilidad).- Los fiscales tendrán responsabilidad penal, civil y administrativa por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la Constitución de la República y las leyes.

Artículo 11. (Principio de organización dinámica).La organización y estructura de la Fiscalía General de la Nación se regirá bajo criterios de flexibilidad y dinamismo, con miras a atender las necesidades que el cumplimiento de sus funciones le requiera. Artículo 12. (Principio de objetividad).- La Fiscalía General de la Nación requerirá la aplicación justa de la ley y propenderá al ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado. Artículo 13. (Principio de probidad y transparencia).- Los fiscales deberán observar el principio de probidad administrativa. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado. Artículo 14. (Principio de acceso a la información).- El acceso a la información, sus límites y calificación se regirán por las normas específicas en la materia; y la publicidad, divulgación e información de los actos relativos al proceso se regirán por la ley procesal. CAPÍTULO III COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO Artículo 15. (Cometidos).- A la Fiscalía General de la Nación le corresponde: 1) Fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas. 2) Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas. 3) Ejercer la titularidad de la acción penal pública en la forma prevista por la ley. 4) Atender y proteger a víctimas y testigos de delitos. 5) Ejercer la titularidad de la acción pública en las causas de adolescentes infractores. 6) Ejercer la titularidad de la acción fiscal en las causas por infracciones aduaneras. 7) Promover y ejercer la acción civil en los casos expresamente previstos por la ley.

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8) Actuar en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos. 9) Intervenir como tercero en los procesos de violencia doméstica; amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; inconstitucionalidad de la ley y obligaciones alimentarias en el extranjero. Artículo 16. (Modos de intervención).- La Fiscalía General de la Nación actuará, según corresponda, como parte principal o como tercero interviniente. Cuando actúe como parte principal, no podrá ser recusado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 58 de la presente ley; y tendrá los derechos, facultades, deberes y cargas procesales que correspondan a la parte, salvo norma expresa en contrario. Cuando actúe como tercero, su intervención consistirá en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos que correspondan, dentro de los plazos respectivos. Artículo 17. (Instrucciones generales).- Las instrucciones generales que en aplicación del principio de unidad de acción (artículo 6°) y de conformidad con el principio de legalidad (artículo 4°) elabore el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, con el asesoramiento del Consejo Consultivo Asesor previsto en el artículo 21, serán comunicadas por escrito a cada uno de los fiscales, y simultáneamente a la Asamblea General; no podrán referirse a causas particulares. Los Fiscales no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas, sin perjuicio de su derecho a formular objeciones a las mismas en la forma prevista en el artículo siguiente y a excusarse en la forma prevista en el Artículo 59). Artículo 18. (Objeciones a las instrucciones generales).- Cuando un fiscal actúe siguiendo instrucciones generales, podrá formular objeciones a las mismas, dejando constancia de su opinión personal en informe fundado que elevará al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 59. En ningún caso se dejará constancia de las objeciones en los expedientes judiciales. Artículo 19. (Relaciones con la comunidad).- La Fiscalía General de la Nación se relacionará con los organismos públicos, organizaciones no gubernarmentales y asociaciones públicas y privadas cuyo accionar se vincule con el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO IV ESTRUCTURA ORGÁNICA Artículo 20. (Estructura orgánica).- La Fiscalía General de la Nación tendrá la siguiente estructura orgánica: 1) 2) 3) 4) 5) Fiscalía General de la Nación. Unidades especializadas centralizadas. Fiscalías de Montevideo. Fiscalías especializadas. Fiscalías departamentales.

Artículo 21. (Consejo Consultivo Asesor).- Habrá además un Consejo Consultivo Asesor honorario, con la integración y competencias que determine el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación mediante acto administrativo. Artículo 22. (Integrantes).- Integran la Fiscalía General de la Nación: 1) Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. 2) Fiscal Adjunto de Corte. 3) Fiscales Letrados de Montevideo. 4) Fiscales Letrados especializados. 5) Fiscal Letrado Inspector. 6) Fiscales Letrados Suplentes. 7) Fiscales Letrados Departamentales. 8) Fiscales Letrados Adjuntos. 9) Fiscales Letrados Adscriptos. CAPÍTULO V COMPETENCIAS Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Artículo 23. (Competencia funcional en el orden administrativo).- Además de las competencias previstas en el artículo 5° de la Ley N° 19.334, de 14 de agosto de 2015, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en su carácter de Director General del servicio, le corresponderá: 1) Ejercer la vigilancia y superintendencia directiva, correctiva, consultiva e instructiva de todos los fiscales. 2) Elaborar instrucciones generales de actuación de sus integrantes de conformidad con lo

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establecido en los artículos 6°, 17 y 18 de la presente ley. 3) Solicitar de cualquier entidad de derecho público las informaciones que estimare necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 4) Dirimir contiendas de competencia entabladas entre los fiscales. 5) Publicar el balance anual, dentro de los 120 días corridos siguientes al cierre del ejercicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Constitución de la República. 6) Ser oído en los asuntos previstos en el artículo 246 de la Constitución de la República. 7) Resolver los recursos administrativos correspondientes que se interpongan en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación, y franquear, en su caso, el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo. Artículo 24. (Competencia funcional en el orden jurisdiccional).- Al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación le corresponderá: 1) Investir la representación de la Fiscalía General de la Nación ante la Suprema Corte de Justicia, con carácter privativo. Ello, sin perjuicio de lo que con respecto a los demás Fiscales Letrados, dispusiera la ley. 2) Representar a la Fiscalía General de la Nación en las causas de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, en todos los asuntos en que la ley lo establezca expresamente. 3) Intervenir en las declaraciones de solicitud de inconstitucionalidad, según lo preceptúa la ley de la materia. Fiscal Adjunto de Corte. Artículo 25. (Competencia funcional).- Corresponde al Fiscal Adjunto de Corte: 1) Asistir al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en las tareas técnicas y administrativas del servicio. 2) Subrogar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, tanto en el orden administrativo corno jurisdiccional, en casos de licencia, vacancia temporal o definitiva, recusación, excusación o abstención.

Unidades especializadas centralizadas. Artículo 26. (Competencia por razón de lugar).La unidades especializadas centralizadas tendrán competencia nacional. Artículo 27. (Competencia funcional).- Las unidades especializadas centralizadas tendrán las funciones previstas en el artículo 5° literal E) de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Fiscalías Penales de Montevideo. Artículo 28. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Penales de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 29. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías Penales de Montevideo: 1) Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas. 2) Ejercer la titularidad de la acción penal pública e intervenir en todas las instancias de los procesos penales, en la forma prevista por la ley. 3) Atender y proteger a víctimas y testigos de delitos. 4) Intervenir en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal. 5) Intervenir en todo trámite en que las leyes lo prescriban expresamente. Fiscalías especializadas en crimen organizado. Artículo 30. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías especializadas en Crimen Organizado tendrán la competencia territorial que determinan las leyes especiales en la materia. Artículo 31. (Competencia funcional).- Las Fiscalías especializadas en Crimen Organizado intervendrán en todos los asuntos que sean de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado. Fiscalías de Adolescentes de Montevideo. Artículo 32. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías de Adolescentes de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 33. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías de Adolescentes de Montevideo ejercer la titularidad de la acción pública en las causas iniciadas por infracciones de adolescentes a

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la ley penal, e intervenir en todas las instancias de tales procesos, en la forma prevista por la ley. Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica. Artículo 34. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 35. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica: 1) Intervenir en las situaciones de violencia doméstica comprendidas en la Ley N° 17.514, de 2 de julio de 2002 y concordantes. 2) Intervenir en los asuntos previstos en los artículos 117 a 132 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Fiscalías Civiles de Montevideo. Artículo 36. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Civiles de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 37. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías Civiles de Montevideo: 1) Promover y ejercer la acción civil en los procesos relativos a intereses difusos, nulidad de matrimonio, pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, nombramiento de tutor e incapacidades. 2) Intervenir en los procesos relativos a obligaciones alimentarias en el extranjero (Convención sobre obtención de alimentos en el extranjero, Nueva York, 1956; y Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, CIDIP IV, Montevideo, 1989). Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo Artículo 38. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo tendrán, en materia aduanera, la misma competencia territorial que los Juzgados Letrados de Aduana de Montevideo, dispuesta por los artículos 227.1 y 232 del Código Aduanero Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014; y en materia de Hacienda en el departamento de Montevideo. Artículo 39. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo: 1) Promover y ejercer la acción fiscal en las causas por infracciones aduaneras e intervenir

en todas las instancias de tales procesos, en la forma prevista por la ley. 2) Intervenir en materia fiscal y en todo otro asunto, respecto del cual las leyes lo prescriban expresamente. Fiscal Letrado Inspector. Artículo 40. (Competencia funcional).- Corresponde al Fiscal Letrado Inspector: 1) Controlar la regularidad con que funcionan las oficinas de la Fiscalía General de la Nación. 2) Verificar el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los Fiscales Letrados y demás funcionarios de la institución. 3) Recibir quejas de profesionales y particulares respecto del proceder de los Fiscales Letrados y demás funcionarios de la institución, y denunciar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación las irregularidades que constatare. Fiscales Letrados Suplentes. Artículo 41. (Competencia funcional).Fiscales Letrados Suplentes corresponde: A los

1) Subrogar con carácter específico y provisorio, cuando las necesidades del servicio así lo impongan, a los Fiscales Letrados Departamentales. 2) Cumplir, cuando no estuvieren desempeñando alguna de las actividades precedentes, las tareas técnicas acordes con su jerarquía, que le fueran indicadas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Fiscalías Departamentales. Artículo 42. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Departamentales tendrán competencia en las circunscripciones geográficas que le sean asignadas. Artículo 43. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías Departamentales ejercer las competencias asignadas a las Fiscalías de Montevideo en materia Penal, de Adolescentes, en lo Civil, de Aduana y Hacienda y a las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica. Fiscales Letrados Adjuntos. Artículo 44. (Competencia funcional).- Habrá Fiscales Letrados Adjuntos asignados a las Fiscalías de Montevideo. La ley propenderá a la creación de

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cargos de Fiscal Letrado Adjunto en el interior del país. Corresponde a los Fiscales Letrados Adjuntos: 1) Investir la representación de la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la competencia de su Fiscalía, cuando su titular así lo disponga. 2) Asistir al Fiscal Letrado respectivo en las tareas técnicas del servicio. Fiscales Letrados Adscriptos. Artículo 45. (Competencia funcional).- Habrá Fiscales Letrados Adscriptos asignados a cada una de las Fiscalías. Corresponde a los Fiscales Letrados Adscriptos: 1) Investir la representación de la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la competencia de su Fiscalía, cuando su titular así lo disponga. 2) Realizar las tareas que le sean asignadas por el Fiscal Letrado respectivo en las tareas técnicas del servicio. CAPÍTULO VI RÉGIMEN ESTATUTARIO Artículo 46. (Designaciones).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado de la República otorgada por tres quintos (3/5) del total de componentes (artículo 168 numeral 13 de la Constitución de la República). El Fiscal Adjunto de Corte, los Fiscales Letrados de Montevideo, los Fiscales Letrados especializados, el Fiscal Letrado Inspector, los Fiscales Letrados suplentes, los Fiscales Letrados Departamentales, los Fiscales Letrados Adjuntos y los Fiscales Letrados Adscriptos serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, previa venia del Senado otorgada por tres quintos (3/5) del total de componentes (artículo 168 numeral 13 de la Constitución de la República). Artículo 47. (Concurso).- A los efectos de la elaboración de la propuesta para la designación de los fiscales letrados se convocará a concurso de oposición y méritos, el cual será sustanciado ante un tribunal de concurso designado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. El concurso podrá ser público, limitado a los fiscales, o a éstos y los magistrados del Poder Judicial, según se especifique en las bases del mismo. En todos los casos deberá incluirse en las bases como mérito la antigüedad del concursante en

la Fiscalía General de la Nación o en el Poder Judicial. Las bases del concurso serán elaboradas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. El orden de prelación resultante del concurso tendrá una vigencia de dos (2) años, improrrogables. Los cargos de Fiscal Adjunto de Corte y de Fiscal Letrado Inspector no serán concursables, y se integrarán con Fiscales de jerarquía igual o inmediata anterior. Estos cargos podrán cesar en cualquier momento, respetándose la carrera funcional y los derechos adquiridos de sus soportes. Artículo 48. (Requisitos para las designaciones).Sin perjuicio de las normas generales que regulan el ingreso a la función pública, se establecen como requisitos: Para ser Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación: a) Cuarenta (40) años cumplidos de edad. b) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez (10) años de ejercicio y veinticinco (25) años de residencia en el país. c) Ser abogado con diez años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por ocho (8) años. Para ser Fiscal Adjunto de Corte a) Treinta y cinco (35) años cumplidos de edad. b) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete (7) años de ejercicio. c) Ser abogado con ocho (8) años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por seis (6) años. Fiscal Letrado de Montevideo, Fiscal Letrado especializado. Fiscal Letrado Inspector y Fiscal Letrado Suplente se requiere: a) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete (7) años de ejercicio. b) Ser abogado con ocho (8) años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por seis (6) años. Para ser Fiscal Letrado Departamental: a) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cuatro (4) años de ejercicio.

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b) Ser abogado con cuatro (4) años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por dos (2) años. Para ser Fiscal Letrado Adjunto: a) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos (2) años de ejercicio. b) Ser abogado con dos (2) años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por un (1) año. Para ser Fiscal Letrado Adscripto: a) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos (2) años de ejercicio. b) Ser abogado. En ningún caso podrán ingresar a la Fiscalía General de la Nación personas que hubieran sido condenadas por delitos dolosos perseguibles mediante acción pública. Artículo 49. (Juramento).- Los fiscales al tomar posesión de sus cargos deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y fielmente, y de cumplir con la Constitución y las leyes de la República. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación prestará juramento ante la Asamblea General. El Fiscal Adjunto de Corte y los Fiscales Letrados prestarán juramento ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Artículo 50. (Inamovilidad).- Los fiscales son inamovibles. Sólo podrán ser destituidos por las causales y en la forma prevista en la Constitución de la República. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación durará en su cargo diez (10) años, de conformidad y en las condiciones establecidas en el artículo 2° inciso 3º de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Artículo 51.- Los fiscales gozarán de libertad de expresión, asociación y reunión conforme a la normativa nacional e internacional; podrán tomar parte de debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia, el fomento y protección de derechos humanos y en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del servicio que integra, entre otros. En el ejercicio de tales derechos, los fiscales procederán siempre de conformidad con las leyes, los principios y normas éticas reconocidas en su profesión. Artículo 52. (Incompatibilidades).- Los cargos de fiscal son incompatibles con el ejercicio profesional,

remunerado o no; con el desarrollo de actividades industriales y comerciales; y con el desempeño de toda otra función pública o privada retribuida, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior en materia jurídica. También son incompatibles con cualquier función pública o privada honoraria, excepto aquellas especialmente conexas con el ejercicio del cargo de Fiscal. Cesa la incompatibilidad del ejercicio profesional cuando se trate de asuntos propios o de su cónyuge o concubino, parientes consanguíneos en línea recta y colateral hasta segundo grado y por los de personas bajo su representación legal. Para el ejercicio de las funciones compatibles se requiere comunicación a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Artículo 53. (Remuneración).- Las remuneraciones de los fiscales se determinarán del siguiente modo: 1) El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación recibirá una retribución equivalente a la de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 2) El Fiscal Adjunto de Corte, los Fiscales Letrados de Montevideo, los Fiscales Letrados especializados y el Fiscal Letrado Inspector, a la de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones. 3) Los Fiscales Letrados Suplentes a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la capital. 4) Los Fiscales Letrados Departamentales a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior. 5) Los Fiscales Letrados Adjuntos a la de los Jueces de Paz Departamental de la capital. 6) Los Fiscales Letrados Adscriptos a la de los Jueces de Paz de ciudad. Artículo 54. (Capacitación).- La capacitación es una condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los integrantes de la Fiscalía General de la Nación; y comprende el acceso a actividades formativas y de actualización. Artículo 55. (Traslado).- Los Fiscales Letrados podrán ser trasladados por resolución fundada, si las necesidades del servicio así lo requieren, a otras jurisdicciones territoriales y a otras materias, conservando su jerarquía, en tanto no se afecten los

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derechos de adquiridos.

carrera

funcional

y derechos

Artículo 56. (Licencia).- Los fiscales tendrán derecho a gozar de licencia anual reglamentaria, que usufructuarán durante los períodos de receso de los tribunales. Cuando deban prestar funciones en dichos períodos, gozarán de licencia equivalente a los días corridos trabajados, pudiendo fraccionarlos. Podrán usufructuar además, aquellas licencias especiales que otorgue la reglamentación. Podrá concederse a los fiscales licencia especial sin goce de sueldo, en casos debidamente fundados y siempre que se asegure la continuidad en la prestación del servicio. El plazo máximo por el cual podrá concederse será de un año. Artículo 57. (Cese).- Los fiscales cesarán en el desempeño de sus cargos: 1) Por haber cumplido los setenta (70) años de edad. 2) Por renuncia aceptada. 3) Por destitución. Artículo 58. (Recusación).- Cuando el fiscal actúe en calidad de tercero, podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene o afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes. La recusación se sustanciará en trámite incidental, ante el tribunal de la causa, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 328 y 329.2 del Código General del Proceso. Cuando actúe en calidad de parte, no podrá ser recusado. No obstante, cualquier interesado podrá solicitar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación el apartamiento del fiscal interviniente, por cualquiera de los motivos enunciados en el inciso precedente, quien resolverá en definitiva si lo aparta o no del asunto. Artículo 59. (Excusación).- El fiscal que se considere incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, en los artículos 17 in fine y 18, podrá excusarse y lo hará saber inmediatamente al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien resolverá en definitiva si lo aparta o no del asunto. Si el que se excusa es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, su solicitud será resuelta por una comisión especial integrada a esos efectos por los tres Fiscales Letrados de Montevideo más antiguos en dicho cargo. A igualdad de

antigüedad en el cargo de fiscal letrado de Montevideo, se tomará la antigüedad en la Fiscalía General de la Nación. Artículo 60. (Abstención).- Los fiscales pueden pedir el derecho de abstención por razones de decoro o delicadeza no enunciados entre los motivos de recusación. La abstención debe ser solicitada al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien resolverá en definitiva si autoriza o no a apartarse del asunto. Si quien solicita abstenerse es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, su solicitud se tramitará de conformidad con el procedimiento previsto en el inciso 2º del artículo anterior. Artículo 61. (Subrogación).- La subrogación del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva, recusación, excusación o abstención, tanto en el orden jurisdiccional como en el orden administrativo, corresponderá al Fiscal Adjunto de Corte. Si éste se encontrare a su vez impedido, se sorteará al subrogante entre los Fiscales Penales de Montevideo. Los Fiscales Letrados serán subrogados por otro Fiscal Letrado de su misma categoría o por un integrante del equipo técnico de la Fiscalía subrogada, en la forma que determine la reglamentación. Artículo 62. (Prerrogativas procesales).- Los fiscales no tienen el deber de comparecer personalmente a declarar como testigos, pudiendo brindar su declaración en la forma prevista en las normas procesales vigentes. Artículo 63. (Deberes funcionales).- Los fiscales quedan sujetos a las siguientes obligaciones: 1) Residir en el lugar donde tenga asiento la Fiscalía correspondiente o dentro del radio que establezca la reglamentación. En casos especiales de imposibilidad, debidamente justificados, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación podrá conceder autorización temporal para residir en otro lugar. 2) Asistir diariamente a su despacho y cumplir el horario mínimo de labor que establezca la reglamentación. 3) Concurrir a las audiencias y actos de instrucción que refieran a asuntos en los que deba intervenir en cumplimiento de sus funciones. 4) Cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y hacerlas cumplir a sus subordinados.

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5) Expedir sus dictámenes dentro de los términos fijados por las normas procesales vigentes. 6) Abstenerse de hacer públicos o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en los que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones, sin perjuicio del principio de transparencia. 7) Desempeñar éticamente sus funciones, con prontitud, diligencia y responsabilidad. 8) Guardar el debido respeto a todas las personas con las cuales se relacionen en razón del cumplimiento de su cargo. 9) Abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Artículo 64. (Deber de vigilancia).- Siempre que un Fiscal, conociendo en cualquier asunto, encontrare en la actuación de un Juez o Tribunal mérito suficiente en su concepto para la imposición de corrección disciplinaria, deberá formular denuncia circunstanciada del caso ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, para que este proceda según viere del caso corresponder. Artículo 65. (Disciplina en el ámbito procesal).Los Jueces y tribunales no pueden corregir disciplinariamente a los fiscales, sin perjuicio de las atribuciones que la ley les confiere para mantener el orden de los procesos y la dirección de las audiencias. Sin embargo, cuando los fiscales, en el ejercicio de sus funciones, no cumplan con los deberes de su cargo, o comprometan el honor, la delicadeza o la dignidad del mismo, los Jueces o tribunales pondrán esos hechos en conocimiento del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Cuando el incumplimiento se atribuya al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, será la Suprema Corte de Justicia quien pondrá esos hechos en conocimiento del Poder Ejecutivo. CAPÍTULO VII RÉGIMEN DISCIPLINARIO Artículo 66. (Potestad disciplinaria).- El ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los fiscales letrados se regirá en lo aplicable por las normas establecidas en los artículos 70 a 72 y 76 a 79 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013 (Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central).

Artículo 67. (Clasificación de las faltas).- Las faltas, al momento de imputarse, se deberán clasificar en leves, graves y muy graves, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos siguientes. Artículo 68. (Faltas leves).- Se considerarán faltas leves, las siguientes: a) Incumplir las tareas o funciones inherentes al cargo. b) Faltar al trabajo sin aviso ni causa justificada o incumplir el horario mínimo de labor que establezca la reglamentación. c) Actuar en forma irrespetuosa con relación a cualquier persona con la que deba relacionarse en razón del cumplimiento de su cargo. d) Descuidar el uso de los muebles y demás elementos provistos para el ejercicio de la función. Artículo 69. (Faltas graves).- Se considerarán faltas graves, las siguientes: a) Ausencia injustificada a su trabajo, en forma prolongada o reiterada. b) Violación de los principios éticos, que comprometiere el decoro del cargo. c) Incumplir en forma reiterada o contumaz las tareas o funciones inherentes al cargo. d) Incumplir el deber de residencia. e) Expedir los dictámenes vencidos los plazos procesales vigentes. f) Incumplir en forma reiterada e injustificada la obligación de asistencia a las audiencias o actos de instrucción en los que deban intervenir. g) Ejercer actividades o funciones incompatibles con el ejercicio del Ministerio Público. h) Violar el deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en que conozcan. i) Participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto. j) Omitir hacer cumplir a los funcionarios a su cargo las obligaciones funcionales. k) Contraer obligaciones pecuniarias con los funcionarios a su cargo.

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I) Incurrir en algunas de las infracciones previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, relativas a la declaración jurada de bienes e ingresos. m) No excusarse en un proceso a sabiendas de que existen motivos para solicitar su apartamiento. n) Dictaminar cometiendo error inexcusable. o) Incumplir resoluciones o circulares de la Fiscalía General de la Nación. p) Incumplir instrucciones generales impartidas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Artículo 70. (Faltas muy graves).- Se considerarán faltas muy graves, las siguientes: a) Desempeñar el cargo con ineptitud: se entiende por ineptitud la carencia de idoneidad, la incapacidad personal o inhabilitación profesional. b) Incurrir en grave omisión en el desempeño del cargo: se entiende por grave omisión el incumplimiento contumaz de las obligaciones funcionales; cualquier conducta en el ejercicio del cargo que afecte el buen nombre o el prestigio de la institución; acciones u omisiones en el ejercicio del cargo, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público; ejercer el cargo con abuso de autoridad; ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en el cumplimiento de sus funciones. c) Cometer delito: se entiende por delito toda conducta típica, antijurídica y culpable, por la que el funcionario sea condenado penalmente. En todos los casos de sometimiento de un fiscal a la justicia penal, o de condena ejecutoriada, se apreciarán las circunstancias y situación del mismo, a efectos de solicitar o no la destitución. Artículo 71. (Sanciones).- En caso que se configuren las faltas previstas en los artículos precedentes el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, podrá imponer a los fiscales, las siguientes sanciones disciplinarias: 1) Amonestación. 2) Apercibimiento y censura en forma oral del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, labrándose acta de la respectiva diligencia.

3) Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por el término de seis (6) meses. La suspensión hasta de tres (3) meses será sin goce de sueldo, o con la mitad de sueldo según la gravedad del caso. La que exceda de este último término será siempre sin goce de sueldo. 4) Pérdida del derecho al ascenso por uno (1) a cinco (5) años. 5) Descenso a la categoría inmediata inferior. 6) Destitución en caso de ineptitud, omisión o delito, previa venia del Senado. Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario administrativo, que se regirá por las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. Artículo 72. (Determinación de las sanciones).- La comprobación de las faltas leves ameritarán las sanciones de amonestación, apercibimiento o suspensión hasta por treinta (30) días. Las faltas graves ameritarán las sanciones de suspensión entre treinta (30) días y hasta un máximo de (6) seis meses, pérdida del derecho de ascenso y/o descenso a la categoría inmediata inferior por el plazo máximo de (2) dos años. Las faltas muy graves podrán ameritar la destitución, o en su defecto la aplicación de cualquiera de las sanciones enumeradas en el inciso anterior. Artículo 73. (Criterios de graduación de la sanción).- Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1) El deber funcional violentado. 2) El grado en que se haya vulnerado la normativa aplicable. 3) La gravedad de los daños causados. 4) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 5) La jerarquía del funcionario. 6) El grado de afectación del servicio. 7) Los antecedentes reincidencia. en la función y la

8) Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 9) La actitud posterior al hecho, la admisión de la falta y la reparación del daño si lo hubiere.

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Artículo 74. (Destitución o remoción del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación sólo podrá ser destituido o removido de su cargo por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores o de la comisión permanente en su caso, otorgada por la misma mayoría que para su designación; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 198 de la Constitución de la República. CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES VARIAS Artículo 75. (Nuevas denominaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley: 1) Las Fiscalías Letradas Nacionales de lo Penal, de lo Civil y de Aduana y Hacienda pasarán a denominarse respectivamente Fiscalías Penales de Montevideo, Fiscalías Civiles de Montevideo y Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo. 2) Las Fiscalías de lo Penal especializadas en Crimen Organizado pasarán a denominarse Fiscalías especializadas en Crimen Organizado. 3) Las Fiscalías Letradas Nacionales de Menores pasarán a denominarse Fiscalías de Adolescentes de Montevideo. 4) Las Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil especializadas en Violencia Doméstica pasarán a denominarse Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica. 5) Las Fiscalías Letradas Departamentales pasarán a denominarse Fiscalías Departamentales. Artículo 76. (Derogaciones).Derógase el Decreto-Ley N° 15.365, de 30 de diciembre de 1982, y toda otra disposición legal que se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 77. (Disposición transitoria).Las disposiciones contenidas en los numerales 1), 2) y 4) del artículo 15 y en los numerales 1) y 3) del artículo 29 regirán a partir de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal aprobado por Ley N° 19.293, de fecha 19 de diciembre de 2014. Montevideo, 16 de mayo de 2016 EDUARDO BONOMI, RODOLFO NIN NOVOA, DANILO ASTORI, JORGE MENÉNDEZ, EDITH MORAES, VÍCTOR ROSSI, CAROLINA COSSE,

ERNESTO MURRO, JORGE BASSO, TABARÉ AGUERRE, LILIAM KECHICHIAN, ENEIDA DE LEÓN, MARINA ARISMENDI. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY CAPÍTULO l PRINCIPIOS GENERALES Artículo 1º. (Posición institucional).- El servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación se regirá por los principios generales enumerados en este Capítulo y tendrá la competencia y organización que se determinan en los Capítulos II a IV de la presente ley. Artículo 2º. (Domicilio procesal).- Cuando la Fiscalía General de la Nación fuese demandada, la citación, el emplazamiento o cualquier notificación se debe hacer en su sede central. Artículo 3º. (Principio de autonomía funcional).La Fiscalía General de la Nación ejercerá sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, sin perjuicio de las facultades de contralor consagradas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República y de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Artículo 4º. (Principio de unidad de acción.).- El Ministerio Público y Fiscal es único e indivisible y cada uno de sus integrantes, en su actuación, representa a la Fiscalía General de la Nación en su conjunto. A efectos de crear y mantener la unidad de acción en el ejercicio de sus funciones, se dictarán instrucciones generales de actuación de sus integrantes. Artículo 5º. (Principio de independencia técnica).Los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto. Artículo 6º. (Principio de jerarquía).- La Fiscalía General de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el Fiscal de Corte y

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Procurador General de la Nación; cada superior jerárquico controlará el desempeño de quienes actúan bajo su dependencia. Artículo 7º. (Principio de celeridad).- Los fiscales deberán ejercer sus funciones de manera pronta, eficiente y oportuna. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a terceros, están exentas de la acción de los fiscales y de su investigación. Artículo 8º. (Principio de responsabilidad).- Los fiscales tendrán responsabilidad penal, civil y administrativa por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Constitución de la República y las leyes. Artículo 9º. (Principio de organización dinámica).La organización y estructura de la Fiscalía General de la Nación se regirá de acuerdo con los criterios de flexibilidad y dinamismo, con miras a atender las necesidades que el cumplimiento de sus funciones le requiera, en cuanto no afecta la carrera funcional y los derechos adquiridos de sus integrantes. Artículo 10. (Principio de objetividad).- La Fiscalía General de la Nación propenderá a la aplicación justa de la ley y al ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado. H) Artículo 11. (Principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas).- Los fiscales deberán observar el principio de probidad administrativa. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella, así como la debida rendición de cuentas sobre su actuación. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado. Artículo 12. (Principio de acceso a la información).- El acceso a la información, sus límites y calificación se regirán por las normas específicas en la materia. La publicidad, divulgación e información de los actos relativos al proceso se regirán por la ley procesal. I)

CAPÍTULO II COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO Artículo 13. (Cometidos).- A la Fiscalía General de la Nación le corresponde: A) Fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas. Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas. Ejercer la titularidad de la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Atender y proteger a víctimas y testigos de delitos. Ejercer la titularidad de la acción pública en las causas de adolescentes infractores. Ejercer la titularidad de la acción fiscal en las causas por infracciones aduaneras. Promover y ejercer la acción civil en los casos previstos en el artículo 28 del Código General del Proceso en la redacción dada por el artículo 649 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y en el literal C) del artículo 35 de la presente ley (Convención sobre obtención de alimentos en el extranjero, Nueva York, 1956). Actuar en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso. Intervenir como tercero en los casos previstos en el artículo 29 del Código General del Proceso en la redacción dada por el artículo 649 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y en el literal C) del artículo 35 de la presente ley (Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, CIDIP IV, Montevideo, 1989).

B) C) D) E) F) G)

Artículo 14. (Modos de intervención).- La Fiscalía General de la Nación actuará, según corresponda, como parte principal o como tercero interviniente. Cuando el fiscal interviniente actúe como parte principal, no podrá ser recusado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley y tendrá los derechos, facultades, deberes y cargas procesales que correspondan a la parte, salvo norma expresa en contrario.

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Cuando actúe como tercero, su intervención consistirá en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos que correspondan, dentro de los plazos respectivos. Artículo 15. (Instrucciones generales).- Las instrucciones generales son directrices de actuación destinadas al mejor funcionamiento del servicio y al cumplimiento de sus cometidos en todas las áreas de competencia de la Fiscalía General de la Nación y en particular en las tareas de investigación de los hechos punibles y su adecuada priorización, ejercicio de la acción penal, protección de víctimas y testigos, restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes y en todas las acciones tendientes a evitar la violencia basada en género. Estas serán elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, adoptadas en forma preceptiva y vinculante por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y comunicadas por escrito a cada uno de los fiscales y simultáneamente a la Asamblea General, en aplicación del principio de unidad de acción y de conformidad con el principio de legalidad. Las instrucciones generales no podrán referirse a causas particulares. Los fiscales no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas, sin perjuicio de su derecho a formular objeciones a las mismas en la forma prevista en el artículo 16 de la presente ley y a excusarse en la forma dispuesta en el artículo 57 de la presente ley. Artículo 16. (Objeciones a las instrucciones generales).- Cuando un fiscal actúe siguiendo las instrucciones generales, podrá formular objeciones fundadas en la Constitución de la República, las normas internacionales o la ley, dejando constancia de su opinión personal en informe fundado que elevará al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien deberá comunicarlas al Consejo Honorario de Instrucciones Generales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la presente ley. En ningún caso se dejará constancia de las objeciones en los expedientes judiciales. Artículo 17. (Relaciones con la comunidad).- La Fiscalía General de la Nación se relacionará con los organismos públicos, organizaciones no gubernarmentales y asociaciones públicas y privadas cuyo accionar se vincule con el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO III ESTRUCTURA ORGÁNICA Artículo 18. (Estructura orgánica).- La Fiscalía General de la Nación tendrá la siguiente estructura orgánica: A) B) C) D) E) Fiscalía General de la Nación. Unidades especializadas centralizadas. Fiscalías de Montevideo. Fiscalías especializadas. Fiscalías departamentales.

Artículo 19. (Consejo Honorario de Instrucciones Generales).- Créase un Consejo Honorario de Instrucciones Generales el que estará integrado por: A) B) C) Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Un representante del Poder Ejecutivo. Un representante de la Sociedad Civil, a sugerencia de las organizaciones más representativas de la temática a tratar, el cual será designado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Un representante Fiscales. de la Asociación de

D) E)

El Consejo Honorario de Instrucciones Generales tendrá como cometido la elaboración de las instrucciones generales de actuación de los fiscales, en aplicación del principio de unidad de acción de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley. El Consejo Honorario de Instrucciones Generales estará presidido por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sesionará con un cuórum mínimo de tres integrantes más el presidente y deberá reunirse al menos una vez al mes. Las decisiones deberán ser adoptadas mayoría absoluta del total de sus componentes. por

Artículo 20.- (Integrantes).- Integran la Fiscalía General de la Nación: A) B) C) D) Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Fiscal Adjunto de Corte. Fiscales Letrados de Montevideo. Fiscales Letrados especializados.

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E) F) G) H) I)

Fiscal Letrado Inspector. Fiscales Letrados Suplentes. Fiscales Letrados Departamentales. Fiscales Letrados Adjuntos. Fiscales Letrados Adscriptos. CAPÍTULO IV COMPETENCIAS

Representar a la Fiscalía General de la Nación ante la Suprema Corte de Justicia, con carácter privativo. Ello, sin perjuicio de lo que, con respecto a los demás Fiscales Letrados, dispusiera la ley. Representar a la Fiscalía General de la Nación en las causas de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia en todos los asuntos en que la ley lo establezca expresamente. Intervenir en las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad según lo preceptúa la ley en la materia. Fiscal Adjunto de Corte.

Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Artículo 21. (Competencia funcional en el orden administrativo).- Además de las competencias previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en su carácter de Director General del servicio, le corresponde: A) Ejercer la vigilancia y superintendencia directiva, correctiva, consultiva e instructiva de todos los fiscales. Adoptar y comunicar las instrucciones generales de actuación de sus integrantes de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 19 de la presente ley. Determinar el sistema de distribución de trabajo entre las distintas Fiscalías en base a criterios objetivos. Solicitar de cualquier entidad de derecho público las informaciones que estimare necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Dirimir contiendas de competencia entabladas entre los fiscales. Publicar periódicamente estados contables que reflejen su situación financiera conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Constitución de la República. Ser oído en los asuntos previstos en el artículo 246 de la Constitución de la República. Resolver los recursos administrativos correspondientes que se interpongan en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación y franquear, en su caso, el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo. C)

Artículo 23. (Competencia funcional).- Corresponde al Fiscal Adjunto de Corte: A) Asistir al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en las tareas técnicas y administrativas del servicio. Subrogar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, en casos de licencia, vacancia temporal o definitiva. Unidades especializadas centralizadas Artículo 24. (Competencia por razón de lugar).La unidades especializadas centralizadas tendrán competencia nacional. Artículo 25. (Competencia funcional).- Las unidades especializadas centralizadas tendrán las funciones previstas en el literal E) del artículo 5º de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Fiscalías Penales de Montevideo Artículo 26. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Penales de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 27. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías Penales de Montevideo: A) B) Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas. Ejercer la titularidad de la acción penal pública e intervenir en todas las instancias de los procesos penales, en la forma prevista por la ley. Atender y proteger a víctimas y testigos de delitos.

E) F)

Artículo 22. (Competencia funcional en el orden jurisdiccional).- Al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación le corresponde:

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Intervenir en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal. Intervenir en todo trámite en que las leyes lo prescriban expresamente.

