Número 3656

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NÚMERO 3656

MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
28ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES IVONNE PASSADA (Presidenta) Y LUIS PUIG (2do. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y JOSÉ PEDRO MONTERO Y LOS PROSECRETARIOS TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y DOCTOR ERNESTO LORENZO Asisten el Ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi; el señor Subsecretario, licenciado Jorge Vázquez; el señor Director General de Secretaría, doctor Charles Carrera; el señor Director Nacional de Policía, Inspector Principal(R) Julio Guarteche; el señor Sub Director General de Secretaría, Inspector General José Pedro Sesser; el señor Sub Director de Bomberos, Inspector Mayor Raúl Díaz; el señor Jefe de Policía de Rocha, Inspector Alcides Caballero y la señora Asesora de Asuntos Penitenciarios, psicóloga Gabriela Fulco.

XLVII LEGISLATURA

PRIMER PERÍODO ORDINARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Miércoles 28 de julio de 2010

Texto de la citación Montevideo, 26 de julio de 2010.

LA CÁMAR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 28, a la hora 15, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior). (Carp. 215/010). Rep. 290

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN JOSÉ PEDRO MO NTERO S e c r e t a r i o s

Miércoles 28 de julio de 2010

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.- Asuntos entrados ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 3.- Proyectos presentados………………………………………………………………………………………………………………… 9 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 34, 35 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 35 CUESTIONES DE ORDEN 10 y 19.- Integración de Comisiones …………………………………………………………………………………………… 93, 130 7, 9, 15, 17.- Integración de la Cámara ……………………………………………………………………………. 39, 90, 104, 116 12.- Intermedio …………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 7, 9, 15, 17.- Licencias……………………………………………………………………………………………………. 39, 90, 104, 116 14.- Prórroga del término de la sesión …………………………………………………………………………………………….. 103

ORDEN DEL DÍA 8, 11, 13, 16, 18, 20.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior) Antecedentes: Rep. N° 290, de julio de 2010, Carp. N° 215 de 2010. — Debate. — Se aprueba una moción…………………………………………………………………………. 42, 93, 99, 104, 118, 130

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Miércoles 28 de julio de 2010

1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Verónica Alonso, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi, Hernán Bonilla, Gustavo Borsari Brenna (5), Graciela Cáceres, Fitzgerald Cantero Piali, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno, Luis Da Roza, Hugo Dávila, Walter De León, Gonzalo de Toro, Álvaro Delgado (2), Martín Elgue, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Julio Fernández (1), Roberto Frachia, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, María Elena Laurnaga, Andrés Lima, Daniel López (4), José Carlos Mahía, Alma Mallo Calviño, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda Espino, Marcelo Maute, Felipe Michelini, Martha Montaner, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Nicolás Núñez, Raúl Olivera, Jorge Orrico, Miguel Otegui, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, Nicolás Pereira, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Esteban Pérez, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Nelson Rodríguez Servetto, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Pedro Saravia, Víctor Semproni, Rubenson Silva, Mario Silvera, Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Jaime Mario Trobo (6), Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian y Horacio Yanes (3). Con licencia: Óscar Magurno Souto, Alberto Perdomo Gamarra, Juan C. Souza y Daisy Tourné. Faltan con aviso: Rodolfo Caram. Observaciones: (1) A la hora 21:21 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Rubenson Silva. (2) A la hora 21:21 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Marcelo Maute Saravia. (3) A la hora 23:10 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Luis Da Roza.

(4) A la hora 00:00 del día 29/7/10 cesó en sus funciones. (5) A la hora 00:30 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Hernán Bonilla. (6) A la hora 00:30 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Martín Elgue.

2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 27 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes: • con fecha 14 de julio de 2010, Nº 18.666, por la que se establece una nueva excepción al plazo máximo de los contratos de arrendamiento establecido por el artículo 1782 del Código Civil. C/3438/009 con fecha 15 de julio de 2010, Nº 18.667, por la que se faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas jurídicas, administrativas y financieras, a fin de mejorar la situación por la que atraviesa el sistema penitenciario nacional. C/131/010 con fecha 16 de julio de 2010: • Nº 18.668, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Toryal S.A.. C/204/010 • Nº 18.669, por la que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Molino Carmelo S.A.. C/205/010 • con fecha 20 de julio de 2010: • Nº 18.670, por la que se modifican disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. C/176/010 • Nº 18.671, por la que se designa “Doctor Luis Eduardo Juan” el Centro Departamental de Salud Pública del departamento de Artigas. C/2236/007 • con fecha 23 de julio de 2010, Nº 18.672, por la que se designa “Ariel Tato Álvarez” el Complejo Médico Deportivo de la ciudad de Rocha. C/46/010 Archívense

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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyec-

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tos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: • • • por el que se concede una pensión graciable a la señora Celeste Iris Mouret. C/234/010 por el que se concede una pensión graciable al señor Waldemar Gaitán. C/235/010 A la Comisión de Seguridad Social por el que se modifica el Capítulo VI de la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934 – Orgánica de Salud Pública, relacionado con el ejercicio de la competencia de la Comisión de Salud Pública. C/241/010 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social •

DE LA CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo: • por el que se aprueba el Protocolo con la República Checa sobre las enmiendas al Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones del 26 de setiembre de 1996, firmado en la ciudad de Praga, el 15 de mayo de 2009. C/242/010 por el que se aprueba la “Enmienda al artículo 3 del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe” (Fondo Indígena), adoptada por la Resolución Nº 8 de la Octava Asamblea General Ordinaria del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que tuvo lugar en la ciudad de México D.F., en los días 7 y 8 de noviembre de 2008. C/243/010 A la Comisión de Asuntos Internacionales • por el que se designa “Doctor Alfredo Crisci Diglio” el Liceo Nº 1 de Atlántida, departamento de Canelones. C/244/010 A la Comisión de Educación y Cultura

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La citada Presidencia destina a la Cámara de Representantes los mensajes del Poder Ejecutivo por los que reitera los siguientes proyectos de ley, oportunamente remitidos: • por el que se aprueban las “Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares”, adoptada por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el 8 de julio de 2005. C/2544/008 por el que se aprueba la “Convención de Tampere sobre Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe”, adoptada el 18 de junio de 1998, en oportunidad de celebrarse la Primera Conferencia de Tampere sobre comunicaciones en caso de catástrofes. C/277/005 por el que se aprueba el “Convenio de Protección y Restitución de Bienes Culturales y Otros Específicos Importados, Exportados o Transferidos Ilícitamente, con la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá, el 21 de noviembre de 2008. C/3407/009 por el que se aprueba la “Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera Relativa a la Enmienda de la Convención que establece un Consejo de Cooperación Aduanera”, avalada en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2007. C/2858/008 por el que se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica con el Gobierno de la República Dominicana”, suscrito en Montevideo, el 21 de agosto de 2001. C/3325/009 A la Comisión de Asuntos Internacionales –

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La citada Cámara comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley: • en sesión de 13 de julio de 2010, por el que se modifican disposiciones de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, relativas al Fondo de Ahorro Previsional. C/102/010 en sesión de 14 de julio de 2010: • por el que se designa “Ariel Tato Álvarez”, el Complejo Médico Deportivo de la ciudad capital del departamento de Rocha. C/46/010 • por el que se designa “Doctor Luis Eduardo Juan” el Centro Departamental de Salud Pública del departamento de Artigas. C/2236/007 • por el que se modifica el plazo de amortización del préstamo que por Ley Nº 18.302, de 11 de junio de 2008, habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer con el Banco de la República Oriental del Uruguay la compra de lanchas para utilizar en las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití. C/3553/010 Téngase presente

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INFORMES DE COMISIONES La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington D.C. el 29 de abril de 2008. C/2937/008 por el que se aprueba la adhesión de la República al Convenio Internacional de Torrremolinos del año 1977 y su Protocolo del año 1993 para la seguridad de los buques pesqueros. C/3136/009 por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica con el Gobierno de la República Dominicana, firmado en Montevideo, el 21 de agosto de 2001. C/3325/009 La Comisión de Legislación del Trabajo se expide sobre los siguientes proyectos de ley: • por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Metalúrgica y Pistones S.A.. C/203/010 con un informe en mayoría y uno en minoría, por el que se deroga el artículo 178 de la Ley Nº 6.713, de 3 de setiembre de 1995, relacionado con las empresas unipersonales. C/3476/009

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por la que comunica que se dejan sin efecto las facultades oportunamente conferidas de representar a dicha Comuna ante organismos nacionales, internacionales, departamentales, oficiales o privados. C/12/010 Téngase presente

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La Junta Departamental de Artigas remite copia del Informe aprobado por dicho Cuerpo, relativo a la necesidad de aprobar proyectos de ley a estudio en la Cámara de Representantes que favorecen la actividad minera que se desarrolla en el citado departamento. C/245/010 A la Comisión de Industria, Energía y Minería

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La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre el despido de trabajadores que se desempeñaban en las obras del puerto de Punta del Este. C/80/010 A la Comisión de Legislación del Trabajo

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La Oficina Nacional de Servicio Civil contesta el pedido de informes presentado por el señor Representante Juan Ángel Vázquez, sobre el cumplimiento de la rotación de funcionarios públicos que cumplen tareas en áreas financieras. C/156/010 La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre acusa recibo de las siguientes exposiciones escritas presentadas: • por el señor Representante Roque Arregui, sobre la necesidad de extender el tope de edad para cubrir los cargos vacantes solicitados mediante llamado público. C/19/010 por los señores Representantes Hugo Dávila y Felipe Carballo, referente a varias demandas de vecinos de la localidad de Cainsa, en el departamento de Artigas. C/19/010

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Jorge Arturo Soca Colina. C/162/010 – Se repartieron con fecha 26 de julio COMUNICACIONES GENERALES Las Juntas Departamentales de Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y Treinta y Tres remiten notas por las que comunican la integración de sus respectivas Mesas para el período 2010 – 2011. C/12/010 Las Juntas Departamentales de San José y Soriano remiten notas por las que comunican la integración de sus respectivas Mesas para el período 20102015. C/12/010 La Intendencia de Rivera remite las siguientes notas: • por la que comunica que ha sido designado Secretario General de la misma el señor Abilio Briz Lucas. C/12/010

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La Intendencia de Salto acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas: • por la señora ex Representante Cecilia Eguiluz, en sesión de 9 de junio de 2010, por la que solicita que los canales de televisión nacional lleguen a todos los departamentos del interior. S/C por el señor ex Representante Daniel López Villalba, en sesión de 15 de junio de 2010, por la que solicita se generen espacios de educación y de prevención para la adopción de medidas contra la violencia doméstica. S/C A sus antecedentes

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COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta el pedido de informes del señor Representante Juan Ángel Vázquez, sobre el cumplimiento de la rotación de funcionarios públicos que cumplen tareas en áreas financieras. C/156/010 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Álvaro Vega Llanes, referente a la recaudación y gastos por varios conceptos, por parte del Banco de Seguros del Estado. C/142/010 El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos: • exposición realizada por el señor Representante Javier García, en sesión de 9 de junio de 2010, sobre la detención de la Jueza venezolana doctora María Lourdes Afiuni. S/C exposiciones escritas presentadas: • por el señor Representante Gerardo Amarilla, acerca de la denuncia de violación a los derechos humanos en varios países formulada por una organización internacional. C/19/010 por el señor Representante Roque Arregui, sobre la necesidad de extender el tope de edad para cubrir los cargos vacantes solicitados mediante llamado público. C/19/010 El Ministerio de Turismo y Deporte contesta las siguientes exposiciones escritas: • presentada por el señor Representante José Carlos Cardoso, relacionada con la realización de actividades y programación de festejos con motivo de conmemorarse el año próximo, los 200 años de la Batalla de Las Piedras. C/19/010 presentada por el señor ex Representante Orlando Lereté, acerca de la implementación del denominado “Tren Turístico”, como forma de fomentar el turismo en el departamento de Canelones. C/19/010 •

te de los departamentos de Rocha y Lavalleja. C/19/010 presentada por el señor Representante Gonzalo Novales, relacionada con los reiterados cortes en el servicio de ANCEL y RURALCEL en la localidad de Villa Soriano, departamento de Soriano. C/19/010

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta la exposición realizada por el señor Representante Gonzalo de Toro, en sesión de 7 de abril de 2010, acerca de la necesidad de mitigar el impacto que el desarrollo del transporte y de la logística produce sobre los habitantes de Montevideo. S/C A sus antecedentes COMUNICACIONES REALIZADAS La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio respectivo, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley: • por el que se designa “Profesora Mariana Saldain Pioli” el Liceo Nº 3 del departamento de Rocha. C/180/010 por el que se designa “Alfredo Zitarrosa” la Escuela de Música Nº 78 de Fray Bentos, departamento de Río Negro. C/200/010 Se cursaron con fecha 14 de julio PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Hugo Dávila solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la demora en la autorización para la instalación de comercios en régimen de ventas de bienes a turistas en la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas. C/221/010 El señor Representante Guillermo Facello solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios del Interior y de Turismo y Deporte, relacionado con el apoyo brindado a la Selección Uruguaya de Fútbol, a divisiones inferiores, y los planes estratégicos previstos para el futuro para mejorar los logros obtenidos recientemente. C/222/010 Se cursaron con fecha 14 de julio

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El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta las siguientes exposiciones escritas: • presentada por el señor ex Representante Miguel Asqueta Sóñora, referente a la reubicación del tendido de energía eléctrica del Club Sud América. C/22/005 presentada por la señora ex Representante Mary Pacheco, sobre la necesidad de dotar de iluminación al puente “Tomás Cacheiro”, en el lími-

El señor Representante Ricardo Planchón solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca del número de viviendas construidas en el departamento de Co-

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lonia, entre el 1º de marzo de 2005 al 1º de julio de 2010. C/223/010 • a los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social, referente a las medidas adoptadas a los efectos de prevenir el suicidio juvenil. C/224/010 al Ministerio del Interior, sobre el número de efectivos policiales asignado a las distintas localidades del departamento de Colonia. C/225/010

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El señor Representante Daniel Radío solicita se cursen los siguientes pedidos de informes: • al Ministerio del Interior, relacionado con el resultado de un concurso de oposición y méritos realizado por la Dirección Nacional de Sanidad Policial. C/226/010 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de las condiciones exigidas a una empresa de transporte interdepartamental para la concesión de un servicio diario para cubrir el recorrido San Ramón – Montevideo. C/227/010

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República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado; del Interior; de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización; de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a las Administraciones Nacionales de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; de Combustibles, Alcohol y Pórtland, y de Telecomunicaciones; de Relaciones Exteriores; de Salud Pública; de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos, a la Administración de Ferrocarriles del Estado, y a Pluna E.A.; de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social; de Turismo y Deporte; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y al Banco Hipotecario del Uruguay; y de Desarrollo Social; y a la Corte Electoral, relacionado con la existencia de informes sobre el trabajo de periodistas, destinados a fijar políticas de relacionamiento con la prensa o decidir pautas publicitarias. C/231/010 Se cursaron con fecha 22 de julio

El señor Representante Gerardo Amarilla solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Dirección General de Registros, referente al número de procedimientos judiciales registrados relativos a unión concubinaria. C/228/010 Se cursaron con fecha 20 de julio El señor Representante Andrés Arocena solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca del número de escuelas carentes de servicios de energía eléctrica y/o agua potable, en el departamento de Florida. C/229/010 – Se cursó con fecha 21 de julio El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se curse un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia, sobre la presunta demora en el pronunciamiento sobre dos expedientes tramitados en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó. C/230/010 El señor Representante Mario Silvera solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Defensa Nacional; de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a la Administración Nacional de Correos y a la Universidad de la República; de Economía y Finanzas, y por su intermedio a los Bancos Central del Uruguay, de la

El señor Representante Miguel Otegui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca del suministro de energía eléctrica a varias familias residentes en el barrio Río Uruguay de la ciudad capital del departamento de Paysandú. C/232/010 El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, referente a los inmuebles propiedad de dicho Organismo. C/233/010 Se cursaron con fecha 26 de julio PROYECTOS PRESENTADOS Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se tipifica la figura de dopaje para deportistas participantes en competencias deportivas nacionales e internacionales, en los casos que se determinan. C/246/010 A la Comisión Especial para el Deporte

El señor Representante Javier García Duchini presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 1º de enero de 2014, el plazo previsto por el artículo 69 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, para la incorporación de determinados grupos de tra-

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bajadores al Sistema Nacional Integrado de Salud. C/247/010 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

3.- Proyectos presentados.
A) “DOPAJE. (Tipificación para deportistas participantes en competencias deportivas nacionales e internacionales). PROYECTO DE LEY PRIMERA PARTE Artículo 1º. (Definición de dopaje).- El dopaje se configura con la comisión de una o más infracciones de las normas antidopaje según lo que consagran los numerales 2.1 a 2.8 del artículo 2º de la presente ley por parte de los participantes en competencias deportivas nacionales e internacionales, previamente o durante su desarrollo, ya se trate de deportistas aficionados o profesionales o su personal de apoyo. Artículo 2º. (Infracción de las normas antidopaje).Los deportistas y las personas involucradas al deportista deben ser responsables de conocer lo que constituye una infracción de las normas antidopaje y de las sustancias y métodos incluidos en la Lista de sustancias y métodos prohibidos que reglamenta el Ministerio de Turismo y Deporte conforme lo que dispone al respecto la Agencia Mundial Antidoping (WADA-AMA). Se entiende por personas involucradas o “personal de apoyo” al deportista, aquellas que en virtud de la actividad deportiva tienen una relación directa con el mismo, colaborando en su entrenamiento o competencia en todas sus etapas. Se detallan a los solos efectos enunciativos: entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, delegados, representantes. Se consideran infracciones a las normas antidopaje las siguientes: 2.1 La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista. 2.1.1 Es una obligación personalísima de cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo. El deportista es responsable de la presencia de cualquier sustancia prohibida, de sus metabolitos o de sus marcadores, que se detecten en sus muestras. En consecuencia, no resulta necesario que se demuestre el uso intencionado, culpable o negligente, o el uso consciente por parte del deportista para poder determinar fehacientemente una infracción antidopaje de acuerdo con lo que dispone el presente articulo.

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dispone que los Ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente administrarán la adjudicación de viviendas a víctimas de violencia doméstica. C/248/010 A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declaran de interés general todos los aspectos concernientes a las adicciones, muy especialmente los relativos al consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales y se crea un Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social. C/236/010 El señor Representante Aníbal Gloodtdofsky presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prohíbe la circulación de equinos y de carros tirados por equinos en la vía pública de todas las zonas urbanas mayores a cinco mil habitantes. C/237/010 El señor Representante Víctor Semproni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el 13 de julio de cada año “Día de la Integración y la Unidad Nacional”. C/238/010 El señor Representante Ricardo Planchón presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se incorpora el Sistema Braille a la facturación de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, así como la tiflotecnología en las respectivas páginas web. C/239/010 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

El señor Representante Carmelo Vidalín presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Raúl Never Orgambide” la Escuela Rural Nº 64 del paraje La Alegría, 7ª. Sección Judicial del departamento de Durazno. C/240/010 A la Comisión de Educación y Cultura”.

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La infracción se configura tanto si el deportista ha usado intencionadamente o no, si actuó negligentemente o de manera culpable. 2.1.2 Son pruebas fehacientes de una o más infracciones de las normas antidopaje según el numeral 2.1.1 precedente, cualquiera de las circunstancias que se detallan: – Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra “A” del deportista cuando éste libremente renuncie al análisis de la muestra “B” y ésta no se analice. – Cuando la muestra “B” del deportista se analice y el correspondiente análisis dé como resultado la presencia de la sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores encontrados en la muestra “A”. 2.1.3 Sin perjuicio de aquellas sustancias en las que se establece específicamente un límite de cuantificación en lista de sustancias y métodos prohibidos, la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en una muestra tomada a un deportista constituye una infracción de las normas antidopaje. 2.2 Uso o tentativa de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido. 2.2.1 Se considera un deber personal del deportista, asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingrese en su organismo. Por lo tanto, no es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente del deportista involucrado, para determinar que se ha producido una infracción de las normas antidopaje por el uso de una sustancia o método prohibido. 2.2.2 A efectos de considerar si se ha cometido una infracción de la norma antidopaje, no es necesario comprobar el éxito o fracaso en el uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido, siendo suficiente que se haya usado o intentado usar la sustancia o método prohibido. 2.3 La negativa o resistencia, sin justificación válida, a una recogida de muestras tras haber sido notificado un deportista o cualquier otra forma que evite la recogida de muestras.

2.4 Vulneración de los requisitos sobre disponibilidad del deportista para realizar los controles “fuera de competencia”. Constituye infracción a una norma antidopaje, la negativa o evasión a prestar la debida información para la localización del deportista por parte de éste, sus delegados o cualquier personal de apoyo al mismo, a efectos que la autoridad nacional o internacional de antidopaje necesite para poder tomar las muestras del deportista asignado. 2.5 Falsificación o su intento, del procedimiento de control de dopaje en cualquiera de sus etapas. 2.6 Posesión de sustancias prohibidas y métodos prohibidos. 2.6.1 La posesión por parte de un deportista en competición o fuera de competencia, de cualquier método o sustancia prohibidos, salvo que el deportista pueda demostrar fehacientemente que dicha posesión es debido a un uso terapéutico autorizado previo a la competencia inmediata por parte de la Federación respectiva y la autoridad médica competente. 2.6.2 La posesión en competición o fuera de competencia por parte del personal de apoyo a los deportistas de cualquier método o sustancia prohibida, salvo que el personal de apoyo pueda establecer que la posesión se debe a una autorización previa de uso terapéutico otorgada a un deportista según lo dispuesto en el numeral anterior. 2.7 Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. Esta infracción es alcanzable tanto a deportistas como a personal de apoyo a deportistas. A estos últimos le recaerán las infracciones que cada Asociación o Federación determine al respecto, sin perjuicio de la intervención de la Junta Nacional de Drogas. 2.8 Administración o intento de administración durante la competición o fuera de competencia de una sustancia o método prohibido. Además de estas conductas, se considera también infracción a una norma antidopaje, la administración o intento de administración de cualquier método o sustancia prohibidos a un deportista en competencia o fuera de ella y la asistencia, instigación, contribución, encubrimiento o cualquier otra forma de com-

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plicidad en relación a una infracción o tentativa de infracción a una norma de dopaje. Artículo 3º. (Instrucción de la prueba del dopaje).3.1 Tribunal de Expertos a cargo de la Instrucción de la prueba previo al acto administrativo que impone la pena definitiva. El Ministerio de Turismo y Deporte, acorde con lo que recomienda la Agencia Mundial Antidoping (WADA), creará un Tribunal de Expertos independiente, que entienda a partir de la vigencia de la presente ley en esta materia. El mismo deberá estar conformado por 3 (tres) miembros destacados del deporte, preferentemente abogados y ex deportistas, pero de los cuales por lo menos 1 (uno) deberá ser especialista en antidopaje. Su competencia será la de recabar todas las pruebas del caso y luego de escuchar a los involucrados recomendar al Ministro de Turismo y Deporte para que éste resuelva por acto administrativo si en el caso se ha producido alguna infracción a alguna norma antidopaje. Esto sin perjuicio del procedimiento y plazos de instrucción y resolución que prevé el numeral 8.2 de la presente ley. 3.2 (Carga y grado de la prueba). 3.2.1 La Dirección de Deporte a través de su Comisión Nacional Antidopaje creada por Decreto 394/07, de 22 de octubre de 2007, tendrá la tarea de probar que se ha configurado una infracción de la norma antidopaje. El grado de la prueba debe ser de una entidad tal que convenza a la Dirección de Deporte, que con previa recomendación del Tribunal de Expertos y posterior dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio de Turismo y Deporte, resolverá las penas aplicables a los deportistas involucrados. El grado de la prueba deberá ser mayor al de un justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba más allá de cualquier duda razonable. 3.2.2 Si un deportista alega en sus descargos que es inocente, es carga de él probar la ausencia de culpabilidad en la infracción de la norma antidopaje. Según el caso, esto incluye la carga del deportista de probar la culpa del personal de apoyo.

3.3 (Medios de establecer hechos).- Los hechos relativos a las infracciones de la norma antidopaje pueden probarse por cualquier medio fiable, incluidas las confesiones de los deportistas, del testimonio fehaciente de terceros, pruebas documentales, y datos analíticos certificados por el laboratorio del Centro Médico del Ministerio de Turismo y Deporte. Artículo 4º. (Lista de sustancias y métodos prohibidos).4.1 (Publicación y revisión de la lista de sustancias y métodos prohibidos).- El Ministerio de Turismo y Deporte publicará anualmente en el Diario Oficial por el plazo de un 1 (un) día, la lista de sustancias y métodos prohibidos y comunicará toda modificación a las Federaciones y Asociaciones Nacionales y el Comité Olímpico Uruguayo. Mientras dicha Secretaría de Estado no publique la lista regirá la última actualización realizada por el Decreto 394/07, de 22 de octubre de 2007. 4.2 Sustancias y métodos prohibidos identificados en la lista de sustancias y métodos prohibidos. 4.2.1 La Lista de sustancias y métodos prohibidos que difundirá debidamente el Ministerio de Turismo y Deporte de acuerdo al numeral anterior, identificará aquellas sustancias y métodos prohibidos en todo momento, sea o no en competencia, debido a su potencial de mejora del rendimiento en las competiciones futuras o debido a su potencial efecto de agente enmascarante, y aquellas sustancias y métodos que sólo están prohibidos en competición. La Lista de sustancias y métodos prohibidos podrá ser ampliada en cualquier momento por el Ministerio de Turismo y Deporte para un deporte en particular. Las sustancias y métodos prohibidos pueden incluirse en la Lista de sustancias y métodos prohibidos por categorías de sustancias (por ejemplo, anabolizantes) o por medio de referencias concretas a una sustancia o método concreto. 4.2.2 (Sustancias específicas).- A efectos de la aplicación del artículo 10 de la presente ley (Sanciones individuales), todas las sustancias prohibidas se considerarán “sustancias específicas”, excepto las pertenecientes a la categoría de sustancias anabolizantes y hormonas, así como aquellos estimulantes y moduladores y antagonistas hormonales

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identificados como tales en la Lista de sustancias y métodos prohibidos. Los métodos prohibidos no se considerarán “sustancias específicas”. 4.2.3 (Nuevos tipos de sustancias prohibidas).- En el caso de que el Ministerio de Turismo y Deporte, a través de la Comisión Nacional Antidopaje, amplíe la lista de sustancias y métodos prohibidos, deberá evaluar y comunicar a las Federaciones y Asociaciones nacionales y al Comité Olímpico Uruguayo en un plazo no menor a 30 (treinta) días si alguna o todas las sustancias prohibidas encuadradas dentro de este nuevo tipo de sustancias, se considerarán “sustancias específicas” según lo que dispone el artículo anterior. 4.3 Criterios para la inclusión de sustancias o métodos prohibidos en la Lista de sustancias y métodos prohibidos. El Ministerio de Turismo y Deporte tendrá en cuenta los siguientes criterios al momento de decidir la inclusión o no de una sustancia o método en la Lista de sustancias y métodos prohibidos: 4.3.1 Una sustancia o método será susceptible de inclusión en Lista de sustancias y métodos prohibidos si el Ministerio de Turismo y Deporte determina que la sustancia cumple dos de los tres criterios que se detallan a continuación: 4.3.1.1 Prueba médica o científica, efecto farmacológico o experimento, conforme a los cuales la sustancia o método, solo o combinado con otras sustancias o métodos, tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo. 4.3.1.2 Prueba médica o científica, efecto farmacológico o experimento, conforme a los cuales el uso de la sustancia o método plantea un riesgo real o potencial para la salud del deportista. 4.3.1.3 Determinación del Ministerio de Turismo y Deporte en acuerdo con las Federaciones Nacionales y el Comité Olímpico Uruguayo, de que el uso de la sustancia o métodos vulnera el espíritu del deporte que contempla la presente ley. 4.3.2 Una sustancia o método será igualmente incluido en la lista de sustancias y métodos

prohibidos si el Ministerio de Turismo y Deporte determina que conforme a prueba médica o científica, efecto farmacológico o experimento, la sustancia o método tiene el potencial de encubrir el uso de otras sustancias o métodos prohibidos. 4.4 (Uso terapéutico).- El Ministerio de Turismo y Deporte confeccionará una lista de deportistas que bajo estricta prescripción médica y con el aval de la respectiva Federación o Asociación y un informe médico, podrán utilizar sustancias para uso terapéutico. Por tanto la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores -numeral 2.1, el uso o el intento de uso de una sustancia o método prohibidos -numeral 2.2 del artículo 2º referido-, la posesión de sustancias o métodos prohibidos -numeral 2.6 del referido artículo- o la administración o intento de administración de una sustancia o método prohibidos (numeral 2.8 del mismo artículo) coherente con lo previsto en una autorización de uso terapéutico, previo a la toma de muestras, aprobado por el Ministerio de Turismo y Deporte, no se considerarán infracción de las normas antidopaje. 4.5 (Seguimiento preventivo).- El Ministerio de Turismo y Deporte realizará un programa de seguimiento respecto de sustancias que no estén incluidas en la lista de sustancias y métodos prohibidos, pero que hagan presumir que con las mismas se pretende violar alguna norma antidopaje. La presencia de dichas sustancias será comunicada periódicamente a las Federaciones Nacionales y al Comité Olímpico Uruguayo, manteniendo en reserva a qué deportistas y disciplina deportiva se obtuvieron las respectivas muestras, a efectos de coordinar acciones que pueden derivar en la inclusión de nuevas sustancias en la lista de sustancias y métodos prohibidos. Artículo 5º. (Controles).5.1 (Autoridad competente y jurisdicción).5.1.1 El Ministerio de Turismo y Deporte, a través de la Comisión Nacional Antidopaje y el Centro Médico Deportivo, es el organismo que tiene la misión y obligación de realizar controles antidopaje a deportistas dentro y fuera de competencia, sean éstas nacionales o internacionales. Dicha facultad abarca tanto a deportistas nacionales como extran-

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jeros federados, en competencias nacionales o internacionales, dentro del territorio de la República Oriental del Uruguay. 5.1.2 Por tanto, el Departamento Médico del Ministerio Turismo y Deporte, tendrá a su cargo la obtención de las muestras necesarias para la realización de los análisis por el Laboratorio. Los funcionarios que efectúen dichas operaciones procederán a la toma de las muestras de los competidores, de cualquier materia que estimen conveniente (sangre, orina, pelo, sudor, células, otros) aplicándose para la extracción o recolección las técnicas que, en cada caso, se estimen más adecuadas. 5.1.3 Dicho Departamento está facultado a realizar la cantidad de controles anuales como sea posible a deportistas en competencia o fuera de competencia. Para estos últimos se requerirá de cada Federación que anualmente comunique al Ministerio de Turismo y Deporte la lista de deportistas que están preseleccionados para competencias internacionales, sean en el país o en el extranjero, a efectos de que puedan ser ubicados y realizárseles sorpresivamente controles. 5.1.4 La toma de muestras se efectuará en el momento y condiciones que el médico actuante estime más convenientes y estará sujeta a las siguientes normas: a) Se tomarán muestras a los competidores que el técnico actuante indique, cualquiera haya sido la participación del deportista en la competencia, o en parte de ella. Tratándose de confrontaciones de dos equipos, se tomarán muestras, además a dos competidores por equipo, como mínimo, determinándose por sorteo entre todos los componentes del equipo (titulares y suplentes) que hayan actuado en la competencia. b) Todo competidor al que corresponda tomarle muestras deberá estar a disposición del médico actuante desde el momento que éste le dé aviso por medio del o de los jueces, o de un dirigente de la institución a que pertenece. Si no se hiciere presente, se dejará constancia de su inasistencia en el formulario de toma de muestras y se pasarán inmediatamen-

te dichas actuaciones a la Dirección de Deporte. c) Los clubes o instituciones organizadoras de las competencias deberán proporcionar a los médicos encargados de la tomas de muestras, un local apropiado a juicio de estos últimos. d) Salvo casos excepcionales, que se someterán a juicio del médico actuante, solamente podrán presenciar la toma de muestras, un delegado, el médico perteneciente a la institución de cada deportista designado, un delegado federativo de la organización de la competencia deportiva y un Observador Independiente de la Agencia Mundial Antidoping (WADA-AMA) si este organismo seleccionó dicha competencia para inspeccionar. El médico actuante determinará, asimismo, qué funcionarios habrán de secundarle en las diversas operaciones, teniendo en cuenta el sexo de los deportistas que deban someterse a las mismas. e) Cuando el material a recoger sea orina, el competidor deberá emitir como mínimo 75 cc (setenta y cinco centímetros cúbicos) para que el material se divida en 2 (dos) partes (50 cc (cincuenta centímetros cúbicos). mínimo para la muestra “A” y 25 cc (veinticinco centímetros cúbicos) mínimo para la muestra “B”), empleándose para ello el tiempo que fuese necesario. f) Una vez obtenido el o los materiales destinados al análisis, el deportista dividirá en dos el material obtenido en proporciones cualitativamente iguales, colocándolas en sendos recipientes que el Departamento Médico proveerá al efecto. Se acondicionarán los dos recipientes, con su contenido, de forma que haya un cierre inviolable. Uno de ellos constituirá la muestra “A” a ser analizada, y el otro la correspondiente muestra “B”. Los recipientes llevarán adheridas etiquetas con indicaciones de los números que estén de acuerdo con lo que se establece respecto al formulario de toma de muestras. g) Los recipientes conteniendo las muestras a que se refieren los literales precedentes, serán remitidos con la mayor breve-

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dad posible, al laboratorio químico, que deberá adoptar las precauciones necesarias para su cuidado y conservación. Durante la espera de la emisión de orina el médico actuante podrá permitir que el competidor beba agua mineral natural o similares, proporcionadas personalmente por un médico o un representante del competidor o de la institución a la que pertenece, debiendo dejarse constancia en el “formulario de toma de muestras” correspondiente, por parte de dichas personas, de la clase de bebidas suministradas. Artículo 6º. (Análisis de las muestras).- Las muestras serán analizadas conforme a los siguientes principios: 6.1 (Utilización de Laboratorios reconocidos).- A efectos del numeral 2.1, el laboratorio químico del Ministerio de Turismo y Deporte tendrá por cometido fundamental el análisis de las muestras que se le remitan de acuerdo con la presente ley, disponiendo de las facultades y medios que le acuerdan las normas de la misma. Asimismo, el Ministerio de Turismo y Deporte podrá encomendar los análisis de las muestras a que refiere el artículo precedente a otros laboratorios de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras cuando ello sea necesario o se estime conveniente, en acuerdo con las normas internacionales que se establezcan para ello y que cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidoping (AMA). 6.2) (Finalidad de la recogida y análisis de las muestras).- La finalidad principal de la recolección y posterior análisis de las muestras de los deportistas será la de detectar sustancias y métodos prohibidos por esta ley. Sin embargo, y con la reserva de los nombres de los deportistas, se podrán utilizar las mismas para elaborar un perfil de los parámetros más relevantes de la orina, sangre u otra matriz de los deportistas (incluido ADN o del genoma), para elaborar conductas antidopaje. 6.3) (Utilización de muestras para investigación).- Ninguna muestra podrá servir a ningún fin ajeno a lo dispuesto en el numeral anterior, sin el consentimiento escrito del deportista. Si no existe este consentimiento y el uso se encuadra en lo que dispone el artículo anterior, se deberá retirar toda identificación, código o

cualquier método que lo vincule con el nombre del deportista. 6.4) (Comunicación del análisis).- El resultado de los análisis de las muestras será comunicado única y reservadamente al Director de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, quien en caso de recibir un resultado adverso pasará los antecedentes a la División Jurídica. 6.5) (Segundo análisis de una muestra).- Cualquier muestra podrá volver a analizarse en cualquier momento atendiendo el fin propuesto por el numeral 6.2 exclusivamente y cumplirá con las normas internacionales de manipulación de muestras y sus resultados de acuerdo a la Agencia Mundial Antidoping (WADA). Artículo 7º. (Gestión de resultados).- La Dirección de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, responsable de la gestión de los resultados, deberá dotarse de un procedimiento para la instrucción preliminar de las infracciones potenciales de las normas antidopaje, conforme a los principios siguientes: 7.1 (Instrucción inicial relativa a los resultados analíticos adversos).- Cuando el Director de Deporte reciba del Laboratorio un resultado adverso correspondiente a la muestra “A”, se deberá iniciar una revisión de los procedimientos con el fin de determinar si: a) Se ha concedido previamente una autorización de uso terapéutico; o bien, b) Si se ha producido una desviación aparente de la norma para los controles que haya provocado un resultado analítico adverso. 7.2) (Notificación al término de la instrucción inicial sobre los resultados analíticos adversos).Cuando una instrucción inicial de un resultado analítico adverso, prevista en el numeral 7.1 precedente, no determine que exista una autorización de uso terapéutico o que no se haya producido una desviación de los procedimientos en el manejo de la muestra que haya provocado un resultado adverso, el Ministerio de Turismo y Deporte, además de retirarle preventivamente la Ficha Médica Deportiva, deberá inmediatamente notificar al deportista: a) Del resultado analítico adverso. b) De la norma antidopaje vulnerada. c) De su derecho a exigir inmediatamente “bajo su costo” el análisis de la muestra “B”, o en su defecto, si no procede de esta forma

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se considerará que ha renunciado a este derecho y que por tanto que ha aceptado el resultado adverso. d) De la fecha, hora, y lugar previstos para el análisis de la muestra “B”, en caso que el deportista o la Dirección de Deporte decidan solicitar un segundo análisis de dicha muestra. La Dirección de Deporte tiene la potestad pero no la obligación de realizar el análisis de la segunda muestra para el caso de que el deportista no solicite la apertura de la muestra “B”. e) De la oportunidad para que el deportista y/o su representante, médicos o químicos de su confianza, decidan estar presentes durante la apertura y análisis de la muestra “B”. La citación a la apertura de la muestra B no puede ser inferior a 48 (cuarenta y ocho) horas previas al día y la hora fijada de dicha apertura. f) El derecho del deportista a solicitar copias del informe analítico de las muestras “A” y “B” que incluyan la información que detallan los laboratorios. g) También la Dirección de Deporte, además del deportista, deberá comunicar en su oportunidad a la federación involucrada y en su caso al Comité Olímpico Uruguayo. 7.3 (Instrucción de los resultados anómalos).- En oportunidad de que se constaten sustancias prohibidas producidas de forma endógena, el laboratorio deberá comunicar a la Dirección de Deporte para que proceda a la investigación pertinente, a efectos de determinar las medidas necesarias para evitar estas conductas en el futuro. 7.4 (Retiro del deportista durante la gestión de resultados).- Si un deportista se retira de la competencia durante el transcurso de un procedimiento de gestión de resultados, los mismos no se detendrán y se culminarán como si la referida circunstancia no hubiese ocurrido. Artículo 8º. (Derecho a un proceso justo).8.1 (Proceso justo).- La Dirección de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, como responsable de la gestión de resultados a través de su laboratorio del centro médico, deberá prever un procedimiento de audiencia a disposición de toda persona que presuntamente haya cometido una infracción de las normas antidopaje,

siempre y cuando el deportista no haya renunciado a la apertura de la muestra “B”. Si se diera esta última circunstancia la Dirección de Deporte podrá tomar resolución respecto de la pena aplicable. Si el deportista decide que se proceda a la apertura de la segunda muestra, podrá solicitar también que luego de la misma se celebre una audiencia para sus descargos. Dicha audiencia será presidida por un tribunal de expertos previsto en el numeral 3.1, deberá celebrarse inmediatamente a la apertura de la muestra “B”. La resolución de este Tribunal se interpretará como una recomendación a ser tenida en cuenta por el Director de Deporte para la respectiva resolución del caso. El procedimiento de audiencia deberá, sin perjuicio de la suspensión preventiva ya decretada (retiro de la ficha médica), tratar y resolver si se ha cometido una infracción de las normas antidopaje y en caso afirmativo cuáles son las consecuencias. Dicho procedimiento deberá respetar los siguientes principios: – Oportunidad de una vista en un plazo razonable. – Derecho a ser representado por un abogado a costo del deportista. – Derecho a realizar los descargos pertinentes. Todo sin perjuicio de lo que dispone el Decreto 500/91. 8.2 (Aplicación de las sanciones definitivas).- La aplicación de las sanciones definitivas se ajustará al siguiente procedimiento: a) Al disponer la suspensión preventiva del o los infractores a que refiere el numeral 7.2, el Ministerio de Turismo y Deporte, luego de oír al Tribunal de Expertos, dispondrá asimismo que su Asesoría Letrada dictamine dentro de un término de 5 (cinco) días acerca de la responsabilidad de aquellos, las sanciones a aplicar y demás medidas que considere aconsejables. b) Del referido dictamen se dará vista, con plazo perentorio de 10 (diez) días hábiles, a los

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infractores a efectos de que, eventualmente, formulen sus descargos sin perjuicio si ya ejercieron este derecho ante el Tribunal de Expertos. c) Los interesados podrán solicitar dentro de ese plazo, el diligenciamiento de pruebas cuya pertinencia y/o admisibilidad, resolverá el Ministerio de Turismo y Deporte, previo dictamen de su Asesoría Letrada. Esta incidencia deberá decidirse en el término de 5 (cinco) días. d) La resolución definitiva deberá ser dictada por el Ministerio de Turismo y Deporte dentro de los 30 (treinta) días de producido el dictamen letrado respectivo, y una vez diligenciado será notificado el competidor. e) En cualquier estado de los procedimientos, el Ministerio de Turismo y Deporte podrá disponer a solicitud del interesado o por propia iniciativa y por resolución fundada, el levantamiento de la suspensión preventiva dictada por la Dirección Nacional de Deporte. En tal caso el lapso de pena ya sufrida se imputará al de la sanción definitiva que pudiere recaer. f) Podrá recurrirse contra resoluciones del Ministerio de Turismo y Deporte mediante los recursos de revocación y subsidiariamente el jerárquico para ante el Poder Ejecutivo. g) Todas las notificaciones a que refiere la presente ley se realizarán por telegrama colacionado. Artículo 9º. (Anulación automática de resultados individuales).- La infracción de una norma antidopaje en deportes individuales relacionada con un control en competición conlleva automáticamente la suspensión preventiva de la práctica del deporte con el correspondiente retiro de la Ficha Médica Deportiva -numeral 7.2, que otorga el Ministerio de Turismo y Deporte al deportista involucrado; y la anulación de los resultados obtenidos en esa competición con todas sus consecuencias, incluida la pérdida de todas las medallas, puntos y premios del deportista involucrado. Artículo 10. (Sanciones individuales).10.1 Anulación de los resultados en el acontecimiento deportivo durante el cual tiene lugar la infracción de la norma antidopaje.

10.1.1 La sanción a que refiere el artículo anterior se aplica salvo si se dan las circunstancias previstas en los casos que se detallan en el numeral siguiente. 10.1.2 La sanción se aplica únicamente a la competencia en la que se procedió a la toma de la muestra, cuando el deportista consiga demostrar que no ha cometido ningún acto culpable ni negligencia alguna en relación con la infracción. Por tanto, de darse esta circunstancia, no serán sancionados sus resultados individuales en otras competencias que no tengan relación con la que sí hubo infracción y que el deportista haya competido. 10.2 Suspensiones por presencia, uso o intento de uso, posesión de sustancias o métodos prohibidos. El período de suspensión impuesto por una infracción del numeral 2.1 (Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores); del numeral 2.2 (uso o intento de uso de una sustancia prohibida o método prohibido); y del numeral 2.6 del artículo referido (Posesión de sustancias o métodos prohibidos) será el siguiente: – Primera infracción: 2 (dos) años de suspensión. – Segunda infracción: suspensión de por vida. 10.3 (Suspensión por otras infracciones de normas antidopaje).- El período de suspensión para las infracciones de las normas antidopaje independientes de las descritas en el numeral 10.2 anterior, será el siguiente: 10.3.1 Para las infracciones de los numerales 2.3 (Resistencia o negativa a someterse a una recogida de muestras) o 5) (Falsificación de un control de dopaje) del artículo 2.5, el período de suspensión será de 2 (dos) años. 10.3.2 Para las infracciones de los numerales 2.7) (Tráfico o intento de traficar) o 2.8 (Administración o intento de administración de una sustancia prohibida o método prohibido), el período de suspensión será de un mínimo de 4 (cuatro) años hasta un máximo de suspensión de por vida. Si dicha infracción a una norma antidopaje, es cometida por un menor será considerada particularmente grave y si es cometida por

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personal de apoyo al deportista menor, tendrá como resultado, independientemente de la sanción al deportista, la suspensión de por vida del personal de apoyo. 10.3.3 Para las infracciones del numeral 2.4 (Incumplimiento del deber de la localización del deportista y/o controles fallidos), el período de suspensión será de un mínimo de un 1 (un) año y de un máximo de 2 (dos) años según el grado de culpabilidad del deportista. 10.3.4 Las infracciones referidas en los numerales 2.7) (Tráfico o intento de traficar) o 2.8) (Administración o intento de administración de una sustancia prohibida o método prohibido), que también puedan vulnerar leyes o decretos en esta materia no contenidas en la presente ley, preceptivamente deberán ser comunicadas por la Dirección de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, a la Junta Nacional de Droga y a la Justicia Penal en su caso. 10.4 Circunstancias agravantes que pueden incrementar el período de suspensión. Si en un caso individual relacionado con una infracción de las normas antidopaje distintas a las consagradas en los numerales 2.7 (Tráfico o intento de traficar) o 2.8 (Administración o intento de administración de una sustancia prohibida o método prohibido), existen además circunstancias agravantes, el período de suspensión podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro 4 (cuatro) años. 10.4.1 Se considera circunstancia agravante de la suspensión que ya le cabe a un deportista por la violación de una norma antidopaje, si se prueba que el deportista además de cometer esa infracción descripta en los numerales 2.1 a 2.6, comete alguna otra infracción que no sea las que describen los numerales 2.7 y 2.8 del artículo 2º. 10.4.2 Se considera circunstancia agravante de una infracción de la norma antidopaje en aplicación de los numerales 2.7 y 2.8, si además se prueba que el deportista cometió una o varias violaciones a la norma según los numerales 2.1 a 2.6. En este caso la sanción que se aplicará será de un mínimo de 4 (cuatro) años hasta un máximo de 8 (ocho) años.

10.4.3 Se considerará circunstancia agravante si un deportista que tuvo una pena, que ya cumplió o está cumpliendo, por infracción a una norma de las consagradas en los numerales 2.1 a 2.6 comete una segunda infracción por cualquiera de estas mismas normas. En dicho caso, se aplicará la pena de suspensión de por vida. 10.5 (Anulación y atenuantes debido a circunstancias excepcionales).10.5.1 (Ausencia de culpa).- Sin que suponga la no existencia de una infracción de la norma antidopaje constatada y a los solos efectos de la pena, si un deportista logra demostrar en un caso concreto que no ha cometido ningún acto culpable y a su vez, demuestre fehacientemente cómo entró la sustancia prohibida en su organismo sin su consentimiento, luego de un exhaustivo análisis de la situación donde no queden dudas de su inocencia, podrá excepcionalmente, reducirse la pena a seis meses como mínimo según cada circunstancia y sujeto a un programa de rehabilitación orientado por el Ministerio de Turismo y Deporte. 10.5.2 Ayuda sustancial para el descubrimiento de infracciones de las normas antidopaje. Mientras corre la suspensión preventiva (retiro de ficha médica) y antes de resolverse la pena correspondiente a la norma infringida, si un deportista colabora eficazmente con la Dirección de Deporte, o Junta Nacional de Drogas de modo que permite descubrir o demostrar una infracción de las normas antidopaje por otra persona u organización que tiene acciones concretas tendientes al dopaje individual o grupal, se podrá reducir la pena al deportista hasta tres cuartas partes según el grado de culpabilidad y la relevancia de la ayuda sustancial. Si la pena que cabe a la norma antidopaje violada es la suspensión de por vida, la reducción no podrá ser inferior a 8 (ocho) años. 10.5.3 (Confesión del deportista).- Si durante una competencia donde existen controles antidopaje, pero antes de que el deportista sea seleccionado (notificación) para la recolección de muestras, el deportista voluntariamente confiesa que ha violado una norma antidopaje y siendo dicha confesión la única

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prueba fiable de la infracción en el momento de la confesión, podrá reducirse el período de suspensión, el que no podrá ser inferior a la mitad del que podría haberse aplicado descubierta la violación a la norma. 10.6 (Sanción por resolución administrativa. Recurribilidad).10.6.1 La sanción que pone fin a la suspensión preventiva del deportista involucrado y la que resuelve si hubo lugar o no a la infracción de una norma antidopaje, será aplicada por el Ministro de Turismo y Deporte y será recurrible por las normas aplicables a los recursos administrativos (Decreto 500/91). 10.6.2 Tanto durante la suspensión preventiva dictada por resolución de la Dirección de Deporte, como la definitiva resuelta por parte del Ministro de Turismo y Deporte, ningún deportista u otra persona que le recayó la suspensión pertinente, podrá participar, en calidad alguna, en ninguna competición a nivel nacional o en el extranjero. 10.6.3 Si un deportista o cualquier otra persona sujeta a una suspensión por infringir una norma antidopaje vulnera lo que dispone el numeral 10.6.2 anterior, podrá recibir una pena de suspensión de por vida. Artículo 11. (Sanciones colectivas).11.1 Si resulta que 2 (dos) o más miembros de un deporte de equipo han cometido una infracción de las normas antidopaje, la Asociación o Federación a cargo de la competencia en cuestión debe sancionar al equipo con pérdida de puntos, descalificación de una competición o cualquier otra sanción pertinente, independientemente de las sanciones individuales que el Ministerio haya aplicado a cada deportista. 11.2 Si la Asociación o Federación no procede de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior, cualquier otro equipo perjudicado en la competencia donde se recogieron las muestras podrá solicitar al Ministerio de Turismo y Deporte que cite a la Asociación o Federación para que explique por qué no adoptó las sanciones pertinentes. Luego de esta instancia el Ministerio decidirá si actúa o no de oficio para sancionar al equipo responsable.

SEGUNDA PARTE Son competencias del Ministerio de Turismo y Deporte la educación, investigación y rehabilitación de los deportistas en materia de antidopaje, como se expresa en los artículos siguientes. Artículo 12. (Educación).12.1 (Objetivo).- El Ministerio de Turismo y Deporte tiene como cometido la práctica de un deporte limpio de drogas en la República Oriental del Uruguay. En este sentido impulsará programas de información y de educación para un deporte sin dopaje, buscando como objetivo principal preservar el espíritu deportivo, evitando su perversión por el dopaje. La finalidad es evitar que los deportistas usen de forma voluntaria o involuntaria sustancias y métodos prohibidos. 12.2 (Programas y actividades).- Los programas que desarrolle el Ministerio de Turismo y Deporte, deberán proporcionar a los deportistas y otras personas información actualizada y eficaz, que entre otras deberá tratar la temática siguiente: – Sustancias y métodos prohibidos. – Infracciones de las normas antidopaje. – Consecuencias del dopaje respecto de la salud del deportista, de la sociedad y sus sanciones. – Procedimientos de control antidopaje. – Derechos y responsabilidades de los deportistas y de su personal de apoyo. – Autorizaciones de uso terapéutico. – Gestión de los riesgos que suponen los suplementos nutricionales. – El agravio que supone el dopaje para el espíritu deportivo. Artículo 13. (Investigación).13.1 (Propósito y objetivos de la investigación antidopaje).- La investigación antidopaje contribuye al desarrollo y la puesta en práctica de programas eficientes de control del dopaje, por lo que el Ministerio de Turismo y Deporte deberá, en colaboración mutua con las Asociaciones, Federaciones, Organizaciones deportivas que desarrollen la práctica del deporte a cualquier edad y la Agencia Mundial Antidoping (WADA-AMA), promover dichas investigaciones y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que los resultados de dicha investigación se

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utilizan para alcanzar los objetivos de la presente ley. 13.2 (Tipos de investigación).- Los tipos de investigación antidopaje pueden consistir, entre otros, en estudios sociológicos, jurídicos, éticos y de comportamiento, además de investigaciones médicas, analíticas y fisiológicas. Asimismo, deben llevarse a cabo estudios para diseñar y evaluar la eficacia de programas fisiológicos y psicológicos de formación basados en métodos científicos que respeten la integridad de las personas, así como estudios sobre el uso de las sustancias o métodos de nueva aparición que surjan como consecuencia de los avances científicos. Artículo 14. (Rehabilitación).- El Ministerio de Turismo y Deporte, instrumentará a través de su Departamento Médico, Programas de Rehabilitación para deportistas que han infringido normas de antidopaje y desean reinsertarse nuevamente en el deporte. Para dicho fin, todas las dependencias de dicho Departamento actuarán con equipos multidisciplinarios, utilizarán las técnicas más avanzadas en el contexto deportivo mundial en esta materia incluso con el apoyo de los Programas Educativos de la Agencia Mundial Antidoping (WADA-AMA). TERCERA PARTE Artículo 15. (Derogaciones y entrada en vigencia).15.1 Quedan derogadas a partir de la vigencia de la presente ley todas las disposiciones de los Decretos 249/05, de 8 de agosto de 2005, y 394/07, de 22 de octubre de 2007, excepto de sus artículos 3º y 4º; y las disposiciones de la Ley Nº 13.737, 9 de enero de 1969 que contradigan el presente cuerpo normativo. 15.2 La presente ley entra en vigencia a partir de ……………………. 2010. Montevideo, 14 de julio de 2010. JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo, FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, ANÍBAL GLOODTDOFS-

KY, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, MARCELO BISTOLFI, Representante por Salto, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En el Uruguay existe una rica historia de lucha contra el dopaje en el deporte que data de mucho tiempo: la normativa en la materia remonta al año 1969 con la consagración de la Ley Nº 13.737; siendo el nuestro uno de los primeros países americanos en trabajar en la lucha contra el dopaje. En 1971 se inaugura el Laboratorio de Análisis dependiente, en aquel entonces, de la Comisión Nacional de Educación Física, y comienza a gestarse una intensa política que, además de la constatación de las violaciones a las reglas del deporte en cuanto a prácticas indebidas, también se tradujo en programas educativos preventivos dirigidos a los deportistas. Con la creación de la Agencia Mundial Antidoping (WADA-AMA) en el año 1999, la política de lucha contra este flagelo deportivo no queda en manos solo de los gobiernos individualmente, sino que comienza un compromiso mundial que abarca al Comité Olímpico Internacional, las Federaciones Internacionales y los Gobiernos, que conjuntamente trabajan para que esta guerra desigual tenga a todo el contexto deportivo unido y en una misma dirección. Esta nueva universalización genera un compromiso de las partes integrantes de la WADA-AMA y, en particular, de los Gobiernos que, sin renunciar a su soberanía legislativa, adecuan sus políticas y normas a las recomendadas por este organismo. Es así que Uruguay, como pionero en la región e interesado en mantener un deporte limpio, firma en el año 2003, junto a cientos de países, la Declaración de Copenhague “Por un Compromiso con la Lucha Mundial contra el Dopaje”, dando paso así a una secuencial y fuerte política de inserción en el más alto nivel del antidopaje. Dicha Declaración es monitoreada por la UNESCO luego de que este organismo se uniera a esta lucha mundial.

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En el año 2004, Uruguay es el primer país en Sudamérica que adecua su normativa al Código Mundial Antidopaje (WADA-AMA) que se consagró en el Decreto 131/004. En febrero de 2005, realiza el “1er. Simposio Educacional WADA” en Montevideo, dirigido a deportistas, técnicos, y médicos, organizado por la WADA, la Dirección de Deporte y el Centro Médico Deportivo. En virtud de lo realizado en esos años y por una buena “propuesta país”, luego de que la WADA recibiera ofertas de Bogotá y Santiago de Chile, el Gobierno logra que Montevideo sea sede de la Agencia Regional WADA: constituyéndose así, en la 4ª Agencia Regional a nivel mundial junto a Lausanne, Tokio y Cape Town, dirigidas por la matriz de WADA en Montreal. Ahora bien, por Decretos 249/05, de 8 de agosto de 2005, y 394/07, de 22 de octubre de 2007, se modifica sustancialmente la normativa que estaba vigente hasta el momento, creando un cambio de dirección de la política antidopaje que se venía realizando, yendo en contra del Código WADA. El presente proyecto de ley, que aglutina toda la normativa nacional, está adecuado al Código WADA, respetando la soberanía legislativa de nuestro país y su estructura administrativa, tipificando las infracciones a la norma antidopaje, sus sanciones, agravantes y atenuantes, sin desatender la rehabilitación, educación e investigación en la materia. Partiendo del concepto de infracción a la norma antidopaje en sus diferentes formas, se pretende con este cuerpo normativo dar certezas a los deportistas y su entorno, y no dejar librado al Gobierno de turno el régimen sancionatorio, principalmente, para no apartarse del Código Mundial Antidopaje con las consecuencias que ello conlleva. Otro motivo sustancial que llevó a la elaboración de este proyecto es el compromiso de un deporte limpio de drogas, no reconociendo como prohibidas otras sustancias o métodos que no sean los ilegales, y aceptando que estando vigentes éstos (“Lista de sustancias o métodos prohibidos”), no debe diferenciarse por sustancia o método, y/o su intención o no de ventaja deportiva, sino que, probada la infracción a la norma antidopaje, se está ante una violación de una regla deportiva que atenta contra el espíritu deportivo. Montevideo, 14 de julio de 2010. JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo, FERNANDO

AMADO, Representante por Montevideo, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo, FITZGERALD CANTERO PIALI, Representante por Montevideo, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, ANÍBAL GLOODTDOFSKY, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, WALTER VERRI, Representante por Paysandú, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, MARCELO BISTOLFI, Representante por Salto, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia”. B) “INCORPORACIÓN DE DETERMINADOS GRUPOS DE TRABAJADORES AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD. (Se prorroga hasta el 1º de enero de 2014 el plazo previsto por el artículo 69 de la Ley Nº 18.211). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Prorrógase hasta el 1º de enero de 2014 el plazo previsto en el artículo 69 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007. Montevideo, 20 de julio de 2010. JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 69 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007 previó la incorporación al Seguro Nacional de Salud de los trabajadores comprendidos en el régimen de Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales que funcionen al amparo del artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, así como los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social a que refieren los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, y los amparados en lo dispuesto por los artículos 337 a 342 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, y sus modificativas (CHASSFOSE). Por el inciso final del citado artículo 69 se facultó asimismo al Poder Ejecutivo a dar el mismo tratamiento a los trabajadores que contaran con regímenes similares acordados con empleadores privados que hubieren estado vigentes al menos desde un año antes de la promulgación de la ley referida.

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Las entidades contempladas en esta disposición de la reforma de la salud brindan a sus beneficiarios cobertura integral de salud en un nivel no inferior al establecido por la Ley Nº 18.211. A la fecha se encuentran en proceso diversos estudios y gestiones tendientes a determinar las modalidades en que se dará la incorporación de los referidos colectivos al Seguro Nacional de Salud, manteniendo la vigencia y existencia del amplio abanico de entidades gestoras, las que han cumplido un rol de alta significación social durante décadas. Las mismas cumplen sus cometidos legales y estatutarios en forma autónoma, administrativa y financieramente. En función de ello, de la trayectoria y adhesión a estas entidades de parte de sus beneficiarios, es necesario agotar las instancias que permitan consensuar la modalidad de integración al Seguro Nacional de Salud. Dado el importante número de personas comprendidas y la necesidad de no retroceder en los aspectos involucrados en la cobertura de la enfermedad, tanto los sanitarios como los salariales (subsidio por enfermedad), es conveniente extender el plazo previsto en el artículo 69, a fin de facilitar la adopción de criterios ampliamente consensuados entre las autoridades públicas competentes y los colectivos y entidades involucrados. Por lo expuesto se propone prorrogar por el término de tres años el plazo previsto, a fin de que el estudio de las alternativas se haga sin el apremio de plazos perentorios. Montevideo, 20 de julio de 2010. JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo”. C) “VIVIENDAS DESTINADAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. (Adjudicación). PROYECTO DE LEY Artículo 1º. (Finalidad).- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), administrará la adjudicación de unidades habitacionales destinadas a la protección inmediata de las víctimas de violencia doméstica tal que les asegure una pronta solución habitacional. Los derechos que se generen por esta ley son intrasmisibles. Artículo 2º. (Porcentaje destinado a cumplir con la finalidad de la ley).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) podrá destinar hasta un máximo del 10% (diez por ciento) de las unidades habitacionales de su propie-

dad con destino a viviendas para víctimas de violencia doméstica. Artículo 3º. (Régimen especial que se crea por esta ley).- Las viviendas destinadas a cumplir la finalidad de esta ley se entregarán de acuerdo con las siguientes modalidades, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto: A) Comodato modal. En esta modalidad y por un plazo máximo de 2 (dos) años, serán asignadas a víctimas de violencia doméstica, quienes deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 4º de la presente ley y cuyo núcleo familiar tenga un ingreso mensual igual o inferior a dos salarios mínimos nacionales. B) Usufructo oneroso. Esta modalidad se utilizará para atender las situaciones de personas cuyos ingresos sean superiores a 2 (dos) salarios mínimos nacionales, pero resulten insuficientes para acceder a un arrendamiento considerando las necesidades básicas de su núcleo familiar. Será otorgado por un plazo máximo de 2 (dos) años. El emolumento correspondiente se determinará conforme a criterios de razonabilidad y previendo la cobertura del sustento básico del núcleo familiar. C) Arrendamiento con opción a compra. El término de duración del contrato respectivo será de 2 (dos) años como máximo, con un precio mensual por concepto de arrendamiento que no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional ocupante. Al finalizar el contrato de arrendamiento se otorgará la opción de compra, a cuyos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley. Artículo 4º. (Requisitos para acceder al régimen especial).- A efectos de acceder a una vivienda por alguna de las modalidades a que refiere esta ley deberán darse las siguientes condiciones: A) Existencia de un procedimiento judicial, en materia penal o de familia, del cual surja el sufrimiento de daño o la presencia de indicadores de riesgo que pongan en peligro la vida o la integridad física o psíquica de la persona o de alguno de los integrantes de su núcleo familiar, determinando la necesidad de abandonar el lugar de residencia para asegurar su protección. Para ello deberá mediar solicitud escrita del Juzgado competente al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a efectos de que la persona sea amparada por las disposiciones de esta ley.

