LA DIPUTADA MARÍA FAJARDO EN LA MEDIA HORA PREVIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 12 DE JULIO

La representante aprovechó su tiempo, en la media hora previa, para informar al Cuerpo que está trabajando en el ciudadano como cliente financiero. La ley de regulación de relaciones de consumo (N° 17.250) no prevé una figura específica para el consumidor de servicio financieros, en general el ciudadano recurre al sistema financiero por múltiples razones, para mejorar su calidad de vida, para desarrollar una actividad comercial, buscando prosperar, generar nuevos ingresos, aumentar la actividad o sus emprendimientos; además muchos ciudadanos recurren al sistema financiero cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y toman decisiones acuciados por las circunstancias. La oferta de servicios financieros deben estar regladas por las buenas prácticas, máxime, cuando vemos que quienes recurren al sistema financiero son personas de edad avanzada, algunos con discapacidad, otros con baja comprensión de herramientas digitales. 

Estamos en un momento bisagra -comentó- donde conviven nativos digitales con personas que, por su edad, entraron tarde a la era de la tecnología, y no pueden acompañar los cambios que las nuevas tecnologías insertaron en la actividad financiera y son un blanco fácil de la abundante oferta de créditos que hay en el mercado. Recurrir al crédito de consumo online, son créditos muy accesibles a un clic pero muy caros, la publicidad es muy tentadora para personas vulnerables. ¿Son buenas prácticas estas líneas de crédito telefónico, de créditos online?, se pregunta la diputada. 

Como expuso Fajardo, la educación financiera es cada vez más necesaria, pero aún en estos tiempos es escasa. Es responsabilidad velar por la defensa del consumidor, por la parte más vulnerable en la relación comercial, considerando que la protección de los usuarios de sistemas financieros necesita un instituto especializado, de fácil acceso, que podría ser una una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas o de Banco Central del Uruguay, pero con autonomía e independencia. Los usuarios deberían poder acceder en forma ágil y con poca o mínima burocracia, a reclamar y a defender sus derechos. Si bien hoy en día, en el BCU se encuentra la Superintendencia del sistema financiero que es quien articula ante reclamos de los usuarios, el planteo de la legisladora es amplio, queremos poner en la agenda parlamentaria este tema, abordar el tema con educación, desde todos los niveles, dando lineamientos básicos a quienes nunca han accedido, o acceden por primera vez al sistema financiero. Acercar al usuario a una figura más accesible, sin necesidad de ingresar a la estructura del BCU especializado en este objetivo. Advertir a un cliente de cómo afecta su vida el acceder a un crédito, su capacidad de repago, o cuando se solicita una operación de este tipo, no solo si sus ingresos soportan de acuerdo a la normativa vigente una retención, ya que además deben pagar servicios básicos, alimentación, impuestos, OSE, UTE, etcétera. El famoso pago “no paga” que se hacía en todos los bancos. 

“Se debe no solo instruir al usuario, sino además que el prestador de recursos financieros va a poder asegurarse de recibir el repago del crédito, una especie de consentimiento informando y asesorando cuánto le va a quedar libre a la persona para poder vivir, porque después no sabemos cuánto nos queda. Es fundamental que el futuro cliente financiero entienda cabalmente el impacto que el crédito tiene en su economía doméstica, el compromiso al que accede, cómo este va a impactar en su patrimonio y en sus ingresos mensuales. Dejar constancia de las tasas de intereses que deberá pagar por este crédito, así como las consecuencias en cuanto al monto que tiene el no pagar en tiempo y forma, lo más claro posible”, finalizó Fajardo.