Artículo 35. (Competencia funcional).Corresponde a las Fiscalías Civiles de Montevideo: A) Promover y ejercer la acción civil en los procesos relativos a intereses difusos, nulidad de matrimonio, pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, nombramiento de tutor e incapacidades. Intervenir en los procesos relativos a adopciones, derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo y unión concubinaria. Intervenir en los procesos relativos a obligaciones alimentarias en el extranjero (Convención sobre obtención de alimentos en el extranjero, Nueva York, 1956 y Convención lnteramericana sobre obligaciones alimentarias, CIDIP IV, Montevideo, 1989).

Fiscalías especializadas en crimen organizado Artículo 28. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías especializadas en Crimen Organizado tendrán la competencia territorial que determinan las leyes especiales en la materia. Artículo 29. (Competencia funcional).- Las Fiscalías especializadas en Crimen Organizado intervendrán en todos los asuntos que sean de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado. Fiscalías de Adolescentes de Montevideo Artículo 30. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías de Adolescentes de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 31. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías de Adolescentes de Montevideo ejercer la titularidad de la acción pública en las causas iniciadas por infracciones de adolescentes a la ley penal e intervenir en todas las instancias de tales procesos, en la forma prevista por la ley. Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica Artículo 32. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica tendrán competencia en el departamento de Montevideo. Artículo 33. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica: A) Intervenir en las situaciones de violencia doméstica comprendidas en la Ley N° 17.514, de 2 de julio de 2002 y concordantes. Intervenir en los asuntos previstos en los artículos 117 a 132 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Fiscalías Civiles de Montevideo Artículo 34. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Civiles de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. B)

Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo Artículo 36. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo tendrán, en materia aduanera, la misma competencia territorial que los Juzgados Letrados de Aduana de Montevideo, dispuesta por los artículos 227.1 y 232 del Código Aduanero (Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014) y en materia de Hacienda en el Departamento de Montevideo. Artículo 37. (Competencia funcional).Corresponde a las Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo: A) Promover y ejercer la acción fiscal en las causas por infracciones aduaneras e intervenir en todas las instancias de tales procesos, en la forma prevista por la ley. Intervenir en materia fiscal y en todo otro asunto respecto del cual las leyes lo prescriban expresamente. Unidad de control interno Artículo 38. (Competencia funcional).- La Unidad de control interno estará dirigida por un Fiscal Letrado Inspector. Corresponde al Fiscal Letrado Inspector: A) B) Controlar la regularidad con que funcionan las oficinas de la Fiscalía General de la Nación. Verificar el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los Fiscales Letrados y demás funcionarios de la institución. Recibir quejas de profesionales y particulares respecto del proceder de los Fiscales

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Letrados y demás funcionarios de la institución y denunciar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación las irregularidades que constatare. Fiscales Letrados Suplentes Artículo 39. (Competencia funcional).- Corresponde a los Fiscales Letrados Suplentes: A) Subrogar con carácter específico y provisorio, cuando las necesidades del servicio así lo impongan, a los Fiscales Letrados Departamentales. Cumplir, cuando no estuvieren desempeñando alguna de las actividades precedentes, las tareas técnicas acordes con su jerarquía que le fueran indicadas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Fiscalías Departamentales Artículo 40. (Competencia por razón de lugar).Las Fiscalías Departamentales tendrán competencia en las circunscripciones geográficas que le sean asignadas. Artículo 41. (Competencia funcional).- Corresponde a las Fiscalías Departamentales ejercer las competencias asignadas a las Fiscalías de Montevideo en materia Penal, de Adolescentes, en lo Civil, de Aduana y Hacienda y a las Fiscalías especializadas en Violencia Doméstica. Fiscales Letrados Adjuntos Artículo 42. (Competencia funcional).- Habrá Fiscales Letrados Adjuntos asignados a las Fiscalías de Montevideo. Corresponde a los Fiscales Letrados Adjuntos: A) Representar a la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la competencia de su Fiscalía, cuando su titular así lo disponga. Asistir al Fiscal Letrado respectivo en las tareas técnicas del servicio. Intervenir en el proceso de faltas cuando le sea delegado por el Fiscal Letrado titular. Fiscales Letrados Adscriptos Artículo 43. (Competencia funcional).- Habrá Fiscales Letrados Adscriptos asignados a cada una de las Fiscalías. Corresponde a los Fiscales Letrados Adscriptos:

Representar a la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la competencia de su Fiscalía, cuando su titular así lo disponga. Realizar las tareas que le sean asignadas por el Fiscal Letrado respectivo en las tareas técnicas del servicio. CAPÍTULO V RÉGIMEN ESTATUTARIO

Artículo 44. (Designaciones y destituciones).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos del total de los componentes (numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República). Idénticos requisitos se exigirán para proceder a su destitución. A propuesta del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, serán designados por el Poder Ejecutivo, previa venia otorgada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, el Fiscal Adjunto de Corte, los Fiscales Letrados de Montevideo, los Fiscales Letrados Especializados, el Fiscal Letrado Inspector, los Fiscales Letrados Suplentes, los Fiscales Letrados Departamentales, los Fiscales Letrados Adjuntos y los Fiscales Letrados Adscriptos. A los efectos de la destitución será de aplicación lo dispuesto por el literal I) del artículo 5º de la Ley Nº 19.334, de 14 de agosto de 2015. Artículo 45. (Concurso).- A los efectos de la elaboración de la propuesta para la designación de los fiscales letrados se convocará a concurso de oposición y méritos, el cual será sustanciado ante un tribunal de concurso designado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Los concursos serán abiertos, en casos excepcionales debidamente fundados podrá limitarse la convocatoria a Fiscales y Magistrados del Poder Judicial. En todos los casos deberá incluirse en las bases como mérito la antigüedad y desempeño del concursante en la Fiscalía General de la Nación. Las bases del concurso serán elaboradas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. El orden de prelación resultante del concurso tendrá una vigencia de dos años, improrrogables. Los cargos de Fiscal Adjunto de Corte y de Fiscal Letrado Inspector no serán concursables. Estos cargos podrán cesar en cualquier momento, respe-

B) C)

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tándose la carrera funcional y los derechos adquiridos de sus soportes. Artículo 46. (Requisitos para las designaciones).Sin perjuicio de las normas generales que regulan el ingreso a la función pública, se establecen como requisitos: Para ser Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación: A) B) Cuarenta años cumplidos de edad. Ciudadanía natural en ejercicio o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país. Ser abogado con diez años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por ocho años.

Para ser Fiscal Letrado Adscripto: A) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con tres años de ejercicio. Ser abogado.

En ningún caso podrán ingresar a la Fiscalía General de la Nación personas que hubieran sido condenadas por delitos dolosos perseguibles mediante acción pública. Artículo 47. (Juramento).- Los fiscales al tomar posesión de sus cargos deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y fielmente y de cumplir con la Constitución de la República y las leyes. El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación prestará juramento ante la Asamblea General. El Fiscal Adjunto de Corte y los Fiscales Letrados prestarán juramento ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Artículo 48. (Inamovilidad).- Los fiscales son inamovibles. Solo podrán ser destituidos por las causales y en la forma prevista en la Constitución de la República y de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la presente ley. Artículo 49.- (Libertades).- Los fiscales gozarán de libertad de expresión, asociación y reunión conforme a la normativa nacional e internacional; podrán tomar parte de debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia, el fomento y protección de derechos humanos y en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del servicio que integra, entre otros. Artículo 50. (Incompatibilidades).- El desempeño del cargo de fiscal es incompatible con el ejercicio profesional, remunerado o no, con el desarrollo de actividades industriales, comerciales o agropecuarias y con el desempeño de toda otra función pública o privada retribuida, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior. El ejercicio del cargo de fiscal es incompatible también con cualquier función pública honoraria, excepto aquellas especialmente conexas con el ejercicio del cargo de fiscal. Cesa la incompatibilidad del ejercicio profesional cuando se trate de asuntos propios o de su cónyuge o concubino, parientes consanguíneos en línea recta y colateral hasta segundo grado y por los de personas bajo su representación legal.

Para ser Fiscal Adjunto de Corte: A) B) Treinta y cinco años cumplidos de edad. Ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio. Ser abogado con ocho años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por seis años.

Para ser Fiscal Letrado de Montevideo, Fiscal Letrado Especializado, Fiscal Letrado Inspector y Fiscal Letrado Suplente se requiere: A) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio. Ser abogado con ocho años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por seis años.

Para ser Fiscal Letrado Departamental: A) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con cuatro años de ejercicio. Ser abogado con cuatro años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por dos años.

Para ser Fiscal Letrado Adjunto: A) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con tres años de ejercicio. Ser abogado con dos años de antigüedad o haberse desempeñado con esa calidad como Fiscal o como Juez por un año.

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Para el ejercicio de las funciones compatibles se requiere comunicación a la Fiscalía General de la Nación. Artículo 51. (Remuneración).- Las remuneraciones de los fiscales se determinarán del siguiente modo: A) El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación recibirá una retribución equivalente a la de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Fiscal Adjunto de Corte, los Fiscales Letrados de Montevideo, los Fiscales Letrados especializados y el Fiscal Letrado Inspector, a la de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones. Los Fiscales Letrados Suplentes a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital. Los Fiscales Letrados Departamentales a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior. Los Fiscales Letrados Adjuntos a la de los Jueces de Paz Departamental de la Capital. Los Fiscales Letrados Adscriptos a la de los Jueces de Paz de Ciudad.

y siempre que se asegure la continuidad en la prestación del servicio. El plazo máximo por el cual podrá concederse será de un año. Artículo 55. (Cese).- Los fiscales cesarán en el desempeño de sus cargos: A) B) C) Por haber cumplido los setenta años de edad. Por renuncia aceptada. Por destitución.

Artículo 56. (Recusación).- Cuando el fiscal actúe en calidad de tercero, podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes. La recusación se sustanciará en trámite incidental, ante el tribunal de la causa, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 328 y 329.2 del Código General del Proceso. Cuando actúe en calidad de parte, no podrá ser recusado. No obstante, cualquier interesado podrá solicitar al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación el apartamiento del fiscal interviniente, por cualquiera de los motivos enunciados en el inciso precedente, quien resolverá en definitiva si lo aparta o no del asunto. Artículo 57. (Excusación).- El fiscal que se considere incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en los artículos 15 in fine, 16 y 56 de la presente ley, podrá excusarse y lo hará saber inmediatamente al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien resolverá en definitiva si lo aparta o no del asunto. Si el que se excusa es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, su solicitud será resuelta por una comisión especial integrada a esos efectos por los tres Fiscales Letrados de Montevideo más antiguos en dicho cargo. A igualdad de antigüedad en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo, se tomará la antigüedad en la Fiscalía General de la Nación. Artículo 58. (Abstención).- Los fiscales pueden pedir el derecho de abstención por razones de decoro o delicadeza no enunciados entre los motivos de recusación. La abstención debe ser solicitada al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien resolverá en definitiva si autoriza o no a apartarse del asunto. Si quien solicita abstenerse es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, su solicitud se

E) F)

Artículo 52. (Capacitación).- La capacitación es una condición esencial de desempeño y como tal constituye un derecho y un deber de todos los integrantes de la Fiscalía General de la Nación y comprende el acceso a actividades formativas y de actualización. Artículo 53. (Traslado).- Los Fiscales Letrados podrán ser trasladados por resolución fundada, si las necesidades del servicio así lo requieren, a otras jurisdicciones territoriales y a otras materias, conservando su jerarquía, en tanto no se afecten los derechos de su carrera funcional y derechos adquiridos. Artículo 54. (Licencia).- Los fiscales tendrán derecho a gozar de licencia anual que usufructuarán durante los períodos de receso de los tribunales. Cuando deban prestar funciones en dichos períodos, gozarán de licencia equivalente a los días corridos trabajados, pudiendo fraccionarlos. Podrán usufructuar además, aquellas licencias especiales que otorgue la reglamentación. Podrá concederse a los fiscales licencia especial sin goce de sueldo, en casos debidamente fundados

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tramitará de conformidad con el procedimiento previsto en el inciso segundo del artículo 57 de la presente ley. Artículo 59. (Subrogación).- La subrogación del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva, tanto en el orden jurisdiccional como en el orden administrativo, corresponderá al Fiscal Adjunto de Corte. Si este se encontrare impedido, se sorteará al subrogante entre los Fiscales Penales de Montevideo. En los casos de recusación, excusación o abstención del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, se sorteará al subrogante entre los Fiscales Letrados de Montevideo. Los Fiscales Letrados serán subrogados por otro Fiscal Letrado de su misma categoría o por el Fiscal adjunto o adscripto de la Fiscalía subrogada, en la forma que determine la reglamentación. Artículo 60. (Prerrogativas procesales).- Los fiscales no tienen el deber de comparecer personalmente a declarar como testigos, pudiendo brindar su declaración en la forma prevista en las normas procesales vigentes. Artículo 61. (Deberes funcionales).- Los fiscales quedan sujetos a las siguientes obligaciones: A) Residir en el lugar donde tenga asiento la Fiscalía correspondiente o dentro del radio que establezca la reglamentación. En casos especiales de imposibilidad, debidamente justificados, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación podrá conceder autorización temporal para residir en otro lugar. Asistir y permanecer en su despacho diariamente durante el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. Concurrir a las audiencias y actos de instrucción que refieran a asuntos en los que deba intervenir en cumplimiento de sus funciones. Cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y hacerlas cumplir a sus subordinados. Expedir sus dictámenes dentro de los términos fijados por las normas procesales vigentes. Abstenerse de hacer públicos o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e

informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en los que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones, sin perjuicio del principio de transparencia. H) I) Desempeñar éticamente sus funciones con prontitud, diligencia y responsabilidad. Guardar el debido respeto a todas las personas con las cuales se relacionen en razón del cumplimiento de su cargo. Abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, con el alcance previsto por el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República.

Artículo 62. (Deber de vigilancia).- El Fiscal que, conociendo en un asunto, encontrare en la actuación de un juez o tribunal mérito suficiente para la imposición de corrección disciplinaria deberá formular denuncia circunstanciada del caso ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Artículo 63. (Disciplina en el ámbito procesal).Los jueces y tribunales no pueden corregir disciplinariamente a los fiscales, sin perjuicio de las atribuciones que la ley les confiere para mantener el orden de los procesos y la dirección de las audiencias. Sin embargo, cuando los fiscales, en el ejercicio de sus funciones, no cumplan con los deberes de su cargo o comprometan el honor, la delicadeza o la dignidad del mismo, los jueces o tribunales pondrán esos hechos en conocimiento del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Cuando el incumplimiento se atribuya al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, será la Suprema Corte de Justicia quien pondrá esos hechos en conocimiento del Poder Ejecutivo y del Senado de la República. CAPÍTULO VI RÉGIMEN DISCIPLINARIO Artículo 64. (Potestad disciplinaria).- El ejercicio de la potestad disciplinaria de los fiscales letrados se regirá en lo aplicable por las normas establecidas en los artículos 70 a 72 y 76 a 79 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013 (Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central). Artículo 65. (Clasificación de las faltas).- Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

E) F)

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Artículo 66 (Faltas leves).- Se considerarán faltas leves las siguientes: A) B) Incumplir las tareas o funciones inherentes al cargo. Faltar al trabajo o ausentarse del mismo sin aviso o causa justificada incumpliendo con lo dispuesto en los literales B) y C) del artículo 61 de la presente ley. Actuar en forma irrespetuosa con relación a cualquier persona con la que deba relacionarse en razón del cumplimiento de su cargo.

relativas a la declaración jurada de bienes e ingresos. M) No excusarse en un proceso a sabiendas de que existen motivos para solicitar su apartamiento. N) O) P) Dictaminar cometiendo error inexcusable. Incumplir resoluciones o circulares de la Fiscalía General de la Nación. Incumplir las instrucciones generales.

Artículo 68. (Faltas muy graves).- Se considerarán faltas muy graves las siguientes: A) Desempeñar el cargo con ineptitud. Se entiende por ineptitud la carencia de idoneidad, la incapacidad personal o inhabilitación profesional. Incurrir en grave omisión en el desempeño del cargo. Se entiende por grave omisión el incumplimiento contumaz de las obligaciones funcionales; cualquier conducta en el ejercicio del cargo que afecte el buen nombre o el prestigio de la institución; acciones u omisiones en el ejercicio del cargo, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público; ejercer el cargo con abuso de autoridad; ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en el cumplimiento de sus funciones. Cometer delito. Se entiende por delito toda conducta típica, antijurídica y culpable, por la que el funcionario sea condenado penalmente. En todos los casos de sometimiento de un fiscal a la justicia penal o de condena ejecutoriada, se apreciarán las circunstancias del caso y la situación del mismo a efectos de solicitar o no la destitución.

Artículo 67. (Faltas graves).- Se considerarán faltas graves las siguientes: A) B) C) D) E) F) Ausencia injustificada a su trabajo en forma prolongada o reiterada. Violación de los principios éticos comprometiere el decoro del cargo. que

Incumplir en forma reiterada las tareas o funciones inherentes al cargo. Incumplir el deber de residencia. Expedir los dictámenes vencidos los plazos procesales vigentes. Incumplir en forma reiterada e injustificada la obligación de asistencia a las audiencias o actos de instrucción en los que deban intervenir. Ejercer actividades o funciones incompatibles con el ejercicio del Ministerio Público de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la presente ley. Violar el deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en que conozcan. Participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Omitir el deber de hacer cumplir a los funcionarios a su cargo las obligaciones funcionales. Contraer obligaciones pecuniarias con los funcionarios a su cargo. Incurrir en algunas de las infracciones previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998,

Artículo 69. (Criterios de graduación de la sanción).- Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: A) B) C) D) E) F) El deber funcional violentado. El grado en que se haya vulnerado la normativa aplicable. La gravedad de los daños causados. El descrédito para la imagen pública de la Administración. La jerarquía del funcionario. El grado de afectación del servicio.

I) J)

K) L)

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G) H) I)

Los antecedentes reincidencia.

función

Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. La actitud posterior al hecho, la admisión de la falta y la reparación del daño si lo hubiere.

Las Fiscalías Letradas Nacionales de lo Penal, de lo Civil y de Aduana y Hacienda pasarán a denominarse respectivamente Fiscalías Penales de Montevideo, Fiscalías Civiles de Montevideo y Fiscalías de Aduana y Hacienda de Montevideo. Las Fiscalías de lo Penal especializadas en Crimen Organizado pasarán a denominarse Fiscalías especializadas en Crimen Organizado. Las Fiscalías Letradas Nacionales de Menores pasarán a denominarse Fiscalías de Adolescentes de Montevideo. Las Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil Especializadas en Violencia Doméstica pasarán a denominarse Fiscalías Especializadas en Violencia Doméstica. Las Fiscalías Letradas Departamentales pasarán a denominarse Fiscalías Departamentales.

Artículo 70. (Sanciones).- En caso que se configuren las faltas previstas en los artículos precedentes, se podrá imponer a los fiscales las siguientes sanciones disciplinarias: A) B) Amonestación. Apercibimiento del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, labrándose acta de la respectiva diligencia. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por el término de seis meses. La suspensión hasta de tres meses será sin goce de sueldo o con la mitad de sueldo según la gravedad del caso. La que exceda de este último término será siempre sin goce de sueldo. Pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años. Descenso a la categoría inmediata inferior. Destitución en caso de ineptitud, omisión o delito. C)

D) E) F)

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario administrativo, que se regirá por las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. Artículo 71. (Determinación de las sanciones).- La comprobación de las faltas leves ameritará las sanciones de amonestación, apercibimiento con anotación en el legajo personal del funcionario, o suspensión hasta por diez días. Las faltas graves ameritarán la sanción de suspensión a partir de diez días y hasta por el término de seis meses, pérdida del derecho de ascenso o descenso a la categoría inmediata inferior por el plazo máximo de dos años. Las faltas muy graves podrán ameritar la destitución o en su defecto la aplicación de cualquiera de las sanciones enumeradas en el inciso anterior. CAPÍTULO VII DISPOSICIONES VARIAS Artículo 72. (Nuevas denominaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley:

Artículo 73. (Disposición transitoria).Las disposiciones contenidas en los literales A), B) y D) del artículo 13 de la presente ley y en los literales A) y C) del artículo 27 de la presente ley regirán a partir de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal aprobado por Ley N° 19.293, 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas. Artículo 74. (Disposición transitoria).- Los actuales titulares de los cargos de Secretario Letrado y Prosecretario Letrado de la Fiscalía General de la Nación estarán amparados hasta su cese por el presente estatuto en lo que corresponda, de acuerdo con el régimen vigente. Mantendrán su derecho a la carrera a través del concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la presente ley. CAPÍTULO VIII DEROGACIONES Artículo 75. (Derogaciones).- Derógase toda otra disposición legal en cuanto se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2016. ERNESTO AGAZZI Presidente JOSÉ PEDRO MONTERO Secretario”.

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Anexo I al Rep. N° 584 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración INFORME Señores Representantes: La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, que ha sido considerada por el Senado y ha tenido aprobación por dicho cuerpo con fecha 8 de noviembre de 2016. Sustancialmente, es un conjunto normativo que regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y el estatuto que rige la actuación de los Fiscales. Las normas vigentes que establecen el estatuto de los Fiscales datan de principios de los años 80 y regulan la actuación del Ministerio Público y Fiscal concebido con un rol muy diferente al que hoy se le atribuye, fundamentalmente a partir de la aprobación de las nuevas normas en materia de proceso penal. El cambio sustancial operado en el procedimiento penal requiere de un imprescindible cambio y modernización de las normas sobre funcionamiento y organización de la Fiscalía General de la Nación y el estatuto que rige la actividad funcional de los Fiscales. Se considera que de esta forma la Fiscalía funcionará de una manera eficaz y eficiente con relación al cumplimiento de sus objetivos funcionales. El proyecto se compone de ocho capítulos que tratan sobre: a) los principios generales que inspiran el accionar de la Fiscalía y en particular la actividad de los Fiscales; b) cometidos y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación; c) estructura orgánica; d) competencias; e) régimen estatutario; f) régimen disciplinario y dos capítulos relativos a disposiciones varias y derogaciones. Cabe destacar, dentro del articulado aprobado, algunos aspectos novedosos que hacen a la transparencia en el funcionamiento y a la necesidad de preservar la autonomía funcional y la independencia técnica, en el marco de la unidad de acción de la Fiscalía General de la Nación. Es en ese sentido que se ha propuesto la creación de un Consejo Honorario de Instrucciones Generales integrado de forma plural con representantes de la sociedad civil, de la academia, de la Fiscalía y del

Poder Ejecutivo y será entre todos esos actores que se dictarán las directrices de actuación que la ley denomina Instrucciones Generales. Con respecto a la integración del referido Consejo, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración asumirá el compromiso de hacer el seguimiento y evaluación del funcionamiento con la finalidad de determinar en el futuro si ha sido acertada la integración recogida por la norma o si, en su caso, merece modificaciones. El proyecto en cuestión dispone en el segundo inciso del artículo 45 que los ‘concursos serán abiertos’ y excepcionalmente serán limitados o cerrados a un grupo concreto. La Comisión entiende necesario aprobar el texto tal como fue votado en el Senado, no obstante asumimos el compromiso de estudiar y analizar una posible modificación que invierta los efectos del texto que hoy se propone aprobar. Esto significa que de regla los concursos sean cerrados a Fiscales y Magistrados del Poder Judicial y excepcionalmente sean abiertos a toda la población que cumpla con los requisitos previstos en las respectivas bases. En definitiva, luego de un profundo análisis efectuado por la Comisión y atento a la necesidad de aprobar el presente cuerpo normativo, se aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley tal como fue oportunamente aprobado por el Senado de la República. Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2016 PABLO GONZÁLEZ, Miembro informante, DARCY DE LOS SANTOS, MACARENA GELMAN, ERNESTO PITETTA, JAVIER UMPIÉRREZ, PABLO D. ABDALA, con salvedades por los fundamentos que expresará en Sala, RODRIGO GOÑI REYES, con salvedades por los fundamentos que expresará en Sala, OPE PASQUET, con salvedades por los fundamentos que expresará en Sala, DANIEL RADÍO, con salvedades por los fundamentos que expresará en Sala”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Pablo González.

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SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: el proyecto de ley que está a consideración del pleno recibió la aprobación unánime de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Este instrumento tiene una gran importancia para la Fiscalía General de la Nación, a la que hemos intentado dar todas las herramientas para que asuma los nuevos desafíos y modificaciones que se están produciendo en el orden judicial. Los cambios siempre traen aparejados resistencias y escenarios de evaluación para saber si son eficientes; estamos dispuestos a evaluarlos. Este proyecto de ley, que ha sido votado en el Senado, tiene una breve historia que creemos pertinente conocer a la hora de aprobarlo. Una vez creado por ley el servicio descentralizado de la Fiscalía General de la Nación, su primera resolución fue formar el Consejo Consultivo Asesor, un órgano que aún no tiene rango legal y cuya conformación es cuatripartita. Para eso se consultó a la sociedad civil, a la academia, al sistema político y a los señores fiscales, quienes estuvieron representados por la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay. La primera conformación de este Consejo Consultivo Asesor fue con la presencia del señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Gonzalo Uriarte; un representante de la sociedad civil, que en este caso fue el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Xavier de Mello; un representante de Ielsur -ONG vinculada a los temas de acceso a la justicia-, y un representante de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay. Por el componente político participó, representando al Poder Legislativo, el doctor José Pedro Montero, secretario del Senado, y en nombre del Poder Ejecutivo fue designado, casi al finalizar el proceso, el doctor Miguel Toma, secretario de la Presidencia de la República que, por la razón anteriormente expuesta, casi no participó del debate de este proyecto. Este Consejo Consultivo Asesor, con la integración mencionada, trabajó desde noviembre de 2015 hasta abril de este año, en más de diez sesiones en las que todas las voces se expresaron. No todo el proyecto contó con el consenso de todos los participantes, pero el producto de ese Consejo se

convirtió en el proyecto de ley que ingresó a mediados de año al Senado. Sorprendentemente, en las primeras tres visitas a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, tanto la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay como el Colegio de Abogados del Uruguay y hasta el propio fiscal General de la Nación plantearon cambios al texto remitido. Pero, más allá de los cambios propuestos, creo que es unánime que estamos ante un proyecto de ley que, en primer lugar, resulta necesario. Además, es un proyecto agiornado y bien estructurado. Hace días discutimos en este pleno otros proyectos que tenían que ver con la estructura organizativa de otro ente y veíamos dificultades en la estructura del proyecto. En esta iniciativa las diferencias no son estructurales, sino de índole filosófica, y ese es un debate al que nunca hemos rehuido y que consideramos sumamente necesario. Los temas de la justicia nunca pueden quedar sujetos a esquemas en los que la miopía política atente contra su normal desarrollo. El proyecto cuenta con ocho capítulos. El primero refiere a la misión y ubicación institucional; el segundo incluye los principios generales; el tercero tiene que ver con sus cometidos y funcionamiento, y los siguientes aluden a la organización y la integración, las competencias, el régimen estatutario, el régimen disciplinario y disposiciones varias. El Capítulo I define la misión de la Fiscalía General de la Nación y los aspectos que la configuran, como diseñar y ejecutar una política pública de investigación y persecución penal de crímenes. Asimismo, se incorpora la misión de proteger y atender a las víctimas y testigos de delitos, a las víctimas de violencia doméstica, violencia de género y violencia generacional, y a los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos se encuentren amenazados o vulnerados, así como ejercer el Ministerio Público y Fiscal y la titularidad de la acción pública en materia aduanera. El Capítulo II refiere a los cometidos y funcionamiento; el artículo 15 está referido a las instrucciones generales, que serán elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, aspecto que ha sido parte central de este debate.

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El Capítulo III abarca la estructura orgánica. Por el artículo 19 se crea el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, cuya integración es similar a la del consejo cuatripartito que trabajó en la creación de este proyecto de ley. Hay diferentes opiniones acerca de la integración de este Consejo y, sin duda, será un aspecto a evaluar en el futuro. En lo personal, no me convence la forma en que se resolvió la participación de la sociedad civil. Creo que en el futuro deberemos explorar la posibilidad de que alguna organización supra avale a los representantes de la sociedad civil y asegure cierta continuidad de su representación. Con respecto a la participación de la academia, creo que sería conveniente que participara la Universidad de la República, no la Facultad de Derecho, porque estoy convencido de que es conveniente involucrar a toda la Universidad y contar con una visión multidimensional en estos temas. Algunos señores legisladores plantearon incorporar más voces de fiscales y estoy abierto a evaluarlo porque considero que no es lo mismo ser fiscal en Montevideo que en Artigas o en Rivera, y entiendo que todas las voces deberán estar involucradas cuando se determinen las directivas. El Capítulo IV está referido a las competencias y establece las que existen en los diferentes cargos y unidades que integran la institución; distingue las competencias administrativas y jurisdiccionales del fiscal de Corte, del fiscal adjunto de Corte, de las unidades especializadas y de las distintas fiscalías diferenciadas en razón de materia, especialización y territorio. Se detallan también las competencias del fiscal inspector, de los fiscales suplentes, adjuntos y adscriptos. El Capítulo V incorpora el régimen estatutario de los fiscales, los requisitos para cada categoría, los traslados, las incompatibilidades, la inamovilidad, la remuneración, el régimen de licencias y el cese en el cargo. En el artículo 45 de este Capítulo se resuelve que los concursos serán abiertos y que, en casos excepcionales, podrá limitarse la convocatoria a fiscales y magistrados. Esta norma, de acuerdo con la opinión del propio fiscal, expresada en la Comisión, fue sustituida en el Senado, y él mismo se comprometió a generar las condiciones para que la carrera administrativa de los señores fiscales no se viera vulnerada.

Además, queremos dejar constancia expresa de nuestra voluntad acerca de que esta norma sea a la inversa de como se plantea, es decir, que los concursos sean cerrados a fiscales y magistrados y, en caso excepcional, abiertos. Estamos convencidos de que en la próxima rendición de cuentas podremos saldar este debate y contamos con la palabra del señor fiscal en cuanto a poner especial cuidado en esta temática, para no vulnerar la carrera de los señores fiscales. Ese compromiso es el que nos lleva a no modificar el texto en esta oportunidad y a generar, a partir de la aprobación en el día de la fecha, una herramienta clave y necesaria para la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, se incorpora el artículo 47, con un aspecto a nuestro juicio ya superado, como la toma de juramento, ya que creemos que la forma correcta de expresarlo sería como promesa. Consideramos que este no es un tema de fondo aunque, de todos modos, queremos subrayar que no compartimos que se mantenga este tipo de simbología en la normativa vigente. El Capítulo VI es el relativo al régimen disciplinario. En este sentido, la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay planteó la necesidad de quitar el homicidio culposo de las faltas muy graves, lo cual nos parece que se puede solucionar posteriormente, ya que lo compartimos. El Capítulo VII refiere a las disposiciones varias o transitorias y el Capítulo VIII tiene que ver con las derogaciones. Este es el proyecto que aprobó el Senado y que elaboró un consejo al que se incorporaron todas las voces. La Cámara de Diputados no está modificando el texto para facilitar su aprobación en el día de la fecha pero, como hemos dejado claro, estamos dispuestos a continuar trabajando porque no renunciamos a nuestra función de legislar, sino que estamos abriendo un paréntesis en el que evaluaremos la eficiencia del instrumento y corregiremos todo lo que sea necesario una vez que esto se haya puesto en marcha. Por lo expresado, solicitamos al Cuerpo que apruebe este proyecto tal como vino del Senado. Gracias.