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B) Carecer de la posibilidad de acceso a una solución habitacional inmediata por razones tales como: poseer ingresos iguales o inferiores a 2 (dos) salarios mínimos nacionales o que siendo mayores resulten claramente insuficientes para satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar; poseer una vivienda propia pero a la cual no se pueda acceder en virtud de la existencia de una situación jurídica que obste al ejercicio del derecho de propiedad o impida su goce. Cuando la situación jurídica que obstaculiza el ejercicio de ese derecho admita acciones judiciales para su recuperación, tendrán derecho a ser atendidos con prioridad por los servicios que brinda la Defensoría de Oficio o los consultorios de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Los trámites que correspondan deberán iniciarse dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la solicitud a que refiere el literal A) del presente artículo. C) Informe fundado del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), determinando la modalidad de acceso al régimen especial conforme al relevamiento de información realizado. Artículo 5º. (Criterios a priorizar para el acceso a las viviendas).- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) deberá considerar especialmente en el informe fundado: A) Las consideraciones que hubiere realizado el Tribunal competente al solicitar el amparo de la persona en el régimen de esta ley. B) Que como resultado de la violencia ejercida resulte una incapacidad física o psíquica, parcial o definitiva, o que disminuya seriamente sus posibilidades de acceso a una solución habitacional compatible con su estado o condición. C) Ingresos insuficientes que impidan asumir por sí los costos de una solución habitacional y la cobertura de las necesidades básicas y las del núcleo familiar a su cargo. Artículo 6º. (Calidad de ahorrista habilitado).- Las víctimas de violencia doméstica que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4º de la presente ley podrán acceder, a esos efectos, a todas las líneas de crédito que tenga habilitadas el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en las mismas condiciones que el ahorrista habilitado. Para acreditar esa calidad deberán presentar ante las autoridades correspondientes del BHU testimonio expedido por el Juzgado competente que haya en-

tendido en su causa y requerido el amparo al régimen especial previsto en esta ley. Artículo 7º. (Obligaciones de las personas amparadas por la ley).- Serán aplicables a los casos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 3º de la presente ley: A) Cuidar la vivienda, manteniéndola libre de otros ocupantes y en buen estado de conservación mientras esté vigente el beneficio otorgado. B) Habitarla en forma permanente y únicamente por los beneficiarios inicialmente amparados por el régimen de esta ley. Toda situación superviniente que implique una modificación en la integración del núcleo de personas originalmente asistidas a su amparo, deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quien formulará los cambios que considere necesarios en la nueva situación. Los actos jurídicos a que diera lugar la resolución que se adopte serán notificados al beneficiario de la presente ley de acuerdo a las normas en vigencia. C) No variar su destino exclusivo como casa-habitación. D) No realizar ninguna mejora o modificación en la vivienda sin contar con la autorización expresa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En caso de autorización no dará lugar a ninguna reclamación ulterior de la persona beneficiada. E) Presentar dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada sexto mes, ante el MIDES, el o los certificados que acrediten que durante el mes anterior se cumplió con la asistencia regular a los institutos de enseñanza formal de los integrantes del núcleo familiar menores de edad que se encuentren comprendidos en las edades obligatorias de escolarización. F) Facilitar y permitir el desarrollo de las inspecciones del MIDES, que se realicen para verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin necesidad de aviso previo. G) Reintegrar el bien inmueble en buen estado de conservación al tiempo de su entrega. H) Comunicar al MIDES su intención de reintegrar el bien por el cese de los motivos que determinaron el amparo. En este caso acordará con la autoridad a la que pertenece el inmueble

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(MVOTMA, BHU) a los efectos administrativos que correspondan. La violación de alguna de las obligaciones establecidas anteriormente podrá determinar el cese del beneficio otorgado, debiéndose comunicar al Juzgado competente. Éste deberá disponer el reintegro de la vivienda a las autoridades pertinentes en un plazo máximo de 30 (treinta) días, pudiendo adoptar todas las medidas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley sin más trámite. La resolución se adoptará en única audiencia con presencia del comodatario o usufructuario y del representante del MIDES. La resolución que se adopte no admitirá recurso alguno. En el caso del arrendatario la violación dará lugar al inicio de las acciones que establece el régimen común, sin perjuicio de otras que hayan sido pactadas al regular la respectiva relación contractual. Artículo 8º. (Obligaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).- El MIDES será responsable de realizar las siguientes actuaciones: A) Recibir las comunicaciones de los Juzgados competentes que requieran el amparo al régimen de esta ley. B) Verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. C) Realizar la solicitud fundada de otorgamiento de la vivienda en caso de los literales A), B) y C) del artículo 3º de esta ley ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), haciendo constar el lugar del país donde deberían radicarse los beneficiarios, acompañada de los recaudos correspondientes. D) Requerir de las autoridades de la enseñanza, si correspondiere, se efectúen los traslados departamentales o interdepartamentales que fueren necesarios respecto a los menores de edad que se encuentren comprendidos en las edades obligatorias de escolarización al nuevo lugar de residencia para asegurar la permanencia en el sistema formal de enseñanza y la continuidad del proceso educativo en curso. A tales efectos, las respectivas autoridades, darán la máxima prioridad a la solicitud. E) Requerir al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), la incorporación de los niños y niñas menores de 4 (cuatro) años en el Plan CAIF y de los mayores de esa edad en otros programas que complementen el horario

escolar. La solicitud será considerada de máxima prioridad. F) Realizar, a solicitud de las autoridades judiciales competentes, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), o de oficio, todas las inspecciones que sean necesarias a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos que habilitan el otorgamiento y mantenimiento del beneficio especial que establece la presente ley. G) 6 (seis) meses antes de la finalización del plazo del comodato modal, usufructo oneroso o arrendamiento, deberá requerirse a la persona amparada por el régimen de esta ley que indique: – La forma en que se resolverá la situación habitacional al finalizar el beneficio. – La especificación de los medios de sostenimiento material con que se espera cuente el núcleo familiar para encarar su nuevo proyecto de vida. – La necesidad de mantener por un nuevo período el amparo que otorga la presente ley. H) Cerrar de oficio o a petición de parte las actuaciones administrativas, dando por finalizado el proceso de acompañamiento de la víctima cuando ésta obtenga una solución habitacional definitiva, al estar ésta en pleno goce de sus derechos y libertades. Artículo 9º. (Obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).- Será responsabilidad del MVOTMA: A) Diligenciar y resolver con la máxima prioridad las solicitudes que le curse el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). B) Asignar las viviendas destinadas a cumplir con la finalidad de la presente ley en condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta, además, el número de integrantes del núcleo familiar y los informes y sugerencias realizadas por los técnicos del MIDES. C) Informar mensualmente al MIDES la nómina de las personas beneficiadas y la modalidad de entrega seleccionada para el caso concreto, así como las situaciones que se encuentran pendientes con expresión de causa. Artículo 10. (Del cese de los beneficios).- Los beneficios que otorga el régimen especial reglado por

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las disposiciones de la presente ley cesarán por las siguientes causales: A) Vencimiento del plazo sin que exista necesidad de renovación. B) Incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 7º de la presente ley, comprobado fehacientemente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). C) Cambio superviniente en la situación original que motivó la protección especial, previo informe fundado del MIDES al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). D) Solicitud expresa de la persona titular del beneficio. Artículo 11. (Coordinación de actuaciones).- Los organismos públicos involucrados en las disposiciones de la presente ley realizarán todas las coordinaciones que estimen necesarias y se prestarán los apoyos recíprocos para cumplir con su finalidad. Montevideo, 22 de julio de 2010. MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La violencia doméstica es un grave problema social que produce daños irreparables, afectando la calidad de vida de las personas directa o indirectamente involucradas, la equidad de trato y oportunidades, el desarrollo humano sostenible y la justicia social. Es un fenómeno complejo, multicausal y extendido, que abarca la violencia conyugal, el maltrato infantil, el abuso sexual intrafamiliar, el maltrato a personas ancianas y discapacitadas, entre otros. Puede darse en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeducativos, involucrando a personas de ambos sexos y de todas las edades. Tiene que ver con el manejo del poder y el control que una persona puede llegar a ejercer sobre otra, en

relaciones afectivas (presentes o pasadas), de parentesco o de cohabitación. Se aprende y se trasmite de generación en generación. Los grupos que presentan índices más altos de vulnerabilidad, y que, por tanto, son más proclives a constituirse en víctimas son: las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores y los discapacitados. La proporción de hombres que padecen violencia doméstica es de escasa significación, pero también los hay. No existe un perfil único de la persona violenta. Provienen de todos los grupos etarios, raza, estado civil, nivel socioeconómico, orientación sexual, nivel educativo, etcétera. Por otra parte, la violencia doméstica reconoce la existencia de circuitos repetitivos de abuso (psicológicos o emocionales, físicos, sexuales, económico-financieros y otros), sea por acción o por omisión, que integran el ciclo de la violencia. De allí la trascendencia que tiene actuar tempranamente minimizando los procesos de revictimización y cortando la reproducción del fenómeno. Las secuelas o consecuencias de este problema afectan derechos humanos fundamentales: la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, entre otros, traduciéndose en costos económicos y sociales y en años de vida saludable perdidos para las personas y para el capital social del país. La violencia doméstica genera una forma de exclusión social que da cuenta de la imposibilidad de ciertas personas de gozar del conjunto de derechos y deberes que les están reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente. Así, se ve comprometido su acceso a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, entre otras grandes áreas temáticas. Ello determina, como consecuencia, la poca probabilidad de su participación en la construcción de proyectos de vida acordes a sus potencialidades, en que se reconozcan y sean reconocidos como protagonistas activos en los procesos de elección y decisión que supone su pertenencia a un sistema democrático-republicano de organización social. La Constitución Nacional consagra en su artículo 45 que “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”. Se trata de una norma programática que responde al reconocimiento de un derecho humano esencial, de alcance individual y colectivo.

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La gravedad social del tema de la violencia doméstica ha sido asumida jurídicamente por el Estado uruguayo, que en 1995, a través del artículo 18 de la Ley Nº 16.707, reconoció como delito la violencia doméstica, incorporándola al Código Penal como artículo 321 bis, en el título de delitos contra la personalidad física y moral del hombre. Por otra parte, en el año 2002 se aprobó la Ley Nº 17.514, “Ley de Violencia Doméstica”, de 2 de julio de 2002, que apuntó a la prevención e intervención en el tema, incluso cuando ello no constituye delito. Dicha ley, en su artículo 24, creó el “Consejo Nacional Consultivo Honorario de Lucha contra la Violencia Doméstica”, que fue responsable de la elaboración del “Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010”, cuyo objetivo era “diseñar y gestionar políticas públicas específicas para la erradicación de la violencia doméstica en el ámbito nacional, liderando los procesos que garanticen la protección, prevención y promoción de derechos”. Para lo cual específicamente se recomienda la “Creación de respuestas alternativas para la atención de víctimas de violencia doméstica que tengan como principal objetivo la protección inmediata en los casos de violencia extrema y riesgo para su vida o su integridad asegurando las soluciones habitacionales correspondientes”. Como antecedente en esta materia, Carpeta Nº 2886, de abril de 2003, se presentó el proyecto de ley “Viviendas para Víctimas de la Violencia Doméstica”, a través del cual intentamos impulsar una solución a este problema. El Plan Quinquenal de Vivienda (2005 – 2009), del Período de Gobierno anterior, definió como objetivo central “mejorar las condiciones habitacionales de la población, considerada ésta en su diversidad (socio-económica, etaria, étnica, cultural, de género) para garantizar un derecho ciudadano”, buscando abrir los “canales de acceso a la vivienda adecuada y a la ciudad para sectores sociales que no tienen posibilidades de acceder al mercado de la vivienda si no es a través del MVOTMA”. Dentro de este contexto se han implementado políticas de subsidios de alquiler para sectores de población en situación de vulnerabilidad social que exigen respuestas habitacionales urgentes, como es el caso de la “atención de mujeres en situación de salida de violencia doméstica” en coordinación con el MIDES.

A través de este proyecto de ley buscamos consolidar y universalizar las políticas de soluciones habitacionales para la protección de las víctimas de violencia doméstica, transformándolas en políticas públicas de Estado, estables, que perduren en el tiempo más allá de los Gobiernos. La estadística oficial elaborada por el Ministerio del Interior muestra datos trascendentes de los impactos de este fenómeno sobre nuestra sociedad durante los últimos años: – en el año 2005 se registraron 5.037 casos de violencia doméstica, y en el año 2009 esa cifra ha llegado a 9.521 casos. – durante los años 2008 y 2009 la violencia doméstica es el delito con más denuncias luego de los hurtos y las rapiñas. – la violencia doméstica representa el 50,5% de los delitos contra la persona. – se produce una denuncia por violencia doméstica cada 40 minutos. – en el Uruguay, aproximadamente cada 10 días se mata o se intenta matar a una mujer por violencia doméstica. – estas cifras empeoran: en los primeros cuatro meses del 2010 fueron asesinadas 20 mujeres, víctimas de la violencia doméstica. – la mayoría de estas víctimas ya había denunciado su situación. El Estado no fue capaz de impedir el desenlace fatal. Por todo lo expuesto, para brindar una solución habitacional a las víctimas de violencia doméstica, es que se ha considerado oportuno crear un régimen especial y recurrir a la competencia que pueden desplegar el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Ambas instituciones poseen recursos que permiten, mediante una adecuada coordinación entre sí y con otras autoridades públicas, privadas y comunitarias, el desarrollo de acciones de protección, sin perjuicio de la necesaria participación de las autoridades judiciales y de los magistrados fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Montevideo, 22 de julio de 2010. MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, JUAN MANUEL GARINO GRUSS, Representante por Montevideo, DANIEL BIANCHI, Re-

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presentante por Colonia, GRACIELA MATIAUDA ESPINO, Representante por Canelones, FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo, GUSTAVO CERSÓSIMO, Representante por San José, JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano, JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante por Montevideo”. D) “ASPECTOS CONCERNIENTES A LAS ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES O ILEGALES. (Se declaran de interés general) PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I Artículo 1º.- Decláranse de interés general todos los aspectos concernientes a las adicciones, muy especialmente los relativos al consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales. Se reputa tal aquel que afecta alguna o más de las siguientes áreas: salud física o psicológica, relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos, etcétera), relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio, etcétera) y/o la ley. Artículo 2º.- Considéranse las adicciones enfermedades crónicas y recurrentes, que deben ser abordadas y tratadas como un asunto de salud pública. Artículo 3º. (Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción social).- Créase el Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción de consumidores problemáticos y adictos. Este sistema tendrá carácter gratuito y universal. El sistema nucleará a todos los centros de internación del país (estatales y privados) con la finalidad de coordinar acciones entre todas las instituciones y organismos del Estado vinculadas con la rehabilitación y reinserción social. Su integración y conformación estará dentro de la esfera de competencias del Ministerio de Salud Pública que evaluará el ingreso de cada centro a dicho sistema así como también deberá evaluar resultados de tratamientos. Dentro de este Sistema estará la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías. Artículo 4º. (Fondo Nacional de Rehabilitación y Reinserción de Consumidores problemáticos y adictos).- El Estado deberá procurar un adecuado financiamiento de los programas de tratamiento de la dependencia de drogas, buscando que éstos tengan la mejor calidad, accesibilidad y cobertura posibles. Se creará el Fondo Nacional de Lucha Contra el Consu-

mo Problemático de Drogas para el financiamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción. El Fondo se nutrirá de recursos presupuestales, recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud y fondos de cooperación internacional así como también se dispondrá del producido de la incautación de bienes, productos o instrumentos obtenidos a raíz del narcotráfico. La administración del Fondo corresponderá al Ministerio de Salud Pública. Artículo 5º.- Es competencia de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías realizar los diagnósticos de adicción y consumo problemático. Dicha Comisión dependerá directamente del Ministerio de Salud Pública. 5.1) A los efectos del cumplimiento de estos cometidos, se realizará un abordaje a través de equipos multidisciplinarios conformados por médicos, psiquiatras, psicólogos, operadores terapéuticos y asistentes sociales, sin perjuicio de considerar otras especialidades técnicas que se consideren convenientes. 5.2) Así, tras el abordaje multidisciplinario, se indicará el tratamiento, a través de un proceso de acuerdo a este tipo de enfermedades crónicas en el que pueden ser necesarios múltiples episodios de tratamiento de distinta índole, en diferentes combinaciones y con distintas temporalidades, adaptándolo a cada caso en particular para conseguir el éxito terapéutico. Artículo 6º. (De la captación de los adictos).- Se procurará por diferentes medios la captación precoz del adicto o consumidor problemático para adherirlo a un régimen de tratamiento. La petición de evaluación ante la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías (CNLT) podrá ser formulada por el propio adicto o consumidor problemático, su núcleo familiar, Ministerio Público, Ministerio de Salud Publica, así como también cualquier institución que integre el Sistema Nacional Integrado de Salud, Ministerio del Interior o quien manifieste un interés legítimo. La CNLT elaborará la evaluación diagnóstica, recomendando el tratamiento pertinente para cada caso; este informe se elevará directamente al magistrado interviniente, quien ordenará la asistencia sanitaria necesaria. Artículo 7º. (Planes educativos).- Se crea una Comisión para la elaboración de planes educativos y laborales especializados para los consumidores problemáticos internados en centros de recuperación y

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reinserción o ambulatorios. La Comisión estará integrada por representantes de los centros de internación públicos y privados, Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y los programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo. Los programas educativos deberán tener en cuenta los siguientes principios orientadores: A) La realidad de los pacientes, procurando incentivar la adquisición de conocimientos y destrezas en función de su grado de recuperación, siempre promoviendo la concurrencia, empeño y motivación. B) La reintegración del paciente al sistema educativo formal. Se habilitarán en los centros cursos de apoyo para evitar la pérdida de años lectivos de los pacientes. C) La reinserción al trabajo a través de la normativa de incentivos laborales existentes. Artículo 8º. (Seguimiento y monitoreo).- En la medida que la rehabilitación es un proceso paulatino y progresivo, donde son frecuentes las recaídas, se realizará un seguimiento por un período no menor a 3 (tres) años, supervisado por la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías (CNLT). CAPÍTULO II Artículo 9º. (Captación y pena sustitutiva).- El Oficial de turno en las comisarías de todo el país realizará un abordaje primario sobre consumo de pasta base a todos los detenidos, realizando un diagnóstico de “presunción clínica de consumidor”. El ítem diagnóstico presuntivo de consumo de pasta base será obligatorio en todos los partes al Juez. Para ello deberá realizarse un plan de capacitación a todos los Oficiales de Policía del país a cargo de la Junta Nacional de Drogas, el que deberá presentarse a los 60 (sesenta) días de puesta en vigencia esta ley. Aquella persona que, luego del abordaje primario tuviese el diagnóstico clínico presuntivo de consumo problemático, será visto en las siguientes cuatro horas por un médico de una puerta de Emergencia y luego será derivado indefectiblemente por el Juez a la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías (CNLT), la cual deberá realizar un diagnóstico en 24 (veinticuatro) horas al Magistrado interviniente, el cual hará uso de la Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por la Ley Nº 17.016, de 28 de octubre de 1998.

Artículo 10. (Plan Estratégico Nacional para la Lucha contra la Pasta Base).- La Junta Nacional de Drogas deberá formular un Plan Estratégico Nacional para la lucha contra la pasta base, siguiendo las directrices establecidas en esta ley, dentro de los 100 ( cien) días de aprobada. El Plan Estratégico Nacional deberá incluir: A) Una campaña de difusión pública y en el sistema educativo sobre las adicciones, consumo problemático y la pasta base. B) La coordinación de acciones entre centros de rehabilitación públicos y privados, así como de organizaciones especializadas en adicciones. C) Establecer un plan de emergencia para dar capacidad para iniciar el tratamiento de internación de al menos 500 (quinientos) pacientes, incluyendo centros propios del programa así como también convenios con organizaciones no gubernamentales de trayectoria en el medio. D) La capacitación de los Oficiales de Policía, para realizar el abordaje primario y poder hacer un diagnóstico clínico presuntivo de consumo problemático. E) Implementar que el informe que se eleva al Juez lleve un ítem sobre diagnóstico clínico presuntivo de consumo problemático. F) Se generará un protocolo de derivación, para aquellos adictos que sean detectados en los diversos centros de salud del país, coordinando una entrevista de forma inmediata con la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías (CNLT). El diseño de este protocolo estará a cargo del Ministerio de Salud Pública. G) Implementar un programa de apoyo y soporte a la familia del adicto de pasta base de cocaína. Artículo 11. (Centros de recuperación y reinserción para delincuentes con pena sustitutiva de la reclusión por la internación).- Los centros serán de dos tipos: A) Centros de alto riesgo los cuales albergarán a los pacientes que luego del abordaje primario sean estratificados como de “difícil manejo o compleja rehabilitación”, o reclusos con estratificación en otro nivel inferior de seguridad que por problemas de conductas podrán ser enviados a este nivel, los cuales no albergarán a más de 30 (treinta) pacientes cada uno.

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B) Centros de riesgo intermedio y bajo: podrán ser albergados todos aquellos adictos o consumidores problemáticos que puedan concurrir por sus propios medios o por solicitud familiar, así como también los infractores por disposición judicial, según disponga la ley, los cuales albergarán un máximo de 50 (cincuenta) pacientes. Los Centros de Recuperación y reinserción tendrán competencia, cargo de la tutela, cuidado, rehabilitación, educación y capacitación de los pacientes en un marco de contención basado en el respeto y la dignificación del hombre, con un abordaje integral que ponga en el centro del problema al individuo, abordándolo interdisciplinariamente y dándole verdaderos elementos para una correcta reinserción social; elementos reales para enfrentar una sociedad compleja y que por prejuicio lo buscará rechazar. El Estado velará por que los centros realicen un trabajo de integración entre pacientes, la familia y la sociedad, preocupándose por el entorno del paciente, brindándole a la familia los mecanismos para poder afrontar y ser continente de este paciente. Montevideo, 14 de julio de 2010. MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente iniciativa se circunscribe dentro de una necesidad de la sociedad actual y, por ende, de la insatisfacción jurídica existente ante el tema. En efecto, el legislador no puede ser indiferente frente a los mandatos constitucionales. Específicamente, el artículo 44 de nuestra Carta Magna, Disposición que debe ser leída en su totalidad, vale decir, no sólo en lo relativo al derecho de los habitantes de la República a la salud, sino también en cuanto al deber del cuidado de la misma, y contextualizada especialmente con el artículo 10 de nuestra Constitución, la cual consagra el principio de autodeterminación de los sujetos, el cual resulta radicalmente alterado en las personas adictas y muy especialmente en los adictos a sustancias psicoactivas.

La adicción es una enfermedad, sobre todo las adicciones a sustancias psicoactivas, y dentro de ellas en particular la llamada “pasta base”, por la distorsión de la realidad que la misma ocasiona, expresión esta última que hemos preferido utilizar en el proyecto que se presenta pues la norma jurídica debe tener una vocación de permanencia. En efecto, no podemos hoy legislar pensando en la pasta base exclusivamente, para luego nuevamente legislar en base a la casuística. Los hechos han demostrado que cuando se encuentran expresiones que tienden a perdurar y a ampliar el espectro interpretativo acompasándose a la realidad, se ha tenido éxito. Evidentemente, cuando de adicciones se trata el mejor mecanismo para combatirlas es la prevención, por lo que se deberán realizar enérgicas campañas antidrogas, así como promocionar hábitos y conductas saludables. Sin embargo, se ha instalado en la región una situación como es el rápido crecimiento del consumo de esta sustancia altamente adictiva y toxica, y el ascenso en la criminalidad debido a su estrecho relacionamiento. Por lo tanto, este proyecto propone una serie de medidas tendientes a enfrentar dicha circunstancia, disminuir los daños y reinsertar al adicto en la sociedad. El proyecto pretende atacar el problema de las adicciones en general y en particular el de la pasta base de cocaína (PBC) de una forma transversal y para esto planteamos dos grandes ejes de propuestas. En un primer eje situaríamos la creación del Sistema Nacional gratuito y de cobertura universal, orientado a la rehabilitación y reinserción social. El sistema nucleará y controlará a todos los centros de internación que pertenezcan al mismo así como también fijará y abonará a cada institución (estatal o privada) una cuota mensual fija por cada paciente internado, que vendrá del Fondo Nacional de Rehabilitación y Reinserción de Consumidores problemáticos y adictos. Contará con centros de rehabilitación distribuidos por zonas en todo el país según criterios epidemiológicos, terapéuticos y de seguridad; en estos centros, aparte del tratamiento de la adicción también se realizará una fuerte formación educacional. El sistema antes mencionado contará no solo con los centros edificados por el Estado sino que mancomunará y coordinara esfuerzos técnicos y materiales con las ONG sin fines de lucro que vienen desarrollando con éxito la rehabilitación de adictos durante décadas y cuya experiencia es imprescindible para el correcto desarrollo del combate a este nuevo flagelo que ataca nuestra sociedad. Este sistema también deberá trabajar muy comprometidamente con la familia, brindándole los

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mecanismos para poder afrontar y ser continente de este paciente. Un segundo eje plantea como fundamental la captación precoz del adicto. Para este objetivo, se pretende la más estricta aplicación del marco legal vigente, de una manera responsable y comprometida con el consumidor, con su familia y entorno, no menos víctima de la situación. Para esto jerarquizamos el rol de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías, la cual deberá garantizar el acceso a este sistema de todos los adictos, diagnosticados por esta. En particular sobre el consumo de pasta base debemos plantear medidas puntuales dado el perfil de los consumidores; sabemos que muchas veces el único contacto con el “sistema” es cuando son detenidos por algún delito; por eso entendemos como fundamental capacitar a los Oficiales de Policía de todo el país para que puedan realizar un abordaje primario sobre adicción a todos los detenidos, con lo cual podrán ser capaces de realizar un diagnóstico de “presunción clínica de consumidor”, haciéndose obligatorio en todos los casos informar al Juez sobre este punto. De tal manera los detenidos que luego del abordaje primario “impresionen consumidores” deberán ser indefectiblemente derivados por el Juez a la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías (CNLT) la cual elevará un diagnóstico en 24 horas al Magistrado y en caso de ser un diagnóstico positivo de adicción a la PBC, podrá hacer aplicación de la Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por la Ley Nº 17.016, de 28 de octubre de 1998, de estupefacientes. Estas normas dotan al Magistrado de poder para aplicarle al consumidor medidas de rehabilitación, con lo cual ingresaría al Sistema Nacional de PBC. Cabe señalar que a nuestro entender no se deberían crear nuevos organismos, sino que la Junta Nacional de Drogas es el medio indicado para llevar adelante este proyecto, con personal capaz y con profundo compromiso social. Ningún dinero invertido para salvar una vida es mucho. Asimismo, el proyecto intenta promover una aplicación integral e intensiva del marco jurídico vigente con el máximo respeto a los derechos humanos de los involucrados. Como expresa la UNODC: “Justos y eficaces sistemas de justicia penal que garanticen el respeto de los derechos humanos de todos los implicados son un requisito indispensable para la lucha contra la delincuencia y para la construcción de sociedades basadas en el Estado de Derecho”.

El proyecto ha tenido una gestación de carácter multidisciplinario, en la medida que se ha consultado a un conjunto de técnicos expertos en toxicología, en derecho penal, psiquiatras, psicólogos, economistas y contadores públicos. Asimismo se ha consultado a organizaciones de la sociedad civil especializadas, que son un eslabón fundamental del sistema, entre otras especialistas y activistas de las organizaciones “Madres de la Plaza”, “Mi Cerro sin drogas”, “Por la libertad, la vida y la seguridad. No a la pasta base”, cuyos hijos son consumidores de pasta base. También organizaciones especializadas en el tratamiento, la Fundación “Manantiales”, la organización “Renacer” y “Ser Libre”. Montevideo, 14 de julio de 2010. MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ALMA MALLO CALVIÑO, Representante por Montevideo”. E) “EQUINOS Y CARROS TIRADOS POR EQUINOS. (Se prohíbe su circulación por la vía pública). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Prohíbese la circulación de equinos y de carros tirados por equinos en la vía pública de todas las zonas urbanas mayores de 5.000 habitantes. Artículo 2º.- A partir de la presente ley los funcionarios del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de las Intendencias Municipales, en el ámbito de sus competencias, especialmente habilitados y capacitados a tal fin, deberán controlar y fiscalizar el cumplimiento de las presentes disposiciones. Artículo 3º.- La requisa de los animales que vulneren la prohibición establecida en el artículo 1º competen, a través de su personal especializado: A) Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en vías de jurisdicción nacional; B) Al Ministerio del Interior, en el ámbito de su competencia y C) A las Intendencias Municipales, en las vías de sus respectivas jurisdicciones. Artículo 4º.- Los animales requisados podrán ser depositados bajo la jurisdicción del Depósito Albergue de semovientes de la ciudad de Montevideo; del Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército; de la Fa-

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cultad de Veterinaria de la Universidad de la República; en predios del Instituto Nacional de Colonización; en depósitos o predios de las Intendencias Municipales; quedando asimismo habilitada la reglamentación para la designación de otros lugares a tales efectos. Y no podrán ser retirados hasta tanto se haga efectivo el pago de la multa correspondiente y gastos de transporte y manutención. Pasados seis meses sin que el animal sea retirado, se procederá a su esterilización por los Servicios competentes conforme lo establecerá la reglamentación y podrán luego ser ofrecidos a las Protectoras de Animales o destinados a tareas de campo y/o equinoterapia. Artículo 5º.- Las infracciones a la presente ley darán lugar a las siguientes multas: primera infracción 10 Unidades Reajustables; segunda infracción 20 Unidades Reajustables; tercera y más infracciones 50 Unidades Reajustables. Las Intendencias Departamentales serán las encargadas de la cobranza y administración de las referidas multas. Los montos recaudados por concepto de multas serán destinados a un Fondo para las Protectoras de Animales conforme lo establecerá la reglamentación de esta ley. Artículo 6º.- Quedan excluidos de las disposiciones de esta ley los equinos y los carros tirados por equinos con fines recreativos, deportivos, actividades cívicas y de las Fuerzas Armadas y Policiales. Artículo 7º.- A los efectos de la presente normativa se entenderán por equinos: los caballos, los potrillos, las mulas, los asnos y los ponis. Artículo 8º.- La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de noventa días y entrará en vigencia a los ciento ochenta días de su promulgación. Artículo 9º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. Montevideo, 20 de julio de 2010. ANÍBAL GLOODTDOFSKY, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Oficialmente habría en Montevideo unos 7.500 carros recolectores de residuos, y unos 5.000 caballos, pero los recicladores dicen que son el doble. Los carros con caballos transitan por avenidas, generan y provocan inseguridad y accidentes. Los caballos son un problema de tránsito en todo el país y además debe de velarse contra su maltrato. Pero como es lógico, la actividad y presencia de los “carritos” con caballos es mayor en los centros urbanos, principalmente en Montevideo. Pero los caba-

llos están en todos lados. Y en muchos casos, en calles y avenidas por las que no deberían transitar. En los accesos, vía de paso hacia distintos asentamientos y aún jurisdicción de Policía Caminera, ocurren muchos de los accidentes que involucran a carros recolectores. Los caballos no deben circular por las calles y avenidas, con la gran cantidad de vehículos que se desplazan. Suelen asustarse, desbocarse y provocar accidentes, o simplemente caer en medio de una Avenida por cansancio o dolores en su cuerpo. Si bien en la mayoría de los casos la víctima fatal es el caballo, en los últimos tiempos se han constatado víctimas mortales humanas. A ello se agrega que los carros tirados por caballos deambulan sin ningún tipo de control, sin luces, a contramano, guiados por menores de edad, todos estos hechos prohibidos en las Ordenanzas municipales. No existe a su vez un efectivo contralor para carros tirados por caballos, cuando en diversas normativas de Tránsito y Transporte, (Artículos D 538, 539 y 540, referentes a la circulación y en el Artículo D 736 se prohíbe claramente el maltrato y la conducción por menores de 18 años) como en Ordenanzas y Digestos, queda establecido que es la Intendencia de cada departamento quien debe reglamentar los vehículos de tracción animal y sus normas al respecto. Tampoco llevan las guías de propiedad del animal, como llevan la libreta de conducir los conductores de otro tipo de vehículos. También circulan por todo Montevideo carros tirados por caballos desherrados, llagados, yeguas preñadas, potrillos, animales enfermos, flacos o maltratados. Además hay una gran cantidad de estos animales que ni siquiera están marcados, son orejanos, los cuales también tienen prohibida su circulación por el Código Rural. Los accidentes que involucran a carros tirados por caballos, son importantes y desembocan en tragedias con costo de vidas humanas y trágicos sucesos. Un breve racconto de algunos episodios de prensa incluye el de un conductor que se llevó el susto de su vida cuando conducía su camioneta a la altura de la rambla y Ejido. Un hurgador estaba en una volqueta cuando su equino se desbocó y comenzó a correr sin control y a contramano, por Ejido hacia la rambla. Allí, el chofer de la camioneta intentó eludir al equino, al que golpeó en la cabeza. El resultado: el caballo quedó tendido en el asfalto, con el cráneo destrozado, tendido en un charco de sangre. Y la camioneta volcó, aunque el conductor no sufrió lesiones de entidad.

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La trágica escena fue vista por cientos de conductores que pasaron por la rambla en horas de la mañana. Por otro lado en la esquina de Soriano y Paraguay, el caso de un caballo, que tiraba de un carro, se desbocó y chocó contra un taxi que se encontraba a su lado, y como resultado el animal tuvo que ser sacrificado. El otro episodio fue en el que una muchacha de 24 años y un joven de 27 fueron internados luego de haber sido arrollados por un carro sin conductor tirado por un equino desbocado Y el recordado caso del caballo desbocado que en plena avenida 18 de julio, entró a una tienda, arrasando con mercadería, empleados y clientes. Los carros tirados por caballos protagonizan innumerables accidentes pero además los carros entorpecen el flujo del tránsito y realizan maniobras riesgosas atravesándose frente a los vehículos, obstaculizando la visión, deteniéndose sin previo aviso, cruzando con luz roja, conducidos por menores de edad, todo lo cual contribuye a perturbar el tránsito, dificultar la circulación y a generar una sensación de inseguridad. Constituyen por ende un peligro para su conductor y demás ocupantes así como otros usuarios de la vía pública, y para el propio animal y tienden a causar daños también a propiedades públicas o privadas Los carros se encuentran sometidos a las mismas reglamentaciones que el resto de los vehículos (semáforos, carteles de pare, etcétera) y sujetos a las mismas autoridades públicas (municipales en las zonas urbanas y policiales en las rutas), pero por lo general no cuentan con elementos de seguridad tales como señalización (luces, señaleros o balizas). Todas estas situaciones a su vez contravienen las disposiciones de la Ley Nº 18.191 de tránsito y seguridad vial en el territorio nacional del año 2007. En tal sentido el artículo 32 de la referida ley dispone que es obligatorio el uso de señales luminosas o reflectivas, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, en vehículos de tracción a sangre. A ello se suman los equinos que terminan muertos, enfermos o lastimados en las calles y hasta los problemas de maltrato animal. Cabe consignar que muchos de esos animales deben de tirar de un carro que carga un peso de entre 500 y 700 kilos. También la tracción a sangre trae aparejado robos, carneadas y muchas otras situaciones no deseadas. Según una ONG protectora de animales, un promedio de cuatro caballos por semana caen en la calle y la mitad muere.

La referida protectora de animales, así como diversos grupos de ciudadanos que se han movilizado, se han manifestado públicamente reclamando para que se saquen los caballos de las calles e impulsando que se tomen medidas para prohibir la circulación de caballos y de carros tirados por caballos en la vía pública. La sustitución de los caballos de los clasificadores por vehículos amigables con el medio ambiente es una iniciativa excelente y ella se debe propiciar, pero mientras tanto deben adoptarse medidas para paliar la problemática derivada de la circulación de caballos y de carros con tracción de equinos por los centros urbanos. Tampoco han dado solución a toda esta problemática ni el Reglamento Nacional de Circulación Vial (Decreto Nº118/984 de 23/3/984 y modificativos); ni las disposiciones del Digesto Municipal de Montevideo, Volumen 5, Libro IV – Del tránsito público, Parte Legislativa, Título V – De la circulación con animales, Capítulo Único, Artículo D.727 al Artículo D.736; ni la Ley Nº 5.657 que data de 1918. El tránsito y la seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público, en tanto involucran valores como la vida y la seguridad personal, que como tales merecen la protección de la ley. Montevideo, 20 de julio de 2010. ANÍBAL GLOODTDOFSKY, Representante por Montevideo”. F) “DÍA DE LA INTEGRACIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL. (Se declara el 13 de julio de cada año) PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Declárase el 13 de julio de cada año, día de la llegada a nuestro país de la victoriosa delegación celeste que participó del Mundial de Fútbol, como “Día de la Integración y la Unidad Nacional”. Artículo 2º.- Encomiéndase al Ministerio de Educación y Cultura y al de Turismo y Deporte, realizar, en el entorno de esa fecha, una serie de actividades culturales y deportivas, destinadas a resaltar los valores exhibidos por nuestros futbolistas, tendiendo a que nuestros jóvenes los reconozcan e integren y se acerquen a la práctica de los diferentes deportes como la mejor forma de alejarlos de los peligros que les ofrece hoy nuestra sociedad. Montevideo, 22 de julio de 2010. VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Nunca antes un evento deportivo, más allá de ser de carácter mundial, había incidido tanto en el nivel cultural de nuestra población. Sin ninguna duda, no pueden quedar solamente como alegres y hermosas jornadas las riquísimas experiencias que nos ha dejado la participación de nuestro seleccionado de fútbol en el reciente Mundial, ya que todos los uruguayos vibramos a su paso. Las enseñanzas y los valores que ese puñado de orientales expusieron con humildad frente al mundo, al lucir con orgullo de todos nosotros la casaca celeste y al hacer docencia, deben ser rescatados, valorados e integrados a las actuales y futuras generaciones de orientales. Nuestra delegación hizo gala, y todos se lo reconocemos, de humildad, coraje, valor, sacrificio, disciplina, entrega, solidaridad y respeto por nuestro país, por nuestro pueblo y por nuestros símbolos patrios. Pero al tiempo que ellos derrochaban estos valores, sembrándolos entre nuestra gente, especialmente entre los más jóvenes, a su lado había un pueblo que los percibía e integraba, y que a su amparo daba pasos históricos, alcanzando niveles nunca antes logrados en materia de unidad e integración. Por encima de clases sociales, de banderas partidarias o deportivas, de franjas etarias o niveles culturales, todos los uruguayos nos unimos y abrazamos bajo la gloriosa enseña patria blanca y celeste. Esto que hasta hace poco tiempo parecía imposible, porque nuestro mayor símbolo patrio había sido utilizado por la dictadura para protegerse bajo él, solicitando embanderamientos que la gente rechazaba. Hoy, para satisfacción de todos, eso fue dejado atrás, y no había vehículo, casa, negocio o uruguayo que con orgullo y respeto no exhibiera nuestra bandera. Este proyecto apunta entonces a recordar año a año estas hermosísimas jornadas, refrescando la memoria de los que las vivieron y haciendo que las futuras generaciones las conozcan y tengan la oportunidad de integrar los valores que ellas trasmiten, y de esta forma nos sirvan para aplicarlos en todas y cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Esa es la razón de nuestra propuesta de convertir el 13 de julio de cada año, fecha de la llegada de la triunfante delegación celeste a nuestro país, en un acontecimiento recordatorio de esas jornadas, el cual irá acompañado por las actividades que en conjunto puedan desarrollar el Ministerio de Educación y Cultura, y el de Turismo y Deporte, tratando de incentivar con diversos eventos, de orden cultural y deportivo, la participación ciudadana. Deberán destinarse funda-

mentalmente a los jóvenes, buscando que además de conocer e integrar los valores antes citados, éstos se sumen a las prácticas deportivas como la mejor forma de alejarse de otras totalmente negativas que ponen en riesgo nuestra sociedad, como son las drogas. Es por todas estas razones que entendemos sumamente importante que el Cuerpo apruebe el siguiente proyecto de ley. Montevideo, 22 de julio de 2010. VÍCTOR SEMPRONI, Representante por Canelones”. G) “SISTEMA BRAILLE Y TIFLOTECNOLOGÍA. (Incorporación a la facturación de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales y en sus respectivas páginas “web”) PROYECTO DE LEY Artículo 1º. (Creación).- Incorpórase a la facturación de los Entes públicos (Servicios Descentralizados, Entes Autónomos, Gobiernos Departamentales) el sistema Braille y la tiflotecnología en las páginas web de las citadas instituciones públicas. Artículo 2º. (Finalidad).- Brindar la posibilidad de que personas no videntes accedan a la información emitida por estos Entes, en relación al consumo mensual y el importe a pagar. Es parte de la integración, además el acceder a información, noticias y ofertas a través de la web. Artículo 3º. (Implementación).- Se incorporará al sistema de facturación de cada institución pública una impresora con sistema Braille y tiflotecnología aplicada a cada página web. Montevideo, 21 de julio de 2010. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Basándonos en la Ley Nº 18.651, de 19 febrero de 2010, es que hoy quiero plantear un proyecto como forma de instrumentación de la misma. El artículo 5º de la ley antes mencionada hace referencia a los derechos de los discapacitados, indicando que los mismos “gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido

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como a su familia”. Hace referencia al respecto a su dignidad humana, a disfrutar de una vida honrada y plena y resalto la posibilidad de permitirle lograr la mayor autonomía. Esto hace a la manera de desenvolverse por sí mismo en un mundo de constante cambio, donde la tecnología nos avasalla continuamente con sus logros y es nuestro deber ponerlos a disposición de estas personas para poder alcanzar su total inclusión. Es sabido que coexisten grupos de individuos que no perciben los beneficios que acontecen de los avances tecnológicos o se ven privados de ciertos derechos para nosotros irrelevantes por su cotidianeidad, en razón de sus discapacidades. Esta circunstancia requiere la especial atención de los investigadores, las empresas y, por sobre todo, del Estado, para un correcto y beneficioso desenvolvimiento social. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad realizada entre setiembre del año 2003 y agosto del año 2004, en Uruguay existe un 7,6% (253.388 personas) de la población con al menos una discapacidad. Respecto a las discapacidades declaradas, el mayor porcentaje (31,3%) refiere a las dificultades para caminar y le sigue la visión, ya sea ceguera o dificultades para ver (números de 2009, total de la población 3.334.052). Se entiende por concepto de discapacidad y según lo establecido en el artículo 2º de esta Ley Nº 18.651, a “toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. Específicamente, al referirnos a los no videntes, en la mayoría de los casos no logran alcanzar un desenvolvimiento normal, debido a la falta de contemplación acerca de sus posibilidades de acceso a los diferentes ámbitos. Y éste es el tema que pretendemos abordar a través del estudio de propuestas que apunten a mejorar las condiciones de desarrollo e interacción de los discapacitados visuales con la comunidad en la que cohabitan. Basándonos en los fundamentos antes expuestos, es que a través de este proyecto se procura facilitar el acceso a personas con discapacidad visual a la información, sobre las facturas emitidas por los Entes públicos de Uruguay (Servicios Descentralizados, Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales). Para ello se implementará la escritura en sistema Braille, a efectos de conocer su lectura y la tiflotecnología. Se

entiende como el uso de la tecnología aplicada a aquellos aparatos y dispositivos que les permiten a las personas ciegas su acceso a distintas tareas y conocimientos como son, por ejemplo, la lectura y la utilización de computadores (ONCE). A través de este servicio, se intenta ofrecer a la persona con discapacidad visual la total independencia del individuo, ya que no necesitará de un tercero para conocer su consumo, fecha de vencimiento y otros detalles que se incluyen en la factura. Asimismo, accediendo a la página web de cada institución pública sabrá acerca de la oferta y temas de interés; esto debido a la aplicación de la tiflotecnología que cada organismo deberá aplicar en su sistema. Dentro de los cometidos de esta propuesta, está lograr una sociedad inclusiva basada en el respeto por nuestros semejantes y apuntando a un plano de igualdad entre sus habitantes. En materia de especificar el proyecto y en relación a cómo se configura el sistema Braille, cabe destacar que es un código de escritura en relieve, basado en la combinación de puntos distribuidos en dos columnas. Considero como gran desafío de esta época la integración de los discapacitados, facilitándoles las tareas cotidianas. Montevideo, 21 de julio de 2010. RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia”. H) “RAÚL NEVER ORGAMBIDE. (Designación a la Escuela Rural Nº 64 del paraje La Alegría, 7ª Sección Judicial del departamento de Durazno) PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Desígnase “Raúl Never Orgambide” la Escuela Rural Nº 64, ubicada en el paraje La Alegría, de la 7ª Sección del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Montevideo, 15 de julio de 2010. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Escuela Rural Nº 64 del paraje La Alegría, 7ª Sección Policial del departamento de Durazno, fue inaugurada el 3 de julio de 1935, habiendo cumplido recientemente 75 años.

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La Escuela Nº 64 no cuenta con nombre propio, y es por ello que los padres de dicha Escuela, así como vecinos de la localidad, en oportunidad de conmemorarse los 75 años de la Escuela, nos han planteado formalmente su aspiración para que la Escuela Nº 64 se denomine “Raúl Never Orgambide”. El señor Raúl Never Orgambide nació el 20 de junio de 1924, y falleció el 25 de octubre de 2003; vivió y trabajó a lo largo de toda su vida en el paraje La Alegría, lo mismo que hicieran sus padres y que continúan hoy sus tres hijos. Ingresó como alumno a la Escuela Nº 64 en el año 1935, a la que asistieron también sus hijos, participando como integrante de la Comisión de Fomento y constituyéndose en un fuerte colaborador de la educación pública. El señor Raúl Orgambide, al decir de los proponentes, fue un ejemplo de actitud de servicio comunitario, realizado humilde y anónimamente; alcanza con mencionar el ejemplo de servicio que realizaba para con los vecinos de la zona, ya que al encontrarse tan alejada La Alegría de la población más cercana, La Paloma, el señor Orgambide, hasta el mismo día de su fallecimiento, traía y llevaba los encargos de los vecinos de la zona para que no debieran pagar fletes. Es de destacar que los descendientes del señor Raúl Orgambide han continuado la labor desarrollada por el mismo. Los mencionados padres y vecinos reconocen en el señor Orgambide a la persona más representativa por su apoyo y trayectoria con respecto a la educación pública y la Escuela Nº 64 en particular. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se solicita se designe la Escuela Nº 64 del departamento de Durazno con el nombre de “Raúl Never Orgambide”. Montevideo, 15 de julio de 2010. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”.

Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y por su intermedio al Consejo de Educación Secundaria y a la Inspección Departamental de Secundaria de Montevideo; y a la Comisión de Fomento del Barrio Capra, sobre la necesidad de construir un liceo en el citado barrio de Montevideo. C/19/010 La señora Representante Verónica Alonso y los señores Representantes José Arocena y Mario Silvera Araújo solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la emisión de un sello conmemorativo del exitoso desempeño de la selección uruguaya de fútbol en el Campeonato Mundial de Fútbol 2010 celebrado en Sudáfrica. C/19/010 El señor Representante Daniel Peña Fernández solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, acerca de la creación de una Escuela de Enseñanza Técnica para la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones. C/19/010 El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, y a la Dirección General de Registros; y de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Catastro, referente a la necesidad de regularizar la titulación de un inmueble ubicado en la localidad de Curtina, departamento de Tacuarembó, a efectos de su utilización para la construcción de un nuevo liceo. C/19/010 El señor Representante Alberto Casas solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y por su intermedio a la Dirección de las Colonias Psiquiátricas Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi; y de Interior, con destino a la Jefatura de Policía de San José; a la Intendencia y a la Junta Departamental del citado departamento, sobre la conveniencia de la construcción de un cerco perimetral en los referidos centros asistenciales. C/19/010 El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita a las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores; al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de nuestro país en la República de Cuba; a la Embajada de la República de Cuba en nuestro país; a la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y a su Comisión de Derechos Humanos, Justicia y

4.- Exposiciones escritas.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Está abierto el acto. (Es la hora 15 y 22) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Carmelo Vidalín solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo

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Políticas Carcelarias; y al Parlamento del MERCOSUR, relacionada con la admisión, por parte del Gobierno de la República de Cuba, de la existencia de presos políticos y de conciencia. C/19/010” ——-Se votarán oportunamente.

Jueves 15 de julio ESPECIAL: ADICCIONES Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBICAS Con aviso: Guzmán Pedreira; Julio César Fernández; Nelson Rodríguez Servetto. Martes 20 de julio

5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria en régimen de Comisión General realizada el día 14 de julio de 2010: Con aviso: Gustavo A. Espinosa. Sin aviso: Gustavo Coronel. Inasistencias a las Comisiones: Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Miércoles 14 de julio ASUNTOS INTERNACIONALES Con aviso: Daniel Peña Fernández. CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Gustavo Borsari Brenna. EDUCACIÓN Y CULTURA Con aviso: Rodolfo Caram. HACIENDA Con aviso: Iván Posada. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Con aviso: Verónica Alonso. PRESUPUESTOS Sin aviso: Aníbal Gloodtdofsky; Pablo Álvarez López. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Con aviso: Daniel Bianchi. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS Con aviso: Nelson Rodríguez Servetto. VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Con aviso: Susana Pereyra

INTEGRADA: PRESUPUESTOS-HACIENDA-R-2009 Con aviso: Germán Cardoso; Gustavo Bernini. Sin aviso: Aníbal Gloodtdofsky. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Con aviso: Daniel Radío. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS Con aviso: Julio César Fernández; Nelson Rodríguez Servetto. Miércoles 21 de julio CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Ana Lía Piñeyrúa Olmos; Aníbal Pereyra; Gustavo Cersósimo. DERECHOS HUMANOS Con aviso: Gonzalo Novales. INTEGRADA: HACIENDA-SALUD (C/119/10-C/77/10) Con aviso: Germán Cardoso; Gustavo Bernini; Jorge Gandini; Mario Guerrero; Pablo Abdala. Lunes 26 de julio INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Con aviso: Verónica Alonso; Walter Verri”.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Setenta y nueve en ochenta y dos: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) “Exposición del señor Representante Carmelo Vidalín al Ministerio de Educación y Cultura, con

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destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y por su intermedio al Consejo de Educación Secundaria y a la Inspección Departamental de Secundaria de Montevideo; y a la Comisión de Fomento del Barrio Capra, sobre la necesidad de construir un liceo en el citado barrio de Montevideo. “Montevideo, 15 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Secundaria y a la Inspección Departamental de Montevideo, y a la Comisión de Fomento de barrio Capra. El barrio Capra de la ciudad de Montevideo, es una de las zonas que ha tenido un importante crecimiento poblacional, estimándose en más de 2.000 las familias que residen actualmente. Según los datos recibidos -los que adjuntamos- son más de 600 niños los que concurren a la escuela primaria de la zona, quienes al egresar no cuentan con un liceo en las proximidades del barrio, debiendo trasladarse a zonas más lejanas para poder continuar sus estudios. El desarrollo cultural y humano de un país es la llave del progreso de cualquier nación, y la formación educativa es absolutamente primordial en ese sentido. La falta de un liceo en dicho barrio, sin duda, constituye un escollo importante al momento de definir la continuidad de los estudios por parte de los jóvenes y los padres que residen en dicho lugar. Es en ese sentido, que por la presente exposición escrita, solicitamos a las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP y del Consejo de Educación Secundaria, tengan a bien proveer los rubros presupuestales, así como disponer de los mecanismos que concluyan en la posibilidad de comenzar la construcción del nuevo liceo en el barrio Capra de la ciudad de Montevideo, anhelo de tantos padres y vecinos. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno”. 2) “Exposición de la señora Representante Verónica Alonso y los señores Representantes Mario Silvera Araújo y José Andrés Arocena al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la emisión de un sello conmemorativo del exitoso desempeño de la selección uruguaya

de fútbol en el Campeonato Mundial de Fútbol 2010 celebrado en Sudáfrica. “Montevideo, 15 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Correos. Todos los ciudadanos, hemos sido partícipes de una de las gestas deportivas más importante de los últimos cuarenta años de nuestro país. La Selección Uruguaya de Fútbol y su actuación en el Campeonato Mundial de Fútbol, Sudáfrica 2010, ha sido ejemplo de solidaridad grupal, confianza, empuje y compañerismo, todos valores de gran trascendencia para nuestra sociedad. Son ejemplo para la juventud, considerando que pertenecemos a un pequeño país, con escasos recursos económicos, con grandes dificultades, que compitió contra importantes potencias a nivel mundial. Nos dejan como legado, el concepto de que con organización y con los objetivos bien determinados, se pueden obtener los logros anhelados. Durante el desarrollo del Mundial, ese plantel deportivo, sirvió para unir al pueblo, dejando de lado todo tipo de rivalidad, encono y agrupándose bajo una misma consigna: el triunfo celeste. Fueron clave del éxito: la organización y el creer en sí mismos. El día 13 de julio de 2010, pasará a la historia como una de las manifestaciones sociales más memorables de nuestro país, el pueblo en todo su conjunto salió a la calle a expresar su gratitud. Por lo expuesto, por su dignidad deportiva, por ser ejemplo para las nuevas generaciones, por haberle brindado alegría a nuestro querido pueblo, solicitamos que se diligencien los mecanismos jurídicos y administrativos pertinentes, a efectos de emitir un sello conmemorativo de la cuarta ubicación obtenida por la Selección Uruguaya de Fútbol, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. MARIO SILVERA, Representante por Treinta y Tres; JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, y VERÓNICA ALONSO, Representante por Montevideo”. 3) “Exposición del señor Representante Daniel Peña Fernández al Ministerio de Educación y Cultura, acerca de la creación de una Escuela de Enseñanza Técnica para la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

“Montevideo, 20 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representan-

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tes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura. Motiva la presente, la necesidad de crear la Escuela de Enseñanza Técnica independiente para la ciudad de Los Cerrillos, del departamento de Canelones. Desde el año 1975, se han venido dictando cursos móviles del Consejo de Educación Técnico-Profesional en distintos locales ubicados en esa ciudad. Las sucesivas comisiones de fomento con su esfuerzo lograron la adquisición de un terreno para la edificación del local propio. A través de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se obtuvo la concreción edilicia y, desde el año 1982, los distintos cursos se dictan en el propio local con posterior ampliación, sito en el barrio María Cristina, de la citada localidad. Los cursos móviles fueron sustituidos por los Cursos Adaptados al Medio (CAM), que se dictan actualmente, los que no son suficientes para cubrir la demanda de los jóvenes o personas que buscan alternativas educacionales a la educación secundaria. A esto se suma, que por razones de distancias los cursos de enseñanza técnica se dictan en otras ciudades como Canelones, Santa Lucía o Las Piedras, lo que conlleva que muchos jóvenes no pueden acceder a los mismos por razones económicas. Hay antecedentes de que en otras localidades del departamento de Canelones, los CAM se han transformado en Escuelas de Educación Técnica. Por lo expuesto, solicito que se tome en cuenta este planteo para la creación de una Escuela de Enseñanza Técnica independiente, para la ciudad de Los Cerrillos. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Representante por Canelones”. 4) “Exposición del señor Representante Edgardo Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, y a la Dirección General de Registros; y de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Catastro, referente a la necesidad de regularizar la titulación de un inmueble ubicado en la localidad de Curtina, departamento de Tacuarembó, a efectos de su utilización para la construcción de un nuevo liceo.

“Montevideo, 22 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Con-

sejo de Educación Secundaria y a la Dirección General de Registros; y al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Catastro. Pueblo Curtina está ubicado a unos 50 kilómetros de la capital del departamento de Tacuarembó, sobre la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, donde viven unas 1.400 personas. Allí funciona un liceo al que concurren 170 estudiantes, que cursan Ciclo Básico y primer año de Segundo Ciclo. El local, es totalmente insuficiente e inadecuado, además de ser alquilado. El Consejo de Educación Secundaria constató esas carencias y priorizó la construcción de un liceo, según lo que expresan en un documento los arquitectos Artecona y Trillo. Sin embargo, dicha construcción no ha podido materializarse debido a que fracasaron las largas gestiones que se hicieron (durante varios años) para obtener en donación un predio del Ministerio del Interior. Dicha donación no llegó a concretarse por problemas en la documentación del referido bien. Procurando que se encuentre una solución adecuada, hemos buscado un lugar para construir el liceo sin el costo que sería para el Estado comprar un terreno. Es así, que nos encontramos con el bien inmueble padrón Nº 255, manzana 69, con una superficie de 2.465 metros cuadrados. Tiene la dimensión adecuada y está ubicado en un excelente lugar. Es propiedad del Consejo de Educación Inicial y Primaria, organismo que lo registró en la Dirección Nacional de Catastro en el año 1940. Desde siempre ese solar ha estado baldío. El día 21 del corriente, enviamos una comunicación al señor Presidente de ANEP, en la que solicitamos que dispusiera que los servicios técnicos del organismo regularizaran en forma urgente la documentación del bien mencionado, ya que aparece el registro en la Dirección Nacional de Catastro, pero no ocurre lo mismo en la Dirección General de Registros. Como datos complementarios e ilustrativos, agregamos que el padrón Nº 255 en cuestión, fue donado por el Coronel Escayola, el día 16 de octubre de 1888, quien, a su vez, lo había obtenido del señor Severiano Curtina. Creemos que procede regularizar la documentación de ese bien, que es del Estado, que está abandonado y que hay necesidad de utilizarlo. En la misma comunicación también solicitamos que una vez regularizado el inmueble, se lo destinara al Consejo de Educación Secundaria, para que allí se construyera el liceo para la localidad de Curtina, del departamento de Tacuarembó. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó”. 5) “Exposición del señor Representante Alberto Casas a los Ministerios de Salud Pública, con

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destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y por su intermedio a la Dirección de las Colonias Psiquiátricas Doctor Bernardo Etchepare y Doctor Santín Carlos Rossi; y del Interior, con destino a la Jefatura de Policía de San José; a la Intendencia y a la Junta Departamental del citado departamento, sobre la conveniencia de la construcción de un cerco perimetral en los referidos centros asistenciales. “Montevideo, 15 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y a la Dirección de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica Dr. Santín Carlos Rossi y Dr. Bernardo Etchepare; al Ministerio del Interior, con destino a la Jefatura de Policía de San José; y a la Intendencia y a la Junta Departamental de San José. El jueves 17 de junio próximo pasado, en ocasión de nuestra visita a las Colonias de Asistencia Psiquiátrica del departamento de San José, con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, observamos durante la recorrida dos realidades bien distintas, la reconstrucción de algunos pabellones de la Colonia Dr. Bernardo Etchepare y el estado en que se encuentran los pabellones de la Colonia Dr. Santín Carlos Rossi. En los terrenos circundantes y, de acuerdo a lo denunciado por el propio Director, doctor Do Campo, deambulan entre 30 y 40 perros abandonados, poniendo en riesgo la salud y la integridad física del personal y de los pacientes internados en la Colonia. Inclusive, al pretender ingresar nuestra delegación a uno de los pabellones, los canes nos enfrentaron. Entendemos que las autoridades competentes no deberían escatimar esfuerzos para que, a la brevedad, se encuentre una solución al problema planteado, coordinando acciones con los organismos que defienden la protección de los animales. En definitiva, se trata de buscar un justo equilibrio, pero fundamentalmente salvaguardando ante todo la integridad de las personas. Es por ello, que proponemos la construcción de un cerco perimetral, dentro del que se pueda mantener a los perros -si así se desea-, pero sin que se acerquen peligrosamente a los pacientes y al personal. Dicha obra no resultaría costosa y brindaría seguridad en forma rápida, hasta que se encuentre un lugar definitivo para los animales. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. ALBERTO CASAS, Representante por San José”.

“Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo a las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores; al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de nuestro país en la República de Cuba; a la Embajada de la República de Cuba en nuestro país; a la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y a su Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; y al Parlamento del MERCOSUR, relacionada con la admisión, por parte del Gobierno de la República de Cuba, de la existencia de presos políticos y de conciencia.

“Montevideo, 21 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por su intermedio, a la Embajada de nuestro país ante la República de Cuba y a la Embajada de esa República ante nuestro país; a la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y, por su intermedio, a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; al Parlamento del Mercosur; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, y a las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. En estas horas, la sorpresiva admisión por parte del Gobierno de Cuba, de la existencia en su país y por su disposición, de presos políticos y de conciencia, ha llenado los espacios periodísticos y de opinión en el mundo. El enfoque recoge el beneplácito de muchos, que reclamamos que se avance sin retorno en medidas de gobierno que excarcelen no sólo a esos y otros ciudadanos, sino a toda Cuba, y la acerque rápidamente a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Mientras tanto, detrás de esos hechos, se suceden en Cuba, desde el Estado y a través de sus organizaciones represivas y funcionarios encargados de tan reprobable tarea, hechos violatorios de los derechos humanos, como es el caso del preso de conciencia hoy excarcelado, con licencia extrapenal, resultado de su frágil condición física, Ariel Sigler Amaya. Esta persona, que ingresó a las cárceles del Gobierno caminando, como consecuencia de las razias contra disidentes y opositores en la denominada Primavera Negra de Cuba, en marzo de 2003, y condenado a 20 años de prisión, fue excarcelado días atrás parapléjico. En estas horas, debe realizar el calvario

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de los trámites burocráticos de solicitud para salir del país a atender su grave estado de salud. En este dramático marco, en horas de la mañana del lunes 19 de julio 2010, se apersonaron en las oficinas de Inmigración y Extranjería de la provincia de Matanzas, Ariel Sigler Amaya, Noelia Pedraza Jiménez, Leticia Ramos Herreria, Héctor Bermúdez y Rafael Pedraza Jiménez, con el objetivo de obtener para Ariel el Permiso de Salida (Carta Blanca) para viajar a los Estados Unidos de América, a fin de recibir urgente tratamiento médico en un hospital de la ciudad de Miami. En dichas oficinas, fueron atendidos por la oficial del Ministerio del Interior, Primer Teniente Mercedes, quien les comunicó que Ariel Sigler debería esperar al menos un mes para obtener ese documento. Sigler Amaya consideró esa negativa una violación a su derecho de viajar y a entrar y salir libremente de su propio país. Miguel Sigler -hermano de Ariel- informa que su hermano protestó enarbolando un cartel en el que se leía: ‘Me estoy muriendo. La seguridad del Estado no me da el permiso para salir del país’. Sus acompañantes relatan que, ante ese gesto, más de 30 miembros de la Seguridad del Estado, que se encontraban acuartelados en el lugar de los hechos esperando la orden, atacaron violentamente al enfermo, golpeándolo en la espalda y detrás de la cabeza, lo apretaron por el cuello y le retorcieron las manos para arrancarle el cartel. Finalmente fue esposado y sacado violentamente de su silla de ruedas para introducirlo en un ómnibus pequeño donde no cabía la silla de ruedas. En el episodio, la periodista independiente Leticia Ramos fue golpeada salvajemente en la cara, la cabeza, manos y senos, y le aplicaron, en el cuello, una llave de karate que la hizo perder el conocimiento, y fue conducida, junto a Rafael Pedraza Jiménez y Héctor Bermúdez, a su lugar de residencia. Por su parte, Ariel Sigler Amaya se encuentra ahora en su casa con sueros intravenosos y con la presión arterial muy baja, recuperándose después de varias fatigas y una pérdida del conocimiento, ha perdido el habla y se le dificulta abrir los ojos a consecuencia del abuso. El Cardenal Jaime Ortega realizó una llamada al hermano de Ariel. En la comunicación telefónica, le trasmitió su preocupación por la situación y expresó su interés en que se resuelva rápidamente. Ningún parlamentario latinoamericano puede estar desatento a la grave situación que se vive en la hermana República de Cuba, y en particular en este caso, puede alejarse del imperativo de reclamar un trato digno y el respeto a los derechos de Ariel Sigler Amaya. Es por ello que sensibilizamos a la Cámara por esta situación y expresamos nuestro sentir y respaldo a este ciudadano cubano. Saludamos a la señora Presidenta muy aten-

tamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo”.

7.- Licencias. Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Gustavo Espinosa, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Curso de Desarrollo Nacional, a desarrollarse en la cuidad de Taipei, China y para participar del Foro Legislativo Mundial sobre Juventud 2010, a desarrollarse en la ciudad de México D.F., Estados Unidos Mexicanos, por el período comprendido entre los días 30 de julio y 30 de agosto de 2010, convocándose a los suplentes siguientes señores Julio Olivar, por los períodos comprendidos entre los días 30 de julio y 10 de agosto y 25 de agosto y 30 de agosto de 2010; Mario Musetti, por el período comprendido entre los días 11 y 17 de agosto de 2010, y habiéndose agotado la lista de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes por el período comprendido entre los días 18 y 24 de agosto de 2010. Del señor Representante Alberto Perdomo, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 28 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel López Villalba. Del señor Representante Juan C. Souza, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a una mesa de diálogo con obreros y empleados de Conaprole, a desarrollarse en la ciudad de Montevideo, por el día 28 de julio de 2010, y por motivos personales inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Nicolás Pereira”.

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——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, artículo único, literal d), solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país”, desde el día 30 de julio al 30 de agosto inclusive, en virtud de asistir al “Curso de Desarrollo Nacional”, a llevarse a cabo en Taipei del 01 al 21 de agosto, y posteriormente, participar del Foro Legislativo Mundial sobre Juventud 2010, a desarrollarse en la ciudad de México entre el 25 y 27 de agosto (por invitación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de ese país). Adjunto copia de las correspondientes invitaciones a sus efectos. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. GUSTAVO ESPINOSA Representante por Canelones”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por el Cuerpo para suplir al Diputado Gustavo Espinosa, informo a usted que razones personales me impiden cubrir la misma en el período que va del 11 de agosto al 24 de agosto inclusive. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. Julio Olivar”.

“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por el Cuerpo para suplir al Diputado Gustavo Espinosa, comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar dicha convocatoria. Sin otro particular, le saluda atentamente. Jerónimo Costa”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Habiendo sido convocado por el Cuerpo para suplir al Diputado Gustavo Espinosa, informo a usted que razones personales me impiden cubrir la misma a partir del 18 de agosto. Sin otro particular, le saluda atentamente. Mario Musetti”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa para asistir al Curso de Desarrollo Nacional, a desarrollarse en la ciudad de Taipei, República Popular China y para participar del Foro Legislativo Mundial sobre Juventud 2010, a desarrollarse en la ciudad de México D.F., Estados Unidos Mexicanos. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 30 de julio y 30 de agosto de 2010. II) Que por esta única vez no aceptan las convocatorias de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Julio Olivar, por el período comprendido entre los días 11 y 24 de agosto de 2010, Jerónimo Costa, y Mario Musetti, por el período comprendidos entre los días 18 y 24 de agosto de 2010. III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

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La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia para viajar al exterior, por el período comprendido entre los días 30 de julio y 30 de agosto de 2010, al señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa para asistir al Curso de Desarrollo Nacional, a desarrollarse en la cuidad de Taipei, República Popular China y para participar del Foro Legislativo Mundial sobre Juventud 2010, a desarrollarse en la ciudad de México D.F., Estados Unidos Mexicanos. 2) Acéptanse por esta única vez, las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Julio Olivar, Jerónimo Costa y Julio Musetti. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a los suplentes siguientes de la Hoja de Votación Nª 1030 del Lema Partido Colorado, señores Julio Olivar, por los períodos comprendidos entre los días 30 de julio y 10 de agosto y 25 de agosto y 30 de agosto de 2010 y Mario Musetti, por el período comprendido entre los días 11 y 17 de agosto de 2010. 4) Habiéndose agotado la lista de suplentes, por el período comprendido entre los días 18 y 24 de agosto, ofíciese a la Corte Electoral. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Al haber sido convocado por el Cuerpo que usted preside, cúmpleme informarle que por esta vez no aceptaré la convocatoria de la que fui objeto, por la que le ruego se sirva convocar al suplente respectivo. Saluda muy atentamente, Mauricio Cusano”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de julio de 2010, y adjunta certificado médico. II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Mauricio Cusano. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes,

“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitar el uso de licencia por el día de hoy, por motivos de enfermedad. Adjunto certificado médico. Al saludarla muy atentamente le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo. ALBERTO PERDOMO Representante por Canelones”.

RESUELVE: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 28 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo. 2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Mauricio Cusano. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2010, del Lema Partido Nacional, señor Daniel López Villalba. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

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“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal D) solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día miércoles 28 del corriente. Sin más, le saluda atentamente. JUAN C. SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Sergio Ashfield”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, literal D) solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día jueves 29 del corriente, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente. JUAN C. SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Sergio Ashfield”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: Las solicitudes de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza, para asistir a una mesa de diálogo con obreros y empleados de Conaprole, a desarrollarse en la ciudad de Montevideo y por motivos personales. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política por el día 28 de julio de 2010 y por motivos personales por el día 29 de julio de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal D) del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza, por el día 28 de julio de 2010, para asistir a una mesa de diálogo con obreros y empleados de Conaprole, a desarrollarse en la ciudad de Montevideo y por motivos personales por el día 29 de julio de 2010. 2) Acéptase por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente siguiente, señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la mencionada representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373 del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

8.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: “Hechos ocurridos

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en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior)”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 290 “Secretaría MOCIÓN Los firmantes han resuelto convocar al señor Ministro del Interior en el régimen dispuesto por el artículo 119 de la Constitución de la República, para informar sobre los hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. Montevideo, 13 de julio de 2010. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, PEDRO SARAVIA, Representante por Cerro Largo, ANA LÍA PIÑEYRÚA, Representante por Montevideo, MARTA MARIZCURRENA, Representante por Canelones, DANIEL MAÑANA, Representante por Río Negro, JORGE GANDINI, Representante por Montevideo, MARCELO MAUTE SARAVIA, Representante por Montevideo, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, JOSÉ ANDRÉS AROCENA, Representante por Florida, MIGUEL OTEGUI, Representante por Paysandú, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Representante por Canelones, AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones, PABLO D. ABDALA, Representante por Montevideo, VERÓNICA ALONSO, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno, MARIO SILVERA, Representante por Treinta y Tres, DANIEL LÓPEZ, Representante por Canelones, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, RICARDO PLANCHÓN, Representante por Colonia, ANTONIO CHIESA BRUNO, Representante por Tacuarembó, PABLO ITURRALDE VIÑAS, Representante por Montevideo, RICARDO BEROIS, Representante por Flores”. ——Léase el proyecto. (Se lee)

——En discusión. Informamos que ha llegado a la Mesa una solicitud del señor Ministro del Interior para que puedan ingresar -si la Cámara así lo entiende- los asesores que nombraremos a continuación: señor Director General de Secretaría, doctor Charles Carrera; señor Director Nacional de Policía, Inspector Principal (R) Julio Guarteche; señor Subdirector General de Secretaría, Inspector General José Pedro Sesser; señor Subdirector de Bomberos, Inspector Raúl Díaz Gordillo; señor Jefe de Policía de Rocha, Alcides Caballero; y la señora Asesora de Asuntos Penitenciarios, psicóloga Gabriela Fulco. Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y siete en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. Pueden ingresar a Sala los asesores del señor Ministro del Interior. (Ingresan a Sala los asesores del señor Ministro del Interior) SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de mi voto negativo. Considero que en la interpelación el Ministro debe ser capaz de defenderse solo; el miembro interpelante, en todo caso, está interpelando solo y no tiene a quien consultar absolutamente nada sobre el episodio y sobre el tema. La lógica en un debate político de estas características es que se dé entre el Ministro y el miembro interpelante. SEÑOR PUIG.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: he votado por la afirmativa la solicitud planteada. Sinceramente, no teníamos idea de que el señor Ministro necesitara defenderse porque partíamos de la base de que con esta interpelación se pretendía conocer los hechos y no realizar un ataque al Ministro. SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: hemos votado la moción, porque entendemos que está dentro de las normas y costumbres de esta Cámara de Representantes. En mi trayectoria, y sin duda en la de otros señores Diputados y señoras Diputadas, nunca hemos visto que en una interpelación únicamente se presente el señor Ministro, y esto no significa, de ninguna manera, que los distintos Ministros -ya sea del Partido Colorado, del Partido Nacional, como del Frente Amplio- que han pasado por esta Cámara para ser interpelados no fueran capaces de contestar ni de dar los informes correspondientes. Quería dejar esta constancia. Por lo tanto, el cuestionamiento al ingreso de los asesores es una innovación -no comprendo la motivación-, porque esta es la forma en que se ha procedido permanentemente en la Cámara de Representantes y, sin duda, en el Senado. SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: voté esta moción para que estuviera presente en Sala el cuerpo de asesores del señor Ministro porque así se ha procedido anteriormente, y antecedentes al respecto existen muchos. Además, los legisladores queremos tener la mayor cantidad posible de información, y de la mejor calidad. Por lo tanto, no creemos que vaya en detrimento de la exposición del señor miembro interpelante ni de las respuestas del señor Ministro la presencia de sus asesores, quienes ocupan con idoneidad y profesionalismo las distintas áreas de la Secretaría de Estado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: hemos votado la moción por los mismos motivos que expresara la señora Diputada Montaner.

