Número 4175

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NÚMERO 4175

MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
29ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES JORGE GANDINI (presidente) Prof. SEBASTIÁN SABINI (1er. vicepresidente) GLORIA RODRÍGUEZ (2da. vicepresidenta)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR FERNANDO RIPOLL Y DOCTOR MARTÍN PÉREZ
XLVIII LEGISLATURA CUARTO PERÍODO ORDINARIO

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Miércoles 11 de julio de 2018

Texto de la citación

Montevideo, 10 de julio de 2018 LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión

ordinaria, mañana miércoles 11, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

– ORDEN DEL DÍA 1º.- COMISIÓN PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVIII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- DÍA DE LA RESISTENCIA Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. (Conmemoración). 3º.- TRATA DE PERSONAS. (Normas para la prevención y combate). (Carp. 2634/2017). (Informado). Rep. 850 y Anexo I 4º.- ENRIQUETA COMPTE Y RIQUÉ. (Designación al Jardín de Infantes N° 64 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro). (Carp. 2289/2017). (Informado). Rep. 766 y Anexo I 5º.- ANÍBAL SAMPAYO. (Designación al Liceo N° 3 del departamento de Paysandú). (Carp. 1807/2017). (Informado). Rep. 642 y Anexo I 6º.- PRODUCTOS CÁRNICOS EMBUTIDOS ARTESANALES. (Se autoriza su elaboración a las carnicerías de corte del interior del país). (Carp. 3142/2018). (Informado). Rep. 963 y Anexo I 7º.- CONVENIO CON LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO. (Aprobación). (Carp. 2940/2018). (Informado). Rep. 916 y Anexo I 8º.- ENMIENDA DE KIGALI AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. (Aprobación). (Carp. 2984/2018). (Informado). Rep. 928 y Anexo I 9º.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CON EQUIDAD DE GÉNERO. (Normas). (Carp. 3103/2018). (Informado). Rep. 944 y Anexo I

VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO Secretarios

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias……………………………………………………………………………………………………………… 4 2.- Asuntos entrados……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 3.- Proyectos presentados……………………………………………………………………………………………………………….. 7 4 y 6.- Exposiciones escritas………………………………………………………………………………………………………….. 8, 8 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 8 MEDIA HORA PREVIA 7.- Situación actual de la ciudad de Chuy, departamento de Rocha — Exposición del señor representante Herman Alsina…………………………………………………………………..10 8.- Comparecencia de la señora ministra de Industria, Energía y Minería y del Directorio de Ancap en la Comisión de Industria, Energía y Minería — Exposición del señor representante Javier Umpiérrez………………………………………………………………..10 9.- Instalación de una planta de tratamiento de residuos en el departamento de Canelones — Exposición del señor representante Claudio Lamónaca……………………………………………………………..11 10.- Reclamo de que se contesten los pedidos de informes de los señores representantes — Exposición de la señora representante Graciela Bianchi Poli………………………………………………………13 11.- Problemas que aquejan a la población del departamento de Maldonado — Exposición del señor representante Andrés Carrasco………………………………………………………………..14 12.- Consideraciones acerca de la labor del Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay — Exposición del señor representante Omar Lafluf Hebeich…………………………………………………………..15 CUESTIONES DE ORDEN 13.- Aplazamiento……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 20 y 23.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados………………………………………………………….36, 39 14, 17, 18, 24, 26.- Integración de la Cámara………………………………………………………………….16, 32, 34, 51, 53 28.- Levantamiento de la sesión……………………………………………………………………………………………………….. 87 14, 18, 24, 26.- Licencias…………………………………………………………………………………………………… 16, 34, 51, 53 16.- Prórroga del término de la sesión……………………………………………………………………………………………… 32 19 y 21.- Urgencias…………………………………………………………………………………………………………………….. 36, 37 ORDEN DEL DÍA 15.- Día de la resistencia y defensa de la democracia. (Conmemoración) — Manifestaciones de varios señores representantes……………………………………………………………………16 20.- Uniones de Mozos de Cordel. (Modificación del artículo 5º de la Ley N° 18.865). (Modificaciones de la Cámara de Senadores) (Ver 44a. sesión de 10.10.17) Nuevos antecedentes: Anexo II al Rep. N° 719, de junio de 2018. Carp. N° 2130 de 2017. Comisión de Legislación del Trabajo. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo y se avisará al Senado…………………………………………….36 — Texto del proyecto sancionado………………………………………………………………………………………………. 36 22.- Situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria. (Expresión de condena) — Carp. Nº 3197 de 2018. — Se aprueba un proyecto de resolución……………………………………………………………………………………. 37 — Texto del proyecto aprobado…………………………………………………………………………………………………. 38

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23, 25, 27.- Trata de personas. (Normas para la prevención y combate) Antecedentes: Rep. N° 850, de marzo de 2018, y Anexo I, de julio de 2018. Carp. N° 2634 de 2017. Comisión Especial de Población y Desarrollo. l— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo…………………………………………………………………..39, 51, 53 — Texto del proyecto sancionado………………………………………………………………………………………………. 74

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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores representantes: Pablo D. Abdala, José L. Acosta, Herman Alsina, María Álvarez, Gerardo Amarilla, Carmen Anastasia, Susana Andrade, Sebastián Andújar, Sergio Arbiza, José Andrés Arocena, Elisabeth Arrieta, Alfredo Asti (6), Rubén Bacigalupe, Verónica Baranzano, Gabriela Barreiro, Eduardo Barros, Julio Battistoni, Graciela Bianchi, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Felipe Carballo, Andrés Carrasco (1), Federico Casaretto, Armando Castaingdebat, Gonzalo Civila, Catalina Correa, Gustavo Da Rosa, Álvaro Dastugue, Walter De León, Claudia De los Santos, Bettiana Díaz, Pablo Díaz, Ángel Domínguez, Cecilia Eguiluz, Wilson Ezquerra, Guillermo Facello, Angélica Ferreira, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Luis Gallo Cantera (5), Jorge Gandini, Mario García, Macarena Gelman, Héctor Gianoli, Óscar Groba, Claudia Hugo, Benjamín Irazábal, Omar Lafluf, Claudio Lamónaca, Aldo Lamorte, Miguel Lorenzoni, Cristina Lustemberg, José Carlos Mahía (2), Enzo Malán, Eduardo Márquez, Graciela Matiauda, Dari Mendiondo, Jorge Meroni, Orquídea Minetti, Manuela Mutti, Gerardo Núñez, María Olivera, Nicolás Olivera (3), Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Adrián Peña, Milton Perdomo, Darío Pérez, Pablo Pérez, Daniel Placeres, Elena Ponte, Iván Posada, Jorge Pozzi (4), Luis Puig, Mabel Quintela, Daniel Radío, Valentina Rapela, Nibia Reisch, Elizabeth Rettich, Carlos Reutor, Diego Reyes, Silvio Ríos Ferreira, Conrado Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Gloria Rodríguez, Edmundo Roselli, Eduardo José Rubio, Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Raúl Sander, José L. Satdjian, Estefanía Schiavone, Jorge Schusman, Luis Silva, Washington Silvera, Ilda Sironi, Martín Tierno, Washington Umpierre, Javier Umpiérrez, Walter Verri, Nicolás Viera, María P. Viñales y José Francisco Yurramendi. Con licencia: Fernando Amado, Saúl Aristimuño, Mario Ayala, Germán Cardoso, Richard Charamelo, Roberto Chiazzaro, Darcy de los Santos, Óscar De los Santos, Pablo González, Rodrigo Goñi Reyes, Pablo Iturralde Viñas, Nelson Larzábal, Martín Lema, Constante Mendiondo, Susana Montaner, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Juan José Olaizola, Mariela Pelegrín, Susana Pereyra, Carlos Rodríguez Gálvez, Nelson Rodríguez Servetto, Mercedes Santalla, Hermes Toledo, Jaime M. Trobo, Alejo Umpiérrez, Carlos Varela Nestier y Stella Viel. Faltan sin aviso: Auro Acosta y Fitzgerald Cantero.

Actúan en el Senado: Daniel Peña Fernández y Tabaré Viera. Observaciones: (1) A la hora 16:56 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Elizabeth Rettich. (2) A la hora 18:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Márquez. (3) A la hora 18:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. María Álvarez. (4) A la hora 18:52 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Dari Mendiondo. (5) A la hora 20:08 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Miguel Lorenzoni. (6) A la hora 20:22 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Estefanía Schiavone.

2.- Asuntos entrados
“Pliego N°207 DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 2016. C/3194/018 A la Comisión de Asuntos Internacionales

La citada Cámara comunica que, en sesión de 10 de julio de 2018, sancionó el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Julián Esmir Grosso Acosta. C/2280/017 Téngase presente INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se modifican normas relacionadas con el delito de homicidio, establecidas en el Código Penal. C/3123/018 Se repartirá COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio del Interior acusa recibo de las siguientes exposiciones escritas:  presentada por la señora Representante Susana Montaner, sobre la preocupación de los vecinos del departamento de Tacuarembó ante la

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situación de inseguridad cuando los conductores de vehículos deben detenerse en las esquinas con semáforos y la necesidad de regular el trabajo de los cuidacoches, limpiavidrios y otros trabajadores en vía y espacios públicos. C/22/015  presentada por la señora Representante Nibia Reisch, relacionada con la necesidad de crear mejores condiciones para el acceso al turismo social. C/22/015 El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes pedidos de informes:  del señor Representante Mario Ayala, acerca del impacto ambiental producido por el funcionamiento de molinos arroceros en la ciudad de Artigas. C/2977/018  del señor Representante José Andrés Arocena:  referente a la situación del Complejo Habitacional CH “Florencio Sánchez”. C/3022/018  sobre las cooperativas construidas y a construirse en todo el país. C/3036/018 El Ministerio de Desarrollo Social contesta el pedido de informes del señor Representante Pablo Abdala, relacionado con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. C/2784/018 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes:  del señor ex Representante José Luis Satdjian, referente a la situación de las empresas prestadoras del servicio de Point of Sale y los controles del BCU sobre las mismas. C/3050/018  de la señora Representante Gloria Rodríguez, acerca de funcionarios de una empresa de plaza que se encuentran gozando de licencia laboral. C/3100/018 La citada Secretaría de Estado contesta la exposición realizada por la señora Representante Graciela Bianchi, en sesión de 14 de marzo de 2018, sobre la tercerización de los servicios públicos del BROU. S/C A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Claudio Lamónaca solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:  al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente:  con destino a OSE y a la DINAMA, sobre las obras de saneamiento en Paso Carrasco, Parque de Miramar y Barra de Carrasco. C/3195/018  con destino a OSE; a la DINAMA y a la DINAGUA, relacionado con la calidad del agua del arroyo Solís Chico, en el departamento de Canelones. C/3196/018  al Ministerio de Industria, Energía y Minería, acerca de la calidad del agua del arroyo Solís Chico y de los acuíferos de la Costa de Oro. C/3198/018 El señor Representante Ernesto Carreras solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:  al Ministerio del Interior:  sobre el destino del arco que se encontraba en la entrada de las instalaciones del Cuerpo de Radio Patrulla de la Jefatura de Policía de Montevideo, que fue removido de su ubicación original dado que dicha dependencia no está operativa desde el año 2013. C/3199/018  relacionado con el alquiler de un predio perteneciente a la Jefatura de Policía de Artigas. C/3200/018  al Ministerio de Defensa Nacional, referente al accidente y posterior fallecimiento de un efectivo militar que se encontraba realizando tareas en la Estancia Presidencial de Anchorena. C/3201/018 Se cursaron con fecha 10 de julio PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que la Cámara de Representantes expresa su condena ante la situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria. C/3197/018 A la Comisión de Asuntos Internacionales”.

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3.- Proyectos presentados
“SITUACIÓN DE VIOLENCIA DESATADA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA. (Expresión de condena) PROYECTO DE RESOLUCIÓN La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, ante la situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria, desea expresar su más enérgica condena ante los actos de violencia que son catalogados como de ‘limpieza étnica y racial’ y según algunos medios han causado la muerte de 6.000 personas durante 2018. Asimismo realiza una convocatoria a la comunidad internacional, al Sistema de Naciones Unidas y especialmente al Gobierno de la República Federal de Nigeria para adoptar todas las medidas necesarias a los efectos de cesar las muertes y la violencia, los despojos y expulsiones así como a la protección y atención humanitaria de las víctimas. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, GABRIEL GIANOLI, Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, VALENTINA RAPELA, Representante por Montevideo, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, NICOLÁS J. OLIVERA, Representante por Paysandú. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A través de diferentes medios se informa sobre la situación de violencia y muerte que se está dando en Nigeria y que varios analistas señalan como de ‘limpieza étnica y racial’ ya que lleva unos 6.000 muertos en lo que va del año. En una nota que The Christian Post publicaba el 3 de julio, se señalaba que más de 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados desde enero a manos de islamistas en Nigeria. La mayor parte de los crímenes se están perpetrando en el centro y en el norte del país, y tienen lugar por la noche y de forma sorpresiva. Los asesinos pertenecen a la etnia nómada de los Fulani, de mayoría musulmana, y están considerados como el cuarto grupo terrorista más peligroso del mundo. Las comunidades cristianas de Nigeria, tanto católicas como protestantes, han denunciado que los ataques están dirigidos a llevar a cabo una limpieza étnica con el fin de expulsar a los cristianos de sus

tierras, y ya hablan de genocidio, pues el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica así los actos ‘perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal’. Los cristianos de Nigeria también critican la inacción del presidente nigeriano, el musulmán fulani Muhammadu Buhari.1 Un comunicado de prensa emitido el 28 de junio y firmado por el Rev. Dr. Soja Bewarang, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el Estado de Plateau, confirmó los recientes ataques en esa región y expresa su preocupación por los ‘ataques indiscriminados de pastores, bandidos y terroristas’ que han causado ‘más de 6.000 muertes solo en 2018 en los Estados del cinturón norte y medio’, y afirma que los ataques de las milicias de pastores en particular apuntan a la ‘limpieza étnica, el acaparamiento de tierras y la expulsión forzosa de los nativos cristianos de su tierra y herencia ancestrales’.2 Frente a esta situación también se ha manifestado Amnistía Internacional (AI), que en una nota para el periódico The Guardian Post ha culpado de los homicidios desenfrenados en todo el país por el hecho de que el Gobierno federal ‘responsabilice a los asesinos’. Al hacerlo, ‘las autoridades nigerianas fomentan la impunidad que alimenta la creciente inseguridad en todo el país’.3 La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, fiel a la tradición de levantar su voz por estas situaciones de injusticia que afectan a miles de seres humanos, y a los efectos de contribuir a evitar que se convierta en una tragedia de dimensiones mayores, alerta a la comunidad internacional, al sistema de Naciones Unidas y al propio Gobierno de Nigeria para intensificar todas las medidas necesarias a los efectos de cesar las muertes y la violencia, los despojos y expulsiones, así como a la protección y atención humanitaria de las víctimas. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, GABRIEL GIANOLI, Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, VALENTINA RAPELA, Representante por Montevideo, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, NICOLÁS J. OLIVERA, Representante por Paysandú”.
1

http://www.outono.net/elentir/2018/07/05/genocidio-en-nigeriamas-de-6-000-cristianos-masacrados-y-silencio-mediatico-en-occidente/ 2 https://www.csw.org.uk/2018/06/29/press/4018/article.htm 3 https://guardian.ng/news/amnesty-indicts-government-for-killings

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4.- Exposiciones escritas
SEÑOR PRESIDENTE abierto el acto. (Es la hora 16 y 17) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor representante Gerardo Amarilla solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la situación de violencia y muerte en la República Federal de Nigeria. C/22/015 El señor representante Aldo Lamorte solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco Central del Uruguay, relacionada con dificultades planteadas por ciudadanos con respecto a la aplicación del Sistema de Inclusión Financiera. C/22/015”. Se votarán oportunamente. (Jorge Gandini).Está 1)

(Texto de las exposiciones escritas:) Exposición del señor representante Gerardo Amarilla al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la situación de violencia y muerte en la República Federal de Nigeria

5.- Inasistencias anteriores
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 10 de julio de 2018. Con aviso: Elisabeth Arrieta, Ricardo Berois Quinteros, Edmundo Roselli y Alejo Umpiérrez. Sin aviso: Beatriz Olivera. Inasistencias a las comisiones Representantes que no concurrieron a las comisiones citadas: Martes 10 de julio PRESUPUESTOS INTEGRADA CON LA DE HACIENDA Con aviso: Germán Cardoso. SEGURIDAD SOCIAL Con aviso: Álvaro Dastugue”.

6.- Exposiciones escritas
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

“Montevideo, 10 de julio de 2018. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos preocupa la situación de violencia y muerte que se está dando en la República Federal de Nigeria y que varios medios la señalan como de ‘limpieza étnica y racial’, que lleva ya unos 6.000 muertos en este año. En una nota publicada por The Christian Post el 3 de julio del año en curso, se señaló que más de 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados desde el mes de enero a manos de islamistas en el mencionado país. La mayor parte de los crímenes se están perpetrando en el centro y en el norte del país, acontecen por la noche y de forma sorpresiva. Los asesinos pertenecen a la etnia nómada de los Fulani, de mayoría musulmana, y están considerados como el cuarto grupo terrorista más peligroso del mundo. Las comunidades cristianas de la República Federal de Nigeria, tanto católicas como protestantes, han denunciado que los ataques procuran una limpieza étnica con el fin de expulsar a los cristianos de sus tierras, y ya se habla de genocidio, pues el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica así los actos ‘perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal’. Los cristianos que viven en ese país también critican la inacción del Presidente nigeriano, el musulmán fulani Muhammadu Buhari. En un comunicado de prensa emitido el 28 de junio del año en curso en el Estado de Plateau, firmado por el Presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, Reverendo doctor Soja Bewarang, se confirmaron los recientes ataques en esa región y se expresó preocupación por los ‘ataques indiscriminados de pastores, bandidos y terroristas’ que han causado ‘más de 6.000 muertes solo en 2018 en los Estados del cinturón norte y medio’. Además, en el mismo se afirma que los ataques de las milicias de pastores en particular apuntan a la ‘limpieza étnica, el acaparamiento de tierras y la expulsión forzosa de los nativos cristianos de su tierra y herencias ances-

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trales’. Frente a esa situación también se ha manifestado Amnistía Internacional, que en una nota para el periódico The Guardian Post, ‘ha culpado de los homicidios desenfrenados en todo el país por el hecho de que el Gobierno Federal no responsabilice a los asesinos’, con ello, dicha organización expresó que ‘las autoridades nigerianas fomentan la impunidad que alimenta la creciente inseguridad en todo el país’. Entendemos que el Gobierno Nacional debe levantar su voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, reclamando el interés de la comunidad internacional para disponer todas las medidas necesarias a fin de frenar esos actos y reclamarle al Gobierno de la República Federal de Nigeria su eventual responsabilidad en los hechos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera”. 2) Exposición del señor representante Aldo Lamorte a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco Central del Uruguay, relacionada con dificultades planteadas por ciudadanos, con respecto a la aplicación del Sistema de Inclusión Financiera

“Montevideo, 11 de julio de 2018. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco Central del Uruguay (BCU), y al Ministerio del Interior. La Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, de inclusión financiera, significó un cambio de paradigma en lo que refiere a la libertad de los ciudadanos en el manejo de su dinero y su privacidad. Los argumentos esgrimidos por quienes han acompañado y promovido la vigencia de esa ley apuntaban a una serie de efectos positivos sobre la transparencia, la seguridad pública y la persecución del crimen organizado. No obstante, es de público conocimiento que esos efectos positivos no solamente no se están constatando sino que han puesto en jaque a varios grupos de ciudadanos, compuestos por comerciantes a quienes, por diversos motivos, se les dificultan las transacciones habituales, profesionales que ven alterada su función específica por cargas impuestas por el Estado y trabajadores que ven violentada su libertad de contratación con entidades financieras, siendo obligados a bancarizar

sus ahorros e incurriendo así en gastos administrativos y tiempos burocráticos que son cada vez más agobiantes. El Estado ha trasladado de manera forzosa a los ciudadanos responsabilidades que él mismo debería llevar adelante. Distintos actores del Gobierno nacional, entre ellos Jorge Vázquez, han señalado que el aumento de delitos vinculados a la inseguridad encuentra una de sus causas en la menor disponibilidad y circulación de efectivo para hurtar. A esas declaraciones, que fueron vertidas al diario El Observador en los últimos días, se agrega la intención de las autoridades de disminuir la cantidad de cajeros automáticos en las redes bancarias ya existentes, generando mayores inconvenientes al ciudadano de a pie. Por lo tanto, nos vemos sometidos a un aumento de la inseguridad, a una menor disponibilidad de nuestro dinero en efectivo y viendo cada vez más el deterioro en los servicios financieros. Frente a la obligatoriedad de la inclusión financiera, nos preguntamos: ¿cuál es la responsabilidad en la que incurre el Estado al momento de la quiebra de alguna de las entidades financieras? ¿El Estado garantizará la disponibilidad de los ahorros de quienes coercitivamente debieron bancarizarse? ¿Cuáles son sus responsabilidades jurídicas frente a ese nuevo estado de situación? ¿Qué recaudos se han tomado al respecto? En relación a la situación vivida en el año 2002, ¿cuáles son las garantías adicionales que se han incorporado? Con respecto a la privacidad de los datos, ¿qué garantías y controles se están realizando para proteger los datos personales? ¿Qué se ha hecho para gestionar y administrar la información de los ciudadanos en manos de privados? Vemos con especial preocupación la avanzada del Estado sobre la intimidad de las personas y su responsabilidad sobre el manejo arbitrario de esos datos. ¿Qué resultados positivos arrojó la inclusión financiera con respecto a la persecución del crimen organizado y otros delitos? Los especialistas en el tema, como el magíster Santiago Arca Henón, hacen referencia a que más del 80 % de los fondos que financian el crimen organizado y el terrorismo corren por vías paralelas al sistema financiero formal. Nos preguntamos, entonces, para finalizar: ¿es coherente que, bajo el argumento de más seguridad y de persecución del delito, se someta a los ciudadanos de bien, que son la gran mayoría del país, a esa serie de trastornos y pérdida de libertades? Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ALDO LAMORTE, Representante por Canelones”.

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MEDIA HORA PREVIA 7.- Situación actual de la ciudad de Chuy, departamento de Rocha
——Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra el señor diputado Herman Alsina. SEÑOR ALSINA (Herman).- Señor presidente: la ciudad de Chuy, departamento de Rocha, hace un tiempo estuvo varias semanas en la consideración de la opinión pública nacional por sucesivos hechos de violencia. En los medios se llegó a poner diversos títulos que mostraban a una población fronteriza prácticamente en estado de guerra. No es nuestra intención minimizar lo ocurrido, que terminó con la muerte de varias personas como consecuencia de episodios definidos por las autoridades competentes como la apropiación de algunas zonas por parte de bandas delictivas que, en ajustes de cuentas, cobraban vidas humanas. Pero también es cierto que estos hechos no se dieron en ausencia del Estado y que, con la misma rapidez con que sucedieron, se buscó una respuesta del Ministerio del Interior. A las decisiones tomadas por la Jefatura de Policía de Rocha se sumó la presencia de otros cuerpos del orden e, inclusive, la llegada a la zona de la Guardia Republicana, que hasta el día de hoy recorre permanentemente las calles de la ciudad fronteriza, poniendo especial atención en determinadas zonas consideradas conflictivas. La presencia de este cuerpo especial y otras acciones encaradas por la Jefatura de Policía de Rocha determinaron un incremento de los controles, con una mirada especial sobre las personas y los hechos que ocurrían, logrando el repliegue de grupos de delincuentes que perdieron espacio en forma considerable. También se extendió la tranquilidad al conjunto de la población, que reconoce la rápida actuación del Ministerio. Esto se suma a las acciones que desarrollan otros organismos, como la Intendencia y el Municipio de la ciudad de Chuy, en inversiones tendientes a la recuperación de espacios públicos para el uso y goce de la población: plazas, espacios deportivos, iluminación de calles. Esto también contribuye a la seguridad de la población de la frontera y a la tarea que deben realizar las fuerzas del orden.

Debido a la trascendencia que habían adquirido estos hechos y por la forma negativa con que se había considerado este lugar, hoy queremos dar cuenta de la recuperación de la tranquilidad y la calma que reina en la ciudad, así como del fortalecimiento de la confianza de los vecinos en todas las acciones que destacamos. Solicito que la palabras sea enviada Intendencia y Junta Municipio de Chuy y a Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta Unanimidad. por la afirmativa: AFIRMATIVA. versión taquigráfica de mis al Ministerio del Interior, a la Departamental de Rocha, al los medios de prensa locales.

8.- Comparecencia de la señora ministra de Industria, Energía y Minería y del Directorio de Ancap en la Comisión de Industria, Energía y Minería
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Javier Umpiérrez. SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor presidente: hace algunos días, compareció ante la Comisión de Industria, Energía y Minería la señora ministra Carolina Cosse, junto al equipo de Ancap, en particular, del área del pórtland. El motivo era analizar o, al menos, presentar algunos datos relativos a un proyecto de ley que elaboramos con la diputada Cecilia Bottino, representante por Paysandú, que fue aprobado por la bancada del Frente Amplio y al que se dio estado parlamentario. Dicha iniciativa tiene que ver con la adquisición de cemento pórtland por el Estado, los entes autónomos y los gobiernos departamentales: se pretende que sea de producción nacional y que al menos el 50 % lo adquiera Ancap. Las autoridades de Ancap hicieron una presentación muy interesante y que nos reconforta porque va en la línea del proyecto que presentamos, relativo a la protección de la industria nacional; por lo menos, brinda un estímulo en ese sentido. La ingeniera Saldanha hizo una presentación Power Point sobre cómo se viene fortaleciendo la industria del pórtland. En el año 2017, hubo un

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aumento muy considerable de la producción, que se ha logrado reponer, tanto como la venta de cemento. Se mostró cómo después del boom de la construcción con las plantas papeleras -allá por 2012 y 2013-, en 2017 comenzó un ascenso importante de la venta y la producción del cemento. Por otro lado, nos dijeron que también se retomaron las exportaciones de cemento. Según nos informaron, luego de varios años en los que no hubo exportación, en 2017 se produjo un incremento sustantivo, de 150.000 toneladas de cemento a Argentina y de 25.000 a 50.000 toneladas por año a Paraguay y Brasil. En la Comisión también se planteó la importancia del espíritu del proyecto, porque se trata de producción nacional y Uruguay es un país que tiene abundantes reservas de caliza, materia prima con la cual se produce el cemento. Las reservas de Ancap están ubicadas en Paysandú, Lavalleja y Treinta y Tres. Los tres departamentos tienen existencias muy importantes de caliza, aptas para la producción de cemento, y en Treinta y Tres, en particular, las hay de cal. En algunos casos, esto permitiría una producción -en los niveles actuales-, durante ochenta años y, en otros, durante cincuenta años. Se trata de volúmenes muy importantes. Otro dato que nos trasmitieron es que 2017 fue un buen año para Ancap, ya que pudo abastecerse toda la demanda local del mercado con producción propia. Con respecto a la producción nacional, nos trasmitieron la información de que es importante tener en cuenta que el cemento está certificado. En Uruguay, el cemento que produce Ancap, que es CPN-40, tiene certificación de norma UNIT desde 1998. El Ancaplast -un cemento de albañileríatambién se fabrica según una norma y su producción se certifica todos los años. La comercialización del cemento tiene certificado de gestión de calidad según la norma ISO 9001, desde 2008; los productos de las plantas están certificados y se han hecho auditorías. La última se efectuó el año pasado; se realizan anualmente para certificar que el producto se puede exportar. En cuanto a las certificaciones de los institutos de Paraguay y Argentina, en este último país la

certificación del INTI cumple con normas argentinas similares a las UNIT: las IRAM 5001. (Suena el timbre indicador de tiempo) Ya finalizo, señor presidente. Uruguay ya firmó estos decretos de reglamento técnico de calidad de cemento para uso estructural, que exigirán lo mismo a todos los sectores del mercado. Los directores de Ancap estiman que en 2017 el 25 % de nuestras ventas fue destinado a obras públicas -ese año se estaban realizando grandes obras, como las del Antel Arena y las de Punta de Rieles- y que en 2018 el porcentaje se incrementó considerablemente, alcanzando el 33 %. En definitiva, la información vertida por el Directorio de Ancap en la Comisión de Industria, Energía y Minería fue muy importante y está disponible para todos los legisladores que se interesen en el tema. Queremos agradecer al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Directorio de Ancap por esa presentación. Nos reconforta que se avance en un proyecto de ley que está a consideración de la Comisión. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Directorio de Ancap y a los medios de comunicación del departamento de Lavalleja. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

9.- Instalación de una planta de tratamiento de residuos en el departamento de Canelones
Tiene la palabra el señor diputado Claudio Lamónaca. SEÑOR LAMÓNACA (Claudio).- Señor presidente: iniciaremos nuestra exposición con un pedido. Solicitamos transparencia ambiental al intendente de Canelones, señor Yamandú Orsi, antes de que se instale la planta de tratamiento de residuos. Le pedimos que no sea más de lo mismo, que esto no se

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transforme en un nuevo basurero para Canelones, instalado en otro lugar. Me explico: el departamento de Canelones se juega su vida ambiental por veintidós años -en una primera etapa-, con la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos a cargo de una empresa privada. La Intendencia de Canelones, al presentar la licitación pública internacional para instalar la planta, nos hizo creer que sería un establecimiento modelo, único en Uruguay, cuyo objetivo sería clasificar la basura, revalorizarla, utilizar el gas, tratar los lixiviados y emplear lo que quedara como relleno sanitario. Durante prácticamente catorce años, los distintos gobiernos del Frente Amplio en Canelones no pudieron solucionar el problema de la basura y la contaminación. Aplicaron un régimen de centralización de la basura al clausurar todos los puntos de recepción de residuos en el departamento durante los años 2005 y 2006, y ubicaron en un solo lugar -Empalme Olmos- todos los desechos del departamento. Durante catorce años se mantuvo esa postura. Si era el mejor lugar, ¿por qué cambiar? Si se había elegido mal el lugar, ¿por qué esperar, entonces, catorce años para cambiar la decisión? Y esto no es lo peor: hoy en día, podemos decir que lo nefasto de Empalme Olmos se trasladará a escasos kilómetros de la Costa de Oro y de la ciudad de Soca. Nos quedamos con un pasivo ambiental de por lo menos veinte años en Empalme Olmos y generaremos otro megabasurero. El problema radica en lo siguiente: los requisitos de planta modelo se bajaron a tal punto que de aquel establecimiento ideal quedó solo el relleno sanitario y un tratamiento primario de los lixiviados, que se infiltrarán en el suelo en un predio contiguo a la planta. ¿Por qué se da esto? Tenemos que decirlo con claridad: la Administración de Yamandú Orsi pidió pagar menos por la tonelada de basura que ingresará al basurero. En el plan original, la Intendencia pagaría $ 1.200 la tonelada de basura a la empresa encargada de la planta, pero bajó tanto los requisitos y las exigencias que terminará pagando $ 665 la tonelada. Aparentemente, es un buen negocio, pero resulta obvio que a la empresa encargada se le quitaron muchas exigencias: ya no habrá planta de biogás ni clasificación y recuperación de la basura ni un tratamiento adecuado de los lixiviados. Entendemos

que esta es una imprudencia del intendente Orsi, que condenará el medio ambiente por veintidós años y, quizás, por muchos más. Y aclaro que digo veintidós años porque la licitación prevé que el privado explotará la planta por veinte años y que tendrá otros dos de gracia. Los vecinos de Soca, preocupados por que en la zona de la futura planta están los arroyos Solís Chico y Paso de los Padres, se oponen a este proyecto del intendente Orsi. Nosotros, como diputados del departamento en representación del Partido Nacional, de la lista 400, de la agrupación Lereté y de la lista 403, Identidad Costeña, exigimos al intendente Orsi que no adjudique aún la licitación a la empresa privada, que escuche a los vecinos y pida los informes técnicos correspondientes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Dinama e, inclusive, al Ministerio de Turismo… (Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Señor diputado: lamento mucho tener que llamarle la atención. Ya anunciamos hace algunas sesiones que en la media hora previa no se pueden hacer alusiones personales. Confío en que encontrará la manera de decir lo mismo sin mencionar nombres propios. Habíamos quedado en que señalaríamos estos casos, tal como establece el Reglamento. Gracias. Puede continuar el señor diputado Lamónaca. SEÑOR LAMÓNACA (Claudio).- Entendido. Gracias. Estábamos diciendo que sería bueno que ante este tipo de emprendimientos se recibieran todos los informes técnicos necesarios para adoptar una correcta decisión. Nos dirán que lo votó la Junta y que hubo consultas previas, pero entendemos que los vecinos tienen derecho a estar correctamente informados. Aún no lo están y ellos quieren saber. Ese es nuestro pedido especial. Señor presidente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea derivada a los treinta municipios de Canelones; a la Junta Departamental de Canelones y a sus comisiones de Medio Ambiente, de Industria y Turismo, y de Descentralización, Participación y Formación Ciudadana. Pido

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que también se remita la versión taquigráfica a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, a los medios de prensa acreditados en esta Cámara y a todos los medios de prensa del departamento de Canelones. Gracias, señor presidente, y pido disculpas por lo ocurrido. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Treinta y cinco en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA. Antes de continuar con la lista de oradores, queremos saludar a los alumnos de sexto año de la Escuela N° 62, “Suiza”, de Montevideo, que están en la segunda barra. Sean ustedes bienvenidos.

a través del semanario Búsqueda y que para nosotros es necesario corroborar. Soy de las primeras en utilizar los mecanismos parlamentarios para recibir información, a fin de que no nos manejemos con trascendidos de prensa. Pero no estoy de acuerdo con que los parlamentarios debamos usar la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública; es una opinión personal, pero el día en que los parlamentarios tengamos que recurrir a la Justicia para obtener información, estaremos en problemas. Personalmente, no procederé así, al menos, por ahora. Hice un pedido de informes, en concreto, sobre un viaje al exterior que realizó la ex directora general de Secundaria, porque por trascendidos de prensa ella misma dijo que había viajado a China entre el 29 de enero y el 6 de febrero de este año, por invitación de la ministro Carolina Cosse. A mí me pareció necesario que se nos dijera, en primer lugar, si era cierto y, en ese caso, que se nos explicara el motivo del viaje. Yo no creo que se mienta, pero los periodistas no tienen la misma responsabilidad que los ministros de Estado. Quería saber si se realizó el viaje y, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, durante qué período se desarrolló y, en especial, cuál fue el motivo y quién lo pagó. Aclaro que me llamó la atención el período que se mencionaba en la noticia; después la ministro me confirmó que fue del 31 de enero al 6 de febrero. En definitiva, más allá del período y de que entiendo que la ex directora general y actual inspectora de Secundaria debería haber estado en Montevideo en esa fecha, por el comienzo de cursos, me preocupó el manejo de la información, incluso por parte de la propia ministro porque, ¿cómo puede ser que se le haya cursado esa invitación? Y reitero que queremos saber por qué. ¿Cuál es el planteamiento que hago, señor presidente? Quisiera que quedara como precedente. Después pediremos que se envíe la versión taquigráfica al Poder Ejecutivo, en especial, a la señora ministro. Mi planteamiento es sobre la respuesta. No se nos contestó nada; simplemente, se nos dijo que era verdad -lo cual no es poco, pero ya lo había informado el semanario Búsqueda-, y que se cursó una invitación a la ex directora general de Secundaria por la importancia de la misión antes referida; el resto no se contestó.