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SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: empiezo reiterando la importancia que -sin ninguna duda- el tema que estamos analizando tiene para la vida institucional del país, para la vigencia del Estado de derecho, para el pleno cumplimiento de las normas constitucionales -particularmente aquellas que establecen garantías individuales- y para el principio de separación de Poderes, que también es de raigambre constitucional. Este proyecto o esta ley -una vez que la iniciativa adquiera vigor jurídico o valor y fuerza de ley-, si bien tiene la característica de ser una norma ordinaria desde el punto de vista formal, es de aquellas que tienen naturaleza constitutiva. Se trata de una ley orgánica; es la ley que organiza el Ministerio Público y regula la actividad de los fiscales y que, por lo tanto, atañe a todos los aspectos a los que me referí con anterioridad. Por eso nos da mucha pena -lo reiteramos- que el Parlamento y, particularmente, la Cámara de Diputados no se hayan dado más tiempo -teniéndolo y contando con la posibilidad de dedicarle más trabajo parlamentario o más horas y más días de análisis en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración-, a los efectos de obtener un resultado legislativo diferente o, por lo menos, mejor, que sin duda en muchas aristas era y es necesario y habría sido deseable que así aconteciera. No tengo más que remitirme a las expresiones del señor miembro informante, que debo decir comparto en términos generales. Suscribo el único informe que emanó de la Comisión, más allá de las salvedades que con relación a esto tenemos y que vamos a expresar a continuación. Si se prestó debida atención a lo expresado por el miembro informante, se habrá advertido que puso el énfasis, en particular, en aquellos aspectos que no lo convencen mucho, que reconoce que habría que mejorar y que en algún momento será menester revisar; después hizo referencia a una serie de generalidades en cuanto a los contenidos del proyecto, que seguramente todos compartimos. Durante el trabajo en la Comisión esta constatación muchas veces fue dicha en voz baja, pero ahora se expresa en voz alta. Además, en la última sesión, en oportunidad en que la Comisión se abocara a la

votación del proyecto de ley y todos dejáramos algunas constancias -algún otro señor legislador del partido de gobierno, con la misma honestidad intelectual, expresó reflexiones de igual tenor-, este asunto llegó a la consideración de los señores diputados puesto que, sin ninguna duda, hay aspectos que son mejorables y, a nuestro juicio, debieron haber sido mejorados. Eso es lo que explica en el Uruguay y en todos aquellos países en los que rigen sistemas institucionales como el nuestro desde el punto de vista de la organización del Poder Legislativo que el principio de la bicameralidad no fue establecido por capricho. Precisamente, se establece a los efectos de que la segunda Cámara pueda mejorar aspectos que la primera no supo, no previó o no resolvió de la mejor manera posible y de que, a partir del acuerdo de las dos ramas del Poder Legislativo, se llegue a un mejor resultado. Lamentablemente, con relación a este tema de tanta importancia, ese efecto no se logrará. Eso nos apena mucho, porque la discusión de este tema se remonta al inicio de la actual legislatura, cuando el Poder Ejecutivo promovió la reubicación institucional del Ministerio Público y Fiscal, que todos acompañamos. Como recordarán, por una ley que se aprobó el año pasado, se creó un servicio descentralizado para que administrara las actividades de los fiscales. Ese proceso tuvo un punto alto en ocasión del diálogo multipartidario que se llevó adelante en el ámbito de la Presidencia de la República. En esa ocasión, el Poder Ejecutivo introdujo este tema en la agenda y recibió reclamos de los partidos de la oposición que entendieron que, por la delicadeza y la naturaleza de este asunto, no parecía sensato que las decisiones se procesaran en un ámbito restringido, que si bien contaría con la representación de los distintos partidos políticos, no era el espacio de análisis definitivamente legítimo, que es el del Poder Legislativo, en este caso, la Cámara de Representantes. El presidente de la República aceptó ese temperamento: estuvo de acuerdo con que esta iniciativa no se abordara en el ámbito de esa negociación multipartidaria y viniera al Poder Legislativo para que, desde cero, se empezara aquí su discusión y su análisis. Este proyecto es importante porque viene a saldar un debe o a compensar una omisión que el sistema político arrastra desde la reinstitucionalización democrática del año 1985. La actual Ley Orgánica del

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Ministerio Público y Fiscal proviene de la dictadura militar; se trata de un decreto ley del año 1982. Esa es la norma jurídica que ha regido la actividad de los fiscales a lo largo de más de treinta años de vigencia del sistema democrático. Es decir que la función primordial del Ministerio Público y Fiscal, en su condición de representante del interés público y de la sociedad, ha estado regida por una norma que proviene de los tiempos del gobierno de facto. Hechas estas consideraciones iniciales, formularemos algunos comentarios específicos con relación a la propuesta que estamos analizando. Este proyecto es necesario -más allá de que no nos satisfaga completamente el texto que estamos abordando- en función del cambio de modelo del sistema procesal penal que se dará en Uruguay a partir del mes de julio de 2017. La circunstancia de que el país transite hacia un modelo acusatorio, en el que los fiscales y, por tanto, el Ministerio Público y Fiscal tendrán a su cargo la tarea de la investigación y de la persecución penal, implica la demanda adicional de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal. Eso es necesario para actualizar el estatuto de los fiscales y modernizar desde el punto de vista normativo las definiciones que tienen que ver con el régimen estatutario de los señores magistrados, y para definir con claridad los límites que hacen a su competencia jurisdiccional y a las relaciones entre los derechos y las obligaciones. Además, como dijimos antes, esto puede tener consecuencias más o menos favorables para la vigencia del Estado de derecho, para los derechos de los ciudadanos y para otro aspecto de enorme importancia -sin duda, es una novedad entre nosotros-, que es la definición de la política criminal. En la medida en que serán los fiscales y el Ministerio Público y Fiscal los encargados de llevar adelante las investigaciones que conduzcan a reunir las pruebas necesarias para poder encausar al presunto autor de un delito en un proceso penal, y a los efectos de realizar lo que se conoce como pretensión punitiva del Estado, resulta absolutamente necesario que las normas y la ley vigente reciban la actualización suficiente y necesaria. En cuanto a los contenidos, debo decir que el análisis de este proyecto me genera sentimientos contradictorios. Nosotros vamos a votar a favor el proyecto en general, como hicimos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Adminis-

tración. También votaremos buena parte de las disposiciones que componen esta iniciativa. Sin embargo, hay algunas definiciones que, desde nuestro punto de vista, son verdaderamente preocupantes y tienen un alcance tal -por eso hablo de sentimientos contradictorios- que en determinado momento nos llevaron a la duda razonable de replantearnos nuestra actitud con relación a este proyecto de ley. Finalmente, resolvimos mantener la tesitura que el Partido Nacional había adoptado en el Senado y votar a favor esta iniciativa en general. Hay un primer aspecto que, a nuestro juicio, se resuelve bien; si no fuera así, desde luego no estaríamos acompañando esta iniciativa. Me refiero a la determinación de los límites con un principio que debe ser debidamente armonizado para mantener la independencia de los fiscales, el principio de la unidad de acción, según el cual la conducción del Ministerio Público y Fiscal establece instrucciones generales de actuación, respetando de modo riguroso la independencia de criterio de cada uno de los fiscales actuantes en el caso concreto y en la dilucidación de los asuntos que se ponen a su consideración. Creemos que los artículos 4º y 5º resuelven bien ese aspecto. Además, se agrega una dosis de tranquilidad importante en el artículo 16, que establece que los fiscales actuantes en cada caso podrán interponer objeciones a esas instrucciones generales cuando entiendan que estas contradicen la Constitución de la República, las normas internacionales o las leyes vigentes. A partir de la vigencia de la norma veremos cómo funciona este nuevo sistema en el país, que implica un cambio conceptual y cualitativo muy importante. Desde el punto de vista de lo que se puede prever, podríamos decir que la solución nos parece razonablemente equilibrada. La mayor objeción que tenemos con relación a esta propuesta -es decir, lo que no nos gusta nada; nos da mucha lástima que no se haya generado un debate más intenso y profundo en cuanto al mecanismo institucional que se crea- tiene que ver con la creación del llamado Consejo Honorario de Instrucciones Generales, que figura en el artículo 19. Este será un ámbito multidisciplinario que tendrá representaciones diversas: estarán el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, representantes del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil -en los términos

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que expresaba con acierto el señor miembro informante- y de la Facultad de Derecho, además de un solo representante de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay. Es decir que un solo magistrado fiscal actuante integrará este Consejo Honorario, que será un ámbito de enorme significación a la hora de definir la política criminal. Tengamos en cuenta que de este Consejo Honorario surgirán nada más y nada menos que las instrucciones generales que definirán -más allá del caso concreto- el marco de referencia dentro del cual los magistrados actuantes deberán encuadrar su actuación y que, en los hechos, implicará definiciones en cuanto a los límites, la forma, el estilo y el alcance de la persecución penal. No es que estemos postulando -no fue postulado por el fiscal de Corte en esos términos- el incum-plimiento de la ley. Lo que a partir de esto puede llegar a suceder es que, con relación a conductas definidas como delito por el Código Penal -la Fiscalía General de la Nación será la que después lo ejecutará-, este ámbito definirá según las circuns-tancias qué delitos se perseguirán primero que otros y eventualmente cuáles, por su entidad, por la falta de indicios o por la falta de convicción suficiente se dejarán de perseguir, por una razón de eficiencia a la hora de la persecución penal, y por una razón de eficacia a la hora de la persecución de los delitos. Entiendo que el objetivo es razonable, pero el Poder Legislativo tiene que ser muy cuidadoso a la hora de definir a quién vamos a encomendar una misión tan delicada. A través de esta iniciativa la estamos encomendando a este ámbito, que en buena medida es heterogéneo. Como decía muy bien el señor miembro informante, no está resuelto cabalmente de qué forma se determinará la representación de la sociedad civil. Con seguridad, el representante de la sociedad civil quede al arbitrio y a la decisión última del fiscal de Corte. Tal como está planteada la integración de este Consejo Honorario, el día de mañana podría darse -no es una alusión al actual fiscal de Corte, doctor Díaz, sino en todo caso una reflexión válida con vocación de futuro- que el fiscal de Corte se pusiera de acuerdo con el ministro del Interior. Allí radicará el poder de decidir y de definir las instrucciones generales y los criterios que el Ministerio Público observará, en términos generales, a

la hora de perseguir los delitos. Creo que eso puede ser esencialmente peligroso. Considero que hay que acudir al derecho comparado. La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, que por supuesto se opuso a esta resolución, cuando concurrió a la Comisión nos dio pautas e información muy provechosa que nos permitió advertir que en otros países esto se ha resuelto de manera diferente. En Argentina, en Chile y en otros países de la región, la participación de fiscales, es decir de quienes están más directamente relacionados con la función fiscal propiamente dicha, en organismos que asesoran o definen directrices, tiene una injerencia y una determinación mucho mayor a la hora de la definición de la política criminal. El fiscal de Corte, a sabiendas de que esto no generaba, como de hecho no generó, una gran aceptación, ni siquiera niveles de tranquilidad importantes en el sistema político, cuando compareció ante la Comisión expresó -diría que atajándose- que esta era una solución experimental, que nos daríamos un tiempo para ver cómo funcionaba y que si no funcionaba bien, él, antes que nadie, se encargaría de proponer al Parlamento una solución diferente. Yo creo, señor presidente, que habría sido mejor acotar los márgenes de la improvisación y haber hecho un esfuerzo de imaginación y de análisis, aunque nos tomara más tiempo, para llegar a una solución institucional bastante más apropiada, que nos diera más garantías, certezas o probabilidades, o un margen de error menor en el sentido de que lo que hoy estamos disponiendo nos dé la tranquilidad de que el asunto funcione de mejor manera en el futuro. Esto me preocupa mucho a la luz del artículo 13, en particular su literal A) del proyecto de ley que estamos analizando, en el que se definen los cometidos de la Fiscalía General de la Nación. En este aspecto el proyecto de ley tiene un contrasentido, porque si las directrices corresponderán a este Consejo Honorario, como por un lado se postula, no parece sensato, y por eso votaremos en forma negativa, que el primer cometido que se establezca para la Fiscalía General de la Nación sea fijar la política pública de investigación y persecución penal. Eso es lo que está en directa relación con las

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instrucciones generales. En esta iniciativa no se debería hablar de que el fiscal de Corte o de que la Fiscalía General de la Nación -es la misma cosa: el fiscal General es su titular- será la encargada de fijar la política. No. En principio, se supone que el proyecto preconiza una solución distinta, estableciendo que la política se define en ese ámbito multidisciplinario, por ponerlo en esos términos, o con participación de distintos organismos públicos. Creo, además, señor presidente, que debió haber sido más amplio, que debió contener una mayor representación de los señores fiscales y una representación del Poder Legislativo. ¿Por qué el Poder Legislativo quedará fuera de las definiciones vinculadas con la política criminal? ¿Por qué no hay una representación del Poder Judicial, más allá de que no sea el que acusa, ya que el juez resuelve en función de la acusación fiscal? ¿Por qué no oír o no dar participación al Poder Judicial? No olvidemos que, en el marco de sus relaciones con el Poder Ejecutivo, el artículo 230 de la Constitución establece que el Poder Judicial asesora al Poder Legislativo a la hora de aprobar leyes y definiciones legislativas vinculadas con la administración de justicia. ¿Por qué no dar participación a la Suprema Corte de Justicia, convirtiéndolo en un ámbito más amplio, que a todos nos dé más garantías a la hora de definir un tema tan delicado como este? Esta es, sin duda, la objeción principal. Tenemos otras objeciones. Lo que se ha dispuesto, y aquí se intentó explicar, con relación a los concursos, tal como está definido por ley, nos parece una pésima solución. Implica, ni más ni menos, consagrar una excepción a los principios generales de la carrera administrativa a la que, sin ninguna duda, los fiscales están sometidos. Parece razonable que los concursos sean públicos y abiertos, a efectos de ingresar al organismo y de incorporar o designar nuevos fiscales. Lo que no parece sensato -creo que es otorgar un poder extraordinario al titular del organismo, en este caso el fiscal General de la Nación- es que cuando se produzca una vacante, y por tanto haya que promover un ascenso, se realice un concurso abierto para que cualquier profesional abogado se pueda presentar y acceder a ella con más o menos antecedentes, con mayor o menor conocimiento de la materia a la que es convocado y por criterios subjetivos definidos por el fiscal General de la Nación o por la propia Fiscalía, interrumpiendo la

carrera administrativa y la carrera técnica y funcional de los fiscales, que se supone que a medida que ejercen su función en el ámbito del organismo van adquiriendo experiencia, que resulta necesaria para el perfeccionamiento de la función. No nos gusta mucho el capítulo relativo a las faltas. También en este caso habríamos preferido analizar esto con la profundidad que el debate no tuvo. Particularmente -lo dijimos en la Comisión y todos coincidimos en ello-, hay un error muy grave en el literal C) del artículo 68, cuando se definen las faltas muy graves, en la medida en que se reputa como tal tanto el delito intencional como el delito culposo, que son situaciones absolutamente diferentes: en un caso se actúa con conciencia y voluntad y en el otro hay una responsabilidad de otra naturaleza y, por tanto, no debiera conducir a la configuración de una falta muy grave. Esto es muy delicado porque tiene que ver con las normas y con el estatuto que regula la actividad de los señores fiscales. Consideramos que hay otras disposiciones que tampoco fueron bien resueltas, como la equiparación de las remuneraciones y de las retribuciones de los señores fiscales con relación a los funcionarios del Poder Judicial, que debieron merecer un tratamiento diferente, como reclamó la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay y nosotros estuvimos de acuerdo. Por estas razones, señor presidente, votaremos por la afirmativa el proyecto de ley en general, pero en la discusión particular nos pronunciaremos en contra de estos aspectos que muy rápidamente hemos intentado reseñar. Desde nuestro punto de vista, estas disposiciones rebajan la calidad del resultado legislativo referido a una ley que, reitero, es de enorme importancia. Más allá de que después se pueda corregir, creo que mucho bien habría hecho al nacimiento del nuevo sistema y al inicio de la nueva etapa que históricamente empieza a transitar el país en los próximos meses, si nos hubiéramos dado el tiempo suficiente para que la Ley Orgánica del Ministerio Público fuera aprobada por el Poder Legislativo de mejor manera. Gracias, señor presidente.

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13.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: Del señor Representante José Carlos Mahía, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. De la señora Representante Gabriela Barreiro, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Cachón Mariño. Del señor Representante Luis Gallo Cantera, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Rodrigo Amengual Menéndez.

“Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, Gabriela Garrido”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Gabriela Garrido. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Gabriela Garrido. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los días mencionados al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Eduardo Márquez. Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2016. VALENTINA RAPELA, MIGUEL ESTÉVEZ, JOSÉ CARLOS MAHÍA”.

——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, y se los invita a ingresar a sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 28 y 29 de diciembre, por motivos personales, y que se convoque al suplente correspondiente. Saluda atentamente, JOSÉ CARLOS MAHÍA Representante por Canelones”.

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“Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente solicito licencia por motivos personales, para los días 28 y 29 diciembre del 2016. Asimismo, solicito se convoque al suplente respectivo. Sin otro particular, lo saluda cordialmente, GABRIELA BARREIRO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de la presente, de acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular para los días 28 y 29 de diciembre de 2016, comunico a usted mi renuncia por única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, le saluda muy cordialmente, Santiago Brum”.

La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Gabriela Barreiro, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Santiago Brum. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los días mencionados al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Cachón Mariño. Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2016. VALENTINA RAPELA, MIGUEL ESTÉVEZ, JOSÉ CARLOS MAHÍA”. “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por motivos personales, por los días 28 y 29 de diciembre, y que se convoque al suplente respectivo. Saluda atentamente, LUIS E. GALLO CANTERA Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Gabriela Barreiro. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Santiago Brum. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Gallo Cantera. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Cane-

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lones, Luis Gallo Cantera, por los días 28 y 29 de diciembre de 2016. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los días mencionados al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Rodrigo Amengual Menéndez. Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2016. VALENTINA RAPELA, MIGUEL ESTÉVEZ, JOSÉ CARLOS MAHÍA”. “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por motivos personales para el día de la fecha. A su vez, solicito se convoque al respectivo suplente. Sin más, saluda atentamente, MARTÍN LEMA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico que renuncio por única vez a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes en suplencia del diputado Martín Lema. Sin más, saluda atentamente, Nicolás Martinelli”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Lema. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de diciembre de 2016. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nicolás José Martinelli. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de

1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Lema, por el día 28 de diciembre de 2016. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nicolás José Martinelli. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor José Luis Satdjian. Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2016. VALENTINA RAPELA, MIGUEL ESTÉVEZ, JOSÉ CARLOS MAHÍA”.

14.- Fiscalía General de la Nación. (Se regula su organización y funcionamiento)
——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: votaremos por la afirmativa este proyecto de ley porque, en general, compartimos sus soluciones, pero cuestionaremos alguna disposición y solicitaremos el desglose de algunos artículos por entender que el texto no es el más adecuado, que pudo haberse mejorado sustancialmente. Empezamos por decir que este es -como ya se ha señalado- un proyecto de gran importancia, absolutamente indispensable para que funcione el nuevo proceso penal que empezará a regir en julio del año próximo. Ese nuevo proceso penal confía la investigación de los delitos a la Fiscalía, de tal manera de asegurar que el juez sea un tercero imparcial y no alguien que se involucra directamente en la investigación de los hechos. De esa manera, al restituir al juez a la posición de tercero imparcial, supraordinado a las partes -como dicen las definiciones doctrinarias- es como aseguramos mejor los derechos de los imputados en el proceso penal.

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El fiscal va a tener a su cargo la investigación, y para que pueda cumplir esta función es necesario reorganizar la Fiscalía, el Ministerio Público. A esa finalidad concurre, precisamente, este proyecto de ley que introduce una serie de disposiciones plenamente compartibles, que procuran dar al Ministerio Público una estructura más moderna, más ágil, más adecuada a las finalidades que debe cumplir la institución. En ese sentido, creo que el nervio del proyecto está en el artículo 15, que establece la posibilidad de que se dicten instrucciones generales para asegurar la unidad de acción de los fiscales en todo el territorio de la República. Hasta hoy no existía en nuestro derecho esta posibilidad. No se podía dictar instrucciones generales y cada fiscal actúa -lo hará hasta que entre en vigencia esta ley- en el marco de la más absoluta independencia técnica, exactamente igual a como lo hacen los jueces, por ejemplo. De esta manera, resulta que las decisiones en materia de persecución penal -qué es lo que se investiga, qué es lo que se persigue primero, qué es lo que se posterga porque no se considera tan importante o por la razón que fuere- las adopta cada fiscal, actuando en cada juzgado. Se produce una desconcentración total de las potestades públicas en materia de investigación y persecución penal. Eso que pudo ser adecuado y suficiente durante mucho tiempo deja de serlo cuando es preciso enfrentar modalidades delictivas cada vez más agresivas, cada vez más violentas, cada vez más peligrosas, con conexiones internacionales que desafían a las autoridades públicas como no lo habían hecho, seguramente, en el pasado. Para hacer frente a todo eso, la Fiscalía tiene que estar pertrechada con los elementos que necesita y la posibilidad de dictar instrucciones generales, es decir, de dar coherencia y unidad a la acción de los fiscales en la aplicación de la política criminal; es una herramienta indispensable. Se dirá: ¿es que hasta hoy no había criterios generales en materia de persecución penal? Sí, los hay; pero ¿de dónde vienen esos criterios generales? Vienen del Ministerio del Interior, de la Policía. Cada juez actúa con independencia, cada fiscal actúa con independencia pero ¿dónde está el hilo conductor de las investigaciones? ¿Dónde está el que prioriza, el que dice: “Vamos a buscar primero acá y después allá”, o el que dispone, por ejemplo: “Vamos a dejar de perseguir las bocas de pasta base en cada barrio

porque nos interesa ir por los narcotraficantes más importantes”? ¿Esas decisiones hoy no las toma nadie? Por supuesto que sí. Las toma el Ministerio del Interior. Las toma la Policía. Históricamente ha sido así. Este proyecto introduce un cambio sustancial: a partir de ahora, esas decisiones las va a tomar la Fiscalía General de la Nación y las va a expresar a través de instrucciones generales, que son las del artículo 15. Yo creo que esto es bueno y necesario. Me hago cargo de que de esta manera chocamos con cierta visión muy extendida hasta el día de hoy acerca de lo que debe ser la independencia técnica de los fiscales. Pienso que el proyecto deslinda bien, por un lado, instrucciones generales para marcar las grandes líneas de política y, por otro, independencia técnica irrestricta de cada fiscal frente al caso concreto. Este proyecto no va a permitir que el fiscal General de la Nación llame a un fiscal y le diga: “No tiene que acusar a Fulano”, “Tiene que pedir el archivo de ese expediente” o “Tiene que pedir la pena máxima para Mengano”. El proyecto lo impide porque asegura la independencia técnica del fiscal en cada caso concreto. Esto es fundamental y está asegurado en este proyecto de ley; si no fuera así, naturalmente no lo votaríamos. Corresponde señalar que en otros países la solución no es esta. En un país muy democrático y tan adelantado en tantos sentidos como España, por ejemplo, en el Ministerio Público cabe que se impartan instrucciones particulares, es decir, para el caso concreto. El jerarca del Ministerio Público puede llamar a un subalterno y decirle: “Acuse”; “No acuse”; “Pida pena mayor” o “Pida pena menor”. En el Uruguay no vamos a permitir que esto suceda. Optamos por otro modelo. Admitimos, a partir de ahora, las instrucciones generales pero seguimos consagrando la independencia absoluta de cada fiscal frente al caso concreto. Me parece que ese es un buen equilibrio, que es necesario y que la innovación que introducen las instrucciones generales es necesaria en la evolución de nuestro derecho y en la adecuación de nuestras defensas frente al fenómeno del delito. Me parece mejor, francamente, que la coordinación general de la política de persecución penal esté a cargo de un servicio descentralizado que, por definición, está fuera de la línea jerárquica del

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Poder Ejecutivo, de la Policía. Considero que para un Estado de derecho es más adecuada esta solución que la que hasta hoy tenemos y que podamos mañana llamar al señor fiscal de Corte al Parlamento y discutir con él las soluciones que propone en materia de persecución penal, por qué se persigue con preferencia algunos delitos, por qué no se ha sido enérgico en la persecución de otros y todas las cuestiones que pueden surgir con relación a estos temas. Creo que es un adelanto que esto se haga público, se transparente, que tengamos una institución formalmente encargada de la definición de estos temas tan importantes, que eso esté sometido al control del Parlamento y, de esta manera, avancemos enfrentando el delito con criterios modernos pero sin menoscabar las garantías individuales ni la potestad de control del Parlamento, que es fundamental asegurar. Ahora bien, la otra cuestión es cómo se van a dictar estas instrucciones generales. Esto es lo que está encomendado por el artículo 19 del proyecto a un Consejo Honorario, que va a ser el que elabore materialmente estas instrucciones generales. Digo “elabore materialmente” porque la impresión que tengo de la lectura del proyecto, sin haber podido recabar asesoramiento de los expertos en el tema, es que a partir de la elaboración material de las instrucciones generales por el Consejo Honorario, la asignación de eficacia jurídica a esas instrucciones la hace exclusivamente el fiscal de Corte. El acto jurídico emana de la Fiscalía de Corte, y creo que por eso se señala como uno de los primeros cometidos en el artículo 13 fijar la política criminal, etcétera. O sea que, desde este punto de vista, no comparto las observaciones del señor diputado Abdala; quizá sea él quien tenga razón. Yo no he podido ir a fondo en el estudio de este asunto, pues no he tenido tiempo para hacerlo. Mi primera impresión es que la elaboración material de las instrucciones generales las hace el Consejo Honorario y que el acto jurídico que da a las instrucciones generales el carácter de elemento vinculante y obligatorio emana exclusivamente del órgano Fiscalía de Corte. Entonces, desde ese punto de vista, no me merece reparo el primer apartado del artículo 13. Ahora me voy a referir a la integración del Consejo Honorario, que fue muy discutida, muy

debatida en el Senado. Francamente, no me conforma la solución que se adoptó, tal como queda integrado en este proyecto. Creo que hubiésemos podido trabajar al respecto y mejorar la solución. Lamento que no nos hayamos dado tiempo para hacerlo. Si todos estamos tan convencidos de que esto es importante, hubiésemos podido trabajar en este proyecto en el mes de febrero a más tardar, y tendríamos una iniciativa mejorada y la ley ya vigente en el mes de marzo. Así no se perdería nada, y hubiésemos llegado muy bien a la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Pero no se quiso esperar, se quiso aprobar esto tal como venía y ahora tenemos este artículo 19 que me merece reparos, no tanto por las entidades o por los actores que van a estar representados en el Consejo Honorario; no me molesta tanto los que están como los que no están. Creo que los grandes ausentes en el Consejo que va a elaborar las instrucciones generales para los fiscales son, precisamente, los fiscales. Se prevé la presencia de un representante de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, pero esta es una asociación gremial cuya función legítima consiste en representar y defender los intereses del gremio. Acá está en juego otra cosa. Puede ocurrir perfectamente que el representante de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay se haya destacado en la defensa de los intereses gremiales, pero que no sea la persona con más conocimiento técnico, con más experiencia y prestigio entre sus pares. Me gustaría que en este Consejo estuvieran, precisamente, los fiscales con más experiencia, con más conocimiento, los que no tienen nada que esperar o temer del fiscal de Corte porque ya terminaron sus carreras, porque ya son fiscales en Montevideo después de décadas de servicio en el Ministerio Público. Entonces, desde esa posición, con esa experiencia y conocimiento, aconsejan acerca de cómo deben actuar los fiscales, que es su materia específica. La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal señalaba que la ley argentina fue tomada como modelo para la elaboración del proyecto de ley que estamos considerando. Cuando estatuye acerca de la composición del Consejo que va a dictar las instrucciones generales, dice que estará compuesto por el fiscal general y seis fiscales, es decir, siete miembros en total. Resulta que nosotros

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nos apartamos de la solución argentina y no incluimos a ningún fiscal que esté en la comisión por ser tal, sino que va el representante del gremio, pero no un fiscal precisamente por ser tal. Creo que esta solución no es buena y que, francamente, sería mejor dar cabida en el Consejo Honorario a los fiscales con más experiencia, con más trayectoria y prestigio, que son los que mejor pueden asesorar en la materia que constituye su oficio. Tampoco me conforma la forma en que se prevé la incorporación de un representante de la sociedad civil, pues la elige el propio fiscal de Corte. Si este Consejo Honorario de alguna manera tiene que funcionar como un contrapeso del fiscal de Corte, que lo asesore y, al mismo tiempo, evite que esto sea materia de decisiones puramente personales, no parece lo más razonable que sea el propio fiscal quien los elija, porque hay una tentación muy natural y humana que es no contrariar a aquel que por su sola y discrecional decisión determinó que yo estuviera sentado en cierto lugar. Tampoco me satisface esa solución. Creo que todo esto era mejorable y hubiésemos podido llegar a soluciones de consenso pero, lamentablemente, se optó por el camino de la vía rápida, del fast track, y hoy estamos votando sin habernos dado esas chances. Otras disposiciones del proyecto de ley nos merecen reparos aunque de menor entidad. El núcleo del asunto está en las instrucciones generales y en quién las dicta, y a eso debemos estar muy atentos porque, en definitiva, se va a dar cuenta de las instrucciones generales a la Asamblea General y el Parlamento deberá estar dispuesto y en condiciones de corregir el rumbo si entiende que este es equivocado, dictando a través de la ley las líneas generales de política criminal que entienda pertinentes. Creo que eso también exigirá una nueva función o modalidad de ejercicio al Parlamento, que tendrá que actuar no solamente estableciendo tipos penales, aumentando y disminuyendo las penas sino que, eventualmente, deberá indicar rumbos a la política criminal. Me parece que esta es una anotación que conviene tener presente. En notado fiscales. nuestro cuanto a otras observaciones, se habrá que hice referencia a los magistrados Esta denominación hasta hoy es la usual en derecho, porque las normas vigentes en

materia de Ministerio Público llaman magistrados a los fiscales. Con este proyecto de ley dejan de llamarse así. El señor fiscal de Corte aporta una fundamentación muy seria que empieza en el diccionario de la Real Academia Española para justificar el porqué de la supresión del término. Asimismo, los fiscales entienden que de esta manera se disminuye, siquiera simbólicamente, su jerarquía y dicen que no hay motivo para cambiar una denominación que toda la vida tuvieron, que consagra la ley argentina y que en tantas otras partes sirvió de modelo a este proyecto de ley. Quería dejar señalado este aspecto. Más importante me parece una observación que el miembro informante señalaba. En el segundo inciso artículo 45, que refiere al concurso para la provisión de cargos en el Ministerio Público, se establece que los concursos serán abiertos y que será en casos excepcionales, debidamente fundados, que podrá limitarse la convocatoria a fiscales y magistrados del Poder Judicial. Cuando el fiscal de Corte visitó la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, explicó que la solución que se quiso consagrar fue exactamente la opuesta, es decir, el principio de concurso cerrado a fiscales y magistrados por respeto a la carrera administrativa, que es lo lógico. Si alguien está haciendo su carrera en el Ministerio Público, dedica su vida a ello y no hace otra cosa, y resulta que un día queda vacante un cargo superior, es natural que esa persona diga: “Bueno; somos mis pares y yo los que tenemos que dirimir esto, es decir, quién va a ocupar el cargo entre los fiscales”. El concurso abierto a personas ajenas al escalafón del Ministerio Público o al Poder Judicial puede ser una solución excepcional; no me parece correcto eliminar esa posibilidad, pero hay que preservarla a título excepcional. En esta iniciativa, seguramente por un error en la redacción o por inadvertencia, se fue al criterio opuesto: en principio, los concursos son abiertos y, excepcionalmente, podrán ser cerrados. Me parece que así menoscabamos gravemente la carrera funcional de los señores fiscales, que tienen derecho a que se les ampare en su carrera. Si les vamos a exigir como funcionarios que son, reconozcámosles también los derechos, y un derecho fundamental del funcionario es el derecho a la carrera. De esta manera, lo estamos cercenando, y no costaba nada arreglar esto, porque el fiscal de Corte dijo: “Lo que yo quiero es al

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revés”. Estamos todos de acuerdo con que tiene que ser al contrario, pero lo vamos a sancionar como vino del Senado porque no queremos introducirle ninguna modificación. También me place coincidir con el señor miembro informante en cuanto a que el artículo 47 consagra una antigualla, que es la del juramento antes de que los fiscales entren a prestar servicio, que ya no tiene razón de ser. En un Estado laico no corresponde jurar por nada ni ante nadie, sino que corresponde que el funcionario empeñe su palabra, dé su palabra de que va a cumplir la Constitución y la ley. Teniendo en cuenta este criterio fue que el Senado modificó su reglamento. Entonces, lo que antes era el juramento de los senadores hoy es una promesa. Con el mismo criterio, que me parece irreprochable, hubiese debido modificarse este artículo 47 pero, lamentablemente, no va a ser así. Asimismo hay incongruencias en la parte sancionatoria. Algunas ya han sido señaladas en la Comisión por la representación de la Fiscalía de Corte. Resulta que en el literal D) del artículo 70, relativo a las sanciones, se prevé como una de las sanciones aplicables la pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años. A continuación, en el artículo 71, se establece que la pérdida del derecho al ascenso será por el plazo máximo de dos años. O sea, en una disposición se establece que la pérdida del derecho al ascenso podrá ser hasta por cinco años y en la siguiente por un plazo máximo de dos años. Es una evidente incongruencia que no costaba nada salvar. Creo que se hubiera podido hacer algún ajuste en el artículo 49, que establece las libertades de que gozarán los fiscales, es decir, libertad de expresión, de asociación y de reunión, conforme a la normativa y demás, todo lo cual está muy bien. Sin embargo, hay que leer ese artículo en correlación con el artículo 61, cuyo literal J) establece que los fiscales deberán abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, con el alcance previsto por el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República. Un detalle menor, pero que mejora el proyecto, hubiera sido agregar en el artículo 49, referido a las libertades, que todo lo que en él se establece es sin perjuicio de lo dispuesto por el otro artículo, a fin de evitar cualquier duda al intérprete. Los fiscales pueden opinar de muchas materias, pero de ninguna

manera pueden tener otra actividad política que no sea la emisión del voto. En suma, este es un proyecto que en general compartimos, que aporta una solución necesaria a nuestro derecho positivo, pero que hubiésemos podido mejorar sensiblemente con un poco más de trabajo parlamentario. En su oportunidad pediremos el desglose del artículo 19, que crea el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, dado que lo votaremos en forma negativa. Muchas gracias. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: a medida que transcurre este debate, creo que va quedando claro que el punto más polémico radica en el artículo 19, que crea el Consejo Honorario de Instrucciones Generales y, por lo tanto, en la forma de definir dichas instrucciones generales y, a partir de allí, la política criminal. Insisto en que advierto una inconsistencia en el proyecto; diría que hay una contradicción entre dos de sus artículos: el 19, a esta altura ya célebre, y el literal A) del artículo 13. Si bien comparto que el concepto de fijar la política puede estar referido a un obrar administrativo, al ejercicio de la función administrativa y, por lo tanto, a dar consagración a lo que teóricamente antes resolvió el Consejo Honorario, también es verdad que el literal A) introduce otro verbo nuclear, que es bastante más que el obrar administrativo, que es el verbo “diseñar”. Este verbo tiene que ver con optar, con hacer opciones de política, en este caso de política criminal. A ese respecto advierto que hay una clara inconsistencia; no hay en esto una contradicción con lo que expresaba el señor diputado Pasquet, porque efectivamente hubiéramos necesitado más tiempo para dirimir el alcance y los límites de los cometidos del fiscal en tanto Fiscalía General de la Nación y de los cometidos del Consejo Honorario. No se puede establecer, por un lado, que la política criminal o las instrucciones las define un Consejo Honorario, en el que teóricamente el fiscal es solo una quinta parte y, por otro, que el fiscal tiene en primer lugar el cometido de diseñar la política criminal. Mucho me preocupa que esa

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inconsistencia o contradicción aparente -ojalá sea simplemente un problema de redacción- tenga que ver con alguna situación más compleja y que, en realidad, el subconsciente haya traicionado en algún momento a quien concibió esta solución y redactó el proyecto de ley. En mi intervención inicial, cuando hice referencia al proyecto en general dije que, tal como estaba concebido este Consejo Honorario, habría probabilidades de que el fiscal de Corte -este o quien sea en el futuro-, eventualmente pudiera ejercer una influencia tal en las definiciones de ese Consejo que terminara ni más ni menos que él mismo definiendo la política criminal. Esa situación podría estar en sintonía con lo que directamente se consagra en el literal A) del artículo 13. Reitero, comparto que es necesario que haya otros actores -lo dije antes- y una presencia mayor de magistrados fiscales, que bastará con esta conformación para que el señor fiscal de Corte haga un acuerdo con relación a estos temas con el señor ministro del Interior para que allí radique la definición de la política criminal. Creo que sería tremendamente peligroso y no está en el espíritu de lo que teóricamente todos compartimos, y no es lo que teóricamente ha movido al Poder Ejecutivo y al fiscal de Corte al promover esta solución. Creo que ese literal A) está muy mal resuelto. Si dijera “fijar y ejecutar”, tendría una interpretación diferente, pero introducir el concepto de que el fiscal de Corte diseñará la política en algún sentido puede terminar por anular o, por lo menos, por entrar en una contradicción prácticamente insalvable con lo que el artículo 19 viene a resolver después. Comparto lo que decía el señor diputado Pasquet: son problemas de interpretación, y hubiéramos necesitado más tiempo para desentrañarlos. Seguramente, habría sido mucho mejor tener la posibilidad de introducir modificaciones y correctivos a fin de mejorar la redacción. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: recién intercambiaba opiniones con algunos compañeros legisladores en el sentido de que parecería que este

debate no tuviera adrenalina. Sin embargo, lo que estamos considerando es de una dimensión transcendente. Este proyecto de ley, que seguramente se aprobará en el día de hoy, es muy importante en términos institucionales. Esta iniciativa es complementaria de otras normas que hemos aprobado en estos últimos años, básicamente, la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, además del nuevo Código del Proceso Penal. Este proyecto de ley es primordial, porque marca cómo será la función de los fiscales, que tienen un rol fundamental en el nuevo Código del Proceso Penal; establece cómo será su actuación en el futuro, especialmente con el advenimiento del nuevo Código. De alguna manera, instituye un marco que otorga al ministerio público certezas para su trabajo. Se asumirán responsabilidades -insisto, por la estructuración de la nueva ley de proceso penal-; por lo tanto, es preciso un marco de actuación claro, cierto, seguro para la actuación de los fiscales. Estamos ante la irrupción de las instrucciones generales. Es un instituto novedoso. Es algo que de alguna manera conmueve el proceso tal como se desarrollaba hasta ahora. Su alcance es desconocido; la experiencia demostrará cómo funciona. En todo caso, se trata de una ley orgánica que en muchos aspectos de alguna manera relativiza la independencia en la actuación de los fiscales. Será un mecanismo de limitación de la independencia de los fiscales. Es verdad que no estará referida a los casos concretos; es verdad que no serán lineamientos generales; en todo caso, de alguna manera relativizan aquella autonomía a la que estábamos acostumbrados. Sin lugar a dudas, la puntualización más relevante que tenemos para hacer -comparto todas las observaciones que los legisladores preopinantes han formulado, incluyendo las del señor miembro informante- es la que dice relación con la integración del Consejo Honorario de Instrucciones Generales. Hay un montón de cuestiones sobre las que uno puede encontrar matices o diferencias en este proyecto, pero me parece que la diferencia más importante, más significativa y, diría de fondo, es con respecto a la integración del Consejo Honorario de Instrucciones Generales.