Este Cuerpo merece y debe ofrecer a la ciudadanía la verdad, la mayor transparencia y la mayor información posible, y eso solo podrá darse en la medida en que el señor Ministro, si puede contestar, conteste y, si no, pregunte a sus asesores. En definitiva, ese será problema del señor Ministro, que luego será juzgado de acuerdo con su desempeño en esta interpelación. Lo que le importa a la ciudadanía, a la República, es saber qué pasó en Rocha, y si para ello es necesario que estén presentes los asesores, pues, que estén. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Antes de ceder la palabra al miembro interpelante, queremos hacer una exhortación al Cuerpo. Más allá de que hayamos tenido una reunión interpartidaria -como lo hacemos siempre, pero en este caso de cara a la interpelación-, la Mesa será sumamente rigurosa en el cumplimiento del Reglamento, y esto depende fundamentalmente de los señores Representantes. Entonces, esperamos que el cumplimiento del Reglamento parta de cada legislador para lograr en este debate, en esta discusión política, la altura que merece el tema. Léanse los artículos 101 y 158 del Reglamento. (Se lee:) “Artículo 101.- Al abrirse una sesión de interpelación, el Presidente concederá la palabra al interpelante o al representante que se le indique por los firmantes del pedido, si son más de uno, y luego al Ministro o Ministros interpelados, sucesivamente, así como al o a los Subsecretarios o Directores de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados que le acompañaren, no rigiendo para ellos las limitaciones de término en el uso de la palabra contenidas en el artículo 52, que regirán para el resto de los firmantes del pedido y para los demás Representantes.- Podrá también declararse libre la discusión, conforma al artículo 53.-Artículo 158.- A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo”.

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——Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: la peor catástrofe en materia de derechos humanos desde la restauración democrática a la fecha aconteció en Rocha el pasado 8 de julio. La muerte de doce hombres que estaban recluidos, detenidos en una cárcel del Estado, en mi departamento, se produjo por un incendio provocado en la celda, con las demás consecuencias que conocemos, ocho heridos, tres de ellos graves, y alguno todavía en situación muy grave en una dependencia de Salud Pública. Presentamos una moción de interpelación en el entendido de que los Ministros son responsables ante el Parlamento. Esto lo establece la Constitución de la República y, por lo tanto, el Parlamento es el que reclama explicaciones a los Ministros por un mecanismo previsto en el artículo 119 de la Carta. Para mi sorpresa -esta es mi tercera Legislatura-, he visto distintas reacciones en las últimas semanas respecto de las motivaciones de la interpelación, de por qué interpelar en medio de una catástrofe, de por qué hablar de un episodio en el que hubo muertos. Parece que perdimos la memoria, porque este Parlamento, también desde la restauración democrática a la fecha, ha sido testigo de innumerables interpelaciones, por asuntos de diversa cuantía, algunos bastante menores. Ha sido testigo de interpelaciones llevadas a cabo por el Frente Amplio a Ministros del Interior, en las que el planteo era la renuncia inmediata del Ministro, sin que hubiera habido un solo muerto en el episodio denunciado. Recuerdo la interpelación llevada adelante en 1985 al Ministro del Interior de la época, en la que se pidió su renuncia y se promovió la moción de censura; finalmente, el señor Ministro renunció. Lo que había acontecido era un desalojo en el cercano local del IPA; allí se había detenido a dos Diputados. En 1989, el mismo Frente Amplio, esta vez por medio del entonces Diputado José Díaz -quien después fuera Ministro-, también interpeló al Ministro del Interior, quien había asumido once días antes, por un episodio acontecido en la Policía, responsabilizándolo del hecho y pidiendo su inmediata renuncia por una cuestión de sensibilidad política; el Ministro renunció pocos días después. Fueron más de veinticinco las interpelaciones realizadas. Y traigo esto a la memoria porque me ha parecido extraño -vuelvo a insis-

tir- que se haya querido decir que este es un episodio casi que dedicado a buscar réditos políticos. Podría yo decir acá, por ejemplo: “Toda esta situación planteada con respecto al Ministerio del Interior va más allá de aspectos políticos. A nosotros en particular se nos ha acusado de utilizar políticamente determinado tipo de situaciones. No aceptamos este tipo de imputación. Queremos defender al policía […] y que la población […]”. Esto no fue dicho por mí; fue expresado por un legislador del Frente Amplio, al iniciar una interpelación. De manera que lo primero que quiero es poner las cosas en su lugar. El Parlamento está apto para exigir responsabilidades. Eso es lo que estamos haciendo, con total serenidad y profundidad. Pretendo realizar una serie de preguntas al señor Ministro respecto de este episodio y de su necesaria explicación devendrán las responsabilidades de cada quien. Desde el despacho que usted ocupa en el Ministerio hasta la Jefatura de Policía de Rocha hay decisiones políticas porque hay cargos políticos, y, por lo tanto, esa responsabilidad se explica en este Parlamento. Los hechos fueron prevenidos, largamente prevenidos, insistentemente prevenidos. Fueron anunciados por diversos agentes, algunos de ellos internacionales. Un informe de Naciones Unidas llegó al Gobierno anterior, se dio cuenta de este en un Consejo de Ministros, e implicó que el señor Presidente de la República anunciara algunas decisiones. Me refiero al informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, de 27 de marzo de 2009. Claramente, este informe determina las condiciones de detención: “Las condiciones de detención en las cárceles han ido constantemente empeorando durante los últimos años.” Esto corresponde a un informe de marzo de 2009. Y continúa: “Esta preocupación ha sido expresada reiteradamente por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, e incluso ha sido reconocida por el Gobierno en 2005”. Luego, hace algunas precisiones, en especial sobre el resto de las cárceles, identificando a algunas de ellas en particular. También hubo informes reiterados de SERPAJ, una institución independiente que no pertenece al Gobierno y que desde larga data -tengo informes del año 2003- viene preanunciando y denunciando condiciones de extrema gravedad en las cárceles del Uruguay. En múltiples oportunidades hizo referencia a la cárcel de Rocha -tengo aquí los informes-, a la que vi-

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sitó, a la que conoció y de la que se informó, anunciando en reiteradas oportunidades que esa cárcel, en especial, estaba sometida a altos riesgos para la vida de los reclusos. Tenemos, además, los informes del Comisionado Parlamentario que datan, obviamente, de la época en que se instaló en el cargo. Pero él mismo revisó antecedentes en la materia e informó al Parlamento y al Ministerio del ramo sobre las condiciones de reclusión en las cárceles de Uruguay y, en especial, de la cárcel de Rocha, así como de los altos riesgos que el funcionamiento en dicho establecimiento implicaba para los presos. Obviamente, el señor Ministro conoce los informes, como también los conocemos todos los legisladores aquí presentes, porque se trata de un informante del Parlamento. Esa es la figura que se ha creado. Disponemos informes internos del Ministerio. Los informes de la Dirección Nacional de Bomberos, en especial de la cárcel de Rocha, algunos de 2009 -el año pasado-, expresan con claridad absoluta y contundencia total las condiciones en que se encuentra la cárcel. Como me estoy refiriendo a la Dirección Nacional de Bomberos, obviamente, los informes detallan las condiciones de la cárcel para el caso de un incendio y para su evacuación. Son claros; son precisos, y en las sucesivas preguntas voy a profundizar en los detalles que los bomberos explicitaron en sus informes. Por otra parte, hubo informes más internos aún: informes de la Jefatura de Policía de Rocha, elaborados por Comisarios especializados en el tema carcelario. Los tengo en mi poder y entre mis preguntas, seguramente, interrogaré al señor Ministro con relación a si él conoce ese informe confeccionado en diciembre de 2009 por un licenciado en Seguridad Pública de la Jefatura de Policía de Rocha. Es decir que la situación y las condiciones de riesgo en las que estaba la cárcel de Rocha eran conocidas, fueron preanunciadas, y, desde nuestro punto de vista, eran evitables, y más adelante vamos a ver por qué. Si algo faltara, la sensibilidad política llegó también, desde larga data, a la Junta Departamental de Rocha, que fue convocada en sesiones plenarias para analizar la situación de la cárcel, para escuchar informes y para recibir las expresiones de todos los Parti-

dos, que se manifestaron siempre en la misma dirección: los riesgos que presentaba la cárcel de Rocha. En el año 2005, el Gobierno de la República, a través del discurso de su Presidente, el doctor Tabaré Vázquez, el día en que asumió su cargo, declaró la emergencia carcelaria. Es decir que entonces estábamos en el inicio de un camino que seguramente profundizaría las soluciones y aceleraría el paso para resolver el endémico problema que tiene el país en materia carcelaria. Podemos ir muy atrás en este asunto. Por ejemplo, el Comisionado Parlamentario nos informaba de una carta fechada en 1857, en la que al antecesor del actual Ministro, Joaquín Requena, ya se le reclamaba por el estado de las cárceles. Es decir que el tema carcelario tiene tan larga data como la vida de la República. Pero aconteció lo que aconteció: hubo doce muertos en una celda que no se abrió a tiempo para que pudieran salir. Aconteció que murieron doce personas en la cárcel de Rocha. Y este no es el único episodio: llevamos diecinueve en los últimos siete meses. Habían muerto cinco, también quemados, en otra cárcel; y dos murieron en otro establecimiento por un disparo de una nueve milímetros en la cabeza. Es decir que la tarea básica, fundamental, que es la preservación de la vida, no se está cumpliendo. El Uruguay no tiene pena de muerte. Lo que se le pide al Estado, al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior es que preserve la vida de los reclusos. Y esta interpelación, este cuestionamiento que estamos haciendo, estas preguntas que le vamos a hacer al señor Ministro no son porque hay una frazada de más o una de menos; no son porque hay una sola porción de comida o la comida está salada; no son por si hace más o menos frío en una cárcel. No estamos interpelando por eso. Estamos interpelando porque hubo doce muertos, y la vida de cualquier uruguayo, sea de la condición que sea, esté en la condición en que esté, vale lo mismo. Se ha querido plantear la contradicción de que ante un reclamo de mayor seguridad habrá más presos y de que cómo es posible que ahora nosotros mismos reclamemos por la vida de los reclusos. ¿Cuál es la contradicción? Reclamamos más seguridad; hemos votado leyes que aumentan los delitos con prisión. Pero nunca votamos la pena de muerte. Desde Figari a la fecha, compartimos el criterio que abrazó todo el Uruguay de que este país no tiene pena de

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muerte; es un derecho constitucional. Por lo tanto, por supuesto que queremos incrementar los niveles de seguridad. Queremos a los detenidos en prisión, no queremos que se los mate, no queremos que se nos mueran en prisión. Ese es el reclamo y eso es absolutamente compatible. Allí había veinte detenidos, todos procesados. Yo soy maestro, no abogado, pero dicen los abogados que con respecto a los procesados todavía está por verse si son culpables. Seguramente, alguno de ellos sería culpable, pero en ciertos casos eso estaba por verse. Algunos estaban recluidos por delitos que consideramos absolutamente menores. Todos jóvenes, procesados por consumo, tráfico, tráfico menor. En esa prisión no había un narcotraficante. En esa celda lo que había eran presos jóvenes, de diecinueve años, que consumen y venden pasta base, drama que hoy tiene nuestra sociedad. A algunos les faltaban pocos días para salir, porque estaban en prisión por treinta días. Se murieron en un horno incinerador de 400° C, en una cárcel que no estaba en condiciones de defender la vida: ni por las condiciones físicas ni por las condiciones de funcionamiento. Mi idea, señor Ministro, es alcanzarle algunas preguntas, que voy a leer, y pedirle respuestas concretas. Luego seguiré haciendo más preguntas -en una segunda y tercera instancia de interrogantes- para acercarnos a la realidad de los hechos, de los acontecimientos. Como he dicho públicamente y reitero en el plenario: me interesa conocer en profundidad las circunstancias en las que aconteció el incendio, en las que murieron esos presos que no pudieron salir, y las preparatorias que, desde mi punto de vista, condicionaron lo que allí aconteció. Tengo la percepción -usted podrá confirmarlo o quizás no; tal vez demuestre lo contrario- de que caminábamos en la dirección contraria a la solución, de que las medidas adoptadas iban incrementando el riesgo, iban aumentando las condiciones de precariedad. La cárcel de Rocha es un vetusto edificio y las condiciones son muy precarias, pero ¡eso es lo que tiene que administrar un gobernante! ¡Administra lo que tiene, mientras consigue algo mejor, mientras logra la recuperación del edificio o el edificio nuevo! Sabe el Ministro, sabe el Parlamento y sabe el país que tenemos coincidencias con el rumbo que se está planteando a futuro. En el Parlamento hemos votado una norma que usted mismo envió. Lo hicimos por unanimidad y señalamos nuestra coincidencia con

esa ley y con el rumbo pautado en un acuerdo político multipartidario respecto de las acciones a futuro. Pero mientras eso acontece, mientras las soluciones llegan, mientras alcanzamos las plazas necesarias para detener a los presos, ¿cómo administramos la precariedad de lo que tenemos? ¿Tenemos conocimiento e información para convivir con esa dificultad y minimizamos los riesgos o, por el contrario, actuamos displicentemente y, en algunos casos, tomamos medidas contrarias a evitar el riesgo, para profundizarlo, para agravarlo, para que sea más grande? Eso es lo que necesitamos aclarar esta tarde. Mis preguntas, señor Ministro, irán entonces en la dirección de conocer decisiones de la Cartera, algunas del período en que usted ha sido su titular, desde el 1° de marzo. Usted no ha sido Ministro del Interior en el Período pasado. Integró el Gabinete y, por lo tanto, tiene una información diríamos un poco mejor que la de los demás. Pero no voy a cometer el agravio de hacerlo responsable de la gestión del Gobierno pasado, porque no era Ministro del Interior. Integraba el Gabinete y, por lo tanto, tenía conocimiento y tomó algunas decisiones en los Consejos de Ministros, pero usted era Ministro de Trabajo y Seguridad Social. He leído con cuidado el informe de su predecesor, lo que se llamó “el informe de transición” y, por lo tanto, conozco lo que usted heredó, tanto en cosas realizadas como en cosas por hacer. Sorprendentemente, el informe de transición no tiene ninguna cita a la cárcel de Rocha; sí a otras, pero no a la de Rocha. No hay allí ninguna referencia a la situación de la cárcel de Rocha. Pero seguramente el día que usted asumió tomó conocimiento de la extrema gravedad ya con más detalle y en su condición de Ministro- de lo que estaba aconteciendo en la cárcel departamental de Rocha. Señor Ministro: cuando se fijan los destinos del personal superior para asignarlo a una cárcel, ¿cuáles son los criterios de selección de ese oficial? ¿Hay algún criterio escrito? ¿Hay alguna norma establecida? ¿Quién lo decide? ¿Se tiene en cuenta la experiencia en el ejercicio de funciones similares? ¿La selección atiende, como sucede en otras dependencias del Estado, a la capacitación específica en la materia, es decir, a la capacitación en el conocimiento carcelario? ¿Hay cursos previos de entrenamiento, de formación en el ejercicio de su función? Cuando no se dispone de personal especializado, ¿existen equipos técnicos

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del Ministerio que asesoren a esa jefatura y a ese oficial a cargo de una cárcel? En el caso de la Dirección de la cárcel de Rocha, ¿qué antecedentes tiene el Director para estar al frente de ese establecimiento, con todos los problemas locativos, de hacinamiento y falta de seguridad que hay? Como Oficial de Policía, ¿tiene entrenamiento para la función? ¿Puede explicarnos por qué en el término de los últimos cuatro meses, en Rocha, se cambió cuatro veces al Director de la cárcel? ¡En cuatro meses se cambió cuatro veces al Director de la cárcel! Ha dicho usted aquí, hace dos semanas, que el Ministerio del Interior tiene un protocolo de actuación para el sistema penitenciario y un plan de operaciones para cuando se suscitan situaciones como la que se produjo en la cárcel de Rocha. ¿Puede usted describirlo? ¿Se realizaron prácticas de entrenamiento y simulacros de situaciones, de una emergencia, de un incendio, de un motín, de una riña generalizada? Si así fue, si se realizaron esos simulacros, ¿a cargo de quién está la instrucción para la dependencia departamental? ¿Con qué periodicidad se hicieron? ¿Puede determinar fehacientemente si los encargados de la guardia y el personal tienen instrucciones precisas respecto de cómo actuar en estas circunstancias? Y pido que me explique, particularmente, si el personal que concurre a la guardia de la cárcel, y el que estaba ese día en el local, recibió ese entrenamiento. Esta tarea de adiestramiento carcelario, ¿se realiza en todas las cárceles del país o solo en algunas? Teniendo en cuenta que el recluso es responsabilidad del Ministerio del Interior mientras dure su reclusión, y que la experiencia y la cantidad de funcionarios de guardia por recluso es una herramienta clave en la gestión, ¿cuál entiende usted que es la relación óptima entre cantidad de guardias y de reclusos? ¿Hay un parámetro internacional? ¿Lo podemos conocer? ¿Hay un parámetro para Uruguay? ¿Lo podemos conocer? ¿Había algún parámetro para la cárcel de Rocha en particular? ¿Conocía usted y había leído los informes de las recomendaciones de Bomberos de los últimos años? Conocidos esos informes, ¿qué medidas se tomaron para minimizar los riesgos de incendio? Destaco algunas que están en el informe y que usted, obviamente, conoce: extintores, tomas de agua, condiciones de la instalación eléctrica, instrucciones del personal a cargo de la llave de los pabellones.

¿Existe algún protocolo escrito acerca de las condiciones para que un “llavero” abra una celda? ¿Puede usted explicar el protocolo para este procedimiento? Porque la tarea del “llavero” en una cárcel es especialísima; debe tener algún protocolo porque está en sus manos detener o no una fuga. ¿Ese procedimiento está protocolizado? ¿Hay algo escrito sobre las condiciones en las que se deben abrir las celdas ante una emergencia? ¿Puede usted, señor Ministro, de acuerdo con la información que recibió, describirme los hechos que acontecieron en el lugar? ¿Tiene un informe técnico de los motivos del incendio? ¿Ya le han comunicado, veinte días después, cuáles fueron estrictamente las razones del incendio? ¿Qué comunicación recibió el Director de la cárcel? ¿Qué medidas o directivas trasmitió al respecto? ¿Qué comunicación recibió el integrante del comando? ¿De quién provino la comunicación y qué medidas dispuso? En caso de que haya ocurrido, ¿a qué hora fue incomunicado el personal de guardia de la cárcel a los fines de la realización de la investigación administrativa de urgencia, como forma de preservar la información y la independencia? ¿Hubo incomunicación de los que estaban en la cárcel? ¿A qué hora aconteció eso o hasta qué hora estuvieron los mismos guardiacárceles en el lugar? ¿A qué hora se enteró a la Justicia? ¿Qué medidas dispuso esta en relación con la Policía, los cuerpos, los heridos y el personal de la cárcel? ¿Quién y cuándo avisó a la familia? ¿Cuándo comenzó la investigación administrativa por parte del Ministerio y a cargo de quién está? Estas son mis primeras preguntas, señor Ministro, que le hago llegar por escrito. Me gustaría escuchar sus respuestas y luego voy a hacerle dos tramos de preguntas complementarias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: obviamente, no retuve todas las preguntas, muchas de las cuales fueron respondidas en la sesión de Cámara que se celebró en régimen de Comisión General. De todos modos, las vamos a contestar de nuevo.

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Antes que nada, creo que es conveniente reafirmar que el motivo de nuestra comparecencia es analizar y dar toda la información que se solicita sobre el fallecimiento de doce ciudadanos privados de su libertad en la cárcel departamental de Rocha. Ellos son: Delio Alegre, Matías Barrios Sosa, Luis Bustelo López, Antonio Cardozo Silvera, Ariel Cardozo Velázquez, Raúl Gómez Recalde, Mario Martínez Maidana, Edinson Núñez Casuriaga, Julio Pereira Pereira, Julio Pereyra Da Silva, Jorge Roda Acosta y Alejandro Rodríguez Cabral. Fueron ocho los lesionados: Luis Alberto Acosta Pérez, Ruben Damestoy Cardozo, Pablo Chapores San Martín, Paulo Costa Pereyra, Henry La Luz Fernández, Adolfo Mederos Scantoni, Fernando Méndez Rodríguez, Alberto Roda González. En nombre de ellos, quiero recordar a los 319 fallecidos en la Dirección Nacional de Cárceles desde 1988. Y digo bien Dirección Nacional de Cárceles, que excluye a las cárceles departamentales, así que fueron muchos más. Creo que conviene recordarlos porque me llama poderosamente la atención la indiferencia social que hay con respecto a este tema. Si algo ha caracterizado lo que pasó es la indiferencia. Quizás, también surja porque al momento se empezó a buscar responsabilidades en lugar de soluciones a los problemas. Para buscar responsabilidades siempre hay tiempo, pero rápidamente se trató de hacer eso, incluso interpretando los hechos sin conocimiento. Disculpe, señora Presidenta, pero a mí esto me hace acordar a una película japonesa que vi una vez, “Rashomon”, en la que había un crimen y cuatro versiones: la de la víctima, la del victimario, la de un testigo y la realidad. En este caso, creo que tenemos más versiones que en la película. Hay tres investigaciones abiertas y antes de que se termine alguna de ellas, incluso la judicial, se está preguntando por responsabilidades. Pero, ¡bueno!, así son las cosas. SEÑOR VÁZQUEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- No, señor Diputado. Se la concederé cuando termine porque, de lo contrario, me corta mi intervención, y va a ser larga. (Interrupción del señor Representante Vázquez) ——Cuando termine, concederé interrupciones. (Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: no puede interrumpir al señor Ministro. Puede continuar el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- No voy a dar interrupciones a lo largo de mi primera intervención porque quiero hacer algo coherente. A través de la señora Presidenta, pido disculpas al señor Diputado. Lo de la indiferencia es una interpretación mía y quizás esté equivocado, pero yo he visto movilizaciones sobre el tema y vi otras en su momento y, ¡bueno!, hay una diferencia. Hace poco y en otra situación en la que no había indiferencia, cuando concurrimos al Palacio Legislativo a recibir a la Selección Uruguaya de Fútbol, el maestro Tabárez decía que lo importante es el camino. Es decir: si uno quiere alcanzar un resultado se traza un camino y cuando ese resultado es dar vuelta una situación que se arrastra desde hace por lo menos veinticinco años y no desde el informe de SERPAJ de 2003 -ya lo dije en la comparecencia anterior: no quiero entrar en la época de la dictadura, pero si así fuera, alargaría los veinticinco años-, cuando se traza un camino ante una situación desastrosa, lo importante es recorrerlo y llegar al final sabiendo que pueden pasar cosas. Y no es de recibo que quien acepta la responsabilidad cargue con las responsabilidades de todo lo que suceda porque, de lo contrario, nadie las asumiría. No puedo establecer para un subordinado mío una disposición a largo plazo, no darle recursos y hacerlo responsable de lo que pasa, porque esta es la situación. Si la situación de la cárcel de Rocha -y yo voy a entrar en eso- era la que era y los subordinados no tenían recursos -¡y no los tenían!-, no puedo hacerlos responsables ni admitir que se me plantee que los haga responsables, como se ha dicho; no puedo, porque no tenían recursos. Entonces, para recorrer ese camino, lo que hicimos fue pedir recursos, sabiendo que aun con recursos pueden seguir pasando cosas, porque estos no se pueden utilizar todos juntos y al mismo tiempo. Entonces, primero que nada, ante esta situación hay que ver cuáles son responsabilidades individuales y cuáles son responsabilidades institucionales. El otro día, en una nota de prensa, un ex Ministro del Interior, el doctor Juan Andrés Ramírez, dijo algo así como: “Que se haga cargo el Ministro, no por lo que pasó ahora sino por los que pasaron cinco años antes,

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porque eran de su propio Partido”. Yo me hago cargo como Ministro del Interior y no como integrante de ningún Partido. Y como Ministro del Interior me hago cargo de veinticinco años de Ministerio; para ver qué hay ahora voy a dar cuenta de lo ocurrido en veinticinco años de Ministerio y no de los últimos cinco años ni de estos cuatro meses. Si nos remontamos al informe de SERPAJ de 2003, nos estamos limitando. Yo tengo otros informes, que aclaro son muy difíciles de conseguir. Desde 2005, desde que se creó la figura del Comisionado Parlamentario, están sus informes, pero los anteriores ¡vaya uno a buscarlos! No hay. Entonces, hay que recurrir a la Comisión Tommasino, al Grupo de Trabajo, al SERPAJ, a los abogados defensores de oficio, a los Jueces penales, y armar un rompecabezas para elaborar un informe de veinticinco años. Es mucho más fácil dar un informe de los últimos cinco años porque, así uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo, esté más o menos de acuerdo o esté totalmente de acuerdo, es del Comisionado Parlamentario y lo sistematiza; pero anteriormente a eso no hay informes. Yo quiero detenerme en la situación de Rocha. Muchas de las cosas que vamos a decir en esta sesión ya las manifestamos en la comparecencia anterior y las expresamos a la opinión pública en múltiples reportajes y programas, pero las vamos a decir de nuevo. Lo primero que quiero dejar claro es que no hubo demoras de una hora, de veinte minutos, de quince minutos; reitero, quiero dejarlo claro. Hay un período acerca del que nosotros no vamos a dar opinión, que es el transcurrido entre uno, dos, tres y cuatro minutos. Ya dije que ese minuto o esos cuatro minutos es la diferencia entre la vida y la muerte, pero el que se tiene que pronunciar al respecto es el Juez. Nosotros vamos a dar información; se ha insistido tanto que vamos a darla -no la tomamos del Poder Judicial, sino de conversaciones, que coincidirán o no con lo que se resuelva posteriormente-, pero el que tiene que tomar posición y se tiene que pronunciar sobre ese lapso es el Juez. A continuación vamos a proyectar alguna imagen para dejar clara la diferencia entre la visión de la celda cerrada y la de la celda abierta. (Se proyectan imágenes) ——Antes que nada queremos dejar esto meridianamente claro. La imagen que estamos viendo fue tomada por la noche solo con un foco alógeno, a dife-

rencia de la que mostramos en la sesión pasada, que fue tomada de día y no se veía. Nosotros queremos mostrar cómo se ve de noche y qué diferencia hay entre la celda cerrada con luz adentro -lo único que se ve a través de la mirilla es una pequeña luz- y la celda abierta. Lo que ahora se aprecia es la visión de la celda cuando se abre. Como en algún momento esas rejas que se ven se confundieron con las rejas de la puerta, quiero volver a aclarar que la puerta maciza y las rejas están unidas; cuando se abre, se abren la reja y la puerta maciza, pero entre el lugar donde se toma esa imagen y la celda hay dos rejas que separan dos patios y hacen un pasillo. Esas son las rejas que se ven. Esto lo quiero dejar claro… (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Hay dos patios y un pasillo separados por dos rejas que son las que estamos viendo en la imagen. (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa va a hacer una exhortación: si las personas que están en la barra se manifiestan nuevamente procederemos a desalojarla, aplicando el Reglamento. Puede continuar el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Después de dejar esto claro -creo que quedó claro-, quiero mostrar el video filmado por los reclusos. Ya lo han visto todos, pero yo lo quiero explicar. (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se suspende la sesión por unos instantes. (Es la hora 16 y 19) ——Continúa la sesión. (Es la hora 16 y 19) ——Tiene la palabra el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Antes de seguir proyectando estas imágenes quiero aclarar que esto fue lo que se utilizó para demostrar que la puerta

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estaba cerrada. No la presentó nadie del Ministerio del Interior; no la presentó nadie de la cárcel de Rocha; fue filmada por las personas privadas de libertad que estaban enfrente. Si esto es considerado mentira hay que tener en cuenta que fue presentado por los propios reclusos, y como prueba de que la puerta estaba cerrada. Lo que quiero hacer es demostrar que la misma filmación que se presentó como prueba de que la puerta estaba cerrada demuestra exactamente lo contrario: que estaba abierta. Sigamos con la otra imagen. Presten atención a lo que se dice ahora. Lo que quiero demostrar con esto es que desde que empiezan a filmar, desde el momento en que empiezan a filmar, la puerta estaba abierta. Ahí se ve la puerta abierta; así empieza la filmación: con la puerta abierta. Esto se utilizó para decir que estaba cerrada porque hay gritos de: “¡Abran la puerta!”. Voy a decir lo que no quise señalar en la instancia anterior: nosotros tenemos la información de que se detecta el fuego a partir de la guardia externa; no hay aviso desde adentro, sino de la guardia externa. Dos policías femeninas, Agentes de Segunda, que estaban en la Caseta Nº 2, Karina Urtiberea y Antonia García, ven el fuego cuando sale por la ventana; ellas son las que avisan. A nosotros nos llama poderosamente la atención que el aviso haya provenido de afuera, no de adentro. Hay investigación sobre el tema; por el momento, se está indagando por qué sucedió eso. Cuando detectan el fuego, avisan por radio a la guardia y una de las dos Agentes va corriendo. Las voces que se escuchan mencionan a Stuart, que es el “llavero”; posteriormente hablan del Comandante de Guardia y mencionan como tal a Machado. No era él el Comandante de Guardia; el Comandante de Guardia era San Martín. Machado había sido Comandante de Guardia hasta tres días antes; lo que pasa es que rotan. Cuando avisan del fuego entra en funcionamiento el protocolo, que no es del Ministerio del Interior, sino de la cárcel de Rocha; fue elaborado por el Jefe de Policía de Rocha en 2009. Cada cárcel tiene su protocolo, que no es el protocolo del Ministerio del Interior. Lo que el Ministerio pidió a cada Jefe de Policía fue que elaborara el protocolo de la cárcel departamental, pero no es el protocolo del Ministerio del Interior. En

la sesión en régimen de Comisión General lo leí y más adelante volveré a leerlo. Me preguntaron si primero se alertaba a la ambulancia y a los bomberos y después se abría y respondí: “Simultáneamente”. Bueno, el Comandante de Guardia, San Martín, da la orden a quien las personas privadas de libertad creen que es el Comandante de Guardia -le dicen “Carqueja” Machado- de que avise a Bomberos, a la ambulancia, a la Jefatura y a las Seccionales para refuerzo de guardia, y sale corriendo con el “llavero”, que es Stuart como le dicen-, quien además se destaca por ser el único “llavero” que no cuelga las llaves, sino que las tiene encima. Llegan rápidamente y abren. Esa es la información que nosotros tenemos. Cuando abren, inmediatamente salen los ocho que sobreviven. Le dan la llave para que abra la Cuadra 1 -la Cuadra incendiada es la 2-, porque hay boquetes en las paredes. Sueltan a los presos de la Cuadra 1 y trasladan a los que estaban adentro, que habían quedado en el patio, hacia el pasillo. Cuando están en el pasillo cierran el candado y quedan los presos de la Cuadra 1 en el patio, cerca de esa celda incendiada. Los gritos de “¡Pasalos para acá!” no se refieren a los que están dentro de la celda incendiada, sino a los que están en el patio, para que los pasen al pasillo. Los que entonces tenían la llave no eran ni el “llavero” ni el Comandante de Guardia: eran los presos. Entonces rompen el candado y pasan a los presos para el pasillo. Cuando el que está en la Caseta Nº 4, en el techo, oye las voces de fuego, corre por el techo hacia donde está el fuego y desde arriba ya ve que están abriendo la celda. Este es el período que tiene que determinar un Juez; tiene que determinar si hubo una demora de uno, de dos, de tres o de cuatro minutos, porque en eso se resuelve todo; se resuelve la vida o la muerte: la vida de los que salen y la muerte de los que quedan adentro, porque la temperatura no era de 400º C, señora Presidenta. Antes de seguir le pediré al señor Sub Director de Bomberos -cuando sucedió esto era el Director de Bomberos-, que hizo todo el análisis, que explique algunas cosas desde el punto de vista técnico. Por esto es necesario que el Ministro esté acompañado por asesores; el Ministro de ninguna Cartera sabe todo, sino que se asesora con los que saben más de determinados temas.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Subdirector de Bomberos, Inspector Mayor Díaz Gordillo. SEÑOR DÍAZ GORDILLO.- Señora Presidenta, señores Representantes, público en general: en nuestra intervención de la sesión anterior estuvimos haciendo una introducción a este lamentable y dramático suceso que nos afectó a todos los ciudadanos: la muerte de doce personas. En esta situación hay que destacar que, generalmente, cuando se avisa a Bomberos hay un tiempo de respuesta de aproximadamente un minuto; de ninguna manera puede superar el minuto. Cuando se recibe el llamado se dispara la alarma, se levantan los bomberos que están durmiendo -sobre todo, si es en horas de la madrugada-, se atiende la dirección e, inmediatamente, se encienden los motores del autobomba y salen con las sirenas encendidas. En este caso -como dijimos anteriormente-, la dotación del Destacamento de Rocha estaba regresando de una intervención profesional pequeña, casi insignificante, pero a la que se concurre con la misma emergencia; se trataba de una volqueta. En ese momento, la dotación es alertada por radio de que había fuego en la cárcel. En forma inmediata sale la dotación hacia la cárcel y en pocos minutos se encuentra haciendo un combate riguroso con dos puntos de ataque hacia el interior de la celda que se estaba incendiando. Simplemente, como acotación, para que tengan una idea de que fue un poco atípica la intervención de Bomberos, les cuento que en otra situación se habría demorado algunos segundos o minutos más. En la intervención que hicimos en la sesión en régimen de Comisión General hicimos reproducir unas pruebas de laboratorio españolas que consisten en el incendio de un pequeño árbol de Navidad -como el que están viendo ahora- para que tengan una idea de la rapidez de propagación vertical del fuego. En este caso, pueden observar que son segundos. (Se proyecta un video) ——Allí se puede ver la violencia del fuego. O sea que en diez segundos está totalmente incinerado. Obsérvese también la gran concentración de gases tóxicos, algunos sin quemar. Van a ver un efecto -que vamos a repetir posteriormente-, el “flashover”, que es la

consumición total, el fuego generalizado en todo el ambiente. Es decir que en cuestión de cuarenta y dos segundos se quemó absolutamente todo. También en esta filmación tenemos otra prueba de la Protección Civil española, en la que se hace la recreación de un incendio en un living. Como pueden apreciar, el fuego se inicia en un sofá, en un sillón. Comienza el desprendimiento y la concentración de gases altamente tóxicos y combustibles. Pido que se suba el volumen para escuchar lo que se dice. Creo que estas imágenes han sido elocuentes, pero más lo son las que veremos posteriormente. La Dirección Nacional de Bomberos ha seleccionado a los técnicos con más capacidad y mayor experiencia para hacer un análisis de laboratorio de los elementos que forman parte en este incendio. Solicitamos al LATU -Laboratorio Tecnológico del Uruguayque nos prestara sus instalaciones -el laboratorio de ensayo de inflamabilidad- para hacer un análisis de la rapidez de propagación. Para eso nos basamos en algunas normas, según las características de este ensayo: norma aplicada IRAM, INTI, CIT, 7577 para textiles; es una norma argentina con fundamentos europeos. El objetivo fue determinar la inflamabilidad de muestras de las frazadas que estuvieron comprometidas en el incendio. La primera frazada, una gris mora -la van a ver posteriormente-, estaba hecha en una tela constituida en un 100% en poliéster y otra, escocesa, era del mismo tipo. Acá tenemos la preparación de las muestras: 305 milímetros por 70 milímetros, según la norma. El equipo de ensayo estaba compuesto por una cámara de combustión y consola de control. Es un equipamiento que tiene algunos años, pero se pueden hacer estudios realmente importantes en cuanto a la rapidez de propagación de cualquier tipo de material. Se inicia el ensayo colocando en la probeta muestras en posición vertical. Se aplica una fuente de calor, un mechero con gas licuado de petróleo, con una llama de cuarenta milímetros constante por el término de doce segundos. Ese mechero -que vimos abajo- se retrae automáticamente a los doce segundos. En esta imagen la frazada se inflama y comienza la propagación antes de los doce segundos. En los segundos posteriores a retirarse el mechero, la muestra

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sigue ardiendo, consumiéndose un 50% en este período. La muestra se consume completamente y el tiempo de duración total de la llama es de un minuto con veintiocho segundos y un minuto con treinta y dos segundos para una y otra muestra de frazadas. Es decir que la variación en tiempo para cualquiera de las dos es prácticamente igual. En esta imagen vemos el ensayo, los residuos carbonosos de la prueba, el largo total carbonizado con pérdida total de masa, lo que concluye en la consunción total del combustible. Quiere decir que esta muestra ardió en forma total. Luego tenemos una tabla de comparación de resultados cualitativos y cuantitativos. En función de lo antes descrito, los resultados mencionados se clasifican en tres niveles. La clasificación se hace teniendo en cuenta el peor nivel obtenido en el análisis cuantitativo. Precisamente, en el análisis de las frazadas; el tercero fue el peor nivel de combustión. Las conclusiones son las siguientes. Ambas muestras entran en ignición y la llama se propaga. La muestra número 2 desprende materiales encendidos por goteo, lo que vamos a ver en un pequeño video. El nivel alcanzado por las muestras es el número 3, o sea, el peor comportamiento esperado para materiales textiles. Se pudo comprobar la autopropagación de la llama después de retirada la fuente de calor y la carbonización total de ambas muestras. Se ensayan muestras similares de ambas frazadas en posición horizontal también, con aplicación de igual fuente de calor y procedimiento de ensayo. Para ambas muestras los tiempos totales de llama son mayores, autoextinguiéndose a los siete minutos doce segundos, la primera, y a los siete minutos cincuenta y ocho segundos, la segunda muestra. El fuego consume la totalidad del combustible. También se hicieron ensayos fuera de norma, simplemente para tener una visión de la inflamabilidad, no dentro de la probeta sino fuera de ella. Es un ensayo de inflamabilidad de espuma de poliuretano a fin de analizar la velocidad promedio de la propagación de las llamas sobre este combustible. Se hace un ensayo de muestra de frazadas similares mediante la aplicación de fuente de calor eléctrica.

Se ensaya en cámara de combustión horizontal aplicando mechero durante doce segundos, llama de 40 milímetros, probeta de 305 milímetros por 70 milímetros. Antes de los doce segundos se produce la gestación de llamas, tal como se puede observar. Esto es en la espuma de poliuretano, que es lo que conforma los colchones. Al minuto y 51 segundos se produce la propagación de llamas sobre toda la extensión de la probeta, autoextinguiéndose completamente a los 4 minutos 43 segundos. En este caso lo que pueden apreciar es muy importante pues se reconstruyó un calentador precario, con las mismas características de los que son utilizados en su gran mayoría en los centros carcelarios, es decir, un ladrillo refractario y una resistencia eléctrica de 900 vatios; se suspende una muestra de frazada sobre soporte metálico -no sé si se puede apreciar en la imagen-, de color gris. Se pone en contacto esa muestra, -el combustible- con la resistencia incandescente, inflamándose en los primeros seis a diez segundos. La muestra de frazada arde con alta velocidad de propagación, consumiéndose la totalidad del material en el orden de un minuto. En este caso las condiciones de ensayo varían al efectuarse fuera de la cámara de combustión. Como se puede apreciar, la llama permanece con una alta temperatura hasta consumir en forma total el material combustible. La posición vertical de la muestra aumenta la velocidad de propagación y se mantiene; hasta que el material no se consume en forma total, la llama continúa. Acá vemos la segunda frazada, pero habrá algunas diferencias porque los señores Diputados podrán apreciar el desprendimiento de uno de los sectores de esa prenda, que cae en forma de goteo, que al igual que la otra muestra permanece encendida, manteniendo en forma permanente la combustión. Mostramos este video para que los señores Diputados tengan una idea más clara de cómo un pequeño elemento puede provocar temperaturas importantes, y con material disponible puede provocar un incendio de proporciones. Esta es una prueba de la misma prenda que se realiza dentro de la probeta. Se puede apreciar la importante concentración de humo que genera esta pequeña combustión.

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En estas otras imágenes se muestra el ensayo de la espuma de poliuretano -con la cual están fabricados los colchones-, la altura de la llama y la gran concentración de humo altamente tóxico, pues contiene cianuro de hidrógeno y ácido cianhídrico, que es otro veneno. Adviertan el mantenimiento de esa combustión, con una llama importante. Se ve la superficie superior, pero hay una toma que demuestra que en la parte inferior esa combustión continúa en forma pareja. Observen la alta concentración de humo en la parte superior. Este es uno de los materiales con mayor riesgo de combustión que tenemos todos, porque en nuestra casa familiar también está presente; es uno de los elementos de mayor riesgo por su alta toxicidad una vez que entra en combustión. A continuación, la Dirección Nacional de Bomberos, con la participación de los más calificados técnicos de nuestra institución, del Departamento Técnico, del Departamento de Pericias y algunos voluntarios que cuando se enteraron de lo que íbamos a hacer se sumaron a colaborar-, hizo una recreación del ambiente carcelario con elementos y materiales combustibles de similares características a las popularmente llamadas “ranchadas”. Esto se hizo el 23 de julio. El lugar era una habitación de mampostería, cubierta de hormigón armado, perteneciente a la ex fábrica “La Aurora”. El sitio donde se realizó este ensayo tenía unas dimensiones de 5,70 metros por 3,80 metros, y 2,90 metros de altura, con un volumen de 51,3 metros cúbicos. Si lo comparamos con la superficie que se incendió de la cárcel, advertiremos que estamos en un 25% del incendio de la cárcel de Rocha. En la recreación que hicimos se puede apreciar la vista general de la reconstrucción de un celdario en menor escala que el siniestrado. Pueden observar las prendas que hay en este simulacro, así como una plancha, una campera, cucheta y colchones. Se recrean las “ranchadas” similares a las de la escena del siniestro con una carga de fuego consistente en seis frazadas presten atención: utilizamos nada más que seis frazadas-, ropa, cuatro camas de madera, seis colchones de poliuretano y enseres varios. Como pueden apreciar, al fondo de la imagen se ve el monitor de una computadora; había algo similar en el celdario que eran unos televisores de pocas pulgadas. Se emplea como fuente de ignición un artefacto calefactor precario compuesto por un ladrillo refractario, como el que

vimos en el laboratorio, y por una resistencia eléctrica similar a la utilizada por los reclusos en los celdarios. A continuación se ve una imagen más cercana del calefactor utilizado como fuente de calor para la realización del ensayo de resistencia; la resistencia se observa incandescente a los dos minutos de encendida. Quiero aclarar que esta recreación no refleja el origen del incendio; eso es secreto de sumario judicial. Simplemente, se hace una recreación considerando la fuente de calor existente, que son los artefactos de calefacción caseros que utilizan los reclusos. Se debe destacar que antes de iniciar el ensayo se efectuaron las siguientes mediciones en el interior de la escena: temperatura ambiente, 14,6 °C; presión atmosférica 1.025 hectopascales; humedad 43%; velocidad del viento, 0. Cabe destacar que es muy probable que la temperatura ambiente en el celdario en el momento del incendio fuera superior a la de la recreación que hicimos; estamos casi seguros de que la temperatura ambiente rondaba los 20 °C. Pido que presten atención al artefacto que aparece en la imagen, que es un pirómetro óptico, que mide la temperatura de las fuentes de calor; en este caso, está midiendo la temperatura de la resistencia. Fíjense que la resistencia incandescente es de 477 °C. Este pirómetro óptico va a ser utilizado durante todo el desarrollo del incendio que vamos a recrear. Veremos el inicio, el punto de mayor desarrollo del fuego y, por tanto, de mayor intensidad de la temperatura. El proceso combustivo comienza inflamándose una prenda, tipo frazada, y a partir de la ignición se cronometró el tiempo de combustión, efectuándose medidas de temperatura periódicas en función del crecimiento exponencial del fuego. Transcurridos 15 segundos desde el inicio puede notarse la rápida evolución vertical de las llamas, con un fuego casi generalizado en pocos segundos. Como pueden apreciar en la imagen, están unos cuantos de los bomberos que trabajaron, parte del equipo pericial registrando las mediciones de temperatura con el pirómetro óptico, y otros filmando. A los dos minutos de iniciado el incendio se observa fuego creciente en franca propagación y gran emanación de humo negro, espeso, acumulado en el nivel del techo, descendente hasta 1,20 metros aproximadamente. Es decir que de esa concentración de humo al piso hay entre 80 y 90 centímetros con mayor cantidad de oxígeno. El registro de temperatura es de 350 °C.

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Tenemos la vista desde otras perspectivas, mostrando la rápida propagación del fuego y el incremento de la energía calorífica. A los dos minutos y treinta segundos de iniciado el incendio se produce el fenómeno de “flashover” -combustión súbita generalizada-: se inflama el humo generado por la combustión, presentándose el incendio en la etapa de fuego generalizado, con un registro de temperatura de 1.100 °C. Este es el momento de mayor temperatura registrada. En la siguiente imagen aparece la vista del exterior del recinto, similar a lo que pasó con las ventanas de la cárcel que vieron anteriormente. Se observan las lenguas de fuego salir por las aberturas, ganando oxigenación el proceso. En el minuto siete del incendio se abandona el período crítico y la temperatura comienza a descender luego de consumirse el material combustible plástico, los colchones y el poliéster de las frazadas: se mantiene la combustión de las maderas con una temperatura en descenso de 550 °C. En el minuto doce del incendio se produce la etapa final del siniestro y la temperatura continúa descendiendo, registrándose 350 °C. Acá hay una vista del declive del foco ígneo donde se observan encendidos elementos residuales de la combustión, maderas y residuos carbonosos. Esta es otra toma a nivel de superficie, prácticamente está todo destruido por el fuego. Luego de que esperáramos oportunamente que se autoextinguiera el fuego, por lo menos en su mayor parte, se procedió a apagar lo que quedaba de los residuos carbonosos. Se denota la afectación que ocasionó una combustión limpia, permaneciendo básicamente rescoldos de madera carbonizada, que es lo que vemos a nivel del piso. Esta es otra imagen en la que la afectación generalizada se nota en todas las paredes del recinto y en las ventanas. Acá se ve la gráfica con las mediciones. Existe un incremento exponencial hasta los ciento cincuenta segundos de incendio, es decir, dos minutos con treinta segundos. Ese es el momento cuando se alcanza el pico máximo de temperatura: 1.100 °C, medidos por el pirómetro óptico. En este preciso momento se pro-

duce el “flashover”, o sea, esa combustión generalizada que hoy explicaba. Una vez consumidos los combustibles de mayor inflamabilidad, colchones y frazadas, la intensidad calorífica del incendio fue decayendo en forma paulatina. En la gráfica se pueden apreciar las mediciones realizadas: a los sesenta segundos, a los noventa segundos, con temperaturas superiores a los 400 °C, a los ciento veinte segundos andamos cerca de los 800 °C, y a los dos minutos con treinta segundos se produce la máxima exponencia de temperatura, con 1.100 °C. Una vez que se consumen los materiales combustibles, la temperatura comienza a descender. A continuación, podrán apreciar el ensayo filmado. Como el recinto tenía estas características, utilizamos dos cámaras; tanto una como la otra tienen pruebas importantes y medidas que van a apreciar. En esto participó el Departamento I Técnico, el Departamento VIII Pericial de la Dirección Nacional de Bomberos y el Destacamento de Bomberos de Belvedere. En esta imagen se ve lo que más o menos mostraban las fotos para que ustedes tengan una idea más acabada de cómo se armó todo el escenario, similar a lo que sucede en las cárceles. Pero recuerden lo que dije hoy: hay seis frazadas en el ensayo. Es muy probable que en algunos sectores de la cárcel se supere esa cantidad de frazadas. Además, debemos tener en cuenta su posición vertical que acelera y multiplica la velocidad de propagación de los incendios. En esta se puede apreciar la fuente de calor; se trata de calefactores caseros construidos con un ladrillo refractario y unas resistencias. Podemos ver las frazadas. Recordemos que este es el 25% de la superficie de la cárcel donde sucedió la desgracia. Acá tenemos otro calefactor tipo cuarzo. Sería importante que una vez que se inicie el foco ígneo puedan cronometrar -nosotros ya lo hicimosel tiempo de desarrollo del fuego, teniendo en cuenta los dos minutos con treinta segundos, momento de mayor intensidad y temperatura, provocando la combustión súbita. Se da el comienzo de la hipótesis del inicio del incendio en función de las fuentes de calor predominantes: calefactores caseros en ladrillos y eléctricos tipo cuarzo. Sea el inicio del fuego en forma accidental, por radiación o conducción de calor, o en forma intencional, lo que vamos a ver es el desarrollo y los puntos

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de mayor intensidad del fuego. Sea cual fuere el origen -no estamos afirmando que sea este porque se están analizando otros aspectos-, sería bueno que pudiesen cronometrar el tiempo para que entiendan la ferocidad de la combustión y su violencia. Como vemos, no son muchos los elementos involucrados en el incendio: las frazadas, unas camas, los colchones. Cuando uno ve un ambiente con estas características, es muy difícil imaginar todos esos elementos actuando en forma simultánea y generando una deflagración que abarca todo el volumen de la habitación, sea cual fuere su tamaño. Fíjense la concentración de gases. Como explicamos hace un momento, hay gases que aún no se han quemado y que están prontos para arder o para provocar una deflagración tipo explosión que involucra todo el volumen. Inclusive, quienes estuvimos presentes realizando el ensayo tomamos las precauciones del caso y utilizamos los elementos de extinción proporcionados por el autobomba de Belvedere. Como pueden ver, en el minuto dos con treinta segundos se produce el momento de mayor intensidad calorífica según la temperatura registrada por el pirómetro óptico. Fíjense cómo arden los gases. Este es el momento de conflagración total del ambiente porque no están ardiendo las frazadas ni los elementos combustibles sino los gases de esa combustión. En la parte superior pueden ver la importante concentración de humo saliendo de esa habitación. Hay que considerar que tenemos una puerta abierta y ventanas con pocos vidrios; pusimos unos nailon para contener el oxígeno. Este es el momento que mencionábamos antes, cuando la temperatura de la combustión empieza a descender poco a poco, pero aún continúa la emanación de gases. El “flashover” ya se produjo y continúa la combustión de los materiales que aún se encuentran expuestos al incendio. En estos casos, lo primero que deben hacer los bomberos es enfriar el humo y, en este en particular, evitar que el humo que está saliendo de la habitación se propague, porque afectaría a todos los que estábamos realizando el ensayo. Permitimos que continúe la combustión hasta que prácticamente se autoextinguió, pero es impor-

tante que se aprecie cómo van quedando los materiales expuestos. Cabe destacar que este ensayo, en este nivel, es la primera vez que se hace en nuestro país. Debido a esta desgracia, nuestra institución ha creído conveniente reproducir esta escena para no limitarnos a las experiencias de otros países, como vimos hoy, sino tener nuestras propias experiencias y análisis de todos los procesos combustivos, para que también nos sirvan para prevenir incendios, sobre todo en hogares y en viviendas precarias, donde cada dos o tres días hay víctimas fatales. Ahora vemos la filmación de la cámara 2, desde otro punto de vista, tomada a partir de un minuto de iniciado el foco. Se hizo simplemente para que ustedes tuvieran otra visión desde un ángulo de mayor distancia de todo el proceso combustivo, con una importante concentración de humo altamente tóxico y con riesgo de explosión. De todas maneras, en forma literal, se va a anunciar el momento de “flashover”, es decir, la conflagración generalizada. Aquí podemos ver la concentración de humo. Próximo a los dos minutos y treinta segundos es el momento de mayor intensidad calorífica, y las temperaturas registradas por el pirómetro óptico de la DNB alcanzan los 1.100 °C en el centro de la habitación. Se ven las llamas en el centro cuando se generaliza el incendio. Valía la pena que ustedes volvieran a ver estas imágenes para que se dieran cuenta de la intensidad desarrollada del fuego. Debemos tener presente, tal como dijimos en la instancia anterior, cómo actúan el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el cianuro de hidrógeno y otros gases altamente combustibles. ——Ese es el ruido real del incendio. (Se reproduce el audio del incendio) ——Debemos recordar que la inhalación de estos gases a alta temperatura provoca quemaduras de las vías respiratorias, de los bronquios, que son irreversibles, no se pueden curar como una herida o una quemadura a nivel de piel. Si entre los señores Representantes hay algún médico, podrá confirmar que provocan la rápida intoxicación y el colapso de todo el sistema respiratorio, circulatorio y nervioso.

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Como decíamos, la sangre, desafortunadamente, tiene la propiedad de asimilar en forma rápida el monóxido de carbono, transformándolo en un veneno letal que es la carboxihemoglobina que, a su vez, en cualquier tipo de combustión va acompañado del dióxido de carbono que actúa acelerando la frecuencia respiratoria. Solo estos dos gases, de los cientos que participan en una combustión, son totalmente letales. Esa es mi participación, señora Presidenta y señores Representantes. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Usted disculpará, señora Presidenta, la prolijidad y la extensión de esta presentación, pero durante varios días nosotros escuchamos afirmaciones y vimos el mismo video que presentamos inicialmente como prueba de la demora de quince o veinte minutos, y también advertimos cómo se trataba de hacer creer que las voces que se oían eran las de quienes estaban adentro de la celda incendiada, cuando el video mostrado duraba catorce minutos. No pretendemos decir que sucedió igual; seguimos diciendo que si hubo una diferencia de uno, tres o cuatro minutos, eso lo tiene que resolver el Juez, pero es esa la demora posible. Es más: cuatro minutos es demasiado. En cuatro minutos, ¿quién hubiera salido con vida de ahí? Aunque estos no sean los tiempos, previo al momento más álgido, cuando se llegó a 1.100 °C, pasamos por 300º C, 400º C, 500º C y 600 °C, mucho antes de los dos minutos y medio. Entonces, si fue así, ¿quién podía haber quedado con vida? Nosotros queríamos demostrar eso porque, a veces, es fácil interpretar cosas que no se conocen del todo y se plantean responsabilidades que no corresponden. De todas maneras yo insisto en que esa diferencia entre uno, dos, tres, cuatro o cinco minutos la tendrá que determinar el Juez. Quiero decir que a esta altura hay tres investigaciones en marcha: la judicial, que empezó el mismo día; la de la Jefatura de Policía de Rocha, que empezó el mismo día; y otra que forma parte de un documento que dice “Reservado y Urgente”, del que voy a leer una parte que no es reservada. El documento es del 9 de julio y dice así: “Visto: el incendio producido en la Cárcel Departamental de Rocha el día 8 de julio de 2010.- Resultando: I) Que

con el episodio acaecido, se produjo el fallecimiento de 12 reclusos alojados y resultaron gravemente heridos varios de ellos.- II) Que concurrió personal de la Dirección Nacional de Bomberos, de Policía Técnica, de la Cárcel y de Jefatura Departamental a efectos de practicar las primeras medidas de auxilio y de averiguación de los hechos.- Considerando: Que dada la gravedad de los hechos, a fin de esclarecer los mismos, de determinar la posible existencia de irregularidades e individualizar a el o los responsables, corresponde disponer la realización de una investigación administrativa, la que estará a cargo de la Dirección de Asuntos Internos.- Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 de la Ley 18.362 y 182 a 185 del Decreto N° 500/991.- El Ministro del Interior resuelve: 1º) Dispóngase la realización de una investigación administrativa a fin de esclarecer los hechos expuestos en la presente, la que estará a cargo de la Dirección de Asuntos Internos.- 2º) Pase a la Dirección de Asuntos Internos a los fines pertinentes”. Entonces, hay tres investigaciones y todos estos videos, presentaciones y fotos están a disposición del señor Juez que está estudiando los hechos. Nosotros hicimos esto a los efectos internos para determinar algunas cosas. Precisamente, algunas las hemos determinado, pero por supuesto que hasta que no termine la investigación no lo vamos a hacer público. Voy a leer ahora una circular de 1º de setiembre de 2009, a la que di lectura en la instancia de la Comisión General, pero como esta es mi segunda comparecencia en el plenario no voy a dar por bueno lo que ya dije porque en aquel entonces no estaban presentes todos los Diputados. Entonces, tengo que hacerlo de nuevo. Se trata de una circular de la Dirección Nacional de Policía a todos los Jefes de Policía, como consecuencia de la muerte de las cinco personas privadas de libertad en el COMCAR en 2009. Inmediatamente, la Dirección Nacional de Policía emite esa circular que dice: “Finalidad: Determinar las medidas que deberán adoptar en los Establecimientos Carcelarios, Penitenciarios y Centros de Recuperación de todo el país, con el fin de prevenir siniestros en el interior de los mismos y las medidas de mitigación ante la generación o provocación de focos ígneos.- Disposiciones: A) Se realizará la inspección de todos los medios fijos y portátiles de extinción, tomando en cuenta las condiciones de uso, funcionamiento y tipo de elemento de extinción.- B) Establecer si las canti-

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dades existentes y los equipos de extinción son los adecuados de acuerdo a la carga de fuego del establecimiento evaluado.- C) Verificar que en los elementos portátiles (extintores) se encuentran vigentes la carga y ensayo hidrostático.- D) Controlar que los medios fijos de extinción, como bocas de incendio, depósitos de agua e hidrantes de la red de OSE en el interior o zonas circundantes al establecimiento se encuentren operativos ante una emergencia.- E) Confeccionar un Plan de Contingencia donde se realice un estudio de todas las situaciones de emergencia o siniestros que se puedan producir en el interior del establecimiento carcelario o en el exterior del mismo, que pueda afectar la estructura del establecimiento e integridad física de los ocupantes de dicho centro y las líneas de acción para brindar una respuesta rápida, eficaz y coordinada.- F) Dicho Plan deberá estar en conocimiento del personal integrante del efectivo del establecimiento, debiendo realizarse actividades de capacitación en la respuesta a emergencias.- G) Deberá llevarse un registro de actividades de capacitación, simulacros de respuesta a siniestros y del control de las medidas fijas y móviles del establecimiento.- H) Para llevar adelante esta gestión se autoriza a realizar las coordinaciones directas con la Dirección Nacional de Bomberos a través de los Jefes o Encargados de Destacamentos Locales, Jefes de Zonas u oportunamente con el Comando de la misma.- I) Las coordinaciones que se realicen para cumplir esta actividad no suplantan las gestiones que se deben llevar a cabo para obtener la habilitación final de todas las medidas de seguridad contra siniestros de los respectivos establecimientos.- J) Deberán en un plazo no superior a 15 días presentar el Plan de Contingencia y una evaluación de la situación en materia de seguridad y protección contra siniestros.- Distribución: “A” para conocimiento y cumplimiento”. Esto lo firma el Director Nacional de Policía, el Inspector General retirado Sidney Ribeiro con fecha 1º de setiembre. El 15 de setiembre, el Jefe de Policía de Rocha le escribe al Inspector General retirado Sidney Ribeiro lo siguiente: “Cúmpleme llevar a su conocimiento, la situación que existe en la Cárcel Departamental de Rocha, debido al número de personas de ambos sexos alojadas en la misma. Este Centro de Detención de media seguridad, fue creado en el año 1880 y estaba destinado a mantener aproximadamente a 60 reclusos; en el momento actual se cuenta con 180 personas privadas de su libertad, entre ellas, veintidós mu-

jeres.- En materia de infraestructura edilicia, debido al tiempo y a la población carcelaria a que está sometida, no se pueden realizar las elementales tareas de mantenimiento, en alojamientos, baños, red sanitaria, etcétera; que conlleva a que día a día se siga deteriorando a tal punto que se hace muy difícil la habitabilidad debido a la cantidad de procesados y penados.En este sentido, corresponde señalar que la población carcelaria se ha incrementado en un 200%, generando inconvenientes en la convivencia entre los internos.- Por otra parte, los recursos logísticos están resultando insuficientes, ya que los cálculos que se efectuaron en su oportunidad estaban dirigidos a un número menor de reclusos.- En el tema alimentación, a título de ejemplo, fue necesario solicitar la ampliación de rubros para atender la compra del pan. También, se han generado más solicitudes por temas de salud, y el trabajo para los internos ha quedado limitado ya que ha sido necesario contemplar la seguridad del Establecimiento.- En este aspecto, a simple vista, se puede observar que la reja perimetral ha sufrido un notorio deterioro, y está a punto de caerse. No se puede cambiar, porque la Cárcel Departamental, es un inmueble que está comprendido dentro del régimen de Patrimonio Nacional. En este sentido, y como medida complementaria, se ha previsto la colocación de un alambre de púa, para una contención más efectiva de las personas allí alojadas.- La misión de seguridad, se encuentra afectada por el número de reclusos (180), pues el personal Policial corresponde a las Comisarías Seccionales y la relación numérica no es la más óptima; no obstante ello, se mantienen los niveles de seguridad. Es importante señalar, que la vida carcelaria, se inicia con el conteo de rigor que se lleva a cabo en “las cuadras”, luego surgen múltiples y diversas actividades, en los distintos sectores del Establecimiento, como las visitas, el trabajo mínimo de los internos, la comparecencia de los abogados, el traslado de los reclusos al Servicio Médico, etcétera.En razón de lo mencionado, no se puede cumplir con lo que indica la Ley N° 14.470 (el Régimen de la Progresividad), debido a la cantidad de internos.- Las limitadas tareas que se indican precedentemente, están dirigidas a mantener una normal convivencia en dicho lugar, pero afectando la seguridad, ya que la guardia policial se va fraccionando y dispersando gradualmente. Esto provoca que en determinado momento del día, la seguridad interna quede severamente vulnerable por la drástica disminución de efectivos.-

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Por lo expuesto, el firmante eleva a su consideración estas actuaciones, con la finalidad de instrumentar medidas, para redistribuir parte de la población reclusa, que tiene el Establecimiento de Detención de la Jefatura de Policía de Rocha en otro lugar y aliviar el hacinamiento carcelario.- Saluda a usted atentamente, el Jefe de Policía de Rocha, Inspector General Alcides Caballero”. Uno lee esto, escucha esto y puede decir: “¡Qué barbaridad!” ¿Saben lo que pasa? Pasa en todas las cárceles. ¡Pasa en todas las cárceles! Decimos que había tres guardias internos para la población de la cárcel de Rocha, y la media nacional es un guardia cada ciento diez internos -esa es la media-, ¿cómo uno soluciona esto? Me pueden decir: hubieran cambiado tal cosa en Rocha, pero también habría que cambiarla en Rivera, en Canelones, en Lavalleja, y seguimos. Entonces, el camino fue el que seguimos nosotros, o sea, presentar el proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria pidiendo recursos para cambiar las cosas, porque lo sabíamos. El documento de diciembre que mencionaba el señor Diputado interpelante no agrega nada a esto o a otros documentos que nosotros tenemos. Pero todavía falta saber si había o no plan de contingencia, porque lo que leí es de fecha 15 de setiembre. Con fecha 19 de setiembre, el Jefe de Policía de Rocha, Inspector Caballero, establece el plan de contingencia ante situaciones de emergencia o siniestros en el local de la cárcel departamental. Y dice así disculpen que lo lea nuevamente en esta instancia; como no fue oído por todos tengo que repetirlo-: “La Jefatura de Policía de Rocha, se encuentra abocada a la confección de un Plan de Contingencia a fin de determinar las medidas que se deben adoptar en esta Cárcel Departamental con el fin de prevenir siniestros en el interior de la misma y las medidas de mitigación ante la generación o provocación de focos ígneos. Su finalidad es evitar que tales hechos puedan afectar la estructura material del edificio, y preservar la integridad física de sus ocupantes.- I – Referencias: Circular N° 8/09, de fecha 01/09/09, de la Dirección de la Policía Nacional.- II – Situación: Ante hechos de notoriedad pública, en los cuales reclusos de distintos centros de reclusión del país, han provocado focos ígneos en el interior de sus celdas con motivo de alterar el orden o llamar la atención sobre sus causas, en algunos de los cuales han perdido la vida varios internos, se trata de evitar tales acontecimientos en esta Cárcel

Departamental, o, en caso de acontecer, mitigar sus consecuencias.- III – Misión: A) Misión: 1- Mantenimiento del orden y la Seguridad Pública.- 2- Implementar un dispositivo de seguridad a fin de preservar la integridad física e instalaciones en torno al edificio carcelario y dentro de su predio, con apoyo de distintas dependencias de esta Jefatura y otras reparticiones del M.I.- B) Idea de maniobra: 1- Prever refuerzo de las Unidades Básicas Operativas y otras Unidades Ejecutoras.- 2- Realizar acciones preventivas e inspecciones de los medios fijos y portátiles de extinción, así como de bocas de incendio, depósitos de agua o hidrantes, los cuales se mantendrán operativos y en cantidad suficiente.- 3- Poner en conocimiento de todo el personal penitenciario las medidas a adoptar y realizar actividades de capacitación al respecto, así como simulacros.- 4- Efectuar las coordinaciones necesarias con la Dirección Nacional de Bomberos a fin de las inspecciones e informes técnicos del edificio carcelario.- 5- Coordinar servicios con personal del Ministerio de Salud Pública, para la atención y/o traslado de lesionados a centros asistenciales.6- Establecer un perímetro de seguridad en torno al edificio carcelario, a fin de evitar el acceso de personas no autorizadas y facilitar la operativa de efectivos y vehículos.- 7- Disponer que otras dependencias de esta Jefatura, instalen, mediante orden, (…), y mantengan un servicio de retén y apoyo en caso de necesitarse.- IV- Misión a los elementos subordinados: A continuación se detalla un ‘Plan de Contingencia’ clasificado en función del siniestro, basado en cinco situaciones: Alerta 1: de menor índice de peligrosidad, se trata de un foco ígneo de escasa dimensión en un alojamiento ubicado en patio externo.- Alerta 2: situación dentro del establecimiento, indica incendio de tablero eléctrico.- Alerta 3: Situación de mayor gravedad, se da en un sector, implica daños a instalaciones, pero no riesgo físico a reclusos.- Alerta 4: Implica fuego descontrolado en un sector determinado, con riesgo a reclusos e instalaciones, por lo cual se debe evacuar dicho sector.- Alerta 5: Situación de alta peligrosidad, con fuego descontrolado que involucra a la totalidad del establecimiento, con riesgos físicos y edilicios”. Obviamente, estuvimos ante un alerta 4. Continúa así: “Ante toda esta situación de emergencia generada en Cárcel Departamental, cualquiera sea su naturaleza (disturbios, incendio, fugas, etcétera), el personal apostado en la misma, dará aviso de inmediato a la M.C.O.” -Mesa Central de Operaciones-

