Nº 185
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XLVIII Legislatura ——
DIVISIÓN PROCESADORA DE DOCUMENTOS
Nº 185 de 2015 ============================================================================================= Comisión Especial de innovación, Carpeta Nº 2535 de 2013 ciencia y tecnología =============================================================================================
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Regulación
Versión taquigráfica de la reunión realizada el día 10 de agosto de 2015 (Sin corregir) Preside: Miembros: Señor Representante Julio Battistoni. Señores Representantes Pablo González, Rodrigo Goñi Reyes, Tabaré Laca, José Carlos Mahía y Adrián Peña. Por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, ingeniero José Clastornik, Director Ejecutivo y doctora María José Viega; por la Presidencia de la República, doctor Diego Pastorín, Director General. Señora Doris Muñiz Varela. =========II=========
Invitados:
Secretaria:
-1SEÑOR PRESIDENTE (Julio Battistoni).- Habiendo número, está abierta la reunión. El próximo lunes visitaremos la Facultad de Ciencias. El Instituto Clemente Estable también me pidió si era posible que los visitáramos. Dicho Instituto depende institucionalmente del Ministerio de Educación y Cultura y no forma parte del entramado de investigación de la Universidad de la República. Si bien colabora con esta en cuanto a prestar investigadores, no tiene como cometido primordial la docencia, aunque sí la investigación. Como su línea de investigación es bastante importante en gramíneas y en neurociencia, si fuera posible, creo que deberíamos aunar las dos visitas y hacerlas la misma tarde. (¡Apoyados!) ——Entonces, así actuaremos. (Ingresa a Sala una delegación de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento) ——La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene el gusto de recibir a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, representada por su director, el ingeniero José Clastornik, y por la doctora María José Viega, y al Director General de la Presidencia de la República, doctor Diego Pastorín. SEÑOR CLASTORNIK (José).- La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento -Agesic- ha sido invitada a brindar su opinión sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de administración electrónica, que fuera sometido a consideración del Parlamento en setiembre de 2013, y de sus modificaciones. Dado que no se dio la posibilidad de concurrir a este Comité al momento de tratarse las modificaciones efectuadas al proyecto de ley referido, vemos con entusiasmo la posibilidad de informar y asesorar en la materia desde nuestra experiencia y rol institucional. Desde Agesic, en nuestra calidad de órgano rector en la materia, agradecemos la invitación y la posibilidad de informar sobre estos temas. Antes de entrar al análisis de estos proyectos, deseamos comentar nuestra satisfacción con la innovación que se está realizando a nivel de los procedimientos administrativos bajo el paraguas del Gobierno Electrónico. Estos avances se ven reflejados en todos los indicadores del tema, en particular en los de las Naciones Unidas -que es el que más se usa-, y en su último informe, además de liderar en la región, estamos ubicados en el lugar veintiséis del mundo en Gobierno Electrónico, catorce en el subconjunto correspondiente a Trámites y Servicios y terceros en lo que es participación. Este liderazgo se ve reforzado en la región en la solicitud permanente de transferir conocimiento vinculado a nuestro modelo de funcionamiento. Inclusive, desde el BID, se está documentando nuestra experiencia como un ejercicio de mejores prácticas en la región; también en la solicitud de coordinación de varias instancias de trabajo en red, la mayor de ellas, la propia Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, que Uruguay preside. La iniciativa del proyecto de ley que nos ocupa surgió hace varios años en el contexto mencionado como un instrumento más que habilitase este trabajo.
-2El primer tema que queremos abordar es la visión con la que se formuló originalmente este proyecto de ley. El proyecto tiene como antecedente inmediato el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 276/013, de 3 de setiembre de 2013, de muy similares características; es prácticamente igual. La Agesic ha sido la impulsora original del decreto mencionado y de este proyecto de ley que hoy nos convoca. Lo hemos hecho como parte de una estrategia general de fortalecimiento de un marco normativo e institucional, generador de garantías y certezas para el desarrollo del gobierno electrónico en el país. En el decreto mencionado, así como en este proyecto de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, se propone establecer el derecho ciudadano al relacionamiento electrónico con las entidades públicas y regular los procedimientos administrativos electrónicos, explicitando su articulación con la normativa existente. Reitero: regular los procedimientos administrativos electrónicos, explicitando su articulación con la normativa existente, en particular, en temas como identificación electrónica, interoperabilidad y seguridad de la información. Especialistas de Agesic y de La Universidad de la República trabajaron en la formulación del Decreto Nº 276/013 y del anteproyecto de ley que nos convoca. Asimismo, en el proceso de su elaboración se interactuó con distintos órganos de regulación, por ejemplo, en temas como certificación electrónica, privacidad y seguridad de la información, además de las consultas realizadas a las distintas partes interesadas por la vía de Consejos Asesores. Voy a volver sobre este punto más adelante. Es importante destacar que el trabajo con la Udelar se realizó con el Instituto de Derecho Administrativo y no con el de Derecho Informático, como en otros marcos legales, en el entendido de que en su núcleo central se trata de regular procedimientos administrativos. Efectivamente, se trata de pasar de informatizar los procedimientos establecidos, por ejemplo, en el Decreto 500, hechos con un criterio asociado al uso del papel y su traslado manual, a habilitar nuevos procedimientos que tomen en cuenta las posibilidades que brinda hoy la tecnología y de la convivencia de ambos tipos de procedimientos: el manual y el electrónico. Queremos explicitarlo porque no tenemos claro el tratamiento previo de estos temas en esta Comisión. El decreto mencionado y este proyecto de ley tratan fundamentalmente sobre la regulación de procedimientos administrativos y no sobre la regulación tecnológica. Las buenas prácticas internacionales explicitan claramente el concepto multidimensional del Gobierno Electrónico. No se trata de ver solo la dimensión del uso de la tecnología, sino de su aplicación en los procedimientos, trámites y servicios en la gestión de cambio de las organizaciones y en la apropiación ciudadana de los instrumentos que se hacen disponibles. Dicho de otra forma, el Gobierno Electrónico usa la tecnología, pero no es solo sobre tecnología; es sobre varias cosas más. Reiterando lo expresado: el marco normativo al que nos referimos trata fundamentalmente sobre la regulación de procedimientos administrativos. En segundo término, nos gustaría referirnos a la asignación de cometidos de rectoría en el tema.
-3La principal diferencia entre lo dispuesto por el anteproyecto del Poder Ejecutivo y el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes consiste en la creación del Consejo para el Derecho al Relacionamiento Electrónico en el Estado -CDEE-, al que se le asignan varios cometidos que en la versión original recaen en Agesic. Dicho Consejo sería de carácter honorario e integrado por cuatro miembros en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de la Agesic, de la Universidad de la República y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel. La asignación al CDEE de los cometidos de definición de normas técnicas, estándares, códigos de buenas prácticas, entre otros, vulnera la autonomía técnica de Agesic, a la vez que produce una superposición de cometidos entre ambas entidades, duplicando así, los esfuerzos y los recursos asignados a esos efectos, sin perjuicio de las posibles contiendas de competencia que eventualmente podrían suscitarse. Regular sobre la Administración Pública electrónica es regular sobre cómo innovar los procedimientos administrativos usando las TIC, algo totalmente integrado al concepto de Gobierno Electrónico. No se puede regular uno sin regular el otro. Quien regula sobre Gobierno Electrónico, regula sobre los procedimientos administrativos electrónicos. Si tomamos en consideración principios de especialización a los efectos de determinar instituciones cuyos cometidos las acerquen a un rol de rectoría o regulación de los procedimientos administrativos, encontraríamos que están tan lejos de ello tanto Antel como UTE. Son más objetos de regulación que reguladores, y sus cometidos no están relacionados con este campo de actividad. Reitero: estamos refiriéndonos como campo de actividad a la regulación de procedimientos administrativos, no a la regulación de la electricidad o de las telecomunicaciones. Podríamos decir algo similar del MIEM con el Ministerio de Educación y Cultura -MEC- en lo especifico a la temática. Cito a las cuatro instituciones porque todas integran el Consejo Asesor de Informática Pública y fueron consultadas en su momento en la elaboración del decreto y del proyecto de ley. En el sentido de lo expresado, corresponde señalar que recientemente el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 184/015 referido a trámites en línea, y al establecer el marco para promover su desarrollo, se realiza un compendio del marco legal existente, reafirmando el rol rector de Agesic en estos temas, unificando y consolidando competencias. Sucesivas disposiciones normativas han estatuido a Agesic diferentes fines y cometidos: el artículo 72 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005; el artículo 55 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006; el artículo 118 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007; los artículos 73 y 74 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008; los artículos 160 y 276 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por los artículos 81 y 82 respectivamente de la Ley N° 18.834, de 17 de noviembre de 2011; el artículo 31 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012; el artículo 74 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013; la Ley N° 19.179, de 27 de diciembre de 2013, y los Decretos N° 271/994, de 9 de junio de 1994, N° 205/006, de 26 de junio de 2006, y N° 44/015, de 30 de enero de 2015. A la Agesic compete: formular las políticas, los planes y la estrategia nacional de desarrollo de gobierno electrónico y gobierno abierto; colaborar en la formulación de políticas, planes y programas de desarrollo en materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento; asistir y asesorar a las entidades públicas, estatales y no estatales, en la formulación de planes y políticas de Gobierno Electrónico, así como en su ejecución, dictando las normas y reglamentaciones necesarias para su cumplimiento; regir la
-4ejecución de todo lo vinculado con la implementación de planes y proyectos específicos en materia de Gobierno Electrónico, mediante la articulación de mecanismos tales como fondos concursables de gobierno electrónico, fortalecimiento de capacidades en las diferentes entidades, planes directores de gobierno electrónico, entre otros; elaborar las políticas, los planes y la estrategia nacional en materia de gobernanza, integración, interoperabilidad, arquitectura empresarial de gobierno, capital humano y adquisiciones vinculadas con las TIC en las entidades públicas; dictar normas técnicas relativas a productos y servicios vinculados con las TIC en las entidades públicas, así como a la realización de auditorías, su seguimiento y evaluación; recomendar normas y procedimientos relativos a la contratación administrativa de bienes y servicios informáticos o su desarrollo; desarrollar planes y programas específicos vinculados con el desenvolvimiento de trámites y servicios en línea e interoperabilidad para una gestión pública moderna, eficaz y eficiente; analizar tendencias vinculadas con el avance de las TIC y su relación con aspectos jurídicos, de innovación tecnológica en productos y procesos y su impacto en las políticas, normas, estándares y procedimientos existentes o a proponer. Aclaro que estoy leyendo el texto de la norma; les pido disculpas si es un poco extenso, pero me pareció importante explicitarlo. Aquí también se establecen como cometidos: definir políticas, metodologías y buenas prácticas en Seguridad de la Información, coadyuvando en su implementación; establecer relaciones con sus similares de otros países y con entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, afines a la materia de su competencia; opinar fundadamente en todos los casos en que le sea requerido; fiscalizar y auditar el cumplimiento de la normativa vigente en su área de competencia; todo lo asignado específicamente por otras leyes y decretos. A esto se podría hacer un agregado que no figura en el texto: que en el ámbito de Agesic hay unidades reguladoras que funcionan de manera independiente, pero que se vinculan al Estado a través de la Agencia en temas como privacidad y protección de datos personales, acceso a la información pública y firma electrónica. En particular, el último Decreto mencionado atribuye a Agesic el cometido de dirigir, organizar, estructurar, ejecutar y dar seguimiento al Programa “Trámites 100% en línea”. En función de esto, se le confieren potestades para dictar las normas técnicas y las regulaciones jurídicas pertinentes. Debemos tener en cuenta que, en definitiva, los trámites son procedimientos administrativos llevados a formato electrónico. En este sentido, cabe resaltar el compromiso dado por este Gobierno -al asumir el actual Presidente- de que al 2016 todos los trámites de la Administración Central puedan ser comenzados en línea y al 2020, lo sean en toda su extensión. Este es un desafío muy importante, que está alineado con todo lo realizado previamente y que requiere el esfuerzo coordinado de todos nosotros; no se va a poder hacer con uno solo que lo esté tratando de llevar adelante. Además, la falta de claridad en las competencias regulatorias no favorece la ejecución de este u otros proyectos. En resumen, la modificación introducida al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo crea una nueva institucionalidad ajena al principio de especialización, mezcla reguladores con regulados, vulnera la autonomía técnica de Agesic y produce una superposición de cometidos entre ambas entidades. Otro punto a comentar es la posibilidad de incluir a diferentes organizaciones para el análisis de la normativa y su regulación. Comentábamos previamente que el Decreto y el anteproyecto de ley de administración electrónica se elaboraron en consulta con consejos asesores; me parece
-5muy importante este punto, y quiero destacarlo. Estos consejos han sido creados por normativa legal. A título de referencia, podemos mencionar los Consejos de Informática Publica, los de Seguridad de la Información y los de Sociedad de la Información. Por ejemplo, Antel integra los tres consejos mencionados; el MIEM y la Udelar forman parte de dos de ellos. Estos consejos han permitido a distintos actores del ecosistema de la gestión pública participar en distintas instancias de discusión, en la propuesta, reglamentación y funcionamiento de los distintos marcos normativos, preservando sin mezclar el rol de quien regula con el de quien es regulado, algo que desaparece en la nueva propuesta. En conclusión, si lo que se pretende es introducir mecanismos de discusión con las distintas partes interesadas, los mecanismos hoy ya existen, y la verdad es que son muy utilizados. El Consejo Directivo Honorario de Agesic tiene potestades para la generación de nuevos consejos y para incluir a nuevas instituciones dentro de los ya existentes. De modo que si consideráramos necesario generar uno especifico sobre este tema o incluir nuevos actores dentro de los consejos existentes, no se necesitaría norma legal habilitante porque eso ya está establecido en la ley y forma parte del funcionamiento del directorio de Agesic. Decimos esto teniendo en cuenta las discusiones que se han dado. Uno podría pensar en incluir a representantes del Parlamento que tuvieran interés particular de ser parte de esto, ya sea integrando los ámbitos que hoy existen o creando nuevos consejos específicos sobre un tema. Entonces, la invitación está hecha. Aclaro que estamos tratando de entender las preocupaciones y de tener sensibilidad respecto a los planteos. Para cerrar esta intervención queremos comentar que existen otras observaciones o aclaraciones de menor relevancia que no estamos explicitando hoy, debido a que la Presidencia de la República considera conveniente en este momento archivar ambas versiones de los proyectos de ley: la versión enviada por el Poder Ejecutivo dos años atrás y la que surge de las modificaciones aprobadas en la Cámara de Representantes. A los efectos de evitar duplicaciones e inconsistencias, se ha propuesto la inclusión en el Presupuesto de pocos artículos específicos -ya han sido redactados-, que contemplan lo que queda fuera del alcance de la normativa existente, fundamentalmente, de los decretos. El representante de Presidencia, señor Diego Pastorín, aquí presente, podrá ampliar estos comentarios si lo entienden conveniente. Esta decisión se origina en el entendido de que se ha avanzado positivamente por la vía de decretos así como por la de nuevas realidades que surgieron con el tiempo. En este sentido, quiero destacar -porque me parece muy importante- la disponibilidad de nuevas normas, como la acordada dictada por la Suprema Corte de Justicia reformando el sistema notarial, que tiene tal entidad, que ameritaría repensar muchos de los trámites y procesos. Esto representa un cambio enorme. Así que felicitamos a la Suprema Corte de Justicia por lo que hizo. Nuestra intención era transmitir la voluntad de Presidencia con respecto a estos temas y aprovechar la oportunidad para aclarar algunos puntos sobre los que teníamos información adicional que hacerles llegar, ya sea a título informativo o como análisis conceptual. Reiteramos la satisfacción expresada al principio por la innovación que se está realizando a nivel de los procedimientos administrativos bajo el paraguas del gobierno electrónico, que se ha visto reforzada con la iniciativa antes mencionada relativa a los trámites cien por ciento en línea originados en el Decreto Nº 184/015.
-6Para nosotros es muy importante estar aquí presentes, actualizarlos sobre lo que se está haciendo y ponernos a las ordenes por cualquier duda que pueda haber sobre estos u otros temas, tanto ahora como en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Reitero que estamos a las órdenes para responder cualquier pregunta. SEÑOR MAHÍA.- Agradecemos la presencia de la delegación que nos visita. Antes que nada, me quiero disculpar con ustedes y con los colegas porque en cinco minutos voy a retirarme ya que tengo una reunión que no estaba prevista, a la cual no puedo faltar. Quiero señalar que es muy bueno el avance del país en lo que tiene que ver con la mayor accesibilidad a la información y a los trámites. Es muy bueno que el ciudadano pueda resolver por sus propios medios aquellos trámites que tenga que realizar ante el Estado en los distintos estamentos. Por eso, esperamos que la meta de hacer cien por ciento digital los trámites ante el Estado mejore la accesibilidad y haga más efectivo el funcionamiento del Estado, sobre todo, el acceso de la gente a los trámites públicos aún en mejores condiciones teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos que existen. También quiero decir que comparto algunas de las afirmaciones realizadas. En primer lugar, estoy de acuerdo en que cuando estamos tratando un tema como este hay que tener mucho cuidado en cuanto a la especialización. Hay organismos del Estado que, por decisión del Parlamento y del Poder Ejecutivo -si mal no recuerdo hubo un grado de acuerdo político muy importante, casi unánime-, deben dar señales concretas en el sentido de que haya políticas públicas que trasciendan los gobiernos y que tengan una base muy sólida en la especialización técnica. Tal es el caso de la Agesic. En segundo término, comparto lo que se dijo en cuanto a los roles en este asunto y no ser al mismo tiempo regulador y regulado. Si estamos pensando en una norma que tenga que ver con todas las áreas del Estado y tener que ser parte de un órgano, debemos tener mucho cuidado, porque de lo que se trata es de regular y de dar mejores posibilidades a los ciudadanos en lo que refiere al acceso a la información del Estado en su totalidad. En tercer lugar, quiero saludar, especialmente, la iniciativa, aunque no sé si esto puede concretarse dentro de este marco legal, mediante un acuerdo entre el Parlamento y la Agesic o a través de otra modalidad. Lo que sí quiero destacar es que cuando se busca un adelanto desde el punto de vista legislativo o institucional, es una muy buena señal democrática que el Parlamento, como institución, se involucre en estos asuntos, sobre todo porque dentro de nuestros roles está el de legislar y controlar, porque somos representantes y porque buscamos que estas normas trasciendan la administración de los partidos políticos a los que, circunstancialmente, les toca estar en el Gobierno o en la oposición. Si logramos tener una participación como asesor institucional del Parlamento, estaremos incorporando las sensibilidades políticas de quienes están tanto en el Gobierno como en la oposición. Me parece que puede ser una señal específica muy importante para un asunto que se inscribe dentro de una serie de leyes que ya han sido promulgadas -y, obviamente, debatidas en esta Cámara y en el Parlamento en su conjunto-, como por ejemplo aquellas que refieren al habeas data, al acceso a la información y demás. Es decir que hay un avance muy importante. Si a eso le agregáramos una participación institucional en un consejo asesor, estaríamos poniendo algo que está en el Poder Ejecutivo por naturaleza, por su especialización técnica, con una mirada plural desde el punto de vista partidario e institucional.
-7Para terminar, reitero las disculpas del caso por tener que retirarme. Leeré la versión taquigráfica de la sesión para analizar a fondo lo que se ha señalado por parte de los representantes de Agesic y de Presidencia de la República, así como también las intervenciones de los colegas. Gracias. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido al ingeniero Clastornik que nos amplíe la objeción u observación que planteó -así lo entendí- sobre la creación del Consejo. Yo recién comienzo a trabajar en esta Comisión. Si bien creo compartir algunos de los conceptos que expresó, me gustaría que ampliara los argumentos correspondientes. SEÑOR CLASTORNIK (José).- Escribí mi exposición buscando ser preciso, pero intentaré exponer esto de una forma más clara. Cuando definimos el título del proyecto ley, podríamos haber optado por “Gobierno Electrónico”, pero le pusimos “Administración Pública Electrónica” a efectos de poner el foco en el procedimiento administrativo. En definitiva, el título podría haber sido “Gobierno Electrónico”. Si se entra en el tecnicismo, se podrían establecer diferencias entre “Gobierno electrónico” y “Gobierno digital”; quizás sean más que las que hay entre “Administración pública electrónica” y “Gobierno electrónico”. Por lo tanto, se apunta a la regulación de procedimientos administrativos. Entonces, si de lo que se trata es de la regulación de procedimientos administrativos, uno empieza a tratar de entender qué es lo que se está regulando con las normas técnicas, qué es lo que genera esa nueva institucionalidad. En definitiva, se está regulando sobre el gobierno electrónico cuando ya hay un órgano rector que lo hace, que es Agesic. Por tanto, es muy difícil decir que se está regulando aquí o que se está regulando al gobierno electrónico; en realidad, es imposible, porque es lo mismo, solo que de una forma se hace más hincapié en un aspecto y de la otra, en uno diferente. Lo cierto es que el gobierno electrónico contiene a la administración pública electrónica. Hay discusiones sobre si el gobierno electrónico, como concepto, o el gobierno digital es el que tiene toda la temática y participación de gobierno abierto. En una escala, diría que uno contiene al otro: el gobierno digital contiene al gobierno electrónico y el gobierno electrónico contiene a la administración pública electrónica. Entonces, ¿qué se puede regular cuando ya está regulado, arriba, por otra institución? Se empieza a generar un conflicto. Ya me resulta difícil explicar esto; imaginen lo que implica tratar de entender quién es el que regula qué tema. Siempre cuento que cuando comenzamos con este asunto, teníamos dos opciones de trabajo: una era hacer algunas cosas que tenían impacto ciudadano en el corto plazo, como el desarrollo de trámites y servicios, y otra, hacer algo que tuviese impacto a más largo plazo, como la construcción institucional de la gobernanza del modelo, incluida la regulación. Por ejemplo, pensamos que si íbamos a tener trámites cien por ciento digitales, debíamos garantizar la privacidad de los datos, que es algo que se ha discutido en varios lados. También nos planteamos cómo cuidarnos de los ciberataques y otras cuestiones. En aquel momento, se tomó la decisión de construir cimientos fuertes. Voy a decir algo, por primera vez acá -aunque lo digo mucho afuera-: tengo la satisfacción personal e institucional de que todos los marcos legales que construyeron esos cimientos se aprobaron por consenso. Inclusive, el relativo a la firma electrónica se concretó casi por iniciativa del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y fue votado por unanimidad en el Parlamento. O sea que hubo toda una construcción del cimiento institucional en la que pusimos mucha atención para determinar qué parte iba generando
-8cada elemento. Fuimos muy cuidadosos en eso, porque queremos un proyecto a largo plazo y no a corto plazo. Por otra parte, ha habido una interacción del marco legal con lo ya existente, lo que da garantías en cuanto a la certeza jurídica de todo lo que se está haciendo: la certeza jurídica del ciudadano cuando interactúa con el Estado y la de los organismos cuando dan un servicio, hacen un trámite o realizan un procedimiento administrativo. Y una de esas certezas tiene que ver con saber quién está regulando. Por eso, el contexto en el que se está, no se generan certezas. Hay dos instituciones que están discutiendo quién es la que regula. Otro aspecto que comentaba era sobre cómo estaban constituidas esas instituciones, pero eso ya es algo anecdótico. Muchas de las instituciones que estaban en ese Consejo eran objeto de regulación y no organismos reguladores. No obstante, me quiero concentrar en lo relativo a dar certezas. Cuando se hace toda esta construcción, se pretende -máxime si las cosas se consiguen, como ha sido históricamente, por consenso en el Parlamento- generar certezas para los procedimientos administrativos, para el gobierno electrónico, para el ciudadano que interactúa con el Estado y para el organismo que dispone un trámite o un servicio. Otro aspecto que mencionaba es que hemos tratado que todos se involucren en esto. O sea que detrás de la potestad de regulación siempre conformamos consejos asesores, con la idea, en primer lugar, de que no somos dueños de nada -el conocimiento lo da la experiencia de los que lo tienen y hay que buscarlo en todos los lugares donde esté disponible- y, en segundo término, para que todos puedan sentir que expresan su voz en cualquier contexto. Por otra parte, quiero decir que heredamos algunos consejos de las instituciones que fueron la base de la creación de Agesic, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Informática, que venía de la Administración de Lacalle. Cuando tomamos toda la gobernanza TIC que tenía la Comisión Nacional de Informática, entendimos que necesitábamos el apoyo de quienes usan las TIC para testear con ellos cada nueva regulación, ya sea que se determinara por decreto, por ley o por definición de un estándar. Hoy, el Consejo Asesor de Informática Pública está integrado por Antel, UTE, los Ministerios de Educación y Cultura y de Industria, Energía y Minería, el Banco de Seguros del Estado, el BPS, la DGI, la Intendencia de Montevideo -se van rotando; seguramente me estoy olvidado de algún organismo, pero los menciono a título de representatividad para entender los temas-, y el Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la Información está integrado por todos los rectores de las universidades, los Ministerios de Educación y Cultura y de Industria, Energía y Minería, la ANEP, el Plan Ceibal, Antel, Dinatel, Presidencia, OPP; es un Consejo bastante amplio, seguramente me esté olvidando de varios organismos. El Parlamento ha estado en dos lugares: en el que atendía lo relativo al acceso a la información pública y en el que refería a la protección de datos personales. Si bien son unidades reguladoras independientes de Agesic, funcionan bajo un modelo similar. Cuando estaba escribiendo mi exposición, me planteé si no correspondía, eventualmente, profundizar la relación con el Parlamento -con el que tuvimos interacciones varias desde el punto de vista administrativo-, en lo que refiere a la gestión de sus propios trámites y servicios; lo podríamos hacer explícito en un Consejo pero, eventualmente, también podría haber una representación de esta Comisión en el Consejo de Sociedad de la Información, que podría integrar, con voz o voto en la definición de las
-9políticas públicas. Esto se me ocurrió ahora; a veces venir a hacer planteos nos abre la mente en cuanto a lo que nos está faltando. Con relación al funcionamiento, ha habido una construcción de institucionalidades, que sigue en el tiempo, que se basa en roles de rectoría y en consejos asesores que permiten que todas las partes interesadas puedan participar y dar su opinión sobre estos temas. SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando se trató esta normativa con anterioridad, tuvimos oportunidad de conocer la magnitud de las contribuciones que hubo durante muchos años para elaborar el proyecto de ley que tenemos a consideración. Lo importante de este proyecto de ley es que define un derecho. Es decir, un ciudadano uruguayo tiene derecho a vincularse electrónicamente con el Estado. Eso es lo que se establece. Entonces, para mí, debe tener nivel de ley y no de decreto. Por otro lado, este Consejo se creó -se discutió al respecto, tanto con versión taquigráfica como sin ella-, porque siendo Agesic un órgano que puede tener todos los consejos consultivos, no tiene control directo del Poder Legislativo. Por eso se formó este Consejo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que sí puede ser llamado al Parlamento para dar cuenta de algunas políticas públicas que son muy importantes, como, por ejemplo, la relativa a la protección de datos. Por supuesto que en este Consejo Agesic es el organismo que tiene más peso, por su rol y especialización. En aquel momento hablamos -creo que con el señor diputado Pablo Abdala- sobre la importancia de que, como sucede con otras instituciones del Estado, el Poder Legislativo pueda llamar a dar cuentas al jerarca correspondiente; en este caso, al ministro correspondiente. Es por eso que se le había dado esta forma. En general, creo que este proyecto de ley es muy bueno -si sacamos aquello en lo que tenemos fricciones- y sería importante llevarlo adelante. SEÑOR CLASTORNIK (José).- Quiero aclarar varios aspectos. En primer lugar, si lo que se quiere es que un ministro concurra por aspectos relativos a la protección de datos, no creo que pueda hacerlo, porque no corresponde a la gestión administrativa. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales tiene un estatus independiente. La Agesic le provee su soporte administrativo, pero es una unidad independiente. Reitero, acá estamos regulando procedimientos administrativos. Entiendo perfectamente lo que plantea el señor presidente respecto a poder llamar a alguien que tenga responsabilidad política sobre el tema pero, lamentablemente, hay un balance entre la institucionalidad transversal que se necesita para alguna de estas cosas y ese llamado. O sea, el servicio civil, la gestión humana -temas, si se quiere, mayores que los procedimientos administrativos-, la gestión presupuestal, la gestión de compras, adquisiciones y contrataciones del Estado, todas son instituciones transversales al Estado, que están en Presidencia. Ese es el estándar que se tiene, que probablemente sea parte de una discusión constitucional, es ese. Entiendo perfectamente el comentario del señor presidente, pero me atengo a la construcción que hoy tenemos porque, para bien o para mal, es con la que uno se maneja. Todas las instituciones que tienen un cometido transversal al Estado, llámese gestión humana -servicio civil-, gestión de adquisiciones -la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado-, planeamiento y presupuesto, infraestructura de datos espaciales -que se creó ahora-, la Unasev, se ubican en Presidencia por un problema de gestión. Es algo conceptual. Se está regulando, por lo menos, a todas las instituciones de
- 10 la Administración Central desde una institucionalidad, que es la que hoy se ha dado. Si existiese un Ministerio de Gobierno, quizás se podría trabajar de otra forma -soy ingeniero, no abogado-; supongo que la construcción sería diferente a la que tenemos hoy. Entonces, la ubicación institucional de estos organismos en el Estado se dio en el mismo contexto que todo lo demás. No estamos innovando, sino haciendo lo mismo que se hizo con cada una de las instituciones, antes y después. Esto da certeza a la regulación. Reitero, hay temas que están en Agesic que son más críticos que el procedimiento administrativo, como los relativos a la seguridad, a la privacidad y a la protección de datos o el acceso a la información pública, que tienen esta construcción institucional. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- No lo vamos a resolver ahora -vamos a tener tiempo para eso-, pero me parece que estamos en el momento de considerar las apreciaciones que hace el ingeniero José Clastornik. Pasando a otro tema -además de esta observación relevante que el ingeniero Clastornik planteaba-, desde el proyecto original al aprobado, ¿hay alguna otra observación que Agesic quiera plantear como inconveniente? SEÑOR CLASTORNIK (José).- Hay algunas cuestiones para aclarar. En el texto aparece el concepto de identificarse gratuitamente en el acceso al Estado. Originalmente, el literal G del artículo 2º expresaba: “Usar medios de identificación y autenticación electrónicos que le permitan interactuar con las Entidades Públicas”. Eso se sustituye por la siguiente expresión: “Obtener sin costo y usar medios de identificación y autenticación electrónicos que le permitan interactuar con las entidades públicas”. En lugar de expresar la expresión “usar medios” se plantea establecer “obtener sin costo y usar medios de identificación”. El tema es delicado si uno lo analiza en función de la Ley Nº 18.600, que es la relativa a la firma electrónica avanzada. Voy a tratar de refrescar la Ley Nº 18.600, de firma electrónica avanzada. La firma electrónica normal es la que puede dar cualquier institución que no está regulada por la Ley N° 18.600. Técnicamente, uno puede tener una firma electrónica; por ejemplo, si dos privados hacen un acuerdo de uso de las firmas electrónicas, perfectamente, podrían tener una relación comercial con ese instrumento. En cambio, cuando una persona física utiliza una firma electrónica avanzada, por ejemplo, dada por el Correo y habilitada por el Ministerio del Interior, su valor legal es la misma que la firma autenticada por un escribano público. Entonces, desde el punto de vista de la creación de la ley, se pretendía tener un instrumento de regulación y de control de las autoridades que expiden los certificados. Desde el punto de vista legal, el trámite podía ser cien por ciento electrónico; no se debía parar un trámite para pedir un escribano que certificara la firma en determinado momento. De todos modos, no se reguló que fuese gratuito; es un negocio. En la medida en que uno dice “obtener sin costo”, puede estar vulnerando un derecho adquirido. Hay autoridades de certificación que invirtieron para ello. Esto no significa que la respuesta de lo que se está explicitando acá no pueda darse, pero es delicada la forma en que uno lo debe redactar para que resulte adecuado a la situación. Si uno está identificándose ante el Estado en algún trámite o servicio, Agesic tiene un proyecto muy importante, que es una herramienta por la cual se identifica una sola vez ante el Estado y, a partir de ahí, puede entrar en cualquier lugar. Uno de los problemas que existen -no desde el organismo, sino desde la persona- es que uno no quiere tener cien claves para acceder ni cien lugares donde se lo notifique de algo. Entonces, se trata
- 11 de tener herramientas únicas que faciliten la vida del usuario. Si estamos haciendo los trámites en línea, no es para complicar, sino para simplificar. Tenemos la herramienta de “sign in” y de “sign on”, como sucede con la firma de Facebook para entrar en otros sitios. Es algo equivalente a eso, pero regulado y cuidado por el Estado. La idea es que se dé en forma gratuita. Uno podría hacer la identificación en forma gratuita, como se plantea en el proyecto. Otro elemento que uno puede tomar en cuenta es la cédula de identidad electrónica. La nueva cédula de identidad tiene dos chips: uno, incorpora la firma electrónica avanzada de persona física. Si uno lo visualiza desde el punto de vista del costo adicional, en ese caso, sería nulo porque la firma ya está y tiene vigencia en la última regulación de cinco años. Entonces, desde el punto de vista operativo, estamos tratando de bajar todos los costos. Se busca que la identificación o la autenticación no tengan costo adicional -o minimizarlo-, porque es parte de una política de la universalización del acceso. No obstante, según la redacción que se plantea, esto podría ser tomado por instituciones en competencia para anular las posibilidades que tienen; también se anula la innovación. Por ejemplo, algo que se está analizando ahora es la firma electrónica avanzada en la nube vía celulares; la idea es que se pueda firmar con el celular. En este caso, como es un elemento de mayor comodidad, quizás haya un costo adicional y no sabemos si el usuario está dispuesto a pagarlo. Si bien uno comparte lo que se quiso redactar, hay un riesgo en su interpretación. SEÑOR PRESIDENTE.- Coincido con el ingeniero José Clastornik en que la intención de obtener esto sin costo podría complicar algunas situaciones. En realidad, eso se discutió porque en algunos lugares se cobraba -creo que sucedió en España- y en la sociedad civil había voces en contra para la identificación y la autenticación; no se aceptaba que se cobrara para el ejercicio de un derecho. No obstante, puede haber algún tipo de redacción que contemple las dos situaciones. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Creo que los dos tienen razón. Además, lo que plantea el ingeniero está contemplado en el literal C), que refiere a la igualdad en el acceso. Me parece que eso contempla lo que se quiso remarcar con en el cambio que se produjo en el literal G). Creo que ese sería el espíritu de las dos posiciones, es decir, generar las condiciones para que todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad de ejercer ese derecho, más allá de las opciones tecnológicas o de comodidad que se den. Deberíamos hacer énfasis en asegurar que todos tengan la posibilidad de acceder a ese derecho, más allá de su situación económica o de sus posibilidades financieras. SEÑOR CLASTORNIK (José).- Voy a tomar otro ejemplo. El texto original del literal H del artículo 2º establece: “Contar con servicios de calidad, prestados por medios electrónicos”. En cambio, se modifica el texto, expresando: “Contar con servicios sujetos a objetivos de calidad, prestados por medios electrónicos”. Se cambia totalmente el espíritu de lo que se pretendía. En el primer caso, se dice que los servicios deben tener calidad. En el segundo, se dice que su calidad puede ser medida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si fuese un proveedor de servicios como Antel, lo que diría desde el punto de vista de una política pública es: “Quiero calidad”. Se trata de dos conceptos distintos; uno conceptualiza el rol de regulador y, otro, el de regulado. Claramente cambia el sentido de la frase.
- 12 No quisimos entrar específicamente en el análisis uno a uno porque la posición de Presidencia en este momento no es continuar con este texto; existe un decreto. Nos hemos manejado muy bien con el decreto, aunque hay algunos artículos que merecen rango legal. Cuando nosotros comenzamos con esto, tuvimos la duda de si hacíamos un marco legal puro, un decreto con artículos que lo complementaran o un decreto y un marco legal iguales y paralelos. Se optó por el decreto debido al tiempo que podía llevar la discusión. El decreto está vigente desde hace dos años. Con respecto al otro esquema, es decir, a la creación de un marco legal absolutamente equivalente al decreto o a algunos artículos puntuales que den rango legal a determinados aspectos, se tuvo la duda desde el primer momento. Con el cambio de Administración, hoy también estamos cambiando de esquema. SEÑOR PEÑA (Adrián).- El tema es totalmente novedoso; disculpen mi ignorancia. Este es un cambio de posición importante. ¿Cómo piensa avanzar en esto Presidencia de la República? Esta última información que se nos brinda significa dejar por el camino el rango de ley que se iba a dar al tema. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Me adhiero al planteamiento del señor diputado Adrián Peña. Tenemos buena voluntad para trabajar en el mejor texto posible. Este es un tema muy técnico sobre el que Agesic tiene mucho para decir. Por eso, las preguntas están dirigidas a conocer claramente su posición acerca de cualquier texto a aprobar. Solicito a Agesic que haga observaciones a todas las modificaciones del texto original y del aprobado. En lo personal, me interesa considerar cada una de ellas. Esas observaciones vienen, nada más y nada menos, del organismo que tiene mejores condiciones para analizar este tema Sin inmiscuirme en definiciones que el Poder Ejecutivo hará públicas cuando entienda correspondiente y antes de ingresar en profundidad en textos definitivos, digo que es importante saber cuál es la intención del Poder Ejecutivo en cuanto al modelo de ley a considerar por parte del Parlamento. SEÑOR PASTORÍN (Diego).- En Presidencia hemos solicitado el cese del tratamiento parlamentario de este proyecto, en virtud de que se optó por dar rango de decreto a algunas normas que estaban incluidas en la propuesta legal. Se están terminando de redactar algunos textos legales que venían en la iniciativa original, a efectos de incluirlos en la propuesta presupuestal. En los próximos días, se harán públicos los textos que estamos analizando desde Presidencia, fundamentalmente, aquellos que se entiendan necesarios para llevar adelante la tarea de Agesic en cuanto a la administración electrónica. SEÑOR CLASTORNIK (José).- Agradezco la invitación. Nos ponemos a las órdenes. Estos temas empezarán a aparecer cada vez más. Cuenten con nosotros para despejar cualquier duda. Nuestra política es de transparencia sobre la información de lo que estamos haciendo y de asesoramiento en los temas que nos incumben por nuestro rol. Las puertas de la institución están abiertas. Brindamos transparencia en el acceso a la información pública. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Agradezco el tiempo, la disposición y la actitud del ingeniero Clastornik; explicó todas las dudas que tenemos. De todas formas, no puedo dejar de expresar mi sorpresa ante la eventualidad de que el texto al que estamos dedicando tiempo pueda quedar sin efecto y se considere otro. Lo pasado, pisado, pero solicitamos que se hagan los trámites que correspondan para que el Poder Ejecutivo se defina y saber si seguimos tratando este proyecto u otro. Tenemos la mejor buena voluntad al respecto.
- 13 (Diálogos) –––Agradezco las explicaciones del ingeniero Clastornik. Sé que este tema no es responsabilidad de los visitantes, pero reitero que si el Poder Ejecutivo definió dejar sin efecto este texto y tiene un nuevo proyecto, por respeto al Parlamento y a esta Comisión, necesitamos una definición cuanto antes. Nada más que eso; sin ningún tipo de reproche pero para mayor eficiencia y economía de tiempo de esta comisión. SEÑOR PEÑA (Adrián).- Si no entendí mal, entonces, no habrá proyecto de ley. SEÑOR CLASTORNIK.- Se plantea concentrarnos en muy pocos artículos en el presupuesto, específicamente, en los que se necesiten para dar carácter legal a lo que implique una extensión de lo que hoy regula el decreto para la Administración central. SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo dos preguntas. Ya dije que me parecía muy importante la figura del derecho a la vinculación, que no sé dónde quedaría y el otro problema es que parecería que mucho de este articulado no tiene carácter presupuestal. No sé si no sería mejor dejarlo para después del presupuesto. SEÑOR CLASTORNIK.- En algunos casos, sí tendremos un tema presupuestal asociado a todo el proyecto de trámite cien por cien en línea y asociado a la posibilidad de la ejecución de ese proyecto surgirán temas como el derecho del ciudadano a acceder o vincularse electrónicamente con el Estado y algunos de los instrumentos que se necesitan para que ese proyecto sea ejecutado, pero es bastante concreto y específico, relacionado con eso. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Este es un proyecto que desarchivamos. No fue el Poder Ejecutivo el que remitió este proyecto, sino que lo desarchivamos. Está claro que hay un trabajo de esta comisión. Nosotros tenemos una memoria institucional que no podemos desconocer. Hay todo un trabajo elaborado por la comisión que tiene cierto énfasis, que me parece que debemos contemplar en la normativa que vaya a proponer el Poder Ejecutivo. Nos parece que aquí deberíamos remarcar la intención que tiene la comisión de que ciertos énfasis que fueron alcanzados en acuerdos entre todos los partidos que participan de ella sean contemplados en esa normativa. Una vez que tengamos el articulado, consideraremos si tenemos que retomar o no otro proyecto, que puede ser este u otro, pero algo que cumpla con el objetivo que tenemos de preservar el derecho. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- No le echo las culpas a nadie, pero hago este pedido por un tema de eficiencia, de buen relacionamiento y de economía de los tiempos de todos. Nunca me van a ver reprochar ni culpar a nadie de lo que pasó, porque eso no lo recuperamos más, pero si vamos a tratar otro proyecto, pido, con el mejor tono posible, que cuanto antes tengamos en nuestro poder la normativa que realmente hay que tratar Agradezco mucho que se haya planteado esto porque, si no, quedamos como unos zonzos estudiando algo que no se va a considerar nunca. Estoy buscando que esta comisión pueda tratar realmente el texto que se va a considerar. SEÑOR PRESIDENTE.- Está bien la inquietud del señor diputado Goñi Reyes. Nosotros estuvimos en la presentación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que dio un visto bueno general al proyecto. Si no hay mayor información, trataremos de considerar el tema más adelante, porque ahora comienza el tratamiento del presupuesto que, de alguna manera, altera todo el funcionamiento. Seguiremos tratando el tema hasta donde podamos.
- 14 SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Yo voy a solicitar la suspensión del tratamiento de este tema. SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto. La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología agradece la presencia de la delegación de la Agesic y de la Presidencia de la República. (Se retira de Sala la delegación de la Agesic y de la Presidencia de la República) ——La inquietud del señor diputado Goñi Reyes es de recibo. Es complicado continuar trabajando sobre algo que luego será modificado. Hay algunas cosas que me resultan contradictorias. Algo manifestó el señor diputado González, en el sentido de que esto tuvo mucho trabajo detrás. Tuvo trabajo previo desde la Agesic y en esta comisión. El trabajo previo que hizo la Agesic implicó la participación de todas esas instituciones del Estado para elaborar este proyecto de ley. Estamos medio trancados, porque parecería que ellos quieren ir a otra velocidad. Me da la sensación de que necesitan de este decreto que leyó el ingeniero Clastornik. Me parece que hay algunas cuestiones que hacen al derecho que no pueden tener un nivel de decreto, sino de ley y debe haber algún organismo dependiente de un Ministerio en el que recaiga la responsabilidad de todo esto, porque la ley establece que ese consejo asesor es el que implementará la aplicación de la ley y con ese criterio fue presentada la idea de ese consejo y aprobado por todos los partidos. Además, a la sesión pasada de la comisión vino el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería y manifestó que le parecía muy bien el proyecto. Supongo que luego de leer la versión taquigráfica se tendrán que poner de acuerdo. SEÑOR PEÑA (Adrián).- Debería haber cierta coordinación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de gobierno, inclusive, dentro de los mismos órganos del Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Agesic, porque ambos dependen del Poder Ejecutivo. La idea es que el Poder Ejecutivo tenga una posición frente a la comisión que, obviamente, no tendrá que ser la misma que la de la bancada. SEÑOR PRESIDENTE.- A lo mejor esto se precipitó, porque no se esperaba el desarchive, que se logró aquí luego de un cierto tiempo. Supongo que pensaron que esto había muerto en el Senado, porque ahí no se puede desarchivar. Entonces, como se desarchivó acá, a lo mejor agarramos al Poder Ejecutivo mal presentado frente a este proyecto de ley porque, tal vez, lo daban por terminado; no sé. Este proyecto de ley es válido y vamos a analizar los aspectos que está procesando Agesic. La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología siempre está bordeando cuestiones sumamente técnicas y, por eso, debemos contar con una gran cantidad de información y asesoramiento; de lo contrario, podemos errar fuertemente. No me parece que esta iniciativa pueda ser incluida en la ley de presupuesto. Digo esto porque en el presupuesto anterior las modificaciones del Código de Minería -que no es un tema presupuestal pero tiene implicancias económicas- fueron sacadas a pedido de la oposición y tratadas aparte. SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Entiendo que este tipo de situaciones se pueda dar y generar malestar en algunos que consideran que esto es una pérdida de tiempo; pero es la dinámica de la política. Todos hemos sido testigos de alguna contradicción y por eso no nos vamos a sonrojar. Me parece que todos están intentando hacer lo mejor para
- 15 abordar el tema; cada uno tiene su posición y nosotros también podemos tener la nuestra, porque acá hay diferentes funciones. Nosotros fuimos claros al señalar a los visitantes cuáles son los objetivos que tiene esta comisión, que están plasmados en el acuerdo celebrado entre todos los partidos. Como comisión tenemos una memoria institucional y actores que analizan los temas y toman posición. Nuestra posición como bancada oficialista es preservar los derechos que están reafirmados en este proyecto. Por otro lado, quiero señalar que se nos dijo que en el mensaje presupuestal iba a haber algunos artículos que contemplarían este proyecto. Vamos a esperar que esto ocurra. Si no se contemplara, retomaremos este proyecto u otro pero, como dije, vamos a seguir manteniendo nuestros objetivos porque hay una memoria institucional que queremos respetar. SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Para mí es muy importante conocer la posición del Poder Ejecutivo sobre estos temas técnicos y, en particular, este. Se trabajó en función de determinadas propuestas. Si el Poder Ejecutivo cambió, si la Agesic cambió, quiero saber cómo me paro ante esos cambios. No quiero quedarme con un proyecto que el Poder Ejecutivo, con buenos argumentos, entendió que debe modificar. Estoy abierto a considerar todas las motivaciones que llevaron a cambiar estrategias con el mejor ánimo constructivo, como siempre lo he tenido y lo quiero seguir teniendo. El próximo lunes vamos a realizar algunas visitas y la comisión no va a sesionar, pero de todas maneras me gustaría conocer la posición del Poder Ejecutivo acerca de este tema para tenerla presente a la hora de la consideración de este proyecto o de otro. Nada más que eso, señor presidente, y con el mejor ánimo constructivo. SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando nos volvamos a reunir luego de las visitas que vamos a hacer, vamos a saber cuál será el tratamiento que se le va a dar a este proyecto en el presupuesto. Voy a solicitar un período de un mes y medio o de dos meses para poder dar respuesta a la inquietud del señor diputado Rodrigo Goñi Reyes. Por otra parte, rescato lo que se dijo sobre la memoria institucional de la comisión. En cuanto a la Agesic, puedo afirmar que es la misma y fue la que promovió este proyecto de ley. Personalmente, me involucré mucho en la discusión de este tema en el período anterior. Todo el espectro político uruguayo entendió que esta era una ley fundamental para la modernización del país. Por lo expuesto, considero que deberíamos dejar pasar un tiempo para ver qué resolución toma el Poder Ejecutivo y, luego, tomar nuestras propias decisiones. (Apoyados) ——Vamos a pedir a secretaría que busque la mejor forma para trasladarnos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y a la Facultad de Ciencias. Además, que comunique estos pedidos de visita a la Comisión de Hacienda, porque esto forma parte del tratamiento presupuestario que cada una de las instituciones está haciendo. Se levanta la reunión. === /