10.- Reclamo de que se contesten los pedidos de informes de los señores representantes
Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: ya hicimos un planteamiento similar con respecto a la demora de algunos ministerios en contestar los pedidos de informes previstos en el artículo 118 de la Constitución de la República. Hace unos días, una colega diputada hizo referencia a que le sucedió una situación similar. Hay ministerios y organismos que contestan con muchísima diligencia los pedidos de informes, pero otros simplemente no los responden, ni siquiera cuando la Cámara los hace suyos. O sea que hacemos el pedido y esperamos el plazo correspondiente -aunque no pretendemos que nos contesten en cuarenta y cinco días; sería bastante pretencioso-, pero no recibimos respuesta. Haré un planteamiento similar al de la colega, para advertir sobre lo que está ocurriendo. Concretamente, me enfrenté a este problema y no tengo otra manera de plantearlo que no sea en la media hora previa porque ya solicité la reiteración del pedido de informes y el problema es la respuesta. Con fecha 26 de abril, cursé un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuya titular es la ingeniero Carolina Cosse, solicitando detalles sobre una información que había trascendido

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Es obvio que uno quiere preservar todas las instituciones y la figura de los ministros de Estado, que son secretarios de Estado, personas que ha designado el presidente de la República. En este caso, no solo nos preocupa la imagen del Poder Ejecutivo -es el Poder Ejecutivo de un régimen republicano que nos representa a todos-, sino también la del ministro, porque en ese trascendido de prensa se recogen muchas declaraciones que implican a la ex directora general de Secundaria. Pero después de todo sigo con las mismas inquietudes. Quiero dejar sentado que los ministros de Estado deben contestar los pedidos de informes en el período establecido por la ley; es obligación constitucional. Si no están amparados por algún régimen legal especial que los habilite a no dar información, deben contestar lo que pedimos. No tuvimos suerte; en consecuencia, hacemos el planteo por esta vía. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la señora ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Carolina Cosse, para que se conteste lo que se pide; al Consejo Directivo Central, porque me consta que sus integrantes no estaban enterados de que la ex directora general se encontraba en China; y al Consejo de Educación Secundaria. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cincuenta: AFIRMATIVA.

de ciudad; sin embargo, no se cuenta con la infraestructura necesaria para acompasar dicho desarrollo. Algunos vecinos de esa zona reclaman que se realice un censo poblacional, se mejore el alumbrado público, se abran nuevas calles y se proceda a la limpieza de las cunetas y de la faja costera, así como que se mejore la seguridad pública con mayor presencia policial; inclusive, creemos necesaria la instalación de un destacamento policial o comisaría. En cuanto a la salud, la policlínica actual cierra a la hora 18 y, posteriormente, los vecinos quedan sin cobertura médica. Además, como las ambulancias no llegan hasta esa zona, se generan dificultades para el traslado de la gente con problemas de salud. Por lo tanto, consideramos necesario que la policlínica permanezca abierta las veinticuatro horas, los siete días de la semana. También es de destacar que hay una escuela con una matrícula muy importante funcionando a pleno; sin embargo, los chicos tienen que trasladarse varios kilómetros para continuar sus estudios en alguna UTU o liceo del departamento. Por ello, creemos que allí se debería instalar alguno de esos centros de educación secundaria. Asimismo, hay un tema muy importante para el departamento y respecto del que los vecinos están reclamando atención. Nos referimos al desarrollo inmobiliario que se ha producido en la zona, que ha venido gestándose por vías de excepción o por cambios normativos. Consideramos que no es esa la modalidad que se debería seguir, porque se pierde de vista la sustentabilidad y la sostenibilidad del desarrollo turístico de Maldonado y Punta del Este; inclusive, se compromete la existencia de puestos laborales de largo plazo y, en muchos casos, hasta el futuro de la zona, de forma irresponsable. A nuestro entender, se tiene una visión cortoplacista, y con estas decisiones se está favoreciendo el interés especulativo, económico-inmobiliario, sin considerar de forma vinculante la posición de los vecinos, de organizaciones locales civiles e, inclusive, de la academia. En los últimos dos años, se ha hecho uso de la excepción para llevar adelante el desarrollo del sector de la construcción. A nuestro entender, se ha hecho uso y abuso de esa excepción; por ello, este reclamo de la población debe ser atendido.

11.- Problemas a que aquejan a la población del departamento de Maldonado
Tiene la palabra el señor diputado Andrés Carrasco. SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: queremos plantear una serie de problemas que aquejan al departamento de Maldonado y, además, informar que las necesidades de los vecinos y de las organizaciones civiles, que son muy importantes, no están siendo atendidas ni consideradas. Voy a dar un ejemplo. El crecimiento demográfico del balneario Buenos Aires, ubicado al este de Maldonado, ha sido muy significativo, y esto ha llevado a que la zona adquiera algunas características

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En años anteriores no se hizo uso de la vía de la excepción, pero sí se cambió el marco normativo de determinadas zonas, por intereses especulativos. Esto ocurrió en la zona de Rincón del Indio, en la calle Miguel Ángel y en Punta del Chileno hasta Punta Ballena. Este tipo de práctica ha sido cuestionada por los vecinos de esos lugares. Como broche de oro, tenemos al ex-Hotel San Rafael. En este caso, la especulación económico-inmobiliaria ha llegado a su máxima expresión. No solo no se tiene en cuenta la posición de los vecinos, de la academia ni de las organizaciones locales, sino que se está intentando sacar proyectos de forma presurosa. No entendemos cuál es el apuro. Tampoco se consideran aspectos sustanciales que hacen al futuro del departamento, y se cambian las concepciones urbanísticas de la zona. Estas son las decisiones que se están tomando. Finalmente, queremos hacer una mención breve al refugio SOS Rescate de Fauna Marina, situado en Punta Colorada -Piriápolis-, que corre riesgo de ser cerrado para su reubicación. Entendemos que se debe crear la infraestructura necesaria para que esta loable tarea llevada adelante desde hace tantos años pueda ser desarrollada en forma correcta. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Intendencia y Junta Departamental de Maldonado; a las Ligas de Punta del Este, de La Barra, de El Tesoro, de José Ignacio y de Punta Ballena; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Dinama, y a la prensa del departamento de Maldonado. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

participé hace pocos días, del Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay, que sesionó en Concepción del Uruguay. Este Comité nació entre 2009 y 2010, durante el tremendo conflicto que tuvimos con la República Argentina. Se creó a iniciativa de los intendentes del litoral sobre el río Uruguay: del lado argentino, los de Concordia, Concepción, Colón y, por supuesto, Gualeguaychú; y del lado uruguayo, los de los departamentos que van desde Artigas hasta Colonia. Conformamos ese Comité con el ánimo de unir a los pueblos y no seguir discutiendo el tema de la planta de celulosa, y la verdad es que en estos ocho años se ha realizado un trabajo fantástico. Si bien no ha tenido el reconocimiento de las cancillerías de los dos países, se ha trabajado con estas y con las sucesivas presidencias de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina de forma espectacular. Se logró, por ejemplo, que se adelantara muchísimo el dragado del río Uruguay. Hoy, estamos a punto de terminar el dragado a 25 pies hasta Fray Bentos y Concepción del Uruguay, y a 19 pies hasta Paysandú. Y no solo eso: este Comité trabajó durante todos esos años con la Corporación Andina de Fomento y logró estructurar las plantas de tratamiento de efluentes cloacales -lo que hoy está a punto de concretarse- en las ciudades que están sobre la costa del río Uruguay. Quiero destacar esto porque, en definitiva, se trató del trabajo conjunto de los gobiernos locales, departamentales y municipales, lo que tiene gran valor porque, muchas veces, cuando se hacen acuerdos entre dos países, estos terminan limitándose a lo comercial y, ante el primer problema que surge en ese aspecto, cada país trata de proteger a los suyos. Tan lejos llegó este Comité que en la reunión que mantuvimos la semana pasada estuvo presente el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien en aquel momento era intendente de Concordia y tuvo activa participación con nosotros en este trabajo. En el Comité también tratamos el proyecto de las esclusas de San Antonio, en Salto Grande, que sigue vigente. Si algún día se llegara a concretar, la navegabilidad del río Uruguay podría permitirnos ingresar 800 kilómetros en Brasil -que es hasta donde

12.- Consideraciones acerca de la labor del Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay
Tiene la palabra el señor diputado Omar Lafluf Hebeich. SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: quiero referirme a una reunión en la que

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llega el río-, transformándolo en una verdadera hidrovía. Hay más aún: el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, derogó la ley de la madera. Recordarán que, en su momento, el entonces gobernador de esa provincia, Jorge Busti, aprobó una ley provincial prohibiendo la venta de madera a Uruguay. No olvidemos que este río recorre miles de hectáreas forestadas. Quiero destacar esto porque es un buen ejemplo de lo que puede lograr la mancomunión de los gobiernos departamentales y locales en el desarrollo de sus regiones. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Congreso de Intendentes, a las cancillerías uruguaya y argentina, a la Embajada de Argentina en Uruguay, a la Embajada de Uruguay en Argentina, a los medios de prensa nacionales y departamentales de Río Negro, al señor gobernador de Entre Ríos y a la Comisión Administradora del Río Uruguay. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y uno en cincuenta y tres:

Licencia por motivos personales: Del señor representante Jorge Pozzi, por el día 11 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Dari Mendiondo. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes, señora Mónica Díaz, señor Jorge Rodríguez, señor Matías Rodríguez, señor Julio Pérez, señora Jacqueline Ubal y señora Elizabeth Villalba. JOSÉ CARLOS MAHÍA, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, a quien se invita a ingresar a sala.

15.- Día de la resistencia y defensa de la democracia. (Conmemoración)
Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Día de la resistencia y defensa de la democracia. (Conmemoración)”. Tiene la palabra el señor diputado Óscar Groba. SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: hoy es 11 de julio. Cuarenta y cinco años atrás, hacía dos días que los trabajadores uruguayos de la ciudad, del campo y de las oficinas públicas habían retomado su trabajo luego de la histórica huelga general que se promovió a raíz de un golpe de Estado duro, fascista, sangriento que, como todos recordamos, fue el 27 de junio de 1973. Debo confesar que quienes retomamos el trabajo lo hicimos con mucha rabia, con mucha pena. En esa huelga general estuvimos acompañados por los estudiantes, que tenían un lugar en la mesa representativa del PIT-CNT. En 1964 se había decidido que, ante un golpe de Estado cívico-militar o de cualquier tipo, los trabajadores y los estudiantes iban a realizar una huelga general, tal como ocurrió en 1973.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Aplazamiento
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día, y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el Cuarto Período de la XLVIII Legislatura.

14.- Licencias. Integración de la Cámara
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo: (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

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En aquellos jóvenes años de muchos de nosotros, teníamos la expectativa de que con esa huelga frenaríamos la dictadura, la persecución, las desapariciones, las muertes de nuestro pueblo, y que rescataríamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras -sin exclusiones- que estaban presos por defender la democracia y la libertad. Eso ocurrió hace cuarenta y cinco años, y lo recordamos en el día de hoy. Está bien que lo recordemos y que en la historia perdure un hecho de resistencia de la clase obrera, los trabajadores, los estudiantes y los partidos políticos con vocación democrática del Uruguay. Hasta el día de hoy se recuerdan en el mundo los quince días de huelga y los doce años de dictadura. Decía hace muy poco, en una media hora previa, que esta dictadura, que fue sangrienta, sanguinaria y cobarde, contra un pueblo desarmado, hasta abril de 1984 seguía torturando y asesinando, como pasó con el doctor Vladimir Roslik. Por eso, señor presidente, creo que hizo bien el Parlamento en aprobar la Ley Nº 19.211, para que en esta época, en estas instancias, antes o después del 27 de junio, recordemos este hecho no en sí mismo, sino para que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió en aquel entonces debido al golpe de Estado. En realidad, la dictadura organizó y planificó que fuera a fin de mes o al final de la quincena, porque sabía que la resistencia de los trabajadores iba a ser muy dura. Entonces, pensó que, dando el golpe a fin de mes, que las trabajadoras y los trabajadores no pudieran cobrar la quincena o el sueldo, pagar el alquiler y el almacén haría caer la huelga general. Sin embargo, la clase obrera resistió -este es un hecho histórico no solo para nuestro país, sino también para el mundo-, y cuando decidió levantar la huelga lo hizo porque era imposible seguir en esas condiciones, porque las trabajadoras y los trabajadores eran perseguidos -estaban cayendo presos- y había que mantener una organización, una resistencia lo más armada posible para continuar en otra etapa. La lucha que -como dije recién- fue dura, se extendió por demasiado tiempo. Señor presidente, hace cuarenta y cinco años, la clase obrera uruguaya, los trabajadores nucleados en la CNT, comenzaban la histórica huelga general que fue única en el mundo por sus características, su organización y su duración. Desde su concreción, enfrentó a la dictadura cívico-militar que aplicó, sin tregua, el terrorismo de Estado, torturó, mató y robó

a nuestro pueblo y a nuestra patria hasta el 1º de marzo de 1985, dejando a mujeres, niños y hombres desaparecidos hasta el día de hoy. Ese 27 de junio, hace cuarenta y cinco años, en horas de la madrugada, las emisoras de radio y televisión entraron en cadena y, entre marchas militares, desde la casa de Gobierno, el secretario Álvaro Pacheco Seré anunció que el presidente de la República, Juan María Bordaberry, en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, Walter Ravenna, y el ministro del Interior, coronel Néstor Bolentini, habían disuelto el Parlamento. A la hora 7 del miércoles 27 de junio, el tránsito de esta zona fue interrumpido por tanques y blindados que rodearon el entorno del Palacio Legislativo. Por la entrada del Senado ingresaron los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, quienes estaban al frente de la acción militar. Así comienza a concretarse la dictadura cívico-militar más dramática de la historia del Uruguay. Señor presidente, la CNT decreta la huelga general para todas las actividades privadas y públicas, con ocupación de los lugares de trabajo de todo el país. En las fábricas, al comenzar los turnos de la mañana, se realizan las primeras asambleas de trabajadores y se ocupan los lugares de trabajo. Aún se mantienen los servicios esenciales, pero bajo el control de los trabajadores organizados. Entonces, el 30 de junio los golpistas declaran ilegal la CNT. Todos los años hacemos este reconocimiento histórico pensando, fundamentalmente, en el pueblo anónimo que esa noche caminó a ocupar las fábricas; hablo de jóvenes, mujeres y hombres de todo el país, de empleados públicos y privados, de trabajadores rurales, tamberos, remolacheros, cañeros y estudiantes que iban a poner en práctica lo que la dictadura ya sabía que seguía: la resistencia a través de la huelga general. La dictadura sabía que corría el riesgo de no poder consolidarse -como pasó- debido a la resistencia de la clase obrera, de los trabajadores, de los estudiantes, y a la actitud de parlamentarios que, en la madrugada del 27 de junio, desde este entorno, promovieron el rechazo al régimen y se comprometieron a resistir -igual que los trabajadores que ocuparon las fábricas- para dar vuelta la situación, y si no se podía, para que la dictadura durara lo menos posible.

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Como hemos dicho, señor presidente, la aspiración de todos quienes ocupamos estas bancas es que estas conmemoraciones sirvan para informar a los niños y jóvenes uruguayos, para que sepan qué sucedió el 27 de junio, esa noche negra, y para que conozcan la forma heroica en que resistieron nuestro pueblo y los trabajadores en esa huelga general. En el marco del recuerdo de esa resistencia inmediata y concreta y de la lucha contra la dictadura, queremos hacer énfasis en ese trabajador y en esa trabajadora anónimos, en el pueblo que acompañó la huelga general. También haremos referencia a algunos de los muchos documentos que surgieron del movimiento sindical en 1968 y 1969. En uno de ellos, titulado Lo esencial es unir al pueblo, decía nuestra central de trabajadores, analizando la situación: “¿Cómo ubicar este tema en el contexto de la batalla de estos nueve meses de medidas?”. Se está hablando de las medidas prontas de seguridad del año 1968. Y continúa: “La CNT ha definido esta batalla no como una batalla sindical, sino como una batalla política en la que se confrontan dos orientaciones: una, la del FMI, la de la oligarquía y el imperialismo, y otra, la de la CNT” -la del pueblo y los trabajadores- “con un Programa de Soluciones Nacionales que es, a la vez, patrimonio de vastos sectores populares y patrióticos. Para lograr con éxito esta batalla, hemos dicho que es necesario unir al pueblo en la lucha”. En el año 1969, en otro documento, la central sostenía: “Nuestra CNT tiene resoluciones claras en torno a la huelga general, como enfrentamiento al golpe de Estado que vale la pena repetir en este momento”. Esta, señor presidente, no fue una acción espontánea; hubiera sido imposible teniendo en cuenta la magnitud de lo hecho hace cuarenta y cinco años, que hoy recordamos. Era imposible, y no solo para el movimiento sindical, sino también para los estudiantes, para el pueblo en general y para los partidos políticos democráticos que se fueron incorporando a esa lucha y a esa resistencia. Del mencionado documento, también rescato que en junio de 1968, en una declaración que la Mesa Ejecutiva aprobó por unanimidad, la CNT estableció su disposición a reafirmar la decisión adoptada en 1964 y enfrentar cualquier tentativa de golpe de

Estado, procediera de donde procediera, con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. Dice: “A medida que el Poder Ejecutivo pierde base de sustentación política y vuelve más tirantes sus relaciones con el Parlamento, que no hace mayoría para enfrentarlo en sus abusos antipopulares, realizados al margen de la Constitución y las leyes, es necesario afirmar esa posición inicial del movimiento sindical”. Como dije recién, esa reacción también se dio en otros sectores de la sociedad: los estudiantes en primer lugar. Señor presidente, queremos recordar el decreto con el que se inició ese período de dictadura, que tenía cuatro artículos, para que se advierta la importancia de las decisiones de los trabajadores y estudiantes uruguayos, que tenían un lugar en la Mesa Representativa y se comprometieron a apoyar la huelga y la resistencia. El artículo 1º del Decreto Nº 464/973 establecía: “Declárase disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes”. El artículo 2º expresaba: “Créase un Consejo de Estado, integrado por los miembros que oportunamente se designarán con las siguientes atribuciones”, que a continuación se detallaban. El artículo 3º estipulaba: “Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisiva de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto en este decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo”. En este punto quiero hacer una mención a la gesta patriótica de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo, porque el artículo 4º decía: “Facúltase a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales”. Esto refiere a la huelga general y a la resistencia del pueblo que ya sabían que se iba a promover. Lo que no sabían era la magnitud que tendrían esa huelga general y la resistencia posterior, sostenida durante muchos años, en forma ininterrumpida. ¿Y los trabajadores cómo fueron a ocupar las fábricas? Creo que todos lo sabemos, pero vale la pena recordarlo y que las jóvenes generaciones también lo sepan. Fueron sin armas, sin nada, a enfrentar

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una situación gravísima y durísima durante esos quince días. Así fueron los trabajadores y las trabajadoras, caminando, de madrugada, en todo el país, a ocupar las fábricas. A ningún trabajador de la ciudad ni del campo se le ocurrió armar una agenda de direcciones de ninguna embajada para ir a protegerse. Fueron directamente a la ocupación de los lugares de trabajo, sabiendo que esto iba a ser duro y que no se sabía cuánto podía durar. Mientras tanto, a nivel internacional, el mundo se asombraba por aquella resistencia histórica. Esa huelga general permitió aislar la dictadura. El peso de la huelga general, con el apoyo de los estudiantes y del pueblo, permitió cercarla también a nivel internacional. Naturalmente, el pueblo tenía miedo. Los que ocuparon las fábricas tenían miedo. No crean -sé que nadie lo cree, pero se lo digo a los jóvenes- que los trabajadores, los estudiantes, el pueblo hacían esto con alegría. No; fue la conciencia de la clase obrera, de los trabajadores y del pueblo, generada a lo largo de años y años, lo que hizo posible esa resistencia. Por eso ponemos tanto énfasis en la conmemoración de este hecho heroico del pueblo, de los trabajadores y de los estudiantes, que enfrentó ese golpe de Estado duro y fascista. Queremos conmemorar estos hechos que sucedieron hace cuarenta y cinco años, estos actos heroicos, históricos, de un pueblo anónimo que resistió por la libertad y por la democracia. También queremos recordar a quienes organizaron la huelga general histórica del 27 de junio de 1973 y ya no están. ¡Nunca más dictadura! Queremos continuar por el camino de la investigación por verdad y por justicia. ¡Viva la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973! ¡Nunca más! Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Omar Lafluf Hebeich. SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: desde la bancada del Partido Nacional queremos recordar este hecho, que es histórico, como decía el diputado Groba. Yo no lo viví en forma directa

en Montevideo, porque vine a esta ciudad en el año 1974, cuando ingresé a la Facultad de Veterinaria. Sin duda, ese hecho histórico fue el primer indicio de que a la dictadura militar, establecida a partir del golpe de Estado, no le sería fácil mantenerse en el gobierno. Aquel golpe de Estado había marcado al país entero, independientemente de los partidos políticos, y esa huelga general mostró el primer indicio del camino que había que seguir. Sin duda, es una marca indeleble que permaneció aún después de los doce años que tuvimos que sufrir. Yo soy un convencido de que salimos de la dictadura porque estábamos todos juntos. Alguna vez lo dije en esta Cámara: en esa época no se preguntaba de qué partido eras, sino de qué lado estabas. Insisto: creo que, más que recordar esa fecha, hay que recoger la enseñanza de por qué salimos de la dictadura. Se salió porque estábamos juntos. No importaba el partido; importaba de qué lado estabas. Eso es lo que debemos tener presente en el Parlamento, porque no puede haber diferencia tan grande entre nosotros como para que en un momento olvidemos eso y pongamos en riesgo nuestra democracia y nuestra república. La diferencia más importante que tengamos no puede ser tan grande como para no cuidar nuestro sistema de gobierno y nuestra república. Quiero hacer referencia a un hecho casi personal. Hace pocos días, se publicó un libro de Leonardo Haberkorn en el que me nombra, porque en el año 1978 encabecé, junto a muchos otros compañeros, una huelga en la Facultad de Veterinaria. Unos amigos que salieron del Penal de Libertad recordaban que, después de algunos años de dictadura, esa fue quizás la primera manifestación de protesta que hubo. Tal vez en forma un tanto inconsciente, por nuestra edad hicimos una huelga. ¿Saben quién era el decano de la Facultad de Veterinaria? El doctor Gustavo Cristi, hermano del general Cristi. Esa huelga fue por no aceptar un plan de estudios que la dictadura quería imponer y que la Facultad y el decano pretendían avalar. Teníamos varios compañeros de Montevideo que habían estado presos en el Cilindro, y los protegíamos porque sabíamos que ellos eran los primeros que iban a caer; eran los primeros a los que irían a buscar.

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Queríamos estar presentes en este recordatorio, en este homenaje, en este reconocimiento a la huelga general de 1973, y dejar este mensaje fuerte de que nada puede hacernos mantener tanta distancia entre nosotros como para no cuidar el sistema que tenemos. Gracias. (¡Muy bien!) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Puig. SEÑOR PUIG (Luis).- Señor presidente: creo que es realmente importante que el Parlamento haya definido a través de una ley el Día de la resistencia y defensa de la democracia. ¿Para qué? Para instalar de forma permanente el debate sobre cuáles fueron las verdaderas razones de la existencia de un golpe de Estado, de una dictadura cívico-militar y de la instalación del terrorismo de Estado en nuestro país y en la región. Son debates que siguen vigentes. Desde nuestro punto de vista, la cadena de golpes de Estado que sufrió América Latina a partir de 1964 -el golpe en Brasil, contra Goulart; los de Uruguay y Chile, en 1973; la dictadura que hubo en Bolivia y la que duró décadas en Paraguay- tienen un denominador común: ser una respuesta de las clases dominantes a los procesos de resistencia de nuestros pueblos. ¿Proceso de resistencia a qué? A un ajuste económico, político y social de países capitalistas dependientes que querían hacer pagar el costo de las crisis a los sectores populares. Ante eso se movilizaron todos los trabajadores. Durante la década del sesenta se organizó la Convención Nacional de Trabajadores; los estudiantes combatieron el avance del autoritarismo y de la represión en las calles. Al respecto, hay aspectos que vale la pena profundizar en el debate pues, al día de hoy, hay quienes sostienen que la dictadura cívico-militar, con participación de dirigentes políticos, civiles, en conjunto con los militares, fue producto de la acción de la guerrilla. El golpe en cámara lenta que se desarrolló en nuestro país tuvo uno de sus puntos culminantes el 27 de junio de 1973. En setiembre de 1972, las fuerzas conjuntas afirmaron en un comunicado a la población que todas las expresiones guerrilleras del país -todas- habían sido derrotadas militarmente, lo

que era cierto. Entonces, uno se pregunta, ¿contra quién fue el golpe de Estado instalado el 27 de junio de 1973? Fue contra las organizaciones populares, contra el movimiento sindical, contra los cooperativistas, contra los estudiantes, contra quienes desde el movimiento popular seguían la resistencia a ese proceso de ajuste. Claramente, en la declaración de los golpistas estaba presente asegurar la producción ante un hecho sin precedentes en el mundo: la definición que se hizo en el año 1964 en la Convención Nacional de Trabajadores de que, ante un golpe de Estado, se iría a la huelga general y a la ocupación de los lugares de trabajo. En este punto, hay que analizar los diferentes comportamientos de los actores sociales porque, a veces, uno se pregunta cómo pudo la dictadura subsistir durante doce años si, al parecer, nadie la apoyó. Un buen ejercicio sería remitirse a la prensa, y no me refiero a la de izquierda. Por ejemplo, el diario El País cubrió todo el período de la dictadura con titulares a favor del régimen. Concretamente, en junio de 1973 expresaron que los trabajadores estaban ocupando las fábricas y que los señores dirigentes de las cámaras empresariales iban a saludar a los golpistas de turno. Esto ocurrió en nuestro país el 28 de junio de 1973: los representantes de las grandes cámaras empresariales fueron a felicitar a los golpistas porque, según ellos, los liberaban de lo que llamaban “la dictadura sindical”. Y ese apoyo no fue gratis: durante la dictadura, US$ 5.000.000.000 pasaron de los bolsillos de los trabajadores a los sectores propietarios. Fue una dictadura cívico-militar y un componente de clase. Es importante señalar la participación no solo de los trabajadores organizados, sino de la gente de los barrios. En Villa Española, me tocó colaborar con la ocupación de la fábrica Funsa. La gente de la zona se acercaba aportando alimentos; los trabajadores ayudaban a los estudiantes que estábamos en las calles señalando con pintadas que había que enfrentarla. Es claro que la dictadura no fue exclusivamente contra los sectores militantes; el terrorismo de Estado fue contra el conjunto de la sociedad, contra los jóvenes. En los centros de estudio, si las jóvenes iban con las faldas cortas o los varones con el pelo largo, eran objeto de verdugueo y se les prohibía el ingreso. Cuando se celebraba una fiesta familiar, había que

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registrar en la comisaría de la zona quiénes iban a participar. Hubo una acción permanente para reprimir cualquier acto de resistencia; sin embargo, en medio de toda esa represión hubo coraje, dignidad y resistencia. La gente seguía movilizándose los 1º de mayo. El 1º de mayo de 1974, a un año de la dictadura, en varios puntos de Montevideo -en La Teja, la Unión y otros lugares-, miles de uruguayos y uruguayas salieron a las calles. El Cilindro se llenó de presos y los cuarteles también. La dictadura cívico-militar, que provocó que miles y miles de uruguayas y de uruguayos fueran torturados y violados en las cárceles no logró que la gente dejara de resistir, no lo logró ni siquiera un solo día de esos doce años. Había organizaciones resistiendo dentro y fuera del país. La coordinación represiva de la dictadura cívicomilitar llevó al secuestro de compatriotas en Argentina, Brasil y Paraguay; muchos de ellos siguen desaparecidos hasta hoy. La resistencia se dio junto con una labor de denuncia sistemática de quienes entendieron que la causa de la libertad y el enfrentamiento a la dictadura también se jugaban logrando la solidaridad de otros pueblos. En ese sentido, merece una mención especial lo hecho por Erro, por Wilson, por Hugo Cores, por Tota Quinteros, por la CNT en el exilio, por el elenco de El Galpón en el exilio, denunciando la dictadura cívico-militar y diciendo que en este rincón del mundo había campos de concentración. Esa resistencia logró abrir los cauces para la expresión popular. Sería impensable la convocatoria del 1º de mayo de 1983, acto multitudinario de los trabajadores, si no se la vinculara con la acción de resistencia en las fábricas de organización clandestina, con quienes desde el exilio se organizaban para luchar y abrir los caminos necesarios para la expresión política de nuestro pueblo. Esa fue parte de una tarea permanente. En el documental Kollontai, sobre la resistencia a la dictadura, Ruben Prieto decía: “Las dictaduras no caen solas”. Y es cierto: no hubo un solo día en el que no se resistiera dentro y fuera de fronteras. Creo que eso debe marcar con absoluta claridad quiénes

estuvieron del lado de la resistencia, quiénes colaboraron con la dictadura y quiénes tuvieron actitudes de dignidad en todo momento. Quedan secuelas muy importantes de la dictadura; la impunidad del terrorismo de Estado es una de las peores. Por lo tanto, el compromiso con la verdad y la justicia tal vez sea la forma más clara de reivindicar la resistencia de nuestro pueblo. SEÑOR ASTI interrupción? (Alfredo).¿Me permite una

SEÑOR PUIG (Luis).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: simplemente quiero recordar, como ya han dicho otros compañeros, que en esa resistencia al golpe de Estado también estuvieron los estudiantes, en particular los universitarios, desde donde me tocó participar directamente. En ese momento, trabajaba en una empresa unipersonal, en un apartamento de un solo ambiente que hacía de oficina y no había más trabajadores que yo; éramos el patrón y yo. Los dos coincidíamos, además, en el rechazo al golpe. Por lo tanto, mi lugar de lucha fue en mi facultad, la de Ciencias Económicas, que funcionaba en el local central de la Universidad. Allí acudimos a seguir resistiendo, como lo hacían los trabajadores, ocupando nuestra facultad. Por supuesto que las experiencias de convivir con estudiantes y también con algunos docentes y funcionarios fueron muy ricas. No voy a reiterar todos los conceptos que sobre la dictadura se han vertido, sobre esos años crueles que nos tocó vivir. Solo quiero hacer un comentario. Cuando escribía sobre esto, siempre, al igual que otros compañeros, me refería a la dictadura como cívico-militar. Alguna vez un compañero me corrigió y me dijo que no era cívica, que no tenía nada de civismo. Hubo civiles que actuaron en esa dictadura, pero no por ser civiles sino por otro tipo de intereses. Por supuesto que todos aspiramos a que, en este momento, después de haber superado esos años tan tristes, haya unidad en el sistema político, pero no podemos olvidar que hubo civiles, dirigentes políticos que tenían cargos en el Poder Ejecutivo, en las intendencias, que continuaron durante el proceso.

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Hubo algunas excepciones, por supuesto; cuatro ministros renunciaron. El vicepresidente de la República también tuvo actitudes dignas, y un intendente de los diecinueve renunció; los demás permanecieron. Luego, muchos civiles, políticos y empresarios se unieron a ese nefasto Consejo de Estado que se sentaba en el Parlamento para adornar esa dictadura. Quiero terminar mi intervención refiriéndome a otro día de esos, además de la ocupación del 27 de junio: a aquella concentración del 9 de julio, a las cinco en punto de la tarde, como decía Rubén Castillo, que desde la radio convocaba a ir a 18 de Julio a quienes entendíamos el mensaje para dejar claro que había una resistencia. Fue una manifestación que convocaron los trabajadores, los estudiantes y algunos partidos políticos; otros rechazaban esa convocatoria. Esto lo tenemos que recordar. También tenemos que recordar el proceso de resistencia, que no terminó luego de levantar la huelga general, que continuó en los distintos ámbitos. En particular, los estudiantes vivimos un hecho significativo pocos meses después del 27 de junio, en setiembre de ese año, en las elecciones universitarias, que la ley de educación nos obligaba a realizar, porque era la primera vez que se pronunciaba. Con esas condiciones, la FEUU fue amplia ganadora en esas elecciones, a pesar de que también estaban quienes apoyaban la dictadura. Cerramos, entonces, ese concepto de resistencia, diciendo que, de esa forma, se pudo marcar a fuego la resistencia a la dictadura. Gracias, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Puig. SEÑOR PUIG (Luis).- He finalizado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: rendimos homenaje a la huelga general del año 1973 como acto de resistencia a la dictadura, que se cumplió en condiciones que implicaban un riesgo muy alto para la libertad, para la integridad física y aun para la vida de quienes tomaban parte de esa actividad. En ese sentido, por esas razones, reitero, rendimos homenaje a esa huelga, a los dirigentes sindicales que la impulsaron y a los trabajadores todos que la llevaron a cabo.

Sin embargo, compartiendo conceptos vertidos por los señores diputados Puig y Asti, entendemos que conviene enmarcar estos hechos en la circunstancia histórica en la cual se produjeron para informar a las nuevas generaciones de todo lo que ocurrió y para tener una apreciación que no equipare a todo el mundo en el mismo tratamiento -no corresponde hacerlo así-, sino que separe actitudes distintas porque, por cierto, las hubo en todos estos procesos. Quizá la circunstancia no es la más propicia, porque se trata de un homenaje. Nosotros participamos de este con convicción por las razones que expuse al comienzo de mi exposición, pero en la medida en que se inserta el homenaje en una amplia referencia histórica con señalamiento de conductas y distintas responsabilidades, nos parece pertinente realizar también nuestro aporte. Desde esta perspectiva, señor presidente, digo que no comparto la huelga general del 73 como la expresión de una convicción democrática y de apego a la constitución de la CNT; una convicción democrática y de apego a la Constitución que vendría de muchos años antes, de 1964. La CNT y los trabajadores se opusieron al golpe de Estado, y lo hicieron enérgica y valientemente porque ese golpe, tal como se perfilaba en junio del 73, iba directo en contra de la visión que los trabajadores y la CNT tenían de lo que debía ser la sociedad uruguaya y su evolución, pero no porque estuvieran empeñados en la defensa de la Constitución y del Estado de derecho; son cosas distintas. Los hechos que lo demuestran son bien conocidos: es la actitud de la CNT, de los trabajadores por esta representados, y de sectores políticos con influencia y gravitación decisiva en la CNT, como el Partido Comunista cuando, según se ve hoy con total claridad -algunos observadores lo advertían ya entonces-, en febrero de ese mismo año, se produjo el golpe de Estado; cuando las Fuerzas Armadas, el 8 de febrero, desconocen la autoridad del presidente de la República y se niegan a reconocer como ministro de Defensa Nacional al general Francese; cuando los tanques salen a la calle y las Fuerzas Armadas anuncian su propósito de intervenir en la vida política, al margen de la Constitución y la ley, en función de aquellos comunicados Nos. 4 y 7 con los cuales decían al país lo que estas iban a hacer, erigiéndose en árbitros del destino nacional.