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“de esta Jefatura, quien comunicará tal novedad al Comando Jefaturial e implementará el presente plan.A la mayor brevedad posible, las Seccionales 1ra., 12da., B.O.T. y D.I. apoyarán con efectivos al establecimiento carcelario en el predio del mismo, así como en las aceras de calles Ramírez, Piedras, Julián Graña y Eliseo Marzol, a fin de evitar la fuga de reclusos que pretendan saltar el rejado exterior, e impedir la concurrencia de personas extrañas al lugar.- Personal de la Brigada de Tránsito, procederá a efectuar el cierre de calles en las cuatro esquinas que conforman la manzana del edificio de reclusión.- En caso de incendios, efectivos de Cárcel apoyados por personal de […]” otras unidades ejecutoras ” […] procederán a desalojar el sector afectado, y a trasladar a los reclusos al exterior del edificio, donde permanecerán bajo custodia en todo momento.- Tal evacuación, se realizará por el pasillo central y en perfecto orden, evitando situaciones de pánico que agraven aún más las condicionantes del actuar policial.- Se efectivizarán las comunicaciones a autoridades de UTE, a fin de proceder al corte de la energía eléctrica. En este momento, se encenderán los generadores que iluminarán el exterior del edificio y los reclusos allí evacuados.- Se librará la comunicación correspondiente al destacamento de Bomberos local, quienes combatirán el fuego, contando su accionar, con el apoyo de los efectivos allí apostados.- Se requerirán ambulancias de Salud Pública, para la atención en el lugar o traslado a centros asistenciales de posibles heridos, ya sea personal policial o reclusos.- Las Seccionales 4ta., 7ma., 8va., 11ra., dispondrán, en el momento de implementarse el presente plan, de un servicio de retén de personal y vehículos, ante un eventual pedido de apoyo a Cárcel Departamental.- X Detalles de Coordinación:- Autorizado el enlace directo entre las Unidades involucradas.- Se establecerá un sistema de coordinación permanente con otras Unidades Ejecutoras del Ministerio del Interior:- Dirección Nacional de Bomberos.- Dirección Nacional de Policía Caminera.- Otras Jefaturas de Policía Departamentales, pertenecientes a la Región Policial III.- Con otras Instituciones Públicas:- Intendencia Municipal de Rocha.- Ministerio de Salud Pública, Centro Departamental.- Autoridades del Poder Judicial.- Con otras Instituciones Privadas:- Mutualistas privadas.- El presente plan se levantará mediante orden.- V Asuntos Administrativos y Logísticos:A – Administración:- Se omite.- B -Logística:- Uniforme: Se utilizará el orgánico de cada Unidad.- Arma-

mento: – El asignado a esta Unidad Ejecutora.- Comandos y transmisiones.- Comando:- Comando de la Jefatura de Policía de Rocha.- Comando de Cárcel Departamental.- Transmisiones:- Red interna: Constituida por la Mesa Central, los equipos bases Seccionales, los móviles, y los handies correspondientes a cada Unidad.- Sistemas de Comunicaciones: Código de uso actual.- Los Celulares asignados a cada repartición”. Esto lo firma el Jefe de Policía de Rocha. En la instancia de la Comisión General comentábamos que este plan de contingencia fue el que se aplicó y que falló en lo que tiene que ver con los extintores, porque existían, pero se agotaron unos días antes. Esto se debió a que un recluso quemaba habitualmente sus pertenencias y ese fuego era extinguido con esos extintores, cuya carga no fue renovada. También decíamos que, ante la magnitud del incendio, los extintores no habrían servido absolutamente para nada. Ahora queremos hablar de las medidas que tomamos en Rocha. Al día siguiente del hecho hubo una sugerencia del Inspector Mayor Raúl Díaz -aquí presente-, que dice: “[…] cúmpleme hacerle llegar a usted las siguientes medidas preventivas en materia de protección contra incendios para las Cuadras Carcelarias del Establecimiento Departamental, las que deberían de instrumentarse en carácter de apremiante en función de los hechos ocurridos en la presente madrugada en el local de referencia:- 1. No se deben permitir sistemas de calefacción que no estén homologados, autorizados y/o con las debidas normas de seguridad dentro de los Pabellones.- 2. Se deberá ajustar a las normativas de instalaciones eléctricas según UTE en la totalidad del recinto penitenciario, sectorizándose el mismo por pabellones.- 3. Dichas instalaciones deberán contar con las protecciones adecuadas.- 4. Se deberá de instalar en el recinto de guardia una batería de 12 (doce) extintores a Polvo tipo ABC de 8 kgrs. cada uno.- 5. Se coordinará desde ese organismo una nueva Instrucción y Capacitación del personal que presta servicio con referencia al uso y manejo de los medios recomendados.- 6. Los Puntos 1, 2, 3 y 4 se llevarán adelante como se menciona en forma paralela del contenido en Oficios Locales N° 106/2009 de fecha 22 de setiembre de 2009 y Nº 110/2009 de fecha 05 de octubre de 2009, elevados en su momento desde este Destacamento a esa Jefatura.- 7. La utilización como alojamiento de la cuadra afectada deberá clausurarse preventivamente

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hasta que medie opinión técnica de un arquitecto del Ministerio del Interior o de personas a quien designe esa Jefatura a los efectos de dar seguridad edilicia definitiva”. Recuerdo que el viernes anterior a que compareciéramos ante esta Cámara se había promulgado la Ley de Emergencia Carcelaria, que contenía algunos elementos que nosotros manejamos y que voy a volver a leer, aunque esto signifique hacerlo dos veces. Una parte de la exposición de motivos decía: “Amén de las garantías que es necesario fortalecer en protección de la seguridad interior de toda la ciudadanía, el examen de la situación no puede descuidar la consideración a otros principios de superior jerarquía como aquellos vinculados a la protección de la dignidad humana.- La situación carcelaria actual conspira contra estos principios, en tanto el deterioro edilicio que presentan los centros penitenciarios con el colapso total del sistema eléctrico y sanitario” -reitero: colapso total del sistema eléctrico y sanitario; esto lo establecimos nosotros en la exposición de motivos; nosotros señalamos las dificultades que había- “[…] el hacinamiento generalizado de reclusos, el desbordamiento de la capacidad material de los recursos humanos disponibles para la custodia del número de internos alojados en las cárceles, conllevan a un agravamiento constante de las condiciones de vida de los internos y del personal policial encargado de su custodia.- Este panorama justifica la adopción de medidas de urgencia ajustadas y proporcionales a la difícil situación que se relata y, respecto de lo cual, se ha contado con la decidida comprensión de todas las fuerzas políticas y sociales como cabal expresión del compromiso colectivo de integración y cohesión social que los problemas más acuciantes del país demandan”. A partir de que la ley fue promulgada, nosotros contamos con otros recursos, y lo primero que hicimos -no solo con la cárcel de Rocha- fue contratar una empresa que hiciera un informe técnico de todas las cárceles. Voy a leer el correspondiente a Rocha y lo que se comenzó a hacer allí; inclusive, se podrán mostrar algunas imágenes. La empresa dice: “Según relevamiento realizado los días 20 y 21 de julio de 2010 se encontraron las instalaciones eléctricas en mal estado, carentes de protecciones adecuadas para la seguridad tanto de reclusos como de personal policial.- Esto se debe a que las líneas no cuentan en ninguna parte de su extensión con los interruptores calibrados para el conductor. Esto quiere decir que si la

protección es de mayor amperaje que lo que soporta el conductor que alimenta nunca funcionará como protección térmica. Es de aclarar que en la forma que se encuentra la red de alimentación a los tableros la misma pasa primero por el patio de reclusos y luego llega al sector de guardia, lo que implica que los reclusos son los que tienen el control de la red eléctrica del establecimiento.- Por otra parte en el sector de las cuadras no se cuentan con protección de diferenciales y una distribución adecuada. Esto quiere decir que de la forma que se encuentra la instalación los reclusos tienen acceso directo a las líneas generales de dicho establecimiento y por lo tanto el personal policial, quien sería el que tendría que comandar la instalación, no tiene control sobre ella.- A su vez ninguna de las instalaciones en las cuadras cuenta con la descarga a tierra correspondiente y por lo tanto al no tener descarga a tierra y protección de diferenciales se correría peligro de electrocución.- Todas las derivaciones para tomas e iluminación contarán con su protección termomagnética, protección diferencial y conductor de descarga a tierra. Además, para el comando y funcionamiento de dicha cárcel se preverá un solo tablero y general que estará dividido en tres partes. La primera estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará interruptores termomagnéticos para las derivaciones de oficinas, iluminación exterior de la cárcel, casillas del perímetro e iluminación en patios exteriores. La segunda parte estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará interruptores termomagnéticos para las iluminaciones interiores en cada cuadra. La tercera parte estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará interruptores termomagnéticos para la alimentación de tomas interiores en cada cuadra.- En lo que respecta a las instalaciones interiores de las cuadras, se realizarán desde la azotea por donde vendrán las cañerías con las líneas de derivación y bajarán por los muros hacia tomas y luces de las cuadras embutidos, pero por la cara exterior del muro para solo luego entrar con la punta del caño y así evitar cañerías interiores y disminuir la posibilidad de acceder a cableados directamente.- Por último, cabe agregar que se dejará previsto un sistema de interruptores independiente para bomba de incendio y con esto lograr la posibilidad de apagar la cárcel y seguir con tensión en el suministro previsto para bombas de incendio”. Antes de leer lo que se está haciendo, quiero aclarar algo que dije antes, porque en la carta del Je-

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fe de Policía de Rocha del 15 de setiembre se dice que había 180 reclusos en 2009. Uno podría decir: “¡Qué barbaridad!”, pero estos eran los reclusos que había en 2002. Lo que estamos leyendo ahora pasaba en 2002. Más adelante leeremos lo que pasaba antes de 2002. Entonces, lo que cabe es tomar conciencia de la situación y adoptar medidas para cambiarla, pero en general. Y es lo que estamos haciendo; por eso presentamos un proyecto de emergencia carcelaria que señalaba los aspectos que había que cambiar y para eso pedíamos recursos. Ahora voy a lectura lo que se está haciendo; se había terminado una cuadra, estaban terminando la segunda y, probablemente, mañana terminen la tercera, y quedaría terminado el problema eléctrico en la cárcel de Rocha. Dice así: “De acuerdo con relevamiento realizado el día 21 de julio y en conjunto con la Jefatura de Rocha se han chequeado las instalaciones existentes, las cuales se resolvieron no reutilizar ninguna de las mismas. En una primera instancia,” -simultáneamente, podríamos exhibir las imágenes- “lo que comprende este presupuesto se realizará la totalidad de la instalación eléctrica del edificio central, no así las construcciones aledañas, las cuales se reconectarán a la instalación nueva a realizarse en el edificio central. En el edificio central, que está comprendido por seis cuadras más oficinas, se ejecutarán los trabajos de acondicionamiento eléctrico a nuevo en su totalidad.- Los trabajos se iniciarán desde el puesto de medida de UTE hacia el interior. El puesto de medida actualmente se encuentra en malas condiciones, por lo cual se coordinará con UTE para poder realojar el medidor en un nuevo cajón de policarbonato. A espaldas de este cajón pero hacia el interior del predio se colocará un tablero estanco en donde se ubicará el interruptor general de la cárcel y el interruptor para bomba de incendio. De esta forma se prevé que en caso de foco incendio el personal correspondiente puede apagar el interruptor de la cárcel y a su vez dejar la bomba de incendio con tensión. Desde el interruptor general destinado para la cárcel se colocará un preensamblado de 4 x 50, suministrado por Jefatura de Rocha. Este preensamblado alimentará un tablero general ubicado junto al mostrador de recepción. El tablero general estará dividido en tres partes. La primera estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará

interruptores termomagnéticos para las derivaciones de oficinas, iluminación exterior de la cárcel, casilla de perímetro e iluminación en patios interiores. La segunda parte estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará interruptores termomagnéticos para las iluminaciones interiores en cada cuadra. La tercera parte estará compuesta por un interruptor diferencial general que alimentará interruptores termomagnéticos para la alimentación de tomas en cada cuadra. Estas derivaciones que se alimentarán desde el tablero general se realizarán totalmente a nuevo con cable bajo plástico, doble aislación en 3 x 1 mm2 para iluminación, 3 x 2 mm2 para tomas. En cada cuadra se colocarán 2 líneas desde el tablero general con su térmica correspondiente que alimentarán 6 tomas shucko, línea AVE, y 2 líneas para iluminación con su térmica independiente. Esto quiere decir que cada cuadra podrá ser comandada desde el tablero general y en forma individual tomas y luces. En cuanto a las luces se aclara que 2 receptáculos de porcelana se comandarán directamente desde el tablero y uno se comandará desde el tablero pero a su vez contará con interruptor dentro de la cuadra para el comando de los internos. Estas cantidades se mantendrán para todas las cuadras, excepto para la femenina, que al encontrarse subdividida se duplicarán dichas cantidades.- Para los calabozos se colocará una línea 220V, comandada con un interruptor desde el tablero general y en azotea antes de alimentar los calabozos se colocará un transformador de 220V/12V y así los picos ubicados en dichos calabozos funcionarán con lámparas de 12V. Dichos calabozos no contendrán ninguna toma ni punto accesible a 220. Toda la instalación de distribución antes mencionada se realizará por la azotea y pretiles.- Se colocará una línea general de tierra con jabalinas en paralelo hasta llegar a las medidas aceptadas por UTE. Esta descarga irá con cable verde amarillo de 50 mm. hasta el tablero general donde se conectará todas las líneas provenientes de iluminación y tomas a una barra de tierra”. Se me podrá decir que esto se podría haber hecho antes; sí, pero si hubiera habido recursos. Además, se trataba de una sola cárcel, pero esto pasa en casi todas las cárceles departamentales y también en aquellas que pertenecen al Sistema Nacional de Cárceles. Entonces, era imprescindible contar con los recursos. Junto con esto, también se planteó proporcionar frazadas, no solo en la cárcel de Rocha, sino en todas las cárceles, porque hace muchos años que no se ha-

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ce. Entonces, se compraron frazadas, que no son incombustibles porque no hay, pero son las menos combustibles y las que generan menos gases si se queman. En este sentido, se siguió la recomendación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, porque me han preguntado esta semana si prohibimos las “ranchadas”. No lo hicimos porque estamos siguiendo la recomendación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, quien planteó que la prohibición era peor que la enfermedad, por lo que había que proporcionar medios para bajar los niveles de peligrosidad. Entonces, lo que pretendemos con la entrega de frazadas es bajar la cantidad de calentadores por celda; no nos referimos a eliminarlos sino a disminuir su cantidad. Voy a leer parte -sería bueno leerlo todo pero es muy largo- de un informe que me envió el Jefe de Policía de Rocha. De este voy a extraer solamente la capacidad de alojamiento y la cantidad actual de presos, que no es 180. Dice así: “Con el paso del tiempo y el crecimiento en la cantidad de procesamientos debido al aumento de la eficacia policial y el endurecimiento de las leyes, una de las principales preocupaciones que ha generado la Cárcel de Rocha es la superpoblación carcelaria, que tuvo su momento más crítico, hasta ahora, a principios de este siglo, cuando se llegó a alojar una cifra cercana a las 150 personas en un Establecimiento creado para no más de 50 reclusos.- En los últimos años, para atenuar esta situación, paulatinamente se tomaron medidas no convencionales de distribución de la población reclusa, basándose en las conductas, perfiles, actitudes y aptitudes de las personas privadas de libertad.- En ese sentido, podemos dividir actualmente el área carcelaria en tres sectores: intramuros, extramuros y exterior, de acuerdo al siguiente detalle.- Intramuros.- En el área interna del Establecimiento se encuentran alojados 66 hombres y 8 mujeres (una de ellas con una niña de 18 meses en forma permanente), en un área total física de 467, 88 m2, pensada originalmente para un máximo de 50 personas.- Extramuros.- Dentro del perímetro carcelario, pero en distintas localizaciones externas al área de intramuros, se alojan 22 reclusos en un área de 143,10 m2 distribuidos de la siguiente manera: 14 en el denominado ‘Lavadero’,6 en el edificio Ex-Escuela y 2 en un trailer ubicado en el perímetro.- Exterior.- Fuera del período carcelario se alojan 12 reclusos discriminados de la siguiente manera: 8 en Chacra Policial, 1

en Seccional 2da. (Femenina), 1 en arresto domiciliario, 1 en Hospital Vilardebó, y 1 en Oncología de Montevideo”. En Rocha, además de esto, teníamos la intención -la anunciamos- de trasladar 40 personas privadas de libertad al Batallón N° 12; esto también lo pidió la Junta Departamental de Rocha. Nosotros tratamos de hacerlo y nos encontramos con una dificultad planteada no por el Jefe del Batallón sino por el Comandante de División quien entiende que en este momento no hay lugar ni condiciones para la visita. En ese sentido, planteamos que la visita se podía hacer en la cárcel y que nosotros hacíamos el traslado, pero no fue posible. Entonces, estamos planteando dos posibles soluciones. Una de ellas es la compra de diez contenedores similares a los que se utilizan en la Antártida, que tienen dentro camas, calefacción, baño y cocina. Después veremos si los podemos usar en el Batallón, en la cárcel o en otro lado. Cabe aclarar que los diez contenedores no son para Rocha, porque no son necesarios; sí los necesitamos en el resto del país. La otra solución tiene que ver con algo que ya se había empezado, que es mejorar y construir en la chacra policial alojamiento para mayor cantidad de personas privadas de libertad. El Intendente Municipal de Rocha ofreció mano de obra para trabajar si nosotros poníamos los materiales necesarios. Se han puesto los materiales solicitados y se están ampliando las instalaciones para alcanzar una capacidad de cuarenta personas privadas de libertad. Inclusive, debido al tamaño del predio, después podría seguirse ampliando sin la urgencia del momento. En la imagen que estamos viendo podemos apreciar lo que se está haciendo que, obviamente, no es para personas que requieren mayor seguridad. Estas instalaciones son para personas de baja y media seguridad, que tendrán acceso a otras actividades relacionadas con políticas de rehabilitación. Lo que estamos haciendo en Rocha con la chacra no está motivado por lo que pasó el 8 de julio sino que fue un proceso que empezó mucho antes, en Lavalleja, cuando el Jefe de Policía del departamento comenzó a mejorar la chacra Campanero para ampliar su capacidad. Debemos aclarar que el único destino que tiene la cárcel de Lavalleja, al igual que la de Rocha, es el de ser cerrada. Esas cárceles no tienen

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arreglo; hay que cerrarlas. Pero para cerrarlas se necesita algo que las sustituya. El Jefe de Policía de Lavalleja, Inspector Principal Martinelli, estaba ampliando la chacra con recursos propios. Nosotros le preguntamos si la podía ampliar también para los que necesitan seguridad con otro tipo de construcción y le pedimos que nos dijera cuánto dinero necesitaba. Nos dijo que para trasladar toda la cárcel de Lavalleja precisaba US$ 50.000. Ya le dimos ese dinero. No solo se lo dimos sino que hace meses lo tomamos como ejemplo de lo que hay que hacer con las chacras policiales, que son dieciocho. La segunda chacra policial que comenzó esto fue la de Rocha y la tercera, quizás, sea la de Soriano. Como decía, nosotros pensamos generalizar este sistema. La semana pasada, además de lo que se está haciendo en Campanero, se construyó un celdario para mujeres al que se trasladó a todas las reclusas de la cárcel de Lavalleja. En consecuencia, una cárcel que hace pocos meses tenía ciento treinta o ciento cuarenta personas, hoy tiene setenta. Cabe aclarar que también se trasladó a quienes están trabajando en la construcción de la cárcel. A propósito, olvidé mencionar que en Rocha las instalaciones eléctricas las están haciendo la empresa, los reclusos y la Policía. Es decir que los reclusos están trabajando en la mejora de la instalación eléctrica y en la pintura del celdario. Lo que se está haciendo en Rocha con la parte eléctrica también se está planteando en todas las cárceles del país. Por otra parte, me preguntaban -no tenía previsto decirlo pero como me lo preguntaron, lo digo en este momento- si tenía alguien que me asesorara. La respuesta es sí. Nosotros tenemos un cuerpo de asesores en materia carcelaria compuesto por: la psicóloga Gabriela Fulco, el maestro Alberto Brusa y el ex Director del CNR. A los pocos días de haber asumido la titularidad del Ministerio, estas personas comenzaron a recorrer el sistema nacional de cárceles y las cárceles departamentales. Voy a leer el informe que me prepararon. Primero, haré referencia al departamento de Rocha. Dice así: “Marzo.- En dicha visita se determinó la necesidad de dar prioridad a su clausura” -por eso, cuando en junio fuimos a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, decíamos que

no había otro camino que cerrarla; queríamos cerrar la cárcel de Rocha- “en atención a las condiciones edilicias, el hacinamiento y a la preocupación de las autoridades locales; Jefe de Policía e Intendencia Departamental por la misma.- En tanto se dio a conocer la existencia de varias propuestas para la utilización del predio, tales como la construcción de un Casino o la ubicación de una terminal de ómnibus haciendo hincapié en el valor de venta del terreno en pleno centro de la ciudad, el Ministerio del Interior incorporó en sus planes la aprobación de una segunda construcción” ya se está construyendo- “(en espejo), en la Cárcel Las Rosas del Departamento de Maldonado, estableciendo que el mismo se constituirá en sede regional y previendo, para la fecha que la construcción sea terminada, el traslado de los reclusos de la cárcel de Rocha.- Asimismo se dispuso la utilización y mantenimiento de la Chacra Policial de Rocha invirtiendo en la mejora y ampliación de sus instalaciones hasta un cupo de 32 plazas, considerando dicha alternativa en el marco de la progresividad del tratamiento penitenciario contemplado en la Ley N° 14.470.- Junio.- Con posterioridad a los sucesos del 8 de junio, la Asesoría Penitenciara se hizo presente nuevamente en el Departamento de Rocha, manteniendo una reunión con los delegados de los sectores de la cárcel, visitando a los reclusos internados y manteniendo una reunión con las funcionarias del MIDES a cargo del plan de contención y apoyo a los familiares de las víctimas.Lavalleja.- Marzo.- Se concretó la visita a la Cárcel Departamental de Lavalleja, ubicada al interior de la Jefatura de Policía, y se visitaron las obras iniciadas por el Jefe de Policía en la Chacra El Campanero. Al igual que con la cárcel de Rocha, la Asesoría Penitenciaria recomendó dar prioridad de clausura a la misma y dar respuesta a la solicitud de fondos para la ampliación de Campanero, realizada por el Jefe de Policía. Dichos fondos fueron aprobados en forma inmediata por el Ministro del Interior, habiéndose transferido a dicho Establecimiento.- Mayo.- Se visitó la cárcel radicada en la Jefatura, teniendo reuniones con personas privadas de libertad donde se analizaron la situación del proceso de traslado a Campanero y se comunicaron las iniciativas que se vienen desarrollando en el campo del trabajo. Se confirmó que en dicha cárcel se desarrollan las aulas de Educación de Jóvenes y Adultos.- Campanero se visitó concentrando en la visita las actividades relacionadas a las obras que se venían llevando adelante, tanto las relacionadas a

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las mujeres como a los nuevos espacios para quienes serán trasladados gradualmente en el correr del año.Junio.- Se visita dos veces en este mes Campanero concentrando la visita en la producción de baldosas y bloques donde se había incorporado una nueva bloquera.- Se observaron avances en las construcciones, continuando la participación de personas privadas de libertad (ppl), personal del ejército, IML, y policías.Julio.- Se inauguraron las nuevas edificaciones con la participación del Ministro, Intendenta de Lavalleja, legisladores y fuerzas sociales y comerciales de la localidad. A la fecha están albergando unas 40 ppl y el traslado en el correr del mes y primera quincena de agosto a las mujeres ppl.- Maldonado.- Abril y Julio.Fue visitada en dos oportunidades. En la primera oportunidad, se informó sobre las condiciones infrahumanas de reclusión, se visitaron las obras y se señaló la necesidad de realizar modificaciones a las celdas en construcción” -esto quiere decir que se modificó el plan de construcción que se estaba realizando- “para la mejora de sus condiciones, en lo relativo a la ubicación de sus ventanas.- En la segunda oportunidad, se mantuvo una entrevista con los delegados de todos los sectores, los que han presentado, en sintonía con lo recibido en otros Establecimientos del país, su preocupación por la ausencia de los Abogados Defensores o su escasa preocupación por el seguimiento de sus causas, las dificultades existentes para el cómputo de la redención de pena por trabajo y estudio, la lentitud de respuesta a los trámites de libertades anticipadas, para finalmente hacer referencia a la situación de hacinamiento, la pésima calidad de la comida, la falta de asistencia médica, el ocio generalizado y reclamos específicos de solución para algunos casos.- La entrega de 250 en Maldonado está prevista para el mes de agosto de 2010.- Rivera.- En el mes de junio se visitó la cárcel constatando la grave situación consignada en informes precedentes. La misma se ubica al interior de la Jefatura de Rivera y la Asesoría confirma su necesidad de cierre y traslado inmediato de su población una vez inaugurada la nueva cárcel prevista para el mes de setiembre, con capacidad para 400 personas.- Canelones.- Se visitó dos veces, una en el mes de abril y otra en el mes de julio. Se visitó la Cárcel de Canelones, siendo el diagnóstico de la Asesoría Penitenciaria como uno de los establecimientos más críticos del país y recomendando en primera instancia priorizar el cierre definitivo de los módulos de acero que albergan 500 reclusos en con-

diciones infrahumanas, su posible traslado a una Unidad Militar y la refacción del edificio central y sus perímetros.- Asimismo, se señaló el riesgo de la existencia del depósito de gas dentro del área de los reclusos y la urgente necesidad de tapiar los tanques de agua, actualmente al descubierto, los que suministran agua potable y que al momento de la visita eran utilizados por los reclusos para bañarse y lavar ropa del agua que después ingieren. En la misma línea, en julio se realizaron coordinaciones con Salud Pública para promover una campaña de vacunación masiva y un esquema de vacunación que comprenda las vacunas antitetánica, hepatitis B, tuberculosis y antigripal y se promovieran exámenes clínicos (sangre y orina) como medida preventiva para detectar y atender la posible emergencia de enfermedades en gestación”. Como ven, no estoy ocultando nada. Estoy diciendo todos los desastres que tenemos en las cárceles. Decirlos y que queden escritos -como hicimos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración- es asumir compromisos para cambiarlos. No decirlo es ocultar lo que hay para después pasar por arriba. Lo estamos diciendo para cambiarlo. El informe continúa: “San José.- Penal de Libertad.- En el mes de julio se realizó la 2da. visita al Penal de Libertad, estableciendo un diagnóstico crítico de la situación de los módulos de acero y las celdas externas al mismo, que lo ubican, al igual que en la Cárcel de Canelones, en bastiones de flagrante violación a los derechos humanos y cuya única medida a tomar es su cierre inmediato y definitivo.- El fin de obras del Penal de Libertad y la habilitación de 250 plazas está prevista para el mes de setiembre de 2010.- Juan Soler.- Visita en los meses de marzo, mayo, junio, centrando dichas visitas en las actividades de producción de hortalizas y estudios que se vienen desarrollando. A su vez, se dio especial atención al Patronato del departamento relacionado a los proyectos que se tejen con la cooperación internacional. Esta Cárcel no presenta problemas de infraestructura y posee una posibilidad de ampliar dicha edificación para unos 40 ppl.- Montevideo.- Se desarrollaron desde marzo a la fecha, durante todos los meses, visitas a los establecimientos de COMCAR, CNR, La Tablada, El Molino”. -ayer se trasladaron veintisiete mujeres y veintiocho niños de Cabildo a El Molino- “y Casa de Medio. En todos estos establecimientos, se atendieron temas de educación, trabajo, salud, destacándose el traslado de 100 mujeres de Cabildo a CNR.- En otro

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orden no se visitaron los siguientes centros de reclusión: Cárcel Central, Centro N° 8.- Colonia Piedra de los Indios. Esta cárcel tiene un régimen de confianza y uno de media seguridad básicamente para hombres donde se presenta una situación de hacinamiento y condiciones de alojamiento deficitarias.- Se está desarrollando un Programa de extensión educativa e investigación por parte de estudiantes del Centro de Profesores de Colonia. Tienen atención psicológica y docente hace varios años valorada por las personas privadas de libertad como positiva. Se destaca el trabajo productivo que personas privadas de libertad llevan a cabo con varias experiencias productivas muchas de ellas llevadas a cabo por mujeres.- Soriano.Se realizaron 3 visitas (mayo, abril, julio) a la cárcel Dptal y a la chacra que se viene promoviendo en una propuesta similar a la de Campanero. La situación de la Cárcel alojada en la jefatura presenta una situación de hacinamiento que tiene como una de sus expresiones que preocupa una violencia interna.- Río Negro, Paysandú.- Dos visitas a la cárcel departamental donde no se observaron problemas ni de hacinamiento, ni en la infraestructura. Poseen programas de estudio y trabajo donde se destaca la propuesta de Paysandú.Flores.- Una visita a la cárcel departamental donde su mayor problema es encontrarse en la jefatura donde su infraestructura es de mala calidad.- Durazno, Florida, Treinta y Tres, Cerro Largo se visitaron en los meses de abril y junio centrando las visitas en las chacras que presentan niveles de gestión muy positivas con la tendencia de ir incorporando personas privadas de libertad desde las cárceles departamentales a las chacras en forma gradual. Se destaca la ampliación que se tiene previsto en la cárcel de Cerro Largo.- Resumen.- Se visitaron las cárceles y chacras en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno.- Se tiene previsto la visita en agosto Tacuarembó, Artigas y Salto.- Total de visitas de marzo a julio 34 visitas no contando las de la Zona Metropolitana que se visitan en forma regular”. El grupo de asesores no es de escritorio. Yo dije: “No oculto nada; tenemos esto”. ¿Desde cuándo tenemos esto? Ese es el problema: ¿desde cuándo tenemos esto? Yo no puedo analizar responsabilidades hoy si no voy para atrás: ¿cuándo empezó esto y quién no hizo cosas? No fue con el informe de SERPAJ de 2003. Nos costó muchísimo elaborar el informe

que vamos a leer ahora, porque no hay documentación, pero lo hemos reconstruido. Ya lo dije en la instancia pasada. El informe dice: “El 20 de enero de 1971, las cárceles pasan a la órbita del Ministerio del Interior.- En 1985, coincidiendo con el impulso que significaba la restauración del régimen democrático, se inició un proceso de reforma penitenciaria. A tales efectos fue creada una Comisión integrada por los representantes de los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura.- La reforma comenzó a funcionar en setiembre de 1986, al inaugurarse el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, pero fue resistida por el Ministerio del Interior”. En 1986, la reforma que resolvió una Comisión fue resistida por el Ministerio del Interior. Continúa: “Esta falta de apoyo desde lo institucional motivó que quienes elaboraron la reforma e intentaban llevarla adelante renunciarían en su gran mayoría a inicios de 1988. La reforma fue desvaneciéndose, sustituida por la reafirmación de un sistema carcelario que enfatiza el encierro como factor de seguridad, sin patrones o modelos que atiendan a la reinserción a la vida social del recluso.- Con la restauración democrática era casi impensable que el Penal de Libertad cobrara vida, pero el motín de Punta Carretas de 1986, sirvió como argumento para el traslado inmediato de todos los presos, aun cuando eran transferidos a un establecimiento desmantelado que no ofrecía condiciones para ser habitado, carecía de agua potable y luz eléctrica. La venta del predio de Punta Carretas en $ 11:070.997,16, el equivalente a US$ 6:490.969,25, ha generado dudas sobre el origen del motín y la decisión tomada”. Nos detendremos en los hechos que han marcado la historia del Penal de Libertad. SEÑOR VÁZQUEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Prefiero terminar. (Interrupción del señor Representante Vázquez.Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: está exponiendo el señor Ministro. Como dijimos al principio, vamos a cumplir con el Reglamento. Puede continuar el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Continúa el informe: “En los primeros 8 meses de 1990 se produ-

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jeron 5 muertes. El 17 de mayo de 1993 se generaron fuertes enfrentamientos, reprimidos por cuerpos especiales de seguridad.- (Por otra parte el 4 de agosto de 1993, encontrándose en su celda en el COMCAR, 3 reclusos sufrieron gravísimas quemaduras. La madre de uno de los reclusos denunció la demora en la atención y el posterior traslado a un centro asistencial). (Datos extraídos de la publicación ‘Las Voces del Silencio’ del Grupo de Trabajo sobre el Sistema Carcelario Nacional fundado en Documentos que revelan la aplicación de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes en el Penal de Libertad SERPAJ). El Grupo de Trabajo se formó en agosto de 1990 tras la muerte de 10 reclusos en el Penal de Libertad y estuvo integrado por: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Centro de Estudiantes de Derecho, Colegio de Abogados del Uruguay, Coordinadora de Reinserción de Presos Sociales, Coordinadora de Psicólogos, Iglesia Católica, Iglesia Metodista, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Servicio de Paz y Justicia, Servicio de Rehabilitación Social, Sindicato Médico del Uruguay y personas a título personal.- En su introducción se cita: (…) Hoy siente (El Grupo) que tiene en sus manos elementos de información demasiado relevantes y de una gravedad tal que no puede dejar de darlos a publicidad, so pena de caer en un silencio cómplice.- El motivo de esta publicación tiene por finalidad poner ante la opinión pública algunos elementos de información que contribuyen a dejar en evidencia que en el Uruguay está en funcionamiento un sistema carcelario que, lejos de tender a la reinserción social de los presos, en la realidad cotidiana, desconoce su dignidad humana, los somete a un ocio compulsivo y les aplica un trato cruel, inhumano y degradante.- En la noche del 17 al 18 de mayo de 1993 se realizó un operativo que implicó una violenta incursión en las celdas del Penal de Libertad, durante el cual se golpeó a los presos, se destruyó gran parte de sus modestos mobiliarios y se desordenaron y rompieron papeles, cartas y efectos personales. A ese hecho se sumaron, en las semanas sucesivas, una serie de agresiones graves a los reclusos que, en gran parte, continuaron hasta el momento de redactar estas líneas.- El 27 de mayo de 1993, integrantes del Grupo de Trabajo se entrevistaron con el Sr. Ministro del Interior, Dr. Juan Andrés Ramírez, para denunciarle este hecho y allí se enteraron no sólo de que conocía el operativo, sino que el mismo había sido dispuesto por el propio Sr. Ministro.- En la comparecencia del Ministro

del Interior a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 27 de mayo de 1993, expresa: ‘(…) Para restablecer el orden interno en protección de la policía y de los reclusos, debemos decir que en este momento el 90% de los reclusos están convencidos de que lo que se hizo fue a favor de ellos, ya que pueden dormir tranquilos con las celdas cerradas y sin que entre una patota en horas de la noche'”. En carta abierta al señor Presidente Lacalle y medios de difusión oral y escritos, emitida por los reclusos, se afirma: “Por intermedio de la misma, nos expresamos, los reclusos abajo firmantes, para denunciar la violación a los Derechos Humanos que aquí existen del día 17/5/93 (…). Estamos totalmente en condiciones infrahumanas, durmiendo en el piso, apaleados, con cachiporras donde caigan sobre nuestros cuerpos, sin saber cuál es el motivo.(…) La inquietud es quién, por qué se nos está pegando, hasta 3 veces al día, hasta caer desmayados, ¿quién dio la orden? ¿El señor Ministro del Interior Ramírez? ¿El Director?” En carta memorando elevada a la Suprema Corte de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo expresa: “Con fecha 25 de mayo, el Grupo de Trabajo sobre el Sistema Carcelario Nacional recibió por diversas vías, denuncias de familiares de presos que hacían referencia a medidas represivas tomadas por las autoridades a cargo del Penal. Concretamente se referían a la existencia de más de 100 reclusos sancionados, en régimen de aislamiento, algunos de los cuales se encontrarían sin visitas y sin recreo, y habían sido trasladados al quinto piso, sector B.- La denuncia también hacía referencia a que varios de ellos habían sufrido lesiones durante estos procedimientos y no habían recibido la atención médica correspondiente (…). De las entrevistas mantenidas se ratificó la información que había llegado por vía de denuncias y se insistió en el hecho de que las acciones policiales no se limitaron a la del día 17 de mayo, sino que las mismas fueron continuas, sistemáticas e indiscriminadas”. En el informe de la Sala de Defensores de Oficio en lo Penal, dirigido a la Suprema Corte de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se consigna en el punto 1-g: “Nuestros defendidos detallan, y los defensores lo hemos visto parcialmente, la continuación del lamentable estado de higiene que se vive en la cárcel. Aguas servidas y humedad corren libremente por paredes y corredores;

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hay reclusos que duermen con o sin colchón en el piso mojado. Estas condiciones se ven agravadas en los últimos días por la falta de agua corriente y por suministro esporádico de energía eléctrica.- En el punto 4 expresan: (…) Somos conscientes de las dificultades probatorias (…) sin embargo, nuestra experiencia derivada de muchos años de visitar continuamente a reclusos en diferentes establecimientos carcelarios, nos indica que la situación actual debe tener cierto grado de verosimilitud, en atención a que nunca habíamos recibido una queja masiva y uniforme como la que hemos recibido ahora de la población carcelaria. Esto nos induce a pensar que en Establecimiento Penitenciario de Libertad, se hace ilusoria la idea de resocialización prevista por el art. 26 de la Constitución de la República, sirviendo en este caso la cárcel, para mortificar a los presos, violando flagrantemente sus derechos fundamentales”. De las Actas de visitas de los Jueces Letrados Penales al Establecimiento de Reclusión de Libertad, se extrae: “Acta de la Sra. Jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno, Dra. Zulma Casanova.- (…) Como resultado del diálogo mantenido con los encausados, en la que todos fueron contestes en afirmar que: principalmente en horas de la noche se sienten gritos de dolor por parte de los reclusos, fundamentalmente del quinto piso donde se hallan los llamados ‘excluidos’ que fueron trasladados a dicho piso sancionados a consecuencia de los sucesos acaecidos el 17/5/93; también golpeteos de puertas con las varas de reglamento acompañados de cánticos de ‘viva la guardia’; asimismo la queja fue generalizada en cuanto a comida y la asistencia médica, a lo que se sumaba falta de vestimenta, de colchones y agua potable desde hace 17 días. Se comprobó teniendo a la vista las carpetas personales de los reclusos, que los pases médicos no se habían hecho efectivos, careciéndose de historias clínicas adecuadas”. Voy a leer otro documento: “Acta del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno, Dr. Eduardo N. Borges Duarte.- (…) uno de los entrevistados sostuvo: ‘nos pegaban casi todos los días, de tardecita o de noche, con cachiporra; los castigos son excesivos y por cualquier cosa’. Otro expresó: ‘recibí golpes el 11/5 y otros días’, refiere hematomas producidos por patadas y cachiporras. Otro sostuvo que: ‘le tiraron gases y que posteriormente fue amenazado para que no siguiera mandando cartas a los Jueces penales’.- Es de resaltar las quejas en cuanto a la ca-

rencia de una adecuada atención médica (…) las críticas a la comida (…) existen quejas en cuanto a la arbitrariedad con que se le imponen sanciones (…)”. En otro pasaje, el Grupo de Trabajo expresa: “A mediados de 1990 la situación de los reclusos alcanzó, en nuestro país, uno de sus picos más críticos, trascendiendo hechos de suma gravedad: sucesivas muertes de internos (casos de autoeliminación algunos y en circunstancias dudosas otros); frecuentes denuncias de trato deshumanizado por parte de las autoridades carcelarias; aplicación de sanciones arbitrarias; carencias de todo tipo(en especial en el plano médico sanitario) etcétera. Todo dentro de una marcada heterogeneidad del sistema carcelario”. Del relevamiento primario realizado por el Grupo de Trabajo se identificó: “1- Carencia de recursos humanos y materiales en el área sanitaria. 2- Inexistencia de asistencia psicológica. 3- Deficiencias graves en alimentación e higiene. 4- Ocio compulsivo que se traduce, para la mayoría de los reclusos, en 21 horas de permanencia en celda. 5- Incumplimiento de la normativa vigente respecto a la obligatoriedad de impartir enseñanza primaria a los reclusos analfabetos o que no culminaron el ciclo escolar. 6- Ausencia de formación técnico-laboral, e imposibilidad -para la mayoría- de realizar cualquier tipo de trabajo por falta de medios materiales (talleres, quintas, herramientas, etcétera). 7- Régimen disciplinario arbitrario, sin supervisión judicial, con un trato despersonalizado del interno. 8- Control inflexible por parte del personal con preparación inadecuada. 9- Falta de control técnico y judicial de trato de los reclusos y a sus familiares o visitas. 10- Varios casos de suicidios, intentos de autoeliminación o lesiones autoinfligidas”. Ante estos signos, el Grupo de Trabajo se fijó los siguientes objetivos principales para su acción: “Requerir de las autoridades el respeto a las normas superiores como lo son las constitucionales, las contenidas en Tratados y Convenciones Internacionales, así como en las Leyes comunes: la Ley Penitenciaria (Decreto Ley N° 14.470) y el Código del Proceso Penal.Revertir la situación en que la disciplina, vigilancia y represión forma el objetivo predominante de la institución carcelaria, apostando a un trato humanitario y a que el tratamiento produzca en el recluso el menor deterioro físico y psíquico posible.- Bregar por las siguientes soluciones: 1- Separación del control del sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Inter-

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ior.- 2- En el área sanitaria el aprovisionamiento normal y suficiente de medicamentos, en forma inmediata. La elaboración de ficheros que registren la historia clínica del recluso, durante su permanencia intramural, hoy inexistente. La admisión de grupos interdisciplinarios técnicos de asistencia voluntaria en las distintas áreas de la enfermedad.- Instrumentar una política integral de tratamiento de los enfermos de SIDA y adictos a la droga.- 3- En el área social, la instrumentación del Dpto. de Servicio Social en todos los centros de reclusión, integrados a un equipo interdisciplinario.- Mejorar o crear nexos con el grupo familiar y amigos con mayor frecuencia de las visitas.- Creación de Talleres de producción con el objetivo de que el interno aprenda oficios, y obtenga un peculio adecuado para su manutención y ayuda al grupo familiar.- La constitución, con aporte comunitario de un fondo de ayuda carcelaria y poscarcelaria a los efectos de facilitar a los más carenciados la gradual inserción social.- El establecimiento de una apoyatura a los internos especialmente a los que no tienen visitas, en forma coordinada a través de voluntariado, con adecuada preparación y de instituciones que tengan por objetivo la promoción social.- Instrumentación de un programa de difusión de los distintos aspectos del problema carcelario.- 4- En el área judicial, articular medidas jurisdiccionales y administrativas para la definición pronta y cumplida de las causas eliminando en lo posible los presos sin condena (aproximadamente el 80%), con el clima de ansiedad e incertidumbre que ello provoca en el individuo que espera su condena o su absolución.- Señalar la necesidad de institucionalizar un Juez o autoridad Judicial de Ejecución de sentencias y vigilancia carcelaria, dentro del establecimiento. En tanto la reforma no lo consagre, incrementar la judicialización del sistema, mediante la exhortación a la visita permanente de los magistrados, defensores de oficio y técnicos designados por la Suprema Corte de Justicia para la atención de los penados.- 5- En el área legislativa, presentar anteproyectos que consagren vías alternativas a la prisión o complementarias del sistema de encierro.- Presentar anteproyectos modificativos del Decreto Ley N° 14.470 especialmente en lo relativo a sanciones disciplinarias.- Lograr que se incorpore al marco normativo: las Reglas mínimas de ONU, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma

de detención o prisión, los Principios de Ética Médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la penalización de los Delitos de Lesa Humanidad siguiendo los lineamientos del Colegio de Abogados del Uruguay y las recomendaciones de ONU.- Se elaboraron informes que se entregaron al señor Ministro del Interior, la Suprema Corte de Justicia, las Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y de Higiene y Asistencia de la Cámara de Diputados, y a la Dirección del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.- Finalmente se volcó la experiencia recogida a la opinión pública, en una conferencia de prensa.- A partir del mes de abril de 1994 se produjeron una serie de motines que culminaron con la evacuación del Penal. En noviembre el Penal fue rehabilitado.- El 31 de mayo de 1994, se produjo una fuga masiva. Según el Ministro del Interior Ángel María Gianola, posibilitada porque ‘las fuerzas policiales que están a cargo del Penal carecen de capacitación para manejarlo'”. Las autoridades que en 1994 estaban a cargo de un penal de la Dirección Nacional de Cárceles, según el Ministro del Interior de entonces, Ángel María Gianola, no estaban capacitadas para manejarlo. Yo creo que esto no ocurría solo en ese penal. Lo mismo sucedía en las cárceles departamentales. Y lo mismo ocurre hoy en todas las cárceles departamentales, y está sucediendo desde 1985. Entonces, cuando uno presenta el problema tiene que decir desde cuándo se da, y tiene que plantearlo con el objetivo de solucionarlo. Nosotros lo estamos diciendo porque queremos cambiar las cosas, pero no solo queremos cambiarlas sino que el 2 de marzo, en el discurso de asunción como Ministro, en la Escuela Nacional de Policía, entre varias otras cosas -muchas de ellas dedicadas a las cárceles-, dijimos que a partir del año que viene había que cambiar los programas de estudio de la Escuela Nacional de Policía y que, a la vez, la preparación de quienes se recibieran de oficiales tenía que incluir la necesidad de la especialización, y una de las especializaciones estaba relacionada con el sistema carcelario. Lo dijimos el 2 de marzo. Ahora, uno no lo dice y por arte de magia eso se realiza. Hay que trabajar para que eso suceda. Esto lo llevamos a la Comisión multipartidaria, y está ahí planteado.

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Continúo: “El 4 de junio después de la segunda fuga la prensa publica un informe del ex director de Penal Insp. Juan Pedro Martínez dirigido al Director Nacional de Cárceles, Insp. Arturo Rodríguez Traversa”. Dice así: “El deterioro general es profundo, fundamentalmente por las instalaciones sanitarias. Hay tremendas dificultades en la energía eléctrica […]”. ¡En la energía eléctrica! Es lo que señalábamos en la exposición de motivos de la Ley de Emergencia Carcelaria. La energía eléctrica ya apareció tres veces -¡tres veces!- en los informes de 1990 en adelante, pero nadie corrigió estos problemas, porque siguieron apareciendo. Prosigo leyendo: “[…] dado que las instalaciones son obsoletas” -nadie corrigió lo obsoleto- “e inadecuadas, lo que lleva a que ocurran frecuentes cortes de luz. El agua no es potable y esto ha provocado diarreas a los reclusos y al personal. Es evidente que la mayoría de los reclusos son afectos a las bebidas alcohólicas y aun a las drogas, psicofármacos y marihuana” -en esa época no había pasta base; si no, hubiera aparecido en este informe- “que llegan a manos de los mismos” -lo dice el ex Director de Cárceles- “posiblemente con la participación dolosa del personal.- El 11 de junio la prensa destaca un motín dentro del Penal y el temor de los reclusos de volver a sus celdas por temor a las represalias. Al día siguiente se afirma que el celdario estaba totalmente en poder de los detenidos.- El 15 de junio, el defensor de oficio Héctor Carracedo afirmó al diario La República, que ‘el Penal de Libertad es una cloaca que está pensada y construida para destruir a la gente, no para recuperarla.- Los presos están siendo utilizados, hay una maquinaria de corrupción muy grande -que todos conocemos- y esto lo admitió el propio Ministro. Hay una rosca corrupta que no quiere que se arregle el problema carcelario, le cobran a los presos por la visita, por ‘escaparse’. En el mismo sentido se pronunció el diputado Hugo Cores, integrante de la Comisión de DH de la Cámara de Representantes. El 10 de julio se informa de nuevos destrozos en las instalaciones del Penal y se resuelve derivar 588 detenidos para restaurar el Establecimiento.- Se reacondicionaron 3 pisos de una de sus alas.- La Ley N° 16.707, de 1995, Ley de Seguridad Ciudadana, en su art. 34, creó una Comisión Honoraria con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo al mejoramiento del sistema Carcelario, presidida por el Dr. Armando Tommasino e integrada por: Dr. Ezio Francescoli, M.S.P.; Dra. Ofelia Grezzi por la Presidencia de la Asamblea

General del Poder Legislativo; Dra. Beatriz Scapusio, por la Facultad de Derecho; Dr. Eduardo Lapenne por el Colegio de Abogados; Dr. Daniel Echeverría, ex juez penal; Dr. Daniel Borrelli, ex Fiscal; Sr. Óscar Ravecca, técnico en materia penal, por el Ministerio del Interior; y Dr. Eduardo Ottonelli por las Organizaciones no Gubernamentales.- Inició sus tareas el 28 de setiembre de 1995 y elevó un informe al Ministerio del Interior el 4 de julio de 1996. Los diez puntos del Informe son los siguientes. 1- Inadecuación de los edificios para el cumplimiento mínimo de los objetivos.- 2- Superpoblación y hacinamiento al que contribuye la indiferenciación de los internos.- 3- Ausencia de capacitación específica funcional” -de nuevo: ausencia de capacitación específica funcional- “Excesivos cambios de mando” -excesivos cambios de mando; creo que aparecía en la pregunta cuatro—. “4- Utilización de la función penitenciaria, en algunos casos, como sanción o desvalorización del funcionario” -se refiere al funcionario que va a cárceles—. “5- Distribución inadecuada de los funcionarios. Burocratización.- 6- Denuncias informales, pero frecuentes, de corrupción, consumo de drogas y alcohol, juegos de azar prohibidos.- 7- Violencia física institucional e intergrupal.- 8- Desorganización de los equipos técnicos y ausencia en el seguimiento del tratamiento.- 9- Régimen disciplinario desprovisto de garantías y racionalidad: sanciones colectivas, represalias y traslados de establecimientos como sanción. Desvalorización de los derechos de los internos, en orden a sus necesidades respecto de alimentación, salud, visitas, trabajo, educación, recreación.- 10- Ausencia de organización de la cotidianidad de la vida carcelaria. Ocio excesivo.- El 28 de agosto de 1997, luego de la visita de cárceles, realizada por la SCJ el Presidente Dr. Milton Cairoli, mostró su profunda preocupación por el nivel de hacinamiento constatado en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez. La población del COMCAR asciende a 1.600 reclusos, cuando su capacidad máxima está prevista para 800 reclusos. En cada celda se alojan un promedio de 5 reclusos, dos de los cuales necesariamente deben dormir en el piso.- El 30 de setiembre de 1998 se produjo un motín con el saldo de 110 presos lesionados y 21 policías heridos.- En 1999 se produjo otro motín, esta vez con toma de rehenes. Se destruyó gran parte del Penal y hubo redistribución de reclusos”. Quien conoce el Penal de Libertad desde antes de los motines sabe cómo está construido. Es todo hormigón armado. Llama mucho la atención que un

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penal pueda ser destruido por los reclusos en un motín. Me voy a hacer cargo de lo que digo, pero no lo puedo probar. Policías que saben lo que pasó me dicen que cuando los reclusos bajaron la escalera y luego la subieron fueron encontrando -a lo largo de esa escalera- macetas, cortafierros y todo lo necesario para que pudiera ser destruido un penal. ¡Porque no se puede destruir el Penal de Libertad! Acá hay gente que lo conoce porque estuvo adentro y otra que estuvo de visita. ¡No se puede destruir! Tampoco puede aparecer el portón de un penal en la casa de alguien que trabajó allí. Ya no vive, pero en su oportunidad vendió la casa con portón y todo. Una Comisión Especial del Parlatino elaboró en marzo de 1999 un informe sobre la visita realizada a prisiones de casi todos los países del continente. La realidad de Uruguay se refleja en los siguientes puntos: “1- El número de reclusos en todos los países de la región aumenta en forma alarmante, 2- Entre el 50 y el 95%, de las personas privadas de libertad no han sido condenadas permaneciendo entre 2 y 10 años en espera de sentencia.- 3- La abismal diferencia entre el texto legal y la realidad carcelaria.- 4- La indiferencia con que el tema es asumido por la opinión pública y los gobiernos.- 5- La frecuencia con que los derechos fundamentales son violados.- Por otra parte, el 10 de noviembre de 1999 la prensa da cuenta de la fuga protagonizada por una decena de presos y de un incidente de motín protagonizado por los presos alojados en el Módulo 5 del COMCAR. Los presos logran fugarse con 2 funcionarias judiciales como rehenes. SERPAJ entrevistó a un número significativo de presos protagonistas directos de los sucesos que describieron que alrededor de 300 presos fueron conducidos a golpes hasta el sector de ingreso de la visita denominado el “túnel”. (…) Fueron obligados a estar acostados sobre el piso, boca abajo, con las manos cruzadas sobre la nuca hasta el otro día. Durante ese lapso, los policías continuaron golpeando, insultando, caminando y orinando sobre sus cuerpos e incluso en algunos casos, quemándolos con cigarrillos. En general no se autorizó a ninguno a moverse ni siquiera para ir al baño. Eran amenazados de muerte y obligados a gritar: “viva el ejército”, “viva la guardia”. Los hechos ponen en evidencia que la respuesta de las fuerzas encargadas de restablecer el orden se exceden en el uso de la fuerza aplicando métodos que configuran tortura, trato cruel, inhumano y degradante.- El 1 de marzo de 2002, se amotinaron 350 reclusos del total

de 480 del Penal de Libertad, manteniendo de rehenes a 7 policías.- Como parte de la solución a los reclamos se trasladaron reclusos a La Tablada.- En marzo de 2002, se crea la Comisión Tripartita en la órbita de la Cámara de Diputados siendo presidida por Edgardo Bellomo”. El 8 de agosto de 2002 publicó un informe llamado “Análisis de la realidad carcelaria y recomendaciones para superar sus problemas”. Allí se establece: “Los principales capítulos de la temática analizada sobre los cuales se acordaron propuestas fueron los siguientes: a) superpoblación carcelaria; b) problemas de salud; c) información a los internos y relevamiento a efectos de instrumentar el sistema penitenciario progresivo; d) educación, recreación y trabajo; e) problemas de comunicación; f) medidas tendientes a evitar arbitrariedades.- El Grupo Tripartito estima necesario precisar tres niveles de acción: 1) La puesta en marcha en forma inmediata de soluciones en el tema de salud, hábitat y hacinamiento; 2) La preparación de programas y acciones tendientes a una mejor distribución de la población carcelaria. Asimismo, se considera insoslayable la organización progresiva del trabajo con alcance a toda la población carcelaria, así como la atención inmediata de los mecanismos de comunicación y visitas familiares; 3) La instauración definitiva de un sistema de tratamiento penitenciario elaborado sobre bases científicas y de acuerdo con las recomendaciones internacionales.- El entonces Diputado Chifflet, integrante del Grupo Tripartito, en su presentación en el Cuarto Seminario sobre Cárceles, en el año 2003, expresa: ‘Lamentablemente, el Ministro del Interior, Stirling, acaba de informar que hasta ahora, en sus distintas unidades, se recortaban los gastos un 8%, pero ahora habrá que llevar esos recortes al 16%. ¿Alguien puede pensar en ese porcentaje de recortes cuando el del 8% ya sumergió a algunos establecimientos en lo que podríamos calificar de ‘realidades bajo cero’? Ante estos recortes decimos que tratar igual a unidades desiguales, una de las cuales, como las cárceles, está bajo cero, significa la más clara injusticia’.- En Últimas Noticias del 19 de julio de 2010, en una nota de prensa el entonces Ministro del Interior, Stirling, expresó: ‘Recordó que en el año 1998, al asumir su cargo, planteó un proyecto para construir cuatro grandes cárceles, pero la crisis económica impidió llevarlo a cabo'”. Recuerden esto porque voy a volver sobre la crisis económica y los propósitos de los Ministros del Interior, porque las prioridades que fijan los gobiernos tienen

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que ver con las prioridades que la gente siente como tales. Entonces, cuando el Ministro del Interior cualquiera que haya sido en todos estos años- presenta problemas en su Cartera pero la gente prioriza otras cosas, el Gobierno prioriza esas otras cosas. Y nadie, ningún gobierno -en todo este relato que estoy haciendo- estableció como prioridad la seguridad, y mucho menos la problemática de las cárceles. Entonces, más allá de denunciar lo que pasa y decir todos juntos -como decía Mafalda- “¡qué barbaridad!”, nadie lo pudo arreglar porque eso no fue prioridad. Voy a volver sobre este concepto del Ministro Stirling. Que quede claro: no estoy marcando responsabilidades, sino problemas que ningún gobierno pudo solucionar. Con fecha 30 de mayo de 2002, el Poder Ejecutivo de la época -Batlle y Borrelli-, dicta una Resolución autorizando la compra directa de módulos carcelarios de acero para la Dirección Nacional de Cárceles por un valor de US$ 2:825.520, inversión que fue seriamente cuestionada dado el inmediato deterioro de los materiales y las condiciones infrahumanas de reclusión, que aún perduran y que determinó que hoy sea una de nuestras prioridades. El Informe de SERPAJ del año 2004 concluye diciendo, respecto a la visita a la cárcel de Rocha: “Se trata de un edificio que fue construido en el año 1878, por lo que sus condiciones de conservación son deficitarias; sus espacios resultan insuficientes ya que tiene capacidad para albergar entre 55 y 65 reclusos, y tiene 165”. La cantidad había disminuido porque en el año 2002 fue el momento en que tuvo mayor cantidad de gente. “Se evidencia un importante hacinamiento y las condiciones de vida de los y las reclusas violan en forma flagrante los derechos humanos de los privados de libertad. Las alertas sobre las deficitarias condiciones comprenden también a la cárcel de ‘Las Rosas’, en Maldonado, Santiago Vázquez y Libertad”. La deshumanización del sistema y la grave situación existente determinó que el primer día de su gobierno el ex Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, declarara “el estado de emergencia humanitaria, en todo el país”. Entre los problemas urgentes, señaló, el hacinamiento, la falta de alimentación y de atención en salud en todos los establecimientos penitenciarios; destacó que la mayoría de los reclusos son jóvenes y pobres, y que la tasa media mundial de población carcelaria de un país respecto a su población

total es de 0,5 por mil, por cuanto Uruguay debería tener, aproximadamente, 1.500 reclusos, pero tiene más de 7.000. Este problema está íntimamente ligado a la crítica situación del país en lo económico y en lo social, que llegó a su punto más álgido en el año 2002 y que golpea a los sectores más vulnerables. En la superpoblación carcelaria influyó la Ley N° 16.707, “Seguridad Ciudadana”, de 12 de julio de 1995, y las leyes de urgencia N° 17.243, de 29 de junio de 2000 y N° 17.292, de 25 de enero de 2001, que determinaron el endurecimiento de las penas mínimas de delitos excarcelables como el hurto, el robo con penetración en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación; la sustracción con destreza, punga o por sorpresa; arrebato, tentativa de rapiña y de violación, lo que generó mayor número de procesamientos con prisión y la imposibilidad de las defensas de solicitar libertades provisionales. Así, aumentó la cantidad de ingresos a los establecimientos penitenciarios y disminuyó el de egresos. Entre el año 1995 y los primeros meses de 2005, la población carcelaria aumentó de 3.200 personas a 7.200 personas, es decir, más del doble en 10 años. Quiero decir que las leyes votadas determinaron el aumento de detenciones y procesamientos, sin que fuera acompañado por el incremento de plazas para llevar a quienes eran procesados. La Ley N° 17.897, promulgada en septiembre de 2005, permitió un régimen progresivo de excarcelaciones; fueron liberadas 766 personas: 311 en el interior del país y 455 en Montevideo. De los liberados, solo reincidieron 98 personas, es decir, el 23%, cuando el porcentaje habitual de reincidencia de la población carcelaria es superior al 50%. Hoy estamos cerca del 70%. El 13 de julio de 2006, a través de Decreto N° 225/06, se aprobó el Reglamento de la redención de pena por trabajo y estudio, previsto en el artículo 13 de la ley. El 14 de julio, a través del Decreto N° 226/06, se reglamentó la disposición del artículo 14 de la ley, que estableció la obligatoriedad de incluir en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos que un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones o similares serían personas

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que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. En el Capítulo II se otorga al Juez la posibilidad de disponer la prisión domiciliaria para aquellos que presenten una enfermedad grave, así como para la mujer que se encuentre en los últimos tres meses de embarazo o en los tres primeros meses de lactancia materna, y la de dictar prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, con excepción de los que hubieran cometido el delito de homicidio, el delito de violación y los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el Capítulo III se disponen modificaciones al Código del Proceso Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana, estableciendo que cumplidas las dos terceras partes de la pena, la Suprema Corte de Justicia concederá la libertad anticipada y solo la podrá negar en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos. Además, regula la libertad condicional y las salidas transitorias. En el Capítulo V establece que la tentativa de rapiña y violación dejan de tener una pena mínima de dos años de penitenciaría, así como los hurtos con penetración domiciliaria, con destreza o por sorpresa mediante despojo. Se deroga la punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios para un delito y el juego de la mosqueta, así como el delito de intermediación lucrativa en instituciones médicas colectivas. En el Capítulo VI se crean dos comisiones para reformar el Código del Proceso Penal y el Código Penal. El informe de SERPAJ de 2009 expresa: “Durante todos estos años las respuestas han sido aleatorias, insuficientes y poco eficaces y no han logrado revertir una situación carcelaria caracterizada por establecimientos superpoblados, hacinamiento crítico en varios, sucesivos motines y fugas, prácticas violentas a las personas reclusas, severas deficiencias edilicias que generan condiciones inaceptables de habitabilidad, graves carencias en la alimentación y en la atención de salud, insuficiencia de propuestas socioeducativas, malos tratos, generación de condiciones laborales que someten al conjunto de los operadores carcelarios en una gran tensión física y emocional.- Se suma a esto que casi el 70% de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva durante

años, vulnerando la normativa internacional sobre el ‘plazo razonable’ que se debe respetar.- Se destaca también que la población carcelaria se triplicó en los últimos 20 años. El Uruguay se coloca entre los 3 países con mayor tasa de prisionización de América del Sur. Otra tendencia ya instalada es una población reclusa prominentemente joven, el 71% es menor de 35 años”. El 24 de agosto de 2009 se produjo el fallecimiento de cinco reclusos que se encontraban alojados en el sector de los boxes del Módulo 6 del COMCAR. A las 21 y 30 horas, los cinco reclusos internados en la tercera celda de ese sector comenzaron a quemar un colchón a modo de protesta. Al parecer, el fuego se tornó inmanejable y comenzó a propagarse con el humo. El Comisionado Parlamentario plantea en un informe que la guardia habría llegado tres minutos tarde, después de que se generalizó el fuego, con un extintor que no funcionó. A partir de la investigación de los hechos, la Justicia dispuso la clausura del expediente por entender que los funcionarios policiales actuaron con la mayor celeridad posible, aunque no pudieron rescatar con vida a todos los encarcelados. Ahí termina la historia. ¿Qué nos dice esa historia? Nos dice un montón de cosas. Yo no salteé los años 2005 a 2009; ahora voy a hacer algunas consideraciones sobre ese período. Claramente, se tomaron medidas, que acabo de mencionar, pero sucedió lo mismo que en otros períodos. Cuando asumió el Gobierno anterior, las prioridades de la gente expresadas en encuestas, en preguntas, en el contacto cotidiano- eran fundamentalmente cuatro: empleo, pobreza, salud y educación. Y esas fueron las prioridades que manejó el Gobierno desde 2005 a 2009, con una más: la obra de infraestructura. La seguridad no fue una prioridad porque no lo era para la gente. A pesar de eso, leí las expresiones del doctor Tabaré Vázquez planteando la emergencia carcelaria y su porqué. Hubo medidas legislativas, tomadas fundamentalmente en el año 2005 y también en 2006, que apuntaron a bajar el hacinamiento, que se consideraba el mayor problema. Al mismo tiempo, se produjo un crecimiento importante de los delitos. Por lo tanto, la medida fue insuficiente. Esa insuficiencia se expresó, principalmente, en el año 2008; fue ahí donde repercutió en mayor medida, y allí se hicieron planteamientos. Yo integré el Gobierno anterior, aunque no era responsable de la Cartera; es cierto, pero como lo integré, sé que hubo planteos sobre la necesidad de mejorar, principalmente, la situación de las plazas pa-