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Este Consejo es de una importancia fundamental en el proyecto, entre otras cosas, porque es el que tiene a cargo -quizás habría que hilar más finoelaborar las instrucciones generales, por decir lo menos y a partir de allí un montón de cosas más. Respecto a la integración, no decimos que no sea respetable u oportuno recibir las opiniones de la cátedra -de hecho, a nuestro juicio, deben seguir manteniéndose-, de organizaciones civiles e, inclusive, de un representante del Poder Ejecutivo: en todo caso a ese respecto podría haber un punto de discrepancia. Si bien es un órgano que debe tener la mayor independencia posible, en la medida en que esta es una propuesta del Poder Ejecutivo, uno estaría dispuesto a aceptar que efectivamente hubiera un representante de ese Poder en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. Aquí se hizo referencia al proyecto argentino, según el cual el organismo está integrado solamente por otros fiscales. En ese sentido, insisto en que vemos con buenos ojos la integración de la academia porque se trata de personas que técnicamente están en conocimiento de lo que van a instruir o proyectar, y la naturaleza de las instrucciones generales es eminentemente técnica. En definitiva, como las instrucciones generales han de ser de carácter técnico, hacemos hincapié en que los fiscales son los más capacitados para trabajar con el señor fiscal de Corte y para dar sus opiniones sobre estos puntos. Efectivamente, los fiscales darán un marco técnico de experticia y de conocimiento a lo que se proyecte como instrucción general. Sumándonos a alguno de los comentarios que se hacían antes, nos parece que habría sido interesante que el Consejo Honorario de Instrucciones Generales tuviese otra integración. Inclusive, teníamos una propuesta concreta que conversamos con algunos miembros de la Comisión: mantener la propuesta del Poder Ejecutivo e incorporar un fiscal más y un representante de la academia de manera de jerarquizar la posición de quienes pueden dar fundamentos desde el punto de vista técnico, desde su experticia, su conocimiento y su experiencia. Nos parece que seguramente esta solución habría encontrado una respuesta favorable. Quiero decir algo que no mencioné cuando hice las consideraciones generales: me parece un error votar hoy este proyecto; tendríamos que habernos

dado más tiempo para su consideración. El nuevo Código del Proceso Penal entrará en vigencia en julio de 2017, de manera que teníamos más de medio año para discutir el proyecto y hacerle modificaciones sobre las que -lo más curioso- parece que todos estamos de acuerdo. Como bien decía el diputado Pasquet, eso nos hubiera servido para aprovechar las ventajas del sistema legislativo bicameral. Esta Cámara debió haber mejorado el proyecto que llegó del Senado dado que, además, estamos todos de acuerdo con las modificaciones que se deberían hacer. Desafortunadamente, vamos a terminar votando este proyecto que, insisto, es necesario y muy importante. En consonancia con lo que decíamos recién, en este proyecto de ley no se hace referencia a la condición de magistrados de los fiscales: eso se anula. Además de que ese aspecto ha estado históricamente presente, se trata de una reivindicación de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay que entendemos debería ser tenida en cuenta, porque tiene relación con lo que decíamos en nuestra intervención anterior. El fiscal está obligado a actuar -ni qué hablar con esta ley orgánica- según un estatuto limitativo y tendrá que hacerlo únicamente en función de la causa pública. Durante cien años se ha mantenido para los fiscales la condición de magistrado y nos parece inoportuno quitarla, en particular ante la limitación o la relativización de la independencia técnica -a lo que hacíamos referencia- que se establece a partir de las instrucciones generales. Si bien se necesita unidad de acción -a fin de que un justiciable no se someta a un proceso con determinada respuesta, y luego obtenga una diametralmente opuesta ante otro fiscal-, es preciso que el técnico, que es el fiscal, tenga un margen de actuación. Los fiscales tienen un cargo técnico de operador jurídico de persecución penal que va a ser fundamental en el nuevo marco y es importante destacar, resaltar y dar jerarquía a su capacidad personal y a su competencia de fallar según su leal saber y entender; y el concepto de magistrado tiene que ver con la capacidad del operador al momento de tomar decisiones. Pero como si fuera poco, el artículo 10 de la Constitución de la República establece que hay determinadas conductas de los ciudadanos que quedan exentas de la autoridad de los magistrados, que son los que investigan. Según el

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nuevo Código del Proceso Penal los fiscales realizarán la investigación: quedan exentos de la investigación los ciudadanos que no cometen delitos. Tenemos algunas otras objeciones pero no queremos ser reiterativos. Vamos a centrarnos en el artículo 45, que hace referencia a los concursos para el ingreso y para el ascenso dentro de la carrera de fiscal. El proyecto establece que “Los concursos serán abiertos, en casos excepcionales debidamente fundados podrá limitarse la convocatoria a Fiscales y Magistrados del Poder Judicial”. De esta forma se está afectando la carrera administrativa funcional o laboral de los fiscales. La carrera es escalafonaria: tiene determinados grados; se ingresa como fiscal adscripto y luego eventualmente se pasa a fiscal adjunto, fiscal departamental y luego fiscal nacional o de Montevideo. Es decir que hay una escala de ascensos en la que junto con la promoción se va adquiriendo experticia y conocimiento. Además hay un peregrinar del fiscal por todo el país -particularmente por el interior de la República- en el que trabaja como fiscal adscripto o como fiscal departamental y eso es importante como un insumo de experiencia y de experticia para el cumplimiento de la función, por lo que creemos que es digno de respetarse. El derecho a la carrera administrativa está consagrado por la legislación general y en el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, creado por la Ley N° 19.121. Entonces, parece importante que el respeto a la carrera administrativa, funcional o laboral también se establezca en cuanto a los ascensos, derecho que tiene todo funcionario. Me refiero tanto a la expectativa de ascender como de hacer su carrera administrativa tal como se establece. Nos parece que el ascenso y la movilidad en la función de los fiscales tienen que ser reservados a los fiscales; inclusive, estaríamos dispuestos a considerar la posibilidad de que también participara gente del Poder Judicial. Hoy en día hay cien o más fiscales adscriptos que podrían concursar en el caso de que se generaran vacantes de Fiscales Letrados Departamentales -podrían llenarlas-; asimismo, existe una cantidad suficiente de Fiscales Letrados Departamentales para llenar las vacantes de Fiscales Letrados Nacionales que pudieran surgir. Eventualmente, si se necesitaran fiscales adscriptos, se podrían llenar estas vacantes a través de un concurso abierto, para que

ingresaran a la función la cantidad de personas que el servicio requiriera, por el cargo de inferior rango. Por otra parte, nos parece que no se resuelve de manera adecuada lo que dice relación con los ingresos económicos. El proyecto establece una equiparación entre los ingresos de los fiscales y determinados cargos del Poder Judicial; nosotros consideramos que se debió haber sido más preciso en la determinación de esta equiparación. En suma, señor presidente, para no abundar en más detalles, vamos a acompañar este proyecto de ley. Por supuesto que a la hora de la votación solicitaremos el desglose de algunos artículos, que votaremos por la negativa. Nos parece que este proyecto de ley es una contribución muy importante ante la nueva realidad que se generará a partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, pero sería deseable que en algún momento procesáramos estas modificaciones. Creo que no necesariamente la experiencia nos va a demostrar los errores, porque puede haber cuestiones filosóficas, de fondo. Insisto: lo fundamental es la integración del Consejo Honorario de Instrucciones Generales que nos parece debería ser más técnica, apostando más a la experticia, a la experiencia de sus integrantes y, sobre todo, asegurando la independencia técnica de este órgano. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: antes que nada quisiera hacer una aclaración que parecería no ser de mucha importancia, pero sí lo es. Es cierto que la iniciativa que modificaría la ley orgánica de la fiscalía, sustituye un decreto ley de la dictadura, pero no está de más recordar algo que sé que no estaba en el espíritu de los excelentes diputados preopinantes. Venía de la dictadura, pero no hay que olvidar que el 22 de marzo de 1985 el Parlamento nacional -con el voto de la unanimidad de los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes- votó la Ley Nº 15.738, que anulaba, derogaba y convalidaba -a veces in totum o con modificaciones- nada menos que los actos jurídicos que emanaban de la dictadura, es decir, del Consejo de Estado, desde el 19 de febrero de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985. Es un tanto

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fácil despreciar lo que estamos sustituyendo porque viene de la dictadura. Pero, ¡no es tan así! Fue convalidado por la democracia. Nos rigen muchos decretos-ley. Por lo tanto, es algo que conviene aclarar aunque parezca innecesario; prefiero que sobre y no que falte, ¿no? Otra vez nos estamos en esta sala diciendo que no estudiamos lo suficiente un proyecto de ley tan importante como este. Estoy totalmente de acuerdo con el señor diputado Daniel Radío -creo que es el espíritu de los demás señores diputados que opinaron hasta ahora- en cuanto a que estamos votando algo que parece de mero trámite, pero a este respecto se juega la política criminal del Estado. Además, al jugarse la política criminal del Estado, se juega la libertad de los ciudadanos. Hablo de la libertad de los ciudadanos, que debe ser -supongo yo- el bien más preciado; no lo digo en el sentido más liberal de la palabra, sino en el de que es el derecho fundamental -lo comparto- en el sentido más concreto. Una mala decisión de los señores legisladores puede provocar la prisión de un inocente, por ejemplo. Hace unos días, cuando aprobamos el proyecto de ley sobre libertad anticipada -no lo voté-, se advirtió que había una grosera inconstitucionalidad y ahora los jueces dicen que no van a aplicar el artículo correspondiente que refiere a los procesados. A veces me pregunto hasta cuándo bajaremos la vara, el nivel de lo que estamos legislando por el mero hecho de votar en general, porque es una ley importante, que debe existir. Pero todo depende del contenido de la norma, sobre todo -reitero- cuando no es urgente. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros diputados que hicieron uso de la palabra hasta el momento, en el sentido de que no tuvimos tiempo de discutir. Creo que como Cámara de Diputados no se nos respeta; a veces, entiendo que no se respeta al Poder Legislativo en general. Me pregunto si esa no será una prioridad, en lugar de tener una ley orgánica de la Fiscalía del Estado, que podría esperar hasta el año próximo. Me pregunto si eso no tendrá que ver con que la clase política está muy desprestigiada, algo muy peligroso para la democracia. Me pregunto muchas cosas. Y me pregunto sobre el contenido de este proyecto de ley. ¡Claro que tiene aspectos positivos! Malo sería que no los tuviera.

Se habla de una ley orgánica nueva. Ahora bien, con todo el respeto a quienes estuvieron en todo este proceso, hay algo que me llama la atención, porque la política criminal de un Estado es una política nacional. Algo huele mal en Dinamarca cuando es algo que se da en toda América Latina; en general, vienen las mismas directivas. Pretendo tener tiempo para pensar. Yo escucho muchas voces de colegas, de magistrados. Pero resulta que cuando me siento frente al proyecto de ley, digo: “Genial, ahora la Fiscalía es un servicio descentralizado”. ¿De quién? Obvio que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Muy bien. Es un servicio descentralizado. Entonces, ¿vamos a discutir exactamente qué grado de descentralización tiene? En este caso, ¿qué tengo para quedarme un poco más tranquila? El artículo 15, que habla del respeto o de algo que no debería ni decirse en el Uruguay a esta altura. Insisto: estamos legislando en Uruguay. Las ventajas comparativas que tiene Uruguay en materia de Estado de derecho son impresionantes. ¿Algún día lo reconoceremos? ¿En Uruguay tenemos que aclarar que los magistrados deben tener autonomía técnica? En Uruguay nunca nadie discutió que cualquier funcionario que se rija por la Constitución y la ley tiene autonomía técnica, si su función es técnica. Ahora tenemos que escribirlo y aclararlo; por algo será. Alguien está abriendo el paraguas. Vamos a entendernos, porque después vienen las cosas de vuelo rasante. Yo lo digo para este gobierno y para cualquier otro gobierno, de cualquier signo político: no me gustan las potestades excesivas de los fiscales que, quieran o no, dependen de una manera o de otra -aclarando que deben tener autonomía técnica- nada menos que del Poder Ejecutivo. No me gusta. El artículo 15 no me gusta, si este es el aseguro de que van a tener autonomía técnica en este o en cualquier otro gobierno, no importa del signo que sea. Cuando se legisla en políticas criminales, no hay partidos políticos. Es un Estado de derecho o un Estado de derecho en riesgo, cosa que no digo por primera vez hoy; lo dije desde otras tiendas. Ya dije lo de la autonomía técnica y me resulta grave que haya que aclararlo. El artículo 19 habla de un representante de la sociedad civil. ¿Quién lo va a elegir? ¿Quién va a usar

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el dedo? ¿Con qué criterios? ¿Qué reglamentación va a tener esto? Lo pregunto porque nosotros votamos para que después se reglamente. Si se tratara del fiscal de Corte y procurador General de la Nación, bárbaro; de un representante del Poder Ejecutivo, y sí; de un representante de la Facultad de Derecho, y sí. ¿Vamos a poner a un arquitecto en la Fiscalía? No; tiene que ser alguien de la Facultad de Derecho. Además, se habla de un representante de la asociación de fiscales. No voy a reiterar lo que dijo el señor diputado Pasquet, con lo que coincido totalmente. Estoy aburrida de decir desde hace muchos años que las corporaciones no tienen que estar en el Estado con capacidad de mando ni con capacidad de consejo consultivo con semejantes atribuciones. ¿Por qué no se pensó en un equipo multidisciplinario, por ejemplo, o en el representante de los equipos técnicos de la Fiscalía, que no implica solo la acusación, que no representa solo la formación jurídica? Hablo de equipos técnicos para poder analizar el delito desde distintas áreas. ¡No! Se trata de un representante de la sociedad civil a sugerencia de las organizaciones más representativas de la temática a tratar, que será designado por el fiscal de Corte y procurador General de la Nación. ¡Ya tenemos el dedo! ¿Qué va a ser? ¿Una ONG del Mides? ¿Va a ser un representante de quién? ¿De los ganaderos, si quieren pensar en el abigeato? ¡¿Qué se yo?! Esto es un disparate para el Estado de derecho; es un socavamiento. Yo no digo que haya intencionalidad: es un hecho objetivo de la realidad. Reitero: mañana el signo del Poder Ejecutivo puede ser distinto. Pero eso no es lo que a mí me preocupa; quiero legislar bien. Se dice que no va a ser más la Policía… ¿Alguno de los que ocupan estas bancas fue receptor de un juzgado penal? Hay que ver cómo funcionan los juzgados penales del lado de adentro. Estamos todos en libertad condicional y no porque no tengamos buenos jueces y buenos fiscales, sino por las condiciones en las que se trabaja, por las condiciones en las que se mueven en los juzgados. Hablo de las condiciones en que se trabaja en este ámbito que es tan delicado, donde hemos visto casos en los que se procesó por homicidio y se terminó en condena, sin que el juez y el fiscal le vieran la cara al condenado.

Entonces, todos estábamos muy ilusionados. Hace años que venimos con el tema del Código General del Proceso, buscando que recoja el Pacto de San José de Costa Rica y la oralidad, pero ¡parece que no podemos tener todo! Vamos a lograr esto otro -me voy a referir a eso-, pero viene un poder de los fiscales que realmente es sorprendente. ¡No me gusta! Porque este poder de los fiscales, con una autonomía técnica que hay que escribir para que se respete, va a trabajar con la Policía, con el Ministerio del Interior. Los jueces ya trabajaban bajo el imperio de la Policía. Los funcionarios policiales -con la mejor buena voluntad; no tengo nada en contra de los funcionarios policiales, que hacen una de las tareas más complicadas que se puede realizar en un Estado, y con pocos recursos-, muchas veces me dijeron, como a otros receptores: “No se ponga pesada, doctora, si igual ustedes dependen del memorándum que nosotros les elevemos”. Y el juez tiene cuarenta y ocho horas para tomar una decisión, ¿eh? Y está bien; no quiero más. Uno de los artículos al que más nos opusimos en la reforma constitucional de 1980 llevaba a quince días las potestades de los jueces para mantener en situación a una persona. Prefiero cuarenta y ocho horas, ¡más con los medios técnicos que hay ahora; mucho más! No sé en cuánto tiempo se hace una prueba de ADN ahora, pero creo que en poco tiempo, aunque no sé si es tan rápido como en las películas. Tenemos una policía técnica realmente muy profesional. Tenemos un Ministerio del Interior que ha profesionalizado la fuerza, más allá de los resultados, que tiene medios técnicos de los que antes no disponía. O sea que yo quiero las cuarenta y ocho horas, pero el juez tiene que tomar resolución. No me gusta hacer comparaciones con otros países que tienen policía judicial. En ese marco sí puedo estar de acuerdo con que los fiscales tengan tanto poder. Yo estoy de acuerdo con el régimen acusatorio, ¿eh?, pero mucho más equilibrado, porque a través de esta iniciativa vamos a tener un fiscal que deberá recibir instrucciones generales del fiscal de Corte… Todavía tenemos la duda de si el autor del acto administrativo tiene que ser el fiscal de Corte o si será un acto administrativo complejo. Lo pregunto; no lo sé. ¿Es necesario el consentimiento del Consejo Consultivo Honorario de Instrucciones Generales? No lo sé. ¿Ven que necesitamos más tiempo para estudiar? ¿Con la firma del fiscal General alcanza?

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¿Está configurado el acto administrativo pasible de recursos administrativos, que es la seguridad única que tiene el ciudadano frente al poder de la Administración, que impone trámites bastante largos y costosos? Será por eso que, según estuve escuchando, en las posibles reformas constitucionales quieren eliminar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, me pregunto por qué tengo que votar este proyecto. El Partido Nacional lo va a votar en general y se va a oponer a determinados artículos. Yo voy a votar por la negativa en general porque, ¿hasta cuándo vamos a seguir bajando la vara? ¿Durante cuánto tiempo más? En Uruguay no hay policía judicial y no vamos a poder tenerla durante mucho más tiempo por una razón fundamental, que es otro dato de la realidad. No es la primera vez que lo digo y lo voy a repetir mientras pueda: ¿a ustedes les parece que es casualidad que en el Inciso Poder Judicial no haya contemplado recursos para el Poder Judicial y toda la plata vaya para la Fiscalía? ¿Qué pasa? Si la voluntad es que, efectivamente, se equilibre el proceso penal y que la investigación se profundice y realmente se democratice, ¿por qué le damos toda la plata a los fiscales y cero al Poder Judicial? Además, me alegro de que se haya reaccionado en ese sentido porque, de lo contrario, sería infinitamente peor, y ahora me pregunto si por razones de corrección política igual habríamos votado aunque no hubieran aparecido los US$ 50.000.000 para la oralidad. Porque lo único que nos va a salvar es la oralidad. Estuvimos a punto de tener un Código General del Proceso y esta Ley Orgánica de la Fiscalía sin oralidad. Y ahí sí que la cosa era grave, muy grave. Según la opinión de la Suprema Corte, esos recursos no son suficientes. En consecuencia, señor presidente, cada vez que nos ponemos a discutir estos temas -lo digo con todo respeto a todos los compañeros… A ver, se trata de tener un poco de estima al órgano Poder Legislativo; no personal; se trata de estimar lo que representa el Parlamento para la República. Y no es una crítica a ningún partido político en especial porque, por lo que he escuchado, todos lo van a votar, incluido el partido al que pertenezco con todo orgullo, que lo votará en general. No hay policía judicial y no la va a haber. O sea que vamos a tener a los fiscales con el Ministerio del

Interior, con unos medios tecnológicos, que al lado del Poder Judicial, que no tiene hojas… Porque en el Cuerpo hay gente que lo sabe muy bien: más allá de las profesiones, se sabe que ni siquiera hay hojas para escribir. Desde setiembre, más o menos, las tienen que llevar los abogados. Es muy peligroso, muy raro. Y yo, ante la duda, prefiero pensar más. ¿Por qué nos tenemos que apurar tanto? Además, volvemos a repetir que no estamos bajo el imperio de una norma de la dictadura; estamos bajo el imperio de un decreto-ley que tiene calidad de ley en virtud de la Ley Nº 15.738, aprobada por la unanimidad de los partidos políticos. Así que yo estoy tranquila. Por otra parte, es insostenible lo de los concursos; ¡absolutamente insostenible! Cuando hay carrera administrativa, no puede haber concursos abiertos, excepto por razones muy especiales. Vamos derechito a una inconstitucionalidad. Yo sé que hay muchos que después se enojan porque dicen que la que declara la inconstitucionalidad es la Corte y no el Parlamento, pero sé que dos más dos son cuatro y no cinco. ¡Hay cosas tan básicas que no se precisa ser miembro de la Corte para darse cuenta! La carrera administrativa está consagrada en la Constitución de la República. En consecuencia, hay que respetar esa carrera, porque además –en cuanto a este punto sí voy a hablar de experiencias administrativas-, desde hace unos años, se ha elegido en el Estado la política de hacer concursos abiertos. Por algo existe la carrera administrativa; por algo los concursos abiertos son para situaciones excepcionales: porque se prestan mucho a concursos con nombre y apellido. Y no me hagan decir nombres y apellidos porque siempre digo lo mismo: yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. En consecuencia, señor presidente, si hay un montón de cosas que no están bien, que nos ofrecen tantas dudas en aspectos fundamentales, bueno… Y remato con esto de los magistrados. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, forma parte de aquello de que algo huele mal en Dinamarca. No es casualidad. La simbología es muy importante; la semiótica es muy importante. Y las designaciones de cargos nada menos que de este nivel, que están consagrados constitucionalmente, no son casuales, ¡no son casuales!

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¿Adivino alguna intención? No, pero me da qué pensar. ¿Por qué tengo que cambiar el nombre de magistrado lo que, además, me trae problemas con la Constitución de la República? En consecuencia, ¿no puedo creer que es un capricho que los fiscales no sean magistrados? ¿Es un capricho? No; porque pasan a ser fiscales. Ya no más magistrados. Como ustedes saben, en toda oficina en la que hay más de una persona -no sé si pasa en otros lugares del mundo, pero en Uruguay es así- siempre hay enfrentamientos, no personales pero, por ejemplo, entre constructores y arquitectos, abogados y escribanos, contadores y abogados. Hay una cultura entre los fiscales y los jueces que tenemos que conocer, si estamos legislando. ¿Ahora desnivelamos terriblemente? Con sinceridad, señor presidente, no voy a insistir en otras cosas que dijeron mis colegas, pero ni siquiera soy capaz de votar en general un proyecto de ley que tiene todos estos defectos graves y una herida inicial, que es el apuro, el no permitir a los legisladores estudiar y consultar. Porque el que crea que sabe de todo es porque realmente no sabe nada. Ni siquiera los abogados podemos decir que estamos tranquilos con respecto a muchas cosas. Yo necesito apoyaturas de otro tipo, al igual que otros. Me parece que muchos lo han manifestado. Otros, quizás, no lo señalan, pero a veces las caras dicen mucho más que las palabras. Por lo tanto, más allá de que reconozco que se necesita una nueva ley orgánica relativa a la Fiscalía, considero que este no es el mecanismo, no es el modo, no es el camino, y no me gusta el contenido porque, como ya he mencionado, hay cosas que no son de mero trámite ni accesorias, sino que hacen al riñón del funcionamiento de la Fiscalía. Quiero recordar algo de lo que quizás los uruguayos nos estamos olvidando -yo siempre digo que parece que la única que cumple años soy yo; de cualquier manera, las cosas se pueden estudiar-: se puede compensar esto con la existencia de dos jueces penales: el de instrucción y el de sentencia. Eliminamos los jueces de instrucción -que disminuían el riesgo de que el mismo juez que hace la investigación dicte sentencia-, dejamos solo al de sentencia y le damos un enorme poder al fiscal.

Quizás me convencerían si volviéramos a tener a los jueces de instrucción, trabajando conjuntamente con los fiscales. ¡Por favor!, defendamos la oralidad hasta sus últimas consecuencias. Si no se logra hacer funcionar la oralidad, estaremos en riesgo como ciudadanos, sin importar a quién hayamos votado. Gracias, señor presidente. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: simplemente quiero hacer un raconto de fechas. En noviembre de 2015 se comenzó a trabajar en torno a la posibilidad de que en este proyecto de ley se incluyera un órgano cuatripartito. A mediados de este año ingresó al Senado. Tuvo casi seis meses de tratamiento. El 16 de noviembre ingresa a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados. Ese mismo día la diputada Cecilia Bottino solicita que se instrumente el llamado al fiscal General de la Nación y a la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay para analizar el tema; los recibimos el 7 de diciembre. A partir de entonces se pide una semana para estudiar el tema y comenzar su votación, que se realiza el 14 de diciembre. Creo que al opinar debemos tener estos datos sobre la mesa, sobre todo quienes ni siquiera leen las versiones taquigráficas. El tema que se está votando hoy es relevante y que muchos discursos están basados en papeles que ya están teñidos de color amarillo. A través de esta iniciativa se está apostando a lo nuevo lo que, por supuesto, tendrá que ser evaluado e implicará que se modifique lo que sea necesario. Lo dijo textualmente el diputado Abdala: “Las circunstancias lo dirán”. Me parece que se está apostando a mejorar el acceso a la Justicia. Esa es la bandera que estamos levantando en este momento y no creemos que se vulnere la libertad de nadie. Creo que estamos ante una situación de desigualdad –hace unos momentos se hablaba de los magistrados o no magistrados- cuando la Fiscalía, el que acusa, es magistrado y la defensoría, no. Me parece que, si se trata de una cuestión de semiótica y simbología, deberíamos cuidarlas.

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Pienso que deberíamos preocuparnos por que la defensoría contara con los recursos que corresponde para que todos los ciudadanos posean el mismo derecho a acceder a la justicia y no que puedan hacerlo o no, dependiendo de sus ingresos o capacidades financieras. De ningún legislador preopinante lo escuché cuando se hizo referencia a la defensa de la libertad. Creo, señor presidente, que la Comisión actuó con la responsabilidad con que acostumbra a hacerlo, y que en la opinión de sus integrantes estuvo reflejado el debate que se dio. ¿Podríamos dedicarle más tiempo? Sí. ¿Estamos comprometidos a mejorar lo que se necesite? Sí. Pero siempre en el mismo tono que hemos discutido, no solo este tema, sino muchos otros que se han puesto anteriormente a consideración de este pleno. Muchas gracias. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- En primer lugar, tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: por las dudas, yo también quiero hacer una aclaración relativa a un pensamiento que expresé en mi intervención inicial. Al referirme a que el Poder Legislativo o el sistema político tenían en el debe la aprobación de una nueva ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal, en virtud de que la norma vigente proviene de la dictadura militar, no lo dije en términos de juzgar la mayor o menor legitimidad de la disposición vigente porque, si no la tuvo en su origen, me consta que la adquirió cuando se aprobó la ley de convalidación en el año 1985. Creo que todos sabemos eso. Los decretos-ley vigentes, obviamente, tienen que ver con aquellas normas que aprobó la dictadura militar y que después el Parlamento democrático convalidó. Por lo tanto, ya están incorporadas en forma completamente legítima al sistema jurídico. Simplemente, hice referencia a ese aspecto por una cuestión de tiempo, más que de legitimidad. Estamos hablando de que transcurrieron treinta y

cinco años y, por lo menos desde que soy legislador, creo que desde mucho antes se reclama la necesidad de que el país se dé una nueva ley orgánica para el Ministerio Público. Lo reclama la Asociación de los Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay y también es un tema que pusimos de relieve, por ejemplo, al aprobar el año pasado la Ley Nº 19.334, que creó el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación. Eso no quiere decir que en esta particular instancia no habría sido deseable y saludable -lo reclamé, lo demandé y lo reiteré en varias oportunidades en este debate-, que con relación a este proyecto de ley hubiéramos actuado con otra ponderación. Lo vengo diciendo desde el fundamento de voto inicial, cuando la Cámara votó la habilitación por mayoría, con el voto contrario del Partido Colorado, a los efectos de que pudiéramos ingresar en el tratamiento de este asunto. Creo que son temas distintos. Me resulta necesario dejar constancia de que estoy informado y de que sé que el país votó una ley de convalidación en el año 1985. Ese año yo entré a la Facultad de Derecho, y allí mismo lo aprendí. Pero -repito- no me refería a la legitimidad formal. Me refería al transcurso del tiempo y a que es necesario actualizar esa norma, no porque lo diga yo, sino porque creo que ha sido una verdad asumida por todos los actores vinculados a este tema, particularmente, por aquellos que se relacionan con la función fiscal y con el propio Ministerio Público. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Para contestar una alusión, tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero decir al diputado Abdala que no tengo ninguna duda de que la mayoría de quienes ocupamos estas bancas lo sabemos, pero es un argumento que muchas veces se usa para la tribuna, y lo aclaré. Se usa hacia afuera; incluso, muchas veces es empleado -reitero que no atribuyo intenciones en nadie- para la gente en general, y suena feo. Entonces, conviene aclararlo para que quede constancia. No tengo ninguna duda de que el diputado Abdala lo sabía. Sin embargo, ocurre: hay más gente de la que el diputado Abdala piensa que no sabe que existió la ley de convalidación, pero no me refería a ningún miembro de este Parlamento, sino a

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como trascienden las noticias. Por eso es bueno que se aclare. Con respecto al tono, hay cosas que ya se están volviendo reiterativas. Creo que soy muy respetuosa; simplemente, quiero aclarar mi posición; respeto la de todo el mundo. Si pertenezco a un partido donde puedo votar distinto, está bien, es un tema mío con el partido. Me parece que este es un proyecto de ley muy importante, pero opino que no fue suficientemente discutido y tengo derecho a decirlo. Además, para una ley de esta envergadura, meses o un año no es nada. ¿Cuántos años llevó al Parlamento uruguayo, en pleno período democrático -o sea, de 1985 a la fecha-, aprobar el Código del Proceso Penal? Fue aprobado, si no recuerdo mal, hace quince años; después se suspendió su vigencia, luego se derogó y, posteriormente, se elaboró el nuevo. O sea, la elaboración de códigos y de leyes orgánicas que afectan la vida de las personas en sus derechos fundamentales lleva tiempo. La aceleración no es sinónimo de calidad ni muchísimo menos. Ahora bien, hay algo que no entiendo -no importa, porque eso ya es como una repetición a la que no le encuentro nexo causal, pero acepto que haya personas que piensen distinto-: ¿qué tiene que ver esto con que la gente de menos recursos acceda a la Justicia? ¡Al contrario! Más del 90 % de las personas que están sometidas a la Justicia penal pertenecen a los sectores sociales más bajos y no pueden pagar abogados particulares. Ya dijimos en el momento de discutir el presupuesto y la rendición de cuentas que se necesitaba fortalecer las Defensorías de Oficio, todas, y la penal obviamente, porque -como pasa con otras- las personas de menos ingresos recurren a ella. Hablamos mucho de violencia de género y todo lo demás; existe un porcentaje similar de madres o esposas que tienen que recurrir a la Defensoría de Oficio, y no los quiero poner en el teléfono a que las atiendan, porque no se atiende a nivel personal, sino que se reserva el turno por teléfono. Se trata de proteger a los que tienen menos posibilidades. Si el sistema funciona mejor, protege mejor a los más débiles. Los que tienen dinero para pagar a los grandes penalistas o los grandes estudios jurídicos no tienen enormes problemas. Todos lo sabemos y todos conocemos los nombres. Es decir que es exactamente al contrario.

Con respecto al nombre, un defensor de oficio no es un magistrado; es un defensor de oficio, es un abogado que defiende a una persona que no puede pagar un abogado particular. No tiene nivel de magistrado; no tiene capacidad de decidir acerca de la situación procesal del indagado o de la persona que está sometida a la Justicia civil. Es un defensor de oficio; como hay quienes no pueden pagar un abogado, el Estado se los proporciona. Hace muchos años que el Estado uruguayo entendió lo que era la inclusión, y la verdad es que el servicio de defensoría de oficio está sobrecargado, pero hace décadas que funciona en el Uruguay con excelentes abogados; lástima la remuneración. Gracias, señor presidente. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: voy a hacer dos puntualizaciones que me parecen necesarias. En primer lugar, esta ley no tiene nada que ver con la cuestión del acceso a la justicia. Esta es una ley orgánica que organiza el funcionamiento del Ministerio Público, pero no tiene que ver con el acceso a la Justicia; mañana ello podrá ser materia -muy importante, por cierto- de otra ley que fortalezca la defensa pública, pero en lo que interesa en este momento, eso no se da. En segundo término, quiero decir que los tiempos de estudio en la Comisión tienen valor, son útiles en la medida en que exista disposición a modificar el proyecto que viene de la otra Cámara; en ese caso, es tiempo útil. Pero si hay una decisión política de votar el proyecto tal como viene del Senado, el tiempo en la Comisión es tiempo perdido. A mí me interesan estos temas. Escuché con muchísimo gusto al fiscal de Corte, quien hizo una exposición muy ilustrativa, muy seria y con mucho fundamento. Me alegro de haberlo escuchado. Sin embargo, no tuvo ninguna utilidad para el trámite legislativo, porque no estábamos dispuestos a tocar el proyecto en lo más mínimo, ni siquiera en aquellas partes en las que el propio fiscal dijo que se había incurrido en error.

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Este proyecto de ley fue aprobado en el Senado en los primeros días de noviembre. Todo el tiempo que ha pasado hasta hoy es tiempo perdido. Por eso dije que estamos acumulando las desventajas del sistema unicameral y del sistema bicameral: porque esto era como para sacarlo en una sola Cámara; los primeros días de noviembre ya debería haber sido ley. Le dimos trámite a la otra Cámara como si estuviéramos dispuestos a hacer funcionar verdaderamente el bicameralismo, a estudiar, a mejorar, a corregir, a superar, pero, en definitiva, el oficialismo dijo: “Se vota como viene”, y así se votó. Fue tiempo perdido; bicameralismo abstracto, formal, sin contenido verdadero. Esa es la verdad de las cosas en cuanto a los tiempos que han transcurrido. Hicimos un simulacro de trabajo en la Comisión, recibiendo gente, discutiendo entre nosotros, pero a la hora de la verdad, que es cuando hay que decir: “Modificamos esto; modificamos aquello”, se dijo: “Se vota como viene”. Se terminó la discusión y, entonces, todo ese tiempo de deliberaciones, de recibir delegaciones, de discutir entre nosotros y de conversar fue absolutamente inútil, se perdió porque había una decisión política previa que era votar la iniciativa tal como venía y es lo que se hará hoy. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Setenta y tres en setenta y ocho: AFIRMATIVA. En discusión particular. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no intervinimos ni participamos del debate; no somos parte de la Comisión pero, por coherencia, cuando se trató en la Cámara la creación del servicio descentralizado de la Fiscalía, manifestamos nuestro voto contrario a todo el proceso. El nuevo Código del Proceso Penal y ahora esta reglamentación forman parte de un mismo camino que

hemos definido como de concentración del poder acusatorio del Estado, de manera tremendamente peligrosa para las libertades democráticas, a través del fiscal General de la Nación. En esta reglamentación se abona y se abunda en ese sentido. Por tanto, nuestro voto en general ha sido por la negativa y también lo será en particular para cada artículo. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: mociono para que se suprima la lectura y se vote en bloque, aunque sé que algunos legisladores tienen artículos para desglosar. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: aceptamos el procedimiento propuesto, pero vamos a pedir el desglose del literal A) del artículo 13, y de los artículos 19, 45, 47, 51, 67, 68, 70 y 71, que vamos a votar negativamente. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: para ser consecuentes con lo que votamos en la Comisión, quiero aclarar que son precisamente los artículos cuyo desglose pedimos en la Comisión y no votamos. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cinco en setenta y nueve: AFIRMATIVA. De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se va a votar el proyecto en bloque, desglosando el literal A) del artículo 13, y los artículos 19, 45, 47, 51, 67, 68, 70 y 71. (Se vota) ——Setenta y AFIRMATIVA. cuatro en setenta y nueve:

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal A) del artículo 13.

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(Se vota) ——Cuarenta AFIRMATIVA. y nueve en setenta y nueve:

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Solicito que se vote en bloque el resto de los artículos desglosados. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y seis en ochenta: AFIRMATIVA. De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se van a votar en bloque los artículos 19, 45, 47, 51, 67, 68, 70 y 71. (Se vota) ——Cuarenta AFIRMATIVA. y nueve en ochenta y uno:

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: los fundamentos técnicos de nuestro voto negativo fueron expuestos en el curso del debate. Sin embargo, queremos poner énfasis en la negativa a la solución consagrada por el artículo 19 en lo que hace a la integración del Consejo Honorario que asesorará al Fiscal de Corte en materia de instrucciones generales y hacer la salvedad de que, en algún caso, podemos tener dudas acerca de la pertinencia o la corrección de la solución que se consagra en el texto. Pero más allá de cualquier reparo técnico, lo que expresamos con nuestro voto negativo es la disconformidad con el procedimiento que se ha seguido y nuestra convicción de que se hubiera podido mejorar significativamente este proyecto destinándole mayor tiempo de estudio, por supuesto, dentro de lo razonable. Lamentamos que no se haya dado a todos la oportunidad de mejorar el texto que vino del Senado. SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Señor presidente: había solicitado la palabra con anterioridad, pero la Mesa -preocupada por otras cuestiones- no me tuvo en cuenta. Quiero referirme al proyecto de ley relativo al Poder Judicial. Brevemente, voy a formular convideraciones políticas -no técnicas, no profesionalesporque debo reconocer ante la Cámara de Diputados que este no es mi palo. Debo manifestar que aceptar planteamientos políticos supondría una complicidad, a la que no estoy dispuesto. Aquí se ha dicho que hubo una convalidación de determinadas leyes cuando, con el advenimiento de la democracia, se instalaron el Senado y la Cámara de Diputados, o sea, el Parlamento. Es cierto, señor presidente, pero también es verdad que ese fue un período de transición muy especial en el país, que hay que recordar. Debemos tener presente en la memoria de que en ese período empezó a funcionar la democracia y también el Poder Legislativo, pero con políticos proscriptos. Destaco a tres: Wilson Ferreira Aldunate, el doctor Jorge Batlle y el general Líber Seregni, por no hablar de Dari Mendiondo, que estaba proscripto por haber sido edil desde el año 1971 y la dictadura haber disuelto las

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y ocho en ochenta y dos: AFIRMATIVA. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: utilizando la vía del fundamento de voto, y en el mismo sentido de lo que hace algunos instantes manifestó el señor diputado Radío, queremos dejar constancia de que a la hora de la votación particular hemos replicado el mismo temperamento de los tres representantes del Partido Nacional en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración durante el tratamiento de este tema. Gracias, señor presidente. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado.