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En aquel momento, hubo quienes enfrentaron esa irrupción militar en la vida política del país; lo hicieron frontalmente y pusieron en riesgo, como decía hace un rato, su libertad, su integridad física y su vida. Recuerdo al senador Amílcar Vasconcellos y la denuncia de Febrero Amargo. Recuerdo al vicealmirante Zorrilla atrincherado con la Armada en la Ciudad Vieja, dispuesto a defender al presidente de la República si este resolvía defender la Constitución, lo que no hizo. Mientras Amílcar Vasconcellos denunciaba en el Senado, y antes en los medios de comunicación, a los latorritos que querían enseñorearse del Uruguay, y mientras el vicealmirante Zorrilla se jugaba la ropa en la Ciudad Vieja, la dirigencia de la CNT de entonces iba a conversar al Esmaco. El secretariado ejecutivo de la CNT en aquellos días iba al Esmaco a conversar con Gregorio Álvarez, con Trabal y con Bolentini. Yo no digo que fueran a felicitarlos, porque no tengo elementos de juicio para ello -como decía hace un momento el señor diputado Puig que hacían los empresarios cuando fueron a visitar a los generales en junio de 1973-, pero tampoco fueron a decirles que estaban radicalmente en contra de lo que estaba ocurriendo, porque fue lo contrario: aplaudieron las coincidencias entre la visión de los trabajadores y algunos postulados de los comunicados Nos. 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. No fue un apoyo puntual a tal o cual medida, sino un apoyo a esos comunicados en el marco de una visión general, donde se decía de manera explícita, y con todas las letras, que la cuestión no era entre los civiles y los militares, ni entre la sujeción a la Constitución o el golpe de Estado, sino entre oligarquía y pueblo. Hay documentos de los que surge lo que afirmo con total claridad. En febrero de 1973, la CNT resaltaba sus coincidencias con las Fuerzas Armadas y decía que compartía los comunicados Nos. 4 y 7 de la dictadura, y que el tema no era golpe sí o golpe no, autoridad constitucional o Fuerzas Armadas, sino oligarquía o pueblo. En esa misma sintonía estaba el Partido Comunista del Uruguay, que en un editorial del diario El Popular del 11 de febrero desarrolla toda esta tesis, la pone negro sobre blanco, para que conste en los registros de la historia, y dice lo mismo: esto es oligarquía o pueblo. Desde este ángulo de interpretación, recuerda que las Fuerzas Armadas en Uruguay se extraen del pueblo, que forman parte del pueblo y que, en consecuencia, era natural que los

sectores progresistas buscaran entendimientos con las Fuerzas Armadas para llevar adelante esa visión progresista, a la cual se oponía la oligarquía, representada, obviamente, por los partidos tradicionales. Ese fue el planteo político e ideológico del Partido Comunista y de la CNT en febrero de 1973, y al respecto no puede caber duda razonable alguna. En aquellos momentos -febrero de 1973-, un hombre de extraordinaria valía, un hombre a quien profeso admiración intelectual y política, más allá de enormes y obvias discrepancias, Rodney Arismendi, estaba en Italia, y cuando se enteró de lo que estaba pasando en Uruguay constituyó domicilio, por así decirlo, en la redacción del diario L’Unità del Partido Comunista Italiano y desde allí intentó explicar a los comunistas italianos que en Uruguay había unas fuerzas armadas que estaban en sintonía ideológica con lo que estaba haciendo Juan Velasco Alvarado en Perú, con el peruanismo. En la interpretación del Partido Comunista, que va a ser también la de la CNT, lo que se estaba gestando en febrero era un golpe peruanista, un golpe de los elementos populares contra la oligarquía. Insiste en ese sentido, pero los comunistas italianos -que estaban muy bien informados de lo que estaba pasando en América, porque venían en forma periódica, recorrían y hablaban con unos y con otros- no compartieron la explicación de Arismendi. En una página del diario L’Unità publican una nota que se titula “Uruguay no es el Perú”. Explican que no cabe postular ese parecido, que está pasando otra cosa, que es un golpe de Estado, tesis que, repito, no era la de los comunistas ni la de la central sindical. A medida que van pasando las semanas le empiezan a salir los pelos al gorila y se comienza a ver con más claridad que aquello que se venía no tenía nada de peruanista; que la cosa venía planteada de otra manera. Pero antes de apresurarse a sacar conclusiones, la central sindical mantuvo una gran prudencia, acerca de la cual ilustra con gran claridad la plataforma con la que convocó al acto del 1º de mayo de 1973. Advierta qué fecha, señor presidente: la fecha emblemática del movimiento obrero, fecha especialísima para que la CNT dijera cómo analizaba la situación que se estaba dando en el Uruguay y qué proponía a ese respecto. Encontré esta declaración de la CNT del 1º de mayo de 1973 en un libro que se llama Camaradas y

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compañeros. Una historia social y política de los comunistas en Uruguay, escrito por Gerardo Leibner, un académico que actualmente trabaja en Israel, hijo de padre y madre comunistas, con muchos familiares comunistas; es un hombre que escribe con simpatía sobre el Partido Comunista Uruguayo, pero también con el rigor profesional que cuadra a un académico que escribe desde una universidad. Con respecto al 1º de mayo -emblemático- de 1973 dice -para quienes tengan interés en verificarlo, aclaro que voy a citar la página 616, nota a pie de página 918-: “Las consignas anunciadas para el acto del 1º de Mayo, revelan el persistente intento de la dirección de la CNT por evitar un choque frontal con los militares. Las consignas reclamaban diversos puntos: recuperar el poder adquisitivo de 1967, derogación de la COPRIN, derogación del CONAE, inclusión de representantes de trabajadores en los entes, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, reforma agraria, vigencia plena de libertades sindicales y democráticas, rechazo a la reglamentación sindical, y renuncia de Bordaberry. La CNT exigía desmantelar a los dos organismos creados por el régimen autoritario instaurado a fines de 1967: COPRIN y CONAE. Lo que la CNT no exigía desmantelar” -dice Leibner- “era el COSENA, la institución por medio de la cual los militares habían empezado recientemente a compartir el gobierno de manera formal e institucionalizada”. Es decir: “Disuelvan CONAE y COPRIN; del COSENA no hablamos”, porque era el persistente intento de no tensar las relaciones con las Fuerzas Armadas, con las cuales a esa altura todavía se tenía esperanzas de llegar a alguna clase de entendimiento.
¿Esto qué implicaba? ¿Acaso estoy haciendo algún cargo de tipo ético contra quienes así procedían? No, señor presidente. Lo que intento es explicar con claridad y señalar del mismo modo cuáles eran las actitudes; tratar de entender la forma como se veía y se interpretaba políticamente la situación. Creo que la CNT -y, por supuesto, el Partido Comunista- no eran leales a la Constitución, sino a la revolución. No estaban en contra de los golpes de Estado, sino de la orientación ideológica de ese golpe de Estado; son cosas distintas. En función de su visión de las cosas, de sus lealtades, de sus opciones, actuaron con heroísmo y abnegación, con valentía, enfrentaron el sufrimiento, la persecución, la tortura e inclusive la muerte, pero no en defensa de la Constitución y del Estado de derecho, sino de su

visión de cuál debía ser la marcha de la sociedad uruguaya hacia el horizonte que ellos creían deseable. Todo esto trasparece, queda de manifiesto en la convocatoria a la huelga y lo que luego fue su levantamiento. Otro texto de Universindo Rodríguez y otros autores, llamado El sindicalismo uruguayo, publica lo que fueron las consignas de la convocatoria a la huelga. En este libro, página 111, ellos expresan que la convocatoria era: “¡Por Salarios, libertades y soluciones! ¡Por la unión del Pueblo Uruguayo contra la rosca oligárquica! ¡Por el respeto a las decisiones populares! ¡A ocupar las fábricas, mantener el estado de asamblea, el alerta en todo el movimiento sindical y el cumplimiento disciplinado de las decisiones de la CNT!”. Contra las Fuerzas Armadas no se dice ni una sola palabra; contra los militares, ni una sola palabra. Es contra la rosca oligárquica; es la visión de febrero: oligarquía o pueblo. La huelga sindical se levanta en medio de discusiones importantes del movimiento sindical. No se levantó tranquilamente; hubo quienes querían seguir; hubo quienes se quejaban de que se levantara, como surge de la documentación; después de los dos o tres primeros días de la huelga había quienes eran partidarios de levantarla. Es decir, en su momento, todo esto fue muy polémico; alguien que integró esta Cámara, el extinto diputado Semproni, hacía comentarios en este sentido, que no voy a evocar porque ya no está y podría dar lugar a una polémica que no corresponde en una ocasión como esta… (Suena timbre indicador de tiempo) ——Redondeo, señor presidente. Como decía, cuando se levanta la huelga, la Mesa Representativa, reunida en el sanatorio Impasa, emite una declaración -según este libro de Universindo Rodríguez y otros- que expresa: “Ya han transcurrido dos semanas de la huelga general llevada a cabo cumpliendo la resolución tomada mucho tiempo atrás de responder con ella a todo golpe de Estado de contenido derechista y antipopular […]”. Por eso digo que no era contra el golpe de Estado, sino contra los golpes de Estado de contenido derechista y antipopular; contra los golpes de Estado peruanistas no había esta objeción, como quedó de manifiesto con los hechos de febrero.

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Esto también es parte de la realidad. ¿Quita valor moral a los huelguistas? ¿A las actitudes que ellos tomaron? ¿A los riesgos que asumieron? No les quita ningún valor moral. Por eso les rendimos homenaje y lo hacemos todos. Esto indica que algunos actores sociales y políticos de aquel momento actuaban con criterios que no eran los de la defensa irrestricta e incondicional de la Constitución y del Estado de derecho. Había quienes no actuaban así. Creo que en esta conmemoración, más allá de las diferencias de opinión que evidentemente tenemos acerca de aquellos hechos, sobre lo que representaron, lo que encarnaron, podemos encontrarnos todos en el compromiso común de defender, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, la Constitución y el Estado de derecho, cualquiera sea el signo ideológico del gobierno de turno. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: en el marco de este homenaje, me parecen interesantes las reflexiones que van llenando de contenido esta fecha. Creo que una situación como la que se vivió en junio de 1973 no merece un acto de liturgia formal, sino que nos obliga, en memoria de quienes arriesgaron su libertad en aquel momento, de quienes dieron su vida en la lucha contra el fascismo, a tratar de que la recordación, el homenaje sea también una oportunidad de sacar enseñanzas como pueblo. Por lo tanto, importa contextualizar cómo se llegó al golpe de 1973: obviamente, con un pregolpe en febrero y con un proceso de violación de la Constitución y de ataque a las libertades públicas en los últimos años de la década del sesenta; fue un proceso. En sala se dijo de manera muy justa: ya no tiene cabida en la mente ni en la opinión de nadie que de manera seria se exprese que la dictadura vino para terminar con la guerrilla. Es una historia digna del libro de aquellas fuerzas conjuntas. La historia es otra. También nos parece significativo que en 1964, en el momento de la construcción de la unidad del movimiento obrero, del movimiento popular, la CNT advirtiera la posibilidad de un golpe de Estado cuando se inició el ciclo en Brasil -un proceso con

profundas raíces económicas y geopolíticas-, cuando el imperialismo norteamericano -terminada la guerra de Corea con una división del mundo- decide consolidar sus intereses en el patio trasero. La dictadura no se instala por un conjunto o una logia de militares malos que deciden dar un golpe un día; no, no. Los golpes vienen a generar las condiciones para instalar un modelo de dominación que incluye un modelo económico, social y político. ¿Qué pasaba en países con organizaciones fuertes, con organizaciones políticas desarrolladas, con procesos democráticos progresistas avanzados? El primer paso era demolerlos. Brasil fue el primer lugar, y no es extraño. Brasil es el país continente, con inmensas riquezas, y con el golpe floreció la industria brasileña. ¿De quién? ¡De las multinacionales! San Pablo pegó el salto y, al mismo tiempo, se produjo la expropiación de tierras, la deforestación, la masacre de los pueblos aborígenes durante la construcción de la Ruta Transamazónica. ¡Ah, la política del imperio! En Uruguay fue distinto. A nuestro país la dictadura no llegó solo por una conspiración militar; acá hubo una política digitada en la que coincidieron intereses de los sectores económicos dominantes. ¿Quién lo duda? ¿Quiénes son los beneficiarios exclusivos de la dictadura? Además, a esta altura, hay documentos desclasificados del Departamento de Estado de aquel personaje diabólico, Henry Kissinger, sobre Uruguay y Brasil, el papel de la Embajada de los Estados Unidos en el golpe en Brasil, en Uruguay y ni qué hablar en Chile, de la ITT y las multinacionales. Vinieron a barrer todo tipo de resistencia para instalar un modelo económico que terminó con la protección de la industria nacional, que terminó con los derechos de los trabajadores. Esto importa, hoy mismo, por el tema de la recuperación salarial. Nos decían delegaciones de sindicatos que concurrieron por la rendición de cuentas que hay estudios que marcan que estamos un 30 % por debajo del salario de la década del setenta. Vinieron a cambiar el reparto de la torta, que se mantiene absolutamente injusto. Es cierto que la resistencia marcó el rechazo, pero en sala se han leído documentos y hay una línea coherente -en el caso de la CNT, del movimiento popular- de rechazo a la política del imperialismo, a la política del Fondo Monetario Internacional y de la oligarquía. El Fondo

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Monetario Internacional sigue siendo el mismo, no se ha transformado en un ángel de la democracia. No. Ahí está la esencia para entender por qué los golpes. ¿Para desmantelar qué? La resistencia. ¿A qué? Al modelo que venía. Y Chile fue, tal vez, el laboratorio más avanzado con el pinochetismo, que a sangre y fuego instaló un modelo neoliberal ejemplar para los Chicago Boys, que sigue totalmente vigente. Pasó Bachelet, pasó Piñera, pasaron muchos, pero el modelo no cambia. Eso trae también la impunidad como cola vigente en Chile, vigente en Brasil, vigente en Uruguay. Son parte del modelo. En el homenaje a aquella heroica huelga, quiero rescatar el hecho en sí, la historia, las anécdotas y los contenidos, porque esa lucha, esa resistencia era contra una embestida imperialista que venía a instalar un modelo de liberalización de las economías, a abrir los mercados, a terminar con el proteccionismo, a terminar con la regulación laboral, a terminar con las leyes laborales. Así está Chile, donde la ley antiterrorista sigue metiendo mapuches pa’dentro, en plena democracia neoliberal.Debemos tomar esos contenidos para el hoy y preguntarnos cuánto tiene que ver esa herencia maldita con una herencia renovada, con las mismas recetas del Fondo, con los tratados de libre comercio, con los tratados de protección de inversiones, con la extranjerización de la tierra, con la depredación ambiental. En este día de homenaje y de recordación, lo que quiero levantar con más fuerza que nunca son las banderas que animaban esa lucha. En sala se dijo que hay una materia pendiente y yo sostengo que son dos grandes materias las que están pendientes. Obviamente, la impunidad es una de las rengueras de esta democracia, con coroneles y capitanes de navío paseando impunes por Europa y por las calles uruguayas; con desaparecidos por encontrar y con impunidad rampante acá, en Brasil y en Chile. La otra deuda íntegra son aquellas reivindicaciones llenas de contenidos: rechazo al Fondo Monetario Internacional, nacionalización de la banca y del comercio exterior, reforma agraria y democracia auténtica. Mejor homenaje que levantar esas banderas, nosotros no encontramos. Muchas gracias, presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: el Partido Independiente se suma, con mucho gusto, a esta conmemoración y a este homenaje a la resistencia en defensa de la democracia. Aclaro que la dictadura no fue producto de hechos puntuales, sino de un proceso de mucho tiempo que tuvo su culminación bastante lejos de aquel 27 de junio o de aquel febrero amargo, como decía Amílcar Vasconcellos. Hay una interpretación de aquellos hechos de 1973 que explica los acontecimientos a partir de que una banda de guerrilleros atentó contra la democracia y, por lo tanto, el Ejército salió en defensa de las instituciones y después se quedó. Solo hay una cosa más falsa que toda esa historia, que es muy falsa, que ha sido calificada como la teoría de los dos demonios: la teoría de un demonio solo. Esta teoría implica creer que hay un solo responsable y culpable de aquel golpe de Estado, llámese los militares, la oligarquía, los Estados Unidos, etcétera. Atribuir la caída de nuestra democracia a un solo factor es la única interpretación peor que la teoría de los dos demonios. Que la teoría de los dos demonios sea falsa no quiere decir -entre paréntesis- que los dos demonios no existieran. Posiblemente, existieron más de dos, pero aquellos dos, por cierto que existieron. Vivíamos en un país donde, por ejemplo, había cárceles privadas que ostentaban denominaciones que les quedaban enormes. Vivíamos en un país con un régimen democrático, pero teníamos un gobierno autoritario. Me gusta asimilar la democracia a un juego de ajedrez en el que a uno no le comen el rey porque se distrajo o porque se fue al baño y, cuando volvió, el adversario lo atacó; es un juego que implica un deterioro gradual de las defensas propias o en la ofensiva del adversario. Creo que esa es la causa real del golpe de Estado: el deterioro cívico del que todos somos corresponsables, unos más que otros, pero todos corresponsables. En ese proceso de deterioro, en febrero de 1973 comenzó el desarrollo de la resistencia y de la defensa de la democracia, y hubo algunos puntos culminantes en los que la gente efectivamente cambió, se dio vuelta la moneda y las cosas parecieron diferentes. Noviembre de 1980 es el momento que indica que aquel deterioro cívico de 1973 se había revertido. En

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noviembre de 1980, la gente ve las cosas de otra manera; la gente está dispuesta a resistir la dictadura hasta las últimas consecuencias y a pelear para que en este país vuelva la democracia. En noviembre de 1982 se ratifica aquello y después ocurren otros eventos, como los de 1983, que fue un año heroico. No obstante, nada de esto le quita valor a la huelga de 1973, que fue un episodio muy importante, caracterizado por la valentía de sus protagonistas y, más aún, por la convocatoria para el 9 de julio a las cinco de la tarde, que ratificó la vocación democrática de este pueblo. No pretendamos reescribir la historia; ya lo hicimos en los primeros años de la restauración democrática. Creo que los intelectuales de este país tienen una tarea pendiente y, cuando haya una distancia óptima habrá que mirar estos episodios de la historia reciente y decir la verdad. No importa si los protagonistas murieron, como decía el expresidente Mujica: “Hasta que no mueran los protagonistas”…; no importa eso. Debemos tomar distancia para mirar los acontecimientos desapasionadamente y no pretender llevarnos la verdad a prepo, porque la verdad, más temprano que tarde, va a emerger; no nos quepa duda. Y aquellos que no tuvieron apego por los valores democráticos se tendrán que hacer cargo. Las bestias desbocadas que vestían uniforme y las bestias desbocadas que no vestían uniforme se tendrán que hacer cargo de su responsabilidad histórica. Me parece que pretender que cada uno imponga su interpretación de la historia a los demás no es una tarea de este Cuerpo. Lo que sí creo de estricta justicia es que reconozcamos el valor de aquellos episodios heroicos: la huelga general de 1973; el 9 de julio de 1973 y, para mí, algo sustantivamente importante, como lo que ocurrió en noviembre de 1980, episodio que reafirma haber revertido de modo definitivo el deterioro cívico por el cual se cayó nuestra democracia y alguien usurpó el poder de este país durante más de una década. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Núñez Fallabrino. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Señor presidente: no me había anotado para hacer uso de la palabra, porque entendía que las manifestaciones de los diputados Groba y Puig alcanzaban para home-

najear desde nuestra fuerza política esa maravillosa expresión popular de los trabajadores y las trabajadoras y de los estudiantes universitarios, terciarios y de secundaria, como dijo el diputado Asti, aunque se vertieron algunos conceptos que no se pueden dejar pasar. Se podrá hacer la lectura que se quiera de los comunicados Nos. 4 y 7, pero de ahí a afirmar que el Partido Comunista o la central de trabajadores apoyaron el golpe de Estado, que fue cultivo para las desviaciones autoritarias en nuestro país, es un error y una falta de ética en el relato histórico que llama mucho la atención. Corresponde señalar estas cuestiones. Algo que se tendría que haber citado en el día de hoy, además de los documentos que se trajeron a sala, debería haber sido la resolución de la central de trabajadores, que se tomó mucho antes de que se diera el golpe de Estado en nuestro país, cuando se dio el golpe de Estado en Brasil. Esta señalaba claramente que si en Uruguay se daba un golpe de Estado, se convocaría de manera automática la huelga general. Es decir que se tomó la resolución siete u ocho años antes del golpe de Estado en nuestro país. Esa es parte de nuestra historia; es algo de lo que tenemos que decir. Claramente, lo que hicieron en nuestro país la central de trabajadores, el Partido Comunista y el Frente Amplio fue defender la democracia y la Constitución, cosa que no todos los partidos pueden decir, cosa que no todas las organizaciones sociales pueden decir, cosa que no todos los legisladores pueden decir; no solo no condenaron el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 sino que, después, no acompañaron esa convocatoria que recordamos hace pocos días, la del 9 de julio, realizada con la firma del Frente Amplio y de sectores democráticos del Partido Nacional, que le decía “No” al golpe de Estado en nuestro país. Esa es la historia viva del Uruguay, no la que quieren reescribir, recontar, resignificar; es lo que sucedió, es lo que está relatado por la vivencia de nuestro pueblo. Y, claramente, muchos de los compañeros que defendieron las instituciones democráticas, las instituciones amparadas constitucionalmente, no dejaron de tener una perspectiva revolucionaria, como tampoco dejo yo hoy de tenerla, porque quien asemeja un proceso revolucionario con

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un golpe de Estado no entiende, no entendió o tendrá sus intenciones -malas intenciones- al referirse a las transformaciones que requieren el mundo y la sociedad. Yo no voy a explicar en esta sala lo que es una revolución, pero está claro que, desde nuestro punto de vista, revolución implica cambiar las cosas injustas que hoy viven miles y miles de niños en el mundo: el hambre, la miseria, la violencia, las guerras. Esa es una perspectiva revolucionaria, no el reduccionismo oportunista que han utilizado varios sectores políticos en nuestro país para generar terror respecto de lo que implica un proceso revolucionario. Las revoluciones son, entre otras cosas, procesos de transformación cultural y social, además -obviamente- de un cambio en la perspectiva económica, en el modelo económico. Es la sensibilidad: eso es revolución. Es mirarnos a la cara y ser capaces de entender que lo que está frente a nosotros es una persona, un ser humano. Es romper el proceso de cosificación de las personas. Eso es revolución. Por lo tanto, defiendo esa perspectiva, y la defiendo hoy; no solo lo que se hizo en términos de defensa de las instituciones, sino esa perspectiva, que es la que hoy mi Partido y yo defendemos. Es, por lo menos, una falta de respeto decir que el Partido Comunista y la central de trabajadores apoyaron el golpe de Estado. A mí no me gusta poner encima de la mesa a los muertos, los torturados y los encarcelados pero, pregunto: ¿qué partido, qué organización social, en nuestro país, ofrendó, en defensa de la libertad y la democracia, más presos, más torturados, más desaparecidos, más exiliados, más militantes clandestinos en la resistencia? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y afirmo eso solo repasando los archivos históricos de nuestro país: la cantidad de presos y de presas, los desaparecidos y su filiación político-partidaria, los desaparecidos y su militancia social alcanzan para decir y reafirmar lo que estoy manifestando en este momento. A mí me llama la atención que los cuestionamientos que hoy hizo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra vengan precisamente del Partido Colorado, del que todavía no he escuchado una autocrítica seria, responsable, respecto al pachecato, el episodio de autoritarismo más importante que tuvo nuestro país, previo al golpe de Estado. Llama la atención que estos cuestionamientos

vengan, precisamente, del sector al que pertenecía el presidente que disolvió este Parlamento, en acuerdo con las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¡Llama muchísimo la atención! Y no he escuchado -insistouna respuesta autocrítica e histórica, que es algo que se merece el Uruguay, que se merece el país, para dejar bien claro dónde estuvo cada uno en cada momento y lugar. Varios de los compañeros y las compañeras que estamos en sala pertenecemos a una fuerza política que puede pararse, mirar a los ojos a los uruguayos y a las uruguayas y decirles que defendió la democracia, que ninguno de sus integrantes apoyó la dictadura, que la combatió desde el primer día hasta el final. Esa fue la actitud de nuestra fuerza política. Por lo tanto, homenajeo a los huelguistas y a las huelguistas, homenajeo a los compañeros y a las compañeras, muchas de las cuales iban con sus hijos pequeños, con su familia. Quizá para algunos, quince días de huelga sea poco. Seguramente, tenga que ver con los lugares de procedencia de cada uno. Seguramente, tenga que ver con el significado que se le da a la lucha. Seguramente, tenga que ver con todo esto. Lo que sí está claro -y por eso el homenaje- es que mientras estos huelguistas y estas huelguistas, estos compañeros y estas compañeras tomaban las fábricas, los centros de estudio, las oficinas estatales, mientras se generaba esa resistencia popular, otros optaron por mantenerse en silencio, optaron por quedarse en su casa, optaron por dar rienda suelta a los militares en nuestro país y no condenarlos. Yo tengo la tranquilidad de pertenecer a esa fuerza política, de estar cerca de compañeros y compañeras que gestaron esa huelga general en el año 1973. Por lo tanto, creo que las cosas tienen que estar en su lugar y que para algunos el homenaje podrá haber sido excesivo, pero para otros resultará poco. Desde mi punto de vista, aquella fue la huelga general más importante que recuerda el movimiento obrero en nuestro país, porque en ese momento no era fácil pararse frente a la policía, frente a las Fuerzas Armadas, y porque formó parte de una estrategia de lucha, de resistencia, que arrancó ese día y terminó cuando se reconquistó la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

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SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tratemos de no ingresar al debate a través de las alusiones. El Reglamento los ampara si prefieren pasar del homenaje al debate; se puede hacer. Yo voy a dar la palabra a la señora diputada Graciela Bianchi Poli y luego al señor diputado Pasquet, a ver si podemos manejar este momento, que debería ser de conmemoración, más allá de que hay derecho a expresar las diferentes visiones sobre los hechos históricos. Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente, yo voy en el sentido que usted acaba de decir: esto debe ser una conmemoración. Vuelvo a repetir alguna cosa que dije, creo que en mayo, cuando se trató el tema de los memoriales: yo lo viví; a mí nadie me lo contó. Yo estaba también en la Universidad de la República ocupando porque era estudiante, y mi padre estaba ocupando porque era trabajador. Hay una cosa que nos está costando -lo dije en aquel momento-, pero seguimos con esa porfía. Hay que dejar a los historiadores -coincido con el señor diputado Daniel Radío- el estudio de este período que nos duele mucho a todos. El motivo de esta fecha es rendir homenaje a los trabajadores de base, para emplear una terminología que hoy también se usa. En realidad, estábamos enterados de la misa la mitad, como decía mi abuela. Se determinó la resistencia y fuimos a la Universidad de la República. Yo era estudiante de derecho; mi padre fue a la fábrica, como muchos. El señor diputado Alfredo Asti dijo lo mismo: estaba en la Facultad de Ciencias Económicas. No podemos decir que seamos ángeles o demonios; hay que terminar de manejar la historia de esa manera: “Yo soy bueno y vos sos malo”. ¡No! Todos participamos de estos procesos, algunos de un lado y otros con otras maneras de resistir. El señor diputado Omar Lafluf dijo algo muy importante: se hizo una huelga en 1978 en la Facultad de Veterinaria. No sé cuál era la filiación política del señor diputado en aquel momento, pero creo que comunista no era; sin embargo, participó de la resistencia.

¿No merecen los trabajadores de base o, dicho de otra manera -para ser más actualizados-, los trabajadores de a pie, que fuimos carne de cañón de la resistencia, un homenaje como este? A esos trabajadores y a esos estudiantes estoy dispuesta a homenajear. Damos fe que había gente de todos los sectores. Después, lo que hicieron las dirigencias, sinceramente, hay que estudiarlo, porque no sabíamos todo lo que nos estaba pasando. No sabíamos de dónde venían las decisiones. No sabíamos qué era lo que pasaba. Confiábamos en nuestros dirigentes. Algunos fueron merecedores de confianza y, a lo largo de la historia, de repente se descubrió que otros no, porque algo pasó que hay que investigar. No lo digo como una alusión al Partido Comunista porque pertenecí a la Juventud Comunista. Reitero que el diario El Popular, de febrero, decía que había que apoyar el golpe, que había que apoyar a los militares. No se hablaba de golpe; ¡vaya!, que no se necesitaba ser muy inteligente para darse cuenta de que era la ruptura de la república y de la democracia. Los trabajadores de a pie, los estudiantes de a pie, lo que defendíamos era el régimen democrático y la república. Por más revolución, por más cambios económicos y sociales que se quiera hacer, la historia nos tiene que haber enseñado que solamente por el convencimiento de la ciudadanía se puede llegar a los cambios que queremos, porque los cambios que quiero yo pueden no ser los cambios que quieren los otros. No podemos -lo habíamos dicho y lo repetimoshablar del pueblo, de la ciudadanía como si fuera una teoría. ¡No! Somos personas de carne y hueso que sentimos y pensamos en forma similar o distinta. Queremos los cambios o no queremos los cambios, porque hay gente que no los quiere. ¿Les tengo que pasar por arriba o pegarles un tiro en la frente porque piensan distinto que yo? ¡No aprendimos nada! Eso era lo que queríamos decir en mayo. Hay que hacer un estudio político de síntesis, de racionalidad política, y no agredirnos entre nosotros. Este homenaje iba bien, pero empezaron a adjudicarse expresiones que no iba a contestar. ¿Por qué dejaron de pasar los discursos del general Seregni? ¿Por qué dejaron de pasar la serie El Golpe, que hizo TV Ciudad en el primer gobierno de Tabaré Vázquez? No se puede encontrar en ningún archivo. ¡Mire que hice todo lo posible! Decía el general Seregni -no digo

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que tuviera razón; digo que era el general Seregni quien lo decía- que tuvo mucho que ver en el golpe de Estado la irrupción de la guerrilla. Entonces, descalifiquen a Seregni; ¡descalifíquenlo! Después, venía Fernández Huidobro -que está muerto- y decía que el pachequismo era una fábrica de tupamaros; no sé si vamos a encontrar el archivo porque alguien lo bajó de todas las redes. Y, a los diez minutos, le hacían un reportaje a Caetano -cada persona miraba a la cámara y hablaba sola- que dijo: “Y sí… y los tupamaros fueron una gran fábrica de pachequistas”. Ahora, ¿tenemos que volver sobre estos temas cuando estamos conmemorando el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de todos los trabajadores, de la ciudadanía en general? ¡No! A todos nos dolió de la misma manera. El otro día dije algo, y sé que eso despertó alguna incomodidad, pero lo hice con un criterio de racionalidad política. ¡Claro que para mí el plebiscito de 1980 fue brutalmente importante en el proceso de democratización! ¡Claro que ahí se dieron cuenta los militares de que iban a tener que entregar el poder! De cualquier manera, hasta 1982 no se movieron; pero eso deben estudiarlo los historiadores. Yo hice referencia al porcentaje: el 55 %. Había un estado del alma -y mucho más en 1973- que indicaba que no todos estábamos en contra de la ruptura institucional, y era doloroso darse cuenta de eso. Había un apoyo más o menos silencioso de gran parte de la población al golpe de Estado. Reitero, todo eso es muy doloroso; los que participamos de esos procesos debemos dejar que pase el tiempo y que los estudien los historiadores. Lo dijimos hace un par de meses. En general, fueron visiones más o menos contestes y no surgió ninguna agresión entre nosotros; fueron informes en minoría de la Comisión de Educación y Cultura. Pero dos meses después, ¿estamos fomentando el odio y el enfrentamiento? ¿Justo cuando se conmemora la huelga general? Con sinceridad, coincido exactamente con la valoración que hace el señor diputado Ope Pasquet. También puedo coincidir con el señor diputado Eduardo Rubio porque le reconozco coherencia. El señor diputado Eduardo Rubio y la Unidad Popular son coherentes. Discrepo radicalmente con ellos, pero mantienen la misma postura.

Todas estas cosas no es hoy que las tenemos que discutir. Hoy debemos hacer un reconocimiento a aquellas personas y a nosotros mismos, porque muchos de los aquí presentes estuvimos en ese proceso. Hablo de gente de todos los partidos políticos. El que diga que no había gente de todos los partidos miente, porque nosotros tuvimos compañeros estudiantes de todos los partidos que también ocuparon y resistieron la dictadura. Es a ellos a quienes homenajeamos hoy. No corresponde que nos agredamos y no debemos calificar. Algunas personas pensamos que la guerrilla tuvo mucho que ver con la ruptura del orden institucional; sí, lo pensamos. Ahora ¿es hoy que lo tenemos que discutir? ¿No lo habíamos dicho? La intervención del señor diputado Óscar Groba me había dejado absolutamente tranquila en su planteamiento. Él reivindicó todo el sentimiento de la clase trabajadora, de la CNT de base, y esa es una distinción que hago; a los dirigentes los evaluamos después. Con total honestidad, creo que debemos cumplir sanamente con el objetivo de hoy. Sin ninguna duda, fue muy importante el sacrificio de los trabajadores. Sin ninguna duda, fue muy importante la huelga general. Sin ninguna duda, fueron muy importantes los estudiantes y la lucha conjunta, tratando de salvar la libertad y la democracia. ¡A eso íbamos! Si nos estaban usando -yo pienso que sí; al menos a mí- no es hoy que lo tenemos que discutir. Hoy tenemos que conmemorar ese episodio y punto. No debemos ir más allá porque los hechos históricos necesitan el paso del tiempo para su ponderación. SEÑOR AROCENA (José Andrés).- ¿Me permite una interrupción? SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: recién escuchamos que hubo legisladores que no condenaron el golpe de Estado. Yo fui uno de ellos; tenía nueve años, no se me ocurrió hacerlo. Realmente, ya estamos en caída total. No podemos seguir trazando una línea entre buenos y malos aún hoy. ¿Cómo que hay legisladores que no condenaron el golpe de Estado? Las condiciones y

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acciones de cada uno hablan por sí mismas. Yo no me clavo puñales cada 27 de junio; sí recuerdo las realidades. Mi familia, tanto por parte materna como paterna, de la que me siento orgulloso, fue proscripta, perseguida y detenida. Mis tíos fueron todos encapuchados. ¿Tengo que estar diciendo eso a cada rato? A mis tíos Damián y José Alfonso Argul se los llevaron encapuchados, y eran del Partido Nacional. También les pasó a mi padre y a mi abuelo. ¿Hay necesidad de estar hablando a cada rato de buenos y malos? Yo no puedo entender que se diga que hay legisladores que no han condenado el golpe de Estado. Las acciones de cada uno hablan por sí mismas. Quien más gargantea, quien más quiere hacerse notar tendrá alguna culpa que expiar. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar la señora diputada Graciela Bianchi Poli. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- He terminado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: cuando hice uso de la palabra hace un rato me expresé con absoluto respeto. Nadie puede imputarme una expresión agraviante, una falta de consideración en lo más mínimo. Empecé por rendir homenaje a la huelga y a quienes habían participado en ella. Pero no se me puede pedir que cuando otros engarzan su homenaje en todo un relato histórico que repiten año tras año, nosotros lo aceptemos sin hacer ningún comentario, especialmente cuando, además, se afirma que se dice lo que se dice para educar a las nuevas generaciones, para que el pueblo recuerde cómo fueron las cosas, y estas se presentan con una visión de los hechos que es respetable como tal, pero que no es la única. Los que sostenemos otra visión tenemos no solo el derecho de expresarla, sino el deber, en cuanto representantes del pueblo, de hacerlo también en esta oportunidad. ¿Que los homenajes en esta Cámara tienen un tinte político? Por supuesto. Eso pasa con todos los homenajes; por eso hay que ser muy cuidadoso. Si

uno no quiere desatar la polémica, debe medir muy bien los términos en los que rinde el homenaje. Insisto: si se inserta el homenaje en el marco de un relato histórico determinado, los que no lo compartan deben señalarlo. El señor diputado Núñez ha optado por manejar términos y conceptos que nos fuerzan a contestar. Dice que su Partido no apoyó el golpe y punto. No aclara si se refiere a junio o a febrero. Revisen los hechos de febrero de 1973 y digan si el Partido Comunista apoyó. Creo que sobre esto no puede haber dos opiniones fundadas y de buena fe. Los hechos están allí. Manifestó también: “Y los que nos dicen esto son del Partido Colorado”. Sí, nosotros lo decimos. Lo digo yo como colorado y batllista y sé que en mi Partido hubo quienes defeccionaron en esa hora y contrajeron graves responsabilidades por hacerlo. Los hechos de 1973 dividieron profundamente al Partido Colorado y generaron una fractura amarga y dura que permaneció hasta bien entrado el período de la reconstrucción democrática. Toda la interna de 1982 la disputamos sobre la base de la oposición entre los que habíamos estado contra la dictadura y los que, de una manera u otra, más enérgica o más displicente, habían colaborado con ella. Eso no nos salió gratis. Asumimos los hechos e hicimos la crítica, pero no en forma de autocrítica, porque los sectores democráticos criticaron a quienes no habían actuado democráticamente y habían apoyado las soluciones de facto. En el mismo momento en que se produjeron los hechos hubo sectores del Partido que actuaron como correspondía, respetando la mejor tradición del batllismo. Así lo hicieron Unidad y Reforma y Amílcar Vasconcellos. Nuestra autoridad institucional de la época, la Convención Nacional del Partido Colorado, en febrero de 1973, hizo una declaración perfectamente digna y adecuada a la gravedad de la circunstancia. Esto figura en el libro de Ricardo Lombardo Noticia del golpe de Estado. Lombardo era periodista e hizo la crónica de aquellos acontecimientos porque era notero y estaba en los hechos. Cuenta que fue a la Casa del Partido Colorado cuando se reunió la Convención y esta emitió la declaración siguiente, que en su parte medular expresaba: “La Convención Nacional del Partido Colorado resuelve ‘ratificar la irrevocable decisión de los integrantes del Partido de defender por todos los medios a su alcance las instituciones y las

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autoridades legítimas por cuanto solo el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes por parte de gobernantes y gobernados es la garantía común de convivencia pacífica de la República […]'”. Esta fue la declaración del mes de febrero. En junio, luego del golpe de Estado, hubo una declaración muy extensa del Comité Ejecutivo Nacional, que no leeré en su totalidad. En esa declaración se establece, por ejemplo: “2º) Que en la seguridad de interpretar el sentir del batllismo, reclama en su nombre se encaren de inmediato las soluciones para el retorno a la vigencia plena de la Constitución y de la Ley. 3º) Que dicho retorno no solo implica el restablecimiento de todas las instituciones del sistema democrático representativo, sino también el cumplimiento ineludible del principio de que todas las instituciones, públicas y privadas, cualquiera sea su índole, deben mantener su actividad dentro de sus fines y funciones específicas sin desviaciones de ningún orden”. Léase: los militares a los cuarteles. Estas eran las posiciones de las autoridades del Partido Colorado, respaldadas por sectores e individualidades como las que mencioné hace un rato. Con respecto a esos otros malos colorados y peores batllistas que no actuaron como debieron, los enfrentamos en su momento y hasta el día de hoy no son figuras de referencia en nuestra colectividad. Nosotros no tenemos ninguna agrupación ni sector que reivindique el nombre de Juan María Bordaberry ni de quienes lo acompañaron en su aventura liberticida. En cambio, otros sectores políticos siguen considerando como figura, más allá de todo cuestionamiento, a quienes claudicaron ciertamente en febrero de 1973. Es todo, señor presidente.