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ra atender el problema del hacinamiento. El problema que han tenido también otros Ministros es que si se planteaban ese tema en 2008, pero no lo habían incluido en el Presupuesto de 2005, probablemente no tendrían los recursos necesarios. En 2009 se planteó nuevamente el problema y ahí se hizo un gasto de aproximadamente US$ 30:000.000 para la construcción de nuevos celdarios y nuevas cárceles, que son las que vamos a heredar nosotros. Yo tengo cifras del gasto en cárceles en todo este período y las voy a dar en pesos constantes, no en pesos corrientes, porque la verdadera medida son los pesos constantes; si las doy en pesos corrientes, da demasiada diferencia. Tengo cifras desde 1990. En 1990, se gastaron $ 36:924.283; en 1991, $ 11:339.057; en 1992, $ 6:135.079; en 1993, $ 8:283.674; en 1994, $ 6:792.820; en 1995, $ 5:488.595; en 1996, $ 0; en 1997, $ 0; en 1998, $ 0; en 1999, $ 0; en 2000, $ 111.065; en 2001, $ 14.421; en 2002, $ 179:679.084. Este es el segundo año de mayor gasto en cárceles. En 2003, $ 68:600.993; en 2004, $ 67:350.075; en 2005, $ 61:923.763; en 2006, $ 61:113.004; en 2007, $ 82:746.341; en 2008, $ 91:234.613; en 2009, $ 192:119.789. Es evidente que, por lejos, el período de mayor gasto en cárceles -que supera todo lo de los demás años- se dio entre 2005 y 2009. Quedaron en construcción el celdario en Libertad, el celdario en el COMCAR, la nueva cárcel de Las Rosas, la cárcel de Rivera. Además, quedó Punta de Rieles para el Ministerio del Interior y el financiamiento para modificarla y quedó la cárcel El Molino y Juan Soler. Quedó una cantidad de inversión en cárceles. No obstante ello, como eso no se terminó sino que se está culminando en este período, nosotros recibimos un problema sumamente grave, y no lo ocultamos. Tenemos un problema grave. Pero, entonces, acá lo que existe es un problema de responsabilidad institucional. No es de recibo que porque el problema es grave no se asume la responsabilidad porque eso va a generar cosas y uno puede tener dificultades. Reitero: no es de recibo. Lo grave es lo que hay que asumir con mayor fuerza. Si uno asume solamente lo que va viento en popa, ¡ah, qué vivo!, así no vamos a ningún lado. Hay que asumir lo que tiene dificultad. Si yo asumo lo que tiene dificultad y tengo un sistema nacional de cárceles con cinco cárceles desastrosas, y dieciocho cárceles departamentales, de las cuales probablemente dieci-

séis o diecisiete son desastrosas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que decirle al Jefe de Policía que va a ser el responsable de la cárcel: “Mire, usted asuma todo menos la cárcel”? No, hay que decirle que asuma la cárcel y se le fija una misión en ella. Esa misión es cambiar lo que tiene, y la responsabilidad de llevar adelante esa misión es del Ministro y del equipo del Ministerio. Pero si uno conoce que tiene un desastre, sabe que puede tener problemas; sabe. Entonces, cuando surge el problema, ¿qué es lo que empieza a hacer? ¿Comienza a tirar responsabilidades y a decir: “Yo no fui. La culpa fue tuya” o “Fui yo”? Así no se arregla nada. Se arregla cuando se mantiene el camino que se emprendió, que tiene que ver con mejorar eso. Y éticamente -porque esto se me insinuó- yo no puedo plantearle a nadie que sea responsable de lo que pasó, porque le fijé una misión, no le di recursos, ¿y ahora lo culpabilizo? Estamos llevando adelante tres investigaciones -la judicial, la de la Jefatura y la de Asuntos Internos- y si cualquiera de ellas indica que hubo mala intención, bueno, ahí sí va a haber cambios. Si se indica que hubo faltas administrativas graves, también va a haber cambios, pero no al grito. No va a suceder porque se diga: “Eso debe tener un responsable”. ¡Quién sabe si tiene que tener un responsable, más allá de la situación general que heredamos! Esa situación general que heredamos nosotros la encaramos desde el primer momento y lo anunciamos antes de iniciar el trabajo en el Ministerio. Nosotros hicimos un diagnóstico, y lo voy a leer. Dice así: “Aumento sostenido y progresivo de las personas privadas de libertad con un aumento marcado a partir de 1995, asociado a la Ley de Seguridad Ciudadana, que creó nuevas figuras delictivas, circunstancias agravantes e incrementó las penas de delitos como el hurto y la rapiña a la vez que se produjo un endurecimiento de las condiciones de reclusión.- La Ley de Urgencia Nº 17.234, de 29 de junio de 2000, en sus artículos 64, 65 y 68, estableció una pena mínima de 2 años para los hurtos con penetración domiciliaria por sorpresa o por destreza, la rapiña en grado de tentativa y el atentado violento al pudor, cerrando toda posibilidad de libertad provisional.- (El Poder Legislativo ha operado según las urgencias del momento, sin tener en cuenta que la legislación más represiva no ataca las causas y solo ayuda al colapso del sistema: SERPAJ.- VI Seminario sobre Cárceles.).- Se privilegia el procesamiento con prisión, se restringe el otorga-

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miento de las libertades provisionales y anticipadas aumentando la tasa de prisionización que actualmente se sitúa en 264,05%.- El aumento de la población reclusa no fue acompañado de un aumento de plazas, ni de recursos humanos (personal ejecutivo, técnico, administrativo), ni inversión en infraestructura, ni de aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento.- Por la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005 -Libertad Provisional y Anticipada o Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario- se liberaron 827 personas”. Fue algo menos que esto. Prosigo: “El art. 13 -reglamentado por Decreto 225/06- prevé la instauración del instituto de ‘Redención de Pena por Trabajo y Estudio’. El art. 14 -reglamentado por Decreto 226/06- establece que debe introducirse en los pliegos de licitación…”. Esto ya lo leí y no lo voy a reiterar. Eso lleva a que “La cantidad de plazas en todo el país es de 6.443 con un total de 8.863 personas privadas de libertad. La densidad es de 138%. Procesados: 5.746 (remite a la lentitud de los procedimientos judiciales y el escaso uso de las medidas alternativas). Penados: 2.933.- Total: 8.679”. Esto tiene que ver con dos momentos distintos de hacer la medición. Continúa: “El relevamiento de las infraestructuras carcelarias en el interior del país realizado en el mes de marzo de 2010, definió la necesidad de cierre inminente de las cárceles de Rivera, Tacuarembó, Rocha, Lavalleja, Maldonado y la necesidad de relocalización temporaria en unidades militares de personas privadas de libertad en el COMCAR para viabilizar la refacción progresiva de los módulos.- El mismo diagnóstico de situación crítica (infrahumana) y de urgente solución aplica para el sector de las Latas del Establecimiento de Libertad y de su similar en el Departamento de Canelones, ambos con una población de 500 personas cada uno.- Medidas de urgencia tomadas a partir del 2 de marzo de 2010 para el combate de las situaciones más críticas de hacinamiento en el sistema. 1- Realojamiento de 100 internas de ECDM, del sector con riesgo de derrumbe, al CNR.- 2- Viabilizar y acelerar el fin de las obras iniciadas en el período anterior (COMCAR, Punta Rieles, Libertad, Maldonado, Rivera, El Molino) y definición de nuevas construcciones (Espejo en Maldonado)”, y ampliación del CNR. “3- Pronta redacción y presentación de la Ley de Emergencia Carcelaria”, con consulta a todos los partidos políticos. Y una vez más recalco que pusimos en la exposición de motivos cosas muy duras porque la

palabra escrita genera compromisos.- 4- Creación de un servicio de supervisión de libertad asistida (OSLA)” en el Sistema Nacional de Cárceles, “Decreto Presidencial del 14 de junio de 2010. 5- Continuidad al sistema de gestión penitenciaria. (ZTE Cooperación China)”, que empezó en el período anterior. “6- Coplanificación con ASSE- MSP de las acciones tendientes a la cobertura generalizada de salud en el sistema penitenciario. 7- Censo Penitenciario, en curso. (Apoyo de la cooperación española). 8- Apertura de la Cárcel El Molino, con destino al alojamiento de madres y niños provenientes del Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres Cabildo. 9- Inversión de un millón de pesos en la ampliación de la Cárcel de Campanero en el Departamento de Lavalleja. 10- Firma del proyecto L -de PNUD- para el fortalecimiento del Ministerio del Interior. 11- Presentación del Proyecto de Ley sobre el Perímetro. 12- Coordinación con el Ministerio de Salud Pública y ASSE para la concreción de una vacunación masiva en el sistema penitenciario.- Planes- Corto Plazo:- Descongestionamiento.Construcción de 2 complejos penitenciarios de máxima seguridad con capacidad para 900 reclusos cada uno previsto para la separación de delitos de narcotráfico y crimen organizado (350) y la segunda para personas privadas de libertad de alta peligrosidad ( 350) y un sector de media seguridad con capacidad para 200 personas privadas de libertad”. Entiéndase que no es un complejo de máxima seguridad para 900 personas, sino que hay alta seguridad para un grupo de alrededor de 300, seguridad media para otro grupo de alrededor de 300 y baja seguridad para un grupo de alrededor de 300 reclusos. Prosigue: “Ampliación de las instalaciones de la actual CNR, en el futuro Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres, previendo una planta para la ubicación del Hospital Penitenciario (ASSE) y un sector de máxima seguridad para Mujeres Privadas de Libertad de carácter regional.- Se estudia el aprovechamiento del actual edificio de Cabildo como posible Casa de Medio Camino en régimen de mínima seguridad para personas privadas de libertad en calidad de penados y con régimen de salida familiar y laboral.- La necesidad de estudiar todos los casos de personas procesadas que han cumplido más de 2 años de reclusión preventiva (Pacto de San José de Costa Rica) y una mayor celeridad en la tramitación de las libertades anticipadas, así como una mayor eficiencia del sistema en el cómputo del beneficio de Redención

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de Pena por Trabajo y Estudio, son algunos de los puntos que esta Administración considera enfatizar, dentro de las estrategias de descongestionamiento del sistema carcelario.- Otorgar transparencia a la gestión, manteniendo informada a la opinión pública, con informes y análisis críticos sobre la situación diaria del sistema, a través de la página web del Ministerio del Interior.- Mediano plazo.- Clasificación.- En la medida en que se progrese en las ampliaciones y nuevas construcciones y su habilitación las personas privadas de libertad serán realojadas siguiendo criterios de clasificación de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente (Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y Ley Nº 14.470).Programas de rehabilitación.- Se tenderá al diseño de programas de rehabilitación individualizados en el marco de los siguientes ejes generales: 1) en el área de salud mental, tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales y programas específicos para el tratamiento de las adicciones; 2) educación; 3) trabajo; 4) programas deportivos, recreativos y culturales.Unificación del sistema penitenciario nacional.- Regionalización: previendo 6 regiones a nivel del país.- 1: Montevideo, Canelones, San José. 3: Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera. 2: Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. 4: Paysandú, Artigas y Salto. 5: Colonia, Río Negro y Soriano. 6: Florida, Durazno y Flores.- Mantenimiento de las chacras en cada departamento, en el marco de la progresividad del sistema y como recurso para los emprendimientos educativos y laborales.- De acuerdo al informe emergente de la Comisión interpartidaria proyectado para el Presupuesto, ocupación del Escalafón Penitenciario “S” (art. 49 – Ley N° 15.851) con 1.200 operadores directos (custodia) 300 profesionales, 100 administrativos y 60 especializados.- Apoyo a la reforma del sistema de justicia.- (Cooperación Internacional-Proyecto L).- Capacitación del personal penitenciario.- Diseño de nuevos planes de estudio y capacitación tendiendo a la profesionalización de la función y elevando el nivel de ingreso curricular y mejorando las condiciones generales de trabajo y remuneración.- Promover junto al Poder Legislativo, la creación del Instituto Nacional de Desarrollo de Ciudadanía o (INR), fuera de la órbita policial. El mismo contará con una gerencia para adultos y otra para adolescentes infractores.- Fortalecimiento del Centro Nacional de Observación Diagnóstico y Tratamiento – INACRI, y respectiva unificación de las intervenciones socioeducativas a nivel nacional,

tomando como referencia el modelo Centro Nacional de Rehabilitación.- Fortalecimiento de emprendimientos intra y extramuros – con el aumento de la cantidad de peculios, el aumento de plazas laborales y generación de iniciativas asociadas al Plan Nacional de Vivienda. Regularización del sistema de pasantías laborales para reclusos declarando de carácter no salarial las remuneraciones al respecto.- Mejora de la articulación con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.- Mejora de la articulación con ANEP-CODICEN y UTU.- Desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y culturales.- Utilización de tecnología de avanzada para el control de ingreso de armas y droga.- Fortalecimiento del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados para la tarea de atención pos penitenciaria y la atención de los beneficiados con medidas alternativas a la prisión en coordinación con la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Incorporación de las pulseras electrónicas, como medio para ampliar el espectro de delitos que pueden incluir medidas alternativas.- Diseñar un plan de inmunización contra el tétanos, gripe, hepatitis B a implementar en todas las cárceles. Articular con Salud Pública la implementación del plan de atención integral de salud para las personas privadas de libertad en todos los establecimientos del país de modo de lograr una política de salud unificada.- Salud.- Implementar las intervenciones de estudios serológicos (ETS más frecuentes y VIH), comportamental de prácticas sexuales y de consumo de drogas.- Actividades de difusión de información y talleres de prevención a la población reclusa, su familia y al personal de custodia sobre VIH/ETS. Formación de promotores de salud integral y de prevención entre las personas privadas de libertad.- Desarrollar actividades de actualización y formación en criterios de bioseguridad universales.Garantizar la disponibilidad del test de VIH para todas las personas privadas de libertad en condiciones que aseguren el consentimiento informado, consejería pre y post test y extracciones de sangre seguras desde el punto de vista sanitario.- Garantizar a todas las personas privadas de libertad VIH positivas y con ETS el control médico periódico, el acceso a tratamiento integral de salud y medicación y alojamiento necesarios.- Largo plazo.- Proveer a cada persona privada de libertad de ropa, artículos de limpieza personal y para su hábitat, ropa de cama, comida balanceada. Las personas con enfermedades mentales ingresarán directamente a los centros de salud, no a la cárcel. El

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alojamiento máximo en celdas será de tres personas. Las chacras en cada departamento oficiarán como instancia de progreso.- Trabajo.- Promover acciones vinculadas a la ejecución de actividades laborales: (panadería, carpintería, agropecuaria, herrería, construcción).- Coordinar y ejecutar acciones (intramuros, extramuros), en todas las Unidades de Internación, para el desarrollo de pasantías laborales con instituciones, organizaciones y empresas públicas y privadas.- Promover micro emprendimientos productivos para internos/as y familiares con énfasis en políticas de egreso.Promover convenios para la capacitación técnica (INEFOR, MTSS, Programa Uruguay Estudia, PIT-CNT, UTU, COCAP y aquellos afines a esta actividad).- Educación.- Experiencias positivas; continuar fortaleciendo y multiplicando aquellas propuestas socioeducativas que se evalúan como positivas.- Alfabetización y Educación General Básica y capacitación en las nuevas tecnologías de informática.- Salud.- Enfermerías completas en cada Establecimiento. (Cooperación internacional).- Las personas con enfermedades mentales ingresarán directamente a los establecimientos para enfermos mentales, no a la cárcel.- Desplazar la responsabilidad de la asistencia sanitaria a personas privadas de libertad desde la órbita del Ministerio del Interior hacia la órbita de ASSE.- Hacinamiento.- La creación de una disposición que permita mantener la capacidad penitenciaria sin exceder la misma. (Ley de Cupo). La misma obliga a la permanente revisión de la situación de las personas privadas de libertad, adelantando en plazos razonables algunas liberaciones, ya sea por vencimiento de pena próximo, de libertad anticipada con tiempo cumplido e informes técnicos positivos y de libertades provisionales, cada una con la posibilidad de controles externos por parte de los dispositivos de libertad asistida.- Fortalecer los Programas de Tratamiento en Adicciones, con el objetivo de progresar a la creación de un Centro de Ingreso y Tratamiento Específico para las Adicciones.- La columna vertebral de la rehabilitación la constituyen: Planes de Trabajo.- Planes de Estudio.- Planes de Tratamiento para las personas con problemas de adicción a las drogas (Salud).- Planes de Tratamiento en el área de salud en general (físico-psíquico).- Planes de Tratamiento en el área de salud mental.- Proyectos con financiación Internacional en Curso.- a) Proyecto (L) ONU- ejecución PNUD y varias Agencias. 20102011. Se desarrollará en función de los siguientes componentes: I- Desarrollo de 3 programas de trata-

miento para las personas con problemas de adicción en: COMCAR a cargo de ASSE-M:S:P.- Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres a cargo de la Junta Nacional de Drogas con extensión a Establecimiento El Molino.- La Tablada a cargo de la Asociación ‘Ser Libre’ que desarrolla el modelo de narcóticos anónimos- basado en el modelo del Instituto Hazelden de Minnesota de masiva aplicación en los sistemas penitenciarios anglosajones.- II- Fortalecimiento a la implementación de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA).- III- Emprendimientos Laborales.- b) Proyecto de Cooperación Ministerio del Interior – Agencia Española de Cooperación.- Se desarrolla en función de 3 ejes: Formación Penitenciaria: Capacitación de Funcionarios del Sistema.- Diseño y Elaboración de Protocolo – Manual de Procedimiento.- Censo de la Población reclusa.- c) La Unión Europea destinó Fondos a 3 Proyectos: I Cárcel Departamental de Canelones – Jefatura de Canelones.- Contrapartes: FCPU – Alternativa Solidaria/COSPE.- Monto: 120.000 euros.- Duración: 18 meses.- Objetivo: Promoción de Iniciativas a Emprendimientos de Trabajo, Cooperativismo y Orientación al egreso sustentable.- II Cárcel Departamental de San José-DNCPyCR.- Contraparte: Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.Monto: 150.000 euros.- Duración: veinticuatro meses.- Objetivo: Promoción de Actividades Sociolaborales, Acompañamiento a las Personas Privadas de Libertad, Fortalecimiento de Capacidades en Preegreso.- III Sistema Penitenciario Nacional.- Contraparte: SERPAJ, Observatorio del Sistema Judicial.- Monto: 140.000 euros.- Duración: dieciocho meses.- Objetivo: Fortalecimiento del Sistema, Promoción del Diálogo y el Diseño de un Sistema Integral, Relevamiento y Estudio del Sistema y Condiciones de Reclusión de Adultos y Menores de 18 años”. Habiendo hecho nuestro planteo sobre lo que pensamos respecto a las responsabilidades individuales y a la situación general del sistema carcelario y de las cárceles departamentales, voy a pasar a responder las preguntas -creo que varias de ellas ya fueron contestadas en el transcurso de mi exposición- y lo haré con la misma crudeza. La pregunta número uno refería a cuáles eran los criterios de selección: “cuando se fijan los destinos del personal superior para asignarlo a una cárcel”. La respuesta es que no existen. Es un destino dentro de las Jefaturas de Policía del interior.

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Luego se preguntaba: “¿Se tiene en cuenta la experiencia en el ejercicio de funciones similares?”. Contesto que no. También se preguntaba si la selección atiende, como sucede en otras dependencias del Estado, a la capacitación en la materia o a cursos de entrenamiento previos a la formación durante la función. Se atiende a la formación durante la función. Voy a relativizar un poco lo que estoy diciendo. La formación policial para la oficialidad se divide en tres años de capacitación básica en la Escuela Nacional de Policía. Luego, estos Oficiales se capacitan en cursos regulares de pasaje de grado. En el transcurso de la formación básica se da formación penitenciaria pero no existe licenciatura. Los cadetes optan por la especialidad a seguir en el segundo año. El personal subalterno se entrena en la Escuela Penitenciaria, pero esto tiene que ver pura y exclusivamente con lo que está dentro del Sistema Nacional de Cárceles y no en las Cárceles Departamentales. Yo agrego que nosotros nos planteamos que la formación que actualmente reciben tiene que ser muy fortalecida. Por eso proponemos que haya una especialización en el tema. Asimismo se preguntaba si, cuando no se dispone de personal especializado, existen equipos técnicos del Ministerio para asesorar a las referidas Jefaturas. Sí existen; y en lo que he trasmitido hasta ahora estaba la respuesta cuando hablaba muy sintéticamente de lo que han hecho los asesores en todo este período. Fue largo, como cuatro carillas, pero es muy poco con respecto a lo que realmente han hecho. Se preguntó: “En el caso de la Dirección de la cárcel de Rocha, ¿qué antecedentes tiene el Director que lo habiliten para estar al frente de un establecimiento que tiene problemas locativos, de hacinamiento y falta de seguridad? En su condición de Oficial, ¿tiene entrenamiento para la función?”. No tiene. La ley actual no exige especialización. El Jefe de Policía sí integró el Sistema Nacional de Cárceles. Otra pregunta que se planteó: “¿Puede explicarnos por qué en el término de los últimos cuatro meses se cambió cuatro veces de Director de la cárcel de Rocha?”. Sí, puedo. Ocurrieron cuatro cambios como consecuencia de fugas que dieron lugar a sumarios y, además, la situación de estrés de quien está a cargo del establecimiento.

La siguiente interrogante: “Ha dicho usted aquí, hace dos semanas, que el Ministerio del Interior tiene un protocolo de actuación para el sistema penitenciario y un plan de operaciones para cuando se suscitan situaciones como la que se dio en la cárcel de Rocha. ¿Puede describirlo?” Ya lo hice. Recién leí el plan de contingencia que existe. Luego: “¿Se realizaron prácticas de entrenamiento y simulacros de situaciones?” La cárcel de Rocha, la Jefatura de Policía de Rocha tiene un plan de contingencia general. Se cuenta con el asesoramiento de Bomberos. No se realizan prácticas de entrenamiento ni simulacros porque, de acuerdo con la Ley N° 14.470, la cárcel de Rocha es de mínima cerrada. El personal de guardia es el enviado desde las Seccionales. No hay una persona especializada a excepción del personal de la Dirección Nacional de Cárceles. Después: “¿Puede determinar fehacientemente si los encargados de la guardia y el personal tienen instrucciones precisas al respecto? Explique, particularmente, si el personal que concurre a la guardia de la cárcel recibió entrenamiento. En caso afirmativo, indique a cargo de quién está el mismo, durante cuánto tiempo se imparte y cuáles son los criterios de evaluación satisfactoria. En caso de que ello no suceda, explicar los motivos”. Este tipo de preguntas es el que hace imprescindible que el Ministro venga acompañado, porque el Ministro no puede tener idea de lo que sucede en cada Comisaría, en cada Jefatura, sino que existe una división de trabajo que lleva a que quien esté encargado de eso sea, fundamentalmente, el Director Nacional de Policía. Yo puedo responder esto ahora porque vine acompañado. De lo contrario, hubiera dicho al señor Diputado que no le podía contestar. Imaginarán que hay una cantidad enorme de Seccionales en el país y si me hacen una pregunta referida a una en particular no la puedo responder porque no sé. Si me hacen otra pregunta con relación a una Jefatura con nombre y apellido, es decir, quién estaba en determinado momento, no lo sé. Lo sabré a partir del informe, pero este está en elaboración, así que voy a responder lo que me han dicho quienes están encargados de esto. Cada vez que hay un cambio de guardia se da instrucción por parte del Director tomando en consideración el plan de contingencia elaborado oportunamente y se indica la situación de los reclusos allí alojados.

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Otra interrogante: “¿Esta tarea se realiza en todas las dependencias carcelarias del país?” Sí. Luego: “Teniendo en cuenta que el recluso es responsabilidad del Ministerio del Interior mientras dure su reclusión, y que la experiencia y cantidad de funcionarios de guardia por recluso es una herramienta clave en la gestión, ¿cuál es la relación óptima entre cantidad de guardias y reclusos según los parámetros internacionales? En el caso de Uruguay, ¿cuál es la relación promedio del sistema penitenciario de la cárcel de Rocha en particular?”. La relación óptima guardia-recluso según norma internacional es un guardia cada veinte reclusos; la relación nacional no está específicamente determinada, pero no se aproxima a la internacional. Promedio cárcel de Rocha: en forma estable hay diez funcionarios policiales por turno, pero cuando el “llavero” abre la celda y la cierra, va acompañado por dos guardias de la Brigada de Operaciones Tácticas, y si hay un incidente, de inmediato interviene la Unidad que tiene asiento en la Jefatura. Téngase en cuenta que es una cárcel de mínima. A nivel nacional, la información que existe es de un guardia cada treinta y cuatro presos en la Dirección Nacional de Cárceles, pero a nivel global la diferencia es mucho mayor. Asimismo se preguntó: “¿Cuál es la situación y las recomendaciones que surgen acerca de los informes de Bomberos en los últimos años?” Se elaboró el plan de contingencia y se tuvo en consideración lo sugerido por la Dirección Nacional de Bomberos, que fue lo que leí hace un rato. Otra interrogante es: “Conocidos los informes de Bomberos, ¿qué medidas se tomaron para minimizar los riesgos de incendio?” Extintores, tomas de agua, condición de instalaciones eléctricas e instrucciones al personal a cargo de la llave de los pabellones. Se compraron extintores y otros elementos, pero debe considerarse que hubo un motín en la cárcel de Rocha que dejó la instalación en pésimo estado. Fecha del motín: 2 de junio. Luego de eso los reclusos que provocaron el motín fueron trasladados al COMCAR. A continuación se quiere saber: “¿Existe algún protocolo escrito acerca de las condiciones para que el llavero abra una celda? ¿Puede explicar el protocolo para esta maniobra?” No, no existe. El “llavero” recibe órdenes del Director y se limita a abrir y cerrar rejas.

Por ejemplo: cuando hay traslado de un recluso al Juzgado, lo hace la Brigada de Operaciones Tácticas. Asimismo, se pregunta: “¿Posee usted un informe técnico del motivo del incendio?” El informe de Bomberos todavía no está; sí hay una serie de recomendaciones que fueron aplicadas y, además, hay hipótesis de Bomberos que se tienen que transformar en un informe. Eso todavía no lo manejo. Otra interrogante es: “¿Qué comunicación recibió el Director de la cárcel y qué medidas o directivas trasmitió al respecto?” En el lugar estuvo el Jefe de Policía junto al Juez de Feria a cargo del operativo. Y continúan las preguntas: “¿Qué comunicación recibió el integrante del comando? ¿De quién provino la comunicación y qué medidas dispuso?” El Jefe de Policía comunica el hecho al Director de la Policía Nacional y se hace cargo de todo el procedimiento. A continuación se quiere saber: “En caso de que haya ocurrido, ¿a qué hora fue incomunicado el personal de guardia de la cárcel a los fines de la realización de la investigación administrativa de urgencia, como forma de preservar la información y la independencia de esta?” El Jefe de Policía recibió la orden del Juez presente en el lugar, de que en horas de la tarde se fueran presentando en sede judicial. Nadie del personal policial fue detenido ni incomunicado y todos fueron en calidad de testigos. La siguiente pregunta es: “¿A qué hora fue enterada la autoridad judicial y qué medidas dispuso tanto con relación a los cuerpos y heridos como al personal de la cárcel, en el momento del incidente?” La autoridad judicial fue enterada en forma inmediata junto con los médicos forenses. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue. Se verificó la evolución de los lesionados y que el personal policial fuera en la tarde a declarar. Luego se quiere saber quién y cuándo avisó a los familiares del suceso? La Dirección de la cárcel se encargó de avisar a los familiares. Agrego a esto que, en horas de la mañana se tuvo que demorar una conferencia de prensa porque se iba a informar quiénes eran los fallecidos. No se quiso hacer la conferencia de prensa hasta que los familiares fueran avisados para que no se enteraran por la prensa sino directamente. Como varios de ellos viven en el Chuy, se plantearon dificultades, por lo que la conferencia de prensa se hizo luego de que fueran avisados los familiares

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por parte de la Dirección de Cárceles. Sin embargo, no fue sencillo. Posteriormente se interroga acerca de cuándo comenzó la investigación administrativa por parte del Ministerio y a cargo de quién está. En forma inmediata se ordenó que se diera información de urgencia y se pasó la investigación a Asuntos Internos, tratando de no obstaculizar la investigación judicial. Esto ya lo había dicho y leí la resolución entera por la que se establecía que la investigación pasara a Asuntos Internos. Esa es la investigación de Asuntos Internos, pero hay otra propia de la Jefatura, que fue al Juez; quizás la nuestra en algún momento también llegue al Juez, pero todavía no es el momento. Para terminar quiero insistir en algo que ya he dicho y que tiene que ver con las responsabilidades generales, no con la responsabilidad concreta. Todo lo que he señalado es producto de veinticinco años de evolución y de acumulación de problemas y nadie puede tirar la primera ni la última piedra al respecto. Creo que sería un signo de responsabilidad del sistema político seguir trabajando en lo elaborado por la Comisión multipartidaria, aunque hoy no sea posible encontrar soluciones que eviten los problemas existentes. La acumulación de problemas indica que hay una bomba de tiempo en cada cárcel y desactivarla significa realizar cambios bastante profundos. Para ello es necesario contar con lugares adonde hacer los traslados o, al menos, empezar a rotar traslados, que es lo que tenemos previsto para el COMCAR, ya sea en un cuartel, en una unidad militar o en un celdario más que nos están por entregar. Ello permitirá, entre otras cosas, empezar a bajar el hacinamiento en cada lugar. En Lavalleja ya no hay hacinamiento. Cuando concurrí a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración había hacinamiento, pero ya no lo hay. Hoy hay condiciones lamentables, pero no hacinamiento. Son condiciones lamentables porque las celdas no tienen ventanas, y porque salen al patio y lo único que ven es el cielo; no pueden ver el horizonte, el campo ni la calle; no pueden ver nada y la luz, en esas condiciones y con “ranchadas”, es insuficiente. Ahora, cuando visité la cárcel de Lavalleja, como resultado de lo que pasó en Rocha, encontré que los propios presos, las personas privadas de libertad “emprolijaron” los calentadores y las “ranchadas”. Sin embargo, en Rocha eso no se arregla si no se cierra la cárcel. No hay arreglo posible en una cárcel así. En muchas cárceles no hay arreglo po-

sible. El único arreglo para nosotros es cerrarlas y para eso hay que sustituirlas por otras instalaciones. Se podría paliar la situación disminuyendo el hacinamiento en las cárceles donde sea posible, pero para eso se necesitan otras instalaciones o unidades militares. Las instalaciones eléctricas se podrían hacer, porque ahora tenemos recursos; votada la Ley de Emergencia Carcelaria tenemos recursos, y eso ya está en marcha. Insisto: creo que sería imprescindible cambiar la práctica de que cuando pasa una cosa de estas características lo primero es buscar responsables; lo primero sería buscar soluciones. Los días siguientes al suceso escuché al miembro interpelante decir que no era hora de cobrar cuentas, sino de preocuparse de las víctimas; me pareció una buena señal, pero ello duró un día. Creo que deben buscarse soluciones, porque para encontrar responsables hay tiempo. Sin embargo, no hay tiempo para que todos los partidos políticos trabajen juntos en lo que ya acordaron, que fue un proceso para encarar el sistema carcelario. Cuando este tema se discutió en la Comisión multipartidaria se tuvo la virtud -no el Ministro, sino quienes integraron la Comisión- de decir que el problema era tan grande que había que plantearse resolverlo, no en un Gobierno, sino en varios, y tratábamos de establecer políticas comunes para que ante un cambio de Gobierno el siguiente continuara por lo menos los mismos lineamientos. Era cuanto quería decir, señora Presidenta. Disculpe si mi exposición fue muy prolongada, pero no podía hacerla de otra forma. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: el señor Ministro utilizó cuatro horas para describir la situación carcelaria del Uruguay de los últimos veinticinco años, cuando notoriamente el motivo de la convocatoria era la situación vivida en la cárcel de Rocha; bueno, cada uno ocupa el tiempo como le parezca, lee los informes que quiera y, en su caso, el señor Ministro podrá leer todo lo que quiera, que escuché con atención. No todo lo que ha leído es veraz; no todo lo que ha leído es veraz. Lo he escuchado con atención. Voy a poner un solo ejemplo. En el último tramo de su ex-

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posición, usted habla del buen funcionamiento del Patronato de San José y del convenio con la Unión Europea; seguramente, usted habrá leído la carta de renuncia que el 22 de junio de 2010 le presentó el Patronato de San José, diciendo que no va a cumplir con ese convenio y da las razones de la renuncia. No entiendo cómo usted dice que el Patronato de San José es una de las razones por las cuales se está trabajando bien en San José. Hay una renuncia y es del 22 de junio; no se puede decir en el Parlamento que se trabaja muy bien con relación al Patronato, salvo que se haya leído un informe muy viejo. Menciono un detalle para demostrar que el señor Ministro ha leído cosas que están atrasadas. Ha respondido las preguntas, y demuestran la contundencia de que, efectivamente, no existen mecanismos, en el caso de la cárcel de Rocha -que es el que me ocupa en esta interpelación y es motivo de la convocatoria-, para prevenir en lo más mínimo que se produjera lo que aconteció, es decir, que se murieran doce presos. Las explicaciones que se han dado respecto de la forma en que se prende fuego una manta, que duraron media hora, se formularon el 23 de julio, tiempo después de los fallecimientos. Después de haber tenido muertos, empezamos a entender cómo arden las mantas. Fuimos a investigar qué pasa cuando se prende fuego un celdario, y ahí nos enteramos de que en ciento veinte segundos no queda nada, que son ciento veinte segundos. Entonces, señor Ministro, el protocolo que usted tiene, ¿de qué sirve? Usted mencionó que en el protocolo que le hizo el Jefe de Policía se dice que además se llame a la Comisaría de Las Chacras y se traiga dotación policial; la Comisaría de Las Chacras queda a cuarenta cuadras. ¿Qué dotación policial va a llegar en ciento veinte segundos? El informe que acaba de dar Bomberos a la Cámara destruye cualquier protocolo: en ciento veinte segundos se alcanzan los 600° C y a los dos minutos 1.400° C. Es decir que había un horno incinerador preparado, pronto para estallar, y estalló. ¿Y cuándo nos enteramos? El 23 de julio, cuando los bomberos fueron al LATU y vieron cómo ardía una manta. Fue tarde; los protocolos no servían. Usted me ha dado explicaciones de todo el sistema carcelario y se ocupó especialmente del período de Gobierno del Partido Nacional, seguramente por una estrategia política. Tiene razón, señora Presidenta, el señor Minis-

tro puede utilizar una estrategia política. No obstante, yo quería explicaciones más precisas y concretas, más humanas, más cercanas a la realidad. El señor Ministro dijo que a cargo de la cárcel de Rocha no estaba el Cabo Machado, sino el Sargento San Martín; es verdad. ¿Quién es el Sargento San Martín? ¿Es el responsable de DICOSE, que llegó por ascenso a la cárcel hace diez días? No conoce la cárcel, no conoce a los presos, no conoce nada. Estuvo en DICOSE años. Ascendió hace quince días. ¿Qué vino a hacer a la cárcel? Le dieron una orden y él la cumplió. Estaba en el lugar equivocado. ¿Qué órdenes puede dar alguien que viene de DICOSE, que viene de una Comisaría donde selló planillas de DICOSE durante diez años? No puede estar al frente de una cárcel. Lo metieron en un berenjenal. ¿Quién tomó esa decisión? Alguien la tomó, pero fue una decisión equivocada. Algo de entrenamiento hay que tener para ir a dirigir a las tres de la mañana y dar la orden, porque la orden, si no entiendo mal, la da la jerarquía que haya en la cárcel a las tres de la mañana. Y la orden, señor Ministro, la tiene que dar el Sargento a cargo, y el Sargento a cargo viene de DICOSE. Esta es la explicación humana, la realidad en la que quiero aterrizar, la suma de errores cometidos. ¡Seguro que no se podían arreglar todas las instalaciones eléctricas, pero sí se pudo haber puesto el tanque de agua! Tengo el informe de Bomberos que usted conoce, ¿y sabe lo que dice dicho informe? Habla de un tanque de agua de 4.500 litros y de bomba eléctrica. Este informe es de setiembre de 2009. ¿Sabe cuánto cuesta esto? $ 22.000; esto es lo que cuesta en Rocha en una barraca. No había $ 22.000; puede ser, pero en otras Jefaturas había. El propio Ministro mencionó a otras Jefaturas que con presupuesto propio -lo dijo el señor Ministro- avanzaron. ¿No se pudo instalar el tanque de 4.500 litros y dar agua? Los presos buscaron meter la cabeza en el inodoro, tratando de no morir. Tengo en mi poder la foto en la que buscan agua. No había agua en la cárcel. ¿Por qué no se hizo esa obra? ¡Seguro! Hace un año se compraron los tráilers para transportar caballos. ¿Cuánto se gastó? Se hizo -faltó en la foto- en la chacra policial un hermoso galpón para guardar caballos. Hablo de respuestas humanas a la medida de la realidad, de administrar la precariedad. Cuando usted tiene un edificio que está complicado, administra lo que tiene; mientras tanto vendrán los recursos. Esto será culpa de los gobiernos, de los Ministros o de todo el

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mundo; muy bien, adjudíquele cuentas a los últimos veinticinco años. Sin embargo, cuando usted asume el Gobierno, debe administrar lo que tiene. Debe administrar lo que tiene, y manejar la dificultad, y debe haber una manguera en la cárcel, debe haber acceso al agua en la cárcel. El informe de Bomberos dice que arregle el hidrante que está atrás; no está arreglado. Ayer no estaba arreglado el hidrante, y le dijeron en setiembre del año pasado: “Arrégleme el hidrante que está en el patio trasero de la cárcel”. ¿No hubo un contacto entre el Jefe de Policía y el Jefe de la OSE diciéndole: “Arréglame el hidrante, porque si se me incendia la cárcel tengo el agua adentro de la cárcel?”. No está arreglado el hidrante. Yo no hago responsable al “llavero” ni al bombero que fue a entrar por la puerta principal pero no pudo hacerlo porque la motobomba no pasaba y tuvo que dar vuelta y entrar por el fondo, donde está el hidrante que no funciona. Por suerte, los bomberos tienen otra motobomba; trajeron dos y entonces no les faltó agua. Ya estaban todos muertos, pero no les faltó agua. ¿Por qué no se pudieron hacer esas cosas? Hay un informe de la Dirección local de Bomberos que menciona cosas elementales para hacer. No estoy hablando de miles de dólares ni de presupuestos nuevos ni de una cárcel nueva. ¡Evitemos que se nos mueran los presos! Hay que hacer las cosas que naturalmente hace un padre de familia: si se va a caer el techo de una habitación, no hace dormir a sus hijos ahí. Algún día tendrá una casa nueva; está juntando plata y ya vendrá. Pero, mientras tanto, cuida, ¿qué? ¡La vida! Puede faltar una frazada. En el informe del señor Ministro se dice que no hay cosa que arda mejor que un colchón. Entonces, estábamos preparando todo para que eso explotara sin advertirlo. Nadie lo advirtió. No estoy hablando de intencionalidad; estoy hablando de desidia, del hecho de no hacer lo que hay que hacer, de que el Ministerio no se escuche a sí mismo o permita que un Jefe de Policía ponga a los caballos como una prioridad, cuando los presos se pueden morir. En esto se gastaron miles de dólares. Por otra parte, nunca se pidió ayuda al Rotary, al Club de Leones ni al Patronato. Nunca se les dijo: “Consíganme algunos pesos para estas cosas mínimas, elementales que preciso”. No me refiero a una cárcel nueva ni al sistema eléctrico.

El señor Ministro nos dijo que es una cárcel de mínima. ¡Es una cárcel de mínima! Y hay un informe sobre las rejas. Pero yo nunca vi a un preso en Rocha escaparse por las rejas. No precisamos las rejas. Se van por la puerta, caminando. ¿Por qué, entonces, a una cárcel de mínima -como dice el señor Ministro que es- el 19 de marzo de este año se llevó a un narco desde Libertad? Y el 26 de mayo se fue caminando por la puerta, a pesar de que había sido procesado en un Juzgado de crimen organizado. ¿Por qué lo llevaron a Rocha si allí hay una cárcel de mínima? Estuvo sesenta días y se fue, aunque no por las rejas. Para esos no hay candados, no hay demoras. Se fue caminando y aún está prófugo. SEÑOR GANDINI.- ¡Muy bien! SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Lo llevaron de Libertad a Rocha hace poco tiempo, el 19 de marzo, y se les fue el 26 de mayo, ¿por dónde? Por la puerta. ¡No se preocupen por las rejas! ¡No pasa nada con las rejas! ¡No retienen a nadie! ¡No son necesarias! Pero a estos gurises que murieron incendiados, sí se les pone un candado. Voy a dar el nombre del narco para que se sepa bien: Marcelo Nicolás Rodríguez. ¿Cuál es la política de traslado entre las cárceles en este sistema federal de cárceles en el que cada una hace lo que puede? Es una federación de cárceles. ¿Cómo se intercambian los presos? Una vez fui a visitar al Jefe de Policía anterior y le pedí que no llevara a los presos del COMCAR. ¿Qué, van a venir a entrenar a Rocha? Me dijo que era la política de intercambios. Por supuesto que no me dio bolilla. No se han utilizados prisiones alternativas, más allá de las que mencionó el señor Ministro en Rocha, como por ejemplo, la cárcel del Canelón. El señor Ministro no tiene por qué conocerla. No le voy a pedir que la conozca, pero en Rocha la conocemos. Allí ha habido presos por homicidio. ¿Ahí no podrían estar gurises procesados por drogadicción? Sí. En la comisaría Las Chacras -la comisaría, no la chacra policialha habido muchos presos. ¿Pueden estar estos de bajo perfil para sacar de allí a gente que va a quedar en condiciones terribles, como acaba de demostrar el oficial de Bomberos en un horno que en ciento veinte segundos acaba con todo porque arde a miles de grados? ¿Para qué teníamos ahí presos? No hay protocolo que alcance. Es imposible, los protocolos no sirven para nada. Por eso pregunté acerca de los protocolos.

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¿Para qué sirven? ¿Quién los conoce? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué entrenamiento hay? Y no se hicieron simulacros, aunque todo se hace con simulacros. Tiene que haber un simulacro para ver si funciona o no. Si hubiera habido un simulacro, se habrían enterado de que el hidrante no funcionaba; si hubiera habido un simulacro, se habrían dado cuenta de que no había agua ni manguera; si hubiera habido un simulacro, habrían notado que la motobomba de bomberos no pasa por la portera de la cárcel. Esa noche ocurrió eso. Por suerte, el chofer se dio cuenta, frenó y dio marcha atrás; de lo contrario, se hubiera quedado sin la bomba, porque la portera de la cárcel es más chica que la motobomba. Pero alcanzó a pasar una parte, dio marcha atrás y dio vuelta a la manzana. Entró por el otro lado. Eso está todo previsto en un simulacro, pero nunca se hizo. Entonces, desde mi punto de vista, la situación es grave, y es grave por desidia. Tampoco había bomberitos. Alguien podrá decir: “Ese incendio no lo apagan los bomberitos”. Entonces, si no apagan incendios, no pongamos bomberitos en ningún lado. ¿Para qué se ponen los bomberitos? Para prevenir; para que un policía pueda entrar con el bomberito en la mano y apagar el fuego. En aquella ocasión, los policías no pudieron entrar. La puerta se abrió y salieron los que pudieron, los que estaban contra la puerta. Por eso la puerta no se quemó, porque estaban acostados contra la puerta. Esos fueron los que se salvaron. Vamos a escuchar lo que dice uno de ellos con respecto a la puerta, que el señor Ministro expresa que no se quemó. (Se proyecta un video) ——Desde mi punto de vista, esa explicación es bastante clara. Ese hombre estuvo en la celda que, según la información que se dio hoy, llegó a tener 1.200° C de temperatura. Se salvó; no sé cómo hizo pero pasó por esos 1.200° C. El Ministro ha dicho que es responsable porque asignó responsabilidades y no dio recursos. Está bien, es una decisión; porque otorgó responsabilidades y porque no dio recursos. Como no dio recursos, reconoce que la responsabilidad es suya. Yo creo, Ministro, que no tiene por qué conocer todo lo que he dicho en esta segunda intervención. No tiene por qué saber quién es San Martín -le van a informar quién es San Martín-, pero nosotros sí. Creo

que esa es una decisión equivocada que agrava el problema. Dice el recluso: “Cerraron el portón y quedamos con el llavero solo”. Ya estaba abierta la puerta, ya estaban los heridos en el piso. Es muy difícil dirigir un procedimiento de esa magnitud sin experiencia; es muy difícil. Es muy difícil que ese policía pudiera tomar definiciones con claridad; alguien que hace diez años está en DICOSE es muy difícil que pueda dirigir la cárcel a las tres de la mañana en medio de este fenomenal episodio, el más grave que se ha vivido en la historia del Uruguay. Se podrá decir que eso no es una cuestión de recursos. Es así, no es una cuestión de recursos; es una cuestión de decisión. De los recursos para evitar la catástrofe ya he hablado: no eran excesivos; no estamos hablando de cárcel nueva, no estamos hablando de obra de infraestructura nueva. Estamos hablando de hacer lo mínimo, y eso no se hizo. Y si no hubiera habido muertos, no pasa nada. Claro que no pasa nada. Si alguien conduce borracho y no tiene un accidente, no pasa nada, llega a su casa; pero si conduce borracho y tiene un accidente, entonces pasa. Por lo tanto, no se puede usar el argumento de que estaban las condiciones dadas, de que también antes pudo haber pasado, pero no pasó. El tema es cuando pasa, cuando sucede. ¿Cómo asumimos la responsabilidad? ¿Cómo deslindamos la responsabilidad? ¿Cómo quien pudo haber hecho algo no lo hizo? Hoy dije que habían llegado múltiples informes. El más general es el de Naciones Unidas y quizás el más particular es el del sindicato. Hablé de un informe de uno de los Directores de la cárcel. El Ministro me dice que hubo cuatro Directores en cuatro meses porque todos tuvieron problemas con fugas. Cuatro Directores en cuatro meses: es una rotación alta. Imaginemos que en cualquier otra institución pasen cuatro Directores en cuatro meses, con caracteres distintos, personalidades distintas, formas de mando distintas, criterios distintos. Durante ese tiempo pasó uno de ellos, que es un especialista. Tengo su informe. Es un licenciado en seguridad que fue Director de la cárcel. Hizo un informe en diciembre de 2009. Es completo, hasta señala las fallas que tienen las garitas, hasta dice cómo las garitas están mal hechas. No hay cuestión que este Comisario no haya dejado por escrito. Reitero que es de diciembre de 2009. Y este informe, ¿dónde fue a parar? Aquí también se identifican cosas que se resuelven con practicidad, como lo hizo el Jefe de Lavalleja -según dijo el Ministro, con

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mucha razón-, con recursos propios. ¿Qué son recursos propios? ¿Saben lo que son recursos propios? El Jefe de Policía pidió al anterior Diputado del Frente Amplio por el departamento de Lavalleja: “Consígame Pórtland”, y se lo consiguió. Y pidió a otro grupo de apoyo: “Consígame cuchetas”, y se las consiguieron. Eso es recursos propios; eso es gestión; eso es alguien resolviendo la precariedad; eso es alguien haciendo antes de que le estalle el problema en la mano. Eso no pasó en Rocha, Ministro; no pasó. Nada de lo contenido en estos informes fue tenido en cuenta. Este licenciado en seguridad fue Director de la cárcel; esto lo hizo cuando fue Director de la cárcel. Describió todo con claridad y contundencia. Habla hasta de los policías, de la psicología de los policías, de la atención de los policías, de la familia del policía; habla hasta del lugar en que comen los policías. Se ocupa de todo. Seguro que no todas estas cuestiones se pueden resolver. Yo lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender, si estoy partiendo de una realidad, y estoy partiendo de un atraso histórico, como dije al principio, en materia carcelaria? También usted deberá reconocer que no es lo mismo tener dos mil quinientos presos que ocho mil; no es lo mismo. Cuando el doctor Tabaré Vázquez, entonces Presidente de la República, declara la emergencia carcelaria, en el año 2005, ¿por qué lo hace? Lo hace porque obviamente está en conocimiento del crecimiento exponencial de la cantidad de presos. Entonces, advierte eso que usted planteó en esta sesión y que lo llevó a presentar un plan que nosotros compartimos. Usted ha planteado al Parlamento un plan que nosotros compartimos y que votamos. Reitero que el Ministro ha planteado un plan que nosotros votamos y compartimos. En el año 2005 el doctor Vázquez declaró la emergencia carcelaria por muchas de las cosas que dijo el Ministro en Sala, pero notoriamente por la cantidad creciente de presos, lo cual puede leerse de distintas formas: por la eficacia de la Policía a la hora de capturarlos y ponerlos en prisión, porque las Cámaras han votado el aumento de las penalidades con prisión o por otras múltiples razones. Seguro; de los 2.500 o 2.800 presos de 1990 -que es el año en que arranca el informe que hizo el señor Ministro- a los más de 8.000 de ahora, hay mucha diferencia; son cosas que no se pueden comparar. No es lo mismo 2.500 presos en todo el país que 8.500.

Hoy tenemos una situación exponencial. La teníamos en 2005, y el plan se retrasó mucho. El Ministro leyó unas cifras y yo tengo otros. No entiendo cuáles fueron las cifras del Ministro; yo estoy leyendo el Presupuesto Nacional del quinquenio pasado en lo que respecta a la asignación por cárceles, y el año que más se invirtió en cárceles fue en 2005. Es el Presupuesto del Presidente Batlle, porque lo que se gastó en 2005 fue asignado el año anterior. Ese fue el año del quinquenio en que se gastó más. Aquí está el Presupuesto quinquenal año por año y dice: administración del sistema penitenciario, complejos carcelarios. El año en que se gastó más fue el primer año de Gobierno del Presidente Vázquez, y se trataba de lo definido por el Presidente Batlle el año anterior. ¿Estamos de acuerdo con que se produjo ese crecimiento, con que hubo aumento de las plazas disponibles en el Gobierno anterior? Las hubo. ¡Pero tenemos doce muertos! Tenemos una cárcel que funcionó pésimamente mal y, desde mi punto de vista, estas son las responsabilidades. El Ministro no las eludió acá; las tiene que asumir, y las asumió, pero debe actuar en consecuencia. No basta con: “Esto lo banco yo”. No es “Esto lo banco yo”, porque, seguramente, la mayoría parlamentaria banca. Al principio de mi intervención anterior no señalé que en las dos interpelaciones a que hice referencia los Ministros no tenían mayoría parlamentaria. Vinieron a este Cuerpo a enfrentar un problema severo y la ausencia de mayorías parlamentarias los llevó a renunciar, pero la mayoría parlamentaria no es para eso, es para otra cosa, para respaldar a su Gobierno, para respaldar a sus Ministros y también para mirarse a sí mismos, y cuando hay fallas en la gestión no se trata de decir: “Bancamos cualquier cosa”. Seguramente, se encontrarán responsabilidades penales. Desde mi punto de vista, el señor Ministro ha confundido la responsabilidad penal con la responsabilidad administrativa y política. El Ministro, por sí y ante sí, en su Ministerio, puede determinar que hay responsabilidades de quienes están a su mando por cosas que se hicieron mal. El Juez va por otra vía, la penal, y determinará cuáles son las responsabilidades penales, si se pone a alguien en prisión o se lo procesa, si archiva el expediente o no encuentra mérito. Pero las potestades del Ministro no son las del Juez; él no puede decir: “No, mientras que el Juez siga yo no

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puedo hacer nada”. ¡Cómo no! El Ministro debe analizar lo que aconteció en el marco de su gestión. Yo mencioné hoy al señor Ministro la fuga de un narco de la cárcel de Rocha porque me parece que eso también debería formar parte de su análisis. ¿Cómo se maneja esa cárcel que recibe a un narco así, alegremente? Es una cárcel que, como ha dicho insistentemente el Ministro en sus informes, es de mínima. Bueno, de mínima funcionó, porque se fue por la puerta. Yo había planteado, señora Presidenta, un régimen de preguntas, pero el Ministro hizo una intervención tan larga que ahora preferí plantearle concretamente estos puntos. Me gustaría saber si él tenía conocimiento de que al frente de la cárcel había un Sargento ascendido hacía pocas semanas, que nunca había estado en el ejercicio de la actividad de Sargento en una comisaría, mucho menos en una cárcel. ¿Él sabía que en respuesta a Bomberos alcanzaba con $ 25.000 para poner agua en la cárcel? Pasaron varios meses y eso no se hizo. ¿El señor Ministro sabía que había un informe especializado en la Jefatura de Rocha de uno de los directores que había sido relevado -habrán tenido sus razones- y que estaba especializado en seguridad? ¿Él sabía que ninguna de las disposiciones de Bomberos, no solo la atinente a bomberitos, ni siquiera la del hidrante, habían sido cumplidas? ¿Él sabía que la política de traslados se aplica de la manera que vengo de describir, incluyendo una cárcel de mínima para llevar a un preso que estaba en el Penal de Libertad y que había sido procesado por uno de los juzgados especializados de Montevideo? Eso fue ahora, el 19 de marzo. Por ahora, estas son las preguntas, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: me cuesta empezar porque ha habido tantas confusiones en lo planteado, que tengo que ordenarme. Por ejemplo, se confunde el Presupuesto con la ejecución. Yo leí lo que se ejecutó del Presupuesto y no lo que se planificó y no se ejecutó. Entonces, pue-

de ser cierta la afirmación de que el mayor gasto en cárceles estuvo planteado en el Presupuesto elaborado en el año 2000, pero no se ejecutó. Quizás la razón esté en lo que leí que dijo el Ministro Stirling en cuanto a que tenía previstas cuatro cárceles pero la crisis económica le impidió construirlas. Yo no estoy comparando las intenciones con la realidad sino las realidades entre sí. El Presupuesto anterior del Ministerio aprobado en 2005 aumentó un 76%. No estaba pensado gastar la mayor parte en cárceles, pero en el año 2009 se produce la mayor inversión en cárceles de todo el período de Gobierno. Comparen la ejecución, no la planificación. Yo no dije que el Patronato de San José andaba bien sino que hay un proyecto en San José cuya contraparte es el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Hoy, antes de venir para el Palacio Legislativo, acepté la renuncia de los integrantes del Patronato de San José. No tuve una confusión; hoy acepté la renuncia. La contraparte es el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. En ningún momento dije que funcionaba bien el Patronato de San José, sino que había un proyecto en San José y en qué consistía. Por otra parte, menos mal que al final el Comisario era especialista en seguridad porque, al principio, era especialista en otra cosa. Creo que especialistas en seguridad son todos los oficiales. Él no era especialista en cárceles; fue Director. ¿Por qué se lo cambió? Porque problemas personales lo llevaron a pedir el traslado. Él pidió el traslado; por lo tanto, fue trasladado y está en La Coronilla. No fue que, como sabía, lo cambiaron; no es así. Tampoco es así el planteo de que como no había agua en la celda metieron la cabeza en el “water”. No corresponde a la realidad. Cuando nosotros entramos a la celda, había un caño del cual salía un chorro de agua continuo -después, las propias personas privadas de libertad lo corroboraron-, y esa fue la razón por la que la mayor parte de las personas privadas de libertad se metieron en el baño: porque creían que esa agua, no la del “water”, el agua que caía de arriba, los preservaría del fuego. Esto lo dijimos en la instancia pasada; uno a veces se confunde ante dos comparecencias tan cercanas y no dice algo porque cree que ya lo dijo, pero en

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realidad lo había dicho en la ocasión anterior. Había un caño del que salía agua continuamente, y es muy distinta la realidad de quienes fallecieron fuera del baño de la de aquellos que fallecieron dentro del baño porque, efectivamente, el agua puede aislar en algo el calor, aunque no aísla de la asfixia, que fue la razón de la muerte. Entonces, no es de recibo lo que se dice en cuanto a que no había agua, por lo menos en esa celda; no voy a hablar de las demás, sino de esa celda. Por otra parte, en mi comparecencia anterior a la Cámara leí gran parte del informe del Comisionado Parlamentario y lo voy a volver a leer. Hay un subtítulo que dice: “Relatos contradictorios”, pero no se refiere a relatos contradictorios de las autoridades de la cárcel y de los que estuvieron en la celda incendiada, sino que se trata de relatos contradictorios entre las personas que estaban en la celda incendiada. Lo leo: “A su vez, los sobrevivientes del sector (el mismo día del hecho el suscrito entrevistó con detalle a cuatro de ellos, que estaban fuera de peligro) dieron versiones contradictorias sobre la respuesta policial: dos denunciaron la demora, mientras los otros dos manifestaron que los funcionarios actuaron lo más pronto que pudieron”. Ahí hay dos y dos; obviamente, el testimonio que vimos es de una parte de los dos, pero no de los que dicen que no hubo demora. Ahora: el propio Comisionado Parlamentario, más adelante, dice que si se demora un minuto más, no quedaba nadie. De todas maneras, destaco que este preciso punto -si demoraron uno, dos, tres o cuatro minutos- lo dejé afuera de las opiniones porque dije que de eso se estaba ocupando el Juez. Y tan claro tengo que hay responsabilidades penales y responsabilidades administrativas que por tres veces dije en el correr de estas horas que había tres investigaciones: una judicial, que trata de ubicar las responsabilidades penales, y dos administrativas, una, de la Jefatura de Policía, y otra, que yo mismo firmé el 9 de julio para que Asuntos Internos ubicara otro tipo de responsabilidades, si las hubiera. También dije que no iba a cobrar al grito, por más que el grito fuera muy fuerte o fueran varios gritos, si no había pruebas de inconducta administrativa o de intencionalidad. Es así porque tenemos claro que hay dos tipos de responsabilidad. El Cabo de guardia que no era Sargento de guardia: era Comandante de Guardia, pero era el Cabo San Martín- no es el res-

ponsable de la cárcel. En ningún momento dijimos que era el responsable de la cárcel, sino que era responsable de un turno. Y dijimos que, según lo que teníamos hasta el momento -es lo que vamos a seguir diciendo hasta que tengamos el resultado de una investigación que diga algo distinto, si es que la llega a haber-, cumplió con el protocolo, pero tampoco me puedo manejar con el blanco o el negro y decir que como el extintor no sirve para apagar este fuego, no los haya para ninguna otra cosa, o que como el protocolo establecido no puede impedir esto, entonces, no haya protocolo. Habría que ver si todos los protocolos impiden que se produzcan problemas graves o no tan graves. En cuanto a lo que se manifestó de las habilitaciones de Bomberos para la cárcel de Rocha, debo decir que quizás tendríamos que dejar esta sesión en el punto en que está e irnos, porque el Palacio Legislativo no está habilitado por Bomberos. Yo tengo una larga lista de instituciones no habilitadas por Bomberos, desde la Suprema Corte de Justicia hasta Juzgados Penales, además de otras que no quiero mencionar para que siga funcionando el país, pero esto no es de ahora, sino que es un problema que viene desde muy atrás. Entonces, yo no hablé del período de Gobierno del Partido Nacional para responsabilizar a ese Partido; hablé de todos los períodos, inclusive, del anterior, para decir que llegamos a una situación en la que se trataría de aunar esfuerzos a fin de que no suceda lo que está pasando, pero como muchas veces la práctica común indica que uno no reconoce los problemas -porque, si no ¡vaya a saber qué pasa con uno si los problemas son responsabilidad de uno!-, nosotros los reconocemos de entrada, porque es la única forma de cambiarlos, pero no lo es entender mal lo que se dice, sino poner la mejor voluntad para entender bien lo que se dice. Además, supongo que lo que he dicho quedará sentado en la versión taquigráfica y quedará claro que no dije las cosas que se manifiesta que dije. También se habló de un preso que se escapó, y efectivamente es así. Eso sucedió porque hubo un intercambio de presos debido a dos razones: una era la cárcel de Rocha y la otra lo que pasaba con ese preso en el lugar donde estaba. Se buscó una salida para las amenazas que estaba recibiendo. Ahora: ¿qué pasa? Si pasa lo que pasó, se dice: “¿Para qué lo cambia-

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ron?”. Si se quedaba donde estaba y lo mataban, se habría dicho: “¡Por qué no lo cambiaron! ¡Cómo lo dejaron ahí!”. Entonces, si hay una situación complicadísima, con casi nueve mil presos, que es lo que estamos diciendo, hay que tomar medidas de fondo; no se arregla con medidas superficiales, más allá de que después, si se produce un problema en uno de los veinticinco lugares donde hay problemas, se dirá: “¡Justo acá lo podríamos haber arreglado y no se habría producido esto!”. La cuestión es que uno no sabe dónde se producen los problemas. Por lo tanto, ¿cuándo empezamos a arreglar esto? Cuando tuvimos los recursos. A veces es fácil decir “Habría que haber recurrido a la sociedad civil”; el problema se plantea cuando se recurre a la sociedad civil y esta dice “No”, a diferencia de lo que pasó en Lavalleja, donde la sociedad civil dijo “Sí”. Hubo que recurrir a la sociedad militar para pedir determinadas cosas en Santa Teresa, porque la sociedad civil había dicho que no. Entonces, ¡es fácil! Insisto -y voy a seguir insistiendo-: nosotros, a quienes asumen responsabilidades, les pedimos que se hagan cargo de un proceso. Y en ese proceso tuvieron pocos recursos; tienen ahora más recursos y a partir de enero tendrán aún más. Pero si el que debe asumir la responsabilidad -ya sea un Jefe de Policía o un jefe de cárcel- dice: “Con este lío que tengo, ¡yo no!”, vamos a terminar con que nadie asume responsabilidades; nadie. Y de lo que se trata es de que se asuman responsabilidades para mejorar lo que tenemos. Es fácil; es cosa común en el sistema político, que nos lavemos las manos, buscando la responsabilidad más abajo. Por eso es que decimos que es como un fusible. El fusible del Presidente es el Ministro; el fusible del Ministro es un Director; en el Ministerio del Interior el fusible del Director es un Jefe; el fusible del Jefe es un Comisario, y puede ser que el recluta termine siendo el fusible. Es como lo que pasaba en alguna película, como la que hoy recordaba, “Rashomon”, o en “Adiós a las armas”, en la que aparecía un cañón que creo que era la imitación del “Gran Berta” y cuando la orden de tirar empezaba a bajar y a bajar, terminaba tirando Chaplin, y le erraba al objetivo. ¿Quién recibe las patadas? ¡Chaplin!, no el que había dado la orden!

Entonces, no se trata de atribuir responsabilidades al grito. Tengan la certeza de que si la investigación administrativa establece que hay responsables, se tomarán medidas. Si la investigación administrativa o la judicial no establece responsables no vamos a tomar medidas. Estamos haciendo la investigación: si hay responsabilidades tomaremos medidas. Si el Juez establece responsabilidades tomaremos medidas; al grito no las vamos a tomar. Pero esto es más serio todavía, porque está la cuestión de “Yo no fui; fue aquél”. Hay distintos Ministerios y este, como el de Defensa Nacional, funciona verticalmente. Entonces, si uno no asume determinadas cosas que llevan adelante los que están más en la base, ¿quién va a asumir después las responsabilidades? ¿Quién? ¿Y quién se va a sentir con la responsabilidad de hacer cosas cuando, como en el caso de la Policía, hay que tomar determinaciones en segundos y esos segundos pueden conducir a un error? Pueden llevarlo a un error, ¡claro que pueden llevarlo a un error! Pero, ¿qué pasa si después, a causa de ese error, se le dice a alguien: “Fue tu culpa”? ¿Quién va a querer asumir responsabilidades en esos segundos después? Es un error pedir que se actúe así. Ya lo dijimos: pedimos dos investigaciones; si esas investigaciones tienen resultados, bien, se tomarán medidas. ¡Y ojo que son muy distintas! Nosotros lo aclaramos también en el discurso del 2 de marzo. Dijimos: “Vamos a cambiar Asuntos Internos; vamos a crear un equipo de Asuntos Internos que no sea el espejo de lo que hace el Juez ni que acompañe lo que hace el Juez”. Dijimos: “Si un policía de Segunda tiene una 4×4 y no puede justificar cómo la tiene, vamos a investigarlo”. ¡Y vamos a investigarlo! Ya ha habido procesamientos por cosas de ese tipo, así que se está investigando en serio. No es porque sí, nada más; estamos investigando en serio. Pero si esa investigación en serio no arroja responsables no vamos a tomar ninguna medida, por más que nos digan: “Tienen que tomar medidas porque tiene que haber responsables”. Me parece que es lo más claro en todo esto. Por otro lado, hay otras cosas que no suceden en las cárceles, suceden en las calles, cuando alguien está robando a otro y un policía, en vez de meterse, mira para arriba -¡qué fácil es, además, decir que no lo vio!- y no interviene, porque si lo hace muchas veces se le generan problemas. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de dar confianza y de crear com-

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promiso para que los policías tengan confianza y compromiso con la sociedad. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: agradezco sinceramente que me haya concedido la interrupción. Francamente, después de la larguísima y nutrida intervención con la que ha pretendido ilustrarnos, empiezo a quedar perplejo -se lo digo con el mayor de los respetos- con relación a las últimas consideraciones que hizo. Yo no sé si el Ministerio del Interior debe tener la verticalidad del Ministerio de Defensa Nacional, pero sí sé que cuando usted asume un cargo, y uno tan peliagudo como el de Ministro del Interior, tiene que buscar responsables y tiene que hacer que la gente asuma la responsabilidad. Y si hay un Director que no quiere asumir esa responsabilidad, ¡lo cambia y pone otro! Y si viene otro que no la quiere asumir, ¡lo cambia y pone otro, porque el primer responsable es usted! ¡Porque el primer responsable es usted! ¡Y si está buscando compromiso en sus subordinados, si está buscando gente que responda con responsabilidad… (Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: le solicito que se dirija a la Mesa. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Me estoy dirigiendo a la Mesa, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora sí. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- No he dicho en ningún momento “señor Ministro” ni tengo que estar mirándola fijamente cuando hablo. Estoy hablando del señor Ministro. SEÑORA PRESIDENTA.- No le pido que me mire fijamente; le pido que se dirija a la Mesa. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Trataré de hacerlo así, señora Presidenta.