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cámaras legislativas, intervenido las Intendencias y disuelto las Juntas Departamentales de todo el país. Esa fue una etapa de transición en la que no solo se convalidaron esas leyes, sino otras. También se generó un espacio de conversación, de diálogo, de cogobernabilidad en democracia: la Conapro. Ese período especial permitió que en algunos entes del Estado, una vez que hubo ganado la Presidencia de la República el doctor Julio María Sanguinetti, hubiese directores frenteamplistas, particularmente en AFE, Ancap y la dirección de la Conapro. Fue una etapa excepcional. Lamentablemente, el espíritu de la Conapro no se mantuvo y las mayorías parlamentarias de aquel entonces no se abocaron a legislar sobre este tema que hoy el Senado nos plantea en un proyecto al que respaldo y por eso he votado. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Este proyecto no es maximalista; por el contrario, es abierto, ya que en su fundamentación dice claramente que en la experiencia de aplicación de este proceso se irán viendo las fallas e insuficiencias, y que todas las bancadas del Parlamento estarán sensibles a resolver lo que es mejor para el país. Muchas gracias, señor presidente. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

——Setenta y seis en setenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, y se lo invita a ingresar a sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi consideración: Por la presente, por motivos personales, solicito licencia por el día de la fecha y pido se convoque a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saluda atentamente, PABLO ABDALA Representante por Montevideo”. “Montevideo, 28 de diciembre de 2016 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla Presente De mi consideración: Por la presente, comunico a usted que, por esta única vez, desisto a la convocatoria de la Cámara de Representantes de la que fuera objeto por el día de la fecha. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Jorge Guekdjian”. “Comisión de Asuntos Internos

15.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor Representante Pablo D. Abdala, por el día 28 de diciembre de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Marcelo Bacigalupi”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota)

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de diciembre de 2016. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Jorge Guekdjian. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de

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Montevideo, Pablo D. Abdala, por el día 28 de diciembre de 2016. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Jorge Guekdjian. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2014, del Lema Partido Nacional, señor Marcelo Bacigalupi. Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2016. VALENTINA RAPELA, MIGUEL ESTÉVEZ, EDUARDO MÁRQUEZ”.

autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de prorrogar el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas nacionales en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH). La participación en la referida Misión se enmarca en la contribución con Contingentes para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en dicha República que fuera autorizada por las Leyes Nos. 17.785, de 22 de junio de 2004; 17.860, de 28 de diciembre de 2004; 17.926, de 15 de diciembre de 2005, 17.992, de 20 de julio de 2006, 18.163, de 29 de julio de 2007; 18.225, de 22 de diciembre de 2007; 18.443, de 24 de diciembre de 2008; 18.655, de 9 de abril de 2010; 18.727, de 5 de enero de 2011; 18.864, de 23 de diciembre de 2011; 19.053, de 27 de diciembre de 2012; 19.186, de 30 de diciembre de 2013; 19.309, de 7 de enero de 2015 y 19.363, de 31 de diciembre de 2015. Por la norma legal mencionada en último término se autorizó la permanencia de los efectivos nacionales en la referida Misión de Mantenimiento de la Paz hasta el 31 de diciembre de 2016. Atento a la preclusión del plazo, se solicita la extensión del mismo acorde a lo establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas Nro. 2313 a (2016), aprobada en su 7790 sesión, celebrada el 13 de octubre de 2016, que dispuso la prórroga del mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de abril de 2017. En la citada Resolución, el Consejo de Seguridad afirma su intención, sobre la base del examen que realizará a más tardar el 15 de abril de 2017 de la capacidad general de Haití de garantizar la seguridad y la estabilidad y las condiciones de seguridad sobre el terreno, de considerar la posible retirada de la MINUSTAH y la transición hacia una presencia futura de las Naciones Unidas que comenzaría no antes de la fecha antes referida. Asimismo, el citado Consejo, por un lado, exhorta a la MINUSTAH a que mantenga su capacidad de desplegar contingentes rápidamente en todo el país; y por otro lado, afirma su compromiso de tomar medidas en cualquier momento para adaptar el mandato y la dotación de la MINUSTAH, ante un cambio en las condiciones en Haití, si fuere necesario para preservar los progresos hechos en materia de seguridad y estabilidad duraderas.

16.- Declaración de gravedad y urgencia
——De acuerdo con el literal c) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente y se considera de inmediato el asunto que figura en cuarto término del orden del día. Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y siete en ochenta: AFIRMATIVA.

17.- Contingente militar desplegado en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah). (Prórroga del plazo de permanencia)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: “Contingente Militar Desplegado en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah). (Prórroga del plazo de permanencia)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 621 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores Montevideo, 21 de noviembre de 2016 Señor Presidente de la Asamblea General: El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley a efectos que ese Cuerpo conceda la

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De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución del Consejo de Seguridad 2070 (2012) respecto a la reducción del personal, en la actual Resolución se decide que la dotación total máxima de la MINUSTAH sea de 2.370 efectivos militares y un componente de policía de hasta 2.601 efectivos. Uruguay tiene desplegados a la fecha, doscientos cuarenta y nueve (249) efectivos en el contingente militar. La mayoría de ellos se encuentran desplegados en la localidad de Morne Casse, mientras se mantiene una Célula Logística en Puerto Príncipe. El Contingente nacional desplegado en la República de Haití se ha ido disminuyendo paulatinamente, según resulta de los siguientes datos: a diciembre del año 2010, 1.130 efectivos; a diciembre del año 2011, 959 efectivos; a diciembre del año 2014, 594 efectivos; octubre del año 2015, 254 efectivos; agosto del año 2016, 249 efectivos. Esta disminución ha ido acompañando el proceso de reducción general del componente militar de la Misión en función del plan de consolidación de la MINUSTAH, el cual ha centrado las actividades de la Misión en un conjunto básico de tareas encomendadas, teniendo en cuenta la reducción de su capacidad y conforme a lo acordado con el Gobierno de Haití. Asimismo y de acuerdo a la última renovación del mandato a través de la Resolución 2313 (2016), se prevé que la MINUSTAH continúe en el camino de focalizarse en tareas básicas y continuará, en el semestre que comenzó cuando se aprobó dicha Resolución, preparándose para su transición, concretamente mediante la elaboración de un plan de transición. Es en este contexto, que el Poder Ejecutivo acuerda el retiro de la totalidad de las tropas, una vez que expire la prórroga del mandato aprobada en la Resolución 2313 (2016), a la vez que se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece a efectos de extender hasta el 15 de abril de 2017 la presencia del actual contingente militar en atención a que, como lo expresa la Resolución de referencia, no están dadas actualmente las condiciones para retirar la totalidad del contingente. Saludan a usted atentamente. TABARÉ VÁZQUEZ, JORGE MENÉNDEZ, EDUARDO BONOMI, WALTER CANCELA.

PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 15 de abril de 2017 la permanencia fuera del país del Contingente Militar desplegado en la República de Haití, autorizado por las Leyes Nos. 17.785, de 22 de junio de 2004; 17.860, de 28 de diciembre de 2004; 17.926, de 15 de diciembre de 2005; 17.992, de 20 de julio de 2006; 18.163, de 29 de julio de 2007, 18.225, de 22 de diciembre de 2007, 18.443, de 24 de diciembre de 2008; 18.655, de 9 de abril de 2010; 18.727, de 5 de enero de 2011; 18.864, de 23 de diciembre de 2011; 19.053, de 27 de diciembre de 2012; 19.186, de 30 de diciembre de 2013; 19.309, de 7 de enero de 2015 y 19.363, de 31 de diciembre 2015. Asimismo, con el fin de efectivizar el procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos materiales allí emplazados, se autoriza la permanencia del personal requerido a tales efectos, por el período adicional considerado mínimamente necesario. Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, si la Organización de las Naciones Unidas resuelve la finalización de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH) antes de la citada fecha, el Poder Ejecutivo procederá a retirar el personal desplegado, en las condiciones que se acuerden con la referida Organización. No obstante lo señalado, el Poder Ejecutivo podrá en cualquier momento, dentro del plazo de la prórroga prevista y por decisión fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea General. Montevideo, 21 de noviembre de 2016 JORGE MENÉNDEZ, EDUARDO BONOMI, WALTER CANCELA. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 15 de abril de 2017 la permanencia fuera del país del Contingente Militar desplegado en la República de Haití, autorizado por las Leyes Nos. 17.785 de 22 de junio de 2004, 17.860 de 28 de diciembre de 2004, 17.926 de 15 de diciembre de 2005, 17.992 de 20 de julio de 2006, 18.163 de 29 de julio de 2007, 18.225 de 22 de diciembre de 2007, 18.443 de 24 de diciembre de

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2008, 18.655 de 9 de abril de 2010, 18.727 de 5 de enero de 2011, 18.864 de 23 de diciembre de 2011, 19.053 de 27 de diciembre de 2012, 19.186 de 30 de diciembre de 2013, 19.309 de 7 de enero de 2015 y 19.363 de 31 de diciembre de 2015. Asimismo, con el fin de hacer efectivo el procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos materiales allí emplazados, se autoriza la permanencia del personal requerido a tales efectos, por el período adicional considerado mínimamente necesario. Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, si la Organización de las Naciones Unidas resuelve la finalización de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH) antes de la citada fecha, el Poder Ejecutivo procederá a retirar el personal desplegado, en las condiciones que se acuerden con la referida organización. No obstante lo señalado, el Poder Ejecutivo podrá en cualquier momento, dentro del plazo de la prórroga prevista y por decisión fundada, reducir en mayor número los efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos, comunicándolo a la Asamblea General. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 21 de diciembre de 2016. RAÚL SENDIC Presidente JOSÉ PEDRO MONTERO Secretario”. ——Léase el proyecto (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Coitiño. SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Señor presidente: el tema en consideración es como la reiteración de películas que este Parlamento ya vio. La permanencia de las tropas uruguayas en Haití empezó en el año 2004, cuando las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad solicitaron la presencia de Fuerzas Armadas por seis meses; eso fue en junio de 2004. A partir de ese momento el pedido de extender el plazo de presencia de las tropas fue permanente. De ninguna manera podemos independizar nuestra posición con relación a este tema de la visión de las Naciones Unidas y de la creación de las misiones de

paz como aspecto para operar en determinadas situaciones en distintos países. En nuestra fuerza política –el Frente Amplio- este tema ha estado en permanente consideración. No podemos analizar las misiones de paz exclusivamente porque en esta sesión del Parlamento estamos analizando la continuidad de la presencia de fuerzas armadas uruguayas en Haití. El análisis de las misiones de paz en el mundo merecería -aunque no en este momentouna evaluación de la misión encomendada, cuál fue el papel cumplido y el resultado, desde el punto de vista del apoyo, para resolver problemas en distintos países. Durante bastante tiempo este tema fue considerado por el Frente Amplio. Debemos recordar la visión que con respecto al papel de las misiones de paz tenía el hoy fallecido compañero, general Víctor Licandro. Analizando lo que hasta ese momento sucedía a nivel mundial, nos decía lo siguiente: “Como se sabe, los países fueron colonizados para extraer de ellos sus recursos naturales. Así funcionaron las grandes compañías, o las multinacionales, como decimos hoy. Lo que veo es que cuando hay un desequilibrio en uno de esos países y van las fuerzas de paz, lo hacen para poner orden. ¿Para atender las necesidades de la gente? No. Inicialmente ha sido para establecer la seguridad que las multinacionales exigen para cumplir sus objetivos sin obstáculos”. Estos aspectos también los recordaba nuestro compañero, hoy fallecido, Hugo Cores, analizando la presencia de Uruguay en esas misiones; concretamente, se refería a la presencia en Haití y en el Congo: “[…] a pesar de la obra benéfica de los contingentes de paz uruguayos, unas multinacionales, amparadas por ‘la paz'” -entre comillas- “depredan naciones con sus pueblos divididos, cada vez más enfermos y hambrientos”. ¿Qué relación tiene esto con la nueva extensión que se solicita? Quiero clarificar porque muchas veces se han confundido las decisiones de estar en Haití o en el Congo. Se trata de una decisión autónoma de las fuerzas armadas. No eludimos que puede haber intereses corporativos que ven que esta presencia tiene algunos beneficios complementarios, pero para nuestro país significa que se están aplicando recursos de las fuerzas armadas. Queremos que nuestro voto sirva para una reflexión que este Parlamento debe hacer: no se

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puede sistemática y mecánicamente seguir sosteniendo que Uruguay tiene que estar en misiones de paz. Uruguay tiene una relación de dependencia, por correlación de fuerzas, con las decisiones que toman las Naciones Unidas y, en el marco de estas, el ámbito que define presencia o no en distintos países es el Consejo de Seguridad. Desde hace un año, Uruguay integra el Consejo de Seguridad y lo va a seguir haciendo un año más. Por lo tanto, salvo que exprese un voto contrario, debe ajustarse a las decisiones que el Consejo de Seguridad tome. Ese es uno de los aspectos que nos preocupa. Es uno de los aspectos que nos lleva a no acompañar la decisión -que respetamos- de nuestra bancada; el Partido por la Victoria del Pueblo va a votar por la negativa la extensión del plazo de permanencia de las tropas en Haití. Bastaría leer en profundidad la decisión que el 13 de octubre de este año tomara el Consejo de Seguridad para entender que este organismo avisa a Uruguay y a todos los países que es posible que el 15 de junio, cuando se requiera al secretario designado por el Consejo de Seguridad el informe sobre la situación en Haití, señale -como se ha hecho reiteradamente- que no hay condiciones para que las fuerzas armadas que integran la Minustah se retiren de Haití. Eso omite la consideración de los principales problemas que tiene el pueblo haitiano: 140.000 haitianos todavía viven en carpas después del terremoto que hubo hace algunos años, y la ayuda aportada por Naciones Unidas desde 2004 al presente -no sabemos cuánto más puede seguir-, fue de más de US$ 10.000.000.000. Este es un tema que hemos estado escondiendo permanentemente dentro del Frente Amplio. En el Frente Amplio nadie cree que no haya que ayudar al pueblo haitiano, pero sí defendimos -y seguimos defendiendo- que la ayuda debe ser de contenido humanitario, que permita resolver los principales problemas de los haitianos porque, más allá de las distintas corrientes de pensamiento existentes en ese pueblo, los haitianos están planteando una sola cosa: la amplísima mayoría quiere que se retire la Minustah, y que no haya más ese tipo de ayuda.

Pretendemos que esto sirva como reflexión futura de este Parlamento. Sabemos que los dados están echados, pero pretendemos que este voto negativo sirva para una reflexión mucho más profunda porque sabemos bien cuál es la correlación de fuerzas entre Uruguay y el mundo. Algunas expresiones a veces nos hacen dudar si detrás de la presencia armada en Haití no está la defensa de algunos poderosos intereses. Por ejemplo, desde 2012 se está perforando el territorio haitiano en búsqueda de oro, plata y cobre. Quisiera saber si no son, precisamente, esos intereses los que se están defendiendo. Si se pudiera, querríamos que estas palabras llegaran a los haitianos para decirles que para el Partido por la Victoria del Pueblo este voto significa acompañarlos en el esfuerzo, respetando un principio de valores que creemos todos deberíamos respetar: la autodeterminación e independencia del pueblo haitiano para que pueda elegir lo que quiera desde el punto de vista jurídico e institucional. Cuando ha habido oportunidad, se han vertido todo tipo de expresiones, que fueron miradas pasivamente por las Naciones Unidas. En la última consulta -que culminaría el 10 de enero-, el 77 % de los haitianos decidieron que el camino que se les ofrecía no tenía garantías. A pesar de que se presentaron siete opciones, el 77 % del pueblo señaló que ese sistema político, tal como está funcionando, no le daba garantías de poder expresarse en libertad total. Que no se hable de represiones, porque cuando un pueblo está hambriento, camina en busca de la comida que le quite el hambre. La represión de la Minustah estuvo sustancialmente dedicada, porque en ningún momento en estos casi trece años que estuvo presente hubo un confrontamiento armado. Por esa razón, decimos al pueblo haitiano: “¡Hasta la victoria siempre, compañeros!”. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente votará negativamente esta solicitud de prórroga de la participación de Uruguay

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en la Minustah. De hecho, desde la creación de la Minustah, en el año 2004, el Partido Independiente ha votado por la negativa la participación de Uruguay porque nos asistía, sobre todo, una situación de desconfianza. Después del golpe que destituyó al presidente Aristide, asumió -a instancias, fundamentalmente, de Estados Unidos de América- un nuevo presidente que, de alguna manera, era apoyado en la operación de reconstrucción que tenía como objetivo la Minustah. A medida que fue pasando el tiempo, los hechos posteriores fueron ratificando la posición que asumió el Partido Independiente porque creo que, a la luz de los acontecimientos, está claro que la participación de la Minustah fue un inmenso fracaso debido a que no se alcanzaron los objetivos planteados. Hace algunos años, un catedrático y doctor en derecho internacional, Ricardo Seitenfus -quien fue delegado de la Organización de Estados Americanos en Haití- fue destituido a raíz de una serie de afirmaciones que hizo con relación al fracaso de la Minustah. Este diplomático brasileño escribió un par de libros sobre este tema, y por lo menos vale la pena tener presente una reflexión de alguien que ha participado, que estuvo activamente vinculado a Haití, que conoce el tema haitiano y que, en todo caso, se planteó, con una actitud crítica y proactiva, analizar ciertamente las dificultades que vive el pueblo haitiano. Lo que sigue fue extraído de la introducción del libro Reconstruir Haití. Entre la esperanza y el tridente imperial, escrito por el mencionado autor. Señala algunos conceptos que me parece bueno que se recreen en el ámbito de esta Cámara de Diputados: “Haití vive desde 1986 un conflicto doméstico de baja intensidad. Se trata de la inevitable lucha por el poder entre actores políticos. No vive una situación de guerra civil o el riesgo de crímenes colectivos o aun la perspectiva de genocidio. Al contrario: los índices de violencia están entre los menores de la región. La única particularidad de esta disputa política consiste en que no son respetadas las reglas del juego democrático. Haití tampoco constituye una amenaza para sus vecinos. En 1995 suprimió las Fuerzas Armadas y dispone únicamente de una Policía

Nacional, pobremente equipada y entrenada, y cuenta además con muy pocos efectivos. Pese a tales condiciones, se enviaron al país, entre 1993 y 2015, nada menos que siete misiones de intervenciones militares, policiales y civiles patrocinadas por las Naciones Unidas con el apoyo de la OEA. Dadas la falta de alternativa y una percepción sesgada de los desafíos haitianos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de, supuestamente, ‘estabilizar'” -entre comillas- “el país. Incluso la actual intervención, que pretende ser la última, se titula Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah). El sistema de prevención de litigios, mayormente el de las Naciones Unidas, no es el adecuado a las necesidades y al contexto haitiano. ¿Cómo explicar sino por la inadaptabilidad sistémica, que haya sido necesario, en el plazo de una década, hacer que la ONU retornase a Haití en seis ocasiones con misiones de diferente naturaleza? Haití ha sido históricamente objeto de una atención negativa por parte del sistema internacional. Percibido como amenaza, es el uso de la fuerza lo que define las relaciones del mundo con Haití; jamás el diálogo. Ubicado en una cuenca caribeña considerada mare nostrum por Washington, con escasas millas que lo separan de la isla rebelde de Cuba, Haití también es tributario de sus históricos vínculos con Francia. Todos estos supuestos aliados buscan alcanzar un único objetivo: congelar el poder y transformar a los haitianos en prisioneros de su propia isla. El miedo a que los balseros huyan de la isla explica las decisiones internacionales en relación con Haití. Lo que se quiere es que los haitianos permanezcan en el país a cualquier costo. También es víctima de la acción de ciertas Organizaciones no Gubernamentales de Alcance Transnacional (ONGAT), pues existe una relación perversa entre la fuerza de estas y la debilidad del Estado haitiano. La mayoría de ellas solo existe a causa de la desgracia haitiana. Víctima igualmente de la caridad ajena, que pasa a constituirse en motor de sus relaciones exte-

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riores. Víctima, en fin, de una élite mercantilista y de una clase política depredadora. Más del 90 % del sistema educativo y de salud son privados. Haití no dispone de recursos públicos siquiera para hacer funcionar de manera mínima un aparato estatal. La ONU fracasa al no tomar en cuenta los elementos culturales. Reducir los desafíos de Haití a una acción militar empeora aún más la situación de uno de los principales problemas del país: la debilidad de su estructura económica. El gran desafío, además del político, es socioeconómico. Cuando la tasa de desempleo alcanza el 80 % de la fuerza de trabajo disponible es contraproducente e inmoral montar una Operación de Paz y enviar soldados bajo el falso rótulo de una Misión de estabilización. No hay nada que pacificar y sí todo que construir. A lo largo de dos siglos, la presencia de tropas extranjeras se alternó con la de dictadores. El pecado original de Haití en la escena mundial es su liberación. Los haitianos hicieron lo inaceptable en 1804: un crimen de lesa majestad para un mundo turbulento. El Occidente era, en la época, colonialista, esclavista y racista. Se mantenía con la explotación de las tierras conquistadas. De manera que el modelo revolucionario haitiano asustó a las grandes potencias colonialistas y racistas. Estados Unidos reconoció la independencia de Haití apenas en 1862 y Francia exigió una onerosa compensación financiera para aceptar esa liberación. Luego, la independencia se vio comprometida y el desarrollo frenado. Desde entonces, el mundo nunca supo cómo tratar a Haití y resolvió ignorarlo. Comenzaron los 200 años de soledad de Haití en el escenario internacional. Haití es la condensación de los dramas y de los fracasos de la solidaridad internacional. La ONU aplica ciegamente el capítulo VII de su Carta e implanta sus tropas para imponer una operación de paz. Ella se justifica con la disculpa burocrática de que el mandato del CSNU descarta operaciones que no sean las militares. Las condiciones haitianas hacen que, de hecho, su mandato se reduzca a la manutención de la paz de los cementerios.

En proporción al número de habitantes, es el país que supuestamente recibe más ayuda externa, tanto privada como pública. El haitiano es, según las múltiples y variadas estadísticas disponibles, el que más caro cuesta a la cooperación internacional. Antes del sismo ya era así. Luego del 12 de enero de 2010, el fenómeno se amplió de un modo tal que es legítimo interrogarse sobre las características y los resultados de esta ‘carrera del oro’ para la industria de la ayuda internacional en la que se transformó Haití. En comparación con el inmenso volumen de la supuesta ayuda concedida, los resultados son nimios. Los programas financiados con recursos externos tienden a desaparecer tan pronto son traspasados a los socios haitianos, pues está ausente cualquier vestigio de sustentabilidad. El país hace justicia al poco elogioso título de ‘cementerio de proyectos’. Se puede agregar que es el país de las ilusiones y la inocencia perdidas, las frustraciones infinitas, los sueños deshechos, el purgatorio de las buenas intenciones. El año 2010 quedó signado como el más terrible de la historia haitiana, marcada por tres acontecimientos mayores. El primero ocurre el 12 de enero cuando un terremoto destruye la región metropolitana de Puerto Príncipe; mueren 230.000 personas, otras tantas quedan heridas y aproximadamente un millón 500.000 personas son desplazadas. El segundo comienza a mediados de octubre y se prolonga por muchos años. Traído por soldados del Nepal, al servicio de la Minustah, llega por primera vez al país el vibrión del cólera. Las inhumanas condiciones sanitarias que imperan en Haití hicieron que la epidemia se esparciera, con el saldo de 8.000 personas muertas y otras 800.000 infectadas”. En realidad, a la fecha, hay más de nueve mil personas muertas por esta causa. Continúa: “Por último, el tercero ocurre durante las elecciones presidenciales de finales de noviembre de 2010 y dio lugar a la intromisión (tan increíble como vergonzosa) de ciertos países que se dicen ‘amigos del Haití’, de la ONU y de la OEA, imponiendo un candidato no solamente contrario a la voluntad

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popular, sino a contrapelo también de elementales reglas diplomáticas y básicos principios electorales. Así, cuando uno se detiene a mirar a Haití puede ver la acción de la supuesta ‘Comunidad Internacional’: hecha de inepcias, cobardías y contradicciones”. Señor presidente: valen estas referencias porque creo que pintan una realidad que, en general, todos nosotros ignoramos; votando la prórroga que solicita el Poder Ejecutivo seguimos de alguna manera ignorando y reafirmando nuestra ignorancia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Novales. SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Señor presidente: quiero adelantar que voy a votar afirmativamente esta solicitud del Poder Ejecutivo, ya que considero que nuestro país, que tiene una larga tradición de intervenir en misiones de paz, lo ha hecho de tal manera que ha ido incrementando el prestigio de nuestras Fuerzas Amadas y de Uruguay. Las distintas misiones, concretamente esta, no solo están integradas por militares, sino también por funcionarios de OSE, encargados de hacer funcionar las máquinas UPA; por policías, que van a dictar clases, a enseñar, a formar los cuerpos policiales, y por bomberos, que van a comunicar sus conocimientos. Lo que me llama la atención es que el mensaje del Poder Ejecutivo está fechado el 21 de noviembre y hoy, a finales de diciembre, en una sesión extraordinaria, estamos tratando este proyecto sin que haya informe de comisión, lo que priva a los colegas diputados de discutir este tema en ese ámbito y de hacer un informe en mayoría o en minoría, en el que se puedan expresar, de acuerdo con el normal funcionamiento del Parlamento. Esta demora es injustificada y ya en algunas otras oportunidades, sobre todo cuando se trata de cuestiones en las cuales está inmerso el Ministerio de Defensa Nacional, hemos tenido que resolver temas al galope porque siempre vienen tarde y urgiendo pues nos corren los plazos. Generalmente, desde el punto de vista militar, las fuerzas no son combatientes, sino que están establecidas para la paz, y es tal el grado de prestigio que han logrado en muchísimos lugares en los que sí

hay conflictos que los civiles, teniendo varias opciones para buscar protección, siempre optan por guarecerse donde están las fuerzas uruguayas, porque los uruguayos -a pesar de las diferencias que puedan existir- tenemos una manera de ser amistosa, protectora, que realmente da confianza. A eso se debe el prestigio que ha tenido nuestro país. Uruguay, de acuerdo con su índice de población, es el país con mayor incidencia en materia de fuerzas de paz. A tal grado es así que su ingreso al Consejo de Seguridad, precisamente, debe tener mucho que ver con su colaboración histórica en estas situaciones. Además, ha logrado que el general Loitey, hasta hace pocos días comandante de la División II y, precisamente, oriundo de Dolores, departamento de Soriano, haya sido designado con el más alto cargo militar y tenga a sus órdenes a prácticamente noventa mil hombres. Hoy es el asesor militar del Departamento de Operaciones de Misiones de Paz de Naciones Unidas. Esa es una distinción enorme, sin precedentes. Ese militar uruguayo, luego de una proposición de nuestro Gobierno y en competencia con integrantes de Fuerzas Armadas de países poderosísimos, fue elegido para ocupar ese altísimo cargo por sus valores y, además, por el prestigio de nuestro país. Por si fuera poco, más allá del prestigio alcanzado y de la responsabilidad histórica que tenemos -digo esto respetando la opinión de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que esgrimieron muy buenas razones-, quiero recordar una discusión que hubo en el primer período en que integré el Parlamento y en la que se produjo, desde mi punto de vista, la lamentable renuncia de un caballero de la política: Guillermo Chifflet. Él siempre tuvo una posición de desacuerdo con este tipo de medidas. En aquel momento, tomó la resolución de renunciar y eso significó una pérdida enorme -era integrante de la Comisión de Derechos Humanos-, ya que don Guillermo era una persona de consulta; tenía conocimientos impresionantes. Realmente, era una persona importantísima. Las tropas están deseando ir a las misiones -lo puedo decir como persona del interior que prácticamente convive con ellas, como lo hacen fundamentalmente las personas que viven en el departamento de Canelones, ya que es la zona de influencia más grande de los cuarteles que hay en

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Montevideo- porque es la manera de mejorar su calidad de vida. Los US$ 5.000 o US$ 6.000 que los soldados traen después de esta misión -tal vez ahora sea más- les permiten comprar un terrenito para ir mejorando, ya que, lamentablemente, por los ingresos miserables que tienen, están por debajo de la línea de pobreza y, en general, viven en asentamientos. Si no fuera por la solidaridad de los compañeros de las fuerzas, que se van rotando para ayudarlos con donaciones de materiales y en la construcción de casas más decentes, realmente seguirían sin ningún horizonte de mejora. Si este proyecto no resultara aprobado, seríamos tremendamente egoístas con nuestros soldados, que están ansiando salir en una misión para hacerse de unos pesos y mejorar su calidad de vida. Además, desde el punto de vista del Ejército, esto hace que puedan mejorar sus equipos y actualizarse en forma permanente. Ojalá que esta sea la última vez que se vote una prórroga, porque eso significaría -para mí es importantísimo- que se puede solucionar la triste realidad que vive Haití. Sin embargo, por algunas razones que ya se dieron a conocer, me temo que hay intereses para que esta problemática no se solucione. Por eso, estoy seguro de que en seis meses volveremos a votar otra prórroga. De todos modos, eso no significa que no tomemos en cuenta la labor de los soldados uruguayos, que es algo que quiero destacar, como corresponde. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Jaime Mario Trobo Cabrera. SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: al igual que el señor diputado Novales, y por las mismas razones, anunciamos que vamos a votar afirmativamente la prórroga de la permanencia del contingente uruguayo en Haití, en el marco de la Minustah. Por otro lado, queremos decir que el Partido Nacional, desde que ejerció el gobierno -desde 1990 hasta 1995-, ha tenido claro la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en la nueva visión de seguridad internacional, en particular, de Uruguay. En ese sentido, creo que la experiencia y el

reconocimiento que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas en las múltiples misiones que cumplieron en el exterior son una prueba clara de la profesionalidad con la que actuaron el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Por lo tanto, con el mismo criterio con el que en su momento acompañamos la creación de la misión, vamos a votar esta prórroga hasta el 15 de abril. En realidad, no tenemos clara la posición del Gobierno al respecto; sin perjuicio de ello, reconocemos que envió un proyecto de ley pidiendo el mantenimiento de las tropas hasta esa fecha. No la tenemos clara porque una cosa es la posición que asumió el Gobierno con respecto al proyecto de ley que envió al Parlamento solicitando esta prórroga y otra, la que asumió nuestra delegación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que acompañó la Resolución 2313, en la que se establece que se evaluará la situación de la Minustah desde ahora hasta el 15 de abril. O sea que Naciones Unidas aún no resolvió en forma definitiva si la misión se retirará el 15 de abril, pero nuestro gobierno sí dispuso -salvo que en algún momento venga otro mensaje, ocasión en la que deberemos discutir los temas de fondo-, de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley, que Uruguay solicitará el mantenimiento de sus tropas solo hasta el 15 de abril. Por otro lado, es llamativo que dentro de la fuerza de gobierno -en realidad, no nos llama la atención porque ha ocurrido en otras ocasiones-, aun con la solemnidad con la que se envió este proyecto de ley y a pesar de que los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional hablaron en el Senado de la necesidad de que Uruguay cumpliera con esta cuestión, existan posiciones diferentes, de confrontación interna, que hoy fueron claramente puestas de manifiesto. Tanto es así que no solo se señala la falta de justificación para extender la misión, sino que no es necesario este tipo de misiones en Haití. Lo cierto es que Uruguay, como integrante del Grupo de Amigos de Haití -en realidad, ejerció la coordinación durante un buen tiempo, una posición política de importancia-, debería ofrecer una posición coherente hacia el exterior. En realidad, en esto no puede haber dos opiniones: se está a favor o se está

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en contra. Por esa razón, la bancada de gobierno debería expresar claramente la posición del Gobierno, pero eso no está ocurriendo. Esta tarde, si no fuera por los votos de la oposición, la prórroga de la misión hasta el 15 de abril no sería aprobada. Eso tiene que quedar claro, debe quedar de manifiesto, y la opinión pública debe saberlo. En realidad, no hay una posición coherente, seria ni responsable de los parlamentarios del partido de gobierno con respecto a un tema de tanta sensibilidad. Como dije, nosotros sabemos qué posición vamos a tomar; como dije, lo sabíamos cuando el Partido Nacional asumió el gobierno, ya que en ese entonces se potenció la presencia de las Fuerzas Armadas uruguayas en misiones de paz a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto, no empezaron en esa época, ya que desde la guerra del Chaco se envía a observadores uruguayos en misiones de paz. Pero debemos resaltar que nuestras Fuerzas Armadas han tenido una actitud profesional -cada vez que tratamos un tema de esta naturaleza debemos felicitarlas-, de responsabilidad, de sensibilidad y, sobre todo, de sentido humanitario, que es algo ejemplar y de lo que los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos. Solo debemos remitirnos a las palabras del señor diputado Novales, quien hizo referencia a la designación del general Loitey para un alto cargo en las Naciones Unidas, relacionado con las misiones de paz, lo que no solo demuestra las capacidades del individuo, sino los antecedentes de las Fuerzas Armadas uruguayas en este tipo de proyectos. En ese sentido señalamos cuál será nuestro voto con respecto a este proyecto de ley. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Gastón Cossia. SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: nosotros también vemos con preocupación que en esta fecha, a tres días de que finalice el plazo establecido en la ley vigente -se trata de un mandato constitucional, ya que el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución establece que las misiones y las fuerzas militares de nuestro país deben estar expresamente autorizadas por la Asamblea General o las Cámaras para permanecer en el exterior-, se produzca esta discusión, en la que se mezclan

cuestiones pragmáticas y de resoluciones operativas con discusiones políticas de fondo que tienen que ver con las relaciones internacionales del país, con el rol de las Fuerzas Armadas y con las posiciones ideológicas, poniendo sobre la mesa algunos temas relativos a la evolución ideológica de la fuerza de gobierno y de sus conceptos, lo que nosotros apoyamos y valoramos mucho. En realidad, en el año 2004, el Frente Amplio se opuso radicalmente a que las fuerzas de paz se establecieran en Haití, pero en la medida en que fue asumiendo responsabilidades de gobierno, entendió la conveniencia y la importancia que este tipo de operativos tienen para el país. Hay que destacar eso, porque la evolución en materia de construcción política es muy importante, así como la evolución ideológica. Tenemos que mencionarlo porque lo que se planteó en 2004 fue una radical oposición ideológica, que hoy no existe, ya que es el Gobierno el que recomienda renovar el plazo hasta el 15 de abril, a fin de que las fuerzas desplegadas en Haití puedan mantenerse en el lugar y desarrollar sus tareas. En realidad, esa evolución es saludable. También queremos destacar el rol que tenemos nosotros, como oposición, ya que estamos abiertos al diálogo y tratando de construir acuerdos y consensos. ¡Y vaya si es importante construirlos en materia de política exterior y en temas tan sensibles como la presencia de militares uruguayos en otras tierras! Por eso, nos preocupa la visión que trasunta este proyecto en un aspecto, en una decisión unilateral que tomó el Poder Ejecutivo, que no se expresa en la iniciativa, pero sí en la fundamentación. En realidad, nos gustaría que esa afirmación pudiese ser contemplada en los términos adecuados de relacionamiento político e institucional que el país necesita, ya que hablamos de la construcción de políticas de Estado en materia de relaciones internacionales. En la fundamentación se expresa: “[…] el Poder Ejecutivo acuerda el retiro de la totalidad de las tropas, una vez que expire la prórroga del mandato aprobada en la Resolución 2313 […]”. Es decir que el Poder Ejecutivo ya ha tomado una resolución muy importante, pero creo que este párrafo en la presentación del proyecto de ley solo trata de saldar una discusión interna del partido Frente Amplio, lo que no hace bien a la discusión general que el país merece, que debe darse con todas

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las fuerzas políticas, respetando la diversidad de opiniones y, sobre todo, considerando a quienes hoy, solidariamente, vamos a apoyar al gobierno para que resuelva el problema que tiene, ya que no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley enviado. Entonces, ¿cómo se explica que el Poder Ejecutivo nos diga que esta es la última vez, porque ya lo resolvió? Resulta que no tiene los votos en la Cámara para aprobar lo que nos está proponiendo y ni siquiera nos tiende una mano para negociar y consultarnos. Por supuesto que las misiones de paz son importantes y que hay objeciones sensatas y atendibles por lo que está ocurriendo en Haití, y por lo que ha sucedido hasta ahora con las Naciones Unidas. No obstante, eso no hace que tengamos que condenar alegremente a las Naciones Unidas, ya que cuando nos conviene lo que hace el organismo, lo aplaudimos y, cuando nos parece cuestionable, lo condenamos. Apostamos a las relaciones internacionales consensuadas entre las naciones en un ámbito de discusión como el de las Naciones Unidas. El Gobierno ha hecho muy bien en propiciar que en el Consejo de Seguridad haya representación de Uruguay; ha sido un logro muy importante, al igual que el asesor militar que hemos logrado tener gracias a las gestiones que se han hecho, porque a esos cargos no se llega alegremente, sino por la realización de gestiones a alto nivel y por el reconocimiento de las misiones que ha llevado adelante el país. Estas cuestiones son muy importantes, pero también es cierto -como aquí se ha dicho- que debemos tener un discurso coherente. Nosotros no encontramos un discurso coherente en la actitud que ha tenido el Poder Ejecutivo al tomar una decisión unilateral. No encontramos que haya diálogo ni discusión de fondo acerca de las relaciones internacionales, y creemos que eso es un problema. Por esa razón, vamos a poner el hombro al país para resolver el problema, como siempre ha hecho el Partido Nacional. Vamos a votar esta prórroga en el entendido de que es necesario discutir temas de fondo entre todas las fuerzas políticas, y el Partido Nacional está dispuesto, generosamente, a ser constructor de una política exterior en acuerdo con los otros partidos de este país. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: hace pocos días volvimos de Haití, adonde fuimos junto con representantes de otros partidos políticos. Había más legisladores invitados que por razones personales no pudieron asistir. Fuimos invitados por el partido político Raíz del Campo Popular y por una organización social muy importante: la Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo. Informo sobre esta visita, porque entiendo que es el argumento más fuerte en contra de la permanencia de las tropas de ocupación militar en Haití, la Minustah, y para desenmascarar las falsedades con las que, a nuestro juicio, se intenta justificar doce años de ocupación militar en ese país. En nuestra visita no estuvimos solo con los radicales de izquierda, sino con todo el espectro político. Fuimos recibidos por el presidente de la Cámara de Senadores y por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado en pleno. El presidente de la Cámara de Senadores nos regaló una medalla conmemorativa de los doscientos años del Parlamento haitiano, que se cumplieron en el año 2006. O sea que en 1806, cuando los habitantes del virreinato estaban enfrentando las invasiones inglesas, Haití ya era independiente y tenía Parlamento. Está bravo para dar lecciones de democracia a Haití. Además, nos recibieron el presidente de la Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Internacionales de ese Cuerpo. Otros diputados nos fueron a ver al hotel y nos reunimos con candidatos a la presidencia, entre ellos, Jean Charles Moïse, quien fue recibido por la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Cámara y por el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. También nos reunimos con representantes de la Iglesia, con múltiples organizaciones sociales y con universitarios. Recorrimos las zonas afectadas por el huracán Matthew, en el sureste del país, que están devastadas. Además, al arribar a Port-Salut -la zona más al sur a la que llegamos-, donde estuvo asentada la misión uruguaya, nuestros acompañantes nos recordaron que allí un joven haitiano fue violado por efectivos de las tropas uruguayas, y en una conferencia de prensa nos preguntaron qué se había hecho en Uruguay con los responsables de ese crimen.