17.- Integración de la Cámara
Léase una nota llegada a la Mesa. (Se lee:) “Señor Presidente de la Cámara de Representantes Jorge Gandini Presente De mi mayor consideración: Por intermedio de esta nota presento renuncia a partir del 15 de julio del corriente año a mi representación nacional por el departamento de Treinta y Tres, electa por la Lista 88. Para finalizar, manifiesto la satisfacción de haber compartido el trabajo parlamentario con todos ustedes y la seguridad de mi profunda consideración y aprecio. Gracias y a la orden. Sin más particular, saluda atentamente, Mabel Quintela Representante Nacional Departamento de Treinta y Tres”. ——En discusión. SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el secretario acaba de dar lectura a la renuncia de la señora Mabel Quintela como representante por el departamento de Treinta y Tres. No podíamos permanecer en silencio ante esta decisión de alejarse de la banca que la señora Quintela adopta en función de acuerdos políticos departamentales. En nombre propio y en el de mis compañeros -sin perjuicio de que quizás alguno de ellos también haga uso de la palabra-, quiero reconocer el trabajo de Mabel -así la conocemos todos desde hace muchísimo tiempo-, el compromiso que asumió al encargarse de esta banca una vez que el señor diputado Egardo Mier presentó su renuncia tiempo atrás, y la gran tarea parlamentaria desempeñada en las comisiones que integró, especialmente, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que le ha tocado presidir en el actual período legislativo. Sus compañeros manifestamos nuestro profundo reconocimiento a su actuación en la Cámara. Mabel Quintela es una gran blanca, una gran militante del

16.- Prórroga del término de la sesión
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta de una moción presentada por el señor diputado Alejandro Sánchez. (Se lee:) “Mociono para que se prorrogue el término de la sesión”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA.

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Partido Nacional, una mujer que, desde su departamento y su ciudad de Treinta y Tres, ha dedicado toda la vida a trabajar por la gente, con un profundo compromiso con la actividad política, fundamentalmente en lo social. La hemos visto compadecer a sus vecinos y padecer con ellos, con sus amigos, con sus correligionarios. La hemos visto trabajar codo a codo con los militantes que en ese gran departamento del este de nuestro país tiene el Partido Nacional. La familia de Mabel -inclusive, la política- ha estado vinculada con el Partido Nacional y con el herrerismo desde hace muchísimo tiempo. Tuvo una relación estrecha y afectuosa con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, quien supo militar mucho tiempo en ese departamento. No podemos olvidar que el doctor Lacalle Herrera fue candidato a diputado pero no obtuvo la banca en las elecciones de 1966; desde aquel entonces, ya lo acompañaban, trabajando con él, la familia Ortiz y Mabel. Su participación durante el gobierno del Partido Nacional no fue en ninguna representación de carácter político, sino como militante vinculada con aquella institución que tanto bien hizo en acción social: Acción Solidaria. Mabel era su representante en el departamento de Treinta y Tres; ayudó, se comprometió y trabajó, como siempre ha hecho. Es una gran militante del Partido Nacional y creo que ha sido un gran acto de justicia y de reconocimiento político que fuera electa como representante por el departamento de Treinta y Tres. En el día de hoy, cuando presenta su renuncia, le hacemos este breve reconocimiento, así como a su familia, a esa casa nacionalista que siempre ha estado abierta para todos los que han necesitado que se les diera una mano, fueran o no del Partido Nacional. Toda esa gente siempre encontró en esa familia y, en particular, en Mabel un lugar donde refugiarse, un punto de apoyo y de respaldo. Realmente, la vamos a extrañar, no porque deje de militar -lo seguirá haciendo; lo lleva en su sangre-, sino porque su compromiso y su cariño por el Partido Nacional son inclaudicables e irrenunciables. En una actividad tan dura como la política, que haya tenido el apoyo de sus compatriotas y de sus conciudadanos para ejercer la representación parlamentaria por el departamento de Treinta y Tres, fue un merecido reconocimiento a los muchos años de militancia

política, de compromiso y de cariño para con nuestra colectividad y para con nuestra divisa. Hoy, cuando presenta su renuncia, la reconocemos y homenajeamos, testimoniándole el gran cariño que ha generado. Inclusive con quienes la conocieron aquí generó una gran relación personal que habla de la calidad humana de esta querida compañera y correligionaria. Entra en su lugar el doctor Quintín Olano, otro distinguidísimo profesional de Treinta y Tres, quien ya ha sido representante por ese departamento en legislaturas anteriores; descontamos que hará una gran gestión, como la que llevaron adelante el doctor Egardo Mier y Mabel Quintela. Hoy, antes de que se vote su renuncia, quisimos testimoniarle públicamente nuestro reconocimiento y, sobre todo, el cariño que sentimos por ella todos sus compañeros de bancada, que reconocemos su trabajo, su compromiso y, en particular, su larga militancia al servicio del Partido Nacional. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR DE LEÓN (Walter).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR DE LEÓN (Walter).- Señor presidente: realmente, y más allá de la cortesía parlamentaria, todos los compañeros del oficialismo reconocemos, no solo el compromiso de Mabel y su apego al trabajo, sino algo mucho más importante: su calidad humana y el respeto que nos tuvo. Realmente, es una persona excepcional. Más allá de la política, lo que vale es el ser, como persona, como ser humano. Mabel tiene categoría como ser humano, como persona. Realmente, felicito al Partido Nacional y lo digo de corazón. Inclusive, nos emocionamos hoy con los compañeros porque a Mabel le tenemos afecto. Fue un placer trabajar con ella, así que saludo al Partido Nacional. A pesar de las diferencias, la calidad y el don de gentes hay que reconocerlos. Muchas gracias. SEÑOR ACOSTA (José Luis).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

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SEÑOR ACOSTA (José Luis).- Señor presidente: la verdad es que esta noche nos toma por sorpresa la renuncia de Mabel; yo no tenía nada pensado porque creí que iba a producirse más adelante. Estamos unidos con Mabel prácticamente de toda la vida. Fuimos compañeros de su hija en toda la escuela, fuimos vecinos y siempre admiramos no solo su calidez, sino su compromiso social, más allá de las diferencias políticas. Simplemente, queremos sumarnos a este saludo fraterno y reconocer en ella a una mujer muy trabajadora. Nada más que eso. Muchas gracias. SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: queremos expresar nuestro reconocimiento al trabajo de Mabel Quintela. Además de coterráneos, la conocemos de nuestra época de adolescentes. Por tanto, destacamos su trabajo parlamentario, en particular en la Comisión en la que le tocó actuar, y también su trabajo político que, ciertamente -como señalaba el señor diputado Penadés-, ha sido constante a lo largo del tiempo, siempre identificada con el Partido Nacional. Gracias, señor presidente. SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: en nombre del Partido Colorado, también queremos saludar a la señora diputada Mabel Quintela. En el tiempo que la conocimos, realmente le vimos grandes dotes para el trabajo. Compartimos con ella la Comisión Especial de Cooperativismo, siempre preocupada por los temas sociales. Esta Casa pierde un eslabón muy importante. Sin duda, ha contribuido -desde el momento en que asumió la banca- a fortalecer la representación que ella ejerce por el departamento de Treinta y Tres en lo que hace a su Partido Nacional.

Quiero saludarla y desearle muchos éxitos en el camino que emprenda. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la renuncia de la señora diputada Mabel Quintela. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. Queda aceptada la renuncia. La Mesa quiere destacar y agradecer el trabajo que ha realizado la señora diputada Mabel Quintela durante el tiempo que ocupó su banca. Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Visto la nota de renuncia a la banca presentada por la señora Representante por el departamento de Treinta y Tres Mabel Quintela, a partir del día 15 de julio de 2018, se convoca en carácter de titular, a partir de la citada fecha, al suplente siguiente, señor José Quintín Olano Llano. Montevideo, 11 de julio de2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en forma titular a partir de la fecha indicada.

18.- Licencias. Integración de la Cámara
Dese cuenta de otro informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

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Licencia por motivos personales: De la señora representante Orquídea Minetti, por el día 17 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Mathías Dutra Morales. El suplente siguiente, señor Milton Perdomo, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro Representante. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Miguel Sanguinetti, señora Rosa Recarte, señor Miguel Estévez, señora Paula Pérez Lacues, señor Carlos Reyes, señora Margarita Libschitz y señor Jorge Repetto. Del señor representante Hermes Toledo Antúnez, por los días 12, 13, 16 y 17 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Acosta. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señora Adriana De Barbieri y señora Elena Descalzi. Del señor representante Saúl Aristimuño, por los días 11 y 17 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Washington Umpierre. Del señor representante Darcy de los Santos, por el día 17 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Herman Alsina. De la señora representante Cecilia Bottino, por los días 16 y 17 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Ernesto Pitetta. Del señor representante Daniel Placeres, por los días 16, 17, 19 y 20 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Claudia De los Santos. Del señor representante Daniel Caggiani, por el día 11 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Claudia De los Santos. El suplente siguiente, señor Diego Reyes, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro representante. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Camilo Cejas,

señora Laura Prieto, señor Charles Carrera, señora Lucía Etcheverry, señora Estela Pereyra, señor Diego Silva, señor Hernán Bello, señor Sebastián Valdomir, señora Isabel Andreoni, señor Emilio De León, señor Daniel Larrosa, señor Enrique Saravia, señor Hernán Planchón y señora Melody Caballero. Del señor representante Andrés Carrasco, por el día 11 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Elizabeth Rettich Szombaty. Del señor representante José Yurramendi, por el día 17 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Myrian Álvez. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Pablo Duarte Couto, señora Carmen Niria Tort González, señor Pablo Collazo Bejérez, señora Laura Sánchez y señora Sandra Brum. Del señor Representante Adrián Peña, por el día 25 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Néstor Otero. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política: Del señor representante Daniel Caggiani, por el período comprendido entre los días 15 y 17 de julio de 2018, para asistir al XXIV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, a realizarse en la ciudad de La Habana, República de Cuba, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Reyes. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Camilo Cejas, señora Laura Prieto y señor Charles Carrera. Licencia en misión oficial: Del señor Representante José Carlos Mahía, por el período comprendido entre los días 16 y 20 de julio de 2018, para participar en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF), a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, convocándose a la suplente siguiente, señora Norma Griego Valiente.

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No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señora Gabriela Garrido y señor Eduardo Márquez. Licencia por motivos personales: Del señor representante Nicolás J. Olivera, por el día 11 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora María Dolores Álvarez López. Del señor representante José Carlos Mahía, por el día 11 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez. No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente, señora Gabriela Garrido. Del señor representante Fernando Amado, por el día 11 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Fitzgerald Cantero. Montevideo, 11 de julio de2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, ORQUÍDEA MINETTI, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

20.- Uniones de Mozos de Cordel. (Modificación del artículo 5º de la Ley N° 18.865). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Uniones de Mozos de Cordel. (Modificación del artículo 5º de la Ley N° 18.865). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)”. (NUEVOS ANTECEDENTES:) AnexoII al Rep.N°719 (https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/ representantes/documentos/repartido/48/719/2/pdf) “Artículo único.- Acéptanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley ‘Unión de Mozos de Cordel. Modificación del artículo 5º de la Ley Nº 18.865’. DANIEL PLACERES, GERARDO NÚÑEZ FALLABRINO, GERARDO AMARILLA, LUIS PUIG”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cinco en setenta y seis: AFIRMATIVA. Queda sancionado el proyecto, se comunicará al Poder Ejecutivo y se avisará al Senado. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cinco en setenta y ocho: AFIRMATIVA. (Texto del proyecto sancionado:) “Artículo único.- Acéptanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley ‘Unión de Mozos de Cordel. Modificación del artículo 5º de la Ley Nº 18.865′”.

19.- Urgencias
Dese cuenta de una moción de urgencia, presentada por los señores diputados Pozzi, Abdala, Rubio y Pasquet. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley ‘Uniones de Mozos de Cordel. (Modificación del artículo 5º de la Ley N° 18.865). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)'”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

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21.- Urgencias
Dese cuenta de otra moción de urgencia, presentada por los señores diputados Amarilla, Meroni, Sander y Radío. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de resolución: ‘Situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria. (Expresión de condena)'”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA.

Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, VALENTINA RAPELA, Representante por Montevideo, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, NICOLÁS J. OLIVERA, Representante por Paysandú. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A través de diferentes medios se informa sobre la situación de violencia y muerte que se está dando en Nigeria y que varios analistas señalan como de ‘limpieza étnica y racial’ ya que lleva unos 6.000 muertos en lo que va del año. En una nota que The Christian Post publicaba el 3 de julio, se señalaba que más de 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados desde enero a manos de islamistas en Nigeria. La mayor parte de los crímenes se están perpetrando en el centro y en el norte del país, y tienen lugar por la noche y de forma sorpresiva. Los asesinos pertenecen a la etnia nómada de los Fulani, de mayoría musulmana, y están considerados como el cuarto grupo terrorista más peligroso del mundo. Las comunidades cristianas de Nigeria, tanto católicas como protestantes, han denunciado que los ataques están dirigidos a llevar a cabo una limpieza étnica con el fin de expulsar a los cristianos de sus tierras, y ya hablan de genocidio, pues el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica así los actos ‘perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal’. Los cristianos de Nigeria también critican la inacción del presidente nigeriano, el musulmán fulani Muhammadu Buhari.4 Un comunicado de prensa emitido el 28 de junio y firmado por el Rev. Dr. Soja Bewarang, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el Estado de Plateau, confirmó los recientes ataques en esa región y expresa su preocupación por los ‘ataques indiscriminados de pastores, bandidos y terroristas’ que han causado ‘más de 6.000 muertes solo en 2018 en los Estados del cinturón norte y medio’, y afirma que los ataques de las milicias de pastores en particular apuntan a la ‘limpieza étnica, el acaparamiento de tierras y la expulsión forzosa de los nativos cristianos de su tierra y herencia ancestrales’.5
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22.- Situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria. (Expresión de condena)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria. (Expresión de condena)”. Léase el proyecto de resolución. (Se lee:) Carp. N°3197/018 “SITUACIÓN DE VIOLENCIA DESATADA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA. (Expresión de condena) PROYECTO DE RESOLUCIÓN La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, ante la situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria, desea expresar su más enérgica condena ante los actos de violencia que son catalogados como de ‘limpieza étnica y racial’ y según algunos medios han causado la muerte de 6.000 personas durante 2018. Asimismo realiza una convocatoria a la comunidad internacional, al Sistema de Naciones Unidas y especialmente al Gobierno de la República Federal de Nigeria para adoptar todas las medidas necesarias a los efectos de cesar las muertes y la violencia, los despojos y expulsiones así como a la protección y atención humanitaria de las víctimas. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, GABRIEL GIANOLI,

http://www.outono.net/elentir/2018/07/05/genocidio-en-nigeriamas-de-6-000-cristianos-masacrados-y-silencio-mediatico-en-occidente/ 5 https://www.csw.org.uk/2018/06/29/press/4018/article.htm

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Frente a esta situación también se ha manifestado Amnistía Internacional (AI), que en una nota para el periódico The Guardian Post ha culpado de los homicidios desenfrenados en todo el país por el hecho de que el Gobierno federal ‘responsabilice a los asesinos’. Al hacerlo, ‘las autoridades nigerianas fomentan la impunidad que alimenta la creciente inseguridad en todo el país’.6 La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, fiel a la tradición de levantar su voz por estas situaciones de injusticia que afectan a miles de seres humanos, y a los efectos de contribuir a evitar que se convierta en una tragedia de dimensiones mayores, alerta a la comunidad internacional, al sistema de Naciones Unidas y al propio Gobierno de Nigeria para intensificar todas las medidas necesarias a los efectos de cesar las muertes y la violencia, los despojos y expulsiones, así como a la protección y atención humanitaria de las víctimas. JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, GABRIEL GIANOLI, Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI REYES, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones, VALENTINA RAPELA, Representante por Montevideo, GERARDO AMARILLA, Representante por Rivera, NICOLÁS J. OLIVERA, Representante por Paysandú”. ——En discusión. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Señor presidente: queremos agradecer especialmente a la Comisión de Asuntos Internacionales por dar un rápido tratamiento a la propuesta que hicimos en la jornada de ayer y que hoy planteamos en la Cámara, relativa a la situación humanitaria que se está dando en la República Federal de Nigeria. Según informan algunos portales y ONG, esta situación ya se ha cobrado más de seis mil vidas en lo que va de 2018. Hay cuestiones sobre discriminación vinculada a temas de cultura y de producción. Por ejemplo, hay un conflicto que involucra, por un lado, a los pastores nómades que tienen ganado en el norte
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de Nigeria y, por otro, a los agricultores que viven en el centro del país. Lo cierto es que existe una situación humanitaria grave, con actos de violencia. Además, el Gobierno de Nigeria no ha dado respuestas con la eficiencia y la rapidez que los hechos ameritan. Esto genera impunidad y favorece que se sigan llevando adelante actos de violencia y de muerte. Así que, reitero, agradecemos a la Comisión, que recomienda a la Cámara votar este proyecto de declaración. Una vez más la Cámara de Diputados, fiel a su tradición, levanta la voz reclamando a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, y especialmente al Gobierno de Nigeria, que adopte una resolución urgente para que cesen las muertes y los actos de violencia que allí se perpetran, para frenar las expulsiones y los despojos y, por supuesto, para brindar atención humanitaria a las víctimas de aquel país. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto de resolución. SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Mocionamos que este proyecto de resolución sea enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la sede de la embajada de Uruguay ante Naciones Unidas, a fin de que se realicen las comunicaciones diplomáticas pertinentes. SEÑOR PRESIDENTE discusión. (Jorge Gandini).En

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta Unanimidad. por la afirmativa: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto de resolución aprobado:) “PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Amnesty indicts government for killings

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La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, ante la situación de violencia desatada en la República Federal de Nigeria, desea expresar su más enérgica condena ante los actos de violencia que son catalogados como de ‘limpieza étnica y racial’ y según algunos medios han causado la muerte de 6.000 personas durante 2018. Asimismo realiza una convocatoria a la comunidad internacional, al Sistema de Naciones Unidas y especialmente al Gobierno de la República Federal de Nigeria para adoptar todas las medidas necesarias a los efectos de cesar las muertes y la violencia, los despojos y expulsiones así como a la protección y atención humanitaria de las víctimas”.

opiniones de cada uno de los legisladores y las legisladoras. Por la Comisión pasaron personas, instituciones, organismos públicos y legisladores, que estuvieron en la discusión de este proyecto, han hecho sus aportes, y nos parece sustancial que se sepa quiénes fueron. Es el caso de la senadora Daisy Tourné, de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto de Derecho Penal, de la ONG El Paso, de la ONG Madrinas por la Vida, de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, de la Comisión Evangélica Multidisciplinaria del Uruguay, de la ONG Casabierta y de la Asociación de Magistrados del Uruguay. También queremos destacar el buen clima que normalmente se da para trabajar este y otros temas en la Comisión. Llegamos hasta aquí con algunos acuerdos amplios, relacionados con el posicionamiento de cada partido y de cada legislador con respecto a los diferentes artículos y capítulos de este proyecto. Pero también tenemos discrepancias en algunos artículos y capítulos, que seguramente queden de manifiesto en la discusión que estamos iniciando. En la actualidad, en el Uruguay existe un vacío normativo respecto de la problemática de la trata y explotación de personas. Creemos que este es un buen proyecto que viene a cubrir ese vacío. En eso sí hay unanimidad: en la necesidad de contar con una norma integral que atienda y combata la trata y explotación de personas, y que también aporte mucho en la prevención. Es en ese sentido que pretendemos avanzar: en la integración de este marco normativo al marco normativo general del Uruguay. Uno de los aspectos importantes de este proyecto es que pone la discusión arriba de la mesa. Es un problema que tiene décadas en nuestro país. Además, esta discusión ha permanecido oculta, y, en muchos casos, es naturalizada por todos nosotros. Esta situación obedece a formas criminales de explotación de personas, lo que precisamente requiere que nos adecuemos a la realidad que hoy viven el Uruguay, la región y el mundo. Se ve a las personas como mercancía, con precio; pueden ser vendibles o comprables. Esas son las condiciones que tiene el

23.- Trata de personas. (Normas para la prevención y combate)
Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: “Trata de personas. (Normas para la prevención y combate)”. (ANTECEDENTES:) Rep.N°850 (https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/ representantes/documentos/repartido/48/850/0/pdf) AnexoI (https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/ representantes/documentos/repartido/48/850/1/pdf) ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Nicolás Viera. SEÑOR VIERA (Nicolás).- Señor presidente: el motivo que nos convoca hoy es este proyecto de ley que estuvo a consideración de la Comisión de Población y Desarrollo, pero antes queremos agradecer el trabajo que realizaron sus miembros y las secretarias Cristina Piuma y Lourdes Zícari. También queremos recordar a la compañera Berta Sanseverino, que fue parte del proceso de discusión de este proyecto, que mucho aportó y, sin lugar a dudas, nos dejó el legado -si se puede decir de esta forma- de seguir trabajando en este camino. Este es un trabajo de varios meses, que se sintetiza en este proyecto, contando con las diferentes

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mundo en su globalidad, y nuestro país no escapa a eso. Además, estas cuestiones han sido favorecidas por determinadas pautas culturales como, por ejemplo, las que refieren a las lógicas patriarcales, vistas como el ejercicio de poder sobre las personas. No hablo ya de acciones de varones, sino de una construcción cultural. Cuando hablamos de la trata de personas, nos referimos a un delito que claramente viola los derechos humanos, con características nacionales pero también transnacionales. Aquí debemos hilar fino sobre algunos conceptos que enmarcan esta discusión y que, en esta intervención, pretendemos acercar al debate. Hay dos conceptos que se relacionan íntimamente, pero que no son lo mismo, y forman parte de esta problemática: la trata y el tráfico. A veces, se los relaciona como sinónimos, pero son conceptos totalmente diferentes. El tráfico implica el cruce irregular de fronteras dentro del proceso de la trata y es un delito de carácter administrativo, que básicamente afecta al Estado. Mientras tanto, la trata es un delito que afecta y viola los derechos humanos de las personas y que no necesariamente incluye el traspaso de fronteras de forma irregular, porque en este caso -como veremos a continuación- también tiene un claro corte nacional. Cuando veamos la cantidad de casos de trata y explotación, notaremos que los que llegan a ser atendidos son infinitamente menores que los que en verdad existen, y esa es la realidad del Uruguay de hoy. Es la realidad que tiene que ver con la identificación de los datos y, fundamentalmente, con una realidad tangible. Si bien hoy existen los mecanismos apropiados para contabilizar las denuncias y las acciones que desde el Estado se toman, lejos estamos de alcanzar la totalidad de los casos de explotación y de trata. Al hablar de trata, estamos refiriéndonos a esas dos caras: la interna y la externa. En ese sentido, podemos tomar el caso de la trata interna como un factor totalmente desmoralizante. Aquí planteo un primer aspecto de lo que hemos reunido como información con las instituciones y organismos que nos acompañaron en este proceso de debate: la nacionalidad mayoritaria de los casos de niños, niñas y

adolescentes en este país es uruguaya. Esto indica que no solo la migración internacional es un factor de trata, sino que también este factor presenta características nacionales. Hay algo que debemos tener claro, y es que sin cliente no hay trata y que sin explotadores no hay explotados. Vamos a entrar al proyecto, en particular. Existe un marco normativo dado por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado en Palermo en el año 2000. Voy a ser textual porque me parece que los términos que se incluyen en esta definición narran cabalmente la situación. Se entiende por trata: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. (Ocupa la Presidencia la señora representante Gloria Rodríguez) ——De acuerdo con este informe y esta definición, la trata afecta prácticamente todas las regiones del mundo. Ningún país ni región de este planeta puede estar fuera de este proceso de trata. Entre 2010 y 2012, se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha identificado al menos 510 corrientes de trata trasnacionales de personas. Aunque puede considerarse que la mayoría de las víctimas de la trata son objeto de explotación sexual, hoy tenemos otros parámetros y otras realidades que indican que no solo existe aquel viejo concepto de trata de blancas del que hablábamos

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hace algunas décadas, sino que se ha dado un giro, como tantas cosas dentro de este proceso, y también se visualizan -cada vez con más fuerza, lamentablemente- procesos de otra índole, como la explotación laboral. Cerca de la mitad de las víctimas de trata detectadas son mujeres adultas, mientras que los niños, niñas y adolescentes representan una tercera parte. Pese a que más del 90 % de los países del mundo tipifican el delito de trata de personas, prevalece la impunidad, existiendo todavía muy pocos fallos condenatorios por año. Este proyecto de ley, tanto en su informe como en su articulado, recoge los diferentes protocolos y normativas internacionales a las cuales nuestro país adhirió y ratificó en sucesivos marcos jurídicos. Obviamente, hay que destacar que la normativa internacional prevé estándares mínimos que se emplean como base del cumplimiento para la condena de este delito; y, como es lógico, los países, en su marco normativo nacional, tienen todo el derecho a seguir ampliando esos marcos mínimos. Estos deberían adoptar otras acciones y normativas nacionales que permitan el respeto y la garantía a los derechos humanos. Por otra parte, podemos ver el perfil de la región inmediata a Uruguay: América del Sur y América Central. Son varios los países de Latinoamérica que cuentan con normativas referidas a la trata y explotación de personas. Existen marcos normativos integrales, leyes generales que abordan esta problemática. Uruguay se incorpora a este núcleo de países -por suerte, importante en el mundo- que viene generando este marco normativo que tanto se necesita. Ingresemos a la situación puntual de Uruguay. Este proyecto de ley recoge, como decía al principio, la situación de la trata internacional de personas, aunque hace especial hincapié en la situación dentro del territorio nacional. La mayoría de las veces esa problemática se encuentra invisibilizada a raíz de la cultura de que “siempre fue así” o “por qué vamos a cambiar algo que ya tenemos incorporado a nuestra vida social”. El proceso de trata ha venido cambiando con el tiempo. Si tomamos como referencia la década del noventa -no con el ánimo de relacionarlo con alguna

situación política-, vemos que Uruguay era el país de origen de la trata. Las grandes mafias internacionales acudían a nuestro territorio para conseguir víctimas, el traslado se realizaba por otro país de la zona y el destino final casi siempre era Europa, principalmente España e Italia. Hoy tenemos otra realidad; los tiempos han cambiado, los procesos han evolucionado y tanto el origen, el traslado, como la acogida final se dan en nuestro país. Eso quiere decir que más que nunca necesitamos agiornar la normativa; necesitamos incorporar un marco que dé respuestas puntuales, porque, a su vez, también existen otras realidades, como la llegada de víctimas de trata a nuestro país, como destino. Toda esta problemática invisibilizada requiere de la voluntad política –que, por suerte, este Parlamento tienepara sancionar un proyecto de estas características. El camino de las personas víctimas de trata se realiza completamente dentro de nuestro territorio. Es por eso que hacemos especial hincapié en estas dos ideas, la de trata y la de explotación, porque siempre la explotación de la persona va a tener como objetivo la trata. La trata con fines de explotación sexual ha sido lo más claro, lo más notorio en nuestro país, pero también se comienza a ver otras situaciones de trata como la esclavitud laboral, los casamientos forzados u otras manifestaciones de este mismo fenómeno. De acuerdo con la experiencia nacional, se ha podido comprobar que la trata es un fenómeno que afecta a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, teniendo mayor incidencia la trata de mujeres adultas, jóvenes y adolescentes. Las corrientes migratorias actuales inciden en la realidad del país, lo cual explica en buena medida la necesidad de adecuar el marco normativo nacional a esta nueva coyuntura. Según las cifras que ha recabado el INAU, en Uruguay se pasó de 21 casos de trata de niños, niñas y adolescentes identificados en los años 2007, 2008 y 2009, a 20 casos en el año 2010. En el año 2016 se registraron 333 casos, mientras que en el año 2017 fueron 350. A su vez, en los departamentos de frontera el problema cobra mayor sensibilidad, con características propias de esa zona. En casi todos los casos, la nacionalidad mayoritaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata es uruguaya.

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En los últimos años, ha aumentado un 40 % la cantidad de víctimas de trata que se conocen fruto de la denuncia o de otras situaciones de articulación judicial como, por ejemplo, una denuncia de oficio de la cual se tiene registro y por la que las víctimas fueron atendidas. Tenemos el gran compromiso como sociedad, como Estado y como Gobierno, de llegar a todas aquellas personas víctimas de trata que hoy no están visibilizadas. Además, es bueno recordar que el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, que funciona en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres, desde el año 2011 hasta hoy ha atendido a aproximadamente 500 mujeres. En el año 2015 hubo 92 casos nuevos y 208 casos en seguimiento. En el año 2016 este servicio atendió a 145 mujeres y en el año 2017 ingresaron 77 casos nuevos, siendo alrededor de 200 personas las atendidas. Desde el año 2006, en el Ministerio de Desarrollo Social funciona la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, cuya Presidencia corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres y, a su vez, incorpora una cantidad de organismos del Estado que detallaremos cuando entremos al articulado. Esa Mesa está realizando un trabajo muy interesante, de acuerdo con los casos que van atendiendo. Es de relevancia decir que el Código del Proceso Penal reconoce derechos a las víctimas y prevé un estatuto especial para víctimas amenazadas o intimidadas, que busca asegurar una mejor protección y atención para disminuir la brecha de impunidad, que, precisamente, es el interés particular en este tema. En el Capítulo I, “Parte general”, se establece el objeto de la norma. Se incorporan las diferentes dimensiones que debe abordar el Estado ante las situaciones de vulneración de derechos humanos. Además, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, dentro de este capítulo está prevista la prevención, la protección, la investigación, la sanción a quien cometa el delito y la reparación. También se establece que para la interpretación e integración de la norma deben tenerse especial-

mente en cuenta los instrumentos internacionales previstos en los diferentes protocolos y convenciones a los que nuestro país adhirió. Asimismo, se recogen los convenios vinculados al combate de las distintas formas de explotación humana de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la OIT. En este capítulo se incorporan los principios rectores de la ley, siguiendo los estándares internacionales y, principalmente, las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su vez, se incluyen definiciones para la mejor comprensión de la norma en determinados momentos y frente a ciertos fenómenos de trata de personas, como los mencionados anteriormente sobre trata y tráfico. El Capítulo II refiere a la creación del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. El cometido de este ente rector de las políticas relativas a la trata de personas será diseñar y aprobar las políticas públicas y el plan nacional que, a su vez, permitirá monitorear el cumplimiento y ejecución de esta norma y articular los diferentes caminos de coordinación entre los distintos organismos estatales y de la sociedad civil, obviamente, con la integración a los organismos internacionales. Este Consejo estará integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres -perteneciente al Mides-, que lo presidirá, y por representantes de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública; del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial. También lo integrarán tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de reconocida actuación en la materia, que serán propuestos al Poder Ejecutivo, quien los designará a propuesta de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Además, se establece que quienes representen a los organismos del Estado pertenezcan a las más altas jerarquías, para prever el real cumplimiento y ejecución de las políticas relativas a trata; contarán con el asesoramiento de la Organización Internacional para

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las Migraciones que también ha asesorado a la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas. A su vez, marca como cometido que se pueden crear comisiones temáticas, así como departamentales o regionales, tendiendo así a la descentralización. Este Consejo deberá monitorear el cumplimiento de las políticas públicas que articule y coordine a través de los diferentes organismos del Estado. Por otra parte, el Capítulo III crea el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, que recogerá la experiencia de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas y del Instituto de las Mujeres -que funciona en la órbita del Mides- en el abordaje de todas estas situaciones. Estas organizaciones vienen trabajando de larga data para acercarse a las víctimas, y también en lo que tiene que ver con el combate. Aquí se pauta un trabajo interinstitucional interesante, descentralizado territorialmente, que incluye acciones como las definidas antes sobre prevención, atención, asesoramiento, patrocinio jurídico y otras, como ser la reparación. Este Sistema será coordinado por el Mides si la respuesta necesaria debe ser dirigida a víctimas varones adultos. Si, por el contrario, la respuesta debe ser para víctimas mujeres adultas estará coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres; y si se requiere la intervención con niños, niñas y adolescentes, la respuesta será dada por el INAU. Además, todos estos organismos estarán en coordinación y articularán acciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los casos particulares de trata y explotación laboral. Entre los servicios y prestaciones mínimas a que tendrán derecho las víctimas de trata o explotación de personas se incluye el servicio de traducción e interpretación, seguridad y asistencia material básica, alojamiento seguro y adecuado, cuidado a la salud y la asistencia psicológica, información, asesoría y patrocinio jurídico, información y apoyo al retorno voluntario, y apoyo para la reunificación familiar, entre otros aspectos. El Capítulo IV, “Respuestas Específicas a la Trata Internacional”, establece la ejecución de determinadas regulaciones para atender a los uruguayos y las uruguayas víctimas de trata o explotación en el

exterior; particularmente, se tiende a proteger a las víctimas uruguayas en el exterior y para ello se compromete a los diferentes organismos que van a estar integrando esta política pública en cuanto a las representaciones diplomáticas y las acciones puntuales que se requieran, como la capacitación de personal adecuado para atender a las víctimas, informándoles sobre sus derechos y procedimientos a seguir. El Capítulo V, “Acceso a la Justicia”, crea el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas, que tiene como fin centralizar la información sobre este tipo de criminalidad, generar políticas adecuadas para combatir y prevenir el delito y facilitar la denuncia en el tránsito por el sistema judicial. Además, se desarrollan los derechos específicos de las víctimas de trata en los procesos de investigación que se requieran, teniendo especialmente en cuenta el Código del Proceso Penal. En la discusión sobre esta iniciativa, el Senado de la República suprimió los artículos 36, 37 y 38 del proyecto original por entender que están abarcados por ese nuevo Código. También se prevé la protección de víctimas y testigos y el consentimiento de la víctima no puede ser un factor de justificación de trata o explotación de personas. Se prohíbe el careo y toda otra forma de confrontación entre víctimas y testigos, así como también la mediación extrajudicial. Se establece expresamente la no punibilidad de las víctimas respecto de las conductas en que estas puedan haber incurrido como consecuencia directa de la trata, teniendo en cuenta que las redes de trata utilizan a las víctimas como herramienta para su funcionamiento. Esta disposición surge de la recomendación de Naciones Unidas a los Estados parte en cuanto a “Cerciorarse de que la legislación impida que las víctimas de la trata de personas sean procesadas, detenidas o sancionadas por el carácter ilegal de su entrada al país, o residencia en él o por las actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tales”. A su vez, se avanza en la reparación de las víctimas -tema aún insuficientemente desarrollado en la legislación nacional, pero, al menos, está previsto dar los primeros pasos- y se prevé la posibilidad de

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reparación patrimonial, siguiendo el modelo de la Ley de Prevención del Acoso Sexual. También se encomienda a la Fiscalía General de la Nación generar un relevamiento de las denuncias sobre trata interna e internación y la remisión de un informe a la Asamblea General. Por último, en el Capítulo VI, “Normas Penales”, se amplía el delito de almacenamiento de material pornográfico con fines de distribución a los casos en que el fin sea el consumo habitual. Se modifica la Ley N° 17.815, del año 2004. También se amplía el delito de reducción de personas a esclavitud, previsto en el artículo 280 del Código Penal a las situaciones de trabajo forzoso o a otra condición análoga, y se prevé como agravante especial la esclavitud sexual. Asimismo, se penaliza la figura del matrimonio o unión concubinaria forzada o servil y la prostitución forzada, siguiendo los lineamientos de los Elementos del Crimen del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También se penalizan las apropiaciones de niños para las adopciones ilegales, expresamente previstas como una figura que los Estados se han comprometido a penalizar en el Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. Señora presidenta: este ha sido el informe que me ha solicitado realizar la Comisión Especial de Población y Desarrollo. He tratado de hacerlo en el sentido que acordamos con los señores legisladores, de contemplar las diferentes visiones al respecto. Cuando sea el momento de realizar alguna aclaración, usaré mi tiempo, quizá también para dar alguna visión personal al respecto, pero entiendo que lo importante es generar un marco legal integral adecuado a la realidad que hoy vive Uruguay y, a su vez, poner sobre la mesa este tema tan importante y tan caro para la vida de nuestro país. ¡Bienvenido el debate! Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Amarilla. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Señora presidenta: nosotros también queremos agradecer a los funcionarios, a los secretarios de la Comisión, a todos sus miembros y, fundamentalmente, a las organizaciones

que trabajaron y aportaron para el debate de un proyecto que nosotros consideramos muy importante. Nos hubiera gustado analizar y discutir con más tiempo, con mayor profundidad este proyecto para modificar su texto, pero había un compromiso de mantener lo que se había aprobado en el Senado, y no nos dio la posibilidad de enriquecerlo. Agradecemos, también, al miembro informante que, con códigos parlamentarios, se mantuvo en un informe que representara a todos los miembros de la Comisión, ya que lo habíamos votado en general, aunque anunciamos -y así figura en el informe, bajo nuestra firma- que íbamos a plantear salvedades en sala. Por supuesto que desde esta bancada vamos a acompañar, en general, este proyecto de ley, cuyo objetivo es la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Entendemos que es una problemática compleja que, según los datos que se brindaron en la Comisión, se agrava con respecto al aumento del número de casos en los últimos años -como se decía en el informe-, con un cambio o una mutación de Uruguay como un país, básicamente, de exportación de personas hacia uno de recepción de personas. La Secretaría del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, gestionado por Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) del Mides, hizo un informe en el que se indica que entre los años 2011 y 2015 habían atendido un total de 266 situaciones -245 mujeres y 21 varones-, y que en el año 2016 llevaban atendidas 120 mujeres, lo que daba un promedio de dos casos por semana. Realmente, no sabemos si esta ley, tal cual se presenta, es la mejor herramienta para enfrentar con efectividad este problema complejo. De cualquier manera, consideramos que es un avance en la lucha contra este flagelo. En general, lo vamos a acompañar porque, más allá de las diferencias con alguno de los artículos o la duda sobre la eficiencia de las herramientas a crear, nos parece sumamente importante el objetivo de este proyecto, y solo ello es suficiente para lograr nuestro apoyo y creo que el apoyo unánime de la Cámara.