Lo que sí le digo -lo que sí le digo- es que si usted está buscando responsables y esos responsables no aparecen, el primer responsable es el Ministro. Y usted tiene que hacerlo así, porque en tanto usted busca compromiso, en tanto el señor Ministro busca compromiso, busca que los subordinados asuman la tarea con responsabilidad, lo que van pasando son muertos, y no hay tiempo para seguir esperando; cuando hay pérdida de vidas humanas, que el señor Ministro encuentre el compromiso que está buscando en sus subordinados. ¡La paciencia tiene un límite! ¡Y el límite, en este caso, ha sido la vida de doce personas que murieron quemadas! Si no hay un responsable, ¡el primer responsable, sin duda alguna, es el señor Ministro del Interior! Por último, quiero acotar algo más, aunque usted debería saberlo. El Comandante de Guardia, ya sea por un turno -siempre lo es-, es el responsable de la guarnición, de la cárcel, del cuartel, de la seccional o de lo que sea. ¡Es el responsable, porque para eso hay turnos y para eso es el Comandante de Guardia! Por lo tanto, esa cárcel tenía un Comandante de Guardia, que fue quien tomó las decisiones y a quien usted deberá llamar finalmente a responsabilidad. Gracias, señora Presidenta; continuaré mirándola atentamente. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Tengo claro el asunto de las responsabilidades; el problema es que no se trata de que aparezcan porque sí, se trata de que aparezcan si las hay. Si las hay van a aparecer; si no las hay será responsabilidad de una situación que se viene generando y que nosotros anunciamos que podía darse. Si nosotros no hubiéramos encarado esto, si no hubiéramos pensado que esto podía pasar, no habríamos presentado un proyecto de ley de emergencia carcelaria. El señor Presidente de la República habló con los coordinadores del Senado para plantear ese proyecto y después hablé yo con ellos. Podríamos no haber encarado el tema, podríamos haber dicho “No hay problema”, y pasa, pero no es la situación; no es esa la situación. También tengo claro que el Comandante de Guardia es responsable de un turno, pero no quiero que se confunda con que es el responsable de la cárcel; ese es el Director. No quiero que pase por eso porque también sería el responsable de otras cosas y no lo es. Y según lo que nosotros entendemos, hasta que no haya otra opinión

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distinta entre quienes están investigando, él cumplió con el protocolo que es necesario. SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: cuando se habla de responsabilidades, hay que tener en cuenta un proceso. El Uruguay que recibimos tenía ciento sesenta mil indigentes y es un éxito que ahora sean cincuenta mil, pero no es cuestión de pensar que porque recibimos ciento noventa y siete presos cada cien plazas -con un montón de prioridades; una deuda externa impagable, un desempleo que superaba el 13%, etcétera-, en cinco años vamos a solucionar lo que otros han destruido en decenas de años. Vamos a poner sobre la mesa una cuestión muy puntual. Este país se dio el lujo de malbaratar una cárcel que funcionaba bien, ubicada en uno de los lugares más caros de Montevideo. ¡Se malbarató en US$ 6:000.000 y no se tuvo la mínima precaución de hacer otra en consecuencia! Entonces, lo que se hizo fue rehabilitar establecimientos que deberían pertenecer al olvido de la historia y poner a funcionar otras cosas. Las responsabilidades se están investigando porque si el Ministro viene y dice: “Iniciamos la investigación administrativa de inmediato”, así es, y si el Juez no actúa de inmediato, ¿qué vamos a hacer? ¿Los echamos a todos por presunción de culpa en general? ¿Así actuamos? No, no es así; todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hay una situación carcelaria que nos explota en la cara hoy, pero que tiene muchos años. ¡Muchísimos años! Recuerdo acá al doctor Díaz Maynard peleando casi en soledad por estos temas. Porque cuando se habla del informe del Parlatino, cuando se recorrió prácticamente todas las cárceles de América Latina, debemos recordar que quien presidía la Comisión correspondiente era el doctor Daniel Díaz Maynard. ¡Y acá nadie le daba bolilla! Entonces, no nos rasguemos las vestiduras con esto porque está sonando a cinismo y la verdad, no me gusta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: … SEÑORA MONTANER.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: quienes no integramos el sector al que pertenece el miembro interpelante ni integramos el Poder Ejecutivo, estamos siguiendo atentamente las interrogantes y las dudas que tiene el señor miembro interpelante y las explicaciones del señor Ministro. Hago uso de la palabra solamente por una cuestión de orden que creo le va a hacer bien a esta Cámara y que tendría que hacerle bien a la sociedad. No creo que sea bueno interrumpir para enturbiar aspectos y temas que no sean inherentes al motivo de la convocatoria. A quienes estamos siguiendo el debate con atención, a quienes no queremos más que esclarecer la situación para evitar tragedias en el futuro y dramas como este, no nos hace bien hablar de situaciones pasadas ni de historia -ni de esto ni de lo otro-, porque nos hace salir del eje del tema. Esto es muy importante porque se trata de una tragedia que costó doce vidas; quienes estamos siguiendo el tema con muchísima -¡muchísima!- preocupación y buscando en las preguntas formuladas por el señor miembro interpelante o en lo que expresa el señor Ministro y su cuerpo de asesores una conclusión acerca de los hechos, pedimos por favor no remitirnos al bagaje político de tantos años, pues capaz que por lo urgente estamos perdiendo de vista lo importante. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: yo he tratado de empezar y de seguir por ese camino y, de alguna manera, hay un problema… (Interrupción del señor Representante Germán Cardoso)

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Por favor, señor Diputado, diríjase a la Mesa y no interrumpa al Ministro, que está en uso de la palabra en este momento. Puede continuar el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: hace unos días, el Diputado Peña Fernández, en ejercicio de la Presidencia, me comunicó que a la hora 16 del día siguiente la Cámara se iba a reunir en régimen de Comisión General. Yo creía que era por los temas de seguridad, por las cárceles y por el tema de la cárcel de Rocha. Él me dijo que a la vez tenía que elegir fecha para una interpelación. Le respondí: “La hacemos el mismo día; no hay problema”. Después me aclaró que la interpelación era solamente por el tema de Rocha. Le contesté: “Entonces, vamos a separar las cosas porque es muy difícil hablar de Rocha sin hablar de cárceles y hablar de cárceles sin hablar de seguridad”. Obviamente, hoy hablé de la cárcel de Rocha relacionándolo con el tema de las cárceles. No lo voy a relacionar con la seguridad, pero sí voy a decir que eso es muy difícil porque en ese tema se incluye a los encargados cotidianos de trabajar por la seguridad, que son los policías. Y cuando hablamos de seguridad, también hablamos de la situación de los policías, que abarca muchas cosas: lo que cobran, la cantidad de horas que hacen, la situación con las familias, el hecho de que son los que persiguen a los delincuentes y después los cuidan en las cárceles -que no es la mejor situación-; abarca un montón de cosas. Entonces, cuando uno analiza las responsabilidades, y analiza en serio, no con el afán de obtener una victoria política o un rédito político sino de buscar soluciones -que es lo que tratamos de hacer-, también analiza a ese policía que está en las cárceles y a ese policía encargado de la seguridad con el montón de problemas encima. Entonces, cuando se va a las responsabilidades, hay un montón de cosas detrás. Por supuesto que no hay policías que digan: “Yo esa responsabilidad la asumo a medias”. No, no; la asumen; la asumen en toda su dimensión. El problema es que uno después tiene que medir lo que le ha pasado en función de la compleja situación que llevaba encima y lo que hereda después de veinticinco años. Yo no me animo a analizar esto y a decir que como hace quince o veinte años este riesgo existía, pero no sucedió nada, estaba todo bien. Cuando este riesgo existía y no se solucionó, estaba todo mal. Podría haber pasado en ese momento y no pasó. Y en vez de pasar en Rocha, podría haber sucedido en Rivera, pero no pasó.

Entonces, no vamos a cobrar al grito. Eso lo digo por cuarta vez. Vamos a esperar la intervención del Juez. Vamos a esperar que culmine la investigación y veremos lo que se indica. Si se nos indica responsabilidades penales o administrativas, tomaremos medidas. Hasta ese momento no las vamos a tomar. Si no me equivoco, ya he tenido en cuenta todas las preguntas formuladas, por lo que voy a terminar mi exposición. Gracias, señora Presidenta.

9.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Julio César Fernández, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 28 y 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Rubenson Silva. Del señor Representante Juan C. Souza, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 3 de agosto de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Gustavo Rombys, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 3 y 4 de agosto de 2010, convocándose a la suplente siguiente señora Cecilia Bottino. Del señor Representante Guzmán Pedreira, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 10 de agosto de 2010, convocándose a la suplente siguiente señora Olga Silva. Del señor Representante Álvaro Delgado, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 28 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Marcelo Maute Saravia”.

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——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito a usted licencia por los días 28 y 29 de julio de 2010, por motivos personales. Solicito a usted se convoque al suplente respectivo. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rivera, señor Julio César Fernández. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 29 de julio de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 28 y 29 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Rivera, Julio César Fernández. 2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Frente Amplio, señor Rubenson Silva. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día martes 3 de agosto, por motivos personales. Sin más, le saluda atentamente. JUAN C. SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente. Sergio Ashfield”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 3 de agosto de 2010. II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que han sido objeto el suplente siguiente, señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 3 de agosto de 2010, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan C. Souza. 2) Acéptase por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente siguiente, señor Sergio Ashfield.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 3 de agosto de 2010, al suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373 del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside me otorgue licencia por motivos personales los días 3 y 4 de agosto y se convoque a mi suplente. Saluda atentamente. GUSTAVO ROMBYS Representante por Paysandú”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 3 y 4 de agosto de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por los días 3 y 4 de agosto de 2010, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Gustavo Rombys. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Frente Amplio, señora Cecilia Bottino. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

“Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 10 de agosto de 2010, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente GUZMÁN PEDREIRA Representante por Flores”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Quien suscribe, Martín Pedreira, de acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular en el día de la fecha, comunico a usted mi renuncia por ésta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente. Martín Pedreira”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores Guzmán Pedreira. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de agosto de 2010. II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Martín Pedreira. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de agosto de 2010, al señor Representante por el departamento de Flores, Guzmán Pedreira. 2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Martín Pedreira.

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3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 60977321 del Lema Partido Frente Amplio, señora Olga Silva. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle licencia por motivos personales por el día de la fecha. Sin otro particular, saluda atentamente. ÁLVARO DELGADO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 28 de julio de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 28 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 28 de julio de 2010, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404 del Lema Partido Nacional, señor Marcelo Maute Saravia. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

10.- Integración de Comisiones.
——Dese cuenta de la integración de Comisiones. (Se lee:) La señora Representante Ana Lía Piñeyrúa actuará como delegada de sector en la Comisión de Derechos Humanos. El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou actuará como delegado de sector en la Comisión de Defensa Nacional. La Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología estará integrada por los Representantes Nacionales Pablo Abdala, Julio Battistoni, Germán Cardoso, Antonio Chiesa, José Carlos Mahía, Sebastián Sabini y Daisy Tourné. La Comisión Especial de Género y Equidad estará integrada por los Representantes Nacionales Verónica Alonso, Mario García, María Elena Laurnaga, Alma Mallo, Graciela Matiauda, Daniela Payssé, Susana Pereyra, Jorge Pozzi y Luis Puig. La Comisión Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen organizado estará integrada por los Representantes Nacionales Alfredo Asti, José Bayardi, Gustavo Bernini, José Carlos Cardoso, Jorge Gandini, Gonzalo Mujica y Walter Verri”.

11.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: creo haber demostrado en mis dos intervenciones anteriores que el interés de esta interpelación, mi interés, era esclarecer los episodios vinculados a la cárcel de Rocha acontecidos el 8 de julio. Entonces, han quedado bastante disipadas las acusaciones de que fui objeto respecto de la utilización política, partidaria o menor de un episodio de tanta gravedad. Es probable que tengamos diferencias, que no vayamos a discutir con el Ministro acerca de la concepción del mando: él es el Ministro, él resuelve, él está al mando y ocupa el cargo legítimamente; por lo tanto, él determina cómo ejerce el mando. No es lo

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mismo en todo su Gobierno; venimos de ver la experiencia en el Ministerio de Defensa Nacional. El concepto que tiene el señor Ministro de Defensa Nacional es diferente al del Ministro del Interior en el ejercicio del mando, porque ante un episodio de gravedad actuó de manera diferente. Esto acaba de acontecer. De manera que esa concepción es personal del Ministro, que yo respeto, aunque no comparto, ni comparta el resto de su Gobierno; allí sí ha habido acciones directas sobre determinadas personas del Ministerio hasta que se sustancie la investigación. Mientras se está investigando, el Ministro actuó, tomó decisiones. En este caso, en el Ministerio del Interior no se han tomado decisiones. Se tomarán -supongo yo-, “a no ser que no haya responsables” -dice el Ministro-; a no ser que no haya responsables. Entonces, si no hay responsables, fue un suicidio. Si no hay responsables, ¿qué fue? Se han hecho comparaciones que no son posibles. El Ministro ha dicho: “Puedo denunciar los lugares que no están habilitados por Bomberos. Uno de ellos es este Palacio”. ¡Pero este lugar no está cerrado con un candado! ¡Sin duda que es distinto! ¡No se puede comparar con un lugar donde las personas, a partir de las nueve de la noche, están detrás de tres candados! Reitero: detrás de tres candados. No se puede comparar. Las normas de seguridad aplicables a las personas que están detrás de tres candados, cuyas llaves no tienen, son distintas a las de este Palacio, a las del Poder Judicial o a las de cualquier edificio público. No son comparables, señor Ministro; son cosas distintas. ¿Quién está a cargo en el turno? Está a cargo el que tiene mayor grado; a cargo estaba quien venía de DICOSE. ¿No daba órdenes? Es probable; es muy difícil que diera órdenes a las tres de la mañana. Es muy difícil que un funcionario que proviene de DICOSE, que estuvo trabajando durante una década en el sellado de planillas, pueda determinar si se está provocando un incendio o si se ha generado humo para poder fugarse. ¡No lo va a determinar! ¡No lo puede determinar! Esta persona está en el lugar equivocado. Yo no sé si él es el responsable; seguramente cumplió una orden. Fue allí porque cumplió una orden: “¡Preséntese en tal lugar!” Y cumplió la orden. ¿Él es el responsable de estar en un lugar que no puede administrar, que no conoce? No lo sé, y por eso yo no estoy diciendo quiénes son los responsables, pero creo que

hay responsabilidades. Y las responsabilidades son de aquellos que toman decisiones, no necesariamente de quien acata una decisión, que puede no gustarle o para la que, inclusive, puede no sentirse capacitado. Dijo usted que a veces la sociedad civil no reacciona. Señor Ministro: Rocha reacciona. Tenemos innumerables ejemplos de colaboración de la sociedad civil en Rocha, formidables, cuando se encuentran los actores adecuados, cuando se buscan los mecanismos adecuados. El Hospital de Rocha es una obra de su sociedad y no de los Ministerios de Salud Pública. Y de esto hace décadas. El Hospital de Rocha lo hizo el pueblo de Rocha. Las obras en Lascano fueron hechas por el pueblo de Lascano, que todos los años recauda miles de dólares para Bomberos y para su servicio; para Bomberos de Lascano, para las comisarías de Lascano, para las escuelas de Lascano. ¡Miles de dólares aportaron! La sociedad de Rocha es generosa y no comparto con usted que me diga que hay sociedades que colaboran y otras que no. No es el caso de Rocha, y acá se dijo. Está cabalmente demostrado que el personal a cargo de la cárcel no tenía entrenamiento para la tarea. Usted me respondió a la primera pregunta diciendo que no hay capacitación específica para el personal superior. El personal que estaba en funciones a las tres de la mañana no tenía entrenamiento; quien estaba a cargo no conocía la función, no conocía la cárcel ni conocía a los presos, por lo que no podía dar una orden mínima en esas condiciones. Nunca hubo un simulacro de accidente, de una fuga, de una pelea generalizada o de un incendio, lo que hubiera permitido probar cómo funcionaba la cárcel de Rocha en horas de la noche, en las condiciones en que estaba, en medio de esa precariedad. Para mí, cuatro Directores de cárcel en cuatro meses es una rotación excesiva; es demasiado cambio, es caótico. Es muy difícil creer que una cárcel se administra con tan alta rotación porque los Directores a cargo toman sus propias decisiones y tienen su propia forma de conducción; cada individuo es distinto de otro. Cuatro Directores en cuatro meses ponen a una cárcel en un nivel de inestabilidad en su funcionamiento que no admite que se me diga que estaba todo controlado. Todos los protocolos deberán ser revisados, señor Ministro. La información que en esta sesión nos

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brindó Bomberos echa por tierra cuanto protocolo hay en su Ministerio. Si una celda arde en 120 segundos, los protocolos deben hacerse de acuerdo a esos 120 segundos, tal vez no para apagar el incendio, pero sí para abrir la puerta en ese tiempo, que es cuando se llega a 600° C de temperatura. Esto se demostró acá durante media hora cuando vimos los informes con un nivel de detalles y explicación minuciosos. Ninguno de los protocolos que tiene el Ministerio responden a esta explicación. Hubo desidia. Usted no lo mencionó, pero en Rocha se compró equipamiento para la guardia rural, desde mi punto de vista con una visión equivocada del Jefe de Policía anterior -no del actual-, invirtiéndose en caballos, en tráilers, en galpones para caballos. Hubo inversión, pero no hubo siquiera $ 25.000 para un tanque de agua y una bomba eléctrica. Ese es un costo definitivo en la cárcel, que habría dado agua suficiente, y no la que sale de la manguerita de la cisterna del baño o de romper el inodoro -que efectivamente se rompió-, no ese chorrito que encontraron los que entraron al final; me refiero a agua suficiente, como dice el informe de Bomberos, con caños suficientes, con mangueras como para apagar un incendio, como para meterlas por las ventanas de las celdas, por esas ventanas que estaban abiertas -siempre lo estuvieron- porque no tenían vidrio, solo una reja. Nadie pudo tirar agua por ningún lado porque no había, hasta que llegaron los bomberos. Nunca se pidió ayuda a la comunidad; nunca se intentó. La comunidad de Rocha responde; nunca se solicitó ayuda a esa comunidad. Otros jerarcas policiales sí lo hicieron en otros departamentos y consiguieron apoyo y recursos, y avanzaron. Por lo menos, para las previsiones mínimas -no para cárceles nuevas ni para reparar toda la electricidad-, para los bomberitos, para el agua, sí se consigue apoyo en la comunidad. Otras cárceles tomaron decisiones que no se adoptaron en Rocha y que corrigieron el problema; usted viene de visitar hace pocos días una cárcel y un departamento que actuó en consecuencia. La celda funcionó como un horno. Acá se explicó cómo murió la mayoría de los reclusos, cómo deflagraron los gases, según la Dirección Nacional de Bomberos, cómo en pocos minutos, en pocos segundos, eso se transformó en un infierno. Señor Ministro: usted tiene hoy, esta noche, centenares de infiernos. Si ese informe generara la apli-

cación de una ordenanza, de un reglamento interno, de una declaración del Ministerio, usted debería retirar todas las “ranchadas” esta noche, porque todos los hornos están prontos. Todos los hornos están prontos. Es imposible que esta noche no haya centenares de ladrillos encendidos debajo de frazadas de polietileno. Eso está pasando ahora y puede volver a pasar lo que ya sucedió. Ojalá no pase. Pero ese informe del pasado 23 debió generar una respuesta inmediata del Ministerio. Se dice: “A los presos hay que llevarlos de a poco; no se les pueden sacar las ‘ranchadas'”. ¿Pero cómo se sacaron en algunos lugares? ¿De a poco, cuando está en peligro la vida de los presos, vida que administra usted y no ellos? ¿Negociamos con ellos condiciones en las que se pueden morir, cuando la vida la administra usted? ¿Cómo va a negociar? Eso no se negocia. Las condiciones para que no se mueran las personas las pone el Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía. ¿Cómo se van a negociar con los presos? No he mencionado que en la cárcel de Rocha se hacen bloques. ¿No se pueden sustituir las frazadas colgadas por bloques? Se puede y se debe hacer porque la vida de los presos no está en las manos de ellos, sino que está en las manos del Ministro. Está en sus manos, señor Ministro y, por lo tanto, actúe. Se dice que se generan motines y líos, pero veamos que hay Jefes de Policía que pidieron ayuda y que hay cárceles que no la tuvieron. En las cárceles que tienen “ranchadas” -seguramente el personal superior de Bomberos que está aquí presente interiormente pensará lo mismo que yo- hay un horno prendido a esta hora, con un incendio a punto de iniciarse; si no se inicia, es producto solamente de la casuística. No había bomberitos, como pidió Bomberos, no había luz en el corredor -eso es clarísimo; en ninguno de los videos se identifica luz alguna-, no había mangueras disponibles -estoy repitiendo lo que Bomberos expresó que debía haber-, y tampoco estaba funcionando el hidrante que estaba ubicado en la única entrada a la cárcel por donde ingresa el autobomba. Esto no fue un desastre natural, no fue un tornado ni un deslave; esto fue un encierro de gente bajo tres candados donde se produjo un accidente que no pudimos resolver. Obviamente, no fue intencional por parte de la Policía, de la Jefatura, del Sargento ni del Director. No hay intención de matar a la gente; hay

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imprevisión, hay acciones incorrectas, equivocadas, hay mal manejo de las circunstancias. La política de traslados debe tener una explicación distinta a la que acaba de dar el señor Ministro. Advierta, señor Ministro, que hace poco tiempo hubo una acusación gravísima al Comisionado Parlamentario: se lo acusó desde jerarquías del Ministerio de estar trasladando narcos. El Comisionado dio la misma respuesta que dio usted hoy. Pero la acusación caminó, fue fuerte y hubo que respaldar al Comisionado. Se expresó desde el Ministerio que estaba trasladando narcos; se dijo: “Llama para que saquemos a un narco de una cárcel y lo pasemos para otra”. La respuesta que dio con atino y aplomo el Comisionado fue la misma que usted dio en la Cámara: “¿Y si lo matan en la cárcel donde está? Porque puede ser un buen rehén. Estamos solicitando el traslado hacia los lugares más convenientes”. Pero la cárcel de Rocha no parece haber sido el lugar más conveniente para este en especial, que salió por la puerta en el horario de visita y que todavía el Ministerio no ha podido recapturar. No se consideraron las prisiones alternativas que hay en Rocha y que pueden ser usadas para presos como algunos de los que estaban ahí. Hemos visto a muchos de los padres de muchachos que estaban presos por treinta días por vender pasta base y que tenían dieciocho y diecinueve años. Esos no son presos violentos, no son presos pesados; esos presos pueden estar alojados en una comisaría. Rocha tiene comisarías con disponibilidad para alojar presos, y allí había presos, como mencioné. La chacra policial cuenta con reclusos y notoriamente tiene un nivel de seguridad muy superior al de la cárcel de Rocha. Es un buen objetivo el que tiene el Ministro. Acaba de mostrar fotos, demuestra que se está trabajando y ahora lo ayuda la Intendencia. En el rumbo no tenemos discrepancias; en el rumbo no tenemos diferencias. Lo vamos a apoyar porque, además, hemos firmado un documento entre los Partidos. En el rumbo estamos de acuerdo, pero en las cosas que se hicieron, señor Ministro, hay responsabilidad objetiva. Destinar dinero para caballos porque los precisa la guardia rural cuando en la cárcel se tienen ciento sesenta presos es una decisión equivocada que se adoptó y que el Ministerio pudo haber corregido. Eso no ocurrió durante su gestión; durante su gestión pasaron otras cosas. Desde mi punto de vista, han quedado confirmadas muchas de las dudas que planteé públicamente

-me hago cargo de ellas, delante de las jerarquías del Ministerio-, en el sentido de que muchas decisiones aumentaron la posibilidad de riesgo. El riesgo existía: el local estaba deteriorado, vetusto, había condiciones de hacinamiento; estaba todo dado para que esta cárcel no fuera adecuada. Usted asumió el Ministerio con una cárcel de Rocha desastrosa, el Ministro anterior asumió el Ministerio con una cárcel de Rocha desastrosa, el Ministro que precedió a ese también asumió el Ministerio con una cárcel de Rocha desastrosa, y podemos seguir para atrás con los anteriores Ministros, pero cuidado cuando se toman decisiones para administrar la precariedad, aspecto en el que se ha insistido esta noche. Se da para administrar lo que se tiene, lo que hay, con errores o con aciertos, y usted -su Ministerio- tiene que administrar lo que hay, lo que tiene en las condiciones existentes, minimizando los riesgos, porque hay una sola cosa para cuidar, básica y fundamental: la vida. Eso hay que cuidar. La Justicia procesa y encomienda al Ministerio del Interior la reclusión, la prisión. ¿Qué debe cuidar el Ministerio del Interior? La vida de los presos. No hay pena de muerte en Uruguay; no la hay. Nadie está de acuerdo con la pena de muerte. Señor Ministro: he concluido con mis preguntas. Tengo diferencias con usted de criterio. Espero que, efectivamente, usted encuentre responsables porque esto no fue un suicidio; no puede terminar con que no hay responsables. Hubo doce muertos en una cárcel de Uruguay. Murieron doce personas. No tenga dudas de que hay responsabilidades. Usted las encontrará; se está tomando su tiempo. No crea que estoy cobrándole al grito. Estoy diciendo que hay una acumulación de errores que usted puede determinar fácilmente. Se han dicho cosas acá y no se precisa ser un especialista para advertir que están mal. Seguramente, usted en el fondo entiende que no se puede mandar al Sargento de DICOSE a dirigir una cárcel; si se lo mandó, fue un error y se lo obligó a hacer una cosa que no sabía hacer. Se lo puso frente a la peor noche de su vida: se le prendió fuego la cárcel a los pocos días de haber ascendido. Estuvo toda la vida sellando planillas y ahora estaba ahí tomando decisiones. Por lo tanto, hay responsabilidades. No le cobro al grito; determínelas usted. Pero esto no fue suicidio. Esto de que los muertos no se sabe de quién son, que fue una casualidad o que aparecieron ahí, no puede ser. No aparecieron ahí. Se murieron, lo lamentamos, es muy penoso y doloroso. Desde nuestro punto de vista, señora Presidenta, las explicaciones que ha dado el Ministro están con-

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cluidas. Tengo mis propias conclusiones y lo acabo de demostrar. Creo que muchas de las respuestas que con franqueza dio el señor Ministro demuestran cabalmente que estábamos en rumbo de colisión con la cárcel de Rocha; íbamos camino al desastre. Era cuanto quería decir. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: yo también voy a dar por concluida mi intervención, pero quiero hacer algunas aclaraciones. Una de ellas me quedó en el tintero cuando concedí interrupciones. Se refería a que no ha habido simulacro. Yo ya expliqué por qué no hubo simulacro, pero sí hubo capacitación. En la concurrencia pasada -esa puede ser la razón por la que me olvidé ahora- me referí a declaraciones públicas a un medio de prensa de una de las personas privadas de libertad que se salvó del incendio; además, creo que era un medio de Rocha. Él explicaba que se había salvado porque siguió la recomendación de los bomberos con respecto a que cuando hay fuego y se genera humo, también hay una distancia entre el humo y el piso, y es ahí donde no se produce intoxicación, por lo menos por un tiempo. Él manifestó que se arrastró por el suelo desde donde estaba, que respiró sin problemas pero se quemó las manos, y que cuando llegó a la puerta estaba abierta y se fue. Lo declaró alguien que vivió la situación. Además, el resto de las declaraciones no eran para nada complacientes con la situación de la cárcel. Él explicó que por lo menos había recibido capacitación que lo llevó a eso. No solo leí el informe del Comisionado Parlamentario sino que hablé con él durante este período; lo hice directamente desde mi despacho, hablé por teléfono y tuvimos varias comunicaciones. Él me insistió fuertemente en la necesidad de sustituir las “ranchadas”, pero no de prohibirlas. Se trata de que los propios presos lleguen a la conclusión de que las “ranchadas” no son convenientes. Eso es lo que hemos tratado de hacer hasta ahora a través de materiales alternativos, algo que también es una recomendación del Comisionado Parlamentario. Los materiales alternativos que hemos tenido en cuenta son muy diferentes. Estábamos a punto de comprar una tela incombustible pero como la Dirección Nacional de Bomberos hizo un análisis y determinó que con un foco ígneo

cerca se desprenden gases tóxicos muy fuertes, no concretamos la compra y se tuvo que sustituir. No nos han recomendado bloques -como recién se decía- sino ladrillos finos, pero eso hay que hablarlo. La “ranchada” es una forma de evitar el hacinamiento. En las celdas grandes se hacen subdivisiones que no son permanentes; así como están, se sacan. Si uno pone ladrillos, las subdivisiones son permanentes, el espacio físico para cada recluso o conjunto de reclusos pasa a ser más chico de lo admitido. Entonces, hay que estudiar esa situación. De todas maneras, estamos tratando de que lleguen a la conclusión de que no es conveniente. Es cierto que ninguno de los videos que se filmaron en el momento mostraba que hubiera luz. Leí el protocolo por segunda vez y allí se establece que cuando hay fuego debe cortarse la luz -por eso no había luz- y encenderse el generador para habilitar la luz externa pero no interna. De esta manera, la cárcel queda iluminada desde afuera. Entonces, no había luz pero no porque no hubiese en la cárcel sino porque se había cortado. También quiero aclarar que si yo encuentro una falta -no el Ministerio de Defensa Nacional- que para mí es un delito, hago lo mismo que hizo el Ministerio de Defensa Nacional; este no es el caso. Acá ha habido doce lamentables muertes, pero desde 1988 hasta ahora hubo 368 muertes. Yo quiero saber quién fue responsable por esas muertes que son tan graves cuando se producen por incendio como cuando ocurren por suicidio, por ahorcamiento, por agresión de otro preso o por enfermedad curable. Esto es muy grave. También quisiera saber quién fue interpelado por eso y quién fue el responsable. Entonces, puede haber responsabilidades y puede no haberlas. Estoy esperando un informe porque no hay una situación clara. Por otra parte, ¿quién dijo que el Cabo -no es Sargento- se comportó mal en la emergencia? ¿Quién lo dijo? ¿Quién establece que se comportó mal? ¿Quién establece que no siguió lo que dice el protocolo? ¿Quién dice que no cumplió con lo que le indicaba el protocolo y que no dio las órdenes que tenía que dar? Hoy yo hice un relato -veremos qué dice el Juez al respecto-; dije que en seguida que se enteró del fuego, indicó a quien había sido Comandante de Guardia tres días antes lo que tenía que hacer y simultáneamente fue a abrir las celdas. ¿Quién dijo que eso está mal? Entonces, no se puede jugar con que

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vino de DICOSE, que poco antes había ascendido por méritos y que eso lo invalida para ese tipo de responsabilidades. ¿Quién dijo que está mal lo que hizo? Si está mal, si hay errores administrativos graves, tomaremos medidas. Si hay problemas penales, tomaremos medidas. SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BAYARDI.- Señora Presidenta: en el ámbito militar hay comandantes que reciben indicaciones de otros comandantes que ya se retiraron. Esos comandantes me han enseñado que en la jerga militar se dice: “Cuando los comandantes pasamos a retiro se nos desarrollan las neuronas e incrementamos la testosterona”. Esto quiere decir que aparece una suerte de indicar qué es lo que hay que hacer -que no se hizo cuando se estaba al mando- y de que se tienen todas las soluciones que no se encontraron cuando se estaba al mando. Acá se habla de responsabilidad y yo comparto que la responsabilidad la tiene quien está al mando, desde el mando general hasta el operacional. El señor Ministro no dijo que no fuera a asumir responsabilidades sino que después que terminaran las instancias planteadas, si había responsabilidades se asumirían. Las responsabilidades no solo se miden a punto de partida de las consecuencias de un hecho que, como en este caso, fue lamentable. Y aquí mismo se dijo que hoy hay cientos de infiernos en las “ranchadas” de las cárceles, que no empezaron ahora; empezaron hace mucho tiempo e, inclusive, el Comisionado Parlamentario -yo leí el mismo informe que leyeron todos- dice que habría que sacarlas, pero hacerlo de manera autoritaria o contra la voluntad de los presos, puede significar un grado de inestabilidad muy importante porque esas “ranchadas” reservan el espacio de intimidad que tiene el preso cuando está detenido. Entonces, estamos llamando a responsabilidad al Cabo que se desempeñaba en DICOSE -y de ahí eventualmente para arriba- por la consecuencia. Pero advierto, contra un ejemplo que se puso de un comandante de guardia de una guarnición que en el ejercicio de su misión pierde a todos sus efectivos y él queda apenas herido o mal herido, pero se salva, que tal vez

haya que darle la medalla al mérito, porque lo que había que hacer se hizo, aunque la consecuencia haya sido la pérdida de todos sus subordinados. Entonces, no sabemos si lo realizado en los tiempos en que se actuó no evitó que las consecuencias hubiesen sido mayores. Por lo tanto, el tema de la responsabilidad, que es lo que ahora el Ministro acaba de reafirmar, me parece bien que quede subordinado a la resultancia de las instancias que están planteadas. En el Ministerio de Defensa Nacional, cuatro oficiales -por el momento-, dos Capitanes de Navío y dos Capitanes de Fragata fueron separados de sus funciones y luego de que terminaron varios procesos de investigación -algunos de los cuales están en curso-, la Justicia Penal determinó que esos Oficiales estuvieron implicados -por lo menos ellos- en la adquisición de dos bienes: una grúa y un banco de motores, que no aparecieron y no están. O sea que está comprobado que estuvieron implicados en este proceso a punto de partida de la investigación administrativa. Entonces, el ejemplo puesto eventualmente para ver cómo se está actuando de manera distinta, no se corresponde con la realidad. Estamos hablando de cosas diferentes y todos lo tenemos claro. Respaldo las explicaciones del señor Ministro. La responsabilidad de la situación del sistema carcelario reconoce muchos padres, no es huérfano de padres y eventualmente tampoco de madres. Esa es una responsabilidad que está planteada y que históricamente tiene a principalísimos actores del sistema político. Vuelvo a lo del principio: cuando se estaba en el camino de solucionar los problemas de fondo del sistema carcelario, ocurrió este lamentable accidente. No sabemos si las acciones de quienes tenían responsabilidad esa noche en la cárcel de Rocha evitaron que el daño fuera mayor, siendo lamentable la consecuencia. Gracias, señor Ministro y señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- He concluido, señora Presidenta.

12.- Intermedio.
SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

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SEÑOR MAHÍA.- Señora Presidenta: solicito un intermedio de quince minutos. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cuatro en setenta y nueve: AFIRMATIVA. La Cámara pasa a intermedio. (Es la hora 21 y 54) ——Continúa la sesión. (Es la hora 22 y 37)

momento, el Partido Nacional justificó -eso figura en la versión taquigráfica- la convocatoria a interpelación, porque según la define la Constitución de la República, da la posibilidad de pedir responsabilidades. Concretamente, el Partido Nacional arguyó que era necesario conocer el informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y los resultados de las investigaciones que se estaban procesando, tanto a nivel judicial como interno, para pedir o eventualmente exigir explicaciones, así como para definir y determinar responsabilidades políticas o administrativas. Lamentablemente, la conclusión a la que he llegado en el día de hoy me da la pauta de que esta interpelación al menos ha sido apresurada, dado que el señor Ministro ya vertió en la Comisión General una serie de argumentos que hoy ha complementado, porque el tiempo ha transcurrido. En la Comisión General tuvimos encima de la mesa el informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario que se reclamaba, pero no hemos tenido, ni tenemos hasta el momento, los resultados de las indagaciones de la justicia y de las investigaciones que ha encargado el Ministerio del Interior como para saber -como ha explicado hasta el cansancio el Ministro en la tarde y en la noche de hoysi efectivamente existen responsabilidades. Por cierto ha adelantado, como corresponde, que en caso de haberlas, en cualquier nivel que sea, tomará las medidas que entienda pertinentes. Entonces, cuando uno intenta acotar los objetivos de la interpelación no le quedan claros. No se puede cumplir con los objetivos que perseguía el Partido Nacional, porque el señor Diputado interpelante ha hecho una extensa exposición que ha contribuido, por suerte, a que el Ministro aclare algunos detalles aún más; ha partido de algunas hipótesis y en ese entendido ha llamado a responsabilidad, pero son solo hipótesis. Eso ha quedado absolutamente demostrado por la intervención del Ministro del Interior y de su equipo, que esta noche nos acompañan. El Ministro del Interior ha sido claro, contundente, transparente y ha aportado datos incontrastables acerca de la situación de las cárceles, incluida la de Rocha, desde hace veinticinco años a la fecha. Ha utilizado la estrategia de hablar de los últimos veinticinco años -por eso le ha llevado tiempo-, refiriéndose no solo a la situación de la cárcel de Rocha, y lo ha hecho con detalle, con transparencia, y con profundidad,

13.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Prosigue la consideración del asunto en debate. La Mesa informa que hay veintidós legisladores anotados en la lista de oradores. Tiene la palabra el señor Diputado Bango. (Murmullos) SEÑOR BANGO.- Muchas gracias, señora Presidenta… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señores legisladores: se levantó el intermedio. La Mesa solicita que tomen asiento para que la Cámara pueda funcionar correctamente. Puede continuar el señor Diputado Bango. SEÑOR BANGO.- Le pido por favor, señora Presidenta, que considere el tiempo de que dispongo a partir de este momento. Esta interpelación, como reza la citación que la convoca, estaba dedicada a conocer los lastimosos sucesos acaecidos en la cárcel de Rocha. Esa fue la opción del Partido Nacional y quienes acompañaron esta interpelación. El Frente Amplio, a solicitud de nuestro Ministro del Interior, había resuelto -y así se procedió- realizar una sesión en régimen de Comisión General para dar cuenta al Parlamento y a la opinión pública de los hechos sucedidos, actuando con absoluta transparencia, y poniendo hasta ese entonces toda la información disponible en conocimiento de legisladoras y de legisladores de todos los partidos. En ese

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siendo irrefutable en las conclusiones a las que ha llegado. Por lo tanto, señora Presidenta, en nombre de la bancada del Frente Amplio nos adelantamos a decir que entendemos absolutamente satisfactorias las declaraciones que han efectuado el señor Ministro del Interior y su equipo en esta sesión. Ha demostrado con claridad que aquí hay una situación que era y es alarmante. Ha demostrado que esa situación alarmante ha sido objeto de distintas prioridades por los diferentes Gobiernos que han antecedido a este, nuestro segundo Gobierno de la izquierda, desde veinticinco años a la fecha. Pero lo ha hecho no con el afán, como se dice comúnmente, de cobrar cuentas, sino para dar prueba con claridad y con profundidad de la situación a la que nos enfrentamos como sociedad, la que han tenido que enfrentar no menos de cinco Gobiernos desde los últimos veinticinco años a esta parte. ¿Por qué digo que el señor Diputado interpelante ha hecho solo hipótesis y, frente a ellas, ha pedido responsabilidades? Uno podría decir perfectamente: “Bueno, de este lado también hay opiniones e hipótesis, y ellas serán refrendadas, o no, con el resultado de la investigación judicial”. Por lo tanto, queda palmariamente demostrado el apuro de esta interpelación -no quiero atribuir intenciones- cuando todavía no se han determinado las responsabilidades. Reitero que no quiero atribuir intenciones, señora Presidenta, pero tengo mis hipótesis al respecto. Podrá decirse que ha habido hipótesis de parte del Ministro que contrarían las del señor Diputado interpelante pero no es así, porque las afirmaciones que ha hecho el señor Ministro establecen con claridad -en base a informes técnicos de personas especializadasque entrando en detalle al proceso de como se generó el incendio hay una altísima probabilidad -no podemos afirmar que hay un 100% de seguridad- de que la lamentable, triste y desoladora muerte de doce compatriotas que estaban inhibidos de su libertad ambulatoria, pero que mantenían el pleno ejercicio y goce de todos los demás derechos humanos, seguramente se produjo por asfixia, además de lo que sucedió después. No voy a reiterar lo que dijeron con meridiana claridad el Ministro del Interior y el Sub Director de Bomberos, en el sentido de que la rapidez del incendio y su entidad -no quiero aburrirlos con los detalles que ya fueron expresados- hacían prácticamen-

te inviable que pudiera ser extinguido con elementos que no existían, como bien reconoció el Ministro. Pero hay otra cuestión: el Diputado interpelante tiene -por lo menos desde mi punto de vista, tan respetable como el suyo- una particular forma de entender qué es un protocolo. De las palabras del Diputado interpelante me quedó que si los protocolos se cumplen debidamente, entonces estaríamos a salvo de tener accidentes. No voy a hablar de otros ejemplos para no incurrir en un error de comparación. Tenemos muy en claro que un protocolo es una medida que permite actuar en determinado momento y reducir eventualmente los daños, pero hay accidentes que no necesariamente tienen que ser catástrofes naturales, y no hay protocolo que valga para pararlos; lo que hay que determinar es si los protocolos se cumplieron en forma adecuada o no. Eso es lo que va a determinar la Justicia, por lo tanto no se puede arriesgar aquí un pedido de responsabilidad cuando no se sabe si efectivamente hubo fallas administrativas en cuanto al protocolo. Ergo: estamos ante hipótesis. Decíamos que el Diputado interpelante, con precisión cirujana, intentó concentrarse en esta cuestión. Uno podría preguntar por qué no incurrió en pedir responsabilidades políticas al Ministro, aunque las pidió en determinados aspectos y en otros no. El Ministro ha respondido con claridad que alguien es responsable de algo cuando sabiendo que existe un elevado riesgo de que determinada situación se provoque no actúa proactivamente para minimizarlo. Eso fue lo que hizo nuestro Gobierno en la persona de nuestro Ministro del Interior: planteó en la exposición de motivos del proyecto de ley de emergencia carcelaria -que lamentablemente se sancionó en el Senado a posteriori de los lamentables sucesos de Rocha- que estábamos ante una situación que podía detonar en cualquier momento -antes había puesto como ejemplo la cárcel de Rocha-, y solicitó los recursos que entendía necesario para poder afrontar la situación, por lo menos con menos riesgos. Inclusive alertó que con eso no necesariamente estábamos cubiertos de todo, porque también hay una cárcel en Rivera que está como está y hay otras cárceles que están como están. Entonces, el Ministro dio cabal cumplimiento a su responsabilidad política e institucional: operó sobre la realidad y promovió leyes que, por suerte, contaron con el apoyo de todos los partidos aquí presentes, para intentar dar cuenta de una política que el Diputado interpelante se ha apurado en decir que comparte en su trans-

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curso y en su futuro. Nos pone realmente muy contentos que el Partido Nacional y seguramente otros Partidos puedan acompañar esta política. Esta política no comienza en marzo de 2010, sino en marzo de 2005 y nuestro segundo Gobierno, en la persona del Ministro y su equipo, le ha dado especificidad al asumir el reto de los nuevos problemas y de aquellos que el Gobierno pasado no pudo resolver. Efectivamente, nuestro primer Gobierno atendió la situación y le dio prioridad -más allá de los índices de pobreza e indigencia a que aludía el Diputado Orrico hace unos instantes- en contante y sonante, que es como se juegan las prioridades. A la hora de ejecutar presupuesto, este Gobierno multiplicó largamente la inversión en cárceles, la creación de plazas carcelarias y redujo los niveles de densidad y de hacinamiento de nuestros centros de reclusión, pero obviamente no en el grado suficiente que se requería. Es una tarea pendiente. Sí, señores, es una tarea pendiente, pero lamentablemente tengo que decir -esto no lo hago para establecer comparaciones a esta hora de la noche; podríamos debatir muchísimo sobre los factores que hacen a la situación de las cárceles sin siquiera entrar en el tema de la seguridad- que si consideramos, como hizo el Ministro, desde el año 1985 hasta 2005, advertiremos que se aplicó una política que estuvo orientada en función de un principio básico: la forma de resolver los problemas de seguridad se basaba en tratar de meter presa a la mayor cantidad de gente posible. Eso, señora Presidenta y estimados colegas, ha dado muestras a las claras, no aquí sino en todo el mundo -tengo en mi mochila documentos de nivel internacional de no menos de doce países-, de que aplicar la política de lograr más seguridad si hay más policías, más presos y más cárceles ha sido un rotundo fracaso. Los documentos que así lo atestiguan están a disposición de los legisladores y, por cierto, no fueron elaborados por gente del Frente Amplio. Un ejemplo de ello fue la política de tolerancia cero del ex Alcalde Giuliani en Nueva York. El primer año Manhattan era un lujo, no volaba una mosca, pero en los siguientes dos años existieron los más altos niveles de criminalidad conocidos en valores históricos en esa ciudad. Luego de dos meses de intentar resistir, el entonces Alcalde Giuliani se tuvo que ir por la puerta de atrás, porque no recibió el apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, hay algo en lo que me quiero detener con relación al error de esta política. Si se le pide

a un Ministerio del Interior que actúe y se le dice a la gente que se quede tranquila, porque con mano dura, más presos y tolerancia cero resolvemos todos los problemas, pero fallamos sin importar el Gobierno, sea del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado o del que sea, ¿saben qué pasa? Se erosiona la credibilidad en las instituciones, y cuando eso ocurre comienza a correr riesgo la estabilidad de la democracia. Nosotros tenemos ejemplos de políticas de Estado que han sido exitosas, y voy a poner uno. El Centro Nacional de Rehabilitación que operó en 2003… (Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado, tenemos un problemita con el reloj. Ha finalizado el tiempo de que disponía, por eso le pedimos que redondee su exposición. Gracias. SEÑOR BANGO.- Señora Presidenta: simplemente, quería decir que entre los años 2003 y 2009, durante dos Gobiernos diferentes, en el CNR se aplicó una política a personas que en el 90% de los casos habían cometido delitos de rapiña, 350 delitos graves, y el nivel de reincidencia fue del 8%. Ese es un camino y, si nos hemos puesto de acuerdo en contar con políticas de Estado en materia de seguridad y de situación carcelaria, es porque nos hemos dado cuenta de que en la sociedad hay un problema con el que no ha podido lidiar ninguno de los Gobiernos; algunos han logrado hacer más que otros y por eso hoy se están acordando políticas de seguridad. Cuando estén los resultados de la investigación judicial y de la investigación administrativa que el Ministro ha ordenado -a quien felicitamos y, en su nombre, a todo su equipo, por la labor que está desarrollando- vamos a determinar si hubo responsabilidades y si nuestro Ministro actuará como corresponde a la importancia del cargo y a la responsabilidad institucional que ostenta. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Germán Cardoso. SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: la verdad es que el transcurso del debate en la noche de hoy ha virado en varias direcciones, por lo cual intentaremos cambiar un poco el contenido, no ser reiterativos y realizar unas breves reflexiones.

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En primer lugar, quiero expresar en nombre de mi bancada la más absoluta tranquilidad por haber votado esta interpelación y el reconocimiento por la seriedad con la cual el señor Diputado por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, ha planteado el tema en la noche de hoy. Lo hizo de una manera muy seria, muy humana y, fundamentalmente, muy práctica a la hora de abordar soluciones que, como es evidente, no han llegado desde la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros estamos realmente sorprendidos por algunas interpretaciones. La primera es toda una novedad: que el accionar del Poder Legislativo dependa de lo que hace el Poder Judicial. Entendemos que vivimos en un Estado de derecho, con separación de Poderes, en el que el Poder Legislativo es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Sin embargo, parece que se interpreta que, como el Poder Judicial todavía no se ha pronunciado y “solo” se produjo un hecho con doce muertes, aparentemente el Poder Ejecutivo está maniatado y supeditado a la expedición del Poder Judicial para luego determinar cuáles son las responsabilidades. ¡Es toda una novedad en esta materia! A medida que se presentan los informes y los análisis, y escuchamos las opiniones y expresiones del señor Ministro y sus asesores, uno arriba a la conclusión de que ha habido una continua evasión respecto a asumir la responsabilidad que al Poder Ejecutivo le compete en la materia. Estamos ante un hecho que, lamentablemente, no tiene antecedentes en la historia carcelaria del Uruguay, y ese no es un tema menor. Hubo pérdida de vidas humanas y ha quedado claro que si se hubieran tomado medidas en su momento, más allá de las disponibilidades económicas, esto habría sido absolutamente evitable. Para ser bien breve solamente voy a citar dos aspectos de los informes. No me referiré al informe de Nowak, un extranjero que en el año 2009, culminando el período de Tabaré Vázquez, puso nervioso a todo un Gobierno. Voy a citar los dos informes de nuestro Comisionado Parlamentario sobre la situación de la cárcel de Rocha. El primero, de los años 2005-2006, dice: “El local de la cárcel departamental” de Rocha “es obsoleto y completamente inadecuado, por lo que deberá ser sustituido. Mientras tanto, se recomienda la sustitución de las precarias divisiones internas de los pabellones colectivos (‘tolderías’) por tabiques de madera u otros materiales adecuados. A

tales efectos, se deberá proveer a la Jefatura los fondos necesarios”. Este era el informe 2005-2006. Evidentemente, no se tomaron en cuenta las recomendaciones del Comisionado Parlamentario ya que, de haberlo hecho, esto hubiese sido evitado. En agosto de 2009 el Comisionado sostiene sobre la cárcel de Rocha: “La emergencia humanitaria en el sistema carcelario, declarada en marzo de 2005, persiste y, en caso de mantenerse el actual ritmo de encarcelamiento, la situación tenderá a agravarse en el futuro”. Y más adelante expresa: “Los más graves niveles de hacinamiento corresponden a cárceles situadas en la zona Este del país: Las Rosas (301%)” -aquí se ha dicho que el Gobierno anterior bajó el índice de hacinamiento- “y Rocha (290%)”. Evidentemente, más allá de que se analice desde 1985 el aumento de la cantidad de reclusos, el incremento de la población carcelaria, el aumento de los índices delictivos, los conflictos sociales que derivaron en ello, etcétera, estamos frente a una situación de la cual el Ministerio del Interior es absolutamente responsable porque conocía cuáles eran los riesgos. Existían recomendaciones claras y fundadas de cuáles eran las medidas que había que tomar para evitarlos, y no se cumplieron. Se ha hablado de responsabilidades y el señor Ministro analizó todo lo sucedido en los años anteriores hasta 1999, obviando en gran medida analizar el período de Gobierno pasado y los ciento cincuenta días de gestión. El Ministro del Interior y su equipo hoy están cumpliendo ciento cincuenta días al frente de esa Cartera. Es un período de tiempo considerable y razonable. No es una semana ni dos. Es casi medio año. En 2005, durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, el flamante Ministro del Interior de la época, señor José Díaz, anunciaba con bombos y platillos la definitiva humanización del sistema carcelario. Se votó una ley de descongestionamiento y se declaró la emergencia en todos los establecimientos del país. Hoy, casi seis años después, se desprende claramente de las declaraciones del señor Ministro y de su equipo que, realmente, la humanización del sistema fue un desastre y no funcionó en lo más mínimo. ¿Esta es la humanización del sistema carcelario? ¡Doce muertos en una cárcel donde no se tomaron medidas que se podrían haber adoptado para evitarlas! ¿Con estos conceptos podemos hablar de humanizar un sistema? Creo que no. Evidentemente, esta-

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mos muy lejos de ello y, más allá de las derivaciones y consecuencias políticas que surjan de esta Cámara, y de las mayorías de yeso, podemos coincidir con apreciaciones que nos hacen ver con meridiana claridad que el sistema ha fracasado. Tal vez también fracasó en otros tiempos y es bueno señalarlo, porque sería un acto de cinismo y necedad decir que la aplicación errática de las políticas carcelarias es solo responsabilidad de este Gobierno y del anterior. Quizás habría que haber tomado otras medidas en otros tiempos, pero la responsabilidad recae sobre todos. Sin embargo, no hace una semana ni quince días que se gobierna; hace casi seis años que el Frente Amplio conduce las políticas de seguridad y de todas las áreas del Estado. A esas responsabilidades es que están llamados el Ministro del Interior y su equipo. No estamos solos cuando arribamos a la convicción de estos conceptos. Aquí se han leído notas y cartas de encarcelados, de patronatos y de tantos otros de las últimas décadas. Me voy a permitir compartir con el plenario otra nota para que se vea que dentro de todos los Partidos podemos abordar una visión similar con respecto a este tema. Dice así: “Si a los que fuimos amnistiados en 1985 se nos computó por ley tres días por cada uno en prisión debido al maltrato, a estos presos uruguayos de hoy habría que computarles por lo menos diez por cada uno debido al pésimo trato que el Estado les propina. Esto es crimen de Estado”. Esto fue expresado por el Senador Eleuterio Fernández Huidobro, en su columna habitual del portal “Montevideo.com”, el 4 de marzo de 2009, bajo el título “Derechos Humanos”. Reitero: más allá de las obligadas posiciones de algunos legisladores que tienen de salir a defender lo que no puede ser sustentado, todos coincidimos en esto. Prosigo: “La violación actual, sistemática y permanente de casi todos los derechos humanos, llega en ese inframundo que procuramos ocultar a extremos que ni la dictadura alcanzó. De los peores del mundo; sólo comparables con la situación de muchos enfermos psiquiátricos. (…) Lo que está pasando en las cárceles y en otros ámbitos es peor que un incendio forestal (…)”, decía el Senador Fernández Huidobro el 4 de marzo de 2009. Escuchando los informes que el Ministerio del Interior hace a la Cámara, que datan de 2005, no cabe la más mínima duda de que él y su equipo son responsables de lo que ha ocurrido, porque en este caso

responsabilidades tiene que haber. El señor Ministro es el responsable político, porque es el Ministro político del Gobierno y el máximo responsable de la conducción de las políticas de seguridad de este país. No estoy personificando en el señor Ministro Bonomi ni atacándolo personalmente al decir que él ocasionó este problema, pero sí tengo la más absoluta convicción de que es el responsable político de esta situación, y en esos términos lo debe asumir. En efecto, cuando un Ministro del Interior acepta la responsabilidad de desempeñar el cargo, asume un desafío que implica el desarrollo y la aplicación de todo tipo de políticas de seguridad, de planes, de concreciones, pero también la responsabilidad de conocer el contenido y la situación, y qué se debe hacer en la Cartera. En ese sentido, el señor Ministro fue claro y leyó varios informes donde se describía al dedillo la situación de enorme dificultad que se está viviendo en la cárcel de Rocha y en los demás establecimientos del país. ¡Ojalá el futuro nos encuentre juntos en la aplicación de políticas de Estado en materia carcelaria! ¡Ojalá podamos definir con seriedad y responsabilidad la problemática angustiante y tremenda que tiene por delante la sociedad uruguaya! Será a partir de que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad que podremos resolver los problemas a futuro, sin desconocer el pasado, haciéndonos cargo de lo que corresponde. No es cuestión de que cuando gobernaban unos había dificultades y hacinamiento, que cuando gobernaban otros era peor, mejor o igual, y que hoy se nos mueren doce personas y no pasa nada, porque sí pasa. Los doce murieron hoy, en este período de Gobierno y bajo la responsabilidad, la conducción de una política encabezada por el señor Ministro Bonomi y su equipo. Muchas gracias.

14.- Prórroga del término de la sesión.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Mahía, Germán Cardoso, Espinosa, Posada, Berois y Peña Fernández. (Se lee:) “Mocionamos para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión”. ——Se va a votar.

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(Se vota) ——Ochenta y uno en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 28 y 29 de julio de 2010. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, la suplente siguiente, señora Nora Rodríguez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por los días 28 y 29 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes. 2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por la suplente siguiente, señora Nora Rodríguez. 3) Convóquese para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido Frente Amplio, señor Luis Da Roza. Sala de la Comisión, 28 de julio de 2010. LUIS A. LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

15.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Horacio Yanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 28 y 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Da Roza”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Ochenta y tres en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a ingresar a Sala. (ANTEDEDENTES:) “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de mi licencia los días 28 y 29 de julio de 2010, por motivos personales. Saluda a usted cordialmente. HORACIO YANES Representante por Canelones”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De m mayor consideración: Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional, Horacio Yanes. Saluda atentamente. Nora Rodríguez”.

16.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quiero comenzar esta intervención saludando la iniciativa de realizar esta interpelación. Creo que cuando suceden hechos trágicos como los acaecidos en la cárcel de Rocha lo que corresponde, desde el punto de vista del control que ejerce el Parlamento, es el llamado a responsabilidad a quien tiene a su cargo, en este caso, la custodia de aquellas personas privadas de libertad. En ese sentido, nos pa-

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rece que el señor Diputado José Carlos Cardoso, Representante por el departamento de Rocha, no ha hecho más que cumplir con su obligación, con la obligación que establece la Constitución de la República en cuanto a llamar a responsabilidad al Ministro del Interior, señor Bonomi. Además, creo que este llamado a Sala ha puesto sobre la mesa no solo la identificación de las responsabilidades políticas sino también una larga fila de políticas fracasadas en lo que refiere al sistema carcelario del Uruguay. Está claro que existen responsabilidades políticas pero, en primer lugar, responsabilidades institucionales del Estado uruguayo, que es el custodio de las cárceles en las que sucedió esta tragedia. Es un hecho ineludible la responsabilidad que en ese sentido cabe al señor Ministro Bonomi. No obstante, también hay que reconocer al señor Secretario de Estado un hecho bien importante. No vino a esconder su responsabilidad. Vino a decir claramente -ya lo había hecho antes, cuando solicitó, conjuntamente con el Presidente de la República, recursos especiales para atender el sistema carcelarioque la situación de las cárceles del Uruguay era un caos; era realmente una emergencia con relación a la que había que actuar y la única posibilidad que existía para hacerlo era solicitar recursos extraordinarios. Hoy vino a relatar al Cuerpo cuál es el estado de situación -diría, en forma abundante en materia de información- del sistema carcelario uruguayo. También ha dicho que, tal como ocurrió en la cárcel de Rocha, actualmente hay varias bombas de tiempo. Esas fueron sus palabras para describir claramente la situación actual. Creo que seríamos injustos si en esta sesión hiciéramos al Ministro Bonomi único responsable de estos hechos. A él le toca la responsabilidad porque está al frente del Ministerio del Interior, pero en los hechos todos sabemos que el interpelado no está presente. El interpelado no está presente. El interpelado, en definitiva, son estos últimos quince años en los que el Estado uruguayo, los sucesivos Gobiernos, han incumplido sus responsabilidades con el sistema carcelario. La situación de inseguridad se ha ido agravando. La fractura social es cada vez mayor. En estos veinticinco años de reinstauración democrática se han sucedido Gobiernos y han sido múltiples los diagnósticos desde la sociedad, desde los sectores políticos, desde

la comunidad. Los sucesivos Gobiernos han tratado de comprender el fenómeno y de identificar las causas, pero en los hechos primó un enfoque simplista, muchas veces condicionado ideológicamente, que no tuvo en cuenta que se trataba de un fenómeno social complejo, determinado por múltiples causas, y que no advirtió las evidencias de un progresivo deterioro del sistema carcelario. Cuando la situación se volvió preocupante desde el punto de vista de la seguridad, las respuestas fueron parciales, inspiradas en la filosofía de la ley y el orden, sin ningún tipo de rigor científico. En el Parlamento se aprobaron leyes que crearon nuevos delitos y se aumentaron las penas de otros. Se utilizó el sistema penal como la herramienta fundamental para intervenir en los problemas de seguridad ciudadana. Todos conocemos la consecuencia de esta situación: el sistema carcelario colapsó. Y colapsó, ciertamente, hace varios años. Estaba en lo cierto el doctor Tabaré Vázquez cuando el 1° de marzo dijo que había un estado de emergencia humanitario en las cárceles del país. Lamentablemente, el Gobierno que él presidió se afilió a otra tesis, a otra orientación ideológica del Ministerio del Interior, que impuso la interpretación de que el delito es una expresión de la exclusión social y de la pobreza. En esa lógica, bastaba una ley que liberara anticipadamente a los presos y aplicar los recursos necesarios para combatir la pobreza y en particular la exclusión social, como se hizo a través del Ministerio de Desarrollo Social en todo lo que fue la emergencia social, en especial durante los primeros años. Pero hoy el señor Ministro Bonomi ha venido a la Cámara y ha dicho que lo realizado en el Período anterior fue notoriamente insuficiente y que la situación carcelaria sigue siendo una bomba de tiempo. Si nos atenemos a lo que se hizo en estos últimos cinco años, en el pasado Período de Gobierno bastaría analizar las memorias enviadas por el Presidente de la República a la Asamblea General para ver que en materia de política penitenciaria, salvando el año 2009 cuando hubo inversiones importantes, no se tuvo en cuenta esa realidad proclamada de emergencia, y en los hechos se fracasó. Inclusive, como una muestra risible de lo que puede ser la atención de esa emergencia, en la memoria del año 2008 se recortó y pegó lo mismo que se había escrito en materia de política penitenciaria en la memoria del año 2007; exac-

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tamente lo mismo, palabra por palabra. Esto demuestra que sobre todo el tema del sistema carcelario no había un estudio y un compromiso que se tradujera realmente en hechos. Por eso, me parece injusto que el Parlamento pueda decir hoy que todas las responsabilidades políticas son del señor Ministro Bonomi. Nosotros, más allá de la comprobación de estos hechos, queremos saludar la actitud del señor Ministro Bonomi. Desde el Partido Independiente queremos decir que abrimos una carta de crédito a la gestión del Ministro en todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, porque ha venido a decir la verdad. No vino a pintarnos una situación ni a salvar sus responsabilidades; me parece que esto merece un reconocimiento del Parlamento. En tal sentido, quiero adelantar que así como sería absolutamente insólito que este Parlamento votara hoy declarar satisfactorias las explicaciones del Ministro teniendo en cuenta los sucesos en la cárcel de Rocha, donde murieron doce reclusos, también sería inconveniente votar cualquier declaración que cuestione la gestión de un Ministro que recién empieza y que ha tenido la actitud comprometida de venir a decir al Parlamento: “Esto está muy mal, esto es un caos y necesito recursos para enfrentar la situación”. Nos felicitamos por haber votado esta interpelación, señora Presidenta. Creemos que pondríamos un muy buen punto final si a partir de hoy, como lo hemos hecho en esa instancia en la que estuvieron representados todos los partidos políticos, seguimos comprometidos para dar nuestro apoyo a una respuesta como la que se ha votado hace algunas semanas -algo tardíamente- con la Ley de Emergencia Carcelaria, que da los recursos suficientes al Ministerio del Interior para atender un tema en el que el sistema político uruguayo ha estado omiso. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna. SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señora Presidenta: no voy a emitir opinión en cuanto al tema en cuestión porque me considero representado en las palabras del señor Diputado José Carlos Cardoso. Sí debo dejar constancia de que con respecto a la seguridad pública en general buscaremos la instancia

y el momento oportuno para que, con el Ministro del Interior, podamos hacer una discusión como se debe. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Aníbal Pereyra. SEÑOR PEREYRA (don Aníbal).- Señora Presidenta: voy a comenzar leyendo parte de un informe de setiembre de 2004 que SERPAJ realizaba sobre algunas cárceles; entre ellas, la cárcel de Rocha. Parte del informe sobre la Cárcel Departamental de Rocha decía: “Existe un gran hacinamiento ya que la capacidad de la cárcel es para 55 o 60 personas y en este momento alberga a 165 reclusos, 154 hombres y 11 mujeres. Es una cárcel superpoblada y debido a ello han tenido que usar instalaciones externas que tenían otro destino […]”. El informe continúa expresando: “Durante la recorrida pudimos constatar las pésimas condiciones en que se encuentran los sectores masculinos internos de alojamiento, los pasillos y los baños, debido al paso del tiempo y a la falta de rubros destinados para reparaciones. Cuentan también con celdas de seguridad que generalmente no son usadas para sancionar sino para aislar a reclusos que así lo solicitan. En el momento de la visita un solo recluso se encontraba en estas celdas en huelga de hambre […].- Hay gran deterioro del edificio y de las instalaciones eléctricas. El lugar es muy oscuro y dentro de las cuadras se encuentran separados con tolderías construidas con frazadas por parte de ellos mismos. También es notorio el mal olor debido al hacinamiento, la falta de aseo y de ventilación adecuada”. Este informe es de setiembre de 2004. No voy a ahondar en detalles, ya que todos coincidimos -no se está descubriendo la pólvora- en que el tema carcelario viene de lejos. En particular, ese informe describe la situación en la que se encontraba la cárcel de Rocha desde hace un buen tiempo. Me voy a permitir leer algunos comentarios de la época en cuanto a cómo se visualizaba la situación de las cárceles en nuestro país. El 3 de enero de 2001, el diario “La República” publicó un reportaje a quien era Director del Penal de Libertad. Se le preguntaba: “¿Cómo evalúa usted el sistema carcelario del Uruguay en términos generales, recogiendo su vasta experiencia pasada al frente de la cárcel de Treinta y Tres y también esta actual en Libertad?” Contesta: “Es una pregunta muy difícil. Lo que voy a decir no es

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una postura oficial, es mi opinión personal: yo pienso que es demasiado lujo para el país que tenemos.- Están demasiado bien atendidos y demasiado bien custodiados para las posibilidades económicas del país. A mí me preocupan más los maestros y los funcionarios de Salud Pública y los sueldos de los policías que el sistema sofisticado de cárceles. Se gasta mucho en esto. Es una opinión bien personal y no voy a decir que sea la opinión de la Dirección Nacional de Cárceles […]”. Más adelante expresó: “Sí, probablemente sí. Pero yo digo que hay otras prioridades, como la salud pública, la enseñanza. Demasiado bien atendidos están los reclusos acá. Las cárceles del Interior parecen pensiones de campaña […]”. Esto lo decía una autoridad de cárceles en el año 2001. No voy a repetir lo que dijo el Ministro en cuanto a lo que eran los informes de la situación de las cárceles del Uruguay desde el año 1996. La última lectura que voy a hacer de la prensa de la época refiere a comentarios de quienes tenían -no estoy dando un tinte político partidario a esto- responsabilidades institucionales. Voy a leer lo que dijo un Diputado de la época sobre el sistema carcelario. El entonces señor Diputado Fernández Chaves, en marzo de 2001, dijo en una nota que Stirling había sido atacado y que “Ahora mucho se está hablando del problema carcelario y demás […]. Y yo digo acá clara y concretamente: Stirling es un gran ministro. Pero a su vez está defendiendo al 99,99% de la población, a los derechos humanos del 99,99% de la población. ¡Y a esta altura está resultando absurdo que en nuestra sociedad se esté permanentemente hablando de lo que son los derechos humanos de tres o cuatro mil personas que lo que han hecho es violar los derechos humanos de otras personas, de la gran mayoría de la población del país!” Estas eran opiniones. Obviamente, en los informes del sistema carcelario abundaba la situación de hacinamiento y precariedad en que estaban los presos. Estas eran opiniones de gente de Gobierno que hoy no integra esta Cámara. Las opiniones que se están planteando hoy son totalmente diferentes a las que se vertían cuando se estaba del otro lado del mostrador. Entonces, nadie se puede hacer el distraído con relación a este tema; absolutamente nadie. Comparto todas las expresiones del Ministro con respecto a asumir las responsabilidades, no de los cinco años anteriores sino de los últimos veinticinco

años; como Ministro de Estado, hay que hacerse cargo de esas situaciones. Los que tuvieron la responsabilidad de hacerse cargo en ese momento no la asumieron en su totalidad. Por lo tanto, para que este tema adquiera la seriedad que debe tener en la discusión parlamentaria, hay que actuar con la misma visión que tuvimos cuando se votó sobre este tema, desde el proceso en delante. Lo más fácil es pasarnos cuentas. Ahora quiero detenerme concretamente en algunas afirmaciones que se hicieron por parte del miembro interpelante con respecto a la situación de Rocha. El miembro interpelante anunció en Rocha que iba a hacer cincuenta preguntas al Ministro; esta mañana, que iba a hacer cuarenta. Yo anoté veintidós, y la temática que plantean muchas de estas preguntas el Ministro ya la había abordado en la sesión en régimen de Comisión General a la que él mismo propuso venir, cuando se lo había citado a una Comisión integrada por nueve miembros. Por lo tanto, si algo no ha hecho el Ministro es eludir las responsabilidades, sino que afrontó en todo momento la situación que se generó en Rocha. Se dice, entre otras cosas, que quien estaba a cargo de la comandancia de guardia el día del trágico hecho era un Cabo, que lo único que había hecho en su vida era sellar guías en DICOSE. Hace veinticinco años o más que el Cabo -no Sargento- San Martín es policía; hace dos meses que ascendió. Desde el año 1996 las guardias de la cárcel de Rocha son rotativas y las comandancias siempre han estado a cargo de Cabos o Sargentos. Desde el año 1996 siempre estuvieron a cargo de policías con la misma experiencia y los mismos cursos que tiene en su haber el Cabo San Martín. Me parece de mal gusto, en una interpelación, centrar -como se centró- la responsabilidad sobre el Cabo de guardia, teniendo en cuenta la forma como se hizo todo, desconociendo un proceso que viene desde hace bastante tiempo, en que se encaran las guardias de esta manera. También se dijo que la Jefatura de Policía de Rocha había invertido mucho dinero en caballos, en galpones para caballos y no se habían hecho construcciones para los presos. Quiero historiar acerca de por qué la Jefatura de Rocha tuvo que comprar esos caballos. Recuerdo que en 2006 hubo una polémica pública con el miembro interpelante a raíz de la seguridad de nuestro departamento durante el verano. De-

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cía que la seguridad de ese verano no estaba bien planificada, entre otras cosas, porque no había recursos, no había guardias, no existía la cantidad suficiente de recursos humanos, etcétera. Una de las cosas que se solicitaba con fuerza, precisamente para el verano, era contar con una guardia montada, la que hasta 2007 iba desde Montevideo; creo que a partir de 2007 o 2008, la Jefatura de Rocha cuenta con ella. Este planteo fue realizado fuertemente por organizaciones vinculadas al turismo y también por actores políticos de nuestro departamento. Entonces, no se puede decir una cosa un día en el boliche y otra cosa al otro día, en otro lado. En realidad, si hubiera sido al revés capaz que se hubiera dicho exactamente lo mismo, pero con otra intencionalidad. Por lo tanto, el eje del planteo de la interpelación, lo sustancial, el elemento novedoso que el Ministro plantea hoy, conjuntamente con sus asesores, son los estudios científicos que se hacen con respecto al incendio; objetivamente pueden aclarar muchos de los elementos vinculados con el tiempo y con la forma como se procedió. El concepto central refiere a cómo el señor Ministro del Interior ha abordado estos temas, y cómo se está encarando la solución de fondo, porque esa es la cuestión sobre la que tenemos que discutir. Ya lo había dicho en la sesión en régimen de Comisión General y lo ha expresado en todas sus intervenciones en el Parlamento, durante los cinco meses que ha venido varias veces por estos temas. Entiendo que el miembro interpelante se responde a sí mismo y la respuesta la dio el 9 de junio de 2010, en esta misma Sala, cuando discutimos la Ley de Emergencia Carcelaria. En una parte de su intervención se preguntaba: “¿Es un problema que estalló durante el Gobierno del Frente Amplio? Y se contestaba: “No; los problemas carcelarios se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo en el país, con defectos y con errores de procedimiento de todos los Gobiernos. ¡Por supuesto que sí! Es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y al que le dimos mayor presión en estos últimos años”. ¡Claro que sí, que se le dio mucha más presión en estos últimos años! El señor miembro interpelante se contesta solo, con sus propias afirmaciones. Nosotros entendemos que estas instancias de interpelación son necesarias en una democracia para

buscar la verdad de los hechos, en este caso, y también para controlar al Poder Ejecutivo. Pero toda la oposición tuvo esta misma herramienta y sé que no todos actuaron de esta manera. Repito: hubo preguntas que se volvieron a hacer luego de que el señor Ministro las contestó. Entiendo que se cometieron muchos errores, hubo irresponsabilidad. Cuando uno quiere saber la verdad, no se va de Sala, más allá de que no haya sido quien lo llamó. Por lo tanto, lo importante es establecer la verdad de los hechos y que la Justicia investigue; si hubo responsabilidades, se actuará en consecuencia. El tema de fondo es resolver la situación de las cárceles en nuestro país, no solo la de la cárcel de Rocha. Culmino, señora Presidenta, y vuelvo a insistir con las expresiones que vertí en la sesión realizada en régimen de Comisión General: que en esta discusión prime la cordura, la sensatez, el humanismo, y que no nos gane la visión carroñera de querer sacar réditos de un tema que a todos nos duele. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada Piñeyrúa. SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: brevemente, quiero expresar que no voy a desarrollar un discurso en esta instancia, dado que me siento plenamente representada por el señor Diputado José Carlos Cardoso, y también en la lectura de sus palabras que ha hecho el señor Diputado Pereyra hace unos minutos, que no entran en contradicción con nada de lo que se ha dicho en esta sesión. Me parece elogiable la altura con la que el señor Diputado José Carlos Cardoso ha manejado esta interpelación, así como las respuestas que ha ofrecido el señor Ministro. No importa cuál haya sido la cantidad de preguntas realizadas, si fueron veintidós o más; yo no las conté. Quiero decir que durante la Comisión General yo permanecí en Sala hasta que el señor Ministro terminó su exposición, como toda la bancada -nos retiramos cuando él terminó-, y puedo asegurar que la inmensa mayoría de las preguntas formuladas en el día de hoy -si no todas- no fueron respondidas en esa ocasión. En la mañana de hoy leí la versión taquigráfica para recordarla.

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Creo que esas veintidós preguntas -o las que hayan sido- nos han ratificado en el convencimiento de que la cárcel de Rocha no era ni es una cárcel más, como dijo el Ministro. El Comisionado Parlamentario ya la había incluido entre las que consideraba como absolutamente inadecuadas; o sea que debió prestarse más atención a la cárcel de Rocha y a las otras que el Comisionado Parlamentario incluye en esta categoría. Entonces, esas veintidós preguntas -o las que hayan sido- que formuló el Diputado interpelante han ratificado nuestra convicción de que estas doce muertes pudieron haberse evitado, que en este caso ha habido omisión, negligencia, y que se debe encontrar a los responsables. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico. SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en esta ya larga sesión, uno percibe, con asombro, que hay dos afirmaciones básicas que por lo menos llaman la atención enormemente y que quizás deban ser objeto de sendos estudios académicos. Resulta que la cárcel de Rocha -abominable cárcel de Rocha- era arcaica, antigua, no respondía a las necesidades que se pretendía cubrir con ella, y un larguísimo etcétera de ditirambos en su contra. La cárcel de Rocha fue construida en el siglo XIX; por lo tanto, era muy vieja, pero parecería ser que la “vejeztud” y demás inclemencias comenzaron con exactitud el 1° de marzo de 2005. Hasta ese momento era una cárcel razonable. Bueno, no puede decirse tamaño disparate. No está bien; no es correcto. (Interrupción del señor Representante Vázquez) ——No sé quién me grita “no es así”, pero es lo que ha surgido acá. (Interrupción del señor Representante Vázquez) ——Le pido al señor Diputado que no cacaree, porque a esta hora hace mal. Tengo un rezo atrás, señora Presidenta. Yo soy muy laico, eso no me gusta y le pido que me ampare en el uso de la palabra. (Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa ampara al orador en el uso de la palabra, por lo que solicita al señor Diputado que no lo interrumpa.

Puede continuar el señor Diputado Orrico. SEÑOR ORRICO.- Gracias, señora Presidenta. Se dice que, a partir del 1° de marzo de 2005, la cárcel de Rocha empezó a no servir para nada. Antes parece que sí, porque de lo contrario, no se entiende cómo se está buscando ahora al responsable. Esto lleva de la mano a otra tesis que a los que nos gusta el derecho penal nos resulta sorprendente, por decir lo menos, y es que en este caso el responsable es el último que llegó. Los otros no eran responsables. La única responsabilidad es de quien agarró este hierro candente que era el sistema carcelario cuando asumió el Frente Amplio. Entonces, ¡que se joroben! ¿Para qué agarraron esto si no les correspondía? En consecuencia, los responsables son ellos porque lo que pasó antes interesa muy poco. Eso es lo que, en los hechos, se está diciendo. De lo contrario, no se puede admitir que se diga que tiene que haber un responsable, uno solo y que es de ahora. No se puede admitir eso porque en ciencias sociales, igual que en tantas otras ciencias, hay cosas que son evolutivas, y no se pueden solucionar en un periquete situaciones que llevan decenas de años de evolución negativa. A veces se piensa que porque algo evolucione eso significa una carga positiva. No necesariamente es así: se puede evolucionar hacia el abismo que es lo que, de alguna manera, se estuvo haciendo durante decenas de años con el sistema carcelario uruguayo. Un sistema carcelario uruguayo en el cual hace muchísimos años -para mencionar una época, desde 1985- empezó una crisis brutal, fruto de la imprevisión y de las nefastas políticas que se llevaron a cabo desde el punto de vista de la política criminal y de la política carcelaria. Yo no voy a renovar discusiones con algún señor Diputado que me dijo: “Un Estado no puede dejar de aplicar penas porque no tenga dónde encerrar a los presos”, cuando preguntamos cómo íbamos a hacer con la cantidad de presos que provocaría el endurecimiento de las penas. Así se me contestó. Yo no voy a renovar esa discusión, porque el Parlamento democráticamente elegido entendió que había que aumentar las penas; yo estaba en contra, pero lo admito, es legítimo, está bien. No está bien en cuanto a la medida en sí; está bien desde el punto de vista procesal. Eso lo puedo admitir, pero lo que no

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puedo admitir es la inconsciencia, la irresponsabilidad que supuso aumentar las penas de forma brutal, hacer que prácticamente no haya delito que no sea encarcelable, hacer todo eso y decir: “Bueno, nos arreglamos como podemos. De alguna manera nos vamos a arreglar, en algún lado los vamos a poner”, porque ese fue el discurso, y el discurso que se hizo en el Parlamento. Y a mí, que a esta altura soy un político con bastante más pasado que futuro, no me gusta salir a leer lo que dijeron otros hace diez o quince años, porque en política todos somos esclavos de determinados momentos, y hay algo que nos ata y que humanamente debemos comprender, y es que todos nosotros estamos subordinados a dos coordenadas de las que no se escapa nadie: espacio y tiempo. Eso lo admito, pero que no me digan que situaciones como las que nos acaban de explotar en la cara ahora son el fruto de la irresponsabilidad de un cabo, de un sargento, de un Ministro o de no sé quién, porque eso no es así. Además, entiendo que el señor Diputado interpelante -con cuya amistad me honro y que es un tipo absolutamente inteligente-, como es tan vivo, diga: “Yo quiero hablar solo de Rocha”. Pero en realidad, cuando uno está hablando de un sistema carcelario debe tener en cuenta que está integrado por todos los subsistemas, de lo contrario, no es un sistema. No estamos hablando de que Rocha es un departamento independiente, sino de un sistema carcelario acerca del cual, cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno, dijo: “Acá estamos ante una emergencia carcelaria”. Y así se declaró. Entonces, ahí hicimos la ley de humanización y modernización del sistema carcelario y tuvimos una oposición tan feroz, tan cruel -ese es el término correcto-, que esa ley no había sido dictada y ya se estaban oponiendo de una forma tremenda. Y resulta ser que desorientaron de tal manera a la población que cuando se le preguntaba por la ley de humanización de cárceles la gente estaba en contra. Adviertan hasta qué grado puede llegar la desorientación a que pueden conducir los discursos de quienes son líderes de opinión: cuando a la misma gente se le preguntaba artículo por artículo acerca de la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, más del 60% de la población -no recuerdo exactamente la cifra, pero era abrumadora- estaba de acuerdo con la norma. Entonces, quiere decir que vinimos acá a proponer soluciones cuando podríamos haber hecho algo mucho más sencillo. Al asumir el poder, el 1º de mar-

zo, podríamos haber ido a hablar con los Partidos que habían gobernado hasta ese momento, que no éramos nosotros, y decirles: “Acá tenemos esta bomba de tiempo, ¿ustedes qué proponen?” y salir a la opinión pública a decir: “Bueno, que se arreglen estos con lo que viene, porque nosotros no tenemos nada que ver”. No lo hicimos; asumimos la responsabilidad y dijimos: “Este es nuestro planteamiento”. Y frente a una propuesta de esa naturaleza, resulta que lo que conseguimos fue una oposición a todo trapo, desorientando a la gente y no diciéndole cuáles eran los contenidos que tenía la llamada ley de humanización de cárceles, que provocó ciertas consecuencias que parece que algún señor Diputado ignora abiertamente. Voy a dar solo algunos ejemplos. Reclusos que estudian: se han multiplicado por tres a partir de la aplicación de la ley de humanización de cárceles. Reclusos que trabajan: se han multiplicado por dos a partir de la ley de humanización de cárceles. Docentes en los institutos carcelarios: se han multiplicado por tres. Además, hay otra serie de aspectos que no voy a destacar porque no estamos discutiendo sobre la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, sino sobre la crisis de un sistema carcelario en un lugar determinado. Yo sigo insistiendo en que estas cosas tienen un proceso de más de cincuenta años. El señor Diputado José Carlos Cardoso mencionaba unas opiniones del año 1897. Eso fue superado en algún momento en el país, porque Uruguay tuvo una cárcel modelo, tuvo granjas modelo, y tuvo y sigue teniendo lugares con custodia mínima, donde hay muy pocas fugas. Son lugares donde prácticamente no hay custodia. Tengo presente aquella idea ejemplar que cuando yo era estudiante se le ocurrió a alguien cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, pero que evidentemente sentía mucho amor por lo que hacía. Acá hay que recordar lo que decía Concepción Arenal: “Hay que odiar el delito, pero hay que amar al delincuente”, y esa era una expresión humanista. Cuando yo dije esto por primera vez en esta Cámara se me rieron de varios lados: a derecha y a izquierda, quiero aclararlo. Como decía, hubo un señor al que se le ocurrió que había que hacer una cárcel abierta y la hizo, ¿saben dónde? En un barco, en el Tacoma. Allí se hizo una cárcel abierta y de ahí no se escapaba nadie; el individuo entraba y salía, porque eran otras concepciones. Lamentablemente, después, si bien la idea se mantuvo, ya entramos en otro tipo de régimen mucho

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más compulsivo, de otra naturaleza. Además, en la medida en que empezó a primar el hacinamiento, naturalmente, fue muy difícil hablar de que alguien pudiera socializarse. Pensemos también que eso de la resocialización es una cuestión a discutir ya que, en realidad, los que entran a la cárcel en general no están socializados. Si me permiten el trabalenguas que voy a decir ahora, si me sale, quiero expresar que la cárcel es una institución marginal y marginalizante que agrega un plus de marginalidad a una marginalidad existente. Mi maestra estaría orgullosa de mí. Por ende, en esa estructura carcelaria que nosotros tomamos en 2005, nos encontramos con 197 presos cada cien plazas. El Uruguay tiene un triste privilegio que voy a mencionar, porque nadie lo ha hecho. A aquellos que expresan que el Código Penal uruguayo es blandito -durante los diez años que integré la Cámara tuve que aguantar una y otra vez, que se hablara de la levedad de las penas del derecho penal uruguayo- les digo que están muy equivocados, y basta con una sola cifra. En América del Sur existen 107 presos cada 100.000 habitantes; nosotros tenemos 262 presos cada 100.000 habitantes. Tenemos el triste privilegio de ser el país de América del Sur con más presos en proporción a nuestra población. Yo digo acá, hoy -y “acá” no es el Frente Amplio ni Asamblea Uruguay; yo, Orrico, que fui abogado defensor mucho tiempo; como decía Díaz Maynard: “Cuando yo era abogado”- que a mí me da la impresión de que en un sistema penal en el que no se aplica una política criminal adecuada, hay demasiada gente en la cárcel que no debiera estarlo. Con esto no comprometo al Ministro ni a nadie; eso lo digo yo. Me parece que es así. Hemos optado por la represión y, peor que eso: durante años se ha hecho un discurso político que es claramente violatorio de los derechos humanos. El Diputado Aníbal Pereyra algo dijo acerca de qué había que destinar a las cárceles y demás, contraponiendo cárcel con educación y con no sé qué más. Se ha convencido a gran parte de la población, porque se agitó la caja de Pandora, y cuando esta se abrió y empezaron a salir porquerías nos asustamos todos y ahora nos agarramos la cabeza. Cuando un individuo comete un delito, según el derecho uruguayo, lo único que puede perder es la libertad ambulatoria; eso es lo único, todos los demás derechos quedan intactos. Sin embargo, no es así para alguna parte de la población y para gran parte del discurso político,

por lo menos, del año 1985. Eso no era así, porque además de perder la libertad había que hacerlos sufrir. Por eso, cuando asumimos el 1º de marzo de 2005, los presos en el Uruguay no comían todos los días. ¡No había comida para dar a los presos! Esa es la realidad. Entonces, si pasamos de 197 presos cada 100 plazas a 138 presos cada 100 plazas, ¡caramba!, ¿nos hemos trazado un rumbo o no nos hemos trazado un rumbo? ¡Claro que nos trazamos un rumbo! Estamos hablando de que, con toda honestidad, vino el Ministro antes de que ocurriera esto y dijo: “Miren que esto salta en cualquier momento. Vamos a aprobar esta ley de emergencia carcelaria”. Y la aprobamos; estaba el Diputado Gloodtdofsky y había gente de distintos partidos y la aprobamos. La hicimos, se la mandamos al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la devolvió y la aprobamos. Bueno, no llegamos a tiempo pero, claramente, hubo un rumbo establecido. Y es la primera vez que hay un rumbo establecido, porque el tema del hacinamiento tiene decenas de años, y es la primera vez que podemos decir, con todo orgullo: “Miren, muchachos, yo sé que esto es realmente muy urgente, pero puedo decir hoy que en un plazo razonable el tema del hacinamiento se va a solucionar. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Y si el tema del hacinamiento se resuelve, se va a resolver también el tema de cómo clasificar, no a los presos -porque a las personas no se las clasifica- sino sus conductas. De esa manera, lograremos una socialización adecuada, no ya resocialización. Se me acabó el tiempo, señora Presidenta. Simplemente, quiero decir que estoy muy orgulloso del Ministro del Interior que tengo, porque el Ministro del Interior que tengo viene al Parlamento, dice la verdad y mira a los ojos a todos. En consecuencia, realmente me parece que merece nuestro apoyo, porque es la continuación de un Ministerio del Interior que arrancó el 1º de marzo de 2005, que indicó un rumbo y que va a terminar solucionando esto, que es un grave problema humanitario en el país. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra la señora Diputada Montaner. SEÑORA MONTANER.- Señora Presidenta: a esta hora de la noche ya estamos todos un poco cansados,

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pero no podemos dar vuelta la cara ni omitir expresar nuestra opinión ante lo que empezó hace quince días. Desde entonces hemos estado escuchando información y elaborando un razonamiento, haciendo un proceso, sin precipitarnos, para llegar hoy, finalmente, a volcar nuestra opinión. Al comienzo quiero decirle, señora Presidenta, que en psicología se habla de un fenómeno que viene al caso mencionar; me refiero a la resiliencia, es decir, el hecho de que cuando hay una crisis personal, social o de cualquier otra índole, se trata de restablecer el crecimiento y la posibilidad de avanzar luego de ese episodio. A eso es a lo que debemos apuntar en este caso. Al analizar todo este caso admito que es de extrema gravedad, porque ha habido doce muertos; se han perdido doce vidas que estaban en manos del Estado. Quiero dejar constancia de que en el artículo 26 de la Constitución se establece: “[…] En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Esto no lo dice solo la Constitución vigente; lo dijeron los Constituyentes de 1830, quienes señalaron que el Estado debía velar por los derechos humanos y por la preservación de la integridad psíquica y física de los reclusos. Pienso que si hoy en esta democracia, en este Parlamento, estamos apuntando al tema de los derechos humanos, no podemos hacerlo con una visión hemipléjica. Sí que tienen derechos humanos aquellos que están privados de su libertad, pero no pueden apelar a la protección de dichos derechos porque no tienen la libertad para hacerlo. Entonces, frente a derrumbes, a incendios, etcétera, el Estado debe preservar sus vidas. Creo que el Ministro Bonomi no es satánico. ¡No, señora Presidenta! Vamos a poner las cosas en su lugar. El sistema carcelario -al decir esto involucro a todo el sistema político: al Gobierno y a los partidos- colapsó. ¿Y sabe qué? Yo discrepo con el Ministro Bonomi cuando dice que la sociedad tiene un sentimiento de indiferencia frente a esto. ¡No! ¿Sabe qué sentimos? ¡Impotencia! Impotencia por no haber sabido resolverlo durante todos los años que hemos ocupado una banca en esta Cámara y por no haber sabido priorizar los problemas graves que enfrenta el país. Tal vez nos quedamos en el debate del pasado y pasándonos cuentas, y no nos concentramos en el fe-

nómeno de la resiliencia, tratando de salir de las grandes crisis sociales, morales y económicas que nos afectaron para buscar el crecimiento como sociedad. ¡Bienvenida la interpelación del Diputado José Carlos Cardoso y bienvenida la presencia del Ministro y su cuerpo de asesores, porque esta tragedia tiene que llevarnos a reflexionar, tiene que llevarnos a dejar al desnudo las ineficacias en las que hemos incurrido! Y cuando digo ineficacias me refiero, en conjunto, a todo: ineficacias en los recursos; ineficacias en su distribución; ineficacias en el control de las cosas; ineficacias en la aplicación de los planes y de los protocolos; ineficacias, entonces, en todo aquello en lo que los que integramos el Estado y la democracia hemos puesto lo mejor, aunque fracasamos. ¿Y saben algo? Toda la nueva tecnología de la pantalla no ha hecho otra cosa que removernos mucho más la conciencia; ver cómo se estaban muriendo calcinadas doce personas -no importa el ámbito en el que estaban-, escuchar las declaraciones y explicaciones de aquel recluso internado y ver su estado físico, a mí me remueve mucho más. Y no puedo pasar facturas. ¿Sabe qué bajo sería pasar facturas políticas? No puedo mencionar épocas ni episodios, ni decir que arrastramos esto desde hace veinticinco o treinta años. ¡Arrastramos desde 1830 la irrespetuosidad a la Constitución en cuanto a velar por los derechos humanos de los reclusos! Así que no hablemos de veinticinco, ni de diez ni de doce años; ¡desde 1830 estamos paralizados, sin poder resolver esto! Esta es la reflexión que he estado haciendo acerca de todo este proceso, escuchando las opiniones que han volcado tanto el Ministro y su cuerpo de asesores como el señor miembro interpelante, que ha puesto al desnudo una cantidad de temas, muchos de los cuales ignorábamos. Después de hoy no pasaré frente a una cárcel de la misma manera que lo hacía antes; después de haber escuchado todo esto soy una persona diferente. Con esto no estoy levantando banderas -muy poca prensa hay-, estoy haciendo un llamado a la reflexión, un llamado a la conciencia. ¿Sabe qué fue lo que más me molestó? Que se levantaran banderas políticas para defender una gestión u otra. ¡Tendríamos que haber defendido las doce vidas! Eso tendríamos que haber hecho, ¡no defender gestiones, sino defender las vidas! Nos preocupamos mucho más por defender gestiones y banderas políticas y nos ol-

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vidamos de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, la política deja de estar al servicio del ser humano para que el ser humano esté al servicio de la política. Es una reflexión quizás un tanto filosófica, pero muy real frente a lo que está pasando. Quiero decir con total honestidad al señor Ministro que realmente creo que hubo cosas muy importantes que no se cumplieron. Podían existir los planes de contingencia; podían existir los protocolos; podían existir los programas de reeducación, los programas de recuperación, los salvatajes… ¡todo podía existir! Pero en ese momento no estaban; en ese momento, no estaban. Con la franqueza que caracteriza al señor Ministro, asumiendo las responsabilidades -tengo todo anotado; estuvimos juntos en la sesión que se celebró en régimen de Comisión General-, relata que en ese momento los extintores estaban vacíos porque un recluso prendía fuego a sus pertenencias y había que apagarlo. Yo me pregunto: si estaba identificado el problema, ¿qué costaba solucionarlo? Esa es una desatención. Son pequeñas fallas que, en su conjunto, terminan en un gran drama y tiene que haber responsabilidad. Yo no digo que vamos a plantear al Ministro que todo estuvo mal. ¡No! El Ministro está en Sala, dando la cara, hablando y llevándonos a pensar que tal vez debamos aportar desde todos los ámbitos; desde el Poder Legislativo, discutiendo, desnudando, sincerando y transparentando el sistema político. Lo digo porque el sistema político apunta a la sociedad y a la gente. No es que pasen estas cosas para que cada uno vea que su bandera se levanta más arriba. Yo no vine al plenario a sacar bandera política de doce muertos. ¡Jóvenes! Doce personas, cuyos derechos humanos no supimos cuidar porque ellos no podían hacerlo. Yo vine a decir ¡que no pasemos más cuentas! Hay que empezar a arreglar. De aquí saco lo importante y es que el señor Ministro acepta y declara -es muy grave, pero lo afirma y eso es valedero- que se tiene conocimiento de que las normas de prevención en organismos estatales no están funcionando. Entonces, si no están funcionando las normas de prevención en todos los organismos estatales mencionados, como el Poder Judicial -no recuerdo los otros porque la verdad es que fue muy buena, pero extensa la exposición del señor Ministro—debemos tomar conciencia y establecer programas de prevención y combate a todo lo que son accidentes e incendios. Y es un

reconocimiento de que el Estado está fallando. ¡Está fallando en estas normas! También es importante decir que el señor Comisionado Parlamentario ha sido designado por votación. Su cargo ha sido creado por ley. Él hace recomendaciones. El Ministerio del Interior tiene treinta días para contestar por sí o por no. Tengo entendido -tengo entendido- que el señor Comisionado Parlamentario no está siendo informado en tiempo y forma acerca de las cosas. Tengo entendido; no voy a hacer una afirmación. Ya que estoy hablando de este tema tan importante, quiero decir que soy legisladora por el departamento de Tacuarembó. Allí existe una cárcel del siglo XIX. Yo sé que ese tema está en sus planes y programas y ¡bienvenido sea! Esto no es de ahora. A esta cárcel la llaman “la cárcel de la historia de la cucharita”, dado que con una cucharita los presos hicieron un boquete y asomaron la cabeza -el señor Diputado Chiesa Bruno lo sabe- en un comité político partidario para escaparse ¡porque el edificio está asentado en barro! En esta cárcel -la he visitado- hay del tipo de calentadores que se mencionó y “ranchadas”; no tiene absolutamente ninguna privacidad en ningún aspecto. Y ¿sabe por qué? Porque en el entramado urbano esta cárcel de Tacuarembó está a media cuadra de la escuela pública, pero además el patio de la cárcel da a un edificio de ocho, diez o doce apartamentos. Es el show de “Gran Hermano” porque los que viven en esos departamentos ven el patio de la cárcel y los presos tienen que vivir expuestos, hasta recibiendo alguna vez una piedra, una fruta, una naranja. Eso es lo que ha despertado el recluso en nuestra sociedad. Si en la regionalización -que he seguido de cerca-, se va a trasladar esa cárcel y va a Rivera, quiero plantear al señor Ministro que va a haber un pequeño problema social porque los familiares de los reclusos -en su mayoría, gente de bajos recursos- van a necesitar que se les facilite el traslado por parte del Ministerio del Interior para hacer las visitas. Ya lo están planteando. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Traer calma a la sociedad. Fueron muy fuertes las imágenes, los relatos, el video y, lejos de levantar una bandera política, estoy reconociendo el fracaso y el colapso del sistema, y el fracaso de la Constitución, desde 1830 hasta ahora. De derechos humanos hablamos todos, pero hemos tenido una visión hemipléjica. Y de los

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derechos humanos de estos doce muertos y de otros muchos más el Estado no ha podido hacerse cargo. Por eso agradezco al señor Ministro y a los asesores toda esta información. También agradezco al Diputado José Carlos Cardoso porque estas son las discusiones que nos hacen bien; estos son los debates que nos hacen reflexionar. A veces quedamos muy chiquitos y bajitos frente a la discusión político partidaria, ya que ponemos precios y pasamos facturas por lo que se hizo y por lo que no se hizo, pero en este caso no pudimos evitar que se hayan quemado doce personas. La política sirve, siempre y cuando sea un instrumento para la gente y no que la gente sea un instrumento para los políticos. Gracias. (¡Muy bien!) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Gandini. SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: quiero trasmitir nuestro acuerdo, desde el origen, con el planteo que hiciera el señor Diputado José Carlos Cardoso y, además, la forma en que ha llevado la interpelación en la sesión de hoy, con seriedad, con respeto y, sobre todo, valorando el tema de fondo. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Puig) ——Tenemos delante a un Ministro de Estado, pero nos convoca la muerte de doce uruguayos que estaban en un establecimiento de detención. Eso merece que el tema sea tratado con respeto en Sala y fuera de ella. Creo que el señor Diputado José Carlos Cardoso claramente puso las cosas en su lugar. Eso y la respuesta del señor Ministro, nos ha llevado a la convicción de que no podemos declarar satisfactorias las explicaciones que se nos han dado. Antes que nada, quiero saludar el nivel con que se ha dado la discusión, que hoy le ha hecho honor al tema, y que no ha sido, por suerte, el que ha tenido el debate extraparlamentario y, sobre todo, las afirmaciones que se han hecho en la prensa. Gritar más, descalificar, no da la razón. La razón se expresa aquí y al final es la gente la que va a decir de qué lado está; no es ofendiendo, agraviando ni bajando el nivel que se obtiene algo. Hoy, en el Cuerpo, por suerte, mayoritariamente esto ha primado.

También quiero decir que en este debate hemos hecho honor a nuestra tarea de representar. Todos representamos a una parte del soberano y no nos hemos dejado llevar por algunas afirmaciones que hemos escuchado de la gente, lamentables, pero que no debemos ignorar. Aquí, en Sala, con la voz, el corazón y el pensamiento de todos los legisladores del Gobierno y de la oposición y de los representantes del Poder Ejecutivo, estamos discutiendo un tema que hace a doce vidas, que no son menos que las vidas de ningún otro. ¡No por estar presos las vidas de los que murieron valen menos! Y, lamentablemente, en nuestra sociedad, cansada de ser agredida, también, en sus derechos humanos, hemos visto una actitud lamentable de desprecio, como la vimos también frente al agravio y al acoso de la inseguridad pública. Lo digo porque cuando alguna encuesta consultó a la gente, muchos ciudadanos estuvieron dispuestos a que viniera una dictadura al país si le devolvía la seguridad. Y esto pasó hace muy poco tiempo en el país. Por suerte, aquí nadie hace uso de esos mecanismos, por más que la opinión de la gente tenga algún asidero. Aquí estamos convocados para establecer si existen responsabilidades de tipo político porque se perdieron doce valiosas vidas de uruguayos, que estaban presos -pagando sus condenas algunos y otros en etapa de proceso-, pero no menos uruguayos ni con menos derechos humanos que los otros. Venimos a establecer responsabilidades políticas. Vivimos en una democracia donde hay tres Poderes diferentes, y en cada uno, frente a hechos como este, se establece la posibilidad de que existan responsabilidades, que son diferentes. El Poder Judicial va a establecer si existieron responsabilidades penales, si hay quienes con su conducta tipifican delitos previstos por nuestro ordenamiento jurídico penal y, eventualmente, por el civil. El señor Ministro y las autoridades del Poder Ejecutivo establecerán desde el punto de vista administrativo si hay responsabilidades de esa naturaleza en un Ministerio muy particular sometido a jerarquías, pero aquí vamos a determinar si hay responsabilidades políticas. Ni a quien habla, ni al Diputado interpelante se nos ocurre pensar que el Ministro es culpable de algo; no estamos dirimiendo culpas, sino estableciendo si hay responsabilidades, que es diferente. El Ministro siempre es el responsable de lo que sucede en su organismo, por acción o por omisión, porque sabía o desconocía y debió saber. Esa era su respon-

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sabilidad. Cuando se gana una elección se tiene el privilegio de llevar adelante, desde la victoria, un programa de Gobierno que la gente les confía, pero también se asume la responsabilidad de todo lo que ello conlleva; hay que cargar esa cruz y hacerse responsable de los aciertos y de los errores, propios y ajenos, porque eso es lo que la gente elige. Entonces, no me pueden decir, otra vez, que todo lo malo que pasa en este país empezó hace muchos años y que todo lo bueno lo fundó el Frente Amplio. ¡Otra vez con esa teoría! Cada vez que hablamos de algo bueno del país empezó hace cinco años, pero cada vez que se plantea un tema malo hay que remontarse a la prehistoria, por supuesto, a la culpa de los partidos tradicionales que gobernaron antes. Ni blanco ni negro, ni lo uno ni lo otro; hay que hacerle honor a este tema y discutir en serio. Hay responsabilidades de antes, pero también de ahora, que no tienen que ver con lo de antes. Esa es nuestra visión. Con todo respeto digo que el señor Ministro parece otro Ministro, un Secretario de Estado que hubiera asumido después del 8 de julio, parece un jerarca que asumió después del incendio, porque le ha contado a la opinión pública, a través de una acción muy potente de los medios, todo lo que se ha hecho después del incendio. Se sacan las “ranchadas”, se sacan las frazadas y se sustituyen por otros materiales no ígneos, se sacan los calentadores y se van a reformar las instalaciones eléctricas en todas las cárceles; y se cargaron los bomberitos y se hizo un montón de cosas en veinte días. Hace veintiún días no había plata, pero ahora apareció. Los hechos lamentables y dolorosos cambiaron la forma de gestionar lo mismo. Este no es un hecho de la naturaleza, esto no fue algo casual. No se nos puede decir que van a ver qué resultado arrojan las investigaciones judiciales y administrativas para saber si hay alguien que es responsable, porque eso sería decir que estos muchachos tuvieron mala suerte. No tuvieron mala suerte; mala suerte hubieran tenido si en el patio los alcanzaba un rayo cuando no estaban enterados de que había tormenta. Reitero que no tuvieron mala suerte sino que fue una desgracia, porque no solo adentro del recinto donde estaban había una bomba de tiempo -como manifestó el señor Diputado Cardoso con otras palabras-, sino que afuera no había nada dispuesto para enfrentar la situación. ¿Alguien puede decir que esto

no se sabía? Es como si alguien se subiera a un auto sin saber que tiene los frenos rotos, por lo que después choca ¡No! Hay un informe del Comisionado Parlamentario, de setiembre de 2009, que dice todo esto. Y con ese informe asume este Ministro; es también por ese informe que hoy están sustituyendo las “ranchadas”. Pero, ¿qué pasó en el medio? Lo que sucedió fue que murieron doce personas para que se tuviera que reaccionar. Este es el mismo Ministro; el que reacciona hoy es el que podría haber reaccionado hace veintiún días. Lamentablemente, esto es lo que tengo que decir con todo respeto al Ministro, a quien le reconozco que asume una herencia muy complicada. Conocemos esa herencia y se la advertimos al Gobierno diciéndole que la situación de las cárceles de nuestro país era un factor generador de inseguridad pública y que el hacinamiento era un factor de inseguridad para los presos y los policías que allí trabajan. Fuimos y le llevamos propuestas. El Senador Larrañaga, en el período pasado, planteó que si en dos unidades militares se hacían las reformas necesarias se podrían mudar algunos presos para descongestionar algunos establecimientos. Se dieron ideas concretas de qué tipo de reclusos podrían ir allí. Lamento que hoy no esté presente en Sala la señora Diputada Tourné, quien en ese momento era Ministra del Interior, porque la voy a aludir. Me acuerdo porque el domingo pasado vi en televisión un programa en el que la entonces Ministra Tourné atribuyó conductas golpistas a la propuesta del Partido Nacional. Sí, nos dijeron golpistas porque se nos ocurrió que se podía llevar a establecimientos militares -con las adaptaciones necesarias- a reclusos que vivían en situaciones infrahumanas en las cárceles de nuestro país. En estos días se aprobó a toda velocidad eso y mucho más: que se destinen presos a esos dos establecimientos militares; reforzar la guardia perimetral, asignarle otras funciones y hasta tercerizar los establecimientos de reclusión. Y se está haciendo, pero nada de eso -que es iniciativa de esta Administración, que reconoce la herencia que asume porque esto se pudo haber hecho antes- evita la responsabilidad de lo que pasó. Tuvo que suceder una desgracia para que se aceleraran todos los procesos.

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Estas cosas son las que nos llevan a decir que en materia de política carcelaria teníamos razón. Cuando uno escucha al Diputado José Carlos Cardoso, que como buen Representante de su departamento relata las cosas que rodearon todo este terrible episodio, no tiene más remedio que asumir que con poquita cosa -una manguera, un hidrante- se podría haber hecho la diferencia. Es responsabilidad de OSE hacer funcionar lo que corresponde si el jerarca de la cárcel se lo pide, pero nadie lo hizo. Acá no estamos hablando de si demoraron uno, dos o tres minutos en abrir, sino de que no había con qué apagar el incendio, no había un tanque de agua, que no se dispuso de $ 22.000 para comprar lo mínimo necesario y prever lo que ya se había dicho que iba a ser un problema. ¡Con tan poquita cosa se pudo haber respetado los derechos humanos de esa gente, actuando en lo relativo a la prevención de sus vidas! Si no hubiera pasado nada trágico, hubiese sido un caso más, pero sucedió; esta vez pasó. Reconociéndole al Ministro el esfuerzo que está haciendo por cambiar las cosas, reconociéndole al Ministro que debe partir de un punto muy deficitario porque de los cinco años pasados se hizo algo en el último año, después de que las encuestas dieran muy mal y de que viniera un señor del exterior a decirnos que estábamos en el nivel de Guinea Ecuatorial con respecto a los establecimientos de reclusión -a partir de ahí se dispuso más presupuesto y acciones concretas-, reconociéndole al Ministro que hace muy poco tiempo que está en el cargo, reconociéndole al Ministro que es parte de un acuerdo político que hemos realizado para resolver las cosas hacia el futuro y que para ello habrá inversión, debo decirle que, a mi juicio, es su responsabilidad lo que ha sucedido porque debió saber y actuar antes de que los hechos ocurrieran, y no después. Lamentablemente, así son las cosas en este mundo donde nos toca ser responsables y administrar la realidad. Y la realidad política es esta; desde aquí, la oposición tiene que hacerlo saber. Muchas gracias, señor Presidente.

(Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Martín Elgue. Del señor Representante Álvaro Delgado, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Marcelo Maute Saravia. Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 29 de julio de 2010, convocándose al suplente siguiente señor Hernán Luis Bonilla”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Por medio de la presente, solicito a usted, licencia por el día 29 de julio, por motivos personales. La saludo con mi mayor consideración. JAIME MARIO TROBO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 29 de julio de 2009.

17.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 29 de julio de 2009, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo. 2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 71 del Lema Partido Nacional, señor Martín Elgue. Sala de la Comisión, 29 de julio de 2010. LUIS LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada Presente. De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle licencia por motivos personales por el día 29 de julio. Sin otro particular, saluda atentamente. ÁLVARO DELGADO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 29 de julio de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley N° 10.618 d e 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley N° 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 29 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 29 de julio de 2010, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404 del Lema Partido Nacional, señor Marcelo Maute Saravia. Sala de la Comisión, 29 de julio de 2010. LUIS LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”. “Montevideo, 28 de julio de 2010. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes Ivonne Passada. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente solicito a usted licencia por el día 29 de julio, por motivos personales. La saludo con mi mayor consideración. GUSTAVO BORSARI BRENNA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el días 29 de julio de 2010. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales por el día 29 de julio de 2010, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Hernán Luis Bonilla. Sala de la Comisión, 29 de julio de 2010. LUIS LACALLE POU, VÍCTOR SEMPRONI, GUILLERMO FACELLO”.

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18.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi. SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: después de haber escuchado al miembro interpelante y al señor Ministro, pensé que esto estaba liquidado, pero a veces surgen algunas intervenciones que nos retrotraen a pensar que no lo está tanto. Con lo lamentable que han sido las doce muertes, deberíamos sincerarnos y hacer una constatación: hoy en esta Sala todos hablamos de los derechos humanos de los presos. Es un tema interesante, que no tiene rentabilidad ante la opinión pública, ninguna rentabilidad. No me refiero a la opinión pública de electores de otro partido; hablo también de la opinión pública de electores de mi Partido. No tiene rentabilidad. Sin embargo, hoy todos estamos reivindicando los derechos humanos -me parece bien- de los que, para muchos, parece que no deberían tener ningún derecho. En mi opinión, este es un avance de esta Casa, no ya del límite de General Flores hacia fuera, sino que es un avance en este Cuerpo. Este hecho lamentable permite unificar ideas -por lo menos así lo demuestran quienes han hecho uso de la palabra hasta ahora- y reconocer que el único derecho que no tienen los presos es el de deambular libremente. Espero que este consenso interno se mantenga, porque se ha consolidado en todos los acuerdos interpartidarios, pero hay instancias en las que distribuimos presupuesto y, como la manta es corta y si te tapás la cabeza te destapás los pies, es bueno que admitamos esto como un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hubo una desgracia lamentable, me parece bien que esto sea considerado. El Diputado interpelante citó algunas instancias en las que se interpeló a Ministros del Interior. Todos recordamos la interpelación por el tema del IPA, algunos porque estaban dentro y eran estudiantes y otros porque estábamos en la dirección del movimiento estudiantil universitario ayudando a los estudiantes. Mi fuerza política interpeló al Ministro. Ahora, hay un antecedente que no se mencionó con respecto a las muertes en las cárceles, que expresamente traje cuando discutimos este tema en régimen de Comisión General, y no creo que no se haya

hecho porque cinco son menos que doce. En el año 1990 murieron cinco personas en las cárceles. Es tan lamentable que no hayamos podido evitar que murieran producto del incendio como también es lamentable que no hayamos podido protegerlos de que murieran por la violencia interna a la que se ve acosada una enorme cantidad de presos, en una suerte de tráfico económico interno en el que se paga para sobrevivir. Siendo legislador en aquella oportunidad -no se trata de que como no ocupaba una banca en el Cuerpo, no podía llamar al Ministro-, optamos por cerrar filas en torno al Ministro de la época; él pensaba o podía pensar que nuestra voluntad era complicarle la vida en un momento difícil, porque fue un momento difícil. Es más: a ese Ministro del Interior le entraron al apartamento en dos oportunidades. Quiere decir que se estaban jugando otras internas que no voy a mencionar ahora, pero actuamos con responsabilidad frente a temas desgraciados. Repito: estar preso, no tener recursos para proteger la vida y estar sometido a agresiones, es vivir todos los días con la espada de Damocles pendiendo, no porque se pueda incendiar el entorno, sino por el importante nivel de tensión. Pensé que una vez que terminaran de hacer uso de la palabra el miembro interpelante y el señor Ministro se debía establecer qué grado de responsabilidad se le podía asignar, y he escuchado discursos distintos. Si discutimos solo sobre los hechos que ocurrieron en Rocha y la eventual responsabilidad del momento, no tengo problema en dejar el tema aquí, en honor al tiempo y a que pienso, en mi fuero íntimo, que todos ya tenemos una composición de lugar. Ahora, cuando se quiere plantear discursos en los que cada uno debe hacerse cargo de lo que corresponda, estoy dispuesto a discutir todo lo que sea necesario porque, en realidad, esta sociedad no es la misma en la que me crié; se ha desestructurado desde el punto de vista social, lo que coadyuva a generar una cultura o una subcultura por fuera del promedio, en la que se ambienta y se desarrolla el delito, por lo menos una parte de ella lo hace. Esto también tiene padres, porque los jóvenes de dieciséis y diecisiete años que hace unos días mataron a un administrador de taxímetros que tenía cincuenta y tres años no nacieron ayer. Los entornos de desestructuración son consecuencia de las políticas aplicadas durante determinados períodos. Así que tomo el punto; cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Voy a remitirme -porque tomé nota de casi todas las cosas que fueron diciendo

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los señores legisladores- a algunas apreciaciones relacionadas con el Gobierno del Período 2005-2010, que integré primero como Subsecretario y después como Ministro. Ya se dijo en Sala que las cuatro prioridades que tuvo el Gobierno de 2005 referían a atender la situación de la emergencia social, cuyas negociaciones se llevaron adelante con los organismos financieros internacionales a los que se les dijo desde el primer día: “Acá está todo en discusión; lo que no va a estar en discusión son los US$ 200:000.000 para poner en marcha el Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social”. Y siempre nos habíamos criado, pensando desde el punto de vista político que cuando los organismos financieros internacionales nos decían que determinadas cosas no se podían hacer, había que “achatar”. Está bien. Muchos de esos organismos ya habían perdido su impronta de la década del noventa. Pero cuando les dijimos que iba a haber US$ 200:000.000 por orden del Presidente Tabaré Vázquez. y cuando quien iba a ser designado Ministro de Economía y Finanzas, el contador Astori, lo planteó, los organismos internacionales de financiación respondieron: “No hay ningún problema; seguimos con el resto. No están en cuestión los US$ 200:000.000”. Y salimos a atender la emergencia social. Cuando dijimos que íbamos a hacer inversiones en educación, alcanzó con que los señores legisladores vieran algo que no era un mamotreto sino un conjunto de fotos de Salgado, con historias de Cristovam Buarque, que refiere a la cuna de la desigualdad. Allí se plantea el papel de la educación. Queda mucho por hacer todavía, no solo incrementar el presupuesto en materia de educación. De todos modos, incrementamos sustantivamente el presupuesto en materia de educación. Además, salimos de la difícil situación de ser el segundo país en el mundo -creo que ya lo dijo el señor Diputado Orrico- en la relación deuda producto; primero estaba Turquía y segundo nosotros. Cuando dijimos que íbamos a hacer una fuerte apuesta a la salud y a aumentar las inversiones, lo hicimos. Manifestamos que íbamos a hacer inversiones en infraestructura. Esas eran las principales prioridades del Gobierno. Se plantearon aquí y nadie dijo que se aumentaran las inversiones en materia de seguridad y del sistema carcelario. No obstante ello, en cierto momento hubo una señal del señor Presidente de

la República de que íbamos a hacer inversiones en el sistema carcelario, porque la situación se había complicado. Tomamos el Gobierno con alrededor de 5.600 presos -algún miembro del Poder Ejecutivo de aquella época me puede ayudar, pero era esa cantidad, más o menos-, liberamos algo más de 700 reclusos y llegamos a 2009 con casi 9.000 presos. Quiere decir que aquello de que no reprimíamos también estaría en cuestión. Asimismo, en el período anterior se aumentaron las plazas en 2.000. Escuché al señor Diputado Gandini mencionarlo, pero no me acuerdo si él estuvo -yo concurrí porque era Ministro de Defensa Nacional- en la reunión en la que el señor Senador Larrañaga, conjuntamente con los señores Diputados García y Penadés, nos trajo una iniciativa para utilizar el Regimiento Nº 9 de Caballería y Punta de Rieles para los presos. En ese mismo acto entregamos al señor Senador Larrañaga todos los estudios que el Gobierno había hecho sobre el tema de Punta de Rieles. La política de transferir predios o unidades del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior ya había comenzado desde antes, y las primeras conversaciones tuvieron lugar cuando eran Ministros la doctora Azucena Berrutti y el doctor José Díaz. Esto fue antes, inclusive, de las conversaciones que en lo personal tuve con la señora Diputada Tourné en el Ministerio del Interior para la transferencia de esas unidades. O sea que no solo incrementamos recursos sino que actuamos. Estos cursos y acciones fueron profundizados a partir del 1º de marzo de 2010 por el Gobierno de la misma fuerza política. Comparto que es difícil estar en la procesión y en la misa. Si lo importante es el camino -como expresó el señor Ministro-, debo decir que dicho camino ya empezó en el país. Y cuando estábamos haciendo las cosas para disminuir el hacinamiento, para aumentar la cantidad de plazas para los reclusos, para tener centros de reclusión donde se pudiera clasificar la conducta de los reclusos y tener un sistema carcelario en serio, ocurrió lo de Rocha. En mi intervención anterior hablé de que cuando se pasa a retiro, a todo el mundo le aumentan la testosterona y las neuronas. Este Partido hace seis años que está en el Gobierno, pero venir a decir ahora que antes sobraron neuronas -quizá sobró la testosterona; no me voy a meter en eso- para hacer cosas es por lo menos temerario porque en estos veinte años que lle-

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vo en el Parlamento nunca vi que al respecto se hiciera nada. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Puig).- Tiene la palabra el señor Diputado Espinosa. SEÑOR ESPINOSA.- Señor Presidente: Matías, Luis Alfredo, Raúl, Edinson, Ariel, Mario, Alejandro, Julio María, Antonio, Delio, Julio César y Jorge son personas que quizás hayan recorrido un camino equivocado en la vida, pero lo estaban pagando. Son personas que perdieron la vida en una tragedia que pudo haberse evitado, en un país donde no hay pena de muerte, en un país en el que hace mucho tiempo que fue abolida esa pena y que, lamentablemente, por omisión, por negligencia o por inacción, la encontraron. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Passada) ——Escuchamos con mucho respeto al señor Ministro hablar, hablar y hablar; habló de todo. Inclusive habló de instalaciones y de especificaciones técnicas de iluminación, etcétera, pero pese a todo ello no se ha arrojado luz sobre las dudas que aún persisten. El señor Ministro habló con conocimiento y en un pasaje de su alocución se refirió a la realidad que impera en las cárceles. Todo es de tal gravedad que si nos vamos a explayar, podemos hablar de todo. Por ejemplo, respecto de esa guerra interna que se vive allí dentro, un Director Nacional de Cárceles durante el período pasado expresa: “Hay una especie de guerra interna, quien no tiene esa lectura no la ve, pero esa guerra interna se cobra como sea, te mato antes de que me mates. Y buscan diferentes acciones, entre ellos también el mejor pasar, el mejor confort. Hay que estar dentro de las cárceles para ver eso, si no estamos dentro no lo vemos”. Esta nota se hizo en virtud de unos hechos trágicos de violencia interna por comercio de drogas, por ingreso de armas de fuego a una cárcel. Lo que sí es increíble, señora Presidenta, es que el Ministerio del Interior no haya tomado las precauciones correspondientes con relación a los informes que hablaban de las famosas “ranchadas”, para cuidar a los reclusos que en esta guerra interna encuentran trágica muerte por hechos violentos. Podemos tener tolerancia y respeto y, en ese sentido, quiero señalar la altura con la cual formuló

esta interpelación el señor Diputado José Carlos Cardoso, pero hay términos que no podemos avalar ni compartir. En primer lugar, yo creo -lástima que no está el señor Diputado que utilizó el término “carroña”- que aquí no hay carroñeros; aquí hay legisladores que tienen dudas, que tienen diferencias, que señalan matices. Y dentro de esos matices a mí no me arrojó luz el señor Ministro, y lo digo con respeto. Sí me arrojó luz la Dirección Nacional de Bomberos. Con ese informe tan técnico y preciso que pudimos escuchar y ver, Bomberos dio los conocimentos que determinan claramente cuán fácil es en el sistema penitenciario uruguayo, por omisión, por negligencia o por inacción, que los reclusos mueran calcinados. Yo no voy a reabrir el capítulo del bomberito sí, bomberito no, luz sí, luz no, agua sí, agua no, cañito con agua, cañito sin agua; a mí eso no me interesa, señora Presidenta. Me interesa que como Diputados de la oposición se nos respete, y hay términos que no corresponden, porque no es ser carroñero marcar una diferencia. Hay otro tipo de carroñas. ¡Pero lo que sí quiere este legislador es que el Gobierno sepa que la mano de la oposición está tendida siempre que se busquen políticas de Estado con respeto, tolerancia y equilibrio, que permitan salvaguardar los derechos humanos de todas las partes por igual, de los que están adentro de la cárcel y de los que están afuera! Eso también es hablar de seguridad. Y aquí también se ha arrojado poca luz sobre el tema de la seguridad. Por lo tanto, señora Presidenta, hay doce personas -no importa el delito que hayan cometido- que lamentablemente no van a conocer nunca algo que quizás podamos saber nosotros dentro de un tiempo: la eventual responsabilidad. Será del orden que se quiera, pero aquí hay responsabilidades y hay que saber admitirlas. Bien se ha dicho que cada uno se haga cargo de lo que le corresponda. A muchos de nosotros se nos ha trasladado responsabilidades, las hemos asumido y siempre hemos dado la cara. En más de una oportunidad algunos jerarcas han renunciado para enfrentar responsabilidades que les correspondieron. Creo que aquí tiene que jugarse de la misma manera. Hay responsabilidades, ¡y vaya si las habrá en política! ¿Qué quiero decir con esto? Quiero reiterar el concepto que no es mío, sino del oficialismo: que cada uno se haga cargo de lo que le corresponda. Y cuando por ahí, siempre por el coletazo, se vuelve a hablar de herencias, de herencias y de herencias, no quiero entrar ni abrir un debate político por lo bajo y

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decir qué herencia le dejó a este Gobierno el anterior, cuando el ex Presidente Tabaré Vázquez pidió soluciones quirúrgicas, inmediatas, urgentes, para un tema que el Gabinete anterior no pudo resolver. Acá no estamos para pedir que el Gobierno rinda cuenta, ni a la oposición, ni dentro del mismo oficialismo. Aspiramos a que se puedan transitar los caminos para que, reitero, con políticas de Estado no se repitan estas tragedias. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Radío. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: esta interpelación honra a este Cuerpo, y me permito afirmar que en la persona del señor Diputado José Carlos Cardoso y en su determinación la Cámara de Diputados ha hecho lo que tenía que hacer. Hoy, 29 de julio de 2010, las cárceles de nuestro país no están mejor que hace diez o quince años; están peor. Hoy, 29 de julio de 2010, las cárceles de nuestro país tampoco están mejor que hace cinco años. Entonces, basta con la reivindicación del camino que nos condujo a este estado deplorable de cosas; basta con la reivindicación de ese camino por lo que se propuso y, sobre todo, por lo que se dejó de proponer, por lo que se cambió y, sobre todo, por lo que se dejó de cambiar. El Gobierno pasado hizo la ley que quiso y no hizo otra ley porque no quiso. Hizo la ley que quiso sin atender ningún tipo de cuestionamiento; hizo la ley que quiso sin buscar ningún consenso. Doce uruguayos, doce orientales -me gusta decir- murieron carbonizados hace pocos días y el humo de los gases en combustión a 1.100 °C no es humo de cigarrillos. ¿Y nadie es responsable? ¿La responsabilidad es de una situación surgida por generación espontánea? Mis convicciones religiosas me impiden ser fatalista y, por lo tanto, no creo en el destino; creo que somos hacedores del destino. Entonces, por supuesto que hay responsables; hay responsabilidades compartidas. ¡Ah, claro! Claro que en la opinión pública se ha instalado una visión que desprecia los derechos de las personas que están privadas de la libertad, así como las organizaciones sociales. Yo recuerdo, señora Presidenta, a la salida de la dictadura, en nuestra militancia social, cuánto peleábamos, cuánto gritábamos y cuánto reivindicábamos por los derechos

humanos de los presos. Pero parece que la sociedad tomó conciencia de que los presos tenían derechos cuando eran presos políticos -algunos de los cuales hoy son nuestros gobernantes- y automáticamente perdieron los derechos cuando dejaron de ser presos políticos. También las voces de las organizaciones sociales hoy están ausentes. ¿Y el sistema político? ¿O acaso seguir llevando presos a las cárceles en esas condiciones deplorables, donde hay una bomba de tiempo -como decía el señor Ministro-, no constituye una imprudencia? ¿Y la imprudencia no configura responsabilidad del sistema político, con el Gobierno a la cabeza, cuando ocurre una muerte? Hace pocos días el Ministro de Defensa Nacional, señor Rosadilla, nos decía que desde el momento en que uno firma es responsable. Pero sería injusto no reconocer que el señor Ministro Bonomi ha hecho gestos que a nuestro entender, de alguna manera, salvan su responsabilidad; sería injusto no reconocer a un Ministro que hoy ha venido a decir la verdad pero, sobre todo, que mucho antes o un poco antes de que ocurrieran estos hechos lamentables propuso alternativas, buscó acuerdos, procuró consensos y puso arriba de la mesa un proyecto de ley de emergencia carcelaria, que si algo pone en evidencia es voluntad de cambio, y si algo simboliza es un movimiento de ruptura con una o varias gestiones anteriores, que en materia de política carcelaria no merecen seguir siendo reivindicadas. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini. SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: a varias horas de comenzada esta sesión de interpelación, antes que nada debemos expresar nuevamente nuestro profundo dolor por el fallecimiento de estos doce compatriotas en la cárcel de Rocha que, independientemente de sus acciones y de sus cuentas con la justicia y la sociedad, no merecían de ninguna forma ese triste destino Vayan, entonces, nuestras reiteradas condolencias, sinceras y francas, a sus familiares. La Cámara de Representantes se convocó hoy para pedir al señor Ministro del Interior que informase sobre los hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. El señor miembro interpelante planteó alrededor de catorce preguntas que, desde mi punto de vista, en forma clara, contundente, categórica, el señor Minis-

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tro contestó una a una. Además, las abordó en el marco de una contextualización desde el momento en que asumió la Cartera, poniendo énfasis en que todos en esta Sala asumieron que el tema tiene enormes complejidades y connotaciones que vienen de tiempo inmemorial. Y planteó que había un camino para resolver a la brevedad la situación de hacinamiento y de inseguridad, no solamente en la cárcel de Rocha sino en el resto del sistema carcelario. Asimismo, como lo hizo cuando se presentó en la sesión en régimen de Comisión General de esta misma Cámara y vino a dar la versión de los hechos que al momento tenía el Ministerio del Interior, expresó que está a lo que se esclarezca en las tres investigaciones en curso, la del Poder Judicial, la de la Jefatura de Rocha y la dispuesta a nivel del Ministerio. Yo diría, además, que hay un cuarto informe que para todos debe pesar mucho: el del señor Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Por lo tanto, no ha venido el señor Ministro a ocultar nada sino todo lo contrario. Ha venido a colaborar con este Cuerpo para esclarecer lo que pasó en esa nefasta noche. Lo que le resulta claro al señor Ministro es que no hay una demora evidente con relación al hecho puntual de la apertura de la puerta de la celda; por lo tanto, va a esperar los resultados de las investigaciones para eventualmente determinar responsabilidades y tomar las medidas que corresponda. Ha señalado también que todo el tema del sistema carcelario reviste una connotación de indiferencia y que, en ese sentido, es bueno que el conjunto del sistema político representado en esta Cámara destaque de alguna manera que los derechos humanos son de todos y no solo de aquellos que tienen garantizada su libertad ambulatoria. Este es un avance importante, porque integro esta Cámara desde el año 1995 y lo cierto es que eso no se escuchaba: se escuchaban otras cosas. De manera que desde nuestro punto de vista, señora Presidenta, las expresiones, las declaraciones del señor Ministro del Interior son total y absolutamente satisfactorias, y, por lo tanto vamos a acompañar la moción que vaya en ese sentido. No podía ser de otra manera porque, en definitiva, esta fuerza política respalda a su Ministro del Interior en el convencimiento de que las responsabilidades ineludibles, indelegables e insustituibles que tiene el señor Ministro

deben contar con el respaldo de la Cámara de Representantes. Hasta aquí, señora Presidenta, lo que tiene relación con el aspecto puntual de la convocatoria al señor Ministro. A continuación, brevemente haré referencia a algunas puntualizaciones que se han hecho sobre el abordaje político conceptual de la interpelación, que me parece que no son de recibo. Con muchísimo respeto, reconozco que la interpelación se ha manejado en términos de respeto, de hidalguía y en forma civilizada, pero claramente hay conceptos que no son aceptables. En primer lugar, se sostiene que la historia comenzó el 1º de marzo de 2005, y desde esa fecha se hace responsable al Ministro del Interior de gestiones que él no ha llevado adelante. Nos parece que eso es absolutamente incongruente. Y cuando apelamos a la historia y a las responsabilidades que vienen de antes, nos dicen: “Eso, no; eso no se puede discutir: de eso no se puede hablar” Independientemente de la responsabilidad de la fuerza política en la gestión durante esos seis años, creemos que al señor Ministro no se le puede imputar responsabilidad alguna por su acción en cuanto a estos hechos concretos. En segundo término, me parece absolutamente inaceptable que se hable de cómo administramos la precariedad. Y cuando profundizamos sobre quién produjo esa precariedad, con qué discurso político vino esa precariedad, acerca de qué leyes impulsaron esa precariedad, con relación a qué inexistencia de fondos y de recursos surgió esa precariedad, se nos dice que eso no se puede discutir; para nosotros, es inaceptable. El tercer tema, que consideramos que tampoco corresponde, refiere a lo difuso de la calificación de los hechos. En vez de esperar a que las investigaciones judiciales y administrativas la determinen, aquí se habla de la calificación de los hechos con una flexibilidad y una permisividad, desde mi punto de vista, de una manera inaceptable, hasta contradictoria porque, por un lado, se habla de accidente no intencional y, por otro, de negligencia, de desidia, de flojedad en el accionar. En definitiva, me parece que lo más pruden-

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te en un tema tan delicado sería esperar al resultado de las investigaciones que están en curso. El cuarto punto, señora Presidenta, es que nos dicen que nos van a apoyar en la gestión. ¿Nos van a apoyar de esta forma? ¿Nos van a apoyar no dándose por satisfechos con lo concluido en la sesión celebrada en régimen de Comisión General e interpelándonos quince días después? ¿Esa es la forma en que van a apoyar una política de seguridad, cuando ha habido una clara apertura de este Gobierno, no solo en temas de seguridad pública sino en otros? A mi me parece que ese aviso de apoyo no es consistente con estas actitudes. (Murmullos) ——Por último, señora Presidenta, se nos dice que estas doce muertes en este trágico y lamentable hecho es la peor catástrofe de derechos humanos desde la recuperación democrática del año 1985. Yo creo que la idea de hacer pesar cuáles son mayores tragedias en materia de derechos humanos no es muy conducente porque, en definitiva, lo que importa es la víctima y sus familiares, y una sola violación de derechos humanos ya resulta trágica. (Murmullos) ——Uno puede entender que todos estamos un poco cansados y que algunas expresiones generen cierta hilaridad, pero nos parece que el tema es trascendente y aquellos que hemos esperado pacientemente nuestro turno para poder expresarnos con respeto también creemos merecer respeto para ser escuchados. Señora Presidenta: entiendo que no es medible el nivel de la peor catástrofe en materia de derechos humanos. Si existe una catástrofe, es la de tener el sistema penitenciario que tenemos; la catástrofe de tener la cantidad de presos sin condena que tenemos; la catástrofe de tener un Código del Proceso Penal que todavía no hemos podido modificar; la catástrofe de tener presos y después no respaldarlos con recursos. Y en esa catástrofe, la historia no comenzó con este hecho, sino mucho antes. Resumiendo, respaldamos como satisfactorias las expresiones del señor Ministro Bonomi y aspiramos a que los elementos de debate y de diálogo que hubo en esta sesión nos ayuden a todos a seguir trabajando juntos para mejorar y para sacar esta pandemia que tiene el país. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra. SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: creo que en una interpelación como la que estamos llevando a cabo en este momento, solicitada por el Partido Nacional y apoyada por el Partido Colorado y el Partido Independiente, es absolutamente imprescindible expresarse cuando tenemos algo que decir con referencia a lo manifestado en Sala o a alguna otra información recibida. Estoy absolutamente conforme y de acuerdo con la exposición del señor Ministro del Interior, compañero Eduardo Bonomi. Ya en oportunidad de realizarse la convocatoria a esta Cuerpo en régimen de Comisión General, había sido absolutamente convincente; inclusive, se había explayado en un tema tan complejo como el de la seguridad pública con absoluta solvencia. Más allá de la moción que se ha hecho llegar a la Mesa, que por supuesto vamos a votar, quiero expresar que estoy absolutamente de acuerdo con la resolución que adoptara por unanimidad hace muy pocos días mi fuerza política, el Frente Amplio, a través de su Mesa Política, en uno de cuyos seis puntos manifiesta ” […] su respaldo a la gestión que está desarrollando el Ministro que, con su estatura moral y su compromiso, trabaja incansablemente conjuntamente con el resto del equipo del Gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos, erradicando las causas profundas que llevan a delinquir y a que los establecimientos carcelarios no sean centros de rehabilitación y de deshumanización”. Creo que estos conceptos son absolutamente compartibles con los objetivos del actual Gobierno y del Ministerio del Interior. También es cierto que el señor Ministro y su equipo tienen una nueva herramienta para continuar avanzando en el problema del sistema carcelario. La ley de emergencia carcelaria es un punto trascendente, no solo por la partida de aproximadamente US$ 15:000.000, sino por los objetivos que se están implementando, y muchas de las tareas que se están llevando a cabo en este momento -como expresó el señor Ministro- para dar mejores condiciones de vida a los reclusos, así como la creación de 1.500 cargos para la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, que van a ser muy importantes.

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Por supuesto, quiero dejar claro que esta no es la panacea; con esa ley no vamos a solucionar todos los problemas del sistema carcelario. No nos equivoquemos; sin duda, servirá para aliviar la situación de los reclusos y comenzar a romper definitivamente ese círculo vicioso del delito y de la inseguridad y, por supuesto, empezar con más fuerza a reeducar a la mayor cantidad de presos posible. Con referencia a los luctuosos hechos acontecidos en la cárcel de Rocha, que fue el tema de convocatoria a esta interpelación, reiteramos nuestro dolor por la pérdida de vidas, y nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Otro tema que también quiero dejar claro -porque no ha quedado absolutamente transparente en alguna intervención de esta sesión- refiere al informe del Comisionado Parlamentario, doctor Álvaro Garcé, quien además toma posesión de su cargo durante el anterior Gobierno del Frente Amplio, el 13 de julio del año 2005, cuando impulsamos con mucha fuerza la necesidad de concretar la creación de ese cargo. En la página 3 del informe del 13 de julio de 2010, que tenemos sobre la mesa, se es absolutamente categórico -mientras en Sala se intentó crear una situación de duda, aunque el propio Comisionado Parlamentario lo establece con certeza en estas dos frases- en cuanto a que si el rescate se hubiera demorado uno o dos minutos más no habría habido sobrevivientes, que estos se hallaban al borde de la asfixia cuando fueron liberados, y que se tiene la seguridad de que la apertura del portón de acceso al sector resultó complicada por la acción instintiva de quienes, desde el recinto en llamas, presionaban con todas sus fuerzas la puerta hacia afuera, trabando con ello involuntariamente el candado y el pasador exterior. Es decir, hay una serie de aspectos expresados en el informe que son sumamente importantes. También quedó claro -según lo expresó el señor Ministro- que había protocolo en cuanto a cómo actuar en situaciones de siniestro en la cárcel de Rocha. Asimismo, quiero referirme brevemente a que todos tenemos conocimiento del borrador del documento de acuerdo del grupo de trabajo interpartidario sobre seguridad que, en definitiva, obtuvo consenso el 27 de mayo de este año.

Señora Presidenta: hace dos meses que hay consenso, hay acuerdo sobre el tema de la seguridad, con un capítulo muy importante sobre el sistema carcelario. Sin embargo, a sesenta días de la firma de ese documento por parte de todos los Partidos Políticos con representación parlamentaria, se interpela, habiendo sucedido previamente un hecho muy importante a nivel parlamentario, como el llamado a Sala al señor Ministro en régimen de Comisión General. Por lo tanto, creo que es muy poco entendible y no habla muy bien de la tolerancia ni de la civilidad del sistema político que todos integramos. Por otro lado, se ha reiterado -hace muy poco rato un señor Diputado así lo expresaba- la falsa opinión de que en la Administración anterior no se hizo nada o poco se hizo con referencia a mejorar el hacinamiento en las cárceles. Nada más lejos de la realidad. Tenemos cifras que dicen todo lo contrario en comparación con los Gobiernos anteriores a 2004 -de veinticinco años atrás- que de alguna forma el señor Ministro narró. En este documento, que parte de un informe y de la memoria anual de la gestión del Gobierno Nacional y del Poder Legislativo del 10 de febrero de 2010, firmado por el ex Presidente de la República Tabaré Vázquez, se expresan con claridad todos los proyectos y los recursos asignados para la construcción de nuevos módulos o sectores, destinado a aliviar el hacinamiento de las cárceles. No lo voy a leer porque no tengo tiempo, pero refiere al COMCAR, a Libertad, al Hogar Maternal, a Punta de Rieles, al Centro N° 2 de Libertad, a la cárcel de Rivera, al personal policial en cuanto a la posibilidad de que tengan un alojamiento mejor, a la construcción en Las Rosas, Maldonado, de una cárcel en espejo a la actual -como decía el señor Ministro- y a nuevas plazas en el Centro Nacional de Rehabilitación, en la Cárcel de Mujeres, etcétera. Esto representa 3.000 plazas nuevas que tienen un costo aproximado de $ 696:000.000, que fueron proyectadas en el Gobierno anterior y que la Administración actual y el señor Ministro lo han tomado. Sin duda eso va a permitir que dentro de muy pocos meses -quizás siete u ocho- la situación del sistema carcelario tenga una mejora sustancial que, de alguna forma, permita reeducar a los presos que en este momento están en las cárceles. Pero lo que quiero dejar claro es que si no se hubieran tomado estas previsiones, en proyectos y re-

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cursos, como los que mencioné, no serían posibles los avances que hay en este momento. Por lo tanto, según mi opinión, no son válidas las críticas o cuestionamientos que hace un sector de la oposición. Dentro de muy pocos meses vamos a ver las realidades y, sin duda, el equipo del señor Ministro del Interior va a seguir trabajando con ahínco para dar solución rápida y definitiva a este tema. También debemos considerar -porque se ha hablado del tema general de las cárceles y de la seguridad- que ha habido un aumento de la cantidad de reclusos que trabajan y estudian, precisamente, a través de la aplicación de la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, la Nº 17.897; se duplicó la cantidad de personas privadas de libertad en plazas laborales, se triplicó la cantidad de docentes asignados a las unidades penitenciarias, etcétera. Como decía el señor Ministro, aproximadamente 800 reclusos se beneficiaron de este régimen debido a esta ley, que tampoco fue una panacea pero representó un alivio muy importante. Asimismo hubo avances importantes en cuanto a los convenios que hizo el Ministerio del Interior con ASSE, Ministerio de Salud Pública, para la atención de las personas privadas de libertad en el COMCAR. Asimismo, 500 funcionarios penitenciarios ingresaron en ese período, se compró tecnología para una mejor gestión penitenciaria -esto fue muy importante- y se fortaleció el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, un instrumento esencial para guiar al recluso una vez que obtiene su libertad. Reitero algo que decía el señor Ministro: la reincidencia de las personas liberadas por la ley de humanización de cárceles se sitúa entre un 26% y un 28%, en contraposición a la reincidencia natural de los presos que salen en libertad, que es de entre el 60% y el 65%. Aclaro que yo no considero el Gobierno que presidió Tabaré Vázquez por un lado y el que preside el compañero José Mujica por otro. Los considero como un todo porque es una continuidad, como se ha expresado. En ese sentido, los avances de la asignación de recursos han sido importantes. Esto está, por supuesto, a disposición de todos los señores parlamentarios en el Presupuesto quinquenal y demuestra que las inversiones destinadas al Programa de Administración del Sistema Penitenciario Nacional se incrementaron en el período 2005-2009 en un 51% con respecto

al período 2000-2004. Además, como dijo el señor Ministro, en 2002 hubo recursos muy importantes para el sistema penitenciario que alcanzaron los $ 179:000.000, pero fueron superados en el año 2009 con una cifra de $ 193:000.000 en valores constantes. Esto indica con absoluta claridad la forma en que se ha trabajado. En conclusión, ha habido un incremento importante de recursos para la seguridad -de un 76% en términos reales en el quinquenio anterior- y para el personal policial, que también es atendido por el MIDES y los Ministerios de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hubo más presupuesto para la construcción de cárceles, similar al que se asignó durante los quince años anteriores. También se produjo un aumento importante en la cantidad de policías, mucho más importante que en los veinte años anteriores. En el quinquenio hubo un incremento de 2.224 efectivos y el salario real de la policía tuvo un incremento importante, que alcanzó el 55% en el caso de los Agentes de Segunda. Por todas estas razones vamos a apoyar con absoluta convicción la moción que se ha hecho llegar a la Mesa en cuanto a que resultan satisfactorias las explicaciones dadas por el señor Ministro Eduardo Bonomi y la exposición realizada por él. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky. SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señora Presidenta: dado lo avanzado de la hora y la enorme cantidad de información que se ha vertido en Sala, trataremos de referirnos en la forma más sintética posible a este tema que por su delicadeza, naturalmente, nos ha sensibilizado a todos. Ese ha sido el norte del Partido Colorado en lo que hace a esta interpelación. Previamente a ingresar en el tema, queríamos hacer una reflexión respecto al punto de las responsabilidades, que ha sido recurrente a lo largo de estas horas. El señor Diputado Orrico se refería a lo que yo definiría como una suerte de responsabilidades retroactivas que, a nuestro juicio y sin exagerar ni pretender ser alarmista, de alguna forma, también perjudican el funcionamiento de este Parlamento y, por tanto, dañan -no sé en qué grado- la democracia. No

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es posible que todos los temas importantes, trascendentes o sensibles deban ser analizados por el Parlamento en función de lo que pasó hoy, sino también de lo que pasó hace cinco años, de lo que pasó hace quince años y de lo que pasó hace veinticinco años. Es un esquema perverso que no permite que este Parlamento aborde los temas, concretamente, refiriéndose a la cuestión, yendo al punto, tratando de saber qué pasó, cómo sucedió y quiénes son los responsables. No es posible que cada vez que en esta Casa se aborde un tema de la sensibilidad y de la trascendencia del que se discutió durante todas estas horas, en lugar de profundizar en los hechos en sí y en lo que este Parlamento y los uruguayos ahora y acá quieren saber, de alguna forma se confunda con la historia y los antecedentes políticos del propio país. Es un esquema perverso, porque aquel que trate de salirse, necesariamente parecería estar condenado a ser acusado de intolerante o de agraviar la civilidad. El país y la democracia no resisten que cada episodio o hecho trascendente sea mirado a través del cristal de los últimos veinticinco años. ¡No es así! ¡Se murieron doce reclusos en una cárcel, y eso pasó aquí y ahora! Y lo que pasó en los Gobiernos anteriores será responsabilidad de quienes los ejercieron, como fue responsabilidad de quienes estaban en el Parlamento correspondiente haber reclamado responsabilidad en ese momento. (Murmullos) ——Por tanto, señoras Diputadas y señores Diputados que se alarman quizás por la vehemencia y la pasión con que nos expresamos, no estamos hablando solamente de doce muertos sino también del funcionamiento democrático que, a través de un esquema perverso, está distorsionando el accionar de este Parlamento que representa a todos los ciudadanos. Decíamos que en materia de responsabilidades lo cortés no quita lo valiente, y el señor Ministro sabe, y sabe bien, cuánto hemos dado y contribuido a la hora de discutir la ley de emergencia carcelaria, pero creemos que la responsabilidad política va mucho más allá del ámbito judicial o administrativo. Quiero señalar y rescatar a alguien que, de entrada nomás, asumió las responsabilidades, y lo dijo claramente: “No voy a decir nada porque los familiares merecen respeto; fue un accidente que se podría haber evitado”. Esto lo afirmó el Presidente Mujica el 8 de julio en radio “Centenario”. “No podemos ignorar

que tenemos una dolorosa responsabilidad que nos toca y que nos corresponde como Gobierno”; audición radial “Habla el Presidente”, Presidente José Mujica. Creo que el Presidente, quien muchas veces nos sorprende y nos encierra en el dilema político por la razón que le asiste y por la forma como se expresa, de entrada nomás, dejó las cosas claras y asumió la dolorosa responsabilidad. Personalmente, creo que de alguna manera honro al señor Ministro Bonomi cuando digo que es, sin ningún lugar a dudas, el primer responsable de los hechos acaecidos en la cárcel de Rocha, porque es Ministro y porque creo que está haciendo un buen Ministerio, y flaco favor le haría si simplemente aceptara en este difuso debate a través del cristal de los veinticinco años que la responsabilidad no lo alcanza. Es más: creo que no se trató de un accidente, de un siniestro, de mala suerte ni de una casualidad, sino de imprevisión, de negligencia y de desidia, palabras que se pronunciaron reiteradamente en esta interpelación. Esa imprevisión, esa negligencia y esa desidia son, sin duda, en este momento, acá y ahora, de las autoridades, y la responsabilidad política es del Ministerio, por omisión. Si la situación fue advertida y denunciada por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario desde 2005, es claro que los tres aspectos que acabo de mencionar se dan perfectamente. Y si alguien no entiende bien de qué estoy hablando, le digo que negligencia es la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño; es la falta de cuidado, o descuido, que implica un riesgo para uno mismo o terceros, y se produce por la omisión del cálculo y de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. En el mismo sentido, la imprevisión es la falta de previsión, la omisión por no adoptar medidas para evitar que algo previsible ocurra. Y la desidia es la falta de cuidado e interés; es también falta de esfuerzo o dedicación para realizar las tareas necesarias o prescritas. ¿Esto representa un ataque personal al señor Ministro? No. Esto apunta a toda la cadena de mando. El incumplimiento de la Ley Nº 15.896, como dijimos durante la Comisión General, de Prevención y Defensa contra Siniestros, se ha concretado, así como el incumplimiento del Decreto Nº 333/000. Es claro que existe responsabilidad y es claro que el señor Ministro Bonomi, y la cadena de mando, son alcanzadas. Entre tantos temas que se han abordado, desde hormonales hasta cinematográficos, se ha menciona-

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do una película de Kurosawa; y quien lea la versión taquigráfica de esta interpelación advertirá que en esa película que bien cita el señor Ministro, “Rashomon”, hay tantas versiones como actores y muchos significados para la misma expresión. Por último, quiero decir que la negligencia, la imprevisión y la desidia, más allá de sus propias definiciones, están dadas porque en estos días se adoptaron medidas en otras cárceles que hubieran prevenido los hechos ocurridos en Rocha. En este caso, hubo recursos, que no surgieron de la ley de emergencia carcelaria. Para estos establecimientos hubo voluntad, atención y rápidamente se logró tomar medidas. Por lo tanto, si fue posible adoptar medidas después de las doce muertes, entonces, es claro que lo que pasó en Rocha fue, naturalmente, fruto de la imprevisión, de la desidia y de la negligencia, y así debe ser asumido. ¿Son insatisfactorias las expresiones vertidas en Sala por el señor Ministro Bonomi? Sí, lo son, no en el sentido de que no haya estado dispuesto a darlas, de que no haya venido a encarar al Parlamento a decir la verdad, su verdad y la del Ministerio, no en el sentido de hacerlo sentir culpable o de hacerlo culpable; es responsable porque, luego de acaecidos estos hechos, adoptó medidas que si se hubieran aplicado veinticuatro horas antes del incendio hoy no habría madres, padres ni hermanos lamentando la pérdida de ciudadanos que estaban bajo la responsabilidad directa del Estado, y que este Parlamento tiene el deber, más allá de las discusiones político partidarias y de la discusión histórica, de amparar. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Nicolás Pereira. SEÑOR PEREIRA (don Nicolás).- Señora Presidenta: podríamos pasar horas leyendo informes de la situación del sistema carcelario, en general, y de los diferentes establecimientos, en particular, por lo menos desde 1985 hasta ahora. El señor Diputado preopinante hablaba de negligencia de 2005 a esta parte en algunos establecimientos penitenciarios de nuestro país, y se refirió al informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Sin duda, desde 2005 a esta parte es mucho más fácil encontrar informes sobre la situación del estado penitenciario uruguayo en la medida en que se formalizó e instituyó la figura del Comisionado Parlamentario, quien trabaja

en la órbita de este Parlamento y en forma independiente. Para encontrar antecedentes de la situación del sistema carcelario uruguayo antes de 2005 había que remitirse a comisiones especiales, como la Comisión Tommasino, que trabajó durante 1996, a la luz de la Ley Nº 16.707, de seguridad ciudadana, y a los informes de diversas organizaciones de derechos humanos. En virtud de la hora, me voy a referir a los temas centrales y dejo otros por el camino, porque si entramos en lo particular tendríamos que hablar del porqué de las “ranchadas” de 1985 hasta ahora, del porqué de los colapsos de los sistemas sanitarios y eléctricos desde 1985, o desde antes, hasta el presente, de por qué se usan en nuestras cárceles desde hace tanto tiempo los sistemas de calefacción mencionados. Seguramente, podríamos decir que muchas de las recomendaciones de la Comisión Tommasino de 1996 recién se empezaron a llevar adelante en el Período de Gobierno anterior y en el actual. Por ejemplo, el punto 5) de las recomendaciones que hace la Comisión Tommasino habla de “Denuncias informales pero frecuentes de corrupción, consumo de drogas y alcohol […]”. A esto habría que agregarle en el momento actual la proliferación de todo tipo de sustancias, en todo tipo de cantidades, y de todo tipo de armas en los establecimientos carcelarios uruguayos. Dije que recién se está dando solución a estos temas porque, a la brevedad, va a ingresar al Parlamento un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que intentará dar cuenta de estos problemas de corrupción, atendiendo por lo menos uno de sus aspectos, que es el referido a la guardia perimetral y al control del ingreso -hasta de los funcionarios policiales- a los establecimientos carcelarios. Pero entremos al tema con un abordaje más general y no tan particular. Entonces, necesariamente tenemos la obligación de analizar cómo se llega al estado de hacinamiento actual del sistema carcelario uruguayo. En ese sentido, debemos remitirnos a las leyes, empezando por la Ley N° 16.707, de seguridad ciudadana, del año 1995. A partir de ella, y hasta el año 2005, hemos transitado por un camino permanente de aumento de las penas y de creación de nuevas figuras delictivas. Sin lugar a dudas, esto hace al estado de situación del sistema penitenciario actual; sin lugar a dudas, esto se ve reflejado en la condición de hacinamiento actual.

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Cuando se debatió este proyecto de ley en el año 1995 en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, algún especialista llamó a esta situación la inflación penal. Brevemente debemos recordar algunos de los términos en los que se dio esa discusión parlamentaria. Para ello -a pesar de la hora-, me permitiré leer algunos pasajes de ese debate. El miembro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Cairoli, en aquel momento, luego de hacer un análisis de cada una de las nuevas figuras delictivas que se planteaban y de la extensión de las penas, planteaba que era contrario a la elevación de los topes de las penas ya previstas en el Código. Por su parte, la Cátedra de Derecho Penal, representada por los catedráticos Langón, Preza y Gonzalo Fernández planteaban a nombre del Instituto de Derecho Penal Uruguayo, y con un informe que le presentaron a este Parlamento elaborado por cuarenta especialistas en la materia, lo siguiente: “Nos parece que es absolutamente imprescindible garantizar la eficacia en la prevención y en la represión de los delitos. Esto no se logra necesariamente a través de textos normativos. Los textos normativos que tenemos, como el Código Penal y las Leyes Especiales, son amplios. El problema más grande -esto ha sido señalado desde siempre- es precisamente la inflación penal, es decir, la cantidad de leyes penales que no se aplican. En este punto no tiene demasiado sentido creer un poco mágicamente en la eficacia educadora de la ley penal o en su eficacia disuasiva, como si el delincuente fuera a tenerla en consideración […]” al momento de cometer un delito. Luego, continúa: “En el Uruguay es por todos conocido el perfil de la criminalidad. Aproximadamente el 75% o el 80% es delincuencia contra la propiedad. […] No tiene demasiado sentido crear nuevos delitos y nuevas figuras, ya que el problema no viene por ese lado.- El problema de la seguridad tiene mucho que ver con la prevención y en esta tarea está, en primer lugar, la Policía.- […] Por lo tanto, es imprescindible para la eficacia de la prevención y de la represión, la profesionalización, la tecnificación de nuestra Policía y la elevación de su nivel cultural y social a través también como es obvio -y ha sido una preocupación de los sucesivos Parlamentos-, de las remuneraciones que perciben sus integrantes, y de la educación de las Escuelas, que hacen una ímproba labor que habría que incrementar más”.

Varias de estas medidas recién se empezaron a adoptar en el Período pasado 2005-2010, a pesar de que a algunos colegas no les gusta discutir en estos términos. Más adelante, en esta misma Comisión, el doctor Preza planteaba lo siguiente: “El tema del fenómeno delictual es en sí mismo complejo, y en él influyen múltiples factores. El incremento punitivo que aquí se propicia no solucionará el problema, siempre que no confluyan otras medidas atinentes a encarar tan compleja cuestión. El fragmento de población que concurre a diario a los juzgados penales en calidad de indagados, lo integra en su inmensa mayoría gente pobre o marginada, y los delitos que se indagan son, en el 90% de los casos, ilícitos contra la propiedad.- Si no se adoptan políticas sociales tendientes a reducir el desempleo y asegurar vivienda decorosa y atención sanitaria a esos sectores de la población, la criminalidad seguirá aumentando inexorablemente, aunque se incrementen las penas.- Asimismo, mientras no se mejore la función preventiva y/o represiva de la policía, el delito seguirá actuando impunemente en las calles de Montevideo […]. Para que sea realidad la preconizada presencia policial en las calles, entendemos que es fundamental que se incrementen sustancialmente los sueldos de los funcionarios policiales, fundamentalmente de los agentes que cumplen el servicio en las calles de la capital”. Esto lo planteaba el doctor Preza en el año 1995. Cuando asume el primer Gobierno frenteamplista, el sueldo de un Agente de Segunda era de $ 5.300, y hoy es de $ 10.600. Quienes compartimos con los compañeros de la bancada del MPP la continuidad de los planteos que en aquel momento hacía nuestro querido compañero Marcos Abelenda en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración sobre los temas de seguridad, tenemos la obligación de mencionar lo que él expresaba, cuando argumentaba que iba a votar en forma negativa el proyecto de ley de seguridad ciudadana en general porque no compartía estos mismos aspectos que señalaban los catedráticos en los informes presentados. En ese momento, Marcos planteaba: “Ya desde el arranque el delito que es un efecto de la sociedad en que se produce depende en parte fundamental de las condiciones sociales y económicas que lo determinan”. En la parte final de su exposición, expresaba la necesidad de abordar la problemática también desde

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la óptica del Instituto Policial -como señalaban los magistrados-, y decía: “El suscrito considera que abordar el funcionamiento del Instituto Policial era el segundo campo de importancia que debía reflejarse en el contenido de un proyecto de esta naturaleza”. Señora Presidenta: en aquel momento, en aquella discusión en la que se hizo una modificación al grito al Código Penal, advertimos cómo la Cátedra y la mayoría del sistema político planteaban que para combatir la situación de delincuencia en la que se encontraba el país era imprescindible combatir las causas sociales del delito y fortalecer al Instituto Policial. Sin duda, también había que actualizar el Código Penal y el Código de Proceso Penal, pero no al grito. ¿Qué se hizo de todo esto, además de modificar el Código Penal? Esto nos lleva inevitablemente a analizar la evolución presupuestal, por lo menos en los últimos quince o veinte años, en materia de seguridad pública y, en particular, del sistema carcelario, y las políticas que se fueron implementando. Entre ellas -cuando se habla de que en 2005 hubo un pico en torno a procesados y encarcelados-, estaba el combate frontal a todo tipo de delito sin contemplaciones a nadie, a ningún tipo de delito. ¡Por supuesto que defendemos una gestión, por más que algún colega plantee que no deberíamos encarar este tema desde este punto de vista! Defendemos una gestión porque defender el rumbo que se inició hace ya seis años implica tratar de impedir que situaciones como la que se dio en Rocha hace unos días, y algunas otras de menor cuantía pero de igual dolor, sigan sucediendo. Porque plantear este tema en todos sus términos, plantear esta realidad que tiene el sistema carcelario uruguayo y decir: “Este bicho existe” -no aludo al señor Ministro- es una necesidad que tenía el sistema político uruguayo desde hace muchísimos años. En este sentido, el señor Diputado José Carlos Cardoso -quien en este momento no se encuentra en Sala- leía los términos en los cuales la peculiar pluma del Senador Fernández Huidobro planteaba en 2009: “Este bicho existe”. Para esto se aprobó la ley de emergencia carcelaria que envió nuestro Gobierno -antes de los lamentables sucesos de Rocha-, que implica una inversión extrapresupuestal de US$ 15:000.000 para mejorar el sistema carcelario y que incluye la contratación de 1.500 efectivos. Se trata de 1.500 efectivos en un sistema que actualmente tiene unos 2.000. Nunca se hizo algo así en este país,

señora Presidenta. A esto hay que sumar los traslados, los alquileres de los locales para los posibles traslados, reacondiciomientos, etcétera. Y la política arrancó hace seis años; por supuesto que arrancó hace seis años. En el último Período de Gobierno se crearon 2.200 plazas de un total de alrededor de 7.000 que hay en este país. Quiere decir que el 30% de las plazas carcelarias que hay en Uruguay se crearon en el período pasado. Además, se crearon 500 cargos para trabajar en el sistema penitenciario. Esto quiere decir que el 25% del personal que trabaja en el sistema penitenciario se creó en el período pasado. Cuando termine este período, seguramente el 50% del personal penitenciario habrá sido creado en los últimos diez años. Como ya se dijo en Sala, la densidad carcelaria bajó de 198% a 132%. Sin lugar a dudas falta y hay que llegar a menos del 100%, por más que se establezca 120% como cifra razonable. Ahora bien, para aplicar las medidas previstas, para transitar por un camino de resocialización -como bien planteaba el señor Diputado Orrico hace un ratose necesita previamente abatir el hacinamiento. Sin lugar a dudas, en el período anterior se trabajó en abatir el hacinamiento. ¿Por qué pongo el énfasis en que este es un proceso de seis años? Dice la oposición que en el período de Tabaré se hizo poco. Lo que se hizo en el período de Tabaré en materia de nuevas plazas, más funcionarios… (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Redondeo, señora Presidenta. Reitero que lo que se hizo en el Gobierno de Tabaré fue más de lo que se hizo en los últimos quince años en el sistema carcelario uruguayo. Considerando que las prioridades político programáticas que expresó el Frente Amplio en la campaña de 2004 fueron infraestructura, reforma de la salud, inversión en educación y combate a la pobreza -no voy a pedir a la bancada del Diputado interpelante que entienda los temas de seguridad y de combate a la pobreza incluidos en una visión amplia de la seguridad; sabemos que tiene una visión un poco más restrictiva… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía, señor Diputado.

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19.- Integración de Comisiones.
Dese cuenta de la integración de Comisiones. (Se lee:) “La Comisión Especial de Población y Desarrollo estará integrada por los Representantes Nacionales Berta Sanseverino, Felipe Michelini, Julio Bango, Susana Pereyra, Juan Carlos Souza, Doreen Javier Ibarra, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón, Mario Silvera, Juan Manuel Garino y Gustavo Cersósimo”.

Elucidar estas realidades es imperiosa y urgentemente necesario para dar a dicha población las garantías inherentes a todo ser humano, a los efectos de que se cumpla la condena en el tiempo requerido para rehabilitarse y para insertarse como ciudadano libre, útil a la sociedad que integra, de modo que el tiempo no obligue a los reclusos a sobrevivir en condiciones infrahumanas, transformándolos, de esta forma, en seres humanos llenos de odio social. Esta situación es inaceptable. Voy a leer fragmentos del discurso que el señor Presidente del Gobierno anterior pronunciara en la escalinata del Palacio Legislativo: “Este gobierno será un gobierno de cambios, cambios necesarios porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles, y un estilo de gobierno al cual también la historia le pasó por arriba”. “[…] Cambios posibles, trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad […]”. “[…] Cambios responsables, y de esto, no tenemos que dar muestras, ni cuentas a nadie, porque así va a ser […]”. “[…] libertad para ser felices, uruguayas y uruguayos, disfruten […] el respeto a los derechos humanos”. Voy a mencionar las últimas declaraciones que hiciera el ex Presidente, doctor Tabaré Vázquez, al referirse al incendio de Rocha. Vázquez dijo que le duele en el alma que doce personas hayan fallecido tras el incendio de la cárcel de Rocha. “Recibimos una situación, no la creamos”, dijo el ex mandatario. Y agregó que cada uno debe hacerse responsable de lo que le toca porque es la situación que recibió cuando asumió como Presidente; venía de antes. Señor Ministro: ¿se puede explicar cómo desde el 1° de marzo de 2005 hasta hoy se considera que no pasó el tiempo? De estas declaraciones lo único que puedo concluir, si se me permite, es que todo lo que se criticó de los anteriores gobiernos tradicionales y prometieron cambiar, se calificó como heredado, y nada más se hizo en estos cinco años y medio de gobiernos progresistas. En vez de modificar lo que se criticó y se usó como caballito de batalla, se incrementó y aún sigue igual; se sigue echando culpas a otros sin evaluar las propias. Hay que dejar de lado la hipocresía. No tratemos a los uruguayos de tontos. ¿Cuántos años más deben pasar para que se consideren responsables por lo que no se ha logrado, por lo que no se ha hecho?

20.- Hechos ocurridos en la cárcel de Rocha. (Llamado a Sala al señor Ministro del Interior).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra la señora Diputada Matiauda Espino. SEÑORA MATIAUDA ESPINO.- Señora Presidenta: según el último informe presentado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, casi tres cuartas partes de los presos internados en las cárceles uruguayas son menores de treinta y cinco años; casi tres cuartas partes del total de la población presidiaria aún aguarda sentencia definitiva que los absuelva o condene; aproximadamente 9.000 es el total de presos que se alojan en nuestras cárceles, 93% son hombres y tan solo 7% son mujeres, aunque se alcanzó ese porcentaje femenino porque entre el año 2006 y el año 2009 la cantidad de mujeres presas aumentó un 59%. Estos datos son muy relevantes si consideramos las políticas sociales instrumentadas en el pasado Gobierno, tales como el ingreso ciudadano, las asignaciones familiares extendidas, el Plan de Equidad y las PYMES para mujeres jefas de hogar; estas apuntaron a dar un vuelco sustancial en el perfil social que, según el Gobierno anterior, fue una de las herencias malditas. El Estado es responsable de las garantías de las personas privadas de libertad. Esto prevé que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material del Estado para garantizar la vida y la integridad personal de los reclusos. Ello implica que el Estado, como actor responsable de todo lo expuesto, debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de situación que atente contra los derechos fundamentales de los detenidos.

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Reconocer nuestros errores es un sano comienzo porque para mejorar debemos saber en qué nos equivocamos. Cuando dejemos de sacar rédito político de temas que son de relevancia nacional y que nos involucran a todos como uruguayos, entre todos podremos encontrar las soluciones. Es hora de dejar banderas de lado y de trabajar unidos, como uruguayos que somos, por los uruguayos que nos votaron. Mi intervención no lleva implícita la intención de sancionar sino de buscar soluciones, de lograr, en definitiva, la aplicación de acciones positivas, enfocadas a contener y prevenir. Mi intención está muy lejos de buscar un rédito político; intenta, entre otras cosas, ahondar en un gran hueco que yo siento que nuestro Ministro Bonomi ha dejado visiblemente expuesto en sus declaraciones respecto de los hechos lamentables acaecidos el 8 de julio. Me gustaría compartir con ustedes algunas declaraciones realizadas en diferentes medios por familiares de fallecidos en el incendio. Voy a transcribir literalmente algunas de ellas: “Los dejaron morir, sí. No, no los dejaron morir, los mataron!- Para mí esto es un asesinato.- Porque lo que le hicieron a mi hijo y a los otros muchachos, es totalmente fuera de lo normal. No puede pasar acá, ni en ninguna cárcel del mundo, porque por más que hayan cometido delitos, yo pienso que somos todos seres humanos! y es lo que tiene que predominar, por encima de todas las cosas”. Dice otro testimonio: “A mí me avisaron a las 8.00 de la mañana, que supuestamente había habido un incendio en la cárcel y nada más. No me dijeron, ni que mi hijo estaba muerto, ni nada por el estilo. Tuve que esperar horas para que recién se dignen a decirme que podía ver a mi hijo, y me pidieron, si podía reconocerlo”. Les comento otro: “Mi hijo no era un delincuente, mi hijo estaba enfermo, era drogadicto, debía rehabilitarse, no merecía morir quemado vivo, mi hijo jamás le hizo mal a nadie, se había hecho daño él mismo, lo querían todos”. Y puedo aportar otro testimonio: “La responsabilidad, no la encontraremos buscando culpables en la policía, esa es la parte más débil de la cuerda, seamos honestos la responsabilidad es del gobierno todo, me refiero a los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, el Poder Judicial que tiene seres humanos sin sentencia, purgando en

cárceles infrahumanas, el Poder Legislativo a través de todos los legisladores, que deben implementar garantías”. Convengamos, señores parlamentarios, representantes de distintos sectores de la sociedad uruguaya, que somos ante todo seres humanos, padres, hijos, hermanos, y como tales somos capaces de comprender el dolor de otro padre, otro hijo, otro hermano. ¿Existe alguien en esta Sala que no comprenda qué se siente al ver carbonizado a un hijo, a un padre, a un hermano? ¿Existe alguien en esta Sala que ignore el daño que provoca la duda? Ni la verdad más cruel hace tanto daño como la propia duda. ¿Existe alguien en esta Sala -incluso el señor Ministro Bonomi- que no sienta que esto no puede volver a suceder más? Todos nos sentimos sensibilizados como seres humanos dignos y responsables por el dolor que sienten las familias de estas víctimas de este triste 8 de julio. Todos comprendemos la angustia y el temor que estarán sufriendo los que se encuentran hoy en iguales condiciones que aquellos doce muertos, expuestos a un mismo posible final. Estamos a veinte días de una de las tragedias más lamentables. Me pregunto, al igual que toda la población, qué ha hecho el Gobierno en su gestión. Y, por favor, suplico que no se me responda con números ni porcentajes, porque mi pregunta es sencilla y clara, y lejos de estadísticas y gráficas lo que busco es simplemente humanidad. ¿Qué se ha hecho para contener el dolor de estos familiares? ¿Qué ha hecho el señor Ministro para que no vuelva a repetirse un hecho similar? Estamos hablando de la muerte por negligencia, de doce vidas, de doce muchachos que tenían derecho a vivir dignamente. Durante sus últimos días estaban pagando una deuda a la sociedad y no solamente se les privó de la libertad, sino que fueron privados de la dignidad. Señor Ministro: doce personas hacinadas murieron, sufriendo cada minuto de sus días. Ir a la cárcel hoy significa vivir en condiciones infrahumanas. Dígaseme cómo miraremos a la cara a esas familias que perdieron mucho más que un ser querido: perdieron

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la fe en nosotros y en los principios democráticos en que se funda nuestra jurisprudencia. ¡No podemos permitir que se pierda la fe en nuestro país! Nosotros estamos para velar por los derechos de nuestros doce muchachos, doce vidas que no solo debíamos rehabilitar sino que debimos proteger. Hubo negligencia y eso nadie lo puede negar. Diferentes factores contribuyeron a esta cruel realidad; somos conscientes de ello. No aceptemos que se repita algo similar. Concienticémonos de todos los peligros en potencia que se acumulan al vivir en condiciones infrahumanas. ¿Qué se está haciendo para enmendar y garantizar la estabilidad emocional de quienes sufren la pérdida de sus seres queridos por falta de seguridad y calidad de vida dentro de esas cárceles? ¿Qué hacemos por quienes sufren el temor de estar expuestos a similares condiciones de peligro? ¿Vamos a esperar a que esto se repita? Dicho esto, me gustaría formular al señor Ministro las siguientes preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué vía de acción urgente ha tomado el Gobierno para contener a estas tristes familias dolidas? ¿Qué se está haciendo para que otros seres humanos no estén expuestos a similar realidad? Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Garino Gruss. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: voy a tratar de ser lo más sintético posible dado que son las dos de la madrugada y muchos están cansados. Quiero compartir la sensación que me dejó el abordar este tema que, obviamente, tiene una cuestión presupuestal de fondo y hace a la historia de la vida del país. Algunos hablan del año 1985, otros hablan de fechas más o menos cercanas, pero el tema no es nuevo. Se hablaba de que la cárcel de Rocha es vetusta, del siglo XIX. El ex COMCAR es del año 1986; más o menos están todos los centros de reclusión deteriorados, a través de los años han sufrido carencias y están en situaciones precarias que han llevado a la emergencia carcelaria que hoy tiene nuestro país.

La pregunta recurrente es cuándo comienza el deterioro. Esa es la gran pregunta que surge a todos los legisladores, es uno de los grandes temas de debate de hoy y es difícil de contestar. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa solicita a los señores legisladores que están de pie que tomen asiento, y que las distintas reuniones que hay en este momento en Sala se realicen fuera de la Sala, para continuar la sesión en orden, ya que todavía quedan anotados en la lista de oradores. Puede continuar el señor Diputado Garino Gruss. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: no se puede analizar el tema de las cárceles en forma genérica. Nadie pretende que en ciento cincuenta días de Gobierno se solucione el problema de un día para otro, ni tampoco en una Administración, es decir en un período quinquenal. Por eso quiero rescatar que todos hemos votado la ley de emergencia carcelaria porque todos los legisladores y todo el sistema político nacional estaban de acuerdo con que había un problema de emergencia carcelaria. Eso no está en duda. Tampoco lo está el hecho de que la emergencia carcelaria puede dividirse en dos temas: derechos humanos y seguridad pública; lo dijo días pasados el señor Ministro en esta Casa. Todos los Partidos hemos acordado elaborar un documento de seguridad pública; algunos temas no se acordaron y, por ende, quedaron por fuera, pero hubo una línea. Entonces, hoy en día, después de transcurrido alrededor de un año de las elecciones en las que la ciudadanía nos votó, luego de que asumió un nuevo Presidente y hubo un recambio de autoridades, hay un compromiso nacional y, en definitiva, se encaró debidamente el tema en forma genérica, fue bien encarado por parte de la autoridad ministerial, por el Gobierno en general y por el sistema político todo. Pero hoy venimos aquí por el tema puntual de la cárcel de Rocha, y quiero empezar por señalar algunos matices que hacen a la discusión. Antes que nada, uno, como legislador, trata de ser lo más responsable y diligente posible, y empieza a hacerse de información, a llenar carpetas, a leer informes, etcétera. Una de las carencias que hubo tiene que ver con la versión taquigráfica de la sesión celebrada en régimen de Comisión General. Se hizo un intermedio y luego de que se reanudara la sesión, el señor Diputado

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Gandini sugirió que el “Power Point” y otros medios informáticos que se habían compartido se incorporaran a la versión taquigráfica, pero los solicité más de una vez y no se me han facilitado. Otro tema que ha surgido y que, en definitiva, lleva a la falta de información de los legisladores, es la ausencia de ese protocolo de contingencia. El señor Ministro informó en la sesión en régimen de Comisión General que se siguió un protocolo, que fue llevado adelante con éxito. Yo me dije: “Bueno, vamos a hacernos de ese protocolo y analicémoslo”. No lo conseguí. Pero me di cuenta de que el Parlamento tiene un auxiliar en estos problemas, que es el Comisionado Parlamentario. En estos días —el lunes o el martes, no recuerdo bien— le pregunté por el protocolo de contingencia y me dijo: “Ese protocolo no lo tengo”. Así que la carencia de información es notoria; es un matiz más que hace a la discusión de esta sesión. Pasando al tema de los derechos humanos — como bien dije, se puede encarar esta cuestión desde el punto de vista de la seguridad pública y también desde la óptica de los derechos humanos—, diré que el sistema uruguayo tiene dos formas de ejercer prevención en materia de derechos humanos. Una es, precisamente, la que tenemos aquí: el Comisionado Parlamentario; la otra es la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuya creación fue dispuesta por la Ley Nº 18.446. Esta Ley está vigente desde enero de 2009; hace un año y medio que esa Ley está vigente en el Uruguay. Entonces, hay una Institución Nacional de Derechos Humanos que está destinada a vigilar si se están violando los derechos humanos en el Uruguay, sobre todo, con una óptica dirigida directamente hacia el sistema carcelario… SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GARINO GRUSS.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: me anima a pedir una interrupción la posibilidad de abreviar rápidamente algunas cosas que quería decir. Hace un momento se leyó parte del discurso que el ex Presidente Tabaré Vázquez pronunció en la escalinata del Palacio Legislativo. El doctor Tabaré Vázquez también supo decir otras cosas; entre ellas, dijo que el que creyera que en cinco años resolveríamos

todos los problemas del país no nos votara. Es así. En un país en el cual el sistema carcelario, no unificado, tiene cárceles vetustas no solo en Rocha sino en muchos más departamentos —hablo de cárceles que datan, no del siglo pasado, sino del anterior—, resulta difícil, en tan poco tiempo, poder solucionar de alguna manera estos problemas. ¡Bienvenida la sensibilidad por los derechos humanos! ¡Bienvenida! Me parece bárbaro que en este ámbito se esté hablando de derechos humanos; en la Legislatura pasada me tocó ser miembro informante de cuatro importantes proyectos de derechos humanos y los informé en medio de un ruido absoluto y ante una absoluta falta de atención. Haré dos apreciaciones más. En el Gobierno pasado se hicieron cosas en materia de cárceles; no voy a relatarlas todas porque el tiempo no me daría, pero quiero referirme a dos que tienen que ver con los derechos humanos. Este librito que se llama “Manual básico informativo para personas privadas de libertad” se editó en 2007 y se repartió a toda la población carcelaria para que tuviera conocimiento de sus derechos; incluye información sobre derechos y obligaciones; régimen progresivo de reclusión; oportunidades laborales, educativas y recreativas; visitas; salidas transitorias; traslados; redención de penas; Comisionado Parlamentario -también se creó ese cargo en la Legislatura pasada-, y atención pospenitenciaria. Como mi intervención será breve, antes de terminar quisiera referirme a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ojalá este año podamos poner en práctica, porque el compromiso establecido a texto expreso es que comience a funcionar en la Legislatura siguiente a su aprobación. Entonces, estamos en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque fue votada en un momento muy particular, en el que no se podían hacer asignaciones salariales, pues el marco constitucional lo impedía en virtud de que estábamos en año electoral. Ojalá todos los Partidos Políticos que integran este Parlamento asuman la responsabilidad que implica la Institución Nacional de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo, que será una herramienta importante para seguir avanzando en todos los temas vinculados con la defensa de los derechos humanos. Gracias, señor Diputado. Gracias, señora Presidenta.

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SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Garino Gruss. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: yo me referí a hechos objetivos. Hay una Ley, la Nº 18.446, por la que se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no ha sido integrada. En ese sentido iba mi aporte, y si ayuda a generar conciencia de que esa institución no está integrada, bienvenido sea. Otro punto de vista que quiero compartir -del que ya se habló- es el relativo a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Hay una disposición que dice que cada inmueble, para estar en condiciones de funcionar, debe contar con la habilitación de la mencionada Dirección. Me permito discrepar con el señor Ministro, que hizo una comparación que no corresponde al decir que habría que desalojar el Palacio Legislativo porque tampoco tiene esa habilitación. Yo creo que hay que administrar lo que se tiene de la mejor manera posible. Días pasados -no sé si el lunes o el martes- se movilizó a 26 o 27 reclusas en una sola jornada; tal vez habría que empezar a hacer determinados movimientos a nivel del sistema carcelario y, de a poco -aunque sea, de a uno-, ir consiguiendo la habilitación correspondiente de la Dirección Nacional de Bomberos. Además, como lo señaló el señor Diputado José Carlos Cardoso, del Parlamento podemos irnos, pero de la cárcel no, como vimos en el video; por eso digo que es una comparación que no corresponde. Además, el mensaje que le damos a la ciudadanía es bastante complejo. Por un lado, estamos diciendo: “Usted tiene que tener habilitación de Bomberos porque si no, le cobramos una multa”; por otro lado, muchos establecimientos del Estado no tienen habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Entonces, en definitiva, el mensaje es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo creo que es injusto para la ciudadanía y, más aún, para los presos. También quiero compartir con ustedes algunas cifras. En algún momento se habló de los gastos en que incurrió cada Gobierno; yo quiero referirme a eso, pero teniendo en cuenta el índice de Producto Interno Bruto de cada Gobierno. Voy a tomar como referencia 1999, al que adjudico valor 100, y considerar los años 2001, 2002 y 2003. A 2001 corresponde 104; a 2002, 102, y a 2003, 100. Esto es para el Ministerio del In-

terior. En el mismo rubro, pero para los años 2006, 2007 y 2008 corresponden los siguientes datos: 96, 95 y 98, respectivamente. O sea que es levemente inferior, pero inferior, al fin. Era un matiz que quería agregar a la discusión, a efectos de que se tuviera en cuenta. En cuanto al tema de fondo, lo he seguido atentamente, he escuchado a los legisladores y he visto los videos. No soy experto en temas de incendios, pero creo que en ese sentido se ha hecho un buen aporte tanto en la sesión en régimen de Comisión General como en esta, y hay que destacarlo. De todos modos, me parece que hay cuatro aspectos que podrían haberse contemplado dentro del presupuesto, pero no fue así; me refiero a las “ranchadas”, a la instalación eléctrica precaria, a la falta de elementos para luchar contra los fuegos cuando se producen -bomberitos o extintores-, y a los calefactores caseros. Con respecto a las “ranchadas”, aparecen en múltiples informes e inclusive en comunicaciones de toda índole que se han repasado en esta Sala. El Comisionado lo detalla y se especula con que los calefactores caseros calentaron las frazadas -como sucedió en la exposición que escuchamos más temprano- y, en definitiva, eso ocasionó el incendio. La instalación eléctrica es de una precariedad notoria; se está esperando que ocurra un cortocircuito, lo que es inminente. Es una bomba de tiempo, como alguien dijo. En cuanto a los bomberitos, el señor Ministro Bonomi en la sesión celebrada en régimen de Comisión General expresó que el protocolo se cumplió a la perfección. El protocolo del 19 de setiembre de 2009 obedece a la Circular 8/09, del 1º de setiembre de 2009, que se adoptó con posterioridad a los incendios del 24 de agosto de 2009. Eso hay que decirlo también. En el literal C) se dispone -leo textualmente-: “Verificar que en los elementos portátiles (extintores) se encuentren vigente la carga”. Entonces, en ese aspecto el protocolo falló. En definitiva, no se cumplió con ese protocolo ni con la circular que lo origina. Asimismo, me pareció insatisfactorio que se dijera que no se necesitaba un extintor cuando la circular prevé que sí existan. También se adujo que hay un tema presupuestal para tomar medidas y me refiero a las que ahora se están tomando. Voy a leer un párrafo de un artículo

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de “Brecha” del 23 de julio de 2010. Se le pregunta al Ministro cuándo se pueden tomar medidas para solucionar los cuatro puntos -repito: “ranchadas”, calefactores, bomberitos e instalación eléctrica precaria- y él dice —y leo textualmente—: “Ahora tenemos los recursos, antes no los teníamos. Ahora estamos evaluando precios de telas incombustibles para sacar las ‘ranchadas’ y hacer subdivisiones con esa tela. Hoy hablamos con una empresa recomendada por UTE para hacer instalaciones seguras”. También habla de sustituir los calentadores caseros. Entonces, él aduce un tema netamente presupuestal, pero me permito discrepar porque creo que se tenía presupuesto. En el período 2004-2009 se ejecutó el 90% del Presupuesto correspondiente al Ministerio del Interior; repito, el 90%. Entonces, me permito discrepar y pienso que se tenía presupuesto. Está claro que no se puede atacar el sistema carcelario en general de la noche a la mañana y por ahí se requiere mayor presupuesto, como los US$ 15:000.000 extras, con lo que estamos dispuestos a colaborar y hemos votado -pero para esas cuatro o cinco cosas- a fin de ir tomando medidas de emergencia previstas en reiterados informes… (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Redondeo, señora Presidenta. Decía que se había informado sobre la situación, por lo que se pudo haber tomado medidas pero no se procedió en ese sentido oportunamente; ahora sí. Reitero que hice una lectura textual de “Brecha” del 23 de julio de 2010. Me quedan interrogantes para formular. Tenía previsto preguntar si la cárcel de Rocha tenía habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Eso ya fue contestado, ya se dijo que no; ahora hay que conseguirla. En cuanto a si se adoptaron medidas para sustituir las tolderías o “ranchadas”, se dijo que sí, pero con posterioridad, lo que ya estaría contestado. Si el señor Ministro quiere contestar esas preguntas, le concedo una interrupción y queda habilitado para hacerlo. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo. Tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta…

SEÑOR GARINO GRUSS.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CERSÓSIMO.- Sí, señor Diputado. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: otra pregunta que quería formular al señor Ministro era qué medidas se adoptaron para cambiar, mejorar o instalar una red eléctrica segura. Como vimos en el transcurso de la sesión -fue ilustrado con imágenesse estaban empezando a adoptar las medidas, pero luego de sucedidos los hechos. ¿Por qué no se tomaron medidas tendientes a mantener cargados los bomberitos, como lo dispone la Circular 8/09, de 1º de setiembre de 2009, que forma parte del plan de contingencia que se dijo se había llevado adelante a la perfección? ¿Por qué no se tomaron esas cuatro medidas si, para mí, había presupuesto? Como bien dijo el Ministro, se reconoció el problema y los noventa y nueve legisladores que integramos este Cuerpo también lo reconocemos; lo sabemos, lo conocemos. La cuestión pasa por reconocerlo y tomar las medidas a tiempo para que no sucedan estas catástrofes. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede continuar el señor Diputado Cersósimo. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señora Presidenta: queda poco por agregar a todo lo que se ha expuesto en Sala. Nos sumamos también a destacar lo positivo, tanto de la intervención del miembro interpelante como del señor Ministro y sus asesores, porque han arrojado luz sobre una serie de hechos y, sobre todo, nos han confirmado la necesidad de continuar con políticas de consenso como las que hemos adoptado en conjunto en la Comisión Interpartidaria sobre Seguridad. Sin embargo, voy a hacer hincapié en un punto y es que respecto de los instrumentos o realizaciones que se han reclamado ante la situación carcelaria, desde 1985 a la fecha, el país tiene un instituto como el Comisionado Parlamentario, que es un mecanismo legal adecuado para atender este problema. El propio Ministro se ha basado en el informe del Comisionado.

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Y las Naciones Unidas, a través del informe Nowak, ha dicho que es uno de los mecanismos que el país ha usado para atender este tema. De manera que se ha trabajado intensamente en este punto y allí está el foco de la cuestión. Los hechos de Rocha implican una situación objetiva de riesgo previsible. Ese es el tema, es lo que se trató en la Cámara y es lo que debemos considerar. El Comisionado Parlamentario, en su informe, establece: ‘La posibilidad cierta de incendio afecta a más del 80% de la población reclusa del país”. Y continúa: “En 2006 (‘Informe de Actuación y Evaluación de Sistema Penitenciario Nacional’, pág. 218) se advirtió el riesgo de incendio y se recomendó […] eliminar las ‘ranchadas”. Y dijo que era imperiosa la necesidad de tomar medidas de prevención urgentes, conjuntamente con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Bomberos. Además, expresa: “A ello se suma, en la generalidad del sistema penitenciario: la insuficiencia de medios para controlar focos ígneos, la escasez y recargo del personal de custodia, su incompleta capacitación, y la ausencia de directivas, protocolizadas y difundidas, para enfrentar situaciones de grave emergencia”. Ha quedado demostrado que no se ha seguido la indicación, observación o sugerencia del Comisionado Parlamentario en cuanto a la existencia y aplicación del protocolo, y es una de las razones fundamentales de las omisiones cometidas con relación a este hecho. Esa fue la causa de las muertes; eso ha quedado absolutamente claro. El incendio fue provocado por la existencia de las “rancherías” o toldos en el recinto carcelario. Todas estas recomendaciones que no se siguieron en Rocha, fueron hechas por el Comisionado conforme al artículo 4º de la Ley Nº 16.784 sobre Comisionado Parlamentario. También voy a dar lectura al artículo 4º porque determina en forma clara el traslado de la responsabilidad del hecho al Ministerio. Dicho artículo 4° establece: “Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa a la que se dirige deberá, dentro de los treinta días de notificada de las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.- Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación ade-

cuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere”. Nada de esto se hizo por parte de la Administración: no cumplió con las indicaciones ni dio una explicación por el hecho. El señor Ministro ha dado explicaciones, ha sido amplio en el enfoque de todo lo vinculado a la seguridad y a los temas carcelarios, ha tenido el apoyo de la oposición, ya que se acordaron políticas y soluciones legislativas para atender este asunto, y seguirá teniendo esa colaboración, apoyo y compromiso que hoy redoblamos y volvemos a asumir. También ha asumido la responsabilidad de los hechos, lo que enaltece la conducta del señor Ministro y determina que nosotros debamos seguir adelante con el análisis, trabajando para encontrar soluciones a estos problemas. De todas maneras, estos hechos son graves y constituyen un retroceso en la política de combate a la delincuencia, sobre todo, en la política y administración de justicia porque descalifica moralmente al responsable de administrar justicia y combatir la delincuencia. Fueron hechos muy graves que cobraron vidas humanas, en una situación objetiva de riesgo preexistente -se avisó a tiempo-, que para su solución -y así evitar estas desgracias- no requería de importantes recursos económicos ni de disposiciones legales, que sí estaban disponibles. Esto genera responsabilidades políticas, que es lo que aquí estamos tratando. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: a esta hora vamos a tratar de resumir nuestra exposición, que era mucho más extensa. Como se mencionó, tal vez se debería haber comenzado considerando la situación desde 1830 y no los últimos veinticinco años, pero ahora no tendremos esa posibilidad. Por lo tanto, trataremos de resumir lo que ha sido para nosotros una excelente intervención y explicación del señor Ministro del Interior y sus asesores. ¡Impecable! Esto lo digo con total convicción porque fui uno de los parlamentarios que se quedó en la autoconvocatoria del señor Ministro a la sesión en régi-

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men de Comisión General. En esa instancia explicó, expresó y diagnosticó los problemas del sistema carcelario de los últimos años, y manifestó qué se había hecho y qué se pudo hacer. Además, dio ideas de lo que este Gobierno va a hacer, cosa que ni en aquel momento ni en la sesión de hoy escuché de gran parte de la oposición. Por lo tanto, consideramos totalmente satisfactorias las explicaciones que el señor Ministro brindó hace unos días y en esta sesión. Agradezco la presencia de los asesores del Ministro. Nosotros hemos votado afirmativamente la autorización para su ingreso a Sala, a pesar de la contrariedad de algún opositor. En el día de hoy recibimos información realmente muy importante de parte de estos asesores; por lo tanto, no solo el señor Ministro ha dado explicaciones convincentes sino que su equipo de asesores ha completado su exposición en forma contundente. Se ha dicho mucho, diría que casi todo, pero vamos a agregar algunos elementos que creemos son importantes, fundamentalmente, por lo que vamos a decir al final. También haremos un pequeño “racconto” de algunas situaciones, pero no de hace veinticinco años sino de los años noventa en delante. En marzo de 1990, en “El Observador”, el Servicio de Paz y Justicia demostraba una alta preocupación por la situación que atravesaban las cárceles y ya decía que el sistema debía mejorarse y humanizarse. Podemos saltar a enero de 1993, y a otro órgano de prensa. En esa época hubo un intento de llamado a Sala, en régimen de Comisión General, al Ministro de aquel entonces, porque se había constatado -según este medio de prensa- que no se contemplaban los derechos humanos en el Penal de Libertad y para que explicara en detalle la situación del sistema carcelario en nuestro país. El entonces Diputado colorado Craviotto decía: “Hay que interpelar al Ministro del Interior”. Manifestaba que valía la pena levantar el receso parlamentario para interpelar o llamar al Ministro del Interior Juan Andrés Ramírez en régimen de Comisión General. También afirmaba lo siguiente: “[…] está el problema carcelario que tiene el país a nivel general que es muy grave desde hace muchos años […]”. Más adelante el parlamentario sostuvo que ante el grave problema que la sociedad uruguaya tie-

ne con los índices crecientes de delincuencia, no es solución el hacinamiento que se registra en las cárceles. En esa misma época, enero de 1993, el entonces legislador Atchugarry manifestaba: “El sistema carcelario es un desastre”; esa era su impresión personal. El entonces señor Diputado Aldorio Silveira –ex Representante del Partido Nacional-, en enero de 1993, decía: “En régimen de Comisión General se discutirá mejor […]; a mí me parece que hay que llamar al Ministro a Comisión General primero y si amerita la situación llegar a la interpelación […]”. En febrero de 1993, el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos afirmaba que el recinto carcelario era uno de los mayores enclaves de violación de los derechos humanos en el continente. Juan de Dios Parra sostenía que “los centros de detención son verdaderos almacenes de presos que, lejos de rehabilitarlos, los someten a condiciones de promiscuidad, hacinamiento y violencia que afianzan sus carreras delictivas”. En 1994 la Comisión de Derechos Humanos realizó una visita carcelaria. El entonces Diputado Hierro López, turbado por la visión del interior de las cárceles dijo que era mucho peor de lo que alguien se podía imaginar, y que ciertamente se trataba de una problemática muy difícil; había hacinamiento y una situación realmente grave en el Penal de Libertad y ellos no tenían mucha competencia porque era potestad del Ministerio del Interior, que es el encargado de restablecer el orden y los criterios carcelarios. Agregaba que los reclusos les denuncian que no era posible convivir cuatro o cinco en una misma celda… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Permítame, señor Diputado, es para ampararlo en el uso de la palabra. Solicito al resto de los señores legisladores hacer silencio. Puede continuar el señor Diputado. SEÑOR GROBA.- Señora Presidenta: continuando con lo que estaba exponiendo, también a partir de esa visita a las cárceles de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, la entonces señora Diputada Matilde Rodríguez Larreta dijo que las condiciones del Penal habían empeorado desde la última visita parlamentaria, que el Penal estaba destrozado y ase-

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guró, además, que todas las denuncias recibidas serían remitidas de inmediato al Ministro del Interior. En junio de 1994, el entonces Presidente Lacalle responsabilizó a la Justicia, al Poder Judicial por la situación de las cárceles, porque demoraba los procesos. Expresó que había más procesados que condenados en la cárcel y que era un sistema totalmente inhumano, porque quien está procesado no está condenado y, sin embargo, se encuentra en la cárcel. El entonces Presidente de la República admitía que el Poder Ejecutivo también tenía su responsabilidad. Esto lo expresó en junio de 1994. En febrero de 2001, se expresaba en el diario “El País” que en los últimos once meses había crecido notoriamente la cantidad de reclusos en los establecimientos más grandes del país y que, en términos globales, la población reclusa se había incrementado en un 22,5%, y aclara que esas cifras no contenían los datos de las cárceles departamentales dependientes de las diecinueve jefaturas. En febrero de 2001, “El Observador” daba cuenta de la existencia de dificultades en el control de los reclusos y que las cárceles necesitaban cuatrocientos funcionarios más. En marzo de 2001, en “El Observador” se publicaban declaraciones del entonces Ministro Stirling, en las que se expresaba que en los dos primeros meses del año 2001 la población carcelaria había crecido en 170 personas, lo que proyectado daba un aumento de 1.000 presos en el año, con lo cual la solución de la refacción del Penal de Libertad era insuficiente. Señala que se está hablando de un momento de tranquilidad, sin un motín encima y sin una situación conflictiva, pero que la lógica indicaba que eso iba a ocurrir por la superpoblación carcelaria. En abril de 2001, “El Observador” expresaba que las cárceles de Montevideo y el Penal de Libertad albergaban entre 80 y 100 reclusos más cada mes, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior, y que el centro con más problemas de hacinamiento era el COMCAR, que fue construido para 850 reclusos y en ese momento albergaba a 1.943. En marzo de 2002, “El Observador” anunciaba que el sistema estaba saturado al máximo, que en Uruguay había 5.479 reclusos, pero que la capacidad total del sistema carcelario nacional era de 3.445; o

sea que había 2.034 presos más de lo previsto, equivalente a un 60% de superpoblación. En junio de 2003, el diario “Crónicas” expresó que la situación carcelaria se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno: el hacinamiento, las revueltas, las huelgas, la falta de alimentos, todo, y señalaba que el Poder Ejecutivo sabía que la situación se había degenerado, así como que había superpoblación. En noviembre de 2004, en “El Observador” se hace mención al informe presentado al Gobierno por el SERPAJ. En él, el SERPAJ advirtió al Ministerio del Interior que había empeorado la situación carcelaria, principalmente en los establecimientos de Rocha y de Maldonado. En su informe afirmaba que en la cárcel de Las Rosas -Maldonado- y en la cárcel departamental de Rocha había una situación de extrema gravedad y que las condiciones de hacinamiento en Maldonado eran terribles. La organización señala la existencia de 337 reclusos en un penal concebido para 170. Según “El Observador”, en Rocha -lo manifestó el señor Diputado Aníbal Pereyra hace un momento- había 165 personas en un lugar con capacidad para 60. En noviembre de 2004, el SERPAJ consignaba que había hombres hacinados en condiciones casi infrahumanas, en espacios mínimos, vetustez de los edificios, carencias en la alimentación, falta de recreación y de políticas de readaptación social, etcétera, indicando que se cometía una flagrante violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esto formaba parte del detalle de las conclusiones dadas a conocer en el informe elevado por los integrantes del equipo de derechos civiles y políticos del SERPAJ, luego de visitar los establecimientos de reclusión de Rocha -esto se decía en noviembre de 2004-, de Maldonado y la Cárcel Central de Montevideo. Sobre la cárcel departamental de Rocha se insiste, expresando que existía un gran hacinamiento y que la capacidad de la cárcel era para 60 reclusos, pero albergaba a 154 hombres y 11 mujeres, totalizando 165 reclusos. En noviembre de 2004, el entonces Ministro del Interior, doctor Borrelli reconoció que el Ministerio del Interior tenía una cuenta en el debe con relación a las cárceles. Expresó que el punto fundamental refería a las cárceles que tenían la problemática de superpoblación. Dijo que no era novedad que el COMCAR te-

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nía a unos 3.000 hombres presos, cuando su capacidad real era para alrededor de 900. Manifestó que en los últimos años se había profundizado esa situación, con un aumento muy significativo de la población carcelaria sin que aumentara, a la par, la capacidad de las cárceles existentes. El entonces Ministro del Interior Borrelli se mostró apesadumbrado -en noviembre de 2004- por no haber podido dar una respuesta resolutiva a este ítem durante su gestión. En diciembre de 2004, “El Observador” estableció, en cifras, que 130 plazas era la capacidad del Penal de Libertad pero tenía 544 reclusos, y que la capacidad del complejo de Santiago Vázquez era de 800 presos, pero había 2.852. Reitero, esto se publicó en diciembre de 2004, en “El Observador”. Por eso, señora Presidenta, dije que, al final, me referiría a lo siguiente. No mencionamos esta situación con ánimo de cobrar nada a nadie, tal como dijo el señor Ministro en su alocución cuando concurrió en régimen de Comisión General y volvió a decir hoy. Este joven Gobierno, de cinco años y cuatro meses, no cobra a nadie por todo lo que estamos diciendo, que son datos de la realidad -figuran en la prensa-, sino que hace un llamado por los doce fallecidos y por los trescientos cincuenta y pico que mencionó el señor Ministro del Interior, para promover lo que se dijo en la escalinata del Palacio Legislativo -y que fue comentado- por nuestro Presidente: “Vamos a trabajar en serio. Vamos a hacer políticas de Estado”. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——En este país, el Frente Amplio ha cambiado muchas cosas y tenemos la esperanza de continuar la lucha para seguir convenciendo a nuestros amigos de la oposición, que en algún momento harán un clic y se darán cuenta de que estos temas no se plantean para cobrárselos a nadie. (Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado. Redondee, por favor. SEÑOR GROBA.- Gracias, señora Presidenta. Esperamos que la oposición, conjuntamente con el Gobierno, pueda resolver este tema, en memoria de todos los que han fallecido. Es una situación que no puede esperar. No debemos, por un lado, halagar

la política de Estado y lo que propone el Gobierno y, por otro, hacer otra cosa. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Ministro. SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Señora Presidenta: quiero hacer más de una aclaración. En este tramo se formularon varias preguntas que entiendo fueron respondidas en la intervención anterior, pero parto de la base de que cuando se lea la versión taquigráfica, con honestidad intelectual se darán cuenta de que fueron respondidas y que, en algunos casos, las interpretaciones que se hicieron eran diferentes a lo que dijimos. No obstante, hay tres puntos que queremos señalar. Por otro lado, entiendo claramente que lo único que tienen prohibido quienes están privados de libertad es el derecho ambulatorio, pero también tienen claramente prohibida la organización de hechos delictivos que se puedan realizar dentro del penal, fuera del penal, cosas que se hacen dentro del penal pero que presionan a la gente afuera. Entonces, también tienen limitado el derecho ambulatorio en condiciones iguales que los demás, y esto sucede todos los días. Por último, quiero decir algo para que la señora Diputada Montaner no quede confundida. Nosotros no demoramos absolutamente nada al Comisionado Parlamentario. Nosotros tenemos reuniones periódicas. El equipo de asesores tiene reuniones periódicas con el Comisionado Parlamentario; yo mismo tengo reuniones con el Comisionado Parlamentario, y hemos hablado de las cosas que planteamos en esta sesión. Hemos hablado del diagnóstico, de la emergencia en general y, en particular, de la ley de emergencia carcelaria que después se presentó. Hemos hablado de las medidas de corto plazo. Hemos hablado de las medidas de mediano plazo. Hemos hablado de la regionalización. Hemos hablado -se dice en el informesobre la ley de perímetros. Y hemos hablado largamente sobre las “ranchadas”. Quiero aclarar que en ningún momento plantea la prohibición de las “ranchadas”; plantea que se trabaje con las personas privadas de libertad para que ellas mismas retiren las “ranchadas” y se ofrezca mate-

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riales alternativos. Por eso, al día de hoy, en algunos lugares los reclusos ya retiraron las “ranchadas”, las achicaron, o directamente no las sacaron. En ningún momento se plantea la prohibición, sino que se trabaje a los efectos de que se comprenda que es perjudicial para ellos mismos. Eso lo estamos haciendo. Espero que la relación que existe hoy con el Comisionado Parlamentario aparezca en un informe que no sea sobre algo que sucedió, sino sobre cómo ha evolucionado la política del Ministerio del Interior con respecto a las cárceles. No hay demoras con el Comisionado Parlamentario. Insisto en que leyendo con absoluta honestidad intelectual lo que dijimos, los señores Diputados van a poder darse cuenta de que muchas de las interpretaciones que hicieron no son exactas. Yo sé que cuatro horas de exposición llevan -sobre todo cuando uno se distrae porque cuatro horas es mucho tiempo- a confundir lo que se ha expresado. Es todo cuanto quería agregar. Muchas gracias, señora Presidenta. SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: algunos legisladores hicieron referencia a los informes elevados en varias oportunidades por el Comisionado Parlamentario y señalan que no se habrían cumplido las instrucciones, los consejos, las sugerencias que venían en el documento. Quiero señalar que los informes del Comisionado Parlamentario no son enviados al Parlamento para que nos enteremos, sino para informarnos de lo que pasa. Cuando el Poder Ejecutivo no cumple con esa sugerencia, no hay solo responsabilidad de ese Poder, sino también del Poder Legislativo que tiene un Comisionado Parlamentario que sugiere cosas. A su vez, el Poder Legislativo, en su función de contralor, debería requerir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de las cosas. Lo que estoy diciendo es que hay una responsabilidad compartida en lo que no se ha hecho, también por parte del Poder Legislativo. Muchas gracias. SEÑOR GARINO GRUSS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señora Presidenta: aclaro que yo leí la Circular 8/09 del 1° de setiembre de 2009. El plan de contingencia que se manejaba era del 19 de setiembre de 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que la circular, en cierta forma, exhortaba a todas las Jefaturas de Policía del Uruguay a hacer un plan de contingencia. No tuvimos acceso a dicho plan y sí a la versión taquigráfica de lo que dijo el señor Bonomi. En realidad, no sé cuánto se leyó, si fue todo, parte o alguna página. Reitero que solo tuve acceso a la Circular 8/09. SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- La Mesa va a dar lectura -en el orden en que llegaron- a dos mociones que contienen dos proyectos de declaración. Léase el proyecto de declaración firmado por las señoras Diputadas Cáceres, Laurnaga, Passada, Payssé, Pereyra y Sanseverino, y por los señores Diputados Arregui, Asti, Bango, Battistoni, Bayardi, Bernini, Carballo Da Costa, De León, de Toro, Frachia, Fernández, Gamou, Groba, Ibarra, Lima, Mahía, Martínez Huelmo, Michelini, Mujica, Olivera, Orrico, Pardiñas, Pedreira, Pereyra, Pérez Brito, Pérez González, Pérez, Perrachón, Pozzi, Puig, Rodríguez, Rombys, Sabini, Sánchez, Semproni, Tierno, Toledo Antúnez, Varela Nestier, Vega Llanes, Vivian, Yanes, Dávila, Pereira y Núñez”. (Se lee:) “Montevideo, 28 de julio de 2010.- Vistas las explicaciones del señor Ministro del Interior Eduardo Bonomi, la Cámara de Representantes declara: 1- Su profundo dolor por los tristes acontecimientos acaecidos en la cárcel de Rocha y su solidaridad con los familiares de las víctimas.- 2- Que son ampliamente satisfactorias las respuestas dadas por el señor Ministro a las interrogantes planteadas.- 3- Que se apoyan las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior, continuación inequívoca de las que comenzaron a adoptarse en el anterior período de gobierno y que conducirán -en un plazo razonable- a solucionar el hacinamiento carcelario”. ——Léase el otro proyecto de declaración, firmado por las señoras Diputadas Piñeyrúa, Alonso, Matiauda Espino y Mallo y por los señores Diputados Bian-

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chi, Cersósimo, José Carlos Cardoso, Saravia Fratti, Amado, Silvera, Borsari Brenna, Cantero Piali , Planchón, Chiesa Bruno, Germán Cardoso, Peña Fernández, Javier García, Lacalle Pou, Mario García, Casas, Amarilla, Gandini, Maute Saravia, Iturralde Viñas, Arocena, Nelson Rodríguez y Abdala. (Se lee:) “Oídas las explicaciones brindadas por el Sr. Ministro del Interior en relación de la catástrofe ocurrida en la Cárcel de Rocha con el lamentable saldo de doce fallecidos y varios heridos, la Cámara de Representantes declara: 1- Que las respuestas del Sr. Ministro del Interior son insatisfactorias.- 2- Que ha quedado fehacientemente demostrado, a través de los dichos del Sr. Ministro y sus asesores que los graves y dolorosos episodios vividos en la Cárcel de Rocha pudieron haberse evitado si se hubiesen aplicado las medidas recomendadas con suficiente antelación a los hechos, en especial, por la oposición, el Co-

misionado Parlamentario, los Organismos Internacionales, la Dirección Nacional de Bomberos y SERPAJ entre otros.- 3- Que, en consecuencia las autoridades correspondientes deberán asumir la responsabilidad política derivada de la negligencia y omisión en la toma de decisiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad del Estado en la preservación de la seguridad y la vida de las personas recluidas en sus dependencias”. ——En discusión el proyecto de declaración leído en primer término. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción a que se dio lectura en primer término. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y uno: AFIRMATIVA. No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión. (Es la hora 2 y 58 del 29 de julio)

IVONNE PASSADA PRESIDENTA

Dr. José Pedro Montero Secretario Relator

Dr. Marti Dalgalarrondo Añón Secretario Redactor

Héctor Luis González Supervisor del Cuerpo de Taquígrafos

Dep. Legal N° 322.569/01 Impreso en la División Ediciones de la Cámara de Representantes