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Asimismo, pasamos por la zona del terremoto que tuvo lugar en el año 2010, que sigue siendo un desastre porque no ha habido reconstrucción; tampoco en la zona del huracán se ven muestras de ayuda internacional, ya que hay casas destruidas, campesinos en la miseria, hambruna y animales muertos. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de esta visita? Una de las tantas es que sería bueno que fueran más parlamentarios a visitar un país que ha tenido presencia militar uruguaya durante doce años, y no digo que vayan a encerrarse en el bastión de la Minustah ni a andar en coches blindados, sino a recorrer Haití con los haitianos y a escucharlos. Puedo decir con certeza que la mayoría del pueblo haitiano rechaza totalmente la ocupación militar, la Minustah. No quieren que se los ayude más con tropas; no quieren que haya más ocupación; no quieren ser víctimas de una ocupación militar. ¡Adviertan qué desfachatez la de ese pueblo! Algunos legisladores nos dijeron que la Minustah es parte del problema de Haití, no la solución. El diputado Rolphe Papillon, que es el presidente de la Comisión que equivale a la de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de nuestra Cámara, nos dijo que cada vez que se cruza con un carro militar de Naciones Unidas siente que le dan una bofetada en la cara, siente que es una ofensa a su orgullo como haitiano. Asimismo, un estudiante de la Universidad Quisqueya nos dijo que todos los días, a las ocho de la mañana, cantan el himno e izan la bandera, y que una estrofa del himno dice: “somos dueños de nuestro suelo”. Sin embargo, miran a la calle y pasan los camiones con tropas de la Minustah. Esto es insostenible. Está claro que no todos los haitianos están en contra de la ocupación, sino que hay quienes la defienden. Son una minoría y ni siquiera se animan a defenderla abiertamente. Me refiero a la oligarquía corrupta de Haití. ¿Alguien puede decir que todos los uruguayos estuvieron en contra de la dictadura? ¿No funcionó un Consejo de Estado? ¿Acaso todos los franceses estuvieron en contra de la invasión nazi? ¿No hubo un gobierno colaboracionista? ¿No hubo en el Montevideo colonial una oligarquía que salió a aplaudir a Lecor cuando Artigas peleaba en la campaña contra los invasores? En Haití también hay lucha de clases y existe un sector minoritario que

desde la invasión yanki de 1915 está asociado a los invasores, que sirvió de sostén político a la dictadura criminal de los Duvalier, y ahora es socia de esta nueva invasión a cargo de la Minustah. Se ha dicho en el Cuerpo que fracasaron los objetivos proclamados por la Minustah. Si uno creyera que esos eran los objetivos, deberíamos decir que fracasaron, porque no hay estabilización, democratización, reconstrucción ni fortalecimiento de las instituciones y, a la vez, crece el narcotráfico. Lo que pasa es que la verdadera razón no era esa. Se mencionó al diputado Guillermo Chifflet, una figura emblemática de la izquierda uruguaya, quien en esta Cámara dijo que los objetivos se desprendían muy claramente de las palabras del general estadounidense James Hill, quien afirmó ante el Parlamento de su país que las operaciones militares en Haití tenían el efecto de proteger los intereses de los Estados Unidos de América en el Caribe. Para eso está la Minustah; para eso. Pero también gente de otros sectores, como el excanciller Gros Espiell, decía sobre Haití: “Si hubo un golpe de Estado y si hay un conflicto interno en Haití, me pregunto: ¿enviar tropas integradas por uruguayos para intervenir en un conflicto interno resultado de un golpe de Estado no es una forma de intervención dudosamente jurídica en asuntos internos de un país?” Y terminaba diciendo: “[…] no todo lo que salga de Naciones Unidas tiene la bendición divina ni es a priori correcto”. El objetivo de la ocupación es mantener el statu quo que existe desde la ocupación de 1915. Es más: esta ocupación está viciada de ilegalidad incluso desde el punto de vista de Naciones Unidas. ¿Quién pidió la intervención de Estados Unidos de América? Un títere, el que pusieron los gringos cuando sacaron a Aristide. Y, según la Constitución haitiana, la que se dieron en la breve etapa democrática, un acuerdo de esta naturaleza debe ser pedido por el presidente legítimo -en ese momento no existía- y refrendado por el Senado. ¿Saben algo? El Senado haitiano votó dos veces el pedido de retiro total de las tropas de ocupación; no solamente no solicitó la ocupación, sino que pidió el retiro. Por lo tanto, hasta es ilegal. Aquí se hablaba de la ayuda internacional que recibió Haití. Por el terremoto, Haití debió haber recibido US$ 5.000.000.000. Efectivamente, no llegó ni el 5 %. ¿Dónde está el resto? Pregunten a los

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representantes de la corrupta oligarquía haitiana y a los que la protegen ocupando militarmente su país, porque la ocupación militar está para defender el statu quo; está para eso. Decimos que no hay que votar esta iniciativa porque esta no es la última prórroga. Basta leer la resolución de Naciones Unidas que refiere a una prórroga hasta el 15 de abril de 2017, cuando se analizará y se verá qué pasa. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Esta es la última vez por enésima vez; siempre es la última vez. Consecuentemente con eso, en la Comisión de Asuntos Internacionales el canciller dijo que se produciría el retiro, si las Naciones Unidas valoraran que están las condiciones dadas. También lo dice el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que expresa: cumplamos con esta resolución de Naciones Unidas. Pero ¿qué dice la resolución de Naciones Unidas? Se refiere a que la prórroga será hasta el 15 de abril y entonces se verá qué pasa. ¿Y qué va a pasar? Yo leí las intervenciones realizadas por el canciller y el ministro de Defensa Nacional en la Comisión de Asuntos Internacionales y en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, y tengo que decir que están muy mal informados, porque no puedo creer -ni creo- que vayan a mentir a las Comisiones del Senado, pero las cosas que dijeron… El canciller Nin Novoa habló de la ayuda increíble que ha brindado la Minustah a Haití. Vaya canciller a Haití y mire cuál ha sido la ayuda. Después de doce años de presencia militar uruguaya, Haití recupera el reparto de agua por las UPA -les aseguro que no se nota-, la construcción de una escuela y el apoyo a un orfanato. ¿Tenemos que mandar militares para eso? Hablan de que dimos apoyo, contribuyendo a la seguridad y estabilidad interna, y de que ayudamos en los procesos electorales, pero estos fueron fraudulentos, tal como decía el diputado Posada. También lo confesó quien fuera encargado por la OEA para el proceso electoral haitiano. Ganó el candidato de la oposición y los gringos impusieron al que salió tercero: el cantante popular Martelly, heredero de los Duvalier. ¿Esas fueron las cosas en las que ayudamos? ¿Para eso estamos en Haití? Sí; para eso estamos en Haití; para eso nos usan. El ministro de Defensa Nacional, señor Menéndez, dijo que el último proceso electoral, en el

que participó el 20 % de los electores, se va a resolver correctamente. ¿El ministro no sabe que ese proceso electoral fue impugnado por fraudulento por los tres principales candidatos de la oposición? ¿No sabe el ministro que el Consejo Electoral de Puerto Príncipe, la principal ciudad de Haití, aceptó la impugnación y que mañana, cuando el Consejo Electoral resuelva si convalida el resultado fraudulento, va a haber agitación social en Haití? Esto sucederá porque -según algunos- los haitianos tienen un defecto, aunque, a nuestro juicio, es una virtud: no se resignan a la injusticia y pelean, aun en las peores condiciones. Hay una cuestión que expresa la resolución de Naciones Unidas frente a la que es mejor reír para no llorar, porque los numerales 14 y 15 expresan que la ONU está contenta porque en Haití va avanzando la participación política de la mujer. No saben que en este último Parlamento, por primera vez en mucho tiempo, no fue electa ni una sola mujer; mienten descaradamente para justificar esa invasión. Los argumentos a favor son falsos por lo que acabamos de decir y podríamos agregar varios más; tienen un sentido y un espíritu profundamente colonialista y racista. Se parte de la base de que Haití es un Estado fallido; doctrina imperialista, si las hay. Se piensa que los haitianos no se saben gobernar por sí mismos y que hay que llevarles la democracia. ¿Con qué? ¿Con tropas? ¿Después de un golpe de Estado? Esta es la expresión de una política subordinada a los intereses del imperialismo. Además, en cuanto a las tropas de paz, creo que no hay nada que inventar. El diputado Coitiño mencionaba algunas intervenciones del general Víctor Licandro y yo lo quiero rescatar como una figura emblemática de la izquierda, un militar de honor, artiguista, antiimperialista. Hay un reportaje publicado en el semanario Voces, en abril de 2011, y entonces expresaba la esencia de las misiones de paz, como decía el diputado Coitiño. Las multinacionales, cuando tienen problemas para seguir el saqueo de las antiguas colonias, llaman a las misiones de paz “[…] para asegurar el orden, restablecer la paz y facilitar nuevamente el funcionamiento del andamiaje administrativo, que les permitirá salvaguardar sus intereses… […]”. (Suena timbre indicador de tiempo) ——Tendría mucho para decir con respecto al cólera.

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Me gustaría que se me permitiera hacer uso de la palabra un minuto más, porque escuché al senador Lorier decir que votaba a favor de que estuvieran las tropas porque si un día iban brigadistas de la construcción a levantar casas en Haití tenían que ser protegidos por soldados uruguayos. Si bien dejar una rosa no es suficiente, habría sido mejor, porque Haití tiene millones de desocupados; los haitianos saben hacer casas, allí hay obreros de la construcción y el pueblo haitiano tiene todo el derecho de defenderse de los invasores y de los ocupantes, y la gente de izquierda debería sentirse contenta y solidaria con quienes se rebelan contra las ocupaciones imperialistas. Haití no precisa tropas; Haití sufre el cólera, responsabilidad de Naciones Unidas; los haitianos son un pueblo digno, que no acepta la ocupación y nuestro deber como artiguistas es votar en contra y apoyar la resistencia. Puedo imaginar qué haría Leandro Gómez, que dio su vida para impedir la ocupación imperialista del hermano pueblo paraguayo, o qué haría Grauert, hombre de izquierda, antiimperialista, y no me tengo que imaginar qué haría Licandro porque, por suerte, lo dejó escrito. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: debido a que el diputado Rubio estuvo en Haití recientemente le ofrezco una interrupción, si necesita más tiempo. Yo haré una breve intervención, pero como hace poco que él estuvo allí, nada mejor que ver la realidad, que es la más porfiada de todas las cosas. Reitero que, si necesita más tiempo, puedo darle una interrupción. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: brevemente, quisiera referirme al problema del cólera, que también es responsabilidad de las tropas de

ocupación; es obra de las Naciones Unidas. Esta es la estabilización, la institucionalización. El cólera lo trajo un contingente de la Minustah. Ya se habló de la cantidad de muertos -creo que fue el diputado Posada-, y también se debe mencionar que hay setecientos mil infectados. Estuvimos con una organización social que representa a las víctimas del cólera. El secretario general de la ONU tímidamente reconoció la responsabilidad de las Naciones Unidas al haber introducido este flagelo. Nosotros decimos que no alcanza; el pueblo, el Parlamento haitiano y las organizaciones sociales están reclamando que Naciones Unidas, además, asuma la reparación de las víctimas y del daño causado. Convocamos a todos los parlamentarios a que se sientan solidarios con esta causa a expresarse públicamente, exigiendo que Naciones Unidas asuma esa responsabilidad. Hace un tiempo en esta Cámara se votó por unanimidad una minuta de comunicación planteando al Gobierno que hiciese un envío solidario de leche en polvo y unidades potabilizadoras de agua a Haití para socorrer a las víctimas del terremoto. Lamentablemente, seguimos sin noticias; nos han dicho que esa solicitud está en trámite. Vemos mucha rapidez para tratar este proyecto; tanta, que ni siquiera pasó por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Para seguir cumpliendo el mandato imperialista de ocupar Haití, los proyectos llegan como por un tubo, pero para ser solidarios en lo que se precisa parece que la burocracia nos traba. Espero que en breve podamos estar dando un mensaje positivo al pueblo haitiano. Por último, no necesito decir que nuestro voto es contrario a la permanencia de las tropas en Haití. Gracias, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede continuar la señora diputado Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: en esto voy a mantener la coherencia, porque hay principios que son atemporales; sé que otros no lo son, ya que van variando con los cambios en el mundo. En consecuencia, voy a votar por la negativa la permanencia de las tropas en Haití. Aclaro que eso representa un pronunciamiento concreto con relación

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a la situación de Haití y de la misión de paz en ese país. No soy capaz de emitir una opinión sobre este tema en general; sería un atrevimiento de mi parte hacerlo. Tampoco esto es un cuestionamiento al Ejército; no estoy en condiciones de hacerlo. Por el contrario, creo que si es necesario ayudar a los soldados y procurarles un mejor nivel de ingresos, debemos hacerlo de otra manera. No debe ser fácil integrar esas misiones. Por razones de amistad conozco la situación de una persona que vivió esa realidad y sé que tuvo muchos problemas emocionales por lo que ha visto. En otras épocas -sigo creyendo que es así porque la historia tiene leyes generales- decía y pensaba que no hay dominación extranjera sin sirviente nacional. Esa es una vieja ley histórica que por ahí alguien teorizó, y que es aplicable en este caso. Ahora bien, el problema aquí es que yo no quiero que mi país sea cómplice de una ocupación extranjera. Si en poco más de doce años no se pudieron resolver asuntos elementales, es porque no estamos haciendo las cosas bien. De la misma manera que exigimos resultados en otros ámbitos, de acuerdo con el esfuerzo que se hace y la capacitación que tiene nuestra fuerza -por algo se llega a esos cargos militares, que en otras épocas se cuestionaron mucho pero que ahora aplaudimos-, deberíamos hacerlo en este. No tengo ninguna duda de que nuestra fuerza está capacitada. Seguramente, quien está al mando de nada menos que noventa mil personas debe ser alguien de muchísimo valor militar. Reitero que no quiero que mi país sea cómplice, porque si en doce años no se resolvieron las cuestiones más mínimas es porque estamos haciendo las cosas mal. Que las hagan mal otros países, puede suceder y lo plantearemos en los organismos internacionales, de la mayoría de los cuales Uruguay ha hecho gala de ser fundador, así como corredactor de normativa internacional en ese sentido. Me parece que debemos hacer gala de eso y reconocer no solo al exdiputado Chifflet sino también al doctor Gros Espiell, que era y sigue siendo una personalidad internacionalmente reconocida porque lo estudian en otras partes del mundo; nadie duda de su condición de blanco. Es decir, esto atraviesa a los partidos políticos.

Lo cierto es que la realidad nos “cachetea” -entre comillas, como dice una colega de la educación-, nos golpea mucho. No podemos seguir siendo cómplices de esta situación. Así como no quiero -en esto me separo de otras fuerzas políticas- que le soltemos la mano a Venezuela y no quiero que ese país viva la realidad que esta viviendo -sin intervenciones extranjeras, por supuesto, pero haciendo uso de las disposiciones internacionales-, de la misma manera y con más fuerza quiero que se termine la ocupación en Haití, porque es un paso más. En todo caso, a Venezuela le estamos soltando la mano. A Haití no le soltamos la mano; lo estamos ayudando a presionar en su realidad. El pueblo haitiano habrá tenido o no la capacidad de resolver su futuro, pero ese es su derecho. Esta situación da lugar a una gran pregunta, y no es necesario hacer elucubraciones muy teóricas sobre el imperialismo y demás para responderla; hoy en día podemos hacer otro análisis, pero no es esa la cuestión. A uno le llama poderosamente la atención que esto suceda en el primer país que se independizó -lo hizo en 1804-, y que la otra mitad de la isla sea otro mundo. Allí es donde mucha gente va a pasar sus vacaciones; dicen que son muy bonitas esas playas del Caribe. Entonces ¿qué es lo que nos pasa? Allí vemos gráficamente expuesta la enorme contradicción que existe en una América Latina que, evidentemente, no ha sabido resolver su integración. En esto hay algunos que tienen más responsabilidad que otros, pero no es este el momento para analizarlo. Entonces, digo: ¡basta! Busquemos otra manera de resolver los problemas de nuestros soldados y de llevar adelante la solidaridad. Con la ocupación militar, no. La verdad que lo único que se me ocurre decir para finalizar mi intervención es: ¡basta! Hace mucho tiempo que estamos convencidos de que esta no es la solución. Parece que doce años no han alcanzado para darse cuenta de eso. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Egardo Mier. SEÑOR MIER (Egardo).- Señor presidente: este diputado blanco y nacionalista, orgulloso de pertenecer a un partido de hombres libres, va a votar

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negativamente la prórroga de la permanencia de nuestras tropas en Haití. Las razones han sido explicitadas en forma muy justa, coherente y real por quienes me precedieron en el uso de la palabra y coinciden con mi posición. Sin embargo, voy a aclarar algunos aspectos. En primer lugar, no estoy en contra de la participación de Uruguay en misiones de paz. Además, sé del prestigio a nivel internacional que estas intervenciones le han dado al país. También me constan los beneficios que han tenido los humildes soldados que concurren a estas misiones. En mi pueblo he podido ver que retornan con algunos ahorritos que les permiten hacer algo con su miserable salario. Sin embargo, creo que debemos analizar dónde realizar las misiones de paz y para qué. He escuchado en la Cámara hablar acerca de ese beneficio para nuestra imagen internacional y nuestros humildes soldados. Conozco las dos cosas, pero de ninguna manera justifican la vergonzosa permanencia de Uruguay, participando en esta específica y particular misión de paz -mal llamada asíen Haití. Por lo tanto, mi voto será nuevamente negativo. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MIER (Egardo).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: quiero aclarar que en este caso no estamos hablando contra los soldados ni el Ejército. Esta es una decisión política que toma el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que ejecuta el Ministerio de Defensa Nacional. Se plantea que las misiones de paz, en particular en Haití, son una muy buena oportunidad para que nuestro Ejército adquiera experiencia y haga aprendizaje en el terreno. Me voy a remitir otra vez al general Víctor Licandro cuando dice: “[…] en Uruguay tenemos una doctrina de empleo orientada fundamentalmente a que las FF.AA. son para integrar la defensa nacional militar en caso de guerra, y el orden interno, el orden policial, está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Es decir, que cuando se está hablando de las situaciones en

Haití, en el Congo o Eritrea, por citar sólo algunos casos, se está haciendo policía, se está estableciendo el orden interno. Se trata de un aprendizaje de orden interno policial. Todos sabemos el enorme daño que las FF.AA. de ocupación en la época de la dictadura le hicieron a la sociedad uruguaya. Conceptualmente no puedo compartir que las FF.AA. vayan a perfeccionarse en el orden interno en Haití, porque esa conducta después la aplican aquí en Uruguay. Yo no quiero más FF.AA. militarizando a la sociedad uruguaya […]”. Estoy totalmente de acuerdo. También se maneja el argumento de que los soldados reciben un beneficio económico. Entonces, este es un debate presupuestal: ¿daremos o no un salario digno a los soldados? De lo contrario, estaremos consolidando una política de mercenarios. Esto no lo digo yo, sino que lo decía el general Licandro al afirmar: “Cuando yo empleo el término ‘que actúan como mercenarios’ es porque uno de los argumentos que se manejan, es que van y les pagan. Pero si van a hacer alguna función del tipo militar policial porque les van a pagar, eso es mercenario”. Yo no quiero que el Ejército uruguayo -un ejército artiguista, que defiende los intereses nacionales, consustanciado con los intereses del pueblojuegue o le hagamos jugar el triste papel de ejército mercenario al servicio de los intereses del imperialismo. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede continuar el señor diputado Egardo Mier. SEÑOR MIER (Egardo).- He finalizado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Andújar. SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor presidente: no puedo ser solidario con el Gobierno. No voy a ser solidario con el Gobierno. No quiero que algunos compañeros diputados se ofendan por utilizar esta palabra, que ellos han usado para decir que hoy se les puede dar una mano, ya que no tienen los votos. Soy solidario por concepción, por convicción, y no por obligación. El señor diputado Eduardo Rubio dijo muchas cosas que yo pensaba expresar. Él recordó a algunas

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personas que han sido muy importantes para este país, como Leandro Gómez. Sin que nadie se ofenda – en este Cuerpo hay muchos herreristas marcados a fuego-, quiero decir que tengo una concepción que voy madurando, que tiene bases herreristas y que me hace recordar frases de Herrera, como aquello de: “Queremos ser libres y felices, en la armonía, sin invadir el fuero ajeno y dentro de lo posible y juicioso, cada uno en lo suyo. El mejor escudo de la soberanía es su propio ser”. Ese era Herrera, que también tenía una concepción de política exterior muy importante, antiimperialista, con principios de no intervención, sobre todo en asuntos ajenos de otras patrias. Desde el punto de vista técnico, uno tiene que evaluar y valorar lo que debe votar, pero el único insumo que tenemos es lo que dijeron en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, gracias a la convocatoria del Partido Nacional, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. Coincido -lo pensaba decir- con que fue una comparecencia de fantasía, de pura mentira. Hay que utilizar la palabra “mentira”, porque se dijeron muchas cosas que no están de acuerdo con lo que sucede, si evaluamos en base a lo que las autoridades nos trasmiten, para fundamentar y tener una concepción arraigada de lo que tenemos que decir. En su comparecencia en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el señor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de la República, y el señor ministro de Defensa Nacional mintieron; esa es una realidad incontrastable, y puede ser motivo de debate analizar todo aquello en lo que faltaron a la verdad. Esa evaluación nos deja la preocupación de la liviandad con la que se tratan algunos asuntos. Este gobierno lleva doce años y es responsable de la participación de nuestras tropas en la misión de paz en Haití. Si bien otro gobierno la inició, fue muy poco el tiempo que la sostuvo. Entre seis meses y doce años hay una gran diferencia, y no lo digo para restar responsabilidad al gobierno del Partido Colorado, que lo votó, porque también lo votó el Partido Nacional. Pero el que ha sostenido y ha sido el gran cómplice de esta misión de paz, que en realidad no es de paz, ha sido el gobierno del Frente Amplio. Esa es una responsabilidad que nadie le puede quitar, ni siquiera sus propios representantes, ya que aquí quedará demostrado que continúan avalándola.

Hay mucha liviandad al decir que la participación de Uruguay es para que no haya guerra civil, para que no haya violencia entre los haitianos. Lejos está de la realidad actual lo que sucedió en el año 2004. Es cierto que hubo ciudades tomadas por la fuerza, que hubo una rebelión, que el Frente Liberador tuvo actitudes preocupantes hacia el exterior y hacia América. Es cierto, pero se desactivó enseguida; no duró mucho. Algunos muertos que ha habido en Haití lo fueron en sublevaciones y protestas por reclamos genuinos de la sociedad, políticos o por necesidades básicas, pero fueron mínimos. Son los mismos reclamos que se hicieron aquí, en Uruguay, cuando había otro tipo de gobierno. No nos podemos extrañar de la rebeldía de reclamar lo que se quiere. Sí ha habido muchos muertos por cólera; miles. Entonces, como objetivo, como concepto, como propósito, pacificar y desarmar hoy no es necesario. ¿Promover la democracia? En comisión el ministro se rió de la pluralidad. Dijo algo así como que no era un país serio porque había más de cien agrupaciones políticas y cincuenta candidatos a presidente. Eso es reírse de la pluralidad. Eso lo generan los propios haitianos. No se puede opinar al respecto. Lo que hizo el ministro es grave. No tiene derecho a opinar de la política de otro país; se tiene que preocupar por la propia, en vez de entrometerse en otro país. En definitiva, no se ha podido promover la democracia, y menos con este tipo de misión. El ministro dijo que habíamos colaborado muchísimo con el proceso electoral. Hace doce años que estamos en Haití y nos sacamos bandera porque acompañamos a llevar las urnas, ponemos un soldado a su lado durante todo el día y las devolvemos al comité electoral. ¡Doce años y miles y miles de uruguayos yendo a ese lugar para hacer ese trabajo! No creo que sea un buen justificativo. El ministro de Defensa Nacional argumenta que tener tropas de paz en Haití habla bien de Uruguay, nos deja bien parados, nos da una buena imagen. Obvio, tenemos el compromiso de hacerlo por integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aparte, también hay un detalle. Estamos entre los países que promueven el Grupo de Amigos de Haití que tiene sede en Nueva York, que son los que deciden la estrategia -imagino que también los costos- antes de que la Minustah promueva cada renovación de las

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tropas. Entre pocos -somos cómplices- se decide qué beneficios vamos a recibir por participar. También tenemos que medir los objetivos dentro de casa, y no nos podemos engañar. El Estado, el Gobierno -este Gobierno- han utilizado las misiones de paz para retribuir a los soldados uruguayos, al 50 % de las Fuerzas Armadas que, en Uruguay, sin ir a las misiones de paz, ganan un sueldo líquido de más o menos $ 16.000. Este Gobierno ha tratado de no dar al Ministerio de Defensa Nacional -quizá por una concepción ideológica- lo que sí ha dado a los demás Incisos, lo que ha ayudado a la recuperación salarial de todos ellos después del período de crisis profunda que hubo en nuestro país. Para mostrar algo que no es, se ha aprovechado de la situación. Eso no es una mentira; es una realidad. Es vox populi. ¿De qué nos sirve? Lo que se dice en el barrio es que los soldados van para hacer su diferencia, su pequeña diferencia, porque un solado en una misión de paz gana aproximadamente US$ 1.100 líquidos. En nuestro país ganan entre $ 16.000 y $ 20.000. Es un reparto de miseria. Es triste tener que decirlo, pero no se ha tenido la capacidad presupuestal para solucionarlo, porque en el partido político de gobierno está la duda de si lo queremos o no, si queremos reforzarlo o no, qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas, qué objetivo tienen. Hemos dejado pasar el tiempo porque la venimos sosteniendo de esa forma. Es una realidad, y no se puede contrarrestar. Nada garantiza la vuelta en abril, porque si integramos el Consejo de Seguridad y nuevamente se vota que nos tenemos que quedar, no podemos callar en la comisaría lo que decimos en la pulpería. Creo que hasta mal redactado está el proyecto de ley al asegurar algo que no se va a poder cumplir, y no sé en ese caso cómo se podrá dar marcha atrás. No sé qué pasará con el partido de gobierno, cómo lo podrá solucionar. No está garantizado. Tampoco está garantizado en la redacción. Los ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores decían que en este proceso se podría reforzar a la Policía y retirar a las Fuerzas Armadas. O sea que capaz que mandamos policías y retiramos a las Fuerzas Armadas, si es que seguimos apoyando las decisiones del Consejo de Seguridad, que son decisiones nuestras, porque nosotros votamos. Es muy difícil entender esta resolución -y tampoco hay algo que nos asegure esa vuelta en

abril-, porque el voto de confianza ya se nos pidió en diciembre del año pasado. Nosotros somos coherentes: no lo votamos y no lo vamos a votar. El voto de confianza volvió a fracasar y aquellos que lo dieron se deben sentir bastante frustrados por haberlo dado y no ser correspondidos. Es una historia repetida, que no tiene fin. Más allá de eso, creo que hay que pensar en Haití y también en Uruguay, porque si nuestro país es solidario y quiere marcar su postura solidaria, Haití necesita conocimiento, no ocupación ni ejércitos. Haití necesita técnicos y nosotros los tenemos. Necesita reconvertir su campo, que es el valor agregado que tiene. La naturaleza le ha dado la posibilidad de hacer actividades agropecuarias, de salir de la hambruna. Necesita ingenieros que vayan a planificar cómo trabajar la tierra. Necesita ingenieros civiles para reconstruir un país que está absolutamente destruido. Necesita doctores y enfermeros. Necesita soluciones en materia de oficios. Necesita experiencias exitosas como podemos tener nosotros en nuestras empresas privadas, en nuestros entes. Necesita poder trabajar con el agua y ser un país mucho más saludable. Creo que hoy podríamos tener más de 245 o 250 efectivos en conocimiento trabajando en Haití, que generen muchos más recursos que los que se están generando y nos pueden dejar con una imagen mucho mejor. El conocimiento vale mucho más que la ocupación de Fuerzas Armadas, no porque estén peleando, estén armadas, estén reprimiendo o sean represoras, sino porque no están aportando nada desde lo sustancial. Reitero que no voy a acompañar este proyecto de ley y que me da mucha pena. Nuestro país ha sido obrero, ha sido funcionario, ha sido cómplice de la fábrica de pobreza más grande que existe en el mundo. Eso es Haití hoy: una fábrica de pobreza en un mundo que no es tan solidario como dice ser. Nosotros vemos en todos lados “Je suis Paris”, “Yo soy Orlando”. La gente, a través de las redes sociales, es muy amigable, muy amistosa, pero nadie pone “Yo soy Haití”. El huracán del año pasado lo destrozó con consecuencias más graves todavía que las que dejó el terremoto de 2010. Yo sí soy Haití y no acompaño la prórroga de la estadía de tropas uruguayas. Yo voto por conocimiento. Gracias, señor presidente.

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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: hace un rato que la Cámara está discutiendo este asunto. Varios oradores se han sucedido en el uso de la palabra y todavía no hemos escuchado al oficialismo defender el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Los que se han manifestado a favor de la iniciativa han sido integrantes de partidos de oposición. Entonces, a esta altura del debate, creo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que la única discrepancia es acerca de cuándo se tienen que retirar las tropas uruguayas del contingente de Naciones Unidas que está en Haití. Según el proyecto de ley sometido a nuestra consideración, esa retirada debe hacerse efectiva, a más tardar, el 15 de abril del año próximo y, según opinan otros legisladores, debe hacerse ya mismo. Esa es la única diferencia. No escuché ninguna argumentación que sostenga la importancia, la utilidad, el valor, la justificación de la presencia de Uruguay en el contingente de Naciones Unidas destacado en Haití. Lo que está en discusión, repito, es la fecha de retirada. Yo digo, con toda franqueza, que me parece preferible una retirada ordenada, comunicada en tiempo y forma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no sorprenda a nadie, a una retirada intempestiva y sorpresiva, que ponga la conducta del país en virtual contradicción con su actuación hasta ahora en el Consejo de Seguridad, donde no me consta que Uruguay se haya opuesto a la continuidad de la acción de la Minustah en Haití ni que haya dicho que va a retirarse antes del 15 de abril. Al contrario, el mensaje que nos envió el Poder Ejecutivo hace caudal de las resoluciones del Consejo de Seguridad en cuya adopción tomó parte Uruguay como miembro no permanente que es y dice, en función de estas decisiones del Consejo, que la retirada se cumplirá en abril del año próximo. Pide autorización para mantener hasta entonces la presencia de tropas uruguayas en el exterior con la precisión de que, eventualmente, esa retirada podría producirse antes de esa fecha. Entonces, puesta la cuestión en estos términos, que no es presencia de las tropas sí o presencia no, sino cuándo se retiran, nosotros pensamos que lo más sensato es retirarse con tiempo, manteniendo la congruencia con una política que el

país ha tenido durante doce años, que es de participación de los contingentes en las misiones de paz de Naciones Unidas que están actuando en Haití. Nos hemos mantenido doce años en esta. ¿Tiene sentido que a fines de este año, 2016, digamos que nos vamos mañana mismo, incumplamos compromisos ya asumidos y dejemos a nuestra delegación en el Consejo de Seguridad colgada de un pincel, por así decir? Me parece que no, señor presidente. De lo que se trata es de comunicar con tiempo que, en tres meses y medio -lo que nos separa de la fecha indicada en el proyecto de ley para la retirada-, Uruguay se irá de allí. Creo que desde este punto de vista corresponde acompañar el proyecto de ley, que es lo que desde esta bancada nos proponemos hacer. Uruguay integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente; lo hace por segunda vez en su historia. Es un sitial muy importante que está ocupando nuestro país. En su oportunidad se pudo haber discutido si esto nos convenía realmente o no, pero ese momento ya pasó, hoy estamos allí y tenemos responsabilidades que cumplir. Creo que la cuestión no está en si esto le conviene económicamente a los soldados ni a la imagen del país frente a la comunidad internacional, aunque esta última consideración sea relevante, sino que se trata de cumplir con nuestras responsabilidades, las que ya hemos asumido. Nuestra presencia en los cuerpos de paz, en las misiones de paz de las Naciones Unidas fue un factor que, sin duda, gravitó mucho para allanar el camino al Consejo de Seguridad. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora no podemos irnos dando un portazo intempestivamente de una misión de paz de la que estamos participando. Creo que el camino de la responsabilidad frente a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas nos lleva a cumplir con nuestro compromiso, a respetar la decisión del Consejo de Seguridad y a retirarnos en la fecha que se acordó. De todos modos, en esa decisión del Consejo de Seguridad se hace una salvedad, según dice el mensaje del Poder Ejecutivo, en cuanto a que más adelante habrá que hacer una evaluación de la misión y ver si en función de ella corresponde prolongarla o no. Entiendo que, si se pretende prolongar la misión más allá de esa fecha, esa evaluación se tendrá que hacer en el Parlamento. Se tendrá que venir a la Cámara a fundamentar muy rigurosamente con hechos, con cifras y testimonios acerca de cuál ha

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sido el valor, la utilidad y la importancia de esta misión. Hasta ahora, en esta sesión, se han escuchado solamente críticas muy severas. El oficialismo, que manda este proyecto de ley, ¿no va a contestar esas críticas? ¿Esto va a quedar así, con la catilinaria del señor diputado Rubio -seguramente no se molestará con lo que digo, porque sabe del sincero respeto que le profeso-, con esa exposición que nadie va a contestar? En esos términos, si nadie dice nada y si damos por cierto todo lo que se ha dicho en contra de estas misiones, no cabe otra que retirarse. Insisto: no nos retiremos sin cumplir las responsabilidades con las Naciones Unidas; retirémonos prolijamente, en orden. Comuniquemos que nos vamos a ir; comuniquemos a las Fuerzas Armadas que esta autorización es la última y que se preparen porque esto, inexorablemente, se termina en abril del año que viene. Entonces, sí, cuando llegue ese momento, se irán nuestras tropas. Me parece que no podemos terminar con doce años de una política y decir abruptamente, de golpe y porrazo, que nos vamos mañana; una decisión de ese tipo traería dificultades materiales en el retorno del contingente. Creo que esa es la posición correcta y en ese sentido vamos a votar. Si mañana el Poder Ejecutivo entiende necesario modificar el criterio, tendrá que argumentar, convencer, venir a este Cuerpo y tomar todo el tiempo que sea necesario para decir que las cosas no son como algunos señores legisladores han manifestado. Tendrá que venir y demostrar que no es cierto, que la Minustah es responsable de todo lo que le achacan, que ha cumplido un buen papel y que se espera que cumpla otro mejor. Pero si no se dice nada y lo único que hay es silencio del oficialismo, entiendo que debemos mantener este criterio y decir: “Señores, esta es la última: en abril Uruguay se retira de esa misión”. Es una misión que ha sido severamente criticada y que no fue mínimamente defendida en términos políticos y diplomáticos, y digo esto sin que ello implique menoscabo alguno a la actuación profesional de nuestras Fuerzas Armadas que, por lo que sabemos, ha sido correcta, profesional. Episodios de abuso y de inconducta seguramente hubo, porque en doce años de actuación, en cualquier repartición pública del Estado

uruguayo, algún episodio indebido debe haber habido. Entonces, no me extrañaría que en condiciones tan especiales como las que se viven en una misión de este tipo en el extranjero algún episodio de inconducta hubiera existido. Pero, en general, el desempeño de las Fuerzas Armadas ha sido correcto y profesional; por este motivo se las recibe tan bien para integrar una misión de paz. Quería hacer esta salvedad y esta precisión pero, al margen de todas estas consideraciones, anuncio que votaremos afirmativamente este proyecto de ley. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado José Luis Satdjian. SEÑOR SATDJIAN (José Luis).- Señor presidente: asistimos con expectativa a la sesión de hoy porque la verdad es que esperábamos votar la renuncia de un señor legislador. Me refiero al señor diputado Luis Puig, quien no se encuentra en sala, ya que ha pedido licencia. Quizás el señor presidente tenga la renuncia sobre la Mesa. Reitero que estamos sorprendidos de que el señor diputado no haya asistido en el día de hoy y haya pedido licencia; obviamente tiene derecho a hacerlo por motivos personales. Digo esto porque nos hubiera gustado conocer su opinión sobre el tema que estamos tratando y ver si era coherente con su actuación de diciembre de 2014, cuando renunció a su banca, faltando un mes y medio para asumir nuevamente. Debemos recordar que fue por este mismo tema que renunció a su banca a un mes y medio de asumir. Es muy fácil hacer eso; es muy fácil renunciar cuando uno tiene asegurada la vuelta al Parlamento. Pero, ahora, cuando faltan años para las elecciones y la renovación del Parlamento, no está en sala para darnos su opinión y, quizás, si fuera coherente, presentaría su renuncia. Es muy fácil gritar en la pulpería y callar en la comisaría, porque en la Cámara es donde se da la cara y donde se defienden las ideas, se vota a favor o en contra o se argumenta a favor o en contra de lo que se piensa. Pero hoy no contamos con la presencia del señor diputado y nos vamos a quedar expectantes.

