Número 3813

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NÚMERO 3813

MONTEVIDEO, MARTES 25 DE SETIEMBRE DE 2012

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
52ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES Dr. JORGE ORRICO (Presidente) Dr. DANIEL BIANCHI (1er. Vicepresidente) Sra. SUSANA PEREYRA (2da. Vicepresidenta) Y Sr. JUAN CARLOS SOUZA (3er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y MARTÍN FERNÁNDEZ AIZCORBE
XLVII LEGISLATURA TERCER PERÍODO ORDINARIO

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Martes 25 de setiembre de 2012

Montevideo, 20 de setiembre de 2012. LA CÁM AR A DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 25, a la hora 10, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente – ORDEN DEL DÍA Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas). (Carp. 1354/012). (Informado). Rep. 785 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ Secretarios

Martes 25 de setiembre de 2012

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SUMARIO
Pág. 1.- Asistencias y ausencias ………………………………………………………………………………………………………………. 4 2 y 12.- Asuntos entrados ……………………………………………………………………………………………………………. 4, 107 3 y 13.- Proyectos presentados ……………………………………………………………………………………………………. 6, 107 4 y 6.- Exposiciones escritas ……………………………………………………………………………………………………….. 16, 17 5.- Inasistencias anteriores……………………………………………………………………………………………………………… 17 CUESTIONES DE ORDEN 8, 15, 20, 22, 24, 26, 30, 32.- Integración de la Cámara ……………………….56, 113, 128, 136, 156, 174, 181, 187 8, 15, 20, 22, 24, 26, 30, 32.- Licencias……………………………………………….56, 113, 128, 136, 156, 174, 181, 187 28.- Prórroga del término de la sesión …………………………………………………………………………………………….. 178 10, 17.- Urgencias…………………………………………………………………………………………………………………….. 105, 125 ORDEN DEL DÍA 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas). Antecedentes: Rep. N° 785, de febrero de 2012, y Anexo I, de setiembre de 2012. Carp. N° 1354 de 2012. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. — Aprobación. Se comunicará al Senado ……………………………………………………………………………………. 19 — Texto del proyecto aprobado ………………………………………………………………………………………………… 210 11.- Trabajadores de Arteva S.A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por hasta ciento ochenta días el subsidio por desempleo). Antecedentes: Rep. N° 996, de setiembre de 2012. Carp. N° 1894 de 2012. Comisión de Legislación del Trabajo. — Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo……………………………………………………………………………. 105 — Texto del proyecto sancionado……………………………………………………………………………………………… 106 18.- Simposio “Diálogo entre los actores de la reparación integral”. (Auspicio) Antecedentes: Rep. N° 992, de setiembre de 2012. Carp. N° 1871 de 2012. Comisión de Asuntos Internos. — Aprobación…………………………………………………………………………………………………………………………. 125 — Texto del proyecto de resolución aprobado ……………………………………………………………………………. 125

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1.- Asistencias y ausencias.
Asisten los señores Representantes: Pablo D. Abdala, Andrés Abt, Verónica Alonso, Fernando Amado (7), Gerardo Amarilla, José Amy, Andrés Arocena (5), Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Balmelli, Julio Bango, Julio Battistoni, Juan José Bentancor, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi Zunini, Hernán Bonilla, Gustavo Borsari Brenna (10), Jorge Caffera, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Pablo Centurión, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa, Evaristo Coedo, José Corradi, Carlos Corujo, Hugo Dávila, Walter De León, Dante Dini, Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Conrado Ferber, Álvaro Fernández (6), Julio Fernández, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss (2), Aníbal Gloodtdofsky (8), Daniel González, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Germán Lapasta, María Elena Laurnaga, Orlando Lereté, Andrés Lima, Daniel López Villalba, José Carlos Mahía, Alma Mallo (3), Daniel Mañana, Graciela Matiauda, Pablo Mazzoni, Eloísa Moreira (12), Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Millo Ojeda, Raúl Olivera, Lourdes Ontaneda, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé (11), Guzmán Pedreira, Daniel Peña Fernández, María Pereira, Aníbal Pereyra (9), Susana Pereyra, Darío Pérez Brito (4), Esteban Pérez, Mario Perrachón, Ricardo Planchon, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Richard Sander, Berta Sanseverino, Alba Sarasola, Pedro Saravia, Víctor Semproni, Mario Silvera, Robert Sosa, Juan C. Souza, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Álvaro Vega Llanes, Walter Verri, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivian, Horacio Yanes y Jorge Zás Fernández (1). Con Licencia: José Bayardi, Graciela Cáceres, Álvaro Delgado, Carlos Gamou, Luis Lacalle Pou, Felipe Michelini, Martha Montaner, Jorge Orrico, Miguel Otegui, Alberto Perdomo, Pablo Pérez González, Ana Lía Piñeyrúa, Martín Tierno y Hermes Toledo Antúnez. Actúa en el Senado: Rubén Martínez Huelmo. Observaciones: (1) (2) A la hora 12:19 cesó por reintegro de su titular el Sr. Representante Nacional Jorge Orrico. A la hora 12:32 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Álvaro Fernández. •

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A la hora 12:32 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Milo Ojeda. A la hora 17:42 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Carlos Corujo. A la hora 17:42 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Germán Lapasta. A la hora 17:50 cesó por reintegro de su titular el Sr. Representante Nacional Juan Manuel Garino Gruss. A la hora 19:00 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Álvaro Fernández. A la hora 19:52 comezó licencia, ingresando en su lugar el Sr. José Corradi. A la hora 21:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Robert Sosa y a partir de la 00:00 del día 26 de setiembre es convocado para integrar la Cámara de Senadores. A la hora 21:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Hernán Bonilla. A la hora 23:42 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Eloísa Moreira. A la hora 1:48 del día 26 de setiembre cesó por reintegro de su titular la Sra. Representante Nacional Daniela Payssé.

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2.- Asuntos entrados.
“Pliego N° 181 PROMULGACIÓN DE LEYES El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 14 de setiembre de 2012, promulgó las siguientes leyes: • Nº 18.967, por la que se designa “Luis Ramón Igarzábal” la Escuela Rural Nº 47 de Colonia Rossell y Rius, departamento de Durazno. C/543/010 Nº 18.968, por la que se modifican disposiciones de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, relativas a la donación y trasplante de células, órganos y tejidos. C/1276/011 Nº 18.969, por la que se transfiere a la Fundación Deporte Uruguay el contralor sobre el dopaje en las competencias deportivas. C/1523/012 Archívese

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DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo: • • • por el que se regula el ejercicio de la profesión universitaria de Licenciado en Fisioterapia. C/1899/012 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social por el que se concede una pensión graciable al señor Carlos Omar Álvarez Silva. C/1900/012 por el que se concede una pensión graciable al señor Antonio Tormo Sena. C/1901/012 A la Comisión de Seguridad Social INFORMES DE COMISIONES La Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se expide, con un informe en mayoría y dos en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. C/1354/012 Se repartió con fecha 20 de setiembre COMUNICACIONES GENERALES La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por dos señores Ediles: • sobre la conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición física del ex Presidente de la República de Chile, Salvador Allende. C/70/010 relacionada con la realización de un plebiscito para resolver sobre la baja de edad de imputabilidad penal. C/70/010 A la Comisión de Derechos Humanos • acerca de las consecuencias sobre el turismo para la próxima temporada derivadas de la adopción de medidas financieras adoptadas por el gobierno de la República Argentina. C/439/010 A la Comisión de Turismo

gerald Cantero Piali, sobre la posibilidad de instalar semáforos o construir una “lomada” en la intersección de la Avenida 8 de Octubre y la calle Joanicó. C/19/010 A sus antecedentes COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS El Ministerio del Interior contesta nuevamente el pedido de informes del señor Representante Richard Sander, relacionado con la garantía de las obras de la cárcel de Cerro Carancho, y la situación de la guardia perimetral del referido centro penitenciario. C/1625/012 El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto: • acerca de la presunta renovación de contrato de concesión para la explotación de un Hotel Categoría 5 Estrellas. C/1760/012 referente a la suscripción de un contrato de Fideicomiso celebrado entre la Intendencia de Maldonado y República AFISA. C/1761/012

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El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Miguel Otegui, relacionado con el registro y uso de vehículos oficiales en todo el territorio nacional. C/631/011 del señor Representante Pedro Saravia Fratti, referente al consumo promedio de energía, y los proyectos presentados para la ejecución de electrificación rural. C/1577/012 del señor Representante Gerardo Amarilla, referente a la publicación en la página web de esa Secretaría de Estado, de los padrones denunciados para explotaciones mineras. C/1673/012

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes pedidos de informes: • del señor Representante Gerardo Amarilla, sobre el aumento del monto de las facturas del consumo de agua corriente en la localidad de Vichadero, departamento de Rivera. C/1505/012 del señor Representante Richard Sander, sobre un llamado para la contratación de servicios de transporte con chofer. C/1509/012

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La Junta Departamental de Rivera remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a la situación de la salud en el referido departamento, y la incidencia de la reforma del sistema de salud a través del FONASA. C/177/012 A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Gerardo Amarilla, sobre el traslado de personal, las medidas de seguridad de los vehículos y las medidas de prevención para accidentes de cualquier naturaleza. C/1631/012 A sus antecedentes

La Intendencia de Montevideo contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Fitz-

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PEDIDOS DE INFORMES El señor Representante Gustavo Espinosa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, sobre una renuncia presentada por funcionarias de mantenimiento del Liceo Nº 2 de Canelones. C/1897/012 Se cursó con fecha 20 de setiembre

El señor Representante Fernando Amado presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de carácter obligatorio la realización del debate entre los candidatos a la Presidencia de la República. C/1906/012 A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Economía y Finanzas, relacionado con una reformulación en el Programa Alimentario que asiste a los pensionistas por vejez o invalidez. C/1898/012 Se cursó con fecha 24 de setiembre PROYECTOS PRESENTADOS Los señores Representantes Iván Posada y Daniel Radío presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un fideicomiso con la cartera de créditos del Banco Hipotecario del Uruguay de deudores que se encuentren al día en sus obligaciones. C/1902/012 El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto remite los siguientes asuntos: • proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para que se exonere del pago de IRPF a los arrendamientos de temporada, comprendidos entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo próximo. C/1903/012 proyectos de ley, con su correspondiente exposición de motivos: por el que se exonera del pago de IRPF a los arrendamientos de temporada, comprendidos entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo próximo. C/1904/012 A la Comisión de Hacienda Los señores Representantes Nelson Rodríguez Servetto y Luis Lacalle Pou presentan, con su correspondiente exposición de motivos, el proyecto de ley: • por el que se modifica el artículo 2 de la Ley Nº 16.168, de 24 de diciembre de 1990, relativo a la licencia otorgada por donación de sangre de los trabajadores de la actividad pública o privada. C/1905/012 A la Comisión de Legislación del Trabajo

La señora Representante Ivonne Passada presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dispone la obligatoriedad de los exámenes de mamografía y papanicolau. C/1907/012. A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social”.

3.- Proyectos presentados.
A) “CARTERA DE CRÉDITOS DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY NOMINADA EN UNIDADES REAJUSTABLES. (Creación de un fideicomiso). PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I Del Fideicomiso Artículo 1º. (Creación).- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las disposiciones establecidas por el artículo 124 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, la creación de un fideicomiso con la actual cartera de créditos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) nominada en unidades reajustables (UR), que se encuentren al día con sus obligaciones, a la fecha de vigencia de la presente ley, y hayan cumplido con los requisitos a que hace referencia el siguiente artículo. Los activos que se determinen por los actos o convenios que se celebren entre el Poder Ejecutivo y el BHU como consecuencia de la presente ley, seguirán siendo administrados por éste, quién percibirá una comisión por la administración del referido fideicomiso. El Poder Ejecutivo y el BHU deberán acordar una comisión por gestión de administración de este fideicomiso. Artículo 2º. (Opción).- Los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que estén al día con sus obligaciones, cuyas deudas estén nominadas en unidades reajustables (UR) podrán optar por ser incluidos en el fideicomiso creado por la presente ley.

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En tal caso deberán prestar consentimiento expreso ante el citado banco dentro de los plazos que a tal efecto disponga el BHU. Artículo 3º. (Conversión de la deuda).- El saldo del capital adeudado al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) por los créditos nominados en unidades reajustables (UR) incluidos en este fideicomiso, será convertido a unidades indexadas (UI), a la fecha del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Los créditos convertidos a unidades indexadas (UI) devengarán la tasa de interés al momento de su conversión, aplicadas por el BHU, a los préstamos otorgados en esa unidad de medida, que tengan la calidad de ahorristas. Artículo 4º. (Bonificación).- El saldo del capital adeudado al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) en unidades indexadas (UI) que surja de la aplicación del artículo anterior será bonificado por única vez en el porcentaje que se determine por la diferencia de la evolución entre la unidad reajustable (UR) y la unidad indexada (UI) en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2005 y 31 de diciembre de 2011. La bonificación así determinada será con cargo a la deuda que al 31 de diciembre de 2011, mantiene el BHU con el Ministerio de Economía y Finanzas. El monto total de la bonificación tendrá como tope el mencionado saldo de deuda. En caso que la bonificación supere dicho tope, se hará un prorrateo en función del saldo del capital adeudado por cada deudor. Artículo 5º. (Capitalización).- Al 30 de setiembre de cada año, el Poder Ejecutivo determinará la capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) por la diferencia resultante de los créditos incluidos en el fideicomiso valuados en unidades reajustables (UR) y su conversión a unidades indexadas (Ul). lncreméntese en US$ 100.000.000 (cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), el monto máximo a que hace referencia el quinto inciso del artículo 124 de la Ley N° 18,046, de 24 de octubre de 2006. La capitalización resultante por este concepto, no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley N° 17.947, de 8 de enero de 2006, sus modificativas y concordantes.

CAPÍTULO II Disposiciones Generales Artículo 6º. (Descuentos por pagos anticipados).Facúltase al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a establecer un régimen especial de descuentos, con carácter general, para quienes se encuentren comprendidos en la situación prevista en el inciso siguiente. Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, podrán, en el marco de lo dispuesto por el BHU, dentro del plazo acordado en el contrato, amortizar anticipadamente su préstamo, en forma total o parcial, con un mínimo de doce cuotas. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La crisis del año 2002 puso de manifiesto la situación crítica de la gestión del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) determinando la necesidad de poner en marcha un vasto programa de transformaciones. En particular, con la aprobación de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, se rediseña la estructura del sector público para el financiamiento de la construcción de viviendas, se restringen las facultades de gestión del BHU, se crea la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) como servicio descentralizado, con el cometido de “actuar en la ejecución de las directrices emanadas del Plan Quinquenal de Vivienda, los Planes de Ordenamiento Territorial y las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)” y “administrar activos provenientes de créditos para la vivienda en cumplimiento de las directivas del MVOTMA”, y finalmente, se establece un sistema de ejecución judicial simplificada de crédito hipotecario para vivienda. El BHU ha encarado una transformación de su gestión, aún en curso, definiendo nuevas políticas en materia de préstamos y ahorros. En tal sentido, ha resuelto nominar tanto préstamos como ahorros en unidades indexadas (UI). Es notorio que la evolución de las UI se comporta más adecuadamente con respecto a la evolución de los precios de mercado de la vivienda. Por otra parte, el Poder Ejecutivo, al amparo del artículo 124 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, ha capitalizado al BHU constituyendo diversos fideicomisos con activos del banco, especialmente con aquellas carteras de créditos que tenía mayores dificul-

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tades respecto a la cobranza, como por ejemplo la correspondiente a las cooperativas de vivienda. A este respecto, el artículo 19 de la ley citada en primer término, le transfiere a la ANV la gestión de estos fideicomisos. Sobre estos créditos nominados en unidades reajustables (UR), la ANV sometió oportunamente a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los criterios de gestión de esos fideicomisos, estableciendo importantes reducciones en las cuotas que debían pagar los deudores. Particularmente se atendió a los sectores de población de menores recursos -núcleos familiares con ingresos menores o iguales a 60 UR- que eran deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, en la mayoría de los casos, porque su relación con el mismo era anterior a la creación del MVOTMA y a la formulación de las políticas de vivienda. No obstante, en los fideicomisos no solo se incluyó la cartera social del BHU, sino que también se incorporaron otros créditos, también nominados en UR, de núcleos familiares con ingresos superiores a 60 UR, que han sido favorecidos por los programas de beneficios establecidos por la ANV, viendo reducidas sustancial mente sus cuotas. Sin embargo, los deudores del BHU por créditos nominados en UR, que permanecen en la cartera gestionada por éste y que se caracterizan, en general, por tener baja morosidad, que cumplen mes a mes con el pago de sus créditos, se encuentran en una situación diferente. En efecto, de acuerdo a los contratos vigentes, año a año se reajustan las deudas en función de la variación de la unidad reajustable. Si analizamos, la evolución del período 1/3/2005 – 31/12/2011, se comprueba que la deuda nominada en UR se multiplicó por 2.173, mientras que la nominada en UI se multiplicó por 1.609, o sea que la primera se revaluó un 35.05% más que la segunda. Este desfasaje entre los valores de mercado de las viviendas usadas y las deudas hipotecarias nominadas en UR, determinan que los valores de los activos del BHU no reflejen adecuadamente el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados. A nuestro juicio, el Estado uruguayo debe aplicar criterios, al menos similares para una misma categoría de deudores. No es posible que quienes han sido buenos pagadores, en la medida que no fueron incluidos en los fideicomisos constituidos entre el BHU y el MEF, sean excluidos de un tratamiento más favorable. Por cierto, en la misma situación, se encuen-

tran quienes solicitaron préstamos en UR para la refacción de sus viviendas. De hecho entonces, es necesario legislar a efectos de dar un tratamiento equitativo a los créditos nominados en UR que se mantuvieron en la cartera del BHU. En tal sentido, proponemos encomendar al Poder Ejecutivo la creación de un nuevo fideicomiso en el marco del artículo 124 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, cuya gestión se le cometa al propio BHU, para permitir, con el consentimiento expreso de los deudores, para reconvenir la deuda a unidades indexadas, con aplicación de las tasas vigentes para préstamos en UI. El presente proyecto de ley plantea, mediante el mecanismo previsto en el artículo 124 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, la creación de un fideicomiso, por el cual el Banco Hipotecario del Uruguay transfiere al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, su cartera de deudores en unidades reajustables. Podrán integrar este fideicomiso los deudores del BHU, cuyas deudas estén nominadas en UR, que estén al día con sus obligaciones a la fecha de vigencia de esta ley y hayan optado por ser incluidos en este fideicomiso, tal como lo dispone el artículo 2° del proyecto. A este respecto el BHU establecerá un plazo para que los deudores que cumplan con el requisito puedan hacer uso de la opción referida. El artículo 3º dispone que los créditos adeudados se convertirán a unidades indexadas a la fecha del vencimiento del plazo establecido por el BHU y devengarán la tasa de interés al momento de su conversión, aplicadas por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), a los préstamos otorgados en esa unidad de cuenta, que tengan la calidad de ahorristas. Por el artículo 4° se establece una bonificación especial sobre el saldo del capital adeudado al BHU en unidades indexadas (UI) que surja por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3°. Esta bonificación se determinará por la diferencia de la evolución entre la unidad reajustable (UR) y la unidad indexada (UI) en el período comprendido entre el 1° de marzo de 2005 y 31 de diciembre de 2011. Esta bonificación se financiará será con cargo a la deuda que al 31 de diciembre de 2011, mantiene el BHU con el Ministerio de Economía y Finanzas. El monto total de la bonificación tendrá como tope el mencionado saldo de deuda. En caso que la bonificación supere dicho tope, se hará un prorrateo en función del saldo del capital adeudado por cada deudor.

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El artículo 5° establece que al 30 de septiembre de cada año, se dispondrá la capitalización del BHU por la diferencia resultante de los créditos incluidos en el fideicomiso valuados en unidades reajustables (UR) y su conversión a unidades indexadas (Ul). Esta disposición se incluye para evitar que la expectativa de ganancia futura del BHU sea afectada. En tal sentido, se incrementa en US$ 100.000.000 (cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), el monto máximo a que hace referencia el quinto inciso del artículo 124 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006. La capitalización resultante por este concepto, no será computada a los efectos de la determinación de los limites de endeudamiento del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley N° 17.947, de 8 de enero de 2006, sus modificativas y concordantes. Finalmente, el artículo 6° faculta al BHU a establecer un régimen especial de descuentos, con carácter general, para los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, dentro del plazo acordado en el contrato, por la amortización anticipada de su préstamo, en forma total o parcial, con un mínimo de doce cuotas. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DANIEL RADÍO, Representante por Canelones”. B) “ARRENDAMIENTOS DE TEMPORADA. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa correspondiente a fin de exonerar del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). MINUTA DE COMUNICACIÓN Solicitamos al Poder Ejecutivo remita al Parlamento el siguiente proyecto de ley: Artículo Único.- Agrégase al artículo 52 de la Ley Nº 18.083, de 26 de diciembre de 2006 el siguiente literal: “U) Arrendamientos de temporada, cuyo plazo este comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo del año siguiente”. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Al ser iniciativa privativa del Poder Ejecutivo los proyectos de ley que signifiquen gastos para el Tesoro Nacional (artículo 85 de la Constitución de la República), es que solicitamos que se envíe al Parlamento el proyecto de ley antes mencionado, fundamentamos el mismo en lo siguiente: Se plantea la exoneración del pago del IRPF a los arrendamientos de temporada, comprendidos entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo del año siguiente. Con este alivio fiscal se pretende respaldar los esfuerzos que ha hecho el Estado y que está haciendo el sector privado para atraer turistas para la próxima y subsiguientes temporada de verano. Sabido es, las restricciones que está poniendo el gobierno de la República Argentina a la salida de turistas y en especial a la compra de dólares, restricciones que seguramente van a impactar fuertemente en el desarrollo de la próxima temporada de verano. Desde lo público se hace necesario poner nuestro esfuerzo para mejorar las posibilidades de la concreción de arrendamientos en las zonas turísticas y colaborar en algo con la reducción de los precios de los arrendamientos, para de esa forma hacer más atractivo la posibilidad de llegada de turistas a nuestras costas. Todos sabemos el efecto sobre la economía y el trabajo que genera el turismo, por lo tanto todos los esfuerzos que se hagan, seguramente colaboraran en el objetivo de generar y mantener los puestos de trabajo que genera este sector. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. C) “ARRENDAMIENTOS DE TEMPORADA. (Exoneración del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Agrégase al artículo 52 de la Ley Nº 18.083, de 26 de diciembre de 2006 el siguiente literal: “U) Arrendamientos de temporada, cuyo plazo este comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo del año siguiente”. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A través del presente proyecto de ley se aspira a exonerar del pago del IRPF a los arrendamientos de temporada, comprendidos entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo del año siguiente. Con este alivio fiscal se pretende respaldar los esfuerzos que ha hecho el Estado y que está haciendo el sector privado para atraer turistas para la próxima y subsiguientes temporada de verano. Sabido es las restricciones que está poniendo el gobierno de la República Argentina a la salida de turistas y en especial a la compra de dólares, restricciones que seguramente van a impactar fuertemente en el desarrollo de la próxima temporada de verano. Desde lo público se hace necesario poner nuestro esfuerzo para mejorar las posibilidades de la concreción de arrendamientos en las zonas turísticas y colaborar en algo con la reducción de los precios de los arrendamientos, para de esa forma hacer más atractivo la posibilidad de llegada de turistas a nuestras costas. Todos sabemos el efecto sobre la economía y el trabajo que genera el turismo, por lo tanto todos los esfuerzos que se hagan, seguramente colaboraran en el objetivo de generar y mantener los puestos de trabajo que genera este sector. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado”. D) “LICENCIA OTORGADA POR DONACIÓN DE SANGRE DE TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA O PRIVADA. (Modificación del artículo 2º de la Ley Nº 16.168). PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 16.168, de 14 de enero de 1991, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 2º.- El derecho establecido en el artículo anterior no podrá ser ejercido más de cuatro veces al año”. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Actualmente la Ley Nº 16.168 establece que los trabajadores de la actividad pública o privada que realicen una donación de sangre a bancos de sangre oficiales o que se encuentren bajo reglamentación del Servicio Nacional de Sangre tienen derecho a no concurrir a su trabajo ese día y el mismo será abonado como trabajado. Este incentivo estaba sustentado en la posibilidad de poder donar no mas de dos veces al año, actualmente está comprobado científicamente que con los avances de la medicina se puede en el caso de los hombres realizar donaciones hasta cuatro veces al año y las mujeres tres veces. Entendemos por lo tanto que ante la demanda siempre insatisfecha de donantes se puede ampliar la cantidad de donaciones anuales por individuo a las cantidades mencionadas, pudiendo el/la trabajador/a acogerse a lo previsto en la Ley Nº 16.168. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representante por Maldonado, LUIS LACALLE POU, Representante por Canelones”. E) “DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS A LAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (Se declara de carácter obligatorio). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Declárase de carácter obligatorio la realización de un debate entre los candidatos a la presidencia de la República por los partidos políticos que participen por cada una de las elecciones previstas en los artículos 77, numeral 9º, y 151 de la Constitución de la República, con los criterios establecidos en la presente ley. Artículo 2º.- La transmisión de los debates a los que se hace referencia en el artículo 1º se realizará por los canales de televisión y las radioemisoras que los participantes acuerden entre sí y con los permisiarios del caso. De no existir acuerdo los debates serán transmitidos por Televisión Nacional Canal 5, los canales que retransmiten su señal y las radioemisoras pertenecientes al Sistema Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE). Los debates deberán transmitirse en vivo y en horario central. Artículo 3º.- La organización de los debates corresponderá a la Corte Electoral, la que en acuerdo con los participantes y el o los moderadores determinarán las reglas con las cuales se realizarán.

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Sin perjuicio de lo precedente, se establece que: A) Los debates deberán destinar como mínimo un bloque, de por lo menos la misma duración que los restantes, a la realización de preguntas de el o los moderadores. B) El o los moderadores serán seleccionados entre periodistas de reconocida trayectoria y prestigio profesional. C) La fecha de realización de los debates se fijará a partir de la fecha establecida por la ley para que los partidos políticos puedan iniciar su publicidad electoral y hasta una semana antes de la elección nacional respectiva. Artículo 4º.- Los debates deberán observar los principios de trato equitativo e imparcial para y entre los participantes. Artículo 5º.- Los partidos políticos que se nieguen a participar en los debates no percibirán la contribución del Estado para los gastos de la elección nacional prevista en el artículo 20 de la Ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La ausencia de debates electorales en los últimos años ha convertido a nuestro país en algo excepcional, cuando aquellos son un hecho natural en la mayor parte del mundo democrático. Uruguay es considerado por observadores del exterior como un caso “paradigmático” al no registrarse debates entre los candidatos presidenciales, siendo que somos un país de reconocida cultura democrática. En los países de América Latina donde no existen estos debates son justamente aquellos en los que el sistema se encuentra polarizado, la confrontación alcanza ribetes violentos y los candidatos tienden a no reconocerse mutuamente como legítimos. Son los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Argenti1 na . Los uruguayos nos enorgullecemos de vivir en un clima político que puede ser considerado altamente civilizado -especialmente en comparación con los países mencionados- motivo por el cual habría que buscar en otro lado las razones de que estos debates no se hayan producido en los últimos tiempos.
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En Uruguay hasta las elecciones de 1994 los debates presidenciales fueron frecuentes, lo que se sumaba a una larga tradición de debates políticos entre las principales figuras de la política nacional durante los períodos interelectorales. En las elecciones de 1999, 2004 y 2009 -incluidos los balotajes de 1999 y 2009- no se registraron debates presidenciales, si bien en la última elección se realizó uno entre los candidatos que en aquel momento no aparecían co2 mo los más probables futuros presidentes . Pero, además, tampoco se registran habitualmente y desde hace mucho debates políticos por cualquier tema que hayan involucrado a los líderes de las colectividades 3 principales , habiendo, en su lugar, entrevistas personales a los mismos. Por lo tanto, bien puede afirmarse que, lamentablemente, la tradición de debates a primer nivel se ha perdido en Uruguay, luego que el hito de 1980 entre los promotores y opositores a la reforma constitucional autoritaria de la última dictadura, abriera un período de importantes debates, probablemente alentados también por el retorno a la normalidad institucional. Estamos frente a un hecho bastante paradójico ya que en realidad existe un amplio consenso sobre la importancia de los debates políticos en general, como de su subespecie debates electorales, específicamente los presidenciales, tanto a nivel académico como en la opinión pública, incluso en los actores partidarios, los que alejados de las instancias electorales no tienen inconveniente en reconocerlos como una saludable costumbre democrática. Las elecciones en un régimen democrático son un momento cumbre: estamos eligiendo a quienes gobernarán el país y, con él, nuestros propios destinos, en mayor o menor medida. El Presidente de la República, por otra parte, posee una fuerte dimensión institucional y un importante conjunto de atribuciones, máxime en un régimen de gobierno de impronta presidencialista como el nuestro. Por esta razón, la elección de aquel que ocupará ese cargo requiere que se fundamente en la mayor disponibilidad de información -rica en su formato y plural en los contenidos- a fin de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir con la mayor de las responsabilidades y conciencia posible. Sin duda, es en
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“Ola de debates electorales en América Latina. Luces y sombras de un avance democrático”, Fernando Ruiz y Hernán Alberro, Konrad Adenauer Stiftung, 2012.

Los candidatos del Partido Colorado, Partido Independiente y Asamblea Popular debatieron en el programa “Uruguay Decide” de Canal 4. Los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional no aceptaron participar. 3 La excepción fue el debate entre el Presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté, y el líder frenteamplista, Tabaré Vázquez, en ocasión del plebiscito por la reforma constitucional de 1996.

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la generación de los espacios de deliberación ciudadana sobre los asuntos públicos donde la democracia se relegitima: la búsqueda de las mejores al mismo tiempo que más justas decisiones, según la máxima del filósofo es4 tadounidense John Rawls . Es natural que los más interesados en política le atribuyan mayor importancia a los debates y se conviertan en su audiencia segura, aunque la oportunidad de los mismos, por sus propias características y la publicidad con que se les promociona, suele convocar a los sectores menos interesados en lo político. De cualquier manera, siempre quedará a criterio de cada quien, en su libertad de elegir, prestarle atención o no a los debates. Pero lo correcto es que la información se encuentre a disposición para quien quiera 5 acceder a ella . El déficit informativo individual podrá continuar generándose por el desinterés personal pero nunca debería originarse en restricciones políticas de cualquier naturaleza. Incluso sería posible encuadrar a los debates en el marco de la normativa constitucional que refleja los derechos políticos del ciudadano, así como la responsabilidad que les incumbiría 6 a los partidos políticos y por ende a sus candidatos . De las tantas formas de poner a disposición del ciudadano información significativa sobre la contienda electoral, los debates entre los candidatos presidenciales tienen un formato único que ofrece lo que ningún otro puede ofrecer. Sólo en los debates se ubica a los candidatos ante una situación de directa contraposición, en contraste mutuo. In situ se posibilita el cotejo de opiniones y actitudes -sin la necesidad de armar uno mismo el collage- de forma transparente, evidente y sencilla y, lo que es especialmente relevante, con las mínimas mediaciones. Desde otra perspectiva entendemos que los debates presidenciales son una convocatoria a la moderación, a la seriedad y al compromiso. A otros niveles es más factible, quizá, encontrar algún caso donde se deje la prudencia a un lado. Pero a nivel de los candidatos nada menos que a la primera magistratura, una actitud agresiva o intolerante, una pobrísima argumentación y
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las promesas exageradas pueden tener un altísimo costo para aquel que incurra en estas fórmulas. ¿De qué depende, entonces, que un debate presidencial se realice o no? Evidentemente de las circunstancias de cada campaña electoral. Lo que sujeta la realización de los debates a los intereses particulares de los candidatos en detrimento de los intereses colectivos, por más legitimidad que se le pueda atribuir a los primeros. Las especulaciones sobre posibles ventajas o desventajas en los mismos jugaron tanto en Jorge Batlle en 1999, Tabaré Vázquez en 2004 y José Mujica en 2009 como para negarse a debatir, así como también los cálculos por la contraria motivaron a quienes los solicitaron infructuosamente en cada oportunidad. José Mujica fue el más honesto al haber afirmado sin tapujos que debatiría 7 sólo si le convenía . Es lógico que el que vaya mejor posicionado en las encuestas considere que corre más riesgos en un debate que el resto. Sin embargo, en un punto este argumento es falaz. No es posible tener la certeza que el candidato mejor posicionado en las encuestas esté exento de riesgos al no debatir, considerando que siempre existe un sector del electorado “indeciso” que está esperando señales para adoptar una decisión por una opción electoral u otra y que puede determinar el resultado según hacia dónde finalmente se vuelque. Por otra parte, tampoco es posible demostrar que el que va segundo (tercero, cuarto, etc.) vaya a salir automáticamente beneficiado del debate. Si es lógico afirmar que los que “corren de atrás” estarán más proclives a asumir riegos. Sin embargo, esto tampoco les garantiza resultados positivos, ya que sus “apuestas”, justamente, pueden también ser muy riesgosas y por lo tanto no obtener los réditos esperados sino todo lo contrario, en beneficio de aquel que en principio decía que sólo tenía cosas para perder. Es decir, si se esgrime la premisa de que la “política es una arte” para justificar que debería haber libertad de poder optar si se participa o no en un debate, deberá reconocerse que ese mismo “arte” torna impredecible sus resultados como para poder remitirse a ese motivo para negarse a debatir. En todo caso, ¿puede considerarse justo que la realización de los debates quede supeditada a la aversión al riesgo de un candidato? En los hechos, ha habido tantos casos a nivel internacional, incluso en nuestro país, en que los debates presidenciales o su falta pudieron influir en un sentido u otro en el resultado electoral, que resulta imposible hablar de una relación lineal de causa7

“Teoría de la Justicia” (1971). Los canales suelen ingresar en una competencia por el rating. En Brasil en 2010 y en México en 2012, a la misma hora que se transmitían los debates, otro canal transmitía un partido de futbol de relevancia. En el caso de Brasil, la audiencia del partido de fútbol superó ampliamente a la que siguió el debate. 6 “Los partidos deberán (…) dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente”, Sección III “De la ciudadanía y del sufragio”, Capítulo I, Artículo 77, numeral 11 de la Constitución de la República.

“Ultimas Noticias”, 27/5/2009.

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efecto . Existen muchos otros factores que pueden incidir en los resultados electorales, la mayoría fuera de control de los candidatos. Pero, además, alarmarse porque los debates presidenciales pueden incidir en la votación es, digámoslo con claridad, un poco tonto: pues sí, es lo que se pretende, que incidan ayudando al elector a la hora de decidir. La pregunta que cabe, en todo caso, es si el tipo de incidencia podría llegar a considerarse negativa por acarrear una mal fundamentada decisión 9 electoral, lo que igual habría que demostrar . Si incide negativamente en un candidato es otra cosa. Puede interesar en lo particular pero no en lo general. De las críticas que suelen realizársele, este ángulo refiere al análisis de qué es lo que terminan efectivamente comunicando los debates presidenciales, mientras hasta ahora las críticas mencionadas discurrían solo por cuestiones de estrategia. Reconocemos que el enfoque puede considerarse de mayor enjundia y sustancia. Hay quienes entienden que en los debates terminan importando más los gestos y la imagen que las palabras, los contenidos, 10 las ideas, las propuestas . Incluso al interior de lo expresado mediante el lenguaje, la habilidad retórica puede superar a cualquier buena idea. Por estas razones se ha

llegado a calificar a los debates como “circo político” o “mediático”. Es indudable que las virtudes que un candidato exhibe para manejarse en el debate no son necesariamente las mismas que se requieren para gobernar (decimos no necesariamente porque alguien podría opinar que la claridad en las ideas y las reacciones bajo situaciones de tensión bien pueden querer decirnos algo sobre las aptitudes de un candidato). Sin embargo, aún así -nadie puede sostener que esté libre de imperfecciones- el debate presidencial es un formato que nos permite contemplar las distintas posturas y el cómo se exponen. Y, en todo caso, si llegamos a concebir a los debates como una especie de mistificación, engaño o distorsión de la realidad, ¿qué dejamos entonces para la propaganda electoral? No vamos nosotros a desconocer la influencia de las cada vez más sofisticadas y estudiadas técnicas de comunicación política mediante las herramientas tecno11 lógicas . Sin embargo, desde siempre aspectos bastante alejados de las ideas concretas dieron fuerza a los liderazgos. No hay sorpresa, entonces. Hoy como ayer (y como será mañana) elementos como la imagen, la retórica y el carisma, también orientarán el voto. Los debates presidenciales son comunes en la mayoría de los países de Europa y América Latina, así como en los Estados Unidos, país al que suele considerárselo como una referencia ineludible dada su tradición en la materia. No obstante, con la excep12 ción de México , los debates presidenciales no son formalmente obligatorios. Sólo existen normas respecto a partir de cuándo es posible organizarlos, compensaciones en tiempo de publicidad a aquellos candidatos que no sean invitados a debatir por los organizadores y se han dado casos de presentación de No en vano Giovanni Sartori acuñó el término “videopolítica” (“Homo videns. La sociedad teledirigida”, 1997). 12 La Reforma Electoral 2007-2008 que buscó consolidar el cambio político mediante la legislación electoral introdujo la obligatoriedad de los debates. La normativa determina que el Instituto Federal Electoral de México (IFE) coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados para la elección presidencial, determinando las reglas, duración, día y hora de la realización, pero siempre escuchando la opinión de los partidos políticos. La transmisión es en vivo por la radio y televisión pública y las señales pueden ser utilizadas en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión (“Aplicación de la Reforma Electoral de 2007/2008 en México desde una perspectiva internacional comparada”, Instituto Federal Electoral de México, 2009).
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En 2008 en Paraguay, Fernando Lugo, después de haber confirmado su presencia, a último momento y con sus competidores en el estudio de televisión esperándolo, se negó a debatir (lo que derivó en una feroz crítica de los periodistas que iban a dirigir el debate) sin consecuencias aparentes. En México (2006), Andrés López Obrador, quien también iba a la delantera en las encuestas, tampoco aceptó debatir y, sin embargo, perdió las elecciones. En Uruguay son recordados los múltiples debates del candidato colorado Jorge Batlle en las elecciones de 1989, en la que salió derrotado. Y suele recurrirse al ejemplo del candidato blanco Alberto Volonté que en 1994, en pleno ascenso electoral (algunas encuestas lo daban como ganador) no aceptó debatir y perdió las elecciones. Fue la elección de los debates de Julio María Sanguinetti-Tabaré Vázquez y Juan Andrés Ramírez-Tabaré Vázquez, los últimos por otra parte. 9 Este tipo de razonamiento se encuentra en la base de las teorías elitistas, aquellas que suponen que las cuestiones públicas solo deberían ser manejadas por los “sabios”, los que se creen con el derecho de enmendar la plana a la ciudadanía. 10 El ejemplo que siempre se trae a colación es el famoso debate Nixon-Kennedy (1960). Nixon fue considerado el ganador del debate para quienes lo habían escuchado por radio. Pero para los que lo habían visto por televisión el ganador fue Kennedy. La mejor imagen en los aspectos estéticos en general habría hecho la diferencia.

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recursos ante la Justicia por la exclusión de partidos 13 minoritarios . La cuestión es que a pesar de que jurídicamente no existe obligación, en la mayoría de los países se ha generado con el tiempo una cultura de los debates que han transformado su realización en un requisito informalmente obligatorio. Como es evidente, esto no sucede en nuestro país, pese a las virtudes que se le reconocen y que es muy escasa la oposición a los mismos. Con este motivo, consideramos necesario declarar la obligatoriedad de los debates presidenciales a fin de que paulatinamente se construya una cultura respecto a los mismos. Quizá en el día de mañana, en Uruguay vuelvan a ser considerados connaturales a las campañas electorales más allá de que estén o no prescriptos. La obligatoriedad conllevará, además, la previsibilidad: todos y cada uno de los candidatos presidenciales sabrán de antemano que deberán participar en ellos, apartándonos de eventuales manejos espurios a la hora de la voluntad o la necesidad de debatir. El proyecto de ley que tenemos el honor de presentar a esta Cámara contiene las reglas básicas para el armado de los debates presidenciales no considerándose prudente pautar de forma exhaustiva las 14 mismas . Las pautas suponen, por el contrario, un

esquema mínimo pasible de desarrollar por acuerdos entre las partes. Sí consideramos imprescindible establecer dos pautas. Por un lado, la inclusión de un bloque destinado a preguntas de los moderadores ya que la experiencia internacional indica que muchas veces la excesiva rigidez en las reglas -pautadas por los propios candidatos y sus equipos- puede generar una especie de presentaciones individuales del discurso, sólo que en el mismo espacio físico. Por otro lado, especificamos que el o los moderadores tengan que ser periodistas. Otra opción es un moderador que exclusivamente mida el tiempo y le diga al candidato cuándo es su turno para hablar -el moderador “inspector de tránsito”, como se le ha dado en llamar- pero hemos preferido al periodista porque entendemos que por su posible rol “estimulador” podría ser una forma de contribuir a la riqueza del debate. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. FERNANDO AMADO, Representante por Montevideo”. F) “EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA NICOLAU. (Obligatoriedad). PROYECTO DE LEY Artículo Único: Agréguese a la Ley Nº 17.242, de 20 de junio de 2000, los siguientes artículos: Y PAPA-

Al respecto es interesante por lo ilustrativa la siguiente consideración de un dictamen del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ante una consulta que se le formulara por la posible realización de un debate sin todos los candidatos: “Es evidente que los debates con candidatos preseleccionados e invitados por los medios son mecanismos que indirectamente dirigen o tratan de orientar la opinión de los electores hacia las ofertas políticas representadas por esos candidatos, con perjuicio de los excluidos, lo que resulta inaceptable en una democracia que por su definición demanda, para su subsistencia, contar con una opinión pública libre e informada, con información completa y no parcializada. La preselección podría calificarse como ‘inducción’ de la opinión electoral, en detrimento de la libertad de información a que tienen derecho los electores” (http://www.tse.go.cr/juris/electorales/4099-E82009.htm). Entendemos que la aseveración es válida tanto para los debates en sí mismos como a estos en relación con el resto de los mecanismos de difusión de sus plataformas a la que recurren los partidos políticos. 14 Un anterior proyecto de ley respecto al punto, presentado por el diputado Walter Vener (Partido Colorado) en 2001, ingresaba en el detalle de las reglas del debate. Lo establecía solamente en el caso que hubiera balotaje. El proyecto nunca fue considerado por la Cámara.

“ARTÍCULO .- Establécese la obligatoriedad de realizar acciones de carácter preventivo en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, tendientes a prevenir el cáncer de útero y de mama en toda mujer mayor de edad que lo tenga indicado de acuerdo a las guías clínicas redactadas por el Ministerio de Salud Pública. ARTÍCULO .- En el día de licencia extraordinaria solicitado para realización de los exámenes de Papanicolau y radiografía mamaria, las beneficiarias a las cuales refiere el artículo 2º de la Ley Nº 17.242, de 20 de junio de 2000, estarán obligadas a efectuárselo. ARTÍCULO .- Los exámenes serán practicados en los servicios de salud del país debidamente habilitados, quienes contaran con estructuras, recursos materiales y profesionales que aseguren el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento de acuerdo a las guías clínicas y los parámetros de calidad establecidos por el Ministerio de Salud Pública. ARTÍCULO .- El Ministerio de Salud reglamentará, respetando la privacidad del examen, las actuaciones administrativas necesarias a los efectos de la información estadística.

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ARTÍCULO .- Cada examinada tendrá una libreta de registro y control sanitario, debidamente autorizada por el Ministerio de Salud Pública, quien las proveerá gratuitamente. Las instituciones de atención a la salud pública o privada dando seguimiento a los procedimientos y guías clínicas para prevención de cáncer de cuello uterino o mama establecidos por el Ministerio de Salud Pública, registrarán los controles realizados a sus usuarias a fin de emitir el certificado corres-pondiente de acuerdo a formulario específico a proveer por el Ministerio de Salud Pública. ARTÍCULO .- La presentación del certificado vigente mencionado será exigido para: A) El ingreso a cualquier empleo público. B) El ingreso a centros educacionales. C) El ingreso a cualquier empleo privado. D) Actualización del Carné de Salud. Toda subvención que otorgue el Poder Ejecutivo con fines de vivienda, alimentación, aportes de ingresos, requerirá para su mantenimiento, la presentación con frecuencia anual del certificado vigente descripto en el artículo anterior. Anualmente empleadores y autoridades de los centros de enseñanza exigirán la presentación del certificado a las estudiantes o empleadas pertenecientes a los mismos. El no cumplimiento de lo prevenido en este artículo hará pasible a las instituciones públicas o privadas involucradas de sanciones, cuyo monto será establecido de acuerdo a su gravedad por el Poder Ejecutivo. ARTÍCULO .- El Poder Ejecutivo coordinará, a través del Ministerio de Salud Pública, condiciones que aseguren la gratuidad de los controles para prevención y diagnóstico precoz de ambas patologías, así como su tratamiento y seguimiento. ARTÍCULO .- Anualmente el Ministerio de Salud Pública evaluará el cumplimiento y resultados obtenidos con la aplicación de la presente ley”. Montevideo, 24 de setiembre de 2012. IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La obligatoriedad de la realización anual del examen ginecológico de Papanicolau y la mamografía

para las mujeres tiene por objetivo mejorar la salud de la población a través de una política sanitaria de prevención. Esta práctica debe incorporarse a los controles de salud de las mujeres como algo natural. Es la manera de detectar tempranamente anomalías y tratarlas con un alto porcentaje de éxito. El cáncer del cuello uterino es un problema muy importante en Salud Pública en los países en vías de desarrollo, representa el 5,4% de la mortalidad por cáncer en mujeres, que lo sitúa en el quinto lugar como causa de muerte por cáncer en la población femenina. La citología cervical (PAP) es la mejor herramienta descreening para el diagnóstico de lesiones escamosas invasivas que pueden ser eficazmente tratadas en forma oportuna. Debido a que una gran mayoría de estos casos (más del 90%) podrían y deberían ser detectados temprano a través de la prueba de Papanicolau, la tasa de mortalidad actual es mucho más alta de lo que debería ser y refleja que, aún en la actualidad, las pruebas de Papanicolau solamente son realizadas por el 30% de las mujeres. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, enferman de cáncer de cuello uterino 500.000 mujeres por año. De ellas, el 80% pertenece a países en vías de desarrollo. La mortalidad por cáncer de cuello uterino es patrimonio casi absoluto de mujeres pobres, sin embargo, es evitable mediante métodos diagnósticos y terapéuticos altamente eficaces, de baja complejidad y de muy bajo costo. La enfermedad es mortal cuando se transforma en invasora, pero el cáncer cervical permanece no invasor durante cinco a diez años, período en el que es fácilmente detectable por el Papanicolau con o sin el complemento de la colposcopia. Los factores que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad son: el subdesarrollo, la pobreza, tabaquismo, múltiples parejas sexuales, la deficiente educación y la carencia o dificultad en el acceso a los servicios de salud. La multiparidad también tiene una fuerte asociación con este tipo de cáncer, sobre todo en mujeres con más de tres hijos, de clase social media y baja y con deficiencias nutricionales. En las últimas décadas, las infecciones de transmisión sexual han sido relacionadas con un aumento del riesgo de presentar la enfermedad. Existen seis países en el mundo que han logrado descensos marcados de la tasa de mortalidad aplicando Programas Citológicos de Detección Oportuna:

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Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Canadá. El cáncer de mama preocupa tanto a pacientes como a médicos. Es conocida la existencia de la mamografía como un estudio que permite la detección precoz del mismo, técnica que hasta hoy resulta insuperable. Por tanto en el cáncer de mama no existe profilaxis, sino detección precoz, que permite la curación en muchos casos. Para ello es imprescindible un correcto examen de mamas realizado por el médico anualmente, el auto examen de mamas practicado por la propia mujer y la educación para la consulta precoz que son elementos de invalorable aporte para una detección de la enfermedad en etapas donde podemos alcanzar la curación. Es importante que nuestra población femenina conozca los factores de riesgo para su aparición, como la edad, las dietas hipercalóricas, el no tener hijos, o no haber tenido lactancia, así como los antecedentes familiares directos de cáncer de mama. La prevención de este cáncer consiste en conocer los factores de riesgo, la realización del autoexamen y la consulta precoz. Actualmente, el examen en cuestión es preceptivo al momento de la obtención del carné de salud solamente para las mujeres mayores de 40 años, y no para las menores de dicha edad. En definitiva, ampliar el espectro de protección, “obligando” a las mujeres mayores de edad y menores de 40 años, es la forma de prevenir los cánceres de la esfera ginecológica. Asimismo, de lograrse la aprobación de este proyecto estaríamos brindando elementos educativos que permiten el conocimiento del propio cuerpo, y de los factores protectores para evitar su aparición así como la existencia de factores de riesgo que pueden favorecer su origen, creándose el sano hábito de concurrir al control médico en ausencia de enfermedad, a fin de una revisión anual. Por último, pero no menos importante, es resaltar la importancia de educación en salud y, aconsejar a las mujeres a consultar frente a cualquier hallazgo o duda, ya que el temor a padecer una enfermedad ejerce sobre las mismas una involuntaria demora en la consulta generando demoras en el tratamiento. En consecuencia, ya sea para homenajear lo prevenido por el artículo 44 de nuestra Carta, y así como también el carácter de orden público de la Ley Nº 17.242, es que abogamos por la aprobación de la presente iniciativa. Montevideo, 24 de setiembre de 2012 IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo”.

4.- Exposiciones escritas.
SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Está abierto el acto. (Es la hora 10 y 20) ——Dese cuenta de las exposiciones escritas. (Se lee:) “El señor Representante Amin Niffouri solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: • al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio a los Municipios de Tala, Migues y San Jacinto, sobre la necesidad de construir una garita para parada de ómnibus, y dotar de iluminación en la intersección de las Rutas Nacionales Nos. 81 y 7. C/19/010 a los Ministerios de Turismo y Deporte; de Desarrollo Social; de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Escuela Nº 55 de Paraje de los Arenales; al Consejo de Participación y a la Comisión de Fomento de dicha Escuela; y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio al Municipio de Tala, relacionada con la instalación de juegos infantiles para la recreación de los alumnos del referido centro educativo. C/19/010 a los Ministerios de Turismo y Deporte; de Transporte y Obras Públicas; y de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio al Municipio de Tala; y a la Comisión de Fomento de la plaza de deportes de dicha localidad, acerca de la necesidad de designar profesores de educación física y dotar de iluminación a la referida plaza de deportes. C/19/010

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El señor Representante Enrique Américo Prieto solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Cerro Largo, y por su intermedio al Municipio de Río Branco, referente a la necesidad de ejecutar obras para prevenir el desborde del río Yaguarón sobre la referida ciudad. C/19/010”. Se votarán oportunamente.

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5.- Inasistencias anteriores.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores. (Se lee:) “Inasistencias de Representantes a las siguientes sesiones realizadas el día 18 de setiembre de 2012. Extraordinaria hora 14. Con aviso: Marcelo Bistolfi, Heber Bousses, Alberto Casas, Guillermo Facello, Álvaro Fernández, Jorge Gandini, Aníbal Gloodtdofsky, Pablo Iturralde Viñas, Daniel Mañana, Martha Marizcurrena, Graciela Matiauda, Pablo Mazzoni, Alberto Perdomo, Mario Silvera y Jaime M. Trobo. Ordinaria hora 16. Con aviso: Marcelo Bistolfi Zunini, María Marizcurrena y Graciela Matiauda. Sin aviso: Daniel Mañana. Inasistencias a las Comisiones: Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas: Martes 18 de septiembre ASUNTOS INTERNOS Sin aviso: Luis Lacalle Pou. ESPECIAL: PARA EL ESTUDIO DEL COOPERATIVISMO Con aviso: Daniel Mañana. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Sin aviso: Verónica Alonso. PRESUPUESTOS Con aviso: Aníbal Gloodtdofsky. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS Con aviso: Guillermo Facello. Sin aviso: Amin Niffouri. Miércoles 19 de septiembre CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN Con aviso: Daisy Tourné. HACIENDA Con aviso: Alejandro Sánchez; José Carlos Cardoso. Lunes 24 de septiembre EDUCACIÓN Y CULTURA Sin aviso: Walter De León”.

6.- Exposiciones escritas.
——Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta. (Se vota) ——Treinta y ocho en cuarenta y tres: AFIRMATIVA. (Texto de las exposiciones escritas:) 1) Exposición del señor Representante Amin Niffouri al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio a los Municipios de Tala, Migues y San Jacinto, sobre la necesidad de construir una garita para parada de ómnibus, y dotar de iluminación en la intersección de las Rutas Nacionales Nos. 81 y 7.

“Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, a los Municipios de Tala, Migues y San Jacinto. En una recorrida recientemente realizada por la zona tomamos conocimiento de la necesidad de la construcción de una garita (parada para ómnibus) en la intersección de la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia con la Ruta Nº 81, como así también la de iluminar la mencionada intersección. Por motivos de seguridad y a los efectos de evitar accidentes que se pudieran ocasionar por la falta de alumbrado, creemos absolutamente necesaria la iluminación adecuada de la intersección de estas rutas. Similar situación encontramos en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional Nº 7, allí es imprescindible la inmediata construcción de una garita, así como también la iluminación de dicha zona. Motivos de seguridad y de servicio indispensable para los vecinos ameritan esta solicitud. Por lo expuesto, solicitamos que de forma urgente se proceda a la construcción de las garitas y a la iluminación de las zonas ya individualizadas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”. 2) Exposición del señor Representante Amin Niffouri a los Ministerios de Turismo y Deporte; de Desarrollo Social; de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Escuela Nº 55 de Paraje de los Arenales; al Consejo de Participación y a la Comisión de Fomento de

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dicha Escuela; y a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio al Municipio de Tala, relacionada con la instalación de juegos infantiles para la recreación de los alumnos del referido centro educativo. “Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Escuela Rural Nº 55 del paraje Puntas del Arenal, departamento de Canelones; al Consejo de Participación y a la Comisión de Fomento de la mencionada escuela; al Ministerio de Turismo y Deporte; y a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, al Municipio de Tala. En una reciente visita por la zona, tomamos conocimiento de que la Escuela Rural Nº 55 ubicada en el paraje Puntas del Arenal, carece de juegos infantiles en el patio. A la misma concurre un número importante de alumnos; no es preciso abundar respecto a lo beneficioso que es para los niños una adecuada recreación, siendo necesario, por tanto, contar con juegos que permitan a los niños realizar actividades adecuadas a su edad. Entendemos que es necesario que de manera urgente, se proporcione a la mencionada escuela un número adecuado de juegos para el patio de la misma. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”. 3) Exposición del señor Representante Amin Niffouri a los Ministerios de Turismo y Deporte; de Transporte y Obras Públicas; y de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; a la Intendencia de Canelones, y por su intermedio al Municipio de Tala; y a la Comisión de Fomento de la plaza de deportes de dicha localidad, acerca de la necesidad de designar profesores de educación física y dotar de iluminación a la referida plaza de deportes.

rio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; a la Intendencia de Canelones y, por su intermedio, al Municipio de Tala, y a la Comisión de Fomento de la Plaza de Deportes de la ciudad de Tala, departamento de Canelones. Recientemente, en una recorrida por la ciudad de Tala, tomamos conocimiento de la situación que está atravesando su plaza de deportes. Allí se nos indicó que la situación en cuanto a la iluminación de la misma es deficitaria. La comisión de fomento nos informó que poseen diez focos para ser instalados, pero que no cuentan ni con el personal ni con las herramientas adecuadas para hacerlo, razón por la cual es necesario que algún organismo brinde u ofrezca personal para que les posibilite iluminar la plaza de deportes. Por otra parte, también se nos indicó que carece de un número adecuado de profesores de educación física, prestando funciones en la actualidad un solo profesor, con una carga horaria reducida, lo cual resulta insuficiente para la importante cantidad de personas que acceden a dicha plaza. A esto le agregamos que existe solo un funcionario de mantenimiento. Por lo expuesto, y a los efectos que de manera urgente se proceda a proporcionar personal y herramientas para la iluminación de la plaza de deportes, así como también se designen más profesores de educación física para que desempeñen tareas en la referida plaza, es que presentamos esta exposición escrita. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. AMIN NIFFOURI, Representante por Canelones”. 4) Exposición del señor Representante Enrique Américo Prieto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Cerro Largo, y por su intermedio al Municipio de Río Branco, referente a la necesidad de ejecutar obras para prevenir el desborde del río Yaguarón sobre la referida ciudad.

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Largo, en la que residimos, y que refiere a una de las tantas carencias que también nos preocupa. Nuestra ciudad está situada a orillas del río Yaguarón, afluente de la laguna Merín, distante unos pocos kilómetros de Río Branco. La zona tiene como característica geográfica principal la de ser sumamente llena, por lo que las crecidas del río mencionado no solo ocasionan inconvenientes a los moradores ribereños, sino al entorno natural de la zona costera, con lo que ello conlleva, ya que cada vez más el río se mete en la ciudad, acarreando el peligro de devastación de los terrenos que son aledaños a la avenida Centenario, principal vía de ingreso no solo a la ciudad, sino al país, de quienes proceden de la República Federativa del Brasil, y arteria obligada del tránsito internacional de mercaderías. Esta preocupación ha sido motivo de los más variados proyectos para detener la importante erosión, incluyendo uno creado por un vecino, según el cual se podrían emplear cubiertas en desuso, que en nuestra ciudad existen por millares, con todo lo que ello significa en materia de contaminación medioambiental. Inquietudes y proyectos fueron puestos en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, una y otra vez, sin que hasta el presente se haya manifestado intención de abordar las soluciones a esta problemática, que reitero, nos preocupa. Por lo expuesto, solicitamos que a través de esta exposición escrita se traslade la inquietud de toda una ciudad de más de 14.500 habitantes, que preocupada sigue esperando una solución a este angustiante problema, y a todos quienes puedan tener injerencia en este tema. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENRIQUE PRIETO, Representante por Cerro Largo”.

cidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional. Artículo 2º. (Violación).- Si el embarazo fuera producto de una violación con denuncia judicial no se aplicará el plazo establecido en el artículo anterior. Artículo 3º. (Accesibilidad).- Las mujeres a que refieren los artículos precedentes tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo en los servicios de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo con el procedimiento que se indique, en los términos que establece la presente ley. Artículo 4º. (Condiciones).- Previo a la interrupción del embarazo se requerirá el libre consentimiento informado de la mujer, el que se adjuntará a su historia clínica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 y en el literal D) del artículo 18 de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008. Artículo 5º. (Excepciones).- Fuera del plazo establecido en el artículo 1º de la presente ley, la mujer podrá decidir la interrupción de su embarazo en los siguientes casos: a) si estuviera en riesgo la salud o vida de la mujer; b) si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina. Artículo 6º.- (Consentimiento de menores de edad).- En caso que la interrupción del embarazo sea solicitada por una mujer menor de edad, dentro del término establecido en el artículo 1º de la presente ley, se requerirá el consentimiento de sus repre-sentantes legales o, en su defecto, de quien ejerza su guarda jurídica o tenencia ratificada judicialmente. En caso de no comparecencia, inexistencia o discrepancia de las personas referidas en el párrafo anterior, o que estas formulen su oposición a la interrupción del embarazo, la Dirección del servicio de asistencia médica o en su defecto el médico tratante, pondrá en conocimiento del Juez competente los antecedentes del caso en forma inmediata. Este, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles, convocará a la menor y al Ministerio Público, a efectos de oírla y recabar su consentimiento para la interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

7.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: “Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 785 “CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1º. (Interrupción voluntaria del embarazo).- Toda mujer mayor de edad tiene derecho a de-

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Cumplida la audiencia, el Juez deberá adoptar resolución dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles, considerando como elemento primordial la satisfacción del interés superior de la menor en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El mismo procedimiento será aplicable, en caso que mediare oposición de la menor, a que las personas referidas en los incisos anteriores tengan conocimiento de la situación de gravidez en que se encuentra. Los plazos referidos en la presente disposición no serán de aplicación en caso de que el cumplimiento de los mismos torne inviable la interrupción del embarazo dentro del plazo establecido en el artículo 1º de la presente ley, en cuyo caso el Juez deberá actuar en forma inmediata. Son jueces competentes para entender en las causas que se sustancien por la aplicación del presente artículo, los Jueces Letrados de Primera Instancia de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia en el interior del país. Artículo 7º. (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces).- Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento informado de su curador y venia judicial del Juez competente, que evaluará la conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho de la persona a procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiere tener descendencia. Artículo 8º. (Derecho a un trato digno).- Toda mujer que consulte por una eventual interrupción de su embarazo deberá recibir un trato digno, de acuerdo con lo previsto en los literales A) y B) del artículo 17 de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008. Artículo 9º. (Alcance).- Solo podrán ampararse en las disposiciones contenidas en esta ley las habitantes de la República que acrediten fehacientemente su residencia habitual en su territorio durante un período no inferior a 24 (veinticuatro) semanas. CAPÍTULO II De los servicios de asistencia médica, públicos y privados Artículo 10. (Obligación de los servicios).- Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud -en forma directa o mediante las contrataciones de servicios pertinentes- deberán a través de los equipos de salud que las componen, asegurar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en los términos previstos por la presente ley.

Dicha interrupción se realizará de acuerdo con la decisión de la paciente y tomando en cuenta la mejor evidencia científica disponible al momento de llevarla a cabo, de acuerdo a guías clínicas que el Ministerio de Salud Pública emitirá regularmente. Artículo 11. (Garantía).- Las instituciones previstas en el presente capítulo garantizarán a sus usuarias el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones establecidas en la presente ley. Artículo 12. (Obligación de informar).- Los servicios comprendidos en la presente ley deberán garantizar a sus usuarias la información sobre medidas de anticoncepción establecidas en el marco de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008 y brindarles información integral y apoyo respecto a sus derechos y a la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después que estas hayan adoptado una decisión. Artículo 13. (Confidencialidad e información).- La identidad de la mujer que interrumpiera su embarazo al amparo de la presente ley deberá ser mantenida en total reserva. Artículo 14. (Objeción de conciencia).- El personal de salud tiene derecho a negarse, de acuerdo con su conciencia, a brindar los servicios conexos a la interrupción voluntaria del embarazo establecidos en la presente ley. La objeción de conciencia no podrá dar lugar a ninguna sanción o discriminación. CAPÍTULO III Disposiciones finales Artículo 15. (Excepcionalidad).- Créase un Comité Clínico sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo de carácter multidisciplinario en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. El Comité será una instancia técnica preceptiva para lo cual tendrá en cuenta la mejor evidencia científica. Los reclamos que surjan en relación a la aplicación de las disposiciones técnicas de la presente ley, entre otros, edad gestacional y gravedad de malformaciones, serán resueltos por el referido Comité sin derecho a apelación. Artículo 16. (Sustituciones).- Sustitúyense los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, por los siguientes: “ARTÍCULO 325. (Aborto fuera de plazo y circunstancias).- La mujer que causare su aborto o lo consintiera por fuera de los plazos y circunstancias

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establecidos en los artículos 1º y 5º de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo será sancionada con penas alternativas a la privación de libertad”. “ARTÍCULO 325 Bis. (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero, con el consentimiento de la mujer).- El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento, con actos de participación principal o secundaria fuera de los plazos y circunstancias establecidos en los artículos 1º y 5º de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”. Artículo 17. (Derogaciones).- Derógase el artículo 328 del Código Penal y demás disposiciones que se opongan a la presente ley. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2011. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. Anexo I al Rep. Nº 785 “CÁMARA DE REPRESENTANTES Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo INFORME EN MAYORÍA Señores Representantes: 1.- INTRODUCCIÓN Durante las tres últimas décadas, el Uruguay ha discutido y finalmente dejado de lado todos y cada uno de los proyectos presentados tendientes a brindar un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo. Con pequeñas diferencias de matiz en su contenido, los proyectos que concitaron la mayoría del apoyo parlamentario, despertaron siempre el mismo tipo de polémica, caracterizada por una tensa polarización entre dos posturas defendidas de modo extremo. Entretanto, muchas naciones del mundo han procesado la discusión con un abordaje más pragmático, más atento a lo que enseña la experiencia, y si bien no han zanjado la cuestión de fondo, saturada de elementos filosóficos, religiosos y científicos, puede afirmarse que las estrategias que han procurado enfocar el fenómeno con una mirada más integral, han logrado obtener cierto éxito comparativo -tanto en

términos de mejores perspectivas para la mujer, como desde el punto de vista de los abortos evitados-. El presente proyecto de ley toma en cuenta las estrategias adoptadas por otras naciones, diseña una propuesta adaptada a la problemática nacional y fundamentalmente, busca brindar nuevas bases, diferentes a las tradicionalmente esgrimidas, a efectos de encontrar una solución más completa y humana a la cuestión del aborto provocado. Los partidarios del régimen vigente, tanto como aquellos que se oponen al aborto en cualquier circunstancia imaginable, invocan la vida humana, en particular la vida del concebido, como un absoluto. En el otro extremo, los partidarios de la libertad de opción para la mujer, a su vez, apelan a su autonomía también con el carácter de un absoluto. El presente proyecto de ley, en cambio, equidistante entre ambos polos, trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores. Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas-, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer. En esencia, la clave de la fundamentación reside en optar por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y en recordar que la salida civilizada, cuando la humanidad enfrenta situaciones de esta naturaleza, siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados. El presente proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de un equipo de profesionales interdisciplinario para informar, asesorar y acompañar la decisión de la mujer; y la exigencia de un plazo de reflexión obligatorio de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud. Otros aspectos importantes que el legislador debe atender refieren a múltiples cuestiones, que hacen a posibles efectos no deseados de la norma. A vía de ejemplo, el legislador debe impedir que una norma permisiva sobre el aborto voluntario provoque un aumento de dicha práctica e incluso su banalización, lo cual resultaría incoherente con el deber del Estado de diseñar y ejecutar políticas que promuevan la paternidad responsable y la defensa de la familia.

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El legislador debe impedir también que los mecanismos previstos en la ley se burocraticen y se conviertan en un mero trámite formal. En particular, el procedimiento de consulta de la mujer con un equipo interdisciplinario, aun con todas las ventajas que posee, corre precisamente ese riesgo. Por ello, para evitarlo, se exige los profesionales que integran el equipo interdisciplinario cumplan con el protocolo de actuación que a tal efecto disponga el Ministerio de Salud Pública (artículo 4º literal d) como elemento de contrapeso. Y además, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, deben garantizar que no haya discriminaciones de ninguna naturaleza que impidan la participación de aquellos profesionales que deseen integrar estos equipos (artículo 5º, literal f). A su vez, se requiere que el equipo interdisciplinario sea controlado, a efectos de mantener la asesoría en situación de ecuanimidad y equilibrio. Por ello, para evitar presiones indebidas, el proyecto plantea el requisito de que estos profesionales deben abstenerse de denegar o autorizar la interrupción de un embarazo. Por último, sin perjuicio de las disposiciones vigentes y de otras que disponga el Ministerio de Salud Pública, los directores técnicos de las referidas instituciones dispondrán controles periódicos del estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 5º (inciso final del artículo 5º). Ante todo, el proyecto de ley pretende terminar con la contradicción esencial que trae aparejada la normativa vigente. La ley vigente no ha logrado defender la vida: ni las de los concebidos, ni la de las madres. Pero además, suele olvidarse, que la majestad de la ley ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento, pasivamente permitido con su terrible secuela -peligrosamente generalizable-, de desmoralización y escepticismo para todos los ciudadanos. Es común encontrarse con partidarios de mantener la legislación vigente –que expresan su oposición a este proyecto- que manifiestan que en ningún caso debiera decretarse la prisión para la mujer que interrumpe su embarazo. Si así fuere, si la pena actualmente establecida de tres a nueve meses de prisión se sustituyera por medidas alternativas a la prisión preventiva (potestad que les ha sido conferida a los jueces por la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003), la contradicción sería aún más evidente por cuanto no habría sanción para el delito, y no habría ninguna oportunidad para que la decisión de la mujer tome en cuenta la información, el asesoramiento y la contención del equipo interdisciplinario. A continuación se exponen los elementos jurídicos, médicos, psicológicos y de género que funda-

mentan y proveen de amplias y nuevas bases al proyecto de ley. 2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS El Uruguay ratificó (Ley N° 15.737, de 1° de marzo de 1985) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Según el artículo 4to, inciso 1°: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (…) Este artículo ha suscitado numerosos debates, con el foco en la expresión aquí destacada en negrillas, “en general”. Los adversarios de la legalización han invocado ese inciso para mantener la prohibición. Los partidarios del aborto voluntario, a su vez, lo han interpretado para fundamentar su propia postura. Sin embargo, la interpretación no puede ser otra que la de una tercera opción, es decir, aquella que apunta al carácter de excepcionalidad. Tan es así, que incluso la exégesis que puede encontrarse en la literatura de los partidarios del aborto legal y voluntario, reafirma ese espíritu. Por ejemplo, repárese en los siguientes comentarios, que no hacen más que apoyar la interpretación en términos de la excepcionalidad que busca recoger el nuevo proyecto desde su propio título: “En opinión de uno de nuestros más destacados juristas -especialista en Derecho Público y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República-, Prof. Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, la inclusión de la expresión ‘en general’ entre comas en el texto, se realizó justamente previendo la posibilidad que los ordenamientos nacionales regularan la interrupción voluntaria de la gravidez, lo cual sin duda debe entenderse como una excepción al principio general, admitida por el texto de la Convención”. No es posible fundamentar, a partir de las explicaciones precedentes, ni la total prohibición, ni la total permisividad. Entretanto, de esos dos párrafos surge con toda claridad que el Art. 4, inciso 1°, “debe entenderse como una excepción al principio general”, hay que admitir que se está ante un conflicto de valores (“casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general”), y que solamente corresponde la “prevalencia legítima de uno sobre otro” en “circunstancias especialmente determinadas”. Ese es, precisamente, el espíritu del presente proyecto de ley. Una futura norma sobre esta problemática no puede ser permisiva, ni debe favorecer la generalización de

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una práctica. El Pacto de San José de Costa Rica apunta exactamente a lo contrario. La “generalidad” refiere al derecho a la vida y no a su interrupción. El derecho a la vida “estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción”. Si eso es “en general”, sólo “en particular”, es decir, sólo en circunstancias excepcionales, muy delimitadas, se admitirá la interrupción de un embarazo. El análisis realizado la CIDH es concluyente en igual sentido, por cuanto ha explicado que la inclusión de la frase “en general” fue el resultado de un consenso que permitiría que los Estados que tengan legislaciones que autorizaban el aborto pudieran ratificar la Convención Americana. En referencia a la Convención Americana la CIDH expresó: “21. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Santiago de Chile en 1959, encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la preparación de un Proyecto de convención de derechos humanos que los Estados Americanos deseaban suscribir desde la Conferencia de México de 1945. 22. El Proyecto, preparado por este Consejo en dos semanas, fue origen de la Declaración Americana aprobada en Bogotá, pero también recibió la contribución de otras fuentes, inclusive los trabajos iniciados en las Naciones Unidas. Contiene 88 artículos, empieza con una definición del derecho a la vida (artículo 2), en la cual se volvió a introducir el concepto de que “Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la concepción.” Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968 – Organización de los Estados Americanos, Washington, DC 1973, p. 67 y 237). 23. La Segunda Conferencia Especial de Estados Americanos (Río de Janeiro, 1965)) consideró el proyecto del Consejo y otros dos textos preliminares presentados por gobiernos de Chile y Uruguay, respectivamente, y solicitó que el Consejo de la OEA, cooperación con la CIDH, preparase un Proyecto de Convención para presentarlo a la conferencia diplomática que habría de convocarse con ese propósito. 24. El Consejo de la OEA, al considerar la Opinión emitida por la CIDH sobre el Proyecto de Convención preparado para el Consejo de Jurisconsultos, encomendó a la Comisión que estudiara dicho texto y elaborara otro definitivo para trasmitirlo como documento de trabajo a la Conferencia de San José (Anuario, 1968, p.73-93).

25. Para conciliar los puntos de vista que insistían sobre el concepto de “desde el momento de la concepción”, con las objeciones suscitadas, desde la Conferencia de Bogotá sobre la base de la legislación de los Estados americanos que permitían el aborto, inter-alia, para salvar la vida de la madre y en caso de estupro, la CIDH, volvió a redactar el artículo 2(derecho a la vida) y decidió por mayoría de votos introducir, antes de ese concepto, las palabras “en general”. Ese arreglo fue el origen del nuevo texto del artículo 2 “Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, desde el momento de la concepción” (Anuario 1968, p. 321). 26. El relator propuso, en esta segunda oportunidad de discusión de la definición del derecho a la vida, eliminar la frase final entera “…en general, desde el momento de la concepción”. Repitió el razonamiento de su opinión disidente, es decir, que se basaba en las leyes sobre aborto vigentes en la mayoría de los Estados Americanos, con la siguiente adicción: “para evitar cualquier posibilidad de conflicto con el artículo 6, párrafo 1, del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Cívicos y Políticos, que establece este derecho únicamente de manera general” (Anuario 1968, p.97). 27. Sin embargo, la mayoría de miembros de la Comisión creyeron que, por razones de principio, era fundamental formular la disposición sobre la protección del derecho a la vida en la forma recomendada por el Consejo de la OEA en su Opinión (primera parte). Se decidió por tanto mantener el texto del párrafo 1, sin cambios (Anuario, 1968, p.97). 28. En la conferencia diplomática que aprobó la Convención Americana, las delegaciones del Brasil y de la República Dominicana presentaron enmiendas separadas de eliminación de la frase final del párrafo 1 del artículo 3 (derecho a la vida), o sea: “en general, desde el momento de la concepción”. La delegación de Estados Unidos apoyó la posición del Brasil (Conferencia Especializada Americana sobre Derechos Humanos –Actas y Documentos-Washington, DC 1978, p. 57, 121 y 160). 29. La delegación del Ecuador apoyó, en cambio, la eliminación de las palabras “en general”. Por fin, por voto de la mayoría, la conferencia adoptó el texto preliminar sometido por la CIDH y aprobado por el Consejo de la OEA el cual continúa hasta el presente como texto del artículo 4, párrafo 1, de la Convención Americana (Actas y Documentos, p. 160 y 481).

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30. A la luz de estos antecedentes expuestos, queda en claro que la interpretación que adjudican los peticionarios de la definición del derecho a la vida formulada por la Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase “en general, desde el momento de la concepción” no significa que quienes formularon la Convención tuviesen la intención de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en Bogotá, cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula “en general, desde el momento de la concepción” son substancialmente diferentes de las de la cláusula más corta “desde el momento de la concepción”, que aparece repetida muchas veces en el documento de los peticionarios”. Hasta aquí algunos de los comentarios establecidos por la CIDH, según consta en la resolución Nº 23/81 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptada el 6 de marzo de 1981 en el caso 2141, relativo a los Estados Unidos de América (el “caso Baby Boy”). También la Dra. Cecilia Medina Quiroga, quien fue Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha expresado en el mismo sentido: “… se desprende de la historia del tratado que la expresión “en general” fue agregada al texto original con el preciso fin de conciliar la posibilidad de que las legislaciones nacionales permitieran el aborto, y que la propuesta de suprimirla no fue aceptada, por lo que, de basarse en la interpretación de una disposición no clara en los trabajos preparatorios, habría que concluir que el párrafo 1 del artículo 4 no impide la facultad de los Estados de permitir el aborto en las circunstancias que ellos determinen”. En su comparecencia ante la Comisión Especial, el Dr. Martín Risso Ferrand expresó en referencia al artículo 7 de la Constitución de la República: “Este artículo dice que los habitantes tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida. Nuevamente la solución de principio, lo que se llama principio de protección en materia de derechos humanos, es la protección de la vida, aunque la Constitución admite que por ley puedan establecerse algunas excepciones basadas en razones de interés general”. Y más adelante se pregunta y explica: “¿Qué son las razones de interés general en sentido estricto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la mejor doctrina nacional que arranca con Jiménez de Aréchaga? Antes que nada, hay que poner el acento en razones; interés general es accesorio, lo que importa son las razo-

nes. Las razones de interés general es un concepto jurídico indeterminado que se extrae de la Constitución, del derecho internacional de los derechos humanos, de los principios generales, de los valores, del sistema único de derechos humanos. Las razones de interés general implican aquellas razones que son necesarias para asegurar la eficacia de todo el sistema de derechos humanos. No es un concepto que habilite a que arbitrariamente se decida limitar un derecho u otro, sino que el horizonte tiene que ser siempre la protección del sistema único e indivisible”. Continuando su exposición el Dr. Risso Ferrand explicó cómo se hace para analizar cuando hay razones de interés general y cuando no. Al respecto expresó: “Acá aparecen dos principios muy viejos que permiten analizar estos temas. Son dos principios de creación jurisprudencial, que, además, tienen algo interesante. Uno apareció en Estados Unidos y el otro en Alemania, los dos en el siglo XIX, y tienen por objeto la preocupación por controlar el margen de decisión de las autoridades del Gobierno frente a los derechos humanos. Los dos nacen con el objetivo de proteger los derechos humanos frente a los actos de autoridad. El principio de razonabilidad tiene su primera consagración en minoría, en discordias, en la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense en el año 1872, y en 1902 empezó a ser la posición mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso muy curioso, el caso Lochner, que es recordado como uno de los tres anti precedentes, es decir, uno de los tres ejemplos de lo que una Corte Suprema no debe hacer. Sin embargo, pese a la atrocidad que significó ese caso, la formulación del principio de razonabilidad está ahí y es la primera vez que apareció. El principio de razonabilidad dice que toda limitación o restricción de los derechos humanos tiene que estar justificada, no puede ser arbitraria, tiene que ser justa y no puede ser desproporcionada. A partir de 1902, con vaivenes y distintos criterios, la Corte Suprema de Estados Unidos lo viene utilizando. El principio de proporcionalidad nace en Alemania a fines del siglo XIX. Este principio tiene el mismo objetivo que el otro, es decir, determinar hasta dónde pueden llegar las autoridades de Gobierno en la limitación de los derechos humanos. Los alemanes son mucho más precisos -suelen serlo- y estructuran este principio de proporcionalidad en tres pasos. Pri-

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mero, hay que analizar la idoneidad de la medida legislativa, después, la necesariedad y, si podemos pasar esas dos primeras etapas, se termina en una ponderación en sentido estricto. Estos dos principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son primos hermanos, en América Latina vienen siendo utilizados en forma indistinta, y, a veces, fusionada. Es habitual en América Latina que para definir el principio de razonabilidad se recurra a los componentes de proporcionalidad, y para definir los de proporcionalidad, se recurra a los componentes de la razonabilidad. El rango constitucional de estos dos principios en el Uruguay nunca ha sido cuestionado; deriva de la propia noción de Estado de derecho. En un Estado de derecho, ninguna autoridad puede actuar contra o fuera del derecho, y ninguna autoridad puede actuar, en el ejercicio del poder conferido por la Constitución o por la ley, en forma arbitraria o en forma desproporcionada. También se menciona, como fundamento de estos principios, el artículo 7º de la Constitución porque, precisamente, cuando hace referencia a razones de interés general, nos está hablando de la razonabilidad. Hay un tercer fundamento que coadyuva con los anteriores, que es el artículo 72. Estos dos principios, en tanto garantía de los derechos humanos, tienen rango constitucional por ser inherentes a la personalidad humana o por ser derivados de la forma republicana de gobierno. En definitiva, la forma más práctica de analizar si se cumple con los requisitos de la Convención Americana y de la Constitución uruguaya en materia de limitación de un derecho humano es recurrir al principio de proporcionalidad”. En nuestro país existen un número indeterminado de abortos provocados. Algunas estimaciones los sitúan en más de 30.000 anuales. Otras estimaciones reducen esa cifra a 20.000. Lo cierto es que nuestro país no tiene ningún registro que avalen estas cifras. Un dato revelador de la ignorancia con que la sociedad uruguaya debate el tema. En cualquier caso, en 15 un país que registra 46.706 nacimientos al año, las cifras mencionadas debieran movernos a la reflexión. Durante estos casi 75 años en que regido la legislación vigente, desde su aprobación en 1938, ¿ha sido exitosa la legislación vigente para disminuir los aborDatos del informe de gestión de maternidad 2011 del Ministerio de Salud Pública.
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tos? ¿Cuántos se han penalizado? A vía de ejemplo, el 8 de mayo de 2008, el Ministerio Público y Fiscal dictó una resolución donde solicitó el enjuiciamiento y prisión contra dos médicos por la comisión del delito de aborto en forma reiterada, pero sin embargo, decidió no formular acusación penal en mérito a que se trata “de una cuestión sumamente debatida, de connotaciones morales y filosóficas profundas, con opiniones fuertemente encontradas en el se16 no de la sociedad”. Quizás si buscamos en los antecedentes judiciales encontremos algunos procesamientos por esta razón. Pero sin duda las normas penales de los artículos 325 y 325 bis del Código Penal no superan la primera prueba del principio de proporcionalidad. La medida legislativa dispuesta en la Ley Nº 9.763 no es idónea. Si se buscó con la penalización disminuir los abortos, no tuvo éxito. Como ya fue dicho: no logró defender la vida de los concebidos ni la de las madres. Veamos pues las razones de interés general que fundamentan esta ley a la luz del principio de proporcionalidad, examinando la idoneidad, la necesariedad y la ponderación de la ley proyectada. Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley será idónea para disminuir el número de abortos que se practican en nuestro país, porque el derecho a nacer del concebido estará presente en la reflexión de la mujer. Será idónea para que su decisión de interrumpir el embarazo sea asumida libre, consciente, y responsablemente con las garantías de un ámbito sanitario adecuado. En otras palabras, los medios establecidos en la ley son aptos para obtener los fines perseguidos. Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley es necesaria, indispensable para revertir la situación actual en materia de abortos provocados en un país que como el nuestro tiene una baja tasa de fecundidad y una estructura de edades envejecida. Es necesaria porque es la medida más moderada desde el momento en que “el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo (artículo 3º, inciso cuarto).” Dicho de otro modo, el medio empleado “El veto del Ejecutivo uruguayo a la despenalización del aborto: de construyendo sus fundamentos”, Analía Banfi Vique, Oscar A. Cabrera, Fanny Gómez Lugo, Martín Hevia, Cuadernos Aportes al debate en salud, ciudadanía y derechos, MYSU.
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por esta ley es el menos restrictivo respecto al derecho fundamental en cuestión, cual es el derecho a nacer. Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley es ponderada por cuanto se derivan de ésta más beneficios para el interés general por los abortos que se evitaran como consecuencia del asesoramiento, información y apoyo psicológico que supone la participación de un equipo interdisciplinario. Es ponderada además en la medida que restablece la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres sin que éstas deban recurrir al mercado ilegal en que se comercializan las drogas que permiten el aborto farmacológico. En consecuencia, los resultados obtenidos resultan ampliamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto. En cuanto al plazo de reflexión que introduce este proyecto, pueden encontrarse muchos antecedentes en el Derecho Comparado. Aquí apenas mencionamos: – Italia (Ley de 1978): Art. 5to. Si no se trata de un caso de urgencia: “Transcurridos los 7 días la mujer puede presentarse para obtener la interrupción del embarazo”. – Francia (Ley de 1975): Art. L.162-5: “Si la mujer ratifica, luego de las consultas previstas en los artículos L.162-3 y L-162-4, su solicitud de interrupción de la gravidez, el médico debe solicitarle una confirmación por escrito, no pudiendo aceptar esta confirmación sino después de la expiración del término de una semana siguiente a la primera demanda de la mujer”. – España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998). Entre las condiciones para ejercer el derecho a abortar en el Art. 1° se establece: Art. 1, inciso d: “Que una vez asesorada e informada en los términos de esta Ley haya dejado transcurrir un plazo mínimo de tres días a fin de madurar su decisión definitiva”. En cuanto al consejo y apoyo profesional: – Francia (Ley de 1975): Art. 162-4. “Esta consulta implica una entrevista particular en el curso de la cual se le ofrece asistencia y consejos apropiados a su situación, así como los medios necesarios para resolver los problemas sociales planteados”.

– Islandia (Ley de 1975). El Art. 11 refiere a la necesaria presencia y actuación de un ginecotocólogo, visitador social, cirujano, y, cuando fuere del caso de un psiquiatra, en las interrupciones de la gravidez autorizadas por la ley. – España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998): Art. 1, inciso b: “Que la mujer que desee interrumpir su embarazo acuda a algunos centros de asistencia y asesoramiento acreditado antes de llevarlo a cabo”. Art. 1, inciso c: “Que la mujer, tras haber sido adecuadamente oída en entrevista y haber escuchado en ella las razones que asisten al Estado para tutelar la vida, sea informada de cuantas ayudas familiares, económicas y sociales disponibles pudieran ser de utilidad así como los aspectos jurídicos y médicos de la intervención, de todo lo cual se expedirá la oportuna certificación”. 3.- FUNDAMENTOS MÉDICOS Un fuerte apoyo empírico a las modificaciones propuestas lo constituye la metodología expresada en el libro “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. Aspectos clínicos, epidemiológicos, médico-legales, bioéticos y jurídicos”, coordinado por el Dr. Leonel Briozzo (edición del SMU, Montevideo, 2002). Sin tomar partido en cuanto a la legalización del aborto, todo el abordaje de ese equipo de profesionales de la salud, se centra en apoyar a la mujer “antes” y “después” de un aborto. Si este grupo de médicos, apoyado por la Facultad de Medicina, la Sociedad de Ginecotocología y el SMU, insiste en acompañar a la mujer cubriendo esas dos etapas, y además sostiene que eso ya está permitiendo reducir la mortalidad y la morbilidad, entonces es menester profundizar y continuar esa misma línea, y acompañar a la mujer en el momento más difícil, es decir, en el “durante”, mientras se procesa la decisión. El capítulo I del proyecto de ley introduce consejeros profesionales habida cuenta de esa pragmática y sugerente experiencia. Recordar algunas de sus recomendaciones: “Para operativizar esta normativa se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario constituido por ginecotocólogo, obstetra-partera, especialista en salud mental, asistente social, médico legista, sociólogo, entre otros” (“Iniciativas sanitarias…” pág. 79). Si se puede pedir tanto, y si se puede lo más (como pare-

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cen plantear los médicos del Hospital Pereira Rossell), entonces se puede también lo menos: el proyecto modificado exige apenas tres profesionales, y va en el mismo sentido de esa estrategia defendida con una vasta experiencia directa en el tema -y apoyada por la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la sociedad de Ginecotología del Uruguay-. 4.- FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS En muchas de las páginas de “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”, se reitera la necesidad de acompañar a la mujer, dadas las circunstancias en que se encuentra. En particular, en la página 63, la Dra. Graciela López Machín -abogada, ex Directora de Prevención de Delitos- afirma: “Los métodos que las mujeres suelen utilizar en su intento por resolver su problema deben ser vistos como un reflejo de su desesperación. Así, las que poseen información y recursos acceden a profesionales que utilizan técnicas seguras y mitigan el dolor físico y emocional. En cambio, las que no los poseen suelen provocárselo ellas mismas o con asistencia de una persona sin entrenamiento y sin recursos materiales”. El capítulo I del proyecto de ley busca, precisamente, brindarle a todas las mujeres -y especialmente a las mujeres pobres-, antes que una mera facilidad para abortar en condiciones higiénicas, un apoyo médico, psicológico y social que las continente y rodee de mayores elementos su decisión. También en “Iniciativas sanitarias…”, el informe de la psicóloga Denisse Defey, titulado “El aborto provocado: su dimensión psicosocial”, incluye muchas afirmaciones que pueden ser utilizadas como fuertes argumentos a favor de introducir consejo profesional, médico, psicológico y social, y añadir un plazo de reflexión para que la mujer lo procese en forma adecuada. En dicho trabajo se insiste en la ambivalencia del deseo de la mujer, tanto de abortar como de ser madre y en la fragilidad de las circunstancias que envuelven cualquier embarazo. Según Defey, no hay exactamente decisiones únicas, sino procesos. En todo caso, la mujer no está en el mejor momento para decidir sola. Según sus palabras: “El deseo aparece como un fenómeno cambiante que debería –en todo caso- describirse como un proceso más que como una categoría presente o ausente. Esto queda dramáticamente demostrado por el hecho de que en Francia, pese a que el aborto se realiza por sola voluntad de la mujer, se le exige una semana de reflexión y en ese tiempo la mitad de las mujeres desiste de su intención original ” (pág. 35). Y más adelante: “La mujer

que se halla en profunda duda respecto de la realización del aborto constituye otra indicación para una entrevista especializada, la cual tiene como objetivo ayudarle a esclarecer sus motivaciones tanto a favor como en contra del aborto, procurando una decisión más libre y más certeramente arraigada en su situación tanto interna como externa”. (pág. 45). 5.- PERSPECTIVA DE GÉNERO La propuesta incluida en el capítulo I del proyecto de ley atiende a la circunstancia de que resulta innegable la connotación de género que tiene el aborto y, como consecuencia de ello, excluye la posibilidad de que el progenitor varón pueda forzar la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo o de continuarlo. De este modo, se reconoce que es la mujer quien sufre las penosas circunstancias de un embarazo no deseado, con angustia y aun con pánico. Será sobre su conciencia que pesará la decisión y, teniendo presente el modo distinto en que hombres y mujeres afrontan la paternidad o la maternidad, se advierte que es la vida de la mujer la que cambiará para siempre, si decide continuar con el embarazo o interrumpirlo. Lo anterior no implica compartir la idea de que el concebido forma parte del cuerpo de la mujer, ni de que el progenitor varón deba ser excluido de las instancias de reflexión, asesoramiento y consulta que precederán a la decisión final acerca de la continuación o interrupción del embarazo. En este sentido, se propone que el padre participe, siempre que la mujer exprese su consentimiento, mecanismo que se adecua a todas las situaciones que puedan presentarse: pareja estable o ausencia de ella; pareja en crisis o funcionando apropiadamente. 6.- ALGUNAS REFLEXIONES FINALES Para finalizar este informe en mayoría, nos parece oportuno incorporar algunos testimonios del Sacerdote Luis Pérez Aguirre, recogidos en el libro editado por la Cámara de Representantes. “Se me ocurre que el camino acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto. Leyes que encaren la planificación familiar, la atención de la salud de la mujer, que combatan frontalmente la pobreza, que encaren la protección de las personas nacidas con discapacidades. Sería muy bueno que el legislador propusiera leyes que defiendan: 1) un programa de planificación familiar; 2) la superación de la discriminación y la ayuda a las madres solteras y su hijo; 3) el amparo

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social a la madre casada o no; 4) una rígida legislación para proteger el empleo y protección de la gestante; 5) leyes que faciliten la adopción; 6) el amparo social vitalicio para hijos retardados; 7) salario materno; 8) multiplicación de las guarderías infantiles; 9) centros de medicina preventiva. Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables: quien dice que para salvar embriones y/o fetos hay que ajusticiar, eliminar o sancionar socialmente a las madres y quien sostiene, por el contrario, que para defender a las madres se puede aceptar o justificar la destrucción de embriones o fetos. En esta disyuntiva de hierro lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas, porque abrumadoramente desde el punto de vista numérico son las más débiles y las más pobres, las que no se pueden o no tienen los medios para defenderse o escapar de la legislación dada. (…) Claro, siempre será mucho más cómodo evitar todo este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta. Siempre será más fácil eliminar fetos o mujeres que luchar contra las verdaderas causas sociales del aborto. Lo paradójico es que ninguna de las dos posiciones ha llevado nunca a disuadir a nadie ni a terminar con los abortos sino generalmente con las víctimas de esas situaciones angustiosas. Aunque puedan tranquilizar algunas conciencias, estas posiciones serán siempre pseudo-soluciones. Mientras persistan las causas que acorralan y obligan a la mayoría de las mujeres a abortar, ellas seguirán abortando”. Por último, en el semanario “Brecha” del 2 de marzo de 2001 expresaba acerca de la justicia: “A los efectos de centrar el debate me parece imprescindible aclarar que es hacer justicia. La primera forma de entender cómo se establece o repara la justicia es ajusticiando (de acuerdo con la ley) al culpable de un delito. Esta justicia, la nuestra, termina en la cárcel o su equivalente de acuerdo con la gravedad del dolo. La segunda forma de entender qué es hacer justicia, significativamente la inversa de la anterior, afirma que basta con encontrar una ley o una tradición moral (y una autoridad) que explique o avale, que justifique nuestro comportamiento, para que hayamos cumplido con la justicia. Pues bien, pienso que ninguna de las dos posiciones tiene nada que ver con la solución justa. Por eso sólo cabe una tercera manera de entender el hacer justicia. Creo que nos ayudaría aquí usar el término ajustar. Para el humano, hacer justicia es (debería ser) lograr -creativa y responsablemente- la supervi-

vencia de toda vida en el cosmos: que la realidad y los seres vivos (especie e individuos) se ajusten armoniosamente de tal manera que sea posible la supervivencia de todos. Se debe centrar el debate en descubrir qué pasos hay que dar para evitar, de manera realista y eficaz, el que se sigan realizando abortos, o mejor, para evitar que una mujer se tenga que plantear el aborto como única alternativa, o como la menos amenazante en un momento concreto de su vida”. En mérito a lo expuesto, con el propósito de esta ley sea un medio idóneo para cambiar la realidad actual y disminuir los abortos provocados, aconsejamos al Cuerpo aprobar el siguiente proyecto de ley. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. IVÁN POSADA, Miembro Informante, WALTER DE LEÓN, MARÍA ELENA LAURNAGA, BERTA SANSEVERINO, JUAN C. SOUZA. PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y REQUISITOS Artículo 1º. (Principios generales).- El Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008. La interrupción voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un instrumento de control de los nacimientos. Artículo 2°. (Despenalización).- La interrupción del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las doce semanas de gravidez. Artículo 3º. (Requisitos).- Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso.