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Con respecto a las definiciones -de las que también hablaba el miembro informante-, aunque consideramos que tal vez no sea necesaria una ley para establecerlas, las compartimos en su mayoría, y vamos a decir cuáles no. Tanto el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas como el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas -a los que también hacía referencia el miembro informante-, son instancias de coordinación y de suma de esfuerzos de organismos. Si bien entendemos que son de gran importancia, van a depender de la capacidad de liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social que, en este caso, es una pieza clave y con una clara centralidad en el tema. Se plantean también dos instancias: una, de diseño, aprobación y monitoreo de una política pública en la materia y, otra, de acciones concretas de respuesta, todas ellas bajo la conducción del Mides y con la participación de diferentes organismos en uno y otro caso. Con respecto a las normas penales, así como en relación al proceso penal y lo que se llama acceso a la Justicia, tenemos muy en cuenta las expresiones del director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Germán Aller, y los informes que nos fueron remitidos. Seguramente, el diputado Pablo Abdala abundará sobre este tema y, desde ya, nos remitimos a lo que él exponga. Vamos a rechazar, y votaremos en contra, algunas disposiciones relacionadas con dos temas muy polémicos que, a nuestro entender, exceden esta problemática y poco agregan a las soluciones que pretendemos dar con esta herramienta legal. Por un lado, la accesibilidad al aborto, denominada en la ley -a nuestro entender, erróneamente- como interrupción voluntaria del embarazo. Esto está previsto en el literal E) del artículo 5º, por el cual ni siquiera se requerirá residencia mínima de la mujer para tener el acceso al aborto, y aun cuando no haya realizado la denuncia judicial o administrativa, casos que seguramente el diputado Álvaro Dastugue va a profundizar. Entendemos que esta disposición puede implicar una situación de mayor violencia hacia la mujer, que se encuentra en un momento de gran

fragilidad y sensibilidad a las presiones externas, y le pueden quitar, con esas amenazas, tal vez lo único bueno que llegue a tener, que es un hijo, siendo expuesta a un duelo mayor con la pérdida de ese bebé. Amén de rechazar la desprotección de esa vida que está constituida por ese niño en gestación, también rechazamos esta norma que puede constituirse en la promoción del aborto para ciudadanas extranjeras. El diputado Dastugue también va a profundizar en este tema. Por otro lado, seguimos rechazando en esta norma -como lo hicimos en otras- las propuestas que se intenta consagrar permeadas de lo que nosotros denominamos ideología de género. Se pretende aquí que esa ideología constituya un principio rector de esta ley y, por lo tanto, vamos a votar en contra de los artículos que, específicamente, contienen esa orientación. En los principios establecidos en el literal D) del artículo 3º tenemos la denominada perspectiva de género, donde claramente hay una discriminación hacia los hombres y hacia los que posean una orientación sexual hegemónica, tal como dice el proyecto. Aquí, por razones ideológicas, no los nombra, pero somos los heterosexuales, en contraposición a lo que dice el literal anterior, donde se consagra la igualdad y no discriminación, garantizando el respeto de los derechos humanos de las víctimas en su condición de seres humanos, sin importar ninguna otra situación. Este literal D) se contradice y discrimina entre víctimas de primera y víctimas de segunda que, según esta ideología, son sin duda los hombres y las personas con orientación heterosexual. Esto, además de injusto e inexplicable, solo se entiende con relación a esta visión de la ideología de género que, lamentablemente, permea este proyecto de ley. Según las cifras presentadas en la Comisión por Inmujeres, a pesar de no ser su población objetivo, casi un 10 % de las víctimas atendidas entre los años 2011 y 2015 fueron varones, y esta norma pretende catalogarlos como víctimas de segunda categoría. El literal E) del artículo 17 establece el heteronormativismo como factor de vulnerabilidad de las víctimas de trata. Es otra clara disposición impregnada de la ideología de género, que pasa a condenar a quienes piensan o se expresan en el sentido de lo que

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es la norma, es decir la orientación mayoritaria o, como lo dice la ley, hegemónica. El literal J) del artículo 32, aunque está en el capítulo relativo al acceso a la Justicia, sobre el que va a profundizar el señor diputado Abdala, igualmente nos merece una consideración respecto a la ideologización que se hace ya en materia de los profesionales actuantes. Se establece que los médicos forenses que intervengan deberán estar formados en esta ideología de género para inspeccionar a las víctimas. O sea que, de alguna manera, es una limitación, a nuestro entender injustificada, de la imposición de esta ideología. Lamentablemente, en la Comisión no pudimos debatir sobre este tema de la ideología de género, aunque en cierta oportunidad hubo intención de generarlo. Recuerdo que el presidente planteó que, en su momento, era interesante dar el debate. Entonces, queremos decir algunas cosas para dejar planteado lo que entendemos como una posición en contra de esta ideología. Es un debate que, además, no rehuimos. Esta ideología intenta modificar nuestro marco legal con algunos elementos perjudiciales que generan discriminaciones y, de alguna manera, afecta el concepto de familia como unidad básica de la sociedad. Para esta ideología, no nacemos de un sexo determinado o ello no tiene especial relevancia en nuestra propia construcción de lo que queremos ser, como una negación de lo biológicamente dispuesto desde el momento mismo de la concepción como seres humanos. Carece de importancia que seamos XX o XY. Por eso se descarta lo biológico, dando una mayor importancia a lo cultural. Se sustituye el concepto de identificación por sexo por el de género y se nos quiere imponer que nacemos neutros, lo que carece de toda base científica, y los estudios que quisieron demostrarlo fueron un gran fracaso. Hay una discriminación y ridiculización de lo heterosexual; hay un cuestionamiento y hasta hostigamiento a la familia como institución y a la heteronormatividad, cuando claramente somos la inmensa mayoría de la población, y por eso la norma o la regla frente a las excepciones. Desde esta perspectiva se pretende establecer que la violencia es unidireccional y parece que solo los

hombres -siempre que sean heteros, claramente- son los victimarios, en tanto las mujeres, los niños y las llamadas “minorías sexuales” son las víctimas siempre. Es claro que esto es falso, además de las cifras que planteaba el estudio de Inmujeres, con ese casi 10 % de víctimas hombres. También hay un informe de Unicef sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en Uruguay, en casos regulados por el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el que, precisamente, los victimarios padres representan un 32 % de los casos y las madres un 34 %. Este es un elemento interesante a considerar para estas posiciones tan radicales. Desde esta ideología se presenta generalmente el matrimonio y la maternidad como instrumentos opresivos y de dominación de la mujer, perspectiva que rechazamos y con la que mantenemos una profunda diferencia. Los promotores de esta ideología levantan la bandera de la tolerancia y la inclusión pero, en cambio, no toleran y buscan incriminar hasta penalmente a quienes tengan una opinión diferente o discorde con sus postulados y a quien se atreva a criticarla, ya sea por aspectos filosóficos, religiosos o por razones científicas. Hoy de mañana recibimos en la Comisión de Legislación del Trabajo una denuncia de las integrantes de un colectivo feminista que pretendían que una trabajadora de un medio de comunicación fuera despedida por dar una noticia de una forma que a ellas no les gustaba. Asimismo, pretenden que la sexualidad sea iniciada en forma temprana e intentan divorciarla de los aspectos sentimentales o reproductivos, asociándola solo al placer y al disfrute. Buscan generar instrumentos legales y educativos para que los menores de edad ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos con independencia de la opinión o dirección de sus padres, erosionando su autoridad y el ejercicio de los derechos y deberes de la patria potestad, que están establecidos en nuestra legislación y, fundamentalmente, en la Constitución de la República. Esto se incluye dentro de la llamada “autonomía progresiva de la voluntad del menor”, un concepto vago e impreciso por el que, por ejemplo, los operadores de salud pueden influir y

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determinar sobre decisiones y conductas de menores con independencia o ignorancia de los padres. Estas características de la ideología de género están incluidas en el concepto de perspectiva de género, que se pretende sea uno de los principios rectores del literal D) del artículo 3º y, por lo tanto, lo rechazamos. Rechazamos esos artículos a los que hemos hecho referencia, reafirmando bien claro nuestro compromiso de lucha contra la trata y contra la explotación de personas, y también con la defensa de la vida humana desde la concepción, la defensa de la dignidad humana sin diferencias ni categorías de víctimas de ningún tipo, la defensa de la familia como unidad básica de la sociedad y, por supuesto, la defensa del derecho de los padres a educar y formar a los hijos para su mejor desarrollo dentro de la sociedad. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Tiene la palabra el señor diputado Walter Verri. SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: el Partido Colorado votará afirmativamente este proyecto de ley. Queremos destacar que compartimos el informe que en forma muy objetiva ha realizado el señor diputado Nicolás Viera. Este proyecto viene con un amplio consenso de todos los partidos y de la sociedad, porque ha nacido de una comisión multidisciplinaria y multiinstitucional. Por lo tanto, concita nuestra atención para su aprobación. No vamos a redundar en los criterios que, reitero, de manera muy clara ha manifestado el señor diputado Nicolás Viera, analizando cada uno de los capítulos de este proyecto de ley. Con algunos artículos mantenemos diferencias en cuanto a los aspectos penales, sobre todo, en dos artículos, pero después el señor diputado Pasquet, más ilustrado que yo y con formación profesional en el tema, seguramente podrá ampliar y dar las razones correspondientes. También nos gustaría aclarar que en la Comisión dimos nuestro voto, porque en un momento se trancó la votación y al plenario hubiera llegado un proyecto

mutilado, porque no es posible visualizar un proyecto de trata sin el aspecto penal como parte integrante. Más allá de las diferencias, no votar la totalidad de un capítulo sobre normas penales hubiera hecho la ley totalmente inaplicable, porque no tendría sanciones. Por lo tanto, debemos aplicar la racionalidad y la coherencia a la hora de votar, y por eso hemos acompañado en su totalidad este proyecto en Comisión, manifestando que las salvedades las plantearíamos en sala, que es lo que haremos, aunque es seguro que fundamentará mejor que yo el señor diputado Pasquet. Este es un proyecto con una base muy amplia desde el punto de vista social, que nació de la conformación de una comisión interinstitucional. Posteriormente, el Senado -donde fue aprobado por unanimidad-, en el año 2016, conformó una comisión especial que terminó dando a este proyecto media sanción, como primera Cámara. En la discusión de ese proyecto en el Senado -esto es importante para nosotros-, Uruguay fue un país de avanzada en materia de legislación de trata, aunque hoy estamos aprobando esta ley bastante atrasados con relación a los países de la región que ya tienen legislaciones similares desde hace algunos años. Reitero: en esto venimos un poco rezagados. En esa discusión se recogía, por lo menos, algo que es interesante: ver la cultura que ha tenido Uruguay en esta materia. Ya en 1815, el Reglamento Provisorio de la Banda Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, de Artigas, establecía beneficios para los negros y libertos. Aunque no se animó a hablar de la esclavitud, sí avanzó en dar beneficios a los negros, que en aquel momento eran esclavos. En 1825, la Declaración de Independencia tampoco se animó a avanzar en el tema de la esclavitud, pero sí comenzó a darse la discusión. Fue en el artículo 131 de nuestra Constitución, allá por el lejano 1830, que se decretó la libertad de vientres -es decir, que nadie más nacería esclavo en el Uruguay- y la prohibición de comercializar de esclavos. Esto que hoy puede parecernos racional, lógico, humano, de sentido común, no lo era en 1830, cuando la propiedad de los negros que nacían era de

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los amos de sus padres. Algo que nos parece difícil de entender, en aquella época era común. Por eso Uruguay, en 1830, plasmó esta norma en el artículo 131 de nuestra primera Constitución de la República, y no es un hecho menor. En 1837, el Parlamento de aquel momento aprobó el reglamento para prohibir el tráfico, ya establecido en aquel artículo 131. En 1842, el Gobierno de la defensa de Montevideo, de Joaquín Suárez, decretó la abolición de la esclavitud y la libertad de todos los esclavos en la República Oriental del Uruguay. En 1846, hizo lo mismo el Gobierno del Cerrito, liderado por el general Oribe, con lo cual podemos considerar que ese año se abolió definitivamente la esclavitud en el Uruguay. Son cosas de la historia y muchos dirán que esto nos lo enseñaron cuando íbamos a la escuela. ¡Claro que nos lo enseñaron cuando íbamos a la escuela!, pero habla de la importancia que ha tenido para el Uruguay el tema de la explotación y la trata de personas. Nuestro marco normativo, sin embargo, no fue muy abundante. Algunas de estas normas están recogidas en esta ley que hoy aprobaremos, dándole sanción definitiva. Entre 1990 y 2000, o un poco más, el Parlamento nacional aprobó protocolos y tratados internacionales que Uruguay había suscrito, como seguimos haciendo hasta ahora en otros aspectos. Nombro solamente algunos: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, de 2000; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, de 1996, y la Convención sobre la Esclavitud, suscrita en 1926 y modificada en 1953. Estos son aquellos convenios internacionales a los cuales el país adhirió. Asimismo, aprobamos dos leyes que son las que hoy nos rigen en materia de trata y de explotación de personas: la Ley de Migración, cuyo capítulo XV trata de los delitos sobre tráfico de personas, trata de personas y agravantes especiales; y la Ley de Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, que considera como delito

precedente el tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, personas, secuestro y proxenetismo, entre otros. También tenemos la Ley de Violencia Sexual, Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces, del año 2005, y, por supuesto, el decreto reglamentario de la Ley Nº 18.250, sobre migraciones. Por otra parte, el 6 de noviembre del año 2015 se dictó un decreto relativo a la creación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas, que está integrada, entre otros, por los ministerios del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, de Turismo y de Salud Pública, por el INAU y por las ONG que trabajan en este tema y fueron la base de este proyecto de ley. En síntesis, podemos decir que Uruguay tiene una legislación sobre trata y tráfico de personas, que es la Ley Nº 18.250, de Migración, y la Ley Nº 17.315, sobre Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes e Incapaces. Creo que es un buen marco normativo aunque, sin duda, el proyecto de ley que hoy aprobaremos lo complementará y lo volverá más eficaz y eficiente a la hora de combatir este delito. En Uruguay, tal vez porque es un país chico y porque no se daban mucho estos casos, nos parecía que esto no nos iba a alcanzar y, cuando ocurría, eran casos muy puntuales. Sin embargo, hoy Uruguay ya no es un país en el que las personas son traficadas hacia otro lugar, sino que es un país de explotación y de destino de la trata de personas. Para combatir este flagelo necesitamos una legislación mucho más fuerte. Esto es lo que estamos haciendo al aprobar este proyecto de ley que, reitero, tiene amplio consenso social y político y nos permitiría mejorar una situación que todos condenamos. Voy a dar algunos números sobre la trata de personas. América Latina es el cuarto continente en importancia en lo que refiere al aporte de víctimas de trata al mundo. El primero es África, el segundo es el Este Asiático, el tercero son Europa del Este y Asia Central, sobre todo en el tráfico de mano de obra esclava, y el cuarto es nuestra zona del mundo: Sudamérica. En el año 2004, el 13 % de las víctimas de trata eran hombres. Diez años después, en el 2014, los hombres ya eran el 21 %, sobre todo para el trabajo

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esclavo. El 51 % de las víctimas en el mundo son mujeres; todavía son una amplia mayoría. Hay un número que impacta, que nos debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de aprobar este proyecto: el 28 % de las víctimas son niñas, niños o adolescentes. Es una cifra realmente importante. América Latina tiene un porcentaje muy alto en ese aporte de niñas, niños y adolescentes. El 39 % de las víctimas de este deleznable negocio de trata de blancas es aportado por América del Sur. A veces, parece que no tiene mucha importancia aprobar un proyecto de ley de este tipo y mucho más cuando existe unanimidad, pero estamos hablando de personas que son utilizadas como una mercancía que se puede comercializar y explotar. Por eso la relevancia de este proyecto de ley que hoy aprobaremos, más allá de las posibles diferencias. Como dije, sin duda estas existen, pero el factor de desprotección de las víctimas de esta práctica es algo que debemos atender. Este proyecto de ley, en efecto, fortalece esa protección. A lo que se da más importancia es, precisamente, a la protección de las personas explotadas. En general, están amenazadas de que van a matar a sus familias, de que van a hacer daño a sus hijos, y es muy difícil salir de ese círculo si no se tiene ayuda externa. ¡Es muy difícil! Seguramente muchas y muchos no logren salir nunca de esa situación de esclavitud, porque no les es posible acceder a la ayuda. Este aspecto es medular en este proyecto de ley. Nos fortalece institucionalmente saber que vamos a contar con una ley que tiene este tipo de herramientas para hacerla más eficiente en la lucha contra este delito que, todos coincidimos, debemos combatir en forma fuerte. Por estas razones y por muchas más que han sido parte de esta discusión, en la que todos tenemos muchas coincidencias, votaremos en forma afirmativa con algunas salvedades, fundamentalmente, en los artículos sobre materia penal, que el señor diputado Ope Pasquet explicará mejor. SEÑOR PASQUET interrupción? (Ope).¿Me permite una

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: comparto cuanto ha expresado el señor diputado Walter Verri en nombre del Partido Colorado. Me limitaré a señalar las razones por las cuales no habremos de acompañar algunas de las disposiciones de este proyecto de ley. Esta iniciativa nos merece reparos desde el punto de vista de las garantías, que deben ser la preocupación de todos en el plano del derecho penal liberal establecido por la Constitución de la República y respaldado por todos los compromisos internacionales que el país ha asumido. Como adelanté en el seno de la Comisión Especial de Población y Desarrollo cuando invitó a participar de su trabajo a los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, me merece un serio reparo el segundo inciso del artículo 2°, que dice: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas de la trata y de la explotación de personas”. Ocurre que las disposiciones contenidas en la presente iniciativa abarcan varias materias, entre ellas, la penal y la procesal penal. Si decimos que en esas materias haremos prevalecer la interpretación más favorable a las víctimas, equivale a afirmar que haremos predominar la interpretación favorable a los denunciantes, es decir, a quienes, perjudicados por la situación, víctimas de ella, acuden a la Justicia. Ahora bien, que en el proceso penal se establezca el principio de favorecer al miembro denunciante va en contra de un principio básico, que es el famoso in dubio pro reo. En el marco del proceso penal hay que amparar al más débil que, como enseña el egregio jurista italiano Luigi Ferrajoli, es el imputado, y todas las normas internacionales en materia de derechos humanos y del proceso penal procuran asegurar los derechos del imputado, la parte más débil. Si se pretendiera que esta presunción, este favorecimiento de la víctima, no alcanzara el ámbito del proceso penal, habría que decirlo, se tendría que hacer la salvedad de que esto no comprende lo relativo a la materia penal ni a la materia procesal penal, pero no está dicho. Entonces, se puede producir la colisión, el choque entre estos dos principios: el que se establece en este caso y ese famoso in dubio pro reo, que es un pilar absoluto de todo el

SEÑOR VERRI (Walter).- Sí, señor diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede interrumpir el señor diputado Ope Pasquet.

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derecho penal liberal. En la medida en que esto no se aclara y queda así -ya lo advertimos en el seno de la Comisión Especial de Población y Desarrollo-, sentimos que no debemos acompañarlo con nuestro voto, y no lo haremos. Otra norma que nos merece un muy serio reparo es la contenida en el artículo 40, al que yo llamo “el artículo 007”: es el que da la licencia para matar. Adviértase lo que dice, señor presidente: “(No punibilidad).- Las víctimas de la trata o de la explotación de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación”. O sea que no son punibles por ningún delito, sin ninguna otra condición, restricción ni cortapisa de especie alguna. Por ejemplo, no hay limitación temporal; o sea, la persona que invoque haber sido víctima de trata o explotación y diez años después mate a su explotador, estará amparada por el citado artículo, porque no hay limitación de tiempo. Y tampoco la hay en cuanto al móvil ni a las circunstancias. Una cosa es que la persona diga que, defendiéndose de su explotador, lo mató -hipótesis que podría caber en la legítima defensa o en la legítima defensa incompleta, que ya está prevista en el Código Penal-, y otra que, diez años después de los hechos, sostenga que, como arrastra sobre sí el dolor, la humillación y la amargura de haber sido víctima de trata, resolvió tomar venganza; entonces, mata a su explotador por venganza. Y este artículo la ampara. Léanlo y díganme dónde está la restricción o la cortapisa; no la hay. Entonces, me parece que es ir demasiado lejos: no se puede otorgar carta blanca para cometer, como dice el texto, cualquier delito. Y bastará demostrar que se fue víctima de trata o explotación y que se actuó por eso; se invocará ese móvil para que todo quede cubierto por esta especie de comodín justificatorio. (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede continuar el señor diputado Verri. SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta… SEÑOR PASQUET (Ope).interrupción, señor diputado? ¿Me permite otra

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Puede interrumpir el señor diputado.

Rodríguez).-

SEÑOR PASQUET (Ope).- Finalmente, en el capítulo VI, “Normas Penales”, el artículo 48 agrega al Código Penal, el artículo 280 ter, que dice: “(Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil).- El que obligue a una persona mediante violencias, amenazas o con abuso de una situación de vulnerabilidad, a contraer matrimonio o a mantener un concubinato a cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para sí o para un tercero, será castigado” con una pena que aquí se establece. Lo que advierto en este caso, señora presidenta, es una falta de precisión en el tipo penal, que realmente es un peligro porque, ¿cómo se caracteriza una situación de vulnerabilidad? En esto caben muchísimas cosas. Puede haber, inclusive, una situación en la cual exista consentimiento de la persona -que luego pasaríamos a calificar de víctima-, pero el consentimiento es irrelevante, porque lo dice el artículo 35 del proyecto: “El consentimiento expreso o tácito de la víctima, en ningún caso puede ser considerado un factor de justificación o de legitimación de las conductas de trata o explotación de personas”. Muy bien: el consentimiento es irrelevante, no vale, lo que contraría un principio general del Código Penal que dice que el consentimiento de la víctima elimina la lesión y hasta hay un latinazgo para hablar de esto. Esto no vale en todas las situaciones, pero, en general, sí. Ahora bien, partiendo de la base de que el consentimiento no vale, si no hay consentimiento, pero sí violencia o amenazas, uno puede pensar que la figura se admite sin mayor reparo. Pero si tampoco hay violencia ni amenazas y hubo consentimiento, lo que tenemos es una situación de vulnerabilidad, que no se dice en qué consiste. Entonces, creo que estamos estableciendo un tipo penal de una amplitud realmente peligrosa desde el punto de vista de las garantías individuales. Situación de vulnerabilidad será una cosa para un juez y otra muy distinta para otro. En fin, me parece que la ley penal debe ser taxativa, pero en este caso brilla por su ausencia. Y la precisión es una de las primeras garantías en materia penal; me refiero a la claridad de la ley en la definición de los tipos penales. Como en este caso no la veo, me parece claro que en el artículo 48 no

SEÑOR VERRI (Walter).- Sí, señor diputado.

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existe; por eso, tampoco habremos de acompañarlo con nuestro voto. Es cuanto quería expresar. Agradezco al señor diputado Walter Verri por haberme concedido las interrupciones. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede continuar el señor diputado Walter Verri. SEÑOR VERRI (Walter).- He finalizado, señora presidenta; muchas gracias.

——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA y cuatro en cincuenta y cinco:

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

24.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: Del señor representante Alfredo Asti, por el día 12 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estefanía Schiavone. Del señor representante Luis Gallo Cantera, por el día 11 de julio de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Miguel Lorenzoni Herrera. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Rodrigo Amengual Menéndez y señora Lorena Pombo. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política: De la señora representante Macarena Gelman, por el período comprendido entre los días 17 y 20 de julio de 2018, para participar de la conmemoración del 40 aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a realizarse en la ciudad de San José, República de Costa Rica, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro Zavala. Montevideo, 11 de julio de2018 VALENTINA RAPELA, ORQUÍDEA MINETTI, EDUARDO MÁRQUEZ”.

25.- Trata de personas. (Normas para la prevención y combate)
——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la señora diputada Elizabeth Rettich Szombaty. SEÑORA RETTICH SZOMBATY (Elizabeth).Señora presidenta: antes que nada, destaco la excelente información que ha dado el señor diputado Nicolás Viera, que realmente no dejó nada fuera de lo comprensible. Sabemos que el problema de la trata no es nuevo ni solo de nuestro país; lo que pasa es que antes no se visibilizaba como un delito. Como dijo el diputado Viera, era un derecho vinculado con el patriarcado cuando el hombre que era dueño y señor de todos los miembros de su familia y, desde ese punto de vista, existía trata con niñas, con niños, con sus propias mujeres, pero eso no se veía como un delito. En este momento, felizmente, hemos podido separar la paja del trigo, y las cosas van tomando su verdadero nombre y su verdadero lugar. Consideramos que esta ley es oportuna y necesaria. Era preciso crear una ley que reúna una serie de artículos que aparecen en distintas disposiciones de nuestra legislación y en el Código Penal; lo manifestó el doctor Aller cuando hizo su exposición, claro que mirando solo los artículos del Código Penal. Él decía que todo lo que estaba previsto en este proyecto ya estaba contenido, pero en forma diseminada, en todo el Código. Reunir todo lo referente a la trata y la explotación en una sola ley facilitará su detección y la posibilidad de hacer frente al problema, dando soluciones. La importancia de reunir todas esas disposiciones en una sola radica en que facilita la identificación del delito y presenta los instrumentos que pueden aplicarse ante cada caso. La trata y explotación de personas abarca una variedad muy amplia de casos. De hecho, el proyecto

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se detiene más en la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se obliga al trabajo sexual contra la voluntad de la víctima, porque son los seres más vulnerables. Desde mi trabajo en escuelas -algunas de contexto crítico-, he detectado casos que afectaron, sobre todo, a niñas. Me refiero a disimular la edad para sacar a las niñas de la escuela, para que no se las viera más ni se pudiera continuar su seguimiento, porque sus propias madres estaban obligándolas a ejercer la prostitución. Esto nos quedó patente en uno de los testimonios que recibimos en la Comisión, en el que se nos hablaba de tres generaciones ejerciendo la prostitución: la niña, la madre y la abuela vivían de esa ocupación. Me detengo aquí porque se habló de penalizar al cliente, como sucede en algún país. El diputado Nicolás Viera decía que no hay prostitución sin cliente, como no hay explotación sin explotador, pero hay un tema económico que es el que está pasando por arriba de todo el ánimo, el querer y la parte moral de la ocupación. Entonces, la pregunta fue, precisamente, cómo se hace para que estas personas, que no tienen otro medio de vida ni preparación alguna, puedan subsistir. Están faltando otros medios de subsistencia en nuestra sociedad. Cada vez más escuchamos sobre casos de tráfico de personas; nuestro país no es ajeno a este problema. Es más: en este momento, muchísimas personas llegan al Uruguay debido al tráfico de personas. Sabemos que lo hacen, quizás, en forma voluntaria, buscando un mejor futuro, una mejor vida, pero para llegar hasta acá han tenido que pasar por muchas adversidades. Este no es un tema interno de nuestro país, sino que debe darse la relación con instituciones de otros Estados, fomentar la comunicación internacional para prever y detectar verdaderas empresas que trafican con seres humanos. Luego, cuando llegan a nuestro país, se transforma y además de un tema de tráfico pasa a ser un tema de trata. Lo sabemos bien, porque los números nos dicen la cantidad de mujeres que vienen de República Dominicana directamente para prostituirse, y no son libres. ¡Por supuesto que no! Humanamente, nos rechinan algunos de los testimonios que hemos escuchado de delegaciones que concurrieron a ilustrarnos porque, pese a nuestros conocimientos, fueron más allá de lo imaginable.

Me refiero al tráfico de órganos, de embarazos forzosos y de concubinatos forzosos. No entendíamos demasiado hasta dónde se relacionaba esto con el tema de la trata. La cuestión es que esos embarazos forzosos, consecuencia de casamientos o, más bien, de concubinatos forzosos, llevan a la procreación y al tráfico de órganos de niños o de fetos. Lo que nos impresionó todavía más fue el tráfico de órganos de fetos. Obligan a las mujeres a abortar y encima, para dejarlas contentas, les dicen que con esa actitud y ese sacrificio van a las salvar vidas de muchos niños. Es una visión muy triste. Entonces, vamos a acompañar este proyecto, que nos da elementos y respaldo para ayudar en la lucha contra tanta injusticia. Pero hacemos una salvedad: nos preocupa la creación, en el Capítulo II, de un Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, no por el hecho de la creación en sí, sino porque estará integrado por representantes de distintos ministerios, coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social. No es que ese Consejo no tenga una buena finalidad; probablemente, resulte una efectiva herramienta desde el momento en que da vida al proyecto e instrumenta el funcionamiento de la ley, pero preocupa que tenga demasiados integrantes porque, en general, enlentece el funcionamiento y tememos que lo haga inoperante. Es claro que la solución está en la instrumentación del funcionamiento de ese Consejo; sería importante que cada representante de los ministerios fuera convocado según la pertinencia del caso y que los informes previstos en el proyecto también los hicieran quienes hubieran intervenido. Por otro lado, la previsión de que el Consejo cree comisiones departamentales facilita que el trabajo llegue a lo profundo de nuestro país, donde, al amparo de pequeñas sociedades y de compromisos asumidos entre sus miembros, se pone un manto de silencio sobre las injusticias. De todos modos, si bien las comisiones temáticas tienen un valor para el futuro, alargan aún más los tiempos y desvanecen las acciones. Repito: la iniciativa es buena y necesaria. Por fin, vamos a tener una ley que saque a la luz, ampare y solucione los problemas de todas esas personas tan vulnerables. De todas maneras, como ya otros han señalado, esta ley necesitará de muchas correcciones. Gracias.

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26.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Alfredo Asti, por el día 11 de julio de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estefanía Schiavone. Montevideo, 11 de julio de2018 VALENTINA RAPELA, ORQUÍDEA MINETTI, EDUARDO MÁRQUEZ”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA. En consecuencia, queda convocada la correspondiente suplente, y se la invita a ingresar a sala.

En definitiva, estos esfuerzos, que provienen de distintos ámbitos, han dado lugar a un proyecto de ley que es muy bueno y que, sobre todo, pone sobre la mesa una discusión que, muchas veces, queda encubierta por otras tantas que socialmente se dan por estos días. Quiero destacar el trabajo que, al respecto, realizó la senadora Daisy Tourné en el Senado. La legisladora compareció ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, dando cuenta de esta iniciativa, cuya elaboración no le corresponde en forma exclusiva, pero en la que jugó un rol muy importante. En la Comisión Especial de Población y Desarrollo discutimos este proyecto durante un tiempo prudencial; creo que fue suficientemente debatido. Es importante que algunos de los temas que se plantearon en esta sesión sean discutidos en el plenario. Al igual que el señor diputado Gerardo Amarilla, soy partidario de dar la discusión de todos los aspectos y de no eludir aquellos que tienen que ver con concepciones de la vida y de la sociedad que, sin duda, se ponen en juego en estos debates. Esta iniciativa tiene una característica que, por suerte, está siendo bastante habitual en los últimos proyectos de ley que el Parlamento ha considerado sobre este tipo de temas: intenta dar una respuesta integral, interinstitucional y, además, pone en el foco la protección y la reparación de las víctimas. Estos tres aspectos -integralidad, interinstitucionalidad de los abordajes estatales y necesidad de poner el foco en la protección y en la reparación de las víctimasson absolutamente cruciales para enfrentar fenómenos de la complejidad del que estamos discutiendo hoy. Los compañeros que ya hicieron uso de la palabra, en particular, el señor diputado Nicolás Viera, se refirieron con mucho detalle a los contenidos del proyecto de ley; yo señalaré algunos aspectos más generales en los que creo se enmarca esta discusión. Preparando esta intervención, leí un documento de setiembre de 2017, realizado en forma conjunta por la OIT, la Fundación Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, que se titula Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso.

27.- Trata de personas. (Normas para la prevención y combate)
Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señora presidenta: estamos considerando un proyecto de enorme importancia, cuya elaboración ha sido producto del trabajo de muchos actores de la sociedad civil y de distintas organizaciones que, desde hace mucho tiempo, han actuado arduamente y aportado su visión sobre este tema para que, en algún momento, ingresara en la discusión pública y en el debate parlamentario con la relevancia que merece. Me refiero a actores ejecutivos y también de nuestro Gobierno que trabajaron intensamente y de forma interinstitucional para aportar una base de discusión; también, a actores parlamentarios en el Senado y, ahora, en la Cámara de Representantes.

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Estos fenómenos -el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso- no son equivalentes a la trata, aunque están relacionados, como se plantea en el informe que presentó muy bien nuestro compañero, el diputado Nicolás Viera. Reitero, no son fenómenos equivalentes pero, sin duda, uno no puede hacer referencia al problema de la trata de personas en el mundo si no tiene en cuenta los fenómenos del trabajo forzoso y del matrimonio forzoso, que también están incluidos en este proyecto de ley. En ese informe se muestran algunos datos escalofriantes sobre un problema de escala global. Se estima que en 2016, 40.000.000 de personas han sido víctimas de lo que se denomina “esclavitud moderna”, que incluye los dos asuntos que mencionaba hace un momento; son 90.000.000 de personas en cinco años. Estamos hablando de datos que, probablemente, subestimen la realidad, porque es un fenómeno que -resulta obvio- está signado por la ilegalidad y, por lo tanto, muy encubierto. Son estimaciones. Reitero: 40.000.000 de personas son víctimas de la esclavitud moderna; son 90.000.000 de personas en cinco años: 71 % son mujeres y 25 %, niñas y niños. Al desagregar esta información, tenemos que el trabajo forzoso en la economía privada afecta a 16.000.000 de personas: 58 % son mujeres y 42 %, varones. Esto incluye trabajo doméstico, de la industria manufacturera, de la construcción, del sector agrícola y del sector pesquero. La mitad de ese trabajo forzoso en la economía privada está en régimen de servidumbre por deudas; esto sucede en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI. Estos datos constan en ese informe del año 2017. En este conjunto de personas afectadas por el trabajo forzoso en la economía privada, un importante porcentaje de mujeres declara ser también víctima de violencia sexual. En este caso, no estamos hablando de explotación sexual vinculada con la prostitución, sino de trabajo forzoso en otros sectores, pero esas mismas mujeres también son víctimas de violencia sexual. Se estima que hay 4.000.000 de personas en régimen de trabajo forzoso en Estados de algunos lugares del mundo, y 4.000.000 de personas adultas y 1.000.000 de niños y niñas víctimas de explotación sexual.

Quiero decir que en este universo de 5.000.000 de personas, víctimas de explotación sexual -es una estimación-, 99 % son mujeres y niñas. 15.500.000 personas en el mundo viven en matrimonios forzosos: 88 % son mujeres y niñas; 37 %, menores de dieciocho años. Entonces, no incorporar la perspectiva de género en un proyecto de este tipo sería una barbaridad, lisa y llanamente, porque la perspectiva de género está incorporada por la vía de los hechos. Se habla de ideología de género en una acepción que muchos de nosotros no terminamos de comprender. Quiero decir, de manera clara, que hay una ideología de género en los varones -en su mayoría son varones- que explotan sexualmente a las mujeres y a las personas transexuales, que también son víctimas de delitos de explotación sexual. ¡Ahí hay una perspectiva de género! ¡Ahí hay una ideología de género! La única forma de desmontar esa ideología de género es asumiendo que este problema tiene un sesgo de género. Esto no quiere decir que no haya víctimas varones, ¡claro que los hay!, tal como se manifiesta en el proyecto de ley. Esto no quiere decir que todos los menores de edad, víctimas de estos hechos aberrantes, sean mujeres. No es así, porque también hay varones víctimas de una lógica y de un poder que tiene una característica de tipo patriarcal, ya sea ejercido por varones o por mujeres. Es el poder ejercido como dominio, como dominación, como cosificación de las personas. Ignorar el sesgo de género de este problema es lisa y llanamente condenar a que esta situación se siga reproduciendo en los mismos términos en los que se está dando hoy. No podemos ignorar esa realidad. Tampoco lo podemos ignorar desde el punto de vista del derecho. Yo no soy especialista en temas jurídicos y, por lo tanto, no me extenderé en temas que otros compañeros manejan con mucha más fluidez y solvencia, pero no creo que el derecho pueda ser ciego o neutral ante este delito con características tan peculiares. Este delito tiene las características de crímenes de lesa humanidad y es de carácter transnacional. También, sus víctimas son personas que integran colectivos que, históricamente, han sido víctimas de explotación, discriminación y dominación.

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Por lo tanto, no considerar esa desigualdad, esa desventaja de punto de partida y pretender una mirada neutral o liberal es condenar a que este problema siga reproduciéndose en forma indefinida, porque se basa en una articulación de desigualdades en las relaciones de poder. Esto hay que decirlo, hay que denunciarlo. No solo se trata de ilegalidades. Voy a ir un poco más allá del proyecto de ley y referirme a algunas cosas que no están incluidas en su articulado, pues entiendo que deben ser parte de un debate público que nos tenemos que dar, incorporando a todos los actores. Este proyecto de ley hace referencia a hechos que son ilegales, que se tipifican como delitos, con la gravedad que he mencionado. Ahora bien, hay una serie de situaciones y de vivencias que muchos sujetos tienen sobre este tipo de explotación que no entran dentro de las tipificaciones penales y que no pueden ser consideradas delitos, pero que son absolutamente repudiables desde el punto de vista ético y dan lugar a un camino que muchas veces termina generando estas violaciones a derechos básicos consagrados en la ley. “Sin explotadores no hay explotados”, “Sin clientes no hay trata”, decía muy bien nuestro compañero Nicolás Viera. Creo que este es un tema que debemos enfocar, porque a veces se habla con mucho cinismo e hipocresía. Los problemas de explotación sexual, por ejemplo, que no son todos los problemas de trata -sí un capítulo importante de los problemas de trata en este país-, también tienen su origen en la naturalización de relaciones que suponen la compra y la venta de los cuerpos de las personas, que supone el uso del cuerpo de las personas para la satisfacción de alguien que también está desplegando una situación de dominio y poder sobre otra en un ámbito de carácter comercial. Esta es una discusión muy extensa en la historia de la humanidad. No vamos a decir que sea una discusión exclusiva del capitalismo, pero la debemos dar porque, como se dice: “Sin clientes no hay trata”. Hay países que han avanzado hacia legislaciones que castigan a los clientes de la prostitución, no a las personas víctimas de explotación sexual. Este es otro elemento que quiero destacar del enfoque con el que discutimos este tema. La punición a las víctimas nunca es el camino. Podemos discutir sobre estra-

tegias penales o la cuestión punitiva en relaciones concretas de explotación y dominio, pues siendo explotador o siendo cliente son victimarios. Lamentablemente, es muy difícil hacerlo porque vivimos en un sistema que naturaliza la cosificación de las personas, en un sistema -como manifestó el señor diputado Núñez en el tema anterior- organizado para el lucro, consumo y uso, y no para la vida y la realización de los seres humanos. Este es un problema de fondo. Reitero que es muy difícil discutir estos temas de raíz en un sistema que naturaliza este tipo de situaciones. Obviamente, el proyecto de ley se refiere a los aspectos que aquí se han explicitado. Creo que nos merecemos una discusión de raíz, radical en el sentido originario de la palabra en la que, insisto, las relaciones de explotación históricas, las relaciones de opresión que vienen de tiempos ancestrales y tienen un sesgo de género, alimentan este tipo de situaciones. Es obvio que esto no se terminará con un proyecto de ley, pero si abordamos este debate en profundidad, quizás nos conduzca a soluciones más de fondo, más radicales, que son las que necesita nuestro país y el mundo para erradicar este flagelo. SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Sí, señor diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede interrumpir el señor diputado Malán Castro. SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Señora presidenta: he solicitado esta interrupción para hacer un aporte al debate desde un punto de vista que, en algunos aspectos, coincide con el que viene desarrollando el señor diputado Civila López. La palabra “fetiche” designa una figura, una imagen, un amuleto o una cosa a la que se le atribuyen poderes y se le rinde culto. En la antigüedad el fetiche designaba a dioses hechos por los seres humanos como producto de su imaginación, frente a un supuesto Dios que sí era verdadero. ¿A qué viene todo esto? A que muchos podemos creer que las soluciones a determinados problemas están en la ley. Entonces, como los adoradores de fetiches, olvidamos que esa norma salió de nuestras manos e ima-

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ginación. Quiero decir que este proyecto de ley es un avance, pero no nos quedemos en la zona de confort, en el “con esto ya está” o “esta es la solución”, porque entonces estaríamos frente a la norma como un fetiche que, por sí sola, solucionaría todos los problemas. Este proyecto centra la atención en la trata y la define como una forma de sometimiento, de explotación y de uso lucrativo de las personas. En definitiva -está bien-, busca mirar a la víctima que siempre termina degradada en su integridad física, emocional y en su dignidad como persona. Y, desde la institucionalidad, busca un sistema de respuestas a las distintas formas de explotación, como la esclavitud, la prostitución forzada, la venta de niños, la venta de órganos, y demás. Entonces, se busca la reparación integral de la víctima; me parece que está muy bien, y por eso lo vamos a votar. Pero quiero entrar en una reflexión mayor. Este proyecto de ley se enmarca en un contexto, en un país, en una región. Ninguna ley está aislada, sino que están en contextos que siempre refieren a lo geográfico, lo cultural. El científico estadounidense Brian Swimme estableció que la disposición mental patriarcal de nuestra cultura es muy similar a una lobotomía frontal, es decir, la extracción de uno o dos lóbulos frontales del cerebro, y que eso debía entenderse muy bien, pues si no uno estaría condenado a una eterna indignación que no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no te llevaría a ninguna parte si estás tratando con alguien cuya mente ha sido opacada en sus capacidades cognoscitivas y en su sensibilidad fundamental, pues no te podría entender. Esta analogía entre la mentalidad patriarcal y una lobotomía cerebral viene muy bien para ejemplificar lo que quiero expresar, que va más allá de este proyecto de la ley. Esto nos ayuda a reflexionar sobre algunas cuestiones subyacentes en la realidad sobre la que queremos legislar. En primer lugar, me refiero a las desigualdades de poder que una sociedad patriarcal desarrolla y a las discriminaciones que termina aceptando, legitimando y/o invisibilizando, según convenga. Además, los diversos factores de vulnerabilidad que establece este proyecto, como la condición social, el origen étnico y la edad, se acentúan cuando se trata de

mujeres, y se profundiza, por ejemplo, cuando se trata de personas trans. Por esa razón, se debería avanzar en una ley donde también el contexto avance. ¿Por qué digo esto? Porque a veces una ley puede ser de avanzada, pero el contexto no, por lo que dicho contexto puede terminar ahogando la ley. Por tanto, debería avanzar en un contexto en el que se promueva la educación sexual con una perspectiva de género, y no en uno en que haya una ideología excluyente y dogmática. Cuando hago referencia a perspectiva de género, hablo precisamente de eso, de perspectiva, de un lugar desde donde mirar y pensar lo que el orden hegemónico muestra, oculta o desvirtúa, y así analizar la realidad y, desde ese análisis, desarrollar prácticas transformadoras. Me refiero a que la educación sexual sea parte de la educación en la transversalidad de la currícula educativa, pero también en todos los procederes institucionales. Esto deconstruiría esos estereotipos de género que podrían hacer ver como normal la violencia, la discriminación, la explotación del ser humano por el ser humano. ¿Por qué? (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede continuar el señor diputado Gonzalo Civila López. SEÑOR CIVILA presidenta… LÓPEZ (Gonzalo).Señora

SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Sí, señor diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede interrumpir nuevamente el señor diputado. SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Porque el ser humano que crece educándose en la creencia de que por su condición social, étnica o sexual es superior, mejor o normal frente a otros que no los son, no verá ni reconocerá, aunque lo tenga enfrente, la situación y el dolor del explotado. Recordemos el ejemplo de la lobotomía que ponía el científico. Sin duda, esto nos lleva a otro aspecto de la reflexión, ya que el victimario de trata y la víctima, en definitiva, terminan siendo consecuencias de un sistema que no considera que tal o cual afección de la

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dignidad humana lo es, y cree que denigrar es una posibilidad si se tienen los medios materiales y el dinero para ello. En definitiva, el ser humano es una mercancía más del sistema capitalista; el ser humano ya no es un sujeto, sino un objeto; ya no es persona, es mercancía; es un objeto de trata. Entonces, deberíamos preguntarnos si realmente queremos cambiar, es decir, hacer avanzar ese contexto de la ley, preguntarnos si queremos cambiar de raíz y atacar las causas del problema. Este proyecto busca prevenir, sancionar y dar repuestas a las víctimas, es decir, abordar las consecuencias de la conducta humana. Pero ¿cuáles son las causas del trabajo forzado? ¿Cuáles son las causas de la prostitución forzada? ¿Hay patrones culturales que legitiman estas conductas humanas? Por ahí estarán las causas, si queremos abordarlas. Termino diciendo que este proyecto constituye un avance, ya que define, crea institucionalidad y busca prevenir, reparar y reprimir. De todos modos, si creemos que es la solución, no lo es; estaríamos -como dije al principio- frente a un fetiche de ley. En realidad, este proyecto de ley debe motivarnos a demandar un nuevo proyecto de sociedad en la que cada uno de nosotros, como personas, también se involucre; una sociedad con nuevos valores y con una ética basada en los derechos humanos como garantía de una vida digna para todos y todas. Por lo tanto, si este proyecto de ley mueve, nos mueve y mueve el contexto -en el sentido utópico del que venimos hablando-, entonces, tiene enormes potencialidades. Gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede continuar el señor diputado Gonzalo Civila López. SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- He terminado, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Tiene la palabra el señor diputado Álvaro Dastugue. SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Señora presidenta: integro la Comisión que dio tratamiento y aprobó el proyecto que busca generar una política de Estado para prevenir y combatir la trata de personas.

En nuestro ordenamiento jurídico ya teníamos algunas normas en ese sentido, pero este proyecto de ley es integral. En realidad, la trata de personas plantea algunas generalidades y particularidades en nuestro país, ya que Uruguay no es solo un lugar de tránsito o de origen, sino que, lamentablemente, es un todo: tránsito, origen y destino. Los datos de trata de niños y adolescentes son alarmantes y van en aumento. En ese sentido, el INAU nos ha informado que se pasó de veintiún casos de trata de niños y adolescentes en 2006 a trescientos cincuenta en 2017. Además, lamentablemente, han surgido nuevas modalidades de trata, como el trabajo forzoso. También debe considerarse que la trata de personas se ha incrementado en el mundo. En tal sentido, el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se especializa en el tráfico de personas, indica que no hay país que pueda considerarse inmune al tráfico, la trata y la explotación de personas. Por lo tanto, no hay país que esté libre de esta problemática. Señora presidenta: voy a votar afirmativamente este proyecto de ley que fue discutido en la Comisión Especial de Población y Desarrollo, pero voy a hacerlo con salvedades -como bien expresó en el informe el diputado Nicolás Viera- con respecto al literal D) del artículo 3º, al literal E) del artículo 5º, a los literales D) y E) del artículo 17 y al Capítulo V. En realidad, no quiero ser reiterativo y expresar lo mismo que el diputado Gerardo Amarilla. Además, el diputado Abdala se referirá mucho mejor que yo al Capítulo V. Sin embargo, quiero ser enfático con respecto a lo que establece el literal E) del artículo 5º, que dice que las víctimas de trata de personas tienen derecho a acceder a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando no alcancen el año de residencia en el país, siempre que este haya ocurrido durante la situación de trata. De acuerdo con este artículo, señora presidenta, las mujeres extranjeras, sin haber realizado ninguna denuncia judicial o administrativa, es decir, sin probar que son objeto de trata, pueden realizarse un aborto. Bastaría con que la mujer hiciera esa declaración ante el médico para que este le proveyera la receta para realizarse un aborto químico. En principio, por convicciones personales, estoy en contra de la mal llamada

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interrupción voluntaria del embarazo, ya que considero que la vida humana comienza desde la concepción. Entonces, no voy a votar este literal porque entiendo que aprobándolo se abrirá una puerta -que no sabemos cómo se podría cerrar- a un posible turismo abortivo. Recordemos que en países vecinos el aborto no es legal, y que es un tema que cada vez más está en discusión; en Argentina se está discutiendo en este momento y en Brasil se intentó discutir. Estamos hablando de países donde hay más de cien millones de mujeres, e imagino que muchas quisieran abortar, pero en su país no lo pueden hacer porque no es legal. Reitero que aprobando este literal estamos dando a esas mujeres la posibilidad de realizarse un aborto en nuestro país, con los recursos de nuestro país. En verdad, temo que nuestro país vea afectado su sistema de salud -debido a la escasez de recursospor brindar servicios y realizar abortos a mujeres extranjeras, ya que ni siquiera se les requerirá la denuncia judicial o administrativa, contradiciendo lo que establece el artículo 3º de la Ley Nº 18.987, que dice que las mujeres extrajeras deben acreditar fehacientemente su residencia habitual en nuestro país durante un período no menor a un año. Pienso que el proyecto que estamos considerando es importante. Lo votaré por la afirmativa porque entiendo que es una iniciativa integral. Debemos trabajar muy fuerte en este tema porque, lamentablemente, avanza en nuestro país. Quería hacer estas salvedades y dejar constancia de que no entiendo necesario que estos literales formen parte del proyecto que estamos votando. SEÑOR LAMORTE interrupción? (Aldo).¿Me permite una

sonas, generar situaciones que permitan ir encontrando soluciones y llegar a una normativa clara al respecto, juntando fuerzas entre todos. Advierto que en este caso -reitero que reconozco el trabajo realizado, con la mejor intención- nos encontramos con tres o cuatro aspectos de fondo que, seguramente, estarán presentes, considerando que el Frente Amplio cuenta con la mayoría necesaria, si bien con respecto a este tema se lograría una mayoría entre todos. Los diputados Abdala y Pasquet se manifestaron acerca del aspecto jurídico, que me parece central. Hay una serie de situaciones jurídicas y penales que implican incoherencias graves, de fondo que van a suscitar, por lo menos, inconvenientes en cuanto a lo que se quiere lograr con este proyecto. Además, se presenta la ideología de género como un tema central. Me parece que esto tendría que ir más allá del género. Creo que eso genera problemas, incoherencias y no aporta. Por otra parte, se generan situaciones extraterritoriales. Ni de la discusión en la Comisión ni de la que se está dando ahora surge cómo afrontar la situación extraterritorial, fuera de Uruguay, dado que se recibe a mujeres de otros países. No sé cuál es la evaluación; no surge seriamente de todo este análisis cómo enfrentar esta cuestión ni cómo resolverla. Del nombre del proyecto de ley surge que se pretende establecer normas para la prevención y el combate de la trata de personas. Sin embargo, esta iniciativa hace referencia a comisiones, a recomendaciones, pero no advierto que, concretamente, encare a los explotadores o las personas que ejercen la trata. Es más, si uno mira el proyecto desde cierta óptica advierte que esos casos ni siquiera se denuncian; no se sabe quiénes son, no se buscan, no hay ninguna situación de control de las personas que generan este daño. Entonces, si bien entre todos buscamos algo bueno, lo que estamos haciendo es mantener el statu quo, esto es, la situación no variará en nada y se van a generar problemas e incoherencias. Esta iniciativa puede contener en algo a las víctimas, pero no hay nada que nos haga pensar que no serán víctimas nuevamente. No sabemos quiénes son las personas que las explotan, no sabemos cuál es la situación, no estamos atacando el fondo del tema. A mi entender, la prevención y el combate no están presentes en

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Sí, señor diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Puede interrumpir el señor diputado. Rodríguez).-

SEÑOR LAMORTE (Aldo).- Señora presidenta: rescato el trabajo realizado hasta ahora por los distintos legisladores con respecto a este proyecto de ley. Me gustaría hacer una reflexión acerca de este tipo de iniciativas referentes a algo en lo que todos estamos de acuerdo, como encarar la trata de per-

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esta iniciativa. Por eso, no votaré en general este proyecto de ley. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Puede continuar el señor diputado Álvaro Dastugue. SEÑOR DASTUGUE señora presidenta. (Álvaro).He terminado,

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Tiene la palabra la señora diputada Cristina Lustemberg. SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).Señora presidenta: destaco el informe del señor diputado Nicolás Viera, que resume el trabajo de todos los diputados y todas las diputadas que integramos la Comisión Especial de Población y Desarrollo. Esta iniciativa, que hoy tenemos la responsabilidad de votar, contempla la situación de personas víctimas de trata, con las que desde hace muchos años me ha tocado trabajar, primero, por mi condición de médica y, después, por las responsabilidades institucionales que me han correspondido. Cuando uno encara el tema, advierte su magnitud. Destaco el acuerdo que hemos alcanzado desde el punto de vista parlamentario, más allá de algunas puntualizaciones en las que después haré énfasis, y que nosotros sí tenemos claras, porque la trata de personas es una violación a los derechos humanos y atenta contra la dignidad, la integridad y la capacidad de constituirnos como sujetos de derecho. Se define como una forma moderna de esclavitud, una forma de explotación, una acción delictiva y un acto de profunda violencia. Como bien señalaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, la trata de personas incluye la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, la remoción de órganos, los matrimonios serviles y la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil, la venta o entrega de niños y niñas para adopción y niñas y niños soldados, entre otros. Tal como se ha dicho, la trata de personas es, entre los mercados ilícitos, el tercero que más ganancias da. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en el mundo. Los datos de Europa indican que los grupos criminales obtienen allí beneficios de US$ 3.000.000.000 al año, siendo este el negocio que se abastece de la

población mundial más marginalizada. En Europa, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en situaciones de violencia y degradación por motivos de explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales ha sido esclavizada en la prostitución a consecuencia de la trata de personas. A nivel global, una de cada cinco víctimas son niños. Como dijo el diputado Walter Verri y otros oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, en América del Sur, el 25 % de las víctimas son niñas y adolescentes. La explotación de seres humanos puede ser, y es, sumamente lucrativa para los grupos delictivos organizados. Si bien las cifras varían, según información de la OIT, el trabajo esclavo va cobrando cada vez más importancia. En particular, la explotación sexual es lo que predomina en esta forma de vulneración de derechos. Los tratantes consideran a las personas meras mercancías, objetos que pueden ser explotados y con los que se puede lucrar. Siento que hoy cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de votar esta iniciativa y de explicitar sus puntos de vista al respecto. Como bien señaló el diputado Civila López, para el estudio de este tema se generó una comisión especial interpartidaria. Destaco que la consideración del tema comenzó el 2 de agosto de 2016 en una comisión especial del Senado, liderada por la senadora Daisy Tourné e integrada por el senador Bordaberry, así como senadores del Partido Nacional y del Partido Independiente. Esta comisión recogió el trabajo de la Mesa Interinstitucional para la prevención y el combate a la trata de personas. Hace años que esta Mesa Interinstitucional está trabajando en estos temas. La señora senadora Tourné compartió con nosotros el estudio que elaboró el Senado durante un año y medio junto con dicha Mesa, que nos hizo el relato histórico del trabajo de nuestro país con respecto a la trata de personas. En nuestra Comisión, recibimos a organizaciones de la sociedad civil; a la Asociación de Magistrados del Uruguay; al doctor Aller, integrante del Instituto de Derecho Penal y Criminología, y a dos organizaciones que trabajan desde hace muchos años atendiendo a mujeres víctimas de trata. Asimismo, contamos con la visita de integrantes del Comité nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia (Conapees). Uruguay no está ajeno a esta realidad y también sufre

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las consecuencias de este fenómeno lucrativo, de este delito que avasalla vulnerabilidades de diferente tipo. De acuerdo con el relato histórico, el surgimiento de la trata es antiquísimo. Si se analiza cómo comenzó en América Latina, en el Mercosur y en Uruguay, se puede decir que nuestro país es origen, destino y tránsito, pero que en sus inicios era solo origen. Hoy enfrentamos los dos fenómenos, entre los que está la trata interna, mayoritariamente, de niñas y adolescentes. Hace tiempo que trabajamos al respecto. El proyecto es integral y explicita los motivos por los que debemos ocuparnos de este tema. Las imágenes que muestra el libro que tengo en mis manos son reales y provienen de todos los departamentos del país, donde se viola, explota y abusa de forma comercial y no comercial a niñas, niños y adolescentes. Hasta 2004, previo a la Ley Nº 17.815, tener sexo pago con adolescentes no era delito. Cuando se analizan los 336 casos que el Conapees atendió el año pasado, se constata que, en una semana, cada adolescente y niña mantuvo relaciones con tres o cuatro adultos. Esto equivale a decir que hay más de mil personas explotándolas, pero en 2017 fueron procesadas solo diez. Por otro lado, en 2013 se atendió a mujeres migrantes sumamente vulneradas; para trabajar en esos casos, uno debe comprender cómo funciona la trata de personas. Como expresa el protocolo, se entenderá por trata de personas “[…] la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.Agrega que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados. Como siempre, escuché con mucha atención las apreciaciones del señor diputado Pasquet respecto a las condiciones de vulnerabilidad. La Asociación de Magistrados del Uruguay está cien por ciento de acuerdo con este proyecto. ¡Cómo no se van a

considerar vulnerados los derechos de una mujer o un hombre en situación de trabajo esclavo si cuando llegan a nuestro país se les retiran los documentos, quedando más frágiles y dominados aún! ¡Cómo esta iniciativa no va a estar atravesada por una perspectiva de género! Antes que nada, esta propuesta debe estar atravesada por una mirada de derechos humanos, así como de generación. Sabemos que con este proyecto no resolvemos los problemas estructurales vinculados con la fragilidad de los niños, las niñas y, sobre todo, las mujeres en nuestro país. Cada vez más se atiende a niños y niñas de poca edad sometidos a situaciones de maltrato y de abuso sexual. De los 3.155 niñas y niños que sufrieron alguna forma de maltrato y fueron atendidos por el Sipiav en 2017, 700 sufrieron abuso sexual. El artículo 17, relativo a las medidas de prevención, detalla los factores de vulnerabilidad vinculados con la trata y la explotación: la pobreza, la desigualdad en el acceso a las oportunidades y las exigencias del consumo, y el origen étnico-racial, especialmente la discriminación histórica de las personas afrodescendientes; en nuestro país, la pobreza y las formas de trata son mucho más frecuentes en las personas afrodescendientes. También son factores de vulnerabilidad la edad de niñas, niños y adolescentes -en nuestro país, cada vez hay más niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados, y muchas formas de explotación sexual están vinculadas a redes de trata-; el heteronormativismo y la naturalización de la violencia por prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, y los estereotipos de género que legitiman y sustentan la discriminación y violencia contra las mujeres, la desprotección de derechos de las y los migrantes irregulares y los obstáculos que enfrentan para acceder a oportunidades laborales y servicios básicos. Se trata de problemas estructurales acerca de los que tenemos que trabajar; en ese sentido, coincido con el señor diputado Lamorte. Pero no podemos no legislar; debemos reflejar en una norma la situación de vulneración de derechos, tal como se hizo en su oportunidad con la Ley de Migración y con la ley que apunta al crimen organizado, porque desde hace tiempo Uruguay viene resolviendo legalmente estas cuestiones. Nuestro país era de los pocos de América

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Latina que no contaba con una ley integral que abarcara la prevención, el tratamiento de las víctimas y la complejidad de la reinserción social. Nuestra fuerza política y legisladores de otros partidos acompañan esta iniciativa. En el artículo 5° se detallan los derechos de las víctimas de trata y explotación, y estamos de acuerdo con que deben incluirse determinados aspectos sobre la atención. Por ejemplo, en cuanto a la salud -como ex integrante de un equipo de salud, lo puedo decir-, las personas vulneradas y vinculadas con redes de trata deben tener derecho a tratamientos y terapias especiales. En caso de ser necesario, deben recibir cuidados en cuanto a salud sexual y reproductiva, tratamiento para adicciones y atención en salud mental. Quiero hacer especial énfasis en un tema puntual: me cuesta muchísimo entender la expresión “turismo abortivo”. Ninguna mujer, provenga de donde provenga, se va a hacer pasar como víctima de trata para adquirir derechos. La Mesa Interinstitucional, liderada por la División de Violencia Basada en Género, dependiente de Inmujeres -Ministerio de Desarrollo Social-, tiene mucha experiencia en esta materia. Conapees dispone de información sobre cada una de las situaciones atendidas y sus características. A los diputados y a las diputadas del interior que les interese, les podemos aportar toda la información, departamento por departamento, con datos y características de las víctimas de trata, ya sean niñas, niños, adolescentes o mujeres. A partir de esta información, podemos conocer las características de la violencia que sufren las víctimas de trata. Reitero: dudo que venga una mujer de otro país a hacerse pasar por víctima de trata para ejercer el derecho al aborto. En este país, por ley, las mujeres adquirimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y a la salud sexual y reproductiva; son derechos humanos no negociables. Soy respetuosa de las concepciones ideológicas y religiosas de cada uno, pero no creo que con el artículo 5º se esté promoviendo el turismo abortivo en nuestro país. Quiero hacer énfasis en que defiendo la concepción de familia, de vida, de integridad pero, antes que nada, los derechos de las personas.

Defiendo que no se viole ningún derecho humano a través de una concepción ideológica o religiosa. Hago una precisión con respecto al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas que tiene las competencias de ente rector y, como tal, debe monitorear el cumplimiento de la política pública. La atención de la trata requiere que las instituciones no trabajen por separado, sino integralmente. De hecho, esa es la fortaleza del Sistema Interinstitucional de Respuesta. Además, el Capítulo III también presenta como fortaleza el trabajo que se viene llevando a cabo desde la Mesa Interinstitucional. La complejidad del problema es tal que requiere la participación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Relaciones Exteriores -cuyo rol ha sido preponderante en todo lo concerniente a la Ley de Migración-, de Salud Pública, del INAU y de otras instituciones. En ese entendido, esto no agrega burocracia ni inoperancia; al contrario: da idea de la magnitud de la vulneración de derechos y de la integralidad de la solución que se exige a cada una de las instituciones. (Ocupa la Presidencia el señor representante Jorge Gandini) Cuando uno analiza los capítulos Acceso a Justicia y Normas Penales, advierte los problemas la no punibilidad en la situación de explotación y vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas trata. la de de de

A quienes tengan alguna inclinación por estudiar la complejidad de estos temas, los invito a leer el libro de la periodista mexicana Lydia Cacho -quien ha estado detenida en varias oportunidades-; me refiero a la obra Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de las mujeres y las niñas en el mundo. A partir de esta lectura se podrá entender la complejidad de este tema. Uno también tiene que entender que esta es una forma de crimen; es delito organizado. Creo que es nuestra responsabilidad aprobar este proyecto de ley sobre el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que muestra la punta del iceberg de vulnerabilidades y desigualdades estructurales que sufren niñas, niños y adolescentes, las mujeres, los más pobres y los afrodescendientes, porque todavía tenemos una sociedad hegemónica, patriarcal.

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No legislar sobre la vulneración de derechos nos pone en una posición de debilidad desde el punto de vista normativo. Así no se refleja un problema que sufre la sociedad, y nuestra responsabilidad es visibilizarlo. Por eso, este proyecto de ley hace un claro énfasis en todo lo relacionado con la prevención de este delito. En cuanto a lo penal, quiero hacer una precisión al diputado Pasquet, porque me costó escucharlo decir que una mujer que haya sufrido trata o una víctima de esclavitud puede sentir que tiene libertad para matar. Hemos revisado las versiones taquigráficas de las sesiones del Senado. Ustedes tienen a disposición todo lo que esta Comisión hizo con mucha responsabilidad, escuchando todas las voces. Cuando uno lee lo dicho por la doctora Alicia Ghione, de la Fiscalía de Florida, que viene trabajando desde hace muchos años en el tema de la trata, queda impactado. Esto se debe evaluar en un contexto determinado. Es muy difícil que podamos decir que la garantía sobre la no punibilidad, puede ser una licencia para matar. Es tal la complejidad que hay detrás de esta vulneración tan grave, vinculada con la trata de personas, que es difícil que no esté contemplado. Creo que este proyecto de ley lo contempla de forma integral, como señaló la Asociación de Magistrados del Uruguay cuando hizo énfasis en que estaba de acuerdo con estos artículos. Si bien no soy experta, me cuesta creer que no entendamos la multidimensionalidad, la gravedad y la complejidad que tiene este tema. Con respecto a los datos sobre Uruguay, los invito a mi despacho, donde tengo más libros que grafican las situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos; más del 80 % de los casos está vinculado con situaciones de trata y de explotación. Como bien se dijo, habrá que discutir la ley sobre trabajo sexual y otras normas que también refieren a estas desigualdades estructurales que hoy están vinculadas con la trata. Es una situación de vulnerabilidad y de inequidad muy grave que, por lo menos, debemos visibilizar y sobre la que tenemos que trabajar, para resolver los problemas estructurales. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- Sí, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: pedí una interrupción, especialmente, a la diputada Lustemberg porque sé de su compromiso con este tema, como han demostrado todos los representantes que han intervenido. Por favor que no se interprete mal, en el sentido de que no comprendemos el tema de la trata. ¡Sí que lo comprendemos! ¡Hemos vivido en forma directa la explotación de niños, niñas y adolescentes! Eso es indiscutible. A medida que avanza la discusión del proyecto, y que uno se interioriza más en el tema -desgraciadamente, no se puede estar en todas las comisiones-, sobre todo, escuchando algunas de las intervenciones, más me alarmo, porque de esta forma no vamos a resolver el problema. Es otra vez un saludo a la bandera, como fue -la realidad lo ha demostrado- la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género: ¡siguieron matando mujeres! ¡Con saludos a la bandera no se solucionan los problemas! ¡Se solucionan con políticas públicas! ¡Eso está clarísimo! Entonces, no nos traten de insensibles; yo sé que no es el objetivo de la diputada Lustemberg. Lo mismo sucede cuando uno hace un enfoque jurídico. Obviamente, yo no puedo, ni de cerca, hacer un enfoque parecido al del diputado Pasquet; lo he dicho varias veces. La gente que tiene formación jurídica superior, la tiene; estoy segura de que se notará también en las apreciaciones que va a hacer el diputado Abdala. Hay que reconocer cuando la gente sabe sobre determinadas disciplinas y, por lo menos, no acusarlos cuando dicen que la solución jurídica no es la adecuada. A mí me pasa lo mismo. Tenemos cabeza jurídica -repito: no con el nivel del diputado Pasquet y otros colegas con formación jurídica-, y lo que estamos viendo es el riesgo que generan cosas mal hechas. Yo no puedo escuchar pacíficamente -agradezco muchísimo a la señora diputada Lustemberg la interrupción que me concedió- que se diga que vamos a hacer un cambio revolucionario, cultural y no sé qué cosa con una ley. ¡No se hacen de esa manera! Se harán a través de la educación, de la sensibilización. Además, ¡ya hay normas! Tendremos que perfec-

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cionarlas y trabajar en una ley integral, pero no poniendo en riesgo la libertad de la gente en general y al voleo. Entiendo lo que dice el señor diputado Pasquet con respecto a la indefinición de tipo penal. En una indefinición de tipo penal estamos todos en situación de riesgo. Cuando se discutió el proyecto de violencia basada en género dije que a partir de su aprobación todos los hombres estarían en libertad condicional. El tipo penal bien definido nos asegura a todos que vamos a estar protegidos en nuestros derechos. ¡A todos! Entonces, otra vez se está toqueteando el derecho penal democrático, con la mejor intención. Además, nosotros estamos sometidos a normas internacionales; existe el derecho internacional público y hay tratados que hemos ratificado. Entonces, no tengo problema en aprobar una ley integral, pero el literal J) del artículo 5º, referido a derechos de las víctimas de trata y explotación de personas, establece: “A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición a través de un recurso sencillo y rápido ante los Tribunales competentes, […]”. ¿Qué significa esto? ¡Si tenemos códigos de proceso penal! ¡Hay que incluirlo allí! Estamos de acuerdo con este derecho pero, como también dije, con todo respeto, cuando se discutió la ley basada en violencia de género, esto no está redactado por un abogado. ¡Es un saludo a la bandera! Y pone en situación de riesgo a las personas que puedan verse involucradas. Entiendo lo que dijo el señor diputado Pasquet. ¿Cómo puede hacerse un recurso diez años después, sin disponibilidad de pruebas, sin siquiera saber cuáles son los tribunales competentes? ¿Qué significa un recurso sencillo y rápido? ¡Hay que definirlo, y ponerlo en el Código del Proceso Penal! Por último -vuelvo a agradecer a la señora diputada Lustemberg por la interrupción que me concedió-, para variar, creamos el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. ¡Bárbaro! ¡Genial! ¡Era lo que faltaba!: que estuviera en manos del Mides. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar la señora diputada Lustemberg, a quien le restan tres minutos de su tiempo.

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- Gracias, señor presidente. Quería hacer énfasis en que estamos de acuerdo con que con esta ley no resolvemos los problemas estructurales. ¿Pero cuál es la opción, si este país no legisla acerca de las vulnerabilidades que la sociedad tiene? Nuestro país sí está haciendo cosas vinculadas a la atención de las víctimas de trata, desde el Sistema Interinstitucional de Respuesta que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social. El Conapees destina recursos para atender la complejidad de esta temática. La ley, al ser integral -como fue la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, a la que hizo referencia la señora diputada Bianchi-, da relevancia al tema, y por eso se destinan recursos para priorizar esta situación de inequidad. Nosotros tenemos responsabilidades legislativas, y el Poder Ejecutivo asignará los recursos necesarios para cumplir con esta ley a través de cada uno de los sistemas de atención. Soy más que respetuosa de todas las opiniones, de las discrepancias y de nuestras formaciones profesionales. Por lo tanto, no me hago eco de algunas sugerencias. Quiero destacar el acuerdo partidario que alcanzamos en la Comisión para legislar sobre la vulneración de derechos, que es la punta del iceberg de muchas desigualdades que viven los sectores más vulnerables. Hago énfasis en que la trata de personas -como el narcotráfico y el consumo ilegal de drogas- es un delito, una forma criminal, una forma de obtener ganancias ilícitas. A pesar de que Uruguay hace tiempo que viene ratificando diferentes tratados, esta ley da al tema la jerarquía que merece. Muchas gracias. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: escucho a la señora diputada Lustemberg, por lo menos con el mismo respeto y con el mismo interés

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con el que ella dice que me escucha a mí. Realmente es un placer escucharla, y comparto muchas de las cosas que ha dicho; diría que la gran mayoría. Pero en materia penal, evidentemente discrepamos. Creo que, en general -no me estoy refiriendo exclusivamente a la señora diputada Lustemberg-, existe una tendencia a trasegar los conceptos y el lenguaje propios de la sociología a otros ámbitos, entre ellos, al derecho penal, pero son disciplinas distintas, con métodos distintos y necesitan lenguajes distintos. El derecho penal requiere una precisión de la que puede prescindirse en otras áreas del conocimiento; pero para legislar, para establecer tipos penales, no se puede prescindir de esta. Ello es así porque las normas penales no solamente sirven para castigar a los delincuentes, sino fundamentalmente para dar garantías a los honestos. La norma penal, al decir qué es lo que se castiga, dice qué es lo que no hay que hacer para no ser castigado. Si las normas penales no son claras y precisas, las personas no saben qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar, qué conducta tienen que observar para evitar el castigo penal. Por eso es importante que las normas penales sean precisas y claras. Cuando el artículo 340 del Código Penal establece: “El que se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor […]”, está dibujando con toda precisión el delito de hurto, que es apoderarse de cosa mueble ajena, sacándosela, sustrayéndosela a quien la tiene. Se ha trabajado durante siglos en la doctrina para llegar a estas fórmulas precisas. En este proyecto de ley se abandonan esos criterios y se adoptan fórmulas, que podrán ser muy eficaces en otro plano, por ejemplo, en materia de políticas sociales, ya que se necesita decir que se va a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, como las señaladas en el artículo 17. Sin embargo, una cosa es decir: “Lo vamos a apoyar porque usted está en situación de vulnerabilidad, porque es un inmigrante, por razón de sexo, por el color de su piel”, etcétera, y otra cosa es que por “abusar de una situación de vulnerabilidad” -sin especificar a cuáles se refiere-, se le va a castigar por la comisión de un delito.

En ese sentido, el artículo 48 es realmente peligroso. Pido respetuosamente que se vuelva a leer, porque se castiga es al que se encuentre en unión matrimonial o concubinaria que se califica de forzada o servil. “El que obligue a una persona mediante violencias, amenazas o con abuso de una situación de vulnerabilidad, […]”. Fíjense en la conjunción disyuntiva “o”. Es decir que se parte de la base de que no hay violencia ni amenaza. Hablamos de otra cosa: del abuso de la situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el abuso y a qué situación de vulnerabilidad se refiere? ¿A las del artículo 17? Un ejemplo es el que se casa con un inmigrante que llega con una mano atrás y otra adelante. Supongamos el caso de una mujer de posición acomodada que se enamora de un inmigrante, lo recibe en su casa, viven juntos y, eventualmente, se casan, pero surge una diferencia, una discrepancia, y ella le dice: “Si me sos infiel, tenés que irte de esta casa”. ¿Es abuso de la posición dominante porque a un inmigrante que no tiene nada se le dice que por su infidelidad se tiene que ir? ¿En este caso se habrá incurrido en esta unión forzada? Son algunas preguntas, de las tantas que se nos podrían ocurrir, porque no está tipificado con claridad, no está dicho con claridad en qué consiste el abuso ni en qué consiste la vulnerabilidad. Puede ser vulnerabilidad por razones de salud, por ejemplo -supongamos una persona de salud frágil-; vulnerabilidad emocional de las que pueden sufrir tantas veces las personas por distintas razones; la vulnerabilidad económico-social, o todas estas que se mencionan en el artículo 17. Esto no tiene ninguna precisión. Desde ese punto de vista, es un peligro especialmente -reitero- cuando se dice a texto expreso en otro artículo del proyecto que el consentimiento no tiene relevancia. La persona imputada de estar abusando de la situación de vulnerabilidad de otra, no podrá exonerarse de responsabilidad diciendo que la otra consintió alegremente todo lo que pasó. De repente hace años que viven juntos, pero ¿por qué no puede exonerarse? ¡Porque la ley dice que el consentimiento no vale! Entonces, esto es peligroso por ambiguo. Ese es el problema; ese es el reproche. En cuanto a lo que yo llamo el artículo 007 -el 40-, que da licencia para matar, demuéstreseme con argumentos que no permite la comisión de

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cualquier delito. ¡Es lo que dice expresamente!: no será punible la comisión de cualquier delito. Veo fundada la argumentación de la señora diputada Lustemberg en cuestiones sentimentales o emocionales. Es algo así como que no podemos pensar que una persona que ha sufrido una situación de humillación, dolor y malos tratos, propios de la trata, vaya a actuar por móviles espurios, por móviles de venganza. Yo no sé, señor presidente. La experiencia humana es muy distinta, las personas son distintas. No podemos decir, a priori, que todas las víctimas de trata van a actuar noblemente y por sentimientos superiores. Quizá, por lo que han sufrido, por lo que han pasado, sienten deseos de vengarse, que es muy humano y muy comprensible. Ahora, ¿vamos a permitir que por esos móviles mañana se mate a una persona diciendo: “Yo hago esto porque fui víctima de trata durante mucho tiempo y cuando encontré a quien me explotó y abusó de mí le pegué un balazo en la cabeza”? ¿Estamos diciendo que no va a ser responsable? Me parece que es demasiado. Para exculpar, por razones de legítima defensa, por haber actuado bajo el efecto de la provocación, como la define el Código Penal, están las normas generales del Código Penal, que es lo que dijo el catedrático de Derecho Penal, doctor Aller, cuya opinión en esta materia -lo digo con total respeto- valoro más que la opinión gremial de los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Estamos hablando de un grado 5 de Derecho Penal. Este es un tema para expertos. Entonces, acompañando el sentido general de la ley, entre estas normas penales hay algunas realmente peligrosas para la libertad individual, por lo cual, insisto, no habremos de votarlas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Abdala. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: vamos a votar en general el proyecto de ley, y en contra alguna de sus disposiciones particulares. En línea con lo que expresaron muchos compañeros de mi Partido y legisladores que no lo son, entendemos que hay contenidos de este proyecto que no están resueltos satisfactoriamente y que pueden

llegar a poner en riesgo el sistema de garantías que rige en Uruguay y en nuestro sistema constitucional y jurídico en general. Tenemos una coincidencia amplia con la necesidad de legislar, con la oportunidad de hacerlo, con la conveniencia de avanzar para darnos una ley especial en materia de trata de personas y, específicamente, con la sustancia de la solución en cuanto a los principios que se consagran, a las definiciones y a los derechos que se acuerdan en esta iniciativa para las víctimas o presuntas víctimas de esta situación. Creo que las cifras recogidas por la Comisión Especial de Población y Desarrollo a lo largo del trabajo parlamentario son elocuentes en esa dirección. Sin duda, describen una realidad en cuanto al reclutamiento y la captación de seres humanos con fines de explotación que, naturalmente, a los poderes públicos nos llevan a la imperiosa necesidad de actuar. Las cifras han sido mencionadas -no las voy a repetir-, pero es bueno que tengamos en cuenta que crecen en progresión geométrica. A lo largo del tiempo, y particularmente de los últimos años, en función de lo que nos trasmitió, por ejemplo, el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia, que coordina el INAU, o bien el servicio de atención a mujeres en situación de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, los casos se han venido duplicando, triplicando y hasta multiplicando en una progresión que genera una alarma importante. Debemos tener presente que eso es lo que llega a conocimiento del sistema; sin embargo, sin duda, hay una cifra oculta muy importante de situaciones de este tenor que no llegan a formalizarse en términos de denuncias por diversas circunstancias. Estas también existen, pero no engrosan las estadísticas oficiales. No vamos a votar el Capítulo V, “Acceso a la Justicia”, ni el Capítulo VI, “Normas Penales”, que introducen modificaciones e innovaciones en cuanto a la respuesta penal con relación a este tipo de conductas. No soy experto en materia jurídica o penal; soy abogado pero no me considero un experto en derecho penal. No estoy aquí en esa condición, pero sí en la de legislador que siguió el desempeño de la Comisión Especial de Población y Desarrollo con la misma intensidad que lo hicieron los demás miembros. Como se ha dicho, recibimos aseso-

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ramientos muy relevantes, particularmente del Instituto de Derecho Penal, y hemos llegado a determinadas conclusiones que a esta altura nos parecen incontrastables, particularmente, con relación a los capítulos del proyecto de ley que estamos analizando, que no tenemos la más mínima duda de que violan principios generales del derecho penal y, como decíamos hace unos instantes, el sistema de garantías. El inciso segundo del artículo 1º -que no integra los capítulos finales, pero que tiene que ver con la misma naturaleza jurídica que implica una solución de carácter penal- es una inversión del principio de inocencia que nos parece peligroso. Esto de establecer -como aquí se hace- el principio de la interpretación más favorable a la víctima puede parecer plausible o indicado en cuanto a la finalidad que la ley persigue, pero desde el punto de vista de las normas penales y del derecho penal liberal puede implicar un proceso particularmente complejo en la medida en que se invierte la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, los principios del derecho penal según los cuales debe aplicarse siempre la norma o la interpretación más favorable al indagado o al imputado. Voy a mencionar tres o cuatro ejemplos que clarifican lo que estoy diciendo. El artículo 35 anula el valor del consentimiento de la víctima, y el valor que ese consentimiento puede tener en determinadas circunstancias. Eso también se aparta de las reglas del derecho penal. El propio Protocolo de Palermo, una norma internacional de referencia en relación a la trata de personas, establece con mucha claridad que el consentimiento puede tener valor siempre, naturalmente, mientras que sea libre y voluntario y que el juez pueda aquilatar esa circunstancia, o sea, siempre que ese consentimiento se haya dado sin engaño y sin la más mínima forma de coacción sobre la víctima o sobre la presunta víctima. Víctima es, en tal caso, cuando el delito se configura, se prueba y, por lo tanto, la Justicia o el juez interviniente se lo imputa a determinado indagado. Creo que allí hay un aspecto particularmente peligroso que se vuelve más peligroso a poco que avanzamos en el análisis del proyecto de ley y nos encontramos con el artículo siguiente. El artículo 36 directamente prohíbe cualquier forma de prueba con relación a determinadas circunstancias que provengan de la trata de personas, en lo que sin duda puede

representar, por un lado, la anulación del derecho de defensa, que cualquier indagado debe tener, independientemente de que estemos frente a delitos aberrantes o atroces desde todo punto de vista, pero aun el peor de los delincuentes y la peor conducta criminal, como todos sabemos, tiene derecho a la legítima defensa y a un debido proceso que garantice la posibilidad de que la persona pueda defenderse en juicio. En este caso, si interpretamos como se debe el artículo 36, a la luz del artículo 35, llegaremos a la conclusión de que quien se supone que es, o debiera ser presuntamente inocente desde el inicio, mientras no se pruebe lo contrario ya se convirtió en un presunto culpable. No obstante, en función de lo que dispone el artículo 36, a ese presunto culpable no le permitimos que eventualmente pueda probar su inocencia o su no culpabilidad, en la medida en que establecemos, como se hace aquí -alcanza con leerlo-, que no podrá ofrecer o solicitar el diligenciamiento de prueba en esa perspectiva o en la dirección que estoy comentando. El artículo 40, que es el de la no punibilidad, creo que es muy peligroso, porque la circunstancia de que la presunta víctima del delito de trata de personas no sea imputable o punible por la comisión de ningún delito, sin límite de especie alguna -puesto que hace referencia a cualquier delito que provenga supuestamente de esa misma situación de trata de la que fue víctima-, nos expone a la alternativa de que la cadencia en cuanto a la impunidad y la no punibilidad no termine jamás. Por ejemplo, la comisión de un homicidio contra quien ejerció la explotación sería, evidentemente, un delito consecuencia de la trata de personas; por tanto, de acuerdo con el artículo 40 no sería punible. Sin embargo, mañana podría darse que alguien que alguna vez fue víctima de trata de personas mata -desde ese punto de vista fue inimputable o no se le pudo atribuir la comisión de delito o, si se le atribuyó el delito, no generó una consecuencia penal-, y al día siguiente, eventualmente, podrá cometer un homicidio contra su hermano, su tío o el vecino. Estoy razonando por el absurdo, pero lo hago a los efectos de que se entienda que no hay elementos objetivos que establezcan una configuración precisa desde el punto de vista de la tipicidad que el derecho penal exige, porque podemos llegar a situaciones que tal vez no sean absurdas a ese

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extremo, pero sí alcancen un límite no muy alejado de lo que sostengo. En cuanto a las normas típicamente penales que componen el último capítulo del proyecto de ley, que establecen nuevas figuras delictivas y aumentan ciertas penas ya existentes, quiero hacer algunos comentarios. Advierto una contradicción, que no es la primera vez que acontece, en cuanto a que desde la bancada de gobierno siempre se ha postulado que el aumento de penas en sí mismo -creo que es un axioma o un principio legítimo en cuanto a su planteamiento- no disuade ni convence al criminal, o a quien está en vías de cometer un delito, de dejar de cometerlo. Lo cierto es que si bien se ha actuado con ese criterio con relación a proyectos de modificación de las normas penales -este Parlamento ha sido testigo a lo largo de estos años-, con relación al artículo 280 y siguientes, parecería que sí corresponde -sin atender los principios vinculados con la dosimetría penal y del delito, desprendido de todo lo demás, incrementar las penas con relación al delito que se tipifica. Por lo demás, como nos informó y advirtió el Instituto de Derecho Penal con absoluta claridad, las figuras que se crean o que, eventualmente, a través de un proceso de innovación, se introducen en el artículo 280 y siguientes, ya están comprendidas en el Código Penal vigente. El artículo 280, que refiere a las situaciones de adquisición y comercio de esclavos y reducción de personas a la esclavitud, establece muy claramente en el comienzo de la primera oración: “El que redujera a esclavitud o a otra condición análoga a una persona […]”. Allí entra todo; están todas las conductas que, a través de definiciones novedosas, se pretende introducir en una oportunidad y en una instancia que no es la correcta, porque esto debe merecer, como tantas veces reclamamos, un análisis integral de la legislación penal y del Código Penal en su conjunto, a los efectos de revisarlo como el país debe hacerlo, en forma sistemática y con criterios rigurosos desde el punto de vista técnico, que creo sobrepasan las posibilidades de los legisladores. Los expertos en materia penal, y particularmente del Instituto de Derecho Penal, debieran asesorar al Parlamento a la hora de abordar la revisión integral de la legislación vigente en esta materia. Hay otras disposiciones que integran este capítulo que merecerían comentarios similares, pero

voy a ahorrar a la Cámara el tedio de soportar que nos prolonguemos al respecto, y muy rápidamente quiero hacer algunos comentarios finales con relación a dos o tres aspectos más que contiene el proyecto de ley. Antes de abandonar este aspecto de mi intervención, quiero decir que el asesoramiento del Instituto de Derecho Penal fue de una rotundidad elocuente. Recibimos al doctor Aller, quien asistió a la Comisión Especial de Población y Desarrollo en nombre del Instituto de Derecho Penal, y después nos hizo llegar por escrito dos informes complementarios, que no solo ratificaron la posición que nos dio en forma verbal y presencial, sino que la complementaron y profundizaron. Hay un informe del doctor Álvaro de Vega y otro del doctor Fernández Lecchini, que son de una rotundidad muy particular y enfática en cuanto a la inconveniencia de recorrer el camino que estaríamos por empezar a transitar. Al informe o la comparecencia de los doctores Gómez Ferreira y Dolores Sánchez, los jueces penales que integran a Asociación de Magistrados del Uruguay no le resto valor, pero con enorme respeto y la mayor consideración, debo decir que me resultó de suma liviandad. Quiero ser muy preciso en cuanto al alcance del calificativo que estoy utilizando, ya que no se trata de que no los crea capaces, pero el hecho es que no profundizaron en el análisis de estas cuestiones. Por ejemplo, entre otras cosas, con relación al artículo 36, que comenté y cuya crítica realicé, nos dijeron que el fundamento era simplemente dar la mayor protección posible a las víctimas. Todos estamos de acuerdo con eso, pero no pasa por estos caminos, sino por caminos diferentes. La protección de la víctima no puede tener por costo eliminar y barrer las garantías personales y procesales que todos los ciudadanos debemos tener, repito. Me refiero a aquellos que eventualmente estén sospechados o siendo indagados por la comisión de los peores delitos que en esta materia pueda llegar a concebirse. Con relación a los aspectos generales vinculados con los derechos, quiero dejar constancia de mi posición. Me refiero al comentado literal E) del artículo 5º en cuanto a reconocer el derecho a las mujeres extranjeras que se vean en una situación de trata de personas a obtener los beneficios -si así se les puede llamar- de la Ley N° 18.987, es decir la que consagró la legalización de la interrupción voluntaria del

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embarazo, sin que hubieren cumplido el plazo del año de residencia que se exige para los demás casos por la mencionada norma. En su momento fui un opositor enfático a la aprobación de esa ley, ¡que vaya si suscitó polémica y si ha generado un corte transversal en la sociedad y en los partidos políticos! Esto tiene muchas connotaciones y hay muchas definiciones que, incluso, van más allá de lo ideológico político o de las posiciones partidarias. Aun así, entiendo que esta disposición está vigente y seguirá vigente, mientras no sea derogada o modificada. Además, en su momento hubo una iniciativa popular en el sentido de someterla a referéndum -yo tuve que ver con esoy cumplió la primera etapa que la ley establece en cuanto a la presentación del número de firmas necesario para después generar una instancia de convocatoria popular, a los efectos de determinar si el 25 % del padrón electoral estaba dispuesto a avanzar en ese camino y eventualmente proponer un referéndum para la virtual derogación de la ley. Creo que es una realidad objetiva que debemos asumir y no desconocer. En la medida en que se cumpla la condición de que las víctimas de trata de personas acrediten que el embarazo ocurrió durante la situación de trata, corresponde que se aplique lo establecido en la Ley N° 18.987. Creo que es una excepción a la norma general que, a mi juicio corresponde, por las razones que acabo de mencionar y que, en algún sentido, relaciono con el artículo respectivo del Código Penal, que sigue vigente y establece la penalización del aborto, porque el aborto no ha sido despenalizado en el Uruguay. La Ley N° 18.987, en todo caso, establece su legalidad o su despenalización en el marco de sus propios plazos y procedimientos previstos. En lo demás, el aborto sigue siendo un delito y las causas de justificación o de exención de la responsabilidad, entre ellas, por ejemplo, que el embarazo haya sido fruto de una violación -con respecto a lo cual podría establecerse una equiparación o una similitud con lo que en este caso se pretende contemplar-, siguen claramente vigentes, repito, como vigente está la ley del año 2012, que rige en toda su extensión. Finalmente, en cuanto a los aspectos institucionales, hay una suerte de duplicidad en lo que establece la norma proyectada como definición. Por un lado, se crea un Consejo Nacional, con determinadas atribuciones, garantías, facultades y cometidos que, además, va a administrar un presupuesto

-porque hay una asignación presupuestal que también se acuerda en el proyecto de ley para la institución que habrá de crearse- y, concomitantemente, un sistema interinstitucional que parece repetir un poco lo anterior. Es muy difícil encontrar la diferencia o los límites, entre otras cosas porque los actores son los mismos. Básicamente, el Consejo Nacional es bastante más amplio, pero quienes están a cargo del Sistema Interinstitucional son los ministerios con algún tipo de vinculación con esta materia -o pueden llegar a tenerla- que aparecen integrando dicho Consejo, donde curiosamente no está el Parlamento, aunque aparecen todas las instituciones públicas y de la sociedad civil, habidas y por haber. Tampoco aparece la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por una razón que planteé en la Comisión, pero que no se supo responder. Entiendo que debería ser así; parece de lógica pura. Por tanto, no dejamos de votar el artículo por esta razón, pero creemos importante señalarlo. Estas son las consideraciones que este proyecto de ley nos merecen. SEÑOR AROCENA (José Andrés).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR ABDALA (Pablo).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Le restan nueve minutos. Puede interrumpir el señor diputado Arocena. SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: vamos a votar este proyecto de ley para un problema real, para una realidad real. Han hablado prestigiosos diputados, en particular abogados que han hecho reflexiones jurídicas, pero esto no viene al caso, porque esta es una clásica ley voluntarista, o sea, no vamos a solucionar el problema que enfrentamos. Simplemente, una vez más, vamos a hacer la ley para generar el mundo de papel en que vivimos, en esta realidad virtual uruguaya. Dudo que los problemas que el Uruguay tiene hoy sobre este punto se vayan a solucionar. Hablamos de un Consejo Nacional. ¿Más comisiones de trabajo? Las comisiones de trabajo hasta ahora no han solucionado nada en ningún aspecto de la vida social del Uruguay, porque no son eficientes, no se trabaja. Esa es la realidad. No me refiero solo a la que se va a crear, sino a todas; de lo contrario, no tendríamos problemas en el Uruguay. Estamos llenos

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de comisiones, llenos de consejos interministeriales, ¡llenos!, porque vivimos en un mundo de papel. ¿Es así como se arreglan las cosas? Entonces, no tendríamos problemas con la inseguridad. Todos los días hay un muerto. Todos los días tenemos problemas con la salud. Todos los días tenemos problemas de vulnerabilidad; hemos escuchado tantas veces esta palabra. ¿De vulnerabilidad estamos hablando? ¿Es real lo que se dice? ¿Hablamos de eso? Hace poco en la Comisión Especial de Equidad y Género estuvo la directora de Inmujeres. Nosotros le dijimos que podíamos dar los nombres, perfectamente, porque estamos autorizados para ello, pero no es el tema. Ante una denuncia de quien habla, el Mides demoró veintiún días en ir a ver la realidad, ¿y hablamos de vulnerabilidad? ¡Es ridículo! No hablemos de cosas que no se saben, ¡por favor! ¡Veintiún días! ¡En otro caso, demoraron dos meses para ir a ver! ¡Dos meses! Podría aburrirlos con ejemplos, y ustedes lo saben también. ¿Más vulnerabilidad que la falta de seguridad que hay actualmente? Todos los días hay muertos y heridos, y tiroteos en los ómnibus; ahora estamos viviendo en un pueblo de cowboys. ¿Y estamos hablando de que lo vamos a arreglar con una ley, que aparte no es jurídicamente correcta? ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¡No puede ser que esto sea verdad! Sí se necesita una ley, sí se necesita cortar este tipo de cosas, pero no hagamos el show. ¡Eso no! Acá todos somos técnicos de fútbol, somos tres millones y medio de técnicos de fútbol. Eso lo sabemos y lo aceptamos. Ahora, no seamos también tres millones y medio de uruguayos que opinamos para ahorrarnos problemas. Lean la versión taquigráfica de la sesión de hoy de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente o vayan al barrio Marconi. Después dicen: “Todos sabemos que eso existe”. Vayan al barrio Marconi o a los cantegriles. ¿Ustedes los conocen? Porque si yo les digo lo que pasa ahí, me van a responder: “Nosotros lo sabemos”, pero lo menos que hay que hacer es matar los nidales de ratas. ¿De vulnerabilidad hablamos? ¡Es una risa hablar de vulnerabilidad! ¡No se puede hablar de eso! Es un lugar que está a veinte o treinta cuadras de acá: hay más distancia de aquí a esos barrios que de aquí a Nueva York. Nueva York está más cerca de quienes ocupamos estas bancas que nosotros del Marconi. ¿Vulnerabilidad? Pero ¡por favor! ¡No es así! Por supuesto, no estoy equivocado. No es porque sea perfecto; si no, sería la primera vez que algo funciona en toda esta etapa. Por lo tanto, no creo

estar equivocado. Vamos a votar, pero estamos convencidos de que no es la solución. Gracias, presidente. señor diputado. Gracias, señor

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Pablo Abdala. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente… SEÑOR RADÍO interrupción? (Daniel).¿Me permite una

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado Daniel Radío. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: me motivó hacer uso de la palabra haber escuchado la intervención de la señora diputada Lustemberg. No podía responder por la vía de una aclaración porque no había intervenido; tampoco podía contestar una alusión porque no fui aludido. Por eso he solicitado esta interrupción. Quiero hacer una corrección. También respeto a quienes tienen distintas perspectivas filosóficas, políticas, religiosas o arreligiosas con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, pero en ninguna norma de este país se estableció el derecho a la interrupción del embarazo. Lo único que hizo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue establecer que en determinadas circunstancias, y cumpliendo ciertos requisitos, no se penaliza, pero no se transformó en un derecho. Tanto no es así que el artículo 1º establece el derecho a la procreación y a la maternidad, pero no dice nada del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que otros piensen que es un derecho. Si yo lo creyera, lo promovería. Diría: “Háganse abortos”, pero no entiendo que sea un derecho. Si pensara que se trata del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, también lo podría entender, pero la ley no se refiere ni un ápice a eso. En todo caso, si del cuerpo se trata, se podría decidir andar en moto sin casco o en automóvil sin cinturón de seguridad. Asumo que hay gente que tiene perspectivas distintas que yo en ese aspecto. Y asumo que tuvimos una discusión respecto a un proyecto de ley que se aprobó, pero en ningún caso esa ley establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo único que expresamente dice el texto que aprobamos es que en determinadas

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circunstancias, y cumpliendo determinados requisitos, no se penalizará, y nada más. Además, reitero, establece el derecho a la maternidad y a la procreación. Eso lo dice expresamente el texto que nosotros aprobamos en la Cámara. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Pablo Abdala. SEÑOR ABDALA (Pablo).- He culminado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Jorge Meroni. SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: no nos referiremos al articulado, porque eso lo hizo muy bien el señor diputado Nicolás Viera, miembro informante de la Comisión. La existencia de la trata humana y el crimen organizado de tráfico y explotación de personas es un hecho silencioso, pues ni los medios de comunicación ni los distintos actores económicos de esta sociedad se hacen eco del problema. Así, se blinda el mercado y la rentabilidad que esta forma de explotación genera. Este delito no solo se centra en la explotación sexual que involucra una alta cifra de mujeres y niñas que se ofrecen en el mercado de la pornografía y del turismo sexual, y para el matrimonio servil, sino que también se debe reconocer el alto índice de explotados destinados a actividades económicas tales como la agricultura, el empleo doméstico, la manufactura y la construcción, y los denominados “niños soldados”. Encontramos trata de personas destinada a mantener y desarrollar actividades económicas que sostienen y enriquecen a empresas en desmedro de la dignidad humana. En situaciones de trata, las personas vulnerables son coaccionadas o sometidas a condiciones de esclavitud en las que se les arrebata la posibilidad de ser con efímeras promesas de nuevos horizontes, de sueños y de mejores condiciones de vida, en el mejor de los casos. Este proyecto de ley actualiza eficaz y efectivamente la normativa, propone más protección para la víctima y establece sanciones para los delincuentes que lucran y se enriquecen, socavando la dignidad de millones de personas en el mundo. Además, se genera una asistencia social y jurídica, una atención

integral. Las víctimas se ven protegidas y asistidas; tienen la posibilidad de reconstruir sus vidas. Existe un período de reflexión para que la víctima, en la medida de lo posible, tome la decisión de colaborar con la investigación policial y judicial. A nivel nacional, surge la necesidad de cooperación con organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, para generar oportunidades en el quehacer económico, social y cultural. Las oportunidades no deben estar supeditadas a condiciones sociales, de género, de raza ni al lugar de nacimiento. Esto ayuda a generar nuevas posibilidades de no ser sujeto de trata. Estas medidas y este compromiso no eliminan a los traficantes y criminales, pero estos son responsabilizados, denunciados y castigados. Por otro lado, con el fin de mitigar la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen vulnerables a millones de personas en este mundo, la cooperación internacional ha ampliado las normas y los estándares de las políticas públicas, reconociendo la responsabilidad del Estado y la necesidad de colaboración entre naciones. Se pone énfasis en los derechos de las víctimas y en la atención que se les presta. La tipificación del delito o su adecuación precisa mejora la investigación de los distintos casos. El compromiso de este Gobierno, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los centros educativos apunta a una gran y fuerte construcción social para derrotar este flagelo y proteger, en el goce pleno de sus derechos, a muchísimas personas. Por lo expuesto, votaremos afirmativamente este proyecto de ley. (Ocupa la Presidencia el señor representante Sebastián Sabini) SEÑORA PONTE interrupción? (Elena).¿Me permite una

SEÑOR MERONI (Jorge).- Sí, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Puede interrumpir la señora diputada Elena Ponte. SEÑORA PONTE (Elena).- Señor presidente: en esta extensa sesión, las intervenciones del diputado Nicolás Viera y de los demás señores legisladores

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integrantes de la Comisión han dado cuenta de la profundidad y el compromiso con el cual se trabajó este tema de tanta relevancia. Eso, obviamente, me exime de abundar en los aspectos que ellos tan brillantemente desarrollaron. De todos modos, declaro que la trata y explotación de personas es un fenómeno de preocupantes dimensiones, que constituye una de las formas más aberrantes de reducir a las personas a una simple mercancía, y representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos, en especial -como se ha demostrado-, de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Quiero detenerme en dos puntos. El primero es destacar el avance que implica esta iniciativa al establecer un proceso de institucionalización del tema. Como se dijo en sala, las leyes no solucionan los problemas, pero se permitirá organizar los recursos del Estado y poner la atención de la sociedad en este importante problema, que requiere que todos -desde el lugar en el que estemos- contribuyamos a cambiar ese imaginario cultural que -como se describió muy claramente- hace que no haya libertad de vida para algunas personas y exista un sistema de explotación que afecta a gran parte de la población. Este camino continúa y profundiza las acciones que nuestro Gobierno, este Parlamento y la sociedad civil organizada han venido desarrollando en estos últimos años, en lo que se ha dado en llamar la “ampliación de la agenda de derechos”, por la cual se han consagrado varias leyes, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de este país. El proyecto también actualiza y amplía la normativa existente hasta el momento y crea instrumentos y herramientas importantes para avanzar en ese camino. La creación del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas retoma el trabajo consistente, profundo y comprometido de la Mesa Interinstitucional que, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Instituto Nacional de las Mujeres, actuó durante años en nuestro país. Al sumarse la creación del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, se logrará una mayor articulación e integralidad en las respuestas de los organismos que ya venían trabajando.

Creemos que este proceso de institucionalización permitirá cumplir con el objetivo de prevención, investigación, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas, tal como establece el artículo 1º del proyecto de ley. El segundo aspecto que quiero mencionar es que confiamos en que esta iniciativa también abra caminos para seguir la pista del dinero, porque las actividades delictivas vinculadas con la trata se llevan a cabo con el propósito de obtener beneficios a costa de trabajos y servicios que se imponen a las víctimas. La trata de personas es una de las tres fuentes principales de los flujos financieros ilícitos que trascienden fronteras. (Murmullos.- Campana de orden) ——Según estudios de la OIT, en 2005 las ganancias ilícitas de estas actividades se estimaron en US$ 32.000.000.000 al año. Quiero citar un documento de la Cepal sobre Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, que dice lo siguiente: “El control de los flujos financieros ilícitos podría ser una alternativa para aumentar sustancialmente los niveles de recaudación de los Estados y asignar recursos suficientes a las políticas de igualdad, derechos y autonomía de las mujeres” que, como decía la diputada Graciela Bianchi Poli, se requieren para las políticas que generamos. Encarar con determinación y firme voluntad política la lucha contra la trata y la explotación de personas nos hace avanzar en la salvaguarda de la dignidad humana y en el bienestar de la ciudadanía. También podría abrirnos un camino para el control del flujo de dinero ilícito producto de este delito, ya que por la vía de la evasión tributaria todos quienes están comprometidos en la trama delictiva contribuyen a la desfinanciación de las políticas públicas. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Puede continuar el señor diputado Meroni, a quien le restan cuatro minutos de su tiempo. SEÑOR MERONI (Jorge).- He finalizado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

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(Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta y dos: AFIRMATIVA. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no voté en general ni pienso hacerlo en particular. Si votara algún artículo, estaría acompañando el espíritu y el concepto jurídico o la valoración jurídica sobre algo que considero absolutamente rechazable. Eso no significa que no esté dispuesta a luchar contra el tráfico y la explotación. ¿Quién va a discutir eso? ¡Volvemos siempre a lo mismo! Nadie discute que tenemos que combatir este tipo de delitos. El tema es cómo. Estamos creando instrumentos que no son hábiles y encima nos ponen en riesgo frente al sistema penal, que es muy delicado. Repetimos lo mismo cuando se trató la ley de femicidio o la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género: si el remedio es peor que la enfermedad, ponemos en riesgo a otras personas. Sinceramente, no me molesta en absoluto ser de las pocas personas que no lo va a votar. A mí no me gusta lo políticamente correcto. Me gusta crear instrumentos jurídicos para que se pueda perseguir este delito internacional tan grave. Además, trabajamos en el comité operativo cuando se puso como delito precedente. No ofendan la inteligencia de los demás colegas: no es eso lo que está en cuestión. (Ocupa la Presidencia el señor representante Jorge Gandini) ——Lo que está en cuestión es cómo se está enfrentando el problema. Hay vulneración de derechos muy importantes. No se puede permitir que no se presenten pruebas o prohibir pruebas como careos; no se pueden hacer esas cosas. Estamos en un sistema democrático. Pido que se piense que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede estar en una situación de riesgo, si no se tiene una buena ley en materia penal. Legislemos bien y si el Instituto de Derecho Penal y Criminología nos dice que está todo mal, entonces yo, que no soy especialista, digo que está mal y que debemos buscar otra solución.

Muchas gracias. SEÑOR LAMORTE (Aldo).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR LAMORTE (Aldo).- Señor presidente: por los argumentos que di en mi intervención durante la sesión, voté negativamente en general este proyecto. SEÑOR PRESIDENTE discusión particular. (Jorge Gandini).En

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Viera. SEÑOR VIERA (Nicolás).- Señor presidente: propongo que se suprima la lectura del articulado y que se realicen los siguientes desgloses: el inciso segundo del artículo 2º, el literal D) del artículo 3º, el literal E) del artículo 5º, el literal E) del artículo 17 y los artículos 40 y 48. Asimismo, propongo que se voten en bloque los Capítulos II y IV. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- A efectos de ordenar la votación, se desglosarán los artículos 2º, 3º, 5º, 17, 40 y 48, y después votaremos los literales. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: nosotros proponemos que se desglosen los Capítulos V y VI, porque los vamos a votar negativamente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, vamos a votar hasta el artículo 27, desglosando los artículos 2º, 3º, 5º y 17. Luego votaremos los desglosados, incluyendo los solicitados por el diputado Abdala. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: solicito a la Mesa que los Capítulos V y VI se voten en bloque. Así, serían dos bloques: uno con todos los ar-

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tículos menos los desglosados, y otro con los Capítulos V y VI. (Apoyados) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento propuesto. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. Queda aprobado el procedimiento y se suprime la lectura. En discusión los artículos 1° a 27, desglosando los artículos 2°, 3°, 5° y 17. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. (Interrupción del señor representante Nicolás Viera) ——El señor diputado Viera propone que el artículo 2° se vote por incisos. En discusión el primer inciso del artículo 2°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el segundo inciso del artículo 2°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 3°, desglosando el literal D). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el literal D) del artículo 3°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en setenta: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5°, desglosando el literal E). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el literal E) del artículo 5°. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 17, desglosando el literal E). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el literal E) del artículo 17. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el Capítulo V. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¿Me permite, señor presidente? Solicito que se desglosen los artículos 40 y 48. SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión los Capítulos V y VI, que comprenden los artículos 28 a 50, desglosando los artículos 40 y 48. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en setenta: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 40. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en setenta: AFIRMATIVA. SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

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SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: la bancada del Partido Independiente no acompañó el artículo 40. Coincidimos con las objeciones que planteó el señor diputado Ope Pasquet y, realmente, nos parece un desatino haber incluido este artículo en el proyecto de ley. Por otra parte, es el único artículo que la bancada del Partido Independiente no va a votar. VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se rectifique la votación! SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a rectificar la votación del artículo 40. (Se vota) ——Cuarenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: en mi caso no se aplica aquello de que el que calla, otorga. Tenía muchísimo para decir con respecto a todo este Capítulo, en especial, con relación al artículo 40, pero, lamentablemente, hicimos un acuerdo partidario que comprendo y comparto, porque lo importante es que este proyecto de ley tan trabajado salga hoy. Comparto todo el Capítulo, así como la redacción y el espíritu del artículo 40. No innovamos nada en nuestro derecho. Hemos seguido la legislación que en esta materia ya varios países han adelantado. Me hubiera gustado hablar de las características del delito de trata de personas. El Centro de Información Judicial analiza cada uno de los temas referidos al delito de trata de personas en Argentina; los invito a que lean la información que ofrece. Hay muchísima jurisprudencia y doctrina en países que han avanzado en una ley integral. En materia de consentimiento también se ha expresado muchísimo. Simplemente, rescato lo siguiente: “[…] el consentimiento de la víctima […], no tendrá efectos jurídicos, por cuanto […], se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios. Se trata de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser

consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona, de su libertad como bien que le es inherente”. Por otra parte, comparto y respeto totalmente la posición de la doctora Dolores Sánchez y del magistrado que concurrieron en representación de la Asociación de Magistrados del Uruguay, quienes nos explicaron con muchísima claridad qué implica el artículo 40. Entonces, dejo constancia de mi apego a las normas y de que comparto todo el Capítulo, en particular, el artículo 40. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE discusión el artículo 48. (Jorge Gandini).En

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).comunique de inmediato! ¡Que se

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y siete en sesenta y cinco:

(Texto del proyecto sancionado:) “CAPÍTULO I PARTE GENERAL Artículo 1º.- (Objeto).- Esta ley tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Artículo 2º.- (Interpretación e integración).- Para la interpretación e integración de esta ley se tendrán especialmente en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República, en particular el ‘Protocolo Complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños’

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(Ley Nº 17.861, de 28 de diciembre de 2004), el ‘Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía’ (Ley Nº 17.559, de 27 de setiembre de 2002), la ‘Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)’ (Ley Nº 16.765, de 5 de enero de 1996), la ‘Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada en los términos del Protocolo de 1953’ y la ‘Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956’ (Ley Nº 17.304, de 2 de marzo de 2001). En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas de la trata y de la explotación de personas. Artículo 3º.- (Principios rectores).- Son principios rectores de esta ley: A) Debida diligencia del Estado. El Estado tiene la obligación de actuar con la diligencia debida para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. B) Prioridad de los derechos humanos de las víctimas. Los derechos humanos de las víctimas deben ser el centro de atención en todas las intervenciones y su protección debe priorizarse frente a otras acciones como la investigación y persecución de los tratantes y explotadores. C) Igualdad y no discriminación. En todas las actuaciones debe garantizarse el respeto de los derechos humanos de las víctimas, sin discriminación alguna por motivos étnico-raciales, situación de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad, apátrida, posición económica o cualquier otra condición social o migratoria. D) Perspectiva de género. La ley y la reglamentación tendrán especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base al género, promoviéndose la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con orientación sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y respetará la expresión y la identidad de género de las personas

víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la misma no condiga con los datos emergentes de los documentos identificatorios. E) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En las situaciones en que se vean afectados niñas, niños o adolescentes, sea en calidad de víctimas directas o como familiares de estas, debe priorizarse la protección de sus derechos. F) Voluntad y participación de las víctimas. Todas las acciones que se realicen respecto de las víctimas, deben contar con la voluntad y consentimiento informado de las mismas. No pueden ser obligadas a denunciar a las redes de trata o a quienes les explotan, ni a recibir atención y apoyo o a someterse a tratamientos o exámenes médicos por patologías físicas o psíquicas de tipo alguno. Tratándose de víctimas niñas, niños o adolescentes, se tendrá especialmente en cuenta su opinión, el grado de autonomía y madurez alcanzado, debiéndose adoptar las decisiones que mejor garanticen sus derechos. G) Confidencialidad. Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional sobre las víctimas o testigos y sus familiares relacionada con situaciones de trata o explotación de personas y los delitos conexos son de carácter confidencial, por lo que su utilización debe ser reservada exclusivamente para los fines de la protección, la investigación, la penalización y la reparación. Esta obligación se extiende a todas las instancias judiciales y administrativas, tanto públicas como privadas, así como a todos los medios de comunicación colectiva y redes sociales. H) Integralidad de la atención. Las instituciones del Estado deben adoptar las medidas para asegurar la atención integral de las víctimas de la trata y de la explotación de personas, hayan interpuesto o no la denuncia penal. I) Respeto al proyecto de vida. Las medidas de protección, atención y reparación de las víctimas deben propender a erradicar las causas de la victimización, el fortalecimiento de la autonomía personal y el desarrollo de su proyecto de vida.

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J) Evitar la revictimización. Debe evitarse toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima, incluyendo la exposición ante los medios de comunicación o las redes sociales y la obstaculización del acceso a los servicios de atención o a la justicia. K) Gratuidad de las prestaciones de atención psico-social, médica y defensa jurídica. Las prestaciones de atención psico-social, médica y el patrocinio y defensa en el proceso judicial deben ser brindadas en forma gratuita, exonerándose de toda forma de tributación a los trámites que se requieran a esos efectos. L) Celeridad. Las actuaciones para la protección, investigación, penalización y reparación deben realizarse de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones innecesarias. M) Presunción de minoría de edad. En el caso en que existan dudas acerca de la edad de la víctima y haya razones fundadas para considerar posible que la víctima sea una niña, niño o adolescente, se le considerará como tal y se adoptarán medidas de protección específicas a la espera de la determinación de su edad. Artículo 4º.- (Definiciones).- A los efectos de la aplicación de esta ley se entenderá por: A) Trata de personas. La captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación. Sin perjuicio de otras formas de explotación, se consideran tales la explotación sexual, el matrimonio forzado o servil, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos u obligatorios, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad forzada, la extracción o transferencia ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos y la venta de personas, especialmente de niños, niñas o adolescentes. B) Delitos conexos a la trata de personas. Aquellas conductas delictivas que se cometen como medio o fin de la trata. Se consideran como tales el tráfico de migrantes, las distintas formas de explotación de personas, la violencia y la coerción contra las personas,

la falsificación de documentos, los delitos contra la administración pública, la privación de libertad, la utilización de personas para el tráfico de mercaderías ilícitas, entre otros. C) Tráfico de migrantes. Se entiende por tráfico de migrantes la facilitación de la entrada o permanencia ilegal de una persona a un país del cual no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro tipo. La condición de persona víctima de tráfico de migrantes constituye un factor de vulnerabilidad a la trata de personas. D) Víctima. La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daño físico, psíquico, emocional, patrimonial, económico o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de la trata o la explotación de personas, sea nacional o extranjera e independientemente de que se identifique, aprehenda, investigue o condene al autor del delito. En la expresión ‘víctima’ se incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. E) Explotación. La obtención de un beneficio, económico o de otro tipo, para el explotador o para terceros, mediante la participación o el sometimiento de una o más personas a cualquier tipo de acto o estado que lesione o anule sus derechos humanos. F) Beneficio económico o de otro tipo. Las distintas formas de retribución -directa o indirecta- por los actos ilícitos, tales como el cobro de sumas en dinero, prestaciones en especie, el acceso a oportunidades sociales, laborales, políticas o de cualquier otro tipo. G) Explotación sexual. Inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía u otras actividades de naturaleza sexual. H) Matrimonio, concubinato o unión análoga forzada o servil. Unión matrimonial, concubi-

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naria o análoga que se establece o se mantiene por la fuerza, por engaño o con abuso de una situación de vulnerabilidad de uno de los integrantes de la relación, a cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para el explotador o la explotadora o para una tercera persona. También constituyen matrimonios, concubinatos o uniones análogas forzadas o serviles las que se establecen o mantienen entre una persona adulta y una persona adolescente, niña o niño como condición para que esta acceda a vivienda, alimentos, vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia. I) Embarazo forzado. Provocar el embarazo de una mujer, cualquiera sea su edad, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo con el producto del embarazo, así como de cualquiera de sus órganos, tejidos, fluidos u otros componentes. J) Esclavitud. Situación y condición social en la que se encuentra una persona que carece de libertad y se desconocen sus derechos por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra, ejerciéndose sobre ella alguno de los atributos del derecho de propiedad. K) Prácticas análogas a la esclavitud. Constituyen prácticas análogas a la esclavitud, entre otras, la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, el matrimonio, concubinato o unión servil y la entrega de niños, niñas o adolescentes, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote su persona o su trabajo. L) Servidumbre. Estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que la persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la persona víctima a realizar actos, trabajos o prestar servicios. M) Servidumbre por deudas. El estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

N) Servidumbre de la gleba. La condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición. O) Trabajo forzoso u obligatorio. Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de un castigo o un daño en perjuicio de sí misma o de un tercero. Entre otras formas de trabajo forzoso se incluyen aquellas situaciones en las que la persona es obligada a permanecer a disposición del empleador con engaños, falsas promesas, la confiscación de los documentos de identidad o migración, el uso de la fuerza, la amenaza de violencia contra ella o sus familiares o la amenaza de denuncia a la policía o a las autoridades migratorias. P) Explotación laboral. Sometimiento de una persona a trabajos, prácticas o condiciones laborales que afectan notoriamente su dignidad, suprimiendo o violando los derechos reconocidos por los convenios internacionales o regionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o convenios colectivos. Q) Trabajo infantil. Explotación de niñas, niños y adolescentes. Sin perjuicio de las distintas formas de explotación de las personas, se consideran formas de explotación de niñas, niños o adolescentes, las siguientes: 1) todas las formas de esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la venta, la trata y el tráfico, las distintas formas de servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos en conflictos armados; 2) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños o adolescentes para la explotación sexual en todas sus formas; 3) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños o adolescentes para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; 4) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es

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probable que dañe su salud, seguridad o moralidad. R) Mendicidad forzada. La condición de la persona obligada a pedir dinero u otros bienes materiales en lugares públicos, en favor de un grupo delictivo organizado. S) Venta de niñas, niños o adolescentes. Todo acto o transacción en virtud del cual una niña, niño o adolescente es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución con fines de explotación, remoción o transferencia de órganos, tejidos o fluidos, o para la adopción en violación a las normas vigentes en la materia. T) Remoción, implante y transferencia de órganos, tejidos o fluidos. Extracción, implante, transporte, cesión o recepción ilícita de órganos, fluidos o tejidos humanos con el fin de obtener un beneficio económico o de otro tipo. Artículo 5º.- (Derechos de las víctimas de trata y explotación de personas).- Todas las personas víctimas de trata de personas, aun cuando no hayan realizado la denuncia judicial o administrativa de los hechos, tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos a todas las personas en los tratados y convenios internacionales ratificados por el país y en la Constitución y las leyes nacionales: A) Al respeto de su dignidad, intimidad y autonomía y a no ser sometida a forma alguna de discriminación. B) Al acceso a la información sobre sus derechos y su situación legal y migratoria, brindada en forma clara y comprensible, en el idioma, medio o lenguaje que comprendan y de acuerdo con su edad, grado de madurez o situación de discapacidad. C) A contar con traductor e intérprete de acuerdo con su nacionalidad, costumbres y situación de discapacidad. D) A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus familiares o los de cualquiera otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado. E) A la atención integral en salud, incluyendo terapias y tratamientos especializados, en caso necesario, incluidas la salud sexual y reproductiva, la atención de adicciones y la

salud mental. Las víctimas de trata de personas tienen derecho a acceder a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo (Ley Nº 18.987, de 22 de octubre de 2012), aun cuando no alcancen el año de residencia en el país, siempre que el mismo haya ocurrido durante la situación de trata. F) Al asesoramiento y atención psico-social y jurídica a cargo de servicios especializados de atención, conformados por equipos interdisciplinarios para brindar una atención integral a las víctimas de trata y explotación de personas, con la finalidad de proteger y restituir el ejercicio de los derechos humanos vulnerados, teniendo especialmente en cuenta las situaciones traumáticas vividas y las posibles secuelas. G) Al alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como a la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido e higiene. En ningún caso se alojará a las personas víctimas de los delitos de trata o de explotación de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o administrativos destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas, en centros de detención para inmigrantes o refugios para personas sin hogar. H) A la libre circulación y movilidad ambulatoria, así como a los derechos migratorios especialmente reconocidos en el Capítulo IV de esta ley. I) Al asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito y especializado para la presentación de la denuncia, la participación en el proceso penal, en los procesos de familia que fueren necesarios para la protección de sus derechos o los de sus familiares, los trámites de regularización de su situación migratoria y los procesos de reparación. J) A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición a través de un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, en el que se garanticen los derechos previstos en el Capítulo V de esta ley. K) Al acceso a programas de inserción laboral, de educación y de capacitación, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades e intereses.

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Cuando corresponda también se proporcionará asistencia a los familiares y personas dependientes de las víctimas. Artículo 6º.- (Derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de la trata de personas).Las intervenciones para la prevención y el combate a la trata de personas deben garantizar que niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos plenos de derechos, debiendo considerar sus necesidades específicas de acuerdo a la etapa de crecimiento que transcurran y escucharles a través de profesionales especializados. Previo a adoptar medidas que les afecten, tales como la separación o el reintegro a la vida familiar, deben evaluarse los riesgos y beneficios que conllevan, priorizándose sus derechos e interés superior. CAPÍTULO II CONSEJO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Artículo 7º.- (Creación e integración del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas).- Créase el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, el que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y estará integrado por: A) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien lo presidirá a través del Instituto Nacional de las Mujeres. B) Un representante del Ministerio del Interior. C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. D) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. E) Un representante del Ministerio de Defensa Nacional. F) Un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. G) Un representante del Ministerio de Salud Pública. H) Un representante del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. I) Un representante de la Fiscalía General de la Nación. J) Un representante del Poder Judicial.

K) Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de reconocida actuación en la materia, que serán propuestos al Poder Ejecutivo que los designará, a propuesta de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG). Quienes representen a los organismos del Estado deberán ser de las más altas jerarquías. El Consejo procurará el asesoramiento permanente de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, podrá invitar a participar en sus sesiones a aquellas instituciones o personas que considere oportuno. Los integrantes del Consejo funciones en forma honoraria. cumplirán sus

Artículo 8º.- (Cometidos).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, en calidad de ente rector en la materia, tiene los siguientes cometidos: A) Diseñar y aprobar la política pública y el plan nacional en materia de trata y explotación de personas, el que debe incluir las medidas necesarias para lograr el buen cumplimiento de esta ley, la eficaz persecución de tratantes y explotadores, así como la debida protección, atención y reparación de las víctimas. B) Monitorear el buen cumplimiento de la política pública y el plan correspondiente, evaluar su ejecución y rendir cuenta de su cumplimiento, a través de estudios e informes periódicos. Al menos una vez al año debe informar en forma pública los resultados del cumplimiento de sus cometidos. C) Articular y coordinar las acciones de los diversos organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de esta ley, de la política pública en la materia y del plan que se encuentre vigente. D) Proponer acciones de difusión y concientización de la población en general sobre la trata y explotación de personas, con enfoque de derechos humanos, género y especial consideración a la situación de las niñas, niños y adolescentes, la diversidad étnicocultural y el idioma o lengua de las potenciales víctimas, dando cumplimiento a las normas de accesibilidad para personas en situación de discapacidad.

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E) Desarrollar acciones de prevención y desestímulo de la trata y de la explotación de personas en sectores claves, tales como los grandes emprendimientos productivos, las empresas de transporte, las vinculadas al turismo, al modelaje y al comercio sexual, así como en zonas o localidades en las que se detecte mayor incidencia de la problemática o de factores de vulnerabilidad a la misma. F) Emitir opiniones y pronunciamientos sobre la temática, así como sobre acciones públicas o privadas, o situaciones en particular, para la prevención y combate de la trata y explotación de personas. G) Recomendar los cambios normativos necesarios para el buen cumplimiento de los objetivos de esta ley. H) Aprobar los estándares de actuación, protocolos y modelos de intervención para la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas. I) Formular recomendaciones para la mejor persecución criminal de la trata de personas y de las diversas formas de explotación de personas. J) Proponer acciones para la capacitación, actualización y especialización de los funcionarios y operadores que trabajan en la prevención, detección, persecución y penalización de la trata y de la explotación de personas, así como para la atención y la protección de las víctimas, testigos y familiares. K) Realizar y apoyar estudios e investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de la temática, sus distintas manifestaciones en el país y en la región, las estrategias para la investigación y prevención, los modelos de atención, entre otros aspectos que se consideren necesarios. L) Supervisar, evaluar y emitir recomendaciones a instituciones gubernamentales y privadas, que brindan atención, protección y defensa a víctimas de la trata y la explotación de personas. M) Proponer la creación y fortalecimiento de los servicios y programas oportunos, distribuidos en los distintos departamentos del país, tanto públicos como privados, orientados a brindar

asistencia directa a las personas víctimas de trata y de explotación de personas. N) Promover la cooperación entre Estados, así como con organismos regionales o internacionales y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a prevenir y erradicar la trata y la explotación de personas. O) Colaborar en la elaboración de los informes que el Estado debe presentar ante organismos internacionales y regionales, en cumplimiento de los convenios internacionales ratificados en la materia. P) Articular con los distintos sistemas de información pública para contar con herramientas de información, sistematización y generación de conocimiento en relación a la trata y la explotación de personas. En ningún caso se registrará a las personas víctimas de la trata o de la explotación de personas, debiendo disociarse sus datos conforme a lo previsto en el literal G) del artículo 3º de esta ley. Q) Fortalecer y facilitar la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la prevención y combate a la trata y a la explotación de personas, así como la atención y protección integrales de las víctimas. Artículo 9º.- (Articulación con otros ámbitos interinstitucionales).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas debe funcionar articuladamente con los otros ámbitos interinstitucionales creados con fines conexos tales como: aquellos que tienen a cargo el seguimiento de las políticas de igualdad de género, la vida libre de violencia basada en género, la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia, el trabajo infantil y la explotación sexual, el combate al crimen organizado, el asesoramiento y la coordinación de las políticas migratorias al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la normativa migratoria y la protección de derechos de las personas migrantes y refugiados. Artículo 10.- (Facultades).- Para el cumplimiento de sus cometidos el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas podrá: A) Crear comisiones temáticas, a las que se podrán invitar a otras entidades públicas o privadas, así como a especialistas o personas

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referentes en los aspectos específicos a abordar. B) Crear comisiones departamentales o regionales para la adecuada implementación y articulación de la política pública y el plan nacional en todo el país. C) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas. D) Disponer y administrar los fondos provenientes de asignaciones presupuestales, donaciones, herencias o legados, convenios con organismos regionales o internacionales, así como de los provenientes de bienes decomisados en acciones contra la trata o explotación de personas y los demás que obtenga a cualquier título. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Dirección General de Secretaría, será el organismo encargado de ejercer dicha facultad de disposición y administración de fondos, presentando informes anuales de lo ejecutado al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. Artículo 11.- (Aprobación y control).- La aprobación de la Política y el Plan Nacional, así como el monitoreo del buen cumplimiento de los cometidos asignados al Consejo, es responsabilidad directa de los jerarcas máximos de los organismos representados. Las otras acciones pueden ser delegadas en técnicos con alta especialización en la temática. Artículo 12.- (Destino de los decomisos de bienes en procesos judiciales por delitos de trata y explotación de personas).- Los decomisos de bienes en procesos judiciales por trata de personas y por delitos vinculados a la explotación de personas tienen como destino prioritario la reparación patrimonial de las víctimas en el caso que dio lugar al decomiso. Deducidas dichas sumas, según lo disponga el juzgado competente, el saldo restante se debe asignar a la prevención de la trata de personas y la explotación, al fortalecimiento de las investigaciones policiales y judiciales y a la atención de las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el literal D) del artículo 10 de esta ley. Artículo 13.- (Solicitud de información).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas puede requerir de los organismos públicos la información necesaria para el cumplimiento de los cometidos asignados.

Artículo 14.- (Partidas para el funcionamiento del Consejo).- El Ministerio de Desarrollo Social debe incluir en el proyecto de Presupuesto Nacional las partidas necesarias para el funcionamiento racional, eficiente y eficaz del Consejo. De igual forma lo debe hacer cada organismo público para cumplir los cometidos que le asigne esta ley y el plan nacional que se encuentre vigente. CAPÍTULO III SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE RESPUESTA PARA SITUACIONES DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Artículo 15.- (Creación del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata de Explotación de Personas).- Créase el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas. Este sistema debe ser integral, interinstitucional e interdisciplinario y descentralizado territorialmente. Debe incluir por lo menos: acciones de prevención, servicios de atención, asesoramiento y patrocinio jurídico a las víctimas, medidas de reparación, el registro y ordenamiento de la información, la formación y capacitación de los operadores y la evaluación y rendición de cuentas. Artículo 16.- (Organismos responsables de la coordinación y articulación de la respuesta).- La coordinación y articulación de la respuesta estará a cargo de: A) El Ministerio de Desarrollo Social respecto a varones adultos. B) El Instituto Nacional de las Mujeres respecto a mujeres adultas. C) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay respecto a niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe articular la respuesta con los organismos antes señalados en situaciones de explotación laboral. Cuando se trate de personas mayores o en situación de discapacidad, el organismo competente debe articular las acciones con el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social o con el Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social según corresponda. Artículo 17.- (Medidas de prevención).- Las medidas de prevención deben propender a combatir la demanda de servicios en condiciones de explotación,

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como principal causa de la trata y la explotación de las personas, así como a informar y concientizar a la población sobre la problemática, la difusión de información engañosa de ofertas laborales y de migración, sus derechos, servicios a disposición y acciones a seguir frente a situaciones que les puedan afectar. Se deben tener en cuenta los factores de vulnerabilidad a la trata y explotación, tales como: A) La pobreza, la desigualdad en el acceso a oportunidades y las exigencias de consumo. B) El origen étnico racial, teniendo especialmente en cuenta la discriminación histórica de las personas afrodescendientes. C) La edad, en particular respecto de niñas, niños y adolescentes. D) Los estereotipos de género que legitiman y sustentan la discriminación y violencia contra las mujeres. E) El heteronormativismo y la naturalización de la violencia por prejuicio contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. F) La desprotección de derechos de las y los migrantes irregulares y los obstáculos que enfrentan para acceder a oportunidades laborales y a servicios básicos. Artículo 18.- (Programas de asistencia y atención a las víctimas de la trata y explotación de personas).Los programas de asistencia y atención a las víctimas de trata y explotación de personas deben estar encaminados a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas y sus familiares. Estos servicios se deben brindar en forma gratuita y especializada, de acuerdo a las necesidades de la víctima, bajo su consentimiento informado y teniendo en cuenta las condiciones específicas de edad y situación de discapacidad. La falta de documentos identificatorios (pasaporte o cédula de identidad) o de viaje, no debe ser obstáculo para el acceso a estos servicios. Estos programas pueden ser ejecutados a través de instituciones públicas o en convenio con organizaciones de la sociedad civil con experiencia y especialización en la temática. Artículo 19.- (Servicios y prestaciones mínimas para las víctimas de la trata y la explotación de personas).- Todas las víctimas de trata o explotación de personas tienen derecho a acceder a los siguientes servicios y prestaciones:

A) Servicios de traducción e interpretación. B) Seguridad y asistencia material básica. C) Alojamiento seguro y adecuado. D) Cuidados de salud y tratamiento médico necesario, incluso, examen confidencial, gratuito y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. E) Asistencia psicológica de carácter confidencial y con pleno respeto de la intimidad y en un idioma que la víctima comprenda. F) Información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir, incluyendo la regularización migratoria, la investigación penal y la reparación del daño. G) Patrocinio jurídico durante todo el proceso legal, incluso en el ejercicio de las acciones judiciales para exigir la reparación de los daños que han sufrido las víctimas. H) Información y apoyo al retorno a su lugar de origen. I) Apoyo para la reunificación y reinserción familiar, social y comunitaria. J) Inserción en programas de capacitación y ayuda en la búsqueda de oportunidades de empleo. Artículo 20.- (Plazos para la prestación de los servicios).- Los servicios previstos en los literales A) a G) del artículo 19 de esta ley deben ser ofrecidos y, en su caso, brindados en forma inmediata a la detección de la situación de trata o explotación de personas por los organismos y servicios competentes. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a integrarse de inmediato a la educación formal, aun cuando se encontraran fuera del período formal de inscripción o ingreso. Las autoridades educativas competentes deben adoptar las medidas para la pronta homologación o regularización de los estudios que hubiesen realizado. CAPÍTULO IV RESPUESTAS ESPECÍFICAS A LA TRATA INTERNACIONAL Artículo 21.- (Medidas de prevención de la trata y la explotación de personas a cargo de las Misiones y Oficinas Consulares de la República).- Todas las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben:

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A) Asegurar la capacitación del personal en relación a la trata de personas y delitos conexos, a la normativa internacional y nacional en la materia y a los protocolos para la intervención. B) Contar con información accesible a los nacionales y personas extranjeras que realicen trámites de ingreso al país, para la prevención de la trata de personas y la protección de las víctimas y sus familiares. C) Relevar información respecto a posibles situaciones de trata de personas que afecten a nacionales uruguayos en la jurisdicción e incentivar el análisis del tema y la concientización de las autoridades extranjeras frente a la situación de las víctimas uruguayas. D) Identificar y mantener actualizado a todos los organismos públicos y privados que brinden asistencia a las personas víctimas de trata en su jurisdicción. Artículo 22.- (Comunicación de situaciones que puedan constituir trata o explotación de persona).- Siempre que se constaten indicadores de posibles situaciones de trata o de explotación de personas, las autoridades de las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben adoptar las medidas urgentes para la protección de las víctimas y comunicar de inmediato la situación a las autoridades competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien intervendrá en articulación con el organismo responsable de la coordinación de la respuesta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de esta ley. Artículo 23.- (Responsabilidades de las Misiones y Oficinas Consulares de la República respecto a víctimas nacionales en el extranjero).- Entre otras acciones que se entiendan necesarias de acuerdo al artículo 22 de esta ley, tratándose de víctimas nacionales, las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben: A) Informar a las víctimas sobre sus derechos y procedimientos a seguir. B) Efectuar ante las autoridades locales presentaciones necesarias para que garantice la seguridad de la víctima y de familiares a cargo y orientarlas en todas gestiones que deban realizar. las se los las

D) Adoptar las medidas para retornar a las víctimas al país, siempre que ello sea requerido por las mismas, en forma segura y sin dilaciones innecesarias. E) Brindar subsidio para la obtención de documentación de identificación y de viaje para las víctimas y personas a su cargo. Artículo 24.- (Derechos migratorios de las víctimas de trata o explotación de personas de nacionalidad extranjera).- Las víctimas de trata o explotación de nacionalidad extranjera tienen derecho a: A) Un período de reflexión de hasta ciento ochenta días para resolver permanecer en el país, retornar a su país de origen o reasentarse en un tercer país. B) A obtener la residencia permanente en el país y a la regularización de su condición migratoria, aun cuando no cumplan todos los requisitos previstos por la ley a esos efectos. En tales casos, recibirán la documentación correspondiente en un plazo máximo de sesenta días, exonerándoseles de los tributos correspondientes. C) Al retorno voluntario a su país de origen o a su lugar de residencia habitual en forma segura y sin demora, previo ser informada de los riesgos y de las distintas alternativas a las que tiene derecho. D) A contar con información suficiente para reasentarse en un tercer país. Si se tratare de niñas, niños y adolescentes, todas las medidas se adoptarán previa evaluación exhaustiva de los riesgos que implican, optándose por aquellas que mejor garanticen sus derechos. Artículo 25.- (Documentos de identificación y de viaje de las víctimas y de las personas a su cargo).Las autoridades competentes deben realizar con celeridad y en forma gratuita todas las gestiones necesarias para la identificación de la víctima extranjera y las personas a su cargo, cuando no cuenten con los documentos que la acrediten (cédula de identidad o pasaporte según corresponda). La ausencia de estos documentos no debe constituir un impedimento para que la víctima y sus dependientes tengan acceso a todos los derechos y servicios a que refiere esta ley, incluso su derecho a permanecer en el país. Artículo 26.- (Documentos de identidad de viaje).Exonérase de todo tributo nacional la tramitación y

C) Velar por el acceso a la justicia de las víctimas, incluso la asistencia jurídica especializada para la víctima y, en el caso de personas no localizadas, también a su familia.

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expedición de las partidas de nacimiento nacionales o extranjeras, así como de las cédulas de identidad, pasaportes y título de identidad y viajes. Artículo 27.- (Cooperación entre Estados).- La cooperación con otros Estados debe tener como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir la trata y la explotación de personas, posibilitar las investigaciones y la penalización de los autores, así como proteger y reparar a las víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe procurar la acción mancomunada con las autoridades de los países con los que tenga vinculación consular o diplomática, para la prevención de la trata y la explotación de personas y la mejor atención de las víctimas nacionales en el exterior o extranjeras en el territorio nacional. Los órganos competentes del Estado uruguayo deben adoptar medidas para reforzar la cooperación entre órganos de control fronterizo y otros países de origen o destino de la trata de personas, promoviendo las comunicaciones directas entre las autoridades encargadas del control y de la investigación, el intercambio de información sobre la documentación, medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la trata y la explotación de personas. CAPÍTULO V ACCESO A LA JUSTICIA Artículo 28.- (Acceso a la justicia).- La Fiscalía General de la Nación debe garantizar el anonimato de las denuncias y la accesibilidad para las víctimas denunciantes de trata interna o internacional, así como la rápida vinculación de las personas denunciantes con el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas. Artículo 29.- (Presunción de trata o explotación).Toda institución pública o privada que en razón de su función detecte situaciones sobre las que considera que existen motivos razonables para presumir la existencia de una situación de trata o explotación, debe informarlo de manera inmediata a alguna de las entidades del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas o a la Fiscalía General de la Nación, a fin que se adopten las medidas correspondientes. Artículo 30.- (Reserva de las actuaciones).- Toda información relacionada con situaciones de trata o de explotación a disposición del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de

Personas, del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas y de la Fiscalía General de la Nación, es confidencial y de manejo exclusivo de estos y de los operadores que estén a cargo del caso. La Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas para garantizar la reserva de esas actuaciones, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 163 a 163 quater del Código Penal en cuanto corresponda. Artículo 31.- (Denuncia).- La denuncia, así como la respectiva entrevista de la persona víctima y los testigos durante las actuaciones judiciales o administrativas, debe llevarse a cabo con el debido respeto a su trayectoria de vida y fuera de la presencia del público y los medios de comunicación. El nombre, la dirección y otra información de identificación, incluyendo imágenes, de una persona víctima de trata o explotación de personas, sus familiares o allegados, no deben ser divulgados ni publicados en los medios de comunicación ni en las redes sociales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 del Código del Proceso Penal. Artículo 32.- (Derechos de las víctimas para el acceso a la justicia).- En los procesos administrativos y judiciales las víctimas de trata de personas y delitos conexos tienen derecho a: A) Ser oídas, con el apoyo de profesionales especializados, en condiciones en que se asegure la intimidad y privacidad, teniendo en cuenta su edad, grado de madurez, situación de discapacidad e idioma, así como el tipo de explotación denunciada. B) La protección de su integridad física y emocional, así como de su identidad y privacidad, aún cuando decidiera no denunciar. C) Obtener una respuesta oportuna y eficaz. D) Contar con el tiempo necesario para reflexionar, con la asistencia legal y psicológica requerida, sobre su posible intervención en el proceso penal en el que figura como posible víctima, si aún no ha tomado esa decisión. E) Participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del Código del Proceso Penal. F) Al asesoramiento y patrocinio letrado especializado y gratuito.

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G) Contar con traductor en un idioma que comprenda en todas las instancias judiciales y extrajudiciales. H) Que su testimonio no sea desvalorizado en base a discriminaciones tales como el origen étnico racial, estereotipos de género, identidad de género, creencias, identidad cultural, entre otros. I) Recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su edad, situación de discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran especial atención. J) Oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo, debiéndose en todos los casos recabar previamente su consentimiento informado. En los casos de violencia sexual, tienen derecho a escoger el sexo del profesional o técnico para dichas prácticas, el que debe ser especializado y formado con perspectiva de género. K) Concurrir con un acompañante emocional de su confianza a todas las instancias de investigación, periciales y procesales. L) La reparación integral del daño sufrido. Artículo 33. (Derechos de niñas, niños y adolescentes testigos y víctimas de los delitos de trata y explotación).- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos reconocidos en esta ley y en particular los previstos en el artículo 32 de esta ley. Asimismo, para garantizar el trato adecuado a su edad, en los procesos administrativos o judiciales debe asegurarse que: A) Sean informadas e informados por su Defensora o Defensor sobre sus derechos y sobre el estado y alcance de las actuaciones, los plazos y las resoluciones en la causa, en forma accesible a su edad, teniendo en cuenta su madurez y grado de autonomía. B) Se evite al máximo posible su concurrencia a la sede judicial, fiscal o policial. Cuando resulte imprescindible recabar su testimonio o así lo soliciten, se efectúe a través de personal técnico especializado y en lugares adecuados a tal fin. En ningún caso permanecerán en lugares comunes con las personas denunciadas, o vinculadas a las mismas, ni se admitirá forma alguna de confrontación.

C) Se adopten todas las medidas necesarias para la protección de su integridad física y emocional, así como de su privacidad e imagen, la que en ningún caso puede ser utilizada por los medios masivos de comunicación. Artículo 34.- (Protección de víctimas y testigos).El Fiscal debe adoptar cualquier medida que considere adecuada y necesaria para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. A tal fin, tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, la salud, así como las características del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, violencia en razón del género o violencia contra niñas, niños y adolescentes. Artículo 35.- (Consentimiento de la víctima).consentimiento expreso o tácito de la víctima ningún caso puede ser considerado un factor justificación o de legitimación de las conductas trata o explotación de personas. El en de de

Artículo 36.- (Prohibición de prueba con fines de desacreditación).- En casos de trata o explotación sexual se prohíbe la utilización de prueba relativa a la conducta sexual anterior o actual de la víctima o de testigos para desacreditar su testimonio o la condición de víctima. Artículo 37.- (Del careo).- Prohíbese el careo y toda otra forma de confrontación entre la víctima o los testigos y familiares con el denunciado u otros vinculados a la trata o la explotación de personas. Artículo 38.- (Personal especializado).- La fiscalía y el tribunal actuantes deben contar con personal especializado para atender durante el proceso a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con la violencia sexual y de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Artículo 39.- (Prohibición de mediación extrajudicial).- Prohíbese la utilización de la mediación extrajudicial y las otras vías alternativas de resolución del conflicto (Libro VI Código del Proceso Penal) en los asuntos relativos a la trata de personas o de alguna de las formas de explotación de personas previstas en esta ley. Artículo 40.- (No punibilidad).- Las víctimas de la trata o de la explotación de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación.

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Tampoco les son aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria, cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificare. Artículo 41.- (Reparación).- La reparación de la víctima debe ser integral comprensiva de la indemnización, restitución y rehabilitación y se debe extender a todas las personas afectadas conforme al literal D) del artículo 4º de esta ley. El Estado será responsable de la reparación de las víctimas de la trata y la explotación de personas por agentes del Estado o por quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Artículo 42.- (Reparación patrimonial).- En la sentencia de condena por trata de personas o alguna de las formas de explotación de personas previstas en esta ley, además de la pena, se debe disponer una reparación patrimonial para la o las víctimas identificadas, por un monto equivalente a veinticuatro ingresos mensuales del condenado para cada una de ellas, o en su defecto veinticuatro salarios mínimos nacionales, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño. Artículo 43.- (Protección de la víctima).- Siempre que se disponga la libertad de una persona que hubiere sido privada de la misma por delitos vinculados a la trata o la explotación de personas, el Tribunal competente debe notificar dicha resolución a la víctima con una antelación mínima de diez días y disponer medidas de protección a su respecto por un plazo no inferior a ciento ochenta días. Artículo 44.- (Relevamiento de datos).- La Fiscalía General de la Nación, a través de su sistema de registro de denuncias, debe llevar un relevamiento de las denuncias sobre trata interna e internacional de manera de garantizar datos sistemáticos de la evolución y dimensión de la problemática. Anualmente debe remitir un informe a la Asamblea General. CAPÍTULO VI NORMAS PENALES Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 17.815, de 6 de setiembre de 2004 por el siguiente: ‘Artículo 2º.- (Comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en que aparezca la

imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces) El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución o de consumo habitual, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría’. Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 280 del Código Penal por el siguiente: ‘Artículo 280. (Reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso).- El que redujere a una persona a esclavitud, a servidumbre bajo cualquier modalidad o a trabajo forzoso o a otra condición análoga, será castigado con pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría’. Artículo 47.- Agrégase el siguiente artículo al Código Penal: ‘Artículo 280 bis. (Esclavitud sexual).- La pena prevista en el artículo anterior se agravará de un tercio a la mitad cuando se someta a una persona a esclavitud con el fin de que realice actos de naturaleza sexual’. Artículo 48.- Agrégase el siguiente artículo al Código Penal: ‘Artículo 280 ter. (Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil).- El que obligue a una persona mediante violencias, amenazas o con abuso de una situación de vulnerabilidad, a contraer matrimonio o a mantener un concubinato a cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para sí o para un tercero, será castigado con dos a diez años de penitenciaría. Quien, abusando de una situación de vulnerabilidad, establezca o mantenga una unión de naturaleza matrimonial, concubinaria, de noviazgo o análoga, con una adolescente, niña o niño como condición para que acceda a la vivienda, alimentos, vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia, aún con su consentimiento, será castigado con dos a quince años de penitenciaría’. Artículo 49. Agrégase el siguiente artículo al Código Penal: ‘Artículo 280 quater. (Prostitución forzada).Quien, con el fin de obtener un provecho econó-

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mico o cualquier otra ventaja, mediante la fuerza, amenazas u otras formas de coacción o intimidación, haga que una o más personas realicen uno o más actos de naturaleza sexual, será castigado con una pena de dos a diez años de penitenciaría’. Artículo 50.- Agrégase el siguiente artículo al Código Penal: ‘Artículo 280 quinquies. (Apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción.).- El que para adoptar una niña, niño o adolescente, para sí o para un tercero, ofrezca a quien lo hubiere o a quien pudiera obtenerlo, un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con dos años a seis años de penitenciaría. Quien, con igual fin, utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La pena aumentará de un tercio a la mitad cuando la finalidad de la adopción sea someter al adoptado a alguna forma de explotación'”.

28.- Levantamiento de la sesión
SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: mociono para que se levante la sesión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 22 y 32)

Sr. JORGE GANDINI PRESIDENTE

Sr. Juan Spinoglio Secretario Relator

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Redactora

Arq. Julio Míguez Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía

Dep. Legal N°322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes