NÚMERO 4178
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NÚMERO 4178
MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DE 2018
República Oriental del Uruguay
DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE REPRESENTANTES
32ª SESIÓN
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES JORGE GANDINI (presidente) GLORIA RODRÍGUEZ (2da. vicepresidenta) MACARENA GELMAN (4ta. vicepresidenta)
ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR FERNANDO RIPOLL Y DOCTOR MARTÍN PÉREZ
XLVIII LEGISLATURA CUARTO PERÍODO ORDINARIO
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
Miércoles 1° de agosto de 2018
Texto de la citación
Montevideo, 31 de julio de 2018 LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en ses ión ordinaria, mañana miércoles 1º de agosto, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
– ORDEN DEL DÍA 1º.- COMISIÓN PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVIII Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución). 2º.- EX INTENDENTE DE CERRO LARGO VILLANUEVA SARAVIA. (Exposición del representante José Yurramendi por el término de veinte minutos, con motivo de cumplirse veinte años del fallecimiento). 3º.- DÍA DEL PERIODISTA Y DEL TRABAJADOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TODOS SUS ÁMBITOS. (Sustitución del artículo único de la Ley N° 16.154). (Carp. 1348/2016). (Informado). Rep. 535 y Anexo I 4º.- CONVENIO CON LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO. (Aprobación). (Carp. 2940/2018). (Informado). Rep. 916 y Anexo I 5º.- ENRIQUETA COMPTE Y RIQUÉ. (Designación al Jardín de Infantes N° 64 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro). (Carp. 2289/2017). (Informado). Rep. 766 y Anexo I 6º.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA EL PERSONAL DE LOS BUQUES PESQUEROS. (Aprobación). (Carp. 2939/2018). (Informado). Rep. 915 y Anexo I 7º.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CON EQUIDAD DE GÉNERO. (Normas). (Carp. 3103/2018). (Informado). Rep. 944 y Anexo I 8º.- ANÍBAL SAMPAYO. (Designación al Liceo N° 3 del departamento de Paysandú). (Carp. 1807/2017). (Informado). Rep. 642 y Anexo I 9º.- TRATADO DE EXTRADICIÓN CON LA REPÚBLICA PORTUGUESA. (Aprobación). (Carp. 2938/2018). (Informado). Rep. 914 y Anexo I 10.- DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. (Se declara el día 15 de junio de cada año como feriado no laborable). (Carp. 565/2015). (Informado). Rep. 314 y Anexo I
VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO Secretarios
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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 5 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 6 3.- Proyectos presentados ………………………………………………………………………………………………………………… 6 4 y 6.- Exposiciones escritas …………………………………………………………………………………………………………… 7, 7 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………….. 7 MEDIA HORA PREVIA 8.- Necesidad de que se protejan los derechos a la alimentación sana y a la salud de las personas con celiaquía — Exposición de la señora representante Cecilia Bottino ………………………………………………………………… 8 9.- Conmemoración de los ciento cinco años del desembarco de los primeros rusos en la localidad de San Javier, departamento de Río Negro. Exhortación a que el Estado releve las viviendas de su propiedad que están abandonadas — Exposición del señor representante Constante Mendiondo ………………………………………………………….. 9 Reclamo de soluciones para los residentes sobre la costa del arroyo Carrasco, en el departamento de Canelones — Exposición del señor representante Daniel Radío …………………………………………………………………….. 10 Requerimiento a las autoridades competentes de que atiendan la problemática de los asentamientos 23 de Diciembre y Régulo, del Municipio D, del departamento de Montevideo — Exposición del señor representante Héctor Gabriel Gianoli Travieso …………………………………………… 12 Preocupación por el llamado a concurso de acreedores de la empresa Orosur, Loryser S. A., que explota los yacimientos de oro en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera — Exposición del señor representante Saúl Aristimuño …………………………………………………………………. 13 Reconocimiento al maestro Julio Castro con motivo del Día del Detenido-Desaparecido Trabajador de la Enseñanza — Exposición del señor representante Óscar Groba ……………………………………………………………………… 14 CUESTIONES DE ORDEN 14.- Aplazamiento …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 20 y 38.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados …………………………………………………………. 25, 82 15, 17, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45.- Integración de la Cámara 15, 24, 31, 56, 64, 69, 72, 82, 99, 109, 117 18 y 25.- Intermedio ……………………………………………………………………………………………………………………… 24, 32 47.- Levantamiento de la sesión………………………………………………………………………………………………………. 122 15, 17, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45.- Licencias …………………….. 15, 24, 31, 56, 64, 69, 72, 82, 99, 109, 117 19.- Preferencias ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 26 y 43.- Prórroga del término de la sesión …………………………………………………………………………………. 32, 113 7.- Reiteración de pedidos de informes …………………………………………………………………………………………….. 8 21 y 23.- Sesión extraordinaria …………………………………………………………………………………………………….. 31, 31 22.- Supresión de sesión ordinaria ……………………………………………………………………………………………………. 31 27.- Urgencias ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 VARIAS 40, 42, 44, 46.- Comisión Investigadora sobre la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa. (Solicitud de prórroga de plazo) ……………………………. 100, 109, 113, 118
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ORDEN DEL DÍA 16.- Ex intendente de Cerro Largo Villanueva Saravia. (Exposición del señor representante José Yurramendi por el término de veinte minutos, con motivo de cumplirse veinte años del fallecimiento) — Manifestaciones de varios señores representantes — Se resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en sala a la Intendencia y a la Junta Departamental de Cerro Largo, al Directorio del Partido Nacional, a la Presidencia de la República, a la prensa en general y a su familia ……………………………………………………………………….. 16 20.- Día del periodista y del trabajador de los medios de comunicación en todos sus ámbitos. (Sustitución del artículo único de la Ley Nº 16.154) Antecedentes: Rep. N° 535, de setiembre de 2016, y Anexo I, de julio de 2018. Carp. N° 1348 de 2016. Comisión de Legislación del Trabajo. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 25 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 30 28, 30, 32, 34, 36, 38.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293) Antecedentes: Rep. N° 977, de julio de 2018. Carp. N° 3185 de 2018. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. — Aprobación. Se comunicará al Senado …………………………………………………………. 32, 57, 64, 70, 72, 82 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………….. 95
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1.- Asistencias y ausencias
Asisten los señores representantes: Pablo D. Abdala, Auro Acosta (18), José L. Acosta, María Álvarez, Gerardo Amarilla, Susana Andrade, Sebastián Andújar, Saúl Aristimuño, José Andrés Arocena, Elisabeth Arrieta, Alfredo Asti (6), Mario Ayala, Rubén Bacigalupe, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Iris Betancurt, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Felipe Carballo, Germán Cardoso, Andrés Carrasco, Armando Castaingdebat, Carlos Castaldi (16), Sonia Cayetano, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Álvaro Dastugue, Walter De León, Claudia De los Santos, Darcy de los Santos, Óscar De Los Santos, Paulino Delsa, Bettiana Díaz, Pablo Díaz, Ángel Domínguez (11), Mathias Dutra, Cecilia Eguiluz, Wilson Ezquerra, Guillermo Facello, Alfredo Fratti, Lilián Galán (9), Jorge Gandini, Mario García, Macarena Gelman (15), Héctor Gianoli, Pablo González (14), Rodrigo Goñi Reyes, Óscar Groba, Claudia Hugo (8), Benjamín Irazábal, Pablo Iturralde Viñas (4), Omar Lafluf, Aldo Lamorte (20), Nelson Larzábal, Martín Lema, Margarita Libschitz, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Graciela Matiauda, Constante Mendiondo, Dari Mendiondo (19), Jorge Meroni, Susana Montaner, Manuela Mutti, Gonzalo Novales, Gerardo Núñez, José L. Núñez, Juan José Olaizola, Ope Pasquet, Mariela Pelegrín, Gustavo Penadés, Adrián Peña, Estela Pereyra, Susana Pereyra, Carlos Pérez, Darío Pérez, Paula Pérez, Iván Posada, Jorge Pozzi (1), Luis Puig, Daniel Radío (3), Valentina Rapela (10), Nibia Reisch, Carlos Reutor (7), Silvio Ríos Ferreira (5), Conrado Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Gloria Rodríguez, Lucía Rodríguez, Carlos Rodríguez Gálvez, Nelson Rodríguez Servetto, Edmundo Roselli, Eduardo José Rubio (12), Juan Federico Ruiz Brito, Sebastián Sabini (2), Alejandro Sánchez, Mercedes Santalla, José L. Satdjian (13), Estefanía Schiavone, Washington Silvera, Martín Tierno, Alejo Umpiérrez, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, Stella Viel, Tabaré Viera, José Francisco Yurramendi, Alejandro Zavala y Luis Ziminov (17).
Observaciones: (1) A la hora 17:03 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Dari Mendiondo. A la hora 17:03 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Paula Pérez. A la hora 17:58 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Carlos Castaldi. A la hora 17:58 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Pablo Díaz. A la hora 18:39 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Iris Betancurt. A la hora 19:28 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Estefanía Schiavone. A la hora 20:05 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Mathias Dutra. A la hora 20:05 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Lucía Rodríguez. A la hora 20:38 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Estela Pereyra.
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(10) A la hora 20:51 comenzó licencia, siendo convocada en su lugar la Sra. Dianne Martínez. (11) A la hora 21:13 cesó en sus funciones. (12) A la hora 21:45 se reintegró, cesando su suplente, el Sr. Carlos Pérez. (13) A la hora 21:46 ingresa a Sala supliendo a la Sra. Representante Nacional Graciela Bianchi. (14) A la hora 22:39 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Susana Andrade. (15) A la hora 22:39 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Alejandro Zavala. (16) A la hora 22:40 cesó en sus funciones, por reintegro de su titular el Sr. Representante Nacional Daniel Radío. (17) A la hora 00:00 del día 02/08 cesó en sus funciones. (18) A la hora 00:00 del día 02/08 cesó en sus funciones.
Con licencia: Fernando Amado, Graciela Bianchi, Richard Charamelo, Catalina Correa, Cristina Lustemberg, Orquídea Minetti, Amin Niffouri, Nicolás Olivera, Daniel Peña Fernández, Daniel Placeres, Hermes Toledo, Jaime M. Trobo y Walter Verri.
Faltan sin aviso: Fitzgerald Cantero y Dianne Martínez.
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(19) A la hora 00:00 del día 02/08 cesó en sus funciones. (20) A la hora 00:00 del día 02/08 cesó en sus funciones.
PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Camino del Alquimista” al tramo de la Ruta N° 73, comprendido entre Estación Las Flores y la Ruta Nacional N° 37. C/3257/018 – A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas”.
2.- Asuntos entrados
“Pliego N° 210 COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes pedidos de informes: del señor Representante Pablo Iturralde, sobre la existencia de situaciones de desproporción entre los saldos adeudados al BHU en Unidades Reajustables y los valores de las propiedades adquiridas con dichos préstamos. C/2565/017 del señor Representante Gerardo Núñez, referente al uso de tarjetas de crédito para abonar gastos relacionados con la actividad pública en OSE. C/3006/018 – A sus antecedentes PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Andrés Carrasco solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: al Tribunal de Cuentas, sobre la concesión del muelle de la Parada 3 (La Pastora) de la ciudad de Punta del Este. C/3253/018 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la ampliación del Puerto de Punta del Este. C/3254/018 al Ministerio de Economía y Finanzas, referente al funcionamiento de los Casinos en el departamento de Maldonado. C/3255/018 al Ministerio de Relaciones Exteriores, acerca de los gastos realizados por las representaciones diplomáticas en el exterior, desde el año 2010 al 2017. C/3256/018 – Se cursaron con fecha 31 de julio El señor Representante Rodrigo Goñi solicita, a través de la Cámara, la reiteración del pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al INEFOP, acerca de los vínculos contractuales existentes entre el mencionado Instituto y la Cooperativa Envidrio. C/2901/018 – Se votará oportunamente
3.- Proyectos presentados
“CAMINO DEL ALQUIMISTA. (Designación al tramo de la Ruta N° 73 comprendido entre Estación Las Flores y la Ruta Nacional N° 37, departamento de Maldonado) PROYECTO DE LEY Artículo único.- Denomínase al tramo de la Ruta Nº 73 entre Estación Las Flores (Ruta Nº 71) hasta Ruta Nº 37 como “Camino del Alquimista”. Montevideo, 1º de agosto de 2018 NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, ELISABETH ARRIETA, Representante por Maldonado, ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO, Representante por Maldonado, DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Denomínase a la Ruta Nº 73 ubicada entre Estación ta Las Flores y Ruta Nº 37 en la 5 Sección del departamento de Maldonado, “Camino del Alquimista”. Esta inquietud se origina con la solicitud presentada por varios vecinos de la zona que plantean la posibilidad que la Ruta Nº 73, ubicada entre Estación Las Flores y la Ruta Nº 37 sea denominado “Camino del Alquimista”. Como es de su conocimiento el Castillo Pittamiglio ubicado en la jurisdicción del Municipio de Solís Grande, sobre Ruta Nº 71; entre estación y balneario Las Flores abrió sus puertas al público en el año 2011; luego de varias etapas para reacondicionar el lugar actualmente podemos decir que se ha convertido en un Centro Cultural de importancia tanto Departamental, Nacional e inclusive Internacional. Es realmente un edificio emblemático donde conjugan su belleza por naturaleza propia, las energías existentes que son prácticamente indescriptibles, un enjardinado acorde
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al lugar, al igual que toda su estructura, todo en su conjunto logra ser un lugar único. Este Centro está abierto todo el año, su afluencia de visitantes es muy importante, es un lugar turístico ya reconocido, los meses de verano, vacaciones, semana santa y carnaval la concurrencia de turistas es muy numerosa; allí se realizan exposiciones de artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales, lanzamientos de libros, actuaciones de grupos musicales, el tradicional fogón místico, visitas de escuelas, excursiones de adultos mayores, etcétera. De ahí surge también esta solicitud porque se ha transformado en un lugar muy especial, donde además se destacan las energías alquimistas, y la conexión que existe en la llamada ruta alquimista que une este edificio con el Castillo de Piria, la Iglesia. EL Castillo de Piria también lugar turístico y cultural ubicado en la Ruta Nº 37 y edificado con anterioridad por el alquimista don Francisco Piria, quien fuera maestro de don Humberto Pittamiglio y que para conectarse debieron transitar indefectiblemente por este camino donde Francisco Piria introdujo en carretas a la zona desde Montevideo, todos los materiales así como máquinas y plantas de diversos orígenes (Europa y Asia). Por lo que hace que la historia justifique hoy el nombre de Camino del Alquimista uniendo así a dos personajes épicos de la alquimia en Uruguay. Este proyecto de ley cuenta con el apoyo de numerosos vecinos de la zona y de las alcaldías de Solís y Piriápolis. Montevideo, 1º de agosto de 2018 NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, ELISABETH ARRIETA, Representante por Maldonado, ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO, Representante por Maldonado, DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado.
de que en la barra se encuentran los alumnos de 5º año de la Escuela Nº 17, “Brasil”, a quienes saludamos. ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Enzo Malán solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Dirección General del Registro de Estado Civil; al Ministerio de Desarrollo Social y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sobre la necesidad de modificar las normas relativas a la inscripción de hijos en el mencionado registro. C/22/015”. ——Se votará oportunamente.
5.- Inasistencias anteriores
——Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 31 de julio de 2018. Con aviso: Armando Castaingdebat, Richard Charamelo, Cecilia Eguiluz, Gonzalo Novales, Daniel Peña Fernández y Edmundo Roselli”.
6.- Exposiciones escritas
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de la exposición escrita de que se dio cuenta. (Se vota) ——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA. (Texto de la exposición escrita:) Exposición del señor representante Enzo Malán al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Dirección General del Registro de Estado Civil; al Ministerio de Desarrollo Social y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sobre la necesidad de modificar las normas relativas a la inscripción de hijos en el mencionado registro “Montevideo, 1º de agosto de 2018. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Dirección General del
4.- Exposiciones escritas
SEÑOR PRESIDENTE abierto el acto. (Es la hora 16 y 23) ——Antes de comenzar con el trámite habitual de la sesión y de que se retiren, la Mesa quiere dar cuenta (Jorge Gandini).Está
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Registro de Estado Civil; al Ministerio de Desarrollo Social y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hace algunos meses discutimos en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara sobre la nominación de un centro escolar donde a quién se proponía era una mujer, que por sus méritos la hacía merecedora de tal reconocimiento. La discusión se suscitaba, y no fue la primera vez, porque el nombre que venía propuesto incluía el apellido de su esposo y con un ‘de’ entre el apellido de ella y el de él. Siempre que un nombre se una a otro con la preposición ‘de’, significa relación de propiedad, posesión o pertenencia, o también la materia de que está hecha una cosa. En este caso, en ese ‘de’ …ejemplo Juana Castro de Pérez, se establece que Juana Castro es pertenencia de Pérez. Alguno podrá decir que es por amor, etcétera… lo cierto es que nunca vimos que un varón usara el apellido de su pareja por ejemplo Raúl Pérez de Castro. Sin duda, esto es aún una frase vestigial del patriarcado que está en muchas partes del mundo pero que en Uruguay parecería estar en retroceso. Otro concepto vestigial es el imperativo que a un hijo, cuando la pareja va a inscribirlo en el registro civil se le ponga el nombre del padre, qué justificativo puede haber a esto sino una cultura que así lo legitímese. En Uruguay por la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, parecería haber un avance. Pero avance con cierto temor del legislador ya que por el artículo 25 se establece que el hijo habido dentro o fuera del matrimonio heterosexual llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre. Luego agrega: los padres podrán optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo entre ellos. Luego todos los hijos de esa pareja llevarán ese orden de apellidos. Si el legislador establece que los apellidos pueden invertirse, es decir el de la madre puede ser el primero porqué sigue estableciendo en el primer inciso ‘llevará como primer apellido el de su padre’. En segundo lugar si no hay acuerdo: la voluntad se le otorga al varón. Esto qué argumentación real puede tener sino ser un órgano vestigial del patriarcado. Esto es en el campo de la ley ahora, qué pasa en el campo de la vida real. Hace unos días una pareja primeriza en esto de registrar hijos fue al Registro Civil, el funcionario le pidió datos a él, luego a ella, firme acá y firme allá, ya está. Cuando preguntan qué orden pusieron los apellidos, el funcionario responde: ‘pusimos como es tradicional, primero el del varón y luego el de la mujer’. Ellos le dicen no, nosotros queremos invertir como dice la ley. La respuesta fue: ‘debían haberlo dicho antes, ahora no se puede modificar la partida’. Lo
cierto es que esta pareja buscará corregir a través de abogado, Juez, etcétera. Ante esto creemos que muchas parejas desconocen esta posibilidad que da la ley. El Registro Civil debería informar todas las posibilidades para que la ley pueda cambiar las estructuras culturales que quiere cambiar. Si no, será letra para ‘el mundo de las leyes’ y no para la realidad. Hay varias acciones pendientes: A) Desde el parlamento estudiar, analizar y buscar para que se modifique este artículo y dé mayores garantías a la mujer y al hombre. B) Solicitamos al Ministerio de Educación y Cultura la necesidad de hacer campañas de divulgación para el más amplio conocimiento de esta ley, que es de un avance notable en los derechos de las parejas heterosexuales y homosexuales, pero que aún tiene espacios oscuros o no conocidos como el que terminamos de enunciar. C) Solicitamos también a las autoridades del Registro Civil que expidan un protocolo o instructivo para sus funcionarios para que cuando se vaya a inscribir un niño se expliciten y no se avance en ningún procedimiento hasta tanto tener la certeza de que la pareja tomó conocimiento, analizó y optó. Quizá se deba establecer un determinado número de días después de ser notificados, de las posibilidades, etcétera. Es decir, hacer lo posible para que el avance cultural sea efectivo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENZO MALÁN, Representante por Soriano”.
7.- Reiteración de pedidos de informes
——Se va a votar si la Cámara hace suyo el pedido de informes cuya reiteración plantea su autor, el que fue oportunamente distribuido y se encuentra incluido en el pliego de asuntos entrados del día de la fecha. (Se vota) ——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.
MEDIA HORA PREVIA 8.- Necesidad de que se protejan los derechos a la alimentación sana y a la salud de las personas con celiaquía
Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: no suelo utilizar estas herramientas para ser autorre-
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ferencial, pero hoy sí lo haré. Recuerdo una oportunidad en que un diputado también la utilizó para hablar de su salud, como forma de concientizar al respecto. Quiero hablar de las personas con condición celíaca, como yo. Hoy, grupos de personas con esa condición se están manifestando; inclusive, lo han hecho en Paysandú. Comparto varias de esas manifestaciones. Nosotros, los celíacos, estamos obligados a seguir una dieta estricta, libre de gluten, durante toda nuestra vida. El 80 % de los productos procesados pueden contener gluten. Nuestra alimentación debe basarse, sobre todo, en productos naturales, como fruta, verdura, carne, pescado, leche, huevos, cereales permitidos, además de productos específicos que, en general, están en listas que debemos controlar continuamente para saber cuáles son, a los efectos de no contaminarnos. Los productos que están ubicados en la base de la pirámide nutricional, es decir, aquellos de los cuales debemos ingerir un mayor número de raciones, suelen contener gluten. Uno de los principales problemas que tenemos las personas con condición celíaca es la carga económica que supone comprar estos productos. A modo de ejemplo, en Uruguay, los fideos de harina de arroz, que no contiene gluten, cuestan $ 74, y los fideos de harina de trigo, $ 51. Quiere decir que debemos pagar un 45 % más por esos fideos. Las galletitas sin gluten cuestan $ 104; las que tienen gluten, $ 33; esto es, debemos pagar 215 % más. Para nosotros, un alfajor cuesta $ 37; los que pueden comer con gluten lo pagan $ 17. Nosotros pagamos 117 % más por un alfajor. Las milanesas para freír nos cuestan $ 800, las que contienen gluten salen $ 469. Pagamos 70 % más. Dos unidades de pan tortuga sin gluten cuesta $ 80; dos unidades de pan tortuga con gluten, $ 18. En definitiva, tenemos que pagar 344 % más. Una familia tipo, con una sola persona con esta condición, paga, en promedio, 186,74 % más por los productos que le permiten mantener una alimentación libre de gluten.
Cabe señalar que mantener la alimentación libre de gluten contribuye, por supuesto, al sistema de salud. Digo esto porque si mantenemos esa alimentación -reitero: única condición para no sufrir los efectos de la enfermedad- podemos mantenernos sanos, sin generar costos al sistema de salud. En Europa existen subsidios impuestos, a modo de beneficios. y quitas de
En algunos casos, hemos acompañado a los celíacos no solo de Paysandú, sino de otros departamentos, porque estas inequidades económicas se agravan en el interior del país, en virtud de que no solo se nos dificulta más acceder a determinados alimentos, sino que los conseguimos más caros. Por todo esto, utilizo esta instancia para concientizar, para decir que hay algunas inequidades que creemos tienen que corregirse. No estamos solicitando privilegios. Más allá de los reconocimientos que se han hecho desde el Ministerio de Salud Pública, sobre todo, avanzando en algunas circunstancias, los derechos a una alimentación sana y a la salud -reconocidos constitucionalmente- tienen que ser protegidos. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud Pública, a la Asociación Celíaca del Uruguay, a la Comunidad Celíaca del Uruguay y al grupo Celíacos de Paysandú. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Treinta y cuatro en treinta y cinco: AFIRMATIVA.
9.- Conmemoración de los ciento cinco años del desembarco de los primeros rusos en la localidad de San Javier, departamento de Río Negro. Exhortación a que el Estado releve las viviendas de su propiedad que están abandonadas
Tiene la palabra el señor diputado Constante Mendiondo. SEÑOR MENDIONDO (Constante).Señor presidente: el 27 de julio se cumplieron ciento cinco
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años del desembarco de los primeros rusos en Puerto Viejo, San Javier, sobre el río Uruguay, a 45 kilómetros de Paysandú y a 100 kilómetros de la ciudad capital de Fray Bentos. Año a año, la comunidad de San Javier festeja aquel desembarco y, además, se manifiesta y expresa su cultura gastronómica, artística, religiosa y de trabajo, que cautivó y cautiva cada vez más a la población del Uruguay y de países limítrofes. Cabe destacar que los aniversarios de San Javier ya no se festejan solo el 27 de julio, sino durante cuatro días, con distintas muestras teatrales y artísticas, actividades en la Sabraña -el lugar de reunión, de reflexión y de cánticos de los rusos-, etcétera. El domingo final, toda la plaza Libertad se llena de puestos de comida, de actividades en el escenario, de manifestaciones de todo tipo. Además, se puede disfrutar de la actividad que organiza el Centro Cultural Máximo Gorki de la localidad, donde se manifiestan los grupos que representan a la diáspora rusa en Uruguay, en presencia de personal de la Embajada rusa. Quiero resaltar esto porque lo que ha hecho la comunidad de San Javier en los últimos años es realmente magnífico. Se ha apropiado cada vez más de su rol, demostrando el potencial que tiene a la hora de generar empleo y de trasmitir su cultura y lo que representan sus ciento cinco años en este país. Hago también un reconocimiento a las políticas públicas que han generado una cantidad enorme de fortalezas en esa localidad. Destaco el trabajo del grupo local de turismo y de las distintas organizaciones sociales, así como los aportes culturales de los rusos: la Sala Cultural Pobieda, el Centro Cultural Máximo Gorki, el Puerto Viejo, con su tradición. Debemos valorar todo eso, máxime cuando el Corredor de los Pájaros Pintados es un destino turístico sobre el río Uruguay. De alguna forma, San Javier se transformó en la perla de ese destino turístico. Solicito que la versión taquigráfica de esta primera parte de mi exposición sea enviada al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Educación y Cultura -que tiene mucho que ver con todo este trabajo-, a la Intendencia de Río Negro, al Municipio de San Javier y al grupo local de turismo.
El segundo punto de mi alocución tiene que ver con una cuestión que inquieta mucho, porque es una señal que no condice con la preocupación por lo estatal; me refiero a la enorme cantidad de viviendas del Estado que los distintos organismos han ido abandonando. Hace diez u once años, se creó una comisión que haría un relevamiento. Los hechos demuestran -lo digo por lo que sucede, fundamentalmente, en la capital del departamento- que las viviendas se derruyen y los organismos alquilan otras. Es decir que no solo dejan que se vengan a menos y se vandalicen esas viviendas, sino que utilizan recursos para disponer de otras. Obviamente, los relevamientos no han dado resultado y, por ello, queremos hacer una advertencia a nuestro Poder Ejecutivo, para que se enfoque a la hora de hacerlos. Este accionar ha tenido como consecuencia que se gaste mucho dinero, muchos recursos materiales y mucha infraestructura. El Estado gasta sus recursos en alquilar o comprar otros locales, cuando podría remodelar esas viviendas y ponerlas al servicio de otros organismos. Solicito que la versión taquigráfica de esta parte de mi exposición sea remitida a la Presidencia de la República, al Consejo de Ministros, a los ministerios y organismos en general, entes autónomos y servicios descentralizados. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se van a votar los trámites solicitados. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.
10.- Reclamo de soluciones para los residentes sobre la costa del arroyo Carrasco, en el departamento de Canelones
Tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Gracias, señor presidente. (Murmullos) ——En la última semana, mantuvimos contacto con algunos vecinos que residen sobre la costa del arroyo Carrasco, a la altura de camino Carrasco, en la margen del departamento de Canelones. Como nos plantearon
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algunas de las vicisitudes que enfrentan cotidianamente, nos dispusimos a visitar el barrio. (Murmullos) ——Señor presidente, solicito que me ampare en el uso de la palabra y, si se entera de que estoy haciendo mi exposición, mejor. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa solicita a los integrantes de la Cámara que hagan silencio para poder escuchar al orador. Puede continuar el señor diputado. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Como decía, hicimos una recorrida por la zona -como no estaba atento, señor presidente, para su conocimiento aviso que estoy hablando de los vecinos de Paso Carrasco-, acompañados por algunos de los vecinos y de nuestros colaboradores; inclusive, nos invitaron a pasar al interior de algunas de las viviendas. Estos vecinos están viviendo una situación muy angustiante: carecen de los servicios básicos más elementales, como el agua, la luz, la recolección de residuos y el saneamiento, o tienen un acceso de una precariedad alarmante. Esto lo verificamos personalmente. De manera permanente viven sin otro horizonte que las aguas del arroyo Carrasco, el barro y la basura, que está más o menos dispersa. Están acostumbrados al olor nauseabundo, de origen incierto, y miran de reojo el banquete de las mansiones erigidas a pocas cuadras, que tienen sus fondos hacia los lagos. Unos cables conectados artesanalmente a escasos centímetros de un cielorraso de nylon y un plastiducto que vierte el agua par beber en un gran balde, son testigos habituales de una situación que -insistoviven de manera cotidiana y que debemos calificar de exclusión lisa y llana. A esto se han agregado nuevos factores que definitivamente les hacen más insoportable la existencia. Los habitantes de estas viviendas tenían una servidumbre de paso en el terreno vecino. De manera inconsulta, fue cerrada. Haciendo uso del derecho a disponer de los bienes inmuebles privados, los propietarios de un frigorífico y de una barraca bloquearon el pasaje precario que constituía la única salida que existía hacia camino Carrasco. En consecuencia, quedó cerrado el paso para los vecinos y se
bloqueó la posibilidad de que accedan vehículos particulares y públicos que concurran en caso de emergencia. Desde entonces, los habitantes de la zona viven en una suerte de enclave casi aislado, sitiado por un muro. Para acceder a la principal vía de tránsito de la zona deben recorrer varias cuadras, en un terreno de lo más inhóspito, sin el más mínimo planeamiento. Esta situación se agrava sensiblemente con las inclemencias del tiempo. Cuando las lluvias se intensifican, es frecuente que se inunden los hogares y los lugares utilizados para el tránsito. Entre otros riesgos, esto conlleva la proliferación de roedores y ofidios, algunos de los cuales se han encontrado dentro de las habitaciones. Hoy en día, la demanda más urgente de los vecinos se limita a un acceso directo a camino Carrasco que no implique transitar varias cuadras entre pozos, barros y mugre, saltando entre irregulares corrientes de agua -tal como hacen a diario-, y que posibilite al menos la entrada de una ambulancia o de un vehículo de bomberos, si fuese preciso; uno piensa que podría ser necesario en cualquier momento. Nos han relatado que la respuesta a las gestiones realizadas ante las autoridades municipales se limita a decirles que no deberían estar viviendo allí. Los testimonios son realmente desgarradores. Algunos nos han dicho: “Si llueve, los niños no van a estudiar; no pueden hacerlo”. Otros han señalado: “Para conseguir trabajo miento, porque si digo que vivo allí, nadie me contrata. En realidad, no tengo dirección, porque, ¿cómo explico dónde vivo?”. Nos constan los esfuerzos realizados en favor de otros pobladores de la zona, así como los recursos que se han invertido, fundamentalmente, en la margen montevideana del arroyo. También sabemos que para estos vecinos en particular el escritor Daniel Baldi ha donado implementos de lluvia y otros artículos. La realidad es que no podemos hacer de cuenta que estas personas no viven allí, como si fueran parias a quienes la planificación urbana desconoce o, peor aún, arrincona, haciendo caso omiso a sus reclamos por una consideración comunitaria que es inequitativa ya desde las expectativas y los anhelos
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que estos vecinos se permiten. ¿O es que pensamos que aquellos que reciben ayuda pecuniaria de algunos de los planes sociales ya deberían darse por satisfechos y esperar, con algo que ya no sé si calificar como paciencia o resignación, que alguna vez alguien se acuerde de ellos? Es seguro que las transformaciones de fondo que estas complejas situaciones requieren demandarán mucho tiempo, pero mientras esperamos por las soluciones definitivas no podemos hacer como que no vemos. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——La situación que referimos no puede ser considerada una especie de efecto colateral indeseado; mucho menos podemos permitir que estas personas queden abandonadas a su suerte. Hay demandas que no pueden seguir siendo postergadas Estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación. Tenemos la impresión de que entre los edulcorados números que nos hablan de un mejoramiento de ciertos índices de los que solemos jactarnos se esconden algunas letras, entre ellas, las iniciales de Pedro, María, Juan y José, que viven olvidados, al costado del arroyo Carrasco, y que no son público objetivo de las campañas de bien público, siempre demasiado autorreferenciadas. Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a la Intendencia y Junta Departamental de Canelones, al Municipio de Paso Carrasco; a los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Desarrollo Social y de Salud Pública; al Codicén y a los medios de prensa de circulación nacional. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.
SEÑOR GIANOLI TRAVIESO (Héctor Gabriel).Señor presidente: el fin de semana realizamos una recorrida y teníamos previsto exponer sobre la problemática de dos asentamientos de Montevideo situados en el Municipio D, los barrios 23 de Diciembre y Régulo, en Mendoza y Linneo. A la vez, esta mañana tuvimos la oportunidad de participar de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente a la que concurrió la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En esa sesión obtuvimos una información fehaciente y clara sobre los números que componen todo el trabajo que se viene realizando, incluso con el Programa de Mejoramiento de Barrios, el ex PIAI. En el caso de los asentamientos 23 de Diciembre y Régulo, los temas jurídicos sobre la titularidad del padrón y la forma de financiar los programas están pendientes de resolución. A un barrio afincado hace dieciséis años, esto le significa seguir esperando el financiamiento con los préstamos del BID y la intervención del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Recorriendo esos barrios y habiendo comprobado esta mañana que están en carpeta, podríamos decir que la presencia del Estado no está del todo ausente. Lo increíble es que el Estado está presente con aquellos servicios por los cuales el ciudadano debe tributar. Cada uno de esos vecinos -familias trabajadoras- paga UTE, OSE y fibra óptica. Hoy coincidíamos con la ministra en que las políticas de Estado se programan, pero demoran en llegar. Hemos insistido en forma permanente, y también hemos escuchado hablar de los gobiernos de cercanía. Es en ese sentido que queríamos plantear a la alcaldesa del Municipio D la situación de ese barrio, que no cuenta con una calle en condiciones, que no tiene cunetas y se inunda y que no está iluminada. O sea que aquellos servicios que pueden mejorar la calidad de vida, en general, están ausentes, sin contar las distancias que deben recorrer esos vecinos para acceder a la locomoción a fin de llegar al trabajo o ir a estudiar. Entendemos que la Intendencia ha soltado la mano al vecino; las políticas de Estado quizás no, pero no llegan. Hoy se nos decía que es la Intendencia la que debe priorizar qué barrios atender primero.
11.- Requerimiento a las autoridades competentes de que atiendan la problemática de los asentamientos 23 de Diciembre y Régulo, del Municipio D, del departamento de Montevideo
Tiene la palabra el señor diputado Héctor Gabriel Gianoli Travieso.
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Entonces, queríamos pedir al Concejo Municipal que realmente sea un gobierno de cercanía, y por eso estamos haciendo esta intervención. No estamos pidiendo soluciones que vendrán, sin duda, ya que los asuntos figuran en carpeta. Los vecinos reclaman que la calle esté en buenas condiciones, que haya una cuneta que permita el desagüe, que se facilite una colaboración, ya que OSE ha intervenido en el saneamiento, que en muchos lugares es a cielo abierto, y que se ponga la iluminación necesaria para salir a la mañana temprano y volver con cierta seguridad. Esto lo decimos porque, cuando vemos que invertimos en corredores y luego invertimos en demoler corredores, y también invertimos en terminales que se transforman en fantasmas, capaz que un gobierno de cercanía podría llevar una solución con un par de horas de máquina, unos viajes de balasto y algún foco, para estos vecinos que hace dieciséis años viven en ese lugar, lo consideran su hogar y están dispuestos a defenderlo y a colaborar con el Estado. Coincidimos con las autoridades en que este es un tema de responsabilidad de todos. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a los Municipios D, G y F de Montevideo, y a la Intendencia y Junta Departamental de Montevideo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.
Lo que queremos compartir hoy con la Cámara es la preocupación que vivimos en el departamento de Rivera, relacionada con la minera que explota yacimientos de oro en Minas de Corrales. Muchos estamos enterados, no sé si todos, de que Orosur, la empresa madre de la que es subsidiaria Loryser, que tiene a cargo y explota los yacimientos en el departamento de Rivera, concretamente en Minas de Corrales, llamó a concurso de acreedores. Esta situación ha llenado de incertidumbre a todos los habitantes de Rivera, sobre todo, a los trabajadores y a la población de Minas de Corrales. La empresa Loryser, que en este momento tiene deudas con proveedores y debe salarios, ha dejado trascender, a través de Orosur, que su continuidad o viabilidad en el departamento depende de la respuesta a la solicitud de un permiso de explotación de una veta. En realidad, lo que se pretende con esta situación es trasmitir que la responsabilidad está en manos del Gobierno o del Estado, que no ha respondido a la solicitud de continuar explotando una veta que fue usada en determinado momento. En concreto, queremos decir que esta empresa ha actuado con irresponsabilidad, pues le quedan quince o veinte días continuados de trabajo en la veta que está explotando y se termina. Una multinacional que no haya explorado ni tenga como opción de salida otra veta para seguir trabajando en el momento en el que se termina la que explota actualmente, habla de una muy mala gestión empresarial. Estuvimos recabando información en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en el de Industria, Energía y Minería, en la Dinama y en la Dinamige. Esta empresa, en esta situación, está invirtiendo capitales extraídos del país en explotaciones en el exterior. Si entramos a la página de Orosur, veremos que ellos dicen con claridad que Loryser es la empresa que financia los emprendimientos y la búsqueda de yacimientos de Orosur, la empresa madre. Es decir que hoy Loryser no tiene recursos, pero Orosur está comprando tres minas en Chile y un emprendimiento minero en Colombia con muy buena perspectiva de retorno financiero. Entonces, se dice a la población y se le quiere trasmitir al Estado una responsabilidad por la respuesta relativa a un proyecto de explotación de
12.- Preocupación por el llamado a concurso de acreedores de la empresa Orosur, Loryser S. A., que explota los yacimientos de oro en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera
Tiene la Aristimuño. palabra el señor diputado Saúl
SEÑOR ARISTIMUÑO (Saúl).- Señor presidente: antes que nada, quiero agradecer al compañero Walter De León por haberme cedido el espacio.
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una veta para el cual la Dirección Nacional de Medio Ambiente ha solicitado que se presente un estudio de impacto ambiental completo, en virtud de ser un proyecto catalogado como categoría C, o sea de riesgo ambiental importante, porque el yacimiento que pretenden explotar pasaría por debajo y muy cerca de una pileta de relave que ya está tapada pero que contiene parte del cianuro utilizado en la separación del oro en las etapas anteriores, pero nunca lo hizo. Por lo tanto, queremos dejar en claro que hay una muy buena voluntad desde los organismos del Estado en dar respuesta, pero no se puede darla cuando el proyecto de impacto ambiental no ha sido presentado. Queremos compartir con ustedes la irresponsabilidad de una empresa que, como todas las multinacionales, se lleva los recursos, pero cuando está en una situación comprometida pretende que desde el Estado, desde el Gobierno, se financien los estudios y corra riesgo la inversión financiera para seguir explotando este emprendimiento. Señor presidente, al ser un tema tan delicado, pedimos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se curse a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas, a los medios de prensa en general y fundamentalmente a los de Rivera, a la Junta Departamental de Rivera y a los medios de prensa de la localidad de Minas de Corrales. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.
Sin embargo, este asunto quedará postergado para el próximo 4 de setiembre -voy a avisar al sindicato-, pero la media hora previa es buena ocasión para recordar que el 1º de agosto se conmemora el Día del Educador Detenido-Desaparecido. A partir de un congreso denominado Julio Castro, que realizó hace algunos años la Federación Uruguaya de Magisterio, se estableció el 1º de agosto de cada año como Día del Detenido-Desaparecido, trabajador de la enseñanza, que es lo que hoy se conmemora. Es buena la ocasión -aunque breve y humilde; merecerían mucho más- para hablar de ese Día, debido a las características de este gremio y de los trabajadores de la educación de todo el país; corresponde una justa conmemoración a todos los educadores de la vida de nuestro país. Señor presidente: ese congreso -que se realizó en AEBU- tuvo una parte oratoria a cargo de un amigo de Julio Castro, el maestro Miguel Soler Roca, quien dijo: “Julio Castro fue mi gran amigo”. Además, ese maestro, ese educador, destacó la nobleza de la persona desaparecida y no escondió la emoción al hablar de Castro, como seguramente tampoco haremos quienes estamos reunidos en esta sala, quienes pertenecemos a partidos democráticos con representación parlamentaria, y mucho menos los trabajadores de la educación. En aquel momento fue imposible no sentir el calor de las expresiones de este maestro refiriéndose a su amigo. ¿Por qué se eligió el 1º de agosto para celebrar este Día? Tiene que ver con el maestro Julio Castro, quien participó en el proceso de fundación, en 1945, de lo que hoy es la Federación Uruguaya de Magisterio. Todos los trabajadores de la enseñanza, pública y privada, lo recuerdan -la sociedad también- por ese hecho, ya que fue un gremialista destacado, un hombre ilustre -como lo calificó en su oratoria el maestro Soler-, además de destacarse como analista crítico de la sociedad, periodista y mártir de la dictadura. Luchó por mejorar las condiciones de la educación rural y en todos los ámbitos educativos hoy es considerado como uno de los grandes educadores del país, respetado por su extensa labor académica. En la parte oratoria a la que hice referencia el maestro Soler también dijo que si se le presentara un
13.- Reconocimiento al maestro Julio Castro con motivo del Día del Detenido-Desaparecido Trabajador de la Enseñanza
Tiene la palabra el señor diputado Óscar Groba. SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: en décimo lugar del orden del día -se ha trabajado y coordinado entre todos los sectores políticos- figura al Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada.
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problema de cualquier índole, pensaría en consultarlo a él, a Julio Castro. Entonces, señor presidente, recordando esta fecha y haciendo un pequeño y humilde homenaje y reconocimiento a Julio Castro y a todos los trabajadores de la enseñanza, tenemos que decir que el 1º de agosto de 1974 Julio Castro fue detenido por el Ejército; fue arrestado junto a Juan Carlos Onetti y Hugo Alfaro por la publicación del cuento El guardaespaldas, de Nelson Marra. Estuvo preso en el Cilindro Municipal, y después lo desaparecieron. La educación y la sociedad democrática se quedó con un oscuro pesar. Asimismo, el maestro Soler -según algunas de las palabras vertidas que recordamos- decía que Julio Castro era un floridense agitador; que entraba a las reuniones técnicas, agitaba la discusión y desarmaba lo conversado, al punto que se debía comenzar de nuevo la asamblea. Y bueno, en aquella época se transformó en otro mártir de la dictadura, a la cual se opuso constantemente. Señor presidente: en estos pocos minutos, en forma muy humilde, queríamos homenajear especialmente en la figura de Julio Castro, a las educadoras y a los educadores de todo el país y de todas las ramas de la enseñanza por su sacrificio en la lucha contra la dictadura. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a los sindicatos de la enseñanza, a la FEUU, al Frente Amplio, a todos los partidos democráticos con representación parlamentaria y a la prensa nacional. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el trámite solicitado. (Se vota) ——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA. Ha finalizado la media hora previa.
objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente para el Cuarto Período de la XLVIII Legislatura.
15.- Licencias. Integración de la Cámara
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: Del señor representante Daniel Peña Fernández, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Auro Acosta. Del señor representante Jorge Pozzi, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Dari Mendiondo. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señora Mónica Díaz, señor Jorge Rodríguez, señor Matías Rodríguez, señor Julio Pérez, señora Jacqueline Ubal y señora Elizabeth Villalba. Del señor representante Richard Charamelo, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Aldo Lamorte. No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente, señora Betiana Britos. Del señor representante Eduardo Rubio, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Pérez. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Julio César González Colina y señora Romy Saron Silva. Del señor representante Sebastián Sabini, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Paula Pérez Lacues. Del señor representante Carlos Varela Nestier, por el día 14 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Gabriel Courtoisie.
14.- Aplazamiento.
Se entra al orden del día. En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay
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No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente, señora Elena Ponte. De la señora representante Graciela Bianchi Poli, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Ángel Domínguez. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Pedro Jisdonian, señor José Luis Bringa, señora Gerardina Montanari, señor Mario Arizti Brusa y señora María Camila Ramírez. Del señor representante Nicolás J. Olivera, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora María Dolores Álvarez López. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política: Del señor representante Sebastián Sabini, por el día 1º de agosto de 2018, para asistir a la Audiencia Pública del Municipio de Canelones, a realizarse en la citada ciudad, convocándose a la suplente siguiente, señora Paula Pérez Lacues. Licencia en misión oficial: Del señor representante Nicolás J. Olivera, por el período comprendido entre los días 14 y 18 de agosto de 2018, para asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose a la suplente siguiente, señora María Dolores Álvarez López. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores: Del señor representante Pablo Iturralde, por el período comprendido entre los días 3 y 15 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Díaz Angüilla. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política: Visto la solicitud de licencia del señor representante Gerardo Amarilla, por el período comprendido entre los días 14 y 17 de agosto de 2018, para participar en el Primer Foro Latinoamericano de Política y Gobierno, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Repú-
blica de Bolivia; ante la denegatoria por esta única vez de los suplentes convocados, y habiendo agotado la nómina de suplentes, ofíciese a la Corte Electoral a sus efectos. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cincuenta: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.
16.- Ex intendente de Cerro Largo Villanueva Saravia. (Exposición del señor representante José Yurramendi por el término de veinte minutos, con motivo de cumplirse veinte años del fallecimiento)
Se pasa a considera el asunto que figura en segundo término del orden del día: “Ex intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia. (Exposición del representante José Yurramendi por el término de veinte minutos, con motivo de cumplirse veinte años del fallecimiento)”. La Presidencia quiere destacar la presencia en el palco de la derecha del señor Diego Saravia, hermano del exintendente Villanueva Saravia; de su hijas, Lucía y Cándida Saravia; del señor José Yurramendi, padre del nuestro colega; de la señora Mary Pérez, y del señor Julio Collazo. Asimismo, saludamos la presencia en el palco de la izquierda, del intendente de Cerro Largo, economista Sergio Botana; de la señora Silvia Acuña; del doctor Alberto Volonté, y de la escribana Beatriz Argimón, presidenta del Directorio del Partido Nacional. Además, nos acompañan la alcaldesa de Nueva Helvecia, la señora María De Lima; amigos del exintendente que se encuentran en la primera barra, y el senador Jorge Larrañaga, quien se encuentra en la bandeja derecha. Tiene la Yurramendi. palabra el señor diputado José
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SEÑOR YURRAMENDI (José).- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a usted y a todos los compañeros representantes, que accedieron a realizar este homenaje. En este mes de agosto, todos los hijos de Cerro Largo recordamos -como todos los días de nuestra vida- a un hombre que dejó marcada su huella en nuestro departamento; por lo tanto, reitero mi agradecimiento a los compañeros de todos los partidos. Quiero saludar a su familia; a dos de sus hijas, Cándida y Lucía; a su hermano, Diego Saravia; al señor intendente de Cerro Largo, economista Sergio Botana, que está acompañado por Silvia Acuña; al ex presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, doctor Alberto Volonté, a quien agradecemos mucho por la amistad que tuvo con Villa, y a la actual presidenta del Honorable Directorio del Partido Nacional, señora Beatriz Argimón. Como representante nacional por Cerro Largo, quiero homenajear en esta Casa a Villa, un hombre que fue intendente de nuestro departamento. Más allá de los lazos familiares que nos unían, siento una gran admiración y cariño por él, que no se termina porque la persona no esté físicamente con nosotros. Villanueva Saravia Pinto nació el 16 de setiembre de 1964 y falleció el 12 de agosto de 1998, a los treinta y tres años de edad. Era hijo del productor rural Diego Saravia y de la maestra Luz del Carmen Pinto Giordano. Luego de la muerte de su madre, se fue a vivir con sus abuelos maternos, Luis César Pinto y María del Carmen Giordano. Era tataranieto del caudillo blanco Aparicio Saravia. Villa devolvió al apellido Saravia a los primeros planos de la prensa nacional. Fue padre de tres hijas: María Victoria, Lucía Belén y María Cándida, y estaba casado con Verónica Bejérez. El 8 de marzo de 1971 comienza sus estudios en la Escuela N° 3 de Melo, “Juana de Ibarbourou”, y culmina primaria en la Escuela N° 2, “José Pedro Varela” de nuestra ciudad. En 1977 ingresa a secundaria en el Liceo N° 1 de Melo, donde cursa los tres primeros años. Luego, en
1980, ingresa al Liceo Militar N° 4 de la ciudad de Minas. En 1983 ingresa a la Facultad de Derecho, en donde cursa parte de la carrera de abogacía. Con el retorno a la democracia en 1984, inicia su vida política militando en filas blancas junto al ex intendente de Cerro Largo, Juan José Burgos, y acompañando la fórmula presidencial de Juan Carlos Payssé para las elecciones de 1984. En el año 1987 se vincula al Movimiento Renovación y Victoria, liderado por el doctor Gonzalo Aguirre, y es electo presidente de la juventud nacional de ese sector. En el año 1989 fue candidato a diputado por Cerro Largo, en apoyo a la fórmula Luis Alberto Lacalle Herrera-Gonzalo Aguirre. A pesar de haber sido el candidato más votado, pierde la banca por la ley de sublemas. En setiembre de 1990, gracias al apoyo popular y a su gran capacidad e inteligencia, fue nombrado vicepresidente de OSE con tan solo veintiséis años. Desde ese cargo realizó numerosas obras en todo el país y, en especial, en su departamento de Cerro Largo. Voy a contarles una anécdota que ocurrió en ocasión de desempeñarse en el cargo de vicepresidente de OSE, y que quedó grabada en los funcionarios y en todos aquellos que se enteraron de lo sucedido. Un tren de AFE que llevaba vagones cargados de fueloil descarriló en el departamento de Florida; el combustible fluía hacia la cañada que desemboca en el lago de Paso Severino, de donde se abastece cincuenta por ciento del agua de los uruguayos que viven en Montevideo y gran parte del área metropolitana. Era una mañana lluviosa de invierno, los vehículos de OSE no podían entrar al lugar y había que colocar barreras flotantes. El vehículo que finalmente llegó fue el de Villanueva Saravia y lo hizo mediante maniobras muy riesgosas. Así se evitó una verdadera catástrofe medioambiental nacional que hubiera significado la contaminación del lago de Paso Severino. En este acontecimiento se puso de relieve la pasión que ponía en cada acto de su vida. Siempre se destacó, tanto en el ejercicio de la Vicepresidencia de OSE como en la Intendencia, por
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la ejecutividad en la realización de obras. Al respecto, podemos destacar la ampliación de la red de saneamiento de las ciudades de Melo y Río Branco, por lo cual la capital departamental resultó ser en aquellos años una de las ciudades con mayor cobertura de alcantarillado del país. También logró llevar agua potable a todos los barrios de Melo y a las localidades del interior del departamento, trabajando mancomunadamente con la sociedad civil, a través del Plenario Interbarrial y de distintas comisiones barriales del momento. En las elecciones de 1994, se postula a intendente municipal por el departamento de Cerro Largo, cargo que obtiene a los treinta años; fue el intendente más joven de la historia. El 15 de febrero de 1995 inicia su gestión al frente de la Intendencia de Cerro Largo, que al momento de asumir él, se encontraba con un abultado déficit en millones de dólares. Adoptó medidas económicas y políticas que representaron un nuevo estilo de gobernar en el departamento. Luego de que asumió el gobierno departamental, trabajó profundamente en el reordenamiento de la nueva administración en materia económica, administrativa, de obras y políticas sociales. A partir del primer día de gobierno, tuvo como desafío organizar el festejo de los doscientos años de fundación de la ciudad de Melo, así como planificar y desarrollar obras en todos los rincones del departamento, lo que dejó claras las diferencias que existían con respecto a sus antecesores y marcó un estilo propio de gobernar. Por ejemplo, en materia económica, los funcionarios municipales dejaron de cobrar sus haberes con retraso, y todos ellos tuvieron la certeza de que se les abonaría antes del 10 de cada mes. Otros de los grandes logros de la administración Villanueva Saravia fueron: restablecer los créditos del Banco de la República; poner al día los aportes al BPS; restablecer la atención sanitaria privada a los municipales y a sus familias; recuperar la cartera de contribuyentes de la Intendencia Municipal, y restituir el parque automotriz del Ejecutivo departamental. En cuanto a la ejecución de obras, era un intendente presente, que trabajaba a la par de los funcionarios; atendía a quien lo necesitaba en
cualquiera de las obras en las que se encontraba. Era un intendente de poco escritorio y mucha calle. Entre las obras realizadas podemos destacar el hormigón de la calle Ejido; avenida de las Américas; avenida de la Guardia Nueva; bulevar Francisco Mata; reconstrucción del aeropuerto de Melo; la Fuente de los 200 años; la Fuente de la Vida, ubicada en Mata y Ruta N° 8; el monumento en homenaje a las madres; carpeta asfáltica, realizando las primeras experiencias en calle Agustín Muñoz y Ruta N° 8; obras de cordón cuneta pluviales; cientos de cuadras de bitumen; esas, entre tantas obras que desarrolló en Melo. También desarrolló obras en otras localidades del interior, destacándose las de Río Branco y lago Merín. En 1996, Villanueva Saravia fue un fuerte opositor a la reforma constitucional plebiscitada, lo que le valió nuevos y duros enfrentamientos políticos. Durante el tiempo en que estuvo al frente de la Intendencia de Cerro Largo, entre muchas otras cosas, Villanueva apoyó de manera significativa el deporte, logrando fortalecer, por ejemplo, el torneo local de fútbol; se registraron asistencias record en el Estadio Arquitecto Antonio Ubilla y se ganaron, a nivel de selecciones, campeonatos regionales y del interior. Además, posibilitó a los clubes del fútbol local reforzarse con futbolistas de vasta trayectoria, que provocaron el resurgimiento del fútbol de Cerro Largo. Entre otros, llegaron a nuestra ciudad jugadores como Ricardo “Zurdo” Viera y Ernesto “Pinocho” Vargas, campeones del mundo que deleitaron a toda nuestra gente. También apoyó fuertemente a las distintas disciplinas del deporte tales como el hipismo, las artes marciales, el ciclismo, y el automovilismo. En materia política de juventud, creó la Oficina Municipal de la Juventud, compuesta por más de trescientos jóvenes en todo el departamento, siendo estos los principales actores de la política de gobierno, realizando diferentes campañas tales como: la del abrigo, la del kilo, contra el alcoholismo y la drogadicción; brindando, a su vez, apoyo a instituciones sociales, culturales y educativas. Esta oficina, con estos jóvenes, era sinónimo de alegría y de fiesta de toda la ciudadanía, destacándose la Semana de la Juventud
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que se hacía año a año, donde estuvieron los mejores artistas nacionales e internacionales del momento. En materia social, la administración de Villanueva Saravia se destacó por la calidad al momento de brindar apoyo en las áreas de vivienda, salud y alimentación. Todo esto contribuyó a tener un departamento en pleno crecimiento en lo económico laboral así como en el desarrollo social y cultural. También -y lo más importante- es cómo esto impactó en la autoestima de la gente del departamento, que orgullosamente decía: “somos de Cerro Largo”. Es innegable que su figura y su estilo han quedado definitivamente incorporados a la memoria popular de Cerro Largo. Por encima de sus seguidores y detractores, esto marca claramente y sin discusiones su estatura histórica. Ahora vamos a proyectar un video que hemos preparado para compartir con ustedes, con el fin de mostrar un poco lo que Villa hizo, lo que Villa fue ya que, a pesar de haber pasado veinte años, está en nuestra memoria y es bueno compartirlo con ustedes. Como les decía, me quedo con una frase que hace unos días se dijo en el cementerio de Melo por la bancada de ediles del Partido Nacional de todo el país. Villa era una persona con coraje, que se enfrentó a todo y a todos, pero siempre pensando en su departamento. Se destacó la palabra “coraje”. Miro a nuestro colega, el diputado Tabaré Viera, quien debe tener mil anécdotas, porque con Villa pudo hacer muchas de las obras de OSE en aquel período. También están en las barras y en el palco personas de confianza y amigos de Villa que estuvieron en la administración y, en estos minutos deben estar pasando por su cabeza miles de imágenes, miles de recuerdos. Quería compartir con ustedes este video que muestra algo de lo que fue Villa. (A continuación se proyecta un video) ——Estas eran imágenes de algunas de las obras de Villa.
Finalizando, quiero agradecer la presencia de los senadores Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber, Carlos Camy y Guillermo Besozzi. Y quiero leer un fragmento del discurso que Villa hizo el día que asumió como intendente de Cerro Largo: “[…] No soy individuo de promesas, soy hombre de compromisos; no solo soy hombre de ideas, más que nada soy individuo de acción; de hechos y concreciones; no soy, a partir de hoy, Intendente de abrazos; sonrisas y regocijos: no soy a partir de hoy Intendente de decir; soy sí gobernante de hacer, de construir y de exhibir resultados […]”. Eso es lo que era Villanueva Saravia. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los compañeros. (Aplausos en la sala y en la barra) SEÑOR PRESIDENTE (Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Tabaré Viera. SEÑOR VIERA (Tabaré).- Señor presidente, hijas de Villanueva Saravia y demás familiares que nos acompañan, autoridades del Partido Nacional, señor intendente de Cerro Largo, senadores, amigos que están en la barra, estimados compañeros diputados: nos sumamos al homenaje que en la tarde de hoy realiza esta Cámara a Villanueva Saravia Pinto, Villita, en nombre del Partido Colorado, con gusto y satisfacción, porque lo conocimos y mucho. Sin duda, en su lamentablemente corta vida, Villita demostró ser una persona de muchas facetas, que desempeñó muchas actividades. La suya fue una vida muy proficua, vivida en forma intensa, con sus características personales, entre las cuales, para empezar, quisiera destacar su enorme inteligencia y capacidad. Indudablemente, Villa fue un muchacho inteligentísimo, por encima de lo normal, y vivió su vida de modo intenso, como todos sabemos; al decir del escritor Taco Rodríguez Larreta: a todo trapo. Él no sabía andar despacio ni en auto ni en las cosas que hacía. Tal vez había adivinado que tenía que hacer mucho en poco tiempo. Como se ha dicho, falleció a los treinta y tres años y supo ser un Saravia digno de su estirpe. Tal vez todas las etapas de su vida personal y política fueron moldeando sus características perso-
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nales. Siendo muy joven, por esos avatares de la vida terminó residiendo con sus abuelos maternos, responsables de gran parte de su formación personal. Su abuelo, Luis César Pinto, fue un referente principal en su vida. Sus estudios primarios y liceales los cursó en Melo. No menos importante -por lo que él comentaba y por su forma de ser- debió ser su pasaje por el Liceo Militar de la ciudad de Minas, donde completó la secundaria. Era claro que no tenía vocación militar, pero sí una actitud disciplinada que seguramente se debió a ese pasaje por el Liceo Militar. No debe haber sido fácil para él, porque lo abandonó -según contabacuando le impusieron un arresto de veintitantos días; luego de eso no volvió. Después, se trasladó a Montevideo, a cursar en la Universidad de la República la carrera de derecho, que estudió durante varios años, que creo también le representó un aporte importante. Si bien no se recibió de abogado, por su gran capacidad e inteligencia, Villa manejaba muy bien los temas legales. Estamos hablando de los años 1982 y 1983, época que coincide con el movimiento de reinstitucionalización del país, con la salida de la dictadura; ese fue el comienzo de su actividad política. Había empezado con el entonces intendente de Cerro Largo, José Burgos, y continuó su actividad en Montevideo, acercándose a la casa del Partido -como mencionó el señor diputado Yurramendi-, y en 1982 acompañó la fórmula Payssé-Maeso, en aquella interna de recomposición de los partidos. Contrajo matrimonio muy joven. Su primer matrimonio fue en el año 1983 y fue padre por primera vez en 1986. Volvió a Melo en 1987 y su primera campaña fue en 1989, cuando fue el candidato a diputado por Cerro Largo más votado individualmente. No ganó la banca porque en aquel momento existían las acumulaciones electorales por sublema, que tanto extrañamos, dicho sea de paso. Ya entonces, Villanueva, con su juventud, mostraba la pasión que ponía en todas sus cosas, inclusive en la actividad política. Esa dinámica a veces confrontativa lo llevó a tener muchos enfrentamientos, incluso en la interna de su partido; hay muchas anécdotas al
respecto, entre las tantas que en Cerro Largo se cuentan de su historia. También mostró su enorme carisma, eso tan importante en política y que casi no tiene definición, esa actitud personal que hacía que a Villita lo siguieran jóvenes y viejos. Los viejos lo adoraban; los jóvenes lo admiraban. Tenía, además, una cara angelical, de niño, aun cuando había dejado de serlo. Los mayores realmente adoraban a Villa. Vuelve a Montevideo en 1990, cuando es designado y distinguido como vicepresidente de OSE, por confianza, obviamente, y porque se lo había ganado en la cancha, porque cuando se trata de cargos políticos los partidos no solo tienen en cuenta a las personas por los votos, sino también por sus capacidades, sus cualidades y sus actitudes políticas. Como decía el señor diputado Yurramendi, a los veintiséis años asume como vicepresidente del Directorio de OSE; fue entonces cuando lo conocí. Tuve la oportunidad de compartir con Villita durante cuatro años la tarea en ese Directorio. Hoy nos acompaña el doctor Volonté, que estaba en la UTE en esa época; a veces, en algunas cosas, actuábamos en conjunto. Conocí a una persona única, extraordinaria. La primera vez que hablé con Villa, cuando nos presentamos -todavía no habíamos tomado posesión del cargo-, por esas cosas de la vida, me estaba mostrando algo y apareció un revólver. Yo dije: “¿Cómo va a hacer esto?”. Pero después pude hacerme amigo de Villa y conocer a un hombre con facetas enormemente contradictorias. Era una persona tierna, amigable, querible; como dije, enormemente inteligente, con una memoria prodigiosa. A los pocos meses de estar en el Directorio de OSE, Villita discutía temas con los ingenieros como si hubiera estado allí toda la vida. Era ejecutivo; solía salir a ver las cosas in situ, cuestionar, llamar a Directorio, preguntar por determinadas cosas, discutir y llegar a fondo en los temas, inclusive, con los técnicos. Hombre de una enorme dinámica, recorría el país todas las semanas; a Melo, cuando queríamos ver, ya había ido y vuelto. (Suena el timbre indicador de tiempo)
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——Estaba en todos lados y siempre dispuesto a trabajar en las cosas de emergencia. Contaré solo una anécdota porque se acaba el tiempo. Corría el año 1992 o 1993; era un verano seco, ¡el pánico de la OSE! Había enormes problemas de abastecimiento de agua, incluso en zonas como Punta del Este, en plena temporada. Eso era un drama económico, social y también turístico. Allá nos fuimos con Villa y con un gerente muy dinámico -quien, lamentablemente, terminó fuera de la OSE; fue inexplicable-, y surgió la idea de revisar si todas las válvulas estaban bien abiertas. Nos pasamos tres días recorriendo las grandes válvulas a ver si estaban bien abiertas, porque un poquito más de agua podía hacer la diferencia. Entre los tres maniobrábamos los enormes volantes de las grandes tuberías de impulsión, con más de mil vueltas. Y para saber si estaban bien abiertas, teníamos que cerrarlas, dando las mil vueltas, y volver a abrirlas, con mil vueltas más. Y lo hacíamos a todo trapo, porque Villa iba a esa velocidad y había que seguirlo. Debido a un don de mando excepcional, que demostró después en la intendencia, y de organización, pudieron concretarse una cantidad de obras -como se mostró en el video- e iniciar otras que fueron fundamentales, como la quinta línea de bombeo a Montevideo y los estudios y la concreción del saneamiento de la bahía de Maldonado. Después, en 1994, Villa fue candidato a la intendencia. Fue intendente también a todo trapo y vimos transcurrir su gestión -que, evidentemente, ¡fue una gran gestión!- estuvo envuelta en varias. Inició una formidable modernización y transformación de la Intendencia de su departamento; tanto fue así que, a los pocos meses de haber asumido, festejó los doscientos años de la ciudad de Melo inaugurando una cantidad de obras imponentes, incluida la famosa plaza de los doscientos años. Polémico, desafiante, se perfilaba, sin lugar a dudas, como un gran dirigente nacional porque, a sus treinta años, ya lo conocían dentro y fuera del Partido Nacional, en todo el país. Lamentablemente, fallece en forma trágica a los treinta y tres años, también en medio de una polémica que sigue hasta ahora y a la cual no nos interesa ingresar en este momento, pero es parte de esa
icónica vida que tuvo. Villita fallece para que empiece la leyenda, esa leyenda que es de Cerro Largo, pero que viven todos los uruguayos, que dio lugar a varios libros, a tantas polémicas, y de la cual quiero hoy rescatar, en este sentido y justo homenaje, a la persona, al dirigente del Partido Nacional, al blanco que fue Villanueva Saravia, como un ejemplo para las nuevas generaciones. Felicito al señor diputado Yurramendi por esta propuesta. Que llegue a su Partido Nacional y a su familia nuestro más sentido homenaje. Gracias. (Aplausos en la sala y en la barra) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Gloria Rodríguez. SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar al diputado Yurramendi por la iniciativa de llevar adelante este tan merecido homenaje a la figura de Villanueva Saravia Pinto. Saludamos a su familia; a sus amigos; al señor intendente de Cerro Largo, economista Sergio Botana, y al doctor Alberto Volonté. Hoy rendimos homenaje a una persona que, sin lugar a dudas, dejó su marca en la vida política de nuestro país, en el sentir de un pueblo y de todos aquellos que tuvimos la dicha de conocerlo. El 16 de setiembre de 1964 nace en Melo -departamento de Cerro Largo- Villanueva Saravia Pinto, para todos nosotros, Villita o el Villa. Se recuerda que ese niño inteligente, inquieto, rebelde y soñador se subía a un banquito, debajo de la parra de la casa de sus abuelos, e improvisaba discursos políticos. Con una impronta avasallante, inteligente, con las cualidades de un líder nato, encarnó en los tiempos modernos la esencia más pura del caudillismo. Vivió la vida tan intensamente como ejerció la actividad política, desde muy temprana edad, y a la inteligencia sumó toda su pasión al servicio de lo más importante que la política debe tener: la gente. Y el reconocimiento llegó pronto, cuando a los treinta años de edad el voto popular lo consagra intendente de su querido departamento -nuestro departamento-, el intendente más joven de la historia.
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Si hay algo que Villita siempre hizo fue, precisamente, estar cerca de quienes más lo necesitaban. Esa proximidad, ese entusiasmo que despertaba la admiración incluso de los adversarios y la visión de futuro que siempre caracterizaron sus ideas y su gestión se conjugaron de manera tal que, a pesar de lo fugaz que lamentablemente fue su actividad política, perpetuaron una huella que jamás será borrada. Era obstinado, siempre activo, con una energía y una convicción que lo impulsaban a querer abarcar todo. Lo recordamos en su período como intendente, visitando las obras viales que se realizaban en su querido departamento, supervisando y, cuando lo creía necesario, pico en mano, uniéndose a la cuadrilla que se encontraba trabajando. Esa imagen describe fielmente lo que era Villanueva Saravia: no le gustaba delegar, sentía la necesidad de afrontar todo él mismo, sin importar de qué se tratara. Él cargaba con orgullo el peso y la responsabilidad de liderar su departamento. Como todo personaje digno de tal carisma, poseedor de un espíritu político sumamente combativo, no estuvo exento de polémicas, pero nadie podrá nunca discutir la eficiencia, la ejecutividad y la proactividad con que se desempeñaba, ni la vocación de servicio que tuvo siempre para con su pueblo. El 15 de febrero de 1995, en el mismo acto de asunción como intendente, confirmaba la noble madera con la que estaba forjado al expresar: “No hay lugar en nuestro corazón ni en nuestro espíritu para albergar sentimientos menores, mezquinos o revanchistas. Los intereses generales han de prevalecer sobre los intereses particulares. Cambiemos, amigos, el lenguaje de las disputas por el de la armonía constructiva”. Durante una entrevista que le realizara la periodista Sonia Breccia le obsequiaron un pequeño árbol y Villita confesó que se sentía identificado con él en cuanto daba su generosa sombra, pero no en tanto no permitía que crecieran otras plantas a su alrededor. Esa metáfora expresaba su esencia de estimular el desarrollo y el crecimiento de personas, ideas y, en definitiva, del propio Partido Nacional. Villanueva fue un fiel representante de esa rebeldía, de esa fuerza indomable que hace tan apa-
sionados a quienes somos blancos; indudablemente, eso manaba de su sangre saravista. Hoy, en este día tan especial, muchos podríamos hablar de su legado, pero creemos que la mejor manera de rendirle homenaje es contagiándonos de esa energía innovadora, de esa rebeldía y de esa alegría con que vivía la actividad política. No debemos permitir nunca que el desgaste de los años, las injusticias y los obstáculos hagan mella en nuestro espíritu combativo; el suyo nos enseñó el verdadero significado de la palabra inclaudicable. Debemos trasmitir a las generaciones que no tuvieron la dicha de conocerlo ese ejemplo de trabajo y militancia, esa vocación de servicio y amor por su partido, por su departamento, por su gente, por su país. Por encima de todas las cosas debemos inculcar a todos aquellos que comienzan la actividad política -y recordar a todos aquellos que ya la transitamos- una máxima de Villita que él encarnó como pocos: para ser realmente grande hay que estar con la gente y no por encima de ella. El 12 de agosto de 1998 su promisoria vida se vio truncada por lo inexplicable de la condición humana. Siempre te recordaremos tan lleno de vida, siempre presente, siempre junto a todos y siempre muy junto a tu querido departamento, Cerro Largo, querido Villanueva Saravia. Muchísimas gracias. (Aplausos en la sala y en la barra) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Fratti. SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: el colega Yurramendi me allanó el camino con los saludos y dijo algunas cosas a las que es probable que hagamos referencia o repitamos. Esta es la primera vez que hablo en un homenaje en esta Legislatura, no porque no haya habido homenajes merecidos, sino simplemente porque por formación no soy un hombre muy afín a los homenajes póstumos ni a la presencia formal en los velatorios. Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida, si se puede, y prefiero darme un tiempo y tomar un mate con un amigo antes que ir
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al entierro. Pero acepto que esta es parte de nuestra convivencia y es lógico que el Frente Amplio me solicitara hablar en su nombre en este homenaje, mucho más en este caso, ya que se trata de una personalidad de mi departamento, al que se reconoce por ser una tierra de caudillos y poetas. Por lo tanto, no puedo rehuir esta responsabilidad de hacer uso de la palabra, no solo en nombre de mi fuerza política, sino en el de los muchos hombres y mujeres de mi departamento que lo votaron con fervor y lo lloraron con mucho dolor. Villa, como se lo llamaba popularmente, nació y se crió muy cerca de la casa de mis padres, a tres o cuatro cuadras, y era casi diez años menor que yo. Al haber pertenecido a una comunidad pequeña de nuestro país -por más que sea una capital departamental-, en la que todos nos conocemos, lo que ocurra con cualquiera de sus habitantes o de sus vecinos lo sentimos como propio, más allá de las coincidencias o diferencias. En mi caso, sin haber coincidido nunca ideológicamente, debo destacar que siendo un hombre muy joven tenía un proyecto personal político de inmensa proyección a nivel nacional. Como intendente tuvo un carácter desafiante, intenso, polémico, con mucha dedicación al trabajo, marcando su presencia en todas las obras llevadas adelante por la comuna. Esta es hoy, tal vez, la faceta de hacedor que mucha gente que lo conoció aún añora. Es bueno que quienes fuimos contemporáneos de la figura homenajeada agreguemos alguna historia no para nosotros, sino para las generaciones que nos conocieron y que querrán saber quién era y de dónde venía. Villanueva Saravia Pinto perteneció al Partido Nacional, habiendo recogido parte del viejo herrerismo. Por eso ustedes deben haber visto en el video proyectado una plaqueta con un fondo verde, que representaba la incorporación o la recuperación de esa vieja insignia de una parte de nuestra historia política que acompañó el Partido Nacional. Era hijo de la maestra Luz del Carmen Pinto Giordano y del productor rural don Diego Saravia Saravia -tenía pedigrí-, y tataranieto del caudillo blanco Aparicio Saravia.
Villa, como lo llamaban, nació -como ya se dijoel 16 de setiembre de 1964 en la ciudad de Melo. A sus dos años, en 1966, a consecuencia de la separación de sus padres, pasó a vivir con sus abuelos maternos, don Luis César Pinto y doña María del Carmen Giordano, quienes a la postre trabajaron intensamente en sus postulaciones políticas. Cuando tenía apenas once años su madre se suicida. A pocos días de cumplir veintiséis años, en 1996, muere su hermano materno, Carlos Arismendi Pinto. Fue padre de tres hijas: María Victoria, Lucía Belén y María Cándida, la que nacería pocos días después de su deceso y cuyo nombre es un homenaje a la señora del general Aparicio Saravia. En 1983, con diecinueve años, en paralelo a sus estudios en la Facultad de Derecho, donde cursa parte de la carrera, se vincula y trabaja con el doctor Payssé, a quien en 1983 la dictadura cívico-militar había nombrado intendente municipal y permanecería en el cargo hasta el advenimiento de la democracia. En 1984 trabaja por la fórmula Payssé-Maeso, pero en las elecciones de 1989 se alinea con el doctor Luis Alberto Lacalle -quien en la fórmula era acompañado por el doctor Gonzalo Aguirre-, postulándose como candidato a diputado, siendo en ese entonces -como se dijo en sala- el candidato individual más votado y perdiendo por quinientos votos debido a la acumulación por la ley de lemas. No obstante, años después, se vería duramente enfrentado en términos políticos con el doctor Lacalle y se incorporaría al sector Manos a la Obra, liderado por el doctor Alberto Volonté, a quien acompañaba el ingeniero Álvaro Ramos. En setiembre de 1990 vuelve a Montevideo; como dijo Tabaré, con veintiséis años es designado vicepresidente de OSE; ya ha sido mencionado su trabajo en este organismo. En 1994, bajo el lema “Cerro Largo puede porque su gente quiere”, Saravia se postula a la Intendencia, la que gana, y con treinta años se convierte en el intendente más joven del país. Asume el cargo el 15 de febrero de 1995, pero no completa el mandato debido a su fallecimiento el 12 de agosto de 1998, con tan solo treinta y tres años de edad, hecho que fue tan polémico como su propia vida. Su trágica muerte fue un hecho sumamente penoso para todo Cerro Largo.
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Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar y dar mi más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos y correligionarios de toda hora. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en la sala y en la barra) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta de una moción presentada por el señor diputado José Yurramendi. (Se lee:) “Mocionamos para que las palabras del homenaje al exintendente Villanueva Saravia sean enviadas a la Intendencia y Junta Departamental de Cerro Largo, al Directorio del Partido Nacional, a la Presidencia de la República, a la prensa en general y a su familia”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas.
18.- Intermedio
SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Señor presidente: solicito un intermedio de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 17 y 58) ——Continúa la sesión. (Es la hora 18 y 15)
17.- Licencias. Integración de la Cámara
19.- Preferencias
Dese cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Daniel Radío, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Jesús Castaldi. Del señor representante Pablo Iturralde, por los días 1º y 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Díaz Angüilla. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores diputados Alejandro Sánchez, Gustavo Penadés e Iván Posada. (Se lee:) “Mocionamos para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 4 de setiembre el siguiente punto: ‘Exlegisladora Alba Roballo. (Homenaje)'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta en cuarenta y siete: AFIRMATIVA. Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores diputados Alejandro Sánchez, Gustavo Penadés e Iván Posada. (Se lee:) “Mocionamos para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles 5 de setiembre el siguiente punto:
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‘Santiago Chalar. (Homenaje con motivo de cumplirse ochenta años de su nacimiento)'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA. Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores diputados Alejandro Sánchez y Gustavo Penadés. (Se lee:) “Mocionamos para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles 12 de setiembre el siguiente punto: ‘Señora Elisa Delle Piane. (Homenaje)'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la sanción de la Ley N° 16.154 que declara el 23 de octubre de cada año como el “Día del Periodista” los legisladores recogían una aspiración histórica de los trabajadores de la prensa, otorgando el merecido reconocimiento a estos profesionales. La fecha no fue elegida al azar. Un exhorto de Artigas del 23 de octubre de 1815 marcó el Día del Periodista, en homenaje al nacimiento de la prensa en Uruguay. El 23 de octubre de 1815 José Artigas que ya había leído el primer periódico oriental que estaba a cargo de Mateo Vidal, envió un oficio al Cabildo de Montevideo apoyando dicha publicación. En ese oficio, Artigas califica al “Prospecto Oriental” como una “herramienta fundamental”. Esa solicitud, que también exhorta a los cabildantes a promover la libertad de prensa, ha sido considerada como un verdadero nacimiento de la prensa en Uruguay. Ese reconocimiento fundacional que hizo Artigas reafirmado por su interés por escribir en la publicación y asegurar su continuidad, motivó muchos años después al Poder Legislativo Nacional a aprobar la Ley N° 16.154, que además de designar el 23 de octubre como el “Día del Periodista” en Uruguay, lo declara feriado no laborable para los trabajadores de la prensa, con derecho a percibir la remuneración habitual. Esa prensa nacida en los albores de nuestra República no ha permanecido inerte. Muy por el contrario, se ha desarrollado en gran manera, fundamentalmente por la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Es notorio el cambio que han experimentado los medios de comunicación social, en especial luego de que se extendiera el uso de internet. No solamente se ha ampliado el número de trabajadores que se desempeñan en el sector sino que se han incorporado nuevas experticias, lo que determina que no se pueda concebir la actividad periodística sino como una práctica en conjunto donde se destaca el trabajo del periodista y la labor de técnicos y administrativos de diversas áreas que hacen posible la comunicación. Y en los que conviven las clásicas funciones con las nuevas, derivadas fundamentalmente, de estos avances tecnológicos. Por ello, así como los legisladores de antaño otorgaron un merecido reconocimiento al periodista al consagrar su día y declararlo feriado no laborable,
20.- Día del periodista y del trabajador de los medios de comunicación en todos sus ámbitos. (Sustitución del artículo único de la Ley Nº 16.154)
Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: “Día del periodista y del trabajador de los medios de comunicación en todos sus ámbitos. (Sustitución del artículo único de la Ley Nº 16.154)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N 535 “PROYECTO DE LEY Artículo único.- Sustitúyese el artículo único de la Ley N° 16.154, de 16 de octubre de 1990 por el siguiente: “Establécese el 23 de octubre de cada año como “Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos” el que se declara feriado no laborable para los mismos, con derecho a percibir su remuneración habitual” Montevideo, 5 de setiembre de 2016 FELIPE CARBALLO, Representante por Montevideo.
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hoy consideramos pertinente y justo ampliar este reconocimiento a todos los trabajadores que hacen posible el desarrollo de la actividad periodística y la comunicación social. Ello sin restar relevancia al rol que cumplen los periodistas como actores sociales a través de los cuales se proyecta una prensa libre, posibilitadora de la universalización del derecho a la información de la ciudadanía. La Asociación de la Prensa Uruguaya fundada en 1944, acompasando el desarrollo del sector ha venido integrando a trabajadores de diversas técnicas y oficios, del área administrativa y de servicios empleados en las empresas de comunicación, sumando en los últimos tiempos a fotógrafos, camarógrafos y técnicos de la televisión abierta y para abonados, así como de otros medios audiovisuales. Trabajadores administrativos y de servicios relacionados también pasaron a formar parte de la Asociación que de acuerdo a sus estatutos es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores de los medios de comunicación, salvo aquellos cuya representación gremial corresponda tradicionalmente a otros sindicatos. Y así como al momento de sancionarse la Ley N° 16.154 bregaba por el Día del Periodista hoy es afín a incluir en este merecido reconocimiento a los demás trabajadores del sector. Con este proyecto se busca mantener el reconocimiento al periodista, en tanto persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas, guiada por principios muy valiosos como son el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable. En un mundo globalizado, enraizado en internet y en las redes sociales, cumple un rol determinante en la preservación de la información, en la pulcritud del lenguaje y de los valores que transmita en cada una de sus expresiones. El Día del Periodista consagra, asimismo, un reconocimiento a una función ejercida por todo aquel que desarrolla una labor periodística y cuyo aporte es valioso para una sociedad democrática. Representa un símbolo y un memorial que se debe mantener sin desmedro del reconocimiento a todos los trabajadores del mismo sector o rama de actividad. Montevideo, 5 de setiembre de 2016 FELIPE CARBALLO, Representante por Montevideo”.
Anexo I al Rep. N° 535 “Comisión de Legislación del Trabajo INFORME Señores Representantes: La Comisión de Legislación del Trabajo consideró y aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto que se acompaña, por las razones que se pasan a exponer. Con la sanción de la Ley N° 16.154 que declara el 23 de octubre de cada año como el “Día del Periodista” los legisladores recogían una aspiración histórica de los trabajadores de la prensa, otorgando el merecido reconocimiento a estos profesionales. La fecha no fue elegida al azar. Un exhorto de Artigas del 23 de octubre de 1815 marcó el Día del Periodista, en homenaje al nacimiento de la prensa en Uruguay. El 23 de octubre de 1815 José Artigas que ya había leído el primer periódico oriental que estaba a cargo de Mateo Vidal, envió un oficio al Cabildo de Montevideo apoyando dicha publicación. En ese oficio, Artigas califica al “Prospecto Oriental” como una “herramienta fundamental”. Esa solicitud, que también exhorta a los cabildantes a promover la libertad de prensa, ha sido considerada como un verdadero nacimiento de la prensa en Uruguay. Ese reconocimiento fundacional que hizo Artigas reafirmado por su interés por escribir en la publicación y asegurar su continuidad, motivó muchos años después al Poder Legislativo Nacional a aprobar la Ley N° 16.154, que además de designar el 23 de octubre como el “Día del Periodista” en Uruguay, lo declara feriado no laborable para los trabajadores de la prensa, con derecho a percibir la remuneración habitual. Esa prensa nacida en los albores de nuestra República no ha permanecido inerte. Muy por el contrario, se ha desarrollado en gran manera, fundamentalmente por la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Es notorio el cambio que han experimentado los medios de comunicación social, en especial luego de que se extendiera el uso de internet. No solamente se ha ampliado el número de trabajadores que se desempeñan en el sector sino que se han incorporado nuevas experticias, lo que determina que no se pueda concebir la actividad periodística sino como una
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práctica en conjunto donde se destaca el trabajo del periodista y la labor de técnicos y administrativos de diversas áreas que hacen posible la comunicación. Y en los que conviven las clásicas funciones con las nuevas, derivadas fundamentalmente, de estos avances tecnológicos. Por ello, así como los legisladores de antaño otorgaron un merecido reconocimiento al periodista al consagrar su día y declararlo feriado no laborable, hoy consideramos pertinente y justo ampliar este reconocimiento a todos los trabajadores que hacen posible el desarrollo de la actividad periodística y la comunicación social. Ello sin restar relevancia al rol que cumplen los periodistas como actores sociales a través de los cuales se proyecta una prensa libre, posibilitadora de la universalización del derecho a la información de la ciudadanía. La Asociación de la Prensa Uruguaya fundada en 1944, acompasando el desarrollo del sector ha venido integrando a trabajadores de diversas técnicas y oficios, del área administrativa y de servicios empleados en las empresas de comunicación, sumando en los últimos tiempos a fotógrafos, camarógrafos y técnicos de la televisión abierta y para abonados, así como de otros medios audiovisuales. Trabajadores administrativos y de servicios relacionados también pasaron a formar parte de la Asociación que de acuerdo a sus estatutos es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores de los medios de comunicación, salvo aquellos cuya representación gremial corresponda tradicionalmente a otros sindicatos. Y así como al momento de sancionarse la Ley N° 16.154 bregaba por el Día del Periodista hoy es afín a incluir en este merecido reconocimiento a los demás trabajadores del sector. Con este proyecto se busca mantener el reconocimiento al periodista, en tanto persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas, guiada por principios muy valiosos como son el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable. En un mundo globalizado, enraizado en internet y en las redes sociales, cumple un rol determinante en la preservación de la información, en la pulcritud del lenguaje y de los valores que transmita en cada una de sus expresiones. El Día del Periodista consagra, asimismo, un reconocimiento a una función ejercida por todo aquel que desarrolla una labor periodística y cuyo aporte es valioso para una sociedad democrática. Representa un símbolo y un memorial que se debe mantener sin
desmedro del reconocimiento a todos los trabajadores del mismo sector o rama de actividad. Es, por los motivos expuestos, que se solicita al Cuerpo la aprobación de la presente iniciativa. Sala de la Comisión, 17 de julio de 2018 LUIS PUIG, Miembro Informante, RUBÉN BACIGALUPE, CLAUDIA DE LOS SANTOS, GERARDO NÚÑEZ”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Luis Puig. SEÑOR PUIG (Luis).- Gracias, señor presidente. La Comisión de Legislación del Trabajo aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley que fue elaborado por el diputado Felipe Carballo y derivado a nuestra asesora, que lo analizó, discutió y votó por unanimidad. Con la sanción de la Ley Nº 16.154, que declara el 23 de octubre de cada año Día del Periodista, los legisladores recogían una aspiración histórica de los trabajadores de la prensa, otorgando un merecido reconocimiento a estos profesionales. La fecha no fue elegida al azar: se tomó un exhorto de Artigas del 23 de octubre de 1815 como fecha para celebrar el Día del Periodista, en homenaje al nacimiento de la prensa. El 23 de octubre de 1815 José Artigas ya había leído el primer periódico oriental, a cargo de Mateo Vidal, y envió un oficio al Cabildo de Montevideo, apoyando dicha publicación. En este oficio, Artigas califica el prospecto oriental como una herramienta fundamental. Esa solicitud, que también exhorta a los cabildantes a promover la libertad de prensa, ha sido considerada como el verdadero nacimiento de la prensa en el país. Este reconocimiento fundacional que hizo Artigas, reafirmando su interés por escribir en la publicación y asegurar su continuidad, motivó muchos años después al Poder Legislativo a aprobar la Ley Nº 16.154 que, además de designar el 23 de octubre como Día del Periodista en Uruguay, lo declara
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feriado no laborable para los trabajadores de la prensa, con derecho a percibir la remuneración habitual. Esa prensa nacida en los albores de nuestra República no ha permanecido inerte; muy por el contrario, se ha desarrollado mucho, fundamentalmente, por la incidencia de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es notorio el cambio que han experimentado los medios de comunicación social, en especial, luego de que se extendiera el uso de internet. No solo se ha incrementado el número de trabajadores que se desempeñan en el sector, sino que se han incorporado nuevas experiencias, lo que determina que no se pueda concebir la actividad periodística sino como una práctica en conjunto en la cual se destaca el trabajo del periodista y la labor de técnicos y administrativos de diversas áreas que hacen posible la comunicación, en la que conviven las clásicas funciones con las nuevas, derivadas, sobre todo, de los avances tecnológicos. Por ello, así como los legisladores de antaño otorgaron un merecido reconocimiento al periodista al consagrar su día y declararlo feriado no laborable, hoy consideramos pertinente y justo ampliar este reconocimiento a todos los trabajadores que hacen posible el desarrollo de la actividad periodística y la comunicación social, sin restar relevancia con ello al rol que cumplen como actores sociales a través de los cuales se proyecta una prensa libre que posibilita la universalización del derecho a la información de la ciudadanía. La Asociación de la Prensa Uruguaya, fundada en 1944, acompasando el desarrollo del sector, ha venido integrando a trabajadores de diversas técnicas y oficios del área administrativa y de servicios empleados en las empresas de comunicación, sumando en los últimos tiempos a fotógrafos, camarógrafos y técnicos de la televisión abierta y para abonados, así como de otros medios audiovisuales. Trabajadores administrativos y de servicios relacionados también pasaron a formar parte de dicha Asociación que, de acuerdo con sus estatutos, es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores de los medios de comunicación, salvo a aquellos cuya representación gremial corresponda tradicionalmente a otros gremios. Y así como al momento de sancionarse la Ley Nº 16.154 se bregaba por el Día del Periodista, hoy estamos afines a incluir en este merecido reconocimiento a los demás trabajadores del sector.
Con este proyecto se busca mantener el reconocimiento al periodista, en tanto persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas, guiado por principios muy valiosos como el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable. En un mundo globalizado, enraizado en internet y en las redes sociales, el periodista cumple un rol determinante en la preservación de la información, en la pulcritud del lenguaje y de los valores que trasmite en cada una de sus expresiones. El Día del Periodista consagra, asimismo, un reconocimiento a una función ejercida por todo aquel que desarrolla una labor periodística y cuyo aporte es valioso para una sociedad democrática. Representa un símbolo y un memorial que se debe mantener sin desmedro del reconocimiento a todos los trabajadores del mismo sector o rama de actividad. Por los motivos expuestos, se solicita al Cuerpo la aprobación de la presente iniciativa. Por último, quiero plantear una corrección al texto. El artículo único refiere a la Ley Nº 16.154, de 16 de octubre de 1990, cuando en realidad es 23 de octubre de ese año. SEÑOR CARBALLO (Felipe).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PUIG (Luis).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: creo que la Cámara está haciendo un justo reconocimiento a un conjunto importante de trabajadores de diferentes partes del país vinculados con los medios de comunicación. Hace un momento, el miembro informante, señor diputado Puig, decía que este proyecto pretende reconocer la tarea de los periodistas y, con la iniciativa que presenta la Comisión de Legislación del Trabajo, aspiramos a abarcar al conjunto, a todos los trabajadores. Pensemos en esos miles de trabajadores de todos los medios de comunicación no solo de la capital del país, sino, fundamentalmente, del interior. Hemos tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), con este sindicato al que muchas veces se demoniza, sin considerar que los medios de
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comunicación son empresas donde hay trabajadores que desarrollan sus tareas. Creo que es una señal muy importante que la Cámara acompase los desarrollos tecnológicos, y fundamentalmente, que reconozca al conjunto de trabajadores que se desempeñan en los medios de comunicación, que va desde los porteros y los sonidistas hasta los camarógrafos, es decir, todo ese importante universo de trabajadores. La iniciativa que la Comisión de Legislación del Trabajo recomienda aprobar es un gran reconocimiento, un acto de justicia a este sector, porque no hay que olvidar que todos aquellos que desempeñan actividades en los medios de comunicación son trabajadores, y esta Cámara no olvida a los trabajadores. Por eso, entendemos que este proyecto es un avance importante en materia legislativa. Gracias, señor presidente; gracias, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Luis Puig. SEÑOR PUIG (Luis).- He finalizado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Amarilla. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Señor presidente: el Partido Nacional también quiere adherir a este proyecto de ley que fue propuesto por el diputado Felipe Carballo y que pasó por la Comisión de Legislación del Trabajo. Nos sumamos a este reconocimiento a los periodistas que trabajan para empresas, a los que lo hacen para el Estado y a los que se desempeñan en forma independiente, que también son trabajadores con cuya digna labor fortalecen las bases de nuestra democracia. En la Comisión de Legislación del Trabajo recibimos en varias oportunidades a miembros de APU, quienes plantearon sus dificultades laborales. Por un lado, están las condiciones laborales que hay que corregir y mejorar; en ese sentido, el Estado también tiene su cuota de responsabilidad en cuanto a garantizar las condiciones para el libre ejercicio de la profesión. Últimamente, se han denunciado algunas presiones; inclusive, una periodista de un medio de comunicación oficial denunció una presión indebida de
organizaciones que pretendían que diera noticias según su parecer. Se ha denunciado una situación compleja frente a los desafíos del cambio de tecnología y de las redes sociales. Los medios de comunicación se ven obligados a redefinirse frente a una realidad que hoy los interpela, pues la comunicación por Internet pone en tela de juicio la manera como algunos medios tradicionales comunicaban históricamente las noticias a la población. La consideración de este proyecto genera un espacio para la reflexión en cuanto al papel que juegan los periodistas y al desafío que se les presenta a raíz del cambio tecnológico, pues a todos nos preocupa cómo seguirá adelante la tarea del periodismo y de los medios de comunicación en este nuevo escenario. Seguramente, con medios independientes y periodistas que puedan cumplir con su labor con profesionalismo y dignidad en la libre expresión del conocimiento y de las ideas tendremos una democracia fuerte. Es todo, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente adhiere también a esta feliz iniciativa del diputado Carballo. Ciertamente, con el agregado que se plantea se hace justicia. En tal sentido y atendiendo a los fundamentos dados por el miembro informante y por quienes nos precedieron en el uso de la palabra, adelantamos nuestro voto favorable a este proyecto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Nosotros también vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, que extiende la celebración y el asueto correspondiente no solo a quienes desempeñan la función periodística, sino a todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación. Nos parece bien; nos parece justa la ampliación que establece el proyecto. Igualmente, consideramos pertinente formular algunos comentarios. No es lo mismo exaltar y celebrar la labor del periodista en cuanto tal que ensalzar la de todas aquellas personas que trabajan en los medios de comunicación, porque quienes se desempeñan en
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ellos y no son periodistas cumplen funciones distintas, como las que pueden desarrollarse en cualquier otro lugar de trabajo. ¿Que eso merece reconocimiento y que esos trabajadores merecen tener su día? Por supuesto que sí, como lo tienen tantos otros trabajadores en tantas otras ramas de actividad: el día del secretario o la secretaria, el día de los funcionarios del ministerio tal, el día de los funcionarios de la administración cual o el día de quienes se desempeñan en tal o cual industria. Entonces, está muy bien que exista este día de quienes trabajan en los medios de comunicación, sin ser periodistas. Pero esto es una cosa y la celebración del periodista como tal por la función periodística es algo distinto y merece, por lo menos, ser señalado como distinto, porque es cualitativamente muy diferente. Creo que una sociedad democrática valora la labor del periodista, no solo como trabajo -el mismo que se realiza en cualquier otro ámbito de actividad-, sino como uno específico, distinto a todos los demás, con un valor en sí mismo, independiente de las condiciones en que se realiza, sea en el marco de una empresa o independientemente. La labor de los periodistas vale por ser tal y creo que es bueno que distingamos esto. No estamos celebrando la labor de los periodistas solo como trabajadores, sino como periodistas. ¿Por qué? Porque en este tiempo en que la información estalla de mil maneras, en este tiempo de auge de las redes sociales, se aprecia cada vez con más claridad el valor de la labor periodística como intermediación necesaria entre la información y la sociedad, entre la información y el ciudadano. Cuando proliferan noticias falsas, cuando se difunden bolazos -permítaseme la expresión- que a veces generan conmoción en la opinión pública, cuando se divulgan datos sin ninguna conexión entre ellos, pero que alcanzan para sembrar el desconcierto entre quienes los reciben de cualquier manera, se ve lo especialmente importante que es la labor de los profesionales que estudian la información, que la ordenan, que la clasifican, que la verifican y que cuando la presentan a la ciudadanía, lo hacen de tal manera que sirve para ilustrar, para orientar, para informar en la cabal y más elevada acepción de la expresión. Esto es lo que hacen los periodistas.
Además, aunque los diarios circulan cada vez menos, por distintos motivos, las radios mantienen hasta cierto punto su lugar, y es a través de estos medios que a la divulgación de información el periodista suma, a veces, el comentario, no el alegato político-partidario o la toma de posición interesada, sino el comentario que también sirve para orientar al ciudadano. Esa es una función importantísima. Yo creo que lo que dicen los periodistas importantes del Uruguay le llega más a la gente que lo que decimos los legisladores en el Parlamento. Esa es una realidad, nos guste o no. A nuestra vanidad le halagaría pensar que es más importante lo que decimos en el Parlamento, pero lo cierto es que resulta mucho más relevante lo que dicen algunos periodistas, los que son reconocidos por la opinión pública. Me parece que todo eso debe ser reconocido y exaltado porque es una pieza fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad democrática. Periodistas capaces, serios, sólidos, independientes, que hagan ejercicio de su libertad, que se comprometan profesionalmente con lo que hacen son un complemento indispensable de la sociedad democrática. Está muy bien que celebremos su día. Y también está bien que celebremos a los demás trabajadores de los medios de comunicación, pero que eso no impida distinguir la labor del periodista de la labor de todos los demás. Es cuanto quería expresar, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. En discusión particular. Léase el artículo único. (Se lee:) «Artículo único.- Sustitúyese el artículo único de la Ley N° 16.154, de 23 de octubre de 1990 por el siguiente: “Establécese el 23 de octubre de cada año como ‘Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos’ el que se declara feriado no labo-
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rable para los mismos, con derecho a percibir su remuneración habitual”». ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, con la corrección realizada en sala por el señor diputado Puig. (Se vota) ——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. (Aplausos en la sala y en la barra) SEÑOR VARELA NESTIER.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.
——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.
23.- Sesión extraordinaria
Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores diputados Gustavo Penadés, Alejandro Sánchez e Iván Posada. (Se lee:) “Mocionamos para que se convoque a la Cámara a sesión extraordinaria para el próximo martes 14 de agosto, a la hora 10, a fin de considerar el siguiente orden del día: ‘Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. (Ejercicio 2017)’. (Carp. Nº 3174/2018)”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.
21.- Sesión extraordinaria
Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores diputados Gustavo Penadés, Alejandro Sánchez e Iván Posada. (Se lee:) “Mocionamos para que se convoque a la Cámara a sesión extraordinaria para el próximo martes 11 de setiembre, a la hora 14, a fin de considerar el siguiente orden del día: ‘Diario El País. (Homenaje con motivo del centenario de su fundación)'”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.
24.- Licencias. Integración de la Cámara
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Silvio Ríos Ferreira, por los días 1º y 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Iris Susana Betancurt Pereira. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señores Guillermo Gasteasoro Nallen y Nelson Leodato Agüero Demetrio. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”.
22.- Supresión de sesiones ordinarias
Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores diputados Gustavo Penadés, Alejandro Sánchez e Iván Posada. (Se lee:) “Mocionamos para que se dejen sin efecto las sesiones ordinarias de los martes 7 y 14, y los miércoles 8 y 15 de agosto de 2018”.
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——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, quien se incorporará a sala en la fecha indicada.
“Mociono para que se prorrogue el término de la sesión”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y tres: AFIRMATIVA.
27.- Urgencias
Dese cuenta de otra moción de orden presentada por el señor diputado Alejandro Sánchez. (Se lee:) “Mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley: ‘Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)’. (Carp. 3185/2018). (Rep. Nº 977/2018)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
25.- Intermedio
SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- ¿Me permite, señor presidente? Solicito un intermedio de cinco minutos. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 18 y 40) ——Continúa la sesión. (Es la hora 18 y 45)
28.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 977
26.- Prórroga del término de la sesión
——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor diputado Carlos Varela Nestier. (Se lee:)
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——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. El proyecto no tiene informe, por lo que no hay miembro informante. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: comenzaremos a considerar el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal que viene del Senado. Esta mañana, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tuvo un arduo e intenso trabajo, que llevó a que aprobáramos por unanimidad en general este proyecto de ley. Cuando entremos a la consideración de los diversos artículos, veremos que serán votados en forma variada. Existieron diversas propuestas de modificación del proyecto que vino del Senado, algunas muy interesantes, pero en función de que existía la voluntad de considerarlo y aprobarlo en esta sesión, para no dilatar más su entrada en vigencia, no pudimos mantener el debate necesario, como nos hubiera gustado a todos los integrantes de la Comisión. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).Disculpe, señora diputada. Quiero ampararla en el uso de la palabra. Hay mucho murmullo en sala, cuando deberíamos escucharla con atención. Puede continuar, señora legisladora. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: le agradezco porque el tema es muy complejo. Estoy segura de que todos los legisladores y todas las legisladoras lo tienen bien estudiado, pero en función del aporte que hagamos quizás algunas cosas queden más claras. Decía que a la unanimidad de los integrantes de la Comisión nos hubiera gustado tener más tiempo para la consideración de este proyecto de ley que se aprobó en el Senado y también para analizar las propuestas realizadas. Hoy se elevó
al plenario, teniendo en cuenta -como ya manifesté- la urgencia y la necesidad de que algunas de las modificaciones al Código del Proceso Penal entraran en vigencia. Hay que recordar que habíamos votado un Código del Proceso Penal sin fecha de comienzo de aplicación. Luego, se llegó a un acuerdo por el cual decidimos que entrara en vigencia el 1º de noviembre de 2017. Antes de que entrara en vigencia se efectuó una serie de modificaciones, que fueron de elaboración principalmente legislativa. Asimismo, todos los partidos políticos nos comprometimos a que, en el plazo de un año, haríamos una especie de balance de esas modificaciones. Estamos casi en agosto. Ha pasado un tiempo que algunos consideran no es prudencial como para hacer ese balance, pero en virtud de los planteos en cuanto a que era necesario efectuarle los ajustes que vinieron del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, se elevó al plenario en el día de hoy. En Comisión recibimos al señor fiscal de Corte y a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, haciendo una especie de balance de la puesta en práctica del Código del Proceso Penal. El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y el señor fiscal de Corte concurrieron a la Comisión correspondiente del Senado, frente a la preocupación que existía con algunos aspectos que se volvieron complejos cuando se empezó a instrumentar la aplicación del Código del Proceso Penal y sus modificaciones, realizadas en esta Legislatura. El proyecto que estamos considerando refiere a un conjunto de modificaciones que se pueden agrupar. El primer conjunto de artículos hace a la relación entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, buscando especificar claramente los cometidos, las competencias de los policías y de los fiscales. Es así que se modifica el artículo 49.1 del Código del Proceso Penal, que en el Senado se votó tal como vino del Poder Ejecutivo. El artículo 2º del proyecto de ley modifica el artículo 50 del Código, apuntando a aclarar que la
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dirección que ejerce el ministerio público respecto de las autoridades policiales, es a los solos efectos de la investigación criminal, en su rol de auxiliares del ministerio público. Al artículo 3º del proyecto que estamos considerando, el Senado agregó un literal a) al artículo 53 del Código, dejando consignado que entre las actuaciones que la autoridad administrativa -la Policía- puede realizar sin orden previa, se encuentra cumplir con las fases del accionar policial, según la Ley de Procedimiento Policial. En el artículo 4º el Senado agrega una modificación al artículo 54 remitido por el Poder Ejecutivo, volviendo a incorporar al texto la palabra “inmediata”. Esto coincide con la redacción vigente del Código del Proceso Penal. Por el artículo 5º se modifica la redacción del artículo 59, que quedó redactado de modo similar a lo que propuso el Poder Ejecutivo, en el sentido de extender la posibilidad de practicar el registro personal no solo respecto de quien estuviera legalmente detenido, sino de quien existan indicios de que hubiera cometido o intentado cometer un delito. Sin perjuicio de lo anterior, se elimina la posibilidad de practicar el registro de aquella persona respecto de la cual existieren indicios que dieran a entender que se disponía a cometer un delito. A través del artículo 6º se agregó en el Senado una modificación al artículo 221.3 que apunta a solucionar un problema práctico. Se aclara ahora que la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la ley que suspende los procesos no impide que se ordenen medidas cautelares, como la prisión preventiva, al momento de disponer la remisión de los expedientes a la Suprema Corte de Justicia. Este sería el primer conjunto de artículos que, como decíamos, apuntan a aclarar el relacionamiento entre la Fiscalía y la Policía. El segundo bloque de disposiciones refiere al dictado de instrucciones generales en materia de política criminal. Por el artículo 7º se modifica el artículo 223 del CPP; se reformula la redacción que envió el Poder Ejecutivo, pero se conserva la supresión de la parte que establecía que en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva. Se elimina de este artículo la lista de delitos en los cuales la prisión preventiva resulta preceptiva, que
pasa -con cambios- a la modificación del artículo 224.2 del Código. En el artículo 8º del proyecto, que modifica el artículo 224 del Código, se agrega una lista de delitos en los que, a los efectos de la prisión preventiva, se presume -cuando el imputado es reiterante o reincidente- que existe riesgo de fuga, ocultamiento, entorpecimiento de la investigación, o riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Con respecto al artículo 9º, que modifica el artículo 273.4 del Código del Proceso Penal, se incluye la posibilidad de que la víctima sea oída en la audiencia. El artículo 273.5 reformula el proyecto del Poder Ejecutivo, señalando que la pena deberá ser cumplida, efectivamente, en todos sus términos. Las demás modificaciones propuestas tienen que ver con el cumplimiento efectivo de los acuerdos en el proceso abreviado. La lógica del proceso abreviado es por un tema de economía procesal. Luego de que el imputado reconoce haber cometido el delito, se abre la posibilidad de que el fiscal le ofrezca una disminución de la pena, con base en ese reconocimiento. Lo que se propone en la modificación es que luego de que ese acuerdo sea celebrado, el imputado cumpla de manera efectiva, y en todos sus términos, el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Quiere decir que luego de que se da esta situación, no entran en juego los beneficios de las libertades, tales como la libertad anticipada u otro tipo de libertades. El artículo 11, que modifica el artículo 301 ter del Código, elimina la habitualidad contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo a los efectos de la exclusión del beneficio de la libertad anticipada, a la vez que agrega a la lista de delitos por los cuales se pierde la posibilidad de acceder a tal beneficio, los contenidos en la ley integral de violencia de género recientemente sancionada. Luego, hay un conjunto de artículos, desde el 12 hasta el final, que refieren a la promoción de ciertos cambios procesales. El artículo 12 dispone que el Estado requirente, en el proceso de extradición, podrá designar apoderado; no se establece que deberá hacerlo como
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está dispuesto en el Código del Proceso Penal vigente. El artículo 13 armoniza el literal c) del artículo 144 del Código del Proceso Penal con las modificaciones que, a continuación, se hacen en los artículos 271.8 y 271.9. Por el artículo 14 se modifican los artículos 271.8 y 271.9, que prevén la posibilidad de disponer diligencias para mejor proveer por el tribunal. Estas facultades procesales no podrán representar una violación del principio de igualdad de las partes en el proceso; se consideró que, así como en el proceso civil existen diligencias para mejor proveer, estas se podían extender, de la misma forma, al Código del Proceso Penal. Por el artículo 15 se agrega un inciso al artículo 514 del Código General del Proceso, que dispone que cuando se remitan actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que analice la constitucionalidad de una ley, las medidas cautelares dispuestas se mantendrán vigentes. Esto es para que los encausados no impidan su prisión, recurriendo a la chicana que constituye un proceso de inconstitucionalidad contra el Código del Proceso Penal, contra el Código Penal o contra la ley especial penal que se le pretenda aplicar. Por el artículo 16 se modifica el artículo 235.1 del Código del Proceso Penal, precisando correctamente que el cese de la prisión preventiva refiere a los procesos regidos por el nuevo Código del Proceso Penal. El artículo 17 modifica el artículo 339.3 del Código, y eleva de ciento veinte días a dos años el término máximo de privación de libertad de la persona requerida en un proceso de extradición. Dicha disposición tiene el sentido de atender las demoras que puedan producirse en el proceso de extradición a efectos de que estas no representen al requerido la libertad automática en dichos casos. Por último, el artículo 18 crea una Comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal, a los efectos de procurar el fortalecimiento y el buen funcionamiento del sistema. De esta manera, detallé, uno a uno, los artículos que conforman el proyecto que estamos
considerando y busqué dar un pantallazo general del articulado, a los efectos de comenzar el debate. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el Partido Nacional votará este proyecto de ley en general y acompañará con su voto la mayor parte de los artículos que lo componen, salvo dos, por las razones que expresaremos rápidamente con relación a los contenidos de esta iniciativa que la miembro informante, señora diputada Bottino, ha detallado desde el punto de vista formal y jurídico. Los miembros de la Cámara de Representantes nos veremos en la necesidad de introducir una modificación al texto vigente, aunque no haya sido la voluntad original, por cuanto se hace una referencia normativa equivocada, una cita incorrecta del artículo 310 bis del Código Penal, que está derogado. Esta mención aparece en los artículos 8º y 10, cuando se establece el homicidio agravado en la nómina respectiva de los delitos que establecen la preceptividad en determinadas circunstancias de la prisión preventiva y, en el otro caso, la limitación de la libertad anticipada. Más allá de esos aspectos, de que tenemos poco tiempo y de que este proyecto llega sin informe al plenario, haré algunas consideraciones generales y otras de carácter político -no tengo más remedio-, porque detrás de este proyecto de ley hay decisiones políticas; sin ninguna duda, el voto de los distintos sectores parlamentarios responderá a motivaciones diferentes, aun cuando haya coincidencia en la forma de votar. Es notorio que en el partido de gobierno hay diferencias con relación a este proyecto; quedó de manifiesto hoy en la sesión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y se advertirá en el transcurso de la votación que hay visiones distintas en cuanto a la necesidad de avanzar en esta dirección. Hay contradicciones que son muy difíciles de interpretar para quienes no integramos el Frente Amplio como, por ejemplo, que se haya promovido el incremento de las penas en otras decisiones legislativas de reciente formalización como, por
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ejemplo, la ley de trata de personas o el delito de femicidio y, sin embargo, exhibir una oposición sistemática, dogmática y contundente con relación al agravamiento de la respuesta penal a soluciones como estas, que aparecen por la vía de la modificación del régimen de prisión preventiva o de libertad anticipada. Nosotros queríamos más tiempo para analizar este tema; en eso coincidimos con la miembro informante. Entendemos que el país pierde una muy buena oportunidad no solo de introducir estos cambios, sino eventualmente, de hacer una revisión bastante más profunda del Código del Proceso Penal vigente; se podría haber aprovechado esta oportunidad para subsanar algunas imperfecciones que surgen de decisiones legislativas anteriores. Pero supongo que en el afán de mantener determinados equilibrios hacia la interna de la bancada del partido de gobierno se nos trasmitió el propósito de actuar rápido y de no innovar, de resolver esto lo más pronto posible y, por lo tanto, sin la más mínima modificación, salvo esta, que pienso estaremos todos dispuestos a consagrar, porque resulta absolutamente necesaria. El hecho -reitero- es que llegamos a una solución que, siendo buena por las cosas que dispone, es incompleta y, en algunos aspectos, imperfecta. Advierta, señor presidente, que el fiscal de Corte -quien ha manifestado públicamente que tiene niveles de acuerdo importantes con este proyecto, y también de desacuerdo, porque coincide en algunos aspectos y, en otros, discrepacomparecerá en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración el 8 de este mes, cuando este proyecto ya estará aprobado no solo por la Cámara de Representantes, sino que supongo también por el Senado, si es que en efecto lo aprobamos hoy con la modificación a la que hacía referencia. Es necesario aprobar este proyecto de ley, señor presidente, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es un ajuste imprescindible, después de nueve meses -se cumplen exactamente hoy- de vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, y la práctica indica que en su implementación surgieron imperfecciones, ineficiencias o insuficiencias que es necesario subsanar y, en segundo término, porque desde el punto de
vista de la política criminal se ha proyectado una respuesta al incremento de la violencia en nuestra sociedad, producto de una notoria escalada de la criminalidad que a esta altura creo que nadie ignora y todos reconocemos como tal. Sin embargo, señor presidente, quiero hacer algunas precisiones con relación a lo último que he afirmado. ¡Ojalá no hubiera sido necesario introducir estos cambios!, pero por las razones que manifesté resulta imprescindible ir en esa dirección, que no implica desandar el camino del cambio de modelo procesal penal que el país viene transitando. Yo no interpreto esto a partir de una visión pesimista, como una suerte de retroceso, de marcha atrás, como si se dejara sin efecto la esencia del nuevo Código, fundamentalmente, en cuanto a la no preceptividad de la prisión preventiva. Creo que ese principio sigue siendo la regla, más allá de que en la Comisión quedó de manifiesto alguna diferencia en cuanto a la redacción. Pero en el proyecto se fijan excepciones a esa regla general o se encapsula la solución del artículo 8° y siguientes -fundamentalmente, del artículo 8°- en lo que refiere a establecer para reiterantes y reincidentes la prisión preventiva de precepto o, por lo menos, que será de precepto que el fiscal del caso solicite cuando estos cometan determinados delitos que integren la nómina que se prevé. La otra precisión que nos parece menester hacer es que esta modificación, más allá de que resulta necesaria por la realidad que enfrentamos todos los días, no va a hacer magia. La ley, por sí misma, las normas, por sí mismas, y sus modificaciones, no tienen efectos mágicos; en todo cado, esta es una adecuación apropiada. Pero de la misma manera en que no nos afiliamos a la tesis del ministro del Interior de que por la vigencia del nuevo Código recrudeció la criminalidad y aumentaron los delitos, tampoco vamos a postular ahora que por modificar el Código vigente y endurecer determinadas consecuencias penales cambiará la realidad que todos los días vivimos los uruguayos; ni tanto ni tan poco. A esta altura de las circunstancias, señor presidente, creo que no hay ningún uruguayo que no haya advertido ya que el señor ministro del Interior tiene por estrategia, por actitud o por propósito permanente, para justificar sus yerros,
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para trasmitirnos a los uruguayos que el error no es propio, sino que hay que buscarlo en otro lado, decir que la culpa está en otro lugar, que la culpa la tienen otros actores del sistema judicial, los medios de comunicación o las víctimas, como muchas veces se ha pregonado y todos lo sabemos; podríamos citar casos concretos, porque abundan. Con relación a esto, el ministro ha dicho, insistentemente, que la culpa de lo que nos está pasando o la responsabilidad del supuesto incremento en la comisión de delitos -que es real- desde la vigencia del nuevo Código responde -según su tesis-, por un lado, a la acción o a la inacción de los magistrados fiscales y, por otro, a las disposiciones del derecho procesal incluidas en el nuevo Código. Con relación a los fiscales, es muy curioso lo que pasa, porque el ministro dice: “No tenemos una diferencia desde el punto de vista institucional o corporativo; nos entendemos muy bien con el fiscal de Corte, pero ha habido dificultades con los fiscales en determinados casos concretos”. Y a continuación hace una enumeración interminable de casos en los que, a su juicio, los delincuentes o quienes cometieron delitos están libres porque los fiscales actuaron mal o lo hicieron con benevolencia, porque abusaron de la prisión domiciliaria o porque, supuestamente, el Ministerio les llevó las pruebas, pero los fiscales no actuaron. En cuanto a la vigencia del Código, creo que es notorio que el ministro Bonomi ha dicho -incluso, hasta le puso un nombre- que, a partir del 1° de noviembre, en el proceso abreviado y en las vías alternativas al juicio oral que el Código prevé ante el congestionamiento del sistema procesal y del sistema judicial debe buscarse la causa del aumento de los delitos. Eso no es verdad, señor presidente. Fue verdad, en todo caso, en los meses de noviembre y diciembre, en el momento en que el nuevo modelo se ponía en marcha, circunstancia sobre la que habían advertido a todos los partidos políticos y a todos los actores públicos los actores del sistema judicial, tanto el fiscal de Corte como la Suprema Corte de Justicia, y creo que las cifras son elocuentes en ese sentido. Yo me encargué de indagar al respecto. En el mes de febrero, a partir de esas afirmaciones del señor ministro, pedí informes a la Fiscalía General de la Nación sobre la evolución de las formali-
zaciones -que sustituyen a los viejos procesamientos del Código anterior- desde el 1° de noviembre y en lo que respecta a los ingresos a prisión. Si bien en los meses de noviembre y diciembre hay una caída notoria de ambos indicadores -lo reconozco-, está claro que a partir del mes de enero comienza a cambiar y se hace mucho más notoria a partir de marzo. En definitiva, tanto las formalizaciones como los ingresos a prisión, en plena vigencia del Código nuevo, notoriamente se incrementan e, inclusive, alcanzan guarismos equivalentes a los que teníamos antes del 1° de noviembre, cuando regía el viejo Código. Eso es muy curioso, además, por lo que dice el ministro, a quien hay que escuchar con atención porque, sin duda, las contradicciones en las que incurre son variadas. Cuando el ministro afirmaba eso, reconocía que ya en octubre se produjo un aumento de las rapiñas denunciadas. En octubre todavía no había entrado en vigencia el nuevo Código; por lo tanto, señor presidente, claramente, la tendencia del ministro de trasladar la culpa -que tuvo como destinatarios finales y recientes a los fiscales nacionales y departamentales, por un lado, y al Código del Proceso Penal, por el otro- queda desmentida por las cifras que surgen de la realidad. Hechas estas aclaraciones generales -si se quiere, son de carácter político, pero creo que corresponden-, haré algunas consideraciones sobre ciertos contenidos del proyecto aunque, lamentablemente, me quedan muy pocos minutos del tiempo de que dispongo. Como decía muy bien la señora diputada Bottino, a través de esta iniciativa se solucionan algunos aspectos que era necesario resolver como, por ejemplo, la circunstancia de que las medidas cautelares mantengan vigencia, en particular, la prisión preventiva, por más que se deduzca una acción de inconstitucionalidad en términos de chicana, decía ella, y yo creo que el término es ilustrativo. También está muy bien que el juez pueda diligenciar prueba para mejor proveer durante el desarrollo del proceso ordinario y del juicio oral. Sin embargo, señor presidente, por lo que dijimos antes, es una lástima que no se hayan corregido algunas otras impurezas que provienen
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de la versión original del Código del Proceso Penal como, por ejemplo, la circunstancia que nos vuelve a recordar el Instituto de Derecho Procesal, en cuanto a que el juez, antes de dictar la prisión preventiva, de disponer la medida cautelar, está inhabilitado a revisar el legajo del fiscal. O sea que tiene que resolver la prisión de un ciudadano, la pérdida de la libertad de un ciudadano -respecto del cual, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, debe tener semiplena prueba de que cometió un delito-, pero no puede contar con todos los elementos, no puede acceder a ellos, porque -según lo que prevé el Código del Proceso Penal vigente; lamentablemente, no se ha corregido- le resulta imposible revisar las pruebas o los elementos recabados por el fiscal. En cuanto a lo demás, hay dos aspectos medulares o dos ejes temáticos que resuelve este proyecto. Por un lado, las relaciones entre policías y fiscales. No era necesario tocar ni un punto ni una coma de lo que ya está vigente en el derecho positivo, tanto en el Código como en la Ley de Procedimiento Policial, porque las normas vigentes ya dicen lo que deben a este respecto. Pero también en este punto el ministro encontró una excusa para justificar su inacción u omisión en cuanto su desempeño. Si el ministro entiende necesario delimitar mejor los roles de policías y fiscales, hagámoslo. De los cinco primeros artículos, votaremos los cuatro primeros. No acompañaremos el artículo 5º por las razones que explicitaré después. Está claro que era innecesario decir -como se pretende- que los policías actuarán en las distintas fases de la acción policial: observación, prevención, disuasión y represión. Eso va de suyo; está en la naturaleza de las cosas y -repito- ya tiene valor y fuerza de ley. Menciono esto como ejemplo, simplemente. Lo que pasó fue que el ministro fracasó, no impartió debidamente las órdenes que debió dar a sus subordinados o su política fue ineficaz en ese sentido y descubrió, una vez más, que los policías aun estando habilitados legalmente a actuar… (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino, señor presidente.
Resulta que los policías no actuaban, según el ministro, porque los fiscales no les permitían que lo hicieran. No vamos a votar el artículo 5º, que habilita los registros personales de los indagados, tanto en la persona como en las cosas, porque creemos que se pierden garantías. Si es necesario, lo aclararemos en la discusión particular. Por supuesto, por las razones que mencionamos antes, votaremos todo lo que respecta al endurecimiento de las consecuencias penales, esto es, las excepciones que se introducen al principio de la no preceptividad de la prisión preventiva y la inaplicabilidad de la libertad anticipada. Sin embargo, no acompañaremos las modificaciones al proceso abreviado, porque si bien entendemos que deben introducirse modificaciones y que algunas de las que se consagran son positivas -como, por ejemplo, establecer que en todos los casos el juez interviniente, el tribunal, deberá decretar la prisión de acuerdo con los mínimos que estipula la legislación penal en el derecho sustantivo-, la condición fundamental era que la pena que los jueces fijaran se cumpliera efectivamente. Esa condición que pidió el Poder Ejecutivo naufragó en el Senado por una razón que todos conocemos: las enormes diferencias ideológicas, las transacciones, las mutuas y recíprocas concesiones que en la bancada del partido de gobierno -seguramente también en el Senado- fue menester hacer para que al final saliera lo que salió. La utilización de los procesos abreviados sin que en efecto se cumplan las penas que son resultado del acuerdo entre el fiscal y el defensor, que está pesando muy fuertemente en la realidad de los uruguayos, queda sin consagración legislativa y deja sin solución uno de los temas centrales que debió haberse resuelto. SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor diputado Pablo González. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: como todos sabemos, el 1º de noviembre del año 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que fue aprobado con el voto de la totalidad de los presentes en sala en aquel momento. Hoy, a menos de un año de su entrada en vigor y sin contar con ninguna herramienta de
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evaluación cuantitativa ni cualitativa, nos encontramos discutiendo modificaciones, algunas de las cuales atacan de muerte los principios inspiradores de la reforma y nos condenan a dar un paso atrás en el proceso garantista que aprobamos. Los argumentos fácticos que algunos han sostenido para defender esta contrarreforma se basan en un análisis casuístico por demás incompleto y pretenden transformar en universales problemas particulares que se han dado en la práctica. De la defensa del garantismo penal pasamos a considerar opciones de claro corte peligrosista con la mirada utópica que busca, a través de la modificación de las formas, incidir en aspectos de política criminal y persecución del delito, con el loable fin de mejorar la convivencia social. Ante esto quiero ser firme y claro: modificar los aspectos procesales penales no cambiará en lo más mínimo la persecución del delito, la política criminal ni el juicio valorativo que efectúan los magistrados al momento de atender un caso penal. Más aún, nos ocupamos de manera equivocada de los aspectos formales mientras estamos estancados desde hace varios períodos legislativos en la reforma del Código Penal y, entre tanto, llueven proyectos aislados que incrementan las penas de algunos delitos, de aquellos que más resuenan en la tribuna, en una clara muestra de irresponsabilidad legislativa. Nadie puede negar que el Parlamento ha contribuido a la inflación penal, y que esto no ha representado de manera alguna la disminución del delito, porque es evidente que el incremento de las penas no genera una baja de los delitos. Durante años, todos los partidos políticos han cuestionado la situación de una gran cantidad de personas que se hallaban privadas de su libertad, en calidad de procesadas y sin condena efectiva. Según los números que surgen de la actuación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario y del Ministerio del Interior del año 2016, previo a la aprobación del nuevo Código, el promedio de personas privadas de libertad sin condena era del 68 %. Hoy estamos ante una crisis en el sistema que, al decir de Bertolt Brecht, se produce cuando “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir”. A esta frase, nosotros
agregamos un comentario de Gramsci: “Es aquí donde nacen los peores monstruos”. Esa es la etapa en la que estamos hoy. El nuevo Código, con la instauración del sistema acusatorio, se planteó una alternativa a un proceso inquisitivo con fuertes cuestionamientos de organismos internacionales por ser de carácter secreto, arbitrario, con poca o nula transparencia, por tener bajo interés en los derechos humanos y por la solución del conflicto. Sin ánimo de hacer valoraciones jurídicas -no es mi especialidad, pero soy representante nacional-, me encuentro en la obligación de comprender la esencia de este nuevo proceso penal y los principios que lo rigen, de entender qué implica el principio acusatorio, la imparcialidad del juez, el rol que debe cumplir en este nuevo escenario, donde se lo ubica como un tercero imparcial que debe tomar sus decisiones en base a los principios de contradicción y oralidad. Debo comprender que la presunción de inocencia tiene rango constitucional y no puede ser avasallada por este Parlamento. Esa presunción no significa que los delitos queden impunes, porque la impunidad es enemiga de la justicia y la democracia. Como representante, me siento en la obligación de defender lo que voté hace poco -algo más de un año- y argumentar en contra de las ideas revisionistas y conservadoras que alimentan la contrarreforma. Al analizar algunos primeros datos de un informe de Ielsur debemos tener presente que en octubre de 2017 se iniciaron 975 procesos penales; en noviembre los casos formalizados fueron 368; en diciembre, 503; en febrero de 2018 ascendieron a 586 y en marzo de 2018 pasaron a 748. Son los primeros pasos de este nuevo Código. De esta forma, se logró que salieran a la luz una gran cantidad de denuncias que no se reportaban, ya que el sistema anterior habilitaba a la Policía a gestionar discrecionalmente las comunicaciones iniciales al Poder Judicial, operando de esta manera como filtro de las denuncias recibidas. Reivindico la necesidad de un sistema penal garantista y humanista y considero que el sistema acusatorio es el método que mejor permite llegar a ese ideal. Esta discusión entre sistema inquisitivo y
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acusatorio no es novedosa y resulta llamativo que en pleno siglo XXI sigamos en medio de esta polémica. Más aún: hay quienes cuestionan la procedencia del proceso abreviado instaurado por el nuevo Código por considerar que violenta garantías. Podría estar de acuerdo con que a algunos delitos aberrantes se les debería vedar el proceso abreviado; no obstante, debemos reconocer que esta herramienta jurídica permite efectivizar la justicia con el establecimiento eficiente de la pena. “Tanto más justa y útil será la pena cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido”, expresaba Cesare Beccaria en el siglo XVIII. Beccaria y Pagano defendieron con meridiana claridad la justicia de un sistema penal acusatorio frente al sistema vigente de esa época: el sistema inquisitivo. Francesco Mario Pagano sostenía que el sistema inquisitivo de matriz romanocanónica era un sistema “terrible y feroz”, que por su “natural e ingénita irregularidad” tiende a la “opresión”. El rito inquisitivo, caracterizado por la presunción de culpabilidad del imputado, por la prisión preventiva, por el secreto y por la forma escrita de la instrucción probatoria, por la posición de inferioridad de la defensa respecto de la acusación, por la confusión entre la acusación y el juez significaban para Pagano una amenaza a la libertad civil, es decir, a la ratio misma que él atribuía al proceso. Por lo expresado, considero que lo ideal sería contar con una evaluación seria, con datos cuantitativos y una interpretación cualitativa de la implementación del nuevo proceso antes de efectuar cualquier reforma, por mínima que sea. No obstante, puesto el proyecto a consideración del pleno, quiero dejar expresa constancia de que no votaré los artículos 13 y 14 aprobados por el Senado, a través de los cuales se otorga al tribunal iniciativa probatoria mediante la facultad de dictar diligencias para “mejor proveer”. El texto aprobado es una daga en el corazón de la reforma y resulta claramente contradictorio con lo que se había dispuesto en el artículo 144, es decir, con la imposibilidad jurídica de que el juez agregue medios probatorios o evidencia al proceso. Con la intención de subsanar la incoherencia dispuesta en el artículo 14 del texto aprobado, se agregó el artículo 13, que implica eliminar esa imposibilidad, ya que la salvedad que se hace -será un ejercicio facultativo del juez, como el dictado de diligencia para mejor proveer- implica que, cuando el juez
quiera, agregará prueba o evidencia al proceso a través de las medidas para mejor proveer. Que el juez pueda producir prueba o agregar evidencia atenta contra el principio de contradicción, contra el principio de igualdad de las partes en el proceso y contra el principio de imparcialidad del juez, al tiempo que traslada la responsabilidad respecto de la producción de prueba de la Fiscalía o la defensa al magistrado, que desde el momento en que dicte diligencias para mejor proveer dejará de ser un tercero imparcial. Por lo expresado, no acompañaré con mi voto los artículos 13 y 14, aprobados por el Senado. Culminaré mi intervención recordando las palabras finales de Cesare Beccaria en su siempre vigente Tratado de los delitos y de las penas, publicado hace apenas 254 años: “[…] para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes”. Y agrego que el que esa pena sea pública, pronta, necesaria y respetuosa de los derechos y libertades humanas solo se garantiza con un proceso de naturaleza acusatoria como el que oportunamente aprobó este Parlamento, al que defendemos hoy y defenderemos siempre. Gracias.
29.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Alfredo Asti, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estefanía Schiavone. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”.
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——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y cinco en cincuenta y ocho:
Queda convocada la correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.
30.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)
Continuando con consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Guillermo Facello. SEÑOR FACELLO (Guillermo).Señor presidente: nos permitiremos realizar algunas consideraciones generales que ampliaremos en la discusión particular, además de presentar algunos artículos sustitutivos. La reforma enviada por el Poder Ejecutivo a las disposiciones de la Ley Nº 19.293 establece en su exposición de motivos la conveniencia de hacer ajustes al nuevo CPP, para una mejor coordinación y trabajo conjunto entre policías, fiscales y tribunales. Pero, a nuestro juicio, muy lejos de lo referido, las modificaciones propuestas afectan intensa y gravemente la estructura del proceso acusatorio, modificando pilares centrales del referido procedimiento, como la prisión preventiva y la libertad anticipada, sin perjuicio de introducir cambios en los institutos del proceso abreviado y, muy escasamente, en el accionar policial. En las modificaciones planteadas debe reconocerse un espíritu de mayor intensidad represiva que, incluso, contradice postulados centrales expuestos al momento de publicitar el nuevo Código del Proceso Penal, como los deseos de que con la nueva estructura procesal quedasen atrás los procesados o formalizados presos sin condena que el nuevo proyecto de ley echa por tierra. En efecto, las nuevas disposiciones de la prisión preventiva indican que, preceptivamente, en determinadas condiciones procesales como, por ejemplo, la reincidencia y la reiteración, ante la imputación de determinados delitos graves efectuada por el ministerio público la prisión preventiva será de
aplicación obligatoria. Por supuesto que el proyecto de ley del Senado, con más elegancia que el original, procura utilizar una vía oblicua al suponer que, con las hipótesis anunciadas -condición procesal de que se trate de reincidentes y reiterantes más la imputación de determinados delitos-, se genera el peligro de fuga, y por eso resulta necesaria la preventiva, lo que no es más que un cambio de etiqueta. El proyecto de ley aprobado por el Senado propugna en forma preceptiva la prisión preventiva para determinados individuos, de acuerdo con su peligrosidad, lo que en noviembre de 2017 era una divisa cuestionada por considerarla violatoria de los derechos humanos por todos los publicistas de entonces del sistema que recién comenzaba a funcionar. Pero así son las cosas: se regresa por la vía de los retoques a los principios de la prisión preventiva como regla, tal como existía en el sistema inquisitivo en la hipótesis de determinados delitos o condiciones procesales, es decir, antes de noviembre de 2017. Lo aquí establecido, señor presidente, no es una crítica al reconocimiento que, con estas disposiciones, se plantea al sistema de institutos libertarios excesivos que han hecho implotar el diseño del nuevo CPP; es solo la constatación de una realidad que por diversas vías se procura maquillar en la exposición de motivos con el eufemismo del peligro de fuga que, en buen romance, se resume en mayor represión sobre la base de la peligrosidad. Y estamos de acuerdo con ese principio, pero no con la forma desprolija y parcial con la que se legisla el proyecto de ley a estudio, pese a la acción “cosmética” que, a nuestro juicio, se llevó adelante en el Senado. Como se verá, se procura que la prisión preventiva esté acompañada del diligenciamiento mínimo de la semiplena prueba que, por mandato constitucional y legal, debería cumplirse sobre la realización del evento delictivo por parte del indagado que, en los hechos, de acuerdo con una torcida interpretación legal, no se llevaba a cabo, pese a lo dispuesto por el artículo 224 del CPP. Con la nueva intensidad que le da ahora el proyecto modificativo a la prisión preventiva, parece básico determinar que al menos exista ese diligenciamiento de la semiplena prueba para salvar
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la grosera inconstitucionalidad que significaría su incumplimiento al amparo de las premisas acusatorias. La interpretación de la semiplena prueba constitucional, de acuerdo con las normas del proceso acusatorio, se efectúa en el ámbito de lo discursivo dialéctico, pero no en el plano real del diligenciamiento efectivo de la probatoria en calidad de semiplena prueba para determinar, en los hechos fácticos e históricos, la posible responsabilidad del indiciado. Yendo al análisis particular, queremos hacer referencia al artículo 8º del proyecto de ley del Senado, en lo que refiere a la modificación del artículo 224.1. En Comisión propusimos que se pudiera decretar la prisión preventiva del imputado si se hubiera diligenciado semiplena prueba ante el tribunal, lo que disminuiría de forma brutal las garantías establecidas por el sistema inquisitivo. También en el artículo 8º, con respecto a la modificación del artículo 224.2 sugerimos eliminar -lo plantearemos en un artículo sustitutivo- la consideración a reiterantes o reincidentes, por entender que la comisión de las graves conductas penales que allí se identifican es de por sí suficiente para la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de la condición de reincidente o reiterante que, por otra parte, era lo que la doctrina crítica del viejo CPP inquisitivo denominaba derecho de autor. En cuanto al artículo 10 del proyecto de ley remitido por el Senado, propondremos incorporar al artículo 301 del Código del Proceso Penal los literales e), f), g), h) e i), y los delitos de hurto agravado y abigeato, según lo estipulado en el artículo 258 del Código Rural, con las agravantes del artículo 259: rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento y extorsión. Pretendemos agregar estas figuras al elenco de los delitos que no admiten el beneficio de la libertad anticipada por entender que la gravedad ínsita de esas conductas amerita su inclusión en el correlato allí referido. En esa misma norma, proponemos agregar: “En los delitos enumerados precedentemente la condición de delito consumado o tentado será indiferente para la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada”. Por último, si bien no está en el proyecto del Poder Ejecutivo ni en el del Senado, mediante un aditivo propondremos la modificación del artículo
384 del nuevo Código del Proceso Penal. El mencionado artículo prevé la aplicación del instituto de la suspensión condicional del proceso, que en sí mismo es de racional comprensión para el caso de comisión de delitos de escasa magnitud pero inaceptable considerando los guarismos que se manejan actualmente. En efecto, de acuerdo con el literal a) del artículo 384, hoy este instituto se puede aplicar a delitos cuya pena mínima sea de tres años de penitenciaría o menos. Parece un exceso que delitos gravísimos puedan ser alcanzados por este tipo de instituto que garantizan al formalizado una pena alternativa a la prisión. Dado que se estima pertinente bajar sustantivamente los guarismos en cuestión, el artículo -que será repartido, pero lo anticipo- quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 384. (Procedencia).La suspensión condicional del proceso no procederá en los siguientes casos: a) Cuando la pena mínima prevista en el tipo penal no supere los seis meses de prisión; b) Cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena; c) Cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión condicional en trámite”. Por estas consideraciones que, a nuestro criterio, es imprescindible tener en cuenta no solo para mejorar esta propuesta, sino -en definitiva y más importante- para dotar al procedimiento penal de herramientas más efectivas que no pudieron ser incorporadas porque el tratamiento que se le dio en la Comisión fue limitado, pues no se dispuso de mucho tiempo para recibir asesoramiento y opiniones de operadores judiciales, votaremos en forma negativa el proyecto aprobado por el Senado. Creo también, señor presidente, que no mitigaremos la situación crítica por la que atraviesa la Justicia con el cambio de procedimientos ni aun con la incorporación de normas sustanciales que tipifiquen nuevas figuras delictivas o agraven las ya existentes. Será imprescindible, a la luz de la corta, frustrada y cuestionada implementación de la Ley N° 19.293, potenciar una nueva estructura judicial, con mayor número de fiscales, con la adecuada preparación que demandan los procedimientos penales vigentes, sin olvidar el fortalecimiento necesario de la función policial, auxiliar imprescindible no solo de la Justicia, sino de toda nuestra sociedad.
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Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alejo Umpiérrez. SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- Señor presidente: vamos a tratar hoy un proyecto de reforma del recientemente entrado en vigencia Código del Proceso Penal, cuya aprobación inicial data de 2014. No es casual que haya tenido varias prórrogas en el pasado hasta su entrada en vigencia. Me atrevo a decir que esta no va a ser la última reforma del CPP que vamos a hacer; me atrevo a decir que va a haber otras. Es más: las tuvimos previamente a la entrada en vigencia de esta norma antes del 1° de noviembre. Hay que separar el trigo de la paja. No vamos a hablar, centralmente, de la cuestión técnico-jurídica, del modelo técnico de Código del Proceso Penal que avala la academia, respecto del que no hay discusiones doctrinarias ni diferencias profundas relativas a la importancia del cambio de un sistema a otro, dejando atrás el viejo código; el problema es que cuando las estructuras jurídicas que se pretende imponer no encajan en la realidad, cuando no hay encastre, se corre el riesgo de que fracasen las estructuras jurídicas o los institutos que creamos, aun cuando tengamos la mejor buena voluntad. La realidad rechina y, entonces, tenemos que analizar los instrumentos jurídicos o, en su caso, los entornos en que funcionan. El gran problema que tiene el CPP no está dentro de sus artículos, sino en la inadecuada estructura administrativa, en haber tenido un voluntarismo extremo al poner en práctica una maquinaria que una vez puesta a rodar, rueda sola. Quizás vimos muchas películas norteamericanas y creímos que en nuestro país todo funcionaría igual, pero la pobreza franciscana con que se mueven en las fiscalías nos cuestiona profundamente y nos demuestra que pusimos la carreta delante de los bueyes. No estaban las estructuras apropiadas ni adecuadas para imponer un Código del Proceso Penal que todos consideramos benéfico y correcto, pero que se transforma en algo independiente de la voluntad de sus creadores luego de ponerse en marcha.
Las fiscalías carecen de funcionarios; por más que haya fiscales adjuntos, no dan abasto, están superados. Lo hablamos con el señor ministro Bonomi cuando en forma oportuna presentamos un proyecto de reforma del CPP respecto de la necesidad de proceder a poblar humanamente las fiscalías y cambiar la realidad del Poder Judicial; uno entra y ve a los funcionarios boyando, a una pléyade de funcionarios sin actividad, que ojalá estuvieran en otro lado, por readecuación estructural, por redistribuciones funcionales, por incentivo; debería generarse un pasaje de funcionarios desde el Poder Judicial hacia las fiscalías. Esto hace que el desborde funcional -errores, omisiones, mucho más que las carencias- sea imputado al Código del Proceso Penal, que es absolutamente impopular, y debemos reconocerlo. Los adeptos al nuevo CPP están en la academia, no entre la gente, y ello pone en riesgo vital la continuidad del Código hacia el futuro. Se necesita dinero, mucho dinero, y no lo vemos en la rendición de cuentas, para adecuar esta estructura, por lo cual, como hemos dicho permanentemente, se ha activado una bomba de tiempo que de estallar no solo va a castigar al Gobierno, sino al sistema político, máxime cuando no se logran soluciones. He visto trabajar a fiscales desbordados, enloquecidos con sus celulares, por la imposibilidad de presenciar interrogatorios y de diligenciar solicitudes de allanamiento, ya que se encontraban en audiencias. Se les ha impuesto una lógica fatal, y todos los errores son achacados al sistema y no a las estructuras administrativas donde funcionan. Eso es una parte. También debemos decir que el Poder Ejecutivo ha demonizado el Código del Proceso Penal, que ha encontrado un expediente fácil para descargar todas las ineficiencias propias de una gestión fallida como la del ministro Bonomi. Los problemas de inseguridad existen mucho antes del 1° de noviembre de 2017 y mal puede sacar la pata del lazo el señor ministro cuando durante su gestión ha visto incrementados sustancialmente sus recursos, cuando se le han adjudicado más funcionarios, que están mejor pagados, cuando dispone de mejor armamento, de más móviles policiales, de nueva tecnología, como El Guardián
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-aunque no sepamos para qué sirve-, de helicópteros que ni siquiera el Ejército tiene, aunque los resultados son cada vez peores. De todas maneras, nosotros propusimos algunas modificaciones porque queríamos evitar zonas oscuras, que entendemos no son cuestiones meramente administrativas, pero no fueron tenidas en cuenta. Proponíamos la modificación del artículo 53, en tanto entendemos que es necesario aclarar, y no solo conciliar con la Ley Nº 18.315, el manual de actuación policial. Es necesario expresar claramente las competencias policiales en materia de investigación prima facie y en forma inmediata, sin necesidad de presencia o actuación fiscal, a fin de desatar las manos de la Policía en su trabajo para el esclarecimiento de los delitos. Y desatar las manos de la Policía no significa violar derechos humanos ni un tipo de desfase de legalidad. También propusimos y acompañamos la incorporación de algunos casos en los que la prisión preventiva fuera preceptiva. Nos referimos a algunos ítems específicos, delitos que entendemos graves, entre ellos, el abigeato en forma agravada cuando es cometido por un funcionario público o por un productor rural, o cuando involucra bienes de altísimo valor, por ejemplo, vehículos tales como los camiones de ganado que a veces valen más de US$ 100.000, lo que demuestra el montaje de una maquinaria delictiva de porte singular. Advertimos que hay errores en algunos artículos. Nos alegramos de que esta iniciativa vaya nuevamente al Senado, para que allí se corrijan algunos horrores; de lo contrario, serían objeto risible. El trabajo se debería haber realizado de otra manera. Los integrantes de esta Cámara no podemos resignarnos a ser meros homologadores de lo actuado en el Senado, más allá de los acuerdos políticos que pueda existir, y que respetamos, o de resoluciones de la bancada oficialista. Digo esto porque creo que todos votamos disconformes, en tanto entendemos que podríamos haber mejorado el proyecto original -de eso se trata la función legislativa-, dado que había nuevas sugerencias y teníamos la posibilidad de buscar asesoramiento que mejorara el producto penal final para evitar lo
que sucederá en el futuro, es decir, nuevas modificaciones a este Código. Como resulta obvio, tenemos algunas discrepancias de fondo con cuestiones que ya estaban aprobadas desde el inicio y que entendemos darán lugar a modificaciones en el futuro; las dejamos planteadas, quizás, agoreramente. Una de ellas es la aplicación del principio de oportunidad y, la otra, el proceso abreviado. Entendemos que, por la vía de los hechos, el principio de oportunidad ha significado que queden impunes una gran cantidad de delitos que jaquean la vida cotidiana de los ciudadanos; me refiero a delitos que son menores pero afectan la cotidianeidad de la vida en sociedad. Esto genera en el delincuente la conciencia de que casi siempre queda exento de pena y, por lo tanto, ellos y otros que ven que no pasó nada reiteran estos hechos o actos. Este es un estímulo adicional a una delincuencia ya desbordada. El otro punto es el proceso abreviado, por el cual se están canalizando más del 70 % de los resultados procesales. Esto ha representado un atajo al derecho, que entendemos implica un retaceo de garantías; esperamos que no se termine descubriendo venalidades, ya que el juez no puede cambiar lo acordado entre las partes y un fiscal. El diputado Ope Pasquet propuso, con buen criterio, que ante desviaciones evidentes el juez pudiera modificar los procesos abreviados, transados entre las partes y el fiscal. Entonces, sin pena ni gloria votaremos este proyecto en general. De todas maneras, esperamos que surta un efecto positivo en la realidad porque, más allá de todo, mejora la redacción existente en muchos campos, genera nuevas garantías y no perfora los principios fundamentales rectores del Código del Proceso Penal; entendemos que empieza a adecuarse lentamente a la realidad, que aún sigue desbordada del marco jurídico y que requerirá nuevas y futuras modificaciones de este Código. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- Sí, señor diputado.
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SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado, quien dispone de tres minutos. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: en el mismo sentido que lo han expresado el diputado Pablo Abdala en nombre del Partido Nacional y el diputado Alejo Umpiérrez en nombre del sector, vamos a acompañar este proyecto en general, pero con el sabor amargo de que este Parlamento, sobre todo esta Cámara, no ha cumplido debidamente con su deber en un tema muy sensible, muy importante, muy relevante. Como decía el diputado Abdala, teníamos la oportunidad de hacer mejoras a un Código que en estos meses ha mostrado sus fallas, lo cual era previsible. Hoy, como integrantes del Poder Legislativo, teníamos el deber de corregirlo de la mejor manera. Como consecuencia del uso de las mayorías parlamentarias legítimas que tiene el Frente Amplio no hemos podido hacer el trabajo que exigía este tema, de tanta envergadura y tanta complejidad; no hemos podido, dado que no tuvimos el tiempo ni el ámbito necesario para mejorar una serie de disposiciones. Muchas propuestas efectuadas en el día de hoy por los diputados Ope Pasquet, Pablo Abdala, Alejo Umpiérrez y Guillermo Facello, realmente representaban muy buenas soluciones; hubiera sido muy conveniente tener la oportunidad de aprobarlas. Como decía el diputado Abdala en nombre de nuestro Partido, creemos que estas modificaciones, en general, mejoran la norma vigente. Por eso, vamos a votar el articulado, excepto los artículos 5º y 9º. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Alejo Umpiérrez. SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- He finalizado, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Macarena Gelman. SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor presidente: hoy nos encontramos discutiendo modificaciones centrales a lo que entendemos como uno de los grandes logros del sistema político, no por la discusión parlamentaria en sí del nuevo Código del
Proceso Penal, sino -principalmente- por el esfuerzo institucional que implicó su puesta en marcha. Todas y todos las y los aquí presentes sabemos la ardua tarea que representó acondicionar los distintos segmentos del sistema penal al proceso acusatorio. Producto de dichos esfuerzos y frente a la preocupación que genera cualquier cambio de esta envergadura, entendemos que no ha transcurrido el tiempo suficiente para evaluar como es debido el nuevo Código del Proceso Penal. Compartimos que es necesario hacer modificaciones y, seguramente, estas no sean las últimas, pero como se manejó durante la discusión algunos meses atrás, un plazo de un año, como mínimo, nos parecía razonable. Por supuesto que debemos reconocer las falencias y procurar mejorarlo. Sin embargo, en mayo ingresa al Parlamento este proyecto de ley que persigue modificar aspectos centrales, fundado en argumentos que a nuestro entender no cuentan con suficiente respaldo empírico. Así como la elaboración del nuevo sistema penal y su instrumentación reclamó un diagnóstico serio de problemas, necesidades y carencias del anterior, lo mismo debería exigirse para su modificación. Advierta, señor presidente, que no existe hasta la fecha -es lógico que así sea, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido- una evaluación certera y global de los efectos del nuevo Código del Proceso Penal. En este sentido, corresponde señalar que la iniciativa es, por lo menos, apresurada. Lo que pedimos es, ni más ni menos, la paciencia que debemos tener ante un desafío como el que asumimos. Nadie puede pretender, ni en las sociedades que se dicen más avanzadas, que los operadores asimilen de manera inmediata el nuevo rol que se les encarga. Estamos hablando de la transformación de un sistema absolutamente perverso, en el que se enquistaban las violaciones a las más básicas garantías. Nuestro país ha sido observado en forma reiterada por los organismos internacionales correspondientes y se ha señalado la necesidad de erradicar, de una buena vez por todas, el sistema penal inquisitivo. Y lo hicimos con dificultades y
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desacuerdos, pero logrando finalmente un consenso que ahora parece desconocerse. El problema de la inseguridad no empezó ni se agravó con el sistema acusatorio; no existe información que pueda asegurar una relación directa entre ambos. Cuando se dice que aumentaron los delitos en el período de entrada en vigor del Código, se soslaya un aspecto central para la comprensión del asunto. En el antiguo régimen era la discrecionalidad del cuerpo policial la que determinaba si comunicaba o no al juez la noticia criminal. Sin embargo, a partir del nuevo sistema, absolutamente todo debe pasar por la fiscalía, que es la que en definitiva decide si continúa con la investigación o no. Por lo tanto, comparar los números de denuncias de delitos entre uno y otro período implica, de base, un problema metodológico. Creemos que los datos con los que efectivamente contamos hablan por sí solos acerca de la eficiencia del nuevo Código en cuanto a la persecución del delito. Lo que está cambiando en forma sustancial no es el número de presos, sino su calidad; lo que ha aumentado fue la cantidad de condenados en relación a los privados de libertad preventivamente. En cuanto a que el aumento del delito está asociado a la disminución de la población carcelaria, el informe del Comisionado Parlamentario de mayo de 2018 echa luz sobre lo falaz de este argumento. Si bien desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal se registró una disminución de la población carcelaria, en los tres primeros meses de 2018 se advirtió que el descenso se detuvo y que no es posible dar una explicación unívoca sobre lo que parece ser un cambio de tendencia que ha traído la norma en los diversos actores de la política criminal. Además, concluyó que los casos de libertad vigilada y vigilada intensiva aumentaron significativamente con la entrada en vigencia del código, lo que implica, como resulta obvio, menos medidas privativas de libertad. Además, la mayoría de los procesos terminan siendo abreviados y eso se traduce en la inmediata prisión de los encausados, con lo cual hacer énfasis en la prisión preventiva carece de sentido. Frente a estos datos solo cabe concluir que, además de ser respetuoso de las garantías de las
personas sometidas a procesos penales, el sistema instalado a partir del nuevo CPP es más eficiente que el anterior. Y no solo es más eficiente, sino que es más justo porque por primera vez en la historia de nuestro ordenamiento jurídico penal, a la víctima se le da un lugar en el proceso. Conocer, escuchar, hacer parte a la víctima es una mejora sustancial y no un mero reconocimiento testimonial. La reparación del daño causado por el delito es tan o más importante que el castigo que le imponemos como sociedad. Por esto, consideramos que el Código del Proceso Penal vigente representa el camino por el que debemos transitar para llegar a una legislación en la que la reparación del daño sea el eje estructurador del sistema. En este sentido, si bien acompañaremos el proyecto en general en el entendido de que mejora el procedimiento policial, el proceso penal abreviado y la situación de las medidas cautelares mientras se sustancia el recurso de inconstitucionalidad, no lo haremos en particular en cuanto a las modificaciones que alteran el espíritu del Código del Proceso Penal vigente, en especial aquellas disposiciones que refieren a la prisión preventiva. La modificación de los artículos 223 y 224 -a través de la redacción de los artículos 7º y 8º del proyecto aprobado en el Senado- representa un retroceso brutal en cuanto a una de las conquistas más importante en materia de garantías que pudo alcanzar nuestro sistema político. Con las redacciones propuestas, se determina, otra vez, la prisión preventiva como regla, más allá del discurso que simula presuponer la inocencia del sujeto hasta que haya sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Si realmente respetamos el principio de inocencia, la prisión preventiva no puede ser preceptiva en ningún caso. La creación de los artículos 301 bis y 301 ter -a través de los artículos 10 y 11 del proyecto aprobado en el Senado- limitan el acceso a la libertad anticipada para ciertos delitos y para reiterantes y reincidentes en otro tipo de delitos. Estos dos artículos siguen la misma lógica que los anteriormente mencionados, vulnerando de manera arbitraria las garantías que deben regir un proceso penal acusatorio. Nos preguntamos, entonces, como venimos haciéndolo en cada ocasión frente a propuestas
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punitivas como esta, qué es lo que se pretende con esta medida. Si es disminuir el delito y aumentar la seguridad, nos estamos haciendo trampas al solitario. Nadie que conozca la realidad carcelaria de nuestro país puede decir honestamente que a más presos, menos delito. Sostener esto, sencillamente, es caer en el enredo discursivo que resulta fácil rebatir. No existe un solo análisis oficial que demuestre que existe una relación directamente proporcional entre el aumento de la población carcelaria y la seguridad de una sociedad. Los niveles de reincidencia no hablan del fracaso de una parte de la medida, sino que demuestran el fracaso de la cárcel para prevenir el delito más que en el corto plazo. La cárcel no sirve; no rehabilita. Reforzar la lógica de la prisión preventiva y eliminar el acceso a las libertades va a contra pelo de lo que deberíamos defender no solo desde una perspectiva ideológica, sino -lo que parece más alarmantedesde una mirada racional del problema. El precio más alto nunca lo paga la institucionalidad, sino los hombres y mujeres jóvenes, pobres, víctimas de un sistema que cada día parece ofrecerles y ofrecernos menos garantías en general. Frente a esto, la solución no es ni por asomo sencilla. Diseñar una política criminal adecuada a nuestra realidad requiere esfuerzo, trabajo y sobre todo conciencia de que se trata de un proyecto que dará sus frutos a largo plazo, lo que claramente implica un problema a la hora de defenderla de los impulsos reformistas de coyuntura que surgen en respuesta a hechos puntuales de mucha gravedad, y eso no lo desconocemos. Sin embargo, esta dificultad de ningún modo justifica ir en el sentido contrario o, peor aún, retroceder sobre nuestros pasos como de hecho lo estamos haciendo en esta oportunidad. La política que debe delinearse tiene que contemplar, por lo menos para empezar, eliminar la selectividad del sistema penal en todos sus segmentos, reducir el encierro, reservar la privación de libertad solo para aquellos casos en que no exista otra medida aplicable efectiva, continuar en la elaboración de planes tendientes a la integración social y, sobre todo, respetar y asegurar la dignidad de las personas privadas de libertad y de todos nosotros.
Por último, los artículos 13 y 14 del proyecto aprobado en el Senado recogen la propuesta del señor senador Bordaberry presentada en la sesión del pasado 26 de junio en cuanto a las medidas para mejor proveer del juez. Entendemos que este representa un enorme retroceso en la conquista que implicó el proceso acusatorio. Queremos recordar que esta discusión ya fue dada en oportunidad del debate de la Ley N° 19.293 y sus modificativas. En ese momento, la decisión de nuestra fuerza política, con buen tino, fue la de no otorgar al juez potestades probatorias en el proceso penal. Y esta respuesta fue sumamente coherente con el espíritu del nuevo Código. Nada está más alejado de un proceso acusatorio que un juez dejando de lado su lugar de imparcialidad para complementar la acción del fiscal en la determinación de la responsabilidad del encausado. La función del juez en la dinámica procesal penal vigente desde noviembre de 2017 es la de decidir en función de los elementos probatorios que ofrecen las partes en el proceso, no la de colaborar con ellos. Aceptar la modificación en cuestión implica retrotraernos al proceso inquisitivo. Debemos tener presente, además, que las medidas para mejor proveer no se encuentran en los códigos modelo de Latinoamérica que inspiraron el nuestro. Por otro lado, surge de la consultoría del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para la reforma del Código del Proceso Penal que estas medidas no tienen lugar en un código procesal moderno, no está en los códigos que se toman como referentes en la región como, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales de México de 2014, el Código Procesal Penal de Chile de 2000, el Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 2015 y los Códigos Procesales Penales de la provincia de Neuquén de 2013 y el proyecto de Río Negro de 2015. No podemos desoír, en cuestiones que reclaman un alto nivel de experticia, las posiciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de la Asociación de Fiscales del Uruguay, de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, del Fiscal de Corte en algunos aspectos puntuales, de la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Universidad de la República, de las organizaciones sociales como Serpaj, Ielsur, Cotidiano Mujer y los Jóvenes
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del PIT-CNT. Todos ellos señalaron no estar de acuerdo con las modificaciones que hoy nos encontramos debatiendo. Apelar a la prisión preventiva como mecanismo para paliar la inseguridad configura un argumento que va en desmedro del análisis de situación: cada vez menos el número de presos es indicador de delito, sino, simplemente, de sospechados de haberlo cometido. No nos cansamos de decirlo: el encierro en sí mismo no es la respuesta para ninguno de los problemas de seguridad en los que se sustente el proyecto puesto a votación, y mucho menos lo es el encierro preventivo, que cercena por completo la garantía más básica de una persona sometida a un proceso penal: el principio de inocencia. Todas las reformas estructurales suelen ser resistidas pero, hoy, a pocos meses de su entrada en vigor, estamos sentando al Código del Proceso Penal en el banquillo de los acusados, demonizando un proceso que fue concebido para transitar una respuesta más humana y respetuosa de las garantías básicas que cualquier persona tiene que tener frente al poder punitivo del Estado. Gracias, señor presidente.
De la señora representante Claudia Hugo, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Lucía Rodríguez Motz. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.
32.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)
Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Gracias, señor presidente. Voy a efectuar una exposición de carácter general muy breve y, luego, intervendré reiteradamente en la discusión particular de los artículos; en un proyecto como este, me parece que esa es la manera más útil de hacer las consideraciones que quiero hacer. En primer lugar, deseo decir que la crisis de la seguridad pública no tiene nada que ver con el CPP; responde a otras causas y viene de mucho antes. No tiene sentido pensar que la explosión de la cifra de homicidios en nuestra sociedad tiene que ver con el ordenamiento procesal penal; no tiene absolutamente nada que ver. Insistir en esto y, como decía hace un momento la señora diputada Gelman, sentar en el banquillo de los acusados al Código del Proceso Penal puede ser una maniobra política con la que algunos intentan eludir sus responsabilidades, pero no responde a la realidad; ese planteo no tiene ninguna consistencia.
31.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Carlos Reutor, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Mathias Dutra Morales. Del señor representante Fernando Amado, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Fitzgerald Cantero.
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En consecuencia, no espero ni me parece que alguien deba esperar que de las modificaciones al CPP que hoy se van a votar resulte una mejora en la situación de la seguridad en general. No va a ser así; no va a incidir en ello. Esta iniciativa es para hacer que el proceso penal funcione de mejor manera y para que la coordinación entre la Policía y la Fiscalía General funcione mejor. Entonces, son otros los fines, no mejorar el estado actual de la seguridad pública, que ¡vaya si reclama la atención de los Poderes públicos! Con relación estricta al Código del Proceso Penal, lo mejor que se puede hacer no es algo de lo que vamos a hacer en la Cámara esta noche. Lo mejor se podría hacer en la Comisión que está estudiando el proyecto de ley de rendición de cuentas. En este punto, reitero lo que dije el pasado 5 de junio, cuando ensayé una evaluación general del funcionamiento del CPP a seis meses de su entrada en vigencia: el problema clave que tenemos es que es insuficiente el número de fiscales. Debemos tener en cuenta que los fiscales han pasado a ser el eje de la investigación penal. Si la Fiscalía no funciona bien porque no tiene funcionarios, no podemos esperar milagros. El Código no puede funcionar bien de esa manera, y por eso tiene tantos problemas. En definitiva, el problema son los recursos. No se requiere una dotación extraordinaria de recursos para mejorar el estado de situación. Con relativamente poco, la situación mejoraría mucho, pero parece que esa verdad evidente no es percibida por quienes tienen en sus manos la decisión. Digo esto porque en el proyecto de ley de rendición de cuentas solo se asigna una partida muy menor para lo que necesita y reclama, con razón, la Fiscalía General de la Nación. Ese es el verdadero problema; todo esto otro es relativamente de menor importancia. El verdadero problema es la dotación de recursos humanos de la Fiscalía. Hasta que no se arregle eso, no va a funcionar bien el Código del Proceso Penal; esa es la realidad. En cuanto a este proyecto de ley, una vez más trabajamos apremiados por el tiempo. Se quiere sancionar esto lo antes posible y, como consecuencia, la mayoría ha establecido una vez
más el criterio de que esto se vota como viene del Senado. Este es un criterio nefasto, que ya ha causado graves perjuicios a la legislación en general y al CPP en particular. Hemos votado de apuro muchas medidas que quizás no deberíamos haber votado nunca. El Código hoy vigente es sustancialmente distinto al que se aprobó en diciembre del año 2014. Este es un Código de formación aluvional; ha recibido una tanda tras otra de modificaciones, todas realizadas de apuro y votadas como venían del Senado. Hemos votado medidas que desfiguraron lo que se había votado, después de un largo y meditado estudio, en diciembre de 2014. Se trata de una serie de disposiciones, que han cambiado la estructura del proceso. El Código de 2014 establecía que debía presentarse la prueba, en lo que se llamaba audiencia preliminar para, después, pedir la formalización del proceso. Esas eran las garantías en el primer momento del proceso, cuando se disponía el procesamiento como se dice ahora, es decir, la formalización. Eso cambió, y la prueba se produce recién después de la audiencia de juicio. Por consiguiente, hoy se dispone la prisión preventiva, ateniéndose el juez únicamente a lo que surge de la carpeta del fiscal. Este tema que ha sido polémico, lo será hoy y seguirá siéndolo. Esos cambios en la estructura procesal vinieron en esa tanda de modificaciones que tuvieron poco estudio y muy poco debate. En el mismo sentido va todo lo relativo a la introducción del proceso abreviado, que es una criatura extraña al sistema. Como bien dice un jurista italiano: no es un proceso alternativo, sino una alternativa al proceso; eso es bien distinto. En el proceso abreviado no existen esos principios de los que tanto nos enorgullecemos: la publicidad y la oralidad. El proceso abreviado es un acuerdo entre el fiscal y el defensor, hecho entre cuatro paredes, que después se lleva bien atado al juez. El juez puede decir sí o no, solo con relación a si se cumplen los requisitos formales establecidos en la ley. No puede indagar qué se acordó, cuáles son los hechos, si la pena es o no la que corresponde, si la calificación jurídica es o no la que corresponde; todo esto al juez le está vedado. Es una cosa absolutamente anómala y reñida con los principios que rigen el Código del Proceso Penal en su conjunto. Sin embargo, está allí incrustado y es la regla de
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funcionamiento de la Justicia penal, ya que por el proceso abreviado se sustancia hoy la enorme mayoría de las causas. Ese proceso es la negación de muchos de los principios que celebramos cuando votamos este Código del Proceso Penal. Cuando llegó esa iniciativa, yo pedí -lo digo para salvar mi responsabilidad- que volviera a la Comisión porque no había sido suficientemente debatida. No se accedió al planteamiento, se votó y yo voté en contra. Hoy, con relación a ese artículo del proceso abreviado que vamos a considerar, volveré a votar en contra. Como decía, no hemos tenido oportunidad de considerar en la Comisión alguna de las varias propuestas que hicimos para modificar estos artículos porque la mayoría se atuvo al criterio de que esto se votara como venía del Senado. Inclusive, cuando me tocó señalar un error en el articulado, porque contenía y contiene remisiones al artículo 310 bis del Código Penal que derogamos la semana pasada, aun en ese caso la mayoría dudó acerca de si procedía la rectificación o no; tal era la firmeza del propósito de votar esto como venía del Senado. Aparentemente, habría un cambio de criterios y se estaría dispuesto a corregir el error; lo celebraríamos porque votar a sabiendas lo que está equivocado, no tiene contrafuerte. Veremos cómo se desarrolla esto en el curso de la sesión y qué es lo que finalmente se vota. Para terminar esta muy breve introducción general -como dijimos, nos explayaremos en la discusión particular-, vamos a considerar este proyecto, que votaremos por la afirmativa, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo hoy y sin mirar exclusivamente los criterios académicos y teóricos. Con seguridad, mereceremos el reproche de la academia por algunas de las disposiciones que, espero, votemos esta noche. La realidad es que nunca hemos tenido ni tenemos hoy códigos que sean la expresión de una teoría pura. Siempre hay concesiones a la realidad y a las circunstancias, que no son iguales en los países en donde se aplica la misma teoría. El legislador, que hace obra política no de doctrina ni académica, tiene que mirar la realidad; debe analizar lo que está pasando y cómo
están funcionando las cosas, no solamente cómo deberían funcionar. Por supuesto, al hacerlo así no se pueden descartar los criterios estudiados en la academia ni los postulados por los teóricos que analizan estos temas. Sin embargo, tenemos que buscar un equilibrio -siempre es difícil encontrarlo y siempre es delicado- entre los postulados de la teoría y los dictados de la realidad. En cuanto a la opinión pública sobre la seguridad, la realidad está golpeando fuertemente a nuestras puertas. Lo que pasó en Casarino hace pocos días debe llamarnos la atención a todos. No podemos sustraernos de esas realidades y estar solo a lo que diga la academia para ver qué leyes sancionamos. Tenemos que mirar cara a cara la realidad y, en función de eso, mejorar las leyes para que ellas vayan haciendo que la realidad también mejore en forma paulatina. Esto es lo que tengo para decir en esta discusión general. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos Hugo Pérez. SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).Señor presidente: nos vemos forzados a comenzar con una aclaración, debido a palabras vertidas en sala. La Unidad Popular no votó el nuevo Código del Proceso Penal, debido a que en 2014 no tenía representación parlamentaria. Si se hubiese votado en esta Legislatura, tampoco lo hubiésemos acompañado. Habríamos optado por un camino distinto. No lo hubiésemos votado, no porque lo anterior no debiera ser modificado, pero lo que debe ser modificado no justifica cualquier cambio. Hubiésemos optado por cambiar lo anterior, pero desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia, desde nuestra gente y con nuestros operadores jurídicos y, sobre todo, con un proyecto de ley de nuevo Código del Proceso Penal a favor de los intereses nacionales y populares y no este cuya procedencia todo el mundo conoce. No vamos a acompañar estas modificaciones por dos o tres aspectos esenciales. Podemos inscribir estas modificaciones en la línea política de responder a los temas de la seguridad pública, como se le llama, o de violencia social, como
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decimos nosotros, por la vía de la represión, de la mano dura. Esto tiende a la simplificación, a no abordar el problema de la violencia social, complejizándolo, encarándolo desde el punto de vista de las causas estructurales de la violencia social. A través de la represión, de la inflación punitiva, se pretende solucionar problemas que no serán resueltos si no se modifica también y sustancialmente, por un lado, la política económica de privatizaciones, de extranjerización, de la concentración más brutal de la riqueza, como hay en este momento y, por el otro, el aumento exponencial de las condiciones de marginalidad. No lo digo porque el delito se asocie a la pobreza, aunque sí se asocia, y mucho, a la desigualdad. Y la hay en este momento, como nunca; inclusive, hay datos de la academia que lo demuestran. Para hacer efectivo el camino de la inflación punitiva se han dictado normas como, por ejemplo, la Ley Nº 18.777, que criminalizó la tentativa de hurto en el caso de los adolescentes, o la Ley Nº 18.778, por la que se crea el sistema de antecedentes para los jóvenes, y otras disposiciones, como la Ley Nº 19.055. Con estas modificaciones surgen dos aspectos que van en ese camino. Uno de ellos es dar más potestades a la Policía. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dice que existe consenso universal de que es en los primeros momentos de la detención cuando el individuo privado de libertad es más vulnerable y hay más riesgo de tortura y malos tratos. O sea que en el momento de mayor vulnerabilidad del judicializable -como creo que le dicen en el lenguaje jurídico-, es en el que se da más potestades a la Policía, que puede tomar declaración a testigos, no solo a los detenidos, puede revisar autos, etcétera, sin la participación del fiscal. Entonces, como se dijo, si el problema es que no hay recursos en la Fiscalía, por lo menos es muy peligroso el camino de dar más potestades a la Policía cuando es más vulnerable la persona que queda privada de libertad. Además del aumento exponencial de las potestades de la Policía, como dice la Institución Nacional de Derechos Humanos, se va por el camino del endurecimiento de las penas.
Está todo el tema de la prisión preventiva preceptiva. Como manifiestan la Institución Nacional de Derechos Humanos y varios catedráticos, es inconstitucional y viola el principio de presunción de inocencia. No es un mero cambio secundario de la prisión preventiva. Cambia la naturaleza de la prisión preventiva: de ser la última opción en materia de medidas cautelares, ahora pasa a ser una pena anticipada. O sea que hay un cambio sustancial de la naturaleza de la prisión preventiva preceptiva; no es un cambio secundario, como se dijo. Asimismo, al eliminarse la libertad anticipada, lo que se hace es eliminar tal vez uno de los estímulos más importantes que tenía el recluso a la hora de su rehabilitación, porque no era lo mismo lo que se hacía o no se hacía dentro de la cárcel. Si uno estudiaba, trabajaba, etcétera, tenía la posibilidad de salir de forma anticipada. Ahora se pierde la posibilidad de que la libertad anticipada la maneje el juez, con las recomendaciones del equipo técnico de rehabilitación. De más está decir que, en nuestras cárceles, capaz que lo único que no se hace es rehabilitar. Hay una rendición incondicional en el sentido de que ya no vamos a rehabilitar, ya no vamos a contar con criterios de un equipo técnico de rehabilitación y la libertad anticipada deja de ser un estímulo para la rehabilitación. Asimismo, declaramos que la cárcel es para el encierro, pero el encierro no es para rehabilitar. Ahora viene el tercer gran elemento: con el ingreso del sistema PPP en las cárceles, con el ingreso del capital en el sistema carcelario, se encierra para generar lucro. El Estado paga la cama en la cárcel, esté ocupada o no, pero si está ocupada, y sobre todo si tiene más del 120 %, va a pagar más. Entonces, es generar lucro; lo importante no es rehabilitar, sino encerrar, y si se puede encerrar con hacinamiento, mejor, porque así va a generar más ganancia. En la cárcel modelo de la PPP ya hubo suicidios, decenas de episodios de violencia y huelgas de hambre de los reclusos, porque los familiares no pueden llevarles viandas, pues las tienen que comprar dentro de la misma cárcel y allí son más caras.
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Como no somos especialistas, no vamos a hacer profusión de comparaciones, pero quienes nos asesoran en estos temas comparaban la situación con la de Estados Unidos, donde dos millones de presos andan en la vuelta y el sistema carcelario se nutre de los inmigrantes ilegales y del narcotráfico. En Uruguay, el sistema carcelario se nutre, principalmente, de aquellos que son procesados sin condena y a quienes se les aplica la prisión preventiva preceptiva, que es algo sobre lo que todos los organismos internacionales han dicho que se abusa, y que debería dejarse de lado. Por estos aspectos -no quiero extenderme más en el uso de la palabra- vamos a votar en contra de las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal. Gracias. SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Darcy de los Santos. SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Señor presidente: antes que nada quiero aclarar que el Partido Socialista -ante la propuesta de reforma del Código del Proceso Penal- va a votar el proyecto en general pero no, creo que por primera vez, algunos de los artículos. Lo primero que queremos decir es que Uruguay, a través de amplios acuerdos políticos e interinstitucionales, decidió avanzar en la implementación de un nuevo régimen y en un camino que entendemos debe ser irreversible. Y lo ha hecho para mejorar la calidad de la administración de justicia y de los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los acusados, a fin de que puedan gozar de mayores garantías, sino para visibilizar y poner en escena a quien ha tenido una participación no voluntaria, que es la víctima, y que hasta ahora estaba desaparecida del sistema. Indudablemente, si miramos el proceso que nos llevó, luego de algunas postergaciones, a determinar la entrada en vigencia del Código el 1º de noviembre pasado, recordaremos que los actores que participan en la administración de justicia o en todo el proceso fueron consultados y manifestaron que no solo existía la necesidad de
implementarlo, sino que estaban en condiciones, en general, de hacerlo. Sin embargo, todos sabíamos que la implementación, entre otras cosas, contenía una serie de modificaciones, no solo en el sistema, sino en el rol que cada uno de los actores debía cumplir con respecto a la forma de relacionarse con los otros, y en la disponibilidad o exposición que cada uno de ellos iba a tener, ya que eran diferentes. Considero que este punto se previó en ese acuerdo general, ya que se puso el plazo de un año -como mínimopara generar una revisión, ver cómo funcionaba y, teniendo en cuenta la experticia en la ejecución, poder ir sugiriendo los cambios necesarios para lograr una mejor implementación. Creo que la diputada Gelman dijo en su exposición que los cambios surgieron el 15 de mayo, apenas seis meses y medio después de que se comenzó a implementar el régimen. Indudablemente, en ese lapso se detectaron muchos errores y falencias, pero algunos tenemos la idea de que el proceso todavía estaba verde, le faltaba maduración. Como legisladores del interior, y de un departamento que, como el resto del país, vive situaciones complejas en materia de delitos, hemos podido observar la aplicación de este nuevo régimen en dos sedes letradas. Eso nos permitió ver las diferencias en la adaptación o en la velocidad de la implementación entre los distintos actores, ya que muchas veces dependió de la forma en que se fueron adecuando al nuevo régimen. Eso demuestra que el problema no es el instrumento, sino cómo lo usamos. Queremos decir que para nosotros hubiese sido mejor un plazo de observación un poco más extenso. Creemos que las modificaciones, la bajada a tierra, debería haberse hecho luego de transcurrido el año de prueba que se había establecido. De todos modos, entendemos que la puesta en práctica, al desnudar las falencias en su aplicación, nos ha develado algunas cuestiones que tienen un carácter más administrativo que legal. Un legislador que me precedió en el uso de la palabra dijo: “No generemos la expectativa” -creo que fue algo así- “de que estos cambios legales van a lograr una solución inmediata, y que mañana ya
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no vamos a tener problemas en la aplicación de la justicia”. Varias exposiciones han aclarado un punto. La implementación del nuevo régimen ha provocado, quizás, algún cambio o enlentecimiento inicial, que era lógico, en el número de formalizaciones, lo que antiguamente eran los procesamientos. Pero ya hemos visto que esos procesos van adecuándose, por lo menos, a las estadísticas anteriores. No hay un menor índice de formalizaciones, o sea que el nuevo régimen no sería el responsable o por lo menos no hay elementos para responsabilizarlo de una baja de la aplicación de la justicia, por decirlo lisa y llanamente. Al analizar toda la propuesta, la situación actual nos debe marcar algunos nortes sustanciales como sociedad. Habrá que mejorar, a través de distintas instituciones, las condiciones de trabajo, y tendremos que aumentar los esfuerzos en aquellos procesos de investigación. Creemos firmemente que un factor debe ser preponderante y a él debemos sumar esfuerzos. Entendemos que las personas que han cometido un delito deben ser responsabilizadas y asumir las consecuencias de sus actos. Tienen que transitar los pasos que la sociedad disponga para asumir su responsabilidad, y nosotros deberemos hacer esfuerzos muy grandes en los mecanismos de reinserción. Toda persona que hoy pasa por el sistema judicial y es formalizada o, en definitiva, es procesada -como decíamos antiguamente- va a volver a la sociedad. Debemos garantizar las condiciones para que ese ciudadano pueda reinsertarse y no sea mirado como un posible peligro sino como alguien que se incorpora a la sociedad y que trabaja en aras de esta. Ese es un gran desafío. Para culminar, quiero marcar algunas de nuestras diferencias, que nos van a llevar a no acompañar algunas disposiciones, más precisamente los artículos 7°, 8° y 14. Si bien es claro que en los artículos no se dispone la preceptividad de la prisión preventiva, entendemos que se conduce a esta desde el momento en que se está direccionando al fiscal para que la solicite ante la comisión de determinados delitos y, por lo tanto, se están
generando las condiciones para que esto ocurra sí o sí. Eso, respecto a los artículos 7º y 8º. En cuanto al artículo 14, se hablaba de la necesidad de transitar este camino, de profundizar el nuevo régimen, y entendemos que no debemos provocar ninguna señal de reversibilidad de este nuevo proceso. Cuando en este artículo se dice “generando las diligencias para mejor proveer”, vuelve a involucrar al juez en un papel que debe ser privativo del fiscal para una mejor y clara aplicación de la justicia. Estos serían nuestros puntos de vista. Participaremos luego, cuando se debata el articulado. Gracias, señor presidente.
33.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración d el Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: De la señora representante Lilián Galán, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estela Pereyra. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Martín Nessi, señora Adriana Rojas, señor Juan Bologna, señor Charles Carrera, señor Diego Reyes, señora Lucía Etcheverry, señor Camilo Cejas y señora Laura Prieto. Del señor representante Federico Ruiz, por el período comprendido entre los días 6 y 14 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián González. No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente, señora Magdalena Villaamil. Del señor representante Alejandro Sánchez, por los días 6, 13, 20 y 27 de agosto
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de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Reyes. No acepta la convocatoria, por esta única vez, el suplente siguiente, señor Charles Carrera. Licencia en misión oficial: De la señora representante Macarena Gelman, por el período comprendido entre los días 14 y 17 de agosto de 2018, para asistir a una reunión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro Zavala. Licencia por enfermedad: De la señora representante Catalina Correa Almeida, por el día 8 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Paulino Delsa. No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente, señora Florencia Amado. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.
el sistema acusatorio, representó un notable avance en nuestro país. Dicho avance cumplió con una premisa básica: abrir un proceso de discusión en el que participaran los actores más relevantes de todo el sistema y el Poder Ejecutivo. La comisión que se integró en 2005 para reformar el procedimiento penal y adecuarlo a las normativas en materia de derechos humanos, así como a los estándares de justicia consistentes con un régimen democrático, recibió aportes y elementos enriquecedores y fue presidida por un delegado del Poder Ejecutivo. En ella participaron también el ministerio público, la Suprema Corte de Justicia, la Defensoría de oficio, la cátedra de derecho procesal, el Colegio de Abogados del Uruguay y las asociaciones gremiales que nuclean a jueces y fiscales. El pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio implica cambios sustanciales y un cambio cultural fundamental. Todo el sistema inquisitivo generaba falta de transparencia y de garantías. No olvidemos que observadores internacionales muy importantes plantearon que la existencia en nuestro país de entre 60 % y 70 % de personas privadas de libertad sin condena constituye un elemento violatorio de los derechos humanos. ¿Alguien podría pensar que ese cambio cultural profundo se haría automáticamente, sin fricciones, sin que operaran las inercias naturales de los diferentes actores, sin que hubiera dificultades de coordinación y por mantenerse cada uno en lo que venía haciendo, negándose a aplicar esos cambios? Todo ese proceso llevó más de una década, se convocó a actores de primer nivel con diferentes visiones para que hicieran sus aportes y salió un producto sumamente importante, que representó un cambio de la calidad democrática de nuestro país. Sin embargo, a los seis meses de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal aparece una contrarreforma. Esto implica un menoscabo, un deterioro, en algunos aspectos fundamentales de la reforma. Un operador judicial decía que al Código del Proceso Penal se le imputa un delito que no cometió. Creo que atribuir el crecimiento de la inseguridad a la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, no se corresponde con la realidad.
34.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)
Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Luis Puig. SEÑOR PUIG (Luis).- Señor presidente: en primer lugar, queremos destacar que la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, que consagra
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En todo caso, no se esperó el tiempo prudencial, ese año que se planteaba en la discusión parlamentaria, para analizar las mejoras necesarias, como se hace con toda norma que se sanciona, y mucho más un código; es decir, esperar los tiempos prudenciales para generar los cambios necesarios, pero no hacer una contrarreforma apresurada que apunta contra los elementos más sensibles que habíamos logrado. Creo que más allá de algunos cambios efectuados en el Senado, volver a plantear que la prisión preventiva es prácticamente preceptiva nos parece un retroceso fundamental. Que se plantee en el artículo 14 que el juez puede pedir el diligenciamiento de prueba por razones de mejor proveer, se emparenta mucho con el sistema inquisitivo. Nos parece que algunos aspectos no deberían haber avanzado de esta manera. En todo caso, y sin pretender procesos idílicos, es fundamental la participación de los diferentes actores para saber las modificaciones que se deben realizar. No compartimos las que se plantearon. Los cambios que se introducen a este proyecto no son menores: atacan a la esencia misma de la reforma. Es el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva preceptiva, que tiene alguna modificación, pero el texto conduce a ello. Reconocemos la enorme complejidad de la seguridad, pero no estamos de acuerdo con que se asocie -como ocurrió en algún momento- la aplicación del Código del Proceso Penal a la disminución de la cantidad de presos, y que eso haya provocado un aumento de los delitos. Nosotros tenemos una visión distinta. En nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, ha aumentado en forma exponencial la cantidad de personas privadas de libertad. En 1999 superaban las cuatro mil y en el año 2017 eran más de once mil. Este aumento exponencial en la cantidad de presos no ha redundado en mayor seguridad. Plantear como medida prácticamente mágica la prisión para resolver los temas de seguridad no solo es equivocado sino contraproducente. No mencionamos la relación entre pobreza y delito, porque hay muchos delitos que no los cometen los pobres. Lo que establecemos es una
clara relación entre pobreza y cárcel. La inmensa mayoría de los once mil presos de nuestro país son jóvenes pobres, y el desarrollo y la concreción de la contrarreforma que hoy se plantea va a aumentar la cantidad de presos de ese mismo sector de la sociedad porque, en realidad, las dificultades que origina la aplicación de la prisión preventiva prácticamente preceptiva y el tema de las libertades anticipadas van en camino de agravar esta situación. Tenemos muy claro los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio del Interior para mejorar las condiciones carcelarias, con planes de estudio y de trabajo, y las condiciones de reclusión, con la clasificación de presos y demás; sin embargo, para la mayoría de los privados de libertad las condiciones de reclusión no posibilitan la rehabilitación. Hemos leído con mucha atención las observaciones realizadas por el comisionado parlamentario. Creemos que el objetivo no debe ser aumentar la cantidad de presos sino reducir los delitos, y creemos que esa premisa no se ve reflejada en este proyecto de reforma al Código del Proceso Penal. Nos preocupa la situación que puede provocar el aumento del número de reclusos y las condiciones de hacinamiento en el sistema carcelario porque esos aspectos agravan la reincidencia. (Ocupa la Presidencia la señora representante Macarena Gelman) ——Se ha dicho que quien no está de acuerdo con esta contrarreforma es la academia. Es cierto: la academia lo ha planteado, pero no debemos olvidar que los operadores judiciales estuvieron en la comisión del Senado y que, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes, planteó -y figura en la versión taquigráfica-: “La cárcel es un factor que incrementa la reincidencia y hasta que no ataquemos, visualicemos, diagnostiquemos las causas de la reincidencia y nos focalicemos en ello, seguiremos a los tumbos con las reformas y contrarreformas. No le ha pasado solo a Uruguay, sino al resto de América, pero con el triste récord de que Uruguay sería el país que ha hecho más rápido su reforma. En términos de garantías y de sistema adversarial a este tipo de reformas se lo llama contrarreformas, con una connotación
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peyorativa porque significa un retroceso en materia acusatoria. En definitiva, nos vemos en la obligación y el deber de señalarlo, más allá de que desde el punto de vista práctico con esto no pase absolutamente nada. No estamos de acuerdo con esta mirada de que el nuevo código infló los delitos, que se dispararon por el nuevo código, porque es una lectura que no resiste mucho análisis […]”. También hay elementos que nos acercaban los defensores de oficio. La señora Berezán planteaba: “La primera apreciación es que realmente nos cuesta entender las razones por las que Uruguay -que llegó muy tarde a la reforma- en seis meses propone un texto de esta magnitud, pegándole un tiro al corazón de la reforma”. Asimismo, un extracto de la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo establece: “La INDDHH considera que la reforma planteada afecta dos áreas cruciales para el cumplimiento de los compromisos de Uruguay en materia de derechos humanos. En primer lugar impacta sobre el sistema de garantías de los justiciables al momento de la detención. En segundo lugar se afecta el derecho a la libertad […] en dos aspectos. Por un lado se socava el principio de la presunción de inocencia al hacer preceptiva la prisión preventiva para determinados delitos en los casos de reiteración, reincidencia o habitualidad y por otro lado, se limita el beneficio de la libertad anticipada”. Consideramos que esta contrarreforma es un paso atrás en un proceso importante que se venía dando en Uruguay, y creemos que el proyecto que hoy se plantea no es inocuo. Nos parece que agrava la situación planteada, muy lejos de resolverla. Es por esto, señora presidenta, que nosotros no vamos a acompañar el proyecto. Muchas gracias.
(Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: De la señora representante Valentina Rapela, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Dianne Martínez. El suplente siguiente, señor Fitzgerald Cantero, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro representante. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta AFIRMATIVA. y seis en cuarenta y ocho:
En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.
36.- Código del Proceso Penal. (Modificaciones a la Ley Nº 19.293)
Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado José Carlos Mahía. SEÑOR MAHÍA (José Carlos).Señora presidenta: vamos a fundamentar el proyecto en la discusión general porque no haremos uso de la palabra durante la consideración del articulado. Por esa razón compartiremos con el Cuerpo una serie de reflexiones que nos merece el asunto a estudio. En primer lugar, vamos a acompañar el proyecto de ley en la discusión general y todo el articulado. En segundo término, creemos que es importante que el partido de gobierno en su conjunto marque esta línea porque es la que mayoritariamente se ha desarrollado en el debate interno de la bancada parlamentaria del Frente Amplio.
35.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑORA PRESIDENTA (Macarena Gelman).Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
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Por un lado, sabemos que este asunto tiene que ver con un estado de la opinión pública que no podemos ignorar. Sabemos que la opinión pública nacional mira con suma atención y en muchos casos con gran dolor algo que no es nuevo en el país, pero que hoy tiene especial foco en la sociedad en su conjunto: los temas de seguridad pública. Por otra parte, lo que inspira estas modificaciones -más allá de lo que puntualmente opinemos sobre algunas de ellas- tiene que ver con la necesidad de despejar lo que en alguna oportunidad se señaló en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara, como la necesidad de despejar “zonas grises”. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que la crónica policial sostiene que no hay instrucciones claras para la actuación de los efectivos, y otras veces la fiscalía afirma que las instrucciones ya están dadas por la normativa vigente. Entonces, para evitar que el ciudadano tenga que “padecer” o “vivir” -entre comillas- este tipo de situaciones, con esta redacción se busca -en algunos artículos en particular- eliminar, despejar cualquier tipo de dudas y lograr que quede absolutamente claro el sentido y las transformaciones del Código del Proceso Penal. En ese aspecto, hoy reiteramos el apoyo al sentido y a la orientación del Código del Proceso Penal. ¡Ojalá -como se dijo en sala- todos hubiésemos tenido la capacidad de dar más tiempo para evaluar su funcionamiento! Es claro que cuando se hacen modificaciones estructurales -ha sucedido en otras áreas: en la salud, en la economía, en la educación-, cuando se busca llevar adelante cambios estructurales mediante políticas públicas, naturalmente su puesta en marcha al principio supone desajustes, la comisión de errores, la necesidad de modificaciones desde el punto de vista legislativo, como el caso de las propuestas. Pero todos tenemos claro que el cambio legal en este campo jamás produce de la noche a la mañana transformaciones equivalentes a las expectativas que, a veces, uno puede generar en la gente. Hay otro aspecto que queremos dejar claro o, por lo menos, manifestar nuestra concepción acerca de él. Ojalá que en lo que uno sostiene pueda representar a su espacio político, pero quizás
algunas de nuestras afirmaciones simplemente sean a título personal. Lo dijimos esta mañana, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y lo hemos dicho en otras oportunidades: para dar respuesta o ensayar acciones en materia de seguridad y convivencia, se ha recurrido a la inflación penal, al aumento sucesivo de delitos. Al menos para quien habla, desde que ingresó a la Cámara, allá por el año 1995, desde la Ley de Seguridad Ciudadana en adelante, todas y cada una de las iniciativas que en esta materia han existido siempre han ido en la línea de buscar la respuesta en el incremento de las sanciones a las conductas penales. A nuestro modo de ver las cosas, en algunos aspectos podrá ser una respuesta acertada e, incluso, muy reclamada con justicia por la sociedad como, por ejemplo, las tipificaciones que se hicieron en torno a la violencia de género, pero como respuesta general, como solución al problema de fondo de la falta de seguridad y al combate al delito, el aumento de las penas en sí mismo no ha sido en ningún lugar una respuesta efectiva para el objetivo que se persigue. Digo esto sin caer en los estereotipos que, a veces, se usan en este tipo de discusiones, tales como ubicar de un lado a aquellos que se catalogan como románticos, naif, débiles o como se les quiera llamar en cuanto al desarrollo y la aplicación del derecho penal y del otro a quienes se ubica del lado de la represión, la mano dura, el palo y demás. Es importante señalar que no creemos en un extremo ni en otro, sino que las repuestas en materia de seguridad pública son integrales. No es solo competencia de una cartera, sino del Estado en su conjunto y esa visión integral, en ningún caso y bajo ningún concepto, puede darse como una respuesta coyuntural. No existen causas coyunturales vinculadas a los temas que estamos viviendo ni pueden existir respuestas coyunturales a problemas tan sentidos por la gente, y ninguno de los actores políticos, hombres y mujeres de los distintos partidos, podemos ni debemos ignorar. El necesario desarrollo de políticas públicas que lleven adelante la prevención y la represión -exclusivamente corresponden al Estado, son monopolio del Estado-, jamás debe estar exento del debido respeto a los derechos humanos de la sociedad en su conjunto; reitero: de la sociedad en su conjunto. Por eso, entendemos -insisto- que las
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respuestas que nos piden para estos temas no solo se focalizan en el Gobierno y en el partido de gobierno —es así y es legítimo que lo sea—, sino también en el sistema político en su conjunto. La mirada del ciudadano ya no apunta al partido tal o cual, sino a los políticos en general. Y cuando eso está presente en la sociedad, hay que estar muy atento, porque se puede estar apelando a lo peor de nosotros mismos y ante situaciones que son sumamente complejas, tenemos que buscar respuestas que sean medianamente claras, profundas y efectivas. Finalmente, creemos que tenemos que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Debemos tener los resguardos necesarios y son legítimas las aprensiones cuando desarrollamos instrumentos jurídicos, porque hoy confiamos plenamente en quienes los aplican, pero en el futuro podrían servir como herramientas para otros gobiernos con diferentes orientaciones, incluso no democráticas. Reitero lo del comienzo: acompañaremos este proyecto, pues tiene como objetivo dar una respuesta, dar una señal concreta a la sociedad en su conjunto, que requiere de todos nosotros acciones que lleven a mejorar la seguridad y la convivencia de todos los uruguayos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Macarena Gelman).Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señora presidenta: hace algunas semanas, en el seno de esta misma Cámara, cuando se cumplieran seis meses de la entrada en vigencia de este Código del Proceso Penal, el diputado Ope Pasquet hizo una intervención que realmente valoramos como memorable, por la justeza con que analizó la puesta en marcha del Código. Dijo que este Código del Proceso Penal -lo cito- era “el cambio más profundo y radical en nuestro sistema de justicia penal desde 1830 hasta nuestros días”. Ciertamente, esta modificación que importa -como se ha dicho, es un verdadero cambio cultural-, supone que la administración de justicia se realice de una manera diferente y, sobre todo, se ponga especial énfasis en la protección de los derechos humanos.
En oportunidad de la convocatoria que realizara el presidente de la República para analizar los temas vinculados a la seguridad pública, en la que participamos todos los partidos políticos representados en esta sala, nuestro partido, el Partido Independiente, hizo especial énfasis en poner en marcha cuanto antes este Código del Proceso Penal. Veníamos de una instancia pasada, en la que se había reformado el Código del Proceso Penal, se había prorrogado su entrada en vigencia y, finalmente, se lo había derogado, y mucho temíamos que a un cambio tan importante como el que estaba planteado se le pudiera, por distintas razones, empezar a poner objeciones que determinaran la prórroga de su vigencia. En ese sentido, se dispuso y se convocó a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, para que estos organismos dieran su visión sobre las posibilidades de que el Código del Proceso Penal comenzara a regir a partir del 1º de noviembre del año pasado, como definitivamente ocurrió. Los hechos, de alguna manera -lo dijo bien el diputado Pasquet en la intervención a la que me referí-, tienen que ver con que hubo un error de dimensionamiento de las necesidades de recursos humanos de la Fiscalía, en la medida en que se tomaron como base las noticias criminales, que por cierto sufrieron una variación sustancial en el período de la puesta en marcha de este Código del Proceso Penal. De hecho, cuando la Fiscalía hizo el sobredimensionamiento de los recursos, se tomaron en cuenta unas 18.000 denuncias, y actualmente estamos en el orden de las 29.000 denuncias mensuales, hecho que deja claro el análisis que en lo sustancial hizo el diputado Pasquet, que compartimos, en el sentido de que hay un mal funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación por razones que tienen que ver con la falta de recursos, por la desproporción existente entre el volumen de trabajo y los recursos humanos de que se dispone para hacerlo. Este hecho debería merecer un especial señalamiento dada la instancia que tenemos por delante, que es aprobar la modificación presupuestal que acompaña la rendición de cuentas; a nuestro juicio, el Poder Ejecutivo, debió prever los recursos necesarios para dimensionar, de acuerdo con la realidad actual, la creación de nuevas fiscalías, la creación de nuevos
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cargos que, en definitiva, subsanaran la realidad a la que nos enfrentamos hoy. SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado? SEÑOR POSADA (Iván).- En un momento, señor diputado. Coincidimos también, señor presidente, en que la crisis de seguridad pública nada tiene que ver con la puesta en marcha del Código del Proceso Penal y, en todo caso, los problemas están, precisamente -como expresamos-, en el dimensionamiento de los recursos humanos necesarios para la nueva realidad que tenemos que enfrentar. Tampoco tenemos duda de que el paso irreversible de mejorar la calidad de la administración de justicia y de proteger los derechos humanos ha representado un cambio muy significativo en la vida de nuestro país. Como ha pasado en todos los países que tuvieron un cambio como el que ha realizado el Uruguay, se producen desinteligencias, particularmente señaladas, entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Son parte de los procesos que deben transcurrir como consecuencia de un cambio cultural tan importante como el desarrollado y, por ende, no debe sorprendernos que, a poco de andar, a poco más de seis meses de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, estemos considerando algunas modificaciones para dar respuesta a esas dificultades en materia de aplicación. Repito: las más importantes quizás no sean las que estamos considerando; las más importantes tenían que ver con adecuar a la realidad actual el dimensionamiento de la Fiscalía General de la Nación y, lamentablemente, esas no están contenidas en el proyecto de rendición de cuentas y modificación presupuestal que el Poder Ejecutivo elevó a consideración del Poder Legislativo; pero consideramos que estas modificaciones también son necesarias y que hubiera sido deseable que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se tomara el tiempo necesario para analizar este proyecto, de forma de tomar todos los recaudos en cuanto a las modificaciones al proyecto que aprobó el Senado que, a nuestro juicio, es sustancialmente mejor que el elevado por el Poder Ejecutivo. (Ocupa la Presidencia el señor representante Jorge Gandini)
——El Partido Independiente, al igual que en el Senado, va a acompañar con su voto este proyecto, salvando por supuesto las necesidades de modificar lo que se ha establecido, particularmente lo relativo a la derogación del artículo 310 bis del Código Penal, que por cierto fue derogado por una ley aprobada por esta Cámara de Diputados, pero que hasta el día de hoy no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que origina un problema adicional. Pero entendemos que en líneas generales los cambios que se introdujeron en el Senado dan las garantías necesarias para que, en definitiva, se siga adelante en la aplicación de este cambio sustancial en materia del proceso penal. Señor presidente, el diputado Lafluf me solicitó oportunamente una interrupción, que le concedo ahora con mucho gusto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado Omar Lafluf Hebeich. SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: estamos a un paso de votar este proyecto. Simplemente, quiero hacer algunas apreciaciones. Podremos votar todo el proyecto, pero si las autoridades encargadas de aplicar estos instrumentos, estas herramientas que otorga el Parlamento nacional van a seguir en la misma tesitura, tratando de ver quién tiene la culpa, quizá dentro de poco haya que discutir otra modificación. Esto es lo que le llega a la población. Así como hay que tener prolijidad, cuidado y estudio para aprobar las leyes, también hay que saber trasmitir las acciones que llevan adelante los jerarcas encargados de aplicar las herramientas. Lo digo con absoluta propiedad y también lo mencioné cuando concurrió a la Comisión el señor ministro del Interior. Esto comienza con aquellas famosas declaraciones del inspector Layera, quien dijo que la Policía no sabía hasta dónde podía llegar, y que las políticas sociales no habían sido exitosas y en algunos casos habían fracasado. Al otro día el fiscal de Corte le contesta que si la Policía no sabía hasta dónde podía llegar él se iba a encargar de explicárselo. El tema es que cuando hace esas declaraciones ya había ciento setenta muertos, lo que no es un tema menor. Ese mismo día el Mides contesta
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que los registros y los datos que tiene no son para investigación policial. A los pocos días hay otra crítica al fiscal de Corte y este contesta que la fiscalía y la justicia tienen pantalones largos para actuar, trabajar y aplicar las leyes. Posteriormente, se salió con el tema de la bancarización. Se dijo que por eso había menos plata en la calle y por lo tanto los asaltos eran más. ¿Por qué digo todo esto? Simplemente, porque no se puede seguir discutiendo estas cosas a través de los medios de prensa, frente a la población, que todos los días está viendo algún muerto. Espero -Dios quiera- que esto solucione el problema, pero lo primero que tiene que haber es más respeto para discutir. Esta iniciativa vino para ser aprobada por el Parlamento, que así lo va a hacer; todos estamos haciendo un esfuerzo para ello. Algunos no van a votar ciertos artículos porque saben que se van a aprobar igual. Todos están tratando de apoyar y ayudar. La población se pregunta por qué los políticos no se unen para trabajar y analizar los temas en conjunto. Yo pido a los encargados y jerarcas que se unan; son muchos menos que nosotros; capaz que son cinco los que tienen que juntarse. No puede ser que el fiscal de Corte diga un día una cosa y al otro día la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay plantee la necesidad de que haya más fiscales, adscriptos y demás, que no tiene nada que ver con lo que dijo el fiscal. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Iván Posada. SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: la intervención del diputado Lafluf viene a cuento de la importancia del cambio cultural que se llevó a cabo. Que haya desinteligencias e intercambio de acusaciones forma parte de un proceso por el que indudablemente hay que pasar. Creo que hoy, con el proyecto de ley que vamos a votar estamos dando un paso en ese sentido. Se están realizando, mejorando y aclarando algunas de las obligaciones que tiene cada uno de los operadores que actúa en una situación de delito. Ese es un paso importante. Ese es el fundamento de nuestro voto.
Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Ochenta y AFIRMATIVA. uno en ochenta y cuatro:
En discusión particular. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: mociono para que se suprima la lectura. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar la moción propuesta. (Se vota) ——Ochenta y cuatro AFIRMATIVA. Unanimidad. por la afirmativa:
El artículo 1º tiene un sustitutivo presentado por el señor diputado Facello. (Texto del artículo sustitutivo:) “ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 19.474, de 30 de diciembre de 2016, por el siguiente: ‘Artículo 49.- (Función de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en el Proceso Penal).49.1.- La Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Área Nacional y toda otra que cumpla funciones de policía judicial, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán también auxiliares del Ministerio Público con arreglo a las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las demás disposiciones legales vigentes. 49.2.- Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los tribunales.
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49.3.- Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá impartir instrucciones a la autoridad respectiva para la investigación de los hechos cometidos dentro de los establecimientos penitenciarios actuando de conformidad con las previsiones de este Código'”. ——En discusión el artículo 1º tal como vino del Senado. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA. El artículo 2º tiene un sustitutivo presentado por el señor diputado Facello. (Texto del artículo sustitutivo:) “ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: ‘Artículo 50.- (Dirección de Ministerio Público).50.1.- Como auxiliares de Justicia y solamente en cuanto a la investigación Criminal, los funcionarios mencionados en el artículo anterior, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo con las instrucciones que estos les impartan, sin perjuicio de su dependencia natural de las jerarquías respectivas. Todo ello sin perjuicio del principio de separación de poderes y la dependencia a sus mandos naturales. 50.2.- También deberán cumplir las órdenes que les impartan los jueces para la tramitación del procedimiento. 50.3.- Recibida la directiva deberán ejecutarla de modo exacto e inmediato sin que puedan anteponer objeciones para incumplirla o retrasarla. Sin embargo cuando la ley exija la autorización judicial para la realización de una diligencia, el funcionario policial podrá requerir que se les exhiba formalmente antes de practicarla'”.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Gandini).palabra la señora diputada. Tiene la
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: en el punto 50.1, donde dice: “los funcionarios mencionados en el artículo anterior”, debería decir: “los funcionarios mencionados en el artículo 49”. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE ((Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: si reglamentariamente es posible y, por supuesto, si el señor legislador proponente, diputado Facello, está de acuerdo, en la medida en que se han distribuido todos los sustitutivos, algunos de ellos bastante extensos, tal vez podamos suprimir su lectura. Por supuesto, el diputado Facello tendrá la oportunidad de fundamentarlos. Es una sugerencia; no pretendo presionar a nadie y menos al diputado Facello. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa propone que si ese es el ánimo del Cuerpo, votemos que se incorporen los sustitutivos a la versión taquigráfica, de manera que queden registrados aunque no se les dé lectura. Se procederá a votar la supresión de la lectura de los sustitutivos e incorporar su texto a la versión taquigráfica. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA. Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por la señora diputada Bottino. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 3º, que tiene un sustitutivo presentado por el diputado Guillermo Facello. (Texto del artículo sustitutivo:) “ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el articulo 53 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de
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2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: ‘Artículo 53. (Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa).- Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales: a) Cumplir con las fases del accionar policial: observación, prevención, disuasión y represión, según los términos establecidos en la Ley N° 18.315, de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento Policial). En casos excepcionales, bajo su más seria responsabilidad, la autoridad policial podrá prescindir de la orden previa, actuando de forma urgente ante la eventualidad de un hecho ilícito que afecte bienes jurídicos, siempre que se formalice la noticia al fiscal competente, dentro de las dos horas siguientes al inicio de la intervención y se produzca además un informe circunstanciado y fundado de los hechos. b) Prestar auxilio a la víctima. c) Practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, conforme a la ley. d) Resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo, evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no intervenga personal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público designe. Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de la individualización completa de los funcionarios intervinientes. e) Identificar a los testigos y consignar las
declaraciones que estos prestaren de acuerdo a lo dispuesto en la ley. f) Recibir las denuncias del público. g) Efectuar las actuaciones que dispusiere la Ley N° 18.315, de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento Policial) y otras normas legales y reglamentarias'”. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 4º. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: sobre este artículo hicimos algunos comentarios en la sesión de esta mañana de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y propusimos un sustitutivo que no tuvo andamiento. Como la voluntad política de la mayoría es clara, no insistiremos sobre el particular. La objeción que nos merece este artículo tiene que ver con la información que debe dar la autoridad administrativa, es decir, la Policía al ministerio público, toda vez que reciba una denuncia o tome conocimiento por cualquier medio del acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva. Esto se inscribe en el marco de la preocupación general por mejorar el relacionamiento y la coordinación entre el ministerio público y la Policía y tratar de superar problemas que algunos piensan que derivarían del texto del Código. Yo sostengo que no es así. El texto del Código permite una adecuadísima coordinación entre la Policía y el ministerio público y si no es así no fue por culpa de las disposiciones legales, sino porque las jerarquías respectivas no han hecho lo que debían para evitar estos problemas. Cuando comparecieron ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, oportunamente convocados por el senador Pablo Mieres, al igual que la Suprema Corte de Justicia, tanto el ministro del Interior como el señor fiscal general dijeron que tenían opiniones coincidentes en cuanto a la interpretación de las normas relativas a la coordinación entre la Policía y la
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Fiscalía General. Los jerarcas estaban de acuerdo, lo que pasa es que los subalternos no actúan de acuerdo con los criterios que los jerarcas comparten. Para resolver ese problema, señor presidente, no es preciso modificar la ley; basta que la jerarquía, haciendo uso de sus potestades naturales, diga a sus subordinados cómo tienen que interpretar y aplicar la ley y, por supuesto, el jerarca se hace responsable de lo que les manda hacer a sus subalternos. El fiscal general puede reglamentar la actuación e impartir instrucciones generales a los fiscales, como todos sabemos y, además, puede impartir instrucciones a la Policía para que actúe en lo que sean funciones de colaboración con la Justicia. Podría hacerlo perfectamente, y el ministro del Interior ¡vaya si puede dictar una reglamentación que les diga a sus subalternos cómo tienen que aplicar el Código del Proceso Penal! No puede ser que cada comisaría sea un ateneo jurídico donde se debate si pueden registrar, si tienen que esperar la instrucción del fiscal. ¡No debe ser así! Lo pueden hacer los jerarcas respectivos. Lamentablemente, esto no ha sucedido y vienen estas propuestas; los primeros artículos que hemos votado tienen que ver con dicha coordinación. Ahora bien: el artículo 54 del CPP hoy vigente dice que la autoridad administrativa informará inmediatamente al ministerio público y por el medio más expeditivo cuando reciba una denuncia o tome conocimiento del acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva. El cambio que se introduce consiste en modificar la redacción para que se lea de la siguiente manera: “Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, de acuerdo a la gravedad del hecho, informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público”. Se quiso introducir una modificación de acuerdo con la gravedad del hecho ¿Para qué? Para que no caiga sobre los fiscales un goteo ininterrumpido de llamadas de la Policía denunciando cosas que carecen de entidad. Esa es la finalidad. La redacción, señor presidente, no cumple con este propósito, es contradictoria porque dice: “[…] de acuerdo a la gravedad del hecho,
informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. […]”. Entonces, si van a informar inmediatamente, no importa la gravedad del hecho; la redacción no es feliz, es confusa, es contradictoria, no resuelve el problema. Esto se resolvía con una redacción adecuada. Por ello propusimos una que nos pareció así en la Comisión pero, lamentablemente, esa propuesta no fue recibida. No sabemos por qué, salvo que se deba a ese criterio general de votar todo como viene del Senado. Pese a esta constancia, votaremos afirmativamente este artículo. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º. (Se vota) ——Setenta y AFIRMATIVA. nueve en ochenta y dos:
En discusión el artículo 5º. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Quiero reiterar el anuncio que hicimos en ocasión de la discusión general en cuanto a que el Partido Nacional va a votar negativamente este artículo. Esta es una de las dos disposiciones que no vamos a acompañar. No entendemos muy bien qué es lo que se quiso hacer. Creo que, en términos generales, hay una suerte de rebaja de las garantías individuales que pueden llegar a ponerse en serio riesgo en la medida en que las modificaciones prosperen. Empezando por el final, se elimina lo que hoy está vigente y lo que el Poder Ejecutivo recomendó que se mantuviera vigente, pero el Senado modificó, en cuanto a la autorización específica del fiscal actuante en el caso de los registros que se realicen a las pertenencias del indagado. Esa intervención del fiscal, que a mi juicio está plenamente justificada, por una extraña razón que no hemos logrado desentrañar se eliminó del texto que el Senado nos remitió. Por otro lado, en el inciso primero se realiza una especie de injerto después de que se establece la condición de legalmente detenido y, a través de una conjunción disyuntiva, se pone “o de quien
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existan indicios de que haya cometido o intentado cometer delito” y no entendemos muy bien el alcance de esta expresión. Además, hasta podría llegarse a dar una suerte de contrasentido a la hora de interpretar la norma, en la medida en que precisamente hay una suerte de conjunción disyuntiva. Entonces, podría concluirse que aquel, respecto del cual hay indicios de haber cometido un delito, no estaría legalmente detenido, porque de lo contrario tendría que decir “y” y no “o”. Creo que los senadores no advirtieron el alcance de lo que estaban disponiendo; nadie ha justificado el sentido de estos cambios. Por lo tanto, nos genera mucha desconfianza y por esa razón vamos a votar en contra, pero quiero dejar constancia de que los senadores del Partido Nacional no acompañaron esta decisión que, tomando como base una propuesta del Poder Ejecutivo, después fue modificada, rebajándose las garantías individuales por quienes en el Senado votaron a favor que, básicamente, fueron los senadores del Frente Amplio. Gracias, señor presidente. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: a nosotros el artículo 5º también nos merece serios reparos porque, como dice el señor diputado Abdala, por un lado recorta alguna garantía y, por otro, no cubre todas las hipótesis que corresponde, pues la disposición vigente del Código del Proceso Penal se refiere solo al registro de quien se hallare legalmente detenido, y ahí se plantea un problema de coordinación con las disposiciones de la ley sobre procedimiento policial, que contempla hipótesis más amplias. Uno de los sindicatos que reúne a los policías ha hecho un estudio profundo de la citada ley y del Código del Proceso Penal y ha propuesto una nueva redacción, superadora de esas contradicciones, de esa falta de coordinación entre ambas normas, que daría a la Policía las facultades de actuar con la amplitud que el cumplimiento de su labor requiere. Lamentablemente, el texto redactado por el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) no
pudo ser estudiado por la Comisión, porque trabajamos, como es notorio y habitual en el tema del CPP, apremiados por el tiempo y bajo el imperativo de no modificar el texto que viene del Senado. Había una propuesta muy seria en este sentido. Nosotros propusimos algo más modesto que el SUPU, en el sentido de mantener el texto del Poder Ejecutivo, que es mucho mejor que el vigente, porque no limita la posibilidad de registro a los casos en que la persona se hallare legalmente detenida, sino que permite que el registro se haga también cuando haya indicio de que la persona cometió o intentó cometer un delito o se estaba disponiendo a cometerlo. Si queremos que la Policía cumpla una función preventiva -etapa de su actuación prevista por la ley de procedimiento policial-, si queremos responder a lo que demanda la gente, que es que no solo se castigue a quienes cometieron delitos, sino que en lo posible se evite la comisión de delitos, es evidente que la Policía debe tener la facultad de registrar a quien parece tener, por ejemplo, un arma y está en actitud sospechosa, desafiante o agresiva, y una mínima diligencia en la labor preventiva requiere saber si efectivamente tiene o no un arma y tomar las previsiones del caso. Me parece elemental. Esto lo propuso el Poder Ejecutivo y no sabemos por qué desapareció en el Senado. En la propuesta del Poder Ejecutivo se mantiene el inciso final de la norma vigente del Código del Proceso Penal, que dice que se requerirá autorización específica del fiscal competente para practicar el registro en el caso de que se pueda causar daño a la propiedad del detenido. Esta es una disposición de garantía: si al individuo le van a romper el tapizado del auto para saber si tiene o no droga en su interior, parece pertinente que en ese caso se pida autorización al fiscal; si le van a destrozar la ropa para saber si en el forro de la vestimenta lleva algo que no debe, también es lógico que se pida autorización al fiscal. No estamos hablando de verificar si hay o no armas; es otra cosa: implica un daño a la propiedad de la persona, y es justo que eso se garantice. Tampoco sabemos por qué desaparece este inciso final.
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Entonces, me parece que lo más sensato que podríamos hacer sería no votar el artículo del proyecto aprobado por el Senado y sí votar, en cambio, el artículo remitido por el Poder Ejecutivo que, entiendo, es mucho más adecuado -sin ser perfecto- a las finalidades que es necesario contemplar: dar herramientas a la Policía para que pueda registrar a las personas en cumplimiento de una función preventiva, que es absolutamente esencial y connatural a la labor policial. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º tal como viene en el proyecto. (Se vota) ——Cincuenta AFIRMATIVA. y dos en ochenta y tres:
todos los imputados quedan sueltos? Para resolver ese problema se propone esta disposición, que dice que interpuesta la excepción, se mantendrán vigentes las medidas cautelares previstas en este artículo y en el artículo 224 de la presente ley, que se ordenen en ocasión de disponer la remisión a la Suprema Corte de Justicia y las que se hubieran establecido con anterioridad. De acuerdo con esto, el juez, si ya dispuso la prisión preventiva, la mantiene, lo que no merece observaciones; si no la había dispuesto todavía, puede hacerlo en el mismo acto que dispone la elevación de los autos a la Suprema Corte de Justicia. Esto ya es, obviamente, más discutible. Me parece que lo que no se ha tenido en cuenta es que contra esta disposición legal también se puede interponer la excepción de inconstitucionalidad, y se suspende la aplicación de esta norma, por lo que estaríamos de nuevo en el mismo problema. Si el defensor no se distrae y cuestiona todas las normas, en principio, paraliza el procedimiento y determina que, por aplicación de la Constitución, el caso deba ir a la Suprema Corte de Justicia. Creo que la solución a este problema resulta de los razonamientos contenidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia con relación al caso a que referí hace un instante. La Suprema Corte de Justicia dice en algunos párrafos de esa densa y extensa sentencia que cuando dispone la prisión preventiva, el juez actúa por aplicación directa de la Constitución, porque su artículo 15 -leído además en correspondencia con el 16- dice que cuando hay semiplena prueba de delito, el juez puede disponer la prisión preventiva. Entonces, por aplicación directa de la Constitución, sin tener que utilizar un solo artículo del Código del Proceso Penal, ante la semiplena prueba del delito, el juez puede disponer que una persona sea privada de su libertad de manera preventiva. Como resulta obvio, contra la Constitución no se puede oponer la excepción de inconstitucionalidad; es decir, aunque esa excepción se interponga, el juez, igualmente, puede tomar la medida, si es que no la había tomado antes, o mantenerla en vigor si ya la había adoptado. Por estas razones, nos parece que este artículo tiene una eficacia muy relativa, sin perjuicio de lo
En discusión el artículo 6º. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: en este caso queremos proponer una corrección al texto: en lugar de “Agréguese”, la redacción correcta es “Agrégase”. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: vamos a votar este artículo porque nos parece que está inspirado en la mejor intención, pero tenemos graves dudas sobre su eficacia, porque esta disposición pretende resolver una situación que ya se ha dado en la práctica, por la cual los abogados defensores plantean una excepción de inconstitucionalidad que paraliza el proceso, prácticamente, desde su comienzo. Esto sucedió con el caso de un delincuente apodado “el Buñuelo”: cuando se opuso la excepción de inconstitucionalidad el juez aplicó -si no recuerdo mal- el artículo 258 de la Constitución de la República, de inmediato elevó los autos a la Suprema Corte de Justicia, que es lo que la Constitución establece, y dejó en libertad al imputado. ¿Qué pasa si empiezan a oponerse sistemáticamente excepciones de inconstitucionalidad y
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cual, pensando que puede haber defensores distraídos que no impugnen todo lo que deban en el momento, lo vamos a votar afirmativamente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º, con la corrección propuesta por la señora diputada Bottino de sustituir “Agréguese” por “Agrégase”. (Se vota) ——Ochenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 7º. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- En realidad, estamos sustituyendo el artículo 223 de la Ley Nº 19.293. La propuesta que hacemos en este momento es que el artículo 223 quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 223. (Procedencia de la prisión preventiva).- Toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y a que se presuma su inocencia hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada.” A continuación vendría la modificación a lo aprobado en el Senado: “La resolución del tribunal, en caso de acoger la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, se regirá por lo establecido en el artículo 224”. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET presidente. (Ope).Gracias, señor
37.- Licencias. Integración de la Cámara
Dese cuenta del integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: De la señora representante Graciela Bianchi Poli, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Ángel Domínguez. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Pedro Jisdonian, señor José Luis Bringa, señora Gerardina Montanari, señor Mario Arizti Brusa y señora María Camila Ramírez. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA. Queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. informe relativo a la
La disposición que se va a votar modifica el artículo 223 vigente del Código del Proceso Penal y suprime una frase emblemática del nuevo Código. Aquella que dice: “en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva”. Elimina ese artículo. Yo estoy radicalmente en contra de la supresión de ese enunciado, que me parece una de las vigas maestras del edificio que quiso levantar el nuevo Código del Proceso Penal. Digo, además, que esto no tiene sentido, en la medida en que en el proyecto a consideración no se establece la prisión preventiva preceptiva. Se habló de eso en algún momento; se manejó esa posibilidad, pero lo cierto es que esa posibilidad no cristaliza en el texto que llega a nuestra consideración, que dice que en una serie de casos el fiscal deberá solicitar la prisión preventiva. Eso es lo preceptivo: que el fiscal la pida. Pero se deja incólume la disposición según la cual el juez podrá decretar la prisión preventiva si el fiscal la pide en tales y cuales casos. O sea: el juez podrá; tiene la facultad de hacerlo, pero puede no hacerlo. Me
38.- Código del Proceso Penal. (Modificación de la Ley Nº 19.293)
Continúa la consideración del asunto en debate.
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parece que es un entendimiento que resulta sin ninguna dificultad de la mera lectura de las disposiciones. El fiscal es el que está obligado a pedir la prisión preventiva. Esta es la orientación de política criminal que la ley dispone a los agentes del ministerio público: ante tales casos ustedes tienen que pedir la prisión preventiva porque el estado de la sociedad, la gravedad de los hechos, así lo requieren. Al mismo tiempo se deja en pie la facultad de los jueces que podrán acoger, o no, la solicitud del ministerio público. La corrección al texto que acaba de leer la diputada Bottino -no se consideró esta mañana en la Comisión y, nos enteramos en este momento de que la está proponiendo-, que dice algo así como: “La resolución del tribunal, en caso de acoger […]”, refuerza el entendimiento que damos nosotros a estos textos en el sentido de que el tribunal podrá acoger ese pedido de prisión preventiva, o no. Si mantenemos el carácter no preceptivo de la prisión preventiva no hay ningún motivo, salvo el de confundir a la opinión pública para eliminar este enunciado capital del artículo 223 vigente, emblema del nuevo Código que dice: “En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva”. Por este motivo, señor presidente, habremos de votar en forma negativa el artículo 7º. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º tal cual fue leído por la señora diputada Cecilia Bottino. (Se vota) ——Setenta en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 8º, que tiene un sustitutivo presentado por el señor diputado Guillermo Facello. (Se lee:) “ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 224 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 19.436, de 23 de setiembre de 2016, por el siguiente:
‘Artículo 224.- (Requisitos para disponer la prisión preventiva).224.1.- Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si se hubiera diligenciado semiplena prueba ante el tribunal de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República). 224.2.- El riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad se presumirá cuando (se elimina consideración a reiterantes y reincidentes) el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones delictuales: a) Violación (artículo 272 del Código Penal). b) Abuso sexual, cuando la violencia se presume de acuerdo a las situaciones previstas por los numerales 1 a 4 del artículo 272-BIS del Código Penal. c) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272-TER del Cód. Penal). d) Atentado violento al pudor, cuando el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años (artículo 273 del Código Penal). e) Hurto (artículo 340 del Código Penal) cuando se den las agravantes previstas en el artículo 341 del Código Penal, numerales 1 a 7. f) Abigeato (artículo 258 del Código Rural de acuerdo a la redacción de la Ley 19418) en cuanto se den las agravantes especiales y muy especiales previstas en el artículo 259 del Código Rural en la redacción de la Ley 19418. g) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). h) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344-BIS del Códi-
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go Penal). i) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). j) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). k) Homicidio y sus agravantes (artículos 310BIS, 311 y 312 del Cód. Penal) l) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006. m) Los delitos previstos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, que tuvieren penas mínimas de penitenciaría. n) Los delitos previstos en la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que tuvieren pena mínima de penitenciaría. 224.3 En los casos previstos en el inciso 224.2, el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva”. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: en este artículo queremos modificar el literal i). Va a quedar redactado de la siguiente manera: “i) Homicidio agravado”. Se va a suprimir la referencia al artículo 310 bis, que como ya se expuso en sala ha sido derogado. Y van a quedar las referencias al artículo 311 y 312 del Código Penal. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).Entonces, el literal i) diría: “Homicidio agravado. (Artículos 311 y 312 del Código Penal)”. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: voy a explicar las razones por las que entiendo que sería oportuno apoyar el sustitutivo propuesto por el señor diputado Facello. Naturalmente, si él prefiere hacerlo yo no intervendré, pero en la medida en que no lo ha hecho, me tomo esa libertad. En el artículo 224, (Requisitos para disponer la prisión preventiva), se genera un problema que todavía no está bien resuelto, que es el de qué prueba hay que producir para que corresponda disponer la prisión preventiva del encausado.
Por eso el artículo 224 ha merecido otras propuestas de modificación. Una de ellas, que tiene que ver con esto, fue presentada a la Comisión por el doctor Alejandro Abal Oliú, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de la República. Y han llegado también a conocimiento de la Comisión las propuestas formuladas por el diputado Facello, cuyo acierto principal estriba, a mi juicio, en la redacción propuesta para el artículo 224.1 que dice: “Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si se hubiera diligenciado semiplena prueba ante el tribunal de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse”, etcétera. Ahí continúa con la enunciación de esos aspectos. ¿Dónde está el meollo del asunto? En que se dice que es necesario producir la prueba de la participación del imputado en los hechos, ante el juez. Eso, a mi juicio -y con toda seguridad a juicio de quien propone este texto-, resulta de la mera lectura del artículo 15 de la Constitución, que dice: “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita del Juez competente”. ¿Ante quién hay que producir la semiplena prueba? Ante el juez; ante quien tiene que tomar la decisión. Parece obvio. Si alguien tiene que decidir algo, la prueba hay que mostrársela a él; la prueba hay que producirla ante él. Esa es la garantía del sistema: el que ordena que alguien vaya preso es el juez. Así funcionó siempre nuestro sistema, inclusive, con el Código del Proceso Penal que dejó de regir el 1º de noviembre del año pasado; el viejo Código. Ese al que le imputamos -con razón- tantos defectos y tantos errores, en esto mantenía una línea que venía ya del viejo Código de Instrucción Criminal del siglo XIX, según el cual la prueba para procesar a alguien y enviarlo a prisión se producía ante el juez. Y así lo disponía también el Código que votamos en el año 2014. Pero después vinieron los cambios, esos que votamos de apuro y como vienen del Senado. Y un día amanecimos con que ya no es más así. En la actualidad, la prisión preventiva se dispone diciendo que el juez debe resolver mirando
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únicamente el legajo de investigación que lleva el fiscal. Y si la defensa lo pide y propone medidas que a juicio del juez sean imprescindibles, recién entonces se dispondrá el diligenciamiento de prueba. O sea que de acuerdo con el Código vigente, la prisión preventiva la dispone el juez en función de lo que diga la carpeta de investigación, el legajo de investigación que lleva el fiscal. Esto nos mete en otras complejidades, que son a las que se refiere el doctor Abal en su propuesta, porque otra norma del Código dice que el juez no podrá consultar en ningún caso la carpeta de investigación del fiscal, quien buscará la prueba durante la etapa de investigación prescindiendo de toda formalidad, y el legislador no quiere que la prueba obtenida de esa manera sea tenida en cuenta por el juez. El juez, según la teoría general del nuevo Código, solo va a tener en cuenta la prueba que se produzca en la audiencia, en el juicio, con todas las garantías, y no puede considerar nada de lo anterior. Ahora bien, para la prisión preventiva, nada menos que la parte más delicada del proceso penal, que es cuando se dispone que el individuo debe ir preso, el juez atenderá las resultancias de la carpeta del fiscal. Ni siquiera podrá mirarla directamente, sino que atenderá lo que surja; coordinando ese artículo con el que prohíbe la consulta a la carpeta, da la impresión de que el juez tiene que escuchar nada más que lo que dice el fiscal. Al procesado le quitamos las garantías que antes tenía, y nos quedamos con un juez disponiendo la prisión preventiva de la persona en función de lo que diga el fiscal. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——¡Es muy serio esto! Es el defecto principal del Código en materia de garantías. Frente a esto, la propuesta del señor diputado Facello restablece las cosas como eran antes del nuevo Código, en el sentido de que la prueba, para mandar a un individuo preso, hay que producirla en la audiencia ante el juez. ¡Es lo que existió siempre! ¡Así fue toda la vida! Ahora vino este cambio y en vez de aumentar las garantías, se reducen.
Me parece que hay que revisar este criterio, revisar este concepto y dotar de máximas garantías al momento más delicado del proceso penal, es decir, cuando se dispone la prisión preventiva de una persona. Todo lo demás es teoría. La verdad de la milanesa es que el momento más delicado se da cuando al individuo se le dice: “Usted va preso”. ¡Ahí hay que poner las garantías! Pero con el Código actual, en ese punto, no las tenemos. Este sustitutivo podrá merecer otras consideraciones, pero en ese punto mejora claramente la situación actual. Por lo tanto, vamos a solicitar que se vote en forma negativa el artículo que viene de la Comisión y se apruebe el sustitutivo propuesto por el señor diputado Facello. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el Partido Nacional va a acompañar el artículo 8º. Sin duda, estamos en el corazón del proyecto de ley -podría sostenerse de esa manera-, o por lo menos en uno de sus aspectos medulares, en la medida en que hay una suerte de perforación, de limitación o de condicionamiento al principio general de la no preceptividad de la presión preventiva que, sin duda, es uno de los aspectos cardinales del modelo acusatorio. Creo que el último inciso de este artículo no deja lugar a dudas cuando establece que cumplidas las condiciones que se establecen -riesgo de fuga, ocultamiento, entorpecimiento o destrucción de la prueba, lo relativo a los reincidentes y a la nómina de delitos-, el fiscal deberá solicitar, inexorablemente, por mandato legal, la prisión preventiva. Es verdad que el juez no está obligado a concederla u otorgarla. Sin lugar a dudas, es así, pero en la medida en que hay una voluntad legislativa inequívoca con relación a los casos que se describen y en las condiciones que se establecen, yo lo interpreto de esa forma: como una excepción a la regla. No lo interpreto como la abolición de la regla general. Por eso, en la discusión general dije que no creía que esto
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implicara una suerte de retroceso trágico. Creo que no es desandar el camino que el país saludablemente ha venido transitando en cuanto a cambiar de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio. Por lo demás, también quiero decir -lo manifesté en la sesión de la Comisión de esta mañana- que comparto los términos del sustitutivo presentado por el señor diputado Facello. Sin duda alguna, como rémora de la aprobación original del Código del Proceso Penal o por lo menos de la última versión antes de su entrada en vigencia el pasado 1° de noviembre, arrastramos la circunstancia de que no se diligenciara prueba en la etapa previa a la aprobación de las medidas cautelares, en particular, de la prisión preventiva. De manera que entiendo que esto hubiera representado un avance y lo inscribo en la lógica del razonamiento que formulé en cuanto a que estamos desaprovechando una oportunidad, pues si no existieran los condicionamientos ideológicos y los preconceptos que con relación a esto notoriamente han condicionado toda la discusión, nos hubiera permitido mejorar el texto vigente en muchos otros aspectos, más allá de los que se consagran. Sin ninguna duda -lo dijimos en la discusión en general-, hubiera sido menester discutir, analizar e introducir en el texto vigente los aportes del Instituto de Derecho Procesal. Es inadmisible que antes de disponer la prisión preventiva el juez no tenga oportunidad de analizar el legajo del fiscal. No hay ninguna justificación. No hay ninguna razón objetiva que conduzca a esa conclusión. El juez solo podrá, de acuerdo con lo vigente, en todo caso, diligenciar prueba, si la defensa la solicita y si además la considera imprescindible, pero por su propia iniciativa no podrá pedir el diligenciamiento de prueba adicional antes de resolver -ni más ni menos- enviar a un ciudadano a prisión, que se supone está indagado o sospechado de la comisión de un delito, aun cuando -lo comparto y lo reitero- el artículo 15 de la Constitución de la República exige la semiplena prueba a efectos de proceder en esa dirección.
Por lo tanto, vamos a votar el artículo 8° por las razones que mencionamos en la discusión en general y que reiteramos ahora pero entendemos que se podría haber alcanzado un resultado bastante mejor y más adecuado a lo necesario y a los principios que en esta materia deben regir, si nos hubiéramos dado el tiempo suficiente para analizar esto con responsabilidad, que creo no fue cabal ni completa a la hora de legislar. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo González. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: consideramos que el agregado que incorpora el sustitutivo “si se hubiera diligenciado semiplena prueba ante el tribunal” es contradictorio con la esencia de este proceso y con lo que establece el Código del Proceso Penal. Además, este sustitutivo también incorpora delitos a la nómina existente, concretamente, el hurto y el abigeato, que no están comprendidos en el elenco de delitos que nosotros presentamos y que se votó en la sesión de la Comisión de esta mañana. Por estos motivos, nos vamos a oponer a este sustitutivo. SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR FACELLO (Guillermo).Señor presidente: en primer lugar, agradezco la solvente explicación del señor diputado Pasquet sobre los motivos que nos llevaron a presentar el sustitutivo referente al artículo 224.1. En cuanto a lo que hace un momento manifestaba el señor diputado González, no solo incorporamos los delitos de hurto y abigeato, sino los de rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento y extorsión, no previstos en el mensaje enviado por el Senado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8° con las modificaciones leídas en su oportunidad.
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(Se vota) ——Cincuenta y nueve en ochenta y uno: AFIRMATIVA. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo González. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que en lo que hemos votado están incorporados los delitos de rapiña en el literal e), rapiña con privación de libertad en el literal f), extorsión en el literal g) y secuestro en el literal h). SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: hemos votado negativamente el artículo 8º con la expectativa de que se votara por la afirmativa la enmienda propuesta por el señor diputado Facello. Visto que no ha sido así y que se aprobó el texto tal como vino del Senado, solicitamos que se rectifique la votación. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a rectificar la votación del artículo 8º. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en ochenta y dos: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 9º. No veo que tenga modificaciones. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: reitero que el Partido Nacional no va a votar esta disposición. Es el segundo de los dos artículos que anunciamos que no acompañaríamos con nuestro voto. La razón fundamental es que, si bien advertimos que las modificaciones introducidas por el Senado en algunos aspectos mejoran el texto vigente y sin ninguna duda representan un avance, que no desconocemos -por ejemplo, en cuanto a la necesidad de oír a la víctima previamente, si esta
estuviera presente en la audiencia, como se determina en la iniciativa, o al mismo tiempo se diera la circunstancia de que la pena que disponga el juez nunca sea inferior a la mínima prevista para cada uno de los delitos que se establecen-, creemos que falta la condición fundamental que esperábamos y que todos los partidos habíamos coincidido que era menester que se introdujera: la del cumplimiento efectivo de las penas que resultan del acuerdo celebrado entre el fiscal y el defensor. Esto ha sido reclamado por unanimidad; no recuerdo una opinión contraria, salvo la de los senadores que votaron esta disposición en los términos en los que lo hicieron. Cuando el fiscal de Corte compareció a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración hace algunos meses, nos trasmitió que entre las reformas que él entendía necesarias al Código del Proceso Penal, precisamente, estaba la de establecer el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los procesos abreviados. Se entiende el proceso abreviado como una de las vías alternativas al proceso ordinario, al juicio oral, con el propósito de dar mayor celeridad a la decisión judicial, de descongestionar al sistema judicial y así actuar con mayor eficiencia. Desde luego, esa mayor eficiencia no puede ni debe tener el costo de una disminución o rebaja de las garantías, pero la reducción de las garantías no debe ser tal ni para los indagados e imputados ni para la sociedad. En la medida en que admitamos por ley que delitos de este tenor puedan ser objeto de este tipo de acuerdo, lo menos que a cambio debe reclamarse o establecerse como garantía para todos es que en esos casos la pena se cumpla efectivamente y en su totalidad. Esperábamos que esa condición estuviera. Como no está, vamos a votar por la negativa. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: tenemos serios reparos acerca de todo el proceso abreviado, como ya hemos dicho. Este artículo nos daba la oportunidad de mejorarlo en algunos aspectos, aun admitiendo provisoriamente su
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existencia. ¿Por qué provisoriamente? Porque para eliminarlo debemos aportar una solución, que creo debería ser la del proceso extraordinario que figuraba en el Código que todos votamos en diciembre de 2014. La serie de cambios que se produjeron -cambios inadvertidos, cambios que no debatimos, que no analizamos sino que, simplemente, votamos de apuro-, eliminaron el proceso extraordinario e introdujeron el proceso abreviado con cambios sustanciales. Ahora no se puede eliminar, porque la mayoría de las causas que se tramitan hoy en la Justicia penal del Uruguay se realizan vía proceso abreviado. Si eliminamos eso, el sistema colapsa, deja de funcionar. Hoy no se puede proponer con responsabilidad la eliminación del proceso abreviado; habría que cambiar otras cosas al mismo tiempo. Admitiendo que eso siga aplicándose en forma provisoria, hay cosas que podemos mejorar. En el Senado se propuso que antes de dictar sentencia, el juez escuche a la víctima y nada más que eso. Me parece muy bien que se escuche a la víctima, pero si las cosas quedan ahí, no adelantamos nada. ¿Qué ocurre si el juez escucha a la víctima y esta demuestra con abundancia de razones, argumentos y fundamentos que el acuerdo al que llegaron el fiscal y la defensa no debe aceptarse? El juez no puede hacer otra cosa más que controlar el cumplimiento de los requisitos formales para la celebración del acuerdo. No puede entrar a considerar el fondo del asunto. Entonces, la víctima se va a desahogar quizás, pero el juez deberá resolver sobre el punto atendiendo solo al cumplimiento de los requisitos formales para la homologación del acuerdo entre el fiscal y la defensa. Por lo tanto, la comparecencia de la víctima será totalmente inútil y generará frustración, porque después de hablar y de exponer su caso, encontrará que el juez resuelve prescindiendo por completo de lo que ella haya podido decir. Por eso nos pareció pertinente y necesario proponer que el juez tenga otras facultades en el marco del proceso abreviado. Esto no sería una rareza, porque en otros códigos, como en el de la provincia argentina de Chubut, se prevé la posibilidad de que el juez rechace por distintas
razones el acuerdo al que hayan llegado el fiscal y la defensa. Sobre esa línea, propusimos un sustitutivo que dice así: “273.3 El juez, en audiencia, verificará el cumplimiento de los requisitos del artículo 272 de este Código, así como que el imputado haya prestado su conformidad con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. Se escuchará a la víctima, si se encontrare presente. Si el juez entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, que la investigación de los hechos de la causa debe continuar o que la pena acordada es manifiestamente inadecuada al caso, declarará inadmisible el acuerdo. En este caso, la pena requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Ministerio Público y la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por parte del imputado se tendrá por no formulada”. Luego sigue la redacción tal como está. Para el numeral 273.5 también proponemos una redacción alternativa, que es la siguiente: “El condenado en proceso abreviado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, y no se beneficiará en ningún caso con la libertad anticipada (artículos 298 y siguientes de este Código)”. ¿Por qué esto último? Porque de acuerdo con el texto que viene del Senado, lo que el imputado debe cumplir de manera efectiva y en todos sus términos es el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, pero en ninguna parte se dice que ese acuerdo deba contener una cláusula por la cual el imputado renuncie a la posibilidad de solicitar la libertad anticipada. El texto aprobado por el Senado no resuelve el problema, es decir, que la persona condenada en un proceso abreviado no pueda pedir la libertad anticipada; no lo resuelve. El texto que proponemos nosotros contempla en forma expresa esa posibilidad y dice que, en ese caso, no se puede pedir la libertad anticipada. Vuelvo sobre lo anterior: el juez tiene que poder hacer algo más que simplemente homologar, como si fuera un escribano, y decir “cúmplase el acuerdo entre el fiscal y la defensa”. Tiene que poder decir: “Este caso tiene que ser investigado más a fondo” o “Esta pena es inadecuada para este caso”.
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En estos días, nos enteramos de que en un caso de violación de una niña de doce años por su hermano de veinte, la pena que se impuso fue de un año de privación de libertad y dos más de libertad vigilada. ¡Un año de privación de libertad por una violación continuada de una niña de doce años! Eso es producto del proceso abreviado. Un juez tiene que poder decir: “No, esto así es inaceptable; empiecen de nuevo”. De lo contrario, con estas cosas, desprestigiamos el proceso penal e irritamos a la opinión pública. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Lamentablemente, estas propuestas que hice fueron desechadas en el seno de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Por estas razones, no votaremos el artículo 9º del proyecto de ley en consideración. SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º. (Se vota) ——Cincuenta y dos en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. La Mesa tiene dudas del registro de la votación del artículo 8º. Por lo tanto, antes de seguir adelante, vamos a pedir que se reconsidere el artículo 8º. Debemos votar el procedimiento y luego el artículo. Se va a votar si se reconsidera el artículo 8º. (Se vota) ——Sesenta y AFIRMATIVA. nueve en ochenta y uno:
(Se vota) ——Sesenta y AFIRMATIVA. nueve en ochenta y uno:
En discusión el artículo 10, que tiene un sustitutivo presentado por el señor diputado Facello. (Texto del artículo sustitutivo:) “ARTÍCULO 10.Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), el siguiente artículo: ‘ARTÍCULO 301 bis. (Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos).- El beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación para quien cometiere los siguientes delitos: a) Violación (artículo 272 del Código Penal). b) Abuso sexual (artículo 272 bis del Código Penal). c) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 ter del Cód. Penal). d) Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal). e) Abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273 BIS del Código Penal). f) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). g) Homicidio agravado (artículos 310 bis, 311 y 312 del Código Penal). h) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006. i) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). j) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (art. 344 bis del Código Penal). k) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). l) Aquellos delitos, por los que al condenado se le hubiere aplicado medidas de seguridad eliminativas (artículo 92 del Código Penal)’. En los delitos enumerados precedentemente la condición de delito consumado o tentado será indiferente para la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada”. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: vamos a modificar el literal g) de este artículo;
Se reabre la discusión del artículo 8º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 8º con las modificaciones propuestas por la señora diputada Cecilia Bottino. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento, para que el artículo 8º ya votado pueda ser modificado, se requiere mayor número de votos que el obtenido primitivamente o más de la mitad de los votos del total de componentes de la Cámara.
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proponemos suprimir la referencia al artículo 310 bis, ya que ha sido derogado. De esta manera quedaría así: “g) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal)”. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: este artículo propone la supresión de la libertad anticipada en un numeroso elenco de delitos. Creo que para entrar a la consideración del tema y adelantar las razones por las cuales no vamos a acompañar este artículo, corresponde recordar algunos conceptos básicos sobre la libertad anticipada. El artículo 298.1 del Código del Proceso Penal establece: “La libertad anticipada es un beneficio que podrá otorgarse a los penados que se hallaren privados de libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por este Código”. Luego otra norma dice: “La petición será formulada en forma escrita por el penado o su defensor ante el juez competente, quien dispondrá la agregación de los siguientes recaudos:” planilla de antecedentes actualizada, informe de conducta carcelaria, etcétera, y luego establece: “El juez resolverá previa vista del ministerio público, mediante resolución fundada”. Entonces, la libertad anticipada no es un beneficio que se pueda obtener en forma automática; hay que pedirlo cuando se ha cumplido determinado tiempo de reclusión -la mitad de la pena en penas de prisión; dos terceras partes de la pena cuando es pena de penitenciaría- y el juez, recabando una serie de informes y previa vista al ministerio público, toma la decisión correspondiente. Entiendo que no podemos decir de antemano que los responsables de determinados delitos no van a poder pedir la libertad anticipada. Si no reúnen las condiciones para beneficiarse de ella, el juez simplemente negará el beneficio, pero no podemos negarnos de antemano a que en algunos casos la norma constitucional funcione y los centros
de reclusión sirvan para la reeducación de los penados. No podemos negarnos a la posibilidad de que algún penado se rehabilite estando en un centro de reclusión y que, cumpliendo con los requisitos legales y habiendo actuado de conformidad con lo previsto por la Constitución y por la ley, diga: “Por todo esto yo quiero una nueva oportunidad”. El juez juzga -insisto: esto no es automático- y el juez resuelve si otorga la libertad anticipada, o no. Distinto es lo que pasa con un mecanismo que sigue en vigencia, que es el establecido por la Ley N° 17.897, de humanización carcelaria, que determina la redención de la pena por estudio o trabajo. Eso funciona en forma automática, sin que ningún juez decida nada. El recluso empieza a cumplir con el régimen de estudio o trabajo dispuesto en la reglamentación y obtiene el beneficio sin que el juez pueda oponerse a ello. Fue así que salió en libertad Pablo Goncálvez, que había sido condenado a treinta años de penitenciaría y salió a los veintitrés. No salió en libertad anticipada -ni el juez ni la Suprema Corte le dieron la libertad-; salió porque cumplió la pena, porque se aplicó ese mecanismo de la redención de la pena por estudio y trabajo. Eso con esta ley no se toca. En cambio, vamos a tocar lo que depende de la voluntad del juez, previa vista al ministerio público. Con toda franqueza, no me parece que quepa cercenar esta posibilidad, que apunta directamente a lo que la Constitución determina, que es a la reeducación de los penados para su reinserción como sujetos útiles a la sociedad. En la teoría de nuestro sistema, la idea no es dejar depositados en la cárcel para siempre a los individuos, sino apostar a su reeducación y a su reinserción en la sociedad, y la libertad anticipada apunta, precisamente, a eso. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10, con la modificación que propuso la señora diputada Cecilia Bottino. (Se vota) ——Sesenta y AFIRMATIVA. cinco en setenta y siete:
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En discusión el artículo 11, que tiene un sustitutivo, presentado por el señor diputado Guillermo Facello. (Texto del artículo sustitutivo:) “Artículo 11.Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), el siguiente artículo: ‘Artículo 301 ter. (Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la reiteración, reincidencia de ciertos delitos).- El beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación en caso de reiteración, reincidencia, indistintamente, en los siguientes delitos y bajo las circunstancias previstas a continuación: a) Lesiones graves, únicamente cuando la lesión ponga en peligro la vida de la persona ofendida (numeral 1º del artículo 317 del Código Penal). b) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal). c) Hurto, cuando concurran sus circunstancias agravantes (artículo 341 del Código Penal). d) Homicidio (artículo 310 del Código Penal). e) Los delitos previstos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas. f) Los delitos previstos en la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017′”. Se eliminaron los numerales d), e) y f) del texto original por ser los que se trasladaron al artículo 10 como numerales i), j) y k). SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Bottino. SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: el acápite del artículo que se va a incorporar a la Ley N° 19.293, que será el artículo 301 ter, quedaría redactado de la siguiente manera: “(Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la reiteración o reincidencia de ciertos delitos).- El beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación en caso de reiteración o reincidencia, indistintamente, en los siguientes delitos y bajo las circunstancias previstas a continuación”. Y luego sigue tal como se redactó en el Senado.
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 con la modificación propuesta por la señora diputada Cecilia Bottino. (Se vota) ——Setenta y uno en setenta y siete: AFIRMATIVA. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: hemos votado este artículo del proyecto -así como no votamos el anterior-, por lo siguiente. Por esta norma se contempla la situación de los reincidentes y reiterantes. Son personas que ya han tenido una experiencia con la justicia penal, pero esa experiencia no los ha alejado del delito. Por eso fueron procesados nuevamente y condenados con una sentencia firme. Nos parece que esta trayectoria vital justifica que a esa persona se le prive del beneficio de la libertad anticipada. Esa es la razón del voto de la bancada del Partido Colorado a favor de la disposición que acaba de votarse. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 12. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y dos en setenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 13. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y dos en setenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 14. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: este es el artículo que habilita al juez a disponer diligencias para mejor proveer, aclarando que,
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aunque se dispongan tales medidas, el plazo para dictar sentencia no varía. Estoy a favor de estas disposiciones que -no tengo ninguna duda- afectan la pureza teórica del modelo acusatorio -¡es así!-, pero nos parece que se debe tener en cuenta la realidad que en estos días es tan apremiante. El nuevo código confía a los fiscales la tarea de investigar los delitos; y resulta que, históricamente, nuestros fiscales nunca han tenido esa responsabilidad, que era de los jueces. Nadie nació sabiendo: los fiscales necesitan su tiempo para hacer su aprendizaje: aprender a investigar y después llevar a juicio las evidencias que obtengan en su labor de investigación. Hemos tenido demostraciones recientes de que eso está fallando, de que no siempre funciona. Recientemente, un juez dejó en libertad a dos personas acusadas de un homicidio cometido en el curso de una rapiña, porque la fiscal del caso no pidió una prueba que estaba servida en bandeja: no ofreció el testimonio de la persona que había rendido su declaración para que la policía ubicara a los culpables y no se dispuso un peritaje forense para extraer la bala del cuerpo del occiso. Ante esas carencias probatorias, el juez no tuvo más remedio que dejar en libertad a los encausados. Se equivocó gravemente el señor ministro del Interior cuando responsabilizó al juez por esto y dijo que hubiese podido remediar la situación. ¡No! ¡No podía remediar la situación porque no puede disponer medidas probatorias! Me parece grave que cuando los fiscales no están entrenados, cuando no han adquirido las destrezas necesarias para cumplir bien su función, el juez esté maniatado y deba presenciar lo que, en este caso, fue la puesta en libertad de evidentes responsables de los hechos imputados y lo que mañana podría ser la remisión a prisión de un inocente. ¡Ojo! Las diligencias para mejor proveer no sirven solamente para mejor condenar, como dijo en forma equivocada el señor fiscal general. Las diligencias para mejor proveer también pueden servir para mejor absolver, para liberar a alguien que podría salvarse, de producirse la prueba de su inocencia, pero no se produce porque la defensa
tampoco está acostumbrada a investigar. Históricamente ha trabajado sobre la prueba reunida por el juez de instrucción; ahora trabaja sobre la prueba reunida por el fiscal, pero nuestros defensores no investigan; no es como en las películas, donde el defensor hasta tiene detectives privados a sus órdenes que juntan la evidencia. ¡Los defensores no pueden! ¡No tienen las herramientas para investigar! Los problemas de la defensa no se están notando ahora, señor presidente, porque la que tiene problemas es la Fiscalía; y como esta no funciona bien, las carencias de la defensa no se notan. Esperemos que la Fiscalía engrane y empiece a funcionar, y vamos a ver las dificultades de la defensa pública, que es la que atiende a más del 90 % de los casos de la justicia penal; pero eso hasta hoy no está pasando. Podría ocurrir mañana que un defecto en la labor de la defensa -a cualquiera le puede pasar- deje a un inocente en situación de ser remitido a prisión, salvo que el juez pueda ordenar esa diligencia para mejor proveer. Eso ya existe hoy en el proceso civil. El proceso civil no es, como alguna vez se ha dicho en modo disparatado, un proceso inquisitivo, sino que es el proceso dispositivo por antonomasia. El proceso civil es el proceso dispositivo regido por la voluntad de las partes y allí el juez es claramente el tercero supraordinado a ambas, que se maneja en función de las alegaciones y pruebas producidas por una y otra. Ese juez civil, que resuelve litigios privados, en nuestro derecho, desde siempre, puede tomar medidas para mejor proveer. ¿Y cómo es que le permitimos al juez civil hacer esas cosas y no le permitimos al juez penal que investigue asuntos que son de interés público? Porque, más allá de que haya dos partes enfrentadas, el fiscal y la defensa, hay un interés de la sociedad en que las cosas se resuelvan bien, en que se conozca la verdad de los hechos. Este es un tema de fondo, señor presidente, de concepción del proceso penal; no es solo un conflicto entre dos partes que se puede resolver mediante un acuerdo, como en el proceso abreviado. Hay interés público en que se conozca la verdad de los hechos, que pueden ser muy graves, como homicidios, por ejemplo.
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Reitero que esa situación no es un invento, no es una especulación teórica: ya se ha dado en la práctica. Si no se puede conocer la verdad porque las partes no han producido la prueba y el juez tiene delante la posibilidad de producirla, entonces corresponde al juez esa facultad. Por ese motivo hemos votado el artículo anterior y también habremos de votar este. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——No vamos a cambiar estructuralmente nada. Al contrario: si algún reproche le cabe a esta norma -ya finalizo- es que se va a aplicar en pocos casos, porque aquellos en los cuales el proceso penal llega a su término, a la audiencia de juicio y a la sentencia definitiva sobre el fondo, son muy pocos. Al 1° de mayo de este año se habían celebrado una treintena de audiencias de juicio y más de dos mil procesos abreviados. En el proceso abreviado, la diligencia para mejor proveer no se aplica, porque surge de la interpretación de normas -que no tengo tiempo para explicar- que en el proceso abreviado no van: sí en el juicio completo, en el juicio de fondo. Entonces, se va a aplicar en muy pocos casos, pero en ellos puede ser realmente muy útil para conocer la verdad y hacer justicia. Nada más. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: la modificación que se propone al artículo 14, que había sido propuesta por el senador Bordaberry en el mes de junio, no cuenta con nuestro apoyo y por eso no hemos votado el artículo 13 y tampoco acompañaremos esta disposición. Esta propuesta tiene similitudes con lo preceptuado en el artículo 193 del Código General del Proceso; no obstante, el texto aprobado por el Senado modificó dos aspectos sustanciales a lo previsto en la ley para el proceso civil. En primer lugar, la obligación al tribunal de dejar expresa constancia de las razones por las cuales no dispuso su diligenciamiento de oficio durante el trámite del proceso. Esta previsión, omitida en el texto aprobado por el Senado, efectuada para el proceso civil, busca evitar
arbitrariedades del tribunal y garantizar una explicación a las partes de la causa que motiva el dictado de las diligencias para mejor proveer. En segundo término, la referencia a que el recurso de apelación con efecto diferido operará si se viola el principio contradictorio que debe regir todas las etapas del proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9° del Código del Proceso Penal vigente. Se puede afirmar que no es de recibo la extrapolación de la facultad de dictar diligencias para mejor proveer del proceso civil al penal, ya que el rol de los jueces y las características de los procesos son sustancialmente diferentes. Como bien dijo el diputado Pasquet, quien es abogado, el proceso civil, si bien se rige por el principio dispositivo consagrado en el artículo 1° del CGP, tiene rasgos de corte inquisitivo, como ser que otorga al tribunal amplios poderes probatorios -iniciativa probatoria del tribunal-, así como potestades para dictar medidas cautelares de oficio y para modificarlas, sustituirlas o hacerlas cesar. El artículo 350.5 establece que, en materia de procesos relativos a menores e incapaces, laborales, agrarios y demás de carácter social, se otorgan al juez los mismos poderes de instrucción que la ley acuerda a los tribunales penales, en clara referencia al proceso inquisitivo vigente a la fecha de aprobación del CGP. Es claro que la realidad del proceso civil no puede aplicarse al nuevo proceso penal sin violentar gravemente el principio acusatorio que lo rige. Dicho con otras palabras, pretender que el juez pueda dictar diligencias para mejor proveer es ubicarse en las antípodas de los principios que rigen el proceso penal vigente y, en particular, del principio acusatorio. Era gracias. cuanto queríamos agregar; muchas
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14. (Se vota) ——Setenta y dos en setenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 15. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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(Se vota) ——Setenta y dos en setenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 16. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y AFIRMATIVA. cuatro en setenta y siete:
mismo día terminar en su casa, con lo cual a las pocas horas podría haber cometido otra tropelía como la que, infelizmente, cometió. Ese el motivo por el cual proponemos que el beneficio de la suspensión condicional del proceso se aplique cuando la pena mínima prevista no supere los seis meses de prisión, cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena o tuviere otro proceso con suspensión condicional del trámite. Gracias, señor presidente. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: estamos considerando el artículo 17. El señor diputado Facello propone un artículo 17 bis, que es otra cosa; es un aditivo que atañe a otra materia, no a la del artículo 17. Me parece que primero tenemos que votar el artículo 17 y, luego, entrar a la consideración del aditivo propuesto por el señor diputado Facello. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Así se hará, señor diputado. Primero, pondremos a consideración el texto del artículo 17 y después el aditivo, que si se aprueba, implicará renumerar el articulado del proyecto. Ese es el procedimiento. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta y uno: AFIRMATIVA. En discusión el artículo aditivo presentado por el señor diputado Facello. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Uno en sesenta y nueve: NEGATIVA. En discusión el artículo 18. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y AFIRMATIVA. seis en sesenta y nueve:
En discusión el artículo 17. Hay un aditivo presentado por el señor diputado Guillermo Facello. (Texto del artículo aditivo:) “Artículo 17 bis.- Sustitúyese el artículo 384 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal) por el siguiente: ‘Artículo 384. (Procedencia).- La suspensión condicional del proceso no procederá en los siguientes casos: a) Cuando la pena mínima prevista en el tipo penal no supere los 6 meses de prisión; b) Cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena; c) Cuando el imputado tuviere otro proceso con suspensión condicional en trámite'”. SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Señor presidente: quisiera aclarar el sentido del artículo 17 bis, que he propuesto. Consideramos que el instituto de la suspensión condicional del proceso es de racional comprensión para aquellos delitos de escasa magnitud, pero el actual artículo 384 se puede aplicar a delitos cuya pena mínima sea de tres años -o menos- de penitenciaría. Quiero recordar el caso del tristemente famoso Kiki, quien antes de asesinar por la espalda a la cajera de un supermercado, antes de jalar el gatillo y asesinar cobardemente a esa mujer, ya estaba cometiendo una rapiña en grado de tentativa. Por este artículo 384 podría haberse visto beneficiado de la suspensión condicional del proceso y ese
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Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. (Texto del proyecto aprobado:) “Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.474, de 30 de diciembre de 2016, por el siguiente: “ARTÍCULO 49. (Función de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en el Proceso Penal).49.1.- La Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Área Nacional y toda otra que cumpla funciones de policía judicial, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 49.2.- Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los tribunales. 49.3.- Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales en la investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de conformidad con las previsiones de este Código”. Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO Público).50. (Dirección del Ministerio
acuerdo con las instrucciones que estos les impartan, sin perjuicio de su dependencia natural de las jerarquías respectivas. 50.2.- También deberán cumplir las órdenes que les impartan los jueces para la tramitación del procedimiento. 50.3.- No podrán calificar la procedencia, la conveniencia ni la oportunidad de las órdenes que reciban de jueces y fiscales, pero cuando la ley exija la autorización judicial para la realización de una diligencia, podrán requerir que se les exhiba antes de practicarla”. Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO 53. (Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa).- Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales: a) Cumplir con las fases del accionar policial: observación, prevención, disuasión y excepcionalmente la represión, según los términos establecidos en la Ley Nº 18.315, de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento Policial). b) Prestar auxilio a la víctima. c) Practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, conforme a la ley. d) Resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo, evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no intervenga personal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público designe. Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de
50.1.- A los solos efectos de la investigación criminal y en su rol de auxiliares del Ministerio Público, los funcionarios mencionados en el artículo 49, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de
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la individualización completa de los funcionarios intervinientes. e) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren de acuerdo a lo dispuesto en la ley. f) Recibir las denuncias del público. g) Efectuar las actuaciones que dispusiere la Ley Nº 18.315, de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento Policial) y otras normas legales y reglamentarias”. Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 54 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO 54.- (Información al Ministerio Público).- Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, de acuerdo a la gravedad del hecho, informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho, respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la autoridad competente”. Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 59 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO 59.- (Registro personal, de vestimenta, equipaje y vehículo).- Respecto de quien se hallare legalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido o intentado cometer delito, se podrá practicar el registro de su persona, de su vestimenta, del equipaje y demás efectos que lleve consigo y del vehículo en el que viaje. Para practicar el registro personal se comisionará, siempre que fuere posible, a personas de su mismo sexo”. Artículo 6º.- Agrégase al artículo 221 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), el siguiente inciso: “221.3.- En caso de suspensión de las actuaciones por solicitud de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio, se mantendrán vigentes las medidas cautelares previstas en este artículo y en el artículo 224 de la presente ley, que se ordenen en ocasión de disponer la remisión a la
Suprema Corte de Justicia y las que se hubieran establecido con anterioridad”. Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 223 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO 223.- (Procedencia de la prisión preventiva).- Toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y a que se presuma su inocencia hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada. La resolución del tribunal, en caso de acoger la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, se regirá por lo establecido en el artículo 224”. Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 224 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 19.436, de 23 de setiembre de 2016, por el siguiente: “ARTÍCULO 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva).224.1.- Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República). 224.2.- El riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad se presumirá cuando el imputado posea la calidad de reiterante o reincidente y el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones delictuales: a) Violación (artículo 272 del Código Penal). b) Abuso sexual, cuando la violencia se presume de acuerdo a las situaciones previstas por los numerales 1 a 4 del artículo 272 – BIS del Código Penal. c) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 – TER del Código Penal). d) Atentado violento al pudor, cuando el sujeto pasivo del delito fuese un menor de
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doce años (artículo 273 del Código Penal). e) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). f) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 – BIS del Código Penal). g) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). h) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). i) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal). j) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006. k) Los delitos previstos en el DecretoLey Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, que tuvieren penas mínimas de penitenciaría. l) Los delitos previstos en la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que tuvieren pena mínima de penitenciaría. 224.3.- En los casos previstos en el inciso 224.2, el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva”. Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 273 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.436, de 23 de setiembre de 2016, por el siguiente: “ARTÍCULO 273. (Procedimiento).- El proceso abreviado se regirá por lo establecido en el proceso ordinario, con las siguientes modificaciones: 273.1.- Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal podrá acordar con el imputado la aplicación del proceso abreviado. 273.2.- La aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por el imputado, será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto. 273.3.- El juez, en audiencia, verificará el cumplimiento de los requisitos del artículo 272 de este Código, así como que el imputado hubiere prestado su conformidad con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. Si
entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. En este caso, la pena requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Ministerio Público y la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por parte del imputado se tendrá por no formulada. 273.4.- En la misma audiencia, el juez dictará sentencia, luego de oír a la víctima si esta estuviera presente en la audiencia, la que en caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. 273.5.- En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. 273.6.- La solicitud de pena disminuida por parte del Ministerio Público referida en el inciso 273.2, no podrá ser inferior al mínimo previsto por el delito correspondiente, en los casos de violación (artículo 272 del Código Penal), abuso sexual (artículo 272 – BIS del Código Penal), abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 – TER del Código Penal), atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal), abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273 – BIS del Código Penal) y homicidio con dolo directo (artículo 310 del Código Penal). 273.7.- En caso de que la víctima no hubiera estado presente en la audiencia en la que se dictó sentencia, esta será notificada del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el imputado, en el plazo de diez días”. Artículo 10.- Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), el siguiente artículo: “ARTÍCULO 301 bis. (Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos).- El beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación para quien cometiere los siguientes delitos: a) Violación (artículo 272 del Código Penal). b) Abuso sexual (artículo 272 – BIS del Código Penal). c) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 – TER del Código Penal).
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d) Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal). e) Abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273 – BIS del Código Penal). f) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). g) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal). h) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006. i) Aquellos delitos, por los que al condenado se le hubiere aplicado medidas de seguridad eliminativas (artículo 92 del Código Penal)”. Artículo 11.- Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), el siguiente artículo: “ARTÍCULO 301 ter.- (Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la reiteración o reincidencia de ciertos delitos).- El beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación en caso de reiteración o reincidencia, indistintamente, en los siguientes delitos y bajo las circunstancias previstas a continuación: a) Lesiones graves, únicamente cuando la lesión ponga en peligro la vida de la persona ofendida (numeral 1º del artículo 317 del Código Penal). b) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal). c) Hurto, cuando concurran sus circunstancias agravantes (artículo 341 del Código Penal). d) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). e) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 – BIS del Código Penal). f) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). g) Homicidio (artículo 310 del Código Penal). h) Los delitos previstos en el DecretoLey Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas. i) Los delitos previstos en la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017”.
Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 341 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “ARTÍCULO 341. (Representación del Estado requirente).341.1.- En la solicitud de extradición o posteriormente, el Estado requirente podrá designar apoderado abogado entre los letrados inscriptos en la matrícula nacional. Previo al ejercicio de su cargo, este deberá aceptarlo y constituirá domicilio dentro del radio del tribunal. 341.2.- El letrado designado actuará en el proceso de extradición como parte formal, en interés del Estado requirente y con todos los derechos y atribuciones de tal calidad, para el ejercicio de una adecuada representación y control de los actos procesales”. Artículo 13.- Sustitúyese el literal c) del artículo 144 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 19.549, de 25 de octubre de 2017, por el siguiente: “c) Los jueces no podrán realizar actividad probatoria ni incorporar de oficio evidencia alguna, con excepción de lo previsto en los incisos 271.8 y 271.9”. Artículo 14.- Agréganse al artículo 271 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), los siguientes incisos: “271.8.- El tribunal podrá disponer, durante el plazo para dictar sentencia, diligencias para mejor proveer. Las partes podrán solicitar, a modo de contraprueba, diligencias complementarias de las dispuestas por el tribunal, el cual resolverá sin otro trámite y sin perjuicio del recurso de apelación diferida, si se violan las garantías del derecho de defensa. El tribunal de segunda instancia, si considera que mediante dicha prueba se ha alterado gravemente el principio de igualdad de las partes en el proceso, podrá disponer las medidas complementarias que entienda adecuadas para asegurar el respeto del derecho de defensa en juicio.
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Las diligencias para mejor proveer solo pueden tener como objeto hechos alegados y controvertidos por las partes. 271.9.- En todo caso, el tribunal no podrá dictar sentencia fuera del plazo previsto en el inciso 271.7, aun cuando no se haya diligenciado la prueba requerida para mejor proveer o la solicitada por las partes a título de complemento de aquella”. Artículo 15.- Agrégase al artículo 514 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), el siguiente inciso: “Se mantendrán vigentes las medidas cautelares que se ordenen en ocasión de disponer la remisión y las que se hubieran establecido con anterioridad”. Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 235.1 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “235.1.- En los procesos regidos por este Código, cesará la prisión preventiva cuando: a) El imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal; b) El imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada; c) El imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anticipada; d) Hayan transcurrido más de dos años contados desde el momento efectivo de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación; e) Al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzar a cumplirse la pena privativa de libertad”. Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 339.3 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: “339.3.- La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a dos años, sin perjuicio de otras medidas cautelares”. Artículo 18.- Créase una Comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Pro-
cesal Penal, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como cometido procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas. La Comisión estará integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia que esta designe y el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Corresponderá especialmente a esta Comisión: 1) Realizar, por sí o a través de las instituciones integrantes de la misma, los estudios técnicos y formular las propuestas que faciliten y optimicen la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal. 2) Hacer el seguimiento y evaluación del proceso de implementación de la reforma procesal. 3) Elevar a la Asamblea General un informe semestral, a través del cual se informará el proceso de implementación y se sugerirán posibles reformas legislativas relativas al sistema procesal penal”.
39.- Licencias. Integración de la Cámara
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: Del señor representante Pablo González, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Susana Andrade. De la señora representante Macarena Gelman, por el día 1º de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro Zavala. Licencia en misión oficial: Del señor representante Daniel Caggiani, por los días 12 y 13 de agosto de 2018, para
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asistir a la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur, a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián Valdomir. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Camilo Cejas, señora Laura Prieto, señor Charles Carrera, señor Diego Reyes, señora Lucía Etcheverry, señora Estela Pereyra, señor Diego Silva y señor Hernán Bello. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.
SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: fundaremos nuestro voto a favor de esta moción, que no es extraña a la actividad parlamentaria, porque con cada comisión investigadora que ha funcionado y funciona en la Cámara de Representantes la norma ha sido votar las prórrogas solicitadas. Así ha pasado con otras comisiones investigadoras. Cuando una comisión investigadora está trabajando y produciendo resultados acordes con el objetivo planteado, pero aún tiene labor por delante solicita una prórroga fundamentada, la norma debería ser otorgársela. No hay una razón lógica que justifique que el Parlamento no habilite la prórroga para una comisión que ha investigado, que ha generado, que ha dado resultados, que ha confirmado denuncias y a la que le queda mucho por trabajar. Digo esto porque en la sesión pasada de la Comisión recibimos con asombro el anuncio de los representantes del Frente Amplio de que no votarían la prórroga para esta Comisión Investigadora. ¿Dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda la voluntad de investigar lo que está mal? ¿Dónde quedó aquello de: “Le vamos a cortar la mano al que la meta en la lata”? ¿Dónde quedó? En este tiempo de funcionamiento, ¡vaya si se confirmaron denuncias! Escuchamos que no se vota la prórroga porque hemos dilapidado el tiempo, porque no hemos aprovechado las jornadas de trabajo. En eso nos sentimos directamente aludidos porque tuvimos una gran responsabilidad respecto a cómo se fue ordenando el funcionamiento de la Comisión Investigadora: sesionamos cada lunes, todos los lunes, recibiendo a una cantidad importante de invitados. Y cuando no hubo una cantidad importante de invitados fue porque algunos funcionarios públicos se negaron a venir, y se siguen negando; algunos tienen cargos de confianza. Por eso, algún lunes, no tuvimos seis o siete horas de trabajo, pero la mayoría de los lunes, sí.
40.- Comisión Investigadora de la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa. (Solicitud de prórroga de plazo)
Dese cuenta de una moción presentada por los señores diputados Martín Lema, Aldo Lamorte, Ope Pasquet, Carlos Hugo Pérez e Iván Posada. (Se lee:) “Montevideo, 1° de agosto de 2018 Señor presidente de la Cámara de Representantes Dip. Jorge Gandini Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Investigadora de la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa (C/2147/17), proponen a la Cámara de Representantes que el plazo previsto para su finalización sea prorrogado hasta el día 9 de mayo de 2019”. ——En discusión.
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Se dice que trajimos testigos para repetir argumentos o elementos sobre un mismo hecho. ¿Y de qué se trata investigar? ¿Alcanza con que venga uno y diga algo si no es corroborado por otros? La seriedad de la denuncia radica en eso. No es que a uno se le ocurrió que estaba mal que en Rivera se contrataran profesionales y técnicos por una vía absolutamente ilegal, a través de una tercerizadora de funcionarios de ASSE; precisamos varios testimonios que lo corroboren. Incluso, propusimos sesionar dos veces por semana, pero atendimos el pedido de los legisladores del interior a quienes, lógicamente, reunirnos dos veces por semana, separado en el tiempo les limitaba la necesaria presencia en el departamento para hacer sus trabajos, y accedimos a sesionar un día por semana. ¡Y ahora se nos dice que dilapidamos el tiempo! El problema no es que se haya dilapidado el tiempo ni que hayamos trabajado mal. No; de lo que se trata es de parar la Investigadora. Cuando se formó esta Comisión -cuya creación fue apoyada por todos los partidos-, aquí, en el Parlamento, algunos representantes del partido de gobierno dijeron que la votaban, pero que, en realidad, ya estaba todo investigado, que no quedaba nada por indagar y que lo que teníamos que hacer era legislar para resolver algunos problemas administrativos; señalaron que estaba todo arriba de la mesa. También se habló de circo mediático, y de muchas cosas más. Ese discurso duró una sesión de la Investigadora, ¡una sesión! Empezamos con el caso de Bella Unión, y la verdad es que, a partir de eso, comenzamos a entender que no estaba todo investigado. Y no solo no estaba todo investigado, sino que, cuando se investigó, se investigó hasta la mitad, y quedaron cosas colgadas. ¡Claro que nos llevó varias semanas -quizás algo más de un mes- lo de Bella Unión! ¿Y alguien puede decir que no había que investigar lo que se investigó? Hubo directores del Hospital que desmontaron un servicio público de traslado, montaron su empresa y se autocontrataron, apañados por el Directorio de ASSE. ¡Apañados por el Directorio de ASSE! Y cuando aparecieron las denuncias y se descubrió que aquello estaba mal, ¿qué pasó? ¡Los ascendieron! ¿Se investigó entonces? ¿Se llevó a
cabo una investigación administrativa que responsabilizó a quienes habían actuado mal? ¡No! ¡Se los premió! ¿Cómo se investigaba? A fuerza de denuncias, y no solo lo de los traslados. No me voy a extender, pero hubo mucho más que lo de los traslados: se utilizaban recetas del Hospital para dar medicamentos a los socios de una empresa privada y se empleaba el instrumental del Hospital para los traslados que la empresa privada vendía a ASSE. Y podríamos seguir: persecución a los que se oponían, persecución a trabajadores y persecución a médicos, como el caso de la doctora María Elena Curbelo. Había para investigar, ¡vaya si había para investigar! También estaba el Hospital de Rivera, que era el ejemplo -según escuchamos en esta Casacuando planteamos la Investigadora. ¡Era el ejemplo! ¡Ejemplo de ilegalidades, de violación de la ley! Y no solo contrataban a través de Cemoc -empresa fundada por un médico-, sino que había funcionarios de ASSE y hermanos de funcionarios de ASSE que le vendían servicios al Hospital y hubo contratos de palabra con médicos que trabajaban en ese centro y ganaban tres veces lo que los médicos de ASSE. Y podría seguir. Asimismo, estaba la triangulación con Brasil. Decían: “¿Ustedes no son de la frontera? ¿No saben?”. No; también los de la frontera saben que eso está mal. A partir de las denuncias de la Investigadora, miren qué consecuencias hubo: un directorio entero de ASSE fue removido. Y no fue por la nuera de uno de los directores; eso no lo cree nadie. Era insostenible la situación de un directorio que atacó permanentemente a esta Investigadora, que ocultó información, que aconsejó a los funcionarios no venir. Tenemos el testimonio de un trabajador de ASSE del Hospital de Mercedes, cuya dirección le dijo, el año pasado: “A la Investigadora no hay que ir”. Cuando asumió el nuevo Directorio -tenemos que reconocerlo-, le dijeron: “Ahora hay que ir”. ¡Había para averiguar! Lo de Soriano ¡claro que se había investigado! Pero a medias; cortaron por la mitad. ¡Ah!, los jerarcas quedaron impunes, pero esta Investigadora demostró que tenían responsabilidad.
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Podríamos seguir con las atrocidades de las colonias psiquiátricas. ¡Atrocidades! De la auditoría surgieron algunos elementos que en la Investigadora se confirmaron, y aparecieron nuevos. Ahora bien, ¿vamos a dejar esto por acá? Si se corta la Investigadora, queda por acá, pero faltan testimonios. También recogimos el testimonio del director actual, quien nos dijo que cambiaron cosas, que cerraron la cantina, es decir, hubo cambios positivos. Le preguntamos: “¿Qué investigación hizo con lo que pasó antes, cuando les robaban la plata a los pacientes para comprar electrodomésticos, cuando funcionaba una feria sin ningún control?”. Nos dijo: “No; yo miro para adelante”. ¿Cómo que mira para delante? ¡Esta es la lógica de la impunidad! “No hay que tener ojos en la nuca”. ¡Claro que hay que mirar para atrás y establecer responsabilidades! (Ocupa la Presidencia la señora representante Gloria Rodríguez) ——Y recién empezamos con el Fonasa. Lo que tenemos delante no es una novela policial; apenas comenzamos con una parte de la estafa, la menor, la más chica. Trabajadores conscientes del BPS trajeron la denuncia de que la gran estafa tenía su origen en el BPS. Y recién empezamos. ¿Qué pasó con esos informes que elevaron funcionarios conscientes a su jerarca y estos a sus jerarcas y al Directorio del BPS? ¿Qué pasó? ¡No ha pasado nada! ¿Vamos a cortar acá? ¿No se quiere investigar más? Se vulneraron los derechos de miles de ciudadanos. ¡Y lo que nos queda! ¿Saben ustedes que ASSE tiene un contrato para traslados pediátricos de emergencia en el área metropolitana de Montevideo con un consorcio de importantes empresas de emergencia médica? ¿Saben que eso le costó a ASSE US$ 780.000 en 2016? Fue lo que pagó al consorcio Cámara de Emergencias del Hospital Pereira Rossell, y que también está el SAME 105? Quizás está todo bien; no puedo anticiparme. Por acá tengo los precios que se cobraron y el aumento que hubo. Este contrato surge en el año 2014. El incremento de precios del 2014 al 2015 es el siguiente. En el 2013, se cobraba $ 448 la hora, tarifa plana; en el 2014, $ 524 por hora, tarifa
plana; en el 2015, $ 616 la hora. Me parece que está por encima de la inflación. ¿No hay que investigar esto? Realmente, nos preocupa que se quiera poner la tapa a esto. No damos por cerrado el caso; apelamos a la reflexión. ¿No queremos investigar qué pasó en el Hospital de Salto con los concursos? El director de Salto es uno de los de Bella Unión. O sea, ¡se lo premió! Salió de Bella Unión y está en Salto. Los otros están de directores del Pereira Rossell, en el hospital pediátrico. En Salto hay denuncias de concursos hechos a medida, entre otras cosas. ¿No queremos investigar qué pasó en el Hospital de Las Piedras? ¿Vamos a dejar al Hospital Pasteur como quedó, a mitad de camino, sin que haya responsabilidades? Podríamos seguir con el Hospital de Minas, el de Treinta y Tres, el de Canelones. ¿Qué pasó con el CTI del Hospital de Canelones? ¿No vamos a investigar nada de eso? Hay quienes plantean que, seguramente, son cuentas que se sacan considerando costos políticos. Creo que esa cuenta no se debería hacer. En todo caso, el costo político más alto lo pagará quien se niegue a investigar temas tan trascendentes para la vida del país. Cuando hay no digo sombras ni sospechas, sino confirmación de ilicitudes y de corrupción, el menor costo político o el mejor rédito político, si se piensa en esos términos, es ponerse en primera línea para arrancarles la cabeza a quienes malgastan los dineros del pueblo o se los quedan en provecho propio nada menos que en la salud. Participo en las cuatro comisiones investigadoras que siguen funcionando en la Cámara, con distinta intensidad, y no tengo dudas de que esta es la que más produjo y más avanzó. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Me parece muy grave terminar con esta Investigadora, intentar poner la tapa a algo que de cualquier manera va a estallar. No permitir que continúe el trabajo de la Investigadora es amputar al Parlamento la posibilidad de cumplir con una de sus obligaciones fundamentales, que es la de control, conjuntamente con la de legislar.
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Convocamos al Cuerpo a reflexionar y votar la prórroga para que la Investigadora continúe su trabajo sobre la gestión de ASSE desde 2008 a la fecha y la denominada estafa del Fonasa. Gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).Tiene la palabra el señor diputado Martín Lema. SEÑOR LEMA (Martín).- Señora presidenta: en primer lugar, queremos destacar el buen clima que se vivió en estos meses de trabajo en la Comisión Investigadora de la gestión de ASSE y la denominada estafa al Fonasa. Es importante destacar la fraternidad con la que se llevó a cabo la labor. Por otro lado, obviamente, promovimos y compartimos la moción presentada. No desconocemos la postura del Frente Amplio en este tema porque fue puesta de manifiesto el lunes pasado, en la sesión de la Comisión. El Frente Amplio adelantó la posición de que no apoyará la prórroga del plazo para que esta Comisión siga investigando. La primera referencia que debo hacer es que el Frente Amplio tiene una postura coherente. Se podrá compartir o no, pero si el Frente Amplio hoy consolida lo que anunció el lunes pasado, estará siendo coherente con su postura de no controlar a ASSE, mantendrá esa coherencia de no querer controlar ni que se controle al BPS, y seguirá siendo coherente en cuanto a no querer controlar ni que se controle la actuación de prestadores de servicios de salud privados. Decimos esto porque la primera medida y señal que dio este Gobierno del Frente Amplio fue eliminar controles: excluyó al miembro del Directorio de ASSE que pertenecía a la oposición, doctor Marcelo Sosa, quien promovió la realización de auditorías internas y una auditoría externa para conocer muchos de los hechos que estamos refiriendo. También excluyó al miembro de la oposición en el Directorio del BPS. Y, a pesar de las situaciones que trascendieron públicamente en 2014 -hechos de corrupción que todos lamentamos, como el procesamiento de un miembro del Directorio de ASSE-, el Frente Amplio decidió excluir los controles en estos dos directorios tan importantes.
La responsabilidad es, sobre todo, del presidente de la República -quien, irónicamente, es médico- y de todo el Frente Amplio, cómplice de las decisión que tomó el primer mandatario. Esa fue la primera señal: ante hechos de corrupción, no queremos controles. Cuando el señor diputado Rubio, en forma seria, fundada y muy responsable promueve la creación de esta Comisión Investigadora, si bien es cierto que el Frente Amplio la vota, también lo es -no voy a atribuir intenciones- que el entonces diputado Gonzalo Mujica había anunciado que acompañaría la propuesta. Por lo tanto, los votos del Frente Amplio podrían sumarse o no, pero esta Investigadora iba a crearse. Entonces, el Frente Amplio, inteligentemente, decide apoyar la iniciativa del señor diputado Rubio. De todos modos, veíamos las señales de incomodidad en cuanto a los controles, el ocultamiento de información, los pedidos de informes vencidos sin respuesta. Y teníamos que convocar a distintas autoridades para conocer un montón de episodios. Finalmente, llegamos a esta jornada en la que, ante el pedido de prórroga de la Comisión Investigadora que tiene más por investigar que lo investigado hasta el momento, nos encontramos con un Frente Amplio que mantiene la misma postura que al inicio del gobierno, de no querer controlar. Cuando uno quiere hablar de transparencia, debe exponerse a los controles. Sin embargo, hacemos discursos y planteamos posiciones muy seductoras, pero no somos coherentes con ellos. El Frente Amplio tiene miedo al control; tiene miedo al control en ASSE porque la cantidad de irregularidades es innumerable y, paradójicamente, también le tiene miedo al control de la actuación de los prestadores privados con el Fonasa. Escuché a muchos dirigentes y legisladores del Frente Amplio decir: “Bueno, ¡pero siempre con ASSE! ¿Por qué no van por los privados?”. Vamos por los privados. ¿Hay que investigar a los privados? ¡Vamos por los privados! Caiga quien caiga. Pero para mantener la coherencia, para resistir el archivo, hay que actuar, y hoy este Cuerpo tiene la posibilidad de hacerlo. Estamos los que iremos a fondo -guste o no al Frente Amplio- y los que quieren evitar la inves-
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tigación, argumentando que ya terminó el plazo y otro montón de cosas que ya escuchamos por ahí y que no son de recibo, no porque lo diga quien habla, sino porque los hechos son categóricos. Que desde el Directorio de ASSE permanentemente se ocultó y se interrumpió el trabajo de la Comisión se verifica en los hechos; voy a demostrar desde mi banco que se dio en los hechos. En primer lugar, nos referiremos a ASSE y, después, a la denominada estafa al Fonasa. En lo que referente a ASSE, hablaremos de algunos temas que están siendo investigados y de otros que quedaron pendientes. Entre los investigados hay datos que estuvimos pidiendo desde el año pasado y que, curiosamente, llegaron hace pocos. Aclaro que alguna información no apareció; sé que, lamentablemente, la están ocultando, porque recibo la información por canales extraoficiales. Con respecto al caso de Bella Unión y el emprendimiento comercial de tres jerarcas de ASSE, compañeros del Frente Amplio que siguen en sus cargos -nada ha cambiado-, pedimos las facturas de la empresa de estos jerarcas. Las venimos solicitando desde hace meses, y el Directorio nos mandaba unas facturas ilegibles. Tuvimos que aclarar a las autoridades del Directorio que cuando pedimos un material no es para coleccionar, sino para proceder a su lectura, y exigimos que nos enviaran facturas legibles. Felicito al señor diputado Radio, que no tuvo mejor idea que proponer que fuéramos en nuestra calidad de diputados a Bella Unión, a buscar las facturas, porque era insólito que ese material no llegara de forma en que se pudiera procesar. Increíblemente, a los pocos días nos llegaron las facturas de esta empresa de compañeros del Frente Amplio, autoridades que ahora ocupan otros puestos de jerarquía; nada ha cambiado. ¡Qué importante son esas facturas que pudimos procesar hace unos días! Diferentes invitados que asistieron a la Comisión nos dijeron que el conflicto de intereses duró un mes; relativizaban la situación porque había durado un mes, pero eso ya estaba mal. La cuestión es que cualquier ciudadano puede manejar elementos objetivos, pero resulta que hay un grupo
de iluminados que se sirve de elementos subjetivos y dice: “¡Un mes no es tanto!”. Pero ni siquiera era un mes. Vimos las facturas; vimos las órdenes de compra. Quien fue director del Hospital de Bella Unión en 2013, entre marzo y julio de ese año, firmó órdenes de compra, siendo también socio de la empresa. ¿Saben quién presentaba la oferta de la empresa? Un actual jerarca de ASSE, otro socio de esta empresa de jerarcas. Si nos hubiéramos quedado con los testimonios de hace unos meses o con la declaración de los implicados, no habríamos podido acceder al material que nos hicieron llegar hace pocos días. Quiere decir que durante meses estuvieron de los dos lados del mostrador. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el desenlace? Fueron premiados y siguen en puestos de jerarquía. Voy a decir algo por primera vez: nada ha cambiado; hubo un cambio estético, pero nada ha cambiado: los jerarcas responsables de las irregularidades en el Hospital de Bella Unión continúan en sus cargos y sus empresas siguen siendo contratadas. Tenemos las pruebas. Según datos del Sistema Integrado de Información Financiera, en el mes de julio la empresa Siemm sigue siendo contratada. Los jerarcas continúan en los mismos lugares de privilegio. Lo aclaro porque después hay que escuchar por ahí las batallas acerca de la ética que se pretende librar. En este caso, debería regir el caiga quien caiga, sea del partido político que sea. No es posible que luego de un episodio de estos haya que escuchar clases de moral, muchas veces provenientes de dirigentes del Frente Amplio. ¡Que empiecen por casa! Dos de estos jerarcas integraron listas del Frente Amplio en las elecciones de 2014. Los montos se dispararon cuando se contrató la empresa de estos privilegiados. Hoy no vamos a entrar en eso; queda para otro capítulo. Hay órdenes de compra en las que no aparece la cédula de identidad del paciente trasladado. ¿Yo puedo decir que se trasladaban pacientes inexistentes? No; no puedo decirlo. ¿Puedo dar fe de que todas esas órdenes de compra corresponden a determinados pacientes? Tampoco puedo hacerlo.
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Al igual que los demás miembros de la Comisión, tengo estos datos hace apenas unos días. ¿Por qué prorrogar? Para ver qué pasaba con las órdenes de compra en las que no aparece la cédula de identidad de los trasladados. Los hechos, es decir, los problemas del Directorio para dar este tipo de información, son los que determinan la necesidad de continuar la investigación. ¿Cómo vamos a saber si se puede dar fe de esto? ¿Cómo vamos a saber si presentar esto a la Justicia y de qué forma, si no tenemos un plazo mayor para profundizar en estos aspectos? Nada ha cambiado; hubo unos pocos anuncios, algunas modificaciones estéticas y, lamentablemente, nada más. De todo el equipo de gestión del Hospital de Bella Unión, solo compareció el subdirector, que reconoció que era más barato que ASSE prestara el servicio de traslado que contratar a la empresa de los jerarcas, que permanecen en sus puestos y cuya empresa se sigue contratando, quiero creer que en forma excepcional. Si no fuera así, sería el colmo de los colmos, aunque a esta altura ya no me sorprende nada. Repito: solo compareció el subdirector. Quiere decir que quienes ocupan cargos de confianza, designados por este Directorio, pero que fueron elegidos por el anterior Directorio, son ratificados, porque no los sacaron, y tampoco vinieron a la Comisión Investigadora. O sea que no contamos con la colaboración del equipo de gestión, salvo el caso del subdirector. Estamos pidiendo información que no llegó. Por ejemplo, solicitamos datos relativos al ingreso de personal al centro de salud de Bella Unión desde el año 2010 a la fecha. ¿Por qué pedimos este dato que no se nos proporcionó? Porque la directora de la Regional Norte -se negó a venir a la Comisión Investigadora y, según tenemos entendido, terminó renunciando hace poco tiempo- fue nombrada directora del Hospital de Bella Unión el 4 de mayo de 2015. Presten atención a esto: su hermano ingresó al Hospital de Bella Unión el 17 de junio de 2015 como contador. Nos dijeron que fue un llamado público. Según la información que se nos ha brindado, ningún recorte de prensa revela que
haya sido a través de un llamado público. Fue a través de un aviso en una cartelera del Hospital. Quienes ocupan esos cargos fueron elegidos por este Gobierno; todos fueron elegidos únicamente por esta gestión, que excluyó a la oposición. Se dice: “Hay casos que están en la Justicia”. Vamos a ver el alcance de todo esto; vamos a ver cuáles son las responsabilidades políticas; vamos a ver cuántos entraron a dedo; vamos a ver la cantidad de kilómetros recorridos; vamos a ver si los pacientes existían o no. ¡Hay para investigar! No basta con decir que los casos están en el ámbito judicial. No entraré en los detalles en cuanto a lo sucedido en los hospitales de Dolores y Mercedes, pero lo cierto es que se contrataron empresas entre cuyos socios estaban los directores de esos centros de salud. Se sancionó a los implicados -vamos a contar todo-, pero se sigue contratando a esa empresa. Cuando vinieron a la Comisión Investigadora nos dijeron que había un ranking de llamados hasta que le tocaba a la empresa de estos jerarcas. Sin embargo, a través de una información que recibimos hace unos pocos días, nos enteramos de que la empresa que estaba en primer lugar en el listado era la de los jerarcas. (Ocupa la Presidencia el señor representante Jorge Gandini) ——Entonces, bajo ningún concepto se puede sostener que la Comisión Investigadora tuvo posibilidad de dar pasos con más celeridad y no lo hizo, ¡bajo ningún concepto! Nos enteramos de esta información hace unos pocos días; seguramente, no todos los miembros de la Comisión tenemos conocimiento cabal de todo lo que fue informado hace pocos días. ¡Están escondiendo auditorías! ¡Las están escondiendo! Puedo decirlo, entre otras cosas, porque las tengo acá y no recibimos ninguna información oficial que incluyera este material. Por ejemplo, se hizo una auditoría a la farmacia del Hospital de Mercedes, de la que surgieron catorce recomendaciones. Solo se implementó una. Esto dio lugar a que preguntáramos cuántas farmacias de
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ASSE están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Resulta que no hay ninguna farmacia habilitada y que solo el 18 % empezó el trámite correspondiente. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Juan José Olaizola. SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor presidente… SEÑOR LEMA (Martín).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente, ¿por qué mencionamos una auditoría en farmacia cuando estamos hablando de irregularidades? Voy a explicar por qué y vamos a hablar de otros informes. Lo menciono para acreditar que tenemos informes que pedimos oficialmente y no llegaron. Quiere decir que la información está, de lo contrario, no la tendríamos. Se reconoce que la información existe, pero no se le proporciona al Parlamento por los carriles oficiales. Es muy difícil investigar cuando no nos llegan los elementos básicos para proceder. En cuanto a Rivera, hay que ver lo que hubo que insistir para que llegara la auditoría de ese hospital. Obviamente, esa auditoría ratifica que se contrataba personal a través del subrubro estudios médicos. Entre otros, estaba contratado el ex subdirector del Hospital de Rivera, que tampoco vino a la Comisión. Se emitían órdenes de compra después de haber brindado el servicio, es decir, no se podía comprobar que el servicio efectivamente se hubiera brindado. Además, tomografías y resonancias se hacían, sin órdenes de compra, en clínicas brasileñas. Esta información llegó hace muy poco tiempo, después de mucha insistencia. Predominaban las compras directas. Se contrataban tomografías a un prestador que no tenía tomógrafo y que las terminaba contratando del lado brasileño, cobrando un 5 % por encima del precio indicado en el listado. Todo esto se hacía y existía un convenio. No vamos a entrar en esas
desprolijidades porque no es el tema que nos compete hoy. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque de muchas de las cuestiones a las que estoy haciendo referencia nos enteramos hace muy poco tiempo. Nadie puede decir que no pedimos la información antes, porque puedo acreditar que estoy pidiendo las auditorías desde el 5 de diciembre de 2016 y, una vez que se formó la Comisión Investigadora, empecé a insistir a través de ella. Pasemos al capítulo del Hospital Pasteur. Citamos a jerarcas que no concurrieron. En ese hospital había una clara situación de amiguismo, vinculada al MPP. Lo tenemos que decir con todas las letras, porque cuando uno tiene los documentos que respaldan las afirmaciones, no se puede titubear. ¡Y que prueben lo contrario! Adviertan que en agosto de 2015 la directora del Hospital Pasteur, que pertenece al MPP, contrató en forma directa e irregular a quien se desempeñaba como asesor de comunicación del MPP. Esta contratación fue tan irregular que ni siquiera está en el Registro Único de Proveedores del Estado; o sea, había ansiedad por contratarlo. Ni siquiera se podía pagar con fondos del Hospital porque no estaba autorizado para recibirlos y, obviamente, el centro no estaba autorizado a pagarlos. La contratación del asesor de comunicación del MPP triplicó el monto mensual en publicidad. Cuando se presentó en la licitación, casi al año, hubo cuatro oferentes; el asesor de comunicación que trabajó para el MPP salió cuarto. Cuando pedí los antecedentes – para ver por lo menos qué credenciales tenía esta persona para realizar este trabajo-, no nos dieron prácticamente ninguno. Esto fue hace muy pocos días. Vino todo el equipo de gestión del Hospital Pasteur -salvo la directora- a hacer referencia a estas y otras irregularidades. La única que permanece en su cargo actualmente es la directora, que pertenece al MPP. Nada ha cambiado más allá de algunos anuncios y de alguna modificación estética, como decíamos hace un momento. Quedan pendientes un montón de temas como, por ejemplo, el de la División Arquitectura. No voy a decir todo lo que se señalaba en la auditoría de Arquitectura, solo que, entre otras
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cosas, se hablaba de obras de mantenimiento no inscritas en el BPS, etcétera. La cuestión es que vino el director de la División Arquitectura, que nunca se había enterado de los resultados de la auditoría. Entonces, se hizo una auditoría en la División Arquitectura y se detectaron cosas nefastas, pero resulta que el mayor implicado no se entera de esos resultados. ¿Por qué digo esto? Por lo que queda pendiente y porque hicimos un montón de citaciones más: a la gerencia administrativa y a superiores del director de la División Arquitectura, pero ahora no vendrán a la Comisión Investigadora porque el Frente Amplio va a terminar con su trabajo. En cuanto a las colonias, claramente, no vino ni siquiera el director de salud mental que estaba en ASSE que, según explicaba el otro día el señor diputado Eduardo Rubio, tiene un contrato con el Ministerio de Salud Pública. Quiere decir que no tenemos el testimonio de nada más y nada menos que del mayor jerarca. En el centro departamental de Colonia hubo problemas en el terreno jurídico. El contador delegado del Tribunal de Cuentas en la Regional Norte dijo que había más casos iguales al de Rivera, entre los que estaban el de Artigas y el de Paso de los Toros. En 2016, en el Hospital de Las Piedras se dispuso una sanción a una empresa de limpieza; la sanción no se hizo efectiva y se sigue contratando en forma directa. (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Juan José Olaizola. SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor presidente… SEÑOR LEMA (Martín).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Sí, señor diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado.
SEÑOR LEMA (Martín).- Iba a volver a referirme al Hospital de Artigas, señor presidente. Es tanta la indignación… SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En virtud de lo establecido en el Reglamento, me veo obligado a interrumpirlo cada cinco minutos. SEÑOR LEMA (Martín).- Está bien. ¿Por qué hablaba de Artigas? Porque vino el contador delegado del Tribunal de Cuentas en la Regional Norte para hablar sobre el caso de Rivera. Y no nos olvidemos de que, supuestamente, lo que dijo provocó la indignación del señor presidente de la República, que terminó con que el doctor Toriani tuviera que dejar el cargo. ¿Qué declaró el contador delegado del Tribunal de Cuentas en la Regional Norte? Que Rivera no era el único caso, que estaban también Artigas y Paso de los Toros. ¿Qué dijimos los que queremos investigar? Vamos a incluir en la investigación a Artigas y Paso de los Toros, y al día de hoy ni empezamos con esos capítulos. Con respecto al Hospital de Las Piedras, a instancias del miembro de la oposición, en 2014 se amplía una investigación por la contratación de una empresa de limpieza. A mediados de 2016, el Directorio de ASSE aplica una sanción pecuniaria a la empresa de limpieza y dispone que se comuniquen los antecedentes al RUPE. ¡Eso fue a mitad de 2016 y estamos a mediados de 2018! Al día de hoy, aún no se hizo efectiva la sanción y se sigue contratando en forma directa. Por eso indigna que no se quiera seguir investigando. La situación de ASSE es crónica; la situación de ASSE es inabarcable. Voy a saltear algunos temas porque no me van a alcanzar los diez minutos restantes. Queda pendiente lo relativo a los centros de salud de la costa y del Cerro -según la denuncia del señor diputado Eduardo Rubio-, al Hospital de Canelones, al Hospital de San Carlos, a la RAP Metropolitana, al Hospital Piñeyro del Campo, al Hospital de Treinta y Tres, al hemocentro de Maldonado, al Hospital Filtro y todo un capítulo referido a la Comisión de Apoyo. Todos conocemos el funcionamiento y los incumplimientos de la Comisión de Apoyo con respecto a un montón de derechos laborales; muchas veces, eso pone al trabajador en una
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situación de vulnerabilidad. Esperaba que desde el Frente Amplio se quisiera ir a fondo en todo esto, dados los discursos teóricos que muchas veces se hacen. En cuanto a los aportes, se acreditó con documentación que en ASSE había suplentes, los datos de cuyos recibos de sueldo no coincidían con la fecha del alta en el BPS. Obviamente, eso genera perjuicios a los trabajadores. Esta cuestión está incluida en lo que estudia la Comisión Investigadora, pero ni lo vamos a olfatear porque se interrumpe el proceso; no vamos a entrar en ese tema. Otro informe oculto habla de la cantidad de gastos observados en varios hospitales. Se toma en cuenta un semestre de 2016 y se advierte que hay una cantidad de hospitales cuyos gastos observados superan el 80 %. Voy a hacer referencia a algunos: el Hospital de Artigas tiene el 81 % de sus gastos observados; la Red de Atención Primaria Metropolitana, el 87 %; el Piñeyro del Campo, el 87 %; el Hospital de Las Piedras, el 88 %; el Hospital de Rivera, el 89 %; el Pasteur, el 90 %; el Maciel, el 92 %; Asistencia Integral, el 94 %; el Vilardebó, el 96 %; el Hospital de Colonia, el 97 %. Estos son los porcentajes de gastos observados en un período auditado. Se trata de una auditoría que las autoridades están ocultando; a través de los mecanismos oficiales estos datos no aparecen. Como decía el señor diputado Eduardo Rubio, si tenemos en cuenta los antecedentes que hay y la cantidad de medidas que se tomaron -entre las que está la destitución de un directorio entero-, ¡vaya si valdrá la pena profundizar en esto! Seguramente se dirá que ASSE corrigió todo; ya conocemos los discursos. Voy a dar un dato de estricta actualidad para definir el estado de situación crónico. En mayo de 2018, en la Regional Sur de ASSE, hay 1.011 gastos observados por más de $ 2.675.000.000. Solo en mayo. Voy a repetirlo, por si no quedó claro. (Suena timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Juan José Olaizola.
SEÑOR OLAIZOLA presidente…
(Juan
José).-
Señor
SEÑOR LEMA (Martín).- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR OLAIZOLA diputado. (Juan José).Sí, señor
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente: como decía, en mayo de 2018 hubo 1.011 gastos observados de la Regional Sur de ASSE por un monto que superó los $ 2.675.000.000, algo así como US$ 86.000.000. ¡Tremendo! Y aclaro que lo de los gastos lo tengo en mi poder, por las dudas. Hay otras cosas que no se llegaron a investigar, son colmos, como decíamos. En medio de la catástrofe de 2014, el Directorio de ASSE autorizó el pago de honorarios a abogados, para que defendieran a funcionarios de la institución que estaban citados por la Justicia por casos contra la propia ASSE. ¡Es una cosa increíble! Tengo en mi poder la resolución. Obviamente, esto ni siquiera lo llegamos a olfatear, porque el Frente Amplio decide interrumpir el estudio. Que quede claro: a los funcionarios de ASSE que estaban siendo indagados por la Justicia penal el Directorio resolvió pagarles los honorarios profesionales de quienes los defendían. Debemos decir que el Frente Amplio también le tiene miedo a los controles de los privados. El partido de gobierno hace muchos discursos, pero cuando tenemos que ir a fondo y hacer que caiga quien caiga, el Frente Amplio agacha la cabeza, porque no resiste. Cuando vamos a meternos con privados, vaya a saber por qué -no lo tengo claro-, el Frente Amplio decide esta interrupción tan abrupta. ¿Y por qué digo que es muy abrupta? Entre otras cosas, porque hace unos días algunos diputados del Frente Amplio promovieron incluir ciertos temas en el estudio de la Comisión Investigadora, y ahora es el Frente Amplio el que impide que se investiguen hasta los casos planteados por los legisladores de esa fuerza política; es una cosa insólita. Y repito: es una interrupción abrupta. Pudimos tratar la situación del Fonasa en dos sesiones: en la primera, recibimos a la jefa de afi-
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liaciones mutuales del BPS y, el lunes, a otras autoridades de gerencia, jefes y demás. Después de la conocida estafa al Fonasa, se hicieron auditorías. Ninguno de los jerarcas conoce sus resultados. Preguntamos: en la intermediación lucrativa, ¿cómo llegan los prestadores a tener datos? No lo sabemos. También preguntamos si, por lo menos, había hacia dónde apuntar. ¿Los datos son del BPS o vienen por otro lado? No se sabe. Nadie terminó con una responsabilidad política o funcional por la conocida estafa al Fonasa. Después, el usuario paga los platos rotos cuando se suspende la apertura del corralito mutual, producto de la ineficacia e incompetencia en el ejercicio de los controles. La realidad es que todavía no sabemos cómo los datos de las personas llegan a los diferentes prestadores ni cómo pueden cambiarse de un prestador a otro sin que el principal implicado se entere. La Auditoría Interna de la Nación ya habló de debilidades en los controles. La Comisión Investigadora terminará su actuación sin que hayan asistido el Directorio del BPS, el nuevo Directorio de ASSE, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, las del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -que por supuesto podrían tener que ver con estos temas- ni las de la Junasa. Es decir que terminamos sin analizar todo ese capítulo. No se puede hablar de transparencia sin actuar con transparencia; en estas condiciones no se puede sostener lo que se decía por ahí en cuanto a luchar contra la corrupción. ¡El que quiera luchar contra la corrupción que luche ahora! ¡El que quiera luchar contra la corrupción que investigue a fondo las irregularidades en ASSE y las que pueda haber en el Fonasa! De lo contrario, es jarabe de pico, son discursos para presentarse ante la ciudadanía sin realizar acciones a través de la rendición de cuentas. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ya termino mi intervención, señor presidente. Reitero: para hablar de transparencia hay que actuar con transparencia. Lo más importante en estos casos -y es lo que la ciudadanía espera de nosotros- es tener una conducta implacable e ir a fondo, caiga quien caiga, independientemente del partido político al que se pertenezca.
Muchas gracias, señor presidente.
41.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución: Licencia por motivos personales: Del señor representante Germán Cardoso, por el día 3 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Schusman. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.
42.- Comisión Investigadora de la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa. (Solicitud de prórroga de plazo)
Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Gracias, señor presidente. Hace un año, cuando se aprobó la creación de la Comisión Investigadora, llamó la atención que la votaran. En aquel momento se argumentó que la votaban porque no tenían nada para ocultar y porque tenían la conciencia tranquila. Sin embargo, cuando se propuso investigar ASSE, dos años atrás, no votaron.
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En ese momento, yo dije: “Hace dos o tres años no tenían la conciencia tranquila o tenían cosas para ocultar. ¡Qué suerte que eso cambió! Ahora, no hay cosas para ocultar, tienen la conciencia tranquila y votaron la Comisión Investigadora!”. Hace un año, coincidió que los votos los teníamos igual. Justo fue el período en el que Gonzalo Mujica cambió su voto, y teníamos los votos para crear la Comisión aunque no la apoyaran. Llamó la atención que coincidentemente con eso, cambiaran de opinión. Ahora sí íbamos a investigar a ASSE porque tenían la conciencia tranquila y porque no tenían nada para ocultar. Lo primero que sentí este lunes cuando en la Comisión Investigadora nos dijeron que no iban a votar la prórroga fue sorpresa. Me sorprendí porque esa no es la norma. Además, es una falta de cortesía parlamentaria. Las prórrogas se votan en todas las comisiones. En este caso, no votar la prórroga es una innovación. Ahora, lo que pasa es que esta Comisión es de doce meses. ¡Son doce meses para investigar todas las irregularidades de todos los centros de salud del país de ASSE durante diez años! ¿Les pareció mucho? A eso hay que agregar la estafa al Fonasa. ¿Les pareció mucho? Y hay que sumar lo relativo a la División Arquitectura, y demás. ¿Les pareció mucho doce meses? ¡Pero, che, que están fatigados! ¡Pero qué cansancio que tienen, viejo! ¿Doce meses les parece mucho para analizar la situación de todos los centros de salud del país durante diez años? ¡No se puede más con esa fatiga! ¡Tienen que ver al médico! ¡Tienen que ir a un centro de salud de estos; si tienen suerte, capaz que los atienden! También se dice que el ritmo lo marcó la oposición. ¿Qué hicieron mientras nosotros marcábamos el ritmo? ¿Cuál fue la propuesta alternativa para que hubiera otro ritmo? Algunos legisladores decían que dos veces por semana no se podían reunir porque venían de lejos y demás. Miren que hubo propuestas de trabajar más, pero no hubo ninguna que planteara acelerar el trabajo en algún punto. ¿O es que hubo alguno de los testigos que concurrió a la Comisión que no nos dijera algo interesante? ¿Hubo alguno que nos dijo algo que no valiera la pena haberlo escuchado?
El otro gran argumento que se manejó fue que esto ya se sabía. Ese fue el otro gran argumento que se manejó: “Todo lo que había en la Comisión, ya se sabía”. Además, se dijo que los temas que tienen apariencia delictiva, ya estaban en la Justicia. ¿Quién sabía? Miren que yo trabajé años en ASSE y no salgo de mi asombro de las cosas que me enteré. ¿De verdad ustedes ya sabían estas cosas? ¿De verdad sabían, como nos dijo una funcionaria de la colonia psiquiátrica, que compraban los electrodomésticos con plata de los pacientes? ¿Sabían eso? ¿De verdad? ¡Díganlo en serio! ¿Sabían eso y no hacían nada? ¡¿Sabían que compraban electrodomésticos con plata de los pacientes y no hacían nada?! ¿Ya se sabía eso? ¿Sabían, como nos dijo el jefe del block quirúrgico de Rivera, que había que cerrarlo porque no daba para más, y no hacían nada? ¡¿En serio ya sabían eso?! De verdad se los preguntó; si después algún integrante del Frente Amplio va a hacer uso de la palabra, le pido que me cuente si ya sabían que había que cerrar el block quirúrgico de Rivera. Reitero que esto lo dijo el propio jefe del block quirúrgico. ¿Sabían de la triangulación que hacía una mutualista de Rivera, que vendía a ASSE servicios que no tenía y que compraba en el Instituto Hugolino Andrade, en Brasil? ¿Sabían eso? ¿Les parece natural? Que una mutualista venda servicios está perfecto, pero que el servicio que vende sea la triangulación financiera, no. Para hacer eso habría que poner una empresa financiera en vez de una mutualista. Es verdad que las mutualistas venden servicios, pero no los que no tienen; eso es propio de un intermediario financiero, no de una mutualista. ¿Sabían eso? ¡¿No hacían nada al respecto?! ¿Eso no desnaturaliza el rol de las instituciones mutuales? ¿Sabían de lo de Bella Unión, con toda la magnitud que tenía? Sabemos que los jerarcas de ASSE se vendían servicios de ambulancia ellos mismos. De hecho, uno de ellos fue sancionado. ¿Saben en qué consistió la sanción? ¡En una amonestación en el legajo! Solo se enteraron de esto los funcionarios de la sección de legajos del Ministerio de Salud Pública. En los hechos lo que
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hicieron con el funcionario fue promoverlo porque lo pasaron del Hospital de Bella Unión al de Salto y le dieron un cargo de más importancia. Todo esto sucedió después de haberlo sancionado por corrupto, por venderse servicios a él mismo, a precios increíbles. Un traslado en ambulancia desde Bella Unión hasta Montevideo salía más caro que una semana en Cancún en base doble con aéreo incluido. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la doctora Valeria Celada, que era la única directora que compraba servicios de ambulancia sin ser socia, antes había sido subdirectora de uno de los socios? Hasta el último día la convocamos a la Comisión, pero nunca quiso venir. Terminó renunciando a ASSE porque denunciamos que su hermano estaba acomodado. ¿Sabían eso? ¿Ya se sabía todo eso? ¿Lo del Hospital Pasteur lo sabían? ¿Conocían el ejemplo paradigmático de la corrupción del Uruguay? La doctora Loreley Martínez contrató a la empresa Marcel Lhermitte Bermúdez, que había trabajado en el Ministerio del Interior y que había hecho la campaña de Mujica. Luego, por tercera vez, la contrataron en el Pasteur. Cuando le preguntamos cuáles eran los antecedentes de ese señor para trabajar allí, dijo: “A mí, como directora, no me corresponde averiguar los antecedentes”. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el señor Lhermitte cobraba el triple que el que estaba antes y que su gran gestión fue hacer los letreritos de las puertas que, en realidad, ya estaban hechos por lo que lo único que hizo fue sacarles el logo del laboratorio? Pero, en serio, ¿todo eso ya se sabía y no hacían nada? Porque yo no sabía, te lo juro por mi vieja. ¡¿Y no hacían nada?! ¿Ya estaban enterados de eso? ¡¿Ya estaban enterados de que el objetivo con el que se contrató a la empresa Lhermitte fue aumentar la sensación de pertenencia y mejorar los vínculos funcionariales entre los trabajadores, pero que en el equipo de salud y gestión terminaron todos peleados con todos?! La señora administradora nos dijo que no quería decir por qué había pedido que la sacaran del hospital, por aquello de que los trapos sucios se lavan en casa, filosofía de la fuerza política, ¿no? La gerente financiera nos dijo que le pidió, por favor, a la directora que la cambiaran de hospital y que de lo contrario, renunciaría. La subdirectora nos dijo que se iba
porque tenía diferencias éticas con la directora. Y mirá que ninguna de ellas era votante de Jean Marie Le Pen. La subdirectora era de la Lista 711, una persona cercana a la doctora Lustemberg y no tenía diferencias éticas con la directora. ¿Ustedes lo sabían? Porque si sabían y no hicieron nada, la verdad, es peor de lo que yo pensaba. ¿Sabían ustedes que a los funcionarios que denunciaron la estafa del Fonasa, en lugar de palmearles la espalda, darles para adelante y decirles “¡Vamo’ arriba; ustedes son pioneros, están investigando una cosa!”, los hostigaron y se les retacearon las funciones? ¡¿Sabían eso?! Y se les prohibió que hablaran por teléfono con la Junasa. ¡¿Sabían que la señora que vino a atestiguar pidió que por favor la protegiéramos por decir las cosas que estaba diciendo?! ¡¿Eso ya se sabía también?! La verdad es que algunos temas están en la Justicia, pero va a haber más. Y de los que están, vamos a ampliar la información, porque esta Comisión Investigadora supo más cosas. Vamos a llevar más cosas a la Justicia; todas aquellas que tengan apariencia delictiva. Y los que no lo hagan y se hayan enterado siendo funcionarios públicos, ¡van a estar en omisión! Los que no quieran llevar estas cosas a la Justicia, porque lo saben, y son funcionarios públicos, tienen que ir a denunciarlas. Yo me enteré de cosas y voy a ir porque es mi deber. Voy a ir sin ninguna alegría; ¡no me gusta que le hayan hecho esto a la gente! ¿Y las cosas que no tienen apariencia delictiva? ¿Las que no son delito? Porque parece que lo que hay que hacer es dejar que el Poder Judicial decida. Pero el Parlamento no es un Poder sucedáneo del Poder Judicial. El Parlamento no está para suplantar al Poder Judicial. ¡El Parlamento es un órgano eminentemente político y nosotros tenemos que ser la caja de resonancia de estas irregularidades, sean delito o no, cuando son irregularidades! Porque contratar al compañero del MPP para trabajar en el hospital no es un delito, ¡pero es una grosería! Además, era una irregularidad administrativa porque no estaba en el registro de proveedores y lo tuvieron un año pagándole, pero cuando hubo licitación, salió último. Le preguntamos a la administradora: “¿Usted sabe por qué este señor al que le pagaron durante un año el triple de lo que ganaba el anterior salió
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último?”. Y contestó: “Sí, lo que pasa es que los que competían con él eran muy buenos”. Y le faltó decir que, además, cobraban menos. Los que competían con él eran muy buenos y, además, cobraban menos. ¿Y los acomodos? Los acomodos no son delitos; son una vergüenza para quienes toda la vida dijimos que no tenía que haber acomodos, para los que dijimos que había que poner a los mejores en los cargos, ¡pero resulta que acá pusieron funcionarios en la Dirección de los hospitales que no tenían capacitación específica para el cargo, que nunca habían estudiado administración ni gestión y que después de que los pusieron los mandaron a estudiar por un convenio con la Universidad de la República, que se pagó con plata del pueblo! ¡Y la designación de estos funcionarios que iban a hacer el convenio con la Universidad de la República era tan discrecional como el nombramiento como director! ¡Resulta que nombraban como director del hospital a gente que no tenía la más mínima idea de la realidad sociodemográfica en la que iba a trabajar porque nunca había visitado ese pueblo o esa localidad, además de no tener capacitación específica en gestión ni en administración! ¡Resulta que nombraban a tipos que, además, no tenían antigüedad en la Administración pública porque entraban por la ventana para ser, al otro día, director de un hospital, desplazando a gente que tenía capacitación, antigüedad y méritos para integrar esos equipos de gestión! ¡¿Ya sabían eso ustedes?! Resulta que nombraban gente como directores de hospital que ni siquiera conocían personalmente, porque en muchísimos casos se trataba de estudiantes recién egresados en Cuba. ¡O sea que hacía siete años que no estaban en este país! ¡¿En qué comité de base se hace mérito para ser director de hospital en el Uruguay?! ¡¿Ya sabían de los acomodos?! ¡Y todo lo que nos faltó! Pero, che, ¡¿no tienen curiosidad, por lo menos, de saber qué fue lo que nos faltó?! ¡¿No tienen curiosidad o nombraron la investigadora para sacarnos las ganas a nosotros’! ¡¿Ustedes no quieren saber lo que faltó?! ¿No querían saber del doctor Toledo? ¿Por qué ahora les entró el apuro por cortar? ¡¿Qué era lo que querían investigar del doctor Toledo?! ¡Vamos para
adelante! ¡Yo voy para adelante; vamos a investigar al doctor Toledo! Y todas las otras cosas que faltan, pero ¡¿ni por curiosidad quieren investigar?! ¡Vamos a poner un poquito de coraje, muchachos! ¡Vamos a investigar lo que ustedes quieran y lo que nosotros queremos! Faltó mucho por investigar. ¡¿De verdad no tienen curiosidad por saber?! ¿Y lo que llegó tarde? El diputado Lema mencionaba recién la factura de Siemm. ¿Pero qué piensan, que somos magos: nos llega un gran fajo de facturas, faltando una semana para terminar la actividad de la Investigadora y te parece que ya está? ¡Y hace meses que la estamos pidiendo y tuvimos que amenazar con que las íbamos a ir a buscar a Bella Unión, porque si no, no nos las daban! ¿Y los que no vinieron a declarar? El otro día decía la diputada Bottino: “Estos no vienen porque lo que pasa es que en el Gobierno de Lacalle a las investigadoras le quitaron esa potestad”. ¡Pero hace tres legislaturas que tienen mayoría! ¿No lo pudimos cambiar? Si tenemos voluntad política, ¡lo cambiamos hoy! El diputado Pasquet tiene un proyecto en ese sentido y hacemos venir a la gente a declarar. ¡¿No tienen coraje para eso?! ¡¿No les da la cara para eso?! ¿No va a pasar nada? ¿Están deseando que no pase nada? ¿Están deseando que con todas estas groserías que hemos citado una por una no pase nada? Lo que revela la verdad es, primero, la utilidad de la Comisión Investigadora. ¡A ver!, cayó un Directorio de ASSE. En este país no cae nadie. Cuando vos pedís que alguien renuncie, lo atornillan más, ¿no? El otro día me decían: “¿Cómo es el nombre del ministro del Interior? Renunciá es el nombre de pila. En este país no sacan a nadie, pero cayó el Directorio de ASSE. Y no me van a hacer creer que porque el vicepresidente puso a la novia del hijo, cayó todo el Directorio. Lo que hacían los otros estaba perfecto; los sacaron por las dudas. ¡No, cayeron por las cosas que estábamos denunciando, una tras otra! Eso demuestra la utilidad de la Comisión Investigadora. Pero ¿hasta dónde llega? ¿No será que, además, tenemos que terminar porque estamos poniendo en evidencia al nuevo Directorio de ASSE, que no va a fondo? ¿No será que hay que terminar porque con lo del Pasteur el nuevo Directorio de ASSE tiene su talón de Aquiles? ¿No será que uno
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empieza a descreer hasta de los llamados a concurso? (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Ahora se baten el parche porque van a llamar a concurso por primera vez en la historia del Uruguay, ¡pero resulta que hace quince años que están gobernando y qué casualidad, mirá vos, el concurso lo van a hacer el mismo año de las elecciones! ¡Justo el año de las elecciones, después de quince años en los que se aburrieron de acomodar gente, van a llamar a concurso! Cosa de que no los acomoden los que vengan atrás, ¿no? Dicen: “Acomodamos nosotros, nomás; ustedes no. Nosotros vamos a perder el gobierno, pero vamos a dejar atornillados a los tipos”. ¡Pero mirá vos, es como el Hospital de Colonia! ¿Sabés para qué año lo prometieron… SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).¿Terminó abruptamente, señor diputado? SEÑOR RADÍO (Daniel).- Sí, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: el Hospital de Colonia hace años que está atrás de la cosa, y ¿sabés para qué año lo prometieron? Te caés de espalda: para 2014. Justo cae en el año de las elecciones, cuando le prometen el Hospital de Colonia, y no pudieron. ¿Sabés para cuándo quedó? Para 2019; créelo o no. Tienen tanta suerte que coinciden las inauguraciones de los hospitales con los años de las elecciones; es de no creer. Igual que los concursos; van a llamar a concurso para 2019. ¡Quince años se pasaron acomodando gente! Mirá que yo trabajo en ASSE, y con los partidos tradicionales vi tantos acomodos que a veces me da vergüenza que hablen, pero con el Frente nunca vi; nunca vi una cosa igual. La pléyade de acomodados y de entrados por la ventana que llegaron sin capacitación y sin antigüedad a ocupar cargos nunca la vi; nunca vi una cosa igual. Todo junto además. Había como una apetencia desmedida; todo junto. Una cosa tiene de bueno que no voten la prórroga: demuestra que tienen vergüenza porque, la verdad, estas cosas viejo, a mí… Creo que si yo estuviera en la fuerza política que gobierna no votaría la prórroga; no lo haría porque me daría vergüenza la paliza. La verdad, me daría vergüenza. Ahora anuncian que en el programa van a hablar de lucha contra la corrupción, y de cristalinidad y transparencia. Entonces, vamos empezando. ¿Para qué van a esperar al programa y al gobierno? Vamos a empezar a ahora. ¡Vamos por el Pasteur! ¡Vamo’ arriba! ¡Vamos a ponerle un poquito de ganas ahora! ¿Para qué vamos a esperar a 2020? Gracias presidente. (¡Muy bien!) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Andrés Carrasco. SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: yo no integro esta Comisión Investigadora, pero los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra sí la integran, y hablaron de casos concretos y sobrados como para demostrar que es necesario votar una prórroga para esta Comisión, ya que quedaron muchas cosas pendientes.
43.- Prórroga del término de la sesión
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor diputado Alejandro Sánchez. (Se lee:) “Mociono para que se prorrogue el término de la sesión”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.
44.- Comisión Investigadora sobre la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa. (Prórroga del plazo)
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Andrés Carrasco. SEÑOR CARRASCO presidente… (Andrés).Señor
SEÑOR RADÍO (Daniel).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CARRASCO diputado. (Andrés).Sí, señor
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Entonces, al igual que en la Comisión Investigadora que sí integramos, en esta también era necesaria la prórroga. No sé si sorprenderme o no sorprenderme, pero en 2004, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, hablaba de una lucha constante contra la corrupción y el clientelismo, hablaba de la transparencia en la gestión, de la mejora de la función pública, del honor y el decoro -valores que creemos son esenciales e irrenunciables-, y yo diría que los que lo votaron, y algunos que no lo hicimos, creíamos en eso. Creíamos que esas iban a ser las virtudes de un gobierno del Frente Amplio debido a que había aprendido de lo sucedido anteriormente, ya que todas esas cosas que decían que en su gobierno no iban a suceder, antes sí habían pasado. Entonces, quienes sí lo votaron y quienes no lo hicimos creíamos en eso. Después, en 2009, fuimos menos los que creímos en esto, pero igual era una amplia mayoría la que seguía creyendo en estas cosas. Luego, se llegó a 2014, y en este entonces superamos al cuento del pastor mentiroso, porque pasamos las tres veces. Y ahora se promete que en las próximas elecciones se va a cumplir con todo eso, pero creo que ya son muchos menos los que creen, porque el pastor mentiroso llegó a tres y vamos por cuatro. ¡A ver si creemos con cuatro! Además, en este período se habló de eliminar el abuso de funciones, y creo que hasta se estuvo cerca de plantearlo seriamente. Quizá se planteó seriamente, pero como tenían mucho rechazo no se animaron a proponerlo. Cuando se habla de transparencia, creo que no hay que seguir esperando. Cada vez que tuvieron que demostrarlo y que hubo la oportunidad de hacerlo, lamentablemente, fracasaron, y hoy, si no se vota la prórroga, se fracasará una vez más. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Núñez Fallabrino. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Señor presidente: me veo tentado a entrar en el debate de los aspectos que ha estado analizando la
Comisión Investigadora, pero ese no es el motivo de la moción que estamos discutiendo. Eso se discutirá cuando se presenten los informes correspondientes y cuando la Cámara de Diputados incluya ese tema en el orden del día; en ese entonces profundizaremos en esos temas. Por otra parte, algún legislador preopinante preguntó qué habíamos hecho los diputados del Frente Amplio que integramos esta Comisión Investigadora. Entre otras cosas, estudiar cada uno de los aspectos denunciados y realizar el informe, el que tenemos prácticamente culminado. ¿Qué hicimos los legisladores del Frente Amplio? Participamos de manera responsable de la Comisión Investigadora. Adviertan la paradoja que se da, señor presidente: los legisladores que más participamos de la Comisión fuimos los que estábamos en minoría, ya que la oposición tenía la mayoría para investigar y era la que conducía la Investigadora. Sin embargo, ellos tuvieron un promedio de asistencia menor al del conjunto de los legisladores del Frente Amplio, que llegó al 90 %, mientras que el de la oposición llegó casi al 80 %. Y esto demuestra si se asume una investigación parlamentaria con responsabilidad o con discursos y demagogia. En realidad, durante el debate, por momentos me cuestioné si estaba en una sesión del Parlamento o si había venido a presenciar un stand up cómico, porque parecía que algunos solo querían hacer chistes, causar risa y gracia aunque se estuviera abordando un tema absolutamente serio; este tema se debía abordar con responsabilidad, y no con discursos y demagogia. La razón por la que el Frente Amplio decidió no prorrogar el tiempo de trabajo de la Comisión Investigadora no tiene que ver con miedo, con ocultamientos o con falta de transparencia, sino con respetar una decisión de la Cámara de Diputados, que votó un plazo de un año para que esta Comisión realizara la investigación. Por lo tanto, todos aquellos que participamos de comisiones investigadoras tenemos la responsabilidad -no pensando en que se pueda votar una prórroga posterior- de armar un calendario adecuado para abarcar, con las más amplias posibili-
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dades, los temas que se pretende investigar. Sin embargo, en esta Comisión se fue redundante. Advierta, señor presidente, que el lunes pasado, después de casi un año de trabajo, seguimos recibiendo a personas vinculas al Hospital de Rivera, a pesar de que está absolutamente claro y fundamentado lo que sucedió. Además de haber sido redundante, se llegó al colmo -es un antecedente que quedará para la historia de las comisiones investigadoras- de invitar a militantes del Partido Nacional a fundamentar en una comisión investigadora. ¡Vinieron hasta personas que hoy están en pases en comisión de legisladores que hoy están sentados en esta sala y de ediles del Partido Nacional! Esas son las fuentes argumentativas de una parte de la oposición. Entonces, planteemos las cosas con seriedad. Aquí también se decía: “No más palabras y más acciones”. ¡Claro que sí! El Frente Amplio votó la conformación de esta Comisión Investigadora, pero no solo eso. La administración de ASSE, conducida por el Frente Amplio, fue la que resolvió desarrollar las auditorías internas y externas; fue la que llevó adelante investigaciones administrativas; fue la que llevó adelante procesos disciplinarios contra aquellos funcionarios que cometieron faltas. El Frente Amplio ha tenido una actitud coherente; sí, pero no en el sentido que se fundamentaba anteriormente; el Frente Amplio ha tenido una actitud coherente con la transparencia y la investigación, pero eso no sucedió solo con esta Comisión Investigadora, porque como fuerza política también votamos en el Senado la conformación de la Comisión Investigadora de Ancap, y allí no estaba en tela de juicio la mayoría del Frente Amplio. Por tanto, no es de recibo el fundamento que se plantea en cuanto a que nuestra fuerza política votó la Comisión Investigadora porque no le quedó otra o porque estaba en minoría. ¡Mentira! Y ejemplo de eso es la conformación de la Comisión Investigadora de Ancap en el Senado. Y votó también la integración de la Comisión Investigadora para investigar, precisamente, el financiamiento de todos los partidos políticos; fue una propuesta del Frente Amplio. Podría poner más ejemplos de comisiones investigadoras. Pero si vamos a hablar de coherencia y vamos a hacer
gárgaras de transparencia, yo le voy a pedir entonces que fundamente por qué el Partido Nacional no votó, por ejemplo, la comisión investigadora para investigar a fondo cómo se habían adulterado facturas en Salto. En ese caso votaron en contra; ese tema no se podía investigar; no había irregularidades. ¿Por qué votaron en contra de una comisión investigadora en Treinta y Tres sobre irregularidades tributarias escandalosas? Se opusieron y la trancaron, y lo mismo ocurrió en Soriano con Bascou. ¿Por qué se opuso el Partido Nacional? Si plantean un discurso de transparencia, de honestidad, de credibilidad, y le piden al Frente Amplio coherencia, bueno, tengan coherencia ustedes primero. Nosotros la tenemos y muy bien demostrada a lo largo de nuestra historia y ahora, en el presente, no con discursos. Claramente algunas cosas van a quedar afuera. ¿Habrá responsabilidad del Frente Amplio? No. Es responsabilidad de quienes tuvieron la mayoría. El Frente Amplio, después de recuperar la mayoría parlamentaria -este es un argumento a favor de la transparencia, del debate democrático, de no tener nada para ocultar-, en ningún momento vino a sala a plantear que se modificara la integración de la Comisión Investigadora para cambiar la correlación de fuerzas y así asegurarse la conducción. No lo hizo; y no lo hizo, precisamente, para preservar la capacidad de investigación de la Comisión, para que no hubiera ningún argumento en contra, para que se trabajara con absoluta transparencia y con la conducción de la oposición, que ahora dice que no le alcanzó el tiempo, que no llegó toda la información. En muchos casos mienten. Uno de los diputados que planteó que no le llegó toda la información, reclamó públicamente un pedido de informes del Hospital Pasteur que hacía un mes había llegado a la Cámara. ¡Un mes! Y podría poner varios ejemplos más de información que se solicitó y llegó a la Cámara de Diputados, y hay integrantes de la Comisión que no se dieron por enterados. Está bien. Cada uno hace lo que puede y trabaja como puede. Pero no se puede responsabilizar y acusar al Frente Amplio de falta de transparencia, de no aportar los datos, de no aportar la información. ¿Quedaron cosas afuera? Sí. Y una de las pocas cosas que se integraron a la Comisión Investigadora, que no surgieron de la
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investigación propia de ASSE, la aportó el Frente Amplio. Adviertan que si tenemos que hablar de credibilidad, si tenemos que hablar de coherencia, nosotros pretendíamos investigar qué pasó con el doctor Alfredo Toledo. Capaz que en el Cuerpo, en ese proceso de desmemoria que hay, se olvidaron de que era el asesor de salud del Partido Nacional. ¡Asesor de salud del Partido Nacional que estafó a ASSE! ¡Ahora! ¡No hace quince años! ¡No hace veinte años! ¡No hace cuarenta años! ¡Ahora! Pero después tenemos que escuchar en sala sobre lo transparentes, los buenos que son en el manejo de la cosa pública, hasta falsificando firmas. Como decíamos al principio, tenemos muchas cosas para hablar, y no eludimos el debate. Tengo una carpeta con todos los elementos para responder en el momento que así lo defina la Cámara de Diputados sobre los aspectos vinculados a la denuncia. Pero, obviamente, no lo voy a hacer en esta circunstancia porque no es lo que pretende considerar la Cámara en el día de hoy, que es si se vota o no una prórroga, lisa y llanamente. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: las auditorías fueron hechas a pedido de los miembros de la oposición que había en el directorio. A no batirse el parche con eso. Reitero: las auditorías se hicieron a expreso pedido de los miembros de la oposición del directorio. Tanta repercusión tuvieron, que el gobierno siguiente sacó al miembro de la oposición del directorio. ¡Mirá cómo querían transparencia! No quisieron más transparencia. ¿Saben por qué? Porque dijeron que ya había control para el Directorio con los representantes sociales. Y resulta que un representante social estaba procesado. ¡Mirá el control que querían! ¡Mirá la transparencia que querían! El representante de la oposición pidió las auditorías, por las que nos enteramos de estas irregularidades. Y ellos dijeron: “No queremos más representantes de la oposición, que nos controlen estos”. Uno de ellos está proce-
sado. Qué curioso, ¿no? ¿Esa es la vocación de transparencia? Sobre Bascou, que se defiendan los blancos. La Intendencia podía haber comprado en otra estación de servicio. Lo que quiero decir es que si hubiera comprado la nafta en la otra, le hubiera salido lo mismo. Mientras que en Bella Unión, bien que se encargaron primero de desmantelar la ambulancia de ASSE, para que les quedara el monopolio. No había ninguna chance. Entonces, te cobraban los viajes en ambulancia a precios de Cancún. Peléense con el Partido Nacional si quieren transparencia. ¡Vamo’ arriba! Si lo de Bascou es oscuro, mirá que una oscuridad no se tapa con otra oscuridad. Además, ¡vamo’ arriba! ¡Vamos a investigar! ¿Quieren investigar a Toledo? ¡Vamo’ arriba! Voten la prórroga. El primer punto del orden del día: Toledo. ¡Dale! ¡Vamo’ arriba! Si guapeamos, guapeamos todos. Pero, en serio, se precisa investigar. No asustemos con que queremos investigar; investiguemos. No asustemos. ¡A mí no me importa de qué partido son! ¡Vamo’ arriba! Gracias, señor presidente. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: con respecto a la asistencia de la oposición a la Comisión Investigadora vayan a los registros: no faltamos un día. Fuimos todos los lunes. Es cierto que no integro la Comisión Investigadora, pero concurro como miembro denunciante. Estuve en todas las sesiones. En realidad, tuvimos responsabilidad, aunque no la integramos, del armado de la agenda. Pido que se nos diga quién vino sin sentido. Y vino gente de todos los partidos; no vino solo de uno u otro. En cuanto a batallar contra la corrupción, en cada gobierno que hubo creemos que tenemos antecedentes y no tenemos que dar mucha cuenta. Lástima que además de lo de Toledo, que nos gustaría investigar, nos vamos a quedar sin saber qué pasa en el Vilardebó, de donde tenemos fotos de ratas andando por arriba de los pacientes, de donde tenemos constancia de faltante de insumos
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importantísimos, de donde se pagaba $ 290.000 por mes a una camioneta de viaje, sin nada, contratada, tercerizada, que llevaba alimentos a Cárcel Central. Esa camioneta le costaba al Vilardebó $ 290.000 por mes. No vamos a saber por qué, ni quién la contrató, ni qué vinculo tenía -si lo tenía- con alguna jerarquía de ASSE. ¡Qué pena! La verdad es que la coherencia en la pelea por la transparencia estaría bueno demostrarla en la voluntad de seguir investigando. Gracias, señor presidente.
No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señores José Querejeta y Wilfredo Rodríguez. De la señora representante Claudia Hugo, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Lucía Rodríguez Motz. Del señor representante Alfredo Asti, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estefanía Schiavone. De la señora representante Macarena Gelman, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Alejandro Zavala. Del señor representante Pablo González, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Susana Andrade. De la señora representante Lilián Galán, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Estela Pereyra. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Martín Nessi, señora Adriana Rojas, señor Juan Bologna, señor Charles Carrera, señor Diego Reyes, señora Lucía Etcheverry, señor Camilo Cejas y señora Laura Prieto. Del señor representante Nicolás J. Olivera, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora María Dolores Álvarez López. Del señor representante Amin Niffouri, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Núñez. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Juan Alfonso Lereté Torres, señora Rosa Imoda, señor Adrián González y señora María del Carmen Suárez. De la señora representante Graciela Bianchi Poli, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Satdjian.
45.- Licencias. Integración de la Cámara
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones: Licencia por motivos personales: Del señor representante Carlos Reutor, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Mathias Dutra Morales. De la señora representante Orquídea Minetti, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Margarita Libschitz. La suplente siguiente, señora Paula Pérez Lacues, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro representante. No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Miguel Sanguinetti, señora Rosa Recarte, señor Miguel Estévez, señor Milton Perdomo y señor Carlos Reyes. De la señora representante Cristina Lustemberg, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose a la suplente siguiente, señora Sonia Cayetano.
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No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes: señor Pedro Jisdonian, señor José Luis Bringa, señora Gerardina Montanari, señor Mario Arizti Brusa, señora María Camila Ramírez, señor Ángel Domínguez y señor Nicolás José Martinelli. Licencia por enfermedad: Del señor representante Jaime Mario Trobo Cabrera, por el día 2 de agosto de 2018, convocándose al suplente siguiente, señor Héctor Gabriel Gianoli Travieso. Montevideo, 1º de agosto de 2018 JOSÉ CARLOS MAHÍA, MARGARITA LIBSCHITZ, VALENTINA RAPELA”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a sala.
en la Comisión Investigadora”, pero no aparece hablando. Defendió a Toriani. No sé si por el Partido Comunista; no puedo atribuir las razones, pero lo defendió. Después, ni habló. Hace muy poquito habló, al presentar la denuncia sobre Alfredo Toledo, y está diciendo que es asesor del Partido Nacional al voleo. ¿Qué hizo el Partido Nacional? El Partido Nacional dijo: “Por supuesto que sí, diputado”. Tanto es así que invitamos al diputado Núñez -no sé si estaba o no estaba; no sé qué estaba haciendo- a que presentara una denuncia por escrito, algo fundado. Estábamos hablando en serio, señor presidente, y nunca llegó nada; un informe de prensa, un comunicado o un trascendido. Si eso es lo que llama investigaciones el diputado Núñez… Yo estoy hablando de investigaciones serias, con documentos y elementos realmente probatorios. Al diputado Núñez -figura en la versión taquigráfica que estaba repasando- le digo -mirándolo a los ojos, como lo estoy haciendo ahora-: “Vamo’ arriba, que sea del partido que sea, vamos a fondo”. (Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Señor diputado: diríjase a la Mesa. SEÑOR LEMA (Martín).- Le dije al diputado Núñez: “Me imagino que se va a animar a votar la prórroga del plazo para estudiar lo de Toledo o lo que fuere necesario”. Y hoy vemos que al diputado Núñez le dio la nafta ese día en la Comisión pero, después, se acabó la nafta. Se acabó la nafta para estudiar el caso de Toledo, que el Partido Nacional está dispuesto a estudiar y a investigar a fondo. Que no se digan cosas al azar. El Partido Nacional está dispuesto a estudiar a los privados, contrariamente a los discursos del diputado Núñez, que cuando le toca estudiar e investigar a los privados, vota para interrumpir la Comisión. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Vamos a ceder la palabra al diputado Núñez con total amplitud porque, en teoría, no debería haber
46.- Comisión Investigadora de la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fonasa. (Solicitud de prórroga de plazo)
Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Martín Lema. SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente: no sabía que teníamos un adscripto en la Comisión, que contabilizaba las faltas, las presencias y demás, pero me dio curiosidad. Estoy repasando las versiones taquigráficas y el diputado Núñez habló cuando se trató el caso Toriani; después, silencio. Miren las versiones taquigráficas, porque uno lo escucha hablar con una propiedad que dice: “Bueno, este muchacho se comió la cancha
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alusiones de alusiones, pero entendemos la circunstancia excepcional. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Núñez Fallabrino. SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).Señor presidente: como primer elemento, tal vez el diputado preopinante valore el trabajo solamente por lo que se habla. Yo también soy de los que valoro el trabajo por lo que se hace, porque pico tienen muchos, pero convicciones para trabajar y para desarrollarse todos los días en el trabajo, a veces silencioso pero importante para hacer avanzar al Uruguay, es lo que vale. Hablar se puede hablar. Yo participé en todas las sesiones; tengo cien por ciento de asistencia. Cuando me referí al promedio fue porque miré los registros. Ya que se habla de responsabilidad en el trabajo, hice un promedio de las asistencias del Frente Amplio, que son el 90 %, e hice un promedio de las asistencias de los diputados de la oposición, y es el 80 %. Son datos objetivos y hablan de cómo se encara el trabajo. Eso tiene que verse de esa manera, o al menos así lo entiendo yo. Para algunos no es importante, porque hace pocos días nos enteramos de la existencia de ciertos informes en los que representantes de los partidos tradicionales, y sobre todo del Partido Nacional, tienen un promedio muy bajo de asistencia al Parlamento en general, y al trabajo en las comisiones. Entiendo que hay falta de consideración por el trabajo parlamentario, porque es una práctica cotidiana. Entiendo que es fundamental, precisamente, trabajar, aunque sea de manera silenciosa. En ningún momento dije que el Partido Nacional se había negado a discutir la situación de Toledo. Tengo el registro público de cómo el señor Toledo representó en varias oportunidades al Partido Nacional en temáticas vinculadas a la salud. Yo no hablo al voleo; hablo con fundamentos, con datos objetivos. No estoy en un boliche para hablar de si me da la nafta o no me da la nafta. Lo que puedo afirmar con absoluta contundencia es que esta fuerza política está dispuesta a ir a fondo en todos los temas que así lo requieran. Y esta fuerza
política, si encuentra algún elemento de ilicitud que amerite el pase a la Justicia, así va a proceder, porque así es como actúa el Frente Amplio. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: el señor diputado Núñez Fallabrino decía recién que si el Frente Amplio encuentra elementos que justifiquen el pasaje a la Justicia así procederá. Me parece muy bien. Lo que pasa es que, para encontrar, primero hay que buscar. De eso se trata: de que la Comisión Investigadora siga buscando y siga encontrando, como lo mucho que ha venido buscando y encontrando en todo este tiempo de trabajo. Con toda franqueza, no entiendo que se intente argumentar el voto en contra de prorrogar el plazo de la Comisión invocando transparencia, no tener miedo, no estar ocultando nada. ¡No, señor presidente! No se puede invocar transparencia en el momento en que se vota en contra de la prórroga de la Comisión Investigadora. Se está afirmando con palabras lo que flagrantemente se niega con los hechos. Es una exhibición de cinismo político sorprendente por lo crasa. Están haciendo gárgaras con la transparencia cuando votan en contra de la prórroga de una Comisión Investigadora que se ha caracterizado por trabajar mucho, por lograr importantes resultados en lo que ya trabajó y por tener perspectivas de trabajo enormemente ricas; todo eso junto. La Comisión ha trabajado mucho y ha trabajado bien. Nunca dejó de reunirse por falta de quórum. Desde que asisto -no fui designado desde el comienzo sino más adelante- no he faltado a una de sus sesiones. Ni una de sus sesiones dejó de celebrarse por falta de quórum. En todas las sesiones a las que asistí -acoto que asisto desde que empieza hasta el final; no voy un ratito para que me pongan presente y después me voy- estuve todo el tiempo, así que soy testigo presencial de cómo trabaja la Comisión. He visto a los diputados Rubio y Lema impulsar permanentemente todas las sesiones, el trabajo,
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proponiendo testigos, pidiendo documentos, conduciendo los interrogatorios, reclamando los documentos que no les son entregados. Ha sido una labor sistemática, permanente, continua que -justo es reconocerlo- transcurrió en un clima de normalidad. Ha habido alguna discusión política esporádica pero, en general, se trabajó respetuosamente y en un buen clima durante horas y horas cada lunes. Así fueron las cosas. Se trabajó en ese clima de respeto y se encontró mucha cosa que ha sido expuesta de manera demoledora por los señores diputados Rubio, Lema y Radío. Quien lea la versión taquigráfica de esta sesión y vea todo lo que se ha dicho, advertirá todo lo que se encontró, todos los hechos con apariencia delictiva, las irregularidades que aunque no sean delito son gruesas demostraciones de pésima gestión en un servicio importantísimo del Estado, que lo comprometen por no hacer las cosas de modo correcto. Todo eso fluye nítidamente de cuanto se ha expuesto aquí y, por supuesto, va a fluir caudalosamente cuando se rindan los informes del trabajo de la Comisión en el plenario. No se puede dar por terminada la tarea ahora porque hay múltiples indicios, hay muchas situaciones que no se han investigado. Para empezar, señor presidente, tengamos presente lo siguiente: la Comisión trabaja a partir de dos auditorías, una interna y otra externa, que hizo ASSE a instancias del representante de la oposición en el Directorio tiempo atrás. Las auditorías trabajaban pidiendo a las distintas unidades ejecutoras de ASSE que remitieran determinada información. Sobre la base de la información remitida, las dos auditorías elaboraron sus informes. Ahora bien, sépase que de las setenta unidades ejecutoras a las que se les pidió información contestaron veintinueve. Estamos trabajando en el material encontrado por las auditorías en veintinueve unidades ejecutoras que contestaron el pedido de información que hicieron los auditores en su momento. Queda un universo, quedan muchísimas más unidades ejecutoras que no están siendo investigadas porque se callaron la boca y ni siquiera les contestaron a los auditores. ¡Si habrá para investigar! Hay un continente oculto en todo ese universo de unidades ejecutoras que no contestaron, donde no sabemos lo que está pasando. Recién estamos tratando de averiguar
qué fue lo que pasó donde se contestó el pedido de información cursado por los auditores. Las evidencias sobran y no da el tiempo, no da la vida para buscar todo lo que está surgiendo, tanto en el plano de hechos con apariencia delictiva como de demostraciones de mal manejo, de pésima gestión, de falta de responsabilidad política para encarar y resolver problemas que rompen los ojos. Todo esto la gente lo está sabiendo, se va a difundir, se va a conocer. Y no nos confundamos; no estamos ante problemas técnicos en cuanto a si hay que investigar de una manera o de otra. A esta altura ni siquiera estamos ante problemas políticos de si al Gobierno le conviene o no que se investigue, que semana a semana vaya gente que dice cosas que le ponen a uno los pelos de punta. No; el problema es más profundo todavía, señor presidente: es ético, y en cuanto tal termina afectando la base misma de las instituciones, que es la confianza popular en ellas. ¿Qué confianza esperamos que tenga la gente en las instituciones democráticas cuando rompen los ojos los hechos de corrupción y una Cámara parlamentaria resuelve terminar una investigación en curso? ¿Qué esperamos que piense la gente? ¿Qué vamos a hablar después de recuperar la confianza con campañas de promoción, con proximidad a la gente, con el trabajo en las redes o en el territorio? Nada de eso puede contra la evidencia. Tenemos la corrupción a la vista, frente a nosotros y se decide no investigar más. Es absolutamente injustificable. Lo único que se puede esperar es que pasando el tiempo la gente se olvide, vengan otras cosas y esto se tape. Pero es tal la acumulación de hechos, señor presidente, que la gente no se olvida, lo retiene y desconfía de todo: del sistema, de las instituciones. Si ante la vista de lo que está pasando se decide no investigar, la Cámara de Diputados quedará cuestionada éticamente. ¡Es por eso que reclamamos enérgica y enfáticamente que por pudor se vote la prórroga del plazo de esta Comisión Investigadora! Nada más. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).Señor presidente: la verdad es que no pensaba hacer
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uso de la palabra porque tanto el diputado que hizo uso de la palabra en nombre del Partido Nacional, señor diputado Martín Lema, como el diputado denunciante, Eduardo Rubio, y el diputado Daniel Radío han hecho excelentes exposiciones de los motivos por los que deberíamos votar la prórroga esta noche y por los que deberíamos seguir investigando estos hechos tan graves que afectan a la sociedad uruguaya en dos áreas tan sensibles como la salud y el Fonasa, y el BPS. Los legisladores han abundado en forma muy detallada en las denuncias que quedan pendientes sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ASSE, pero apenas se ha hecho alguna referencia al segundo tema que tenía como objeto de estudio esta Comisión Investigadora: las estafas al Fonasa. Lamentablemente, por lo que hemos seguido, a pesar de que se trabajó un año, solo en las últimas dos reuniones apenas les dio para comenzar a abordar el tema, que es un verdadero agujero negro por el manejo que se ha hecho. Se ha denunciado poco públicamente, pero en apariencia es como un iceberg: hay mucho más oculto de lo que ha aparecido en la prensa y aquella denuncia que terminó con algún procesamiento, seguramente, del eslabón más frágil de la cadena. Lo que escuchamos acá nos motivó: yo no sabía que había que tener carné de militante del Frente Amplio para venir a la Comisión Investigadora. No sabía que los militantes o gente simpatizante del Partido Nacional no podían venir a hablar en la Comisión Investigadora sobre las denuncias de irregularidades. No sabía que tenían casi prohibida o proscripta la entrada los votantes del Partido Nacional o de algún otro partido que, siendo testigos calificados hechos gravísimos que eran conocidos, los denunciaron en su momento y lamentablemente nada pasó. Se habló de un funcionario que vino a hacer denuncias, no invitado por nadie, sino que motu proprio solicitó ser recibido. No vino como militante o votante de un partido ni como funcionario en comisión de nadie, sino como funcionario del BPS que conocía de primera mano la realidad que estaba denunciando. Había sufrido en carne propia la persecución del anterior Directorio presidido por Ernesto Murro y presenciado auditorías truchas, ocultamiento de información, falta de transparencia y denuncias gravísimas que fueron
archivadas por el Directorio del BPS, con manejo de fondos irregulares, denuncias graves de intermediaciones lucrativas en lo que tiene que ver con afiliaciones mutuales y que tienen directa relación con prácticas que se llevaron adelante y, con seguridad, se siguen realizando en el BPS. Lamentablemente, esta decisión de la mayoría de la Cámara, del Frente Amplio, nos va a impedir conocer e investigar más a fondo. Se han expuesto algunos argumentos en sala. A mí la verdad es que me parece hasta un poco cómica la argumentación que se plantea: quién faltó más o menos a la Comisión; una competencia para ver quién tuvo cero falta y quién vino en hora a las sesiones. El argumento era que se votó por un año la Comisión y, entonces, no se puede modificar el plazo, que tenemos que ajustarnos a ese año; que se va a cumplir con el año que se votó en aquel momento y no se puede variar la fecha, cuando permanentemente se han votado prórrogas de comisiones investigadores. Creo que estos argumentos son muy frágiles, muy débiles frente a lo que se plantea del otro lado: que hay opacidad, falta de transparencia, que aparentemente hay graves irregularidades, actos de corrupción, mal manejo de fondos, acomodos, manejo irregular de dineros públicos, de dineros de la gente. Nos parece que son muy frágiles los argumentos utilizados por el Gobierno para impedir que esta Comisión Investigadora continúe su trabajo cuando hay muchos elementos para seguir investigando, apenas se ha comenzado con alguno de ellos y se ha podido advertir que las denuncias eran gravísimas. Yo creo que al no votar esta prórroga estamos contribuyendo a que las irregularidades continúen. No votando la prórroga estamos contribuyendo a que no exista la transparencia debida, a que la corrupción siga impune y operando, lamentablemente, tanto en el área de la salud como en el BPS. Creo que el Parlamento haría bien en votar esta prórroga y demostrar, entre todos los partidos, que en realidad queremos investigar a fondo y que el discurso contra la corrupción no es solamente eso, sino una actitud firme. Volvemos a decir lo que manifestó algún compañero: si hay que investigar a alguna persona vinculada al Partido Nacional, a algún asesor, a alguien que estuvo en funciones de representación del Partido
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Nacional, estamos dispuestos a investigarlos a todos. Nos parece que como Parlamento damos una pésima señal a la sociedad, a pesar de que es el Frente Amplio el que no da su voto; aunque están se han acreditado hechos de corrupción gravísimos e irregularidades, barremos debajo de la alfombra y enterramos el trabajo de esta Comisión. Aún quedan algunos minutos para reflexionar, cambiar la posición de los partidos y votar una prórroga razonable, no que se extienda mucho en el tiempo, pero sí una prórroga razonable como para culminar con las áreas que se han comenzado a investigar, incluyendo, obviamente, al Fonasa, ya que no ha habido tiempo para realizar una somera investigación de las denuncias planteadas en esta Cámara. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de reflexionar y de que esta Cámara dé una señal muy positiva a la sociedad, que está esperando. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR AMARILLA diputado. (Gerardo).Sí, señor
Además, si no se votara la prórroga -como también mencionaron algunos legisladores-, se estaría generando un daño mucho mayor, no solo a este Parlamento, al que estaríamos provocando un gran descrédito porque no estaría cumpliendo con una de sus tareas fundamentales, que es la de control, sino a todos los funcionarios de ASSE, a quienes se les está ocasionando un daño moral irreparable, porque se los está dejando a todos bajo sospecha. No votar una prórroga lleva a que la ciudadanía pueda -¿por qué no?- sospechar de todos los funcionarios y de todos los jerarcas de .ASSE, lo que es, por lo menos a priori, una enorme injusticia. Se debería ser sincero. Si no se quiere dar prórroga porque no se quiere seguir investigando, porque no se quiere seguir descubriendo la corrupción que hasta ahora ha aparecido -como han demostrado los legisladores- en forma realmente abundante y mucho más de lo que se pensaba, por lo menos los legisladores que se oponen deberían ser sinceros y decir que no quieren seguir investigando, pero no esgrimiendo razones de cinismo político -comparto el calificativo del diputado Ope Pasquet-, que no hacen más que dejar bajo sospecha a este Parlamento y que pierda credibilidad. Confío en que finalmente el Frente Amplio votará la prórroga para bien de los funcionarios de ASSE, del sistema republicano de gobierno, de la democracia, de la transparencia y de la credibilidad de este Cuerpo. Gracias, presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Gerardo Amarilla. SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- He terminado, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada. (Se vota) ——Treinta y cuatro en ochenta y dos: NEGATIVA.
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado Rodrigo Goñi Reyes. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: habiendo escuchado los argumentos y fundamentos que han dado quienes postulan la necesidad de una prórroga, y habiendo escuchado los argumentos de quienes se oponen, resulta contundente que las razones que pesan más son las que están a favor de que haya prórroga. El diputado Núñez dijo que una de las razones por las cuales no habría que dar prórroga es el plazo. Los plazos siempre se fijan antes de iniciar una investigación y, después, si hay argumentos, si hay razones, si hay más materia para investigar, se pueden prorrogar y se debe considerar, como lo estamos haciendo, si hay más elementos para investigar. No es un tema de plazo, sino de si hay materia o no. Y aquí aun los que se han opuesto a la prórroga no han dado argumentos en el sentido de que no hay materia, de que no quedan temas para investigar.
47.- Levantamiento de la sesión
SEÑOR VARELA NESTIER permite, señor presidente? (Carlos).¿Me
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Mociono para que se levante la sesión. SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar. (Se vota)
——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. Se levanta la sesión. (Es la hora 0 y 32 del día 2 de agosto)
Sr. JORGE GANDINI PRESIDENTE
Sr. Juan Spinoglio Secretario relator
Dra. Virginia Ortiz Secretaria redactora
Sra. Mariel Arias Supervisora General del Cuerpo Técnico de Taquigrafía
Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes