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El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con el equipo interdisciplinario establecido en el numeral 2 del literal b) del artículo 4° de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, el que a éstos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 (cinco) días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008 e incorporada a su historia clínica. Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente. Artículo 4º. (Deberes de los profesionales).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario deberán: a) orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a éstos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes. b) entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer.

c) garantizar, dentro del marco de su competencia, que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o interrumpir el embarazo. d) cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. e) abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción. Artículo 5º. (Deberes de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud).- Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán: a) promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo, b) estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta en el artículo 3º de esta ley, c) interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias, d) poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley, e) garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 3º de esta ley, así como de todos los datos anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 18.33, de11de agosto de 2008. f) garantizar la participación de todos los profesionales que estén dispuestos a integrar los equipos interdisciplinarios, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el literal b), numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, y de cualquier otra disposición reglamentaria que disponga el Poder Ejecutivo a este respecto, los directores técnicos de las citadas instituciones dispondrán controles periódi-

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cos del estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley. Artículo 6º. (Excepciones).- Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse: a) cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. b) cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. c) cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación. En todos los casos el médico tratante dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas, debiendo la mujer prestar consentimiento informado, excepto cuando en el caso previsto en el literal a) del presente artículo, la gravedad de su estado de salud lo impida. Artículo 7º. (Consentimiento de las adolescentes).- En los casos de mujeres menores de 18 (dieciocho años) no habilitadas, el médico ginecólogo tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008. Cuando por cualquier causa, se niegue el asentimiento o sea imposible obtenerlo de quien debe prestarlo, la adolescente podrá presentarse con los antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el Juez competente. El Juez deberá resolver en un plazo máximo de 3 (tres) días corridos contados a partir de la presentación ante la sede, respecto a si el consentimiento ha sido expresado en forma espontánea, voluntaria y consciente. A tal efecto, el Juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público, para oírla y recabar su consentimiento para la interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de septiembre de 2004). El procedimiento será verbal y gratuito. Son jueces competentes para entender en las causas que se sustancien por la aplicación del presente artículo, los Jueces Letrados de Familia Espe-

cializados en Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia con competencia en materia de familia especializada, en el interior del país. Artículo 8º. (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces).- Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento informado de su curador y venia judicial del Juez competente del domicilio de la incapaz que –previa vista al Ministerio Público-, evaluará la conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho de la mujer a procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiere tener descendencia. CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES Artículo 9º. (Acto médico).- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Artículo 10. (Obligación de los servicios de salud).- Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preceptuado en la presente ley. A tales efectos, deberán establecer las condiciones técnicoprofesionales y administrativas necesarias para posibilitar a sus usuarias el acceso a dichos procedimientos dentro de los plazos establecidos. Las instituciones referidas en el inciso anterior, que tengan objeciones de ideario, preexistentes a la vigencia de esta ley, con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regulan en los artículos anteriores, podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública, dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. Artículo 11. (Objeción de conciencia).- Los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3º y el artículo 6º de la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos en el inciso anterior, con excepción de la situación prevista en el último inciso del presente artículo.

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La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios. Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente artículo. Lo dispuesto en el presente artículo, no es aplicable al caso previsto en el literal a) del artículo 6º de esta ley. Artículo 12. (Registro estadístico).- El Ministerio de Salud Pública deberá llevar un registro estadístico de: i) las consultas realizadas en los términos previstos por el artículo 3º; ii) los procedimientos de aborto farmacológico realizados; iii) los procedimientos previstos en los literales a), b) y c) del artículo 6º; iv) el número de mujeres que luego de realizada la entrevista con el equipo interdisciplinario deciden proseguir con el embarazo; v) los nacimientos y cualquier otro dato socio demográfico que estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley. Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán llevar sus propios registros de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. El Poder Ejecutivo reglamentará los datos que incluirán tales registros, la forma y la periodicidad en que las citadas instituciones comunicarán la información al Ministerio de Salud Pública. CAPÍTULO III DISPOSICIONES FINALES Artículo 13. (Requisito adicional).- Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año. Artículo 14. (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 15. (Reglamentación y Vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la misma entrará en vigencia a los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. IVÁN POSADA, Miembro Informante, WALTER DE LEÓN, MARÍA ELENA

LAURNAGA, BERTA RINO, JUAN C. SOUZA. Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo INFORME EN MINORÍA Señores Representantes:

SANSEVE-

LA DEFENSA DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS La defensa de los Derechos Humanos debe ser siempre y en toda circunstancia irrestricta. Defenderlos a cabalidad significa defender el primero de ellos, el derecho a la vida, sin el cual no es posible la existencia de los demás. Es una contradicción flagrante proclamarse defensor de los Derechos Humanos pero no hacerlo igual con respecto al primero, al que da origen a todos los demás. Eso es defender “casi” todos los derechos humanos. Por eso tenemos una visión pro activa de lo que significa este tema y lo abordamos desde una perspectiva progresista y avanzada, desde una concepción integral de los derechos de las personas. Incluso y primero que nada, de este derecho, el de la vida, donde los sujetos del derecho no tienen la posibilidad de expresarse y exigir su respeto. El adulto puede hacerlo, puede reivindicar y exigir, puede hacerse valer, pero no así el no nacido, que está en condiciones de dependencia y de debilidad absoluta con respecto a la defensa de su propio derecho a la vida, su primer derecho. Ya nadie puede discutir la existencia de la vida desde el momento mismo de la concepción. El argumento tantas veces usado en el pasado que fijaba la existencia de la misma a partir de determinada semana de gestación se ha derrumbado irremediablemente. Nadie se anima a repetirlo. Los avances científicos y especialmente los vinculados a la genética no dejan duda ninguna: desde el momento mismo de la concepción existe un ser humano vivo y poseedor de una identidad única en el mundo. La secuenciación del genoma humano lo verifica sin discusión. Es así que quienes defendemos esta concepción progresista e integral de los derechos de la mujer y el hombre, no hemos variado nuestros argumentos, no así quienes con una visión parcial de defensa de los adultos olvidan los del niño y por lo tanto del débil. La supuesta contradicción entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad no es tal, nunca puede serlo. Prevalece siempre el primero. El ejercicio de la libertad es sobre lo que uno puede disponer pero no a

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costa de la libertad y la vida del “otro”, que es distinto y es otra persona. Con el Dr. Gross Espiell coincidimos cuando afirmaba que es un error humano y jurídico afirmar que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo por razones de simple voluntad. La mujer en este caso está disponiendo de otra vida que está en gestación, pero que es diferente a la suya. Así sucesivamente los defensores del aborto y quienes piden su legalización/despenalización, han mutado su línea argumental tras el derrumbe sucesivo de los argumentos y la evidencia científica disponible. Se sostenía, con certezas inexplicables, que la práctica ascendía en Uruguay a cifras que prácticamente equivalían a la de los nacimientos en el país. Era tan abrumadora la realidad que había que ceder ante su práctica, sugerían. Hoy, y en la comisión se reconoció, es imposible de saber la cantidad de abortos. Nunca se supo, en verdad, pero con “violencia estadística” se quería fundamentar con números lo que no se podía saber en cifras, ni se sabe. Sí, obviamente, de su existencia, pero no de su magnitud: poca, mucha o regular. Otro argumento quedó por el camino. Luego se sostuvo que era necesario su legalización en virtud de que al aborto provocado era la principal causa de mortalidad materna. Informes del MSP dicen de lo equivocado de esta afirmación y que durante muchos años, los últimos registros lo afirman, no se registraron muertes maternas por esta causa, según informan estadísticas oficiales. Es más, tampoco se puede afirmar con razón que la legalización de la práctica o la nueva forma de la misma que es la despenalización, tenga alguna vinculación con el descenso de la mortalidad materna. Países que tienen legalizada la práctica del aborto tienen cifras de mortalidad materna que más que duplican las de Uruguay donde hasta el momento no es legal. Es así que la evidencia científica dejó en claro que el debate pasa por otros andariveles. Estamos frente a la defensa de derechos fundamentales o en su defecto de la limitación y la negación de éstos, este es el centro del debate. No estamos frente al caso donde por razones médicas y para salvar la vida de la madre debe interrumpirse el embarazo, circunstancia prevista en la legislación desde hace muchos años. Nosotros nos afiliamos a la defensa de las dos vidas, la de la madre y la del niño. Nos parece que se debió empezar la discusión por el extremo opuesto al que se hizo promoviendo la necesaria cobertura social a la mujer embarazada en caso de desamparo.

Determinados ideologicismos impiden esto, haciendo prevalecer unos derechos sobre otros. En el transcurso del trabajo de la comisión esto último fue reconocido con meridiana claridad y además con una honestidad intelectual y argumental que destacamos. La organización “Iniciativas Sanitarias”, fundada por el actual subsecretario de Salud Pública Dr. Leonel Briozzo, en su comparecencia señaló muy precisamente al comentar el presente proyecto que “Así la mención a la tutela de la vida humana es inconveniente, pues toda legislación que reconozca la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo está definitivamente dirimiendo un conflicto entre el interés de la madre y el interés del embrión”. Es de enorme honestidad esta definición, que traduce las opciones sin camuflajes. Desnuda las opciones que atraviesan este debate. EL ESTATUTO JURÍDICO VIGENTE, LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS Y LAS LEYES Y EL COMIENZO DE LA VIDA Los aspectos jurídicos y los compromisos internacionales que tiene el Uruguay ratificados a nivel nacional, merecen un capítulo aparte. Uruguay, libre y democráticamente, ha construido una arquitectura normativa defensora de la vida y de los derechos humanos, comenzando por el primero de ellos y desde el momento mismo de la concepción. Aquí pese a dudas que algunos pudieran tener en el pasado, nunca se tuvo discrepancias desde cuando la misma se debía proteger y desde cuando se era titular de derechos. Es una rica tradición nacional de protección social de los débiles. La Constitución, las leyes y los tratados ratificados y transformados por ello en legislación propia así lo determinan. Como afirmó el Dr. Martín Risso en Comisión “una ley es inconstitucional, será inválida, pero también puede ser inconvencional y ser inválida”. Y en el caso concreto se pregunta el profesional: “¿desde cuándo hay vida protegible?” “En la actualidad, la solución es extraordinariamente sencilla y mucho más que en otras disciplinas, puesto que el numeral 1 del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, dice que hay vida protegible desde el momento de la concepción. Esta es la norma más protectora en la materia y por lo tanto es la que debemos utilizar necesariamente.” “Lo que se llama principio de protección en materia de

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Derechos Humanos, es la protección de la vida”, agrega Risso. Esta Convención establece en su artículo 4º que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Estamos frente a la consagración de normas que garantizan la protección de los Derechos Humanos y del “Primer Derecho”, el derecho a la vida, sin el cual, carece de sentido la protección de todos los demás, y sobre todo en los seres Humanos de mayor vulnerabilidad, de los más indefensos, aquellos que aun se encuentran en el vientre materno. Como tema incluido en el ámbito de los Derechos Humanos, es una materia regulada jurídicamente, de manera simultánea, de forma coordinada y autónoma por el Derecho Internacional y por el Derecho Constitucional. Partimos de la base que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano porque él no depende de la voluntad del constituyente ni de la Nación ni mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. Lo que si debemos consagrar en nuestro ordenamiento jurídico son los elementos necesarios para que el goce de ese derecho sea efectivo y el momento del inicio de dicha protección. El proyecto de ley en cuestión va en contra de preceptos constitucionales expresamente establecidos en nuestra Carta Magna, más precisamente los establecidos en los artículos 7º, 8º, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332. Por lo tanto este proyecto es contrario a la Constitución de la República y a la Convención Americana, es inconstitucional e inconvencional. Pero también enfrenta otras normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico que claramente establecen protecciones a derechos del ser humano desde la concepción misma. En nuestro Código Civil, el artículo 21 establece que “son personas todos los individuos de la especie humana….” y luego en el Titulo IV del Libro Primero, al regular la Paternidad y la Filiación, en los artículos 215 a 220 se establecen diferentes plazos en los que se tiene en cuenta el momento de la concepción, calificando la misma a los efectos de establecer la legitimidad, filiación y acciones judiciales que se pueden o no iniciar según esos plazos. En esa misma dirección y a la hora de establecer los derechos sucesorios, el mismo cuerpo normativo

en su artículo 835, establece la incapacidad para adquirir por testamento de los no concebidos así como para los que concebidos no nacieren viables, concluyéndose claramente la legitimidad sucesoria del concebido en su carácter de individuo de la especie humana tal como se determina en el artículo 21 antes mencionado. En otra norma recientemente consagrada, la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, denominado Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconocen también derechos del concebido y el artículo 1º, donde se establece el ámbito de aplicación de la propia ley a los seres humanos menores de 18 años de edad. En su artículo 46, incluido en el capítulo que regula las prestaciones alimentarias, se garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma. También el Código de la Niñez establece el derecho para el concebido en relación a la investigación de la paternidad ya que el artículo 198 establece que desde que se constata la gravidez se puede iniciar la acción judicial correspondiente. La Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, por la que se crea el Instituto Nacional del Menor, luego denominado INAU por la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, establece los cometidos del Instituto incluyendo en su artículo 2º que debe “Asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad”. Por otra parte, existen una serie de normas originadas en compromisos internacionales en las que se protegen o reconocen derechos desde la concepción misma, tal como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990, particularmente sus artículos 6º y 24; el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Ley Nº 16.519, de 22 de julio de 1994, especialmente en su artículo 15. CONCLUSIÓN Estamos ante un proyecto entonces que por vía del cambio de nomenclatura llamando despenalización lo que en verdad es legalización, convalida un mal social. No es argumento válido sostener que la mera existencia de una circunstancia en forma reiterada valida su legitimación. Es además un proyecto profundamente negador en materia de derechos humanos y anti solidario, que prohíja los derechos de los fuertes en detrimento

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del débil y del carenciado. No habrá sido la voluntad de sus proponentes, pero es su consecuencia innegable. Dejaremos para la discusión en Sala otros análisis, pero ninguno de ellos dejará de tener en el centro los valores que se defienden por quienes creemos que la protección irrestricta de los derechos humanos debe hacerse en forma integral, y para todos los seres humanos y en caso de tener que elegir siempre empezando por aquellos derechos de quienes no pueden por su desamparo y debilidad, hacer valer los suyos. Por lo expuesto los representantes del Partido Nacional reafirmamos una expresión positiva de defensa integral de todos los derechos humanos sin excepción, ratificamos el respeto a la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Pacto de San José de Costa Rica y las leyes vigentes. En consecuencia no votamos el proyecto de ley remitido por el Senado de la República ni el proyecto sustitutivo que fuera introducido en el seno de la Comisión Especial por la bancada del Frente Amplio y el Diputado Iván Posada, recomendando al Cuerpo el rechazo del proyecto de ley en discusión de interrupción voluntaria del embarazo. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. JAVIER GARCÍA, Miembro Informante, GERARDO AMARILLA. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República, en el que se establece un conjunto de normas tendientes a la legalización -despenalización- de la interrupción voluntaria del embarazo. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. JAVIER GARCÍA, Miembro Informante, GERARDO AMARILLA. Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo INFORME EN MINORÍA Señores Representantes: El proyecto de ley del aborto (bajo el nombre de interrupción voluntaria del embarazo) a estudio de la Cámara de Representantes, no debe ser aprobado. Pues, más allá de la finalidad que persigue (que no es muy clara), implica una dramática transformación del

sistema jurídico uruguayo, de los valores en los cuales este reposa y de los propios fundamentos éticos, morales y filosóficos que sostienen el consenso a partir del cual se organiza la vida de nuestra sociedad. Bajo un ampuloso (pero erróneo) rótulo de “interrupción voluntaria del embarazo”, bajo muy discutibles argumentos y esgrimiendo un señorío de la voluntad del pueblo que al legislador no le corresponde, contra la naturaleza, contra la Ciencia y contra el Derecho, el proyecto hace gala, si no del menosprecio por la vida humana, por lo menos de asignarle a la vida de unos mayor valor que a la de otros (proyecto de ley, entonces, netamente discriminatorio, anticonstitucional y contradictorio con un sistema de valores y reglas de conducta del cual resulta la prohibición de discriminar). Ningún desarrollo es necesario para dar cuenta del valor que representa la vida humana; solo basta recordar que es el primer elemento, la esencia, la sustancia primaria de toda la vida social y de todo el sistema jurídico, circunstancia que por sí sola explica la prioritaria ubicación que, en el orden de los Derechos Fundamentales del Hombre, le asigna nuestra carta constitucional, como explica, además, que el constituyente haya prohibido la aplicación de la pena de muerte. La cuestión ética, moral, filosófica, religiosa, biológica y jurídica radica no en determinar el valor de la Vida Humana -en lo que parece que todos están de acuerdo- sino: 1º) cuál es el momento en que la vida humana se hace presente y, 2º) cuál es el estatuto jurídico del ser que existe a partir de la gestación, concepción o fecundación. Se ha dicho en defensa de la idea que plasma el proyecto en discusión que “Los partidarios del régimen vigente, tanto como aquellos que se oponen al aborto en cualquier circunstancia imaginable, invocan la vida humana, en particular la vida del concebido, como un absoluto. En el otro extremo, los partidarios de la libertad de opción para la madre, a su vez, apelan a su autonomía también con el carácter de un absoluto. El presente proyecto de ley, en cambio, equidistante entre ambos polos, trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores. Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices o incluso las diferencias profundas, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer.

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En esencia, la clave de la fundamentación reside en optar por la senda del menor mal ante valores en conflicto, y en recordar que la salida civilizada cuando la humanidad enfrenta situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados. Todas las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley apuntan a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de consejeros profesionales para acompañar la decisión de la mujer; la exigencia de un plazo de reflexión de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud; la posibilidad de la renovación anual de la lista del personal de salud con objeciones de conciencia; y la exigencia de realizar y divulgar estadísticas anuales para evaluar periódicamente los efectos de la norma”. La afirmación constituye un verdadero sofisma, pues no es otra cosa que un razonamiento dirigido a defender o persuadir de lo que es falso. Porque no es verdad que se preserven los derechos del concebido, ni es verdad que el aborto sirva para construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. No es verdad que se protejan los derechos del concebido, porque justamente se autoriza no la destrucción de un derecho, si no que al sujeto que lo ostenta (lo que es peor); y no es verdad que se construya una comunidad más digna, cuando se autoriza a alguien a disponer de la vida ajena y, todavía, sin la participación de quien contribuyó a su gestación. En cualquiera de los dos casos, la afirmación no es más que o una falacia o una petición de principios, en cuanto lo primero se desmiente porque se autoriza a destruir la vida del concebido y en cuanto lo segundo está por demostrarse. La existencia de una certeza y de una duda no se puede desconocer al examinar con la profundidad que se merece un tema de tamaña envergadura. La certeza: que la vida humana es un devenir, un proceso biológico continúo; la duda: cuándo comienza el proceso y cuándo, además, esa vida humana está individualizada. Juan R. Lacadena, Miembro de la Sociedad Internacional de Bioética, analizando las dos cuestiones, decía que “desde el punto de vista genético y biológico nadie duda que la nueva vida, como vida humana nueva, aparecería en el momento de la fecundación,

y lo de “momento” lo tendría que decir entre comillas por lo que he dicho de la continuidad del proceso, en el sentido de que, entonces es cuando en el cigoto se reúne una información genética que es producto de dos entidades distintas, que eran los dos gametos, y que aparece una tercera entidad, el tercium, … en el cual hay una información genética que es específicamente humana en el sentido de que si se le deja desarrollar no dará lugar ni a un manzano, ni a un elefante, sino que dará lugar a un organismo humano. Pero una vez dicho esto, la cuestión es lo que sucede después. Lo que sucede después es que se pueden producir dos fenómenos, diríamos biológicos, de desarrollo, que cuestionan la individualidad de ese cigoto y ese embrión que acaba de iniciar el desarrollo. Son las propiedades de unicidad, es decir, la propiedad de ser único e irrepetible desde el punto de vista genético y la propiedad de unidad, que es la propiedad de ser una sola cosa.”; y decía, además.: “Ese momento ¿cuándo ocurre en el tiempo, el límite de esa posibilidad de fusión?, pues aproximadamente a los catorce días, a partir del momento de la fecundación que coincide también con el momento en el que termina la anidación. Lo mismo podría decirse con la otra propiedad anterior, la de la unicidad y que cuando se produce espontáneamente unos gemelos monocigóticos por división cigótica del embrión, esa división de un embrión para dar lugar a dos o tres o más si fuera el caso, gemelos monocigóticos, eso puede producirse también hasta el mismo momento, la misma etapa (los catorce días después de la fecundación) que es cuando empieza a formarse la cresta neural. Eso significaría que desde el punto de vista genético, la unicidad y la unidad no quedan definidos hasta el día decimocuarto a partir de la fecundación. Y creo que cuando en todo el mundo se habla de esos catorce días en todas partes lo que se viene aceptando es estos hechos respecto a las dos propiedades de unicidad y unidad que definen la individualidad de un individuo”. Estas constataciones, que provienen de la evidencia empírica -y no de una cuestión de profesión de Fe-, son la causa de muy profundas discusiones y han dado lugar en el Derecho comparado a una muy cuidadosa reglamentación entorno a la posibilidad de manipulación de los embriones con fines científicos como al propio proceso de fecundación artificial: o han sido ignoradas por el proyecto de ley o, sin ser ignoradas, se disfrazan ocultándolas bajo el empleo de una terminología con la que se procura atenuar el impacto que significa aprobar la práctica del aborto, en forma libre y por la sola voluntad de la mujer.

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Y, lo que es peor: se pone el acento en uno sólo de los seres que son parte del proceso de construcción de la vida humana, como si uno de ellos no contare, pues se le ignora olímpicamente, sea como embrión, sea como concebido, salvo -casualmente- para el caso en que se trata del aborto al que se podría llegar por una causa de justificación (la enfermedad o la violación). En el aborto libre -aquel que prevén los artículos 2º y 3º- el embrión (el ser humano, de cuya existencia como tal no hay dudas) no cuenta; solamente importa la mujer embarazada durante todo el curso del largo artículo 2º, en el que, llamativamente, la referencia al otro ser, solamente aparece cuando se produce el nacimiento y se habla de hijo en adopción. El mundo entero discute sobre el estatuto jurídico del embrión; ¿existen relativamente al embrión deberes de conducta que obliguen a su cuidado o, en cambio, solo existen -con este proyecto- unos derechos de un tercero (la mujer que lo engendra) a disponer libremente de él como si se tratare de una cosa? ¿Es el embrión humano -para el proyecto- un objeto de propiedad sobre el cual recae el derecho de gozar y usar de él como se quiera hasta el punto de su destrucción? Tales son las preguntas a responder. Y la respuesta es: sí; porque la madre, podrá hacer de su hijo, o del nasciturus (del que está por nacer) lo que su voluntad, su estado de ánimo, la emoción o las circunstancias mejor le indiquen. Con lo cual el estatuto jurídico del embrión -del nasciturus- no es otro que el de una cosa. Ello, desde el punto de vista moral, filosófico y jurídico no puede merecer aprobación. Cuando el intérprete se para frente a la Constitución, mira su artículo 26 y encuentra que en él se prohíbe la pena de muerte y luego traslada la visión al proyecto de ley y ve que en él se prohija la posibilidad de la destrucción de la vida humana por las solas circunstancias subjetivas de uno solo de los que ayudó a su formación, el intérprete queda perplejo ante la contradicción que implica, por un lado, prohibir la destrucción de la vida humana de un ser que (como el delincuente) es culpable y, por otro, permitir la destrucción de la vida de un ser (el concebido) que es por antonomasia es absolutamente inocente de cualquier dolor de la madre que lo aniquila. Tratando de evitar toda la carga simbólica que la expresión aborto conlleva, el proyecto de ley habla de interrupción voluntaria del embarazo; ello, sin embar-

go, no alcanza para quitarle efecto alguno al procedimiento: la eliminación de la vida humana. Tal efecto -o hecho humano y, como tal, acto jurídico- constituye una notoria agresión al ordenamiento jurídico vigente. Pues, por más que el proyecto evite hablar del concebido, de la concepción y del embrión, de los diferentes estadios que van apareciendo en el proceso de la gestación del nuevo ser humano, por más que trate de eludir lo que es un fenómeno complejo como el de la maternidad -que no es solo la existencia de una mujer embarazada, pues también es parte de ella el hijo engendrado-, el proyecto no puede evitar la agresión a un sistema que -como lo expresa Martín Risso Ferrand-: “De nada valen argumentos científicos respecto a partir del momento en que hay vida, ya que parece claro que es desde la concepción que se ha iniciado en forma clara el proceso que conduce, normalmente, al alumbramiento, y es desde aquel instante que corresponde hablar y proteger la vida, impuesta por la Constitución como bien jurídico primordial. A lo anterior debe agregarse que no sería admisible que, para determinar la titularidad de los derechos constitucionales, se utilizaran conceptos empleados por el ordenamiento jurídico inferior tales como el concepto de persona del Código Civil, ya que la Constitución no puede ser interpretada conforme al, ordenamiento jurídico inferior sin desnaturalizar el principio de jerarquía que rige nuestro derecho y la propia supremacía de la Carta. La interpretación contextual de las normas referidas (artículos 7º y 72) confirma plenamente lo anterior cuando reparamos en que el inciso segundo del artículo 42 establece que La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su Asistencia en caso de desamparo. El concepto de maternidad no refiere exclusivamente a la madre, sino a todo un proceso que transcurre desde la concepción e incluso termina con posterioridad al alumbramiento. Al mismo tiempo es claro que esta protección no refiere exclusivamente a la madre sino también al no nacido. Y todavía no puede perderse de vista que el Pacto de San José de Costa Rica -ratificado por nuestro país por Ley Nº 15.737 de marzo de 1985- prevé en su artículo 4º, apartado 1º, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”. Cuando el proyecto de ley deja a la voluntad de un sujeto -que expone lo que son sin dudas sus condiciones subjetivas, sin constatación alguna de su perimundono hay dudas que se está en presencia de un acto arbitrario.

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No existen dudas respecto a que el aborto es un problema social. Pero el problema no puede ser resuelto con otro problema que (siendo a la vez, moral, ético y jurídico), genera una antinomia que pone en jaque al ordenamiento jurídico en su conjunto; antinomia que pone en crisis al sistema en su punto clave de apoyo, como lo es la vida humana, por cuanto el derecho a la vida -y particularmente al goce de la vida- ha sido puesto exactamente al mismo nivel que el derecho a su destrucción, por medio del aborto libre, ya que se establece el derecho de la mujer embarazada a exigir de todos quienes integran el Sistema Nacional de Salud que cuenten con las condiciones técnicas, profesionales y administrativas necesarias para hacerles posible el acceso a los procedimientos establecidos en la ley; y, para agravar más la cuestión, ninguna de las organizaciones que integren el sistema podrá negarse a satisfacer el derecho al aborto por ninguna razón relativa a las fines filosóficos, morales y religiosos que sean motivo fundacional de la institución requerida, hecho que genera una verdadera antinomia no ya solo dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto (pues se agrede la libertad de conciencia en general, artículo 7º) sino que dentro del propio seno de la ley, ya que se le niega el derecho a elegir a la institución, mientras se le permite que si lo haga el profesional, quien, sin cortapisas puede oponer su “objeción de conciencia”. Y, todavía, si el proyecto se hace ley y luego cobra vida por la promulgación, la tendrá por la circunstancia personal de que al frente del Poder Ejecutivo se encuentra persona distinta a la anterior, que la vetó por sus convicciones personales; con lo cual habrá una ley más por las circunstancias personales que por la imposición de los hechos a cuya regulación el Derecho se dirige y que, todavía, no es verdadera expresión del consenso social que un tema de la magnitud como la del derecho a la vida lo merece. Más aun: el proyecto de ley marca el camino al despeñadero de lo que constituye una de las claves de cualquier sistema social y jurídico: la responsabilidad individual. Sin responsabilidad no hay libertad, porque la libertad supone el ejercicio de actos responsables y, entonces: 1º) o no se puede admitir que con los programas de educación, el desarrollo de los medios de comunicación, el avance y desarrollo de la ciencia médica, se diga hoy que el aborto contempla situaciones indeseadas por la sorpresa o el descuido; o, 2º) se debe reconocer que ha fracasado por completo la ejecución de los mandatos de la Ley de salud sexual y reproductiva, que ha fracasado por completo la educación y que ha fracasado por completo la función que el Estado debe cumplir para

cumplir con la Constitución y con la Ley. Ni el acto de irresponsabilidad individual ni el incumplimiento del Estado, pueden ser sustituidos por medio de una ley que permita la eliminación de la vida humana creada a partir de la irresponsabilidad individual y colectiva. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. FITZGERALD CANTERO PIALI, Miembro Informante. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República, en el que se establece un conjunto de normas tendientes a la legalización -despenalización- de la interrupción voluntaria del embarazo. Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012. FITZGERALD CANTERO PIALI, Miembro Informante”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: sin duda, el tema que hoy convoca a la Cámara de Representantes constituye uno de esos que divide a la sociedad; es un tema de enorme sensibilidad por los distintos enfoques que genera a partir de las convicciones de carácter religioso y filosófico. En cualquier caso, es un tema que ha estado presente en el debate parlamentario desde la reinstauración democrática, cuando en aquel período, en junio de 1985, los Diputados Vaillant y Lamas del Partido Colorado propusieron modificaciones al Código Penal vigente, promoviendo la legalización del aborto. En el curso de estos años hubo otros proyectos que fueron también planteando en sustancia la legalización del aborto por la sola voluntad de la mujer. Y hubo uno en la Legislatura pasada que finalmente fue votado por ambas Cámaras, pero vetado por el Poder Ejecutivo en los artículos que referían expresamente a la legalización del aborto. De hecho, en este mismo período, el Senado de la República, a impulso de los legisladores del Frente Amplio, también aprobó un proyecto de ley que en sustancia establecía la legalización del aborto por la sola voluntad de la mujer, durante las doce primeras semanas de gestación. En es-

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te período, quien habla ha vuelto a presentar un proyecto que originalmente firmamos conjuntamente con el ex Diputado Falero en el año 2002, que planteaba un abordaje distinto a esa tradicional mirada que se había impuesto en cada consideración en el ámbito legislativo. En lugar de mirar el tema del aborto provocado exclusivamente desde la perspectiva de la mujer y plantearlo como un derecho de la mujer, ese proyecto recogía particularmente la legislación alemana y ponía arriba de la mesa los dos derechos que desde siempre, cada vez que surge el debate del aborto provocado, aparecen enfrentados. De un lado están quienes defienden a ultranza, como un valor absoluto, el derecho a nacer del ser concebido y, por otro, están quienes plantean el derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo. En este conflicto de valores, con un abordaje distinto y tomando en cuenta la legislación alemana, este proyecto planteaba como un elemento sustancial la despenalización del aborto en cuanto se cumplieran determinadas circunstancias, plazos y requisitos. Ese proyecto es el que hoy tiene sustancialmente a consideración la Cámara de Diputados. En la Comisión Especial que trató este tema, el proyecto que venía con media sanción del Senado; luego de su votación en general, fue votado negativamente en todos y cada uno de los artículos, y alternativamente se fue votando esta iniciativa que con algunas modificaciones volvimos a presentar en el actual Período legislativo. Este proyecto toma en cuenta las estrategias adoptadas por otras naciones, diseñando una propuesta que, a nuestro juicio, se adapta a la problemática nacional y, muy especialmente, busca dar nuevas bases, diferentes a las tradicionalmente esgrimidas, para encontrar una solución más completa, más humana, a la cuestión del aborto provocado. Esta iniciativa busca situarse en forma equidistante entre estos dos valores en pugna. Trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores; acepta por ello el derecho del concebido -sin ahondar en los matices o en las diferencias profundas con que cada una de las tradiciones éticas o religiosas lo defiende-, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan también al Estado a velar por los derechos de la mujer. En esencia, este proyecto opta por un camino intermedio: la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada,

cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza, siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados. El presente proyecto de ley apunta a preservar -siempre que sea posible- todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la necesidad de integrar un equipo interdisciplinario, que tiene como cometidos informar, asesorar, apoyar psicológicamente la decisión de la mujer y poner sobre la mesa -precisamente, como elementos sustanciales a la hora de la informaciónlos programas de apoyo social y económico de que el Estado dispone para apoyar la maternidad y también los distintos esfuerzos que las organizaciones no gubernamentales realizan en el mismo sentido. Ese equipo interdisciplinario estará integrado por al menos tres profesionales, de los cuales uno será un médico ginecólogo, otro, un especialista en el área psíquica -un psicólogo-, y el tercero un especialista en el área social, un trabajador social. Dicho equipo debe constituirse además -este me parece uno de los aspectos medulares del proyecto- en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. Asimismo, claramente debe informar sobre las alternativas en materia de adopción legalmente establecidas en nuestro país. En este proyecto se busca impedir que los mecanismos previstos se burocraticen y se conviertan en un mero trámite formal. En particular, el procedimiento de consulta de la mujer con un equipo interdisciplinario, aun con todas las ventajas que posee, corre precisamente ese riesgo. Por eso, para evitarlo, se exige que los profesionales que integran este equipo interdisciplinario cumplan fehacientemente con el protocolo de actuación de los mismos equipos que, a tales efectos, dictará el propio Ministerio de Salud Pública. Además, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deben garantizar que no haya discriminación de ninguna naturaleza que impida la participación de aquellos profesionales que deseen integrar estos equipos, de acuerdo con lo que dispone el literal F) del artículo 5º. Asimismo, se prevé que este equipo interdisciplinario sea controlado a efectos de

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mantener la asesoría en situación de ecuanimidad y equilibrio. Por ello, para evitar presiones indebidas, el proyecto plantea el requisito de que estos profesionales deben abstenerse de denegar o autorizar la interrupción del embarazo. Su función es estrictamente asesora, informativa y de apoyo a la situación que vive la mujer, que tiene una decisión primaria de interrumpir su embarazo. Asimismo, se establece que, sin perjuicio de las disposiciones vigentes y de otras que exija el Ministerio de Salud Pública, los Directores Técnicos de las referidas instituciones deberán disponer controles periódicos respecto del estricto cumplimiento de los artículos 3º y 4º de este proyecto de ley. Ante todo, el proyecto pretende terminar con esa contradicción esencial que trae aparejada la normativa vigente. Desde 1938 a la fecha, se introdujeron cambios a lo que era el Código Penal vigente, estableciendo y penalizando el delito del aborto pero, en los hechos, esa legislación vigente no ha logrado defender la vida de los concebidos ni de las madres. Está claro que la ley, de hecho, ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento, pasivamente permitido con su terrible secuela -peligrosamente generalizable- de desmoralización y escepticismo para todos los ciudadanos. Es común encontrarse con partidarios de mantener la legislación vigente, que expresan su oposición a este proyecto, manifestando que en ningún caso debiera decretarse la prisión para la mujer que interrumpe su embarazo. Si así fuere, si la pena establecida actualmente de tres a nueve meses de prisión se sustituyera por medidas alternativas a la prisión preventiva, potestad que les ha sido conferida a los Jueces por la Ley N° 17.726, de 26 de diciembre de 2003, la contradicción sería aún más evidente, por cuanto no habría sanción para el delito y no habría ninguna oportunidad para que en la decisión la mujer tome en cuenta la información, el asesoramiento y la contención del equipo interdisciplinario. Señor Presidente: queremos examinar algunos fundamentos de carácter jurídico que han estado en los informes que ha recibido la Comisión Especial con la Finalidad de Tratar los Proyectos Vinculados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se ha señalado que un proyecto de ley de estas características sería violatorio del numeral 1. del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Sobre este artículo se han suscitado numerosos debates con el foco en la expresión “en general”. Los adversarios a la legalización del aborto han invocado este numeral como un fundamento para mantener la prohibición. Asimismo, los partidarios del aborto voluntario lo han interpretado para fundamentar su postura. Sin embargo, a nuestro juicio, no puede ser otra que la de una tercera opción, es decir, aquella que apunta al carácter de excepcionalidad. Tanto es así que incluso la exégesis que puede encontrarse en la literatura de los partidarios del aborto legal y voluntario reafirma ese espíritu. Según la opinión de uno de los más destacados juristas, especialista en derecho público y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Horacio Cassinelli Muñoz, la inclusión de la expresión “en general”, entre comas en el texto, se realizó precisamente previendo la posibilidad que los ordenamientos nacionales regularan la interrupción voluntaria de la gravidez, lo cual, sin duda, debe entenderse como una excepción al principio general admitido por el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, en todos los ordenamientos existen previsiones para los casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general, admitiéndose en circunstancias especialmente determinadas, como la legítima defensa o el estado de necesidad, por ejemplo, la prevalencia legítima de uno sobre el otro. No es posible, entonces, fundamentar a partir de las explicaciones precedentes ni la total prohibición ni la total permisividad. En tanto, esos párrafos surgen con toda claridad; el numeral 1. del artículo 4º debe entenderse como una excepción al principio general. Hay que admitir que se está ante un conflicto de valores; caso de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general y que solo corresponde la prevalencia legítima de uno sobre otro en circunstancias especialmente determinadas. Ese es, precisamente, el espíritu del presente proyecto de ley. Una futura norma sobre esta problemática no puede ser permisiva ni debe favorecer la generalización de una práctica. El

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Pacto de San José de Costa Rica apunta exactamente a lo contrario; la generalidad refiere al derecho a la vida y no a su interrupción. El derecho a la vida estará protegido por la ley en general, a partir del momento de la concepción. Si eso es en general, solo en particular, es decir, solo en circunstancias excepcionales muy específica, se admitirá la interrupción del embarazo. Además, por si quedaran dudas respecto a estas interpretaciones, el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano que aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, en oportunidad de un fallo ha expresado distintos aspectos que avalan que la inclusión de la expresión “en general” fue producto de una transacción entre los Estados que eran partidarios de establecer directamente la protección de la vida a partir de la concepción y entre quienes tenían opiniones diferentes a este respecto, fundamentalmente, por la existencia de legislación que ya contemplaba la posibilidad del aborto provocado en determinadas circunstancias. En el informe en mayoría hacemos mención a los comentarios de la doctora Cecilia Medina Quiroga, que fue Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha expresado en el mismo sentido, señalando que se desprende de la historia del Tratado que la expresión “en general” fue agregada al texto original con el preciso fin de conciliar la posibilidad de que las legislaciones nacionales permitieran el aborto, y que la propuesta de suprimirla no fue aceptada. Por lo tanto, de basarse en la interpretación de una disposición no clara en los trabajos preparatorios, habría que concluir que el numeral 1. del artículo 4º no impide la facultad de los Estados de permitir el aborto en las circunstancias que ellos determinen. En el ámbito de la Comisión Especial recibimos los valiosos aportes y comentarios de varios catedráticos de Derecho Constitucional. Quisiera destacar especialmente lo expresado por el doctor Martín Risso Ferrand, fundamentalmente en lo que hace referencia a los comentarios sobre el artículo 7º de la Constitución de la República. Aun cuando nuestra interpretación pueda tener matices con lo que él expresara, me parece importante recoger alguno de sus comentarios y ponerlos a consideración en Sala por cuanto creo que nos pueden ilustrar acerca de la línea de razonamiento que desarrollaremos a continuación.

En referencia al artículo 7° de la Constitución, el doctor Risso Ferrand señala: “Este artículo dice que los habitantes tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida. Nuevamente la solución de principio, lo que se llama principio de protección en materia de derechos humanos, es la protección de la vida, aunque la Constitución admite que por ley puedan establecerse algunas excepciones basadas en razones de interés general”. Más adelante se pregunta y explica: “¿Qué son las razones de interés general en sentido estricto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la mejor doctrina nacional que arranca con Jiménez de Aréchaga? Antes que nada, hay que poner el acento en razones; interés general es accesorio, lo que importa son las razones. Las razones de interés general es un concepto jurídico indeterminado que se extrae de la Constitución, del derecho internacional de los derechos humanos, de los principios generales, de los valores, del sistema único de derechos humanos.- Las razones de interés general implican aquellas razones que son necesarias para asegurar la eficacia de todo el sistema de derechos humanos. No es un concepto que habilite a que arbitrariamente se decida limitar un derecho u otro, sino que el horizonte tiene que ser siempre la protección del sistema único e indivisible”. Con respecto a las razones de interés general expresa más adelante en su intervención -que fue recogida en la versión taquigráfica- en la Comisión Especial: “Acá aparecen dos principios muy viejos que permiten analizar estos temas. Son dos principios de creación jurisprudencial que, además, tienen algo interesante. Uno apareció en Estados Unidos y el otro en Alemania, los dos en el siglo XIX, y tienen por objeto la preocupación por controlar el margen de decisión de las autoridades del Gobierno frente a los derechos humanos. Los dos nacen con el objetivo de proteger los derechos humanos frente a los actos de autoridad.- El principio de razonabilidad tiene su primera consagración en minoría, en discordias, en la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense en el año 1872, y en 1902 empezó a ser la posición mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso muy curioso, el caso Lochner, que es recordado como uno de los tres antiprecedentes, es decir, uno de los tres ejemplos de lo que una Corte Suprema no debe hacer. Sin embargo, pese a la atrocidad de ese caso, la formulación del principio de razonabi-

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lidad está ahí y es la primera vez que apareció.- El principio de razonabilidad dice que toda limitación o restricción de los derechos humanos tiene que estar justificada, no puede ser arbitraria, tiene que ser justa y no puede ser desproporcionada. A partir de 1902, con vaivenes y distintos criterios, la Corte Suprema de Estados Unidos lo viene utilizando.- El principio de proporcionalidad nace en Alemania a fines del siglo XIX. Este principio tiene el mismo objetivo que el otro, es decir, determinar hasta dónde pueden llegar las autoridades de Gobierno en la limitación de los derechos humanos. Los alemanes son mucho más precisos -suelen serlo-” -expresa el doctor Risso Ferrand- “y estructuran este principio de proporcionalidad en tres pasos. Primero, hay que analizar la idoneidad de la medida legislativa, después, la necesariedad y, si podemos pasar esas dos primeras etapas, se termina en una ponderación en sentido estricto.- Estos dos principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son primos hermanos, en América Latina vienen siendo utilizados en forma indistinta y, a veces, fusionada. Es habitual en América Latina que para definir el principio de razonabilidad se recurra a los componentes de proporcionalidad y para definir los de proporcionalidad, se recurra a los componentes de la razonabilidad.- El rango constitucional de estos dos principios en el Uruguay nunca ha sido cuestionado; deriva de la propia noción de Estado de derecho. En un Estado de derecho, ninguna autoridad puede actuar contra o fuera del derecho, y ninguna autoridad puede actuar, en el ejercicio del poder conferido por la Constitución o por la ley, en forma arbitraria o en forma desproporcionada.- También se menciona, como fundamento de estos principios, el artículo 7º de la Constitución porque, precisamente, cuando hace referencia a razones de interés general, nos está hablando de la razonabilidad.- Hay un tercer fundamento que coadyuva con los anteriores, que es el artículo 72. Estos dos principios, en tanto garantía de los derechos humanos, tienen rango constitucional por ser inherentes a la personalidad humana o por ser derivados de la forma republicana de gobierno.- En definitiva, la forma más práctica de analizar si se cumple con los requisitos de la Convención Americana y de la Constitución uruguaya en materia de limitación de un derecho humano es recurrir al principio de proporcionalidad”. Hasta aquí la larga cita de la intervención del doctor Risso Ferrand, Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica. Nos pareció

necesario recordarla en el plenario de la Cámara porque, a la hora de analizar los aspectos jurídicos, nuestra línea de razonamiento con relación a este tema tiene que ver con estos elementos sustanciales que el doctor Martín Risso Ferrand manejó en su participación en la Comisión. En nuestro país, señor Presidente, existe un número indeterminado de abortos provocados. Hay quienes señalan que son más de treinta mil. Inclusive, algunos profesionales que trabajan en el área de la salud nos han dicho que deberíamos considerar que uno de cada tres embarazos termina en un aborto provocado. En realidad, ni la cifra de más de treinta mil ni las que refieren a veinte mil, quince mil o menos abortos provocados, pueden ser corroboradas porque en nuestro país no existe ningún registro en este sentido. Por tanto, cualquier cifra que se maneje, en los hechos, carece de fundamento estadístico que la avale. Pero cualquiera sea el número de abortos, la pregunta que debemos hacernos, en un país donde nacen 47.000 niños por año, es si debemos considerar que esta situación es verdaderamente dramática. Nosotros creemos que sí lo es. Cuando nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, en un país como el nuestro, que desde el año 1938 tiene leyes que penalizan el aborto, debiéramos preguntarnos qué ha pasado durante estos casi setenta y cinco años en los que ha regido la legislación vigente. ¿Ha sido exitosa la legislación vigente para disminuir el número de abortos? ¿Cuántos se han penalizado? A vía de ejemplo, señor Presidente, recojo un comentario, de 8 de mayo de 2008, de un representante del Ministerio Público y Fiscal que dictó una resolución a través de la que solicitó el enjuiciamiento y prisión de dos médicos por la comisión del delito de aborto en forma reiterada. Sin embargo, decidió no formular acusación penal a las mujeres involucradas en mérito a que, según dijo, se trata “de una cuestión sumamente debatida, de connotaciones morales y filosóficas profundas, con opiniones fuertemente encontradas en el seno de la sociedad”. Quizás si buscamos en los antecedentes judiciales encontremos algunos procesamientos por esta razón, pero de lo que no hay duda es de que las normas penales contenidas en los artículos 325 y 325 bis del Código Penal no superan la primera prueba del principio de proporcionalidad. La medida legislativa dispuesta en la Ley Nº 9.773 no es idónea. Si con la penalización se buscó disminuir los abortos, no se tu-

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vo éxito; como ya fue dicho, no logró defender la vida de los concebidos ni de las mujeres. Veamos, pues, las razones de interés general que fundamentan este proyecto de ley a la luz del principio de proporcionalidad, examinando la idoneidad, la necesidad y la ponderación de la ley proyectada. Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley será idónea para disminuir la cantidad de abortos que se practican en nuestro país, porque el derecho a nacer del concebido estará presente en la reflexión de la mujer. Será idónea para que su decisión de interrumpir el embarazo sea asumida libre, consciente y responsablemente, con las garantías de un ámbito sanitario adecuado. En otras palabras, los medios establecidos en la ley son aptos para obtener los fines perseguidos. Quienes presentamos este proyecto creemos que esta ley es necesaria, indispensable para revertir la situación actual en materia de abortos provocados, en un país como el nuestro, que tiene una baja tasa de fecundidad y una estructura de edades envejecidas. Es necesaria porque es la medida más moderada desde el momento en que el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, tal como se establece en el cuarto inciso del artículo 3º del proyecto. Dicho de otro modo, el medio empleado por esta ley es el menos restrictivo respecto al derecho fundamental en cuestión, que es el derecho a nacer. Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley es ponderada por cuanto de esta derivan más beneficios para el interés general, por los abortos que se evitarán como consecuencia del asesoramiento, información y apoyo psicológico que supone la participación de un equipo interdisciplinario. Es ponderada, además, en la medida en que restablece la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres, sin que estas deban recurrir al mercado ilegal en que se comercializan las drogas que permiten el aborto farmacológico. En consecuencia, los resultados obtenidos serán ampliamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Este proyecto de ley recoge también de la legislación comparada la incorporación del plazo de reflexión. Una vez que se cumpla con la instancia de la

entrevista con el equipo interdisciplinario, el plazo de reflexión busca, fundamentalmente, dar a la mujer la posibilidad de internalizar y de tomar su decisión libre, consciente y responsablemente. Desde ese punto de vista, la experiencia recogida en algunos países, inclusive en aquellos que permiten el aborto por la sola voluntad de la mujer, demuestra que con la introducción de ese plazo de reflexión obligatorio, muchas mujeres desisten del aborto. Por ejemplo, en el caso de Francia, se habla de que hasta el 50% de las mujeres desisten del aborto provocado después de haber cumplido con el plazo de reflexión obligatorio. Este proyecto de ley incluye también fundamentos psicológicos, tal como señala el informe en mayoría que hemos presentado. Estamos convencidos de que desde el punto de vista psicológico este proyecto reconoce a la mujer como quien sufre las penosas circunstancias del embarazo no deseado con angustia y aun con pánico. Sin duda, sobre su conciencia pesará la decisión. Teniendo presente el modo distinto en que hombres y mujeres afrontan la paternidad y la maternidad, se advierte que es la vida de la mujer la que cambiará para siempre si decide continuar con el embarazo o interrumpirlo. Lo anterior no implica en ningún caso compartir la idea de que el concebido forma parte del cuerpo de la mujer, ni que el progenitor varón deba ser excluido de las instancias de reflexión, asesoramiento y consulta que precederán la decisión final acerca de la continuación o interrupción del embarazo. En este sentido, se propone que el progenitor participe, siempre que la mujer exprese su consentimiento, mecanismo que se adecua a todas las situaciones que puedan presentarse, ya sean pareja estable o ausencia de ella, pareja en crisis o funcionando apropiadamente. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR RADÍO.- Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Puede continuar el miembro informante en mayoría, señor Diputado Posada.

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SEÑOR POSADA.- Gracias, señor Presidente. Gracias, señoras Diputadas y señores Diputados. A efectos de finalizar este informe, nos parece oportuno -también lo hicimos en el informe en mayoría- traer la reflexión, los testimonios, que públicamente realizara el sacerdote Luis Pérez Aguirre -ya fallecido-, recogidos en un libro editado por la Cámara de Representantes. Decía el sacerdote Pérez Aguirre: “Se me ocurre que el camino acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto. Leyes que encaren la planificación familiar, la atención de la salud de la mujer, que combatan frontalmente la pobreza, que encaren la protección de las personas nacidas con discapacidades.- Sería muy bueno que el legislador propusiera leyes que defiendan: 1) un programa de planificación familiar; 2) la superación de la discriminación y la ayuda a las madres solteras y su hijo; 3) el amparo social a la madre casada o no; 4) una rígida legislación para proteger el empleo y protección de la gestante; 5) leyes que faciliten la adopción; 6) el amparo social vitalicio para hijos retardados; 7) salario materno; 8) multiplicación de las guarderías infantiles; 9) centros de medicina preventiva.- Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables: quien dice que para salvar embriones y/o fetos hay que ajusticiar, eliminar o sancionar socialmente a las madres y quien sostiene, por el contrario, que para defender a las madres se puede aceptar o justificar la destrucción de embriones o fetos. En esta disyuntiva de hierro lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas, porque abrumadoramente desde el punto de vista numérico son las más débiles y las más pobres, las que no se pueden o no tienen los medios para defenderse o escapar de la legislación dada. […] Claro, siempre será mucho más cómodo evitar todo este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta. Siempre será más fácil eliminar fetos o mujeres que luchar contra las verdaderas causas sociales del aborto. Lo paradójico es que ninguna de las dos posiciones ha llevado nunca a disuadir a nadie ni a terminar con los abortos sino generalmente con las víctimas de esas situaciones angustiosas. Aunque puedan tranquilizar algunas conciencias, estas posiciones serán siempre pseudosoluciones. Mientras persistan las causas que acorralan y obligan a la mayoría de las mujeres a abortar, ellas seguirán abortando”. Por último, en la publicación del 2 de marzo de 2001 del semanario “Brecha”, el sacerdote Pérez Agui-

rre expresaba lo siguiente acerca de la justicia: “A los efectos de centrar el debate me parece imprescindible aclarar qué es hacer justicia. La primera forma de entender cómo se establece o repara la justicia es ajusticiando (de acuerdo con la ley) al culpable de un delito. Esta justicia, la nuestra, termina en la cárcel o su equivalente de acuerdo con la gravedad del dolo.- La segunda forma de entender qué es hacer justicia, significativamente la inversa de la anterior, afirma que basta con encontrar una ley o una tradición moral (y una autoridad) que explique o avale, que justifique nuestro comportamiento, para que hayamos cumplido con la justicia.- Pues bien, pienso que ninguna de las dos posiciones tiene nada que ver con la solución justa. Por eso sólo cabe una tercera manera de entender el hacer justicia. Creo que nos ayudaría aquí usar el término ajustar. Para el humano, hacer justicia es (debería ser) lograr -creativa y responsablemente- la supervivencia de toda vida en el cosmos: que la realidad y los seres vivos (especie e individuos) se ajusten armoniosamente de tal manera que sea posible la supervivencia de todos.- Se debe centrar el debate en descubrir qué pasos hay que dar para evitar, de manera realista y eficaz, el que se sigan realizando abortos, o mejor, para evitar que una mujer se tenga que plantear el aborto como única alternativa, o como la menos amenazante en un momento concreto de su vida”. Señor Presidente: para quien habla, el aborto es una práctica desdeñable; la rechazo, me parece un acto que no condice con nuestra condición de seres humanos, pero yo no puedo meter la cabeza en un agujero e ignorar la realidad. Siempre he creído que el objetivo de la política es organizar de la mejor manera la convivencia social para que cada individuo, en el ejercicio de su libertad, pueda elegir lo que considere más conveniente para sí mismo. Siempre me ha parecido una enseñanza magistral, de esas que van a resistir el paso de la historia a través de los siglos, el lema con que José Artigas distinguió su política: “Con libertad ni ofendo ni temo”. Toda consideración ética parte de la libertad. (Murmullos.- Campana de orden) ——El bien común como construcción ética de una sociedad vale en tanto respete la esencia misma del relacionamiento humano, que es la libertad, porque nuestro mayor bien es ser libres. La construcción de la organización social requiere no solo de libertad. Esta es imprescindible, pero no basta por sí sola para edifi-

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car la convivencia social; también es necesario que esas relaciones sean lo más armoniosas posible para todos. Y especialmente aquellos a quienes la sociedad nos ha conferido su representación, aquellos que tenemos como cometido sustancial la tarea de legislar, tenemos la obligación de ponernos en el lugar de nuestros prójimos. La búsqueda de la armonía social debe ser claramente de todos, de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas que componen la sociedad, pero quienes representamos a esos ciudadanos, quienes representamos a esas ciudadanas, quienes representamos a la sociedad, tenemos la obligación, por ese mandato de representación, de relativizar nuestros intereses para armonizarlos con los que piensan distinto de nosotros. Dicho de otro modo: debemos considerar los intereses de los otros como si fuesen propios y los de cada uno de nosotros como si fuesen de otros. A eso se le llama actuar con justicia, o sea, tratar de ser justos. La única razón para limitar la libertad de los individuos cuando sea indispensable hacerlo es impedir, inclusive por la fuerza si no hubiera otra manera, que traten a sus semejantes como si no lo fueran. Desde mi concepción de la vida, rechazo el aborto, pero no estoy acá para imponer mi visión ética. Las leyes no refieren a la ética; las leyes refieren al bien común. Señor Presidente, en mérito a lo expuesto, aconsejamos a la Cámara la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: este es un debate que, como ninguno, requiere de un enorme respeto para todas las posiciones que se expresan. Esta condición debería darse en todas las discusiones; así debe ser y generalmente es. Pero en este preciso tema uno debería cuidarse de ser expresamente cuidadoso del respeto hacia todas las posiciones: hay en juego muchas sensibilidades, muchas convicciones personales muy profundas y muchos dolores. Pero, al mismo tiempo, este respeto por lo profundo del debate requiere que se exprese con las máximas convicciones y sin eufemismos lo que está en el fondo del mismo.

Este no es un proyecto que haga más digna a nuestra sociedad. Ninguna ley que niegue los derechos humanos puede hacer mejor a una comunidad, y por ello es que vamos a argumentar en su contra. Este proyecto, a través de un eufemismo llamado despenalización, establece la legalización sin límite de lo que se ha dado en llamar “interrupción voluntaria del embarazo”, y que todos conocemos en forma lisa y llana como aborto. Venimos, señor Presiente, a debatir este tema con una profundísima convicción personal y política que dice que sólo se lo puede analizar desde una perspectiva ética integral y progresista de los derechos humanos. Lo hacemos desde el respeto a las convicciones ajenas y también dispuestos a que se respeten las nuestras, y convencidos del error de quienes creen que este proyecto soluciona un mal aunque -como todos sabemos- atrás de quienes lo defienden haya concepciones extremadamente distintas que se han dado en conocer en el transcurso de estas últimas semanas. Otros, quizá -y sin quizá-, estén convencidos de nuestro error, pero no vamos a aceptar que se nos encasille con prejuicios que quieren desprestigiar nuestras opiniones y convicciones. Nuestra posición se funda en razones éticas, en razones de solidaridad muy profundas y en razones científicas que hacen incontrastable la existencia de la vida humana desde el momento de la concepción. En anteriores debates sobre este asunto muchas veces se discutió acerca del comienzo de la vida, acerca de si tenía origen en determinada etapa del desarrollo embrionario, si era a equis semanas o a otras equis semanas, si estaba vinculado al desarrollo del sistema nervioso del embrión, etcétera. Hoy nadie, absolutamente nadie en el mundo que hable con seriedad, puede discutir la existencia de vida humana desde el instante en que se une la célula de la mujer con la del hombre. La ciencia en esto ha sido contundente. Quienes defienden esta legalización, que llaman despenalización, han empezado, a nuestro entender, por el final del camino. No se quiso comenzar por donde se debía haber hecho: por la protección del más débil, que es el niño, con leyes que amparen a la mujer embarazada. No se quiso, señor Presidente. No se quiso comenzar discutiendo el amparo legal a la mujer embarazada, a la mujer embarazada de riesgo, que generalmente es una mujer joven y sola. Se quiso iniciar el camino por el final, por el último eslabón,

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que es no resolver el amparo de la mujer y del niño sino legalizar la interrupción del nacimiento del niño. Señor Presidente: como dijimos al comienzo, no hay que andar con muchos eufemismos porque no se puede vestir igual lo que es distinto y lo que tiene cosas muy concretas tras de sí. En este debate están en juego dos visiones; no hay posiciones intermedias, no hay visiones equidistantes. En materia de convicciones, las posiciones equidistantes no existen. En este debate hay una visión progresista, integral de los derechos humanos, y otra visión que defiende al más poderoso del binomio que está en juego. Entre el adulto y el niño, esa otra visión optó por el adulto. ¿Cómo puede ser, señor Presidente, que existan los derechos humanos si no existe el derecho a la vida? Mire con qué paradoja nos encontramos: aquí hay noventa y nueve legisladores, que hemos ejercido el derecho a nacer, discutiendo por mayorías que pueda haber muchos seres humanos a los que se les niegue ese derecho. Quienes tenemos la posibilidad, quienes hemos ejercido nuestro principal y originario derecho humano, que es el derecho a ser humanos, estamos votando una ley que, en sus consecuencias y en su aplicación, legaliza la inexistencia del ser humano. Advierta, señor Presidente, lo que dice el informe en mayoría que todos tenemos en nuestras bancas. Lo voy a leer textualmente: “El presente proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible,” -lo reitero: siempre que sea posible- “todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir” -subrayo lo que viene a continuación- “una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de un equipo de profesionales interdisciplinario para informar, asesorar y acompañar la decisión de la mujer; y la exigencia de un plazo de reflexión obligatorio de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud”. Ante esta confesión, puesta en el informe en mayoría, surgen algunas preguntas directas: si el proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores, ¿cuándo no es posible? ¿Qué es lo que determina la posibilidad de preservar el derecho a nacer del concebido? Esa posibilidad, que el informe en mayoría dice expresamente que es el límite para defender el derecho del concebido a nacer, es anulada por una sola decisión: la voluntad de la madre en contra.

Por lo tanto, señor Presidente, esta es confesión de parte: se trata de un proyecto de ley que no es equidistante, que opta por el adulto, que llega hasta el límite de la voluntad del más poderoso del binomio para decidir quién nace y quién no. Este no es un proyecto de ley que crea derechos, sino un proyecto de ley que niega derechos. Además, el informe en mayoría dice que la sociedad tiene derecho a construir una comunidad más digna, ¡y vaya si es verdad! Todas las comunidades y, por definición, todos los seres humanos, tienen no el derecho sino la obligación de hacer su aporte para construir una sociedad más digna. Pero, ¿cuál es el peregrino razonamiento que concluye que la legalización del aborto hace a la comunidad más digna? ¿De dónde se desprende que la negación de un derecho hace que una sociedad tenga más valores? La negación de los derechos humanos no mejora una sociedad; la empeora y la envilece. Y la resignación ante la existencia de una práctica, porque la práctica existe -aunque quienes defienden este proyecto de ley digan que la rechazan-, ¿es razón suficiente para legalizarla? ¿Alcanza con que algo exista para que uno ceda ante ello, aun a sabiendas de que eso niega derechos y no hace más digna a una sociedad sino que la hace retroceder en valores? ¿No hay forma de evitar esta práctica? ¿Se ha intentado alguna forma de evitar esta práctica? Señor Presidente: por lo menos, en nuestro caso -cuando digo en nuestro caso hablo en términos colectivos, en nombre del Partido Nacional, al que con el señor Diputado Amarilla representamos en la Comisión especial; es la representación que puedo invocar-, consideramos que no hay una contradicción, utilizando la máxima de Weber, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Tenemos una convicción humanitaria, de defensa irrestricta de los derechos humanos de todos y para todos, sin límite, y tenemos el deber de proteger esos derechos humanos sin límite. Como hemos reiterado, este es un tema que hace, esencialmente, a custodiar y a preservar los derechos de las personas. Nos llama la atención que cuando se discute la posibilidad de legalizar que una persona disponga de la vida de otra y que se dé marco legal al aborto, no se mencione la defensa de los derechos humanos. Llama la atención.

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Quizá lo que voy a expresar pueda ser lo que los abogados llaman la prueba diabólica, lo que no admite prueba en contrario, pero yo me animo a formularla. Estoy convencido de que ningún legislador o ninguna legisladora presente en esta Sala -ninguno-, habría admitido que un tercero dispusiera de su vida. Y el que me diga que sí, miente. Sin embargo, mediante este proyecto de ley admitimos que terceros dispongan de la vida de otros. Ninguno de nosotros habría admitido que se hubiera interrumpido el embarazo que nos dio nacimiento. ¡Ninguno! Sin embargo, integrantes de esta Cámara van a votar un proyecto que admite que haya adultos que puedan interrumpir el nacimiento de otros. Hay argumentos que ya no se escuchan más como, por ejemplo, el de la existencia de la vida humana desde el momento de la concepción. En otras épocas se decía que lo que se interrumpía no era una persona, no era vida. No; hoy sabemos que es vida, que nuestro código de barras genético no existe en otra parte del mundo y que si consideramos las miles de millones de personas que hay en el mundo podemos decir que ninguna ha repetido a otra en forma individual. En otros tiempos, esos temas se discutían; hoy la ciencia ha avanzado y desde hace muchos años nos ha demostrado que la vida existe desde ese momento. Entonces, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de disponer de esa vida. Si existe vida y hay una ley que permite que otro disponga de ella, es un tema de derechos humanos. En cualquier otro ámbito, en cualquier otra instancia de la vida, individual o en sociedad, si a alguien se le ocurriera que por la sola voluntad de una persona se pudiera disponer de una vida, ¿algún integrante de esta Cámara lo admitiría pacíficamente? ¿Alguno admitiría pacíficamente que una persona le quitara la vida a otra por cualquier otra circunstancia? Con simpleza, algunos sectores o grupos dicen con respecto a los derechos de las mujeres: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Señor Presidente: si el solo hecho de parir una vida otorgara derecho sobre la vida de otro, ¿por qué ese pretendido derecho vale antes del parto y no después de este? ¿Por qué es válido hasta cinco minutos antes del parto y no cinco minutos después, si el solo hecho de hacer nacer una vida otorga derecho sobre la vida de otro? No hay una contradicción entre dos derechos. No se trata del derecho a la vida versus el derecho a la

libertad de opción de la mujer. Esa contradicción es inexistente, inadmisible; no son iguales. Siempre hay uno que prima entre los dos y sin el cual el segundo no existe. El que prima es el derecho a la vida, sin el cual no existe derecho al ejercicio de la libertad. Solo es libre quien vive; no hay libertad en los cementerios. El derecho a la vida es el primer derecho de todos, y no existen los derechos humanos si no existen los humanos y la vida de los humanos. Negar este derecho es negar la esencia de los derechos de las personas. Estamos ante la defensa de derechos fundamentales o ante la negación de estos. Este es el debate central y no se puede ocultar con eufemismos; no hay posibilidad de disminuirlo en la inevitabilidad de las circunstancias. Lo que no se puede evitar es la negación de los derechos humanos. El proyecto de ley dice, increíblemente -desde nuestro punto de vista-, que tutela la vida humana. En este sentido, me pareció de una honestidad meridiana lo que sostuvo la organización “Iniciativas Sanitarias”, fundada por el actual Subsecreatrio de Salud Pública, doctor Leonel Briozzo. Cuando esta organización asistió a la Comisión se refirió a la mención que hace el proyecto de ley en cuanto a la tutela de la vida humana, y expresó que: “Así la mención a la tutela de la vida humana es inconveniente, pues toda legislación que reconozca la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo está definitivamente dirimiendo un conflicto entre el interés de la madre y el interés del embrión”. Este es el reconocimiento que decía que valía la pena traer a Sala; es de una honestidad cabal y proviene de una organización que dice: “Nosotros estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y entre estos dos conflictos estamos optando por uno”; no ocultan que hay dos derechos en juego. Lo hacen explícito. En un país en el que vivimos una epidemia de violencia doméstica, que por definición se da en el ámbito familiar, más cercano, que es sufrida generalmente por el género femenino, por la mujer, que es de violencia de género, esta ley legitima un tipo de violencia en el ámbito más doméstico que se conozca, la que se puede dar o la que se da entre la madre y el niño que tiene en su seno. Dejémonos de hipocresía llamando a las cosas por su nombre. Además, nadie puede decir que este sea un debate -como dijo con simpleza el Presidente Mujica hace pocos días- en el que solo deban decidir las mu-

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jeres o deban hacerlo ellas solas. Yo pregunto: ¿acaso si este fuera un tema de género, en la mitad de los embarazos no son mujeres las que están en el útero de su madre? De los aproximadamente cuarenta y siete mil nacimientos anuales que se producen en Uruguay -unos cincuenta mil en números redondos-, veinticinco mil son niñas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tiene derechos la mujer adulta, pero no los tiene la mujer pequeña? Entonces, no es un derecho de género, sino de edad. No es la mujer la que tiene derecho a decidir -si valiera la propuesta-, sino la mujer adulta, porque la mitad de los embarazos son también mujeres. ¿Y es posible la concepción de un niño sin la participación de un hombre? Y en el caso del niño: ¿es posible que sea rehén de una decisión que lo excluye de su propia vida? No se puede debatir esto con eslóganes -como muchas veces se ha hecho- porque los que están en juego son valores muy fuertes; no es con fanatismos ni con ideologías excluyentes que discriminan. Y la legalización del aborto es una práctica discriminatoria a favor de unos y en contra de otros. Como dijo el profesor Antonio Piqué, hay que eliminar las dificultades, no eliminar al hijo. Quedaron por el camino varios argumentos, que recién se reiteraron en SalaEn un tiempo se decía que era una práctica muy extendida, que había en Uruguay unos treinta y cinco mil abortos al año, que prácticamente equivalían al número de nacimientos. Se han escrito libros sobre eso, y en esta Sala se reiteró en varios debates, pero se terminó concluyendo que es imposible saber cuántos son. Serán muchos o pocos, no sabemos. Entonces, la cantidad fue un argumento que quedó en el camino. El segundo argumento era que en Uruguay el aborto clandestino era la principal causa de mortalidad materna. Este argumento quedó por el camino por informes que el propio Ministerio de Salud Pública elaboró durante el Período pasado a mi solicitud, demostrando que durante muchos años -los últimos cinco al menos- no existieron muertes por aborto provocado. Es más, queda por el camino el hecho de que la legalización del aborto en un país tenga vinculación con la mortalidad materna. Países que tienen legalizado el aborto duplican la mortalidad materna del Uruguay. Voy a poner un ejemplo, como hice en la Comisión; tengo en mi poder las cifras de la Organización Panamericana de la Salud aunque no hace falta mos-

trarlas. No lo menciono en términos políticos, sino porque se trata de un país que tiene legalizado el aborto: en Cuba la mortalidad materna duplica la del Uruguay. No tiene vinculación el sistema legal del aborto con la mortalidad materna. Ahora se dice que la legalización del aborto -en una circunstancia bastante difícil de entender, al menos para nosotros- tiene como objetivo que haya menos abortos. Se puede argumentar con legitimidad que uno está de acuerdo por convicción en que se legalice el aborto, pero llegar a la conclusión de que a través de su legalización van a producirse menos abortos es, al menos, un poco traído de los pelos. Así lo demuestran las experiencias internacionales en los países donde se ha legalizado el aborto -como España, Francia e Islandia- en que el aumento, luego de la irrupción inicial -que se ha mantenido en el tiempoha superado el 10% o el 12% anual. Permítaseme pasar a otro tema, salido del argumento de los derechos humanos, que para nosotros es central: nuestra subsistencia como nación. Uruguay tiene un serio problema demográfico. ¡Mientras no hay leyes que promuevan la familia y los nacimientos, estamos discutiendo una que promueve la interrupción del embarazo! Dijo el Presidente Mujica unos meses atrás: “Uruguay está cometiendo un suicido colectivo al no querer tener hijos”. Esto lo dijo el año pasado en una localidad del departamento de Cerro Largo. Agrega la nota: “Ese día manifestó tener ‘algunas ideas’ para revertir la baja tasa de natalidad, aunque aseguró que cuando las pusiera en práctica le iban ‘a pegar de todos lados'”. 2011 fue el año en que nacieron menos uruguayos: 46.706, 714 menos que el año anterior. La tasa de fertilidad de 2010 fue de 1,98 hijos por mujer, mientras era de 2,7 hijos por mujer en 1950. Sin embargo, el mismo celo, la misma urgencia para promover la interrupción de los embarazos y legalizar el aborto -aun a cuenta de forzar votaciones y transacciones- no se tiene para consagrar los derechos de género de las mujeres trabajadoras para que, por ejemplo, las trabajadoras y empleadas del sector privado tengan los mismos derechos que las del sector público. Hay proyectos que se anuncian reiteradamente, pero no se concretan. Se recorre el camino de la ley que interrumpe el embarazo, pero no el de las leyes que protegen a la mujer. ¿Dónde están las ideas

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del Presidente por las cuales le iban “a pegar de todos lados”? Notoriamente, estamos ante algo forzado. Algunos legisladores votarán por disciplina y se retirarán en la votación particular, otros no votarán o lo harán con sus pies, y otros votarán aunque dicen que no están de acuerdo. Si uno mezcla todas estas posibilidades, advierte que este proyecto de ley no es mayoritario en esta Cámara. Si uno mezcla todas las voluntades, las convicciones con las que hay que discutir este proyecto de ley, según lo que se anuncia, este proyecto no tiene mayoría en esta Cámara. La tiene por las transacciones y por la inhibición de las personas a expresar sus convicciones personales. Este es un proyecto minoritario, hecho mayoritario a fuerza de disciplinas partidarias. El derecho a la vida no puede someterse a disciplinas partidarias, señor Presidente. En otros tiempos, cuando los sueños de la izquierda consistían en la defensa de la vida y la protección del más débil de los débiles, se tarareaba aquella preciosa canción de Viglietti que decía: “Y aunque nazcas pobre, / te traigo también: / se precisan niños / para amanecer”. Como decía Lincoln Maiztegui, no debe ser por cristiano y conservador que Viglietti cantaba esta hermosa canción. Pero eran otros tiempos, cuando valía la pena luchar por los derechos para que hubiera más niños para amanecer. En una nota en la que se menciona al demógrafo Juan José Calvo -que muchos conocemos- se señala: “Para el año 2030, se proyecta que la población latinoamericana y caribeña llegará a 715 millones. En 1950, de cada 1.000 latinoamericanos, 13 eran uruguayos. Según Calvo, hoy la relación descendió a 5,6 uruguayos cada 1.000 latinoamericanos” -menos de la mitad- “y ‘continuará bajando'”. Entremos brevemente a los aspectos jurídicos que, por razones obvias y profesionales, va a desarrollar con más profundidad nuestro compañero, el señor Diputado Amarilla. El proyecto de ley es incoherente y contradictorio porque dice tutelar la vida, pero legaliza su interrupción. La Constitución de la República no consagra el derecho a la vida -como sabemos, eso no depende de una decisión política-, pero sí su protección para que el derecho sea efectivo. No se debe confundir el orden ontológico con el orden normativo.

Vale la pena, entonces, conocer el punto de vista jurídico y filosófico de alguien a quien, seguramente, todos respetábamos; me refiero al doctor Héctor Gros Espiell. Voy a leer un párrafo de un trabajo que realizó, denominado “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”. Dice así: “No está -no puede estar- este tema al margen de la reflexión sobre el valor y la naturaleza de la vida humana, de su inicio, del comienzo de la personalidad jurídica, de la intangibilidad de esta vida y de su protección jurídica. La consideración del Derecho a la Vida y de su protección y garantía, es esencial que sea tenido en cuenta.- Y al referirse al Derecho a la Vida estoy incluyendo no solo el derecho que a ella tiene el feto, sino también el derecho que a este respecto posee la mujer que porta dentro de sí otra vida.- Yo no puedo, porque traicionaría mi conciencia y mis convicciones, dejar de recordar que el Derecho a la Vida está garantizado por el Derecho Internacional y por el Derecho Interno -en el caso de Uruguay-, que el Derecho Internacional, aplicable directa e inmediatamente en nuestro Derecho, determina que la protección del Derecho a la Vida se inicia, en general, con la concepción (artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y que la vida del ser que la mujer lleva en su seno es autónoma y propia, lo que conduce a la obligación jurídica de no aplicar, en los países en que existe la pena de muerte, esta pena a una mujer embarazada, ya que ello llevaría a privar de la vida no solo a la persona condenada sino, además, a la otra vida que lleva en su seno (artículo 4, Convención citada).- Basta esto para calificar de inadmisible y absurdo, ética y jurídicamente, el plantear o intentar resolver el problema del aborto como un asunto de propiedad de la mujer sobre su cuerpo”. Este proyecto va en contra de preceptos constitucionales expresamente establecidos en los artículos 7º, 8º, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332 de la Constitución. Además, según el profesor doctor Martín Risso Ferrand, este proyecto también es inconvencional por violar claramente el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica -que recientemente mencioné- y que fue ratificado por nuestro país a través de la Ley Nº 15.737. El profesor Risso Ferrand concurrió a una sesión de la Comisión especial, y en esa oportunidad manifestó: “Un segundo punto de partida refiere al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos. Por este bloque se entiende el conjunto de normas consti-

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tucionales internacionales que refieren a los derechos humanos. Esta es una concepción relativamente nueva, del siglo XXI, y es aceptada en toda América Latina, con excepción de Paraguay y Venezuela; en Uruguay, está en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia desde 2009. Por lo tanto, si una ley es inconstitucional, será inválida, pero también puede ser inconvencional y ser inválida”. Más adelante, se pregunta el constitucionalista: “Desde el punto de vista jurídico ¿desde cuándo hay vida protegible? En la actualidad, la solución es extraordinariamente sencilla y mucho más que en otras disciplinas, puesto que el numeral 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que hay vida protegible desde el momento de la concepción. Esta es la norma más protectora en la materia y, por lo tanto, es la que debemos utilizar necesariamente”. Y luego agrega: “[…] las normas de principio son de interpretación expansiva y las de excepción, de interpretación restrictiva”. Lugo expresa: “No puede admitirse que los Poderes Legislativos nacionales de los distintos Estados puedan modificar el texto de la Convención, sino que, como son normas de excepción, siempre van a tener que estar debidamente justificadas y la justificación tiene que ser analizada con cuidado y rigor”. Asimismo, el maestro Justino Jiménez de Aréchaga, en su obra “La Constitución Nacional”, se pregunta: “[…] en cuanto al derecho a la vida ¿qué ha de entenderse por él?”. Y contesta: “[…] el derecho a la vida es, en primer lugar, el derecho a vivir y a sobrevivir, todos y siempre […] es, en primer término, el derecho a vivir, el derecho a no ser privado de la vida”. Hay un principio general, señor Presidente, que no puede desconocerse, que es constitucional y también convencional. En realidad, no puede ser que se citen las convenciones internacionales para proteger algunos derechos humanos y se olviden estas convenciones cuando se protegen otros. Esa es una visión hemipléjica del derecho internacional. Este proyecto de ley también es contrario a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país a través de la Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990, cuyo preámbulo declara: “[…] el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida pro-

tección legal, tanto antes como después del nacimiento”. La iniciativa en discusión, en realidad no resuelve, sino que disuelve el problema porque es ineficaz e incoherente. Incoherente porque dice, como señalamos, tutelar la vida, pero legaliza su interrupción. Se hace un enorme esfuerzo por decir que no se está de acuerdo con el aborto, pero se legaliza, lo cual, señor Presidente, es paradójico. El sentido común no resiste este proyecto de ley. Además, es ineficaz porque no va a terminar con la práctica que se pretende eliminar, que es el aborto clandestino. En su artículo 3º, esta iniciativa establece que se deberán conformar tribunales examinadores con un mínimo de tres integrantes, pero no establece el máximo, por lo que podrán estar integrados por tres, cuatro, seis u ocho personas. Como dije, el artículo 3º de este proyecto no establece el máximo de integrantes de los tribunales examinadores. Este artículo también dispone que esos tribunales se conformarán para recibir la consulta de la mujer embarazada con intención de interrumpir su embarazo, y que deberán ser convocados el mismo día o, como máximo, en las siguientes veinticuatro horas. Advierta, señor Presidente, qué situación tan paradójica se da, ya que muchas mujeres que están enfermas en Uruguay deben esperar muchas semanas o meses para tener una consulta médica, por ejemplo, con un especialista. Muchas de ellas debieron esperar años para operarse; el Poder Legislativo tuvo que declarar la emergencia sanitaria para que pudieran operarse las personas que hacía años estaban esperando. Sin embargo, esta iniciativa establece que esos tribunales multidisciplinarios, conformados por especialistas, deberán integrarse en el día o en un máximo de veinticuatro horas a fin de asesorar a la mujer con respecto a la interrupción del embarazo. En realidad, para que una mujer pueda ver un oculista -no hablemos de si tiene una enfermedad grave- puede esperar seis u ocho meses, pero para interrumpir el embarazo la consulta debe hacerse en el día. El Estado, Salud Pública, no pueden garantizar que haya cirujanos, anestesistas, pediatras, ceteístas, oftalmólogos en sus hospitales, muchos de ellos del interior, pero va a garantizar por esta ley que haya equipos multidisciplinarios que se conformen en el día. Además, es irreal. Tengo a mi alrededor a compañeros del resto de la Cámara, legisladores del inter-

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ior. Pónganse a pensar si en las localidades del interior van a conseguir en el día o en el término de veinticuatro horas ginecólogo, partera obstetra, psiquiatra, psicólogo, asistente social… (Interrupción del señor Representante Novales) ——Año y medio me acota el Diputado Novales. Es irreal, señor Presidente, y vamos a ser claros: ¡todos los legisladores que están acá saben que esto es irreal! ¿Algún legislador del interior puede decir que en el día -¡en el día!- se va a conseguir un tribunal con ginecólogo, partera obstetra, asistente social, psicólogo y psiquiatra? ¡¿En el día?! ¡Vamos, señor Presidente! ¡Por favor! El Secretario de la Presidencia, en estas últimas horas, ante un conflicto que todos conocemos y que sigue siendo muy público, señalaba que es imperioso tomar medidas, porque es impostergable defender y preservar el primer derecho, que es el derecho a la vida. Ese fue el argumento que utilizó hace pocas horas el Secretario de la Presidencia del Gobierno de la República para tratar de poner fin al conflicto de los cirujanos. Así que es prioritario defender el derecho a la vida para resolver el problema de los cirujanos, pero en esta sesión se van a establecer procedimientos sumarios para la negación del derecho a la vida. El proyecto tiene innovaciones que rompen con todo lo establecido en materia de legalización hasta el día de hoy y -como decíamos- no prevé la despenalización, sino la legalización sin límite y en toda circunstancia. El artículo 3º establece un período de reflexión mínimo de cinco días, pero no fija máximos. Así que la mujer tiene que tomarse, como mínimo, cinco días, pero el proyecto de ley no determina cuántos días se puede tomar. Quiere decir que la mujer embarazada se presenta al tribunal examinador y dice: “Cumplo con los cinco días”. Lo hace antes de las doce semanas, pero se presenta en la semana veinte,… (Suena el timbre indicador de tiempo) ——… habiéndose tomado no cinco días, sino ocho semanas para razonar. El artículo 3º del proyecto de ley no establece el plazo máximo ni dice qué pasa si la mujer embarazada no ratifica en ese plazo de cinco días su voluntad de interrumpir el embarazo.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Disculpe, señor Diputado, pero voy a ceder la palabra al Diputado Amarilla. Tiene la palabra el señor Diputado Amarilla. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: mociono para que se prorrogue el plazo de que dispone el miembro informante en minoría. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA. Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Amarilla. Gracias, señores legisladores. Reitero: el artículo 3º prevé la legalización sin límite; la única condición que establece es el plazo mínimo, no el máximo. La pregunta es qué pasa si una mujer se presenta antes de las doce semanas y, habiendo cumplido con esos cinco días, vuelve en la semana quince, en la dieciséis, en la veinte, en la veinticuatro o en cualquier otra antes de la cuarenta. ¿Qué pasa? La ley no lo dice, señor Presidente. Por eso, a texto expreso, no solo por esta razón, sino por otras que ya establecimos, está determinado que lo que realmente hay es una legalización de la interrupción del embarazo, una legalización del aborto. Reiteramos que es una legalización lisa y llana. No es una ley que busca el término medio, no está en su asunto; opta por el derecho de uno y niega el de otro. El proyecto se presenta como justo, en la medida en que pretende haber encontrado en la despenalización un supuesto punto de equilibrio entre dos extremos: la legalización y la prohibición. Sin embargo, apenas se profundiza en el proyecto, se advierte que la despenalización es absoluta, y lo es porque a partir de esta ley no habrá forma de penalizar el aborto. ¿Por qué? Porque no habrá forma de imputar un incumplimiento doloso de los requisitos a los que estará supeditada la pena. Nos explicamos: la pena, en el proyecto de ley, queda supeditada al cumplimiento de determinadas circunstancias, plazos y requisitos, tales como la presentación de la madre antes de las doce semanas, consulta médica, explicitación de los motivos, convocatoria del comité y tribunal examinador interdisciplinario, tiempo de reflexión de la madre, re-

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cogimiento de la voluntad del padre en caso de que su presencia haya sido consentida por la madre, y consentimiento del padre, tutor, curador o Juez, si la mujer que pretende abortar es menor. La presencia de múltiples circunstancias y requisitos y, sobre todo, la incidencia de múltiples factores para su fiel cumplimiento impiden, ante un aborto que no cumple con alguno de estos requisitos, que pueda imputarse un incumplimiento doloso y, como es sabido, sin incumplimiento doloso no hay pena. Nos explicamos una vez más. ¿Qué ocurre si la madre comparece tres días antes de que se cumpla el plazo legal? ¿O si comparece en plazo, pero no puede acordarse de forma intempestiva la consulta médica o no puede convocarse el comité interdisciplinario, como va a suceder? ¿Qué ocurre si la menor no cuenta con el consentimiento de sus padres y ya no hay tiempo para solicitar la autorización judicial, porque se vence el plazo de doce semanas? ¿Qué ocurre si en cualquiera de estos casos el aborto se practica igual? Lo que ocurre es que ningún Juez podrá imputar en estos casos un incumplimiento doloso de los requisitos y, dado que la pena del delito penal se ha sujetado al incumplimiento doloso de los requisitos legales, no puede sino concluirse en la impunidad absoluta del aborto. En otras palabras: si se aprueba este proyecto de ley, la despenalización del aborto en Uruguay será indiscutible, y si la despenalización es absoluta, entonces no puede afirmarse seriamente que el delito penal seguirá existiendo, pues desde los tiempos de Kelsen sabemos que no hay norma jurídica sin sanción. Si esto es así, es incuestionable que el proyecto legaliza el aborto en Uruguay; por lo tanto, lejos de asumir una posición de equilibrio, quienes lo votan optan por un camino bien definido. Por si todo esto fuera poco, con una pésima técnica legislativa, en el artículo 14 se derogan genéricamente todas las disposiciones que se oponen a esta ley. Esto va en contra de la deontología médica, y permítaseme traer a colación algo que está muy vinculado con mi profesión. Si uno aplica el mínimo sentido común no se puede declarar acto médico a lo que termina con la vida. “Médico” deriva del latín “medicus”, y este del verbo griego “medeo”, que significa “cuidar al otro”. El eticista Diego Gracia afirma que el médico hace medicina; su quehacer consiste en realizar acciones cuyo destino es producir salud en su paciente. Y notoriamente, interrumpir la vida no es producir salud, sino terminar con toda posibilidad de ella.

Además, notoriamente, la previsión de objeción de conciencia que está incluida en el proyecto de ley confirma que la actividad que se legaliza va en contra de principios éticos, y es toda una confesión pública hacer una ley y establecer en su texto los problemas de conciencia que genera. Dice el doctor Germán Aller, Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay, en un documento que fue acercado a la Comisión: “El hecho de que se plantee la posibilidad de objetar una conducta por tal razón implica que esa conducta a priori puede ser reconocida por la sociedad como un disvalor ético. De no ser así ¿por qué razón entonces un profesional de la salud la objetaría? De tal planteo deriva la lógica conclusión de que se sabe que el aborto es una conducta que encierra el disvalor de eliminar la vida humana y, por ello, pasible de objeción”. Concluimos que el proyecto de ley licúa el problema apelando al cambio de nomenclatura para hacerlo más aceptable. Es en verdad un proyecto negador en materia de derechos humanos. Es un proyecto antisolidario. Deberíamos dedicar todo nuestro tiempo a dar toda la protección legal al no nacido y amparo a la mujer embarazada. Nuestra posición es la de la protección integral de los derechos humanos sin límites, sin recortes, sin elección de a quién se defiende y a quién no; para todos los seres humanos, en todo momento y en toda circunstancia. Este proyecto de ley defiende y ampara, y da un mal llamado “derecho” -entre comillas-, que es el de dar un marco legal para disponer de la vida de otro ser humano, “derecho” -entre comillasque ninguno de nosotros otorgaría a otra persona. Este proyecto ampara al fuerte y desprotege al débil de los débiles y al más desamparado. Las sociedades progresan en justicia, en equidad y en igualdad si velan por el desamparado y por el débil, y no si le niegan derechos. Nosotros protegemos la vida, defendemos la vida de la madre y del hijo, de la mujer y del niño. Ese es el desafío ético de equidad: no elegir entre dos sino proteger a los dos. Para terminar voy a hacer mías las palabras de Iván, al momento de interpelar a su hermano, el monje Aliosha, en esa obra maestra de la literatura escrita por Dostoievski: “Los hermanos Karamazov”. Pregunta Iván a su hermano: “Dime abiertamente y respon-

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de con franqueza: Imagínate que tú mismo debes construir el edificio del destino humano, para hacer definitivamente feliz al hombre y procurarle, por fin, la paz y la tranquilidad, mas para ello es necesario e inevitable torturar hasta la muerte a la más humilde de las criaturas, al niño más pequeño, y, sobre los cimientos de esas lágrimas no vengadas, levantar ese edificio; dime ¿aceptarías ser el arquitecto? ¡Respóndeme y no mientas!”. Señor Presidente, señores parlamentarios: nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Cantero Piali, Novales, Cersósimo, Vidalín, Verri, Mario García, Silvera, López Villalba, Saravia, Caram, Amarilla, Radío, Gandini y Abdala. (Se lee:) “Mocionamos para que el asunto “Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas)” se envíe a consideración de la Comisión de Derechos Humanos”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Treinta en setenta y siete: NEGATIVA. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: la fundamentación de voto nace -aunque precisamente estamos hablando de no nacer- de la brillante exposición del señor Diputado Javier García, en la que ha quedado demostrado, en forma palmaria, que este es un tema esencialmente de derechos humanos. Lamentablemente, como el Senado no tiene una Comisión de Derechos Humanos, el proyecto vino de otra Comisión. Pero nuestra Cámara de Diputados no puede renunciar a que este proyecto, que es esencialmente de derechos humanos, no sea tratado por la Comisión que tiene este Cuerpo para considerar estos temas.

Gracias, señor Presidente. SEÑOR AMY.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMY.- Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa en el entendido de que, sin dudas, este es un tema para que considere la Comisión. También nos parece que sería bueno que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo -que como todos sabemos, nació a la vida institucional patizambo, por no tener la representación de todos los partidos- lo analizara, porque todos sabemos que en este Parlamento existen dos bibliotecas para los derechos humanos: una, que es aplicable cuando les conviene, y otra que es permanentemente violada cuando no asiste la razón a sus intereses particulares. Gracias, señor Presidente. SEÑORA LAURNAGA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA LAURNAGA.- Señor Presidente: entiendo esto como un artilugio político, y en ese sentido puedo comprenderlo. Lo que me parece impresentable son las fundamentaciones que se están haciendo, porque escucho a Diputados de los partidos desacreditar a sus propios compañeros de Comisión. En su seno hemos trabajado horas y horas, días y días, con la más extensa… SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Señora Diputada: en la fundamentación del voto no puede aludir a los otros partidos. SEÑORA LAURNAGA.- No estoy haciendo alusiones, sino hablando en general. No sé por qué se siente aludido. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- La Mesa entiende que sí (Diálogos) SEÑORA LAURNAGA.- De acuerdo, corrija en la versión taquigráfica lo que usted considere alusiones, pero permita que termine de expresarme. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar la señora Diputada.

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SEÑORA LAURNAGA.- Creo que todos los integrantes de esta Comisión hemos trabajado en profundidad, y me parece que otra vez estamos barriendo debajo de la alfombra. Estamos un poco cansados de barrer debajo de la alfombra. Tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de los actos políticos y tomar decisiones de una vez por todas. Me parece que eso es lo justo. Es una falta de respeto a mi persona y a otras, que como yo, hemos trabajado con profunda seriedad y compromiso, recibiendo a cincuenta delegaciones, sin preguntar la representatividad ni la calidad del trabajo de cada una, para escuchar todo lo que tenían que decir, individual y colectivamente. Estamos en condiciones de decidir. SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: he votado negativamente porque la Comisión de Derechos Humanos existía cuando se formó la Comisión Especial que analizó este tema y bien se la podría haber invitado a participar. Nadie lo planteó oportunamente. Por lo tanto, me parece fuera de tiempo hacerlo ahora y por eso he dado mi voto negativo. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por esta Cámara, emitió opinión respecto al tema que hoy nos ocupa. Fue la última delegación recibida por la Comisión Especial; emitió opinión documentada y consta en la versión taquigráfica. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: soy miembro de la Comisión Especial con la Finalidad de Tratar los Proyectos vinculados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y además firmé la moción. Creo que una cosa no quita la otra.

Decir que hay una Comisión de Derechos Humanos permanente y que por eso se debería haber evitado pasar este tema ahí o decir que se podía haber invitado a la Comisión, es equivocado porque la Mesa podría haber enviado estos proyectos a esa Comisión y, sin embargo, los derivó a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en la que no estaban los votos suficientes de la mayoría y por eso se tuvo que armar una Comisión Especial. Por lo tanto me parece que esa fundamentación no corresponde. Es verdad que la Institución Nacional de Derechos Humanos concurrió a la Comisión Especial con la Finalidad de Tratar los Proyectos Vinculados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y lo hizo porque insistimos desde la oposición. Se escudaron en el poco tiempo que tenían para poder dar una opinión y vinieron después de que la Comisión votó el proyecto. Como insistimos y queríamos escucharlos, asistimos a la Comisión a pesar de que el proyecto ya se había votado cuando concurrió la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos no vino con posiciones unánimes y también se alegó la falta de tiempo para estudiar y traer una posición más acabada. La Institución Nacional de Derechos Humanos resolvió hacer el informe por correo electrónico porque algunos representantes estaban fuera del país. Por lo tanto, decir que ya vinieron y su opinión ya está, no sirve como argumento. ¡Vaya si este tema es de derechos humanos y esa institución debería estudiarlo en profundidad y trabajarlo con mayor seriedad que la que da un intercambio vía correo electrónico! Gracias, señor Presidente. SEÑORA SANSEVERINO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA SANSEVERINO.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión Especial he sido extraordinariamente respetuosa de los plazos que fijó este Parlamento, por lo que considero que es muy grave que los integrantes de la Comisión pongan en tela de juicio nuestro proceder. Hemos recibido a cuarenta y siete delegaciones. No ha quedado nadie fuera de las extensas entrevistas -la gran mayoría fueron organizaciones de la so-

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ciedad civil- y además nos dejaron documentación muy buena. Inclusive, tuvimos en cuenta los plazos que algunos legisladores nos solicitaron por otras tareas que debían cumplir. Por lo tanto, en esta sesión vamos a votar en el marco de la decisión de una Comisión Especial que fue creada por este Parlamento. Por tanto, seamos justos y no dilatemos nuevamente, porque en definitiva estamos jugando con las mayorías que hoy pueda haber en esta Sala. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR VEGA LLANES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: no he votado esta moción porque considero que forma parte de una dilatoria. Asimismo, considero que el Uruguay está cansado de dobles discursos y creo que esta es de ello. Lo que es seguro es que hoy hay votos suficientes para aprobar el proyecto, y mandarlo a la Comisión de Derechos Humanos o a cualquier otra no es más que una maniobra que dilata lo que los hechos están determinando. También es parte de ser demócrata aceptar que uno no tenga las mayorías necesarias y bancársela. Aquí lo que no hay es tutía. SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: no he votado la propuesta porque cualquiera de los noventa y nueve legisladores que integramos este Cuerpo, a diario recibimos comunicación de cuándo, a qué hora y en qué lugar se reúnen las respectivas Comisiones, inclusive las especiales. Entonces, si un legislador tenía inquietudes al respecto pudo haber concurrido a la Comisión Especial y haber hecho sus aportes y críticas. Por lo tanto, hacerlo ahora me parece totalmente fuera de lugar. Gracias, señor Presidente. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS.- Señor Presidente: no firmé la moción -no me la presentaron- pero la voté porque entiendo que, más allá de lo que se quiera decir, los que mandan son los reglamentos y los reglamentos indican si es procedente o no. Cualquier Diputado tiene esta posibilidad y como tal se da. No se trata de maniobras ni de dilatorias; tampoco vamos a hacer que las mayorías nos hagan callar. Las mayorías están para respetarlas, pero no para hacer callar a las minorías. Gracias, señor Presidente. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: el señor Diputado Berois se me adelantó en la aclaración. Hemos hecho uso del Reglamento que nos ampara. Creo que los sueldos que nos pagan a los Diputados son más que generosos y me parece poco ético venir a decir todo lo que hemos trabajado. Nos pagan para trabajar responsablemente y no para estar poniendo piedras en el camino cuando alguien, en uso del Reglamento vigente, trata de hacer valer sus derechos. Gracias, señor Presidente. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: desde horas de la mañana estamos en esta Sala y concurrimos en reiteración real a la Mesa para que se nos anotara en la lista de oradores. Todas las veces que nos acercamos a la Mesa no había anotados en la lista de oradores. Es más, consultamos al señor Presidente de la Cámara, quien nos manifestó que tenía la lista en su cabeza. Entonces, le preguntamos qué lista tenía en su cabeza cuando mencionó a siete legisladores, a lo que el señor Secretario de la Cámara asintió. Nos dijo que esos siete legisladores estaban anotados, pero nosotros no vimos que lo estuvieran. Más tarde, aparece el señor coordinador de bancada del Frente Amplio con esta lista, en la que se nos coloca en el lugar número diecisiete. Concurrimos

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nuevamente a ver si había gente anotada y seguía no habiéndola, por lo que solicitamos ser anotados en la lista de oradores. En definitiva, hoy estamos anotados en el lugar número diez y el argumento es que no integramos la Comisión Especial. Lo que establece el artículo 63 del Reglamento es que tendrán derecho a hacer uso de la palabra los miembros de la Comisión que lo solicitaren. Sin embargo, hasta ahora no he visto que nadie lo solicitara, acercándose a la Mesa ni levantando la mano. En cambio, yo fui en reiteración real a solicitar la palabra, no se me concedió y estoy en el puesto número diez de esa lista que es caprichosa, porque podría haber estado en el número diecisiete y no entendemos por qué. Señor Presidente: estoy cuestionando esa decisión y solicito que se me coloque en la lista en el lugar en el que yo debo hacer uso de la palabra. Si hay un acuerdo por fuera de este Cuerpo que desconozco, no lo avalo y, hasta donde tengo entendido, mi Partido tampoco lo avala. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- La Mesa quiere explicar que antes de cada sesión hay una coordinación y en esta también la hubo. En esa coordinación, con el apoyo de todos los delegados de los partidos, se acordó que primero harían uso de la palabra, como corresponde, los tres miembros informantes y luego, como dispone el artículo 63, los integrantes de la Comisión, que tienen prioridad. De esa manera están los nueve primeros oradores e, inmediatamente después, está el señor Diputado Radío, quien pidió hacer uso de la palabra. Por lo tanto, el primer legislador que va a hacer uso de la palabra después que se hayan manifestado los integrantes de la Comisión, es el señor Diputado Radío. Léase el artículo 63 del Reglamento de la Cámara de Representantes. (Se lee:) “Artículo 63.- Puesto en discusión un proyecto, uno de los firmantes del mismo, el miembro informante y el miembro informante en discordia, si lo hubiere, tendrán derecho a hacer uso de la palabra y, luego, los demás miembros de la Comisión que lo solicitaren. Después podrán hablar los

Representantes que se inscriban ante la Mesa, en el orden en que lo hayan hecho. (Artículo 134)”. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: fuimos aludidos y también lo fue la instancia que por suerte se ha creado en esta Cámara en cuanto a buscar acuerdos interpartidarios para ordenar las sesiones. Esa coordinación interpartidaria es habitual en todas las sesiones, fundamentalmente en las complejas como esta, y fue convocada por la Presidencia en ejercicio de la Cámara para la hora 9 y 30 de hoy. Allí acordamos, como recién se dijo, un orden absolutamente lógico, tal como ha sucedido prácticamente en la consideración de todos los proyectos importantes, es decir, que primero hablen los miembros de la Comisión. Se nos encomendó a los coordinadores que mientras se hacían los informes, preparáramos la lista completa. Por lo tanto, mientras hacía uso de la palabra el segundo miembro informante, entregamos a la Presidencia una lista ordenada, primero, obviamente, con los integrantes de la Comisión. En ese momento se nos informó que el señor Diputado Radío se había anotado. Entonces, respetando estrictamente lo que establece el artículo 63, cambiamos el orden previsto para él y lo pusimos en el primer lugar a posteriori de que hablen los miembros de la Comisión. En la lectura que acaba de hacer el señor Secretario queda muy claro que tendrán derecho a hacer uso de la palabra los miembros de la Comisión que lo solicitaren; pero, por supuesto, después de los miembros informantes, que tienen prelación sobre los demás Representantes. Claramente se dice que harán uso de la palabra primero los miembros de la Comisión que lo solicitaren, no dice en qué momento y después podrán hablar los otros Representantes que se inscriban en la Mesa, en el orden en que lo hayan hecho. Por lo tanto, respetando que el señor Diputado Radío ya había manifestado su voluntad, inmediatamente lo anotamos en el lugar número diez, que es el que corresponde a posteriori de los nueve integrantes de la Comisión, que representan a los cuatro partidos

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políticos que acordaron en esa coordinación interpartidaria, como es habitual en todas las sesiones. Muchas gracias, señor Presidente.

(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 25 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, JUAN MANUEL GARINO GRUSS Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino Gruss. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Manuel Garino Gruss, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

8.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Juan Manuel Garino Gruss, por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. Del señor Representante Carlos Gamou, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Balmelli. Por enfermedad, literal A) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante Graciela Cáceres, por el período comprendido entre los días 25 de setiembre y 13 de octubre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Centurión”. Del señor Representante Luis Lacalle Pou por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando Lereté.” De la señora Representante Alma Mallo, por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Milo Ojeda”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA. En consecuencia, quedan convocados los respectivos suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

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“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito licencia por razones personales por el día 26 de setiembre de 2012. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, CARLOS GAMOU Representante por Montevideo”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Pablo Álvarez”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Javier Salsamendi”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Pablo Álvarez y Javier Salsamendi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou, por el día 26 de setiembre de 2012.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Pablo Álvarez y Javier Salsamendi. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Julio Balmelli. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido, solicito al Cuerpo que usted tan honorablemente preside, me conceda licencia por razones de salud (se adjunta certificado médico), desde el día de la fecha hasta el sábado 13 de octubre de 2012. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. GRACIELA CÁCERES Representante por Río Negro”. “Fray Bentos, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, Doña Graciela Cáceres, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, le saluda atentamente, Álvaro Martínez”. “Young, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, Doña Graciela Cáceres, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin otro particular, le saluda atentamente. Ramón Gimenez”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, de la señora Representante por el departamento de Río Negro, Graciela Cáceres. CONSIDERANDO: I)Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 25 de setiembre y 13 de octubre de 2012 y adjunta certificado médico. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Álvaro Martínez y Ramón Nicomedes Giménez. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal A) del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 25 de setiembre y 13 de octubre de 2012, a la señora Representante por el departamento de Río Negro, Graciela Cáceres. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Álvaro Martínez y Ramón Nicomedes Giménez. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Pablo Centurión. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 24 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle licencia el día 25 de setiembre de 2012. Sin otro particular, lo saluda atentamente, LUIS LACALLE POU Representante por Canelones”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor Orlando Lereté. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 25 del presente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, ALMA MALLO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Le informo que por única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside para el día 25 del corriente mes y año.

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Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima, Nicolás Ortiz”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Milo Ojeda. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, LUIS LACALLE POU”.

gislador, más allá de la aclaración hecha por mi coordinador. Si se hizo un cuestionamiento a la Mesa, el Cuerpo tiene que definir si avala el procedimiento que esta llevó adelante. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa entiende que, salvo que se diga otra cosa en forma expresa, no hay cuestionamiento. Si el señor Radío lo va a hacer, le cedo la palabra. SEÑOR RADÍO.- Cédame la palabra pero no para hacer un cuestionamiento, sino porque fui aludido, para hacer una aclaración o por lo que quiera. La lectura del artículo es clarísima. Entonces, me parece que hay que interpretar la letra del artículo y no el espíritu. Lo que dice es: […] los demás miembros de la Comisión que lo solicitaren”. Pido que saquen esto del contubernio; por lo menos tengan la delicadeza de pedir la palabra; sáquenlo del acuerdo tras bambalinas. Levanten la mano y pidan la palabra, porque el Reglamento así lo establece. Vienen con el papelito, me ponen en el lugar diecisiete y yo me tengo que quedar feliz de la vida. Levanten la mano y pidan la palabra, y así cumplen el Reglamento. Y si no, me están pasando por arriba. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Quisiera saber si el señor Diputado Radío está cuestionando a la Mesa, si es un planteamiento o solamente una expresión. SEÑOR RADÍO.- Estoy planteando una cuestión de orden por la que solicito ser incluido por encima de los legisladores que no piden hacer uso de la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa entiende el artículo 63 tal como lo ha hecho mi predecesor. Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: antes que nada, quiero destacar el trabajo de los funcionarios que prestaron servicios a la Comisión, que desarrolló jornadas sumamente intensas y con el tiempo acotado. En la Comisión recibimos a todos los que solicitaron audiencia, a pesar de que al inicio del trabajo no era unánime esa posición. Encontramos un camino que nos permitió cumplir, a nuestro entender, con esa valiosa tarea de escuchar en la discrepancia o en la coincidencia. Perso-

9.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
SEÑOR YANES.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: no quiero entrar en la polémica que se generó hace un momento, pero se hizo un cuestionamiento a la Mesa. Quiero dejar claro que desde mi punto de vista personal y también de mi función, corresponde avalar el procedimiento llevado adelante por la Mesa y cuestionado por un le-

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nalmente, no entiendo al Parlamento de otra forma en su tarea de representación que no sea la de oír a todos los que tienen algo para aportar, para criticar o para opinar. Como la verdad absoluta no existe, mal podemos representar si no escuchamos, sobre todo al que piensa distinto. Estoy convencido de que hubo valiosísimos aportes en la Comisión. Quiero agradecer a todos los que dieron su opinión y prestaron su asesoramiento. El resultado de las comisiones especiales demuestra que cuando hay voluntad política y acuerdo los temas, sean los que sean, se desarrollan y se arriba a las conclusiones que la mayoría desea. Lo único que se precisa es tener voluntad política. Estamos ante uno de los temas que atraviesa a todas las sociedades. Hay valores y principios que son parte de las diversas posiciones. Quienes integramos el Poder Legislativo no somos ajenos a los valores y principios que hay en nuestra sociedad. Las opiniones se dividen entre quienes están a favor y quienes estamos en contra. En esos dos grupos hay una gama muy amplia de matices. Como en todo tema polémico, hay quienes reflexionan desde la razón y lo hacen con mesura; hay quienes están movidos por la pasión y también lo hacen con mesura. A su vez, ambos grupos tienen colectivos que caen en radicalismos. Creo que ni la intolerancia religiosa, ni los fundamentalismos militantes nos permiten un debate -que no es nuevo, que no se va a terminar hoy- que nos acerque cada vez más a la resolución de un tema tan sensible. En ese sentido, debo reconocer el excelente aporte realizado en la Comisión por la Conferencia Episcopal del Uruguay, que presentó un documento despojado de connotaciones religiosas. Esto de boca de un no creyente tiene más valor. Nuestra posición es en defensa de la vida. Nos honra que en nuestro país no exista la pena de muerte, como lamentablemente sigue existiendo en otras partes del mundo. Nadie, ninguna sociedad ni Estado, tiene el derecho de sacar la vida a un ser, por más atroz que sea el acto cometido; tampoco concebimos tal derecho, con más elementos aún, para un inocente e indefenso. Estamos convencidos de que este proyecto, con el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, no debe ser aprobado. Más allá de la finalidad que

persigue, que no es muy clara, el proyecto implica una dramática transformación del sistema jurídico uruguayo, de los valores en los cuales este reposa y de los fundamentos éticos, morales y filosóficos que sostiene el consenso a partir del cual se organiza la vida de nuestra sociedad. Nuestro Código Penal, al tipificar como delito la práctica del aborto, presenta dicha acción como un disvalor en nuestra sociedad y, al establecer atenuantes y eximentes, reconoce situaciones en las que coincidimos es lícita la práctica. Por lo tanto, este proyecto a estudio no da amparo a las mujeres en casos extremos. Dichos casos ya están contemplados por la normativa, lo que hace innecesario legislar sobre lo legislado. El proyecto convierte el aborto en un derecho y, además, será respaldado y solventado por el Estado, es decir, por todos los ciudadanos, estén o no de acuerdo con esa práctica. Una mínima mayoría -que respetamos, pero es mínima- dará aprobación a una iniciativa que va en contra de la naturaleza, en contra de la ciencia y en contra del derecho. El proyecto asigna a la vida de unos más valor que a la de otros. A nuestro entender, entonces, es netamente discriminatorio, anticonstitucional y contradictorio con un sistema de valores y reglas de conducta del cual resulta la prohibición de discriminar. Dicha discriminación se da, además, con respecto a la mujer que va a abortar, poniendo un plazo totalmente arbitrario para la configuración o no del delito. Si antes de las doce semanas la mujer concurre a hacerse un aborto, es legal; pero si va a las doce semanas y un día, será penalizada. ¿Y quién va a controlar esos días, señor Presidente? ¿Puede el almanaque decir cuándo el Estado ayuda a cegar una vida y cuándo el Estado perseguirá por la misma acción? No hay en ese plazo ningún criterio objetivo. Hasta la décima semana el feto se desarrolla. A partir de ella, lo que hace hasta el nacimiento es solamente crecer. Este concepto es de médicos ginecólogos que vinieron a asesorar a la Comisión. Por lo tanto, la limitante de las doce semanas es simplemente arbitraria. Asimismo, con la aprobación de este proyecto, haremos otra discriminación, que va a resultar del tratamiento privilegiado -en el sentido de lo inmediatoque tendrá la mujer que se practique el aborto respecto del resto de los usuarios de la salud que requieran tratamientos quirúrgicos por sus afecciones. Para

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agravar la discriminación, en el primer caso, el del aborto, será sin cargo para la mujer. En el segundo, será con cargo al usuario. Ningún desarrollo es necesario para dar cuenta del valor que representa la vida humana. Solo basta recordar que ese primer elemento, la esencia, la sustancia primaria de toda la vida social y de todo el sistema jurídico, explica por sí sola la prioritaria ubicación que, en el orden de los derechos fundamentales del hombre, le asigna nuestra Carta Constitucional como explica, además, el constituyente, que ha prohibido la aplicación de la pena de muerte. La cuestión ética, moral, filosófica, religiosa, biológica y jurídica radica no en determinar el valor de la vida humana -en lo que parece que todos estarían de acuerdo- sino, en primer lugar, cuál es el momento en que la vida humana se hace presente y, en segundo término, cuál es el estatuto jurídico del ser que existe a partir de la gestación, concepción o fecundación. El proyecto de ley tiene un solo significado. El ser humano, cuya vida se encuentra ubicada entre la fecundación y el estado fetal -el embrión o cigoto-, para este proyecto es una cosa, de la cual la voluntad de otro ser -la madre que lo engendra- puede disponer por sí sola, y de modo absolutamente libre. Esta libertad de disposición no disminuye por las condiciones puestas para su ejercicio y, además, no quita al acto de disposición su propia ontología ni los efectos que producirá. Como decíamos, a las doce semanas el embrión ya está creciendo y constituye, desde la concepción, una vida nueva, única e irrepetible, distinta aun a la de sus progenitores. No es verdad que con este proyecto se protejan los derechos del concebido porque, precisamente, se autoriza no la destrucción de un derecho, sino nada más y nada menos que la destrucción de un sujeto que ostenta ese derecho. Y no es verdad que se construya una comunidad más digna cuando se autoriza a alguien a disponer de la vida ajena, y todavía sin la participación de quien contribuyó a su gestación. En cualquiera de los dos casos, la afirmación no es más que una falacia o una petición de principios, en cuanto lo primero se desmiente, porque se autoriza a destruir la vida del concebido, y en cuanto lo segundo, está por demostrarse. La existencia de una certeza y de una duda no se puede desconocer al examinar, con la profundidad que se merece, un tema de esta envergadura. La cer-

teza es que la vida humana es un devenir, un proceso biológico continuo. La duda es cuándo comienza el proceso y cuándo, además, esa vida humana está individualizada. Voy a apoyarme en lo que sostiene un miembro de la Sociedad Internacional de Bioética, Juan R. Lacadena, que decía: “[…] desde el punto de vista genético y biológico nadie duda que la nueva vida, como vida humana nueva, aparecería en el momento de la fecundación, y lo de ‘momento’ lo tendría que decir entre comillas por lo que he dicho de la continuidad del proceso, en el sentido de que, entonces es cuando en el cigoto se reúne una información genética que es producto de dos entidades distintas, que eran los dos gametos, y que aparece una tercera entidad, el tercium […], en el cual hay una información genética que es específicamente humana en el sentido de que si se le deja desarrollar no dará lugar ni a un manzano, ni a un elefante, sino que dará lugar a un organismo humano. Pero una vez dicho esto, la cuestión es lo que sucede después. Lo que sucede después es que se pueden producir dos fenómenos, diríamos biológicos, de desarrollo, que cuestionan la individualidad de ese cigoto y ese embrión que acaba de iniciar el desarrollo. Son las propiedades de unicidad, es decir, la propiedad de ser único e irrepetible desde el punto de vista genético y la propiedad de unidad, que es la propiedad de ser una sola cosa”. Y prosigue Lacadena: “Ese momento ¿cuándo ocurre en el tiempo, el límite de esa posibilidad de fusión?, pues aproximadamente a los catorce días, a partir del momento de la fecundación que coincide también con el momento en el que termina la anidación. Lo mismo podría decirse con la otra propiedad anterior, la de la unicidad y que cuando se produce espontáneamente unos gemelos monocigóticos por división cigótica del embrión, esa división de un embrión para dar lugar a dos o tres o más si fuera el caso, gemelos monocigóticos, eso puede producirse también hasta el mismo momento, la misma etapa (los catorce días después de la fecundación) que es cuando empieza a formarse la cresta neural. Eso significaría que desde el punto de vista genético, la unicidad y la unidad no quedan definidos hasta el día decimocuarto a partir de la fecundación. Y creo que cuando en todo el mundo se habla de esos catorce días en todas partes lo que se viene aceptando es estos hechos respecto a las dos propiedades de unicidad y unidad que definen la individualidad de un individuo”.

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Estas constataciones, señor Presidente, que provienen de la evidencia empírica y no de una cuestión de profesión de fe, son la causa de muy profundas discusiones que han dado lugar en el derecho comparado a una muy cuidadosa reglamentación en torno a la posibilidad de manipular los embriones con fines científicos, como es el caso de la fecundación artificial. O han sido ignoradas por el proyecto de ley o, sin ser ignoradas, se disfrazan ocultándolas bajo el empleo de una terminología con la que se procura atenuar el impacto que significa aprobar la práctica del aborto en forma libre y por la sola voluntad de la mujer. Y, lo que es peor, se pone el acento en uno de los dos seres que son parte del proceso de construcción de la vida humana, como si la de ellos no contara, pues se les ignora olímpicamente, sea como embrión, sea como concebido salvo, casualmente, para el caso de aborto al que se podría llegar por una causa de justificación por enfermedad o violación. En el caso del aborto libre, el embrión, el ser humano, de cuya existencia como tal no hay dudas, no cuenta, solo importa la mujer embarazada, y llamativamente la referencia al otro ser solo aparece cuando se produce el nacimiento, y se habla de hijo en adopción. El mundo entero discute el estatuto jurídico del embrión. ¿Existen deberes relativos al embrión, conductas que obliguen a su cuidado o, en cambio, con este proyecto solo existen los derechos de un tercero, la mujer que lo engendra, a disponer libremente de él como si se tratara de una cosa? ¿Es el embrión humano para el proyecto un objeto de propiedad sobre el cual recae el derecho de gozar y usar de él como se quiera hasta el punto de su destrucción? Tales son las preguntas a responder. Y la respuesta es, señor Presidente: sí. Porque con este proyecto, la madre podrá hacer de su hijo que está por nacer lo que su voluntad, su estado de ánimo, su emoción o las circunstancias mejor lo indiquen. Por lo tanto, el estatuto jurídico del embrión no es otro que el de una cosa. Ello, desde el punto de vista moral, filosófico y jurídico, a nuestro entender, no puede merecer aprobación. Cuando el intérprete se pare frente a la Constitución de la República y mire su artículo 26 va a encontrar que se prohíbe la pena de muerte y luego trasladará su visión a este proyecto y verá que en este se prohija la posibilidad de la destrucción de la vida

humana por la sola circunstancia subjetiva de uno solo de los que ayudó a su formación. El intérprete quedará perplejo ante la contradicción que implica, por un lado, prohibir la destrucción de la vida humana de un ser como el delincuente que es culpable y, por otro, permitir la destrucción de la vida de un ser, el concebido que es, por antonomasia, absolutamente inocente de cualquier dolor de la madre que lo está aniquilando. Tal efecto, hecho humano, y como tal acto jurídico, constituye una notoria agresión al ordenamiento jurídico vigente. Por más que el proyecto evite hablar del concebido, de la concepción, del embrión, de los diferentes estadios del proceso de gestación del nuevo ser humano, por más que trate de eludir lo que es un fenómeno complejo como el de la maternidad, que no es solo una mujer embarazada pues también es parte de ella el hijo engendrado, el proyecto no puede evitar la agresión a un sistema que, como expresaba el catedrático Martín Risso Ferrand, de nada valen argumentos científicos acerca de en qué momento hay vida, ya que parece claro que desde la concepción se ha iniciado en forma clara el proceso que conduce normalmente al alumbramiento. Y desde aquel instante corresponde proteger la vida, tal como está impuesto por la Constitución como bien jurídico primordial. A lo anterior debe agregarse que no sería admisible que para determinar la titularidad de los derechos constitucionales se utilizaran conceptos empleados por el ordenamiento jurídico inferior, tales como el concepto de persona que utiliza el Código Civil, ya que la Constitución no puede ser interpretada conforme al ordenamiento jurídico inferior sin desnaturalizar el principio de jerarquía que rige nuestro derecho y la propia supremacía de la Carta. La interpretación contextual de las normas referidas -artículos 77 y 72- confirma plenamente lo anterior cuando reparamos que el segundo inciso del artículo 42 de la Constitución se establece lo siguiente: “La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo”. El concepto de maternidad no refiere exclusivamente a la madre sino a todo un proceso que transcurre desde la concepción y termina con posterioridad al alumbramiento. Al mismo tiempo, es claro que esta protección no refiere exclusivamente a la madre, sino también al no nacido.

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Y nos preguntamos qué pasa con el padre en el proyecto es absolutamente dejado de lado, se lo contempla si es la voluntad de la mujer que ticipe en una toma de decisión tan importante y damental como esta.

que solo parfun-

Tenemos legislación que reconoce al padre. Por ejemplo, el Estado le da días libres cuando un hombre ha agrandado su familia pues su señora ha tenido hijos. Sin embargo, en una decisión como esta, el Estado desconoce absolutamente al hombre. Si la mujer no desea que quien la embarazó participe de la decisión, no va a participar. Además, no puede perderse de vista el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país a través de la Ley N° 15.737, de marzo de 1985, que en el numeral 1. del artículo 4º dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Yo comparto que en la discusión de esas dos palabras “en general”, hay argumentos para un lado y para el otro. Pero ese artículo termina diciendo: “Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Repito: “Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Cuando el proyecto de ley deja librada la voluntad a un sujeto que expone lo que son, sin duda, sus condiciones subjetivas, sin constatación alguna de su perimundo, no hay duda de que se está en presencia de un acto arbitrario. Tampoco existen dudas respecto a que el aborto es un problema social, pero no se puede resolver con un problema moral, ético y jurídico, que genera una antinomia que pone en jaque al ordenamiento jurídico en su conjunto. Esta antinomia pone en crisis al sistema en su punto clave de apoyo, la vida humana, por cuanto el derecho a la vida, particularmente, al goce de la vida, es puesto exactamente al mismo nivel que el derecho a su destrucción por medio del aborto libre, ya que se establece el derecho de la mujer embarazada a exigir a todos quienes integran el Sistema Nacional Integrado de Salud que cuenten con las condiciones técnicas, profesionales y administrativas necesarias para hacerle posible el acceso a los procedimientos establecidos en el proyecto de ley a consideración en esta sesión. Para agravar más la cuestión, ninguna de las organizaciones que integran el Sistema podrá negarse a satisfacer el derecho al aborto por ninguna razón relativa a cuestiones filosóficas, morales ni religiosas que

sean motivo de su fundación. Este hecho genera una verdadera antinomia, no solo dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto, pues se agrede la libertad de conciencia en general, sino en el seno de la norma, ya que se niega el derecho de la institución a elegir mientras que sí se permite hacerlo al profesional, quien sin cortapisa puede oponer su objeción de conciencia. Las instituciones que tengan ese ideario deberán contratar a un tercero pero no podrán negarse a esa práctica. Si este proyecto se convierte en ley, o sea, si es promulgado por el Poder Ejecutivo, será debido a una circunstancia personal de quien está al frente de ese Poder. Hoy ocupa ese lugar una persona distinta a la anterior, que vetó una iniciativa como esta por sus convicciones personales. Entonces, habrá una ley más por circunstancias personales que por la imposición de los hechos -a cuya regulación el derecho se dirige-, que no será una verdadera expresión del consenso social, tal como merecería un tema de la magnitud que tiene el derecho a la vida. Inclusive, el proyecto de ley marca el camino al despeñadero de lo que constituye una de las claves de cualquier sistema social y jurídico: la responsabilidad individual. Sin responsabilidad no hay libertad, porque la libertad supone el ejercicio de actos responsables. No se puede admitir que con los programas de educación y el desarrollo de los medios de comunicación y de la ciencia médica, hoy se diga que el aborto contempla situaciones indeseadas por la sorpresa o por el descuido. Además, se debe reconocer que ha fracasado por completo la ejecución de los mandatos de la ley sobre salud sexual y reproductiva, que ha fracaso por completo la educación y que ha fracasado por completo la función que el Estado debe desarrollar para cumplir con la Constitución y con la ley. Pero el acto de irresponsabilidad individual y el incumplimiento del Estado no pueden ser sustituidos por una ley que permita la eliminación de la vida humana, creada a partir de la irresponsabilidad individual y colectiva. Debemos preguntarnos, señor Presidente: con la aprobación de este proyecto, ¿se van a terminar los abortos clandestinos? La respuesta es: con la aprobación de este proyecto no se van a terminar los abortos clandestinos. En la discusión en particular analizaremos los elementos que determinarán que la aseveración que acabo de formular es cierta.

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SEÑOR SANDER.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CANTERO PIALI.- Con mucho gusto, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR SANDER.- Señor Presidente: el proyecto relativo a la interrupción voluntaria del embarazo divide transversalmente a nuestra sociedad, más allá de partidos y de ideologías. Nuestro sector, “Propuesta Batllista”, ha dejado en libertad de acción a cada uno de sus miembros para que voten conforme a su propia conciencia, sin buscar otro rédito. Vamos a votar negativamente este proyecto en apoyo a la vida y por respeto a ella. Reconocemos que el aborto es un mal social y que se debe encontrar una solución a los actos pseudomédicos clandestinos, pero a nuestro entender este proyecto no resuelve esos problemas. En los países en los que se ha instaurado la despenalización del aborto no han bajado las cifras de muertes por procedimientos mal efectuados. Es decir que no solo se mata una vida en potencia sino a una mujer y se destruye la trama de la familia, célula básica del entramado social. Existe vida desde el momento mismo de la gestación; así lo ha demostrado la ciencia, y no hay discusión. El nuestro es un país con baja tasa de natalidad y debemos proteger la maternidad. También debemos respetar los tratados internacionales firmados, tales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otra parte, hemos escuchado hablar de los derechos de la mujer, de los derechos que tiene sobre su cuerpo, pero esta discusión es hemipléjica porque la posibilidad de vida se da con la participación de un hombre. ¿Qué derecho tiene el hombre? ¿Cómo podemos pedir paternidad responsable si el padre no decide nada, no participa y muchas veces ni siquiera se entera de la situación? Si aplicamos estos simples razonamientos entenderemos que vamos a segar una vida en potencia, que lamentablemente no tiene voz. Cuando este tema se debatió en el Parlamento francés se hizo famosa la frase: ¿quién mató a

Beethoven? No voy a repetir las argumentaciones de ese momento, pero aplicando el concepto de aborto a la historia familiar y personal de la madre de Beethoven, que llevaba adelante un embarazo no deseado, la ciencia de ese momento y la de hoy le dirían: “¡Aborte!”. No obstante, la vida pudo más, y la civilización recibió el aporte de un ser humano que hizo que la música tuviera otra dimensión y del hoy famoso “Sí, se puede”, pues compuso a pesar de su temprana sordera. Señor Presidente: ¿somos nosotros jueces para dirimir quién vive y quién mata a un futuro Beethoven? El debate de esta sesión es sobre la vida, sobre su valor y sobre su importancia. Para concluir digo que hacemos como nuestras las palabras del ex Presidente Tabaré Vázquez al vetar parcialmente la Ley N° 18.426. En ese momento argumentó: “El verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más, a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia”. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: vamos a dejar para la discusión particular algunos aspectos que tienen que ver con los procedimientos que establece el proyecto y con la participación de los menores, de la Justicia, de los padres y del sistema de salud. Entendemos que con la aprobación de este proyecto y su conversión en ley no se van a terminar los abortos clandestinos. Por el contrario, creemos que el proceso hará que ni siquiera se aplique esta norma. Entonces, cuando ingresemos en la discusión particular vamos a plantear nuestras dudas y opiniones; algunas ya las hemos manifestado en la Comisión y otras han sido expresadas, inclusive, por organizaciones que están a favor de la despenalización o legalización del aborto. Por el momento es todo cuanto queríamos decir, señor Presidente.

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Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Souza. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente, señoras y señores colegas legisladores: en primer lugar, como Presidente de la Comisión Especial que aprobara el proyecto de ley que hoy está a vuestra consideración, quiero expresar mi reconocimiento a sus integrantes, los colegas legisladores y legisladoras, por el clima de tolerancia y respeto que nos permitió desarrollar la ardua tarea encomendada por este pleno con respecto a un tema tan controversial para la sociedad toda. También deseo dejar expresa constancia de mi agradecimiento y reconocimiento al dedicado apoyo y alta calidad profesional demostrada por el equipo de la Secretaría de la Comisión Especial. En segundo término, quiero decir que haré mi fundamentación sobre el proyecto de ley que nos ocupa desde la óptica de un ciudadano común, al que le fue conferida por voluntad popular la responsabilidad de legislar. Ya otros colegas, con más propiedad, se han referido o referirán a este tema, desde el plano legal o médico científico; son opiniones y fundamentaciones que valoro y respeto en grado sumo, pues me han enriquecido y reafirmado conceptos aun en la discrepancia. Dicho esto, vale recordar que el próximo 28 de enero de 2013 se estarán cumpliendo 75 años de la vigencia en nuestro país de la Ley Nº 9.763, que modificó el Capítulo IV, Título XII del Libro II del Código Penal, que define al aborto como una práctica delictiva, penalmente perseguible y castigada con privación de libertad. Debemos reconocer, con honestidad intelectual, que lo dispuesto en nuestro Código Penal con relación al aborto, como instrumento de coacción no ha modificado su práctica; antes bien ha dejado expuestas a las mujeres que desean llevar a cabo la interrupción de su embarazo, por las razones que fuere, a las prácticas clandestinas y al vil lucro mercantilista. Tal situación ha generado y profundizado la desigualdad intragénero, pues aquellas mujeres que poseen formación educativa, información adecuada, así como poder económico, se realizan el aborto en condiciones sanitarias seguras, con el asesoramiento y la atención profesional necesaria, sin exponerse a los riesgos de ser social y judicialmente condenadas. No acontece lo mismo con las mujeres pertenecientes a

los sectores más vulnerables social y económicamente. Ellas son las más expuestas a prácticas clandestinas, exentas de la más mínima contención, asesoramiento y atención profesional sanitarias adecuadas. Ellas son las que abrumadoramente concurren en situación límite y muchas veces en forma irremediable a las salas de emergencia. Estas mujeres son las más expuestas a las peores condiciones, a las garras del inescrupuloso mercado negro, al estigma y condena social y, por si esto fuera poco, a ser enjuiciadas penalmente. Son las víctimas de una sociedad hipócrita. De la realidad de que acabamos de hablar todos somos conocedores y conscientes. ¿Quién, en su fuero más íntimo, no conoce, vivió de cerca o tuvo noticias de situaciones como las narradas? Aún hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en una sociedad patriarcal, pues perduran leyes con neto sesgo machista, como la mismísima Ley Nº 9.763, que en la redacción dada al artículo 325, titulado “Aborto con consentimiento de la mujer”, asigna a la mujer un mero rol de receptáculo reproductor, sin importar su opinión o voluntad. Peor aun es lo que se establece en el inciso primero del artículo 328 como atenuantes o eximentes del delito de aborto: “Si el delito se cometiere para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo […]”. Señoras y señores legisladores: ¿puede hoy alguien afirmar que el honor es un valor superior a la voluntad de una persona o a la vida misma? ¿No es acaso esta una redacción de la más rancia y conservadora moral patriarcal, en la que prima la voluntad del hombre de preservar su honor? Estimados colegas: honestamente debo decir que el proyecto que más fielmente representa mi profunda convicción es el que cuenta con media sanción del Senado, que elimina del Código Penal el aborto voluntario como delito. Digo esto, además, porque formé parte del equipo de legisladores del Frente Amplio que dio origen a aquel, conjuntamente con las Senadoras Xavier y Moreira, el Senador Gallo Imperiale y mi estimado compañero, el Diputado Vega Llanes. Cuando el citado proyecto llegó a esta Cámara no reunía las mayorías necesarias para su aprobación. En ese contexto entendimos imprescindible generar un espacio de intercambio que permitiera consensuar un texto que convocara las voluntades mayoritarias para su aprobación. Es indudable que el proyecto sustitutivo acordado que hoy está a su consideración no contempla todas las opiniones ni voluntades de la ciuda-

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danía; tampoco el texto que tenía media sanción. Todos los que trabajamos en él sentimos que teníamos el mandato imperativo de nuestra conciencia de no soslayar el drama que representa para la vida real de muchísimas uruguayas enfrentar la interrupción de un embarazo. Sin creer que este proyecto resuelve todas las contradicciones, demandas y reivindicaciones, estamos convencidos de que representa un avance sustantivo para miles de conciudadanas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, que está en consonancia con una política de reducción de riesgos y daños. El Ministerio de Salud Pública, órgano rector de los lineamientos de las políticas sanitarias de nuestro país tiene cabal conocimiento de esta dura realidad que enfrentan las mujeres respecto a la interrupción del embarazo. Tiene, además, el conocimiento de la mejor evidencia científica y de cuáles son las mejores prácticas al respecto. El Sistema Nacional Integrado de Salud cuenta con los equipos de profesionales y la infraestructura adecuada para efectuar dichos procedimientos, en un marco de asesoramiento, contención, apoyo y condiciones sanitarias óptimas. No obstante, con la legislación vigente, el Ministerio de Salud Pública está inhibido de dictar lineamientos en ese sentido, so pena de incurrir en una figura delictiva. Creemos que aprobando este proyecto de ley estaremos asegurando un marco legal que ampare al órgano rector en materia de salud pública para que defina las directivas que garanticen el mejor protocolo para el procedimiento. Pero más importante aún es que estaremos habilitando a que todas las mujeres uruguayas, sin importar su condición social o económica, puedan acceder gratuitamente a toda la información, asesoramiento y contención necesaria para que libremente tomen una decisión consciente y responsable, al amparo de la relación confidencial médico paciente. Durante décadas el Estado uruguayo ha estado omiso en priorizar la formación, la educación sexual de su población desde una perspectiva de derecho y. más aún, desde la perspectiva de género. Recordemos que recién en diciembre de 2008 se aprobó la Ley Nº 18.426, a través de la cual el Estado se obliga a garantizar el pleno goce de los derechos

sexuales y reproductivos de toda la población. Contrarrestar décadas de falsos tabúes conservadores, oscurantismo y pacatería en cuanto a la temática sexual no se logra con la aprobación de una norma legislativa. La Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, estableció el marco legal para viabilizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. El Ministerio de Salud Pública, mediante el Decreto Reglamentario 293, de setiembre de 2010, ha desarrollado iniciativas tendientes a consolidar esos derechos dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de la creación de los comités de bioética, con participación de los usuarios y con la integración de equipos multidisciplinarios. Cabe destacar el importantísimo rol que han cumplido a lo largo de estos años distintas organizaciones sociales, a las que mucho respetamos por su valioso e indeclinable compromiso militante -que compartimos- a favor de los derechos de género. Hoy algunas de esas organizaciones alzan su voz cuestionando aspectos de esta iniciativa, como que el delito de aborto permanece inalterado en el Código Penal, lo cual es cierto, pero se omite valorar que queda acotado por el presente proyecto de ley, que genera las condiciones legales para amparar a aquellas mujeres que deseen realizarlo sin que sean condenadas penalmente. Se cuestiona el rol del equipo interdisciplinario a que hace referencia el artículo 3º de este proyecto de ley, que fuera creado por el Decreto Nº 293 de setiembre de 2010, que reglamenta la Ley Nº 18.426, y que hoy ya está operativo dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, presumiendo subjetivamente que este actuará cual tribunal inquisidor, sometiendo a las mujeres a situaciones de presión psicológica, juzgamiento, etcétera. Tal afirmación no resiste el menor análisis, si leemos integralmente lo establecido en el artículo 4º, “Deberes de los profesionales”, de la iniciativa en cuestión. En general, quienes se ven impedidas de acceder a toda esta información son mujeres de los estratos sociales y culturales más pobres. Se trata, entonces, de otorgar a estas mujeres todos los elementos necesarios para que, una vez que cuenten con ellos, puedan, sí, adoptar una verdadera y genuina libre decisión, asegurándose así el respeto por la voluntad autónoma y propendiendo a que esta se tome en un marco integral de garantías de todos los aspectos. El objetivo central de establecer la entrevista de la mujer con el equipo multidisciplinario es, precisamente, garantizar su em-

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poderamiento en cuanto a sus derechos con información y asesoramiento integral en todos los aspectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea desde el punto de vista médico o clínico, como del psicológico, social o jurídico. Quizá esta iniciativa no sea la ideal para encarar este tema. Quizá no exista el proyecto de ley ideal al respecto, pero no podemos hacernos los distraídos, mirar para otro lado y desconocer que en nuestro país, en estos días, aún hay mujeres que mueren por hacerse abortos de forma clandestina sin las más mínimas garantías clínicas ni médicas. En suma: vivimos en una sociedad democrática en la que todos tenemos derecho a expresarnos libremente y a actuar en función de nuestras convicciones personales, por lo que estamos convencidos de que ha llegado la hora de asumir nuestra responsabilidad y, en función de ella, vamos a votar por la afirmativa este proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Amarilla. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: estamos frente a un proyecto cuyo núcleo fundamental tiene la característica de establecer un procedimiento que legaliza, despenaliza y, a nuestro entender, promueve la realización de abortos en nuestro país. Este proyecto supone la desprotección de la vida de los seres humanos, desde la concepción misma hasta las doce semanas, y en algunas circunstancias, hasta las catorce semanas y aun después. La ciencia nos revela que existe una vida humana en la etapa de gestación y desde el momento mismo de la concepción. Ya se ha dicho en Sala que los avances de la investigación científica en el campo de la biología, como la fecundación “in vitro” y la secuenciación del genoma humano ADN, nos confirman esto. Este nuevo ser se individualiza de tal manera que no cabe duda de que estamos frente a un nuevo individuo de la especie humana, ya que constituye en sí mismo una novedad biológica como una unidad con continuidad y con autonomía. En consecuencia, ese ser tiene, en el momento mismo en que se fundan los núcleos de las células germinales, una información genética única y distinta a cualquier otro existente. En

esa individualidad biológica tenemos claramente una unidad, un todo compuesto de partes organizadas, con un centro coordinador, que es el genoma, que va dirigiendo las sucesivas fases de esa forma armónica. Tenemos otro elemento marcado por la continuidad, ya que todo su desarrollo está previsto en el genoma, no existiendo ningún salto cualitativo desde la fecundación misma de un individuo hasta su muerte. Desde la fecundación existe un individuo que se va desarrollando de manera continua y, como afirma el filósofo español Julián Marías, es una realidad viniente desde la concepción y no se acaba con el nacimiento; el hombre es siempre una realidad viniente que se va haciendo, que se va realizando, alguien siempre inconcluso. Otro elemento característico es la autonomía, ya que todo este proceso biológico se desarrolla en forma autónoma a partir de que en su genoma está incluida toda la información necesaria para dirigir los procesos de ese embrión, que establece un diálogo químico con la madre, requiriéndole lo que necesita para su desarrollo en cada etapa. Entonces, desde el ámbito científico, tenemos los elementos para reconocer que desde el momento mismo de la fecundación el cigoto combina los cromosomas del óvulo con los del espermatozoide, creando una realidad completamente distinta, nueva, donde comienza una intensa actividad celular de especialización que permite determinar qué parte de esa microscópica realidad terminará conviertiéndose en cerebro, corazón, columna vertebral y músculos de ese nuevo ser. Esa realidad microscópica ya es un nuevo ser humano único, irrepetibe e independiente, que posee toda la información genética para desarrollarse hasta que llegue a ser una persona adulta. Como expresamos en el informe en minoría que presentamos conjuntamente con el Diputado Javier García, miembro informante en minoría, ya existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que claramente establecen protecciones a los derechos de ese nuevo ser humano. El Código Civil, en el artículo 21, establece que son personas todos los individuos de la especie humana y, en los artículos 215 a 220 del Título VI del Libro Primero, al regular la paternidad y la filiación, en los artículos 215 a 220 establece diferentes plazos en los que se tiene en cuenta el momento de la concepción, a los efectos de establecer la legitimidad, la filiación y la posibilidad de realizar acciones judiciales.

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En esa misma dirección y a la hora de establecer los derechos sucesorios, el mismo cuerpo normativo, en el artículo 835, establece la incapacidad para adquirir por testamento de los no concebidos, así como de los concebidos que no nacieren viables, determinando claramente la legitimidad sucesoria del concebido en su carácter de individuo de la especie humana, tal como determina el artículo 21 ya mencionado. Otra norma de reciente consagración, la Ley N° 17.823, denominada “Código de la Niñez y la Adolescencia”, reconoce también derechos del concebido, y en su artículo 1º establece que será aplicable a los seres humanos menores de dieciocho años de edad. En su artículo 46, incluido en el Capítulo que regula las prestaciones alimentarias, se garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma, mientras se encuentre en el vientre materno y, obviamente, también después. El Código de la Niñez y la Adolescencia también establece el derecho para el concebido con relación a la investigación de paternidad, ya que en el artículo 198 dispone que desde que se constata la gravidez, se puede iniciar la acción judicial correspondiente. La Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, por la que se crea el Instituto Nacional del Menor, luego denominado INAU por el Código de la Niñez recién referido, establece los cometidos de este Instituto, incluyendo en su artículo 2º que se debe asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad. Por otra parte, existe una serie de normas originadas en compromisos internacionales asumidos por la República, en las que se protegen y reconocen derechos desde la concepción. Ya se ha hecho referencia a estas en Sala, así que solo las voy a mencionar: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Ley Nº 17.137; el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley Nº 16.519, y, por supuesto, una mención especial merece la también ya referida en Sala, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por nuestro país a través de la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985. Esta Convención establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegi-

do por la ley en general a partir del momento de la concepción. Estamos frente a la consagración de normas que garantizan la protección de los derechos humanos. El primer derecho humano a proteger es el derecho a la vida -sin el cual carece de sentido la protección de todos los demás-, sobre todo, de los seres humanos de mayor vulnerabilidad, de los más indefensos, aquellos que aún se encuentran en el vientre materno, aquellos que no tienen voz. Partimos de la base de que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano porque este no depende de la voluntad del constituyente ni de la nación, y mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. Lo que sí hace nuestra Constitución es reconocer ese derecho. A través de la legislación debemos garantizar -y este proyecto va en sentido contrario- los aspectos necesarios para que el goce de ese derecho sea efectivo desde el momento de la concepción. No voy a referirme a los argumentos de los doctores Gros Espiell y Risso Ferrand, con los que estoy plenamente de acuerdo, y a los que el señor Diputado Javier García hacía referencia. Con la aprobación de esta norma estaríamos violando la Constitución de la República, desconociendo compromisos internacionales sobre derechos humanos asumidos por el país y, sobre todo, cruzando un límite con relación a la valoración que damos como sociedad a la protección de la vida humana, introduciendo un cambio cualitativo de gran trascendencia. Esta discusión que mantenemos hoy en el plenario -es reconocido por todos-, tiene motivaciones internacionales. Aunque el artículo 1º del proyecto de ley subraya que esta norma no constituye un control de nacimientos, resulta más que evidente que es una herramienta de control poblacional, concretamente de los sectores más vulnerables. No es por casualidad que el Fondo de Población de Naciones Unidas sea el gran propulsor y financiador de las estrategias que se intentan garantizar, como el derecho a acceder a servicios seguros de aborto prestados en calidad y con respeto. En 1974 el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos promulgó el conocido informe Kissinger, que presentó en forma explícita y detallada una estrategia para que se promoviera a toda máquina el control demográfico de los países en desarrollo, con el

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objeto de acceder con mayor facilidad a los recursos naturales de esos países. Según dicho informe, los aspectos para implementar los programas de control demográfico podían incluir, entre otros, la legalización del aborto y los incentivos económicos para que los países aumentasen sus índices de prácticas de abortos y esterilizaciones. Asimismo, ese informe Kissinger estableció que era necesario que el Estado norteamericano encubriera sus actividades antinatalistas para evitar las acusaciones desde el antiimperialismo, induciendo a la ONU a que realizara esta labor a través de varias organizaciones no gubernamentales. Corroborando el cumplimiento de esta estrategia, en los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU, advertimos que se plasman la contención demográfica como la despenalización del aborto. Rechazamos enérgicamente esta ideología neomalthusiana que, como dice el jurista internacional, doctor Yuri Mantilla, pretende resolver problemas sociales y económicos disminuyendo la población de las naciones. Estos argumentos están especialmente dirigidos a reducir las poblaciones atrasadas de los países que son considerados subdesarrollados. Se pretende disminuir la cantidad personas latinoamericanas para resolver problemas socioeconómicos. En ese contexto, se ofrece a Uruguay como plataforma de promoción e influencia en el resto del continente. Esta perspectiva no solamente es racista, sino contraria a la evidencia sociológica que demuestra la importancia del capital humano en el desarrollo socioeconómico de las naciones. Un tema no menor y permanente en toda la discusión ha sido lo referente a las posiciones éticas, filosóficas o religiosas, presentes irremediablemente en el debate, que en oportunidades percibimos cómo incomodan a algunos que pretenden quitarlas de la discusión. En ese sentido, lamentamos que el señor Diputado Posada no se encuentre en Sala. Lo dijimos en la Comisión y lo reiteramos en el plenario: es un tema de tanta trascendencia que no podemos desconocer las concepciones, principios filosóficos o religiosos que nos inspiran como individuos y como sociedad sino que, precisamente, debemos sumarlos e integrarlos a lo que serán las normas que nos han de regir en nuestra convivencia.

Me parece discriminatorio que se intente desacreditar las posiciones y fundamentos en temas tan trascendentales como estos, relacionados al origen de las posiciones, en sus fundamentos religiosos o filosóficos. Yo, que me identifico como cristiano, tengo una fuerte influencia de esa posición y, al margen del dogma, la doctrina o la liturgia, tengo una cosmovisión cristiana de la vida que no puedo ni debo ocultar o maquillar. Me parecería deshonesto hacerlo, injusto y discriminatorio ser obligado a ello. En esa concepción de la vida, rescato el poema que escribiera hace unos tres mil años un pastor que luego fue gobernante, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, el Rey David. Él escribió a su creador: “Porque tú formaste en mis entrañas;/ Tú me hiciste en el vientre de mi madre/ […] No fue encubierto de ti mi cuerpo,/Bien que en oculto fui formado,/Y entretejido en lo más profundo de la tierra./Mi embrión vieron tus ojos,/Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas/Que fueron luego formadas”. Entre paréntesis digo que cualquier similitud de este último párrafo con el ADN o con la secuencia del genoma es absoluta y ajustada coincidencia. Resalto, rescato y defiendo la posición de creer que ese es un ser humano y que como sociedad debemos protegerlo. También defiendo el derecho del resto de las posiciones religiosas y filosóficas, pues creo que es de suma importancia aunarlas, sin exclusiones, y transitar por ese camino para dar fundamentos a nuestro ordenamiento. Como también dice Yuri Mantilla, las leyes de las naciones reflejan perspectivas filosóficas de la realidad. Es por esto que no son neutrales, no son simplemente un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de los individuos de un país. El derecho es también un lenguaje que refleja conceptos filosóficos y por esto acerca el derecho a la vida. No podemos compartir la afirmación realizada en el informe en mayoría sobre que lo ideal -como se ha hecho en otros países- es buscar soluciones pragmáticas, que dejen de lado las cuestiones de índole filosófico, religioso o científico. Aquí, claramente se está adoptando una posición cargada de fundamentos de una nueva ética que se quiere imponer, en la que se relativiza el valor de la vida humana, la del concebido, dejándolo librado a la voluntad de otro ser humano, que puede ser la madre, el Juez, o los abuelos, según las circunstancias.

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De acuerdo con lo que señala el informe en mayoría, el proyecto en discusión acepta “el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas- con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer”. Discrepamos radicalmente con esa afirmación. Por este proyecto el concebido pierde toda posibilidad de protección en su derecho más fundamental, que es el de su propia vida. Además -como también dijo el señor Diputado Cantero Piali-, el padre, ser fundamental que contribuye a la gestación de esa criatura, no tiene ningún tipo de participación en la decisión que puede terminar con esa vida. En tiempos de globalización, cuando se toman decisiones de importancia histórica y estratégica para un país acerca de temas tan importantes como el respeto a la vida humana, estas también pueden tener influencia en otras naciones. Este es especialmente el caso cuando en el contexto regional se toman decisiones que cambian la cultura, las leyes y las normas morales de una nación. Un capítulo especial merece la situación del ser humano que teóricamente se pretende fortalecer con esta norma y estos principios que se pregonan: la mujer. Nosotros no dudamos en afirmar que la posición de víctima de la mujer, lejos de mejorar, se torna más difícil y más vulnerable con la norma que se pretende aprobar. El artículo 5º del proyecto expresa que los servicios de salud “[…] deberán: a) promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo”. Más adelante se dice que el equipo deberá “abstenerse de […] denegar o autorizar […]”, pero sí debe estar preparado para apoyar la decisión de interrumpir el embarazo. Frente al dilema, la soledad y el desamparo de la mujer, el Estado se prepara y mandata a sus profesionales y a los servicios de salud a apoyar la idea de interrumpir el embarazo, la idea del aborto. La mujer que esté en la duda se va a colocar en la boca de un embudo que la va a dirigir hasta el acontecimiento más trágico que marcará su vida. La mujer como víctima, luego del aborto, encuentra la soledad y el desamparo. El trauma posterior no es tenido en cuenta para nada en el proyecto de ley. Luego del aborto, esa mujer con mil dudas, dilemas y debilidades, se

transformará, en el mejor de los casos, en una cifra en el registro que establece el proyecto, pero no está previsto el apoyo necesario ni la contención para ella. Inclusive, en el seno de la Comisión se llegó a desconocer la existencia del síndrome postaborto. Investigadores plantean que para la mayoría de las mujeres destruir una vida no es simplemente un asalto a su matriz; es un asalto a su psiquis. La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra informa que las posibilidades de problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto alcanza al 59% de las mujeres. En las consultas psicoterapéuticas de mujeres que han provocado un aborto sí se manifiestan consecuencias negativas. Estas se conocen como el síndrome postaborto y consisten en depresión, intento de autoeliminación, gran ansiedad, sentimiento de culpa, incapacidad de perdonarse, empeoramiento de dificultades psiquiátricas si ya las tenían, abuso de alcohol y drogas, insomnio, pesadillas, separación de su pareja y divorcio, desprotección de los hijos o rechazo a ellos, fobias, problemas académicos y laborales y dificultades generales en todas las relaciones humanas. La mujer luego de pasar por el aborto, con gran posibilidad de tener todas o algunas de terribles secuelas, se encuentra con que la respuesta que da este proyecto es estar sola. La mujer como víctima no solamente se sustrae de la posibilidad de ser madre, sino que hace un proceso de selección. Hay estudios en Europa que revelan un descenso grave en la tasa de natalidad y en aquellos países en los que se ha despenalizado, legalizado y posteriormente promovido el aborto, se registra un alarmante descenso de la natalidad de niñas. Nacen menos mujeres que hombres, contrariando las leyes naturales, y entonces se puede concluir que hay un proceso de selección que tiene como víctima -¡vaya paradoja!- a la mujer. Como dijimos, desde hace algún tiempo se promueven políticas sexuales y reproductivas, que luego derivan en los llamados derechos sexuales y reproductivos, promocionados en todo el mundo y hasta han llegado a nuestro despacho costosos folletos financiados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hasta por la Fundación Ford. En estas publicaciones se establece la premisa de que se promueven el derecho a servicios seguros de aborto brindados con calidad y con respeto. El mensaje que se propaga, en consonancia con esta nueva cultura y esta nueva escala de valores que se promueve, deja

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por el camino el valor de la responsabilidad. Proclaman: “Haga lo que quiera, con la mayor y absoluta libertad y luego puede, incluso -si así lo quiere-, deshacerse de las consecuencias, así estas sean una vida humana”. Claro que en muchas circunstancias seguir adelante con un embarazo no es fácil. Un embarazo no deseado o no planificado genera dificultades y penurias y por eso decimos con más firmeza aún que, como sociedad, debemos hacernos responsables de ello. Esto no termina ni empieza con el “No al aborto”. Debemos tener políticas serias de contención y apoyo a la maternidad. Hace algunas horas recibí un mensaje privado por una red social, de una abuela que me cuenta la dificultad que vivió con una hija de diecisiete años que quedó embarazada y, a pesar de todas las dificultades y rechazos, siguió adelante con el embarazo. La falta de planificación derivó en que esa adolescente debiera dejar sus estudios, su vida se tornara muy difícil, y después de tres años esa joven se encuentra frente a una sociedad que no le permite seguir estudiando; le cuesta trabajar sin convertirse en una madre ausente, cuestionada por la misma sociedad que no le da auxilio. Frente a este ejemplo, decimos que esta situación no está bien. Debemos hacer cambios, tal vez en la legislación. El señor Diputado Trobo presentó un proyecto que fue firmado e impulsado por varios legisladores, de promoción solidaria de la vida, la mujer, el niño y la familia. Sería estratégico y fundamental para el futuro de nuestra nación que lo estudiáramos y aprobáramos. Pero no solo con cambios en las leyes se arreglan las cosas. Como Estado debemos tener políticas decididas en apoyo a la maternidad y a la niñez vulnerable. Por la Comisión desfilaron varias organizaciones. Yo me voy a referir a tres: Cemur, Ceprodih y Madrinas por la Vida, tres organizaciones que trabajan en contención, apoyo, asesoramiento profesional y amparo físico en auxilio de todo tipo para aquellas madres embarazadas en situación de desamparo. ¿Saben lo que reciben desde el Estado? Nada. Yo voy a hacer una reflexión que tal vez sea compartida por la experiencia de varios de los presentes en Sala. El 27 de mayo de 1998 me convertí por primera vez en padre. Esa misma noche, mientras mi esposa descansaba, yo tenía en mis brazos a la criatura, pequeña e indefensa, y experimenté por primera

vez uno de los sentimientos más puros que puede sentir un ser humano: el amor de padre. Si en ese momento me hubieran pedido un órgano vital, sin el cual yo no hubiera podido seguir viviendo, se lo habría dado, sin ninguna duda. Me pregunto -y les pregunto a los colegas que están en Sala y que, seguramente, han pasado por la misma circunstancia-: ¿qué diferencia podía haber entre aquella niña de pocas horas, y la de unas horas antes, unos días antes o unas semanas antes? Ninguna. La respuesta es: ninguna. Era el mismo ser humano desde el momento mismo de la concepción. El señor Diputado García me robó el final, ya que también iba a hacer referencia a la canción popular que dice que se precisan niños para amanecer. ¡Vaya si en nuestro país envejecido se precisan niños para amanecer! Pero voy a mencionar otra canción, también muy linda y recordada por vastos sectores de la sociedad, que dice: “Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos nunca más”. ¡Uruguayos, nunca más abortos! ¡Uruguayos, nunca más desprotección de aquellos que no pueden protegerse por sí mismos! Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada Sanseverino. SEÑORA SANSEVERINO.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión Especial que ha estudiado este proyecto en un ajustado lapso, quiero agradecer a los Secretarios y al Cuerpo de Taquígrafos por contribuir a ese proceso. Además de debatir los proyectos, se recibió a todas las delegaciones que solicitaron entrevista y a todas las que fueron invitadas por iniciativa de los señores Diputados para que pudieran dar su informe. Así fue que recibimos a 47 delegaciones: profesores de tres universidades -Udelar, Católica y de Montevideo-, comisiones de bioética de salud, jerarquías religiosas, organizaciones políticas, instituciones médicas y autoridades del Ministerio de Salud Pública. Quiero señalar un dato anecdótico para los colegas que no integraron la Comisión y para el público: la mayoría de estas organizaciones e instituciones de la sociedad civil presentaron documentos y desarrollaron fundamentos con firmeza, mayoritariamente con un buen nivel de respeto. La mayoría de los invitados

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estaban en contra de la legalización o la despenalización, pero todas las delegaciones que apoyaban una solución legislativa a favor de la despenalización del aborto estaban integradas por mujeres; las tres organizaciones más agresivas -que calificaron al Parlamento y a la Comisión como ilegítimos, antidemocráticos y de estar desarrollando una parodia-, estaban integradas solo por hombres. Ahora sí voy a dar, brevemente, los argumentos por los que apoyo este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Primero, porque es necesario modificar el estado actual de la legislación. La ley de 1938 ya cumplió setenta y cuatro años y durante este largo período no se ha aplicado. Por ello es necesario reflexionar como parlamentarios. Cuando el Parlamento aprueba una ley, se está fijando un mandato imperativo. Tal como se expresa en “Técnica Legislativa”, publicación de 2010 del PNUD y del Parlamento del Uruguay: “Podríamos decir que por más que se dicte una disposición general, si las personas concernidas por ella no la respetan y quienes deben garantizar su cumplimiento no adoptan ninguna medida punitiva, pues entonces esa disposición legislativa no cobrará existencia como hecho institucional. […] Por ejemplo, si una disposición del Código Penal castigara el aborto provocado por la madre, pero nadie creyera ilícita esa conducta, y además los jueces no encontraran justificado castigar a la mujer que así procediera, pues entonces deberíamos interpretar -desde esta perspectiva- que tal disposición no sirve para interpretar estos comportamientos como ilícito. […] Esta circunstancia quedó bien patente en Uruguay cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró públicamente -en medio de una entrevista- que sabía -al igual que la mayoría de sus conciudadanos- dónde operaban las clínicas que practican abortos, pero que no le correspondía al él denunciarlas, aun cuando el Código Penal tipifica expresamente tal conducta como delito” La conclusión es que esta política criminal, aprobada en 1938, ha fracasado. Compartiré brevemente la exposición de motivos del proyecto que se aprobó en el Senado, que habla de tres temas que me parecen interesantes: “La ley de 1938 se caracteriza por ser ineficaz, injusta y discriminatoria.- Es ineficaz porque no ha hecho que la práctica del aborto disminuya y constituye una gran violencia contra las mujeres. Las disposiciones que

fueron incorporadas al Código Penal en 1938 por la Ley N° 9.763 han sido uno de los más grandes fracasos legislativos […].- Es injusta porque no considera a las mujeres en el ejercicio pleno del derecho a la salud y a decidir autónomamente; entendiendo por salud, no la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar biopsicosocial.- […] Es discriminatoria porque expone a las mujeres a una discriminación continua y permanente: quien tiene los recursos económicos alcanza más fácil y rápidamente la realización de la interrupción voluntaria del embarazo; sin embargo perpetúa, y no las exime, de realizarlo en condiciones inseguras”. Deseo compartir algunas reflexiones realizadas por delegaciones que concurrieron a la Comisión. Por ejemplo, las de MYSU, organización que trabaja mucho y que tiene convenios y un observatorio de salud sexual y reproductiva, por lo que es importante su reflexión. “En el campo de la salud sexual y reproductiva ha habido avances, pero siguen detectándose déficit en la atención integral. Uno de los déficit está relacionado con el tema del aborto como práctica clandestina e ilegal, y las graves consecuencias que tiene en la salud de las mujeres. […] Como lo demuestran distintos estudios e investigaciones realizadas por los organismos referentes en salud en el ámbito internacional -Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población de Naciones Unidas, Family Care International, entre otros-, mantener el delito del aborto dificulta el combate a la práctica clandestina e insegura del mismo y conlleva serios riesgos para la salud de las mujeres que abortan”. Cladem manifestó: “Nosotras queremos plantear que Cladem a nivel regional saluda positivamente los avances que ha tenido Uruguay en materia de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, sabemos -todos lo sabemos- que la interrupción voluntaria del embarazo, la posibilidad que tiene una mujer de decidir sobre su propia vida reproductiva, está pendiente.- Por supuesto, consideramos que este es un buen momento para avanzar en este sentido, aunque este proyecto aún no se acerca a la posibilidad de que la mujer deje de ser tutelada por el Estado, en este caso, por los servicios de salud”. También estuvo presente y fue muy importante la intervención del doctor Hugo Rodríguez, de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Udelar, quien manifestó: “Nos parece bien que el

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Parlamento esté buscando legislar en este tema con total independencia de la postura filosófica que cada persona puede tener sobre el aborto, el comienzo de la vida humana, porque no hay ninguna duda de que se trata de un problema y que la ley que está vigente desde 1938 tal vez no da la respuesta más adecuada a las situaciones que se viven hoy. Los abortos se practican con distintos métodos. La forma de realizar abortos ha variado y ha ido acompasando el conocimiento médico con bastante independencia de la criminalización.- Otro aspecto que me parece que hay que tomar en cuenta -así lo han hecho los legisladores porque se lo menciona- es la normativa sobre la protección de la maternidad, que fue conocida inicialmente como Iniciativas Sanitarias, en 2004 se transformó en una ordenanza dictada por el Ministerio de Salud Pública y posteriormente pasó a ser ley, a partir de la ley de salud sexual y reproductiva. Esto significó un cambio cultural muy importante en el sector médico porque hasta esa etapa la conducta que se seguía, por ejemplo, en el hospital de referencia obstétrico en el Uruguay, era bastante más represiva que lo que la norma establecía, por lo menos en dos sentidos. Por un lado, se denunciaba a las mujeres que se iban a asistir por las complicaciones de un aborto. Esta era una práctica totalmente naturalizada pese a que constituye un delito expresamente previsto en el Código Penal y a que la propia ley que ilegalizó el aborto y lo declaró delito en 1938 establecía una forma de notificar esas situaciones de manera anónima y exclusivamente a la autoridad sanitaria. Sin embargo, la conducta era bastante más agresiva de lo que la ley establecía. Por otro lado, la conducta también era sumamente represiva, porque los abortos que estaban contemplados en la ley -que algunos penalistas llaman abortos privilegiados- no tenían pena y tenían una causa de justificación; por lo tanto, caía la antijuricidad. De todos modos, estos abortos no se realizaban en el sistema de salud, y las mujeres eran expulsadas al circuito clandestino. En ese sentido hubo un cambio y se estableció una política sanitaria nacional que prohibía una consulta preaborto y una postaborto, garantizando la confidencialidad. El segundo tema que quiero analizar tiene que ver con las definiciones programáticas del Frente Amplio y con la opinión de la ciudadanía uruguaya.

Con respecto a las definiciones programáticas del Frente Amplio, como integrante de esa fuerza política debo decir que en el programa votado en el Congreso Extraordinario Zelmar Michelini, realizado el 13 y 14 de diciembre de 2008, se estableció: “entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizará: políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto”. En este momento quiero hacer una aclaración que me parece muy importante: nuestra fuerza política no ha declarado este tema como una cuestión política, lo que me parece muy bien. En ese sentido, sus integrantes podrán tomar una decisión individual cuando se ponga a votación esta iniciativa. Si bien como fuerza política tomamos una decisión, respetamos la libertad de nuestros parlamentarios, quienes podrán argumentar en contra y votar a favor, retirarse de Sala -tal como puede suceder-, o votar en contra. En realidad, el no mandato imperativo tiene mucho que ver con los cortes transversales con los que este tema se plantea en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta esta reflexión sería impensable que un partido político votara en forma totalmente disciplinada, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de su electorado está a favor de la despenalización, tal como ocurre con otros partidos, cuyos representantes están obligados a votar contra esta voluntad ciudadana. Ese no es el caso del Frente Amplio, que es un partido de mujeres y hombres libres. Por otra parte, quiero hacer referencia a algunas encuestas realizadas a la ciudadanía. Un alto porcentaje de personas encuestadas por el Instituto Factum apoya la despenalización del aborto. El apoyo, entre 1993 y 2008 ha oscilado en un rango de 55% a 63%; eso quiere decir que la mayoría de las uruguayas y los uruguayos apoyan este cambio legislativo. Asimismo, la postura negativa a la despenalización del aborto registra un máximo de apoyo de 38% en el año 2000, bajando al 27% en 2006 y 2007. A nivel de inclinación política, puedo decir que dentro del Frente Amplio las opiniones favorables superan el 60%, en el Partido Colorado son el 50% y solo en el Partido Nacional las posiciones están más disminuidas. Asimismo, el apoyo a la despenalización es más pronunciado cuanto más alto es el nivel socioeconómico y educativo. La postura francamente negativa a

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la despenalización se concentra en las personas de alta religiosidad y de bajo nivel educativo. Por otra parte, quiero comentar que la Comisión Especial recibió al Proyecto Miramar, integrado por un grupo de jóvenes frenteamplistas, que manifestó lo siguiente: “Derivamos así en una cuestión que se expresa de manera muy nítida en las redes sociales en las que participamos, y particularmente en el movimiento denominado Redes Frenteamplistas: un desajuste total de las opiniones mayoritarias con la voluntad de algunos legisladores y parcial con las de otros y otras, pero, en definitiva, una disconformidad manifiesta con el tratamiento que a este tema le ha dado el Poder Legislativo. Llama la atención, particularmente, la preeminencia manifiesta que ha tenido, para la formación de opinión de algunos legisladores y legisladoras, sus creencias individuales en el orden de lo moral o religioso, perdiendo de vista que las bancas parlamentarias no son un privilegio para hacer pesar intereses personales por sobre los de la población, sino para representar a esta”. El otro aspecto que quiero analizar tiene que ver con los avances de los derechos de las mujeres en las conferencias internacionales. En realidad, en múltiples entrevistas y en intervenciones de parlamentarios se acusa a Naciones Unidas y a UNFPA por estar detrás del control de la natalidad y las prácticas de aborto. En este sentido, voy a hacer mención a la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo que se realizó en El Cairo en setiembre de 1994 que, contrariamente a lo que se dice, ha marcado un nuevo enfoque en las políticas de población, dándole a la mujer las armas necesarias para mejorar su situación y proporcionarle más posibilidades de elección mediante un mayor acceso a los servicios de educación y salud, y al fomento del desarrollo de las aptitudes profesionales y el empleo. De conformidad con los principios, el fenómeno de la equidad y la igualdad de los sexos y la habilitación de la mujer, la eliminación de todas las formas de violencia contra ella, y asegurarle el control de su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Por su parte, los Estados deberán adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y el acceso universal a los servicios de atención de salud. Esa atención deberá incluir, según la Conferencia que se llevó a cabo en 1994, entre otras cosas, asesoramiento, información, educación, comunicación y servicios en materia de planifica-

ción de la familia, educación y servicios de atención prenatal, parto sin riesgo, promoción de la lactancia materna, prevención y tratamiento de la infertilidad, e interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25. Naciones Unidas, junto a los Gobiernos, ha puesto el tema de la salud materna como una gran prioridad, pero el tema de la sexualidad no es sencillo ni un lecho de rosas. Está demostrado que la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres se traslada y está por todo el planeta. En realidad, el abuso sexual incestuoso, los matrimonios y embarazos forzados y las mutilaciones y violaciones están presentes en todos lados, y más en los países en vías de desarrollo. Basta mirar cómo la salud materna impacta en países en donde los porcentajes de muerte por embarazos son extraordinarios. En ese caso, voy a referirme a Afganistán, pero podría referirme a Burkina Faso, Chad, Monrovia. Allí, de cada mil niños nacidos con vida, mil cuatrocientas mujeres mueren durante el embarazo, en el parto o después de él, mientras que en las sociedades desarrolladas esto le sucede a veinte de cada cien mil mujeres; como dije, en Afganistán son mil cuatrocientas las mujeres que mueren durante esa etapa. Por lo tanto, decir que Naciones Unidas y UNFPA buscan la promoción del aborto es falsear la realidad, porque lo que hacen es trabajar muy fuertemente para desarrollar programas de salud sexual y reproductiva y para ayudar a las madres, muchas veces desnutridas, a trasladar a sus hogares, en condiciones de igualdad, la necesidad de espaciar los nacimientos lo que, por supuesto, también supone la utilización de métodos anticonceptivos, que están reñidos por la Iglesia Católica, precisamente, por el Vaticano. Por otro lado, también estoy a favor de este proyecto porque tiene puntos de conexión con los avances en la salud sexual, los programas de iniciativa sanitaria, y la Ley Nº 18.426, de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. En la Comisión estuvo presente el doctor Leonel Briozzo, Subsecretario de Salud Pública, quien dijo algo que me pareció muy interesante, ya que nos ayudó a poner los pies sobre la tierra y saber qué pasa en el sistema de salud. El doctor Briozzo dijo que en Uruguay se ha trabajado directamente en el rol académico en las clínicas ginecotológicas de la Facultad de Medicina del Hospital Pereira Rossell desde hace

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más de diez años. Se ha desarrollado una estrategia novedosa, inédita y original a nivel mundial, que es de reducción de riesgo y daño en abortos provocados en condiciones de riesgo. Básicamente plantea la necesidad de que, frente al hecho consumado de un embarazo no deseado, el sistema sanitario como parte del sistema de protección social que todo Estado debe tener, ampare a la mujer que vive esa situación tan dramática, asesorándola con respecto a las prácticas de menos riesgo e, inclusive, buscando la manera de que revise la posibilidad de continuar el embarazo y de que, si decide no hacerlo, tenga acceso a una interrupción del embarazo lo más segura posible, atendiéndola luego de que ocurra esta circunstancia tan dramática, para prevenir complicaciones y, sobre todo, para prevenir nuevos embarazos. Esa estrategia que hemos denominado “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo” fue reconocida por el marco sanitario, primero, en 2004, cuando el entonces Ministerio de Salud Pública, dirigido por el doctor Conrado Bonilla, aprobó la Ordenanza N° 369/04, que hizo que esta estrategia sanitaria fuera implementada en el sistema de salud. Luego, en 2008, es incluida en el Capítulo IV de la Ley N° 18.426. Este modelo que ya se llama “Modelo uruguayo de reducción de riesgo y daño” ha sido adoptado por otros países. Con respecto a la estrategia a que hacía mención, la Cepal -Comisión Económica para América Latina y El Caribe-, en la conferencia de Quito, aprobó la recomendación para todos los países de América Latina y El Caribe para el desarrollo de este modelo de reducción de riesgo y daño llevado a cabo en Uruguay, lo cual es un privilegio para el país, ya que es la primera vez que esta Comisión aborda este tema sanitario tan complejo y adopta el modelo que hemos desarrollado aquí, probando su eficacia. También recibimos al programa “Iniciativas Sanitarias”, cuya opinión fue muy importante. Nos dijeron lo siguiente: “como profesionales de la salud, que hace diez años que estamos trabajando en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con el impacto del modelo hemos logrado disminuir notoriamente la mortalidad materna por esta causa, que era la primera causa de muerte en 2001- nos complace estar acá y servir como asesores técnicos en lo que refiere al

trabajo y la responsabilidad de los profesionales con los usuarios”. Y agregan: “Iniciativas Sanitarias como institución referente en lo que hace al rol de los profesionales de la salud que ha trabajado constantemente a favor de los derechos de las mujeres en lo concerniente a la reducción de la mortalidad materna y en el enfoque sanitario del aborto como problema social, en esta instancia quiere destacar la importancia de que se considere la opinión sobre los documentos en estudio hacia la interrupción voluntaria del embarazo”. Señalan, además: “Entendemos que es necesario conjugar los proyectos a la vista con la Ley N° 18.426, en la que se abordaron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y a través de la cual el Estado se preocupó por la prevención de la mortalidad materna y sus causas, así como obligó a promover dichos derechos. Entendemos que dicha norma representó un avance cualitativo importante en lo que atañe a derecho de confidencialidad de las mujeres, al asesoramiento en salud sexual y reproductiva dentro del modelo de reducción de riesgo y daño ante un embarazo no deseado, no aceptado, fortaleciendo el empoderamiento para la autonomía en la gestión de su salud”. Quisiera saber de cuántos minutos dispongo aún, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Le restan ocho minutos, señora Diputada. SEÑORA SANSEVERINO.- Gracias, señor Presidente. Continúo: “Desde el año pasado se cuenta con un proceso de implementación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva en las instituciones de salud del Sistema Nacional de Salud, que facilitan los espacios para la consulta […]”. Quiero terminar mi intervención mencionando dos temas que me parecieron importantes. El primero es que recibimos a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que analizaron dos cuestiones sobre las que aquí se ha insistido mucho. Una de ellas es que este proyecto resulta inconstitucional en virtud de lo establecido por el artículo 7º de la Constitución. Al respecto, nos dijeron que el artículo 7º consagra que todas las personas que habitan en el territorio de la República tienen derecho a que se proteja su dere-

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cho a la vida. Agregan que esta disposición no especifica el momento en que se considera existente la vida humana, así como tampoco determina si el goce de dicho derecho puede ser objeto de limitación o restricción. En cuanto a la legislación internacional, se habla del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica, que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La expresión “en general”, señalan los representantes de la Institución, contempla un punto de consenso entre los Estados Parte de la Convención, en el sentido de no habilitar la interrupción del embarazo en forma ilimitada, ni prohibirla o penalizarla en todos los casos. Me parece importante que se incorporen estas opiniones para clarificar la situación, porque se dice que este proyecto es inconstitucional y ha quedado demostrado que no es así. Por otro lado, voy a mencionar a la Comisión de Bioética de FEMI, que hizo una intervención muy interesante, en la que señaló que en lo que venían a exponer asomaba la otra dimensión desde la que podía verse el problema, que comienza por admitir que el legítimo interés de la gestante constituye el determinante fáctico fundamental sobre la decisión final de la interrupción del embarazo. La persona más competente para adoptar la decisión de interrupción, debidamente aconsejada, es la mujer, porque es la que gesta y la única que puede tomar en consideración todos los factores moralmente relevantes que podrían sustentar su decisión. Para la ética de la responsabilidad, aquel legítimo interés se debe configurar como una decisión consciente, libre, informada y voluntaria de la mujer gestante, homologable al marco de condiciones que rodea la actual expresión válida de consentimiento informado. Para terminar quiero mencionar una sencilla información que me hace llegar vía celular un joven compañero frenteamplista: “La ley no es la que queríamos, pero mejora la situación de muchísimas mujeres que ahora podrán realizar este procedimiento en condiciones seguras y en un centro de salud. Ese es hoy el centro de la cuestión. Luego, el Gobierno y la sociedad civil deberán trabajar para lograr que hasta la última de las mujeres que así lo decida pueda estar

también contemplada en esta decisión que el Parlamento adopta”. Por lo expuesto, con mucha convicción votaremos este proyecto en el que hemos trabajado con mucha seriedad y en un buen clima en la Comisión Especial, aunque los conflictos existían y las distancias entre nosotros eran muy grandes. De todos modos, el Frente Amplio trabajó con mucha responsabilidad, junto al Diputado Posada, y logró mejorar varios aspectos que nos parecían muy importantes. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Bianchi. SEÑOR BIANCHI.- Señor Presidente: no puede abordarse el tema del aborto independientemente del eufemismo utilizado, que lo designa como interrupción voluntaria del embarazo, sin realizar consideraciones médicas, éticas, morales y filosóficas que aparecen como imprescindibles a la hora de adoptar una resolución al respecto y, más aún, constituyen los cimientos mismos de la sociedad. Tratándose de una reflexión acerca del valor de la vida -porque de eso se trata-, no puede ignorarse lo que refiere a su génesis, y en ese marco es imperioso apelar a la bioética, que es la parte de la filosofía moral que considera la licitud de las intervenciones sobre la vida humana, en lo que convergen diferentes ciencias, entre ellas, la biología, la filosofía, la genética, la sociología, la medicina, la psicología y el derecho. El proyecto a estudio de esta Cámara no tiene un objetivo claro; es demasiado ambiguo. Mientras por un lado establece en el artículo 6º que la interrupción del embarazo solo podrá realizarse “a) cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. […] b) cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. c) cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación. […]”, el mismo texto remite al artículo 3º que establece como impedimentos para continuar con el embarazo en curso circunstancias derivadas de las condiciones que sobrevienen a la concepción, como de penuria económica, sociales, familiares y etarias, un conjunto demasiado impreciso, que habilitaría casi cual-

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quier excusa para proceder a la interrupción de la gestación. Desde el punto de vista médico, la interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal se considera un aborto provocado. Independientemente de la intención del ejecutante y de las circunstancias que lo rodean, aquel acto cuya consecuencia indefectible es la muerte de un ser humano constituye un acto ilícito desde el punto de vista ético. Además, el proyecto es, a todas luces, inconstitucional por cuanto incurre en el gravísimo error de adjudicar valores diferenciales a la vida de uno y de otro, ya sea que esta sirva o no como propósito o medio para lograr el fin perseguido, lo que lo convierte en una iniciativa claramente discriminatoria y por tanto, de acuerdo con nuestra normativa, ilegal. (Ocupa la Presidencia la señora Representante Pereyra) ——El análisis de este polémico tema demuestra que la coincidencia entre los diversos actores políticos, sociales, médicos, solamente estaría dada por el valor de la vida, pero difiere al pretender establecer cuál es el momento exacto en que se inicia la vida, y cuál es el estatuto jurídico del ser que existe a partir de la gestación, concepción o fecundación. No obstante, es incuestionable que un embrión es una forma de vida humana con patrimonio genético, ya que tras la unión de dos seres humanos -los padres-, desde el momento mismo de la concepción la herencia genética hace único e irrepetible a ese nuevo ser, con características bioquímicas y metabólicas propias y exclusivas. Los defensores de este proyecto han invocado que la libertad individual de la mujer para disponer con autonomía de la vida del concebido prevalece por sobre el derecho a la vida del embrión, habida cuenta de que si se evita apelar a criterios emocionales o religiosos, la humanidad de este último es altamente controvertible. La incógnita estaría develada al responder si un conjunto indiferenciado de células sin sistema nervioso, y por tanto sin conciencia, puede considerarse un ser humano. Desde esa óptica, hay quienes consideran que un embrión no es un ser humano sino una posibilidad de ser humano dependiente de numerosos factores. En ese marco, en la disyuntiva entre derechos y humanidades, forzosamente privilegian la libertad individual de la madre de elegir ante una situación específica y concreta: un embarazo no deseado por encima de lo que conside-

ran meramente una posibilidad. Esto es lo que podría ser, en potencia, un ser humano. Quienes defienden esta iniciativa sostienen que no es posible colocar en un plano de igualdad a un ser humano libre, dotado de conciencia y desarrollo, que es la madre gestante adulta, con un ser humano nonato y que, en consecuencia, lo primordial es asegurar el derecho de quien ya existe como un ser completo, seguro y autónomo en perjuicio, en este caso, de quien es considerado un ser fragmentario, dudoso y dependiente. No pretendemos ingresar en un debate médico respecto a cuándo se considera que el organismo que crece en el vientre de una madre es efectivamente un ser humano. Pero, a pesar de que existe un profundo debate al respecto, se asume que a partir del día catorce la implantación es completa, y de ahí en adelante, la célula huevo cigoto se denomina embrión. Si bien se trata de una hipótesis sostenida en 1922 por un médico y humanista estadounidense, George Washington Corner, que se ha aceptado hasta nuestros días, a pesar de que sus detractores la consideran meramente especulativa y sin una investigación rigurosa que la sustente, lo cierto es que hasta el momento nadie ha logrado desmentirla ni se ha modificado. La razón esgrimida para aseverar que a partir de los catorce días el embrión puede ser considerado una persona es que en ese momento se produce la división del cigoto en caso de que este diera lugar a dos fetos, o sea a gemelos monocigóticos. Se podría afirmar que, si llegada esa fecha pueden surgir dos personas diferentes o irrepetibles es porque hasta ese momento el embrión no puede ser catalogado como una persona. Sin embargo, el proyecto de ley a consideración de la Cámara admite la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación, es decir hasta los ochenta y cuatro días. Y nótese que entre los veintiuno y los veintiocho días a contar desde la gestación, el encéfalo del nuevo ser se percibe con claridad, notándose una desproporción entre el tamaño de la cabeza y el resto del cuerpo y el corazón dividido ya en cuatro cámaras comienza a latir, y se desarrolla el proceso circulatorio. Entre los treinta y cinco y los cincuenta y seis días el embrión desarrolla la cara, se distinguen las extremidades e inclusive los dedos de las manos y los pies. Y entre los cuarenta y dos y los

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cincuenta y seis días, tras la fertilización, todos los órganos se encuentran totalmente desarrollados. Reiteramos: este proyecto consiente la interrupción del embarazo a partir de los ochenta y cuatro días de fecundación, por lo que efectivamente se puede afirmar que se está dando muerte a una persona. En consecuencia, si bien desde ningún punto de vista se justifica que una ley establezca plazo alguno para la muerte, mucho menos puede admitirse que dicho plazo sea a las doce semanas de la gestación, cuando el feto ya se encuentra claramente desarrollado. Y no solo eso, ya que al considerar la interrupción del embarazo se defiende a uno solo de ellos, a la madre, ignorando al otro, el hijo, cuando ambos conforman el proceso de germinación de la vida. No existen dudas respecto a que el aborto clandestino es un problema social. Pero está claro que esta ley tampoco da solución a este problema. Sería cínico negar una realidad que es inobjetable, pero el problema no puede ser imputado únicamente a la responsabilidad de la mujer, sino a una serie de condiciones sociales, familiares, culturales, económicas, físicas y psicológicas. Antes que el aborto debe considerarse en forma taxativa una serie de aspectos a patrocinar y estimular en defensa del derecho a la vida, de las relaciones sexuales y de la paternidad y maternidad responsables entre ellos y, fundamentalmente, la educación sexual. Para defender la vida en cualquier momento y en cualquier circunstancia no necesitamos tener razones fuertes. La vida es, en sí misma, esa razón más que suficiente. El derecho a la vida encuentra su justificación en la dignidad o en el valor que concede generosa y voluntariamente la madre a la vida de un recién nacido. Para la madre, aceptar una nueva vida apareja responsabilidades y compromiso con ella. El compromiso es la aceptación, la protección de la vida que crece en su interior desde la fecundación, concepción o fertilización. En definitiva, el compromiso es el amor. Tras la concepción, el hijo ya está allí y su derecho y nuestro deber es el nacimiento. La mujer tiene la responsabilidad de cuidar la vida que lleva en su vientre, pero todos estamos implicados, y debemos ayudarla en el cumplimiento de esa misión, acompañarla, aconsejarla con prudencia para que, guiada por el consejo y la cercanía de personas amigas y compe-

tentes, madre e hijo puedan empezar a recorrer juntos la nueva aventura de la vida. La legislación uruguaya, que se ha caracterizado por ser humanista y humana, debería tomar la mayor distancia posible y evitar el fomento de la práctica casi indiscriminada del aborto, porque eso, en definitiva, es lo que promulga este proyecto de ley que estamos considerando. Esta iniciativa va contra el derecho a la vida humana. El derecho fundamental de toda criatura concebida es el derecho a la vida. Ninguno hay más importante que ese, es el primero, el origen de todos los demás. Si no hay vida, de qué derecho podemos hablar. Lograr, a través de una ley, la autorización para eliminar la vida está muy lejos de ser una conquista social. Es el fracaso de toda una sociedad. Por tanto, rechazamos contundentemente esta iniciativa. Aprobar un proyecto de estas características implica atacar los cimientos mismos del sistema jurídico uruguayo, los valores sobre los que se asienta y los propios fundamentos morales, éticos y filosóficos que son los principales que sustentan la aquiescencia, a partir de la cual se ha organizado desde siempre la sociedad uruguaya. Defender, honrar y respetar la vida es la tarea esencial que tenemos todos los legisladores que integramos este Cuerpo. Es el compromiso que asumimos al acceder a una banca y es una obligación irrenunciable. Todo lo demás es una derivación de esta premisa fundamental. Nuestra obligación y deber es contribuir a formar y mejorar una sociedad que promueva y respete la vida, que garantice a quien aún no ha nacido su derecho de venir al mundo y que proteja también a los recién nacidos. No podemos permanecer indiferentes frente a la intención de promulgar leyes que conculcan el derecho a la vida, cuando precisamente lo que hace esta ley es adquirir una relevancia contraria a la dignidad de la persona y a la existencia misma. Optar por el aborto es optar por eliminar la existencia de quien no puede siquiera defenderse; es difundir el culto a la muerte al amparo de la pretendida excusa de tener el poder de decisión sobre el propio cuerpo, cuando paradójicamente lo que se hace es decidir sobre otro organismo. Optar por la vida implica el compromiso de rechazar todas y cada una de las distintas formas de violencia, de resistir todo detrimento ilegítimo del ser humano y consecuentemente de la sociedad.

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Nosotros queremos honrar este compromiso y por todo lo que hemos expuesto no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley. Muchas gracias. SEÑORA MATIAUDA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR BIANCHI.- Sí, señora Diputada. SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA MATIAUDA.- Señora Presidenta: en este tema tan delicado debemos decir que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano, porque no depende de la voluntad del constituyente ni de la nación, ni mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. La Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004, denominada Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce también los derechos del concebido en su artículo 46, incluidos en el capítulo que regula las prestaciones alimentarias y garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma. Diversos autores señalan que esa disposición tiene una doble finalidad de protección, ya que se protege al niño dentro del útero a través de la protección de la madre embarazada. También el Código de la Niñez y la Adolescencia establece el derecho del concebido de que se pueda investigar la paternidad, ya que el artículo 198 establece que desde que se constata la gravidez se puede iniciar la acción judicial correspondiente. Por supuesto que merece una mención especial la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, ratificada por nuestro país mediante la Ley N° 15.737, de 8 de marzo de 1985. Esta Convención establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Según todo lo expuesto, el derecho a la vida está presente desde el momento de la concepción. Puedo estar de acuerdo con el control de natalidad y considero que es imperioso educar sexualmente a la sociedad. Por esto reafirmo mi oposición a legalizar el aborto, considerando que todo derecho genera en sí mismo una obligación y que, además, mi derecho termina donde comienza el del otro. ¿Cómo puedo tener el derecho a elegir mi mañana si al ejercer

mi derecho estoy desconociendo el derecho del otro involucrado a tener también un mañana? Despenalizar el aborto como medida sanitaria con el objetivo de disminuir la muerte de madres víctimas de mala praxis es éticamente inválido, ya que el mal sigue siendo mal aun cuando se lleve a cabo queriendo un bien. Los médicos están obligados a defender la vida y la salud, nunca a matar. Por ello es un grave error afirmar que un embrión o un feto no es una persona. Además, considerar que la vida de un ser humano antes de las doce semanas no vale nada es una gravísima injusticia. Convengamos que para toda criatura concebida, su primer y más fundamental derecho es el derecho a vivir, no hay otro más importante. Se dicen muchas cosas para justificar estos crímenes. En primer lugar, en este proyecto se le cambia el nombre y en lugar de hablar de aborto criminal, hoy le llamamos interrupción voluntaria del embarazo. Dicen que lo que está en la madre es de la madre y ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Lo que ocurre es que dentro de su cuerpo hay otro cuerpo que crece, se desarrolla y se nutre. ¿Quién puede desconocer el orgullo que como mujeres sentimos al ser capaces de albergar una vida en nuestro interior? La vida humana comienza desde el momento de la concepción. Claro está que no lo digo yo, sino que ilustres doctores manifiestan con demostraciones claras que desde el primer momento el ser concebido posee todas las cualidades, propiedades y características de la nueva persona. La mujer, después de la concepción no hace más que proporcionar el sustento necesario para vivir, pero lo ya concebido posee en potencia todo lo que lo caracteriza como persona humana. Obtener este permiso legal para deshacernos de un ser no es y no puede ser una conquista legislativa para las mujeres; es el fracaso de la razón de ser como ciudadanos. Debemos educar a nuestros niños y adolescentes, tanto de sexo femenino como masculino, para que en el desarrollo de su sexualidad sean responsables por sus derechos y por las consecuencias de sus actos. Debemos legislar para defender el derecho a la vida y en esa defensa debemos educar para evitar, jamás para interrumpir. Esta es la clave para sentirnos libres y capaces de decidir nuestras vidas.

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Desde el punto de vista ético, el aborto es incorrecto, porque está comprobado que desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hay vida, aunque permanezca en el vientre materno. Por lo tanto, pasa a poseer los mismos derechos que cualquier ser humano y, en especial, el derecho a nacer. Muchos plantean que el feto es dependiente de la madre y si en eso se basan para afirmar que no es considerado como individuo entonces, ¿en qué condición se encuentran los seres que dependen de un respirador y cuya recuperación se vuelve inviable sin dicha máquina? Debemos legislar para defender el derecho a la vida y en esa defensa debemos educar para evitar, no para interrumpir, o para no proporcionar las condiciones de reproducción. El mismísimo señor Presidente de la República expresó a los medios que los uruguayos deben tener más hijos. Y es su mismo Partido el que hoy cierra la oportunidad pública y gratuita de ser ayudados. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Tiene la palabra la señora Diputada Laurnaga. SEÑORA LAURNAGA.- Señora Presidenta: en primer lugar, comparto lo manifestado por quienes me precedieron en el uso de la palabra en cuanto al carácter del trabajo con que la Comisión Especial desarrolló la labor encomendada por esta Cámara. Se intentó respetar con la mayor amplitud posible la diversidad de opiniones y de perspectivas existentes en todo el sistema social, recibiendo a más de cuarenta y siete delegaciones y personas que tuvieron la voluntad individual o colectiva de presentar su perspectiva. En segundo término, me interesa destacar la seriedad con que asumimos la profundidad del debate en el seno de la Comisión, evitando referirnos a información o a datos veraces o sensacionalistas que no podemos probar hasta el momento, dado que se obtienen en el marco de la ilegalidad del aborto, lo que impide que sean manejados con consistencia. No ha sido un trabajo sencillo pero, salvo escasos momentos de tensión, se ha trabajado en un clima de apertura intelectual y política con todos los partidos y las organizaciones. En ese sentido, esperamos que esta actitud se pueda reproducir en la difícil instancia de hoy.

Quiero adelantar que para mí y para nuestra bancada esta ley representa un pequeño paso frente al que aspirábamos dar hoy, que era el proyecto que vino del Senado. No obstante, consideramos que es un paso que mejora la situación actual y vigente. Por lo tanto, vamos a acompañar el proyecto con nuestro voto. Aclaro que no es un proyecto proaborto, sino un proyecto proderechos. El debate sobre la legalización o despenalización del aborto ha recorrido todo el siglo y tuvo enorme significación en los primeros años del siglo XX. El proceso de laicización de la sociedad que impulsó el Batllismo significó en este tema, como en mucho otros, colocar al país en la vanguardia del ejercicio de los derechos civiles y políticos, que hizo de Uruguay un anticipo de lo moderno en la región. El Código Penal de Irureta Goyena, aprobado en 1933 y puesto en práctica en 1934, que reconocía la legalización de la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer, fue modificado por la ley ahora vigente, de 1938. Desde el punto de vista político, ese momento histórico, en mi opinión y en la de muchos historiadores -entre ellos, Graciela Sapriza, en cuya información me basé en gran medida-, clausura el impulso batllista reformista, claudicando frente a visiones religiosas y ante concepciones filosóficas antiliberales y más conservadoras. Si tuviera que definir el Batllismo con una sola expresión, diría que fue un liderazgo político que tuvo como centro la expansión de los derechos de la ciudadanía en un proceso de construcción primero y de consolidación después del Estado nación. En ese proceso, el Estado construye sociedad, anticipándose, por tanto, a la propia demanda social de los derechos o de las libertades y generando conciencia sobre esos derechos; tarea que debe hacer todo buen gobernante. Siempre se dice que en Uruguay primero estuvo el Estado y después la sociedad. El Estado con ideologías políticas de esta envergadura, efectivamente, generó este espacio de conciencia política, cívica y social, que construyó una sociedad tan moderna como la que nos enorgulleció por tanto tiempo. Esta anticipación emancipatoria promovió sujetos libres, con protección social, con mejoras de su calidad de vida, con derecho a ocho horas de trabajo, condición necesaria, sin duda, para la instauración de un sistema capitalista moderno, que replicaba tendencias del centro europeo de la época.

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Las ideas maltusianas, obviamente, tomaron impulso junto con ideas liberales y anarquistas, que en ese contexto de Estado laico creciente de la sociedad ven positivamente el control de la natalidad y la reducción de la población; estoy hablando de las décadas del veinte y del treinta; esto se ve como una condición económica y como el efecto de cambios en el modo de vida, ingreso de la mujer al mercado de trabajo, al mundo profesional, entre otros. Como se verá, estas preocupaciones por la demografía, por la natalidad, por la reproducción social del país no son nuevas, tienen un siglo. En las primeras décadas del siglo XX -quiero poner énfasis en esto- hubo movimientos sociales de mujeres lúcidas y atrevidas, anticipatorias de emancipaciones que hoy todavía estamos discutiendo, como María Abella o Paulina Luisi, que reclamaban la emancipación del cuerpo de la mujer como condición para su acceso al estatus de sujeto social libre y autónomo, materializado gracias al Batllismo y a estas luchas, a través del logro de sus derechos civiles y políticos. Fundamentalmente, lo que hicieron estas mujeres fue colocar por primera vez en la historia del Uruguay la idea de la sexualidad y del cuerpo de la mujer como una cuestión política y no como una cuestión privada. Estas ideas tan precursoras, de 1916 en adelante, están todavía subvaloradas en el debate de hoy, de 2012. Si me da el tiempo, me referiré a eso al final. A partir del segundo decenio del siglo anterior, el ideario batllista es obligado a contemporizar, adoptando una política de compromiso, cerrándose así lo que se llamó “el ciclo redistributivo del Batllismo”, para comenzar el ciclo de acumulación. Esta transición del mundo privado y oculto al mundo y a la agenda pública tuvo su eco en el sistema político. La temprana transición demográfica de la que hablábamos después de la segunda década, en la fase del compromiso de lo que Real de Azúa llamó “trámite y usura”, se entiende por el uso extendido del aborto como método anticonceptivo. El Código Penal de 1933 recogió ese clima e instauró dos medidas: el aborto por la sola voluntad de la mujer y la eugenesia. Volviendo a los temas que nos interesan en particular, me parece que un primer elemento que plantea esta revisión histórica es la diferencia entre despenalizar y legalizar. La legalización es la eliminación del delito, por lo cual la interrupción voluntaria del embarazo, o aborto, deja de ser una actividad ilegal.

La despenalización implica la no aplicación de la pena a una situación que sigue siendo considerada delito, pero que no es pasible de ser incriminada en determinadas condiciones. Este tema ha estado en la agenda pública desde hace ochenta años, cuando comenzaron los debates parlamentarios para modificar el Código Penal de Irureta Goyena, y desde el año 1938, cuando se aprobó la ley hoy vigente. Permítaseme decir que a mí me impresionan ciertas similitudes de ese debate con el de esta sesión. ¡Cuántos años lleva dar un paso en nuestra cultura! ¡Cuánto tiempo cuesta cambiar una pauta cultural! A la normativa abolicionista del Código Penal de 1933 se contrapusieron desde 1935 hasta 1937 actitudes restrictivas o prohibicionistas. El Parlamento de la época creó una Comisión especial para su reconsideración, integrada entre otros por el Diputado católico Dardo Regules, que intentó aproximar el Código a las demandas de la Iglesia Católica, pero adaptando las disposiciones religiosas a la cultura de la época. Hay que recordar que recién en esa época la Iglesia empezó a reconocer que la sexualidad en la pareja humana tiene también un sentido de placer y de convivencia, y no solo y exclusivamente de reproducción biológica. Por lo tanto, vamos a colocar en el tiempo estas transformaciones. Así y todo, las recomendaciones que hace la Comisión intentaron articular con las disposiciones del Código Penal de Irureta Goyena, hasta que el Poder Ejecutivo, con la firma del Presidente Terra y su Ministro de Salud Pública, manda un proyecto de ley todavía más prohibicionista y antiliberal que el que la Comisión había elaborado. La Comisión modifica el proyecto bajo la fuerte presión del lobby católico y del Poder Ejecutivo. En esa oportunidad, los Diputados socialistas Emilio Frugoni y Troitiño defienden la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y condenan a quienes modifican su postura hacia una posición más conservadora. Se pasa de la legalización a la penalización, a la configuración del delito de aborto, con exoneración de pena en diversas situaciones, entre ellas, para salvaguardar el propio honor, el de la esposa o el de un pariente cercano. Decía el Diputado socialista Frugoni: “[…] esta ley empieza por declarar que el aborto es delito para decir inmediatamente que no se castiga […] creándose por consiguiente una extraña figura penal: la de un delito que a pesar de serlo, no debe castigarse […]

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nos propone una juridicidad muy discutible: el de que declaremos abiertamente que hay delitos que no deben ser castigados”. El Diputado Troitiño también hizo una intervención denunciando la hipocresía social que había detrás de estas prácticas en el Montevideo de la época y dijo: “Todo Montevideo conoce médicos y parteras que se han enriquecido ayudando a cometer el delito y todo el mundo sabe que señoras de nuestra sociedad, cuyos nombres figuran quizás en las campañas contra el aborto y que han cometido el mismo delito, jamás han sido molestadas por nadie”. Esto pasaba en 1937. La penalización impuesta en la reacción conservadora de 1935 a 1938 es analizada ya en esa época como ficticia y como ineficaz; es decir que la ley actualmente vigente es evaluada como ineficaz en el momento en que se vota. El abogado Horacio Abadie Santos, quien no era un progresista ni un socialista, en un artículo publicado en el Diario “La Mañana” del año 1935 dice: “Este flagelo del aborto es también un mal del siglo […] afirmamos que no es indiferente en absoluto mantener escrita la sanción o suprimirla. Mantenerla escrita aunque inaplicada causa más daño que si la suprime. Las muchachas pobres e ignorantes en lugar de someterse al médico en los servicios públicos y gratuitos, son atraídas hacia los antros de las comadronas […]. Es de una injusticia irritante que el peso de la ley determine la muerte de la mujer desvalida […]”. En el Diario “La Mañana”, el día 29 de abril de 1935, se publicó lo siguiente -fue tomado de Graciela Sapriza-: “[…] Una ley penal, que lejos de ser eficaz opera psicológicamente multiplicando los riesgos letales debe ser derogada”. Al decir de un reconocido médico de la época -termino con las referencias históricas-, el resultado de esta componenda -que Real de Azúa caracterizó de manera tan dura- es para el doctor Turenne, “un remiendo de tela católica cosido con hilos liberales”. Me quiero detener ahora en algunos argumentos, más que en detallar el análisis del proyecto de ley; tal vez lo hagamos en la discusión particular. Me referiré a algunos grupos de argumentos, más que a argumentos en particular. El primero de ellos es considerar al aborto como una cuestión social, enfocada desde la perspectiva de la salud como una situación que en la ilegalidad mul-

tiplica riesgos y daños. Este proyecto de ley en particular apuesta a reducir daños y riesgos, y cumple idóneamente con esta perspectiva, que ya fue señalada también en el año 1935 por el abogado Abadie Santos, cuando dijo: “Es de una injusticia irritante que el peso de la ley determine la muerte de” las mujeres que están en peor condición. Los argumentos sanitarios consideran necesario formular una política pública eficaz y realista, que tienda a disminuir la morbimortalidad de las mujeres, en especial de las más vulnerables. Está claro que la ley actual es injusta. Lo decía la señora Diputada Sanseverino muy claramente: es injusta con las mujeres en cuanto multiplica su situación de desesperación y vulnerabilidad, obligándolas a recaer en la mafia que se enriquece con la ilegalidad. Ayer eran clínicas abortivas, reconocidas visiblemente, situadas en plena avenida central de Montevideo, lindas, hermosas, hechas para gente con plata. Otras, eran pobres, miserables. Había de todo tipo y color, y en ellas caían las mujeres, según sus recursos económicos. Hoy es el misoprostol, que también se comercializa en forma ilegal en las proximidades de los centros de salud, que ya ha generado diversos problemas por falsificación y por suministro inadecuado. Esta semana recibí en mi despacho dos denuncias de abortos riesgosos, con supuesto misoprostol, indudablemente adulterado en el mercado negro, al que las mujeres víctimas de estas estafas tuvieron que recurrir. Al respecto, pregunté al doctor Briozzo, en una de sus comparecencias a la Comisión, si efectivamente el misoprostol fallaba. Me dijo que podía fallar una vez o dos, pero no doce, quince o treinta veces, número de testimonios que llegué a recibir en mi despacho en estas últimas semanas. Un segundo tipo de argumentos que se han manejado y que se utilizan hoy son los éticos, filosóficos o religiosos, lo que es muy respetable. En general, este tipo de argumentos contrapone dos derechos: el derecho a la vida del feto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su trayectoria reproductiva, en cualquiera de las condiciones que ella considere que inciden significativamente en ese proceso. Acá hay dos enfoques fundamentalistas -no en el sentido peyorativo, sino como fundamentos inamovi-

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bles-: religiosos o filosóficos, sobre los que no es posible contraponer argumentos racionales. Son argumentos de otra índole; son argumentos de fe, de dogma, de creencia, de carácter estrictamente particular. La ética, la adscripción filosófica o la religión que cada uno asuma, obliga a quien adscribe a asumir esa posición. Tiene, por tanto, un carácter particular -sea individual o colectivo-, porque compete al grupo de individuos, sujetos, personas que adscriben a esa ideología o a esa religión. Es el caso de cualquier iglesia o de un grupo social. Esta adscripción particular nunca sustituye el carácter general de una ley del Estado, que debe tener carácter universal y público. En este caso, el Estado asume un rol de garante de todos los derechos, los de cada ciudadano o ciudadana, y la opción de ampararse en esa ley o de no hacerlo, compete a cada uno. Una ley que despenaliza el aborto, no obliga a nadie a realizar uno. Simplemente garantiza que quienes deban o quieran recurrir a ello, estén tan amparados en sus derechos como quienes no quieren hacerlo. Quienes no quieren el aborto están amparados en la ley actual. Quienes necesitan el aborto están desamparados en sus derechos. Por tanto, una ley de despenalización del aborto no es una ley proaborto. Es una ley proderechos. Y en esa filosofía me posiciono. Hay un tercer paquete de argumentos que son de carácter jurídico. En esto voy a aburrir un poco. Como no sé mucho de esto y no soy experta, atendí muy profundamente todos los debates anteriores, más todas las presentaciones que se hicieron por parte de los especialistas que nos visitaron. Voy a tomar solo algunos de estos elementos. En particular, quiero hacer referencia -ya lo ha hecho el miembro informante en mayoría, señor Diputado Posada- a uno de los fundamentos propuestos por el constitucionalista doctor Risso Ferrand, quien hoy ha sido muy citado, pero lo voy a tomar desde otra perspectiva. El doctor Risso Ferrand señalaba que hay dos principios básicos en el orden jurídico: el principio de razonabilidad y el de proporcionalidad, sobre los que ya se extendió el señor Diputado Posada y evitaré reiterar. Estos dos principios tienen rango constitucional en el Uruguay, según el doctor Risso Ferrand. Él sostiene que la forma más práctica de analizar la cohe-

rencia del Estado en materia de protección de derechos antagónicos es el principio de proporcionalidad. ¿Por qué hablo de derechos antagónicos? Porque mi pregunta es cómo se puede analizar el derecho a la vida del feto con respecto al derecho a la vida de la mujer, o el derecho a la vida del feto con respecto al derecho a la dignidad de la vida. Sobre ese tema mantuvimos un debate en la Comisión. El doctor Risso Ferrand dice: “La ponderación es el componente más complejo del análisis sobre la proporcionalidad”. Él dice que la proporcionalidad tiene que ser idónea, necesaria y ponderada. En mi opinión, la ponderación es el criterio más difícil desde el punto de vista jurídico, y también filosófico. En general, se puede contraponer el derecho a la vida del feto con el derecho a la vida de la madre. Hay acuerdo en que ante una situación de vida o muerte, en general se opta por privilegiar la vida más desarrollada, que es la de la madre. En caso de vida o muerte, esto parece más equiparable: se pondera la vida más desarrollada y no parece ofrecer mayor dificultad realizar esa contraposición de dos derechos, y tampoco para tomar decisiones políticas y jurídicas al respecto. Sin embargo, estas eran mis dos preguntas al doctor Risso Ferrand, que hoy hago a este Cuerpo: ¿es posible ponderar el derecho a la vida del feto y el derecho a la dignidad de la vida de la persona, que son cosas distintas? ¿Puede una mujer que enfrenta un embarazo no deseado, por distintas razones, anteponer la dignidad de su vida al derecho a la vida de ese feto de menos de doce semanas? Yo creo que sí. Lo creo por una razón de hierro: porque si digo que no, igual la legislación que hoy existe ya lo hace. La legislación de 1938, la ley vigente, pondera en varios casos el derecho a la vida del feto con relación al derecho a la dignidad de la vida de las personas, y lo hace en función de la dignidad. El texto de la ley de 1938 exime del delito de aborto -el Diputado Javier García intentó explicarme esto pero no lo entendícuando se intenta preservar el honor de la persona, de la esposa de la persona o de un pariente cercano. Si hoy nosotros no hacemos nada, mantendremos esta ponderación donde el honor de la dignidad de la persona o de su esposa puede efectivamente contraponerse al derecho a la vida del feto. Esto lo hacemos todo el tiempo. Entonces, señores: no innovamos; estamos blanqueando lo que hacemos.

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En la versión taquigráfica de la sesión del 4 de setiembre de 2012 figura que pregunté al doctor Risso Ferrand si en la ponderación se puede recurrir a variables objetivas. Me respondió que es la más subjetiva de todas las condiciones y que, por tanto, hay que minimizar el concepto subjetivo de la ponderación; es el más complicado de los criterios. Los derechos y las normas de convivencia social son productos históricos, culturalmente condicionados. Para demostrar que los cambios culturales cambian la visión que tenemos de los derechos, sobre todo de los de tercera y cuarta generación, voy a mencionar lo que sucedió hace muy pocos años -menos de diez- cuando este Parlamento votó, después de profundos debates, el derecho a la identidad de los menores de edad. En este Parlamento hubo Diputados que se opusieron al derecho a la identidad de los menores para preservar el derecho del adulto a otorgarles o no la identidad, a reconocer la paternidad o no, a poner en juego su herencia o no. Es decir: contrapusieron el derecho de los adultos al derecho de los menores. Afortunadamente, se legisló de manera proactiva y hoy los menores de edad pueden recurrir de oficio a la Justicia para saber su origen biológico, y sus padres, quieran o no, están obligados a reconocerlos y a compartir su herencia, si la tienen. Cuando se habla del honor se pondera un factor de carácter subjetivo, contextualizado culturalmente; por eso se derogaron los duelos, aunque no hace muchos años. La ley vigente reconoce que hubo un cambio cultural en ese concepto del honor, que hace una ponderación sin ningún pudor con relación al valor de la vida del feto. También hay argumentos vinculados a la dimensión de género que, tal vez, han sido los más débiles en esta discusión. En este sentido solamente voy a decir que nosotros, socialistas y frenteamplistas, vamos a seguir peleando por el derecho de las mujeres a disponer de la dignidad de su proyecto de vida; es nuestra responsabilidad política hacerlo. La referencia que hice hoy a María Abella y a Paulina Luisi tiene que ver con colocar en el centro del debate un tema que va a seguir en discusión: lo privado es político; lo dijeron en 1916. Así como la violencia doméstica es política aunque se ejerza en el ámbito privado, los derechos de la sexualidad y del cuerpo son de la vida privada pero tienen carácter político en el sentido de que las políticas y los políticos deben garantizar su ejercicio.

Ahora voy a referirme a los argumentos de carácter político. El Parlamento tiene ante sí una cuestión muy compleja. Uruguay es un país laico, democrático y republicano. Está separado de todas las iglesias y, por lo tanto, su función política no se ve afectada por la pertenencia o no a un credo religioso, a una secta o a un grupo en particular. Tiene ante sí una cuestión social inocultable, con consecuencias en materia de salud y de derechos civiles, que responde a un reclamo de más de treinta años de los movimientos sociales de mujeres y de otros movimientos ciudadanos. El Parlamento debe legislar con independencia de las opciones religiosas o filosóficas de sus miembros y debe contribuir a una convivencia social coherente entre las prácticas sociales y las normas. El desuso es una fuente de derechos. Escuchamos al Presidente de esta Cámara del Período anterior alistar más de cien leyes que cayeron en desuso o que son ineficaces, y proponer derogarlas. Yo propongo actualizar esta ley -no tanto como quisiéramos-, precisamente, porque la práctica social está de manera absoluta desvirtuada de la norma. La norma ha sido absolutamente ineficaz e ineficiente para reducir el número de abortos. Como no vamos a mencionar datos de hoy, vamos a referirnos a lo que sucedió en el año 1937. El doctor Turenne -no me da el tiempo para fundamentar esto ahora ni para leer algunos comentarios- señaló que entre 1933 y 1937 se redujo el número de abortos en el Uruguay. Esta iniciativa establece un artículo muy inteligente por el que se obliga al Sistema Nacional Integrado de Salud y a cada institución de salud a registrar esta información a fin de evaluar la situación anualmente. Es nuestra tarea, señoras Diputadas y señores Diputados, evaluar esta norma dentro de uno, dos y tres años. Muchas gracias, señora Presidenta. (Apoyados) SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- En virtud de que en el transcurso de la sesión se pidió que se rindieran cuentas, la Mesa aclara que con el señor Diputado culmina la intervención de los nueve integrantes de la Comisión Especial.

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Tiene la palabra el señor Diputado De León. SEÑOR DE LEÓN.- Señora Presidenta: antes que nada quiero destacar el clima de respeto que se vivió en la Comisión, donde se escucharon todas las opiniones. Este es un tema muy controversial, que es un parteaguas en la sociedad uruguaya. Hoy continuamos con un debate que viene de tiempos inmemoriales; desde el Eclesiastés hasta hoy día se está discutiendo este tema. Las leyes persiguen un objetivo y deben ser cumplidas. La ley del año 1938 no logró su objetivo, que era disminuir el número de abortos. Es más: no solo no alcanzó su objetivo sino que creó serios problemas a las mujeres. Además, esa ley no se cumple. Los datos del Instituto Técnico Forense relativos al período 1998-2008 -y aun las cifras más recientes- demuestran que el promedio de procesamientos por año es de doce personas. Esta ley se aplica solamente cuando el daño causa la muerte o severas enfermedades en las mujeres; o sea: se pena la mala praxis. Sin embargo, el objetivo de la ley era disminuir el número de abortos. Actualmente los Jueces, los Fiscales, la Policía y el personal sanitario ya no toman iniciativa para hacer cumplir esta ley. Entonces, estamos hablando de una norma que no es efectiva, que pone al Estado de derecho en una situación muy difícil, que no tiene legitimidad. Como dice Rawls, el sistema penal requiere adhesión y, por consiguiente, justificación moral, lo cual es distinto de imponer una moral comprensiva, una moral religiosa, una moral basada en visiones ideológicas o políticas; estamos hablando de una moral mínima, común a todos los ciudadanos. Pero el objetivo del derecho penal no es hacer buenas a las personas, sino garantizar la convivencia social. Esto ya lo manifestaba Langón, en el año 1979, cuando decía: “La criminalización de una conducta no debe decidirse por razones religiosas o metafísicas, sino formando un criterio jurídico sobre los bienes que merecen tutela penal ‘en orden a la satisfacción de una necesidad de convivencia social’, siendo el legislador ‘el auténtico intérprete del sentir colectivo en un momento histórico determinado’ por lo que tiene el derecho fundamental de ‘disponer a su arbitrio respecto de la incriminación o no de ciertas conductas, sin atadura a ningún principio supralegal que lo limite’. Sus decisiones han de resultar de un debate par-

lamentario ‘que trata de determinar la escala axiológica de la población, que varía de acuerdo a la época y lugar, y cuya mudanza es, en nuestro tiempo, harto frecuente'”. Posteriormente, John Rawls manifiesta que no se debe tener en cuenta la moral comprensiva, sino una moral mínima para garantizar la convivencia. Y en este caso, que estamos teniendo en cuenta hechos vinculados a la vida humana, esa moral mínima implica principios de bioética, como el de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de justicia. Esos principios son los que deben tenerse en cuenta. Se ha planteado un conflicto de intereses entre el embrión y la madre. En otros casos, en el tratamiento de un hecho jurídico, es fácil diferenciar entre uno u otro aspecto, pero en este, como dice la escuela alemana, la unidad es una dualidad, porque no existe embarazo sin embrión, pero tampoco existe embrión sin útero materno. Entonces, ¿quién resuelve este dilema? Si lo planteáramos en términos de una dualidad, sería imposible resolverlo. Hay que plantearlo con ese enfoque de dualidad y unidad y de autonomía responsable de la mujer, que es la única que está en condiciones de decidir. El Estado no puede decidir sobre este punto. A través de la ley vigente, el Estado ha tratado de decidir, pero no ha logrado su objetivo sino, por el contrario, solo ha causado muertes y morbilidad materna. Creemos que el enfoque basado en la bioética y en el derecho es el correcto. No se trata de si hay vida humana. Esa es una discusión desde el punto de vista biológico, y acá no estamos discutiendo biología ni el arte de la medicina; estamos discutiendo sobre derecho y bioética. Creo que eso es lo central. Por otra parte, debemos considerar los derechos que tiene la sociedad. Una sociedad democrática garantiza el amplio goce de todos los derechos a sus ciudadanos. Y la ley vigente no solo no se aplica, sino que es injusta y genera inequidades para la mujer. El proyecto que estamos considerando garantiza el acceso a los derechos a aquellas personas a las que hoy día le han sido conculcados a través de la ley vigente y, como decía muy bien la señora Diputada Laurnaga, no obliga a aquellos que no quieren someterse a un aborto, por sus condiciones personales. Es una iniciativa que garantiza a todos los ciudadanos de la República el acceso al servicio de salud en condiciones igualitarias y con las mejores garantías para el cuidado de su salud.

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Esta ley, al facilitar el acceso a toda la información disponible, tanto de los servicios del Estado como de las posibilidades de la futura madre, apunta a que la mujer tome una decisión responsable. Por lo tanto, en cierta medida, protege al feto. Luego de que la mujer haya tomado la decisión, no hay Estado que pueda intervenir. Llegado ese momento, el Estado debe dar todas las garantías para que esa persona tenga acceso a los servicios de salud, con la mayor seguridad para su vida. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. No es una iniciativa pro aborto; es una iniciativa pro libertad, que favorece la vida, porque en esos días que la mujer tiene para reflexionar, cuando está la posibilidad de intercambiar ideas con otras personas, puede cambiar de posición o no, porque eso es privativo de la mujer. En mi práctica profesional he visto que esto sucede. Conozco casos de personas que han ido a consultar a las clínicas de salud sexual y reproductiva para asesorarse en cuanto a qué garantías y complicaciones conlleva un aborto, y que luego de hablar con el equipo de salud desistieron. Hay casos notorios en Uruguay. Por lo tanto, entiendo que esta iniciativa apunta a dar garantías a todas las personas involucradas en este tema. Es un proyecto de ley que realmente mejora las posibilidades de los ciudadanos. El Tribunal Superior Alemán, en una sentencia fundamental, ha dictaminado: “Si en esta singular unicidad” -se refiere a la dualidad en la unidad- “se pretende poder quitar la protección de la vida aún no nacida, en el mejor de los casos frente a la embarazada, que es la única parte en conflicto a considerar, reconociendo su inaceptable situación de excepción, entonces se nos plantea la pregunta, quién debe resolver este dilema realizando la ponderación indicada: ¿la embarazada misma o una instancia superior? Aquí, el ‘camino intermedio’ vota a favor de la responsabilidad última de la embarazada. Pero esto no es en el sentido de ‘arbitrariedad’ sino en el sentido de la responsabilidad que se espera de la embarazada frente a la vida aún no nacida que también merece protección”. Compartimos las consideraciones de la Comisión Asesora en Bioética de la Federación Médica del Interior, vertidas en el seno de la Comisión, que paso a leer: “En síntesis, sobre los actuales proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo con despenalización del aborto bajo un régimen de plazos, someti-

do a nuestra consideración, la Comisión de Asesoramiento en Bioética de la Federación Médica del Interior realiza ante la Comisión las consideraciones éticas y jurídicas que serán expuestas a continuación.- 1. En el tratamiento de los problemas sociales relevantes, entendemos que cualquier propuesta legislativa debe guardar concordancia con los principios de la ética cívica, que por ser tal constituye una ética de mínimos, basada en el predominio de los principios de no maleficencia y justicia y con una fuerte orientación deontológica, fundamentando el logro de los Derechos Humanos en el cumplimiento de los Deberes de las personas.- 2. En un Sistema de Salud, siempre orientado por una ética de mínimos, la beneficencia del individuo se alcanza a través de un adecuado asesoramiento -consentimiento informado- que permita una libre elección de su parte, ejerciendo responsablemente su autonomía.- 3. Por la experiencia histórica hasta ahora acumulada, descartamos en el plano ético basar la despenalización del aborto exclusivamente en el ejercicio de la autonomía de la gestante, en el sentido de validar simplemente la libre disponibilidad de su propio cuerpo. Asimismo, creemos que debe evitarse fundamentar en contra de la mencionaba despenalización, basado en el predominio de los derechos del embrión.- El enfrentamiento estéril de ambas posiciones ha terminado por conducir la solución de un grave problema social a un verdadero callejón sin salida. Y todo ello en innumerables ocasiones, acompañando a su discusión de una sustancial alteración de la paz social, sobre la cual sobreabundan los ejemplos históricos demostrativos.- 4. Entendemos que una manera de superar la dicotomía paralizante antes referida debiera comenzar por el reconocimiento pragmático de que es el legítimo interés de la gestante, portadora única de una simbiosis de intereses vitales -lo que se ha denominado dualidad en la unidad- bien aconsejada por un sistema de asesoramiento específico, quien constituye el fundamento último de la DIVE, decisión de interrupción voluntaria del embarazo.5. En consecuencia, la despenalización del aborto deberá arraigarse en una ética que apele a la responsabilidad de la gestante, debidamente asesorada a través de mecanismos deliberativos, que son aquellos que habrán de permitir alcanzar en cada caso una ponderación de los principios bioéticos involucrados.6. Por lo tanto, no podría existir en situación de viabilidad un sistema de despenalización del aborto sin un sistema de igual rango, paralelo y coordinado de ase-

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soramiento de la gestante, porque además es este último quien ha demostrado resultar determinante en el descenso de la mortalidad materna.- 7. Todo consejo responsable de IVE” -interrupción voluntaria del embarazo- “debiera comenzar por maximizar la beneficencia, indicando de elección las posibilidades del aborto farmacológico, estando siempre disponibles los procedimientos invasivos, aunque solo cuando el aborto farmacológico no se hallare indicado o en calidad de método de segunda línea.- 8. Como resultado de lo arriba mencionado, los fármacos eficaces en la IVE” -interrupción voluntaria del embarazo- “deben hallarse legalmente disponibles, dispensados en el equipo de asesoramiento y en el marco de las prestaciones del SNIS”, Sistema Nacional Integrado de Salud. Por último, hacen algunas recomendaciones sobre algunos aspectos puntuales que no viene al caso mencionar. Este es un tema en el que, hoy día, la sociedad está haciendo un avance importantísimo y, en realidad, no estaría en discusión, nunca se habría planteado si los hombres quedáramos embarazados o si las Cámaras y los Parlamentos estuvieran constituidos únicamente por mujeres. Así que estamos allanando un camino para la libertad, para los derechos de todos los ciudadanos y para el acceso a la salud y al goce de los plenos derechos por parte de las mujeres, que han quedado en desventaja en toda la historia de la humanidad. Gracias, señora Presidenta. SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Como anuncié hace unos instantes, el señor Diputado De León fue el último de los nueve integrantes de la Comisión Especial que solicitaron hacer uso de la palabra acerca de este tema. Por lo tanto, a partir de ahora, los legisladores que estén anotados en la lista de oradores dispondrán de quince minutos para exponer, excepto los delegados de sector, que contarán con treinta minutos. Tiene la palabra el señor Diputado Radío, que está en el primer lugar de la lista de la situación que mencioné. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: el proyecto que hoy la Cámara tiene a consideración constituye un retroceso en términos de civilización. Como se ha dicho, interrupción del embarazo es un eufemismo; en realidad, de lo que se habla es de la cesación provocada

de la vida embrionaria, y este proyecto acepta que poner fin a una vida humana, pletórica de potencialidades, puede ser una solución aceptable y legitimable. Este proyecto nos propone aceptar en forma resignada que la muerte provocada puede más que aquella vida que bulliciosamente se manifiesta desde la soledad a la que pretendemos condenarla. Solo plantearlo es un signo de decadencia impropio de una sociedad que se precie de respetar los derechos humanos. Se trata de otro gesto, uno más, de desprecio por la otredad, sobre todo, cuando hablamos de aquellos que indiscutiblemente son los más débiles y que deberían ser un compromiso irrenunciable para quienes nos pretendemos de izquierda. De ninguna manera deberíamos aceptar esta determinación retrógrada que establece la baja de la edad de imputabilidad hasta sus últimas consecuencias, tanto que hace caer el peor castigo sobre los más inocentes. La realización de gran cantidad de abortos es un dato incontrastable de la realidad de nuestras sociedades y aun en los ámbitos más permisivos para con la realización de esta intervención desgraciada se ha admitido que se trata de una circunstancia no deseada por nadie. La situación de tener que enfrentar un embarazo no planificado, no buscado, no deseado, no aceptado, es muchas veces una circunstancia angustiante que viven muchas personas y familias de nuestro país, que puede llegar a ser dramática y que golpea particularmente a las mujeres embarazadas. Pero a la aceptación o al reconocimiento del aborto como una alternativa válida o aceptable, se le suma luego la invocación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo como una presunta justificación inapelable. La reivindicación de la madre de la soberanía absoluta de su cuerpo para justificar la decisión de abortar y para reclamar el monopolio del derecho a tomar esta resolución lleva implícito algunos presupuestos cuestionables. Pretende, en forma errónea, que el embarazo es el propio cuerpo de la mujer. Esta perspectiva, que es biológicamente insostenible, cosifica el fruto de la gestación, transformándolo en un objeto, sin derechos o con derechos de segunda, que serán o no susceptibles de ser respetados o que podrán ser avasallados en segunda instancia, como nos propone el artículo 3º del presente proyecto que, además, dictamina que es legítimo que el embrión sea un objeto descartable en función de variables que dudosamente son fuente de derecho: el deseo, la aceptación del embarazo. Implica, además, liberar al padre de responsabilidad por el

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embarazo. En el literal b) del artículo 4º, la norma consagra a texto expreso el derecho a ocultar al padre, ya no solo el aborto, sino también el embarazo. Esta es una directa promoción de la paternidad irresponsable. Los padres tienen deberes y obligaciones para con los embarazos y no quedan liberados, aun si el embarazo fuera no deseado; ni siquiera quedan exonerados de estas obligaciones si el embarazo es fruto de un error o un accidente. Los errores o los accidentes no se legalizan. Las obligaciones y los deberes persisten, primero, respecto del embarazo y del embrión, y más tarde, respecto del niño. Por otra parte, la contrapartida de los deberes y de las obligaciones son los derechos. El artículo 252 del Código Civil se refiere al “[…] conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad”. Además, estos serán ejercidos en común por los padres. Y por el artículo 253: “Cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del Juez Letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor […]”. Este artículo está vigente y a nadie se le ocurre derogarlo sosteniendo que es justo que alguno de los progenitores deje de tener el derecho o, más aún, el deber de velar por el bien de su descendencia. Compartir el desarrollo de la vida de los hijos, aun durante las cuarenta semanas de gestación, es un derecho, y ojalá asumiéramos que también es un deber, de la madre y del padre, que por supuesto debe ir acompañado del cumplimiento de obligaciones que demasiadas veces los progenitores eluden. Seguramente, sería más productivo que la legislación y que los magistrados apuntaran sus baterías a aquellos padres que incumplen sus deberes, en lugar de exonerarlos de responsabilidad por el embarazo, que es lo que en definitiva consagra este proyecto. Supone una exaltación cuestionable de los derechos emanados de la propiedad privada del propio cuerpo por encima del derecho a la vida o del derecho a nacer. Sin duda que todas las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo; lo discutible es que este derecho sea ilimitado y que no sea necesario reparar en el hecho de que afecte o vulnere derechos de otros involucrados. Llama la atención la exaltación de los derechos emanados de la propiedad privada del propio cuerpo por encima del derecho a la vida o del derecho a nacer. Se recurre persistentemente a justificarlo en clave de reivindicación de los derechos de la mujer, lo

cual presupone una suerte de hemi amnesia, un olvido parcial, ya que al menos un 50% de los embriones abortables, en aras de la consagración de este presunto derecho, son de sexo femenino y esta determinación está muy lejos de garantizarle ningún derecho. Algo realmente llamativo es la recurrente apelación al deseo como un principio rector de la conducta y, paralelamente, como fuente de derecho. El deseo es un concepto que aparece reiteradamente en la fundamentación a favor del aborto -el embarazo no deseado, “nadie desea realizarse un aborto”- y, en cambio, parece no tener lugar cuando se discute acerca de la defensa de la vida. Independientemente de la conclusión con respecto a la actitud frente al aborto, la defensa de la vida no involucra al deseo como una variable de significación. Se ha puesto mucho énfasis en señalar que el aborto clandestino es, además, una fuente de iniquidad y de injusticia social, aunque no está de más señalar que esta iniquidad tantas veces señalada en el sentido de que las mujeres que más sufren las consecuencias negativas del aborto clandestino son indiscutiblemente las más pobres, en el caso del aborto no se hace extensiva al fruto de la gestación, que de manera invariable muere a la hora del aborto, sin distinciones de sexo, clase social, raza, opinión política o pertenencia cultural o religiosa de sus progenitores. Sea el aborto legal o clandestino, todos mueren por igual: en el gesto supremo de la iniquidad, se le impone la muerte a quien antes se le impuso la vida. Aparentemente, cada vez más todos coincidimos en que hay vida humana desde el momento de la concepción. Asumir la existencia de vida humana desde la concepción no implica la adhesión a una creencia religiosa o a una perspectiva filosófica particular, y mucho menos es una definición o una perspectiva del ámbito de lo personal o de lo privado. Implica hacerse cargo de las definiciones a las que nos han permitido acceder los avances en el campo de la ciencia, y que han resuelto definitivamente la controversia en cuanto a la existencia de una vida humana diferente de sus dos progenitores. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que los legisladores honestamente sienten que obliga a nuestro país -unos cuantos reiteradamente lo han manifestado en esta Cámara al tratarse otros temas-, establece la protección de la vida desde la concepción. Lo reitero: la

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vida de las personas desde la concepción. Así lo define y nos obliga a ello. Los uruguayos nos obligamos a ello cuando ratificamos por ley el Pacto de San José de Costa Rica. Y no le hacemos el agravio a nadie de pensar o de suponer que pretende el incumplimiento de este compromiso. Es improcedente la relativización que se pretende porque la Convención nos determina a la protección de la vida en general desde la concepción, entre otras cosas, porque siempre se debería legislar para lo general y no para lo particular. El propio informe en mayoría deduce que “[…] sólo en circunstancias excepcionales, muy delimitadas, se admitirá la interrupción de un embarazo”. ¿Alguien sinceramente entiende que a partir de la aprobación de este proyecto los abortos serán excepcionales? ¡Mentira! Si esta mención les posibilita tragar ese sapo, ¡buen provecho!, pero todos sabemos que es una afirmación absolutamente falsa. Además, la Convención expresamente prohíbe imponer la pena de muerte en cualquier caso a personas menores de dieciocho años. También exceptúa de esta penalización a las mujeres embarazadas, en función, claro está, de que eso implicaría vulnerar los derechos humanos de un tercero, inocente en cualquier caso, que el derecho internacional no se permite castigar, ignorar o pasar por alto como si se tratase de un segmento más del cuerpo de su madre. Podrá no gustarnos esta Convención internacional, y estaríamos en nuestro derecho como nación independiente. En ese caso, tal vez, las mismas mayorías que se constituyen ahora para aprobar la legalización del aborto, u otras formas análogas, podrían denunciar los tratados que nos obligan. Mientras tanto, deberíamos tratar de ser consecuentes con las definiciones a las que nos hemos comprometido como nación. Ahora bien, en el momento de diseñar respuestas a lo que aparentemente todos entendemos como una circunstancia traumática y no querida, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende solucionar o mejorar? ¿Lo que se busca es combatir la enfermedad y la muerte, consecuencias del aborto provocado en condiciones de riesgo? ¿Se busca, tal vez, combatir la iniquidad resultante de las desigualdades sociales que hacen que algunas mujeres puedan tener acceso a un aborto “seguro” -entre comillas- y otras no? ¿Lo que se pretende es consagrar el derecho a la cesación de la vida del embrión como una extensión del derecho a

decidir sobre el propio cuerpo, que estaría por encima del derecho a la vida o del derecho a nacer? ¿Se procura o no desestimular la práctica del aborto? Porque no es lo mismo, y debería definirse y explicitarse claramente para que se sepa de qué estamos hablando y qué es lo que se procura. ¿Vamos a terminar asumiendo esta triste realidad como una fatalidad, como una consecuencia presuntamente inevitable de embarazos no deseados y no aceptados? ¿Esto nos determina a legalizarlo o a despenalizarlo? ¿Vamos a asumir resignadamente que existe el derecho de que a quien antes se le impuso la vida se le imponga un poco más tarde la muerte, y a entender que es un acto legítimo? ¿Vamos a despojar al fruto de la concepción de todos sus derechos o solo del derecho a la vida? ¿O, en cambio, buscaremos implementar políticas públicas que desestimulen la práctica del aborto? ¿Sí o no? Porque si esto fuera posible, sin duda nos ayudaría a mitigar la morbimortalidad asociada a su práctica clandestina. Por otro lado, mantener una actitud opositora a los intentos legalizadores o despenalizadores, ¿implica la adhesión incondicional a preceptos de determinados cultos religiosos? ¿Supone la sumisión irreflexiva a dictámenes de las autoridades de las iglesias? ¿Significa que estamos teniendo una percepción distorsionada de la realidad, que no somos capaces de advertir que la práctica del aborto es una realidad de alta prevalencia, que no entendemos que existen profundas razones sociales que están en la base de este fenómeno y que condicionan las posibilidades de éxito al combatirlo? ¿Supone la adhesión incondicional a la legislación vigente desde hace décadas sin modificaciones? ¿Implica la ausencia de planteos alternativos que procuren soluciones integrales que tengan en cuenta los problemas, las dificultades y los derechos de todas y de todos? No, por supuesto que no; no significa nada de eso. Aceptar que existen factores socioeconómicos o culturales que están en la base del alto número de abortos, en lugar de constituir un factor de desánimo, debería ser un estímulo que nos impulse a redoblar los esfuerzos para la transformación constructiva de este contexto. Será preciso contar con estrategias, mecanismos, herramientas, respuestas del conjunto de la sociedad, acciones del Estado que desmientan, en los hechos, la idea de que ese nacimiento es una especie de sacrificio heroico de una mujer o de una familia. ¡Y por cierto: no es contándole al médico la si-

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tuación de penuria económica, como dispone el curioso artículo 3º -¿qué tiene que hacer el médico sabiendo la situación de penuria económica?-, que se habrá de encontrar respuestas adecuadas! Es preciso legislar para ayudar a las familias y a las mujeres embarazadas, a las madres y a los hijos recién nacidos. El artículo 42 de la Constitución de la República dispone que la maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo. El sujeto de este derecho es la condición de maternidad. Al estar protegida por la Constitución, automáticamente se transforma en un deber del conjunto de la sociedad que haya las mejores condiciones sociales para el desarrollo del embarazo y de la vida. Hay que procurar, además, la mejor atención sanitaria del embarazo. Se sabe, desde la tapa de los libros de ginecología, que se debe promover el control del embarazo como forma de disminuir la morbimortalidad del binomio materno-fetal. Esta definición, que constituye una obviedad para los estudiantes de medicina, lleva implícito el objetivo de proteger la vida de los dos. Curiosamente, al debatir desde otra perspectiva, no es tan infrecuente que termine siendo olvidada de forma resignada en un rincón de la gaveta de las ilusiones estudiantiles. Llegado a este punto, es posible que debamos aceptar que nuestros esfuerzos no dan cuenta de la totalidad de las situaciones o que, por diversas circunstancias, existe un núcleo duro de embarazos que igualmente terminará en abortos. En cualquier caso, no parece aconsejable resignarse a aceptar como un dato inmodificable lo que reconocemos como un drama. Es presumible que el desarrollo de las nuevas modalidades abortivas, no quirúrgicas, con el transcurso del tiempo vayan haciendo prácticamente imposible que en la totalidad de los casos podamos enterarnos de un embarazo que haya terminado en un aborto provocado. En nuestra opinión no es posible recargar a las madres con la totalidad de la responsabilidad por su embarazo. También constituye un reconocimiento pragmático, fuera de toda discusión, decir que son las que tienen el poder y la capacidad real. En la medida en que la madre decida abortar, la sociedad carece de posibilidades de evitarlo. No estoy afirmando que cualquier decisión adoptada sea legítima, sino constatando una situación objetiva, cuya única posibilidad

de ser mitigada es contar con el concurso de la mujer embarazada y, a partir de eso, sugerir una conducta, con lo cual se hace incomprensible el contenido de los literales c) y e) del artículo 4º. Se trata de un proyecto que reniega de ser legalizador, se amputa la posibilidad de que la sociedad desaconseje este gesto desgraciado, porque excluye a texto expreso la posibilidad de incidir en su determinación. En cualquier caso, es preciso mirar la realidad de frente, con sus luces y con sus sombras, en lugar de cerrar los ojos frente a aquellos hechos que nos desagradan y nos rebelan pero continúan aconteciendo. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Redondee, señor Diputado. Ha finalizado su tiempo. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: nos interesa hacer una mención especial al inciso segundo del artículo 10, que hace referencia a las instituciones preexistentes con objeciones de ideario. Dice “preexistentes”, como anunciando que luego de la entrada en vigencia de la ley, no podrán existir asociaciones que presenten objeciones. Las menciona para obligarlas expresamente a cumplir con lo preceptuado por el proyecto. Es decir que, no conforme con vulnerar su ideario institucional, el proyecto refiere a ellas expresamente y les exige acordar con el Ministerio para obligarlas en el sentido contrario a su objeción ideológica. Esta es una agresión evidente y desacostumbrada a la libertad de asociación y a la libertad religiosa, que ha campeado en estas tierras orientales desde las Instrucciones del Año 1813 y lo hará hasta la entrada en vigencia de este proyecto nefasto. Este es además un gesto innecesario de desprecio y de avasallamiento de la ajustada mayoría circunstancial que agrede, por ejemplo, a nuestro querido Círculo Católico de Obreros, institución centenaria de nuestro país, pretendiendo obligarla a llevar adelante conductas a las que está inhibida desde su propio nivel institucional. SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Gracias, señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Ya termino, señora Presidenta. Nuestro compromiso debe ser con la defensa de la vida, manteniendo un mensaje contrario a la resignación porque si sabemos que en muchos casos no

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tendremos siquiera la chance de salvar o de proteger al embrión, aún preservaremos como sociedad nuestro compromiso con la vida. La legislación debe asumir la realidad y, además, sugerir cauces de conducta que determinen una jerarquía de valores, de principios y de derechos. Al defender la vida como valor supremo, lo que se defiende también es una concepción socio político cultural que no es personal, que no es particular, que no es privada, y que a esta altura de la vida de nuestras sociedades ya deberíamos advertir que tampoco es religiosa. La persona concebida, el otro, no es un objeto. Es alguien con derechos, con derechos humanos, derechos que deben ser tutelados por el Estado. Y en particular… SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Reitero las gracias, señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Termino, señora Presidenta. Y en particular… SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Finalice, por favor. SEÑOR SOUZA.- ¿Me permite, señora Presidenta? (Murmullos.- Campana de orden) SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Pido a los señores Diputados que mantengan silencio y solicito al señor Diputado que redondee, porque de lo contrario luego nos veremos en la obligación de hacer la misma excepción con el resto de los señores Diputados que harán uso de la palabra, lo que no sería conveniente para el mejor desarrollo de la sesión. SEÑOR RADÍO.- Señora Presidenta: el derecho a la vida, más que un derecho es un presupuesto indispensable para que existan todos los restantes atributos que el derecho reconoce al ser humano. Si no hay vida, no hay libertad de opción que valga, no hay educación, no hay relaciones internacionales ni transporte; es un presupuesto para todos los atributos que el derecho reconoce al ser humano: la libertad, la posibilidad de progresar y de mejorar su calidad de vida. Gracias, señora Presidenta. SEÑOR SOUZA.- ¿Me permite, señora Presidenta, para una aclaración? SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Souza.

SEÑOR SOUZA.- Pedí la palabra para solicitar y promover que se otorgaran cinco minutos más al orador preopinante. Me parece que de esa manera nos atenemos al Reglamento y el señor Diputado no se excede en el tiempo. SEÑOR PRESIDENTE (Pereyra).- Está solucionado el inconveniente. Tiene la palabra el señor Diputado Berois. SEÑOR BEROIS.- Señora Presidenta: hoy es una jornada relevante para la Cámara de Diputados. Estamos debatiendo un tema que desde hace años tiene en vilo a la sociedad. Claro que nada de lo que tratamos en este Cuerpo es sencillo y podemos decir que este tema divide a la sociedad. Es más: hace pocos días salió una encuesta de Cifra que marcaba exactamente eso. Lo más significativo era que el 20% de las personas con primaria estaban en contra de la despenalización del aborto, y entre aquellas que tenían educación terciaria, el 60%, estaba a favor. Indudablemente, ese es un argumento que debemos tener en cuenta para saber hacia dónde va la sociedad. Ha quedado claramente establecido -es rescatable hablar sin eufemismos- que la interrupción voluntaria del embarazo es aborto. Y acá no hay posiciones intermedias; esto está claro. Puede haber caminos diferentes; los hay, y esos caminos diferentes nos llevan a distintos destinos. Hoy estamos en un cruce de caminos y debemos adoptar una posición. El destino de muchas vidas nacionales dependerá de nuestras manos levantadas. En este lugar nos puso la vida y con responsabilidad tenemos que asumir los compromisos. No quiero abundar en muchos fundamentos que se han reiterados aquí y en el trabajo de la Comisión, que ha sido muy bueno; hemos leído las versiones taquigráficas y lo expresado por casi todos los que allí estuvieron presentes. Reconocemos el problema latente del submundo de la comercialización, así como la triste situación, la desesperanza y la angustia de seres humanos que desde su visión individual consideran esto como una contrariedad, como un problema, como un accidente, que pondrá obstáculos a su proyecto personal. Esta es una realidad que asumimos y también sabemos el trabajo que desde hace años realizan organizaciones no gubernar-mentales que apoyan a las mujeres que se encuentran ante este problema. Claro que el Estado no debe escatimar es-

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fuerzos en esto, y mucho se ha trabajado desde el punto de vista legislativo en los centros destinados a políticas de educación y en prevención. En ese sentido, debemos redoblar esfuerzos. Y esto no es banal ni obvio; es una misión que se debe cumplir. Pero es claro que no podemos quedarnos con los hechos consumados. Esto no resulta ajeno al deslave de valores fundamentales que sufre la sociedad; permítaseme hablar de esto a los compañeros Diputados de la Cámara. Lamentablemente, una parte de los uruguayos considera el aborto como la solución a un problema que es social. Muy claramente surge de la versión taquigráfica -se ha dicho en esta sesión- que esto se ve desde una perspectiva de género, como un derecho de la mujer a concebir, a tener relaciones sexuales lícitas y voluntarias. Pero a nuestro entender, desde el momento en que la mujer queda embarazada ya está en juego la vida de otra persona que transitoriamente vive en el vientre de su madre. Que quede claro que desde una perspectiva de género siempre seremos defensores de los derechos de la mujer. Todo lo que somos en la vida se lo debemos a una mujer; las mejores cosas que me han pasado en la vida se las debo a una mujer: la vida, mis felices casi veintiséis años de casado, mi hija, la familia. Por eso defenderé siempre el derecho de la mujer, pero defenderé antes que nada la vida de ese otro ser que lleva transitoriamente en su vientre y que nunca tendrá la opción de elegir. Se dijo por parte de profesionales que estuvieron en la Comisión -después no pudieron avalar sus afirmaciones- que eliminando la clandestinidad va a disminuir el estado de culpa de la madre. Respeto mucho eso, pero no lo comparto; no hay nada que lo confirme, ni aun en el derecho comparado. Nosotros pensamos que no es la clandestinidad la que hace caer a la mujer en un bajón anímico y en un estado de angustia, sino el hecho en sí, porque en esos momentos duros de la vida lo que importa es la raíz. Los seres humanos somos como los árboles: son las raíces las que nos sostienen y nos hacen crecer, y también como los árboles, nos conocen por los frutos. No todos los hombres somos iguales, ni todas las mujeres -por el solo hecho de la condición de género- son víctimas. En la sociedad en que vivimos la víctima es la familia. Hemos estado legislando en desmedro de la familia. Nuestro sistema jurídico viene menoscabando

la principal institución de cualquier comunidad. Y estos lodos son consecuencia de aquellos polvos. El proyecto que estamos considerando es menos malo que el que vino del Senado, pero está rodeado de buenas intenciones que, lamentablemente, son de dudosa aplicación. Si se analiza el funcionamiento del actual Sistema Nacional Integrado de Salud -como se dijo en la Comisión-, según un monitoreo que se hizo sobre la reglamentación de la Ley N° 18.426, que se implementó a partir de enero de 2011, es posible indicar que fuera de las capitales departamentales -yo creo que aun en ellas- el primer nivel de atención de la salud reproductiva no se hace. Y lo podemos comprobar muy fácilmente. El miembro informante en minoría, señor Diputado Javier García decía algo en este sentido. Yo soy del interior, conozco la policlínica de tierra adentro, sé lo que pasa, y lo podemos comprobar. En el día de ayer me llamaron de Ismael Cortinas; el viernes hubo un accidente y hace dos días que una persona está quebrada y no hay ambulancia para trasladarla. Ese es un hecho de la realidad. ¿Ustedes creen que un equipo multidisciplinario que se exige esté integrado por tres profesionales será tan fácil de constituirse en el interior? Es más: tengo en mi poder una ley muy interesante que votó en el año 2008 esta Cámara de Diputados. Se refiere a la necesidad de que en todos los centros poblados exista un desfibrilador externo automático, que es un instrumento médico muy importante. ¿Saben algo? En Ismael Cortinas hace meses que no hay uno, y hay mil habitantes. Y esto se exige por ley. O sea que las leyes están, los instrumentos están, pero no se pueden aplicar aunque estamos rodeados de buenas intenciones. Esta es la prueba latente de lo que pasa. Por lo tanto, en Ismael Cortinas nadie puede sufrir un ataque al corazón. Por eso yo digo que la idea del equipo multidisciplinario es de dudosa aplicación, si tenemos en cuenta la realidad de nuestro país. También tengo derecho a objetar que es de dudosa aplicación el plazo de las doce semanas. ¿Cómo se miden un día o dos días? Nuestra sociedad es cada vez más vieja y terminará con los niños que se consideran un accidente, fruto de la desvalorización de los vínculos humanos y de la deshumanización de las relaciones afectivas. Exceptuando los embarazos ya previstos en la ley de

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1938 -eso no tiene discusión y lo aceptamos-, ¿acaso ustedes no creen que el aborto -a pesar de los argumentos que se dieron- es un acto de violencia? Tanto que legislamos contra la violencia, ¿acaso ustedes no creen que este también es un acto de violencia? Esa pareja tuvo a su alcance un sinfín de métodos anticonceptivos y no optó por ellos; entonces, es responsabilidad de ambos asumir las consecuencias y no legalizar la última instancia, que es terminar con el ser que no eligió ser engendrado. Esto no lo podemos afirmar plenamente, pero en la mayoría de los casos no se trata de un accidente. Dicen los especialistas -yo no lo soy-, que desde el punto de vista psicoanalítico, descuidarse puede implicar un deseo inconsciente de ser padre o madre. El equipo multidisciplinario que se prevé en el proyecto en muchos casos no podrá juntarse en tiempo y forma y no tendrá más remedio que discriminar en virtud de la burocracia que haya en cada institución. Algunos llegarán a tiempo, otros abortarán un feto de más de doce semanas, otros no se reunirán, y seguirán existiendo -producto de la burocracia uruguaya- las clínicas clandestinas. Es más, también seguirán existiendo como producto del dolor que le produce a la mujer, que no querrá que en su historia clínica aparezcan estos antecedentes. Igual seguirán escondiéndose. Por lo expuesto, no vamos a votar este proyecto que nada soluciona. Por el contrario -ahora sí con estadísticas ciertas-, habilitará situaciones más penosas que las que se quiere evitar. Tampoco podemos votar debido a todos los argumentos jurídicos que se dieron. Quedó muy claro desde cuándo está protegida la vida en nuestro derecho positivo y en el derecho internacional. Ha quedado claro desde el punto de vista médico que, desde el momento de la fecundación, el huevo tiene todas las potencialidades propias de la persona humana. No podemos acompañar este proyecto porque se siguen atacando los principios básicos de la sociedad y legitimando esto para menoscabar la principal institución sostén de cualquier comunidad. La familia está cada vez más desvalorizada en la sociedad en que vivimos. En las civilizaciones en que se respetó, se amparó y se protegió a todos quienes integran la familia,

otorgándoles derechos y capacidades para trasmitir valores y bienes, se notó un claro provecho y una digna promoción humana. Donde se considera a la familia como algo perimido, como una antigüedad propia de valores conservadores, las sociedades fueron decayendo, aun en medio de un creciente bienestar material. Es preciso decir que seguimos machucando, quebrantando, aplastando, desintegrando la principal ecología del desarrollo humano. Esa destrucción tendrá consecuencias funestas para nuestra sociedad. En el futuro nos seguirán preocupando y trataremos de resolver los problemas que constantemente atacan a la sociedad: pérdida de valores, marginación, inseguridad, y deberemos reconocer que fuimos nosotros mismos quienes generamos estos problemas al atacar sin pausa la principal y fundamental institución de las comunidades: la familia. Defender esto no es de conservador, señora Presidenta; es entender que en siglos de vida humana las bases siguen siendo las mismas. No hay diferentes tipos de familias; hay una sola. Decir eso es tan falso como atacar el sistema democrático fundamentando que hay diversos tipos de democracia; hay una sola y la debemos defender. No votaremos este proyecto porque mientras exista en el horizonte un porvenir mejor, como dijo el poeta -y ya se mencionó en la Cámara-, se seguirán necesitando niños para amanecer. SEÑORA PRESIDENTA (Pereyra).- Tiene la palabra el señor Diputado Vega Llanes. SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: en mi pueblo dicen que hay dos tipos de discursos: los cortos y los que empiezan con: “Seré breve”. Parafraseando esto, voy a decir que aquí aprendí que hay dos tipos de discursos: los respetuosos y los que comienzan diciendo: “Voy a respetar la creencia de los demás”. En ese sentido, quiero aclarar algunos datos que se dieron hoy con visos de gran ciencia y que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras cosas este organismo dice -usando un lenguaje muy diplomático que hay que entender- que el 99% de las muertes maternas se producen en países en vías de desarrollo, una manera como cualquier otra de decir que ocurren en los países pobres. El 80% de los casos con consecuencia de hemorragias, infecciones, hiper-

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tensión en el parto y abortos en situaciones de riesgo. Impiden la atención de estas madres que mueren: la pobreza, la distancia, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados y las prácticas culturales. Con esto quiero decir que Kissinger, además de “facho”, tenía una maldad al santo botón porque, en realidad, la que nos mata es la pobreza, y no precisaba instrumentar un control de natalidad -igual nos mataban de hambre-, aunque capaz que le parecía más rápido. Tal vez hasta fuera una cuestión de piedad. Según este estudio de la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad por aborto es del 4,6% en Chile -donde es ilegal en cualquier circunstancia-, del 2,8% en Cuba y del 0,3% en Estados Unidos de América, donde es legal. Luego voy a responder una alusión médica, pero quiero finalizar esta parte diciendo que entre 1950 y 1959 en Cuba se produjeron 137,8 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos, y en 2004 -el último dato que conseguí- esa cifra había llegado a poco más de 29 por cada 100.000 nacidos vivos. En Uruguay hay 27 o 28, de manera que Cuba no está tan lejos de nosotros. Como fue mencionado, me parecía bueno dar estos datos, porque la mejor forma de demostrar respeto por los demás debe ser decir la verdad, aunque los números no nos den la razón. La otra cosa que quería aclarar es que la hemiplejia es un accidente vascular encefálico que no genera que uno tenga dos visiones ni visión para un solo lado. Lo digo porque se habla de “visión hemipléjica”. Tal vez nunca hayan visto a alguien con hemiplejia, pero en realidad esa persona sabe dónde está, y no tiene ningún problema en mirar para los dos lados; a veces no puede mover un brazo o una pierna, pero eso no lo transforma en un ser que mira para un lado o para otro, ni en dos personas. Me parece que es bueno aclararlo para que no se repita esa afirmación en el futuro. Creo que el centro de este problema, que tiene aristas morales y filosóficas, es que en Uruguay se hacen abortos, que de esos abortos deriva muchas veces la muerte materna y que, además, todo esto concluye en una red de corrupción que todos conocemos, aunque miramos para otro lado, de acuerdo con el doble discurso que Uruguay tiene en muchas cosas.

Si alguno de nosotros no sabía que arriba de La Pasiva de 18 de Julio y Ejido había una clínica de abortos es por su edad -ahora no existe- o por simple distracción. Aun quienes vivíamos a 100 kilómetros -cuando venir a Montevideo no era tan fácil- sabíamos que ahí funcionaba una clínica de abortos. ¡A paciencia de todo el mundo! ¡A paciencia de todo el mundo! ¿Alguien cree que el misoprostol lo fabrica alguna familia en el fondo de una casa? ¿Alguien cree que el misoprostol no sale del laboratorio que lo produce? ¿Alguien cree que no se vende en la calle a $ 8.000 las cuatro pastillas? ¿Alguien cree que eso no pasa? Ese es el efecto de la prohibición, que no evitó los abortos, pero sí ha generado muertes maternas y corrupción. En estos términos fui a hablar con el Senador Bordaberry -después del fracaso del primer proyecto que venía del Senado- y le planteé que el problema que tiene el Uruguay es este, sobre todo respetando la posición que tuvo de no tirar la piedra y esconder la mano, ya que dijo que él iba a dar la orden en su Partido, en su grupo político, de no votar esta ley. Porque a este respecto hay posicionamientos políticos; yo sé lo que piensan muchos legisladores de todos los partidos, y sé que en todos —no solo en los que van a votar esta iniciativa en la noche de hoy; espero que no sea en la madrugada, aunque puede ser— hay Diputados que están a favor de este proyecto de ley. O sea que el problema ya existe y, en realidad, lo hemos venido tolerando. Cuando yo me formé, empecé a ir a los hospitales e, ingenuamente, veía las secuelas que dejaban en las mujeres de las capas más pobres de este país los abortos realizados en condiciones de riego, cuando veía las muertes que se producían y los hijos que quedaban huérfanos, pensaba que había alguien que estaba distraído y que, seguramente, en algún momento se iba a poder resolver el problema, evitándose que se hicieran abortos en esas condiciones. Esto se podrá titular de moral, pero es una realidad, y no entiendo cómo a un médico que ha pasado por la Facultad de Medicina no le duele esta realidad que vivimos permanentemente. Al fin y al cabo, esta iniciativa -después voy a dar mi opinión con respecto a este proyecto en particular- intenta que no haya abortos en condiciones de riesgo que, casualmente, son los que se realizan en las capas más pobres de este país.

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El misoprostol resolvió una parte del asunto, pero ya hubo dos muertes por el uso indebido, inadecuado -seguramente sin asesoramiento- de este producto que, como cualquier droga, tiene efectos deseados y no deseados. En realidad, lo que produce en los embarazos es un efecto secundario, porque esta droga estaba desarrollada para otra cosa, pero luego se comprobó que tenía este otro efecto. Como dije, ha habido dos muertes producidas por el uso de esta droga, y ese es el motivo principal por el que voy a votar este proyecto de ley. Además, conozco el sentimiento de las mujeres que se han hecho un aborto, que nunca es de felicidad; nunca vienen con alegría a plantear que se quieren hacer un aborto y no lo hacen como si fuera lo más lindo del mundo. Por el contrario, lo hacen con una enorme culpa y con un gran dolor, y muchas veces hay que escuchar su historia de vida y su situación para entender. Se podrá decir: “Y bueno, ¿para qué quedaron embarazadas?”, tal como hacemos los que nos subimos al pedestal de vez en cuando. En realidad, si la medicina se dedicara a no atender las enfermedades provocadas por nuestras conductas no atenderíamos prácticamente a nadie. Es lo mismo que responderle a alguien que tiene cáncer de pulmón por haber fumado: “Y bueno, te lo agarraste porque fumabas; ahora, bancátela”. Estas conductas humanas -no son solo estas-, que a veces provocan consecuencias no deseadas, no tienen por qué ocasionar la muerte. Además, la ley no obliga a hacerse un aborto a quien no quiere. Si una persona tiene la convicción política, religiosa o filosófica -o como quieran llamarla- de que no debe practicarse un aborto, no está obligada a ello, pero por qué razón las mujeres que creen que deben hacérselo y lo hacen deben ir presas. ¿Cuál sería la razón válida para decir que vamos a mandar a esas mujeres a un circuito clandestino -donde se van a topar con las peores cosas posibles- por el hecho de que se quieren hacer un aborto? ¿Cuál sería el argumento en defensa de la vida -ya que tanto hablamos durante esta sesión de defenderla- para mandar a las mujeres a realizarse un aborto en condiciones de riesgo? Digo esto porque debemos tener en cuenta que los abortos se hacen, pataleemos o no pataleemos, y este no querer ver toda la realidad, lo que genera es que ocultemos parte de lo que en la vida pasa. Si bien negamos la homosexualidad, esta existe, aunque la condenemos y queramos mandar al infierno a quienes la practican, en

donde quizás estén en compañía de alguno que manda a otros al infierno. Pero más allá de eso, aunque queramos mandar al infierno a estas personas, existen, al igual que existen las mujeres que se hacen abortos. En realidad, si han tomado esa decisión, yo prefiero que lo hagan en condiciones en las que no arriesguen su vida; y ese es el aspecto fundamental que me mueve desde la primera vez que entré en contacto con una mujer que se murió en el Hospital de Clínicas por una infección generalizada al hacerse un aborto en condiciones de riesgo. Y esa mujer dejó unos gurises, que se criaron sin madre porque la sociedad uruguaya, con su clásico doble discurso, prohibía que se hiciera un aborto en condiciones adecuadas. Por supuesto, se le prohibía a ella, que venía de un hogar pobre, porque quienes podían pagar, se lo hacían en la clínica que estaba arriba de La Pasiva, y en las mejores condiciones posibles, pero había que pagarlo. Piensen en lo que podría ocurrir si mañana los Testigos de Jehová tuvieran mayoría en el Parlamento y en el Gobierno que, como todos saben, prohíben a sus adeptos las transfusiones de sangre y sus derivados. ¿Acaso tendrían derecho a prohibirnos a nosotros que nos hiciéramos transfusiones? ¿Tendrían derecho -como algunos creen que tienen- a prohibir a quienes sostienen otras convicciones a llevar a cabo determinadas conductas? ¿Tendrían derecho a votar una ley que eliminara los servicios de sangre del Uruguay? Si fuera así estaríamos en la misma situación, porque debido a su convicción también podrían votar una ley que impidiera la existencia de bancos de sangre. Sabemos que en este país hay libertad de culto, pero vamos a terminar pidiendo libertad para los que no lo tenemos, y tenemos derecho a vivir como nos plazca, sin que nadie nos diga que violamos este o aquel precepto moral. Me estoy refiriendo a algunas iglesias que si revisaran su conducta hablarían con un poquito más de humildad. Yo creo, señora Presidenta, que hay cosas que este proyecto de ley no resuelve, que vamos a seguir con el circuito clandestino, y que las mujeres más pobres van seguir teniendo problemas para hacerse un aborto, pero considero que constituye un avance para la sociedad en este momento. Asimismo, creo que a partir de ahora seremos un poquito menos -un poquito menos- hipócritas en nuestras conductas, porque estoy seguro de que en Sala hay muchos que a pesar

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de defender otras posiciones, conocen gente o tienen familiares que se han hecho un aborto, porque las cifras en Uruguay son espeluznantes. Así como en algún momento no se podía educar sexualmente en los colegios públicos -en los privados y en los religiosos se hacía- porque se pensaba que íbamos a someter a esos pobres chiquilines vaya a saber a qué tentaciones, así como se creía que no informar era mejor que hacerlo —lo que motivó que cosecháramos embarazos no deseados en adolescentes—, hoy debemos tener la posibilidad de educar a la gente para que no haya embarazos no deseados, aunque sabemos que por muchos esfuerzos que hagamos igual van a seguir existiendo porque hay un momento en la vida en que a uno no lo paran las convicciones de ningún tipo. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) ——Termino diciendo que voy a votar este proyecto de ley porque considero que se trata de un avance. ¿Es lo que quiero? No, porque para mí esta conducta debería ser privada, por lo que creo que simplemente debimos haber eliminado del Código Penal los artículos que la penalizaban, pero es lo que pudimos hacer. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Amado. SEÑOR AMADO.- Señor Presidente: vengo hoy a esta Cámara a referirme al tema que nos convoca con un sentimiento de profundo dolor, como ciudadano uruguayo y como miembro de mi Partido, el Partido Colorado. Siento dolor como ciudadano porque realmente creí que en la sociedad que compartimos, de una vez por todas íbamos a ser capaces de dejar atrás la hipocresía y de articular con naturalidad, en este tema tan sensible, la moral privada con la moral pública. En el mundo actual hay dos tipos de sociedades que condenan aún el aborto desde el punto de vista público. En primer lugar, están las sociedades en las que el poder religioso es tan fuerte como para someter las libertades individuales a los mandatos del dogma; es el caso del mundo musulmán y de algunas sociedades tribales de África. En segundo término, están las sociedades que, como la nuestra, son demo-

cráticas pero hipócritas y, en voz alta y en las leyes, el aborto está prohibido, pero en la vida real se lo tolera y, de hecho, se lo practica de forma regular. El efecto es mantener el aborto real escondido, fuera de la vista de la gente, en un régimen de clandestinidad tolerada. En el fondo -y eso es lo que más me duele-, mi sociedad es principista en público y realista en privado. “Aborto sí”, “Aborto no”, plantean quienes quieren dejar todo como está. Son los mismos que reconocen que hay decenas de miles de abortos por año. Queremos decir con total claridad que es un planteo falso, que es un planteo engañoso, que es un planteo para la tribuna. Se practican alrededor de treinta mil abortos por año; esa es la cifra que manejan legisladores que pueden estar a favor o en contra. Es la cifra que se estima. Pero, ¿sabe cuántas denuncias hay de estas prácticas? Cero. ¡Cero, señor Presidente! ¿Sabe cuántos de los que hoy representan ese eslogan falso que es ser provida o estar a favor de la vida andan alertas, denunciando los abortos que se realizan esas treinta mil mujeres uruguayas? Ninguno, señor Presidente; ninguno. ¿Quién en esta Sala está dispuesto a denunciar a la mujer, condenarla y enviarla a la cárcel por realizarse un aborto? Creo que nadie, señor Presidente. ¿Cuántas vidas salvan los autoproclamados provida? Creo francamente que ninguna. ¿Acaso a los miembros de este plenario no nos ha tocado en algún momento conocer o saber de alguna mujer relativamente cercana que se practicó un aborto? Por el motivo que sea, ¿no nos ha pasado, señor Presidente? ¿Y pensamos que es una delincuente? ¿Que es una asesina? ¿Que debe ir presa? ¿Hicimos la denuncia? ¡No, señor Presidente! ¿Sabe por qué? Porque no se considera delito. No lo consideramos delito. Estamos, entonces, frente a un castillo de argumentos demagógicos que, al hacer estas preguntas, se cae por débil. A nivel de nuestra moral privada la prohibición, la penalización del aborto no implica un impedimento para llevarlo a cabo, y cuando me refiero a esto quiero decir que muchas de las personas que hoy hacen encendidos discursos en contra de esta situación -no todas- no dudarían en recurrir a esta solución si estuvieran en una situación particular.

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Pero, claro, cuando llega el momento, como sociedad madura, a la altura de las más desarrolladas del mundo, de que digamos que en este país no se penalizará más una práctica que es común y, por ende, es ridículo hacerlo, asoma la hipocresía y nos tiembla el pulso. Y no hablo de personas en particular; hablo de todos, de la sociedad uruguaya toda. Cuando hay que asumir de forma pública que en esta sociedad no se condena moralmente el aborto nos tiembla la mano. Para mí este es motivo de enorme tristeza, porque me señala que no estamos bien, que no maduramos, que seguimos teniendo los mismos reflejos conservadores que tanto daño nos hicieron y nos siguen haciendo. No somos una sociedad valiente, señor Presidente. ¿O acaso Holanda, Estados Unidos de América, Dinamarca y una larga lista de países a los que quizás nos gustaría parecernos son inmorales, retrógrados, bárbaros, asesinos o incluso antirreligiosos? ¡De ninguna manera! ¿Sabe qué son, señor Presidente? ¡Son valientes y no tapan el sol con un dedo! ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con un dedo y tampoco se dejarán de hacer abortos en este país aunque siga penalizado. Si sigue así lograremos lo de siempre: los que más tienen lo podrán hacer con más garantías y los que menos tienen lo harán con menos garantías y afrontarán peor las consecuencias físicas y psicológicas que una decisión de este tipo provoca. ¿Sabe por qué? Porque preferimos ser hipócritas y tapar el sol con un dedo. Nuevamente no somos capaces de unificar nuestra moral privada, que es una, con nuestra moral pública, que es otra, como demuestra casi la mitad de este Parlamento, que por suerte hoy está en minoría. El Partido Colorado fue el primero que presentó un proyecto de ley en este sentido en 1985. Como ustedes saben, hace un tiempo yo presenté un proyecto en el mismo sentido. Y como todos saben o intuyen, no podré apoyar hoy este proyecto de ley, porque el líder de mi sector, el Senador Bordaberry, planteó en la bancada que se declarara asunto político y, puesto a votación, la mayoría de la bancada decidió aceptar ese criterio, votar negativamente el proyecto, aplicar la disciplina partidaria. Es una mayoría que, a mi juicio, está completamente equivocada y falta a la responsabilidad histórica que le cabe, que pasa por permitir la libertad de conciencia en estas cuestiones, pe-

ro los que somos demócratas aceptamos las decisiones de la mayoría, nos gusten o no nos gusten. En este caso, siento que la decisión de mi sector es profundamente equivocada, pero es legítima y, como demócrata, aunque no me gusta nada, la respeto. Es una lástima que esto ocurra; me entristece y se lo he hecho saber privada y públicamente a las autoridades de mi sector y a mis compañeros, y no pensaba callar en esta Sala. Estoy dolido por toda esta situación, porque creo en la despenalización del aborto, porque creo en la libertad y porque creo que estoy en el Partido que mejor la representa. Seguiré luchando con todas mis fuerzas para convencer a mi sector, a mi Partido y a mi país de que estas son las cosas que debemos tener la valentía de defender a conciencia. Doy por perdida esta batalla, pero seguiré peleando cada tramo de la guerra que implique la defensa de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Una sociedad madura, inteligente y valiente no debe ser hipócrita, no debe ceder ante ningún dogma, no debe tener una doble moral, debe respetar a todos y todas las posiciones, entre las que primero está la libertad. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Brito. SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señor Presidente: me encuentro en una posición un tanto difícil. Podría haberle pedido a mi suplente que viniera y así mantenerme en silencio, pero en los temas trascendentes me gusta hacer uso de la palabra y explicar mi posición. Este tema es trascendente para mí, me llega en un momento particular de la vida y me genera interiormente enormes conflictos entre mi razón y mis convicciones, mis creencias y mis compromisos con los compañeros y con la vida. Esto es lo que, a la postre, va a determinar mi conducta en el día de hoy, que será criticada de un lado y de otro, pero como esto es algo que siento de forma muy personal ni me va ni me viene. En tanto hombre público elegido para este cargo debo dar cuenta de mis acciones y hacerme cargo de ellas frente a mis electores, a mis compañeros del Frente Amplio y a mis colegas de la Cámara. Por las dudas, aprovecho a pasar un pequeño mensaje: no

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soy menos ni más frenteamplista que los otros por la posición que voy a adoptar. Desde el tratamiento del primer proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo tratado en esta Cámara, mis compañeros, los del grupo al que pertenezco, en general poco afectos a disciplinar o a mandatar a otros compañeros en su accionar político, sí lo hicieron y por amplia mayoría, y me indicaron que debía acompañar aquellas iniciativas que no tuvieron destino final. Transcurrido el tiempo y con la toma de distancia de lo que ocurría en aquella época, era un traje que me quedaba incómodo. Me apretaba el cuello, me tiraba de la manga, me quedaba corto, pero acepté votar en forma disciplinada a pedido de mis compañeros. Yo nunca he sido partidario de la interrupción del embarazo en forma voluntaria. Pero entiendo perfectamente los fundamentos de los que sí lo son. En especial quiero decir a los que me han mandado centenas de mensajes pidiéndome que en la Cámara me oponga al proyecto, que sé que con o sin despenalización -como decían el señor Diputado Amado, y otros compañeros legisladores- el aborto seguirá campeando en el Uruguay y en el mundo. A esas personas que me enviaron los mensajes -que realmente me comieron la cabeza- les digo que la pelea por la vida no depende en sí de la legalización o de la despenalización del aborto. Es una pelea que está en el corazón y en la cabeza de quienes se plantean interrumpir el embarazo. Pero puedo admitir que tiene un efecto simbólico importante. Es el sistema de creencias, la educación y el moldeado que la vida hace al ser humano individualmente lo que permite que haya diferentes opiniones sobre el mismo tema, a pesar de pertenecer a una misma corriente de opinión y eso se expresa con la mayor contundencia en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de ser médico, y por cosas que me pasaron en la vida, pensaba lo mismo que hoy. Cuando me tocó cursar embriología, el desarrollo del embrión en sus fases me mostró la maravilla de la vida en todo su esplendor -magnífica, extraordinaria, asombrosa-, al punto que después de una larga crisis de fe volví a creer en algo supremo o como ustedes le quieran llamar, algo diferente de lo que me enseñaron en la niñez y en la adolescencia. He sido consecuente con esta posición, y muchas veces, como consejero he enfrentado el conflicto que se desata en el interior de

quien se propone interrumpir un embarazo. A veces lo hice con éxito y hoy caminan por mi pueblo -lugar donde trabajo- y a veces sin éxito. Además de todo eso, mi experiencia de vida me ha hecho valorar mucho qué sucede desde el momento de la concepción al desarrollo del embarazo y el nacimiento. Antes de Agustín, de Analía y de Ignacio -mis hijos mayores- hubo una pérdida, hubo un ser que no fue. Mucha angustia, mucho dolor antes de la felicidad, que estuvo precedida de esfuerzos, de meses de reposo, de exámenes, de temores mezclados con esperanza en el transcurso del embarazo de los que finalmente nacieron y hoy tienen veintitrés, veintiuno y dieciocho años. Por si fuera poco, y a mi edad, la vida me enfrentó nuevamente a la misma situación. Hace siete meses volví a recibir otro regalo de la vida, que se llama Benjamín. Pero antes de Benjamín iba a haber alguien que se iba a llamar Ismael, que a los cuatro meses abandonó el útero en forma abrupta y sorpresiva. Gracias a las nuevas tecnologías vimos que ya tenía cara y le esperaban muchas cosas cuando naciera. Benjamín no tuvo su nombre desde el principio, mientras lo esperamos. Llevó meses de reposo de su madre y un inyectable todos los días en su panza. Finalmente Benjamín nació para alegría de todos. Mi conflicto interior tiene que ver con esas experiencias, con mi sistema de creencias, con una filosofía de vida y con un entender la vida. Entonces, mi debate es entre la razón y lo que siento, entre el deseo de mis compañeros y el compromiso que tengo con ellos. Por ello intento armonizar la razón con mis sentimientos, que es la única forma de encontrar la paz interior, necesaria para alcanzar la paz con los demás, la paz que indudablemente no se logra por fumarse un porro. Me voy a retirar de Sala y va a ingresar mi suplente, para poder cumplir con mis compañeros, con mi conciencia y con mis concepciones. No puedo cumplir con el gesto simbólico de levantar la mano para aprobar este proyecto. No lo permite mi estado espiritual; no lo puedo hacer por Ismael, que no pudo ser; no puedo por Benjamín, que sí pudo ser, que sí nació, y tengo necesidad de agradecérselo a algo de alguna manera. Es así: el hombre y sus circunstancias. Y de esta de decisión me hago cargo, y la mantengo con el mismo convencimiento que los que van a votar a favor y que los que lo harán en contra. Gracias, señor Presidente.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala. SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: nosotros vamos a votar negativamente este proyecto de ley. A lo largo del debate, distintos legisladores han hecho referencia a que no debe llegarse al plenario, o no sería totalmente legítimo hacerlo, en nombre y en función de las convicciones religiosas de cada quien. Yo profeso una religión; por tanto, desde el punto de vista filosófico llego también a la conclusión de que no es legítimo avanzar en el camino de la despenalización o de la legalización del aborto. Sin embargo, creo íntimamente que no estoy aquí solo por mis convicciones filosóficas sino sobre todo en nombre de quienes me votaron, actuando como lo estoy haciendo en este instante en función del mandato que cada uno de nosotros recibió en la última campaña electoral. Ha quedado claro, a partir de la intervención del señor Diputado preopinante -que por cierto a todos nos despierta una enorme sensibilidad-, que este es un tema que nos divide por mitades. Está claro que en las dos posiciones hay argumentos, por lo menos respetables, atendibles, y diría que el punto de partida de esta discusión debe ser el de asumirla con tolerancia y aceptar que quien opina distinto que nosotros -aunque lo consideremos equivocado en su posición-, lo hace seguramente con la mejor intención. Creo que descalificar la posición ajena, y en particular en una discusión de estas características, siempre es un muy mal camino y diría que contribuye innecesaria e ilegítimamente a la fractura social y, en definitiva, a sembrar la discordia, cuando en verdad creo que es un tema que hay que analizar por lo alto. Sin embargo -como decíamos recién- creo íntimamente que la aprobación de este proyecto de ley, si es que llega a confirmarse, constituirá un profundo error. Entiendo que es la primera vez en muchísimo tiempo que este Parlamento habrá de sancionar una norma que termina por perjudicar al más débil, que termina por no contemplarlo e ir en detrimento del interés del más vulnerable, rompiendo de esa manera con la mejor tradición del Uruguay. En tiempos en los que en esta misma Sala no hace muchos días debatimos reflexivamente y encontramos puntos de coincidencia en cuanto a la necesidad de que el país avance en la concepción y conformación de un sistema de cuidados que precisamente está dirigido a los sectores más vulnerables -fue un debate muy constructivo-,

desembocamos en esto que, a nuestro juicio, sin duda representará un enorme retroceso, una enorme involución de lo que ha sido una característica del Uruguay en cuanto a legislar, primero que para nadie, para aquellos sectores más débiles y menos poderosos de la sociedad. Creo que la prueba de que en el fondo de esta discusión estas son las condiciones que se están verificando es el artículo 1º del proyecto de ley que estamos analizando. En este advierto una suerte de propósito de redención anticipada de lo que viene después, una actitud vergonzante de parte de quienes están promoviendo esta solución, como pidiendo perdón por lo que el proyecto termina configurando en los artículos subsiguientes. Creo que inclusive esto demuestra que no hay siquiera demasiada convicción -lo digo con enorme respeto, pero absolutamente seguro de lo que estoy afirmando-, porque quienes están promoviendo esta solución se ven en la necesidad de reconocer el valor social de la maternidad, como si eventualmente quienes en el futuro la vayan a interpretar pudieran llegar a dudar. Asimismo, se afirma que la interrupción voluntaria del embarazo que se regula con esta iniciativa no constituye un instrumento de control de los nacimientos. ¿Por qué es necesario hacer esa aclaración? Creo que en el fondo ha sido necesario para los que promovieron esta solución en función de lo que es una notoria falta de convicción y una cierta actitud vergonzante -lo digo con respeto, pero con íntima convicción- a la hora de impulsar una solución legislativa de estas características. Esta solución no es simplemente de despenalización, sino de legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Todo lo que habiendo sido tipificado como delito deja de serlo, y en todo caso da lugar a una conducta permitida y se convierte en un derecho, evidentemente es una forma de legalizar una conducta que antes estaba prohibida. El miembro informante en mayoría dijo, y es verdad, que aquí sin duda hay una suerte de tensión entre derechos: el derecho a la vida -lo reconoció el propio miembro informante en mayoría- y los derechos de la mujer. Pero esa tensión solo se puede resolver de una manera. A la hora de armonizar los derechos está claro que por encima del derecho a la vida no hay ninguno, que es por definición un derecho absoluto y, por lo tanto, debe prevalecer en esa armonización de derechos, por encima de todos los de-

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más. Es un derecho absoluto porque es un derecho preexistente y supraconstitucional. En la definición de Cassinelli Muñoz es un derecho que no está consagrado explícitamente en el derecho positivo porque parte de la base de que es anterior a la propia sanción de las normas constitucionales por parte del constituyente. En esa perspectiva, el proyecto de ley que hoy estamos analizando, sin ninguna duda contraviene y barre con todos los principios generales del derecho interno; del derecho internacional; con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ya se dijo, pero es bueno reiterarlo-; con el artículo 7º de la Constitución, que consagra el derecho a ser protegido en el goce del derecho a la vida supraconstitucional y por lo tanto natural a la condición humana, es decir, intrínseco a ella, e incluso con las disposiciones del Código Civil, que también a la hora de legislar y regular todos los aspectos que hacen a la paternidad, consagra el concepto de que hay vida desde la concepción. Así está establecido a texto expreso en el cuerpo del Código Civil al que estamos haciendo referencia. Hoy fue reiteradamente mencionado el doctor Martín Risso Ferrand en virtud de que compareció a la Comisión Especial que analizó este asunto y se mencionaron los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, que él mencionó como ordenadores de lo que podría llegar a constituir la limitación de un derecho en la Constitución por razones de interés general. Y es verdad, esos son los criterios que deben primar en la eventualidad de limitar un derecho de rango constitucional. Pero, lo que no se ha dicho con claridad y nosotros queremos expresar ahora, es que el doctor Martín Risso Ferrand concluye, sin hesitación y con absoluta contundencia, que en función de esos principios de razonabilidad y de proporcionalidad este proyecto es francamente inconstitucional porque implica limitar de manera irracional y desproporcionada, es decir, contraviniendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, un derecho absoluto como es el derecho a la vida. Tanto lo sostiene así el doctor Martín Risso Ferrand -está en la versión taquigráfica, solo alcanza con leerla- que si bien reconoce que puede llegarse a la conclusión de que efectivamente hay una razón fundada para introducir una limitación al derecho a la vida del concebido, inclusive en los casos excepcionales en el embarazo puede conducir a dudas razonables en cuanto a que hay riesgo de vida para la madre o ella está en situación de penuria económica o

aun en los casos de violación, también admiten el beneficio de la duda y no llega a esa conclusión de manera inequívoca o, por lo menos, en forma liminar. Más temprano el miembro informante en mayoría también dijo que la circunstancia de que el aborto en el Uruguay esté tipificado como delito y penalizado no ha servido para combatir esta práctica que seguramente todos nosotros, sin excepción, abominamos y repudiamos. Yo digo que me parece que ese es un enfoque utilitario de esta discusión. El hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo esté tipificada como delito o penalizada en los papeles no es solo con el mero afán o ni siquiera con el hipotético afán de que las madres que practican un aborto vayan presas, sino que es sin duda con el afán de que las normas jurídicas por definición deben reflejar y trasmitir valores, deben señalar, a la hora de la consagración jurídica, ciertos criterios que apunten en la sociedad a desalentar determinadas conductas y a estimular, en todo caso, otras diferentes, muchas veces prohibiendo y estableciendo claramente qué está bien y qué está mal, porque en definitiva al derecho se lo intuye y en esa perspectiva el derecho penal también juega un papel relevante con relación a esto. El doctor Pedro Montano que, en nombre de la Cátedra de Derecho Penal, compareció a la Comisión Especial que analizó el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo, decía que la eficacia formativa del derecho penal es incuestionable, más allá de la sanción o de la pena que en el caso de cada conducta punible establezca la legislación vigente en el Uruguay. Esta será una norma que desprotegerá la vida. En nuestra perspectiva, en la medida en que llegue a aprobarse, sin ninguna duda erosiona el valor de la vida y a la vida como valor. Por lo tanto, esta es sin duda una discusión que hace a valores profundos y absolutamente intrínsecos a la condición humana, que derivan, como dice el artículo 72 de la Constitución, de la personalidad humana y de la forma republicana de gobierno. Señor Presidente: hechas estas consideraciones generales, porque obviamente el tiempo es escaso y tenemos que resumir en quince minutos todo lo que pretendemos trasmitir y manifestar a la hora del debate parlamentario, queremos oficializar en la Cámara algo que ha tomado estado público, porque lo hemos planteado a través de los medios de comunicación y porque hemos avanzado varios legisladores del Parti-

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do Nacional con nuestra propia autoridad partidaria, en función de una comparecencia que aconteció días atrás. En ese sentido, queremos decir con mucha claridad, con mucha serenidad y convicción que estamos en contra de esta ley, que vamos a dar el debate hasta el final y que auguramos que en la sesión del día de hoy no se alcancen las mayorías necesarias para su aprobación; si llegaran a alcanzarse, por supuesto que seguiremos dando la pelea y librando el debate en el Senado cuando allí se aborde el análisis de este proyecto que tendría media sanción, con la esperanza de que llegue a naufragar. Por supuesto, no descartamos en absoluto, aunque tenemos pocas esperanzas, que el Presidente de la República, en caso de que esto llegue a convertirse en ley, ejerza la facultad constitucional y el poder de veto que la Constitución le acuerda en su condición de colegislador. Aunque el Presidente Mujica ha dicho que no está dispuesto a recorrer ese camino, vamos a insistir en que lo haga por los valores que aquí están en juego y por la naturaleza tan especial de la decisión política y legislativa que hoy la Cámara está por adoptar. Queremos decir también, con la misma convicción, que si agotadas todas esas instancias finalmente la hipotética ley, cuyo trámite parlamentario hoy habrá de avanzar, llega efectivamente a completarse, nosotros vamos a promover un recurso de referéndum en contra; ojalá no llegue a aprobarse, aunque eventualmente el Parlamento podría terminar por sancionarla. Cuando se aprueba una norma jurídica de rango administrativo o de rango legal, solo quedan para los administrados y para los contribuyentes dos caminos: consentir esa norma -nos guste o no- o, eventualmente, recurrirla. En el caso de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, el recurso supremo que establece la Constitución de la República para oponerse a una ley que consideramos antijurídica, violatoria de los derechos humanos, como en este caso, es el referéndum. Lo contrario sería simplemente resignarse a asumir una posición pasiva y dar este debate y este proceso por terminado y por resuelto. Nosotros no estamos dispuestos a asumir esa actitud y me atrevo a hablar en nombre de varios legisladores del Partido Nacional, con quienes hemos coincidido en esta posición. Reitero, hace quince días aproximadamente comparecimos al Directorio del Partido Nacional para plantear esta tesitura y recibimos su apoyo en el sentido de avanzar en esta dirección.

Como estamos en contra de la ley y el referéndum es en contra de las malas leyes, vamos a ir por ese camino. Es un tema que divide a la sociedad por mitades y, sin ninguna duda, corta transversalmente a todas las colectividades políticas, más allá de que hay tendencias mayoritarias en cada una de ellas. En el caso de la nuestra, por lo menos en la Cámara, está claro que los legisladores del Partido Nacional actuaremos sin fisuras. Ante esta realidad, nos parece necesario que esto no quede librado a la decisión de una mayoría ajustada y ocasional, como la que probablemente -ojalá que no- se registre en la noche de hoy y, eventualmente, también se manifieste en el Senado. Creemos que hay vida desde el momento de la concepción, como aquí se ha dicho. En función de eso, esa vida concebida tiene una identidad propia, distinta a la de aquellos que le dieron origen y la engendraron. Es una vida con un esquema genético propio, que pide vivir, que pide que se la proteja en su derecho a nacer; y a la hora de la perspectiva de garantizar esos derechos, todos los recursos y todas las alternativas deben ser aprovechadas para oponerse a soluciones que quebrantan o arrollan esos derechos individuales y esas garantías personales. Estamos hablando de una vida que además es continua, que desde que se concibe, sin interrupciones, hasta la muerte sigue siendo la misma en forma permanente. Según dicen quienes saben más que nosotros -está en la versión taquigráfica- que desde la tercera semana de gestación ya tiene un cerebro dividido en sus tres partes, está desarrollando el aparato respiratorio y el aparato digestivo, tiene vasos sanguíneos, corazón que late y, por lo tanto, es inexorablemente vida y debe ser defendida en toda la extensión del término y en función de lo que consagran las normas internacionales, a las que nos referimos hace un momento, y también las normas internas y, en particular, la Constitución de la República. No desconocemos el punto de partida que aquí se ha mencionado, la realidad de los abortos no deseados, de las circunstancias imprevistas e imprevisibles que alteran el proyecto de vida de las mujeres y aun de las familias. No desconocemos los problemas de salud sexual y reproductiva, las circunstancias de los abortos clandestinos, con todo lo que significan y encierran desde el punto de vista de afectar los derechos de la mujer y, por lo tanto, el bienestar colectivo. Nos preguntamos si la solución es esta; sin ninguna duda no lo es.

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A lo largo de este debate ha quedado demostrado que esto, que eventualmente se terminará consagrando en ley en la noche de hoy, es tomar el atajo. Es como si para terminar con los hurtos postuláramos la legalización del hurto. Claro, el hurto sería legal, pero se seguiría practicando. Es como pretender matar un enfermo para curar una enfermedad curable; la enfermedad se curaría, pero mataríamos al enfermo. Aunque para algunos esto pueda resultar algo caricaturesco, creo que es ilustrativo e indicativo de una situación similar, que es la que con relación a este tema nos aflige, no nos gusta y nos interpela. Hoy, a la hora de aprobar esta ley, ese sería el tenor de la solución que se estaría consagrando. La experiencia prueba, demuestra que lo que nosotros afirmamos es así. Fue dicho en la Comisión Especial que nosotros no integramos pero de la que leímos las versiones taquigráficas, y reiterado en esta sesión. Y en ninguno de los dos ámbitos esas afirmaciones fueron rebatidas, en el sentido de que todos los países que recorrieron el camino que hoy preocupantemente el Uruguay estaría por emprender, terminaron por multiplicar el número de abortos que se realizaron muchas de las mujeres embarazadas a lo largo de los años. Me refiero a legales y clandestinos, porque la legalización del aborto tampoco excluyó ni eliminó que se siguieran practicando interrupciones e intervenciones de estas características en forma clandestina. Los Estados Unidos de América, según las estadísticas conocidas, triplicaron el número de abortos. En España, según se afirmó en la Comisión -repito que me he dedicado simplemente a leer las versiones taquigráficas; nadie ha dicho ni probado lo contrario-, las interrupciones voluntarias de la gravidez equivalen al 11% anual, de acuerdo con las cifras conocidas. Francia, que consagra una solución similar a la que contiene este proyecto de ley desde el punto de vista de la intervención de un equipo multidisciplinario, notoriamente también ha visto incrementados los abortos, a pesar de que ha ensayado una fórmula que se supone procura alcanzar un equilibrio entre los derechos de la mujer y el derecho a la vida. Sabemos que ese equilibrio es imposible, porque estas cosas, nos guste o no, hay que plantearlas en negro sobre blanco, porque así son. Francia en los últimos años, y en particular desde que consagró la legislación que hoy rige en esta materia, ha recorrido el mismo camino o se ha visto enfrentada a la misma realidad.

Por todas esas razones, nosotros vamos a votar negativamente este proyecto de ley. Hemos militado en contra; estamos debatiendo y argumentando en contra. Vamos a seguir actuando en concordancia con esta tesitura en las instancias que vayan a venir. Aspiramos a que dentro de poco rato los votos no estén; ojalá que no estén, por la vida y por la calidad de nuestra sociedad. Sin ninguna duda, estos temas no pueden quedar librados a una mayoría circunstancial; hacen a la calidad de la sociedad en la que vivimos. Estos temas califican a las sociedades, para bien o para mal. A nuestro juicio, para mal por la forma y el concepto con que se pretende solucionar este problema. Por lo tanto, reitero que eso no puede ser resorte de una mayoría ajustada, como la que probablemente -ojalá que no- se termine por dar en la noche de hoy. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni. SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero dejar claro que vamos a dar nuestra opinión sobre este proyecto, sin intentar modificar en lo más mínimo ninguna de las posiciones que cada uno de los legisladores tiene. Sabemos que ya tienen su posición tomada y los argumentos no van a incidir en ninguno de ellos para que la modifique. Pero sí importa que cuando vayamos a levantar la mano para dar nuestro voto afirmativo y a apoyar un proyecto, se conozca cuáles son las razones que nos llevan a ello. En segundo término, voy a hacer una aclaración. Quiero dejar claramente establecido que soy totalmente contrario a la práctica del aborto, porque soy consciente, como se ha dicho, que la interrupción del embarazo es, en definitiva, la muerte de aquel ser que vive desde el mismo momento de la concepción. No lo comparto. En consecuencia, soy totalmente contrario a la práctica del aborto. En tercer lugar, quiero aclarar cuáles son las posiciones que el Frente Amplio sustentó a lo largo de estos últimos años respecto a este tema. Quiero recordar que la posición que se asumió en el Congreso Zelmar Michelini -realizado en diciembre de 2008- y luego la plataforma electoral -es decir, el compromiso establecido frente a la ciudadanía para el acto electoral correspondiente al período de gobierno

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2010-2015-, fue que el Frente Amplio comprometía la despenalización del aborto y no su legalización. Eso motivó que cuando recibimos el proyecto del Senado que, a nuestro juicio, era legalizador del aborto, dijimos que así como estaba no lo podíamos votar. Por último, también como aclaración, quiero decir que sobre los textos y los acuerdos, las interpretaciones pueden ser diversas porque, si así no fuera, estaríamos negando la fuente de trabajo a los abogados. Uno toma un texto y otro toma el mismo texto, y lo interpretan en forma distinta. Pero, a nuestro juicio, lo que ocurre con esta iniciativa es que ni siquiera se despenaliza el aborto, porque los artículos 325 y 325 bis del Código Penal seguirán tan vigentes y campantes como ahora. Lo que se hace es eximir de pena a quien transite por determinado circuito, que es el que marca la ley. Entonces, lo que se está haciendo no es despenalizar el aborto. La penalización puede continuar para quien no cumpla esto. Por consiguiente, lo único que se está haciendo es eximir de la pena a quien transite el circuito que la ley va a establecer. En el debate de esta sesión hemos escuchado cifras, artículos de la Constitución, leyes y citas de convenios, acuerdos y pactos internacionales, pero tal vez lo que nos tiene que importar como Cuerpo legislativo es partir de la realidad que existe en el país. Se ha hablado en el plenario de la cantidad de abortos que hay. En el informe en mayoría de la Comisión que hizo el señor Diputado Posada decía que no existe ningún dato cierto, valedero, para decir cuántos abortos se realizan en el país en un año. Se habla de treinta mil abortos, de treinta y tres mil abortos. No importa; no quiero inflar las cifras pero, seguramente, lo que está claro es que son un montón y que tal vez sean más de veinte mil abortos. Ahora, yo pregunto, habiendo esa cantidad, con un acto como este, con el camino del aborto penalizado como hoy está, ¿conocemos qué cantidad de mujeres que incurrieron en el delito que está penalizado hoy están presas? Esa es la realidad. Entonces, como bien se dice, todo el mundo -más allá de la posición que ocupe en la sociedad- conoce estos hechos. Lo decía el señor Diputado Vega Llanes en su intervención respecto a las clínicas que existen en tal o cual lado: todo el mundo, en los diferentes niveles, chifla, mira para arriba y desconoce lo que está ocurriendo hoy. Entonces, a esa realidad hay que ponerle algún freno para, por lo menos, corregirla, porque la pre-

gunta es, ¿quién defiende a ese ser inocente que hoy está muriendo como consecuencia de los abortos que se realizan en el país? ¿Cuál es el camino? ¿Qué se está indicando? ¿Qué se está planteando? Lo único que en principio vemos es lo que hoy tenemos sobre la mesa y sobre lo que estamos debatiendo. La otra pregunta que a veces también es bueno formularse es la siguiente. Hoy, por el hecho de que el aborto esté penalizado, ¿existe alguna mujer que convencida o dispuesta a abortar deje de hacerlo en razón de que está penalizado? Por favor, me parece que la respuesta cae por su propio peso. Por temor a la pena, no hay ninguna mujer que deje de hacerlo. Buscará los caminos que tenga a su alcance y, como muy bien se ha dicho, las que tienen situaciones económicas mucho más deterioradas, sin ninguna duda, tendrán consecuencias mucho más graves, tanto para su propia vida como para la salud posterior al acto del aborto realizado. Si bien se habla de este tema desde el momento en que se lo penalizó, en el año 1938, no tenemos ninguna duda de que en los últimos treinta o treinta y cinco años se ha debatido, sin haber llegado nunca a ninguna conclusión positiva, salvo la aprobación del proyecto del año 2009, que luego recibió el veto del Poder Ejecutivo. En el tema no hemos avanzado; no hemos tomado ninguna resolución positiva. Lo que me importa señalar es que el proyecto que vino del Senado -que, en primer lugar, no contemplaba las resoluciones del Frente Amplio que recién mencioné- era, a mi juicio, en contra de la vida porque, si bien preservaba la vida de la mujer que abortaba, el aborto era por su sola voluntad, establecido por ley. Entonces, al darle el derecho a hacerlo por ley, significaba que se legalizaba el acto del aborto. El proyecto que hoy estamos debatiendo, a mi juicio, es en defensa de la vida, porque preserva, precisamente, que aquella mujer convencida de llegar al aborto -no la va a mover nadie de su posición a abortar, porque la tiene firmemente tomada-, lo pueda realizar con garantías para su vida y para su salud futura. Además, el circuito que plantea la ley en sus diferentes artículos -fundamentalmente, el de la Comisión- hace que, sin ninguna duda, un montón de mujeres pueda llegar a no abortar, luego de recibir la información, el asesoramiento y las alternativas que se le planteen, teniendo en cuenta los apoyos que se le

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puedan dar, pero sumado también a las presiones del entorno de esa la mujer. Sabemos, y lo han expresado los técnicos que estuvieron en la Comisión, que en muchísimos casos no es la embarazada la que toma la decisión, sino que son las presiones del entorno las que la llevan a ir en contra hasta de su propia voluntad. Quiero decir que no tenemos ninguna duda de que estamos ante un mecanismo que va a disminuir el número de abortos que hoy se hacen en el Uruguay. Pero la pregunta es otra más -no formulada al Cuerpo, sino a la sociedad-: ¿alguien cree que aquella mujer que recurra a lo que esta norma establece, formará parte de una nueva situación que se sumará a las veinte mil o treinta mil que ya recurren al aborto? ¿O estará, sin ninguna duda, incluida en la situación actual y lo hará con determinadas garantías que hoy no tiene? En consecuencia, además del establecimiento de una comisión, de las herramientas que se darán y de que se pueda lograr que algunas mujeres desistan de su decisión inicial, este mecanismo tendrá la virtud de que va a ser evaluado, ya que se va a llevar un registro. Por consiguiente, el proyecto que hoy vamos a votar -seguramente será aprobado- permitirá evaluar la situación en un período determinado; podremos decir: “Estos son los resultados”. Me consta, por las comisiones que han trabajado en este tema, que hoy se puede hacer evaluaciones altamente positivas en cuanto a la cantidad de mujeres que han desistido de su posición inicial de llegar al mecanismo del aborto. También se ha dicho que esto no soluciona el problema. ¡Por supuesto que esta ley no va a resolver el problema de los abortos que se hacen en el país! Sí va a mejorar la situación y, como recién decía, tendremos elementos que nos van a permitir medir la eficacia de lo que establece. Por otra parte, si analizamos el texto de este proyecto advertiremos que es producto de un acuerdo político a la interna de nuestra fuerza política y, además, con el Partido Independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta iniciativa no está expresado el 100% de nuestra posición ni el 100% de alguna de las posiciones de los intervinientes en este acuerdo, porque cuando uno se sienta a acordar debe estar dispuesto a defender sus posiciones y, también, a aceptar lo que proponen quienes tienen iguales derechos que nosotros. Si bien en este proyecto no está

expresado el 100% de nuestra voluntad, es un paso adelante que estamos en condiciones de dar y una mejora notoria en la situación del país. Por consiguiente, vamos a votar afirmativamente este proyecto, y lo vamos a defender donde corresponda. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SEMPRONI.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Muchas gracias, señor Presidente. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Souza) ——Algunos de los Diputados preopinantes terminaron su intervención con una cita, yo voy a empezar con una: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”. Estas son palabras del doctor René Favaloro. (Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Souza).- La Mesa solicita que la persona que ha proferido los gritos sea retirada de la barra, como corresponde. Puede continuar la señora Diputada Susana Pereyra. SEÑORA PEREYRA (doña Susana).- Señor Presidente: como decía, estas son palabras del doctor René Favaloro, una persona que estuvo muy lejos de no defender la vida y de no pelear siempre por la vida de los argentinos y de muchos uruguayos que viajaron a Argentina para ser atendidos en su fundación. Quiero decir que este no es el proyecto que nosotros quisiéramos, pero es el fruto de un acuerdo que logramos, como bien dijo el señor Diputado que

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me concedió la interrupción. Esta iniciativa no legaliza el aborto; lo despenaliza. Para muchas mujeres es un avance importantísimo. Yo veo el medio vaso lleno: esta medida representa un avance sobre todo lo que existe hasta el momento. Quienes más se exponen a la muerte por prácticas clandestinas son las mujeres pobres. A partir ahora se estarían superando estas situaciones. Creo que este proyecto permite avanzar, que el sistema sanitario se fortalezca y que superemos situaciones que tanto nos duelen. Pero debemos estar atentos y ver que no haya fallas. Si se aprueba este proyecto -que contará con mi voto sin dudas y sin culpas-, se abrirá una etapa de seguimiento por parte de las organizaciones de mujeres y de todos aquellos que trabajan para garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Por lo tanto, también va a representar un fortalecimiento para la sociedad en su conjunto. Además, para quienes estamos de acuerdo con esta medida, aprobarlo será demostrar lealtad con las mujeres que representamos. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Souza).- Puede continuar el señor Diputado Semproni. SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: he terminado. Muchas gracias.

11.- Trabajadores de Arteva S.A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por hasta ciento ochenta días el subsidio por desempleo).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Trabajadores de Arteva S.A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por hasta ciento ochenta días el subsidio por desempleo)”. (ANTECEDENTES:) Rep. Nº 996 “PODER EJECUTIVO Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Economía y Finanzas Montevideo, 20 de julio de 2012. Señor Presidente de la Asamblea General Cr. Danilo Astori: El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un proyecto de ley referente a extensión de seguro por desempleo de los trabajadores de la empresa ARTEVA S.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proyecto de ley que se acompaña es una respuesta a la situación económica por la que atraviesan más de cien trabajadores -la mayoría de ellos jefes de familia- de la empresa ARTEVA S.A. que le ha impedido retomar la actividad en forma regular. ARTEVA S.A. -empresa que operara en Montevideo desde su fundación en 1999- y dedicada a la fabricación de alimentos a partir de pastas de pescado estabilizada (surimi), producía para el mercado local y la exportación. Poco antes de que la fábrica dejara de producir, además de abastecer al mercado local y Brasil, exportaba el producto a otros países de América (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú), a la Unión Europea (Francia, Italia, Letonia y Estonia) y Asia (Israel). Dicha empresa, envió oportunamente, su personal al seguro por desempleo por la causal suspensión total, y luego de haberse agotado la cobertura legal, fue sucesivamente prorrogada por resoluciones del Poder Ejecutivo, en uso de las facultades previstas en el inciso 2do del artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399 del 24 de octubre de 2008.

10.- Urgencias.
SEÑOR PRESIDENTE (Souza).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Asti, Cantero Piali y Caram. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto ‘Trabajadores de Arteva S.A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por hasta ciento ochenta días el subsidio por desempleo)’. (Carp. Nº 1894/012). (Rep. Nº 996/012)”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

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Tales prórrogas se han autorizado con el objetivo de procurar contribuir a la reinserción laboral de los trabajadores afectados, quienes con el asesoramiento de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) se han agrupado en la Cooperativa de Trabajo KANI MAX. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Unidad de Apoyo a Empresas Recuperadas por Trabajadores está realizando un Estudio de Prefactibilidad del proyecto de reactivación de la ex Empresa ARTEVA. El objetivo principal de la Cooperativa es el recuperar los mercados que tenía ARTEVA tanto a nivel local como en el exterior aunque conscientes de que ello -en principio- sea en volúmenes sensiblemente menores. También se considera que están en condiciones de fabricar un producto similar, tanto en calidad como en precio, al que se estaba realizando antes del cierre de la empresa. El proyecto también contempla la necesidad de contratar profesionales en el área de comercialización, ventas y comercio exterior. La promoción del presente proyecto de ley, pretende ser uno mas de los aportes que el Estado realiza a fin de procurar la reactivación económica y la consiguiente conservación de puestos de trabajo genuino, que en este caso particular, se podrá verificar con la extensión del seguro de paro, que se somete a consideración del Cuerpo Legislativo. Por las razones y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, el que se estima de vital importancia para posibilitar la definitiva reinserción laboral de los trabajadores involucrados, cuyo sustento depende de ello. Saludamos a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración. JOSÉ MUJICA, EDUARDO BRENTA, FERNANDO LORENZO. PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de ARTEVA S.A. en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el

goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del DecretoLey Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008). La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos. Montevideo, 20 de julio de 2012. EDUARDO BRENTA, FERNANDO LORENZO. CÁMARA DE SENADORES La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de ARTEVA S.A., en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008). La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de setiembre de 2012. DANILO ASTORI Presidente HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Secretario”. ——Léase el proyecto. (Se lee) ——En discusión general. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

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En discusión particular. Léase el artículo 1º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y dos en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2º. (Se lee) ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA. Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. SEÑOR ASTI.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Souza).- Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y cuatro en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. (No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

dad Social (IASS) a los ingresos anuales correspondientes a jubilaciones y pensiones hasta ciento sesenta y ocho bases de prestaciones y contribuciones. C/1908/012 A la Comisión de Hacienda.

El señor Representante Richard Sander presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar un plan de financiamiento de los adeudos de los contribuyentes del Impuesto de Enseñanza Primaria. C/1909/012 A la Comisión de Hacienda”.

13.- Proyectos presentados.
A) “IMPUESTO DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL (Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar del pago a los ingresos anuales correspondientes a determinado rango de jubilaciones y pensiones). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a los ingresos anuales correspondientes a jubilaciones y pensiones hasta 168 BPC (ciento sesenta y ocho bases de prestaciones y contribuciones), de acuerdo a la escala prevista en el artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008. Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 8° de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 8º. (Tasas progresionales).- Las alícuotas del tributo se aplicarán de forma progresional. A tal fin el total de ingresos gravados se incluirá en la escala a que refiere este artículo, aplicándose a la porción de ingreso en cada tramo la tasa que corresponda, de acuerdo con el siguiente detalle: Ingresos anuales por jubilaciones y pensiones Hasta 168 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) Más de 168 BPC y hasta 180 BPC Más de 180 BPC y hasta 600 BPC Más de 600 BPC Tasa Exento 10% 20% 25%”

12.- Asuntos entrados fuera de hora.
Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Sander. (Se lee:) “Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. (Se lee:) “PROYECTOS PRESENTADOS El señor Representante Richard Sander presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto de Asistencia a la Seguri-

Montevideo, 25 de setiembre de 2012. RICHARD SANDER, Representante por Rivera.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a los ingresos anuales correspondientes a jubilaciones y pensiones hasta 168 BPC y propone modificar el articulo 8º de la Ley Nº 18.134, adaptando a la realidad nacional presente, la exoneración del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social para el renglón más bajo de jubilados y pensionistas, pasando de 96 BPC anuales a 168 BPC anuales. Consideramos que esta modificación no implica una merma significativa a los ingresos del Estado devengados por la aplicación del Impuesto referido, pero si un alivio muy sustancial a aquellos que aportando toda una vida a la previsión social, hoy están obligados también a seguir aportando vía impositiva. Montevideo, 25 de setiembre de 2012. RICHARD SANDER, Representante por Rivera”. B) “IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA (Se faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar un plan de financiamiento de los adeudos). PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar el saldo de los adeudos al Impuesto de Enseñanza Primaria a través de un plan a que puedan acogerse los contribuyentes dentro de un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir de la promulgación de la presente ley. Artículo 2°.- Dicho plan de financiación no podrá exceder el máximo de 18 (dieciocho) cuotas iguales, mensuales, siguientes y consecutivas. Artículo 3°.- Los contribuyentes que se acojan al plan del artículo 1° de la presente ley no le serán aplicados multas, recargos ni sanciones tributarias. Artículo 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un plan de bonificación para los contribuyentes buenos pagadores que no registren atraso en los últimos dos años, con una bonificación anual que no excederá el 10% (diez por ciento) anual. Montevideo, 25 de setiembre de 2012. RICHARD SANDER, Representante por Rivera. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presente proyecto tiene como propósito el facilitar al Poder Ejecutivo, a través del consenso político del Parlamento (representante de la voluntad popu-

lar), el establecer una vía de regulación en el cobro y aporte del Impuesto de Enseñanza Primaria. Si bien en el contexto del proyecto el beneficiado es el contribuyente, tanto aquel moroso que regularice su situación como aquellos que son buenos pagadores, el destinatario, no obstante, son los niños de nuestro país. Conforme a los cuadros proporcionados por ANEP en la Síntesis Conceptual 2011 de la Rendición Social de Cuentas, presentada a julio de 2012, se señala que la población en Educación Inicial y Primaria asciende a 356.091 alumnos distribuidos en 1935 escuelas y jardines con Educación Inicial, de los que 959 corresponden a Escuelas Rurales. El 72,2% del Impuesto de Enseñanza Primaria se destina a Alimentación Escolar. Asimismo, en la página 93 del Tomo 1, ANEP Rendición de Cuentas Ejercicio 2011, bajo el título “Recuperación de la Deuda Vencida” señala que: en el período 2010-2014 se desarrollaron actividades tendientes a reducir los indicadores de morosidad, focalizándose en los Departamentos de Montevideo y Maldonado, y en esa línea en 2011 se centraron los esfuerzos en las gestiones judiciales y extrajudiciales de recuperación de deudas vencidas. De acuerdo a esto, las deudas oscilan entre $ 4.000 y $ 100.000 en un total de 24.000 padrones morosos de Montevideo y Canelones. Mientras que las deudas en el departamento de Maldonado superan los $ 100.000. Y concluye, que el total de la deuda regularizada ascendió a $ 70.147.370. Tengamos en cuenta la insuficiencia, ya que de acuerdo a la información suministrada por la “Gerencia de Recursos Propios” del CODICEN de la ANEP remitida a la Cámara de Representantes con fecha 22 de marzo del corriente, la deuda total acumulada se ubica en $1.264 millones. El legislador debe ser centro de unión entre la ciudadanía y los responsables del Gobierno, y si bien el Poder Ejecutivo tiene de por sí la potestad de instrumentar individualmente la propuesta, conside-ramos que cumplimos con nuestro deber al facultarle un instrumento que genere un doble aliciente a la democratización del conocimiento y la educación. Ya que por una vía reporta en una conciencia impositiva del contribuyente en que debe pagar, y en el para qué paga, y por otra vía en la sustentabilidad del apoyo educativo y alimenticio a los uruguayos que cursan estudios primarios. Montevideo, 25 de setiembre de 2012. RICHARD SANDER, Representante por Rivera”.

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14.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señor Presidente… SEÑOR VÁZQUEZ.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SANDER.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Souza).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR VÁZQUEZ.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero aclarar que las siguientes palabras surgen de mis profundas convicciones batllistas y de principios inculcados en mi familia. Por lo tanto, no tienen ningún viso de hipocresía. Una vez más, el Parlamento se encuentra ante la disyuntiva de dirimir un tema de particular relevancia y sensibilidad, que tiene características éticas, científicas, jurídicas. Para ello se ha presentado el proyecto denominado “Interrupción voluntaria del embarazo” del cual, a mi juicio, no surgen fundamentos éticos ni científicos -como recién mencionábamos- como para llevarlo adelante, y sí pone en discusión los aspectos legales que hoy rigen esta práctica. Quienes rechazamos este proyecto de ley y lo votaremos en contra sí consideramos los argumentos científicos, legales y éticos. Por ello quiero traer a colación los argumentos expuestos por el ex Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, cuando oportunamente vetó un proyecto que tenía características similares. El fundamento del ex Presidente era el siguiente: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación “in vitro” y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) ——El conocimiento científico, que avanza cotidianamente, confirma que a las tres semanas el embrión ya tiene un cerebro divido en tres secciones principales, se están desarrollando los aparatos digestivo y respi-

ratorio, se han formado vasos sanguíneos y su corazón ha empezado a latir. Hacia la cuarta semana se identifican el cerebro, la médula espinal y el corazón, que late 113 veces por minuto. Al primer mes aparecen los brazos y días más tarde las piernas, es decir, los miembros superiores e inferiores. Durante los meses subsiguientes sigue su evolución hasta el momento de su nacimiento, cuando ya es un bebé y sale a la luz. Además de no tener fundamentos científicos, este proyecto es inconstitucional, dado que, como se dijo reiteradamente, viola el artículo 7º de la Constitución, que establece que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. También viola el artículo 8º, que establece que las personas son iguales ante la ley; el artículo 40, según el cual el Estado velará por la estabilidad moral y material para la formación de los hijos; el artículo 42, que establece los deberes que tienen para con sus hijos los padres que, dicho sea de paso, en este proyecto son totalmente discriminados; y el artículo 44, que establece que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de los habitantes de la República. El artículo 72, que enumera los derechos, deberes y garantías establecidas en la Constitución, no excluye los que son inherentes a la personalidad humana. Quiero traer a colación un comentario de otro referente del oficialismo, el doctor José Korzeniak, quien afirma: “Desde el punto de vista biológico, el derecho a la vida supone el derecho a nacer, a existir, a sobrevivir y este derecho no admite en caso alguno, limitación ni aun por vía legislativa y aún cuando sea por razones de interés general”. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——¿Me permite otra interrupción, señor Diputado Sander? SEÑOR SANDER.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Vázquez. SEÑOR VÁZQUEZ.- Por si esto fuera poco, el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido

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por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. A su vez, la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestro Derecho por Ley Nº 16.137 dispone: “Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la protección legal, antes como después del nacimiento”. Según el artículo 26 de la Convención de Viena, Uruguay está obligado a cumplir con esta norma, que establece que la vida humana tiene protección legal desde el momento de la concepción y toda afectación de ella es ilegítima. Podríamos seguir citando argumentos de orden técnico sobre las características científicas y legales que fundamentan nuestra posición. En cambio, los impulsores del proyecto solo especifican creer en su propuesta, es decir, estiman, consideran, suponen que el proyecto es un acierto, pero no existe una fundamentación realista como la expuesta por parte nuestra y, reitero, ni siquiera toman en cuenta la opinión del progenitor masculino. No pueden ser fundamentos para llevar adelante este proyecto circunstancias como la pobreza y la marginalidad, como se dijo hace un momento. Para ello, nuestro Estado tiene, desde siempre, legislación apropiada -que, por supuesto, se puede ampliar- para la mujer que vive en esta situación. Además, me parecen lamentables los consejos que muchas veces se da a las embarazadas que, por distintos motivos, tienen temor de dar a luz y son inducidas a provocarse el aborto. Tenemos denuncias de quienes se han sentido presionadas para abortar, lo que les provocó graves secuelas psicológicas y orgánicas. Entonces, legalizar el aborto provocará su aumento, como indica la experiencia que se ha llevado adelante en otros países. En consecuencia, reitero que mis convicciones batllistas y, por tanto, humanísticas me inspiran para estar radicalmente en contra de este proyecto en discusión. No seré cómplice del cercenamiento de una vida humana. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señor Presidente… SEÑOR DINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANDER.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR DINI.- Señor Presidente: está la Cámara de Diputados, como siempre, frente al tratamiento de un tema muy importante, aunque este genera extrema sensibilidad y es muy delicado. Debo confesar que el señor Diputado Amado y el Diputado Pérez Brito, por el Frente Amplio, me han tocado el corazón. Hemos escuchado a todos con atención. Naturalmente, la palabra que emerge de médicos, en este tema, de cara a su tenor social, es mucho más autorizada que la mía. De todas maneras, tenemos nuestra concepción, nuestra opinión, nuestra definición y nuestra decisión. Vamos a votar en contra del proyecto de despenalización del aborto. Sin duda que hay que estar en los zapatos, en el baile de una persona, sobre todo si es joven, que se enfrenta a la encrucijada, a ese cruce de caminos de un embarazo no deseado. Como se ha dicho, una de las premisas en las que se sustenta el voto a favor de este proyecto -aclaro que no por votar en contra me siento más probo, más solidario o más bueno que quienes lo hacen a favor; respeto profundamente sus convicciones y pensamientos, aunque discrepe con ellos- es evitar los abortos clandestinos. Puede ser que eso suceda en una ciudad como Montevideo, donde puedo habitar en el apartamento 102 y no saber quién vive en el 101; carezco de esa experiencia pero, ¿se imaginan que en ciudades como Rocha, Mercedes, Artigas, Tacuarembó, mucho más pequeñas, donde todos nos conocemos, una pareja, con o sin alianza, o una señorita, acompañada fugazmente en ese episodio, no deseado e ingrato, por su novio, sus padres o una señora, se va a presentar al hospital o a la mutualista a pedir que se le practique el aborto? No lo van a hacer, por temor al “qué dirán”, al estigma, y lamentablemente seguirán viajando a las ciudades limítrofes con Brasil. Son experiencias que hemos vivido, que conozco de mentas desde mi niñez y adolescencia, por vivir en una ciudad norteña. Esto no debe ser una puja entre creyentes -me incluyo- o ateos. Debe ser una lucha vital, por la vida, y por ella es que vamos a votar, en paz y con tranquilidad, por la no despenalización del aborto. Muchas gracias.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Sander. SEÑOR SANDER.- Señor Presidente: ya fundamentamos nuestro voto negativo a este proyecto cuando interrumpimos al señor Diputado Cantero Piali. Por lo tanto, hemos finalizado nuestra intervención. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada Tourné. SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: voy a realizar algunas constataciones antes de fundar mi posición. En primer lugar, quiero manifestar mi profundo reconocimiento a la Comisión que trabajó en el tema, cualquiera sea la posición que los legisladores que la integraron hayan sostenido, porque fue un gesto democrático, a conciencia, profundo. Como dijo mi compañera la señora Diputada Laurnaga, se recibió a todo aquel que quiso concurrir, sin pedir acreditaciones o representaciones. Me parece una muy seria señal por parte de una Comisión de este Parlamento. En segundo término, es la tercera vez que participo en estas discusiones y mantengo mi postura hace mucho tiempo. Quien habla no cree que el aborto deba ser un método de anticoncepción -lo he dicho desde mi primera intervención en este tema- y cree que hay que trabajar profusamente por evitar el aborto inseguro. Se han deslizado comentarios en Sala, diciendo algunas verdades a medias, como que las mujeres de los estratos sociales más vulnerables son las más castigadas por la muerte, porque como no tienen recursos económicos, recurren al aborto inseguro. Eso es verdad, pero falta decir la otra mitad: las mujeres de recursos económicos bajos son las que menos recurren al aborto. Eso también es parte de la verdad y hay que decirlo. Porque toda esta discusión, obviamente, implica que nosotros, las personas, tenemos grandes contradicciones con respecto a este tema y lo peor que podemos hacer en esta Sala, si nos creemos dignos Representantes de nuestro pueblo, es eludirlas. Es muy fácil refugiarse en el dogma y la verdad absoluta para eliminar la contradicción y la dureza que uno siente frente a este tema. A mí me sucede y lo asumo desde la contradicción. ¡No creo que existan los buenos, por un lado, y los malos asesinos, por el otro! Esa me parece una afirmación maniquea. ¡Maniquea! ¡Lo único que se ha logrado con llenar este te-

ma de satanización, de moralización y de culpa es empujar a las mujeres al aborto de riesgo, porque no se puede hablar, porque no se puede decir, porque es pecaminoso! Entonces, como no se puede hablar, recurren desesperadamente a lo que pueden. Creo que desmoralizar este tema es un gran avance: que se pueda hablar con libertad, que se pueda consultar, que se pueda optar. ¡Y en nada va a eliminar nuestra contradicción! Como se dijo muy bien en Sala -estoy de acuerdo-, la ética, la moral, la opción de fe que cada uno de nosotros tenga, es una opción particular. ¡El Estado no puede imponer ética a nadie! ¡Tiene que garantizar la libertad más absoluta de conciencia! ¡Acá no hay una ética mejor que otra! ¡Acá, si hay libertad de conciencia, se respeta! ¡Con qué derecho se levanta el dedo para condenar mujeres desde el banquillo de “soy el puro”! ¡Con qué moral! ¡Desde qué lugar! He escuchado comentarios que me asombran. Francamente, me asombran, desde lo humano, desde la profunda contradicción que siento, señor Presidente, ¡desde el dolor que este tema me provoca! ¿Cómo vamos a hablar de la responsabilidad de las mujeres? Pero, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué creen los integrantes de esta Cámara? ¿Que las mujeres salen corriendo a hacerse un aborto por día? ¿Qué no les importa nada? Pero, ¡por favor! Es atroz que se pueda decir esto, pretendiendo representar la voluntad ciudadana. ¿No han hablado con alguna mujer? ¿No conocen algún caso? ¿Somos tan irresponsables que en la primera opción que pensamos es ir a hacernos un aborto? ¡Por favor, no discutamos desde la moralina estratosférica; discutamos en la realidad, que es confusa, contradictoria, nos retuerce el alma y nos pone en situaciones dificilísimas! ¿Por qué, si aceptamos esto con relación a otros temas, no lo podemos aceptar en este? ¿Por qué no aceptamos la contradicción brutal que algunas mujeres tienen que vivir? ¿Por qué si hablamos de la unicidad y de la particularidad que tenemos como seres humanos, no aceptamos la unicidad y la particularidad de ese momento de la vida que, frente a determinada situación, lleva a la mujer a tomar una decisión de este tipo? ¿Realmente alguien en esta Sala cree que cuando una mujer llega a esa decisión lo hace en medio de la frivolidad y el desprecio por la vida que lleva en su cuerpo? Quiero que lo digan explícitamente. Yo no lo creo. No he conocido ningún caso; ninguno. Y no me siento en condición de levantarme en la madre de la moral de los uruguayos

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y las uruguayas para decir quiénes son los que defienden la vida y quiénes los asesinos. Nos referimos a que hay que hablar con respeto en esta Cámara. Y yo respeto profundamente a quienes, convencidos de defender la vida, enfrentan cualquier sacrificio y llevan adelante la vida de su hijo. Los respeto profundamente. ¡Con esta ley no les estoy imponiendo la obligación de hacerse un aborto! ¡Respeto su convicción, respeto su libertad de conciencia, respeto su opción! Entonces, ¿por qué no puedo respetar la de otras en igual condición? ¿Por qué tengo que elegir respetar una opción y otra no? ¿Qué ley lo establece? El señor Diputado Amado decía con total seriedad y enfrentando la realidad -a veces cuando venimos a esta Sala se nos escapa, se nos nubla- que hay un consenso social que permite que los abortos se hagan, perjudicando a las más vulnerables, porque a las que tienen plata no les pasa nada, más allá de su duelo interno, que también lo sufren, lo padecen. En estos últimos años no he sabido de ninguna mujer condenada por la ley vigente; tampoco puedo afirmar que haya detenido el aborto. Por lo tanto, la ley vigente no sirve, no se adecua a nuestra realidad, no cumple con su cometido para nada. Realmente, a veces es mucho más tranquilizador tener un pensamiento lineal y decir “esto es lo bueno, y acá están los malos”, en lugar de vivir la fuerza de la complejidad que estos asuntos tienen en la vida misma, en ese momento que está viviendo esa mujer, que es particular, que es único y que tiene sus particulares y únicas razones, que debemos respetar. Todo lo que sea ocultar, moralizar, demonizar, culpar, satanizar, empuja al aborto inseguro. Es lo contrario de lo que se cree: empuja al aborto por el miedo, por la prisión que implica no poder hablar, por la imposibilidad de enfrentar ese dolor y conversarlo sanamente para buscar otras opciones. Por eso hay que hacerse cargo de la incomodidad y de la contradicción en la que este tema nos pone. Jamás discutí que estemos hablando de la vida. ¡Jamás lo negué! Pero hay que comprometerse. Pilatos generó lo que generó, señor Presidente. Quiero leer algo para demostrar qué compleja es la vida cuando coloca en esta situación a mujeres til-

dadas de irresponsables, cuando se dice que al votarse este proyecto van a salir todas corriendo a abortar, lo que es un insulto a las mujeres y un desconocimiento total de su responsabilidad. Esta carta ha sido publicada por voluntad de su autora en un documento. Dice así: “Llegué a emergencias gritando de dolor, contracciones que golpeaban mi vientre al compás de una marcha fúnebre, desde hacía ya tres horas. Me llevó mi hermana a las 3 de la madrugada a la policlínica de La Paloma. Demoraron en abrir la puerta, luego al recibirnos una enfermera, me pidió que no gritara, me pidió los datos dos veces, llamó al doctor que apareció entredormido y el doctor me preguntó los datos nuevamente. Me preguntaron qué me pasaba y yo les dije que me había practicado un aborto en mi casa, con dos pastillas que por vía vaginal introduje lo más cerca posible de mi útero. La enfermera nos dio una charla moralista, siendo discriminadas ambas por ser solteras y no tener hijos. Pasó una hora antes de que me dieran un calmante y dos hasta que me trasladaran al hospital de Rocha.- Finalmente pasé 36 horas en el hospital internada, en el intermedio se me practicó un legrado. Logré lo que quería, me costó cinco horas de un inmenso dolor físico, el que una vez superado y a los días, le sobrevino el dolor de un inesperado duelo, el de un vacío inmenso, el peso eterno de mi arrepentimiento.- Ya pasaron 20 días desde esa noche en que tomé las pastillas. Me preocupé por reflexionar mucho sobre todo y ser lo más honesta posible conmigo misma. Y en ello he buscado las causas de tal decisión, las mismas están arraigadas en la historia de mi familia, en mi educación y contexto sociocultural, en la situación concreta y la ausencia y abandono que sufrí por parte de mi compañero. Todas esas causas validan mi decisión desde lo complejo humano. Hace 10 días yo sabía que estaba arrepentida y sabía que la decisión que había tomado era objetivamente práctica e inteligente. Ambas nociones son tan ciertas como contradictorias”. Esto es lo que no estamos dispuestos a asumir. Ambas nociones son tan ciertas como contradictorias. Y acá se trata de tomar una decisión que favorezca la determinación consciente y responsable que siempre toman las mujeres, se trata de ayudarlas en el proceso, de darles otras alternativas, de bajar el aborto inseguro, de dejar la culpa, de dejar la satanización, de dejar la moralización para abrir las puertas a la verdad, para que se pueda hablar, para que se pueda decidir. Yo estoy segura de que si esto es posible,

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disminuirá el aborto inseguro. El que exprese en esta Sala que una mujer se practica alegremente un aborto, no tiene la menor noción de lo que está diciendo. Gracias, señor Presidente.

(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el 26 de setiembre, el motivo es personal, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, CARLOS VARELA NESTIER Representante por Montevideo”. “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por ésta vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, lo saluda atentamente, Jorge Patrone”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que por ésta vez no he de aceptar la convocatoria, la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante. Sin más, lo saluda atentamente, Jorge Iribarnegaray”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray.

15.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Carlos Varela Nestier, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Mauricio Guarinoni. Del señor Representante José Andrés Arocena, por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Germán Lapasta. Del señor Representante Darío Pérez Brito, por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Corujo. Visto la licencia oportunamente concedida en misión oficial al señor Representante Mario Silvera, por el período comprendido entre los días 2 y 12 de octubre de 2012, y ante la denegatoria del suplente de asumir la representación, convóquese al suplente siguiente, señor Walter Campanella”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

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ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Patrone y Jorge Iribarnegaray. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señor Mauricio Guarinoni. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo al Cuerpo que tan dignamente preside para solicitar licencia, por motivos personales, por el día de la fecha. Sin otro particular, saluda atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por ésta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda atentamente, Nelson Pérez Cortelezzi”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nelson Pérez Cortelezzi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nelson Pérez Cortelezzi. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Germán Lapasta. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 25 de setiembre, por motivos personales. Sin más, lo saluda atentamente, DARÍO PÉREZ BRITO Representante por Maldonado”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez Brito. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez Brito, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1813, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Corujo. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por medio de la presente solicito a usted licencia entre los días 2 y 12 de octubre del corriente año, de acuerdo al literal C), del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, a efectos de concurrir, en mi calidad de miembro del Grupo de Amistad Parlamentaria Uruguay-Azerbaijan, al “Baky International Humanitarian Forum”, a realizarse en la ciudad de Bakú (República de Azerbaijan) entre los días 4 y 6 de octubre de 2012. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, MARIO SILVERA Representante por Treinta y Tres”.

“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por ésta única vez no acepto la convocatoria por usted realizada. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, José Amaro”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por ésta única vez no acepto la convocatoria por usted realizada. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Ramón Da Silva”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por ésta única vez no acepto la convocatoria por usted realizada. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Elías Fuentes”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por ésta única vez no acepto la convocatoria por usted realizada. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Edgardo Mier”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Comunico a usted que por ésta única vez no acepto la convocatoria por usted realizada. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, María Eugenia Rodríguez”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: I) La licencia en misión oficial oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Mario Silvera por el período comprendido entre los días 2 y 12 de octubre de 2012. II) Que la Cámara de Representantes con fecha 18 de setiembre de 2012, convocó al señor José Amaro para ejercer la suplencia correspondiente. III) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente convocado, señor José Amaro. IV) Que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, los suplentes siguientes, señores Ramón Da Silva, Elías Fuentes, Edgardo Mier y María Eugenia Rodríguez. RESULTANDO: Que procede convocar para ejercer la representación referida al suplente siguiente. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señores, José Amaro, Ramón Da Silva, Elías Fuentes, Edgardo Mier y María Eugenia Rodríguez. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 2 y 12 de octubre de 2012, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 8, del Lema Partido Nacional, señor Walter Campanella. Sala de la Comisión, 25 de setiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

En segundo término, yo no soy víctima de ninguna hipocresía. Tengo realismo y actúo en la Cámara con la responsabilidad que supone ocupar una banca en representación de ciudadanos que nos votaron. Por ese motivo tengo que actuar con lealtad a mis convicciones políticas cuando estas son aplicables a los temas en discusión y en relación con mis convicciones éticas cuando estas son aplicables a la discusión del tema que analizo. No es la primera vez que ingresamos al debate sobre el aborto ya que, en definitiva, así se denomina lo que estamos analizando. El debate en el que estamos participando en estas horas, en realidad resulta de la insistencia política de ciertos sectores que se han comprometido con la valorización de ciertos derechos respecto de otros que subvalúan. Y en este caso particular se trata, nada más y nada menos, que de la relativización del derecho a la vida de otro ser humano con respecto al derecho a disponer del propio cuerpo. Hace algunos momentos escuchamos que esta cuestión era traída al plenario en función de la decisión política de un congreso partidario. Nosotros no venimos a discutir este tema por una decisión política o partidaria ni por una imposición religiosa, sino por convicciones éticas y porque partimos de la base de que hay un derecho humano sin el cual no existen los otros, y es el derecho a la vida. Que quede claro, entonces, que no somos hipócritas y que nuestro comportamiento no está sentenciado por ninguna convicción religiosa. Merecemos -como piden otros- respeto por la forma en que encaramos este tema: en profundidad. Para llegar a este punto el Uruguay ha transitado por largos caminos a través de los cuales se intentó consagrar la legitimidad de una acción que va en contra de la protección original e irrenunciable que nuestra Constitución ofrece a la vida. Nuestra posición, compartida con la de una vasta opinión pública, se sustenta en convicciones personales, en principios y en valores que ubican a la persona en un espacio que debe ser plenamente garantido y protegido. Por ello encontramos que el proyecto de ley que se propone discutir y aprobar -que no vamos a acompañarse ambienta en la tesis de que todo es susceptible de ser reducido a la política y de que no podrá existir protección de ningún tipo ante la aplicación de la regla de las mayorías en cuestiones básicas de derechos

16.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
Tiene la palabra el señor Diputado Trobo. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: lo primero que quiero decir para volver al centro de la cuestión es que, lamentablemente, no puedo traer al plenario testimonios de no nacidos porque no los pueden dar.

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humanos. La reducción de las cuestiones éticas a cuestiones de índole pragmática o política parece ser una recurrente actitud que pone en riesgo cuestiones esenciales. Y ese es el caso de este debate, aunque se pretenda presentarlo con nombretes o eufemismos. El derecho a la vida consagrado en acuerdos internacionales y en Constituciones, especialmente en la nuestra, se relativiza con relación a otros intereses y una mayoría construida a partir de negociaciones sobre rangos que responden a la pregunta ¿en qué condiciones se puede dar muerte a un ser humano? logra los votos necesarios para su consagración en ley. Plantear este debate desde los daños que se dice causa la práctica de los abortos en las actuales circunstancias, en esta realidad o, peor aún, desde la perspectiva de un problema de la mujer y sus derechos, supone ubicarlo en el plano del posibilismo y del reconocimiento de la incapacidad de la sociedad para cuidar y garantizar la vida o, en su defecto, de su relatividad frente al ejercicio de otros derechos. Estamos en contra de reconocer el aborto como un procedimiento quirúrgico irrelevante frente a la violación de un derecho como el de la vida, al que con distintas formas de presentación, tanto práctica como legal, se ha querido revestir de la condición de un derecho. La pregunta que debemos hacernos y que está en el centro de esta discusión es ¿cuándo se justifica suprimir la vida humana? Y la respuesta no puede resultar adecuada a las circunstancias de un no nacido, porque hoy en día entre ellos están las víctimas de muchos abortos ilegales, sin tenerse a ciencia cierta los datos de la realidad. ¿Su vida vale menos porque corre más riesgo, aunque debería ser al revés? O como cierta opinión pública consultada por encuestadores muestra una tendencia mayoritaria favorable al aborto, ¿existe derecho al aborto? ¿Las encuestas dan derechos? El eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo” no es otra cosa que la interrupción de una vida por voluntad de alguien que en condición superior puede hacerla depender de su decisión; interrumpirla es matarla. Volvamos a la pregunta ¿cuándo es justo suprimir una vida humana? Si repasamos nuestra Constitución no encontramos una sola línea que nos ayude a resolver este problema. Solo se justificaría la legítima defensa de la propia vida. Y en esta tensión entre dos vidas ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que nos plantea

el movimiento proaborto? La razón de la fuerza; la voluntad del más fuerte es lo que triunfa. Advierto que el paso que se propone tiene un hondo contenido y hace una injusta interpretación del valor de la dignidad del ser humano. Se propone una forma de utilitarismo como resultado de la incapacidad de enfrentar un problema. Como no podemos con el problema, lo vamos a resolver por esta vía, o dándole el barniz de un derecho, como si su ejercicio fuera irrelevante y sus consecuencias inexistentes. Nuestro punto de partida es el de la dignidad absoluta de todo ser humano, no dependiendo de su circunstancia. Con ello procuramos garantizar que las personas no sean tratadas de modo utilitario, y la evolución del pensamiento justificante de esta iniciativa que afirma que las mujeres deberían decidir libremente sobre sus cuerpos, al extremo de relacionar a este con un ser gestante, somete al no nacido a la condición de objeto sobre el que se puede disponer sin otra voluntad que la de la madre. Lamentablemente, este tema se ha planteado con el propósito político de una fuerza que hoy cuenta con una cantidad importante de votos legislativos, el funcionamiento de mecanismos de disciplina, la presión de “lobbies” que bajo el título de la defensa de un derecho de la mujer entienden de plena justificación el cumplimiento de un programa ideológico, y que en el camino ha encontrado, para edulcorar la propuesta, la asociación de ocasionales ideas que no hacen otra cosa que confirmar la brutalidad de la propuesta original, pero que no disminuyen la gravedad del camino de violaciones de derechos que se abre. ¿Qué cambia la histórica proclama de reconocer la legitimidad de la interrupción de la vida de un no nacido si se hace algunas semanas más allá o algunas semanas más acá? ¿Qué cambia que esto ocurra luego de un espacio de análisis sobre su práctica, antes de un tiempo de doce semanas de la gestación de una vida? No cambia nada, absolutamente nada. Puede operar como un placebo a la responsabilidad o a las conciencias, pero bajo ningún concepto, a nuestro entender, lo disocia de la violación del derecho humano a la vida. La corriente que pretende que este debate se realiza desde una perspectiva pragmática, relativizando valores, alejada de connotaciones éticas, podría llevar a que en otros asuntos vinculados con la vida se

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actuara del mismo modo. Hoy la frase es: “El aborto es necesario porque se practican muchos, en condiciones lamentables y continuamente”. Como la mayoría se expresa a favor, en especial la más ilustrada, existe derecho al aborto en este escenario y se pueden escuchar diálogos como estos: “Tú estás en contra del aborto y yo a favor, y ello constata simplemente una diferente percepción de valores, admitida pacíficamente y respaldada por una ley”. También hay otra frase: “Yo acepto la eutanasia y tú no”. Esa también podría ser, eventualmente, una diferente percepción de valores. ¿Cómo reaccionaríamos frente a alguien que dijera: “Yo acepto el genocidio y tú no”? ¿Esto es también una diferente percepción de valores? Es una pena que cuando se plantea quitar la vida a un ser humano haya incoherencia en las reacciones, al punto que en algunos casos sea admisible y en otros, reprobable. Esto ocurre cuando la protección de la vida no es encarada desde una dimensión ética o de principios, sino como preferencias subjetivas. No renunciamos a nuestra vocación por encontrar mecanismos y procedimientos que asistan a las madres gestantes de modo tal que puedan cumplir con el sagrado rol de parir a sus hijos. Por ello hemos buscado ideas y hemos formulado proyectos que nos da pena no hayan encontrado voluntades que les permitan realizarse. Aun así, nos compromete seguir impulsando esas ideas que deberían constituir un imperativo político para la totalidad de quienes ejercemos responsabilidades de gobierno. En la sociedad civil hay magníficos ejemplos de sensibilidad humana y social que ofrecen a las madres gestantes condicionadas por contextos sociales, culturales y económicos desfavorables, un apoyo en todo sentido para que puedan desarrollar su embarazo. Hay miles de padres, madres, hermanos y amigos que han superado la injusta estigmatización que el embarazo de jóvenes ha generado y aportan contención y apoyo a las madres gestantes. La protección de la vida y el amparo de la madre no solo constituyen un imperativo ético de defensa de la vida, sino que están contemplados por la Constitución y deben formar parte de la protección social que tiene a su cargo el Estado. Ese es para nosotros el verdadero desafío: no ceder ante una realidad que no nos animamos a transformar, sino enfrentarla, cam-

biarla y coincidir en la protección del derecho humano principal que es el derecho a la vida. Señor Presidente: todo el esfuerzo, toda la intensidad con que se debate este tema, todo el interés político en impulsarlo, toda la capacidad de negociación que ha sido puesta al servicio de este proyecto -que no vamos a acompañar porque nos parece inconveniente y perjudicial- podría haberse puesto -o podrá ponerse en el futuro- al servicio de un proyecto de protección y apoyo a la maternidad que está en el Parlamento desde el año 2011 y que fue firmado por 38 Diputados. No veo el mismo énfasis, el mismo interés ni la misma decisión de impulsarlo en quienes, de un lado y del otro, están diciendo que tienen razón o que quieren defender la vida. ¿Por qué no nos comprometemos hoy mismo a proponer para ese proyecto radicado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social -que ha sido repartido y que figura en la Carpeta N° 967/11- aditamentos, modificaciones o nuevas ideas? De esta forma, podría haber una ley de protección a la maternidad, y el Estado, a través del Presupuesto, se debería comprometer a que los programas de asistencia y de apoyo de carácter social, las madres, las jóvenes, las madres pobres embarazadas reciban apoyo a través de una respuesta multidisciplinaria, apoyo como el que se pide en esta instancia para que una mujer aborte. SEÑOR POSADA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR TROBO.- Estoy concluyendo, señor Diputado. Para nosotros esa es la mejor apuesta que podrían hacer hoy esta Cámara y todos los partidos políticos: comprometernos a que la iniciativa de protección a la maternidad pueda tener rápido trámite legislativo. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Lamentablemente, ha finalizado mi tiempo y no puedo conceder interrupciones. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa comunica que se encuentran en la barra superior y nos honran con su presencia los estudiantes del liceo de Nueva Palmira, quienes han venido al lanzamiento de sus Jornadas de la Primavera, que serán en el próximo mes de octubre. Continúa la consideración del asunto en debate.

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SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: suscribo plenamente las últimas palabras del señor Diputado Trobo. Comparto la voluntad que él ha expresado y soy firmante del proyecto que él ha impulsado, que considero de fundamental importancia para el apoyo a la maternidad. Lo grave, en todo caso, es que ese proyecto no haya sido abordado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, aun cuando los partidos de oposición tenemos mayoría en ella. Creo que a veces conviene que hablemos menos y hagamos más. Si estamos todos dispuestos a avanzar en el apoyo a la maternidad, en el ámbito de esa Comisión tenemos la oportunidad de apoyar un proyecto que, sin duda, será muy importante para dar respuesta a miles de problemas que se plantean. Consecuentemente con lo que hemos expresado en nuestro informe en mayoría, señalamos que compartimos plenamente ese proyecto y que estamos dispuestos a darle aprobación en este ámbito. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: se dijo hoy en esta Sala que no podía haber opiniones intermedias, que se estaba a favor o se estaba en contra de este proyecto. Yo quiero manifestar cuál es mi postura, no individual, sino en mi carácter de Representante, porque por eso estoy ocupando una banca en este Cuerpo. Si fuera una persona cualquiera estaría dando mi opinión en la vereda; sin embargo, estoy en esta Sala, ocupando una banca y me voy a referir a eso. Considero que este proyecto no es un retroceso civilizatorio como se dijo aquí sino que, en mi humilde juicio, es un avance sustancial vinculado con los proyectos anteriores y con el que vino del Senado. Avanza y mejora incluso el Código Penal vigente, que quienes no votan este proyecto no han cuestionado, es decir que lo aceptan. La referencia a los “lobbies” ha andado en la vuelta, y bien que ha andado. Creo que todos tenemos ejemplos al respecto. Sin embargo, no es ese el

tema que más me importa en este momento; después lo plantearé. Yo voy a votar el pasaje de este proyecto a la discusión particular y luego me voy a retirar de Sala porque hay algunos artículos que no comparto y que no voy a acompañar. Pero como soy Representante nacional tengo que asumir esa realidad; y hablando de contradicciones -como hacía mi colega, la señora Diputada Tourné-, conversé mucho conmigo misma, porque me considero una persona responsable, y decidí tomar esa postura política, que desarrollaré a continuación y que, a mi juicio, es de izquierda, progresista y no es conservadora. Mi postura se basa, mayoritariamente, en criterios científicos, no en criterios religiosos, ideológicos, moralistas o de moralina. Mi postura se basa en que nadie me pudo explicar, y yo no lo he podido entender -capaz que por mi burrez-, por qué a la vida se le pone límite, por qué se habla de doce semanas y no de quince, por qué son doce semanas y no cinco, por qué son doce y no veintidós; no he encontrado respuestas, ni siquiera en la medicina. (Murmullos.- Campana de orden) ——Y no he encontrado respuestas; lo que voy a decir lo hago desde una postura progresista y de izquierdaporque hace veinte o veinticinco años no se sabía siquiera el sexo del bebé que estaba alojado en el vientre de una madre. Entonces, cuando se prendía la luz celeste o la rosada recién se sabía de qué sexo era el bebé. Por supuesto, la tecnología avanzó, y a través de distintos avances se pudieron saber algunas cuestiones, que me obligan a realizar un análisis. Tengo en mis manos una ecografía obstétrica, fechada el 23 de agosto de 2005, que dice que Felipe en ese momento tenía una vitalidad normal, una frecuencia cardíaca de 162 LPM -latidos por minuto- y que la gravidez en evolución era de doce a trece semanas, que es el tiempo establecido en este proyecto de ley. Pero resulta que un mes antes, el 26 de julio, Felipe tenía una frecuencia cardíaca de 171 latidos por minuto, su vitalidad era normal, y la gravidez en evolución era de ocho a nueve semanas. Por lo tanto, señor Presidente, no sé si la vida me deparará la suerte de saber que los avances tecnológicos pueden demostrar que antes de esas semanas también existe vida y late un corazón. Entonces, ese es mi dilema, y lo he resuelto de la forma en que lo he planteado, porque no me siento

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en condiciones de ponerle plazos a la vida. Le puedo poner plazos a las cuotas del Banco Hipotecario o a las cuotas en las que decido pagar mi tarjeta de crédito, pero no le voy a poner plazo a la vida porque me siento incapacitada para ello. En cambio, no me siento incapacitada para asumir la responsabilidad política que tengo por estar sentada en esta banca, que no adopté por un mandato porque, por suerte, pertenezco a un Partido Político -como bien dijo la señora Diputada Sanseverino, plagiándome- de hombres y mujeres libres, y a un sector de ese Partido, también de hombres y mujeres libres, a quienes no mandata nadie, porque el compromiso fundacional del Frente Amplio así lo establece. Por todo ello respeto la postura de todos mis compañeros, así como la del compañero Diputado Lima, y lo quiero decir aquí. Pero también quiero que respeten mi posición, porque es producto de lo que fui consultando conmigo misma, de lo cual me hice cargo. Y me hago cargo de lo que digo, como también hice en otras oportunidades, en las que tuve que soportar algunas groserías injustificadas de un señor que está en la barra, cuyo nombre no recuerdo. En una ocasión lo encontré en la rambla de Pocitos, y cuando lo saludé -porque era un merodeador de este Palacio-, me miró con desprecio y me dijo: “¡Que Dios se apiade de tu alma!” Y yo les digo que mis relaciones con Dios, si las tengo, son mías y que de mi alma me ocupo yo. También quiero decir que del otro lado, o de algunos otros lados, se me dijo: “Si no votás el proyecto, tu carrera política está terminada”. Pero acá estoy, en mi segunda Legislatura, y mis representados y representadas sabrán si seré merecedora de otra, o yo lo decidiré. De todos modos, asumo las posturas políticas y doy la cara, lo cual no tiene nada que ver con la hipocresía, sino todo lo contrario. Tan poco lógico es el razonamiento de este tipo de gente, que hace un tiempo me llamaron por teléfono para invitarme a un programa de televisión de la tarde para hablar del matrimonio igualitario. Entonces, le dije a quien me llamó: “Con mucho gusto, porque estoy totalmente de acuerdo y estoy trabajando en eso”, pero la persona que me habló, que era la productora del programa, me dijo: “Ah no, entonces, no me sirve; yo estaba convencida de que como estás en contra de la legalización del aborto ibas a estar en

contra del matrimonio igualitario, pero si estás a favor no me servís”. Entonces, no me invitó y no fui. Considero que esos razonamientos son patéticos, que tienen que ver con los fundamentalismos que se instalan en nuestra sociedad y también con los fanatismos, porque en unos videos que nos repartieron hay cierta dosis de fanatismo -por no decir una dosis alta- que, sinceramente, no se los cree nadie, porque son imposibles de creer y patéticos. Señor Presidente: estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice este proyecto. Por ejemplo, el artículo 1º es más que garantista; léanlo porque no voy a perder el tiempo en ello. Además, poder hablar de libertad de ideario y de conciencia -cosa que ocasionó un conflicto monstruoso-, separando la conciencia en forma individual, de la libertad de ideario para una institución, como una institución médica, es un avance cualitativo en función de los proyectos que analizamos antes, y por eso es que también voy a votar el pase a la discusión particular. Se habla de una cifra de treinta mil abortos, que ahora todo el mundo cuestiona, aunque antes no era así y se utilizaba para hablar de este u otro proyecto, pero yo no la tuve en cuenta para tomar ninguna de las decisiones que adopté, ni políticas ni personales, porque si en este país los abortos son clandestinos, quisiera que alguien me explicara cómo se llegó a esa cifra. ¿La hizo el INE? ¿Quién la hizo? Además, si alguien sabía de esta historia ¿por qué no la denunciaron? La verdad es que no lo comprendo. También creo que este proyecto no obliga a nadie, simplemente facilita. No voy a repetir los argumentos que escuchamos en Sala, ni parte de la argumentación del señor Diputado Posada -que compartosobre la realidad de nuestro país, a la que también se refirieron muchísimos colegas de mi Partido y de los otros, que reconocieron que los abortos clandestinos existen, y yo creo que van a seguir existiendo, porque no todas las mujeres van a querer que en sus historias clínicas -por un problema cultural o de otro tipo; no voy a analizarlo ni a adjetivar- quede ese antecedente. Un Diputado de otro partido político dijo que estaba muy dolido por tener que acatar la disciplina impuesta por su colectividad. Yo no estoy dolida por la decisión que he tomado; la he adoptado de manera seria y responsable, y sé que mis colegas y compañe-

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ros la valoran y la respetan, porque he sabido explicar y contextualizar mi postura, sin agravios y con convicción. Si desde ahora hasta el momento de la votación particular alguien me convence de que se le puede poner cuotas a la vida, tal vez me haga cambiar de opinión. Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, se preguntaba si la vida se valora por los centímetros que mide. Yo quiero decir que me llegó muchísimo aquella “Columna amarilla” del Corto Buscaglia, que un 31 de diciembre, estando ya enfermo, hablaba de que tenía que hacer un balance. Decía que, para empezar, arrancaba con lo personal, contando que había sido un año horrible, pues estaba mal de salud. Y agregaba: “Tras cartón hace muy poco me entero que seré abuelo por segunda vez, ahora por parte de mi hijo mayor, Martín. Por allí va Mariana, su compañera, llevando en su panza quince milímetros, ¡sí, 15 milímetros!, de un ser que no sabemos su sexo pero lo vemos latir buscando la vida.- Tan solo 15 milímetros de puro sístole y diástole y la cara de Mariana ya le ha cambiado, es la de alguien que sabe que hay algo nuevo en este mundo”. Señor Presidente, muchas mujeres que se ven obligadas a practicarse un aborto tal vez sientan y piensen lo mismo que Mariana, pero no tienen la posibilidad de solucionar algunos de sus problemas. Creo que este proyecto va en esa dirección. Reitero que desde una posición progresista y de izquierda mi postura será apoyar el pase a la discusión particular y, si puedo retornar, votaré el segundo capítulo, que comparto totalmente. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: por esta vía quiero informar a la Cámara que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha abordado el tema de la protección social de la maternidad y que, a solicitud de los Representantes del Frente Amplio que integran la Comisión, el proyecto ha sido derivado al Mides. Por eso estamos a la espera del informe de este organismo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Gloodtdofsky.

SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Señor Presidente: aunque quizás esta cuestión no revista la misma trascendencia para todos, es un tema serio, si los hay. Considero que este proyecto no es más que un ajuste legislativo al que se debe recurrir en el transcurso de la historia. Más allá de las discrepancias puntuales que pueda tener con el proyecto, respaldo la idea de que existan ajustes legislativos de esta naturaleza. Creo firmemente que la realidad debe ser acompañada por la ley, y he planteado ese sentimiento y esa convicción en el seno de mi bancada, con la intención de contribuir a mejorar el proyecto que hoy esta Cámara discute. Pero perdí. Perdí. Tres legisladores votamos a favor de acompañar este proyecto, y automáticamente quien perdió propuso que se resolviera actuar por disciplina partidaria. ¿Por qué? Porque me parece que, más allá de la convicción, no estamos hablando de otra cosa más que de un mero ajuste legislativo que en nada modifica la trascendencia de los hechos ni la realidad imperante con relación a este tema. Prioricé y priorizo la unidad de acción de mi Partido porque, con el mayor de los respetos, debo decir que un ajuste legislativo en esta materia no me resulta de la trascendencia que se le asigna. Lo digo porque no estoy hablando de más ni de menos vidas; estoy hablando de la misma cantidad de muertes antes, durante la vigencia del marco normativo actual y en el futuro, como ya se ha dicho por quienes impulsan el proyecto. En definitiva, repito que no se trata más que de un ajuste legislativo. Esto me recuerda la discusión que hubo en 1912 por la ley de divorcio, y voy a parafrasear varias veces la memorable intervención de ese batllista que recoge lo más libertario de nuestra corriente ideológica: Domingo Arena. En aquel momento, Arena negaba toda la trascendencia que le daban al divorcio, pues decía que no era más que un tema registral: con quién está casado Fulano, con quién está casado Mengano, cuáles son los bienes y cuántos hijos tienen. Reitero que, en esta materia, estamos hablando de un ajuste legislativo que no tiene la trascendencia que se le ha pretendido dar. Se habla insistentemente de la vida, y yo creo que tanto la vida como la muerte son resultado de la propia actitud de la naturaleza humana, y no hay ley que pueda con tal cosa. Como Estado, el hecho de que se haya padecido un ciclón no nos puede dejar dispuestos a preservarnos de la

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naturaleza. No podemos pretender que hoy se vote aquí una ley que regule la velocidad del viento. No habrá ley que pueda regular el viento. No hay ley que controle la naturaleza. Y estas cosas que estamos tratando responden a la naturaleza humana. Entonces, seguirá habiendo abortos, como los hay y como los hubo. En ningún momento habrá ley que pueda mitigar el dolor ni reducir su existencia. Decía Lenin que los hechos son tercos. Creo que debió haber sido suficientemente sabio como para tener en cuenta sus palabras y haber advertido que la realidad se le iba a imponer más temprano que tarde. Estos hechos y esta realidad son tercos, porque son propios de la naturaleza humana. No se puede pretender controlar los ciclones ni, como decía Domingo Arena, los volcanes. ¡Claro que hay problemas de vida! Pero en todas las cosas que son resorte de la vida los hay, y en algunas tenemos más incidencia que en otras, pero no en esta. ¿O acaso no estamos hablando de que en el año 2011 murieron quinientas 72 personas en accidentes de tránsito? Dos por día. ¿O acaso no van 213 homicidios? Y por supuesto que tenemos leyes para estas cosas y podemos incidir, pero no podemos incidir en la realidad social, en la presión social ni en el secretismo, a la que dicha presión social contribuye. En aquel debate -del que extraigo conceptos relevantes, que son aplicables-, Domingo Arena recogía algunas ideas similares a esta. Frugoni también lo hizo. En aquella ocasión dijo con cierto escepticismo que votaría el proyecto de divorcio por razones de principios, pero no porque el asunto interesara al proletariado, porque para los proletarios la cuestión del divorcio es un mito. A su juicio, este asunto lo resuelve la miseria. Y ese es el desafío. También decía Arena que si hay algo que devalúa nuestra profesión legislativa es precisamente no cumplir con la primera condición de la ley, es decir que sea eficaz, que pueda hacerse sentir y actuar. Y este mero ajuste legislativo quizás no cumple con dicha premisa. La ley es cierta solo en el papel -en Uruguay ese es el caso-, no en la realidad, si no tiene los medios para hacerla efectiva, y no hay medio posible que regule las cosas que hacen a la naturaleza humana. El mejor medio, reitero, para desacreditar el trabajo de un Parlamento es la votación de leyes que no tienen cómo hacerse efectivas y que no hacen otra cosa que estar escritas en el papel.

Aquí se ha hablado mucho de leyes y de moral. Decía Arena que cuando las leyes predican preceptos morales predican en el desierto porque las dejan sin sanción. Las leyes civiles no pueden apartarse del derecho sino que muchas veces son esclavas suyas, y en su nombre van contra la moral. Así permiten el egoísmo, la avaricia y la usura: tres inmoralidades insondables. En cuanto a las leyes penales es un profundo error creer que sirven para hacer a los hombres mejores. ¡Mentira! ¡Las leyes penales no mejoran a los hombres porque no pueden con la naturaleza humana como no podrán con este proyecto! ¿Alguien piensa que los hombres de bien son de bien en atención a las leyes penales? Los hombres de bien llevan en su naturaleza la bondad y aquello que han aprendido en la sociedad en la que viven. Las leyes, como este proyecto, apenas nos defienden y nos defienden de los peores, que creo existen porque es propio de la gente. Mantienen a cien leguas de nosotros a aquellos que moralmente delinquen, al ladrón que esconde su robo, al homicida. Son las leyes las que nos defienden de los monstruos de la humanidad. Pero una madre no es un monstruo. Aquí se ha dicho -lo recojo y lo sostengo – que no ha habido una sola mujer que haya concurrido a realizarse un aborto con gusto. Debemos tomar en cuenta que en este caso los uruguayos no deben pensar en leyes que a nada conducen en cuanto a la solución definitiva del asunto. Debemos preocuparnos de organizar bien aquellas cosas en las que podemos: recoger a los niños indigentes, atenderlos, darles educación, educarlos en el amor, educarlos en el sentido de la vida, educarlos para ser buenos ciudadanos, atenderlos con el Estado, tener un Instituto del Niño y el Adolescente que cumpla con su tarea. Tenemos que sacarlos del vicio y trabajar con ellos cuando están acá, y dejar que los actos que corresponden a la intimidad sean resueltos en su marco porque hasta allí la ley no llega. Los que creen que la ley es el principal sostén de estas cosas viven una verdadera ilusión. Quienes creen que con este proyecto estaremos combatiendo y terminando con el aborto son víctimas de un verdadero espejismo. A fuerza de ver el vínculo junto al hecho han concluido en creer de buena fe que tocar el vínculo es tocar el hecho. El espejismo que ven estos señores y estas señoras es solo comparable al que podría ver un

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pueblo vigoroso e ingenuo, que teniendo que enfrentar los peligros a los que la naturaleza humana lo conduce, no ha logrado todavía resolver estos problemas. Mucho me temo que no los resolverá. Votaré junto a mi Partido por disciplina partidaria. Pero estoy tranquilo porque he cumplido con quienes han votado para que este Diputado batllista ocupe esta banca, y no estaré más cerca ni más lejos de Dios por cuanto haya hecho. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Bango. SEÑOR BANGO.- Señor Presidente: en mi fallido inicio de intervención decía que a esta altura del debate uno se plantea y juramenta ser breve para no insistir en cuestiones que han sido meridianamente establecidas. Intentaré cumplir con ese mandato interno, aunque no estoy seguro de que lo logre, en virtud de que cuando uno calienta el pico -como se dice-, a veces el tiempo queda corto. A esta altura del debate, que va promediando -son las seis y media de la tarde-, se puede hacer alguna evaluación primaria en el sentido de que este ha sido muy respetuoso y particular porque, con respecto a la despenalización del aborto, hoy más que nunca las posiciones están consolidadas y cristalizadas, salvo alguna que hemos tenido que escuchar, mejor diría, soportar. Más allá del derecho que asiste a todo el mundo de tener la posición que quiera -todas son legítimas y respetables desde el punto filosófico y éticoalgunos no se han detenido en una legítima defensa, fuerte, apasionada de sus argumentos, sino que han incurrido en el terreno de anatematizar la posición de quien piensa diferente. Inclusive han atribuido intenciones, tildando de mentiras y otras cuestiones que rechazamos de plano. Por suerte, ese tipo de expresiones han sido francamente minoritarias y alejadas en el tiempo. Por tanto, no quiero traerlas ahora otra vez; no las quiero evocar. Este debate supone partir de posiciones cristalizadas y estas no obedecen solo -por lo menos en el caso de quien habla- a una cuestión que surja de un examen en profundidad y que remita exclusivamente a convicciones personales, que todos tenemos. Esa cristalización y el planteo sólido de cada uno de los que intervenimos convencidos están mediados en otra cuestión que es el autoexamen que nosotros hacemos

de en qué medida tenemos la capacidad de representar con nuestra opinión, con nuestro voto, de la mejor manera, a aquellos que nos pusieron en esta banca de la Cámara de Diputados. Nosotros intentamos hacer una síntesis de nuestras convicciones personales y también de las de miles de personas que representamos y que tienen una posición. Como es sabido, la sociedad está dividida en cuanto a este tema y no importa si las encuestas dicen que hay más para un lado o para el otro. Lo cierto es que cientos de miles de personas están esperando que hoy aprobemos -así lo vamos a hacer con convicción- la despenalización del aborto. También hay cientos de miles de personas que piensan lo contrario y que luchan legítimamente por ello. Algún Diputado preopinante se planteó la pregunta acerca de si es viable el relativismo moral en estos casos. Yo creo que no; yo no creo en el relativismo moral. Sí creo que en una sociedad pluralista pueden y deben convivir posiciones éticas y posiciones filosóficas distintas. La forma de que convivan esas éticas individuales, colectivas o grupales en una sociedad, tiene que ver con que exista un ordenamiento jurídico que, más allá de las distintas posiciones éticas y discursos sobre una cuestión, permita legislar y ordenar jurídicamente el relacionamiento social de manera tal que no impida el libre ejercicio autónomo individual de las posiciones que se sustentan. Si logramos que un ordenamiento jurídico tenga esas características estaremos consolidando un ordenamiento plural no relativista desde el punto de vista moral, en el que las éticas, los principios filosóficos y las posturas de conciencia tengan cabida. Yo creo esto y por eso voy a votar. No voy a votar por eficacia, porque voy a poner en tela de juicio algunos aspectos de la eficacia que puede tener este proyecto. Hubiera preferido aprobar hoy el proyecto como vino del Senado porque creo que es más justo y eficaz. No obstante, más allá de eso, considero que aprobando esta iniciativa vamos en la dirección correcta de afirmar esa ética pluralista en nuestra sociedad y que daremos la posibilidad de proteger el derecho a la vida de muchas personas que arriesgan su vida innecesariamente al efectuarse un aborto en condiciones deplorables. Asimismo, a quienes por un examen de conciencia, posicionamiento filosófico, religioso o como sea que se llegue a este, les reservamos la posibilidad de decir: “Yo no pienso abortar en estas

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condiciones porque el aborto está reñido con mis convicciones filosóficas”. El proyecto que vamos a aprobar en esta sesión, por una mayoría escasa aunque democrática, es el que nos permite compatibilizar pluralmente, y no desde una perspectiva relativista en lo moral, las éticas que conviven y que se expresan en esta Sala y en la sociedad. Por otra parte, a cuenta de una discusión que seguramente vamos a tener sobre otros asuntos, respecto al tema ético filosófico voy a tirar dos o tres puntas nada más. En el caso de quien habla la sana “presión” -entre comillas- de representar a sus representados no colide con el examen de conciencia o con las convicciones individuales. En este caso no están violentadas mis convicciones individuales con lo que yo represento, que son los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que están a favor de la despenalización del aborto e incluso de su legalización. No me produce ninguna restricción en mi grado de libertad porque desde el punto de vista ético considero que no estamos atacando el derecho a la vida de la persona humana. Jürgen Habermas, que quizás sea uno de los filósofos vivos más relevantes de las sociedades occidentales, en 2002 publicó un libro que se llama “El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?”. Es un libro que trata sobre las cuestiones de los debates que están en curso en estos momentos y que quizás formen parte del debate futuro de esta Cámara. Me refiero a cuestiones como la eugenesia negativa en cuanto a la posibilidad de hacer la manipulación genética a la hora de prever determinadas malformaciones en los embriones o fetos para que cuando nazca un niño, lo haga en las mejores condiciones, o la eugenesia positiva que sería la de programar determinadas características en el código genético de un individuo. A este respecto hay una discusión muy de fondo. En base a esa discusión, que ya llegará al Uruguay, Jürgen Habermas se plantea una distinción entre la inviolabilidad de la vida, atribuible solo cuando nos encontramos indiscutiblemente ante una persona, esto es un individuo nacido, y la indisponibilidad de la vida, que ya es el feto. Jürgen Habermas reconoce que obviamente existe vida cuando se procesa la conformación de un feto, pero también dice que no estamos hablando de una persona. Es una posición largamente desarrollada, que además establece que los derechos de la persona humana le son aplica-

bles a quienes son sujetos y personas y no a quienes no lo son. Incluso, habla a favor de las concepciones de que yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y de la cuestión de la indisponibilidad del feto, porque el feto es vida y lo reconoce. Lo que también reconoce es que en ciertas circunstancias existe necesidad en bien de una vida de generar la disponibilidad de esa vida que está en un proceso de desarrollo, y que aún no se puede hablar ni de un sujeto viviente, pensante, sintiente ni de una persona humana. En ese sentido, hay una discusión que, por lo menos, debe ser admisible. No digo que la compartamos y no estoy interesado en convencer a nadie, pero sí digo que a modo de ejemplo aquí hay elementos desde el punto de vista ético filosófico que están en discusión en estos momentos. Creo que, partiendo de las premisas de cada uno, debemos asumir que es así y que por más que uno esté convencido tiene que respetar que hay gente que piensa exactamente lo contrario. El problema es cómo lo resolvemos, y lo hacemos partiendo de un ordenamiento jurídico que dé cabida pluralmente a todas las opciones desde el punto de vista ético y filosófico, pero que no se rife, que no mire para el costado, cuando en una sociedad el derecho a la vida se está jugando y arriesgando prácticamente todos los días, como han dicho varios Diputados y varias Diputadas preopinantes. Conversando con mi compañera, la Diputada María Elena Laurnaga, que hizo una brillante exposición, me decía que se sabe que este año van dos muertes por aborto en condiciones indeseables. En esos casos el derecho a la vida fue conculcado. Por lo tanto, por las razones que expresaron los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, se trata de encontrar un punto, un marco, una legislación que nos permita atender adecua-damente estas situaciones y luchar contra las causas que provocan estas circunstancias que no son deseadas. Entre los casos de gente cercana que se ha hecho aborto, no conozco ninguna mujer, padre o compañero de esa mujer que haya atravesado por esta situación y haya tomado esta decisión con felicidad, celebrando o sacándose una carga de arriba. La señora Diputada Laurnaga ha sido absolutamente clara respecto al contenido de la ley que hasta hoy nos rige, que en el primer inciso del artículo 328, referente a las causas de atenuantes y eximentes,

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plantea: “Si el delito se cometiere para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo, la pena será disminuida de un tercio a la mitad, pudiendo el Juez, en el caso de aborto consentido, y atendidas las circunstancias de hecho, eximir totalmente de castigo. El móvil del honor no ampara al miembro de la familia que fuera autor del embarazo”. Por lo tanto, la relativización del derecho a la vida está planteada ya en nuestro ordenamiento legal y no he escuchado voces que hayan solicitado derogar este artículo, lo cual sería consistente con las posiciones que legítimamente, aunque no compartibles, se han esgrimido por varios Diputados en esta sesión. En definitiva, vamos a votar con total convicción este proyecto de despenalización del aborto que está a consideración del Cuerpo. Lo vamos a hacer además en el entendido de que nos sentimos parte de un proceso, que en nuestro caso como socialistas tiene que ver con una larga lucha inaugurada por el Diputado Emilio Frugoni en la década del treinta, y en la que hoy hemos dado un paso. Pero advertimos que vamos a seguir trabajando con respeto y tolerancia por las posiciones del otro; vamos a seguir trabajando por avanzar en la legalización del aborto en el Uruguay. Lo decimos sin eufemismos, porque estamos convencidos de que por ahí pasa, no exclusivamente, la convalidación de una situación de injusticia, situación a la que se ven sometidas miles de mujeres y que pone en riesgo su propia vida. Es en esa dirección que apuntamos, aun sabiendo que esta ley tiene problemas en cuanto a su eficacia. Me parece muy bien que los mecanismos de seguimiento que se van a instalar den cuenta de la eficacia y de los eventuales cambios que habrá que hacer a esta ley. A pesar de eso, vamos a votar con total convicción el proyecto de ley que nos pone a consideración la Comisión que ha trabajado fuertemente este tema. Gracias.

——Se va a votar. (Se vota) ——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

18.- Simposio “Diálogo entre los actores de la reparación integral”. (Auspicio).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Simposio ‘Diálogo entre los actores de la reparación integral. (Auspicio)'”. (ANTECEDENTES:) Rep. N° 992 “PROYECTO DE RESOLUCIÓN Dispónese el auspicio de la Cámara de Representantes para el Simposio “Diálogo entre los actores de la Reparación Integral” a realizarse los días 4 y 5 de octubre de 2012, por la Facultad de Psicología de la UDELAR. Montevideo, 10 de setiembre de 2012. ESTEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La actividad del Simposio “Diálogo entre los actores de la Reparación Integral”, fue aprobada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. La misma ha sido impulsada desde el Programa de Derechos Humanos, del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología; dentro de la línea de trabajo “Consecuencias actuales del terrorismo de Estado” en coordinación con el Instituto de Psicología Social, Programa de Psicología Social Comunitaria, de la Facultad de Psicología de la UDELAR. La intención de este Simposio es reunir a todos los actores que trabajan en las diversas dimensiones de la Reparación Integral de los efectos del terrorismo de Estado. Es decir, a organismos estatales involucrados, profesionales de distintas disciplinas, organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de personas afectadas por el terrorismo de Estado, con la finalidad de conocer el trabajo que se está haciendo desde cada uno de estos ámbitos y dar pasos hacia la construcción de una política pública integral en materia de Reparación de los daños generados.

17.- Urgencias.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Germán Cardoso y Semproni. (Se lee:) “Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de resolución por el que se otorga el auspicio de la Cámara de Representantes al simposio ‘Diálogo entre los actores de la reparación integral’. (Carp. N° 1871/012). (Rep. N° 992/012)”.

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La actividad está prevista para los días 4 y 5 de octubre de 2012. El trabajo se basará en tres mesas redondas en que tomarán la palabra las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, los organismos estatales y los profesionales que vienen trabajando el tema (juristas, historiadores, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, médicos). En concordancia con los objetivos de la actividad se jerarquizarán los espacios de diálogo entre los participantes registrando los aportes que serán base del documento final. Por los fundamentos expuestos, proponemos que el Cuerpo auspicie el Simposio “Diálogo entre los actores de la Reparación Integral”, dejando constancia que el mismo no representa ningún tipo de erogación para la Cámara de Representantes. Montevideo, 10 de setiembre de 2012. ESTEBAN PÉREZ, Representante por Canelones, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo”. ——Léase el proyecto de resolución. (Se lee) ——En discusión. Tiene la palabra la señora Diputada Payssé. SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: el punto relativo al simposio “Diálogo entre los actores de la reparación integral”, fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos e hicimos el trámite correspondiente ante la Comisión de Asuntos Internos. Como bien dice el texto del proyecto de resolución, se trata de juntar actores vinculados con las reparaciones, y este evento tendrá lugar en la Facultad de Psicología. Este tema ha cobrado actualidad debido a la cantidad de hombres y mujeres que han tenido y tienen que ir a declarar a los Juzgados, que han sido víctimas del terrorismo de Estado y que necesitan apoyo psicológico y acompañamiento. Por ese motivo, la Comisión de Derechos Humanos consideró que era importante que esta Casa se hiciera eco de esta actividad y, por lo tanto, sugerimos la aprobación de este proyecto de resolución. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y seis: AFIRMATIVA. Queda aprobado el proyecto de resolución. (No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado)

19.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Saravia Fratti. SEÑOR SARAVIA FRATTI.- Señor Presidente: hemos escuchado muchísimos argumentos, a favor, en contra, de índole político, ideológico, de todas las formas en que la mente humana puede querer encarar estos temas. Desde hace muchos días estamos con este tema sobre la mesa. En su momento hicimos una consulta al señor Diputado Posada porque este proyecto refleja su iniciativa original, que luego negoció para que hoy fuera tratada. Desde ese momento hasta ahora, muchísimas veces nos hemos preguntado cuál era el objetivo final y por dónde se debía empezar a estudiar un tema como este para opinar y luego votar. Y a pesar de que tengo posición formada y no voy a acompañar este proyecto, en el correr de la tarde, he escuchado tantas y tantas opiniones diversas, algunas de las cuales comparto y otras no, que tuve muchas dudas de cómo iba a expresar la forma en la que no estoy dispuesto a apoyarlo. Creo que para mí el eje de la cuestión es que no me siento comprometido, que mi Partido no me ha pedido nada en particular respecto de este tema. Tengo absoluta libertad para opinar y votar como me dicte mi conciencia y como yo crea que represento mejor a quienes me dieron su confianza electoral para que ocupe esta banca. Para mí el hecho fundamental es uno solo: es la vida. Es decir, si hay vida desde el primer momento o no hay vida; si estamos impidiendo el nacimiento de alguien que no se puede expresar. Hace unos años no teníamos conocimiento técnico, no podíamos saber si efectivamente un aborto producía la muerte o simplemente era la disolución química de alguna cosa. Considero que tenemos un debe muy grande. En este mismo Parlamento hemos discutido, hablado, discrepado y coincidido sobre lo importante que es para una sociedad y para el mundo respetar el primer

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y más importante derecho, que es el de la vida, sin el cual no existe ninguno de los otros derechos. Por supuesto que hay una disquisición muy importante. Cuando hablo de vida, no hablo de individuo. Seguramente, un feto puede no ser considerado un individuo, pero sí es vida creada por otras vidas. Este proyecto de ley se esmera profundamente en dar mecanismos de control, intervenciones, ajustes, que todo lo que esté pasando quede asentado, debidamente registrado, para corroborar que se cumple formalmente con los requisitos. Pero en ningún momento, salvo en la oportunidad en que permite la libertad de conciencia de los médicos, se plantea si la vida es prioritaria en esta sociedad, en nuestras maneras de pensar. Adhiero a algunos señores Diputados que se refirieron al debe que tenemos; lo tiene el Estado y, a través de este, lo tiene la sociedad. Quiero decir que se debió haber insistido más en el tema, que se debió haber gastado mejor en prevención y en educación; no quiere decir que no se haya hecho. Pero no me parece que una mujer ya sea mayor o menor de edad -en este caso con la anuencia de un tutor o de alguien que tenga legalmente el ejercicio del derecho sobre ella- pueda resolver fácilmente, por distintas y múltiples razones, si quiere preservar la vida que lleva en su vientre. También hay un hecho que no me fue claramente explicado. Hoy no se ha dicho por qué no participan en esta decisión tan trascendente los padres, los varones, que me imagino en general tendrán algo que ver con el asunto, porque muchos de ellos tienen responsabilidad, interés y ganas de concebir un hijo, pero no pueden participar si la madre no autoriza a los médicos a que lo consulten. Voy a poner la situación al revés: supongamos que hay una madre embarazada que no quiere abortar y hay un padre que sí quiere el aborto. Naturalmente, de acuerdo con este concepto, primará que no se va a abortar, porque la madre no quiere, pero seguramente después, no habiéndolo dejado opinar sobre el tema, el resto de la legislación lo llamará a responsabilidad. Entonces, me parece que hay una inequidad muy grande. Hay una manera de encarar estos temas que no justifican el género ni la forma. Y sigo insistiendo en que el eje principal, que es la vida, no está considerado en el nivel que debe estarlo.

Evidentemente, si hoy es aprobado este proyecto, con esta mínima mayoría que aparentemente existe, deberá llamarnos a recapacitar, porque hay un conjunto de normas e iniciativas pendientes que deberán tener en nuestro ámbito legislativo la misma importancia, el mismo trabajo y la misma celeridad para complementar estas cosas, desde el esfuerzo que, fuera del tema del aborto, debe hacer el Estado para enseñar, educar, prevenir y asistir -si es que se quiere ver de esa manera- a todos aquellos que estén en inferioridad de condiciones culturales y económicas; pero tenemos que poner el tema en igualdad de condiciones. Esto no arregla nada. Esto no es otra cosa que un remiendo para quienes creen que puede ser una solución. Es cierto que nadie está obligado a abortar; es cierto que eso surgirá “de la voluntad de una persona” -entre comillas; por lo menos me lo planteo-, pero no creo que nosotros tengamos la capacidad de decir a una persona que tiene el derecho de decidir sobre la vida de otra porque, con el mismo criterio deberíamos habernos planteado muchas veces por qué no existe aquí pena de muerte, por qué no somos capaces como sociedad de decir que hay determinadas situaciones que son mucho más graves que las de la concepción inesperada, que no tienen como pena en esta sociedad la pérdida de la vida. Entonces, creo que hemos encarado mal este tema, que esta iniciativa es un parche, que no va a solucionar, como se espera, el tema y que lo va a llenar de burocracia. Estadísticamente vamos a conocer una parte de aquellos abortos o interrupciones de embarazos que sean declarados. Seguirá existiendo otra parte, porque la cultura social no cambiará -por lo menos, no en poco tiempo- y, por lo tanto, la burocracia se va a encargar de decirnos, dentro de un lapso, si esto sirvió o no. Se dice que aquellos que opten por este sistema estarán mejor atendidos. Esperemos que sí, siempre y cuando no haya conflictos sociales ni una cantidad de circunstancias que en la vida normal se dan; no estoy en contra de ellos, porque es natural que puedan existir conflictos, porque como en toda sociedad que en libertad trata de desarrollarse, los conflictos existen. Por lo tanto, voy a votar por la negativa este proyecto. Espero que el Cuerpo tenga la capacidad de completar rápidamente los proyectos que ya están y

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los argumentos que se han dado, tanto a favor como en contra, porque todos deben aportar para que esta sea una solución real, mejor, más equilibrada y con mayor respaldo social, inclusive, aquello que se logra a través del Estado, que debe orientar en esta materia. No hay mucho más para decir. Me quedo con el tema de la vida o la muerte; si tengo o no la capacidad de decidir sobre la vida o la muerte; si decido matar o permitir que maten a un ser que tengo en el vientre o resuelvo que asumo la responsabilidad que la naturaleza me da. Seguramente esa persona no volverá a repetir ese descuido, porque si no quiere al hijo, fue un descuido. Le sacamos un pequeño problema a una persona o a una familia, pero de esa forma no vamos a solucionar un problema social como el que existe. SEÑORA PEREIRA DE ONORATTO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SARAVIA FRATTI.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA PEREIRA DE ONORATTO.- Señor Presidente: no soy profesional pero, por sobre todas las cosas, soy mujer. Voy a tratar de expresarme en los términos más sencillos, para que los señores Diputados comprendan por qué no voy a votar este proyecto. Me basaré en la biología, mostrada en imágenes, proporcionada por mi gran amigo el doctor Carlos Leoni, quien es médico ginecólogo, ecografista y Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital y de la mutualista de Paysandú. Mi visión se basa en que en el útero existe un individuo que es totalmente independiente, y que tiene vida. Tiene el poder de crecer y desarrollarse independientemente, por sí mismo. Con la nueva tecnología, ecografía y doppler, que es ultrasonido, se pueden ver, en un embrión de seis semanas, que mide un centímetro, los latidos cardíacos que van a un ritmo totalmente diferente del materno. Además, con esa tecnología se puede ver que el feto respira, y esos movimientos respiratorios son estudiados por los médicos para saber que tiene buena salud. Si el embrión de un centímetro tiene latidos y más adelante puede verse que respira, si esto no es un ser, me pregunto qué es. Y, además, está total-

mente indefenso. Por lo tanto, interrumpir voluntariamente un embarazo es eliminar una vida, y con esto no podemos estar de acuerdo. Si me permite, señor Presidente, les voy a mostrar un video donde se puede ver un embrión de seis semanas, que mide un centímetro, y después se verá otro embrión de once semanas, cuyos latidos se podrán escuchar y se verá cómo parece que los está saludando con la manito. (Se proyecta un video) ——Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Saravia Fratti. SEÑOR SARAVIA FRATTI.- Señor Presidente: el video que vimos es muy elocuente con respecto a lo que venía diciendo. Si eso no es vida, debo estar totalmente trastornado y, entonces, mis conceptos no valen nada. Gracias, señor Presidente.

20.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Richard Sander por el período comprendido entre los días 5 y 10 de noviembre, y los días 19 y 20 de noviembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Ruben Núñez. Del señor Representante Rubén Martínez Huelmo por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Evaristo Coedo. Del señor Representante Fernando Amado por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández.

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En misión oficial, literal C) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Richard Sander, por el período comprendido entre los días 11 y 18 de noviembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Ruben Núñez”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y ocho en sesenta y dos: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, artículo único, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia en misión oficial entre el 11 y el 18 de noviembre inclusive, a los efectos de participar de la Comitiva Oficial que acompañará al señor Presidente de la Cámara en la visita a la República de Armenia, conforme a la invitación cursada por el Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, conforme a la adjunta comunicación, con los detalles de realización. Asimismo solicitamos se nos conceda el uso de licencia por motivos personales del 5 al 10 de noviembre inclusive y los días 19 y 20 de noviembre inclusive. Sin otro particular, le saludo a usted muy atentamente, RICHARD SANDER Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 10 de noviembre, y los días 19 y 20 de noviembre de 2012.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, por el período comprendido entre los días 5 y 10 de noviembre, y los días 19 y 20 de noviembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso y días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Ruben Núñez. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que tan dignamente preside me conceda licencia al amparo de la Ley Nº 17.827, por motivos personales, el día 26 de setiembre de 2012. Sin más, saludo a usted con consideración y estima, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Jorge Meroni”.

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“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca. Sin más, saluda atentamente, Jorge Simón”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Evaristo Coedo. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, artículo único, solicito al Cuerpo que usted tan digna-

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mente preside se sirva concederme el uso de licencia en misión oficial entre el 11 y el 18 de noviembre inclusive, a los efectos de participar de la Comitiva Oficial que acompañará al señor Presidente de la Cámara en la visita a la República de Armenia, conforme a la invitación cursada por el Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, conforme a la adjunta comunicación, con los detalles de realización. Asimismo solicitamos se nos conceda el uso de licencia por motivos personales del 5 al 10 de noviembre inclusive y los días 19 y 20 de noviembre inclusive. Sin otro particular, le saludo a usted atentamente, RICHARD SANDER Representante por Rivera”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, para participar de la Comitiva Oficial que acompañará al señor Presidente de la Cámara de Representantes en la visita a la República de Armenia. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 18 de noviembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia en misión oficial, por el período comprendido entre los días 11 y 18 de noviembre de 2012, al señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, para participar de la Comitiva Oficial que acompañará al señor Presidente de la Cámara de Representantes en la visita a la República de Armenia. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Ruben Núñez. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

21.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Yanes. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: a esta altura del debate no intentaré convencer a nadie. No estamos en una discusión en la que podamos convencernos; todos llegamos a este momento con decisiones tomadas. Lamento mucho que se aplique la disciplina partidaria en este y en otros temas, en los que me tocan a mí y en los que no me tocan. En este caso no me toca. Me gustaría que este tema se resolviera política y socialmente por amplios consensos, por amplias mayorías, pero cada sector y cada partido lo hará como quiera. Hemos oído comentarios de que algunos de nosotros tenemos mano de yeso, que votamos por disciplina partidaria y se toman como ridículas nuestras conductas, pero en todos lados se cuecen habas. A mi entender este es uno de los temas que la sociedad debe resolver cuando lo considere conveniente, sin obligar a nadie a hacer lo que no quiere. En estos días he recibido miles de “mails” de distintas organizaciones y personas -hasta me escribían en otro idioma-, que trataban de meterse en lo más íntimo de mi ser y de mi convencimiento. Algunas religiones -no profeso ninguna; vivo en un país laico, que cultiva la libertad de cultos; defiendo esa libertad de cultos y aspiro a que también se respeten mi filosofía de vida y mis creencias- bendicen armas en el nombre de Dios durante las guerras. Nunca vi a ninguno de esos -organizaciones o individuos- que me mandaron “mails” en estos días plantear que lo que ya estaba vigente, es decir, la posibilidad de abortar, estuviera bien o mal. Hoy se ponía como ejemplo el caso del aborto por honor. ¡El aborto por honor! Esa es una medida machista y retrógrada. Sin embargo, acá en el Uruguay por honor uno podía abortar. Soy de los que piensa que aquellos que defienden el “no matarás” lo deben defender en todos los casos. Si me están robando mi casa y se llevan un plasma, puedo pegarle un tiro a uno de noche porque capaz que me eximen de culpa por legítima defensa, porque violó la sagrada intimidad de mi hogar, etcétera. ¡Pero maté a uno porque me estaba robando un televisor! Nunca nadie me mandó tantos “mails” ni me presionó como lo han hecho ahora para plantear que

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eso era un disparate. Si me roban el auto que está en el garaje, le puedo pegar un tiro porque, ¡ojo!: el auto es el auto. Sin embargo, no escuché que se levantara ninguna voz en contra de esas situaciones. Entonces, lo primero que quiero decir es que me parece válido que cada uno -instituciones, personas individuales, etcétera- haga saber a los Representantes su opinión. Yo estoy sentado acá, ya voté la despenalización del aborto y fui reelecto. Quiere decir que mi electorado, sabiendo lo que toda la vida he pensado, me volvió a elegir. Así que yo tranquilo con lo mío. Creo que algunos deberían revisar los procedimientos que utilizan para dar a conocer sus opiniones a fin de hacerlo en forma más respetuosa. Digo esto porque en algunos de los casos me sentí absolutamente agredido. Por tanto, no voy a convencer a nadie, pero tampoco quiero esconderme detrás de la votación. Siempre pensé que era un disparate que una mujer fuera penalmente sancionada por hacerse un aborto; será por mi formación personal y familiar o por mi práctica de vida. Esta posición no está referida a ningún estudio sociológico ni universitario; tiene que ver con mi creencia: simplemente no lo entendía. Por todos lados me enteraba de que había gente que se hacía abortos -hasta familiares que lo hacían-, y lo peor que se señalaba era que la mujer tenía una vida demasiado liviana, salvo que fuera la hija de alguno que tuviera plata; en ese caso, se cambiaba el discurso, porque había otros motivos. También me enteré de que arriba de un comercio que se nombró hoy había una clínica abortiva; no sé si existió, pero todo el mundo decía que existía. Como también se decía más temprano, esta iniciativa de alguna forma empieza a sacar el manto de hipocresía que la sociedad tiene en este sentido. Yo no quiero ser cómplice de esas situaciones. El proyecto que voy a votar hoy despenaliza el aborto y genera instrumentos de apoyo a la mujer que deba tomar esta decisión a través del consejo de equipos profesionales. Me adelanto a decir que soy de los que quisiera que en el mundo nunca más hubiera un aborto. No me parece que este sea un mecanismo a tener en el placar para usar a cada momento. Tampoco creo que una mujer tenga que ir presa por hacerse un aborto. Me parece muy bien que el proyecto, además de establecer la despenalización, genere elementos -que

algunos han tratado de minimizar por burocráticos, inoperantes, etcétera- que ayuden a la persona que se enfrenta a este tipo de situaciones; esto hoy no existe. Conocemos a muchas mujeres que se tuvieron que hacer un aborto, y nos enteramos de otras a través de la prensa, porque murieron por las infecciones y por la mala práctica. Si esas mujeres hubieran tenido esta ley, no habrían muerto; si hubieran tenido esta ley, tal vez no habrían abortado; si hubieran tenido esta ley, no habrían sufrido agresión en su cuerpo, como sucedió cuando se sometieron a prácticas abortivas que no fueron realizadas por un médico, con instrumental adecuado y en condiciones de higiene correctas. Quiero dejar absolutamente en claro que esto no lo hago por disciplina partidaria ni por lobby. Además, nadie me fue a ver, me llamó ni me mandó un mensaje para pedirme que votara esta iniciativa. Es más: la opinión pública que se interesa por mi accionar, sabe claramente cuál es mi posición. Entonces, voto convencido, no porque sea el proyecto de ley que está en mi cabeza o en mis ideales, sino porque creo que constituye un avance fantástico en comparación con la realidad actual y porque ponemos a la sociedad frente a una problemática que no puede ocultar más. También recibí información -inclusive, hoy se anunciaba- relativa a que si el proyecto es aprobado, algunos sectores tienen intención de hacer un plebiscito. He leído “mails” y opiniones públicas que plantean que el pueblo debe decidir esto. Me parece bien que así sea; si el pueblo quiere asumir la responsabilidad de opinar sobre este tema, de apoyar esta iniciativa o de derogarla, me parece muy bien. Pero no debe hacerse por amenazas ni nada por estilo, sino porque es un derecho del pueblo uruguayo, que tiene todos los mecanismos para ejercerlo. Cuando entendí que quería cambiar una ley, utilicé ese mecanismo. Por tanto, me parece absolutamente válido que se utilice y que el pueblo tenga responsabilidad en este sentido. Es obvio que voy a hacer campaña respaldando esta norma por los conceptos que expuse y, fundamentalmente, por los que manifestaron los compañeros de la Comisión que trabajaron y presentaron el proyecto por mayoría. SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

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SEÑOR POZZI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR YANES.- Sí, señores Diputados. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado Asti. SEÑOR ASTI.- Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. No queríamos dejar pasar este momento del debate sin expresar cómo vamos a votar y por qué. La primera aclaración es que, en lo personal, no estoy a favor del aborto. Ya lo he dicho en otras instancias parlamentarias. Precisamente, creo que este proyecto viene a complementar el tema que se consideró con la ley de salud sexual y reproductiva, con la suficiente integralidad como para actuar con políticas de Estado y apoyar la mejor solución una vez que se produjo un embarazo no deseado, a través de proporcionar información acerca de alternativas, de apoyo, posibilitando que se tome una posición mucho más válida que la que se tomaría si no se tuviera más remedio que recurrir a esta práctica de manera ilegal, oculta y con tan nefastos resultados como los que todos conocemos. No solamente debemos contar las mujeres que pueden haber muerto, sino que también debemos considerar cómo pueden haber sido tratadas en esos momentos y afectadas para el futuro en su vida sexual y reproductiva por recurrir a esa práctica de manera oculta, que solo beneficia a quienes inescrupulosamente se aprovechan de la clandestinidad que hoy la sociedad impone. Para que el Estado pueda intervenir tiene que reconocer la situación que existe y abordarla sin hipocresía. Ayer y hoy se han hecho abortos quirúrgicos y se han realizado prácticas abortivas con drogas o, peor aún, con soluciones caseras, todo en forma ilegal, más o menos riesgosa. No podemos continuar con esas prácticas que mayoritariamente afectan de la peor forma a quienes disponen de menos recursos. No solo no podemos impedir que el Estado regule, controle o trate de evitar el aborto porque sea ilegal, sino que debemos exigir al Estado que intervenga con apoyo profesional en protección de esos derechos. Por otra parte, cuando se dan argumentos éticos, morales o de conciencia, nosotros consideramos que el maravilloso hecho de la maternidad es fundamentalmente un acto deseado, de amor de por vida y no solo un acto físico, médico o biológico. Por eso, en los

casos de embarazos no deseados y más allá de compartirla o no, comprendemos la decisión de interrumpirlos en situaciones extremas y no podemos condenarla legalmente porque la sociedad, hasta hoy, lo acepta pacíficamente; por eso no hay denuncias ni procesamientos por estos hechos. Por todo esto, con tranquilidad de conciencia, sin obligaciones, voy a votar a favor de todo el proyecto y de cada uno de los artículos que contiene. Si es necesario, defenderé este voto en otras instancias en las que luego sea convocado el pueblo para decidir. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Diputado Pozzi. SEÑOR POZZI.- Gracias, señor Presidente. Gracias, compañero Yanes. Diría que este es el segundo tiempo del tratamiento de este tema, que empezó en la Legislatura pasada. Se consideró y se votó en este mismo Parlamento, y luego una parte fue vetada. Quiero referirme a este asunto prácticamente en los mismos términos en que lo hice la noche en que lo votamos, hace tres o cuatro años. Para comenzar, quiero aclarar que yo no estoy a favor del aborto; en absoluto. Por el contrario, estoy en contra del aborto y a favor de la vida. En este debate, que todos estamos cuidando que sea muy por lo alto, a veces algunas expresiones apuntan a dividir las posiciones entre los que estamos a favor de la vida y los que estamos a favor de la muerte. Quiero dejar en claro que los que vamos a acompañar este proyecto no estamos a favor del aborto ni a favor de la muerte; estamos a favor de la vida. Los que estamos a favor de este proyecto queremos que cuando una mujer o una pareja en su más honda intimidad resuelven recorrer este trágico camino -en el país lo hacen más de treinta mil al año-, cuando llegan a esa tremenda decisión de practicarse un aborto, por las mil y una cosas que suceden, tengan todas las garantías que ofrece el sistema de salud instalado en el país para que ese aborto se practique en las mejores condiciones y no tengan que acudir, en todo caso, a clínicas de dudosa eficacia, o lo que se ha demostrado ahora, a pastillas sin saber cómo se toman y que terminan con la muerte de estas uruguayas. Queremos ofrecer esas garantías.

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Estoy seguro de que esta ley no va a solucionar este problema, ni va a terminar con el mercado negro del aborto. No; no va a terminar con eso. Pero también estoy seguro de que se va a iniciar un camino en el que probablemente varias miles de esas treinta mil mujeres que abortan al año en el Uruguay, a la hora de transitar ese duro camino, cuenten con todas las garantías que ofrece el sistema público y privado de salud de este país. Y creo que en muchos casos vamos a contribuir a convencer a muchas uruguayas para que no tomen esa decisión y, en otros, a que transiten ese camino por las mejores vías y no pierdan la vida debido a las condiciones en que se practican los abortos en este país. Esa es la constancia que queríamos dejar. Reitero que quiero dejar bien en claro que los que vamos a votar esta iniciativa no estamos a favor de la muerte en ninguna de sus acepciones. Y no creo que los que no acompañen este proyecto sean los únicos que estén a favor de la vida. Esta es una posición que queremos dejar bien clara. De lo contrario, las cosas se “maniqueízan” y no van por el camino que nosotros pretendemos. Estamos tratando de proteger la vida y la salud de miles de uruguayas que al año transitan este camino doloroso y que cuando no tienen dinero lo hacen en las peores condiciones y lo pagan con su vida. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Yanes. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: a modo de resumen quiero decir que vivo en un país laico, y si no fuera así, pelearía y lucharía porque fuera laico. Estoy manejando una política pública, una política de Estado, que pone a todas las mujeres en igualdad de condiciones. El convencimiento familiar, personal, influido por su religión o su filosofía de vida, es de cada familia y de cada casa, en el sentido de que la persona que está enfrentada a la situación tome por un camino o por otro. Sinceramente, me siento orgulloso de votar una iniciativa que pone en igualdad de condiciones a las mujeres. Desde mi infancia he escuchado que hay clínicas abortivas para ricas y clínicas abortivas para pobres, y nunca supe, salvo en casos muy excepcionales, de procesamientos o problemas en clínicas caras, sí en casos de mujeres que en los barrios intentaban hacer un aborto y cometían errores. Ahí sí

había una cadena de desastres y terminaban presas cuatro o cinco personas. Entonces, porque vivo en un país laico no me rijo por la creencia religiosa de nadie y porque esta iniciativa pone en línea de igualdad a todas las mujeres voto con orgullo este proyecto de ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado López Villalba. SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Antes de comenzar mi exposición debo aclarar que, de acuerdo con el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Representantes, que como todos saben soy directivo de una institución de salud. Por lo tanto, solicito autorización a la Mesa para hacer uso de la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: hay una larga tradición en esta Cámara, según la cual a casos como el suyo no se le pone ningún obstáculo para que pueda dar su opinión y emitir el voto que su conciencia le indique. Puede continuar, señor Diputado. SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Muchas gracias, señor Presidente. Antes de comenzar con mi disertación, quisiera trasmitir una misiva que el titular de la banca, Diputado Alberto Perdomo, me hizo llegar. Dice así: “En el día de la fecha, he solicitado licencia a la Cámara de Representantes con el fin de viabilizar la intervención en Sala de mi suplente y amigo el señor Daniel López Villalba, que como militante desde siempre en organizaciones por la vida me solicitó posibilitar su presencia en el día de hoy.- Sin embargo, aunque no es de estilo deseo dejar constancia en las actas con claridad, mi posición contraria y explicitar con contundencia mi negativa a esta ley que es materia de discusión en la Cámara de Representantes.- Esta negativa se basa en principios y valores fundamentales como el respeto a la vida que son parte de mis convicciones y creencias”. Señor Presidente: voy a hablar por la positiva y, sobre todo, por el valor supremo de la vida. Agradezco la posibilidad de expresar mi posición con respecto a un tema que históricamente el hombre se ha cuestionado y, si se me permite, lo haré partiendo de mi condición de cristiano y católico -lo digo con orgullo- y

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de padre de cinco hijos, pero procuraré también basarme en la ciencia y en la filosofía. Antes de entrar en tema, quiero manifestar mi profundo respeto por todos aquellos que piensan distinto, el mismo que tengo hacia quienes piensan igual que yo. (Campana de orden) ——Gracias, señor Presidente. El derecho a la vida es preexistente a la Constitución, porque no depende de la voluntad del Constituyente, sino que es inherente a la personalidad humana, tal como ha manifestado el profesor Cassinelli Muñoz. Proteger la vida de un individuo humano implica, desde mi perspectiva, respetarla tal como se manifiesta en cada momento: embrión, feto, niño, joven, adulto, anciano, y respetar a cada mujer y a cada hombre. Cada uno de los pasos que componen el ciclo de la vida humana tiene la misma trascendencia. A través de la última tecnología médica, se ha comprobado científicamente que el ciclo vital de los individuos humanos comienza con la concepción. El embrión no es un ser humano en potencia, sino un individuo humano completo en su naturaleza. La protección igualitaria de la vida implica proteger tanto al embrión como al niño o al adulto. Es verdad que al individuo humano, cuando es embrión o feto, no lo vemos, pero todos sabemos que existe, y precisa de la protección de todos porque está indefenso. En la fecundación se configura el material genético recibido de los progenitores, generándose el cigoto con un ADN que nos hace únicos e irrepetibles, pero lo más importante es que no podemos permitir que se desampare a quien no puede defenderse. Los invito a ver un video -pido disculpas a los profesionales médicos, a los técnicos y a todos aquellos que están en el tema- que contiene parte de un documental de la National Geographic llamado “En el vientre materno”, porque hoy la tecnología nos permite ver y escuchar al concebido no nacido y así despejar muchas dudas que pudo haber en el pasado. Desde ya les agradezco la atención, la consideración y la tolerancia para ver este video. (Se proyecta el video) ——En primer lugar, quiero agradecer el respeto y el silencio con los que se ha observado el video.

En segundo término, quiero rendir homenaje a todas las madres, a todas las mujeres, a todas aquellas que en algún momento tuvieron la desgracia de tener que pasar por esto. Como personas de fe siempre pedimos para que esto no ocurra y creemos que sería bueno trabajar -me incluyo- más intensamente en las causas que en las consecuencias, para no tener que considerar un asunto que separa filosófica y religiosamente a la sociedad. Lo mejor es tratar de ayudar a cada una de esas mujeres. Quizá algunas de las madres de quienes estamos hoy aquí en algún momento pensaron en esto, aunque no lo sabremos nunca. Sin embargo, nos dieron la vida y hoy podemos estar discerniendo sobre un tema tan importante como este. SEÑOR CHIESA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado, quien dispone de tres minutos. SEÑOR CHIESA.- Señor Presidente: quienes proponen este proyecto afirman: “Que este proyecto de ley: es ponderado por cuanto se derivan de este, más beneficios para el interés general por los abortos que se evitarán como consecuencia del asesoramiento, información y apoyo psicológico que supone la participación de un equipo interdisciplinario. Es ponderado además en la medida que restablece la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres sin que estas deban recurrir al mercado ilegal en que se comercializan las drogas que permiten el aborto farmacológico. En consecuencia, los resultados obtenidos resultan ampliamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto”. Me causa perplejidad y asombro que se reconozca expresamente la ineficiencia e ineficacia de los órganos rectores en materia de salud -como el Ministerio de Salud Pública según la ley orgánica que le dio creación- para brindar el asesoramiento y la información que evite los abortos. Eso se debería hacer sin necesidad de legalizar el aborto. En el caso de sostener la misma línea de pensamiento de los que apoyan la iniciativa de despenalizar el aborto, incurriríamos en el absurdo de legalizar los asaltos y los homicidios, porque la ineficiencia del Estado también es manifiesta en esas áreas, y de esa manera disminuirían. Esto es inaudito e indefendible.

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Este legislador se niega a levantar su mano y a dar su voto para subsanar las ineficiencias estatales. No lo vamos a hacer. Lo que se promete hacer si se vota este proyecto no necesita ley para llevarse a cabo o para que ya se haya hecho con anterioridad. En efecto, se debería brindar asesoramiento, información y apoyo psicológico, que supone la participación de equipos interdisciplinarios, sin la necesidad de que se vote este proyecto que legaliza el aborto. Y si no se ha hecho, una vez más el Estado está en deuda con los más necesitados, y me opongo a legislar para suplir la tarea que debe cumplir el Estado. Para terminar de fundar las razones de mi voto negativo, quiero leer un pasaje del multicitado informe efectuado por el doctor Tabaré Vázquez en el año 2008. Este expresa: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, estos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló”. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Finalizo, señor Presidente. El informe continúa diciendo: “Lo mismo sucedió en España […] La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia”. Más adelante expresa: “Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto […]”. Esta también es mi opinión, señor Presidente. Por todo esto, no voy a votar la presente iniciativa. Gracias, señor Diputado López Villalba; gracias, señor Presidente. SEÑOR VEGA LLANES.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: tengo una mala noticia: hace muchos años que se realizan abortos en el Uruguay. No empezaron en 2005 y, probablemente, no van a terminar en 2012. Creer que la ineficiencia del Estado provoca esa situación es un error. Cada cual puede votar lo que quiera, a favor o en contra, pero me duele un poco que alguien lo haga por un argumento equivocado. Por eso quería aclarar -por si alguno no se dio cuentaque esa clínica que yo mencionaba hoy está instalada desde que yo vine a la Facultad de Medicina, en 1976 y, seguramente, desde mucho antes. De manera que los abortos en Uruguay no empezaron con el Gobierno del Frente Amplio y no van a terminar con el Gobierno del Presidente Mujica; seguramente, van a seguir. El problema es creer que es la ineficiencia del Estado la que los provoca y que no votando esta iniciativa se va a resolver algo. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR CHIESA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Chiesa. SEÑOR CHIESA.- Señor Presidente: quiero decir algo con mucho respeto; nosotros hemos tratado de ser respetuosos, como ha sido la tónica de este debate en el día de hoy. Aquí se ha dicho que tenemos una ley que no se cumple, y el temor es tener otra que tampoco se cumpla porque es imposible que en todos los lugares de nuestro país se creen clínicas insterdisciplinarias para dar asesoramiento a mujeres en esa situación. Eso lo sabemos todos, y tenemos que ser conscientes de ello. Sabemos -y lo decimos- que esto no nació con los gobiernos del Frente Amplio, pero todos estamos comprometidos a solucionar un problema y ano generar falsas expectativas. Por eso no vamos a votar este proyecto de despenalización del aborto.

22.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:)

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“La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Juan Carlos Souza por el día 27 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Pereira. Del señor Representante Aníbal Gloodtdofsky por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor José Corradi. Del señor Representante Martín Tierno, por los días 26 de setiembre y 2 de octubre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel González”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Sesenta en sesenta y cinco: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día 27 de setiembre, por motivos personales. Sin más, saluda atentamente, JUAN CARLOS SOUZA Representante por Canelones”. “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Juan C. Souza, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca en mi carácter de suplente. Sin más, saluda atentamente, Sergio Ashfield”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 27 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Juan Carlos Souza, por el día 27 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Sergio Ashfield. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 7373, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Pereira. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 25 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, ANÍBAL GLOODTDOFSKY Representante por Montevideo”.

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“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Le informo que por única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside para el día 25 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, Nicolás Ortiz”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Aníbal Gloodtdofsky. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Aníbal Gloodtdofsky, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor José Corradi. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ” “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente

De mi mayor consideración: Solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales, los días 26 de setiembre y 2 de octubre. Saluda atentamente, MARTÍN TIERNO Representante por Durazno”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Durazno, Martín Tierno. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 26 de setiembre y 2 de octubre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Durazno, Martín Tierno, por los días 26 de setiembre y 2 de octubre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6091001, del Lema Partido Frente Amplio, señor Daniel González. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

23.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: la discusión que está llevando adelante hoy la Cámara de Diputados es fiel reflejo del estado de situación de este tema a nivel de la sociedad. Me voy a ahorrar las frases retóricas de que respetamos todas las posiciones porque, de hecho, las diferentes posiciones que se han expresado, inclusive

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los matices que se han dado en la interna de algunas bancadas, son el reflejo de la opinión de los uruguayos. Este tema atraviesa el conjunto de la sociedad y, si partimos de esa base, seguramente los distintos Diputados de esta Cámara están representando la opinión de quienes los han elegido. Voy a hacer referencia a los que considero aspectos centrales de este debate. Es bueno decir que nosotros compartimos plenamente el proyecto que fue aprobado por el Senado en el mes de diciembre. Desde nuestro punto de vista, ese proyecto reflejaba de mejor manera que este nuestro pensamiento; se trataba de un proyecto de protección de derechos. Aquí se ha dicho que hay una contradicción y que algunos señores legisladores están a favor de defender la vida. Yo me permito opinar que a lo largo de décadas no se protegió la vida ni la dignidad de cientos de miles de mujeres que se vieron empujadas a practicarse abortos inseguros. Fueron empujadas a un sistema clandestino en el que recibían una atención acorde a su poder adquisitivo. Cuando se habla de protección a la vida creo que habría que incorporar lo que ha implicado ese circuito inseguro de interrupción del embarazo a la morbimortalidad a la que estuvieron expuestas esas mujeres. Algunos Diputados hacían referencia a las muertes por hemorragia y septicemia, a lo que tenemos que agregar que esos abortos inseguros dejaron secuelas imborrables en muchas mujeres que, como consecuencia de esos métodos, padecieron insuficiencia renal aguda y otras patologías. A esas mujeres no se les protegió la vida ni la dignidad. Este proyecto es producto de un proceso de negociación y de la composición de esta Cámara. (Murmullos.- Campana de orden) ——Es un proyecto que, desde nuestro punto de vista, no refleja el conjunto de los aspectos por los cuales se vienen movilizando desde hace muchísimos años organizaciones de mujeres en defensa de estos derechos. Sin embargo, pese a las insuficiencias que tiene, constituye un avance. Representa un avance porque es parte de un proceso dinámico y luego de la aprobación de este proyecto en esta Cámara y en el Senado y de su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, habrá que mejorar algunos as-

pectos. De todos modos, la defensa de esos derechos no va a cesar y habrá más movilización. La sanción de las leyes está precedida, sistemáticamente, de movilización social. Nosotros aspiramos a que las mejores condiciones que existen en el país a partir de la promulgación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de las mejores condiciones de los servicios de salud para asesorar y acompañar un proceso de formación y educación en estos aspectos permitirán que en el mediano plazo esto sea superado por una ley mejor y con un entorno más favorable para nuestra sociedad. Sin duda, no se protegió la vida, la integridad física ni psíquica de las mujeres a las que hacía referencia y esos son elementos relevantes para una sociedad. El proyecto de ley que hoy aprobaremos no obliga ni pretende convencer para que cambien de actitud quienes quieren llevar adelante el proceso de gestación. Se trata de proteger a quienes entienden que -por diferentes circunstancias y por una decisión que no debe generar culpas ni ser motivo de lecciones de ética- deben tomar otro camino, con todas las atenuantes y los pasos que plantea este proyecto de ley, algunos desde nuestro punto de vista innecesarios. Plantear esta discusión implica analizar los derechos que durante mucho tiempo el Estado no ha consagrado, provocando la exposición de cientos de miles de mujeres a participar de un proceso oscurantista en el cual no tenían seguridades y eran estigmatizadas. Quien habló en primer lugar de dejar de lado la hipocresía no fue un integrante de nuestra bancada sino un Diputado que fundamentó en contra de este proyecto. Nosotros creemos que hay que dejar de lado la hipocresía y analizar, teniendo en cuenta las diferentes posiciones que existen en nuestro país, lo que sucede realmente. Durante todos estos años se han practicado abortos en nuestro país y se siguen haciendo por decenas de miles y en condiciones de inseguridad para la mayoría de las mujeres. Debemos analizar la situación que está planteada. En 74 años que lleva penalizada de la práctica del aborto no se logró erradicarla; por el contrario, se consiguió que el aborto se realizara en condiciones de inseguridad para las mujeres, lo cual representa una lacra para el conjunto de la sociedad.

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Este proyecto no pretende convencer a nadie de que se practique un aborto. Sí pretende que los servicios de salud den la cobertura necesaria a quienes llegan a la conclusión de practicarlo. Nos parece que es un deber inalienable del Estado brindar la asistencia de salud a las mujeres que lo necesitan debido a que ya tomaron determinadas decisiones. Insisto, creo que esto es un avance pero sin duda no colma las expectativas de muchas organizaciones de mujeres que han batallado largamente por este tema. Estamos en medio de un proceso que se ha de seguir profundizando, para el cual las garantías en el futuro tendrán que ser mayores. Sacar a luz estas discusiones y hacerlo de la forma en que esta Cámara lo está haciendo en la sesión de hoy sirve, ayuda, porque de alguna manera desclandestiniza un tema que todos conocemos. Como decía el señor Diputado Vega Llanes, todos conocemos que el aborto se ha practicado sistemáticamente durante décadas en nuestro país, sin embargo, parecería que lo descubrimos a partir de los proyectos de ley que proponen despenalizarlo. Nosotros vamos a votar este proyecto, lo vamos a votar a cabalidad, lo vamos a votar convencidos de que es un avance, convencidos de sus insuficiencias y, al mismo tiempo, convencidos de que debemos seguir trabajando en este camino. SEÑOR GROBA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PUIG.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR GROBA.- Gracias, señor Presidente, conductor de este debate. Señor Presidente: hemos pedido una interrupción al señor Diputado Puig en virtud de lo que ha sido el debate y de algunas manifestaciones o evocaciones que ha hecho parte de la oposición en esta sesión, sin perjuicio de que estamos anotados en la lista de oradores y que, de ser necesario, utilizaremos nuestro tiempo cuando corresponda. Aquí se ha hablado de muchas cosas: se ha evocado al doctor Tabaré Vázquez, se ha evocado a Lenin, se ha evocado al proletariado como instrumentación, argumentación o afirmación de algunos temas sobre el aborto y sobre lo que la sociedad está analizando. Para nosotros estas evocaciones tienen un va-

lor importante, en primer lugar, porque las tres tienen plena vigencia, más vigencia que nunca. Más allá de las diferencias que podamos tener con el doctor Tabaré Vázquez respecto a este tema puntual -que han sido manifestadas en más de una oportunidad por nuestro sector y por todo el Frente Amplio-, la evocación a su persona por lo que ha sido y ha representado en la vida de nuestro país, está justificada por su vigencia y su proyección. En el caso de Lenin es una evocación natural, normal, que no solo tiene validez sino que, además, tiene permanencia en la historia que ha superado el tiempo y que hoy tiene una vigencia muy importante por sus análisis respecto al capitalismo. En cuanto al proletariado, ¿quién puede negar su presencia, que a través de muchos años en la historia ha logrado un importante reconocimiento en materia de relaciones laborales en nuestro país, que comenzó en la etapa del Batllismo y que después tuvo que reconstruirse en este período a partir del 2005? Estas evocaciones son muy valiosas pero también nos dan pie, de manera muy respetuosa, para hacer otro tipo de evocaciones con respecto a este proceso de discusión sobre el aborto. Nuestro compañero, el señor Diputado Vega Llanes, hacía mención con mucha claridad a datos de la realidad –en este Cuerpo se puede discutir cualquier cosa, inclusive, algunas veces, también los datos de la realidad; respaldamos a quienes tengan opiniones y discutan sobre eso porque, en definitiva, para eso está la democracia- que indican que este problema no comenzó en 2005. Entonces, vamos a las evocaciones que nosotros queremos manifestar, con el mismo derecho que tienen quienes las hicieron antes. Dice así: “[…] Uruguay fue uno de los países pioneros a nivel mundial en consagrar la despenalización total del aborto en 1934, esto es, sin expresión de causa y durante todo el tiempo desde la concepción. El jurista encargado de redactar el Código Penal, José Irureta Goyena, conocido por su conservadurismo y su oposición a las reformas sociales impulsadas por el batllismo,” -que recién reconocimos y que retomamos a partir de 2005″consideró no obstante que la despenalización del aborto era la opción más adecuada ya que” -reitero que esto fue en 1934, cuando el problema ya existía, como dijimos recién y como manifestó el señor Dipu-

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tado Vega Llanes- “la consecuencia invariable de la represión efectiva del aborto, sería que el aborto tendería a hacerse cada vez más misterioso, más reservado, más empírico y, por consiguiente, más peligroso para la mujer”. Esto era lo que expresaba Irureta Goyena en el año 1934, cuando se promovía la despenalización del aborto en nuestro país. El señor miembro informante en mayoría, cuyo informe compartimos totalmente, mencionó al empezar su exposición que el primer proyecto en democracia, en el año 1985, fue presentado por dos Diputados del Partido Colorado. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo. Puede continuar el señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente:… SEÑOR GROBA.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR PUIG.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado Groba. SEÑOR GROBA.- Señor Presidente: decía que en el año 1985 fue presentado el primer proyecto sobre el aborto en democracia por parte de dos legisladores del Partido Colorado: los señores Diputados Víctor Vaillant y Daniel Lamas. Tenemos aquí una copia de la exposición de motivos y, si es necesario -estamos anotados para hacer uso de la palabra-, en función de cómo vaya el debate, explicaremos qué quisieron hacer los dos Diputados del Partido Colorado, que no recibieron el apoyo de su Partido a pesar de que en el año 1934 el jurista que recién mencioné abogó por la despenalización del aborto y de las argumentaciones que se dieron. Parte de esa argumentación es la que hoy manejamos los frenteamplistas y la que utilizan quienes no son frenteamplistas y van a acompañar moralmente el proyecto, pero deben retirarse de Sala. En la exposición de motivos, los entonces Diputados del Partido Colorado en aquella época -uno de ellos es frenteamplista y líder de nuestro movimiento “Claveles Rojos”; nosotros tenemos una posición histórica sobre este tema desde antes de formarse el

movimiento, y con esto estamos marcando claramente nuestra posición dentro del Frente Amplio- decían: “El presente proyecto procura, no justificar el aborto, desde el punto de vista filosófico, moral o jurídico, sino simplemente, despenalizarlo cuando es practicado con consentimiento de la mujer”. Reitero que esto es lo que decía la exposición de motivos del proyecto de ley de los dos Diputados del Partido Colorado que recién mencioné. Y agregaban: “Nos consta que plantear una reforma legislativa en un tema tan polémico, habrá de despertar una discusión pública sobre el mismo”. Los dos señores Diputados decían: “Creemos que esta discusión es saludable en el entorno democrático en que estamos comenzando a aprender a convivir.” -año 1985- “A través de ella, y de la sanción de normas como la propuesta, habremos de avanzar en el siempre difícil camino de procurar que la justicia y la razón vuelvan a imperar en un campo que, como este, constituye una llaga abierta en la conciencia de la sociedad uruguaya […]”. Hago estas menciones porque al inicio dijimos que a lo largo de la sesión se habían realizado evocaciones que ya aclaré y, con el mismo respeto, hago las mías. A un joven Diputado del Partido Colorado, a quien respeto mucho -en realidad respeto a todos los señores Diputados de todos los sectores pero, en especial, a este señor Diputado colorado-, le digo que no pierde la batalla, como dijo antes. Hoy estará presente en esta votación, aunque tenga que retirarse de Sala en una actitud disciplinaria partidaria que comprendo. Sin embargo, a él y al ex Diputado batllista y ex Senador frenteamplista, Víctor Vaillant -quien promovió en 1985 el primer proyecto de ley de despenalización del aborto y que no logró tener el respaldo correspondiente en el Partido Colorado-, les digo que hoy este proyecto será una realidad por la inmensa mayoría del Frente Amplio -con el Movimiento “Claveles Rojos” que acompaña desde su inicio este planteo-, por parte del Partido Independiente y también por la valentía y actitud en Sala de este señor Diputado al que hice mención. Queríamos muy respetuosamente dejar establecidas estas aclaraciones debido a las evocaciones que se han hecho en el correr de la sesión. A cuenta de más, agradecemos al compañero Diputado Puig y al señor Presidente por su deferencia en este pedido de interrupción, y por su conducción del debate, puesto que lo está haciendo realmente muy bien.

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Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Puig. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: vamos a redondear con una frase, partiendo de la base de que este proyecto constituye un avance respecto de la situación actual, pero que no es el destino de la lucha por establecer claramente los derechos que, para nosotros, habrá que ubicar en la derogación de los artículos 325 y 325 bis del Código Penal. Estamos en un proceso en el que es imprescindible seguir avanzando. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR GARINO GRUSS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GARINO GRUSS.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero dejar clara mi posición. No voy a votar este proyecto de ley porque estoy del lado de la vida. Voy a dejar una constancia personal en cuanto a que no estoy en ninguno de los dos polos -como señaló la señora Diputada Payssé-, es decir, aquellas personas que demonizan o que se aferran a una de las dos posiciones claras que hay con respecto al tema del aborto. Yo respeto a aquellas personas que hoy voten tanto una cosa como la otra. En ningún momento voy a ver a un asesino por votar este proyecto de ley, ni voy a ver a un fundamentalista por no acompañarlo. Se trata de posiciones de convencimiento personal que hoy me llevan a no votar este proyecto y a estar del lado de la defensa de la vida. Sin lugar a dudas esto del aborto no solo refiere a la interrupción del embarazo sino a temas muy delicados sociales y de salud. En definitiva, este proyecto no soluciona la temática del aborto, como han dicho señores legisladores de varios partidos. Hubo aborto y también habrá después de la sanción de este proyecto de ley. La problemática del embarazo tiene que ser abordada con políticas focalizadas en las embarazadas, principalmente en las menores de edad, y a través de la prevención de los embarazos no deseados. En segundo término quiero destacar que por ahí ha trascendido una propuesta de que este asunto sea plebiscitado. Sin adelantar una posición partidaria porque no ha habido una propuesta concreta, pero sí por convencimiento democrático, considero que es un

instrumento muy válido y muy respetable hacer una consulta popular. Con respecto a la prevención de los embarazos no deseados, quiero hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, deseo referirme a cómo se dirime este asunto. Digo esto porque se habla de cuarenta y seis mil nacimientos por año y de treinta mil abortos. Inclusive, en la exposición de motivos, el jurista Risso Ferrand se pregunta por qué se maneja la cifra de treinta mil y no de veinte mil abortos, y dónde está registrado. A mí todavía no me queda clara esa cifra redonda de treinta mil abortos. Para prevenir estos embarazos no deseados uno de los métodos que utiliza la juventud es el preservativo, pero adviértase lo que sucede hoy en día con ese elemento: factura IVA. Hasta ahí llega la voracidad recaudatoria y fiscalizadora del Estado. Yo lo relaciono con los embarazos, los embarazos no deseados y el aborto. (Murmullos.- Campana de orden) ——En segundo término, quiero hacer otra puntualización acerca de lo que sucede en otros países del mundo. En una charla informal que mantuve hace un tiempo con el señor Germán Rama, me señalaba que más allá de la amplia difusión de distribuir preservativos en forma gratuita, en los liceos de Francia -por ejemplo-, hay enfermerías que suministran gratuitamente y de manera reservada la pastilla del día después para aquellas personas que cometen algún error y quieren prevenir los embarazos no deseados. Una situación muy curiosa vinculada con la información de los temas sexuales y la prevención del sida tiene que ver con un servicio telefónico 0800 que funciona en la órbita de la Intendencia de Montevideo. Gracias a un pedido de informes que realicé hace un par de semanas pude descubrir que la Intendencia de Montevideo destina casi $ 2:000.000 por año a una ONG para un servicio de prevención de enfermedades sexuales y de asesoramiento a través del 0800 3131. ¿Qué tiene que ver la Intendencia con la salud reproductiva? ¡Vaya uno a saber, pero es lo que sucede! ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública, que es el encargado de abordar la salud y el asesoramiento a la población sobre prevención del embarazo? Cualquiera puede consultar el 0800 3131; yo lo hice hoy, y funciona.

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Varios señores legisladores preopinantes se refirieron a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica. De una vez por todas hay que sacarse la careta y ver que el derecho internacional y el derecho nacional no corren por los mismos carriles armónico, no funcionan de forma sistemática y muchas veces no tienen relación uno con otro. En definitiva, advertimos una violación al Pacto de San José de Costa Rica que nos preocupa y un mal manejo que se hace a nivel de derechos humanos. Este proyecto de ley no está en armonía con otro tipo de leyes vinculadas con la niñez y la adolescencia. Adviértase -obviamente, no se puede consultar al concebido no nacido-, lo que dice el artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia. Establece como principio general: “Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales”. Adviertan cómo se cita instrumentos internacionales y cómo el proyecto de ley a consideración no los respeta. El artículo 8º continúa: “En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida”. Esto se les dice a los niños y a los adolescentes, pero parece que para este proyecto no se tienen mucho en cuenta algunas disposiciones. Además, advertimos contradicciones, porque el proyecto no contempla cabalmente la decisión del progenitor, del padre. Hay una norma penal referente a la falta de cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad con relación a la que muchos jueces dudan y no aplican, precisamente, porque están en la disyuntiva de procesar a un mal padre o dejarlo en libertad. Prefieren a un mal padre libre. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Salvo algún caso muy esporádico, dicho precepto penal no se aplica, a pesar de que en nuestra sociedad vemos a menores explotados, obligados a pedir en las calles, y a padres que son absolutamente omisos en el cumplimiento cabal de los deberes y obligaciones impuestos por la patria potestad. En definitiva, hay una contradicción. Se habla de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales médicos. Hay muchos reclamos en ese sentido. Son médicos los que aconsejan el suministro de ese famoso remedio hoy multicitado: mi-

soprostol. Se trata de médicos que aconsejan: “Hágase el aborto, tome la pastilla: una para la boca y tres en forma intrauterina”. ¿Qué solución puede dar ese equipo multidisciplinario, integrado por médicos, si hoy, en forma hipócrita, aparecen equipos médicos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell que aconsejan y alientan a abortar a chiquilinas, menores embarazadas? Es imposible. En todo caso, es muy difícil llevar a la práctica este artículo 3º, que consagra el aborto y advierte sobre los riesgos inherentes a esta práctica. El literal b) del artículo 4º, diría que en forma infantil, establece como un deber de los profesionales que un miembro de ese equipo interdisciplinario se entreviste con el progenitor, en el caso de que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer. ¡Vamos! Al hombre se lo obliga a dar a su hijo una pensión alimenticia hasta los 21 años, aunque no quiera -lo cual está muy bien consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia-, pero a la hora de decidir sobre ese niño no se tiene ningún tipo de consideración. El literal b) del artículo 4º es iluso. Hoy, más que nunca, el aborto está vinculado con otro tipo de problemas, como la pobreza. Pero no me refiero a la de los años noventa que el Ministro Olesker repite siempre. En Uruguay, pese a quien le pese, siempre ha habido una cuota importante de pobreza; hay que decir las cosas como son. Creo que este problema está relacionado con la pobreza y con la falta de educación sexual en el área reproductiva, a veces manejado en algunos ámbitos de la sociedad como un tema tabú, con mucha desinformada. No hay políticas focalizadas en los jóvenes, ni en las menores embarazadas. Después de este proyecto va a seguir habiendo abortos. Se está dando un muy mal mensaje, el de que una madre tiene que interrumpir su embarazo y evitar que su hijo nazca; tiene que dar muerte a su propio hijo. SEÑOR CORRADI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR GARINO GRUSS.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR CORRADI.- Señor Presidente: quiero exponer algunos motivos por los cuales no voy a votar este proyecto.

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Se reconoce el derecho de la mujer a ser o no madre biológica. Si decidiera serlo, se reconoce el derecho que tiene de planificar cuántos hijos quiere tener y cuándo. Pero este derecho solo lo puede ejercer antes de quedar embarazada, mediante métodos anticonceptivos, no abortivos y, si así lo decidiera, ligarse las trompas de Falopio. Una vez que la mujer está embarazada no tiene derecho alguno sobre el ser que lleva en su vientre, ya que es un ser individual, tiene su propio mapa genético, su genoma humano, lo que lo hace integrante de la especie humana y persona humana, única e irrepetible. Desde el momento de la concepción tiene su propio ADN, diferente al de su madre y al de su padre biológico. Desde el momento en que ha sido concebido es integrante de la especie humana y persona humana individual. Posee huellas digitales desde las ocho semanas de gestación y, además, las líneas de las manos y pies, lo que al igual que las pupilas de sus ojos son rasgos únicos e irrepetibles. No existió, existe ni existirá jamás un ser humano igual a él. Ni siquiera los gemelos univitelinos comparten dichos rasgos. Cada vez más, gracias a los adelantos científicos, las huellas dactilares y las líneas de las palmas de las manos, así como la pupila de los ojos, son utilizadas como clave de acceso de seguridad por ser únicas. Según un estudio denominado “El aborto es violencia doméstica hacia el niño por nacer”, la interrupción del desarrollo del niño en el vientre materno, o sea el aborto, es violencia doméstica agravada por ser el agredido un niño indefenso y, además, porque este acto de violencia ejercido sobre él le produce la muerte física. También se ha comprobado científicamente que el niño por nacer tiene la capacidad de sentir intenso dolor al ser abortado. Otro punto importante al que me quiero referir… (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Ha terminado su tiempo, señor Diputado. Voy a ser tolerante, pero le ruego que redondee. SEÑOR CORRADI.- Gracias, señor Presidente. Para terminar, el compromiso de los uruguayos, y muy especialmente de quienes tenemos el privilegio de hacer oír nuestra voz en este Cuerpo, símbolo de la democracia, no puede ser otro que diseñar una res-

puesta jurídica de contenido social y económico que permita proteger las dos vidas, sin sacrificar al más desprotegido. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PARDIÑAS.- Señor Presidente: quiero rescatar el trabajo realizado por la Comisión al considerar el proyecto de ley que vino con media sanción del Senado, tratando de encontrar una nueva formulación que, por supuesto, tal vez no sea la ideal que varios miembros del Parlamento y también varias organizaciones que defienden derechos a consagrar en las normas quisieran tener. Lo cierto es que esto es un avance y, en cierta manera, constituye la consolidación de espacios de derechos en nuestro país, tal como claramente expresaba nuestra compañera que integró la Comisión, señora Diputada Laurnaga. En realidad, este es un tema que la sociedad analiza desde distintos puntos de vista. En los partidos políticos también tenemos en nuestras internas: discusiones, debates y análisis que parten de situaciones especiales, además de enfoques particulares que se cruzan por diferentes razones con elementos que han sido volcados en el contexto de esta discusión. Pero, antes que nada, cabe señalar que este no es un debate entre quienes quieren matar y quienes defienden la vida. Lo que se busca es la consagración de los derechos y, por ende, ello siempre implica defender la vida en términos más amplios y conceptuales. Esta es la realidad que vive el país hoy en día. A principios de este mes hubo una expresión judicial en mi departamento por la cual se procesó a una mujer por el delito de aborto especialmente agravado. Esto no es algo que haya congratulado a nuestra sociedad. Sin lugar a dudas apesadumbra y preocupa. Tampoco es una práctica reciente para quienes vivimos allí; conocemos estas cosas que vienen de larga data, que tienen una larga historia en cada una de las comarcas y localidades de este país. Lo cierto es que esta situación no solamente produce por iniciativa de quien concurre sino que enmarca en un proceso de violencia doméstica, una acción en la cual hubo acuerdo con la expareja esta menor, que consintió en esta solución para la se se en de vi-

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da de esta muchacha y luego la denuncia por no haber conseguido seguir teniéndola como pareja. Estas son de las cuestiones que nuestra sociedad enfrenta día a día. Estas son de las cosas en las cuales nuestra sociedad no puede mirar para el costado. Estos son los hechos que, lamentablemente, a veces marcan a una mujer para el resto de la vida, y también a un hombre. Si bien la mayoría de las veces las víctimas son mujeres, creo que las responsabilidades están divididas, así como las consecuencias negativas que estos hechos tienen. Estas son las cuestiones que hay que encarar con cierta madurez como sociedad, y como Parlamento debemos encontrar la forma de crear normas que, aunque no sean la solución definitiva a los temas, nos permitirán avanzar para que estos hechos no ocurran en el país o tengan la mínima expresión. Como ya dijeron algunos parlamentarios, con esto no se está promocionando ni haciendo una convocatoria al aborto sino generando una herramienta legal por la cual se resuelva y no sean penalizadas las mujeres que tengan la necesidad de recurrir a esta práctica. Un aporte que, como en tantos temas polémicos que hay en nuestra sociedad, realiza la Universidad de la República, a través de un trabajo interdisciplinario y académico, en sus conclusiones señala que entre los operadores jurídicos predomina la idea de que la penalización no se justifica y que produce más perjuicios que beneficios porque, por un lado, estigmatiza y expone a riesgo a las mujeres, especialmente a las que carecen de recursos para procurarse un aborto seguro y, por otro lado, la práctica ilegal es altamente lucrativa para quienes se dedican habitualmente a ella. En doctrina, desde hace treinta años están aumentando las voces que denuncian el desajuste entre la ley penal y la realidad social, destacando especialmente la necesidad de “aggiornar” la normativa en sentido desincriminador. Estas son parte de las acciones en que creo que hoy el Parlamento incurre, avanzando en una normativa que deje de ser simplemente condenatoria y permita encontrar herramientas de solución a estos temas tan dolorosos para muchos actores de este Uruguay. En el informe en mayoría fue citado el fallecido Padre Pérez Aguirre, “Perico”, y yo voy a volver a citarlo. Él, en uno de sus escritos sobre este tema,

planteaba: “Todo aborto es destrucción de una vida humana (no digo persona humana) y, como tal, un gravísimo e irreparable daño”. Nosotros creemos que es así. El Padre Pérez Aguirre agregaba: “El concepto de crimen es difícilmente aplicable al aborto. Es más, pienso que en Uruguay la mayoría de los abortos no caen bajo la ley que los considera como un crimen imputable. Por ello me siento obligado a estar del lado de las mujeres que se han sentido impulsadas a abortar”. También decía “Perico”: “La penalización del aborto no soluciona el problema planteado y de hecho, resulta en una grave injusticia, dañina en la inmensa mayoría de los casos. Por lo tanto es inmoral y no puedo menos que estar totalmente en contra de la penalización del aborto”. Esta opinión, tan calificada como otras que pueden ser consultadas, proviene de alguien que se plantó en esta visión desde su posición cristiana que, por ende, le generó algunas consecuencias y en cierta manera es la que nosotros queremos rescatar porque, en definitiva, la sociedad no solamente resuelve sus temas penando sino que debe buscar las normativas que permitan intervenir, máxime cuando hay un Estado que debe asumir el rol de regular y generar los mecanismos de protección social y de protección de la salud. Modestamente creo que, en este caso, este proyecto de ley, esta norma que procuramos sancionar, apunta y genera un escenario mejor que el que hoy tenemos en este país. Por último, quiero señalar que se ha puesto en duda nuestro compromiso y nuestra adhesión a los tratados internacionales. La Comisión que trabajó en el tema consultó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo -está instalada en el Parlamento-, la que respondió a esa convocatoria. Dice: “A modo de resumen primario, se puede concluir: a) Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, -conforme al mandato establecido por el artículo 1° de la Ley N° 18.446- la despenalización de la interrupción del embarazo dentro de los parámetros generales a estudio de esa Comisión no vulnera las normas de generación nacional e internacional de protección del derecho a la vida”. Esto también nos da un elemento que refuerza nuestra argumentación en el sentido de que estamos votando una norma que, como Estado, nos sigue posicionando adecuadamente en el marco internacional y de

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relacionamiento con los organismos internacionales pero que también se alinea y recoge la experiencia de varios Estados que han ingresado en la regularización de las prácticas abortivas con control sanitario y regulación, cuando así es necesario llevarlo adelante. Voy a decir algo que quiero atar con lo que expresaba al inicio de mi intervención: rescatar que esta es una norma en pro de los derechos. Otra de las conclusiones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, nos dice: “La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sigue, además, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de supervisión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. En su Recomendación General N° 24, el Comité ha dicho: “El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones”. Y ha recomendado a los Estados que “en la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Es decir que, una vez más, señor Presidente, nuestra posición al sancionar esta norma recoge elementos que hoy se están propiciando fuertemente en el derecho internacional, sobre todo, para buscar que en los países cada vez exista menos discriminación hacia la mujer. Es por eso que vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Silvera. SEÑOR SILVERA.- Señor Presidente: creo que con las palabras expresadas por los compañeros del Partido Nacional y el video que ha exhibido el compañero Diputado López Villalba está muy claro -muy claroque desde la concepción existe vida, y ni qué hablar a las doce semanas de embarazo. También ha quedado claro que este proyecto -lo digo con el mayor de los respetos- viola leyes internacionales, tratados suscritos por nuestro país, además de nuestro máximo texto normativo, la Constitución nacional. Hay algo que es muy importante. Como es obvio,

vamos a votar negativamente este proyecto por lo que acabamos de decir, pero hay una cuestión que es primordial: se dispone de la vida de un ser que no puede manifestarse en contrario, de un ser con vida, tal como lo apreciábamos en el video, proponiendo quitársela. Yendo a un escalón más abajo, pero no por eso menos importante, me quiero poner en la posición del padre -muchos de los presentes lo somos-, como en excelente forma expresó nuestro compañero Diputado Saravia Fratti. Este proyecto, de convertirse en ley, dejaría grandes incongruencias en el sistema jurídico uruguayo, sobre todo en lo que hace al derecho civil y al derecho penal. Veámoslo con un ejemplo. Si un comerciante me quiere imponer, a prepo, la venta de una computadora, le voy a decir: “Yo no la quiero comprar”. “No, pero yo te la quiero vender”. “Y yo no te la quiero comprar, porque no me sirve, porque el precio no es razonable, etcétera”. Ahí está el derecho civil salvaguardando, tutelando, mi derecho. ¿De qué? Precisamente, de la bilateralidad de los contratos, del acuerdo de voluntades de los contratantes, es decir, la voluntad del comerciante y la del comprador, en el caso de este ejemplo, quien habla. Ahora bien, en esa bilateralidad, con esa tutela del derecho civil, que en este caso es por plata, cuando se trata de tutelar el máximo bien jurídico cual es la vida del ser humano, ahí -aclaro que no hablo ya de la voluntad del feto, que no la puede expresar, sino de los progenitores-, no se le consulta al padre si está de acuerdo con que se le quite para siempre la vida a su hijo. Entonces, creo que hay una incongruencia, porque el derecho penal es un derecho de última ratio, o sea, de última razón. ¿Cuándo aparece el derecho penal? Cuando no existe otra manera de defender a la sociedad. Aparece, precisamente, como la última barrera, la última muralla para defendernos a todos. Como hemos visto, el derecho civil, protege el acuerdo de voluntades, pero en este caso, en que interviene el derecho penal, ni siquiera se consulta al padre. Pienso que estamos ante una incongruencia severa, porque no puede ser que aquello que protege el derecho civil, por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el derecho comercial, no se proteja en el derecho penal. De aprobarse este proyecto de ley, nuestro sistema jurídico habría una gran incongruencia, porque aquello que protege el derecho civil no es protegido por el derecho penal.

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Señor Presidente: queríamos dejar constancia de nuestra posición. Obviamente que es un tema para fundamentar y sobre el que hay mucho para decir, pero luego de las horas que llevamos de debate, de la contundencia de los compañeros del Partido Nacional que han expresado las razones que nos mueven y de haber observado ese video -que vaya si es elocuente-, mis palabras no ayudarán en mucho para esclarecer esta discusión, pero sí para dejar sentada mi posición en este tema tan importante y tan caro para nuestro Partido. SEÑORA ALONSO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SILVERA.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA ALONSO.- Gracias, señor Diputado. Señor Presidente: a esta altura de la sesión, aportar un argumento nuevo o diferente quizás sea hasta imposible. De cualquier manera, quiero expresar mi posición y, en particular, mi sentir, en un día que para mí tiene mucho contenido emocional, en el que se juntan muchas emociones, no solamente por el lugar que ocupo como Representante, sino en lo personal, por mi condición de mujer y de madre, ya que tengo el privilegio maravilloso de poder dar vida, de llevarla comigo. En primer lugar, quiero decir que respeto absolutamente las distintas posiciones que se han expresado. En segundo término, suscribo plenamente el informe que hicieron mis compañeros del Partido, los señores Diputados Javier García y Amarilla. Por eso no voy a hacer mi argumentación ni desde la ciencia, ni desde el ordenamiento jurídico interno, ni desde el derecho internacional. La voy a hacer simplemente desde mi condición de mujer que ocupa una banca en esta Casa parlamentaria, ámbito que defiendo sin dejar ningún lugar a dudas. Desde esta condición — tengo el privilegio de hablar en mi doble condición, pues la vida me ha dado una nueva oportunidad—, es que voy a trasmitir mi reflexión. Hoy hemos discutido -y quizás esté en el tema de fondo- si existe o no vida desde la concepción. La ciencia lo ha dejado claro, pero yo les puedo asegurar, completamente convencida, que Violeta, quien me acompaña desde hace siete meses y medio, tiene

vida desde que fue concebida. Quien hoy me acompaña no es un feto, señor Presidente; no es un embrión. Es mi hija, y tiene vida desde el momento en que la concebimos. Lo dice la biología, lo dice la ciencia, lo dice nuestra Constitución y especialmente me lo dice ella, cada minuto en que la siento conmigo. Por eso, me resulta muy extraño explicarle hoy a Violeta, que es un ser diferente al mío, cómo los legisladores podemos tener el poder de decir cuándo comienza la vida: que comienza a los cuatro, a los seis, a los ocho, a los doce o a los catorce meses, y que antes Violeta no era un ser humano. ¿Quién puede decidir eso? ¿Quién tiene el coraje en esta Casa, señor Presidente, para decirlo y sobre todo para votarlo? A lo largo del día se ha debatido -seguramente, utilice otro espacio para dejar planteadas diversas situaciones- cuál es el derecho que prima: si el de la libertad de la mujer, o el derecho a la vida. Como mujer y como madre de tres hijas, he dicho que por supuesto defiendo la libertad que tenemos como mujeres, pero acá no hay una antinomia entre el derecho humano y la equidad de género. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——Seguramente, haré uso de la palabra más adelante, pero quiero dejar constancia -por si se hace muy tarde- que no voy a acompañar este proyecto. Sin embargo, no voy a votar en contra, sino a favor: a favor de la vida. Con este sentimiento, que llevo desde mis entrañas, es que votamos… SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Perdón, señor Diputada. Sugiero que le solicite una nueva interrupción al señor Diputado Silvera para continuar con su razonamiento. SEÑORA ALONSO.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR SILVERA.- Sí, señora Diputada. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir la señora Diputada. SEÑORA ALONSO.- Gracias, señor Presidente y señor Diputado. Decía que hoy también se debatió cuál era el derecho que debe primar, y entre las interrogantes que me surgieron, yo me preguntaba si puedo, como mujer adulta y responsable, decidir libremente sobre la vida de otra mujer, muy pequeñita todavía, muy pe-

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queñita pero que se hace sentir, que he disfrutado -como veíamos hoy en un video- abriendo los ojos, cerrándolos, riéndose y pateando, como ha hecho casi ininterrumpidamente durante toda la sesión. No podemos separar los derechos humanos y clasificarlos, diciendo que parece que tenemos más derechos quienes somos adultos y tienen menos derechos quienes son apenas pequeños. Hoy tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente Mujica para analizar juntos varias propuestas en las que creo que el país se debe embarcar cuanto antes, que tienen que ver, precisamente, con lo opuesto a lo que estamos discutiendo en el día de hoy. Parecía un contrasentido plantear al Presidente políticas que apuesten a la natalidad, cuando, por otro lado, en este Cuerpo se está discutiendo cómo buscar una salida rápida para eliminar a quienes quieren nacer. Es contradictorio y doloroso; absolutamente doloroso. Por eso, señor Presidente, estoy convencida -y Violeta me ha escuchado decirlo- de que se pone en juego el derecho a la vida. No tenga ninguna duda de ello. Desde ese lugar he asumido el compromiso de defender la vida de Violeta, por supuesto, y especialmente la de muchísimas Violetas que queremos nazcan en nuestro país. Y la defiendo y las defiendo a todas, con uñas y dientes, de la misma manera y con el mismo coraje y el mismo valor con que otros defendieron mi vida. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Silvera, a quien le resta un minuto de su tiempo. SEÑOR SILVERA.- Solo quiero marcar nuevamente nuestra posición contraria a este proyecto. Ojalá que esta discusión sirva, de cierta manera, para reflexionar en el sentido de que no se puede buscar una solución a un problema planteando un problema más grave. Todo lo contrario; creo que de aprobarse esta iniciativa habrá graves consecuencias y estas no se pueden solucionar, como siempre se dice, yendo por el lado del más débil. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Presidencia recuerda a las señoras Diputadas y a los señores Diputados que cuando hacen uso de la palabra tienen que dirigirse al pleno de la Cámara o a la Mesa, no a la barra.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra. SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente… SEÑOR BALMELLI.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BALMELLI.- Señor Presidente: se ha dicho mucho sobre este asunto, y es difícil agregar aspectos nuevos a un debate que ya lleva muchísimas horas. Me siento representado por las expresiones de la señora Diputada Laurnaga y los señores Diputados Souza y Vega Llanes, por lo que solo agregaré algunos conceptos. Por supuesto que este tema divide a la sociedad de una manera transversal -como se ha dicho-, no solo a nivel político, sino también a nivel social. Algunos de los que hoy hablamos en contra o a favor de este proyecto, lo hacemos teniendo en cuenta experiencias cercanas, pero todos somos parte de distintas filosofías y miramos al mundo y a la sociedad a través de lentes ideológicos diferentes. Este proyecto no promueve el aborto o la interrupción del embarazo; las palabras nunca representan exactamente la realidad y cualquiera de las dos expresiones sirve, tanto la interrupción del embarazo como la del aborto. No hay que tener miedo a las palabras; esta sociedad tiene mucho miedo a las palabras, y nosotros muchas veces ocultamos esos lentes ideológicos a través de palabras. Este proyecto de ley no promueve esa situación; el aborto ya existe. Los números, que muchos cuestionan, son imposibles de saber, porque como la mayoría de los abortos son clandestinos, no hay forma de llevar un conteo exacto. Pero el aborto ya existe hoy; no es algo que promueva este proyecto. Existe, y en cifras muy importantes en nuestro país. Durante años, amplios sectores de nuestra sociedad ocultaron esos números, los disimularon y miraron para otro lado, nadie los mencionaba, para dejar tranquila sus conciencias. Morían mujeres pobres y las que tenían dinero iban a clínicas semipúblicas -como se mencionó- y actuaban a ojos vistas de todo el mundo. Esas mujeres morían por tomar una decisión, a la que arribaron por profundos sentimientos y circunstancias que solo pueden ser comprendidas en lo íntimo de cada persona, una grave decisión que conlleva

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peligros de daño físico y moral. Como sociedad, las volvemos a castigar con pena de prisión. Doble o triple castigo sufren esas mujeres en nuestro país. Todos expresamos que defendemos a las mujeres y la vida, pero lo hacemos castigando a esas mujeres con pena de prisión. Más importante que esa invisibilidad que todos colaboramos en mantener, más importante que esa ceguera impuesta por la falsa moral dominante en la sociedad, es la voluntad de castigar, de ejemplarizar y atemorizar así a los discrepantes con esa moral. ¿Castigar y estigmatizar es forma de impedir la discrepancia? ¿Se debe hacer con valores dominantes en una sociedad? Señor Presidente: indudablemente, apoyo y creo en la libertad de opción de la mujer. Ella debe ser la única que adopte en su interior la importante decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Hoy discutimos un cambio en el proyecto que aprobó el Senado, con el que personalmente estaba de acuerdo, porque dejaba expreso el derecho y la libertad de la mujer a abortar en las primeras semanas de embarazo. Este es un nuevo proyecto por el que se despenaliza esa grave decisión en determinadas circunstancias. No es el que prefiero, pero constituye un avance que mejora la situación actual. En este sentido, recuerdo que José Luis Rebellato -filósofo, profesor universitario y educador popular- expresó en su libro “La encrucijada de la ética” que la utopía debía mediatizarse con la realidad para ser efectiva y poder avanzar, y no ser algo que tengamos como un objetivo sin resolución. Señor Presidente, no podemos seguir castigando por partida doble a aquellas mujeres que tomaron una postura en el conflicto interno que se les plantea. ¿Estos castigos han impedido los abortos o han aumentado a lo largo de los años, provocando muerte por las condiciones en las que se realizan esas intervenciones? La clandestinidad y el estigma no hacen otra cosa que provocar muerte, falsedad y corrupción en parte de la sociedad. (Suena el timbre indicador de tiempo) ——¡Claro que tenemos un conflicto de valores, especialmente en esta sociedad en transición, llamada posmoderna, que está atravesada por valores de consumo y tiene una ética débil, en la que se pide libertad para consumir y se abren espacios de libertades

individuales, pero que negamos a las mujeres que toman esa decisión! SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Balmelli. Puede continuar el señor Diputado Ibarra. SEÑOR BALMELLI.- ¿Me permite otra interrupción? SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BALMELLI.- Señor Presidente: por lo menos, hay que aceptar esa decisión sin castigar la diferencia de valores que sustentaron esa opción. Creo que hay que avanzar dando libertad a la mujer, por eso votaré el proyecto que estamos discutiendo. Foucault, filósofo francés, definió a la sociedad moderna como la sociedad del encierro. En su obra “Vigilar y castigar” demuestra cómo el castigo, la cárcel y el asilo psiquiátrico se usan para disciplinar y normalizar a los discrepantes con la moral hegemónica en la sociedad. Nosotros, al apoyar este proyecto, buscamos debilitar esas concepciones de castigo y que se amplíen esos espacios de libertad individual. ¡Por supuesto que tenemos diferencia de valores! Lo bueno es reconocerlo. Quiero terminar diciendo que los valores de la ciencia son históricos. Lo que hoy nos parece justo y verdadero, y fundamentamos en la ciencia, en otras épocas no era así; quizás tampoco lo sea en el futuro. Hay que tener claro ese aspecto porque la ciencia no es la verdad absoluta, sino una aproximación. La sociedad cambia, los hombres cambian, las leyes cambian; eso es lo que estamos discutiendo hoy. Por eso voy a votar con profunda convicción este proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Ibarra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra. SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente… SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: acompañaremos con nuestro voto este proyecto de ley por considerar que es una oportunidad más para profundizar la democracia superando discriminaciones e hipocresías que han creado una profunda brecha entre las mujeres, de acuerdo con su poder adquisitivo o rango social. No estamos aquí dando rienda suelta al aborto; reiteramos que nosotros también estamos peleando por la vida. Bregamos por la cobertura universal del conocimiento, del asesoramiento, de las garantías que se puedan dar desde el punto de vista médico, hospitalario y psicológico. También estamos bregando por la educación sexual en todos los niveles de nuestro sistema educacional. Hay un aspecto que ha quedado en el tintero -no se ha nombrado hasta ahora-, que refiere a qué pasa con el niño no querido. Aquí no ha aparecido el niño no querido; a ese aspecto se va a referir luego uno de nuestros colegas. No obstante, quiero señalar que el niño no querido, de alguna manera, queda afectado psicológicamente, muchas veces, para toda su vida. Esta es una de las teorías más recibidas desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría infantil. El niño no querido se da cuenta de que no lo es y vive una situación realmente muy complicada. Respetamos profundamente los argumentos que se han vertido. Hemos oído aportes muy profundos, inteligentes y dignos de ser considerados. De alguna manera, esta ha sido una sesión prácticamente modelo desde el punto de vista del respeto con el que se han tomado estos temas. Creo que instancias como estas son enriquecedoras. En lo personal, durante la Legislatura pasada también tuve el honor de acompañar una ley similar con la siguiente peculiaridad: la voté en el Senado, porque en ese momento, estaba ocupando una banca en esa Cámara, supliendo al Senador Rubio; la voté luego en este Cuerpo, que era para el que había sido electo. Supongo que como fui excomulgado por aquella votación, en esta no tendré problema. De alguna forma, sabemos que solo con leyes no se terminan los grandes problemas socioculturales de una sociedad y que deberán ser complementadas y controladas por los organismos competentes.

Escuchando lo manifestado por la compañera Diputada Alonso, realmente puedo decir que sentí una gran emoción, pues tengo cuatro hijos y viví las vicisitudes de una espera en felicidad, porque fueron cuatro hijos queridos. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Ha finalizado el tiempo de que dispone el orador. Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra. SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una nueva interrupción? SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: de mis hijos mayores, por cierto, no sabíamos si iban a ser varones o niñas porque todavía no estaba implementada la ecografía, facilidad que sí tuvimos con los menores. En ese entonces, las abuelas utilizaban una aguja, la hacían girar y decían: “Ah, como giró esta aguja”, o por la forma de la pancita de mi mujer, decían: “Este va a ser varón o esta va a ser nena”. Y ahí preparábamos los ajuares rosados o celestes, con amor. A los más chicos, por suerte, pude ver los y escuchar los latidos dentro de su madre. Así conocí muchas de las escenas que se mostraron acá. A eso llamo yo esperar a un niño. Por cierto, estaba la camita preparada, los ajuares que correspondieran; realmente queríamos tenerlos y los niños se sintieron queridos. Por ello, creo que es un sentimiento compartido y la felicidad de tener un hijo debe ser una de las cosas más importantes en la vida, pero repito, siendo este querido y esperado, tanto por su madre como por su padre. Por último, quiero saludar a todos aquellos compañeros que durante largos años han luchado a favor de esta iniciativa, en lo político y en la sociedad. Muchos de ellos y muchas de ellas están presentes, por cierto, en esta Sala. Hoy también hay compañeros que no tienen representación parlamentaria, y aunque pueda cometer el olvido de cientos de ellos permítaseme, señor Presidente, homenajear en la ex Diputada y ex Senadora Margarita Percovich, a todo ese grupo importante de mujeres y de hombres, de hom-

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bres y mujeres, que lucharon por esta situación de defensa de género respecto a la salud reproductiva. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Ibarra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Ibarra. SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: mucho se ha dicho en la mañana, en la tarde y en la noche de hoy, sobre el proyecto de ley que estamos tratando, de interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, quería dejar en claro mi posición sobre el particular. Es por eso que recuerdo que el Senado votó -en diciembre del año pasado- un proyecto de ley que, en mi opinión, contemplaba con más nitidez mis aspiraciones, en cuanto a su contenido y redacción, ya que daba más libertad a las mujeres para que decidieran por sí o por no la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, el proyecto que estamos considerando en el día de hoy fue el texto que se pudo acordar en la Comisión y en esta Cámara para continuar avanzando en este tema tan sensible para todos los uruguayos, en especial para las mujeres. Por eso lo estoy apoyando, señor Presidente. A través de la Ley Nº 18.426, del 1º de diciembre de 2008, ya se había avanzado sustancialmente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Es algo que tenemos que recordar, porque realmente fue un instrumento muy importante que nos permitió estar discutiendo este proyecto de ley en el día de hoy. Considero que con este proyecto se están estableciendo las normas necesarias para aumentar la protección a la mujer -que para mí es fundamental-, su libertad de acción, de decisión y de independencia, ya que se dispone que sea ella, por decisión propia, quien decida sobre la interrupción o no del embarazo, con la opinión de técnicos. Asimismo, por el artículo 2º se eliminan disposiciones absolutamente retrógradas del Código Penal, como la del artículo 325 que -a esta altura de la vida, a esta altura del mundo, a esta altura de la civilización- dice: “La mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión, de tres a nueve meses”. Más allá de que a partir del año 2003 la pena que acabo de mencionar se puede sustituir por medi-

das alternativas, aun así, ese artículo es una disposición absolutamente fuera de la realidad. Hace un rato dije que este es un tema sensible y que divide a la sociedad, como estamos comprobando en esta sesión. Ha llegado el momento de laudar la polémica y de poner fin a la polarización que existe en nuestra sociedad para pasar a una solución fundamentalmente humana, pero también científica y jurídica, que permita restablecer los derechos de la mujer para que ella misma decida. No voy a dar fundamentos jurídicos que ya fueron expuestos, pero sí debo decir que, en mi opinión, lo expresado en su momento por el profesor doctor Horacio Cassinelli Muñoz es de una contundencia absoluta sobre este tema. Por otra parte, las cifras que conocemos de abortos provocados son altísimas en comparación con la cantidad de habitantes de nuestro país. Es por ello que, como legisladores tenemos la obligación, por un lado, de ayudar a controlar los embarazos no deseados haciendo prevención y algo que fundamental en la familia actual: la planificación familiar eficiente, que ojalá se aplicara correctamente en todo el país y, por el otro, de legislar en cuanto a la problemática de la interrupción del embarazo. En el artículo 2º del proyecto que estamos considerando se determina que la interrupción del embarazo podrá realizarse antes de las doce semanas de gravidez, y en los artículos 3º, 4º y 5º se dispone la conformación de un equipo médico interdisciplinario que informará objetivamente a la embarazada, quien a posteriori dispondrá de un período mínimo de cinco días para su reflexión. Asimismo, se establecen normas adecuadas para la decisión que debe tomar la adolescente a quien se le debe pedir su consentimiento, como corresponde. Otra disposición que considero trascendente, importante de este proyecto es la de evitar la mercantilización del acto médico que, lamenta-blemente, durante décadas fue lo común en nuestro país, ya que en el artículo 9º se dispone: “Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial”, lo que evitará, sin duda, el funcionamiento de clínicas clandestinas que en determinado momento pulularon, no solo en Montevideo, en el área metropolitana, sino en todo el país.

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Todo el esfuerzo que se realizará a través de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley también requiere planificar adecuadamente -ese es un desafío del sistema político y de toda la sociedad- el tema de la salud sexual y reproductiva en los ámbitos educacionales. No basta con la ley; también hay que saber aplicarla y ser prácticos sobre el particular. Además, esa educación sexual y reproductiva debe comenzar desde la escuela primaria, a fin de no encontrarnos, en un futuro cercano, ante un nuevo fracaso, como la normativa que penalizaba a la mujer causante de su aborto a través de la Ley N° 9.763, de 24 de enero de 1938. Estoy hablando del año 1938, señor Presidente. ¡Si será necesario, si será imprescindible actualizar todo lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo! (Ocupa la Presidencia el señor Representante Bianchi) ——Ha llegado a mi despacho un libro de Aníbal Faundes, profesor titular de la Universidad de Campinas, San Pablo, Brasil, investigador y coordinador de derechos sexuales y reproductivos, que escribe en su folleto “El falso dilema de estar a favor o en contra del aborto”, y que voy a leer porque considero que será muy importante para las señoras legisladoras y los señores legisladores. Dice: “¿Condenar a las mujeres es eficaz para resolver el problema?”. Y contesta: “En primer lugar, hay que decir que la condena es: legal, moral y religiosa.- Por un lado, la prohibición legal no tiene efectos sobre las tasas de aborto ya que de ser así, aquellos países en los que el aborto es ilegal tendrían una tasa de aborto por 100 mujeres mucho más baja que en los países en que el aborto es legal. Si el argumento de la legalidad funcionara, en los países en que es ilegal, las mujeres tendrían miedo y no abortarían y por lo contrario, allí donde es legal, las tasas de abortos serían muy altas, pero vamos a ver que no funciona así. Los países que tienen menores tasas de abortos son países en los que el aborto es absolutamente legal y con fácil acceso, la mujer no paga por practicarse un aborto. Todos esos países que están en Europa Occidental tienen una tasa de aborto menor de 1 por cada 100 mujeres en edad fértil. En los países en los que es ilegal, como países de América Latina llegan a tasas de 5, es decir, 10 veces más que las tasas de Holanda donde es legal y de fácil acceso”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo que dice el profesor Aníbal Faundes, considero que la legislación uruguaya está avanzando sensiblemente en la temática. Para terminar, señor Presidente, reitero que el proyecto que estamos considerando en esta sesión no es el que fue aprobado en el Senado en diciembre de 2011. El que está a consideración es menos amplio pero, de cualquier manera, avanza sensiblemente en la temática. Se produce un avance sustancial ya que se eliminan disposiciones que injustamente penaban a la mujer y, a su vez, se incluyen normas que le dan más autonomía en cuanto a disponer de su propio cuerpo. Sin duda, en los próximos años este tema va a continuar siendo analizado y vamos a progresar en cuanto a normas que aseguren el objetivo que estamos planteando y que se instaló en la Ley N° 18.426, de 1º de diciembre de 2008. Por lo tanto, voy a votar esta iniciativa convencido de que es un progreso importante para la protección de la mujer y, sobre todo, para que ella tenga absoluta autonomía a fin de decidir en hechos tan importantes como la posibilidad de interrumpir en forma voluntaria un embarazo. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Representante Lima. SEÑOR LIMA.- Señor Presidente: cuando en los años 1933 y 1934 el doctor Irureta Goyena elabora el Código Penal, buscaba una solución de equilibrio entre la vida de la mujer y la vida del feto, buscaba la protección y la tutela de estas dos vidas que conviven durante nueve meses y, ambas, con el mismo derecho a vivir y a desarrollarse plenamente. Es un Código Penal que, además, consagra -a lo largo de varias disposiciones- la postura de que la vida es un bien indisponible. Hay dos principios de convivencia entre los seres humanos, dos principios de convivencia en comunidad que, cuando se plantea una propuesta de despenalización y también de legalización, se modifican. Esas son las razones fundamentales que, en este caso, nos llevan a no acompañar esta propuesta. Hoy estamos considerando el derecho humano más esencial de todos y sin el cual es imposible que existan los demás derechos humanos: el derecho a la vida. Siempre he creído -esta también es la postura

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de nuestro sector, una agrupación departamentalque ningún ser humano tiene el derecho ni la potestad de decidir sobre la vida de otro ser humano. A nadie se le debe conceder esa facultad y, en ese sentido, toda propuesta legislativa que signifique despenalizar el aborto, termina dando, termina concediendo a un ser humano la potestad de tomar decisión sobre la vida. Por el contrario: creo que nuestra obligación es procurar el bienestar del prójimo, fomentar la solidaridad entre la población y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Consideramos más adecuada la legislación que actualmente existe sobre aborto ya que -también es cierto-, en determinadas hipótesis, en determinadas situaciones, autoriza, permite la realización de abortos. De hecho, funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública una Comisión especial asesora encargada de evaluar y de autorizar las solicitudes de aborto que se realizan. Se contemplan, por ejemplo, los casos en que haya enfermedades genéticas o malformaciones del feto que son incompatibles con la vida. La legislación actual también contempla los casos de violación. Si como resultado de una violación, de este hecho traumático, si como producto de una tragedia, la mujer queda embarazada, se le permite realizarse un aborto. Existe, además, el aborto terapéutico. Cuando está en riesgo la vida o la integridad física de la mujer, cuando la vida de la gestante se encuentra comprometida para llevar a buen término el embarazo, también se autoriza esa práctica. Otra previsión contenida en la legislación actual es lo que se conoce como angustia económica. Cuando la pobreza extrema impide a la gestante llevar a buen término un embarazo y sustentar posteriormente a esa nueva vida, se habilita la realización de un aborto. Como mencioné anteriormente, estos casos son contemplados por nuestra legislación a través de la actuación de una Comisión especial que funciona en el Ministerio de Salud Pública, que brinda asesoramiento, información, contención y apoyo psicológico a la mujer que concurre. De hecho, actualmente existe un equipo multidisciplinario. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, como toda obra humana es perfectible, mejorable, pero hay mecanismos para que la mujer no tenga que recurrir a una clínica abortiva clandestina; hay mecanismos institucionales, con las garantías que brinda el Ministerio de Salud Pública, que permiten a la mujer

plantear su situación y recibir la información y el asesoramiento para hacerse esa práctica. La fórmula contenida en los artículos 2º y 3º es muy amplia, muy laxa. Permite, en definitiva, que la sola voluntad se imponga sobre la vida; hasta una voluntad sin un motivo, sin una causa justificante, podría habilitar el aborto Consideramos que es fundamental fortalecer los instrumentos y los canales institucionales que actualmente existen en nuestro derecho. Hay también algunos otros mecanismos alternativos a la despenalización del aborto. Hace poco votamos un nuevo sistema de adopciones, ágil, reservado, que permite una desvinculación total de la gestante -si esa es su voluntad- y que garantiza privacidad y respeto a los padres de acogida. Otra medida que se puede implementar es la de dar estímulos económicos para evitar el aborto. Estudiando el derecho comparado se puede observar que esto se instrumenta: bonificaciones y devolución de impuestos en salarios para quienes se preparan a ser padres y deben afrontar gastos ante la llegada del recién nacido, vestimenta y demás implementos. Es fundamental generar una sociedad comprometida y defensora de la vida, educando en responsabilidad e informando sobre las consecuencias que esto tiene en la salud, en la reproducción, generando respeto por el propio cuerpo y la conciencia de que solo las personas involucradas pueden tener control de lo que ocurre. No podemos perder de vista una realidad demográfica actual compleja. Nuestro país tiene, desde hace años, una tasa de natalidad muy baja comparada con la de la región. Tenemos, además, una población envejecida, en la que el promedio de edad ha ido aumentando. Hace décadas que somos tres millones de habitantes, y por primera vez en muchas, han disminuido los nacimientos en nuestro país. En el año 2011 se registraron cerca de cinco mil nacimientos menos en comparación con las cifras registradas de 2010. Entendemos que las iniciativas vinculadas con la despenalización comprometen aún más este panorama demográfico complejo. Libertad y derecho a la vida; derecho a la vida y derecho a la libertad, son dos principios constitucionales consagrados en el artículo 7º de la Constitución de

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la República, dos principios que, según entendemos, deben ser compatibilizados y armonizados. Hasta el momento de la concepción, instante en el cual nace la vida, existe la más absoluta libertad para decidir si se quiere o no un embarazo, utilizando la infinidad de métodos anticonceptivos que existen: la vasectomía en el hombre, la ligadura de trompas en la mujer; la colocación de dispositivos intrauterinos, DIU; los anticonceptivos por vía oral, los preservativos. Una vez que tiene lugar la concepción, el derecho a la vida es el que debe garantizar a ese nuevo ser su desarrollo. Nuestra Constitución y nuestra legislación han sido sabias al buscar ese sano equilibrio. Como decía hace un instante, nuestra postura no es solamente personal sino del sector político que integramos. En su carta orgánica se detallan los principios humanistas que nos rigen y entre ellos está la protección de la vida desde el momento en que tiene lugar la concepción. Eso es lo que en cada una de nuestras intervenciones, a lo largo de estos dos años y algunos meses en los que hemos sido parte de este Parlamento, intentamos llevar adelante. Quiero dejar claro públicamente que a lo largo de todos estos meses en los que este tema ha estado en la Cámara de Diputados, la bancada del Frente Amplio nos ha permitido plantear nuestra postura con absoluta libertad, inclusive en este plenario. Quiero reconocer ese hecho y destacarlo. Brevemente, estas son las razones que nos han llevado a no acompañar esta iniciativa de despenalizar el delito de aborto. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado Rodríguez Servetto. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señor Presidente: en primer lugar, voy a hablar de lo que parece se estuviera esquivando, o por lo menos, no lo he escuchado demasiado; interrupción voluntaria del embarazo: aborto. Para introducirme en el tema, voy a hacer mención a una cita extraída de un trabajo realizado por el doctor Russell Nelson en 2008 denominado: “El aborto: asalto de los indefensos”. Este autor lo menciona como “Los índices de mortandad de las guerras”, expresando: “Con tal concepto y con la reverencia que sentimos por la vida, deploramos las pérdidas produ-

cidas por las guerras. Las estadísticas son aterradoras. En la Primera Guerra Mundial, murieron más de ocho millones de soldados; en la Segunda Guerra Mundial, hubo más de veintidós millones de muertes entre los hombres y las mujeres. Estas dos guerras, que se extendieron varios años cada una, costaron la vida a por lo menos treinta millones de soldados en el mundo; y esa cifra no incluye los millones de pérdidas que hubo entre la población civil.- No obstante, esas estadísticas pierden magnitud ante el número de víctimas de otra guerra que provoca anualmente más pérdidas que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales juntas: los informes mundiales establecen que se llevan a cabo cuarenta millones de abortos por año.- Esta guerra llamada aborto es una guerra contra los indefensos, contra los que no tienen voz; es una guerra contra los que aún no nacen, y que se ha desatado sobre todo el globo. Irónicamente, las sociedades civilizadas, que por lo general han protegido la vida humana, ahora han promulgado leyes que permiten esta práctica”. Señor Presidente: esta no es una cuestión política, no es una cuestión de partido, es uno de esos temas respecto de los que, sin duda, debemos despojarnos de nuestra condición partidaria que nos trajo a estas bancas y más que nunca, debemos representar el sentir de nuestra gente. Y no es con resultados de encuestas que podemos legislar, como se mencionó hace unos instantes: cincuenta y uno o cincuenta y dos están a favor o en contra. No es ajeno a nadie que el proyecto que hoy tenemos en consideración es un tema que nos divide transversalmente. Los que están a favor se llaman “progresistas” y a quienes no sustentan esa postura se los tilda de “retrógrados”, por no reconocer el derecho de la mujer a resolver sobre su cuerpo y hacerlo en forma segura. Por nuestra condición de legisladores, no podemos desconocer los ribetes jurídicos que tiene el tema del aborto. Sobre la mesa está en discusión la tutela de dos derechos individuales, importantes, poniendo a nuestra consideración el derecho de la mujer a resolver sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño dentro de la matriz materna. Nuevamente quiero hacer referencia al trabajo del doctor Russell, sobre el derecho de la mujer -que en este proyecto se antepone al derecho a la vidaque él titula -como deberíamos titular este proyecto-:

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“El aborto a solicitud”. El doctor Russell expresa: “Son relativamente pocos los abortos que se hacen debido a las circunstancias especiales” -establecidas por ley-. “La mayoría se llevan a cabo a pedido de la interesada para poner fin a un embarazo inesperado. Esos abortos son sencillamente una forma de control de la natalidad.- El aborto optativo se ha legalizado en muchos países basándose en la creencia de que la mujer tiene la libertad de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Hasta cierto punto, eso es verdad para cada uno de nosotros, ya sea varón o mujer: tenemos la libertad de pensar; tenemos la libertad de hacer planes y tenemos la libertad de actuar; pero una vez que entramos en acción, nunca quedamos libres de sus consecuencias.- Lo mismo les sucede a las personas que deciden embarcarse en la jornada que conduce a ser padres: tienen la libertad de decidir, de tomar o no tomar ese curso. Una vez que ha ocurrido la concepción, la decisión ya se ha tomado.- Y sí, la mujer tiene la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. Ya sea que lo que ha decidido la lleve a una misión aeroespacial o a tener un bebé, su decisión de embarcarse en esa jornada la liga a las consecuencias de esa opción. No puede” -ni debe- “volverse atrás.- Cuando las controversias sobre el aborto llevan al debate, se invoca ‘el derecho de opción personal’, como si se tratara de la única y suprema virtud. Eso sería verdad si afectara a una sola persona. Los derechos de cualquier persona no le autorizan a abusar de los derechos de otra persona. Ya sea en el matrimonio o sin él, el aborto no es un asunto individual. El hecho de poner fin a la vida de un bebé en desarrollo involucra a dos personas con cuerpos, cerebros y corazones separados. La decisión de una mujer en cuanto a su propio cuerpo no incluye el derecho de privar a su bebé de la vida, y de toda una vida de opciones que su hijo tendría que tomar.- Casi todas las leyes concernientes al aborto consideran la duración de la gestación. La mente humana ha pretendido determinar cuándo ‘comienza la vida'”. Estoy citando al doctor Russell. Y sigue: “En el curso de mis estudios de medicina, aprendí que cuando se unen dos células especiales para convertirse en una que contiene veintitrés cromosomas de la madre y veintitrés cromosomas del padre, comienza una nueva vida. Esos cromosomas contienen miles de genes. En un proceso maravilloso en el que se combina un código genético por el cual se establecen todas las características humanas básicas de esa persona que no ha nacido, se forma una

nueva estructura de ADN. El desarrollo constante de esa combinación da como resultado un nuevo ser humano. Aproximadamente veintidós días después de que las dos células se han unido, comienza a latir un diminuto corazón; a los veintiséis días empieza a circular la sangre. En mi opinión, el hecho de legislar cuándo llega esa vida en desarrollo a tener ‘importancia’ es una acción presuntuosa y sumamente arbitraria”. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que la concepción se materializa estamos hablando de una nueva vida, por lo que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo ya no es el bien jurídico tutelado sino que estamos ante el derecho a la vida de ese niño concebido, derecho más fundamental para los que respetamos los derechos humanos, en todos sus órdenes y respetamos la vida en todos sus órdenes. Señor Presidente: como legisladores y en tanto integrantes de esta nación no podemos olvidar el artículo 7º de nuestra Constitución, que consagra el derecho a la vida. Además, adherimos al Pacto de San José de Costa Rica que define cuándo comienza la vida de un individuo y es desde el momento de la concepción; esto es ley en nuestro país. Durante el informe en mayoría de la Comisión hubo conceptos que llamaron la atención como, por ejemplo, que este proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego. Ante el derecho a la vida, los demás valores en juego deben quedar relegados; se menciona el derecho del concebido a nacer, el derecho de la mujer y el derecho de la sociedad a construir una comunidad más digna. ¡Cómo, sin respetar el derecho a la vida del niño que va a nacer, es que vamos a construir una sociedad más digna! Sinceramente, señor Presidente, no lo comprendo. Por último, al final del informe nos dicen que más adelante deberíamos descubrir los pasos a seguir para evitar que haya tanta cantidad de abortos. Pero no es ese el orden porque, ¡cuántas vidas deberemos sacrificar antes de que quienes tienen el derecho sobre su cuerpo lo ejerzan antes de concebir una nueva vida! En el artículo 1º del proyecto encontramos una contradicción importante, por cuanto el Estado deberá garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable, cuando las políticas de prevención son absolutamente insuficientes, pero también establece

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que el Estado tutelará la vida humana. Pues, señores, el Estado no puede proteger las dos cosas en el mismo acto; protegemos el derecho de la mujer a resolver si concibe o el derecho a la vida del niño concebido. Para mí la decisión es clara: el derecho a la vida. Sin faltar el respeto a nadie, pero con la mayor convicción –y me hago cargo de lo que voy a expresar-, quiero decir que no podemos -y que cada uno lo tome como quiera, ya que tengo el derecho de expresarme como me parezca-, entre mate y mate, legalizar la pena de muerte a los nonatos concebidos. SEÑOR NOVALES.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: seré breve, porque ha habido muy buenas exposiciones, desde todo punto de vista, tanto de quienes están a favor de una posición como de quienes defienden la otra. Creo que ha sido un debate por lo alto, que se llevó con el mayor respeto, pero quiero decir que no voy a votar este proyecto. La promoción del aborto es un atentado criminal a los derechos humanos, que es el derecho principal. Sabemos que hay cientos de miles de personas que están a favor de una posición o de otra, pero me imagino -y no quiero ofender a nadie- que si ganara la posición contraria a este proyecto, los muchachos saldrían manifestando “Sí a la vida” o “Gracias por la vida”, pero si se aprobara el proyecto -como todo parece indicar-, los muchachos saldrían diciendo -parafraseando al General Millán Astray- “¡Viva la muerte!”, porque esto es lo que se va a aprobar esta noche. Entonces, como hoy se han dicho muchas frases para justificar ciertas posiciones voy a citar, para terminar -porque me siento identificado con la exposición de la señora Diputada Alonso, que me conmovió, así como el video proporcionado por el señor Diputado López Villalba-, una frase de una poesía que dice: “Conciencia nunca dormida / mudo y pertinaz testigo / que no dejas sin castigo / ningún crimen en la vida / […]”, y eso es lo que se va a aprobar. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Rodríguez Servetto. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señor Presidente: realmente me pregunto por qué destruir una vida que podría brindar gran felicidad a otras personas. Por otra parte, el señor Diputado Trobo se refirió a un proyecto, presentado en la Legislatura pasada, que está durmiendo en los cajones, que propone, precisamente, el apoyo a la mujer embarazada —ya sea económico, social, como psicológico— para que llegue a término. Entonces, por qué votar por la muerte cuando podemos votar por la vida. Gracias, señor Presidente.

24.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Álvaro Delgado por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Conrado Ferber. Del señor Representante Aníbal Pereyra, por el día 25 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Robert Sosa. Por enfermedad, literal A) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna por el período comprendido entre los días 25 y 27 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Hernán Bonilla. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores del señor Representante Aníbal Pereyra, por el día 26 de setiembre de 2012, se convoca al suplente siguiente, señor Robert Sosa”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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(Se vota) ——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporará a la Cámara en las fechas indicadas. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia, por motivos personales por el día 26 de los corrientes y se convoque a mi suplente siguiente. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, ÁLVARO DELGADO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de denegar por esta única vez el llamado a ocupar el escaño del Diputado Álvaro Delgado con motivo de su licencia por el día 26 del presente año. Sin otro particular, saluda muy atentamente, Marcelo Maute Saravia”. “Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de denegar por esta única vez el llamado a ocupar el escaño del Diputado Álvaro Delgado con motivo de su licencia por el día 26 de setiembre del presente año. Sin otro particular, saluda muy atentamente, Andrés Añasco”.

“Montevideo, 18 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de denegar por esta única vez el llamado a ocupar el escaño del Diputado Álvaro Delgado con motivo de su licencia por el día 26 de setiembre del presente año. Sin otro particular, saluda muy atentamente, Martín Lema”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Marcelo Maute, Andrés Añasco y Martín Lema. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Monte-video, Álvaro Delgado, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Marcelo Maute, Andrés Añasco y Martín Lema. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente corres-pondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 404, del Lema Partido Nacional, señor Conrado Ferber. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

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“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por motivos personales solicito al Cuerpo que usted preside licencia el día 25 de setiembre de 2012. Sin otro particular, saluda atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del diputado Aníbal Pereyra, fui convocado como suplente de ese Cuerpo. Comunico a usted, que por el día 25 de setiembre de 2012 no acepto la convocatoria. Sin otro particular, le saluda atentamente, Raúl Servetto”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado como suplente de ese Cuerpo. Comunico a usted, que por el día 25 de setiembre de 2012 no acepto la convocatoria. Sin otro particular, le saluda atentamente, Sandra Lazo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Raúl Servetto y Sandra Lazo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de se-

tiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Raúl Servetto y Sandra Lazo. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Robert Sosa. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito se me autorice licencia por enfermedad por las siguientes 48 horas. Para constancia adjunto certificado médico. Asimismo, solicito se convoque a mi suplente. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, GUSTAVO BORSARI BRENNA Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 25 y 27 de setiembre de 2012 y adjunta certificado médico. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal A) del artículo 1° de esta.

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La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 25 y 27 de setiembre de 2012, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Hernán Bonilla. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por incorporarme al Senado, solicito al Cuerpo que usted preside licencia el día 26 de setiembre de 2012. Sin otro particular, saluda atentamente, ANÍBAL PEREYRA Representante por Rocha”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del diputado Aníbal Pereyra, fui convocado como suplente de ese Cuerpo. Comunico a usted, que por el día 26 de setiembre de 2012 no acepto la convocatoria. Sin otro particular, le saluda atentamente, Raúl Servetto”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: En mi calidad de suplente del diputado Aníbal Pereyra, fui convocado como suplente de ese Cuerpo.

Comunico a usted, que por el día 26 de setiembre de 2012 no acepto la convocatoria. Sin otro particular, le saluda atentamente, Sandra Lazo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, se incorporará a la Cámara de Senadores día 26 de setiembre de 2012. CONSIDERANDO: I) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Raúl Servetto y Sandra Lazo. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y a la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Raúl Servetto y Sandra Lazo. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el departamento de Rocha, por el día 26 de setiembre de 2012, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Robert Sosa. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

25.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Battistoni. SEÑOR BATTISTONI.- Señor Presidente: considero importante destacar lo que se afirma al final del informe en mayoría del proyecto: “Se debe centrar el debate en descubrir qué pasos hay que dar para evitar, de manera realista y eficaz, el que se sigan realizando abortos […]”. Esto es deseable, ya que partimos de la base de que abortar no es algo frívolo, sino que genera angustia y desesperación en la mujer. Por supuesto, esta presentación está teñida de mi propia experiencia. Mi convicción personal -casi

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hablo distanciándome de la situación en que estamos, que es elaborar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, o aborto- es un radical alineamiento moral con la absoluta autonomía de la mujer para decidir la interrupción de su embarazo, porque no me siento con derecho para decidir o reglamentar sobre el dolor, la angustia, la desesperación y el destino del cuerpo de una mujer. Por eso, me siento incómodo debatiendo este proyecto, porque de alguna manera nos entremetemos en lo que debe ser un acto íntimo, privado y aconsejamos a la mujer cómo debe manejar su desesperación. Mi ley preferida sería la simple despenalización del aborto; lo demás, una vez asumida la voluntad autónoma de la mujer, sería cuestión de un buen gerenciamiento de la salud pública. No obstante, creo que este proyecto es un pequeño avance con respecto a la actual legislación autoritaria y machista, expresada en el artículo 325 del Código Penal. Debemos ser conscientes de que estamos reeditando discusiones en nuestro país -y en la historia de la humanidad-, especialmente de la época del Batllismo progresista. En realidad, la legislación del aborto como tal comienza a estudiarse a mediados del siglo XIX; anteriormente no hubo posición clara, inclusive de la Iglesia. Mi posición surge, como tantas, de mi propia experiencia personal de vida, lo que me llevó a la constatación de la absoluta hipocresía de la sociedad en que vivimos. Cualquiera de mi época -soy del interior- podría decir quién realizaba mejor el aborto, el más seguro, ya fuera la partera, la comadrona, el médico, el brujo, etcétera; en mi pueblo se sabía quiénes hacían los abortos. Inclusive, siendo niños, sabíamos que las madres de algunos compañeros se habían hecho abortos, y quién lo había practicado, y no nos parecía nada escandaloso. Por otra parte, debo decir que en algunos casos, como estudiante recién llegado a Montevideo, ayudé a realizar abortos a algunas compañeras y amigas. Por lo tanto, en ese sentido, fui cómplice de un delito, pero era la manera como se procedía en esos momentos: llegaba el pedido desesperado, salíamos a buscar la plata -a veces vendíamos cosas personales-, y hacíamos los contactos para llegar a la mejor clínica clandestina. Esto sucedió mucho antes de que se ins-

talaran las clínicas que mencionó el señor Diputado Vega Llanes. Recuerdo una clínica en el Cordón. De niño, mi prima vivía en esa zona, y cuando paseábamos me decía: “Aquí hay una clínica de abortos”. Cuando llegue en Montevideo esa clínica cayó, fue desmantelada. Alguien debería preguntar se por qué cayó habiendo más clínicas de abortos en Montevideo. Digo esto para fundamentar el clima hipócrita en el cual vivimos con respecto a este tema. Es interesante analizar qué pasa en otros países en cuanto al aborto o a esa forma un poco sutil de hablar del tema como interrupción voluntaria del embarazo, cuál es el ordenamiento jurídico en otros países, qué es lo conceptual en la política de abortos. En este caso me ilustré con datos de un librillo titulado: “Políticas de aborto” publicado por las Naciones Unidas. Es una revisión de 2002 y, por lo tanto, no está actualizada, pero sirve para tener una idea de cómo se comportan los diferentes países con respecto al aborto y cuáles son las bases conceptuales sobre las que están construidas las legislaciones relativas a la interrupción del embarazo. Este libro fue editado por la División de Población del Secretariado de las Naciones Unidas y en su prefacio señala que hay tres estructuras legales o modelos para la interrupción del embarazo: la ley codificada -parte de la ley romana y del Código Napoleónico-, la cultura jurídica anglosajona, y la ley islámica. Allí se menciona -perdonen si leo torpemente pero estoy traduciendo- que las religiones juegan o han jugado un importante rol en moldear la legislación en un número importante de países, particularmente las leyes relativas a las relaciones personales como el matrimonio, las interacciones familiares, los niños y la herencia. Aunque no es aceptada como una ley oficial, la ley canónica, como la desarrollada por la Iglesia Católica Romana, ha sido una fuerza significativa en países con gran cantidad de población católica, como Portugal, España y los países de América Latina, así como el sintoísmo y el budismo lo fueron en Japón. La ley islámica -lo menciono porque realmente me sorprendió; tiene puntos de contacto con el pensamiento occidental- establece que la interrupción del embarazo puede ser punible en el momento en que el feto tiene alma y eso se establece por la ley del Corán y de la “sunnah”, en alrededor de ciento veinte días. Sin embargo, posterior a esto no hay mayores penalidades, aunque sí existen penas de otro tipo. O sea

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que en este debate es enorme la losa, el peso que tiene la religión. Considero muy atendible una posición planteada por una señora legisladora -creo que ha sido ella- durante la discusión que se realizó sobre el aborto en España. Ella dice que lo que para algunas religiones es un pecado, en la sociedad no necesariamente debe traducirse en un delito. Aquí se ha hablado mucho de la ciencia, el apoyo de la ciencia, del genoma, del ADN y de todo lo demás. De todas maneras, en este sentido hay un artículo importante del científico y divulgador Carl Sagan que le hinca el diente con bastante profundidad a este tema. Hacer una síntesis iría más allá de lo que me estaría permitido o de lo que yo sería capaz de exponer. El artículo se llama “Aborto: ¿Es posible tomar al mismo tiempo partido por ‘la vida’ y ‘la elección’?”. Acerca de decidir sobre el aborto, él dice: “Esto invoca el espectro de unos legisladores, predominantemente varones y opulentos, decidiendo que mujeres que viven en la pobreza carguen con unos niños que no pueden permitirse el lujo de criar; obligando a adolescentes a traer al mundo hijos para los que no están emocionalmente preparadas; diciendo a las mujeres que aspiran a una carrera profesional que deben renunciar a sus sueños, quedarse en casa y criar niños; y, lo peor de todo, condenando a las víctimas de violaciones e incestos a aceptar sin más la prole de sus agresores”. Luego hay una nota interesante que dice: “Dos de los más enérgicos antiabortistas de todos los tiempos fueron Hitler y Stalin, quienes inmediata-mente después de asumir el poder declararon delito la comisión de abortos antes legales. Otro tanto hicieron Mussolini, Ceausescu e incontables dictadores y tiranos nacionalistas. Claro que, en sí mismo, este no es un argumento a favor de la elección, pero nos previene sobre el hecho de que estar en contra del aborto no tiene por qué ser muestra de un compromiso profundo con la vida humana. Martín Lutero, fundador del protestantismo, se mostró opuesto incluso a esta excepción: ‘No importa si se fatigan o incluso mueren por parir hijos. Perezcan en aras de su fertilidad, para eso están aquí'”. Así hablaba de las mujeres. Respecto a la vida, Carl Sagan comenta: “Pese a las numerosas afirmaciones en contra, la vida no comienza en el momento de la concepción; es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de

la Tierra, hace 4.600 millones de años. Tampoco la vida humana comienza en la concepción, sino que es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de nuestra especie, hace cientos de miles de años. Más allá de toda duda, cada espermatozoide y cada óvulo humanos están vivos. Es obvio que no son seres humanos, pero lo mismo podría decirse de un óvulo fecundado”. Más adelante, sobre el potencial de vida, manifiesta: “Todos los espermatozoides y óvulos humanos son mitades genéticas de seres humanos potenciales. ¿Es preciso hacer esfuerzos heroicos por salvar y preservar a todos y cada uno, en razón de ese ‘potencial’? ¿Es inmoral o criminal no hacerlo? Existe, desde luego, una diferencia entre suprimir una vida y no salvarla. También es muy distinta la probabilidad de supervivencia de un espermatozoide de la de un óvulo fecundado. Sin embargo, el absurdo de un cuerpo de ínclitos conservadores de semen nos lleva a preguntarnos si el simple ‘potencial’ que tiene un óvulo fecundado de convertirse en un bebé convierte realmente su destrucción en un asesinato”. Si hablamos de genoma, que tanto se ha mencionado aquí, parece muy acertado lo que menciona Carl Sagan al respecto: “Si uno mata deliberadamente a un ser humano, se dice que ha cometido un asesinato. Si el muerto es un chimpancé -nuestro más próximo pariente biológico, con el que compartimos el 99,6% de genes activos- cualquiera, entonces no es un asesinato. Hasta la fecha, el asesinato se aplica solo al hecho de matar seres humanos. Por eso resulta clave en el debate sobre el aborto la cuestión del momento en que surge la personalidad (o, si se prefiere, el alma).¿Cuándo se hace humano el feto? ¿Cuándo emergen las cualidades distintivas humanas?”. Para terminar este artículo muy interesante -no he tenido la capacidad de hacer una síntesis relevante-, debo decir que luego hace una serie de consideraciones sobre la legislación y la historia del aborto. También me parecen muy importantes los artículos de la psiquiatra francesa Françoise Dolto -los recomiendo-, especializada en psicología infantil. Debo admitir que crié a mis hijos con los libros de esta profesional. (Suena el timbre indicador de tiempo) SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo. Le pido que redondee su exposición.

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SEÑOR BATTISTONI.- Señor Presidente: quiero mencionar una cita de Dolto. Dice así: “Habría que dar pruebas de pusilanimidad masoquista para dejar que las cosas sigan adelante, aunque esta mujer encinta se sienta incapaz de asumir a su hijo en las condiciones psíquicas y materiales en que se encuentra; no solo incapaz de proseguir su embarazo hasta el nacimiento del bebé, sino más aún, incapaz de criar a ese bebé en los cinco o seis primeros años, que requieren tanta atención; disponibilidad psíquica y maternal de parte de la madre y del padre, de todo el grupo social circundante. Es así como, por pusilanimidad acompañada por una buena conciencia superficial, madres rechazadas o apoyadas por un médico que quiere salvar su bella alma profesional están embarcadas en la gestación de un bebé que desde el comienzo de su vida será frustrado del derecho de todo ser humano a la alegría”. Françoise Dolto era católica militante. Por lo tanto, entiendo que este proyecto de ley no es el ideal, pero sí un paso hacia la modernización de la legislación uruguaya. También quiero aclarar que el DIU se entiende como un artefacto o dispositivo abortivo, ya que no deja implantar el óvulo fecundado. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CASAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CASAS.- Señor Presidente: nosotros respetamos las opiniones que se han vertido en Sala, pero vamos a defender la nuestra con convicción. Manifestamos nuestra posición contraria al proyecto de ley sobre despenalización del aborto que se pretende aprobar que, como todos sabemos, no es más que un juego de palabras porque claramente esta es una legalización. Se ha tratado de cambiar el nombre, pero lo que se busca es legalizar esta práctica. Por lo tanto, no aceptaremos a aquellos que nos digan que están en contra del aborto, cuando lo que se pretende es legalizarlo. Nuevamente estamos frente a un error que se ha hecho costumbre en este período de Gobierno: se busca la solución del problema empezando por el final; lo mismo está ocurriendo con la marihuana. No se buscan mecanismos para proteger realmente a la

mujer ante un embarazo no deseado, sino que empezamos por el final: quitar la vida al no nacido e interrumpir el embarazo. No buscamos soluciones alternativas más constructivas para toda la sociedad. Esas soluciones existen, son viables y concretas, y pueden materializarse en un proyecto de ley alternativo que respete y proteja a la mujer, a la maternidad, a la familia y la vida del concebido siguiendo el mandato constitucional, sin eliminar el derecho a la vida del concebido no nacido. Si se dice que las anteriores son políticas a largo plazo, no es excusa. Empecemos por ahí antes para acortar caminos y legalizar una práctica que va contra la vida, que es un derecho anterior a todo ordenamiento jurídico. La despenalización que se pretende no es la solución a la situación de la mujer con un embarazo no deseado: su práctica no los cura, su liberación los amplifica y los camufla. La legalización del aborto sería una muestra más de la decadencia de valores que tiene nuestra sociedad. Queremos legalizar el aborto. También se pretende un Estado productor de marihuana. La situación de las cárceles es deplorable y este proyecto de ley, si se aprueba, será un signo más de decadencia, que ha sido y es alentada por este Gobierno que pretende ser más progresista. No podemos llamar progresista a la cultura de la muerte, a quitar la vida a un ser. Eso no es progreso alguno. Legalizar el aborto es quitar al Estado la responsabilidad de la defensa por la vida. No podemos convertirnos en personas que manejan el comienzo y el final de la vida. Escuchamos hablar a todo el mundo todos los días sobre los derechos fundamentales, de su protección y garantías, pero cuando llega el ser más indefenso, que no depende de su propia voluntad, que no puede expresarse ni exigir respeto, nos olvidamos. Personalmente creo que esta es una actitud penosa. Para que existan y se garantice el resto de los derechos humanos tiene que estar garantizado, por encima de todo, el derecho a la vida, porque sin ella no hay ser humano, y sin ser humano no hay derechos. Entonces, sería muy difícil defender los derechos humanos en forma integral y no defender el derecho a la vida. Decimos ser defensores de los derechos humanos, los defendemos casi todos, pero el primordial, el que da origen a los demás, no. Desde mi profesión de veterinario, digo que ya no se puede discutir más cuándo comienza la vida.

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Según los avances científicos -especialmente los vinculados a la genética-, se comprobó que existe vida desde el momento de la concepción. Ese ser humano en formación es único en el mundo y no hay otro igual. Tiene su propia identidad. La mujer, en este caso, está disponiendo de otra vida que está en gestación, pero que es diferente a la suya. El ex Presidente doctor Tabaré Vázquez, con el veto a la anterior ley referida a este tema, planteaba que la legalización no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho, descubrimientos revolucionarios dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay vida, una vida humana nueva, un nuevo ser. Nos parece acertada su posición, pues entendemos que el aborto provocado no puede ser considerado un acto médico, ya, que desconoce los principios de la medicina que caracterizan al médico por su accionar a favor de la vida. Este proyecto no pretende más que el derecho de la mujer a abortar, promovido por el Estado, que brindará los medios humanos y económicos soportados por toda la sociedad y que, seguramente, serán mucho más costoso que la decisión de colaborar para vacunar a las niñas a fin de prevenir el cáncer de cuello de útero. Para concluir, creo que legalizar el aborto es dar lugar a que se cometa cualquier otro tipo de atropello contra la dignidad y la vida de toda persona humana. Un Gobierno que dice que está bien matar a los más débiles, pobres e indefensos, está diciendo que la vida humana no vale nada y que cualquiera puede quitar la vida a cualquiera. Se está diciendo a la madre: “Mirá que podés matar a tu hijo”. El aborto no debe ser utilizado en nuestro país como un mecanismo anticonceptivo. Respetaremos y defenderemos la vida de quienes aún no pueden defenderse. Siempre lucharemos diciendo sí a la vida. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PERRACHÓN.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PERRACHÓN.- Señor Presidente: podemos decir que el tema que hoy tratamos ha sido muy bien

discutido por todos los sectores de la sociedad y sus representantes en el Poder Legislativo. Es fundamental la prevención del aborto, una correcta educación sexual en las escuelas y una sucesiva intervención en este terreno, por ejemplo, con los consultorios familiares. Esas son las bases para la reducción máxima del fenómeno. El uso de anticonceptivos parece una práctica adecuada, exenta de contradicciones morales, para evitar lo que, de algún modo, es una experiencia dolorosa para todas las personas involucradas. El aborto es, por cierto, evaluado como un hecho negativo, puesto que consiste en la supresión de un ser viviente al que, aunque todavía no está desarrollado, no se le puede condenar simplemente en base al principio de defensa de la vida. Existe todo un contexto en el que el hecho se sitúa. Hay una mujer y un ser vivo ya desarrollado que lleva en su cuerpo. Es necesario tomar en cuenta su presencia insustituible. Por otra parte, está el contexto familiar en el que nacerá el niño, pudiendo tener, eventualmente, enfermedades y malformaciones. Algunos sostienen que es mejor nacer que no nacer, pero es una afirmación no convincente. Preferimos insistir en la defensa de los derechos de todos los involucrados, sin privilegiar a priori a ninguno. Consideramos válido el principio de autodeterminación de la mujer y atribuimos importancia a la disminución global del costo humano. La vida, como hecho positivo de interrelación y reciprocidad, incluye diversos aspectos y no está exenta de tensiones y conflictos. El aborto es la interrupción de un proceso biológico y, al mismo tiempo, es siempre un acto que atañe a la dinámica vital de interacción que involucra a más sujetos. Entra en escena la persona de la madre y su relación con el embrión-feto, como ser personal plenamente autónomo. La conexión continua entre la vida de la madre y la del embrión-feto determina una relación física y afectiva entre la madre y el hijo, que puede traducirse en una elección entre aceptación o rechazo de la maternidad. En la vida del embrión es importante, además de su nivel de desarrollo en el útero materno, sobre todo la relación de aceptación por parte del cuerpo en el cual crece, el proyecto que sobre él se construya, y el hecho de ser pensado y amado antes de nacer. Se

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evidencia así la importancia del uso del concepto de relación en el debate que nos ocupa. Este no puede eludir factores como el de la voluntad procreativa y la aceptación y asunción de responsabilidad en la gestación. Además de la expresión “tutela de la vida”, en sentido abstracto y teórico, debemos considerar otra que es el “cuidado de la vida”, presente en todas las relaciones humanas, con un fuerte componente ético. De este modo, entra en juego la consideración de la mujer como sujeto ético, capaz de autodeterminación. La mujer nunca ha sido aceptada como sujeto ético, pero siempre ha sido requerida para asumir responsabilidades hacia otros. La asunción de responsabilidad sobre sí misma implica, por el contrario, la posibilidad de determinar normas para su propia conducta. La autodeterminación se vuelve en este contexto un valor evidente, puesto que aúna la responsabilidad sobre sí misma y hacia otro. La categoría de cuidado a la que nos hemos referido incluye otro aspecto: el de la relación entre la mujer y la comunidad a la que pertenece, representada, en primer lugar, por su compañero y su familia. Estos podrían querer imponer su voluntad a la mujer o, por el contrario, podrían liberarla a su propia determinación. Pero si la mujer no es objeto de cuidado o atención por parte de la comunidad en la que vive y se rompe la red de relaciones dentro de la cual se da la relación madre-hijo, una consecuencia de esta fractura podría generar una interrupción del embarazo. Aunque la decisión última respecto a esta acción corresponda a la mujer, esta puede estar determinada por una serie de corresponsabilidades que comprenden también a su compañero y a la comunidad familiar y social. La ética de la responsabilidad pone el acento en la interdependencia de las relaciones humanas, por lo cual se debería hablar de corresponsabilidad en el derecho de elección de la madre. En este caso, el conflicto no surgiría entre una jerarquía de derechos sino dentro de una red de relaciones en la cual está en juego la posibilidad de proteger la vida del niño. Por lo tanto, el relacionamiento influye en la valoración general de la vida y en la decisión de optar o no por la interrupción del embarazo. Las últimas consideraciones nos llevan a una ulterior valoración de carácter polémico, pero no por ello secundario: el hábito cultural de usar para con la mujer criterios muy diversos a los usados para con el varón cuando se trata de cuestiones relativas a la vida

humana. En las culturas que rige este criterio, el mandamiento que prohíbe matar se invoca en el caso de la responsabilidad de la mujer hacia su cuerpo y hacia el que nacerá. Su cumplimiento es afirmado con fuerza y es objeto de control severo, que no se ejerce en otros campos. Las excepciones son difíciles y muy controladas socialmente. Para el varón, por el contrario, se admiten otras excepciones muy evidentes, como en el caso de la guerra o de la pena de muerte. La sociedad considera ilícito que las mujeres hagan lo que para los varones está admitido, algunas veces impuesto y a menudo considerado heroico. Esto pone bien en evidencia que en el tema de la procreación existe entre varones y mujeres una situación de profundo conflicto que tiene su origen en las diferencias sexuales, un conflicto que las mujeres han comenzado a denunciar y a analizar y que los hombres tardamos en reconocer y admitir. Si viene la cuestión de la responsabilidad y de la culpa en la interrupción del embarazo, que implica ciertamente un momento de responsabilidad, no se debe configurar una situación de culpa. Nadie -menos la mujer- puede ser culpabilizado a causa de dicha acción. La dimensión de la responsabilidad, en cambio, es ineliminable de la condición humana como tal, que puede comportar sentido de culpa, pero no es aislable de formas de relación humana que la compensan y reequilibran, situándola en un contexto no culpabilizador. El proyecto toma la defensa de la mujer de modo que ella encuentre antes en la organización civil ayuda que condena. Es posible que un esfuerzo más incisivo a favor de la planificación familiar, aun a través de la actividad formativa e informativa, tanto a nivel central como local, comporte una disminución más rápida del recurso de interrupción del embarazo, con obvios beneficios para el individuo y para la colectividad. Es indispensable garantizar a las mujeres que han elegido interrumpir su embarazo la efectiva posibilidad de que esa voluntad libremente formada se realice en condiciones análogas a aquellas en las que ocurren todas las otras prácticas médicas. Es tiempo de insistir en el deber que tienen las escuelas de promover el conocimiento, ya sea de los hechos inherentes a la sexualidad humana, fisiológica, emotiva, etcétera, como de los problemas relacionados con ella, así como la manera de afrontarlos y el conocimiento que

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conduzca a la toma de conciencia de la responsabilidad que frente a ellos debe asumirse. Consideramos que este proyecto de ley es un gran adelanto, y por eso votaremos afirmativamente. SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PERRACHÓN.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- Señor Presidente: si me preguntan si yo alentaría un aborto, digo que no; que sí, que un feto es una vida, y amo la vida y amo la esperanza, y la esperanza se llama niño. Pero no estigmatizo a nadie. No soy Dios para juzgar. El aborto existe por muchas razones, entre otras porque es un lucrativo negocio para ciertas mafias blancas que, paradójicamente, estudiaron para salvar vidas. Quizás algunos que se rasgan las vestiduras en contra del proyecto en otros ámbitos, en realidad están defendiendo su curro, su negocio, que puede desaparecer. El aborto existe por muchas razones. No solo se debe achacar a las penurias económicas sino que también existe por egoísmo, por gozar de las mieles del capitalismo, por comodidad, para poder disfrutar sin molestias de las fortunas acumuladas o por cálculo de herencia, para que empresas no queden repartidas entre muchos herederos, prefiriendo dejar descendencia en dinero, en imperio económico antes que la continuación de la especie. Este proyecto de ley iguala las posibilidades sanitarias, en la reflexión ante un equipo multidisciplinario, aunque no me gusta ese artículo, porque a la violencia de enfrentar un aborto, por la razón que sea, se suma la violencia y la humillación de tener que enfrentar una especie de tribunal inquisidor. Es obvio que esto es subjetivo y no está en el espíritu del proyecto. Como país, como nación, vivimos la tragedia de no poder crecer, de que se nos avejente el país, de que se nos achique nuestro ya raquítico mercado interno, desde el punto de vista de la soberanía nacional, en un mundo que se va tornando hambriento y empieza a mirar con sed nuestro acuífero. Tener escasa población también se termina convirtiendo en un problema estratégico.

Voy a acompañar este proyecto de ley pero seguiré batallando por la vida, por la vida digna, por la vida sin explotación del hombre por el hombre, para que desarrollemos políticas de Estado, de fomento de la procreación y de apoyo a la infancia. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Perrachón a quien le restan dos minutos de su tiempo. SEÑOR PERRACHÓN.- Señor Presidente… SEÑOR PEDREIRA.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR PERRACHÓN.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR PEDREIRA.- Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero algunos acosos moralistas me han hecho cambiar de opinión, ya que, salvo algunas honrosas excepciones, hemos recibido varios mensajes por el estilo. Quiero hacer una reflexión desde mi formación cristiana, más allá de que la vida después me llevó por los caminos del agnosticismo. Se habla en Sala de los derechos de la vida, y creo que se encubre un debate que supone plantearnos qué es la vida o, por lo menos, de quién es. Cuando hablamos de ese derecho a la vida, en realidad estamos omitiendo algunas cosas y defendiendo los intereses de esta humanidad, de nuestra condición humana. Comemos, y matamos para comer, matamos para beber, matamos ríos y tierras que son el sustento de nuestras generaciones venideras. Por lo tanto, también todo esto iría en el camino de defender la vida y no aparece en este debate. En realidad, creo que nos hacemos trampa y para ello establecemos una especie de debate que es muy viejo en el mundo. Si uno leyera todos los debates que ha habido a lo largo de cien años advertiría que tenemos los mismos puntos de vista que hoy se han expresado en esta Sala. Para ello utilizamos diferentes herramientas: los dogmas, las doctrinas, y aparece la mezquindad, la hipocresía. No tenemos empacho en que se hagan guerras en bien de la humanidad y de un montón de cuestiones materialistas desde la condición de seres humanos insaciables de la que hoy nada decimos.

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Creo que plantear las cosas en blanco y negro nos hace mal a todos. Desde mi condición de cristiano, es muy doloroso el tema del aborto. Tal vez quien lo haya padecido sufrió y aún sufre haberse enfrentado a una situación como esta. Me pregunto a quién no le ha tocado tener amigos o familia en estas condiciones; si las entienden o no, es otra cosa. ¿Quién no conoce las clínicas o los lugares donde se realizan los abortos, los precios o a quiénes los hacen? Entonces, me pregunto: ¿quién puede tirar la primera piedra? Nada más. SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: a esta altura de la noche, y después que ha hablado más de un tercio de los miembros de este Cuerpo, no quiero agregar argumentos que ya se han utilizado. Quiero decir que comparto muchas de las cosas que se han dicho e, inclusive, las de aquellos que van a votar diferente, y muchas no las comparto. Algunos de los argumentos utilizados por quienes van a votar igual que yo los comparto, pero otros no, porque este es un tema al que se llega desde distintos lados. Debemos admitir que son de esos debates que vale la pena dar y escuchar. El Cuerpo lo ha dado con seriedad. Creo que no lo hemos abordado como otra de esas sesiones extensas donde la pasión y las posiciones quieren imponerse sobre las de otros y debatimos sin pensar demasiado. Ha sido una sesión útil en la que con buena fe se han dado argumentos. Como decía, es un tema al que se llega desde distintos lados: desde lo político, ¡claro que se llega!, pero también se llega desde la experiencia personal -lo hemos visto en Sala-, desde lo religioso -lo hemos visto en Sala-, desde lo filosófico y lo moral, desde lo ideológico. Desde muchos ángulos se llega a este tema, que pone en evidencia un conflicto, muchas veces entre principios y realidad, entre teoría y práctica. A mí no me hace feliz llegar a abordar este tema. No me hace sentir orgulloso ser representante de las voluntades que me trajeron a esta banca para interpretar. Este es un tema que no se resuelve pacíficamente, porque ni los partidos, ni siquiera las familias tenemos la misma opinión. Por eso no voy a acompañar el proyecto de ley, a pesar de que tampoco creo

que la legislación vigente aborde la problemática de un modo eficaz. Considero que la sociedad tiene un problema y no puede cerrar los ojos a él. El aborto existe, es una práctica que todos conocemos, a la que se llega por distintos motivos, que no la ha podido resolver la legislación vigente y no creo que la resuelva la que se está proponiendo. Creo que no es un proyecto eficaz ni siquiera para quienes buscan ese propósito. No comparto el fondo. En mi propio conflicto me quedo con la vida, pero tampoco creo que sea saludable razonar como he escuchado razonar, muy poco en Sala pero mucho en algunos otros ámbitos, tratando de definir de modo muy fuerte a quienes optan por ese camino. Yo creo que calificarlo de acto criminal y asesino es muy fuerte; por lo menos, es no aproximarse a la realidad. No hay mujer que no sufra por esa decisión: al momento de hacerlo, al momento de pensarlo después y, seguramente, a lo largo de toda su vida. Yo no me atrevo a llamar delincuente a la mujer que por alguna razón tomó esa decisión, ni me atrevo a juzgar. No me animo a juzgar. Creo que no sería justo juzgar y, a esta altura de la vida, que he visto picar las balas de cerca, que he caminado bastante, que conozco de estos temas -como casi todos los que hacemos política y, por lo tanto, estamos cerca de la gente; todos los que estamos aquí lo sabemos-, por lo menos tenemos la obligación de matizar el adjetivo y, en mi caso, quizás sin matizar: es un problema que tenemos y que no hemos podido resolver bien, porque no es un tema que se resuelva fácilmente. Yo voy a votar en contra este proyecto de ley, pero creo que, si saliera en contra, si no se aprobara y quedara la legislación que nos rige, deberíamos asumir el compromiso de hacer mucho más para hacerla efectiva, porque no evita el aborto, lo castiga y, en todo caso, no logramos que gane la vida. Los hechos igual hacen que gane la muerte y, a veces, por dos. Del mismo modo, señor Presidente, quiero sumar mi opinión en cuanto a cómo proceder si este proyecto de ley prospera, y prosperará porque distintos factores lo harán posible, pero no necesariamente porque la voluntad real sea la que se manifiesta. No sé qué saldría de esta Sala si el voto fuera secreto. Realmente, no lo sé. No sé si no habría cruces para todos lados. No sé si se quedarían en Sala todos los titulares si tuvieran la tranquilidad de poder votar en

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forma secreta. No sé qué pasaría. Pero no podemos votar en forma secreta, porque somos representantes y tenemos la obligación de rendir cuentas a quienes nos votaron. Una de nuestras tres funciones esenciales, además de legislar y controlar, es la de representar, y la verdad es que yo no sé si represento adecuadamente con mi voto a los que me trajeron al Parlamento. Seguramente, no a todos. Entonces, creo que es saludable, para laudar este tema, si es que la ley se aprueba, someterla a referéndum, porque si sale por un voto o si no sale por uno, no se laudará. Ganarán legítimamente las mayorías, pero no quedará laudado. En algún momento, la democracia representativa tiene que ceder ante la democracia directa y nuestra voz debe callar ante la del soberano, y es en estos temas en los que este debe opinar. No hablamos de plebiscitar la vida, que es un tema muy discutible, sino plebiscitar una ley. Si los Representantes del soberano aprobamos una ley tan complicada de aprobar, por un voto forzado por salidas y entradas, ¿no será el momento de dejarle lugar a la República y, con sentido republicano, ceder la soberanía a la gente, para que ella sea la que nos diga, en la intimidad del cuarto secreto, cada uno con su conciencia, qué es lo que prefiere y que sea el soberano quien laude este tema? (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) ——Yo daré mi opinión, en ese caso, pero no haré campaña. Daré mi firma para que haya referéndum y daré mi opinión, como debo hacerlo, al momento de votar, que será coherente con mi voto de hoy. Pero creo que habrá que dar información para que la gente, desde su experiencia personal, desde su fe, desde su filosofía, su moral o la aproximación a la que quiera llegar, resuelva este tema. No creo que sea bueno que un voto más o un voto menos, una disciplina aplicada en un caso o en otro, resuelva definitivamente el tema. Me parece que deberá imperar -eso defenderé, apoyando la propuesta del señor Diputado Abdala- la idea de que exista un referéndum, porque son las leyes las que se someten a referéndum, y si la hay, creo que lo justo es que la gente sea la que, en plena democracia, asuma su responsabilidad y defina si esta norma tiene el apoyo popular o la deroga directamente quien ejerce el voto. Una vez más y para terminar, señor Presidente, me felicito de estar hoy en Sala, de haber presenciado

y haber sido parte de este debate, que está plagado de convicciones diferentes que atraviesan a todos los partidos, que honran el nivel de este Cuerpo y nos llevan a decidir democráticamente un tema, aunque quizás no estemos de acuerdo con el resultado final. Mi voto, entonces, será por la legislación vigente, porque es por lo que voto al pronunciarme en contra de lo que se propone, aunque también reafirmo mi compromiso y mi visión de que la legislación actual no me pone feliz, no resuelve las dificultades y deja el problema en la realidad todavía vigente. No gana la vida con la ley que tenemos. Gracias, señor Presidente. SEÑOR FERBER.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR FERBER.- Señor Presidente: la verdad es que durante todo el día he escuchado atentamente lo que se dijo en Sala. Esperaba poder entender a qué nos referíamos con un proyecto tan polémico, tan difícil de comprender para los que estamos mirándolo de afuera, como es mi caso, ya que eventualmente participo de este debate. La verdad es que he llegado a la conclusión de que este proyecto es un mamarracho. No tengo miedo en decirlo: me parece que es un mamarracho. No logro entenderlo. No alcanzo a comprender que nos digan que hay treinta mil niños que mueren o que dejan de nacer por año -en realidad, hay treinta mil abortos; estos no son interrupciones de embarazo: son abortos- y, por otro lado, nos dicen que dos mujeres murieron en los últimos cinco años. En los últimos cinco años murieron dos mujeres que se practicaron abortos ilegales. ¿Realmente había que legislar pensando solamente en dos mujeres? (Interrupción del señor Representante Varela Nestier) ——¿Hay que pensar solamente en dos mujeres o habría que pensar en los treinta mil niños que dicen no nacen por año? La verdad es que no lo puedo entender. (Murmullos) ——Será falta de experiencia en este tipo de cosas, pero la verdad es que aquí la que pierde no es solamente la mujer: es la mujer y son los niños que no pueden nacer. Lo vimos en la pantalla. Son realmente

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niños. Porque parece que estuviéramos hablando de cosas abstractas y no son abstractas: son niños. En todo el día, de parte de la bancada oficialista o de quienes están de acuerdo con esto, solamente escuché la preocupación por el niño no querido. No terminé de entender la idea, si es que finalmente el problema del niño no querido lo solucionábamos con un aborto. (Murmullos) ——No llego a otra conclusión que la de que este es un tema simplemente ideológico, que para la izquierda mundial está bien visto legalizar el aborto y acá teníamos que ponernos a tiro. Sinceramente, no puedo entenderlo; no logré comprenderlo en todo el día y no se me ocurre que haya otra razón. Por otro lado, no hablamos del padre; se lo mencionó un par de veces en todo el día y, sin embargo, nadie levantó el guante. Parece ser que si mañana mi mujer queda embarazada y decide abortar a mi hijo lo hace sin mi consentimiento y está todo bien. Se pasaron no sé cuánto tiempo pensando este proyecto y realmente no puedo entender que el padre no pueda siquiera opinar, salvo que la madre decida lo contrario. Eso sí: si la madre mañana lo quiere tener le vamos a pedir al papá que ponga la plata para mantenerlo, porque también tenemos que ser responsables. Entonces, no entiendo la incoherencia. (Interrupciones.- Campana de orden) ——La verdad es que no me quiero salir de tono aunque, obviamente, ya me salí. Lo lamento mucho. Por otro lado, en la segunda intervención del día se preguntó cómo se iba a instrumentar esto. Porque vamos a pensar que este proyecto va a salir; lamentablemente parece que así va a ser. (Interrupciones) ——¿Cómo se va a instrumentar? Pensemos en una mujer que se presenta ante el doctor para abortar, con once semanas y media de embarazo, en Nico Pérez. Primero, va a tener que pedir hora. Segundo, esperar que se la dé este sistema de salud ¡que funciona tan bien en el Uruguay! Y después que se la den y junten a los tres técnicos para que asesoren a la señora, ¿cuánto tiempo de embarazo va a tener? ¿Seis o siete meses? Nadie supo contestar lo que planteó el señor Diputado Javier García más temprano. ¿Qué

vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el aborto a los siete meses porque la señora tuvo la precaución de pedirlo antes de las doce semanas? Este proyecto no me parece serio, desde el principio al fin. La verdad es que me parece un mamarracho, como dije al empezar. Por otro lado, si realmente quieren cuidar a la mujer, no deberían hacerlo solamente en el momento del aborto, sino también después. Hay estudios que demuestran, en Finlandia, por ejemplo -donde se legalizó el aborto hace muchos años y hay mucho para estudiar-, que un aborto es cuatro veces más peligroso que un parto natural, que le genera a la mujer cuatro veces más posibilidades de morirse, y me refiero al aborto asistido, como Dios manda, como parece que vamos a hacer ahora. Estos datos demuestran que estas mujeres tienen un 60% más de probabilidades de morir durante el primer año posterior al aborto y son siete veces más propensas al suicidio ¿Y las estamos cuidando? Leí todo el proyecto y en ningún lado vi que se hable del tratamiento posterior. Entonces, ¿realmente estamos preocupados por la mujer o por lograr legalizar esto de una vez por todas y salir del problema en el que se metieron? La verdad, no logro entenderlo. Se debió tratar el tema como lo merecen los uruguayos: integralmente. Previamente se debió tratar el apoyo en el embarazo de las mujeres; después, el ataque al aborto, informando realmente a la gente y, por último, con una ley de adopción que sea ágil y lógica; que sea lógica para un país pobre, que no tiene posibilidad de tener a los niños en el Estado. Debió haberse hecho algo con respeto por todos los uruguayos y no esto, que es un mamarracho que lamentablemente no se va a poder aplicar. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑORA LAURNAGA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada. SEÑORA LAURNAGA.- Señor Presidente: voy a confesar que no me siento ofendida por las palabras del señor Diputado, porque demuestran una ignorancia gigantesca. Tal vez alguno de los compañeros de su Partido sí se sienta agredido por el calificativo que acaba de utilizar.

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Creo que el señor Diputado tiene que entender que este proyecto se vincula a leyes que están referidas en el mismo texto. Entonces, si al señor Diputado le parece que ese mamarracho no tiene nada que ver con nada, debería haber leído el resto de los mamarrachos, que son la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Usuarios de la Salud, para poder hacer una evaluación general. Para terminar, diré que hoy hemos hablado de dos muertes en este año. Ahora: ¡claro!, el señor evalúa las muertes en términos de cantidad. Puede seguir bancando la cantidad de abortos que conoce que hay, que sabe dónde y cómo pasan -él y todos los demás- sin preocuparse, porque no tienen nombre y apellido. Hubo dos mujeres que tienen nombre y apellido. Un hombre joven y la madre de una chica están presos por haber ayudado -este año- a esa chica a utilizar pastillas de misoprostol erróneamente y hacerlo en forma ilegal. Discúlpeme, señor Diputado, si lo aludí, pero la verdad es que no tenía otra opción. Si el señor Presidente quiere eliminar alguna palabra de la versión taquigráfica yo no voy a tener ninguna objeción, pero le voy a pedir al señor Diputado que respete a esta Cámara. No a mí: a esta Cámara. SEÑOR FERBER.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Un momento: yo le voy a ceder la palabra para contestar una alusión, pero aquí se terminan las alusiones. Le ruego a usted que no aluda y que cuando hable se dirija a la Cámara o a la Mesa. Los legisladores y las legisladoras no pueden dirigirse a la barra. Si alguien se dirige a la barra, este Presidente le va a hacer cerrar el micrófono. (Interrupción del señor Diputado Trobo) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: usted conoce el Reglamento. Hace muchas horas que yo lo dije, muchas horas. (Interrupciones.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE.- Primero: vamos a no hablar a los gritos. Segundo: hace muchas horas que este Presidente advirtió que no iba a tolerar que se hablara a la barra. Ahora he dejado hablar para no interrumpir, pero advierto nuevamente que eso no se hace y que no se va a hacer más. Ya lo he advertido dos veces y no va a haber una tercera.

Además, quiero advertir que le voy a ceder la palabra al señor Diputado Ferber porque evidentemente hubo una alusión, pero acá terminamos con las alusiones. No voy a seguir tolerando alusiones y más alusiones. El señor Diputado Ferber tiene derecho a responder porque claramente ha sido aludido, pero eso sí: le pido que se dirija a la Cámara o a la Mesa, no a la barra. Tiene la palabra el señor Diputado Ferber. SEÑOR FERBER.- Le pido disculpas al señor Presidente si miré para donde no debía… SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Está bien, señor Diputado. SEÑOR FERBER.- De ninguna manera fue intencional. Con respecto a lo que se dice, mi intención no es faltarle el respeto a esta Cámara, sino señalar la decepción que genera la presentación de proyectos tan poco trabajados en alguien que está fuera de este ambiente. (Interrupciones) ——Tal vez trabajaron muchas horas; lamentablemente las luces estaban apagadas. Señor Presidente: hace aproximadamente quince días se votó una ley por la cual se obliga a que todos viajemos sentados en un ómnibus. Voy a poner esto como ejemplo y le pido que me entienda. (Interrupción de la señora Representante Susana Pereyra) ——Mis hijos me dijeron: “Cuando estemos parados en la ruta los tres, pare el ómnibus y haya lugar solo para dos, ¿cómo vamos a viajar? Y sabe lo que les dije: “No está previsto”. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: usted comprende que no estamos en el tema. SEÑOR FERBER.- Sí, pero tiene que ver, ¿y sabe por que? Porque, lamentablemente, miramos solo delante de nuestras narices y no hacia el futuro. En un país que tiene un envejecimiento como el nuestro, presentar un proyecto de este nivel no me parece bien. Me parece un mamarracho, como dije, y lamento mucho si alguien se ofendió. Muchas gracias.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Lapasta. SEÑOR LAPASTA.- Señor Presidente: estamos ante uno de los temas que más opiniones suscita entre la gente; algunos opinan a favor de despenalizar el aborto y otros, por el contrario -es mi caso-, estamos convencidos de que la vida es sagrada desde su concepción hasta su término natural. (Murmullos) ——El deber más grande y digno de toda sociedad es defender la vida. Cuando la vida no se defiende, es un claro síntoma de que se ha caído en una tremenda degradación ética y social. Son muchas las razones que tienen los que pretenden hacernos creer que la despenalización del aborto es la salida al problema de la práctica ilegal y clandestina de este homicidio. ¿No será, acaso, que la solución está en ocuparnos más, realmente, de aquellas adolescentes y jóvenes que han quedado embarazadas? (Murmullos) ——Como todos sabemos, el ex Presidente, doctor Tabaré Vázquez, en su mandato, vetó un artículo del proyecto de despenalización del aborto. En el texto, que todos conocemos, él solo se detuvo a exponer las razones éticas y filosóficas por las cuales no aceptaba esa ley. (Murmullos) ——Textualmente, dijo: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, estos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.- La legislación no puede desconocer la realidad, la existencia de vida humana en su etapa de gestación, como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación “in vitro” y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos -incluido el nuestro- el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso”…

(Murmullos) Señor Presidente, solicito que pida silencio porque el murmullo me desconcentra. (Murmullos.- Campana de orden) ——Muchas gracias. Estaba leyendo: […] “independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo”. Así, pues, independientemente de todo credo e ideología que profesemos, la ciencia nos dice que hay vida desde la concepción. ¿Se equivoca la ciencia? ¿Nos pondremos por encima de la ciencia? En el artículo 1º del Capítulo I de este proyecto de ley, que refiere a disposiciones generales, se establece: “Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. ¿Es que solo ahí durante ese período se gesta la vida? Si puede decidir hasta las doce semanas de gestación, ¿por qué no lo puede hacer a la decimotercera o a la decimocuarta? Se está matando tanto si se hace con una semana de gestación como si se hace cuando se está en la semana quince o dieciséis. Se habla del derecho de la mujer. ¿Y el derecho del niño? ¿Y dónde quedan los derechos del progenitor? En el artículo 2º se establece: “Si el embarazo fuera producto de una violación con denuncia judicial no se aplicará el plazo establecido en el artículo anterior”. En primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. ¿Por qué no equipar el sistema de salud para que cuando se den estos casos, la víctima tenga a dónde acudir? A la experiencia amarga de haber sufrido una violación, la ley le señala el camino, aparentemente más fácil a corto plazo, olvidándose de las secuelas y traumas que deja un aborto en toda mujer. Son muchos los estudios que señalan las graves consecuencias en las mujeres que se han practicado un aborto. En el artículo 3º se hace referencia al deber que tienen las mutualistas de prestar el servicio para realizar el aborto. Resulta muy contradictorio que aquellos espacios propios a la defensa de la vida se vean ahora obligados por una ley a matar, bajo el sofisma del derecho que tiene la mujer. ¿Y el derecho que tiene el niño a la vida? ¿Dónde queda?

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En el artículo 5º se mencionan dos excepciones al artículo 1º. En primer lugar, se establece, en el literal a): “si estuviera en riesgo la salud o vida de la mujer”. En mis convicciones humanas, nuestro deber siempre es defender las dos vidas. No podemos ir por la vía más fácil. Todo embarazo siempre supone un riesgo para la madre. Todo embarazo, independientemente de sus circunstancias y de cómo se dé su desarrollo, pone en riesgo la salud y la vida de la mujer. Nuestra salud siempre está en riesgo, lo mismo que la vida. Esto es una experiencia, es algo empírico; todos podemos dar testimonio de esta verdad. ¿Por eso nos vamos a eliminar? En definitiva, nuestra vida se desarrolla en un esfuerzo constante de supervivencia; sorteamos obstáculos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La solución no es eliminar una vida, sino rodear más y mejor a toda vida. Contrariamente a la idea que los promotores de la cultura de la muerte se han encargado de difundir, para la salud de la mujer el aborto supone un riesgo significativamente mayor que el embarazo y el parto. El estudio más serio que se ha realizado al respecto fue llevado a cabo en Finlandia por el Centro Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo para la Salud y el Bienestar. Dicho estudio se realizó sobre 9.192 mujeres que fallecieron entre los años 1987 y 1994, con una edad comprendida entre los quince y los cuarenta y nueve años, es decir, en edad reproductiva. De todas ellas, 281 murieron en el curso de un año desde su último embarazo. Analizando la mortalidad global y la mortalidad por causas, encontraron que en todos los casos el embarazo y el parto reducen el riesgo de morir, mientras que el aborto provocado lo incrementa. En segundo término, en el literal b) del artículo 5º se establece: “si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”. ¿Cuáles son esas malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina? Este principio, conocido como “aborto eugenésico”, se basa en el falso postulado de que “los lindos y sanos” son quienes deben establecer el criterio de valor, de cuándo una vida vale o no. Con ese criterio, tendríamos motivo suficiente para matar a los minusválidos ya nacidos.

Por otro lado, científicamente, las pruebas prenatales no tienen 100 % seguridad para determinar malformaciones o defectos. (Murmullos.- Campana de orden) ——Por ejemplo, en el caso de la rubeola, revisando quince estudios de importancia, se encontró que solo el 16,5% de los bebitos tendrían defectos. Quiere decir que el aborto por causa de la rubeola matará a cinco criaturas perfectamente sanas por cada bebé afectado. Por último, ¿quién puede afirmar que los minusválidos no desean vivir? Una de las manifestaciones contra el aborto más impresionantes en el Estado norteamericano de California fue realizada por un numeroso grupo de minusválidos reunidos bajo un gran cartel: “Gracias, mamá, porque no me abortaste”. El doctor Paul Cameron ha demostrado ante la Academia de Psicólogos Americanos que no hay diferencia entre las personas normales y aquellas con capacidades diferentes en lo que concierne a satisfacción de la vida, actitud hacia el futuro y vulnerabilidad a la frustración. Este experto expresó: “Decir que estos niños disfrutarían menos de la vida es una opinión que carece de apoyo empírico teórico”. Inclusive, son numerosos los testimonios de los padres de niños disminuidos física o mentalmente que manifiestan el amor y la alegría que esos hijos les han prodigado. Sobre el Capítulo II de este proyecto de ley, que refiere a los servicios de asistencia médica, públicos y privados, considero que la primera y fundamental obligación que tendrían estos centros es propiciar todos los medios para que estas mujeres puedan realizar su más noble y altísima dignidad de ser madres. Si en estos centros se dijera la verdad a toda mujer sobre las consecuencias que trae el aborto, lo pensarían mucho antes de hacerlo. El aborto, legal o ilegal, daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle la muerte. La propaganda pro abortista continuamente proclama la mentira de que el aborto legal es médicamente seguro y de que es necesario legalizarlo o despenalizarlo debido a la gran cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Esta estrategia para legalizar el aborto se llama engañosamente “maternidad sin riesgos”. Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias pulmonares o del líqui-

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do amniótico, así como las perforaciones, laceraciones o desgarros del útero. Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero a largo plazo es entre el 20% y el 50%. Además de las complicaciones físicas, las mujeres sufren emocional y espiritualmente de lo que ya se ha identificado como el “síndrome postaborto”. Estos efectos del aborto incluyen sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, diversos tipos de neurosis y de enfermedades psicopáticas, tendencia al suicidio, pesadillas en las que aparecen los restos del bebé abortado, recuerdos dolorosos en la fecha en la que hubiera nacido, etcétera. El aborto supone, en primer lugar, acabar con la vida de un ser humano en desarrollo, el más inocente e indefenso de todos y, a la vez, supone herir profundamente el cuerpo y el alma de la mujer que aborta. Me resulta difícil imaginar un sufrimiento mayor al que puede llegar a experimentar una mujer que ha abortado cuando toma conciencia de ello. Al duelo natural por la muerte evitable de un hijo se suma la carga de saberse responsable de tan dolorosa pérdida. Todo aborto tiene, por lo menos, dos víctimas: una de ellas muere y la otra sobrevive y sufre a diario las consecuencias de un crimen abominable. Con todo esto quiero dejar en claro lo que, a mi entender, es el principal deber que tienen los servicios de asistencia médica, tanto públicos como privados: la vida. Toda vida es un regalo para la sociedad. ¿No es muy contradictorio que estemos debatiendo si es legal o no el aborto en un país pequeño y que cada día parece estar más en soledad? Las escuelas rurales están vacías. El 7 de diciembre, el señor Presidente, José Mujica, en la inauguración de obras de electrificación rural en la localidad de Centurión, en Cerro Largo, afirmó: “La mejor inversión es empezar a cuidar el capital humano del futuro”. A las jóvenes las exhortó: “Gurisas, llénense de coraje y tengan hijos, por favor”. En esa ocasión Mujica calificó como un problema serio para el país el envejecimiento de la sociedad uruguaya, lo que provocará una caída en el aporte que realizan los trabajadores por concepto jubilatorio. Decía: “Si los viejos se multiplican y se reducen los jóvenes en las fuerzas del trabajo, ¿cómo hacemos?”.

¡Lo más contradictorio para Uruguay es el aborto! ¡Lo más dañino para nuestras futuras generaciones es el legado de la muerte! Ocupémonos mejor de trabajar por un país que se ocupa de todos, teniendo la vida como el valor más alto. La vida no es patrimonio de un grupo, de un gobierno, de unos legisladores: la vida es patrimonio de todos. No es tampoco una cuestión religiosa, de credo, como algunos lo quieren presentar. Es una cuestión de derechos humanos: el más sagrado de los derechos. Y máxime cuando se trata del más indefenso. Nuestro país también firmó el Pacto de San José de Costa Rica, por el que se obliga expresamente a proteger la vida del ser humano desde su concepción, otorgándole el estatus de persona. Permítaseme terminar esta intervención a favor de la vida y en contra del aborto citando un testimonio que en su momento conmovió a gran parte del mundo. Se trata de quien llegó a conocerse como el “Rey del Aborto”. Me refiero a Bernard Nathanson quien, después de ser uno de los principales promotores de la legislación del aborto en los Estados Unidos, experimentó un cambio radical. El conocimiento de los avances médicos que demuestran la existencia de una vida humana en el feto le abrió los ojos. Entonces, un hombre que ha realizado personalmente casi cinco mil abortos, afirma ahora: “Dramáticamente tengo que reconocer que el feto no es un trozo de carne: es un paciente”. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Bonilla. SEÑOR BONILLA.- Señor Presidente: ya se ha argumentado mucho a lo largo de esta sesión a favor y en contra del proyecto en consideración, por lo que voy a mencionar brevemente los aspectos fundamentales por los que pienso que debe ser rechazado. Considero que el tema en discusión divide hondamente a nuestra sociedad con posiciones muy marcadas a favor y en contra, por lo que debemos ser precisos en los argumentos. Creo que es necesario hacer algunas consideraciones previas, antes de analizar el proyecto de ley en discusión. En primer lugar, quiero señalar que el hecho de que determinadas conductas sean legales o no, no

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implica desconocer situaciones particulares o juzgar a las personas concretas, menos aún señalar a buenos y malos. Lo que se establece es una descripción general de un comportamiento y sus consecuencias; de ningún modo se juzgan casos particulares. Eso es, además, lo que debería hacerse al legislar. (Murmullos.- Campana de orden) ——En segundo término, y entrando al fondo del tema, la gran pregunta es desde qué momento hay vida o desde qué momento existe un ser humano. Naturalmente, desde el momento que existe un ser humano el aborto es un crimen que puede intentar justificarse y eso puede convencer a algunos y a otros no, pero no cambia la naturaleza de la discusión. En muchos países existe la pena de muerte como castigo a ciertos delitos. Nadie duda de que la pena de muerte es un asesinato y, desde mi punto de vista, una aberración, pero es legal en algunas legislaciones. Por otro lado, la evidencia científica disponible demuestra que la vida comienza desde la concepción. El cigoto cuenta con la definición genética que lo hace un ser humano único e irrepetible, como cada persona dependiente de su madre, evidentemente, pero su desarrollo es, a la vez, autónomo. El proceso de gestación, los nueve meses que permanece dentro de su madre, es continuo y no discreto. No es posible discernir etapas o un momento determinado en el que comienza la vida -salvo la concepción- o en qué momento esa vida se convierte en persona. Este argumento cae por su propio peso porque si ya tiene todas las características genéticas que lo definen y su proceso de crecimiento es autónomo y continuo, ¿cómo establecer en qué momento esa vida es una persona? ¿Qué significa, en este caso, esa distinción entre vida y persona? Es, entonces, meramente una petición de principio para llegar a la conclusión que se quiere, que me temo no es la correcta. En tercer lugar, se suele defender la despenalización como un derecho de la mujer, cosificando al niño y a su padre. Este es un contrasentido; el niño debería ser el centro del tema y los derechos del padre deberían tenerse en cuenta. Respecto al niño, el derecho natural y nuestra Constitución son contundentes. El derecho a la vida es el primero de los derechos que tiene cada ser humano: es un derecho natural, no depende del reconocimiento de ninguna asamblea, Parlamento o comité; al contrario, ningún organismo de ningún tipo

tiene la potestad de privar a una persona de sus derechos inalienables. Y nuestra Constitución, en su artículo 7º, reconoce explícitamente el derecho a la vida como el primero, y en su artículo 72 reconoce todos los derechos que derivan de su condición de persona. Agreguemos que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada por Uruguay en 1969 y ratificada en 1985 -enseguida del retorno a la democracia- la vida comienza desde la concepción. Lamentablemente, el derecho internacional solo es tenido en cuenta por el Partido de Gobierno cuando está a favor de sus proyectos, no cuando está en contra. En conclusión, de los argumentos sustanciales, desde el punto de vista ético, médico, científico y jurídico, el aborto no debe ser despenalizado. Este proyecto que está a consideración, titulado “Interrupción Voluntaria del Embarazo” es un eufemismo, para que la despenalización de la práctica del aborto sea generalizada. Aquí no se interrumpe nada; se corta una vida de raíz por lo que el creativo eufemismo es mentiroso. Cuando algo se interrumpe, luego se puede seguir. Por ejemplo, si me interrumpen mientras estoy hablando, luego puedo continuar. Pero el embarazo no se interrumpe, se termina, y con él la vida de un niño. No quedan dudas de que estamos frente a un pésimo proyecto que no va a solucionar nada y que va a despenalizar una conducta que nos aleja de la civilización. La historia de la humanidad, y de nuestro país en particular, ha sido la de avanzar, con marchas y contramarchas, hacia la consagración de los derechos humanos y, en definitiva, nuestra sociedad cada vez resuelve menos problemas por la violencia. Despenalizar conductas porque están socialmente extendidas no es de recibo. La ley no sólo da curso a las costumbres, también y, en primer lugar, debería garantizar los derechos de la persona humana. En ese sentido, este proyecto es un brutal paso hacia atrás. Existen otros proyectos a estudio del Parlamento, como el presentado por el Diputado Jaime Trobo, sobre la protección de la mujer embarazada y su hijo que duermen el sueño de los justos. Ese es el camino a seguir, y debemos hacer el esfuerzo porque sean estos los temas que estén sobre la mesa. Sin embargo, el proyecto que hoy está a consideración tiene un enfoque equivocado. Lo que debemos procurar como Parlamento es legislar a fin dar alternativas a las mu-

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jeres para que no tengan que enfrentarse a la terrible decisión de abortar. También lamentamos que si no fuera por la disciplina partidaria, seguramente este proyecto no sería aprobado y que, por un solo voto, hoy se van a violentar los derechos de los más débiles. Por lo tanto, más allá del resultado de la votación, vamos a seguir luchando por los derechos de todos y defendiendo siempre el primero de ellos: el derecho a la vida. Gracias, señor Presidente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Setenta en setenta y tres: AFIRMATIVA. Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en la fecha indicada. (ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 26 de setiembre, por motivos personales. Sin más, lo saluda atentamente, DARÍO PÉREZ BRITO Representante por Maldonado”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez Brito. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez Brito, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1813, del Lema Partido Frente Amplio, señor Carlos Corujo. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

26.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Darío Pérez Brito, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Corujo. Del señor Representante Pablo Pérez González, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Lourdes Ontaneda. Del señor Representante Luis Lacalle Pou, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Orlando Lereté. Del señor Representante Alberto Perdomo, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel López Villalba. De la señora Representante Daisy Tourné, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Núñez”. ——En discusión.

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“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, y conforme al inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales para el día 26 de setiembre del corriente año y se convoque para el mismo a mi suplente respectivo. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ Representante por Maldonado”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, comunico a usted que renuncio por única vez a la convocatoria de la Cámara del 26 de setiembre de 2012. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Carlos Olivet”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Carlos Olivet. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González, por el día 26 de setiembre de 2012.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Carlos Olivet. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 219938, del Lema Partido Frente Amplio, señora Lourdes Ontaneda. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle licencia el día miércoles 26 de setiembre de 2012. Sin otro particular, lo saluda atentamente, LUIS LACALLE POU Representante por Canelones”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis Lacalle Pou, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400, del Lema Partido Nacional, señor Orlando Lereté. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

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“Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por este intermedio, solicito a usted licencia por el día 26 de setiembre del corriente año por motivos personales. Le ruego convoque a mi suplente respectivo. Cordialmente, ALBERTO PERDOMO Representante por Canelones”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por este intermedio al haber sido convocado para el día 26 de setiembre, le informo que por esta única vez no aceptaré la convocatoria, por lo que le solicito cite al suplente respectivo. Le ruego convoque a mi suplente respectivo. Cordialmente, Mario Cusano”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Mauricio Cusano. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo, por el día 26 de setiembre de 2012.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Mauricio Cusano. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2010, del Lema Partido Nacional, señor Daniel López Villalba. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

“Montevideo 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia el día 26 de setiembre del presente año, por motivos personales. Solicito entonces se convoque a mi respecto suplente. Sin otro particular, saluda atentamente, DAISY TOURNÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-

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ción Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nicolás Núñez. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

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Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).

——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor Diputado Caram. SEÑOR CARAM.- Señor Presidente: evidentemente a esta altura es imposible dar a una intervención un contenido o un brillo que sea capaz de hacer cambiar la opinión, el voto o la conciencia a algunos de los compañeros legisladores que aquí estamos. En cuanto a este tema es sabido con anterioridad por todo el Uruguay -porque fue difundido en todos los medios de comunicación-, cuál será el resultado de la votación que tendremos dentro de un ratito. Creo que ese puede ser uno de los aspectos que le quita un poco de simpatía al Parlamento, porque no hay sorpresas o porque ya se sabe el resultado de la votación; está cantada. O quizás porque el contenido de los discursos y de las exposiciones a favor o en contra de un proyecto de ley ya se conoce o se presume de antemano. De ninguna manera quería quedarme sin intervenir en esta sesión porque me parece un tema muy importante. Creo que debo hacerlo, y voy a hablar estrictamente a nivel personal, para quedar tranquilo con mi conciencia. Debo decir lo que pienso, debo decir que me costó mucho tomar esta decisión. No tomé la decisión en un rato; no dije enseguida: “Voy a votar en contra de este proyecto porque estoy en contra de la despenalización del aborto”. No; me costó mucho, porque es una decisión difícil. Una muy buena forma de tomar esta decisión hubiera sido que cada uno de todos los votantes nos hubiera dado su opinión con respecto a este tema y nos hubiera dicho que había que votar tal o cual cosa. (Murmullos.- Campana de orden) ——Pero como no es así, tenemos que jugárnosla y nos jugamos por nuestra conciencia, por nuestra forma de pensar, por nuestras convicciones, absolutamente convencidos de que estamos votando bien.

No nos han convencido los argumentos a favor de esta ley; no nos han convencido hoy ni nos convencieron durante todo el tiempo en que este tema se ha discutido y abordado, en los medios de comunicación, en todo lo que hemos leído, en los mensajes que hemos recibido, a favor y también en contra, en las opiniones de la gente, ni en lo que se dijo en los programas de radio a los que vamos. Lo que también tengo bien claro es que acá no hay buenos ni malos porque votemos una cosa u otra, que acá no hay mejores ni peores porque estemos en una posición u otra. Estamos obligados a tomar una decisión, cada cual con su conciencia, cada cual con su posicionamiento, quizá muchos con su posicionamiento político, y me parece correcto, porque estamos en un ambiente estrictamente político. Pero, bueno, nosotros tomamos una decisión. No estamos hablando para quedar bien con casi la mitad que aparentemente opina como nosotros ni estamos opinando para pedir perdón a la otra mitad que prácticamente piensa diferente a nosotros. Queremos quedar bien con nosotros mismos; quiero quedar bien conmigo mismo y, por lo tanto, voy a votar lo que me indica mi conciencia. Estamos a favor de la vida y de todo modo, método o forma de protección de la vida. Y no nos movemos de ese lugar. Creo que se debe hablar mucho más de los instrumentos de la protección de la vida. Señor Presidente, ha habido intentos muy sanos para tratar de convencer a la otra parte que piensa diferente, pero también creo que se han usado, en forma muy drástica e indiscriminada, muchos datos, y, por cierto, tenemos nuestras serias dudas de que así sean. Un amigo me decía -por mensaje de texto- que la forma de comprobar si es cierto que se hacen treinta mil abortos por año en el Uruguay -cifra que se manejó reiteradas veces por parte de quienes están en una posición o en otra-, en caso de sancionarse la ley, es que en el primer año de su vigencia aborten treinta mil uruguayas. Es una cifra difícil de creer, como otras tantas que se han manejado aquí, y creo que está bien defender la posición que uno tenga, pero no me parece bueno defenderla a cualquier costo, con cualquier dato y con cualquier información. Es un tema bien complicado; nos complica a nivel de nuestra conciencia a la hora de la toma de decisión. ¡Pobres de aquellas mujeres que toman esta decisión!, quizás muchas de ellas solas, sin el apoyo de la madre, de la

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familia, del compañero, del marido, del esposo, del novio. Me imagino lo que debe costar esto. En cuanto a la interpretación humana de la cuestión, comparto plenamente las palabras de la señora Diputada Tourné. ¡Es bien difícil este tema! Y nos llama a responsabilidad: estamos a favor de despenalizar o no. Que lo que tenemos hoy no es suficiente, ¡claro que no!, pero no creo que este paso de despenalizar sea el que corrija lo que no está bien. Estoy convencido de que no es ese el camino, que previo a eso podemos dar un montón de pasos. Seguramente, muchos tienen forma legal, pero hay otros muchos pasos que se pueden dar y hay hechos concretos que no precisan ley, con respecto a los cuales probablemente el Estado y la sociedad uruguaya estén omisos. Quería exponer mi posición. No esgrimimos argumentos ya que, reitero, por más que uno se esmere al máximo no hay ninguna alternativa posible de cambiar la posición de alguien, pues todos la hemos adoptado ya en base a una opinión formada. SEÑOR VIDALÍN.- ¿Me permite una interrupción? SEÑOR CARAM.- Sí, señor Diputado. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede interrumpir el señor Diputado. SEÑOR VIDALÍN.- Señor Presidente: nosotros adelantamos nuestro voto negativo a este proyecto porque somos de los que entendemos que afecta el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, porque estamos defendiendo a aquel ser que no tiene voz ni voto, al más indefenso, al que no pidió venir a este mundo. En defensa de ese ser indefenso, que debería haber sido producto del amor, es que votamos en contra de este proyecto. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Puede continuar el señor Diputado Caram SEÑOR CARAM.- Era cuanto quería expresar, señor Presidente. Muchas gracias.

28.- Prórroga del término de la sesión.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Asti. (Se lee:) “Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión”. ——Se va a votar. (Se vota) ——Setenta y cinco en noventa y dos: AFIRMATIVA.

29.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor miembro informante. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: … (Murmullos.- Campana de orden) ——Señor Presidente: en la noche de hoy hemos asistido a una serie de descalificaciones, se adjudicaron intenciones, se profirieron agravios y ofensas. Se nos ha endilgado, en varias de las intervenciones, que quienes promovemos este proyecto propugnamos por la cultura de la muerte. Yo podría decir que la cultura de la muerte es, en todo caso, la realidad vigente, y sobre esa cultura es que queremos operar, que queremos incidir. Lamento profundamente que muchas de las intervenciones que se han hecho en este Cuerpo hayan sido de ese tenor, porque creo que no hace nada bien a la Cámara de Representantes que estos temas se discutan desde esa perspectiva. Lamento también, especialmente, aquellas ofensas y agravios que se han señalado desde la cercanía, especialmente desde la cercanía, porque creo que este tema merece, ante todo, una actitud comprometida con la tolerancia, con el respeto por las ideas de los demás. Por tanto, señor Presidente, quiero expresar que las descalificaciones que se hacen en público, en público tienen que ser salvadas, sobre todo cuando se agravia y se ofende.

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Asimismo quiero hacer, porque ha estado presente en muchas de estas intervenciones, una referencia al Pacto de San José de Costa Rica. Quienes han señalado reiteradamente las obligaciones contraídas por nuestro país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parecen no haber reparado en el propio informe en mayoría ni tampoco en la Resolución Nº 23/81, en la que se estableció… (Interrupciones.- Campana de orden) ——¡He escuchado cualquier tipo de descalificaciones y creo que merezco, por lo menos, expresarme con tranquilidad! (Interrupciones.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado: usted siga hablando porque está en su derecho. SEÑOR POSADA.- Gracias, señor Presidente. Si se leyera la Resolución Nº 23/81 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referida a un planteo sobre la declaración americana, se podría comprobar que la interpretación que ha hecho esta Comisión va en el sentido de lo planteado en el informe en mayoría. Por tanto, señor Presidente, adhiero al informe en mayoría que, ¡sin ofender a nadie y sin descalificar a nadie!, defiende las ideas que tenemos con respecto a este tema. Muchas gracias. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: aquellos que entiendan que este proyecto es bueno, pueden sostenerlo; tienen derecho, y nosotros vamos a ser respetuosos. Hemos discutido con respecto a un proyecto y no acerca de la calidad de las personas que lo sustentan. Nos ha parecido un mal proyecto, visto desde lejos y visto desde la cercanía. Gracias, señor Presidente. (¡Muy bien!) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. (Se vota)

——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA. En discusión particular. SEÑOR TROBO.- ¡Que se rectifique la votación! SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA. (Interrupciones) ——La Mesa tenía dudas en cuanto a la cantidad de Diputados a favor, es decir, si eran 50 o 51; no nos faltaba uno y lo estábamos buscando. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de la votación negativa de los treinta Diputados de la bancada del Partido Nacional. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: quiero dejar la constancia de que los diecisiete Diputados del Partido Colorado votamos en contra. SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: así como se dejaron constancias colectivas del voto de Partidos que integran la Cámara, como no hicimos uso de la palabra en el debate en la discusión general, queremos dejar constancia de nuestro voto afirmativo y decir que lo hicimos en forma fundada y convencida. Estamos absolutamente seguros de que vamos en la dirección correcta; a este respecto tenemos tranquilidad de espíritu y también porque hemos respetado todos los argumentos contrarios a esta posición. Este fue un debate democrático y representativo. Quizás en el futuro pueda haber otras instancias de debate en otros ámbitos, pero en esta Cámara de Representantes, que representa al pueblo uruguayo, ca-

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da uno de nosotros responsablemente tomó una decisión. Queremos dejar constancia expresa de nuestro voto afirmativo a esta iniciativa propuesta por la Comisión en forma mayoritaria y ratificada por la Cámara también en forma mayoritaria. Gracias, señor Presidente. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que he votado en contra de este proyecto, como ha hecho todo el Partido Nacional. Con mucho dolor observé, durante los últimos tiempos, cómo se produjo una discusión maniquea; la gran mayoría de las veces no discutíamos una realidad sino que dábamos una discusión propia del siglo XX. En el siglo XXI hay avances científicos que han logrado superar esta discusión y el aborto tradicional no se realiza de la manera en que se hacía. No comparto la forma en que se ha planteado este proyecto y tampoco comparto que esto continúe siendo un delito. Creo que nosotros tenemos que plantear las cosas en otros términos. En primer lugar, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Toda la gente, o casi toda la que conozco, directa o indirectamente, ha estado vinculada a hechos que tienen que ver con un aborto provocado por la persona que estaba embarazada, y la gran mayoría de las veces sus familias se vieron involucradas. No se puede condenar a todas esas personas diciendo que son asesinas, como tampoco creo que se pueda fundamentar diciendo que este es un problema de las mujeres, de su cuerpo, y que queremos para ellas la misma libertad que tienen los hombres. Estas cosas no le hacen bien a nuestra sociedad. Este tipo de cosas no ayudan a nuestra democracia. Creo que el 90% de la gente piensa de una manera muy diferente a la discusión radicalizada del plenario. No lo digo en particular por ninguno de los compañeros de mi Partido ni de la oposición, sino en general, por el tipo de cosas que genera esta discusión en una sociedad. Nos merecemos otro respeto. A veces, pa-

rece que hay gente que quisiera radicalizar las cosas. La realidad ha superado esta discusión. Tendríamos que pensar cómo salir del problema, que ni de cerca estamos solucionando en esta sesión, y tampoco lo hacemos si mantenemos las normas tal cual están. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: quiero ratificar que he votado negativamente. La discusión ha dado ha sido de alto nivel y, además, se han ejercido las mayorías democráticas, como obedece a la representación que tenemos en esta Cámara. Pero haciéndome eco de lo expresado por el señor Diputado Mahía, si Dios quiere este tema va a ser replanteado dentro de tres años y como se viene orejeando la cosa, espero que para entonces se respete la mayoría al igual que nosotros lo hacemos ahora. (Apoyados)

30.- Licencias. Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Dese cuenta del informe relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar la siguiente solicitud de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: De la señora Representante Daniela Payssé por los días 25 y 26 de setiembre de 2012, convocándose a la suplente siguiente, señora Eloisa Moreira”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y uno en noventa y ocho: AFIRMATIVA. Queda convocada la suplente correspondiente, a quien se la invita a ingresar a Sala.

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(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha, el motivo es personal, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, DANIELA PAYSSÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 25 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, por el día 25 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Eloisa Moreira. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 26 de setiembre, el motivo es

personal, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente. Saluda atentamente, DANIELA PAYSSÉ Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Eloisa Moreira. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

32.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Léase el artículo 1º. (Se lee) ——En discusión. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: a pesar de la hora, en el momento de la discusión de este artículo en el seno de la Comisión hicimos algunas precisiones y quisiéramos dejar constancia en la versión taquigrá-

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fica lo que nos parece una innecesaria enumeración de algunos derechos allí establecidos que ya están reconocidos en la Constitución de la República. Consideramos que el artículo está mal redactado porque, por ejemplo, en primer lugar, por orden de importancia, debería haberse colocado la tutela de la vida humana. Es contradictorio al contener en el mismo artículo lo que se supone tutela la vida humana cuando después, en el artículo 2º la desprotege, colocándola además con los derechos sexuales y reproductivos de los que ya dijimos se reconoce o pretende reconocer el derecho al aborto en condiciones de seguridad. Por esa razón, vamos a votar en forma negativa este artículo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y uno en noventa y nueve: AFIRMATIVA. Léase el artículo 2º. (Se lee) ——En discusión. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: vamos a plantear algunas pequeñas modificaciones a la redacción de este artículo. Ya hemos hecho llegar a la Mesa la redacción propuesta. Dice así: “Artículo 2º.- (Despenalización).- La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez”. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: quiero adelantar mi voto negativo porque me parece poco serio que se le hagan modificaciones en el plenario a un proyecto de ley de esta importancia, con la extraordinaria

repercusión que tiene a nivel nacional. Si como dijo más temprano una Diputada se trabajó tanto en este proyecto, me parece que es poco serio modificarlo en Sala, luego de una discusión de ocho, diez o doce horas. Por lo tanto, adelanto mi voto negativo. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: debido al tenor de la exposición anterior, quisiera hacer una precisión. Queremos adelantar que según el acuerdo de los miembros de la Comisión que aprobamos en mayoría este proyecto, esta no es la única modificación que vamos a proponer. Reitero que todos los integrantes de la Comisión que aprobamos en mayoría este proyecto apoyamos la modificación propuesta y, además, adelantamos que van a venir otras. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: a nuestro entender, este artículo es el centro del proyecto, el meollo conceptual. Entendemos que aquí se concentra la violación a los principios del derecho constitucional y del derecho internacional a los que hicimos referencia varios legisladores a lo largo de la discusión general. Voy a aprovechar a hacer alguna aclaración con respecto a afirmaciones que se formularon que, a mi juicio, son incorrectas, y me parece que este es el momento oportuno para hacerla. Me refiero a la comparación entre el régimen actual y el propuesto ya que, en definitiva, se analizan las causas que figuran en el Código Penal. He escuchado con mucho respeto las exposiciones, pero hay muchos errores e incorrecciones en las apreciaciones cuando se habla de ello, porque el Código Penal no autoriza a cometer un delito y el señor Presidente, en su calidad de jurista lo sabe muy bien. El Código Penal minimiza la pena o en su caso, la exime. Atenúa la pena o la exime en algunos casos. La norma habilita a que el juez pueda hacerlo. El delito existe igual, porque en el concepto del Código Penal la vida del concebido está protegida

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y lo único que establece es que, atendiendo a las circunstancias, el juez pueda atenuar la gravedad de la pena o en su caso eximirla. En este caso -por eso es grave la violación de las normas constitucionales y del derecho internacional-, se habilita un procedimiento para que se pueda cometer el delito, a priori, y entendemos que ese es el meollo de la cuestión; por eso decimos que en este artículo se centra el aspecto fundamental del proyecto; lo demás son cuestiones de procedimiento. Por eso, si bien no vamos a votar el resto del articulado, queremos centrarnos en este artículo 2º. (Interrupción del señor Representante Semproni.Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Rogamos al Cuerpo cumplir el Reglamento a cabalidad. No se puede interrumpir al orador. Comprendo que la sesión ha sido larga y que estamos muy cansados, pero procuremos mantener el orden con que hasta ahora se ha desarrollado el debate. Puede continuar el señor Diputado Amarilla. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: quiero hacer alguna referencia jurídica a los otros artículos, para ahorrar tiempo a la Cámara y no pedir la palabra en cada oportunidad. Por ejemplo, en el artículo 10 creemos que no hay garantías para las instituciones… SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Comprendo la buena intención del señor Diputado, pero no se puede proceder así, porque empezaría una discusión sin tema concreto. Por lo tanto, con mucho gusto la Mesa en cada oportunidad le cederá el la palabra. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º, tal como viene de Comisión. (Se vota) ——Cero en noventa y nueve: NEGATIVA. Unanimidad. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º, con la modificación propuesta. SEÑOR NOVALES.- Solicito que se lea nuevamente la modificación del artículo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Léase nuevamente el artículo 2º. (Se vuelve a leer) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA.

32.- Licencias. Integración de la Cámara.
Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo. (Se lee:) “La Comisión de Asuntos Internos aconseja aprobar las siguientes solicitudes de licencia: Por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley Nº 17.827: Del señor Representante Fernando Amado, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Fernández. De la señora Representante Alma Mallo, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Milo Ojeda. Del señor Representante Aníbal Gloodtdofsky por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor José Corradi. De la señora Representante Martha Montaner, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Dante Dini. Del señor Representante José Andrés Arocena, por el día 26 de setiembre de 2012, convocándose al suplente siguiente, señor Germán Lapasta”. ——En discusión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Noventa y cinco en noventa y nueve: AFIRMATIVA. Quedan convocados los correspondientes suplentes, a quienes se les invita a pasar a Sala.

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(ANTECEDENTES:) “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 26 de setiembre del corriente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, FERNANDO AMADO Representante por Montevideo”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado. CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Fernando Amado, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Álvaro Fernández. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

“Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 26 del presente año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, ALMA MALLO Representante por Montevideo”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Le informo que por única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside para el día 26 del corriente mes y año. Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima, Nicolás Ortiz”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Alma Mallo, por el día 26 de setiembre de 2012.

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2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Milo Ojeda. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 26 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, ANÍBAL GLOODTDOFSKY Representante por Montevideo”. “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Le informo que por única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside para el día 26 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, Nicolás Ortiz”. “Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Aníbal Gloodtdofsky. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Aníbal Gloodtdofsky, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nicolás Ortiz. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor José Corradi. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 25 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 26 del corriente mes y año. Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima, MARTHA MONTANER Representante por Tacuarembó”. “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe Susana Montaner, le informo que por esta única vez no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que usted tan dignamente preside para el día 26 del corriente mes y año. Sin otro particular, la saluda con mi más alta consideración y estima, Susana Montaner”.

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“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señora Susana Montaner. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, a la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señora Susana Montaner. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2215, del Lema Partido Colorado, señor Dante Dini. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”. “Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: Por la Presente solicito licencia por motivos personales en el día de la fecha y ruego se cite a mi suplente. Sin otro particular, saluda atentamente, JOSÉ ANDRÉS AROCENA Representante por Florida”.

“Montevideo, 26 de setiembre de 2012. Señor Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico Presente De mi mayor consideración: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto. Sin otro particular, saluda atentamente, Nelson Pérez Cortelezzi”.

“Comisión de Asuntos Internos VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena. CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de setiembre de 2012. II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Nelson Pérez Cortelezzi. ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo 1° por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo 1° de esta. La Cámara de Representantes R E S U E L V E: 1) Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 26 de setiembre de 2012. 2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Nelson Pérez Cortelezzi. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado día al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Germán Lapasta. Sala de la Comisión, 25 de septiembre de 2012. GERMÁN CARDOSO, VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ”.

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33.- Interrupción voluntaria del embarazo. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate. Léase el artículo 3º, que tiene una modificación propuesta por los firmantes del informe en mayoría. SEÑOR POSADA.- Mociono para que se suprima la lectura. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y tres en noventa y nueve: AFIRMATIVA. En discusión. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: solicito que se desglose el inciso segundo de este artículo, porque vamos a proponer una modificación. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: como dijimos en la discusión general, la aprobación de este proyecto no modificará nada la situación actual, porque hay circunstancias, como las que establece el artículo 2º, que se tienen que producir para que no se apliquen los artículos 325 y 325 bis del Código Penal. El artículo 3º se refiere, precisamente, a los requisitos, y yo quiero comentar algo que en la Comisión manifestó una de las asociaciones que está a favor de la despenalización del aborto, el Colectivo de Mujeres y Salud, que el 23 de agosto decía, con respecto a este artículo: “La otra preocupación que tenemos es la de condicionar la configuración de una práctica delictiva al cumplimiento o no de ciertos requisitos institucionales que el sistema de salud de nuestro país no garantiza. No existen profesionales suficientes en todos los servicios de salud para implementar equipos interdisciplinarios compuestos por médico, asistente social y psicólogo, tal como se establece como requisito para que la práctica del aborto no sea penalizable.- Los monitoreos realizados por MYSU sobre la reglamentación de la Ley Nº 18.426

que se ha implementado a partir de enero de 2011 en el Sistema Nacional Integrado de Salud indican que, fuera de las capitales departamentales, en el primer nivel de atención no hay servicios de salud sexual y reproductiva. A modo de ejemplo, en una visita que efectuamos a Río Branco detectamos que en esa ciudad no hay disponibilidad de todos los profesionales requeridos para integrar un equipo multidisciplinario, por lo que las mujeres que lo requieren deben viajar a Melo, a 90 kilómetros de distancia.- Cuando esos servicios existen, en Montevideo y en las capitales departamentales, no siempre el acceso a la prestación se realiza dentro de los tiempos necesarios. Esto quiere decir que cuando alguien pide una consulta al equipo, se dilata el tiempo necesario para la atención. La respuesta no es inmediata.- Nos permitimos señalar como importante la función de contralor del Poder Legislativo para el debido cumplimiento de las normas que genera, porque no deberían establecerse requisitos que luego no se cumplan. La idea de proponer la atención interdisciplinaria integral es buena en teoría; si en la práctica no se garantizan las condiciones, se convierte en una barrera de acceso. En la actualidad y en nuestro país el método más utilizado por las mujeres para la interrupción de embarazos es el uso del misoprostol. Por lo tanto, la norma que se apruebe debe actuar sobre esa realidad para ser efectiva. Si se dificulta el acceso a los servicios, al establecer tantos requisitos, las mujeres seguirán utilizándolo en forma insegura, particularmente las que están en condiciones de mayor vulnerabilidad”. Comparto estas afirmaciones, y las planteo para reflexionar en este artículo, que nosotros no vamos a acompañar. Muchas gracias. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: quiero consultar si se está llevando a cabo la trasmisión en directo de esta sesión vía Internet. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se me informa que sí. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría.

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SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: como anunciamos en la discusión en general, no vamos a acompañar este artículo, como tampoco acompañamos la votación del proyecto en general. Ya anunciamos que tampoco vamos a acompañar cada uno de los artículos que restan, adelantando desde ya cuál va a ser la posición del Partido Nacional. Además, se ha agregado que se realizaron modificaciones en Sala y se ha anunciado que se van a hacer más, luego del intenso trabajo de la Comisión. (Murmullos.- Campana de orden) ——Con relación a este artículo en particular, como dijimos en su momento, no lo vamos a acompañar porque está absolutamente alejado de la realidad. Este artículo va a ser inaplicable. Es absolutamente imposible que en la inmensa mayoría del país alguna vez se constituyan los tribunales examinadores multidisciplinarios que se prevén en este artículo 3º. Al mismo tiempo, termina siendo incoherente con la modificación del artículo 2º que se acaba de hacer en Sala, en el que se establece que la interrupción del embarazo tiene que hacerse durante las doce semanas. La pregunta sería, ¿si la mujer que quiere consultar al tribunal examinador se presenta dos o tres días antes del término de las doce semanas? Obviamente, el período de reflexión, los cinco días mínimos que establece el proyecto de ley van a hacer que pasen más de doce semanas. ¿Cómo se resuelve este problema, este vacío legal? Hay un período legal dentro del cual la mujer hace la consulta, pero el período de reflexión que el propio proyecto de ley establece cae después del período legal, cuando ya su respuesta no es eficaz porque la iniciativa, a texto expreso, la deja fuera del amparo que le da, que es la interrupción del embarazo dentro de las doce semanas. Como si esto fuera poco, el artículo 3º no establece qué pasa si la mujer no ratifica su voluntad dentro de esos cinco días. ¿Qué se considera en ese caso? Se establece el período mínimo de cinco días y que la mujer debe ratificar, ¿pero si no ratifica en ese lapso y lo hace posteriormente? Yo no quiero ser duro en los calificativos y no lo voy a ser, pero esta es la prueba cabal de que este proyecto de ley es absolutamente ineficaz, incoherente, inaplicable. No existe. Por lo tanto, señor Presidente, teniendo en cuenta que después de trece horas de debate, y sin que los miembros de la Comisión tengamos conocimiento,

se dice que se va a modificar sobre tablas un proyecto de ley del que se manifestó fue muy estudiado, que mereció la reflexión, la consulta, la meditación de tanta gente durante tanto tiempo, desde ya anuncio que sería una irresponsabilidad votar una sola línea de esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: a veces, como dice el refrán, para aquellos que no quieren ver o que no quieren oír, es difícil explicar, porque de la sola lectura del artículo 3º surge claramente cuáles son los plazos establecidos. Obviamente, si no hay presentación dentro de los plazos o si no se puede realizar el aborto dentro de los plazos, la persona que lo realice no estará amparada en la ley. Iba a replantear que se votara el artículo 3º desglosando el segundo inciso a los efectos de que podamos establecer una corrección en la mención a los equipos interdisciplinarios. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: la interpretación de las leyes, como usted sabe, no se hacen “obviamente”. Si una ley requiere que un legislador anuncie que “obviamente” le parece que una norma tiene un sentido y no otro, vamos por mal camino. Las leyes, obviamente -en este caso sí-, se interpretan por lo que su texto dice. Gracias, señor Presidente. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Bianchi.- Interrupción del señor Representante Novales) SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- El señor Diputado tiene todo el derecho a expresarse, pero podría dirigirse a la Mesa en otro tono. Tiene la palabra el señor Diputado Novales. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: yo reclamo mi derecho porque mi derecho es que se me dé la pala-

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bra cuando la solicito. Si a veces me extralimito es porque hay mucha gente a la cual debo responder, que me exige que haga valer mis derechos en este Cuerpo. Para eso estoy. Entonces, otra vez debo ratificar que se están haciendo modificaciones en un proyecto que llevó mucho trabajo realizar. Realmente parece que este artículo estuviera hecho en el siglo XIX, cuando para mucha gente la República Oriental del Uruguay estaba intramuros. Esto es absolutamente inaplicable. Esto debería ser candidato al Premio Nobel de la ingenuidad cuando toda la gente del interior sabe que hay muchísimos pueblos que ni siquiera tienen un médico, que no existe ninguna especialidad, que no hay dentistas, obstetras, que no hay nada. ¡Cómo se puede pretender que funcione un comité de tres especialistas cuando en muchos pueblos ni siquiera se ha oído hablar de esas especialidades! Por lo tanto, señor Presidente -pido disculpas a la Mesa porque realmente hay cosas que a uno lo sacan de quicio-, pongamos los pies sobre la tierra y elaboremos leyes aplicables en el país de hoy. Gracias, señor Presidente, y disculpe. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: respeto muchísimo a todos los colegas legisladores. Pido -sé que son muchas ya las horas de debate- es que hagamos un esfuerzo y realmente tratemos de ser lo más fieles a lo que está escrito en el texto de la iniciativa a consideración de este pleno, más allá de la opinión a favor o en contra. No podemos dejar pasar que se hable de un “tribunal”, porque no se compadece, no es fiel ni representa lo que está escrito en el texto del proyecto de ley. El texto del artículo que aprobamos anteriormente establece un equipo multidisciplinario. En ninguna parte de este proyecto de ley se establece, aún, un “tribunal”. Por lo pronto, no seamos pícaros o, por lo menos, hagamos el esfuerzo de leer bien. Por otro lado, para terminar la aclaración, quiero decir que la letra del artículo 2º que acabamos de aprobar tampoco establece que la respuesta de la persona, en este caso, de la mujer, tiene que ser dentro de los cinco días de reflexión, sino que después del quinto día o

al quinto día de reflexión -eventualmente- puede manifestar su decisión de interrumpir el embarazo o de continuar con el proceso de gestación. (Ocupa la Presidencia el señor Representante Orrico) Por lo pronto, la mujer no está obligada a hacerlo dentro del plazo de los cinco días. Es posterior a dicho lapso. Mientras sea dentro del plazo de las doce semanas, puede hacerlo cuando tenga voluntad. Es lo que quería precisar porque me parece que es oportuno y corresponde, inclusive para que quienes después lean la versión taquigráfica tengan presente exactamente lo que establece el proyecto de ley. Gracias, señor presidente. SEÑOR PLANCHON.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PLANCHON.- Señor Presidente: creo que el señor Diputado Javier García ha sido claro en su planteamiento. En el artículo 3º, cuando se habla de un período mínimo de cinco días, no se establece el máximo. Si una mujer se presenta faltando dos días para las doce semanas, ¿cuánto tiempo de reflexión tendrá? Se habla de un mínimo de cinco días, pero no sabemos de cuánto tiempo se trata. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- ¡Por favor, señores Representantes! En todos los relojes del país es la hora 0 y 11. Hace muchas horas que estamos sesionando y nos encontramos todos cansados. Si perdemos el orden no vamos a rendir nada y será muchísimo peor. Si quieren pedir una interrupción, háganlo, pero no se griten. Levanten la mano, yo les cedo la palabra y los protejo en el uso de esta. Ahora está hablando el señor Diputado Planchon y los demás vamos a dedicarnos a oírlo. Después cada cual responderá lo que le parezca. Puede continuar el señor Diputado Planchon. SEÑOR PLANCHON.- Señor Presidente: para ser correctos, estamos hablando del equipo interdisciplinario y no de un tribunal interdisciplinario. Lo que no nos cierra de este artículo 3º es qué sucede si una mujer se presenta en la undécima semana, faltando dos días para

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que se cumpla la duodécima, ¿cuánto tiempo de reflexión tendrá? Se habla de cinco días, pero se puede presentar en la vigésima semana. Eso no lo han contestado los autores del informe en mayoría. Muchas gracias, Presidente. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señor Presidente: en realidad había pedido la palabra para hablar sobre el artículo 2º. En primer lugar, quiero que me respeten como yo respeto a todo el mundo. En segundo término, quiero apoyarme en los compañeros Novales y Javier García en cuanto a las manifestaciones que han realizado con respecto a todo el proyecto de ley. No me parece para nada serio que se esté corrigiendo en Sala la redacción de un proyecto de ley de esta naturaleza, después de haber hablado todo lo que se habló, de todo el estudio que llevó, de todas las consultas con la almohada, con la conciencia, y no sé con cuántas cosas más, para llegar a este punto. (Murmullos.- Campana de orden) ——Cualquiera que recorra y que conozca algo del interior del país -también pasa en Montevideo-, sabe que lo que voy a decir es cierto. Reitero que me apoyo en lo que recién decían mis compañeros. Conjuntamente con otros compañeros legisladores hemos presentado un proyecto de ley para que los nacidos fuera del origen del domicilio de los padres puedan ser anotados en el Registro Civil como nacidos en el lugar de origen, pero con radicación en otro lugar, en los poblados más alejados, donde no hay una policlínica. Indudablemente -como dice el señor Diputado Javier García-, esto es inaplicable. (Murmullos.- Campana de orden) ——Es inaplicable el artículo 3º y todo el proyecto de ley. En este momento quiero dejar expresa constancia de mi voto negativo para todo el proyecto de ley. Reitero lo que dije al final de mi intervención anterior: entre mate y mate, entre charla y charla, va-

mos condenando a muerte a los no natos, a los concebidos. Gracias, Presidente. SEÑOR VEGA LLANES.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: entre las cosas que a uno a esta altura del partido le entran a parecer curiosas -será la hora-, es que algunos pidan respeto cuando no lo tienen por los demás. Son tan atrevidos que dicen cualquier cosa y todavía pretenden que los demás los respetemos. (Interrupción del señor Representante Trobo.Respuesta del orador.- Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señores Representantes: la Mesa tiene la potestad de suspender la sesión. No me obliguen a hacerlo. Estoy dispuesto a dar la palabra cuantas veces sea necesario a quien sienta que alguien lo alude o no lo respeta para que se aclare la situación. (Murmullos.- Campana de orden) ——Me parece una falta de respeto hacia el señor Presidente -quien no ha hecho uso de la palabra y, por lo tanto, no le ha faltado el respeto a nadie- que cuando está tratando que la Cámara funcione correctamente, se sigan tirando dichos más o menos ingeniosos hacia los costados. Si alguien siente que tiene algo que contestar, con mucho gusto le daré la palabra. Luego del señor Diputado Vega Llanes concederé la palabra al señor Diputado Iturralde Viñas. El señor Diputado Yanes también está anotado. Puede continuar el señor Diputado Vega Llanes. SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: la otra cosa que he vivido permanentemente en esta Cámara es la modificación de la redacción de los proyectos de ley en Sala. No es la primera vez, pasa casi siempre. Hemos votado más de mil proyectos de ley, y novecientos noventa y nueve deben haber tenido modificaciones en Sala y a nadie le dio un ataque de locura ni de dignidad porque modificáramos el proyecto en el plenario. ¡Y cambiamos proyectos gordos, no cualquier pavada! Hoy parece que eso no es posible.

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El otro descubrimiento que he hecho es que hay gente que vive en el interior y que no tiene asistencia médica como la que sí existe en Montevideo o en una capital departamental. ¡Vaya novedad! Si te da un infarto viviendo en el pueblo de Polanco, en Florida, también te morís porque no hay coronaria; no hay nadie que te vaya a resucitar ni hay CTI. Ochenta personas que viven allí y que si les pasa eso se van a morir porque no van a llegar a ningún centro asistencial. Así que no hay que estar tan preocupado por estas cosas porque esta es la realidad. No podés tener un Hospital de Clínicas en cada pueblo del país, porque no existe acá ni en ningún lugar del mundo. Esa es la realidad que quienes somos del interior no deberíamos desconocer. Me comprometo a votar un proyecto de ley si proponen que haya un Hospital de Clínicas en cada pueblo de Florida y de este país. Nos va a salir un poco claro, pero capaz que se puede. Hay que tener diametralmente claro este tema. Acá hemos votado muchas veces proyectos de ley que tienen plazos. ¿Qué pasa si no se cumple el plazo? Fuiste, marchaste, perdiste, no entrás dentro del plazo de la ley. No sé cuál es la discusión. Al poner un plazo, siempre va a haber gente que va a quedar de un lado y gente que va a quedar del otro. Hemos puesto plazos para todo. Parece que hoy poner un plazo es algo tremendo que nunca hicimos en esta Cámara. Siempre lo hicimos, siempre se puso plazo a una serie de cosas. Algunas veces los prorrogamos y otras lo hicimos después de que había pasado un tiempo largo de que teníamos que haberlo prorrogado. Si uno no entra dentro del plazo, ¿cuál es la pregunta? Está fuera del plazo; ya está. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: solicito que haga cumplir el Reglamento, ya que el señor Diputado preopinante dijo que pretendía que se respetara a los demás. Por consiguiente, hágale ver que debe respetar a todos los parlamentarios, que debe tener un nivel adecuado a la discusión, dirigirse a la Mesa, como corresponde, y no ser provocativo. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señor Presidente: el señor Diputado no solo me aludió sino que se dirigió directamente a mi persona. Yo considero que he respetado y respeto a todo el mundo. Podemos tener opiniones diferentes. Obviamente que tenemos diferencias profundas con el señor Diputado que me aludió. No quiero generar al Presidente más dificultades que las que sus propios compañeros de Partido le generan. Cuando se está hablando del plazo… (Interrupciones) ——Si me cuenta el chiste, yo me río con usted, señor Presidente. Capaz que si lo cuenta nos reímos los noventa y nueve. Estamos hablando de vidas, de niños por nacer. No le veo la gracia. No me da para sonreír ni para nada. Estamos hablando de cinco días de plazo mínimo para que la mujer pueda reflexionar. ¿Qué pasa si va tres días antes de las doce semanas? ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Cuándo vamos a aplicar la pena de muerte? SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: con respecto a la observación de los plazos, si hay un logro de este proyecto de ley, entre todos los que van a obtenerse, es que las mujeres tomarán una decisión mucho más temprano. Al no ser un proceso clandestino hay muchas más posibilidades de acceso al misoprostol y a tomar una decisión. Creo que el problema de los plazos va a ser mucho menor cuando este proyecto sea ley y se empiece a aplicar. En cuanto a si la mujer consulta dos días antes, es muy difícil determinar exactamente las doce semanas. Eso lo va a determinar el ginecólogo tratante. Si es algo razonable, el equipo médico va a tomar una decisión con sentido común. Creo que siempre hay un plazo pero nada es tan rígido, menos en medicina y en determinar el tiempo de gestación. Siempre hay un margen de duda, de error y muchas veces se toman tablas que no corresponden al país. SEÑOR YANES.- Pido la palabra.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR YANES.- Señor Presidente: hace unos momentos escuché decir al señor Diputado Gandini que el debate se había dado en un clima, en un tono correcto, con cosas duras, difíciles a nivel personal, etcétera y me sentí bien porque dijimos todo lo que queríamos. Sin embargo, no voy a aceptar más -lo permita o no el Reglamento- que se diga que alguien está jugando con la vida y la muerte. Si no, que le pongan nombre y apellido. Le voy a pedir a la Mesa que corrija, porque cada vez que los legisladores han hablado, entre mate y mate, risa y risa, unos por votar una cosa y otros otra, se deja entrever que se está declarando la vida o la muerte de alguien, y se están burlando de mí. No lo voy a aceptar. Lo acepté una vez; lo acepté dos veces. Acepté la ironía de varios, pero no soy tonto. Quiero que este proyecto se apruebe. Hasta ahora nadie había enredado la yegua, pero si se quiere jugar, que no se invoque seriedad y responsabilidad y luego nos lleven a esto. Nosotros – a quienes nos gustan más los líos que el dulce de leche- no vamos a dejar pasar esto, y si tenemos que amanecer en esta Sala, amaneceremos. Si a alguien que quiere sacar libreta de chofer le preguntan: ¿”Y si vas una semana antes de cumplir dieciocho años?”, contesta: “No te la dan”. “¿Y si vas cuando tenés dieciocho?”, contesta: “Te la dan”. “¿Y si vas cuando tenés dieciséis?”, contesta: “No te la dan”. “¿Y si vas faltando quince días?”, contesta: “No te la dan”. Todos acá nos enorgullecimos de que íbamos a implantar la educación física en las escuelas públicas. Si hubiéramos visto que no teníamos suficientes profesores de Educación Física, nunca lo habríamos votado. Obviamente, se votó y se fue dando a las escuelas los mecanismos para poder contar con ellos. Hoy, la educación física en el Uruguay tiene pleno empleo. Llamo a la cordura, cosa que no tengo. Yo tomo mate en Sala, como otros toman té, café o salen al boliche y vuelven. Hay algunos que están toda la tarde afuera y vienen a decir lo suyo, manifiestan cualquier grosería y después se van. No voy a aceptar ironías ni juegos de ese tipo. Alargaré la sesión porque tengo todo el derecho. A todos los que estamos sentados en estas bancas nos votó mucha gente. A mí también. Cuando siento que me están tomando el pelo tengo todo el derecho de pedir que se respete el

Reglamento o de contestar con las ironías que me parezca. Juego en el barro y juego en la cancha limpia. Si tengo que estar de guantes blancos, también juego. Si todos nos enorgullecimos porque desde la hora 10 estamos debatiendo y nos dijimos cosas difíciles, duras, pero con nivel, terminemos las cosas así. Apelo a que cada uno haga la reflexión y que los coordinadores ayuden. No puede ser que aquel que vino fresquito o con muchas ganas de hablar, ahora quiera plantear algunas situaciones. Pido disculpas a mi amigo, el señor Diputado Planchon, pero escuché el segundo argumento con respecto a los plazos. Si no se cumplen los plazos establecidos no se va a estar dentro de la ley. No sé si las leyes son obvias. Yo soy de los que tomo mate. Y si entre mate y mate alguien dice que se está jugando con la muerte o la vida de alguien, voy a pedir la palabra porque me están aludiendo y faltando el respeto. Muchas gracias. SEÑOR PLANCHON.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PLANCHON.- Señor Presidente: concretamente, el señor Diputado Yanes me nombró. Quiero dejar bien en claro que en ningún momento hablamos de vida ni de muerte ni entré a agraviar a nadie. Lo que yo hago es una pregunta concreta sobre el tema al que hace un rato se refirió el señor Diputado De León. Hay un proyecto de ley cuyo artículo 2º dice bien claro que se realizará antes de las doce semanas de gravidez. (Campana de orden) ——Y hace pocos minutos se habló de que ese tiempo puede ser variable, que si una mujer se presenta la undécima semana, faltando cuatro, cinco o dos días para la duodécima semana, tiene un plazo mínimo de reflexión de cinco días, pero no se habla de un máximo. Es decir que puede tomarse el tiempo que quiera porque en este proyecto no se ha establecido lo contrario. Nada más. Yo no hablo ni de vida ni de muerte. Solo quiero que se me explique cómo es el tema. SEÑOR BEROIS.- Pido la palabra.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BEROIS.- Señor Presidente: en lo que hace a este artículo, ya lo dije cuando se consideró el proyecto de ley en general y me parece que es bueno reiterarlo, más aun teniendo en cuenta algunas de las apreciaciones que se han hecho. Voy a reiterar lo que se estableció en la Ley Nº 18.360 de 26 de setiembre de 2008 cuando esta Cámara votó… (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- A la Mesa le es muy difícil seguir al orador por el murmullo que hay en la Sala. Pido a los señores Diputados colaboración porque realmente es muy complicado. Puede continuar el señor Diputado Berois. SEÑOR BEROIS.- Como decía, esta misma Cámara votó la obligación de contar con desfibriladores -yo no soy médico pero sé de qué se trata; no estamos hablando de una unidad coronaria sino de un instrumento que cuesta mucho menos- y esa ley obliga a que se ponga a la vista el texto del decreto reglamentario en edificios, hoteles, lugares de trabajo, de descanso, de esparcimiento, estadios y gimnasios; inclusive en el Parlamento se hizo, pero cuando se quiso aplicar en el interior del país -no sé en San Gregorio de Polanco pero sí en Ismael Cortinas, que tiene mil habitantes-, aunque esa ley esté llena de buenas intenciones, como este artículo, no se pudo. En Ismael Cortinas no hay desfibriladores. Todos sabemos que el presupuesto de ASSE es de US$ 800:000.000 pero en Ismael Cortinas no tienen este instrumento, y tiene mil habitantes. Entonces, si alguien sufre un ataque cardíaco, seguro que se muere. Esto no es por falta de legislación sino por falta de voluntad o de aplicación de las leyes. La normativa existe, pero a veces no se puede cumplir. Dudo que en estos centros poblados exista un equipo interdisciplinario con tres profesionales de esa calidad, ni siquiera en muchas capitales departamentales. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º, con el desglose del segundo inciso. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: vamos a proponer una redacción alternativa para el segundo inciso de este artículo, simplemente en cuanto a la referencia de la ley. Este segundo inciso diría: “El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario que podrá ser el previsto en el artículo 9º del Decreto 293/2010 Reglamentario de la Ley Nº 18.426 del 1º de diciembre de 2008, el que a estos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social”. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: no vamos a votar este inciso porque no votamos el artículo. Además, no admitimos que se proponga que una ley mencione un decreto. Una norma de mayor jerarquía menciona una de menor jerarquía, o sea que el decreto mañana no se podrá modificar. Vamos a ser honestos. Cuando el Partido Nacional plantea que en estos temas no se pueden introducir modificaciones que no sean el fruto de una reflexión serena y de un análisis técnico responsable, no solo lo está diciendo por la ley en general sino también, en particular, por esta ley, que no es una ley cualquiera porque, para nosotros, tiene que ver con la defensa de un derecho humano esencial, que es el derecho a la vida. Cuando se quiere incluir en una ley la referencia a una norma de menor jerarquía como un decreto, se está sometiendo la vigencia del derecho que se pretende cuidar en algunos aspectos de esta ley a un decreto que puede ser modificado. Quiere decir que desde el punto de vista de la técnica jurídica es inconsistente, y la propuesta que se realiza, a nuestro juicio, no debería ser aceptada por la Cámara si razona seriamente sobre lo que debe ser la construcción de una norma jurídica. Gracias, señor Presidente. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: la referencia actual que está en el inciso segundo al artículo 3°, tal como ha sido distribuido es al numeral 2 del literal b) del artículo 4º de la Ley Nº 18.426, donde se establecía una referencia a una ordenanza del Ministerio de Salud Pública. Con posterioridad se dictó este decreto reglamentario de la Ley Nº 18.426 y fue en esta que previeron los equipos interdisciplinarios con una determinada integración. El proyecto establece un criterio para estos equipos interdisciplinarios y, además, dice que podrán ser los mismos que los utilizados en las iniciativas sanitarias. Esta es la referencia que se hace ahora con mayor precisión, en función de que hubo un decreto reglamentario de la propia Ley Nº 18.426 que estableció la creación de estos equipos interdisciplinarios. Estos equipos, tal como se señala en el segundo inciso, se crean por ley y tienen una integración distinta a la que se establece en el decreto. SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Ruego a los señores Diputados que esto no se transforme en un diálogo entre dos. (Interrupción del señor Representante Trobo) ——El señor Diputado Trobo sabe que lo voy a proteger en el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: yo no quiero desarrollar ningún diálogo lateral o sobre técnica jurídica. SEÑOR PRESIDENTE (Trobo).- No utilicé la palabra “lateral”. SEÑOR TROBO.- Lo que yo digo es que no se acaba de resolver que lo que estamos haciendo es establecer la vigencia de un decreto por ley y mañana, si este decreto se modificara, se crearía un problema gravísimo de interpretación. La ley nunca se puede referir a un decreto porque es una norma de menor jerarquía, dictada por otro Poder del Estado, que refiere eventualmente en la reglamentación de leyes; de ningún modo se puede establecer en una ley que es aplicable en función de un decreto determinado; no se puede. Entonces, esa es una solución absolutamente imperfecta que habla -lo digo con mucho respeto- de la falta de seriedad en la redacción del texto. Además, creo que en esta instancia del debate es bueno seña-

lar que este proyecto se aprobó hace muchísimo tiempo, al segundo día de constituida la Comisión Especial que la Cámara creó para sustraerle el tema a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Se dijo que se aprobaría el proyecto de ley y después se discutiría y se escucharía a todas las entidades que quisieran expresarse al respecto. Lo que ocurre es que hoy en día se están encontrando imperfecciones en el texto originariamente aprobado por la Comisión y, en este caso, se presenta una solución inaceptable desde el punto de vista jurídico que, además, es inconsistente. Gracias, señor Presidente. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: este proyecto de ley se aprobó el 10 de setiembre. Antes se aprobó en general, pero no se entró a la discusión particular hasta el 10 de setiembre, cuando se aprobó el proyecto tal como fue distribuido en el día de la fecha. Por tanto, no se puede decir lo que recién se aseveró. Solicito, antes de votar, que se lea por Secretaría el texto propuesto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Léase por Secretaría el texto propuesto para el inciso segundo del artículo 3º. (Se lee:) “El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario que podrá ser el previsto en el artículo 9º del Decreto 293/2010, Reglamentario de la ley Nº18.426, de 1º de diciembre de 2008, el que a estos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de salud psíquica y el restante en el área social”. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Gracias, señor Presidente.

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Propusimos que este proyecto de ley volviera a estudio de la Comisión y lo que está sucediendo nos está dando la razón: no avanzamos un artículo ni un párrafo sin que haya modificaciones, que se hacen en el plenario, sin el estudio de la Comisión y que son poco serias. Aunque no les guste, se está tratando un proyecto que tiene que ver con la vida o con la muerte. Si alguien mira desde el exterior, parece que esto fuera la consideración de una ley tipo “Jaujarana”. Esto no es serio, señor Presidente. Aunque no les guste, se está tratando un proyecto de ley que tiene que ver con la vida y con la muerte. Entonces, respetemos los trámites parlamentarios. Seamos serios. Presentemos un proyecto que haya sido objeto de estudio de la Comisión, que haya sido analizado y discutido. No podemos legislar en la Cámara, no podemos hacer modificaciones, menos en un tema como este. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar el inciso segundo del artículo 3º a que se dio lectura. (Se vota) ——Cincuenta en noventa y cinco: AFIRMATIVA. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura de los artículos siguientes y que se voten en bloque los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14 y 15, desglosando el artículo 12, para el cual se va a proponer la eliminación de una referencia. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: no comparto lo que acaba de plantear el señor Diputado Posada. Nosotros acompañamos en Comisión el artículo 11 -que es el que hace referencia a la objeción de conciencia del personal médico- y queremos hacer lo mismo en Sala. Por lo tanto, no comparto que se voten en bloque esos artículos, porque si la mayoría vota la propuesta nos van a obligar a pronunciarnos

en contra de algo que íbamos a votar a favor que, como dije, es el artículo 11. (Murmullos.- Campana de orden) SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: yo no voy a decir que la propuesta es una maniobra elusiva, pero estos textos hay que leerlos. ¡Hay que explicarlos! ¡Hay que poner la cara! ¡Hay que decir, a través de la filmación que está saliendo en Internet, qué se está votando aquí! Yo quiero que se sepa qué es lo que voto en contra. Cuando se pretende que se voten en bloque los artículos, se está eludiendo, por ejemplo, la discusión del artículo 4º, sobre todo el literal b), que sustrae -¡sustrae!- la decisión del progenitor en el caso de una mujer que quiera concurrir a este procedimiento de aborto, y lo deja sometido exclusivamente a su voluntad. Se le debe informar a la gente que lo que se dice es que una madre puede ir a solicitar una intervención de este tribunal o comisión asesora para realizarse un aborto sin que el padre del hijo se entere. Estoy hablando del padre en cualquier circunstancia: resultado de un encuentro ocasional, de una relación extensa en el tiempo bajo una determinada forma jurídica o simplemente de una unión. Los padres, de acuerdo con esta ley, ninguno de ellos, están en condiciones de opinar si la madre no quiere que se sepa que se va a realizar un aborto. ¡Hay que discutir estas cosas de frente, dando la cara y diciendo cuáles son las posiciones al respecto! Por eso, señor Presidente, así como en la aprobación de otras leyes -a veces, hasta alegremente- votamos la supresión de la lectura, en este caso decimos que hay que leer, porque es necesario que la gente sepa qué se está votando. Porque después, con este procedimiento del voto a mano alzada, sin votación nominal -que, a veces, fastidia a mucha gente-, no se sabe muy bien quién votó de un lado y quién del otro, y para nosotros en el caso de esta iniciativa tiene que quedar muy claro quién votó qué cosa. Gracias, señor Presidente. VARIOS bien! SEÑORES REPRESENTANTES.¡Muy

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: cualquier legislador -se sabe y lo ampara el Reglamento- puede pedir la votación artículo por artículo. Si la intención del señor Diputado Trobo es discutir los artículos, vamos artículo por artículo. De todos modos, voy a insistir con la supresión de la lectura a los efectos de avanzar más rápidamente. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: uno de los logros de las trasmisiones por Internet ha sido la cristalinita, que la gente conozca lo que votamos. Por consiguiente, voy a pedir que no se suprima la lectura y que la gente sepa exactamente qué es lo que estamos votando. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar si se suprime la lectura de todos los artículos. (Se vota) ——Cincuenta y uno en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 4º. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Cantero Piali. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: este artículo hace referencia a los deberes de los profesionales que actuarán en los abortos. No son requisitos que los cumplen si quieren, sino que este artículo los va a obligar a cumplir con todos los requisitos que aquí se mencionan, que no fueron leídos pero que todos tienen en sus bancas, y que refieren a orientar y asesorar a la mujer, a entrevistarse con el progenitor solamente cuando la mujer lo desee, y varias cosas más. Teniendo en cuenta los plazos que se manejan y que se han votado para este proceso, establecidos claramente en el artículo 3º, y viendo que todos los profesionales van a tener la obligación de cumplir con la totalidad de lo dispuesto en el artículo 4º, nos preguntamos cuánto tiempo le va a llevar al equipo interdisciplinario cumplir con todas las exigencias. ¿Quién va a controlar que el equipo interdisciplinario

cumpla con cada uno de estos requisitos? ¿Quién lo va a controlar? Y también nos preguntamos: ¿qué ocurre si el equipo interdisciplinario no cumple con estos requisitos? Son dudas que tenemos, que creo son realmente serias para lo que es la puesta en práctica de esta ley y que también nos llevan a votar en contra este artículo. Muchas gracias. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: si leemos, no solo el artículo 4º sino también el artículo 5º, advertiremos que sobre el final de este último se establece la obligación de las instituciones de asistencia médica de cumplir con lo que allí se establece y también verificar y monitorear que se cumpla con el artículo 4º. Obviamente, si no se cumple con lo establecido, el Ministerio de Salud Pública, en uso de sus potestades en materia de regulación de la salud, tendrá que establecer las sanciones que correspondan, de acuerdo con los propios que se han establecido en el Sistema Nacional Integrado de Salud. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Gracias, señor Presidente. El artículo 4º dice: “Artículo 4º. (Deberes de los profesionales).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario deberán: a) orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a estos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes.- b) entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer.- c) garantizar, dentro del marco de su competencia, que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o interrumpir el embarazo.- d) cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.- e) abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción”.

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Voy a votar negativamente este artículo. Muchas gracias, señor Presidente. (Murmullos) SEÑOR TROBO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: quiero hacer especial énfasis en el literal b) del artículo 4º. (Interrupción del señor Diputado Iturralde Viñas.Campana de orden) ——El concepto que anima a algunos de quienes acompañan este proyecto es la de que el feto es parte del cuerpo de la mujer y, por tanto, su vida depende exclusivamente de su decisión. Lo han relativizado y han dado fecha de aparición de la personalidad o del sujeto de derecho en las doce semanas. Antes, es parte del cuerpo de la mujer y no tiene derechos; después, es un individuo que tiene derechos. Lo que a nosotros nos llama la atención -obviamente, porque no participamos de ese concepto- es que se incluye como una obligación de los médicos o de los profesionales actuantes -que por supuesto están sometidos a guardar reserva de la información que reciben y, por lo tanto, no pueden manifestarle absolutamente a nadie lo que han escuchado de una persona que solicite su intervención- la de entrevistarse con el progenitor en el caso exclusivo del consentimiento expreso de la mujer. Nosotros no vamos a votar este artículo, pero en función de la transparencia que necesita la discusión, el debate de este proyecto, y de la claridad con que debe ser interpretada la ley -no solamente por quienes deban cumplirla, sino por la ciudadanía en general, que merece saber-, queremos que se nos diga si la intervención del progenitor en el eventual procedimiento de un aborto está exclusivamente determinada por la voluntad de la mujer. Creo que es importante que se exprese que para realizarse un aborto la mujer no debe consultar ni nadie le debe informar al padre de la criatura. Creo que es muy importante que se señale que ese es el criterio y que, además, se señale que ello ocurre hasta un determinado momento y de un determinado momento en adelante, no ocurre. Porque en todo caso, señor Presidente, estamos frente a una circunstancia sorprendente -por lo menos, lo es para nosotros- de aparición en un determinado momento del tiempo, luego de que existe

una personalidad, de una serie de derechos que antes no tenía. Cuando señalo esto es porque, como dije al principio, quienes votan este proyecto creen que el feto es parte del cuerpo de la mujer. Obviamente, lo deben creer desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del individuo. Si no, ¿cuál es la razón por la cual creen que hay un término, que es el de las doce semanas, antes de las cuales no había derechos para el individuo y después los hay, antes no había derechos para el padre y después los hay? Me parece que se le debe explicar a la ciudadanía, a la gente esta cuestión con seriedad y profundidad. Gracias. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en este tema hay claramente una perspectiva de género. Se entiende que para la participación del progenitor debe haber consentimiento de la mujer, porque la casuística respecto a una relación de pareja es enorme; la casuística respecto a la concepción de un ser es enorme. Supongamos que ese ser fue concebido por medio de la violencia, en una relación de pareja donde la mujer es sometida a violencia doméstica. Pregunto a la Cámara: ¿debe participar el progenitor en esa instancia? ¿O en todo caso debemos proteger el derecho de la mujer? Entonces, obviamente, esta decisión tiene que corresponder a la mujer, porque ella sabe si hay una relación de pareja estable o no. La casuística es muy amplia y me parece que la solución del proyecto de ley es la más acorde a los derechos que se quiere proteger. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: parto de la base de que todo esto está hecho con sentido positivo, para tratar de resolver un enorme problema que tenemos, pero los legisladores, muchas veces -lo digo con todo respeto-, no conocen el verdadero “modus vivendi” del interior del país. Con el artículo 4º vamos

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a transformar a las pequeñas poblaciones del interior en una caldera del diablo. En eso se va a transformar. Para no volver a pedir la palabra y demorar una sesión que ya está siendo muy larga, quiero decir que con lo establecido en el literal e) del artículo 5º, en el que se habla de garantizar la confidencialidad en esos tribunales profesionales que nunca se van a formar, se están legalizando los tribunales de los chusmeríos en los pueblos del interior. ¡Esa es la realidad! Lo lamento; no será así en Montevideo ni en las grandes poblaciones, pero sí en los pequeños pueblos, y sé que los Diputados del interior del país me entienden y saben a qué me refiero. Por eso en un tema tan serio y quiero evitar estos riegos. Gracias, señor Presidente. SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Señor Presidente: quiero hacer una reflexión sobre algunos aspectos. (Murmullos) ——Se parte de la base de los deberes de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero todos sabemos -lo digo con mucho respeto- que el sistema comenzó a ser deficitario; ya hemos hablado de ello. Quiere decir que cuando la Cámara resuelva algo, deberá dar las soluciones de financiamiento en cada una de las instancias. Digo estas palabras simplemente como una reflexión, porque lo hemos hablado, con el mayor respeto. (Murmullos.- Campana de orden) ——Se han ido agregando distintas actividades, programas y metas, pero el sistema ya no da; esto no lo dijimos nosotros, sino el Ministerio de Salud Pública y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, queremos saber si está previsto el presupuesto para los equipos que se quieren crear en cada una de las localidades y si está acordado con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública. SEÑORA LAURNAGA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA LAURNAGA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero hacer un comentario general, porque espero no hablar más cuando se consideren los artículos restantes. (Murmullos) ——Me parece que hay una cierta confusión entre el texto de la iniciativa y las expectativas en cuanto a la reglamentación de la ley. Interpreto que algunas intervenciones piden al texto de la ley detalles y articulaciones que son típicas de la reglamentación. Esa es la primera puntualización que quiero hacer. (Murmullos.- Campana de orden) ——En segundo término, el artículo 4º, “Deberes de los profesionales”, hace referencia -no textualmente, pero sí en sustancia- a aquellos deberes y responsabilidades de los equipos interdisciplinarios de salud sexual y reproductiva ya previstos en la ley a la que se hace referencia, aprobada por esta Cámara en el período anterior. Como razonablemente han dicho varios Diputados y varias Diputadas, la eficacia en su implementación es progresiva. No hay servicios completos en todos los pueblos del país, es verdad, pero si no existe esa disposición, tampoco los habrá. Por lo tanto, esto no suma responsabilidades ni otros equipos, sino que hace referencia a equipos ya existentes. En consulta con el señor Subsecretario de Salud Pública, se nos dijo que había equipos ya formados, especializados en salud sexual y reproductiva, por lo menos en las capitales departamentales. Obviamente, estos estarán funcionando con distinto grado de fluidez. Será responsabilidad de esta Cámara, en conjunto con las instituciones de salud y con el Ministerio de Salud Pública, evaluar su aplicación y hacer lo posible para garantizar la eficacia de la implementación de las leyes, que es otra de las tareas de la legislación. (Murmullos) ——Con relación al literal b), quiero decir que comparto la preocupación de un Diputado preopinante en el sentido de que hay que leer, pero una cosa es leer y otra cosa es hacer apología con la interpretación de lo que se lee. De la lectura del literal b) se ha interpretado que los progenitores están excluidos de la consulta. Con esta redacción estamos garantizando el derecho de la mujer a consentir la presencia del progenitor si es una presencia amorosa, como sucede en mi caso, ya que convivo con mi marido en esos términos, o como -por suerte- ocurrirá con muchas de las parejas aquí constituidas y fuera de este ámbito. Si es una

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pareja amorosa, como presuponía un Diputado preopinante, no se precisará que la ley obligue al progenitor a acompañar a su mujer a esa consulta. Lo que está habilitando el literal b) es a que la mujer pueda decidir, porque la gran mayoría de las parejas no convive en todos sus términos en ese clima amoroso que podría justificar proteger, primero, el derecho del varón a conocer a su futuro hijo antes que el derecho de la mujer a sentirse acompañada por el varón o a preservarse de él. (Murmullos.- Campana de orden) ——Quienes hemos trabajado desde hace veinte años -no dos- en problemas de violencia, de abuso, de prostitución de adolescentes y de niños, de maternidad adolescente, en particular, en contextos de pobreza, sabemos perfectamente que muchísimas veces el embarazo es el resultado de una relación de dominación y que esa relación de dominación sexual opera como un mecanismo de control de la pareja. La mujer debe tener un espacio para decidir la presencia del progenitor; hemos sacado, a propósito, el concepto de padre, porque es diferente: el progenitor concibe conjuntamente con la mujer y el padre es el que se hace cargo y comparte responsabilidades, afectos y amores. Estamos preservando el derecho de las mujeres, menores de edad o mayores de edad, a optar por ir con sus parejas. Apostamos a que ese poco más de 40% de parejas que sobrevive sin divorciarse -el resto se divorcia-, efectivamente comparta esa relación amorosa y que las parejas acompañen a su mujer en esta decisión. Entonces, agradecería que no se hicieran interpretaciones novelescas de los artítulos, que esta se restrinja a lo que dice la letra de la norma y que no se hagan supuestos. Gracias, señor Presidente SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para contestar una alusión. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: no hago ninguna interpretación novelesca. Sí debo reconocer que la señora Diputada Laurnaga ha dado una explicación con bastante más profundidad que la del miembro informante. Él confesó que este proyecto de ley tiene una inspiración en la ideología de género -lo dijo hace unos minutos-, pero la señora Diputada Laurnaga, expresándose sobre el

fondo de la cuestión de la ideología de género, nos acaba de explicar la razón de este artículo. De todos modos, no lo compartimos, porque creemos que la solución, en virtud de las circunstancias que se dice que vive Uruguay hoy en día, debería haber sido otra muy diferente. Esta, simplemente, es la aplicación del criterio de que la única que debe resolver sobre este tema es la mujer y, en todo caso, si ella así lo entiende, lo podrá trasmitir al progenitor. Ese es el tema. Así está planteado, y nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto porque creemos que es una solución que simplifica -como dijimos en alguna instancia de la discusión general-, que es utilitaria: porque quiero que ocurra tal cosa, pongo en la ley tal cosa, pero la realidad es otra y muy distinta; la que ella formula y la que yo planteo también. Entonces, a partir de una concepción de género que se establece como criterio general de la ley, queremos dejar sentado que no estamos de acuerdo, así como tampoco con la determinación del inciso b), porque creemos que no se tiene en cuenta -como debe tenerse en toda circunstancia- la opinión de la madre y del padre. Muchas gracias, Presidente. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: ratificamos lo que dijimos en la instancia de la discusión general sobre la forma en que se ignorancia en este procedimiento a uno de los factores importantes en la concepción de este nuevo ser, que es el padre. Queda claro en la norma que se lo excluye; solamente queda librado a la voluntad de la madre. De todos modos, hay otro aspecto que queríamos agregar a la discusión particular, relativo a las normas establecidas en nuestro derecho, en el Código Civil para los matrimonios. Me refiero, por ejemplo, a los deberes de auxilio y fidelidad que se deben entre sí los cónyuges y que esta norma, así como está redactada, promueve el desconocimiento de esos deberes y promociona, de alguna forma, la posibilidad de esconder a una de las partes del matrimonio una situación tan importante como la del embarazo. Consideramos que esto atenta contra la institución familiar. Se ha hablado acá respecto a la casuísti-

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ca, pero intenté ver los datos del censo 2011 y es un poco difícil de encontrar -además de lento- el porcentaje de población en posibilidad conyugal que realmente está viviendo en matrimonio, pero suponemos que es un porcentaje importante de la población y esta norma, reitero, atenta contra la institución matrimonial. Muchas gracias, Presidente. SEÑOR PUIG.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR PUIG.- Señor Presidente: queremos decir que compartimos y vamos a votar el artículo 4º “Deberes de los profesionales”, en particular su inciso b). Hace unos momentos se reclamaba que se hiciera en forma transparente y dando la cara. Compartimos plenamente este enfoque de género que se da en el inciso b), con las consideraciones realizadas tanto por el miembro informante como por la señora Diputada. Creemos que se debe dar el consentimiento expreso de la mujer porque, como se decía, la casuística es muy amplia y no estamos hablando exclusivamente de situaciones de parejas que funcionan a cabalidad. (Hilaridad) ——Si causa mucha hilaridad lo que estoy planteando, me callo para no molestar a los señores Diputados. (Murmullos.- Campana de orden) ——Como estamos hablando del tema de la vida, se reclamaba hoy, y no se entendían las sonrisas, tampoco entiendo las carcajadas de algún señor Diputado. Insisto en que -claramente, dando la cara y fundamentando- compartimos plenamente el enfoque de género del inciso b) por el que, en definitiva, se debe recabar el consentimiento expreso de la mujer. Obviamente quienes quieran asumir la responsabilidad como pareja, en el caso del progenitor, no se van a ver excluidos porque se incorpore esta norma. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

La Mesa exhorta a las señoras y a los señores Representantes -a las señoras, simplemente para no olvidarlas porque, en realidad, no hay ninguna señora parada- a que tomen asiento, porque de esa manera es mucho más fácil contar los votos. De lo contrario, a veces causa algunas perplejidades que podríamos evitar. En discusión el artículo 5º. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en la versión que se distribuyó hay un error de tipografía en el literal e): debe hacer referencia a las disposiciones de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Aclaramos que en el proyecto original el número de la ley está correcto; lo tiene uno de los señores Secretarios. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: el artículo 5º, “Deberes de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud” dice: “Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán:- a) promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo,- b) estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta en el artículo 3º de esta ley,- c) interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias,- d) poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley,- e) garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 3º de esta ley, así como de todos los datos anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008,- f) garantizar la

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participación de todos los profesionales que estén dispuestos a integrar los equipos interdisciplinarios, sin discriminaciones de ninguna naturaleza.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el literal b), numeral 2 del artículo de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, y de cualquier otra disposición reglamentaria que disponga el Poder Ejecutivo a este respecto, los directores técnicos de las citadas instituciones dispondrán controles periódicos del estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley”. No comparto el artículo. Por consiguiente, no lo voy a votar y le he dado lectura a efectos de dar cristalinidad a mi voto ante la opinión pública, ya que la sesión está siendo trasmitida. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: como anunciamos, vamos a votar negativamente este artículo, y especialmente lo vamos a hacer por el literal d), que dice textualmente: “poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley”. Creemos que el literal d) de este artículo, notoriamente, genera una discriminación y clasificación de los profesionales de las instituciones públicas y privadas, en virtud de consideraciones ideológicas. Consideramos que no corresponde que aparezcan los nombres de los profesionales de una institución, de cualquier tipo, clasificados, en carteleras, en publicaciones o en cualquier otro medio, de acuerdo con sus convicciones personales, sean estas por razones ideológicas, políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier tipo. Es un acto de discriminación inadmisible, porque viola principios esenciales de la relación entre un médico y su paciente. La relación médico-paciente es, esencialmente, de confianza personal y profesional, confidencial, y no admite que se rompa en virtud de dar a publicidad las convicciones de una parte integrante de ese binomio, en este caso, el profesional. Este artículo, señor Presidente, somete a los profesionales a una discriminación inadmisible, que no se podría aceptar en ningún tipo de ejercicio profesional u ocu-

pación. No importa saber si un médico, un enfermero, un psicólogo, un psiquiatra es blanco, colorado, frentista, independiente o sin partido, si profesa la religión a, be o zeta, si tiene determinadas ideas o no. Reitero que esta es una discriminación absolutamente inconstitucional y que no debería ser admitida bajo ningún concepto. Gracias, señor Presidente. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: nosotros también vamos a votar en contra de este artículo y, en especial, queremos hacer énfasis en el literal a), cuya redacción nos parece de suma trascendencia por lo que conlleva. En la Cámara se ha sostenido que este proyecto de ley está mejor redactado que otros que habían llegado al Cuerpo porque no legaliza el aborto sino que solamente lo despenaliza. Pensamos que con esta redacción del literal a) no solamente se está legalizando el aborto sino que se está promoviendo. De alguna manera, se está preparando personal y profesionales del Sistema Nacional Integrado de Salud para que estén capacitados y especializados en apoyar la decisión de la interrupción del embarazo. No se está previendo capacitación a personal que trate de evitar la interrupción del embarazo. El último literal del artículo anterior dice que deberán abstenerse de denegar o autorizar la interrupción, pero en este, contradictoriamente, se está previendo u obligando a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud a formar personal para que se especialice en apoyar la interrupción de los embarazos. Por esa razón y porque entendemos que en este punto también está el meollo del tema, es decir, que es una iniciativa que promueve abortos, vamos a votar especialmente en contra de este artículo. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: cuando en el literal d) se menciona la lista del personal de la institución específicamente involucrada en el objeto de esta

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ley, se está haciendo referencia a quiénes integran los equipos interdisciplinarios. Me parece que es un aspecto de fundamental importancia para el conocimiento de las usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud saber cuáles son los equipos interdisciplinarios que tienen esta tarea. Pienso que conocer esta información es básico para todas las usuarias del sistema; no creo que haya ningún tipo de situación que violente principios de nada. Por lo tanto, vamos a dar nuestro voto a este texto. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: quiero hacer una breve acotación a lo que acaba de fundamentar el señor Diputado Posada. No es desconocido para ninguno de los aquí presentes que cuando concurrimos a una institución médica está, a la vista de todo el público, el listado de las autoridades, los gerentes, los cirujanos, los ginecólogos y los equipos; por ejemplo, quién forma el comité de bioética de la institución. No estamos innovando absolutamente en nada. Simplemente, lo que se establece es que se debe anunciar quiénes son las personas que integran el equipo interdisciplinario que atiende en el marco de lo que establece la Ley N° 18.426, de salud sexual y reproductiva. Gracias, señor Presidente. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: voy a seguir por la línea que planteé de no hacer la interpretación obvia de la ley sino de interpretar lo que dice la ley. El literal d) del artículo 5º dice: “d) poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley”, y el objeto de esta ley es lo que dice la carátula: “Interrupción voluntaria del embarazo”. Esto es lo que figura expresamente en cada uno de sus artículos. Ese es el listado que pide que luzca en las carteleras, boletines, páginas web, el chasque o lo que usted quiera, señor Presidente, que se utilice para comunicar el per-

sonal que está involucrado en la aplicación de esta ley, es decir, en la interrupción voluntaria del embarazo, que es el objeto de esta ley. Gracias, señor Presidente. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: simplemente, para satisfacer la preocupación del señor Diputado Javier García, voy a proponer el siguiente texto para el literal d), así queda meridianamente claro cuál es el sentido de este literal: “d) poner a disposición de todos los usuarios, mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución que integra los equipos interdisciplinarios a que hace referencia la presente ley”. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra para una aclaración. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Javier García. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: simplemente, para dejar constancia de que es mucho mejor, en lugar de hacer interpretaciones obvias de la ley, escribir la ley. Gracias, señor Presidente. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: voy a solicitar el desglose del literal d) del artículo 5º a los efectos de hacer la modificación que anuncié. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar el artículo 5º, con el desglose del literal d). (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR NOVALES.- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: he votado negativamente porque ratifico que no hay artículo y no hay inciso que no se corrija en Cámara. Esto es poco serio. Además, quiero hacer el comentario de que todo el artículo 5º contiene disposiciones de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es inaplicable, señor Presidente. Hay que vivir absolutamente fuera de la realidad de lo que es el Uruguay profundo para proponer esto, que no se puede aplicar en el Uruguay. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar el literal d) del artículo 5º, tal como vino de Comisión. (Se vota) ——Cero en ochenta y nueve: NEGATIVA. Se va a votar la redacción del literal d) propuesta por el señor Diputado Posada. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 6º. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado para que nos facilite la lectura. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- No, señor Presidente, la lectura no porque fue suprimida por la Cámara. Por una cuestión de cristalinidad quiero explicar mi voto y, por consiguiente, antes voy a leer a qué me refiero. “Artículo 6º.- (Excepciones).- Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de esta ley, la interrupción voluntaria del embarazo solo podrá realizarse: a) cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer.- b) cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.- c) cuando el embarazo fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación.- En todos los casos el médico tratante dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas, debiendo la mujer prestar consentimiento informado, excepto cuando en el caso previsto en el literal a) del presente artículo, la gravedad de su estado de salud lo impida”. Voy a votar negativamen-

te este artículo porque no estoy conforme con su redacción. SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: con todo respeto, considero que, de mantenernos con esta dinámica de la Cámara, de ahora en más no valdrán de nada las votaciones que hacemos suprimiendo la lectura, por ejemplo, de los artículos por considerarse suficientemente conocidos, si luego cada uno de los Representantes se va a poner a leerlos uno por uno -en este caso son catorce, pero podrían ser cien-; creo que deberíamos, por lo menos, analizarlo. No quiero estirar más esto pero siento, con todo respeto, que el esquema de trabajo del compañero -no creo que sea su voluntad- de leer lo que nosotros hemos resuelto que no sea leído, establece un antecedente, por lo menos, peligroso. La Cámara resolvió que se suprimiera la lectura, y si cada uno de nosotros va a leer todo, parece una tomadura de pelo, con todo respeto y sin agraviar a nadie. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: yo no le tomo el pelo a nadie y respeto a todos. La Cámara podrá decidir la supresión de la lectura, pero nadie me puede decir cómo fundamento por qué voto o por qué no, a menos que quieran poner los cincuenta votos para hacerme callar y decidir que no puedo decir qué estoy votando o qué no. Voy a defender mi derecho a usar el tiempo que me corresponde para decir lo que tenga ganas de decir acá adentro porque para eso me votó la gente. Gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra para fundar el voto. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado.

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SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: hemos votado negativamente porque, en primer lugar, el literal a) no agrega absolutamente nada con respecto a lo que está establecido legalmente en cuanto a que si la gravidez implica un grave riesgo para la salud de la mujer se exceptuarán obviamente las penalizaciones vigentes; y en segundo término, creo que el literal b) puede implicar el riesgo de actuar con criterios eugenésicos. Establecer cuáles son las malformaciones incompatibles con la vida extrauterina es una de las cosas más difíciles en el ámbito médico, entre otras cosas por la evolución de la medicina. Malformaciones que hace dos años se consideraban incompatibles con la vida hoy no lo son, y se ha demostrado que hay sobrevidas prolongadas en muy importante porcentaje de los niños que nacen. Al mismo tiempo, una enorme mayoría de las malformaciones congénitas se diagnostican mucho después de las doce semanas. Su diagnóstico es ecográfico y se hace a las catorce, quince o dieciséis semanas. Por lo tanto, lo que se estableció en este artículo es la posibilidad de la interrupción del embarazo, pero en estos casos sería muy posterior al plazo fijado, de acuerdo con lo que sugiere o lo que demuestra la práctica médica. Por esos considerandos es que votamos en contra de este artículo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- En discusión el artículo 7º. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: sobre este artículo -y también sobre el artículo 8º- la Comisión recibió un muy buen asesoramiento a través del Claeh —Centro Latinoamericano de Economía Humana— , que tiene que ver con el aspecto procesal del proyecto. Estas disposiciones nos generan varias dudas en cuanto a cómo se van a aplicar y cómo se va a actuar en cuanto a las diversas cuestiones que alcanzan, tanto al artículo 7º como al artículo 8º. Quiero compartir un breve pasaje del informe del Claeh, que llama la atención sobre esto. Dice así: “Es conveniente aclarar expresamente si la resolución que adopte el juez” -que solamente tiene tres días para resolver, según el artículo 7º- “admitirá o no recursos (concretamente, si admite apelación, y en ese caso, los plazos para su sustanciación y decisión, te-

niendo en cuenta la urgencia del objeto), y prever quién estaría legitimado para recurrir la decisión y qué efectos tendrían esos recursos. La legitimación de la madre para recurrir una eventual resolución judicial denegatoria, resulta clara, siempre que se admita la interposición de recursos contra la resolución judicial; pero es preciso definir, por ejemplo, si el Ministerio Público estaría legitimado para recurrir la decisión judicial, y en un enfoque más amplio, si están legitimados para recurrir esa decisión los padres o representantes legales de la menor y, eventualmente de admitirse su legitimación, el padre biológico del concebido”. También nos preguntamos si puede alcanzar -el proyecto claramente no lo señala- la objeción de conciencia a las partes judiciales que intervienen, tanto los Jueces como el Ministerio Público. En otra parte del informe se señala -es importante considerarlo y no fue tomado en cuenta para la redacción final de estos artículos; sí lo fueron otros aspectos, pero no estos-: “Puede resultar conveniente, dada la urgencia de la cuestión a resolver, adoptar soluciones similares a las previstas en el art.12 de la Ley 16.011 (Ley de Amparo) en relación a incidentes, cuestiones previas y, en especial, prever el eventual planteo de la inconstitucionalidad de la ley por vía de excepción o de oficio, por su efecto suspensivo sobre el proceso, lo que hace necesaria su dilucidación en tiempo útil”. A propósito del artículo 8º del proyecto, se dice: “Corresponde reiterar en general los comentarios efectuados en relación al artículo anterior,” -o sea al 7º- y en especial, la conveniencia de determinar con claridad el objeto y alcance del control judicial en este caso”. Son dudas razonables, atendibles, que el proyecto no despeja y que van a generar confusión en un proceso que, además, por lo que indica el propio articulado, tiene que ser muy rápido, muy inmediato. Es por esto que tanto este artículo como el 8° lo votaremos en forma negativa. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: con el respeto que sabe le tengo, quiero saber si la Mesa

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entiende que el Reglamento me impide dar lectura al artículo que voy a votar. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Aquí se está tergiversando la clara voluntad de la Cámara. Una cosa es referirse a un artículo, y otra que por una vía lateral se incumpla un mandato que ha dado la Cámara. Señor Diputado: usted me pidió la opinión, yo la digo y puede hablar si así lo considera. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: el artículo 7º refiere a los casos de menores de dieciocho años, que no están habilitadas y el ginecólogo tratante deberá recabar el consentimiento para la interrupción del embarazo y luego refiere a una serie de normas vigentes. Asimismo, en este caso, cuando se negare el asentimiento o sea imposible obtenerlo, la adolescente puede presentarse al juez competente, quien deberá resolver en el término de tres días corridos, contados a partir de la presentación en la sede. A este efecto, el juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia. También se aclara que en Montevideo son competentes los Juzgados Letrados de Familia Especializados y en el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia. Adelanto que no voy a votar este artículo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 8º. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: este artículo refiere a la mujer judicialmente declarada incapaz respecto a su consentimiento, a su curador y al Ministerio Público y cómo debe procederse a los efectos de realizar el aborto. Tampoco voy a votar este artículo. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y siete: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 9º.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: en este caso, el acto médico no tendrá ningún valor comercial. Tampoco voy a votar este artículo. SEÑOR CORRADI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CORRADI.- Señor Presidente: adelanto que no vamos a votar este artículo porque contrariamente a lo establecido en esta iniciativa, el aborto por voluntad de la mujer no es ni puede ser un acto médico. Esa calificación, además de no responder a la naturaleza del acto, embiste declaraciones internacionales adoptadas en el ámbito del Mercosur que, inclusive, han sido ratificadas expresamente por nuestro país desde 1996. En tal sentido, desconoce y desnaturaliza los encomiables principios de la medicina hipocrática que caracterizan y enaltecen al médico por su permanente accionar a favor de la vida y de la integridad física. Muy elocuentemente señalaba el doctor Tabaré Vázquez, cuando vetó la ley anterior referida a este tema, que la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho, por ejemplo, con descubrimientos revolucionarios como la fecundación “in vitro”, el ADN y el genoma humano, que dejan en evidencia que hay vida desde el momento de la concepción, un nuevo ser. Creo que nosotros no somos jueces para condenar a muerte a inocentes por el solo hecho de haber sido concebidos. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: como dijimos en la discusión general, por las razones ya expresadas que reitero, vamos a votar negativamente este artículo. Si algo no puede ser declarado bajo ninguna circunstancia como un acto médico es el que interrumpe la vida. Los médicos estamos formados para cuidar esa vida y no para terminar con ella. Gracias, señor Presidente.

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 10º. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: a efectos de ilustrar la discusión, en este caso estamos dictando normas para las instituciones de salud obligadas, estableciendo que todas deben dar cumplimiento al presente proyecto de ley. Por lo tanto, no voy a acompañar este artículo. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: en el seno de la Comisión recibimos a tres instituciones centenarias, dos de salud y una ONG que trabajan en el tema de libertad religiosa y claramente plantearon la objeción de ideario y la necesidad de que se tuviera en cuenta en el texto a consideración de la Comisión, la posibilidad de que se respetara esa objeción de ideario a los efectos de no violentar sus principios y fundamentos. Lamentablemente, este artículo ha sido incluido pero nosotros pensamos que se iba a tratar de corregir, teniendo en cuenta las aspiraciones de estas instituciones centenarias que integran miles de usuarios de la salud de nuestro país. Este artículo no da garantías, deja todo librado a la voluntad unilateral del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, claramente el doctor Gallo Cantera -creo que es el Director del Sistema Nacional Integrado de Salud- fue contundente en la Comisión al decir que se les complicaba establecer diferentes criterios para las distintas instituciones y que no podían instrumentarlo tal como se requería. En muchas oportunidades se habló de la ineficacia de las normas, y lamentamos que este artículo vaya a ser ineficaz, no se va a poder utilizar, ninguna institución va a poder apelar a esa objeción de ideario para no violentar sus principios, y como establece claramente la norma, va a estar obligada a practicar abortos. Nos lamentamos porque además, como dijimos en la Comisión, en el Parlamento europeo

hay alguna referencia importante, y en la Resolución 1.763, de octubre de 2010 claramente se dispone que ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir a las prácticas de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o embrión por cualquier razón. Es decir que ya existe legislación comparada de última generación, que ampara la objeción de ideario de instituciones Lamentamos que nuestra normativa no esté a la altura de las circunstancias. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el inciso primero del artículo 10 recoge la regla general, es decir, que todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deben cumplir con lo preceptuado en esta ley. El artículo 2º toma en cuenta la información que brindó en el ámbito de la Comisión Especial el Ministerio de Salud Pública, en el sentido de que existen antecedentes, frente a objeciones de ideario planteadas por una institución de asistencia médica -concretamente, se refirió al servicio de vasectomía y atado de trompas-, con la que el Ministerio acordó que esos servicios específicos fueran brindados por los servicios de salud del Banco de Previsión Social. En atención a ese antecedente entendimos conveniente introducir este inciso segundo, para posibilitar esos acuerdos. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra señor miembro informante en minoría. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: no vamos a votar este artículo porque obliga a las instituciones, y esperábamos que, al igual que el artículo 11, se permitiera invocar la objeción de conciencia al personal médico. Las instituciones que tengan -como establece el proyecto- “objeción de ideario”, podrán coordinar con el Ministerio de Salud Pública que otra institución la realice, pero en definitiva esas instituciones, por vía

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tercerizada, estarán practicando algo que va en contra de su ideario. Por eso, no vamos a acompañar este artículo 10. SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: hasta donde tengo conocimiento, la República Oriental del Uruguay es un Estado laico, que se impuso a sí mismo la obligación de proteger y habilitar la libertad de culto. Asimismo, el Estado tiene la responsabilidad, por mandato constitucional, de preservar la salud de sus habitantes. Por lo tanto, mal puede una objeción de ideario anteponerse al interés general, al que está obligado el Estado por la Constitución de la República, para preservar a una institución que por una objeción de ideario, sea filosófica o religiosa, pretende abstraerse de cumplir una ley cuyo objetivo es dar atención integral a toda la ciudadanía. Me parece que debemos precisar claramente estos conceptos. Por otro lado, la Comisión Especial no ha tenido -por lo menos la mayoría de sus integrantes- la voluntad de atropellar a nadie, sino cierto grado de flexibilidad al redactar el texto a partir, precisamente, de la información de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ASSE, que elaboraron instructivos que necesariamente están obligados a cumplir los prestadores de salud que suscribieron contratos con ASSE. Dichas autoridades expresaron que algunas instituciones invocaron problemas filosóficos y de principios, y el Ministerio buscó la forma de contemplar esa situación, pero resguardando sobre todo el derecho de los ciudadanos a ser amparados en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud. Por lo tanto, esta posibilidad está abierta. Se ha dicho que el doctor Luis Gallo Cantera, expresó que sería imposible para cualquier institución llevar adelante este tipo de cosas; antes había dicho que tuvieron la posibilidad de habilitar que esos servicios se prestaran a través de un contrato con el BPS; se refería concretamente al Círculo Católico de Obreros. En la Comisión se le preguntó, y consta en la versión taquigráfica: “El texto del proyecto creo que de alguna manera contempla esta posibilidad cuando establece que determinada prestación deberá ser realizada por la institución

o a través de la contratación de servicios de terceros. Me gustaría saber si este mecanismo facilita las posibilidades que se plantearon”, y su respuesta fue: “Sin ninguna duda”. Entonces, creo que hay que ser más precisos cuando mencionamos a personas que no están presentes, sobre todo cuando se pone en su boca cosas que no se dijeron. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR CERSÓSIMO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: teníamos la esperanza de que el artículo 10, que prevé la objeción de ideario de estas instituciones, preexistente inclusive a la vigencia de la ley, para que se respete sus concepciones, que es lo que garantiza la Constitución, solucionara este problema, pero no lo hace, porque no admite la posibilidad de que estas instituciones se abstengan de practicar abortos voluntarios por la sola voluntad de la mujer, ya que tiene que contratar los servicios de terceros y, por ende, es la misma cuestión. Por eso vamos a votar en forma negativa. En cambio, la solución del artículo 11, que prevé la posibilidad de invocar objeciones de conciencia a los médicos y al personal, sí soluciona este problema y habilita la objeción de conciencia, concepto que pensábamos podríamos rescatar para flexibilizar la obligación de llevar adelante actos en contra del derecho a la vida. SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de que no voy a votar este artículo 10 por algunas razones que fueron expuestas. Este fue uno de los artículos que más nos predispuso a votar en contra de este proyecto, así como la redacción que se dio al inciso segundo, por algunas razones expuestas en Sala y además por la expresión “que tengan objeciones de ideario preexistentes a la vigencia de esta ley”, como si de alguna manera se partiera de la base de que la libertad de asociación que habría antes de la entrada en vigencia de esta ley, dejará de existir o que no podrá haber nuevas

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asociaciones que invoquen objeciones de conciencia, cosa inédita e insólita, que me predispone aún más en contra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 11. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: este artículo refiere a la objeción de conciencia de los profesionales que así lo entiendan. Por consiguiente, deberá quedar registrada la objeción de conciencia de estos profesionales para poder abstenerse de participar de los actos que se regulan en esta norma. Adelanto que no voy a acompañar este artículo. Con respecto al artículo 12, adelanto que refiere a un registro estadístico que, simplemente, reúne todas las normas vinculadas a los actos abortivos, los procedimientos de aborto farmacológico realizados, y los procedimientos previstos en los literales a), b) y c) del artículo 6º, etcétera. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: como adelantáramos cuando nos referimos al artículo 10, vamos a votar el artículo 11, como lo hicimos en Comisión, porque habilita la declaración de objeción de conciencia a los médicos y el personal de salud que se nieguen a realizar la práctica que habilitará esta futura ley. Creemos que es el único artículo de este proyecto a acompañar, por el hecho de que no se obliga al personal a hacer algo que no desea, algo que va contra su conciencia. Gracias, Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta y nueve en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 12. SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría. SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en la referencia ii) de este artículo debe suprimirse la palabra “farmacológico”, o sea que quedaría: “ii) los procedimientos de aborto realizados […]”. SEÑOR AMARILLA.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR AMARILLA.- Señor Presidente: este artículo también nos ilustra sobre cómo está equivocado el párrafo final del artículo 1º, que refiere a que este proyecto de ley “[…] no constituye un instrumento de control de los nacimientos”. En realidad es a lo que se dedica este proyecto de ley. La preocupación por la mujer termina en este artículo. Después del aborto la mujer pasa a ser una cifra en un registro. Lamentablemente, en todo el texto del proyecto de ley no vemos la atención posaborto: la contención, el apoyo, el amparo. Lamentamos esta situación. No vamos a acompañar la creación de este registro. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la salvedad expresada por el miembro informante en mayoría, señor Diputado Posada. (Se vota) ——Cincuenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 13. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: este artículo, que no voy a acompañar, refiere a que las disposiciones solo se aplican a las ciudadanas nacionales, naturales o legales, y a las extranjeras con más de un año de residencia. Los artículos 14 y 15 son de estilo con relación a la vigencia de las leyes, más allá de que dicen que comenzará a regir pasados treinta días.

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Adelanto que después voy a solicitar una reconsideración. Gracias, señor Presidente. SEÑOR CANTERO PIALI.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR CANTERO PIALI.- Señor Presidente: el artículo 13 hace referencia a requisitos adicionales, que tiene que ver con la condición de ciudadanos. Allí se establece: “Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año”. Los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución de la República indican los requisitos para ser ciudadanos naturales y legales. Asimismo, el numeral 3º) del artículo 80 de la Carta dispone que la ciudadanía se suspende por no haber cumplido los dieciocho años de edad. No vemos cómo puede compaginarse esta norma con el artículo 13 de este proyecto, que exige como requisito adicional -reitero: como requisito adicional- para ampararse en la ley ser ciudadano natural o legal, y con el artículo 7º, que prevé el consentimiento de mujeres menores de dieciocho años. Si se es menor de dieciocho años, la ciudadanía se encuentra suspendida constitucionalmente y la persona no podrá cumplir con el requisito adicional que establece este artículo 13 y, por lo tanto, esta futura ley no se podrá aplicar a las menores de dieciocho años. Muchas gracias, señor Presidente. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 14. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: no vamos a acompañar el artículo 14 porque creemos que es de pésima técnica legislativa establecer derogaciones en forma genérica y mucho más equivocado es en un proyecto de ley de esta naturaleza, donde se

establecen plazos, requisitos y una serie de circunstancias en las que debería expresarse claramente y a texto expreso cuáles son las normas que en el futuro no se van a aplicar más. La derogación en forma genérica, sin expresión particular, es algo malo desde el punto de vista de la técnica legislativa y seguramente traerá serios inconvenientes en la aplicación de la ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. En discusión el artículo 15. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. (Se vota) ——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del artículo 3º, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento. (Interrupciones) ——Si alguien me quiere decir algo que me lo diga, mano a mano. No tiene por qué gritarme. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Señor Diputado, ¡por favor! Yo le voy a ceder la palabra y usted va a hablar. Le pido que, aprovechando la bolada, no agreda. Usted tiene la palabra. Yo lo voy a proteger. SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: no he agredido a nadie. He dicho que si alguien me quiere decir algo, lo puede hacer en forma personal. Cuando se me gritó desde la bancada oficialista, no me parece que se haya pedido que no me agredieran. El artículo 3º refiere a los requisitos de aplicación de este proyecto de ley. Allí se indica: “Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circuns-

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tancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso. El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con el equipo interdisciplinario establecido en el numeral 2 del literal b) del artículo 4° de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, que a estos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.- El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.- En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.- A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 (cinco) días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008 e incorporada a su historia clínica.- Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente”. Reitero que solicito la reconsideración de este artículo 3º. SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar. (Se vota) ——Treinta y dos en ochenta y ocho: NEGATIVA. Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden) SEÑORA SANSEVERINO.- ¡Que se comunique de inmediato! SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Se va a votar. (Se vota) ——Cuarenta y ocho en cincuenta y seis: NEGATIVA. (Texto del proyecto aprobado:) “PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y REQUISITOS “Artículo 1º. (Principios generales).- El Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008. La interrupción voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un instrumento de control de los nacimientos. Artículo 2°. (Despenalización).- La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez. Artículo 3º. (Requisitos).- Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario que podrá ser el previsto en el artículo 9º del Decreto 293/010 Reglamentario de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, el que a éstos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.

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El equipo interdisciplinario, actuando con-juntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008, e incorporada a su historia clínica. Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente. Artículo 4º. (Deberes de los profesionales).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario deberán: A) Orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a éstos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes. B) Entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer. C) Garantizar, dentro del marco de su competencia, que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o interrumpir el embarazo. D) Cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.

E) Abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción. Artículo 5º. (Deberes de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud).- Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán: A) Promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo. B) Estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta en el artículo 3º de esta ley. C) Interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias. D) Poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución que integra los equipos interdisciplinarios a que hace referencia la presente ley. E) Garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 3º de esta ley, así como de todos los datos anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008. F) Garantizar la participación de todos los profesionales que estén dispuestos a integrar los equipos interdisciplinarios, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el literal b), numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, y de cualquier otra disposición reglamentaria que disponga el Poder Ejecutivo a este respecto, los directores técnicos de las citadas instituciones dispondrán controles periódicos del estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley. Artículo 6º. (Excepciones).- Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse: A) Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá

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tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. B) Cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. C) Cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación. En todos los casos el médico tratante dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas, debien-do la mujer prestar consentimiento informado, excepto cuando en el caso previsto en el literal A) del presente artículo, la gravedad de su estado de salud lo impida. Artículo 7º. (Consentimiento de las adolescentes).En los casos de mujeres menores de 18 años no habilitadas, el médico ginecólogo tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008. Cuando por cualquier causa, se niegue el asentimiento o sea imposible obtenerlo de quien debe prestarlo, la adolescente podrá presentarse con los antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el Juez competente. El Juez deberá resolver en un plazo máximo de tres días corridos contados a partir de la presentación ante la sede, respecto a si el consentimiento ha sido expresado en forma espontánea, voluntaria y consciente. A tal efecto, el Juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público, para oírla y recabar su consentimiento para la interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004). El procedimiento será verbal y gratuito. Son jueces competentes para entender en las causas que se sustancien por la aplicación del presente artículo, los Jueces Letrados de Familia Especializados en Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia con competencia en materia de familia especializada, en el interior del país. Artículo 8º. (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces).- Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento informado de su curador y venia judicial del Juez competente del domicilio de la incapaz que –previa vista al Ministerio Público- evaluará la conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el

derecho de la mujer a procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiere tener descendencia. CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES Artículo 9º. (Acto médico).- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Artículo 10. (Obligación de los servicios de salud).- Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preceptuado en la presente ley. A tales efectos, deberán establecer las condiciones técnicoprofesionales y administrativas necesarias para posibilitar a sus usuarias el acceso a dichos procedimientos dentro de los plazos establecidos. Las instituciones referidas en el inciso anterior, que tengan objeciones de ideario, preexistentes a la vigencia de esta ley, con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regulan en los artículos anteriores, podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública, dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. Artículo 11. (Objeción de conciencia).- Los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3º y el artículo 6º de la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos en el inciso anterior, con excepción de la situación prevista en el último inciso del presente artículo. La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios. Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente artículo. Lo dispuesto en el presente artículo, no es aplicable al caso previsto en el literal A) del artículo 6º de esta ley.

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Artículo 12. (Registro estadístico).- El Ministerio de Salud Pública deberá llevar un registro estadístico de: I) Las consultas realizadas en los términos previstos por el artículo 3º. II) Los procedimientos de aborto realizados. III) Los procedimientos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 6º. IV) El número de mujeres que luego de realizada la entrevista con el equipo interdisciplinario deciden proseguir con el embarazo. V) Los nacimientos y cualquier otro dato sociodemográfico que estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley. Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán llevar sus propios registros de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. El Poder Ejecutivo reglamentará los datos que incluirán tales registros, la forma y la periodicidad en que las citadas instituciones comunicarán la información al Ministerio de Salud Pública.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES FINALES Artículo 13. (Requisito adicional).- Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año. Artículo 14. (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 15. (Reglamentación y vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la misma entrará en vigencia a los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará”. ——Se levanta la sesión. (Es la hora 2 y 16)

Dr. JORGE ORRICO PRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz Secretaria Relatora Arq. Julio Míguez

Dr. José Pedro Montero Secretario Redactor

Director del Cuerpo de Taquígrafos

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