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Acá tengo la carta de renuncia que presentó el señor diputado Luis Puig en su momento, que dice lo siguiente: “Montevideo, 29 de diciembre de 2014 Señor Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra Presente De mi mayor consideración: En función de la decisión tomada por mayoría en el Frente Amplio, hemos decidido votar en contra el proyecto de prórroga del plazo de permanencia de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales en la misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití. Esto conlleva a la presentación de renuncia al cargo de Representante Nacional por Montevideo período 2010-2015. Lo saluda atentamente, Luis Puig Representante por Montevideo”. ¿Qué ha cambiado desde que presentó esa renuncia hasta ahora? ¿Qué motivos han cambiado? En mayoría el Frente Amplio no va a votar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la República de Haití. Quizás cambió de pensamiento y la coherencia que tanto dice tener no existe en este momento. Quizás el tiempo que falta para las elecciones haga que el pensamiento del señor diputado Luis Puig no sea tan fuerte como parecía, porque renunciar un mes y medio antes no es lo mismo que renunciar tres años antes. Lo que hace ahora es desmerecer la actitud que tuvo el exdiputado Chifflet, quien fue reconocido varias veces en el Cuerpo… (Interrupción de varios señores representantes) ——Solicito que la Mesa me ampare en el uso de la palabra. (Campana de orden) ——Estamos hablando del tema. Ahora nos vamos a dirigir a ese punto… (Interrupción de varios señores representantes.- Campana de orden)

——Solicito que la Mesa me ampare en el uso de la palabra. (Campana de orden) ——Parece que, al no estar presente quien se debe defender, están quienes lo defienden. Lamentablemente, no podemos escuchar la versión del implicado. Es muy fácil y muy lindo tomar acciones para la tribuna; queda muy simpático renunciar al Parlamento por los ideales. En aquella oportunidad faltaba un mes y medio para asumir la banca nuevamente; ahora faltan tres años para las elecciones. Por eso decimos que no hay coherencia en las decisiones del diputado Luis Puig, que ni siquiera ha venido a dar la cara el día de hoy para que conociéramos lo que iba a hacer. Con respecto al proyecto, como decía el señor diputado Ope Pasquet, estamos asombrados de que no se haya alzado una sola voz del oficialismo, una sola voz del partido de gobierno que se atreva a defender el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Quizá se hayan anotado para hacer uso de la palabra más tarde; si es así, con agrado los escucharemos y resolveremos. Por lo general, cuando se pone a consideración un proyecto en el Parlamento, la primera intervención es a favor; algo así como un informe en mayoría. En este caso, no tenemos informe porque el proyecto no pasó por comisión. Con más razón deberían alzarse más voces a favor del proyecto para convencer a los demás acera de lo que deben votar. Lamentablemente, no hemos escuchado argumentos sólidos por parte del oficialismo para votar este proyecto. Quizá no estén seguros o no los tengan y apelen a una mayoría compuesta por otros integrantes de la Cámara para aprobar el proyecto. Reitero que con asombro vemos cómo el proyecto que viene del Poder Ejecutivo no es defendido. Pedimos esa coherencia política que tanto se pregona pero no se manifiesta en los hechos. Gracias. SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Señor presidente: evidentemente, el diputado preopinante concurre poco a estas instancias parlamentarias. Por lo tanto, no recuerda que posteriormente a la renuncia a su

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banca en 2014, en el año 2015 el diputado Luis Puig también votó en contra de la extensión del plazo. En este caso, quien habla, el diputado Carlos Coitiño, hoy también votará en contra, porque esa es la posición de nuestra organización política, el Partido por la Victoria del Pueblo, que sostuvo antes y sostiene ahora. Probablemente, esto aclare algo al señor diputado. Por otra parte, ese diálogo que quiere tener, para pedir explicaciones y que se rindan cuentas -no es de recibo; que lo entienda el señor diputado-, podrá iniciarlo cuando el diputado Puig esté en la Cámara. Por ahora, por tres años más tendrá la oportunidad de hacer ese planteo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Fratti. SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: la verdad es que nos estamos acostumbrando a que reiteradamente nos convoquen a sesiones ordinarias o extraordinarias para tratar determinado tema, por ejemplo, la luna, y terminemos hablando del universo. Entonces, se escuchan todas las voces, decimos todo lo que queremos -no sé para qué, porque creo que poca gente debe leer las versiones taquigráficas- y no tratamos lo que realmente nos convocó. En este caso, nos llamaron para saber si estamos de acuerdo o no con la prórroga de una misión que ya está instalada en Haití. Habrá estado bien o mal, pero ya está en Haití. El Gobierno manda un proyecto en el que simplemente pide prórroga hasta el 15 de abril del año próximo. Se podrá estar de acuerdo o no. Si quieren discutir si es más de izquierda o de derecha, si está bien o mal, si hay que mandar un milico o un médico, hacemos otra sesión extraordinaria para eso; nos podemos tomar quince horas para esa discusión, pero ahora urgen los plazos. Lo que está mandando el Poder Ejecutivo… (Interrupción Eduardo Rubio) del señor representante

calla la boca y escucha. Si no, es imposible. Cada vez que alguien habla, siempre alguno que interrumpe, porque parece que es más iluminado, sabe mucho más, es más de izquierda, más humanitario o más no sé qué. ¡Acá nadie es más que nadie! No va por ahí la cosa. Acá tenemos que decidir si acompañamos este proyecto, si damos ese plazo, o si no lo damos, embretando en un problema no al gobierno del Frente Amplio, sino al país. Esto es lo que está detrás de la cuestión. Las tropas ya están allá. Es más, creo que la intervención del diputado Ope Pasquet aclaró bastante este tema. ¿Qué tenemos que defender? ¿El proyecto? Tenemos que defender que estamos de acuerdo con que prorroguen la permanencia de las tropas hasta el 15 de abril. La intención del retiro de las tropas ya existe. Si observan, en el año 2010 había 1.100 efectivos; en 2011, 959; en 2014, 594; en 2015, 254 y en 2016, 249. La cantidad ha disminuido. Uruguay está en las Naciones Unidas. Casi todos han felicitado que Uruguay hoy tenga un representante. No escuché que ninguno de los que van a votar en contra dijera que es mejor sacar a ese representante. Después que se forma parte de las instituciones, hay que respetarlas, guste o no. De lo contrario, hay que irse. El día que no quiera respetar más este Parlamento, renuncio y me voy. Si Uruguay está en Naciones Unidas y tiene allí un representante genuino tiene que respetar esa institución. El sistema político y los uruguayos en general han aplaudido esa decisión, porque no estamos solos, no vivimos del aire y debemos tener una buena inserción internacional, entre otras cosas para algo que no es principista, pero es fundamental, porque la gente no come principios; come con las divisas que entran al país. Necesitamos una buena inserción internacional, aunque sea para colocar mejor nuestros productos. Se ha dicho y se puede compartir que la misión ha fracasado si en doce años no han podido pacificar el país ni restablecer un sistema democrático duradero; se puede. Si está bien o mal, es relativo. En cuanto a las visiones negativas, siempre hay dos bibliotecas. He conversado con periodistas que siempre han estado ahí. Gracias a Dios no he hecho ningún viaje -cuando hablo de austeridad no solo hablo; desde que estoy en el Parlamento no los he hecho ni los voy a hacer hasta que me vaya, para

——Estoy hablando yo. Te escuché callado la boca. ¡Por favor, me respetás! ¿Me ampara en el uso de la palabra, señor presidente? (Campana de orden) ——Esto es increíble. Hay gente que no se acostumbra más. Cuando un burro habla, el otro se

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poder hablar-; no fui a Haití pero no lo necesito, porque los periodistas fueron y trajeron las pruebas fotográficas. Los militares uruguayos están considerados por las demás fuerzas como de los más respetuosos, a pesar de las cosas horribles que se dicen, como si en las casas de los demás no pasara nada y nunca hubiéramos visto estas situaciones. Las fuerzas uruguayas están en las escuelas dando comida a los gurises. Se instalaron las UPAS y la mafia haitiana vendía el agua; por lo tanto, hubo que poner un milico para que no lo hicieran. No da para todos; por supuesto que no. ¡Si no podemos solucionar nuestros problemas en Uruguay, no vamos a solucionar los problemas del agua y las enfermedades que tiene Haití, que vienen de otra época! ¡Claro que no! Por otro lado, ¿qué están haciendo? No arreglan mucho pero, por ejemplo, evitan que se maten entre ellos, porque hay sectores que cuando no tienen armas se pelean a pedradas, y cuando no se pegan en la cabeza, rompen vidrieras. Nuestras fuerzas han intervenido para que no se peleen entre ellos. Para algunos, eso puede ser importante; para otros, no. Ni siquiera eso está en discusión. Lo que está en discusión es si acompañamos la prórroga o hacemos una salida intempestiva, como se dijo en esta sesión; nos peleamos con todos y decimos a las Naciones Unidas: “Hagan lo que quieran porque nosotros somos tan autónomos y tan fuertes que vamos a hacer lo que se nos canta”. Y pagamos el viaje de vuelta, dejando un clavo inmenso al Estado. Tengamos en cuenta que ya estuvimos doce años; no cambia nada que nos quedemos hasta el 15 de abril del año que viene y cumplamos con las normas internacionales. Además, muchísimas gracias, pero decir que votan por ayudar a la fuerza de gobierno es una falacia. Es una lástima que no esté el diputado Lafluf, que dice que tenemos mala imagen. ¡Y claro, si estamos mintiendo en la jeta! ¿Quién dijo que los que estamos en sala vamos a votar para ayudar a nuestra fuerza política? Si hiciéramos eso, estaríamos trampeando el lugar que nos dieron. Hay que votar de acuerdo con la conciencia y con la convicción de que es lo mejor para el país, no para ayudar porque faltan los votos. Si te faltan los votos, embromate. El tema es que voto si quiero ayudar al país. Eso de cobrar el voto que te doy porque te falta es una falacia que le hace muy mal al sistema político.

(Interrupciones.- Campana de orden) ——Yo no sé: cuando contamos con los cincuenta votos es un desastre porque tenemos la mano de yeso. Y cuando no tenemos los cincuenta votos dentro de nuestra fuerza y se consiguen en otro lado, también es un desastre porque nos tienen que ayudar para gobernar. ¡Muchas gracias por la mano que nos están dando! La verdad es que me cansé de discutir esto. Lo que hay que votar es si autorizamos la prórroga hasta el 15 de abril o si embretamos al Gobierno. No hay que defender nada, porque no hay un proyecto defendiendo la posición de Haití ni de que haya que venirse ya. El contingente ha ido disminuyendo; la decisión del Gobierno está clara y es retirar el contingente que está en Haití. Lo que estamos discutiendo es el plazo en el que tienen que volver: si salimos a lo loco o teniendo el visto bueno de las Naciones Unidas. SEÑOR ASTI interrupción? (Alfredo).¿Me permite una

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: coincido con lo que venía diciendo el compañero diputado Fratti. Lo que estamos discutiendo es este proyecto de ley. Podemos utilizar esta sesión para debatir sobre toda la política internacional y sobre la inserción internacional del Uruguay. Por supuesto que podemos discutir sobre la situación de Haití, porque parecería que los males en ese país surgieron cuando ingresó la misión de paz de la ONU; que la pobreza apareció porque está la misión de la ONU; que los problemas políticos surgieron porque está la misión de la ONU; que los problemas de enfermedad aparecieron porque está la misión de la ONU. ¿No había una problemática anterior que ameritara esa situación? ¿No estuvo Duvalier presente y siguió estándolo durante décadas con una feroz dictadura? Con el vacío que se creó en ese momento, si no hubieran estado las tropas de la ONU no sabemos si eso hubiera llevado directamente a que Estados Unidos de América fuera el gendarme. Recuérdese que fue a ayudar cuando quiso, como hizo con el terremoto: sin que nadie se lo pidiera fue con sus helicópteros, con sus barcos e hizo lo que quiso en Haití. Entonces, nosotros pensamos que la

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ONU aporta un poco más que las fuerzas imperiales de Estados Unidos de América. ¿Y por qué votamos este proyecto de ley? Porque creemos en nuestros ministros. Se dieron varias versiones, pero nosotros creemos en la de nuestros ministros. Creemos en la inserción internacional de Uruguay que, como ya se dijo -no voy a ahondar a ese respecto-, lo llevó a integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creemos en la resolución que tomó nuestra fuerza política, pidiendo a los legisladores que acompañáramos el proyecto del Poder Ejecutivo. No aceptamos que se diga que vamos por los pesos que ganan nuestros representantes en las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití o en cualquiera de las otras misiones. El problema salarial de la tropa que hoy se planteaba, no nació con estas Administraciones de 2005 en adelante. En todo caso, se mejoró la situación anterior a 2004 en lo que tiene que ver con los salarios de la tropa. Tampoco voy a ahondar en la disminución permanente que hemos efectuado a través de todas las leyes de autorización de tropas. Hoy contamos con el 20 % de los efectivos que teníamos en 2010 y menos de los que teníamos en 2004, cuando empezó la misión. Es importante aprobar este proyecto en el día de hoy porque permite una retirada ordenada de nuestros contingentes y del equipamiento que existe en Haití, propiedad del Ejército uruguayo, del Estado uruguayo. Estamos hablando de pocos meses para un retiro ordenando y acordado con las Naciones Unidas, que se tiene que hacer cargo de ese y del de todas las demás fuerzas de América Latina y de otros países que todavía están en Haití. Por eso, señor presidente, estamos convencidos de que es necesario aprobar lo que se propone hasta la fecha solicitada por el Poder Ejecutivo. Esas son las circunstancias que conocemos nosotros, las que conoce el Poder Ejecutivo y las que votó nuestra fuerza política. Gracias, señor presidente. Agradezco al señor diputado Fratti por haberme concedido la interrupción. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Puede continuar el señor diputado Alfredo Fratti. SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: lo que me podría haber faltado lo ha agregado el señor

diputado Asti con mayor pulcritud y con la brillantez que lo caracteriza, así que he culminado.

18.- Intermedio
SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Pido la palabra por una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Mociono para que la Cámara pase a intermedio por tres minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 20 y 15) ——Continúa la sesión. (Es la hora 20 y 22)

19.- Contingente militar desplegado en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah). (Prórroga del plazo de permanencia)
——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: tengo varias aclaraciones para hacer. La verdad es que dejo pasar lo de burro porque no tengo ninguna aspiración a sabio. Quizás quede mejor el término ignorante que burro, pero eso lo dejo como parte del folklore que a veces se pretende instalar. Sobre los viajes, por las dudas, debo decir que mis dos pasajes a Haití me los pagué. Hay viajes buenos y de otro tipo. Hay mucha gente que ha viajado a costa del Estado, a través de organismos del Estado. Podemos hablar de gastar en viajes. En mi

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caso, estoy tremendamente tranquilo. Si pudiera, iría otra vez a Haití y también me pagaría el pasaje. No sé cómo se pretende discutir esto. Están pidiendo renovar la presencia de las tropas en Haití. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Singapur? ¿Del Congo? En algún momento deberíamos hablar del Congo. Tenemos que hablar de Haití, de su situación. ¡Claro! Se dice que hay que estar allí por su situación. ¿Solo el partido de gobierno tiene derecho a hablar de la situación en Haití? Nosotros pretendemos fundamentar por qué votamos en contra; se estará de acuerdo o no, nos equivocaremos o no. Pero nadie va a coartar nuestro derecho a opinar. Es nuestro deber marcar una posición, fundamentarla y documentarla. Nos tomamos el trabajo de estudiar todo esto. Esa era la aclaración que quería hacer. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Gastón Cossia. SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: durante toda la sesión aguardamos el momento culminante en que la bancada oficialista diera sus argumentos para votar este proyecto de ley. Y ese momento culminante llegó, pero fue decepcionante; realmente decepcionante. Fue simple; esa es la palabra que se ajusta a lo que escuchamos; simpleza. Esa simpleza -que rayó en la ordinariez porque se descalificó a quienes pensaban distinto y a quienes pretendíamos colaborar- ha hecho que se enrareciera el clima en la Cámara. No necesitamos que se nos califique cuando llevamos adelante una actuación de estas características. Nuestra conciencia está muy limpia. Hoy vamos a dar una mano al gobierno porque no tiene los votos para aprobar esta iniciativa; que quede claro. Además, debe quedar claro que el Frente Amplio comete una contradicción histórica con lo que está haciendo; que quede claro. Y que quede claro que hubo un señor diputado que renunció y que hoy no vino; que quede claro también. Y que se enoje quien se enoje. Pero por gritar, por descalificar y por acusar a los demás no se tiene la razón. Hemos escuchado atentamente opiniones muy importantes -las respetamos- de compañeros de

nuestro partido, de miembros de Asamblea Popular y de miembros del Partido Independiente que difieren de las nuestras, pero las consideramos y las creemos importantes para la construcción de una política de Estado; las hemos escuchado atentamente. No hemos descalificado a nadie. No merecemos eso. Hoy damos una mano al gobierno desde la oposición. ¡Ojalá el Frente Amplio aprenda a hacer oposición constructiva como hace el Partido Nacional! SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor presidente: dudé si hacer uso de la palabra en esta sesión por la misma razón por la que finalmente me decidí a hablar: por el rol que me toca desempeñar en este momento. Hasta marzo de 2017 soy el coordinador de la bancada del Frente Amplio. Como tengo una posición personal sobre este tema -que, además, expuse el año pasado en la discusión- que no coincide con la de muchos compañeros de mi bancada, consideraba que tal vez no era la persona más adecuada para responder algunos planteos que se han hecho sobre el rol de la Minustah y la presencia de las tropas uruguayas en esa misión. De todos modos, hay una decisión que nuestra bancada ha tomado respecto de este proyecto de ley que, en este caso, creo que no es incompatible con mi posición sobre el tema. En función del rol que desempeño, siento que tengo que hacer uso de la palabra para fundamentar los argumentos que prevalecieron en aquel debate. Compañeros de nuestra bancada vertieron otros argumentos que no necesariamente comparto; inclusive, discrepo con algunos de ellos. Entonces, en esta intervención, voy a tratar de expresar los argumentos que prevalecieron en la discusión interna de nuestra bancada frenteamplista sobre el tema. Voy a dividir la intervención en dos partes. Primero, me referiré -siento que tengo derecho desde la libertad de conciencia y de expresión como ser humano y como militante político- a mi posición sobre el fondo del tema. Segundo, me voy a referir a los motivos por los que, como bancada del Frente Amplio, hemos tomado una decisión ampliamente mayoritaria de acompañar el proyecto a consideración. Sobre el primer aspecto, es decir el referido al tema de fondo, ya me manifesté -ni siquiera es una posición de mi partido sino personal- en la discusión

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del año pasado. Desde hace mucho tiempo no comparto la decisión de que haya un contingente uruguayo en la Minustah. Creo que el rol que tiene esta misión no es el que se planteó en los objetivos; considero que no lo ha jugado. Creo que Uruguay debió volver de Haití hace ya bastante tiempo. Esta es mi posición personal sobre el tema. La he vertido en los ámbitos de discusión interna del Frente Amplio. El año pasado, por disciplina partidaria, por respeto a la unidad de acción de nuestro Frente Amplio, acompañé -como otros compañeros que presentes en sala que hoy no han hecho uso de la palabra o que lo harán luego- un proyecto que no compartía, que era el de la permanencia de las tropas de Uruguay en Haití. Sobre el proyecto a consideración, debo decir que el análisis que ha hecho nuestra bancada está enmarcado en una resolución de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. La Mesa, reunida el día 16 de diciembre, analizó este tema -como el año pasadoy resolvió aprobar la necesidad “de una última prórroga del mandato de las tropas militares de Uruguay en Haití, hasta el mes de abril de 2017 inclusive”. Estoy leyendo textualmente la resolución aprobada, por consenso, es decir, sin votos en contra, en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. También resolvió recomendar a las bancadas parlamentarias del Frente Amplio extremar esfuerzos para compatibilizar el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el espíritu de esta resolución. La bancada del Senado trabajó y modificó el texto que venía del Poder Ejecutivo, tratando de concretar en el proyecto el espíritu de la resolución del Frente Amplio. Nosotros, como bancada, discutimos este tema y sobre el texto que aprobó finalmente la bancada del Senado. Tuvimos visiones diferentes respecto de si este texto reflejaba de forma clara el espíritu de la resolución que la Mesa Política Nacional había tomado. Lo cuento porque, si bien es una discusión interna, hace a un proceso que hoy se viene a concretar en una decisión política en este Parlamento. En definitiva, por una amplia mayoría de la bancada, entendimos que la resolución de la mesa política se veía materializada en este proyecto de ley y que debíamos acompañarlo. Por lo tanto, a todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio nos

obliga un mandato, una decisión tomada por más de dos tercios de sus integrantes, sobre la que hubo pedidos de libertad de acción, que no fueron concedidos, también por amplia mayoría. Entonces, en respeto a esos reglamentos, vamos a acompañar esta resolución. Quiero decir que, contrariamente a lo que pasó en la discusión del año pasado, muchos compañeros entendimos que este texto tiene diferencias claras con el que votamos en el período legislativo anterior, concretamente porque este texto -como dijeron algunos legisladores de la oposición- expresa con claridad que la prórroga es hasta el 15 de abril y que el período en el que se habilite una presencia posterior de efectivos en Haití será, pura y exclusivamente, con el fin de realizar el repliegue de las fuerzas y la repatriación de los bienes del país. Si uno lee el texto, advertirá que dice que la posibilidad de un período de presencia adicional de algunos efectivos en Haití es para concretar el repliegue de las fuerzas. Concretamente, se establece: “Asimismo, con el fin de hacer efectivo el procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos materiales allí emplazados, se autoriza la permanencia del personal requerido a tales efectos, por el período adicional considerado mínimamente necesario”. En ese sentido es que, como bancada, resolvimos acompañar este proyecto. Para nosotros, este es el proyecto por el que se concreta el retiro de las tropas militares de Uruguay en Haití. En ese sentido, compañeros que hemos tenido posiciones discrepantes con la presencia del contingente militar uruguayo en ese país y compañeros que la han compartido coincidimos esta vez en la necesidad de votar este proyecto de ley. Como todos comprenderán, el retiro de las tropas no se puede dar de un momento al otro. Si hoy no votáramos esta prórroga, a partir del 1º de enero, Uruguay permanecería de forma ilegal en territorio haitiano, porque la prórroga que se votó el año pasado es hasta fines de este año. Por lo tanto, es necesario que se vote esta prórroga, inclusive, para concluir el mandato que el 15 de abril termina y para realizar el procedimiento de repliegue y de repatriación de los bienes, lo que está establecido en el proyecto de ley.

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Es por ese motivo, señor presidente, que la bancada del Frente Amplio está acompañando la aprobación de este proyecto de ley. Ha resuelto, con carácter de mandato sobre el conjunto de sus legisladores y por una mayoría -como decía- de más de dos tercios de su bancada, acompañar este texto. Es todo lo que tenía para decir. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Jorge Gandini. SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: he pedido la palabra cuando no lo tenía pensado, en el más puro ejercicio de mi condición de legislador. He pedido la palabra para decir que voy a cambiar el voto. Ingresé a sala para votar a favor de este proyecto de ley. Quiero pedir disculpas, antes que nada, a los compañeros de mi partido que están en la comisión respectiva, pero la verdad es que no puedo votar este proyecto. No he escuchado un solo fundamento a favor. No hay nada peor que votar una ley con vergüenza y quienes sostienen esta ley tienen vergüenza de hacerlo, y yo no quiero ser cómplice de esa vergüenza. Entiendo que Uruguay está en una situación complicada, desde el punto de vista formal, porque integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay una pregunta que se debió hacer antes. Querer integrar el club selecto de los grandes tiene que tener un objetivo con una pregunta previa que es: ¿para qué lo queremos integrar? Porque los grandes aprietan y, sobre todo, a los chicos, que no tienen margen. Y después salen estas cosas; es muy difícil decir que no. Y en base a esa responsabilidad, yo venía a votar. Pero ¿con qué me encuentro? Primero me encuentro con que hoy es miércoles 28 de diciembre. Con independencia de que sea el Día de los Inocentes, nuestras tropas se tendrían que venir el sábado. Nos mandan un proyecto de ley para prorrogar la permanencia de nuestras tropas en Haití, que tuvieron un mandato de un año, cuando ya no hay tiempo de pensar ni de debatir. Tenemos que tomar esta decisión en pleno receso, en una sesión extraordinaria y sin que pase por comisión, sin que venga un ministro a ponerle la cara; firman, pero no

están. Y yo no sé si piensan todos lo mismo; de hecho, no se les ha podido preguntar. No hemos tenido la posibilidad de conocer su opinión. Pero, bueno, a uno le queda la esperanza de iluminarse en sala. ¿Y qué he escuchado en sala? He escuchado a un diputado del Frente Amplio que dijo: “Hay que votar y chau; venimos a votar por sí o por no; ya están allá” -un pragmatismo impresionante”No tienen que ir; ya están allá; se trata de si se quedan o se van”. He escuchado a un segundo diputado del Frente Amplio que me dio la única razón por la cual debería votar en contra, pues dijo: “Yo voto a favor porque confío en mis ministros”. Bueno, si esa es la razón, tengo que decir que yo no confío. Y no confío, pero no por una razón personal; no confío políticamente. Supongo que se está hablando de confianza política, no de la moral ni de la ética. ¡Y yo no tengo confianza política en los ministros! Por lo tanto, si la razón por la que hay que votar este proyecto de ley es la confianza política, pues es una razón para que yo no lo haga; yo necesito otros argumentos. Y luego escuché decir a un tercer diputado: “Vengo a hablar solo y exclusivamente porque soy el coordinador, pero yo no creo ni estoy de acuerdo con esto; vengo a cumplir un mandato que me dieron en la Mesa Política del Frente Amplio”. Ahora, de los que mandataron al coordinador, no habló ninguno. ¡Convencido no habló nadie! Entonces, ¿sobre qué base, yo, que estoy en la oposición, vengo a levantar la mano por la permanencia de tropas en aquel país dos días antes de que venza el plazo, si no pude escuchar al Gobierno y tampoco puedo escuchar a la bancada del partido de gobierno? Siempre nos cuesta mucho votar estas cosas. La diferencia entre ayuda humanitaria e intervención es muy sutil; muy sutil. Toda ayuda humanitaria puede serlo o detrás de ese nombre se puede disfrazar la injerencia y la intervención política. Y después de tantos años y de tan pocos resultados, todos tenemos derecho a preguntarnos si estamos haciendo bien o si estamos siendo cómplices de una injerencia, de la intervención de otros intereses en un país que no encuentra su salida. Nos vayamos ahora o dentro de unos meses, en ese país no va a existir calidad en la convivencia democrática. Por lo tanto, trato de

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encontrar en esta sesión una excusa para mi conciencia, para dar mi voto afirmativo, a fin de que las tropas no se tengan que volver pasado mañana. Pero lo cierto es que la bancada del partido de gobierno vota en forma vergonzante. Nadie ha venido a decir: “yo creo en esto”; unos porque hay que ser prácticos, los otros porque me mandaron y yo no creo en ellos, y otro porque confía en los ministros. De los que creen en esto nadie habló. Entonces, prefiero votar con mi conciencia. Es una lástima; podríamos haber discutido este tema con mucho más tiempo, pero el gobierno nos juega sobre la hora. Nos obliga a todos, a los del partido de gobierno y a los de la oposición, a no dar el debate, a eludir nuestra tarea, nuestra responsabilidad en uno de los temas de fondo. Somos unos fenómenos para votar escuelas, pero temas como este son los que hacen a las concepciones de fondo de la visión que tenemos del mundo, del poder en el mundo, de cómo se despliega; es cuando vemos si el libro Las venas abiertas de América Latina es para el discurso y la canción o alguno se la cree. Muchas veces la acción de ser un ser político hace que el pragmatismo se imponga sobre las ideologías, pero nunca tenemos la oportunidad de dar ese debate, entonces, prefiero votar en contra y que se haga cargo el gobierno de la decisión. Lo digo con todo el respeto a los que tienen que votarlo, porque sé que la disciplina partidaria es un valor que hay que entender, que comprender; lo hago con respeto a mis compañeros de partido, porque soy consciente de que no es esta la decisión que habíamos tomado, pero de algún modo me subleva ver una bancada sumisa que no viene a decirnos sus fundamentos para votar una ley. Lo menos que espero es que me convenzan, de lo contario tengo que votar con mi cabeza. Para finalizar quiero decir que he escuchado varias veces -la última persona que lo dijo fue el coordinador del Frente Amplio- que esta es la última vez. Estuve tentado de traer las versiones taquigráficas del último debate en el que se dijo, varias veces, que era la última vez. Ahora se vuelve a decir que es la última vez; pues si es la última vez, digamos que es la última vez y avisemos al Gobierno que el 14 de abril, un día antes de que venza el plazo, nos negaremos a discutir otra prórroga, sea por la razón que sea. Gracias, señor presidente.

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Andújar. SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor presidente: pedí la palabra por algo que dijo el diputado Civila, no el diputado Gandini. Creo que la referencia de Civila de autorizar la permanencia para hacer el retiro es un adorno. Es algo para que quede escrito y en nuestro recuerdo. La Constitución establece que ninguna fuerza nacional puede estar fuera del país sin fecha de regreso, o sea que se va a tener que votar una nueva permanencia y una fecha de regreso para que se haga el retiro de las tropas, de lo contrario se estaría violando el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución, referente a las competencias de la Asamblea General. Otro error es que no son contingentes militares; son fuerzas nacionales. El artículo está mal escrito. No es correcto y no condice con lo que establece la Constitución de la República. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Asti. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: se ha dicho que es un voto vergonzante. No puedo hablar en nombre de toda la bancada, pero quiero decir que nosotros tratamos de dar nuestra opinión al respecto. Tenemos confianza política en nuestros ministros no solamente porque son nuestros ministros, sino porque actúan en el tema de las relaciones internacionales en un caso y en la defensa nacional en el otro. Por lo tanto, es a ellos a los que les creemos. Se han dado versiones distintas. ¿Por qué tengo que creer otras versiones y no las de nuestros ministros especializados en el tema o en las de nuestra delegación en las Naciones Unidas? Eso es lo que llevó, conjuntamente con la declaración de la Mesa Política de nuestra fuerza, a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo, ajustando los requerimientos que tenemos como responsables del gobierno, responsables de nuestra inserción internacional, responsables de nuestra representación en las Naciones Unidas. Esos son los motivos, sin ninguna vergüenza, que nos llevaron a votar. Dimos algún otro motivo como, por ejemplo, que estamos hace doce años en Haití y que

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necesitamos una salida ordenada de nuestras tropas y de nuestro equipamiento. No nos digan después que solamente hablamos de la confianza en nuestros ministros. Dimos nuestras razones. No rechazamos que otros tengan otras razones, pero ese es el fundamento de nuestro voto, que emitimos con tranquilidad y con la seguridad de que expresamos la voluntad que emana de los órganos de dirección de nuestra fuerza política y de nuestro gobierno, al cual, en unidad de acción, siempre hemos acompañado. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el diputado Pablo González. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: voy a leer el pasaje de una nota de unos brigadistas cubanos de este mes, cuando llegaron a la isla y comentaban allí su acción: “[…] del Departamento de Grand Ansé, donde encontraron una población extremadamente pobre, sin vivienda, alimentos, medicinas, un cuadro epidemiológico complejo, con paludismo, y donde llegaron a existir más de 200 casos de cólera, desplegaron un intenso trabajo que permitió, al término de la misión, haber cortado la trasmisión de cólera.- Los datos hablan por sí solos. Pasados dos meses, la brigada logró un total de 104.934 pacientes vistos, en los cuales predominaron las infecciones respiratorias agudas con 6.065 casos, el parasitismo intestinal con 5.544 casos y la desnutrición con 3.122 casos, entre otras patologías. Se visitaron 14.440 casas, a las que se les realizó tratamiento adulticida, se trataron con cloro 54.349 depósitos de agua, se le brindó quimioprofilaxis a 68.231 pacientes, y se realizaron 640 controles de focos”. Estos serían los resultados de una misión de paz en Haití. Ese sería el informe que me gustaría recibir de mis delegados en la isla. Pero aquí se nos quiere hacer decir otra cosa y se insiste desde algunas bancas en embretar a una fuerza política que definió retirarse de la Minustah. Esa es la definición que tenemos como fuerza política: que nos queremos retirar de allí. ¿Por qué tenemos que defender otra cosa? Si aquí en el proyecto de ley dice claramente que se acuerda el retiro de la totalidad de las tropas. ¿Qué parte no se entiende? Ahora bien, ¿qué pasa con la realidad que encontraron los médicos cubanos

al sur de la isla después del huracán?, porque la solidaridad internacional tiene que seguir existiendo. ¿O nos vamos a olvidar de lo que están viviendo los haitianos en este momento? Si nosotros retiramos las tropas, ¿las Naciones Unidas no tienen que seguir ayudando? ¿Quién va a ayudar a Haití? ¿Qué se va a hacer? ¿Construir un muro para que no sigan pasando a República Dominicana, para que no siga existiendo el tráfico de personas como existe hoy? ¿Qué pasa con las armas que no se van a vender más en Colombia luego de la firma del tratado de paz? ¿A dónde van a ir esas armas?, porque ese mercado va a seguir operando y vendiendo. ¿Qué pasará cuando la nueva Administración, con otra orientación hacia América Latina y el Caribe, tome el control de Estados Unidos de América? Son cosas que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Queremos discutir sobre el Consejo de Seguridad? Discutamos sobre el Consejo de Seguridad. La mayoría de los casos del Consejo de Seguridad tienen que ver con África. Tenemos nuestras tropas en El Congo, y hay sesenta mil hombres armados a guerra, mercenarios de las empresas multinacionales, de las empresas telefónicas, de países cuyos representantes se sientan con nosotros en el mismo Consejo de Seguridad y se llevan el coltan, que se usa para los celulares, a Ruanda, que es exportador de coltan y no tiene una sola gota de coltan. Ese es el Consejo de Seguridad que tenemos hoy, en el que nosotros tenemos que participar y denunciar estas cosas. ¿O nos vamos a quedar callados? Debemos participar y decir: “Nuestros hombres, nuestros efectivos, nuestros soldados están corriendo peligro porque sus mercenarios están poniendo en riesgo sus vidas”. Y eso lo tenemos que poner sobre la mesa. Me parece que dar el debate en blanco y negro, dar el debate en titulares, es un error que cometemos. Yo nunca estuve en Haití, pero tengo una imagen que me quedó grabada: torretas de 12 voltios en las calles, para que la gente cargara sus celulares, porque no tenían electricidad en sus casas. Y esas las instalaron las multinacionales de los celulares. Nunca más me pude borrar esa imagen. ¡A qué grado llegan las multinacionales al exprimir y sacar el jugo a un pueblo que, ante la situación de no tener corriente, les instalan torretas para que puedan cargar sus

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celulares y seguir vendiéndoles el servicio, que es completamente innecesario para un pueblo que no tiene qué comer, donde hay gente con parásitos! Ya leí lo que encontraron los médicos cubanos; imagínense. No es Uruguay el único que se retira; Chile también anunció que en abril se retira. Hay una serie de países que están tomando un camino porque ven que la Minustah no está cumpliendo con los objetivos que tenía trazados. El artículo 1º del proyecto dice claramente: “[…] con el fin de efectivizar el procedimiento de repliegue correspondiente […]”; no nos pidan que digamos otra cosa, porque lo que estamos votando es el repliegue de las tropas de Haití. Y en este Cuerpo no estamos para hacer un concurso de quién es más de izquierda o menos de izquierda. Nosotros no estamos de acuerdo con la presencia de tropas en Haití, no estamos de acuerdo con la presencia de tropas en El Congo, creemos en la autodeterminación de los pueblos; pero somos responsables, y acá está en juego el nombre de Uruguay y su inserción internacional, y nosotros vamos a votar en función del respaldo a esa inserción internacional, en función de esas responsabilidades que han asumido gobiernos anteriores y de las que nos hacemos cargo. Porque primero que nada, debemos asumir que cuando damos la palabra, debemos cumplir, porque la palabra empeñada se debe cumplir. Y si dimos la palabra de que íbamos a quedarnos allí hasta el 15 de abril, hasta esa fecha debemos estar y cumplir con las funciones que nos corresponden. Nada más. SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: quedó desfasado, pero razones dimos. Que se las descalifique o que se consideren simples, simplistas o máximamente simplistas es otro problema, y problema del que interpreta. Lo que sí me resulta infumable es que haya legisladores que parece que bajan del olimpo y te miden con un vergonzómetro, que conmigo falló, porque no tengo vergüenza y voto este proyecto con

las manos limpias, la frente bien alta y tranquilo de conciencia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Óscar De los Santos. SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: esta discusión atravesó la bancada esta mañana. Un compañero anunció que no iba a votar, otro presentó un elemento complementario, que consideramos no tratar porque la vuelta al Senado puede significar que no lleguemos antes del 31 a la aprobación de la ley. Hubo compañeros que -como ya se dijo- estaban en contra de las Misiones de Paz y, particularmente, de la de Haití, y hubo quienes defendimos esta posición del Gobierno, no en nombre de la Mesa Política, sino en nombre de la necesidad de un retiro ordenado de las fuerzas del Uruguay en Haití. Pero quiero ir más lejos. No quiero cerrar la discusión a 263 efectivos, si no discuto el mundo que se nos viene y cuáles son las responsabilidades de las Naciones Unidas, que no las creó el imperio yanqui, sino que fue un acuerdo de naciones para resolver problemas después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por las dudas, quiero preservar intelectual, política y socialmente ese espacio como un ámbito ineficiente de dirimir conflictos; como dijo un diputado, de US$ 5.000.000.000 le llegan a la población US$ 250.000.000. Haremos una evaluación cuando vuelvan las tropas el 15 de abril, si así lo resuelve el Parlamento. Si así no lo resolviera hoy -perdonen que abra un paréntesis-, puede suceder que los militares en la zona agarren el matute y esperen en un puerto para ver cómo embarcan, o en un aeropuerto para ver si hay avión que los traiga; porque ese es el escenario, no están a la vuelta de la esquina. Pero si esa no fuera la realidad que hoy tenemos, igual discutiría el mantenimiento de las Fuerzas de Paz en Haití y en otros lugares; convencido, discutiría si es necesario o no. Aun con esta resolución del Poder Ejecutivo, que mandó la iniciativa en el mes de noviembre -no hoy-, que plantea una fecha para retirarse de forma ordenada y que cuenta con el respaldo de la fuerza política, repito, a contravención de algunos compañeros y algunas compañeras y de organizaciones políticas, defiendo esta actitud convencido de que es necesario hacerlo ordenadamente y también darnos el tiempo para

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discutir la perspectiva de las Misiones de Paz en el mundo y la participación del Uruguay en las Naciones Unidas y en este tema, que tiene que ver con la seguridad nacional. Lo digo muy tranquilamente. Y lo digo porque -vuelvo al primer paréntesis- hay que mover un pueblo de cosas y de estructuras que son del Estado uruguayo, que debemos preservar y ordenar, y no tienen nada que ver con el sueldo especial que se les paga a los militares que allí están. Es más: dudo que alguien realice un trabajo en este país -militar, policía o diputado- que no sea pago, y dudo que, en alguna misión oficial, algunos de los integrantes de este Parlamento vayamos al exterior si no se nos paga los viáticos. Lo digo porque hay una diferencia entre la representación de las naciones y un mercenario. Hay una dura diferencia. Entonces, es necesario ese proceso de retiro ordenado, junto con los compromisos que tenemos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde bregó el país, con los gobiernos del Frente Amplio, para estar, lo cual es un privilegio. Ojalá tuviéramos más peso para determinar que los recursos que fueran a un lugar llegasen a ese destino, así como la capacidad de organización para sociedades que, aunque hayan tenido un origen muy democrático, viven en situación de sometimiento. Todos vimos las imágenes de lo que sucedió en este largo proceso; no es un invento. Ojalá tuviéramos forma de garantizar todo esto, no como nación, sino como conglomerado de naciones; por ahí hubo algún palo también dirigido a la Unasur, ya pensando más en el marco de América Latina. Yo no me avergüenzo. ¿Es una utopía? Puede ser; pero lo que es cierto es que nadie puede pensar en velar por sus intereses nacionales ni pensar en una coexistencia pacífica en una parte del mundo sin acuerdos económicos, sociales, políticos y también respecto a la defensa militar. Eso ya es un sueño, no una utopía. Y la vida nos exige, nos exige tomar posiciones y votar. Y quiero decir que la decisión que el Gobierno se plantea llevar hasta el 15 de abril y que no sé por cuántos legisladores va a ser respaldada ni si tendrá mayoría, la voto a conciencia y convencido de que es necesario hacerlo con tranquilidad. Y estoy seguro de que este Parlamento tiene, a través de la Comisión de Asuntos Internacionales, la posibilidad de hacer un seguimiento y de aclarar

algunas acusaciones que se han hecho directamente de la situación que hoy se vive en Haití. Y es legítimo, las escucho con mucho respeto, pero perdonen que tenga también márgenes de duda. Es más: un compañero diputado me planteó que en algunos temas vinculados a la seguridad hay menos presos que en el Uruguay y menos homicidios. Yo quiero confirmar esos datos, porque capaz que, efectivamente, son datos de la realidad, y ¿por qué me los voy a negar? ¿Voy a discutir todo eso y a plantear que las tropas se vengan hoy en condiciones en las que no pueden volver? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Porque creo que el nivel de sensibilidad de la izquierda -que está en discusión- o el concepto de nacionalismo están en juego porque hay un escenario lleno de gente y de cámaras? No, no lo voy a hacer, porque tengo la convicción de que estamos recorriendo un camino y de que para el 15 de abril está organizada la retirada del Uruguay de Haití. Pero quiero ser más preciso. Yo no sé si antes del 15 de abril no habrá fenómenos nuevos en Haití que obliguen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo voy a decir con un profundo respeto… (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) ——No, pido por favor. Lo estoy diciendo con mucho respeto y estoy seguro de que hay quienes malinterpretan lo que digo. Me parece que es bueno que esto lo discutamos con la gente. Los fenómenos de falta de garantía democrática que hubo en Haití existieron, no fueron un invento, y los fenómenos climáticos que sucedieron fueron datos de la realidad. Vengo de un lugar que fue casi arrasado, San Carlos, y yo me pregunto, si mañana sucediera un evento así en esta ciudad, ¿yo mantendría en esta sesión lo que dije acerca de que la misión fuera hasta el 15 de abril como una posición de principios? No voy a cerrar la puerta a discutir. No puedo discutir de otra forma política; si lo hago, caigo en la política menor. Y tengo la convicción de que las fuerzas de paz deben tener un rol más destacado en el mundo que se viene. Esa línea entre la intervención y la preservación de garantías es muy delgada, tanto que necesita de nuevos acuerdos entre los países y las naciones, porque el mundo globalizado se mueve

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por intereses internacionales, como decía el diputado González, que no lo limitan ni me limitan a asumir la responsabilidad que como ciudadano tengo al pertenecer a un Estado que tiene un ejército, un Parlamento y discute su inserción internacional. No hablo solamente de este gobierno; hagámonos cargo todos. Yo me hago cargo de lo que voy a votar ahora. En este Parlamento se votó la presencia de tropas en Haití y no fue con los votos de este partido. Capaz que tengo que ser autocrítico como parte del partido; no me importa. Lo que nos planteamos es si esta discusión, que no es tan simple -es mucho más compleja-, se cierra con una votación que diga que el 15 de abril la tropa se retira en tiempo y forma con todo su equipaje. Voy a votar esto con la confianza en mi Gobierno, en mi presidente, en mi Consejo de Ministros, pero no puedo asegurar que no tenga que dar nuevamente la discusión; no lo puedo asegurar, porque la vida es mucho más compleja. Quiero ser legítimamente transparente. Pensé que no iba a intervenir, no porque no tuviera la convicción que tengo, sino porque creí que no iba a ser necesario, pero como todos necesitamos hacer catarsis y, a veces, terapia colectiva, voy a aportar lo mío, desde el lugar que siento y desde el sector que responde al canciller de la República, que defiende la política de inserción internacional. La única forma que tenemos de probar si esto se lleva adelante es que se vote hoy en el Parlamento. Quizás algunos hablamos de más porque no comprendimos la gravedad del problema. Esta mañana algunos compañeros pedían libertad de acción y yo voté en contra porque soy partidario de partidos con disciplina partidaria. Hoy los estoy mirando con otra cara aunque sostenga la misma posición. Mantengo la posición de disciplina partidaria y del rol de los partidos. Respeto la diversidad, pero creo que hay un momento en que el partido de gobierno debe responder al gobierno. Soy parte de esa cultura, pero como la catarsis es colectiva tengo que reconocer que hay compañeros que tienen una gran sensibilidad y percibieron esto que está pasando con más tiempo. No quiero decir que tengan razón, sino que la reconozco; me refiero a varios compañeros y a varias compañeras de diversos sectores. Sería muy deshonesto decir que lo hago exclusivamente por la decisión de la Mesa Política del Frente Amplio, porque la Mesa Política del Frente Amplio dijo el mes de abril, y el Senado dijo el 15, lo

acortó más. Nuestra decisión política es refrendar y ratificar la confianza en el gobierno. Esto nos va a dar para reflexionar, porque en esta sesión comenzó el escenario indeclinable del retiro de las tropas de Haití, salvo que ocurran hechos extraordinarios; creo que el ambiente político así lo indica. Es conveniente que lo hagamos de la forma más ordenada, sin que esto nos impida discutir el rol de las misiones de paz en el exterior. Sé que somos un país chiquito, con fuerzas militares muy restringidas, con presupuestos menguados, y que hay quienes dicen que defendemos a los soldados que ganan US$ 1.500 más y se hacen una casa, pero esa no es nuestra política de seguridad. Podemos comprender esa sensibilidad, pero pertenezco a un país, a una institucionalidad que sea capaz de construir acuerdos políticos para ver en qué lugares efectivamente no debemos intervenir. Nosotros no tenemos respuesta, y quizás no la encontremos nunca, pero cuando llegan imágenes de violaciones de mujeres, desaparición de niños o tráfico de órganos es difícil mirar impávidos porque somos chiquitos y no podemos hacer nada. Y todavía salimos y nos pagan para que hagamos algo. No puedo. Y tampoco puedo aceptar que en nombre de esa sensibilidad de viejos compañeros militantes de izquierda, de concepciones nacionalistas que se manifestaron frente al imperialismo cuando no quisieron que fuéramos una fortaleza de ese imperio en este lugar de América Latina que reconocemos como parte del acervo político y cultural me corran por izquierda, porque la sensibilidad de izquierda debe tener cosas tangibles; no alcanza con emocionarnos y gritar. Debemos ver qué cosas podemos hacer por el otro, y creo que ahí hay una condición más grande: capaz que en Haití hay algo fácil de hacer; en otros lugares, como decía el diputado González, es mucho más complejo. Y si miramos hacia algunos lugares en los que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de votar el reconocimiento de un Estado para que el otro le devuelva los territorios -de lo que no se ha hablado-, vemos que es mucho más complejo. Comparto la decisión de Uruguay también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque me parece que es correcta la defensa -que no se ha mencionado- de la autodeterminación de los pueblos que se ven forzados por la vía de la violencia. Respaldamos lo que envió el Poder Ejecutivo y lo hacemos conscientes y convencidos de que este es el

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camino que hay que seguir. Este Parlamento indefectiblemente comenzó la preparación de una definición final, salvo -repito- que cambie la situación. Creo que debemos salir de este Parlamento, con las mayorías o las minorías que sean necesarias, a discutir no en términos de Haití, del 15 de abril, sino del rol del Uruguay en el marco de la inserción internacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de cuál será nuestra política para proteger a los más jodidos, porque en su nombre se puede hablar, pero el problema es si ponemos los recursos y la voluntad política. Y somos partidarios de poner la voluntad política. Gracias, señor presidente. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: a veces me pierdo en algunos razonamientos; por eso quiero puntualizar ciertas cosas y dejarlas claras. ¿A quién le preguntaron si estaba de acuerdo con integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No nos imputen en general si somos de izquierda o de derecha, porque ya a esta altura creo que esto de izquierda y de derecha es más quién está arriba y quién abajo; lo dijo alguien por ahí que no me puedo acordar quién fue. Aclaramos que la decisión del Poder Ejecutivo de que estemos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no fue consultada. Si quieren que lo plantee como una pregunta, lo planteo como una pregunta. Yo no falto nunca al Parlamento, y a la Asamblea General no se le consultó. En segundo lugar -es la aclaración que quiero hacer, pero la hago como pregunta, porque es la fuerza de gobierno la que tiene la respuesta-, ¿alguien pensó que por integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas íbamos a tener algún tipo de poder? Lo tercero: Holanda cabe en el departamento de Tacuarembó, así que terminemos con la superficie del país. Yo estaba convencida de que las Naciones Unidas -coincido con el diputado preopinante- efectivamente habían sido creadas después de la Segunda Guerra

Mundial con el predominio de las potencias, pero está el derecho a veto. En consecuencia, creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos? Tomamos una decisión, no la consultamos y ahora tenemos que sacar las castañas del fuego. No veo el nexo causal entre una cosa y la otra. Y no es por dejar mal al país, ¿eh?; hubieran pensado antes. Lo que pasa es que ahora se les terminaron las mayorías y ese es el problema que tienen. ¡Acostúmbrense a que van a tener que estudiar y consultar antes! SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: nosotros nos hacemos cargo de pertenecer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque fue durante nuestro Gobierno; sin duda, no nos duelen prendas. Queríamos estar e hicimos bien en estar. Y no es por la dimensión de nuestro país ni queremos compararnos con la dimensión de otro país. Dada la sensibilidad puesta de manifiesto en este Parlamento, quizá sea capaz de persuadir en los organismos internacionales donde participa, desde el Parlamento del Mercosur hasta el Parlatino, de que efectivamente vamos a ir en esa línea. Creo que la humanidad ha trabajado en esa línea porque antes la situación se defendía a pedradas, después con guerras nucleares y, a partir de una serie de etapas, se trata de construir a través del diálogo. El problema es que hay intereses que juegan en todo esto. Uruguay históricamente ha actuado sobre la base de un concepto de interés nacional más vinculado a otros valores. Si queremos reducir esta discusión a términos políticos, se puede hacer, pero no lo hicimos y no vamos a hacer aclaraciones en ese sentido. Nos hacemos cargo de estar en el Consejo de Seguridad; nos hacemos cargo de nuestro planteo y queremos discutir en el Parlamento un rol más activo, no solo del Estado uruguayo en el Consejo de Seguridad sino de nuestros propios parlamentarios en los diferentes organismos para ver si logramos abrir brechas despacito. Esto no cayó del cielo; se construyó. Son procesos dialécticos muy largos. Si lo tomamos así, capaz que encontramos más líneas de acuerdo. Diría más: nos va, en buena medida, la vida como país encontrar esas líneas de acuerdo. Capaz que no lo

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logramos. En este ambiente va a ser difícil, pero estoy seguro de que este Parlamento es profundamente representativo de la sociedad uruguaya y estamos tratando de estar a tono. Nada más, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Edgardo Rodríguez Álvez. SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Señor presidente: hace tres horas estoy escuchando con total respeto las distintas posturas. Muchas han sido profundas y expresadas con seriedad. Créaseme que no tenía previsto hablar, pero he oído que el voto de la bancada del Frente Amplio es un voto de vergüenza, vergonzante o escondido, y no lo puedo aceptar. Que algunos diputados nos llamemos a silencio porque no son temas en los que estemos metidos en el día a día, de ninguna manera se puede interpretar en esos términos. Me pareció que como mínimo habría que expresar que este es un voto convencido y razonado, y las palabras, tanto del diputado Pablo González como del diputado De los Santos, me representan totalmente. En la última discusión que hubo sobre la presencia de tropas uruguayas en Haití, expresaba lo mismo que señaló el compañero De los Santos. No estaba garantizado que aquella fuera la última vez que tuviéramos que votar una prórroga. Fue así y hoy la estamos votando. Hay que ser honestos; la discusión se dio en estos términos. Hay ministros que tienen la tarea de ver en el sitio y de hacer la evaluación precisa de la situación. El voto de la bancada del Frente Amplio tiene que ser de respaldo a la tarea que se hace desde el Ministerio de Defensa Nacional y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto forma parte de la inserción internacional que tiene Uruguay; la presencia de nuestro país allí no es un hecho aislado. Esto forma parte de la postura de Uruguay con respecto a lo que se votó en cuanto a Israel. Son cosas que no se pueden mirar aisladamente. Quiero quedarme con las preguntas que dejó planteadas el diputado Pablo González. Se van las tropas de Uruguay de Haití -estoy de acuerdo con que se vayan y con el plazo-, pero ¿qué pasa con el pueblo de Haití? ¿Quién se encarga? ¿Qué vamos a

hacer desde ese momento en adelante? Queda mucha cosa por resolver. Por último me quiero referir a la cuestión de los mercenarios. Con todo el respeto que le tengo a un coterráneo como el general Licandro, conozco a muchos soldados que han integrado o integran las fuerzas uruguayas en el exterior en distintos países y no puedo permitir que se los ponga en el rango de mercenarios cuando sé que van convencidos de dar una mano. Esos soldados uruguayos se merecen un poco más de respeto. Que después, por otras causas, podamos cuestionar la presencia de nuestras tropas en determinados lugares, podemos discutirlo, pero no podemos ponerlos en esa categoría porque es un agravio. Se trata de soldados convencidos de que van a hacer un aporte y tratan honestamente de hacerlo. Eso hay que decirlo, y no mucho más. Creo que con esto es suficiente para aclarar que no hay un voto vergonzante ni escondido. Hay un voto de respaldo a una política que lleva adelante el país, porque no solo es este gobierno sino que ha sido una política de Estado durante varios gobiernos. Gracias, señor presidente. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO presidente. (Eduardo).Gracias, señor

Traje el término “mercenario” citando textualmente una entrevista al general Licandro y comparto el término. Aclaré nuestra definición en cuanto a las misiones de paz, en general, pero estamos hablando de Haití, porque se nos acusó de hablar de mucha cosa y hasta apareció el tema de Palestina… Me encantaría hablar del tema palestino, pero me voy a restringir a lo que nos convoca. Debo decir que respaldamos plenamente la moción del Consejo de Seguridad que tiene que ver con cuestiones internas de Estados Unidos de América que, después de décadas, reconoce el derecho del pueblo palestino y condena la política anexionista de Israel. Pero no voy a traer este tema porque capaz que me retan de vuelta. Vamos a hablar de Haití y del tema planteado por el diputado Rodríguez Álvez.

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No estamos hablando en contra ni de los soldados ni del Ejército uruguayo; estamos hablando de una política que define al Gobierno. Legisladores de todos los partidos han dicho que es reconocido que los soldados van y hacen la diferencia: se compran la moto, se hacen la casa; es una realidad. Algunos irán convencidos de que van a dar una mano, pero la mayoría va por la oportunidad económica. ¿Es responsabilidad de ellos? No. Hay una política de gobierno que se ha construido en base a que manda soldados para cumplir con compromisos internacionales que no acompañamos, porque ¿para qué estamos en el Consejo de Seguridad? ¿Es por el voto de Palestina? No. Si no hubiéramos estado nosotros igual se votaba; no fue iniciativa de Uruguay. Estamos allí porque nos ganamos un espacio, como estamos en la OEA. ¡Acuérdense de que Almagro está en la OEA! Hacemos los mandados y nos dan ese espacio. Entonces, la definición de mercenario es por la función que se les asigna; no va en detrimento ni del honor ni de la calidad de la gente. Es porque definimos una política que en esta sesión se ha dicho, incluso por parte de representantes del Gobierno, que de esa manera las Fuerzas Armadas tienen parte de su presupuesto y, además, el personal recibe una remuneración extra. Esa es la política que decimos es de mercenario. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y AFIRMATIVA. cuatro en setenta y cinco:

(Se vota) ——Sesenta y cinco en setenta y cinco: AFIRMATIVA. Léase el artículo aditivo presentado por el señor diputado Egardo Mier, que sería el artículo 3º. (Se lee:) “El contingente militar desplegado en la República de Haití, permanecerá en aquel territorio, como máximo, hasta el fin del plazo autorizado por el artículo 1º de la presente ley, el que no se volverá a prorrogar”. ——En discusión. SEÑOR MIER (Egardo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR MIER (Egardo).- Señor presidente: presenté este aditivo solo con mi firma para no comprometer la opinión de ningún compañero de ningún partido, pero -con humildad y con todo respeto- creo que refleja la opinión inmensamente mayoritaria de los parlamentarios que se han expresado aquí. Considero que refleja la posición manifestada por la bancada del Partido Colorado y una mayoría muy importante de expresiones de la bancada del Frente Amplio. Por ese motivo, presenté un artículo que quizá reúna el consenso que esta Cámara tiene sobre el retiro de las tropas de Haití. Sé que los plazos son perentorios, pero no es un problema de esta Cámara que hoy, a esta hora, estemos discutiendo este tema, por lo cual no me hago cargo si los plazos nos complican. Quería fundar el motivo de haber presentado este artículo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Diecisiete en setenta y uno: NEGATIVA. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Pido la palabra para fundar el voto.

En discusión particular. Léase el artículo 1º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en setenta y cinco: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que hemos votado afirmativamente el proyecto dando cumplimiento al mandato de la bancada de diputados del Frente Amplio. SEÑORA GELMAN (Macarena).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor presidente: queremos dejar constancia de que estamos convencidos de que debemos retirar las tropas de Haití, de que la ayuda que reciba ese país debe provenir de organismos internacionales y de que tiene que ser garantista, de ayuda humanitaria y no intervencionista. No obstante ello, acompañamos con nuestro voto esta nueva prórroga. Lo hicimos de acuerdo con la resolución de la Mesa Política del Frente Amplio, que establece que esta sería la última prórroga que estaríamos acompañando. Con este espíritu acompañamos este proyecto. SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: el 16 de diciembre nuestra fuerza política, el Frente Amplio, consideró este tema. Quiero que quede establecido con total claridad en la versión taquigráfica cuál es mi postura porque será la que manejaré en el tiempo. Un compañero frenteamplista dijo que votaba pero no por la decisión de la Mesa Política. Yo sí voté por la decisión de la Mesa Política y por la unidad de acción. Deseo dejar establecido que algunos compañeros que ya hicieron uso de la palabra manejaron una situación diferente a la que yo estoy manejando y, de la misma manera que esos colegas frenteamplistas plantearon que si había una posibilidad después del 15 de abril la iban a considerar, este legislador no lo va a hacer.

Asimismo, quiero que quede bien claro en la versión taquigráfica que la Mesa Política aprobó por consenso -veinte votos afirmativos y seis abstenciones, sin votos en contra- la siguiente resolución: “La Mesa Política Nacional del Frente Amplio, reunida en el día de la fecha, entiende necesaria la aprobación de una última prórroga del mandato de las tropas militares de Uruguay en Haití, hasta el mes de abril de 2017 inclusive”. Hago hincapié en que es la aprobación de una última prórroga y que es la decisión de la Mesa Política del Frente Amplio por consenso. Y continúa: “Recomienda a las bancadas parlamentarias de esta fuerza política” -del Senado y de Diputados- “extremar esfuerzos para compatibilizar el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el espíritu de esta resolución”. Hicimos todos los esfuerzos para reasegurar lo que estoy diciendo mediante una redacción diferente, pero hemos defendido siempre -y defendemos- la unidad de acción de nuestra fuerza política cuando somos mayoría dentro ella y la acatamos cuando somos minoría. Entonces, en función de esta coherencia -postura de valor superior en el Frente Amplio, que le ha permitido perdurar en las peores condiciones, desde 1971 hasta ahora- es que votamos este proyecto, con unidad de acción, manejando la coherencia que recién mencioné, que exigimos cuando somos mayoría pero acatamos cuando somos minoría. Por eso hemos votado esta prórroga por única vez hasta el 15 de abril. Gracias, señor presidente. (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se suspende la sesión mientras se desaloja la barra. (Así se procede) ——Se reanuda la sesión. (Murmullos) ——La Mesa solicita a los legisladores que tomen asiento y hagan silencio a los efectos de escuchar a quienes van a fundar el voto. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

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SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: el estado del alma tiene que volver al recinto; vamos a quedarnos todos más tranquilos… (Interrupciones.- Murmullos.- Campana de orden) ——No se pueden hacer alusiones políticas en la fundamentación de voto. No me faltarán oportunidades de contestar a los señores diputados a quienes molestan las manifestaciones populares, porque cuando vino la Untmra por el fondo de salud… (Interrupción del señor representante Óscar Groba.- Campana de orden) ——…por dos veces se aplaudió en las barras, no fueron desalojadas, fueron aplaudidas por los señores legisladores y se desplegó una bandera de la Untmra en la sala. O sea que las manifestaciones populares son siempre bienvenidas, cuando son a favor o cuando son en contra; hay que bancarse las consecuencias de las actitudes que se asume. En este clima tan agradable, voy a fundar el voto del artículo aditivo, porque sobre el resto ya expuse. Con el mayor de los respetos, digo que realmente pensé que esta propuesta se iba a votar porque acerca a las partes y las posiciones de todos. Además, abría la posibilidad -realmente, creo que en el Poder Ejecutivo hay deseos de abrir una política de Estado en problemas internacionales- de discutir un acuerdo. Simplemente por eso, y nada más que por eso, voté el artículo propuesto. SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Señor presidente: después de este lamentable episodio, simplemente queremos dejar la constancia de que nuestro voto es afirmativo en función de la coherencia que creemos que como partido debemos mantener a lo largo del tiempo, y en función de lo que se ha aprobado en la otra Cámara. Apoyamos el aditivo presentado por nuestro compañero, el señor diputado Egardo Mier, por ser una iniciativa en aras de concluir este proceso, lo que

esperamos se produzca definitivamente y por el bien de todas las partes, a más tardar en el plazo convenido y pactado originalmente. Queremos dejar expresa constancia de que en esta instancia es la oposición la que debe dar los votos al partido de gobierno. En definitiva, estamos votando este proyecto sobre tablas porque no ha pasado por comisión; la información que hemos podido recabar en sala en el día de hoy parece muy parcial, muy fragmentaria, no describe a carta cabal la situación en la hermana República de Haití. Creo que eso es muy grave y que constituye, a mi juicio, un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno, en particular del Poder Ejecutivo. Asimismo, se ha demostrando algo que venimos sostenido en forma permanente: la falta de coordinación del partido de gobierno, entre el Poder Ejecutivo y su propia bancada, y las divisiones que se están haciendo cada vez más evidentes y que preocupan a la hora de mantener un adecuado relacionamiento entre poderes y entre partidos. Creemos que deberíamos haber sido consultados, ya que nuestro voto a la postre terminó siendo imprescindible para aprobar este proyecto, y que era menester la presencia de los ministros de las Carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional para la aprobación definitiva. Muchas gracias. SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: en primer lugar, desapruebo totalmente lo ocurrido y manifiesto el respaldo a todos mis colegas parlamentarios a quienes no les debe llegar ningún tipo de ofensa de esta naturaleza, más allá de la posición en la que se encuentren. Creo que, como Cámara, debemos preservar nuestra integridad y nuestra libertad de opinar lo que creemos que es justo y lo que nuestras conciencias dictan. En esta sesión he aprendido mucho de quienes piensan como yo y de quienes piensan desde un lugar opuesto al mío, y creo que todos han manifestado, con sinceridad, una convicción: el deseo de que el pueblo haitiano encuentre la felicidad, encuentre la

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dignidad, encuentre sus capacidades y se reencuentre consigo mismo. Eso fue expresado por todos los legisladores que hicieron uso de la palabra. Nuestro voto a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo también tiene que ver con generar ámbitos de construcción colectiva, de políticas de Estado donde nos encontremos, en los que todas las opiniones sean escuchadas y, sobre todo, en los que reine la tolerancia y no se repitan episodios como el de esta noche. Muchas gracias. SEÑORA VIEL (Stella).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA VIEL (Stella).- Señor presidente: no solo voté a favor por los argumentos vertidos, sino porque soy frenteamplista y seguiré siéndolo hasta el último día de mi vida. Se habla del Frente Amplio, pero se debe estar dentro de la fuerza para saber qué es un frenteamplista. El Frente Amplio está en el gobierno, y yo respeto ese gobierno pero, por sobre todo, respeto la unidad de acción. Quiero dejar una reflexión final. Estamos en democracia y fue muy bueno todo lo que se dijo, pero me gustaría que vinieran las cámaras y que la barra estuviera llena, desgarrada no solo por Haití, sino también por Palestina, por África, por el hambre, por la trata, por el tráfico de órganos. Hoy fue por Haití, pero el mundo está en decadencia con la violencia; se perdió la escala de valores. Nosotros perdimos la solidaridad y la humanidad, y por ello llegamos a lo vimos hace un momento. Supuestamente barrabravas. esto es democracia: con

Quiero comentar un par de aspectos más. Aquí se planteó qué puede pasar si nos vamos de Haití, qué va a pasar con ese pueblo y si habría que darle alguna otra ayuda. ¿Alguna vez nos preguntamos qué iba a pasar cuando los portugueses se fueran de Angola, de África? ¡No! ¡Exigíamos la liberación de esos pueblos! Cuando las tropas de ocupación militar promovidas por el imperialismo se vayan de Haití, lo que sucederá será que un pueblo, libremente, podrá decidir su destino, nos guste o no. Para ofrecer otro tipo de ayuda humanitaria, como la del conocimiento -como se planteó-, no se necesitan tropas de ocupación. Esta fue otra última vez. Reconozco la honestidad de los diputados que ya adelantaron que puede haber otra última vez, ya que estamos convencidos de que va a pasar eso. La definición es en blanco y negro: se está con la ocupación militar al servicio del imperialismo o se está del lado de la soberanía del pueblo de Haití. Gracias, señor presidente. SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Pido la palabra para fundar el foto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Señor presidente: voté convencido y por mis convicciones. No está alejado mi voto de lo que se discutió anteriormente en esta Cámara de Diputados, cuando se votó una prórroga. Apoyo lo que han dicho mis colegas del Frente Amplio, particularmente el señor diputado Óscar De los Santos, y apoyo la política exterior de nuestro Gobierno, que incluye la Minustah. También apoyo la decisión de nuestra fuerza política y el consenso dentro del Frente Amplio, aunque soy consciente de los matices y de las diferencias. ¿Qué partido no tiene matices y diferencias? ¿Qué partido en este país no se ha desarrollado en su vida política con diferencias y matices y, a veces, hasta con confrontaciones personales? Ha sido una discusión muy fervorosa, acalorada, en la que se trató de poner en el banquillo de los acusados a los diputados del Frente Amplio que no

Muchísimas gracias. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: voté con convicción por todas las razones que expuse anteriormente.

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hablábamos, que no lo hicimos porque respetamos el desarrollo democrático de la sesión y no porque no tuviéramos opinión. Tenemos opinión -pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo- sobre la política hacia el imperialismo, sobre la política nacional patriótica, sobre la política en la lucha por la democracia, sobre la política de la resistencia a la dictadura, sobre la política de la supervivencia de los partidos políticos, sobre la política de Estado. Supimos tener una política de Estado en oportunidad de la crisis de 2002, cuando AEBU hizo un paro general para impedir que hubiera una corrida bancaria, cuando el Frente Amplio se ubicó políticamente en defensa del país y de la nación para impedir un vaciamiento del Uruguay. Y llamamos a una política de Estado para el futuro, también por Haití, pero no solo por Haití, sino por la Unasur, por el continente, por una nueva política latinoamericana que nos coloque en este nuevo mundo que cada vez cambia más, que vive una situación cada vez más difícil. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Por lo tanto, no es que no tengamos discurso, no es que no tengamos posición. No hemos hablado lo suficiente esperando el transcurso de la discusión. Por último, una palabra, dos palabras, tres palabras: no coincido con lo que dices, pero haré lo imposible para que tú seas escuchado y para que tú puedas decir lo que piensas. Ese es el concepto que tenemos de la democracia. (Campana de orden) ——Ese es el concepto de democracia. SEÑORA PELEGRÍN (Mariela).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA PELEGRÍN (Mariela).- Señor presidente: dejo constancia de que esta es la última prórroga que vota mi sector. Hoy lo hizo por disciplina partidaria. Muchas gracias. SEÑOR CACHÓN (Carlos) – Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CACHÓN (Carlos).- Señor presidente: no tenía pensado intervenir, pero el debate que se dio, en forma bastante acalorada, hizo que por principios no pudiéramos dejar pasar algunas cosas; como fuerza política, como Frente Amplio, no podemos hacerlo. Somos una fuerza antiimperialista, no intervencionista; somos una fuerza que respeta la autodeterminación de los pueblos y no vamos dejar que alguien diga lo contrario. Con Haití eso no cambió, porque hace doce años que formamos parte de una fuerza humanitaria. Por otro lado, se habló de vergüenza, pero creo que se debería analizar otro tipo de vergüenza que se ha dado en este Parlamento y se ha discutido con la oposición. Ningún diputado de esta fuerza política tiene vergüenza porque no se tocaron los principios básicos de fundación del Frente Amplio, una fuerza que ha sido transformadora. ¡Vaya si los que provenimos del movimiento popular trabajamos por Haití! ¡Vaya si hubo jornales solidarios de las trabajadoras y los trabajadores de este pueblo para rehabilitar Haití y darle absolutamente todo! Esa fue nuestra forma de estar presentes, y si tenemos que estar en la calle nuevamente por la autodeterminación, lo haremos. Por lo tanto, apoyamos el voto a este proyecto y no tenemos vergüenza, porque los compañeros que hicieron uso de la palabra realizaron buenas intervenciones y reflejaron la política internacional de este país. Si tenemos que volver a debatir sobre el tema en el futuro no tendremos vergüenza, estemos o no de acuerdo, porque lo que no tiene el Frente Amplio es vergüenza, y no la va a tener porque siempre respondió y trató de ayudar a los que menos tienen, a los menos privilegiados. Esta es una cuestión de inserción internacional, que refleja lo que hace el ejército uruguayo. Por supuesto, algunos aspectos hay que acomodarlos, se debe hacer autocrítica y hay una fecha de transición, pero si el país se ha ganado el respeto es porque ha habido una política del Frente Amplio seria a nivel internacional, y hay que mantenerla porque es un bien común de todos los uruguayos, es una política de Estado. Gracias, señor presidente.

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SEÑOR GROBA (Óscar).- ¿Me permite, señor presidente? En los fundamentos de voto de esta acalorada sesión en la que cada colega de esta Cámara ha puesto de manifiesto su pasión se hizo mención al sindicato metalúrgico. Solicito que esas expresiones que se hicieron como fundamento de voto sean eliminadas de la versión taquigráfica. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, la Mesa va a revisar la versión taquigráfica y, si se entiende que hay expresiones que no corresponden, se harán las correcciones pertinentes.

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).comunique de inmediato!

¡Que

SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Amarilla).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en setenta y cinco: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado) ——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión. (Es la hora 21 y 50)

Dr. GERARDO AMARILLA PRESIDENTE

Sr. Juan Spinoglio Secretario Relator

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Redactora

Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes